Curso Historia

Cuarta edición revisada, 2012

Es propiedad del autor. Todos los derechos reservados. ISBN: 978-84-615-9787-l Depósito legal: M-24887-2012 Printed in Spain. Impreso en España por Solana e Hijos, A.G., S.A.U. -Tel. 9161090 06 -28917 Madrid

Del prólogo a la primera edición

No es bueno empeñarse en lo superfluo ni hacer cosas excusables. Y bien pudiera ser, a la vista de las prestigiosas exposiciones de Historia del Derecho aparecidas en Los últimos años, que ésta merezca el reproche de La inanidad, o, Lo que no es mejor, el del simple y candororoso atrevimiento. Menos mal que el autor dispone a última hora de estas tres páginas suplementarias y augurales del prólogo, para decir algo sobre las restantes, explicar qué ha querido hacer y razonar por qué Lo ha hecho. Este Libro es un Curso, es decir, algo que tiene que ver con la atmósfera de las aulas, y pretende desarrollar una materia científica: La historia de las fuentes jurídicas y de las instituciones político-administrativas. Me interesa no poco subrayar ambos aspectos. El primero porque, yendo más allá de aquel comentario de Platón en el Fedro de que Los Libros son decires escritos, cuanto aquí está escrito ha sido ya dicho en esas aulas, adonde La palabra retorna ahora encadenada con la imprenta. Si se me permite, diría yo que esa experiencia docente me ha llevado a hacer las cosas de una determinada manera, y a intentar hablar de Historia del Derecho con un preciso tono. El segundo aspecto, a su vez, tiene que ver con la idea de ajustar el libro a Lo que usualmente constituye La enseñanza de la disciplina en el primer año de Licenciatura en leyes, esto es, a aquellas fuentes e instituciones, que, en aras de la claridad, segmentan la materia en etapas cronológicas sucesivas. Y como todo eso -y sólo eso- no estaba hecho, no me ha parecido un despropósito intentarlo. De esta forma, con titubeos y modestia. nace el Curso, buscando en el otoño del campus un rincón al sol. Experiencia académica, decía antes, Dos décadas largas de enseñar a otros Historia del Derecho, me han enseñado a mí que cualquiera de sus parcelas científicas, por severa y adusta que pueda parecer, resulta de hecho atractiva --y quién sabe si fascinante- si se La presenta con el ropaje problemático de la discusión científica que La envuelve. Alguna vez he dicho, y ahora bordeo la inverecundia al escribirlo, que había que rescatar el sex-appeal de La historia jurídica, consistente ni más ni menos que en sus interrogantes, controversias y dudas; es decir, en sus problemas. Los odres de

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CURSO DE HISTORIA DEL DERECHO

la disciplina están repletos de ellos. Y ¿adónde vamos a parar?. Pues vamos a parar al propósito de escribir un libro al acecho de esos problemas, y con los nombres y apellidos de quienes los han suscitado o resuelto. He procurado así suministrar en cada caso una información elemental de los hechos o de los datos, y extenderme en cambio en las interpretaciones, intentando, eso sí, no confu.ndir los argumentos livianos con aquellos otros de mayor peso. Que se sepa, en.fin, qué pasa en los entresijos de la historia jurídica y el who is who de ella. A tal efecto, el de su carga problemática, tanto me ha interesado la legislación visigoda como la incorporación de las Indias, el feudalismo como la Codificación, o las Cortes medievales como la hacienda decimonónica; por poner media docena de ejemplos de naturaleza dispar. El Curso está dividido en siete partes, correspondientes a la España primitiva, romana, visigoda, medieval (musulmana y cristiana), moderna y del siglo XIX. Van precedidas de otra relativa a cuestiones introductorias y a la historiografía jurídica, cuestión ésta en la que reconozco no haberme sabido sustraer a la curiosa manía que tenemos los historiadores del Derecho de hablar de nuestros antepasados. En las diversas etapas, suelen ir por separado las fu.entes y las instituciones. No obstante, cuando las fuentes se cÍlien íntegramente a un sector institucional, su estudio ha quedado incluido dentro de él. Tal es el caso, por ejemplo, de las leyes municipales o mineras de la Esparza romana, expuestas al tratar la organización municipal o el panorama económico de la misma época. En cada capítulo, las partes de texto sangrado o de letra pequeña, según terminología afín a linotipistas o a estudiantes, corresponden a tres cosas. De un lado, a explicaciones más prolijas o detalladas del relato principal. De otro, a textos jurídicos que se intercalan. Finalmente, a citas literales de autores sobre el asunto en cuestión. La primera no requiere de muchas aclaraciones. Las dos últimas tienen que ver con lo que me parece a mí que pasa en la Universidad, y no me parece que mucho de lo que pasa sea bueno. Desaparecidas por lo general las clases prácticas, no resulta fácil el manejo de los textos jurídicos, y esto pese al benemérito esfuerzo de quienes han editado colecciones seleccionadas de ellos. De ahí que haya espolvoreado la narración con referencias directas a las fuentes mismas. También me ha parecido oportuno que quien abra el libro, oiga a los especialistas con su propia voz, lo que, aparte de mejorarlo.facilita la vivacidad de la controversia científica que estas páginas pretenden reflejar. Por eso callo de vez en cuando, cediéndoles la palabra. Al término de cada capítulo figura un repertorio bibliográfico. No creo que en la Universidad actual, en la hora de ahora, se lea mucho. Más bien creo que se lee poco, e incluso menos que poco. El autor se daría por

PROLOGO

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satisfecho si su precario resumen, siempre a la orilla de los problemas, pudiera ser seguido, según preferencias, por esa navegación de gran calado que consiste en adentrarse en la literatura especializada. Al seleccionar la producción bibliográfica, ciertamente ubérrima (y, a veces, incluso atosigante), se ha procurado armonizar el elenco de obras tradicionalmente consagradas, con monografías recientes o artículos, incluso, de alta divulgación. Digamos ya lo penúltimo. En cada etapa figuran unos capítulos destinados a la evolución económica y social. Y ello no tanto por ínfulas de totalizar la Historia, empresa que, como la música de Debussy, me produce una rara sensación de mareo, cuanto porque pienso que tan historia del Derecho es el Código de Eurico o Las Partidas, como la legislación ferroviaria, los mayorazgos, la letra de cambio, las disposiciones que ordenan la sociedad estamental o la desvertebran, las leyes que cierran o liberalizan el comercio, las que crean bancos, organizan el ejército, etc., etc. Siendo esa la perspectiva de una exposición global de fuentes e instituciones públicas, resulta ingente el alud de cuestiones que caen en la catarata de los siglos. En tal vastedad he procurado poner orden y ser claro, lo que no quiere decir precisamente ser sencillo. Porque hay problemas difíciles que sólo se hacen fáciles si se les falsea, es decir, si se les trivializa. La luminosa pluma de Ortega sentenció hace mucho tiempo cuán poco tiene que ver lo fácil con lo claro y lo difícil con lo confuso. Y vamos a lo último, que debiera ser lo primero. El recuerdo agradecido a tres profesores que, por unas u otras razones, tienen mucho que ver con estas páginas. En primer lugar, en un orden ajustado a la peripecia universitaria del autor, al profesor Sánchez Bella, a quien, como alumno, oí hablar de estas cosas sobre las que, por osadía, ahora escribo. El fue el zahorí de mi vocación científica y quien me animó a pedir vez en este ilustre y variopinto gremio de los historiadores del Derecho. En el centro, al profesor García-Gallo, a quien va dedicado el libro. A cuanto diré luego, quisiera mi.adir ahora, como discípulo y permanente aprendiz de historiador, mi gratitud por su generosidad intelectual. Finalmente, al profesor Feliciano Barrios, colega y amigo, quien durante casi dos años ha hecho y dejado de hacer tantas cosas para que yo haya podido hacer este libro. Concluyo. Y dejo solo al lector con la confianza de que pueda ver, a través de la pupila de un jurista, qué ha pasado en el pasado. La Sacedi lla, 22 julio 1985 .

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CURSO DE HISTORIA DEL DERECHO

De la Nota a la segunda edición revisada

A diferencia de las exposiciones de Derecho positivo, afectadas y alteradas de continuo por el vaivén legislador; las que se ocupan de la Historia suelen gozar de resistente cronología y de una cierta impasibilidad. No es fácil, ciertamente, mudar en poco tiempo lo que sabemos de nuestro pasado. A su vez, las nuevas teorías o las discrepantes interpretaciones de viejos hechos, deben aguardar el tamiz del paso del tiempo, pues sólo una mínima parte de ellas logra sobrevivir; hacerse perdurable e incorporarse al sistema del conocimiento histórico. Desde su aparición en 1985, y gracias a la buena acogida de que ha sido objeto, se han realizado de este libro varias reimpresiones. Pero ya ahora, transcurrida una década, parece oportuno proceder a cierta revisión del texto, incorporando las novedades habidas y, sobre todo, algunas estimables sugerencias de amigos y colegas. En el prólogo a la primera edición, anticipé el propósito de escribir un libro al acecho de los problemas de la historia jurídica y con los nombres de quienes los han suscitado o resuelto. Me reafirmo ahora en esa creencia, es decir; en cuán difícil y tedioso resulta asimilar la pura erudición o el mero dato, y cuán atractiva y pedagógica es la discusión personalizada de Los problemas. Asomarán así a estas páginas puestas al día, junto a las voces más antiguas y consagradas, aquellas nuevas que se han hecho oír en los últimos años en el cultivo de la historia jurídica. En el prólogo a la primera edición, se hacía constar la dependencia agradecida del autor hacia tres profesores, Alfonso García-Gallo, Ismael Sánchez Bella y Feliciano Barrios, con los que la publicación del libro, por unas u otras razones, tuvo mucho que ver. Me complace reiterar esa deuda de gratitud. que muy difícilmente podré yo saldar y que, además, habría de hacer extensiva ahora a otros varios profesores y colegas, a los que debo valiosos consejos y observaciones. Y algo más. En estos diez años han pasado muchas cosas, y algunas de ellas, importantes. Pero Lo más importante que ha pasado, en el ámbito académico y científico de la Historia del Derecho, ha sido la desaparición de don Alfonso García-Gallo, figura cimera de la disciplina. A él estaba dedicado el libro, en testimonio de admiracióny respeto. A él sigue dedicado el libro, desde una orilla de la vida a La otra, como modesto homenaje a su memoria. Casaquemada, 22 julio 1995.

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PROLOGO

Nota a la tercera edición revisada

Entre la segunda y esta tercera edición revisada ha cambiado el siglo, y el autor ha cambiado además de Universidad. Ha dejado así el antiguo solar Complutense para recalar en la flamante UNED, con un nuevo hogar académico, el de la Facultad de Derecho, en la calle dedicada al prelado argentino fray Femando de Treja y Sanabria, defensor de los indios y fundador de la ilustre Universidad de San Carlos. Como acontece en la vida, con su perpetuo ritomello de persistencia y mudanza, este libro, que sigue siendo el mismo, es a la vez un libro distinto. El lector encontrará por ejemplo en él, los últimos ecos del viejo debate personalidad-territorialidad de la legislación visigoda; una ampliación de los capítulos destinados a la Administración Central del Estado Moderno y a la Codificación, así como la revisión y actualización pormenorizada de muy diversos temas como los relativos a fuentes e instituciones públicas catalanas. En cualquier caso, en pocos años pocas cosas esenciales cambian. Sí cambian los matices y se apunta alguna que otra cosa de mayor calado y hondura. Cambia también en esta edición la numeración y título de algunas lecciones, para ajustarse al programa vigente en la UNED. Y cambia en fin la vestimenta del libro, mudando los refulgentes azules y granas de ediciones anteriores por una sencilla estameña parda, más acorde con los ocres de este otoño. Ciudad Universitaria, Madrid, otoño 2003.

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INDICE

1 CUESTIONES PRELIMINARES 1.

LA HISTORIA DEL DERECHO: CONCEPTO, OBJETO Y PROBLEMAS METODOLOGICOS....... . ................ .. ......... . ..... .. ......

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l. Historia y Derecho. A) La Historia y el hecho histórico. 1. La Historia como ciencia; 2. El juicio del historiador. B) El Derecho en el tiempo. I. Derecho, moral y usos sociales; 2. La historicidad del Derecho. 11. La Historia del Derecho y su objeto. A) Delimitación material: lo jurídico y lo extrajurídico. B) Delimitación espacial: Historia del Derecho "español" e Historia universal del Derecho. C) Delimitación cronológica: l:i periodilicación. 1. Consideraciones generales; 2. Periodificación y Dogmática; 3. La exposición de la Historia del Derecho. 111. La Historia del Derecho como ciencia. A) La Historia del Derecho, ciencia histórica. B) La Historia del Derecho, ciencia jurídica. C) La polémica subsiguiente. Posiciones principales. l . La historia jurídica como historia de textos; 2. La interpretación sincrética y conceptualista; 3. La Historia del Derecho como especialidad de la Historia; 4. El escepticismo en la polémica. Historia del Derecho e Historia total. D) Concepto y naturaleza científica de la Historia del Derecho. I. Concepto: 2. La Historia del Derecho como ciencia intrínsecamente dual.

2.

LA HISTORIOGRAFIA JURIDICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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l. La Historiografía española hasta la Escuela Histórica. A) Primeros testimonios. B) La historiografía jurídica de la Ilustración. C) Los historiadores del Derecho en el primer tercio del siglo XIX. 11. La Escuela Histórica del Derecho. A) Orígenes. B) Desarrollo de la Escuela y orientaciones. C) Influencia en Europa. 111. La historiografía en la España contemporánea. A) Los precedentes: sociologismo y comparativismo; Pérez Pujo! y Costa. B) Hinojosa y su escuela. l. La Escuela y sus fundadores ; 2. Las empresas científicas: el Anuario; 3. Exposiciones generales y renovación metodológica; 4. La obra científica y docente de Alfonso García-Gallo.

11

LOS TIEMPOS PRIMITIVOS: EL DESPERTAR DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 3.

LA ESPAÑA PRERROMANA ...... , .. . . . ............. .. . . .... . l. Los períodos más remotos. El hombre del Paleolítico. A) Formas de vida en el Paleolítico superior. B) Economía en la era de la Gran Caza. C) El mundo del espíritu. 11. La Revolución Neolítica y la Edad de los Metales. A) Vida económica: agricultura, ganadería y comercio. B) Sociedad y cultura. 111. La España prerromana del último milenio a. C. A) Iberos, celtas y colonizadores mediterráneos. B) Los pueblos de España: formas de vida. 1. Los pueblos del norte; 2. Los pueblos de la franja central: celtíberos y vacceos; 3. Los pueblos del área oriental o ibérica; 4. Pueblos meridionales. Los turdetanos y Tartessos.

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2 4.

CURSO DE HISTORIA DEL DERECHO

FUENTES DEL DERECHO Y SOCIEDAD POLITICA . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

93

l. Costumbre y leyes como fuentes del Derecho. A) Derecho consuetudinario patriarcal y matriarcal. B) El Derecho escriro en Tartessos. 11. Estructura de la sociedad política. A) Gens y genrilidades. B) Los vínculos de solidaridad pública: hospicio u hospitalidad. C) Los vínculos de sumisión personal : clientela y devotio. 1. La clientela militar; 2. La devotio ibérica. D) Reyes y asambleas ciudadanas. I. Reyes, régulos y príncipes: 2. Asambleas populares. E) Colonias fenicias y griegas. La sociedad política bajo dominio cartaginés.

111 ROMII Y LA VERTEBRACION DE ESPllÑ'll 5.

EL PROCESO JURIDICO DE LA ROMANIZACION ............ . ........

109

l. Derecho romano y derechos indígenas. A) La romanización: consideraciones generales . B) Roma en España: pactos y deditio . 1. Ciudadanos, latin os y peregrinos: 2. Las concesiones selectivas del derecho romano. 1l. Las concesiones generales del derecho romano . A) El otorgamiento de la latinidad por Vespasiano. B) Caracalla y la concesión de la ciudadanía. 1. La cláusula restrictiva de la Co11stitutio A11toni11ia11a; 2. Los peregrinos posteriores y la diferenciación social. 111. Derecho romano y derecho provincial español. A) El derecho romano. B) El derecho romano en Hispania . C) El derecho romano vulgar.

6. ORGANIZAClON PROVINCIAL Y MUNICIPAL DE HISPANIA . . . . . . . . . . .

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l. El régimen provincia l. A) Provincia y /ex provi11ciae. B) División de España en provincias . 1. Las reformas de Augusto; 2. Reformas de Diocleciano y Constantino. C) Sistema de gobierno. 1. Los magistrados; 2. Las asambleas populares. 11 . El régimen municipal. A) Clases de ciudades. 1. Ciudades indígenas o peregrinas: 2. Colonias y municipios romanos . B) Las leyes de colonias y municipios: 1. Ley de Urso: 2. Ley Flavia Municipal : leyes de Salpensa, Málaga e lrni. C) El gobierno local. 1. Los magistrados: 2. La curia municipal.

7.

ESTRUCTURA ECONOMICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE HISPANIA l. La vida económica. A) Las fuentes de riqueza . 1. El sector agropecuario: 2. Industria, obras públicas, comercio. B) La minería y su regulación jurídica: los Bronces de Vipasca . C) Explotaciones agrarias y origen del régimen señorial. 11. La sociedad. A) Estructura social. I. Los hombres libres; 2. Los esclavos. B) La crisis del Bajo Imperio. I. La adscripción a los oficios. El co lonato: 2. Las revueltas campesinas; 3. El patronato.

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INDICE

8.

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, LA HACIENDA, EL EJERCITO Y LA IGLESIA... .............. . . .. .... .... . ............................

3

157

l. La administración de Justicia. A) Jurisdicción ordinaria y jurisdicciones especiales. B) Los distritos judiciales o co11ve11ti iuridici. JI. La Hacienda hispanorromana. A) Los órganos financieros. B) Los impuestos. 1. Impuestos directos: 2. Impuestos indirectos: 3. La recaudación de tributos. 111. El ejército en Hispania. A) Etapa republicana: ejército y romanización. B) La organización del ejército a partir de Augusto. 1. Legiones y nuxilin; 2. Las reformas del Bajo Imperio. IV. La Iglesia y el Estado. A) La organización eclesiástica y su base social. B) Las fuentes jurídicas.

IV 1A ESPAÑA VISIGODA: EL CREPVSCULO DE 1A ROM.ANIDAD

9.

LOS PUEBLOS GERMANOS, ESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL DE LOS VISIGODOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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l. Los pueblos bárbaros y su asentamiento en la Península. A) Las invasiones y su carácter. 1. Bárbaros contra bárbaros: el logro de la unidad política; 2. Idiosincrasia jurídica de los invasores. B) El establecimiento de los visigodos. 1. La hospitalidad romana; 2. El reparto ele tierras. 11. La vida económica. A) Factores agropecuarios. B) Comercio y economía monetaria. 111. La sociedad visigoda. A) Godos y romanos. Demografía y fusión étnica. B) Estructura social. I. La aristocracia; 2. El pueblo libre; 3. Los siervos.

10.

LAS FUENTES DEL DERECHO VISIGODO (1).. . . ... . ..... ......... .. .

193

J. El sistema jurídico de la España visigoda. A) Fuentes romanas y derecho consuetudinario germánico. B) Legislación visigoda y revolución polémica: 11. Las Fuentes: leyes y códigos. A) Las Leyes Teodoricianas. B) El Edicto de Teodorico. C) El Código de Eurico. 1. El códice de París; 2. La autoría del Código; 3. La fecha.

11.

LAS FUENTES DEL DERECHO VISIGODO (JI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. Los Códigos Visigodos (continuación). A) El Breviario de Alarico. B) Los Capítulos Gaudenzianos. C) El Código de Leovigildo. D) El Liber /udidorum . l. La redacción de Recesvinto; 2. Revisión de Ervigio y redacción vulgntn. 11. La aplicación del Derecho: las Fórmulas Visigodas. 111. Personalidad y territorialidad de la legislación. A) La teoría tradicional: personalidad de los Códigos. B) La tesis territorialista. 1. El Código de Eurico; 2. El Breviario de Alarico: 3. El Código de Leovigildo. IV. Las fuentes canónicas: la Hispana.

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12.

CURSO DE HISTORIA DEL DERECHO

MONARQUIA Y ASAMBLEAS POLITICAS ............................

221

l. El Estado visigodo. A) Concepciones que lo conforman. B) ¿Hubo propiamente Estado visigodo?. 1. Planteamiento de la cuestión; 2. El prefeudalismo visigodo. H. La Monarquía . A) Carácter de la monarquía visigoda. B) La elección del rey. C) Proclamación y consagración del rey. 1. La elevación al trono. El juramento; 2. Coronación y unción . D) El poder real. 1. Su origen divino; 2. Recto uso del poder y tiranía; 3. Poder fáctico de la reina. fil. Asambleas políticas y eclesiásticas. A) El Senado visigodo. B) Los Concilios de Toledo. 1. Convocatoria, celebración y sanción regia ; 2. Naturaleza de los Concilios.

13.

LA ADMINISTRACION DE LA MONARQUIA VISIGODA . . . . . . . . . . . . . . .

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l. La Administración Central. A) El Oficio Palatino. B) El Aula Regia . 1. Composición; 2. Competencias. 11. La Administración Territorial. A) Provincias y territorios visigodos. B) Las autoridades : duques y condes. fil. La Administración Local. A) La curia municipal. B) Los funcionarios : el defensor de la ciudad. C) La asamblea de vecinos.

14. LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA , HACIENDA Y EJERCITO. ORGANIZACION DE LA IGLESIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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l. La Administración de Justicia . A) Caracteres generales . 8) La jurisdicción ordinaria .

I. El rey como juez; 2. La jurisdicción territorial ; 3. La jurisdicción local. C) Las jurisdicciones especiales. l. La jurisdicción militar; 2. La jurisdicción eclesiástica. 11 . La Hacienda. A) Organos de la administración financiera . B) Los impuestos. 1. Posible inmunidad tributaria de los godos ; 2. Régimen fiscal del clero y de los judíos ; 3. Impuestos y desequilibrio social. 111 . El Ejército y su organización . A) Rey y ejército popular. 8) El servicio militar. 1. Godos y romanos en el ejército visigodo; 2. Organización de la milicia. IV. La Iglesia y el Estado . A) Organización eclesiástica: provincias y diócesis . 8) Las iglesias propias.

V

AL-ANDALVS: EL PECVLIJlRISMO HISPANICO EN OCCIDENTE

15. EL ISLAM ESPAÑOL: DERECHO, SOCIEDAD Y ECONOMJA ........ . .. . l. De Hispania a AI -Andalus. A) La "pérdida de España". 8) Régimen jurídico de la conquista. 1. Los pactos de sometimiento; 2. La cesión de las tierras . C) Etapas políticas y apogeo cultural. 1. Períodos del Islam español; 2. Impronta árabe en la cultura. 11 . El Derecho y sus fuentes . A) Caracteres generales. 8) La ciencia delfiqh. I. La fijación y estudio del hadit; 2. El método y las escuelas jurídicas; 3. Sentencias jurídicas y doctrina de autoridades. 111. Estructura social. A) Los vencedores. 8) Los vencidos . l. La mayoría cristiana; 2. Las comunidades judías. C) Clases sociales. IV. Vida económica. A) Agricultura y ganadería. 8) Minería, industria y comercio.

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INDICE

15 bis. ESTADO Y ADMINISTRACION EN AL-ANDALUS ..................

5 287

l. El Estado musulmán. A) Caracteres generales. B) El Soberano. 1. Designación y juramento; 2 . Poder supremo; 3 . Conducta y símbolos regios . JI. La Administración. A) Administración central. 1. Los visires y el hachib; 2. Cancillería, Consejo y oficio palatino. 8) Administración territorial: las wras y los valí es . C) Administra ción local. 111. Justicia, Hacienda y Ejército. A) Organización judicial. l. El gran cadí de Córdoba y los cadíes provinciales. 2. Los jueces especiales. B) Organización financiera. 1. La Hacienda de Al-Andalus: servicios y situación general; 2. Los impuestos. C) Organización militar.

VI LA ESPAÑA CRISTIANA MEDIEVAL 16.

RECONQUISTA, REPOBLACION Y REGJMEN SEÑORIAL ......... . ... .

305

l. El marco político de la Reconquista . JI. La Repoblación y sus consecuencias. A) Despoblación y repoblación. 8 ) Clases de repoblación. l. La repoblación primitiva del norte de la Meseta; 2. La repoblación en la zona sur. 111 . El régimen señorial. A) Pequeños propietarios libres. Crisis del sistema. 1. La presura y su legitimación; 2 . Los campesinos independientes. B) La formación de los señoríos. 1. Factores constitutivos del régimen señorial; 2. Dominio señorial y régimen jurídico agrario. C) Las prestaciones del hombre de señorío. 1. Gabelas por los monopolios del señor o el uso de sus dominios; 2. Prestaciones de trabajo personal; 3. Cargas relativas al estado civil y a la transmisión sucesoria del patrimonio. D) Usos y abusos señoriales. 1. El derecho de maltratar; 2. Los seis malos usos catalanes; 3. La abolición de usos y abusos señoriales.

17. ESTRUCTURA ECONOMICA. . .... . . . .. . .. ............... .. .........

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l. Economía Agraria. A) La explotación de la tierra en la Alta Edad Media. 1. El prestimonio agrario; 2. Otros contratos. B) Agricultura y crisis económica en la Baja Edad Media. JI. La Economía ganadera y su marco jurídico. A) Ganadería y repobla ción. La trashumancia en los primeros siglos. 8) La revolució11 la11era del siglo XIV. C) La Mesta y su organización. 1. Los orígenes del "Honrado Concejo de la Mesta"; 2. Estructura del Concejo. III . Economía urbana y Comercio. A) La revolución de la Baja Edad Media. B) Ferias y mercados. C) El crédito y la explotación del dinero. 1. Letra de cambio y préstamos usurarios; 2. Cambistas y banqueros; 3. Sociedades mercantiles: rnmpaiiía y 1·omenda. D) El comercio marítimo: sus fuentes jurídicas. 1. El comercio castellano; 2. El comercio de la Corona de Aragón; 3. Fuentes del derecho marítimo: los R¡j/es de Oleron y el Libro del Consulado del Mar.

18. ESTRUCTURA SOCIAL . . .. .. .. . .. .... ....... .. . .. . .... ..... .. ...... l. Demografía y grupos sociales. A) La población en la España cristiana. 8) Estructura ternaria de la sociedad estamental. 11. Las clases privilegiadas. A) El "noble" y su caracterización. B) Alta nobleza: magnates y ricos-hombres. C) Baja nobleza: infanzones e hidalgos. D) Condición jurídica de los nobles. 111. Los hombres libres e independientes. A) Pequeños propietarios

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CURSO DE HISTORIA DEL DERECHO

rústicos y promoción aristocrática de los villanos. B) Encomendación y patrocinio: las behetrías. 1. Orígenes de la encomendación y sus clases; 2. Los hombres de benefactoría: 3. Las behetrías y los hombres de behetría: 4. Los textos jurídicos: las Devy.rn.1·. C) Burgueses y ciudadanos . I. La formación del patriciado urbano; 2. Cofradías y gremios. IV. Las clases inferiores. A) Los colonos o cultivadores de tierras ajenas . B) Siervos y libertos. 1. Formas de entrar en servidumbre; 2. Clases de siervos; 3. Los libertos.

19. FEUDALISMO Y DERECHO FEUDAL

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l. El Feudalismo en la Europa medieval. A) El feudalismo clásico. B) La revisión crítica. I. La doble interpretación del feudalismo ; 2. ¿Feudalismo en Castilla?. C) Orígenes del feudalismo. I. La teoría de Brunner; 2. Crítica de la historiografía germánica; 3. La teoría de Sánchez: Albornoz:. 11 . Las Instituciones Feudales. A) El vasallaje. l. La formalización del pacto; 2. Obligaciones del señor y del vasallo; 3. Ruptura del vasallaje e ira regia . B) El beneficio. C) El pacto feudal y sus consecuencias políticas. 1. Feudaliz:ación de la tierra: señoríos y condados feudales : 2. Feudaliz:ación de los oficios públicos. 111. El Derecho Feudal. A) Los Libri Feudorum . B) El derecho catalán. l. Los Usatges de Barcelona; 2. Redacciones privadas de costumbres feudales.

20-21.

EL DERECHO MEDIEVAL Y LA RECEPCION DEL DERECHO COMUN........... ... .... ... . .. .. . . .. . ...... ... . . ...... . ..

399

l. Naturaleza del Derecho Medieval. A) La tesis germanista . B) La revisión crítica. 11. Los sistemas jurídicos de la España Altomedieval. A) El régimen visigótico. 1. Cataluña; 2. León: 3. Toledo. B) El régimen de faz:añas. C) El régimen de fueros . I. Qué son los fueros; 2. Clases de fueros. 111. La Recepción del "Derecho Común". A) El orto de Europa: 111111111 i111peri11111, unum ius. B) El derecho común romano-canónico. 1. El derecho romano: la Escuela de Boloniay los glosadores; 2. El derecho canónico: Graciano y la era jurídica clásica. C) El triunfo del derecho rnmún. 1. La Escuela de los Comentaristas; 2. El proceso de difusión: papel de las universidades.

22.

EL DERECHO EN LEON Y CASTILLA .. ... . . .. .. .. . ......... : . . . . . . . .

423

l. Caracteres generales. 11. Las áreas de Fueros. A) La Castilla condal. B) El reino de León. 1. El Fuero de León; 2. Los Fueros de Sahagún; 3. Los fueros de Asturias. C) La Rioja . 1. Cartas vecinales; 2. Los fueros locales. D) Toledo. 1. El pluralismo jurídico inicial; 2. El Líber ludiciorum como base unificadora. E) Extremadura castellano-leonesa. 1. El fuero de Sepúlveda: 2. Los Fueros de Mcdinaceli y Soria: 3. Otros fueros de las Extremaduras: la actividad concejil: 4. El Fuero de Cuenca. F) Castilla la Vieja. 1. El Libro de los Fueros de Castilla: 2. El Fuero Viejo de Castilla.

23.

LA CONSOLIDACION DEL DERECHO CASTELLANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. La obra legislativa de Alfonso el Sabio. A) Introducción . 1. La superación del pluralismo jurídico; 2. Alfonso el Sabio. El rey y las grandes obras jurídicas: revisión polémica. 8) El Fuero Real. C) El Espéculo. D) Rechazo de la política uniformista: pleitos foreros y pleitos del rey. E) Las Partidas. 1. La obra: importancia y contenido; 2. Las

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INDICE

7

Partidas como código de Alfonso el Sabio; 3. La interpretación de García-Gallo. 11. El Ordenamiento de Alcalá y el sistema de prelación de fuentes . 111. La expansión del Derecho Castellano en Vascongadas. A) A lava: fueros de Laguardia. Vitoria y Ayala. B) Guipúzcoa: el Fuero de San Sebastián. C) Vizcaya: el Fuero Viejo y las Ordenanzas de Chinchilla.

24.

EL DERECHO EN ARAGON Y NAVARRA.. ... . ........ . . .. ...... .. . . .

463

l. La génesis común: el Derecho de Aragón y Navarra hasta entrado el siglo XII. A) El Derecho consuetudinario primitivo. B) El Fuero de Jaca. C) El derecho nobiliario de Sobrarbe. 11. El desarrollo del Derecho aragonés. A) La primera etapa: mediados del siglo XII a mitad del siglo XIII. l. Territorialización del derecho aragonés: 2. Los fueros del Bajo Aragón. B) La legislación oficial: los Fueros de Aragón o Código de Huesca. C) Desarrollo ulterior: los Fueros de Aragón como sistema jurídico paccionado. D) Las Observm1cin.1·. E) El sistema de fue ntes en el siglo XV. 111. El desarrollo del Derecho navarro. A) El localismo jurídico hasta mediados del siglo XIII. l. El Fuero de Viguera y Val de Funes; 2. Los Fueros de la Novenera. B) El derecho del reino: el Fuero General de Navarra.

25.

EL DERECHO EN CATALUÑA , MALLORCA Y VALENCIA....... .. .....

477

l. El punto de partida: los Capitulares Francos. 11. Cataluña. A) La etapa de formación: las cartas pueblas. B) El derecho catalán desde el siglo XIII. l. Las Con.rnetuts de Barcelona: 2. Las Crmsuetudines Ilerdenses ; 3. Las Co.1·t11ms de Tortosa; 4. Las Con.rnetudine.1· de Gerona. 111. Mallorca. A) Cartas de población y franquicia. B) El régimen jurídico desde fin ales del siglo XIII. C) Orden de prelación de fuent es. IV. Valencia. A) Las cartas pueblas. 8 ) La Cos/11111 de Valencia. I. El Código de 1240 y la nacionalización del derecho romano: 2. Los Furs como derecho del reino: 3. Aplicación y modificación de los Fueros.

26.

LA MONARQUIA MEDIEVAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

493

l. Introducción: Monarquía y Estado Medieval. 11 . El rey y los súbditos. A) Designación: la sucesión al trono. B) La ordenación del rey: dignidad y atributos. C) Derechos y deberes de rey y súbditos. 111. El Reino y las superestructuras: Coronas e Imperio. A) El reino como unidad política. B) Las Coronas de Castilla y Aragón. C) El Imperio castellano-leonés. l. Planteamiento de la cuestión; 2. El porqué del Imperio; 3. La tesis revisionista.

27.

EL PODER REAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. Fundamentos y naturaleza del poder del rey. A) Su origen. B) El rey como titular del poder público y el rey como señor. 11. El ejercicio del poder y sus limita ciones . A) Del rey al tirano: el derecho de resistencia. B) La concepción pactista en el gobierno del reino. C) Los agravios y su reparación. D) La legali zación de la inobservancia: la fórmula de obedé,cn.1·e pero 110 se rnmpln. 111. La pugna efectiva por el poder. A) Poder real y poder señorial. B) Juntas, Uniones y Hermandades. IV. La

509

8

CURSO DE HISTORIA DEL DERECHO

delegación del poder regio. A) Castilla y Navarra: validos y gobernadores. B) Aragón: procuradores, lugartenientes y gobernador general.

28.

LAS CORTES MEDIEVALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

527

l. El origen de las Cortes. A) La aparición de los parlamentos en Europa. 1. Razones científicas y políticas de su estudio; 2. El nacimiento de las asambleas representativas. B) La Curia como asamblea precursora en la España altomedieval. C) Entrada de los burgueses en la Curia: origen de las Cortes. 1. Justificación doctrinal: la fórmula quod omne.1· tangir; 2. Transformación de la Curia plena en Cortes. 11. Naturaleza y competencias. A) Las Cortes como mero órgano asesor o como asamblea !imitadora del poder real. B) Las Cortes en los reinos: competencias. 111 . Composición, funcionamiento y conclusión de las Cortes. A) La representación de los tres estamentos. 1. Los esrado.1· nobiliario y eclesiástico; 2. El estado llano. B) Constitución de las Cortes. l . Convocatoria, lugar y fecha de reunión; 2. Apertura y comprobación de poderes. C) Desarrollo y término de las sesiones: la adopción de acuerdos . D) La Diputación de Cortes.

29.

LA ADMINISTRACION CENTRAL EN LA ESPAÑA MEDIEVAL

551

l. Caracteres generales. El oficio público. A) Acceso al ofi cio. B) El control de la gestión . 1. La inspección ocasional durante el desempeño del oficio: pesquisas y visitas: 2. La inspección regularmente estatuida: juicio de residencia y purga de tau/a. C) Extinción de la relación. 11 . La Administración Central. A) La Corte y sus oficiales. l. El Palatium regi.r asturleonés ; 2. Los oficios públicos; 3. Los oficiales privados. B) Los Consejos de los reinos. 1. El Consejo de Castilla; 2. Los Consejos de Aragón y Navarra. C) Cancillerías y secretarios reales. I. La Cancillería castellana ; 2. Las Cancillerías aragonesa y navarra; 3. Los secretarios del rey.

30.

LA ADMINISTRACJON TERRITORIAL Y LOCAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

567

l. La Administración Territorial. A) El régimen condal primitivo. B) El sistema a partir del siglo XII. l . Castilla y Navarra: tenencias, merindades y adelantamientos; 2. Corona de Aragón: juntas, veguerías, baylías y justiciazgos . 11. La Administración Local. A) La ci udad y los orígenes del municipio medieval. 1. La ciudad y el territorio circundante; 2. La aparición del municipio. B) La organización municipal. 1. Castilla . El Regimi ento y la fiscalización del monarca: corregidores, asistentes y gobernadores; 2. Cataluña. Valencia y Mallorca: los Consell.1-; 3. Aragón y Na varra.

31 .

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. RELACIONES CON LA IGLESIA .. l. La Administración de Justicia. A) La jurisdicción ordinaria en Castilla. 1. Etapa altomedieval: curia y concilium . 2. Institucionalización de la justicia y Tribunal de la Corte; 3. Chancillerías y Audiencias; 4. Los oficiales. B) La jurisdicción ordinaria en la Corona de Aragón . 1. Jue ces locales y Tribunal de la Corte ; 2 . El Justicia Mayor. C) La jurisdicción ordinaria en Navarra. D) Las jurisdicciones especiales. l . El Tribunal del

585

INDICE

9

Libro en León; 2. La jurisdicción señorial; 3. La jurisdicción eclesiástica; 4. La jurisdicción mercantil. 11. La Iglesia y el Estado. A) Alta Edad Media: diócesis, igle.l"ial" propias y monasterios. B) Baja Edad Media: conciliarismo y conflictos de jurisdicción.

32.

LA ADMINISTRACION DE LA HACIENDA Y EL EJERCITO . . . . . . . . . . . . .

603

l. La Hacienda. A) Patrimonio del príncipe y hacienda del Estado. 8) Organos de la Administración financiera. 1. Castilla: las Contadurías Mayores; 2. Corona de Aragón: el maestre racional; 3. Navarra: la Cámara de Comptos. C) Caracteres generales del sistema impositivo. D) Los ingresos ordinarios. 1. Tributos territorial y personal ; 2 . Recursos de monopolios y regalías; 3 . Impuestos de tránsito; 4. Impuestos sobre transacciones: la alcabala; 5. Otros recursos: ingresos judiciales y eclesiásticos. E) Ingresos extraordinarios. F) La recaudación de los impuestos. 11. El Ejército y su organización. A) Fonsado y apellido. B) Milicias señoriales, concejiles y ejército mercenario. C) La prestación del servicio militar. D) Las Ordenes Militares.

VII EL ESTADO MODERNO Y LA VNIVERSALIZJlCION DEL DERECHO CASTELLANO

33.

LA MONARQUIA UNIVERSAL ESPAÑOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

623

l. Panorama general del Antiguo Régimen. A) La monarquía de los Reyes Católicos. B) La monarquía de los Austrias. C) La monarquía de los primeros Barbones. II. El proceso de integración territorial. A) España. l. Conquista de Granada e incorporación de Navarra; 2. Incorporación de las Canarias. B) La incorporación de las Indias. l. La concesión pontificia: bulas de Alejandro VI; 2. La integración de las Indias en la Corona de Castilla. C) La justificación de la conquista y el problema de losjusto.1· título.1·. I. La polémica Sepúlveda-Las Casas; 2. Los títulos legítimos según el Padre Vitoria; 3. La solución final. 111. La unificación jurídica y religiosa. A) La castellanización de España. I. La situación bajo los Austrias; 2. El uniformismo borbónico: los Decretos de Nueva Planta. B) La unificación religiosa. 1. Expulsión de judíos y moriscos: 2. La Inquisición española.

34.

ESTRUCTURA ECONOMICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. La Economía mercantilista de los siglos XVI y XVII. A) Caracteres generales: los problemas y sus soluciones. 1. Política económica y crisis; 2. Los arbitristas y sus proyectos de reforma. B) Las fuentes de riqueza. 1. Economía agropecuaria: 2. Industria y comercio. C) Coyuntura económica: la revolución de precios. 11. La Economía de la Ilustración. A) El nuevo espíritu y sus instrumentos: las Sociedades Económicas de Amigos del País. B) Las fuentes de riqueza. 1. Economía agropecuaria: legislación y Reforma Agraria; 2. Industria y comercio. C) La coyuntura económica. 111. Fuentes del Derecho Mercantil: las Ordenanzas de los Consulados.

651

10 35.

CURSO DE HISTORIA DEL DERECHO

ESTRUCTURA SOCIAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

673

l. La evolución demográfica . 11. Las clases sociales. A) Las clases privilegiadas. 1. La nobleza ; 2. El clero. B) Las clases medias . C) Las clases inferiores. 1. La población urbana y rural en la Península; 2. La población rural en Indias: el régimen de encomiendas. D) Los grupos sociales marginados .

36 -37.

LAS FUENTES DEL DERECHO: LAS RECOPILACIONES EN CASTILLA E INDIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

687

l. Recopilaciones castellanas. A) El Ordenamiento de Montalvo y el Libro de Bulas y Pragmáticas de Juan Ramírez. B) La Nueva Recopilación. C) La Novísima Recopilación. !l. Las Recopilaciones en los restantes tenitorios. A) Vascongadas. B) Aragón y Navarra. C) Cataluña, Mallorca y Valencia. 111. Las Recopilaciones en Indias. A) Derecho castellano, derecho indiano y derecho indígena. B) Los primeros trabajos recopiladores. C) Juan de Ovando y su proyecto de Código. D) El Cedulario de Encinas. E) La Recopilación de 1680. I. Antecedentes, elaboración y contenido; 2. Los Comentarios. F) El proyecto del Nuevo Código.

38.

MONARQUIA Y CORTES EN LA EDAD MODERNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

707

l. Monarca y Estado . A) El Estado moderno. 1. Naturaleza y fines del Estado ; 2 . La razón de Ewado. B) El poder real y el acceso al trono. 1. Soberanía y absolutismo ; 2. La sucesión en la Corona: la Ley Sálica y la Pragmática Sanción. 11. El poder y su ejercicio. A) Las limitaciones teóricas: tiranía y derecho de resistencia . B) La oposición en la práctica: movimientos políticos y sociales. 1. Comunidades y Germanías: 2. Las rebeliones andaluzas; 3. La insurrección en Aragón ; 4 . La rebelión de Cataluña; 5. Disturbios en la España ilustrada: el Motín de Esquilache. C) La lucha por el poder dentro del Estado: los grupos políticos y sus intereses. I. Siglos XVI y XVII; 2. Siglo XVIII. D) Poder real y poder señorial. E) La delegación del poder regio: Privados y Validos. 111. Las Cortes. A) Las Cortes bajo los Austrias . 1. Castilla; 2. Corona de Aragón ; 3. Navarra; 4. Los congresos de ciudades en Indias . B) Las Cortes en el siglo XVIII. C) La Diputación de Cortes: las nuevas Diputaciones. l. Castilla ; 2. Navarra .

39.

LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA MONARQU!A HISPANICA . . . .

739

l. Caracteres generales: el oficio público. A) Oficio público y burocracia. B) El control de la gestión : pesquisas, visitas y juicio de resisdencia. 11. La Administración Central. A) Siglos XVI y XVI 1: el régimen de Consejos. 1. Consejos con competencia sobre toda la monarquía ; 2. Consejos de gobierno de los diversos territorios; 3. Un Consejo territorial atípico: el Consejo Real de Navarra ; 4 . Los Consejos de Cámara; 5. Consejos de administración preferentemente castellana. B) Los secretarios del rey. 1. Los Secretarios de Estado; 2. Los secretarios privados y el Secretario del Despacho Universal. C) El régimen ministerial borbónico. 1. Las Secretarías de Estado y del Despacho; 2. Los orígenes del Consejo de Ministros: la Junta Suprema de Estado; 3. Persistencia y ocaso de l régimen de Consejos.

40.

LA ADMINISTRACION TERRITORIAL Y LOCAL EN LA ESPAÑA MODERNA l. La Administración Territorial. A) El sistema bajo los Austrias: virreinatos y provinc:ia.1·. B) Las reformas borbónicas : capitanías generales e intendencias . C) La administración territorial de Indias. 11 . La Administración Local. A) El municipio en los siglos XVI y XVII.

761

INDICE

11

I. Regimiento y jurados; 2. Los corregidores. B) El municipio borbónico. 1. Generalización del municipio castellano: corregidores e intendentes; 2. Las reformas de Carlos 111. C) El municipio indiano.

41.

AOMINISTRACION DE JUSTICIA Y RELACIONES CON LA IGLESIA. ...

777

l. La Administración de Justicia. A) La jurisdicción ordinaria: los jueces inferiores. 8) La jurisdicción ordinaria: Chancillerías y Audiencias. l. Los tribunales con los A ustrias; 2. Las Audiencias borbónicas; 3. La Audiencia en Indias. C) Las jurisdicciones especiales. 1. Jurisdicc iones palatina, eclesiástica e inquisitorial; 2. La jurisdicción mercantil. 11. La Iglesia y el Estado. A) Reforma y Contrarreforma. 8) Relaciones entre Iglesia y Estado. 1. El regalismo de los Austrias; 2. El regalismo borbónico y los Concordatos.

42.

LA ADMINISTRACION DE LA HACIENDA Y EL EJERCITO .............

793

l. La Hacienda . A) Caracteres generales. La administración financiera . B) Los impuestos . 1. Impuestos directos: lanzas y medias aJ1natas ; 2. Impuestos indirectos: las alcabalas; 3. Impuestos indirectos: el servicio de millones. C) Regalías: estancos y aduanas . D) Contribuciones eclesiásticas. E) Los ser11icios. F) Asientos y juros. G) Las reformas del siglo XVIII y la tÍnirn rn1llrib11ciá11 . l. Corona de Aragón : equivalente, contribución única, talla y catastro; 2. Castilla : el Catastro de Ensenada . H) La Hacienda en Indias. 11. El Ejército y su organización. A) La adminislración militar. 8) Las milicias y su reclutamiento. l. Régimen bajo los Austrias; 2. Régimen en el siglo XVIII. C) La Armada.

VIII EL ESTADO LmERJU. DEL SIGLO XIX: CONSTITUCIONJlLJSMO Y CODIFICACION 43.

LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX.. ...... .... ............................

817

l. Presencia, rechazo y triunfo del Liberalismo político. A) El derrumbamiento del Antiguo Régimen , 1808-1814. B) Las convulsiones liberales y absolutistas , 18141833. l. La restauración absolutista (1814-1820); 2. El Trienio liberal (1820-1823); 3. La "Década Ominosa" ( 1823-1833). C) La Guerra Carlista y los liberales, 18331840. 11. De la consolidación liberal a la Revolución . A) La regencia de Espartero, 1841-1843 . 8) La Década Moderada (1844- 1854) y el primer centrismo político. C) La Revolución y el bienio progresista, 1854-1856. D) La Unión Liberal, 1856-1863. E) El preludio de la Revolución, 1863-1868. F) El sexenio revolucionario, 1868-1874. 111. La Restauración y la convivencia canovista.

44.

ESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL DE LA ESPAÑA LIBERAL . . . . . . . I . Estructura económica. A) La agricultura: desarrollo y fuentes de riqueza . 8) La propiedad agraria y sus reformas. I. Disolución del régimen señorial; 2. Desvincula-

835

12

CURSO DE HISTORIA DEL DERECHO

ción de mayorazgos; 3. La Desamortización. C) La industria y la Revolución Industrial. I. Los sectores industriales ; 2. El fracaso de la Revolución Industrial. D) El comercio. 1. Caminos y ferrocarriles: la legislación ferroviaria; 2. Comercio exterior y política arancelaria; 3. El Banco de España y la Bolsa. 11. Estructura social. A) Demografía y clases sociales. B) Las clases privilegiadas. C) Burguesía y clases medias. D) El proletariado industrial. 1. Situación social y primeras reivindicaciones; 2. Movimientos obreros y sindicales: anarquismo y socialismo. E) Las clases rurales .

45-46. EL ESTADO CONSTITUCIONAL: MONARQUIA, CORTES Y PARTIDOS POLITICOS

857

l. Las Constituciones. A) Introducción . B) El Estatuto de Bayona. C) La Constitución de Cádiz. 1. Proceso constituyente y valoración del texto; 2. Principios y reformas . Proyección de la Constitución. D) El Estatuto Real. E) La Constitución de 1837. F) La Constitución de 1845 . G) La Constitución de 1869. H) La Constitución de 1876. 11 . El rey y las Cortes. A) El rey. B) Las Cortes y el bicameralismo. 1. El Congreso de los Diputados; 2. El Senado; 3. Convocatoria, reunión y atribuciones de las Cortes; 4. La Diputación de Cortes. 111. Los Partidos Políticos. A) Primera etapa: afianzamiento del sistema liberal. 1. Doceañistas y radicales: 2. El Partido Moderado; 3. El Partido Progresista; 4. El Partido Demócrata Republicano. B) Segunda etapa: el bipartidismo de la Restauración . 1. El partido Conservador; 2. El Partido Liberal; 3. La aparición de los partidos políticos obreros: el PSOE.

47-48.

LA CODIFICACION (1 y 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

885

l. Introducción. A) Código y Codificación. B) La motivación ideológica . C) Arranque del proceso codificador en Europa. D) Constitucionalismo y Codificación. 11. El Derecho Penal. A) Introducción. B) Los Códigos. 1. Código Penal de 1822; 2. El Código Penal de 1848: 3. El Código Penal de 1870. 111 . El Derecho Mercantil. A) Introducción . B) Los Códigos. l. El Código de Comercio de 1829; 2. El Código de Comercio de 1885. IV. El Derecho Procesal. A) Introducción. B) La Codificación procesal civil. l. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855; 2. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 . C) La Codificación procesal penal. 1. La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872; 2. La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. V. El Derecho Civil. A) Las etapas preparatorias: 1812-1880. 1. Introducción . Primeros intentos; 2. El Proyecto de Código Civil de 1851; 3. Las leyes civiles especiales. B) El Código Civil de 1889. 1. El fin del largo proceso; 2. Contenido y valoración. VI El Derecho Militar. VII La Codificación del Derecho Ultramarino.

49-50.

LA ADMINISTRACION CENTRAL, TERRITORIAL Y LOCAL.. . ... . ..

l. La Administración Central. A) La organización ministerial. 1. El Estatuto de Sayona y la administración de José Bonaparte ; 2. El régimen ministerial de la Constitución de Cádiz; 3. La creación del Ministerio de Fomento (1830); 4 . El período 1834-1863: nuevas reformas; 5. Restablecimiento y extinción del Ministerio de Ultramar (18631899); 6. Ultimos reajustes: el panorama ministerial a la entrada del siglo XX . B) El Consejo de Ministros . I. Creación y antecedentes; 2. La Presidencia del Consejo. C) El derrumbe definitivo de los viejos Consejos. l. La reforma de 1834: supresión de Consejos y creación del Consejo Real de España e Indias; 2. La transformación del Consejo de Estado . 11. La Administración territorial. A) La división provincial. 1. Las

919

INDICE

13

primeras reformas ; 2. La división de Javier de Burgos. 0) Los órganos: Gobiernos civiles y Diputaciones. 111. La Administración Local. A) El sistema municipal de Cádiz. l. Precedentes: la reforma de José J; 2. La Constitución de 1812 y el uniformismo municipal. B) La consolidación del municipio constitucional.

51.

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y RELACIONES CON LA IGLESIA

943

l. La Administración de Justicia. A) Caracteres generales. B) El planteamiento reformista de Cádiz. C) Organización de los tribunales en el trienio 1834-1836. 1. Demarcación de Audiencias y partidos judiciales en 1834; 2. La creación de los Tribunales Supremos en 1834; 3. El Reglamento para la Administración de Justicia. 4. El Tribunal Supremo. D) Reformas y proyectos tras las Constituciones de 1837 y 1845. E) La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870. 1. Génesis y propósito del texto; 2. Contenido; 3. Desarrollo ulterior: la Ley Adicional de 1882. F) La Ley del Jurado. JI. La Iglesia y el Estado. A) La Iglesia ante la quiebra del Antiguo Régimen, 1808-1833. l. Liberalismo y alianza Trono-Altar; 2. La supresión de la Inquisición. B) Iglesia y Estado liberal, 1833-1868. l. La legislación antieclesiástica; 2. El Concordato de 1851. C) La Iglesia en el sexenio 1868-1874. D) La Iglesia en la Restauración, 1874-1900.

52.

LA ADMINISTRACION DE LA HACIENDA Y EL EJERCITO ... . ... . ... _. l. La Hacienda. A)..Crisis financiera e intentos reformistas . 1. Los primeros proyectos: la c1111tri/J11ció11 directa de las Cortes de Cádiz; 2. La ,·011trib11cití11 gene mi de Martín de Garay; 3. La Hacienda en el Trienio Constitucional; 4. La reorganización de López Ballesteros; 5. Las reformas de Mendizábal. O) La reforma tributaria de 1845. l. Introducción ; 2. Contenido. C). Los reajustes posteriores: de Man a Yillaverde. D) La reforma de Fernández Yillaverde. 11. El Ejército. A) Los militares en la España del XIX. I. Reinado de Fernando VII; 2. La época isabelina y el régimen de los ge11em/e.\·; 3. El sexenio democrático; 4 . La Restauración . B) Organización . l. Las Leyes Constitutivas del Ejército; 2. Organización y Armas; 3. Las milicias y la Guardia Civil. C) La Armada .

963

I.

CUESTIONES PRELIMINARES

17

l.

LA HISTORIA DEL DERECHO: CONCEPTO, OBJETO Y PROBLEMAS METODOLOGICOS

l. Historia y Derecho A) LA HISTORIA Y EL HECHO HISTORICO

Las definiciones sobre la Historia suelen comprender tanto la realidad acontecida, los hechos o fenómenos sucedidos en el tiempo, como la ciencia que procede a su elaboración, interpretación y enseñanza. Hablamos así de la historia-realidad e historia-conocimiento, aunque en rigor ambas acepciones tratan de lo mismo por cuanto esos hechos o fenómenos históricos, al haber dejado de ser, sólo existen en la medida en que se les conoce. Cabe pues admitir que la Historia es la elaboración del conocimiento científico referente al pasado humano, entendiendo por conocimiento científico el fundado en una metodología racional que indaga e interpreta lo realmente acaecido y se desentiende del mundo imaginario. Voltaire definió así la Historia como «el relato de los hechos que se tienen por verdaderos, al contrario de la fábula, que es el relato de los hechos que se tienen por falsos». La no existencia actual del hecho histórico condiciona cualquier reflexión sobre el sentido y objeto de la Historia. Si admitimos la simultaneidad de la actualidad y del ser, y si consideramos que lo que se quiere conocer ya no existe al ser objeto de la Historia algo que ha dejado de ser, resulta entonces contradictorio hablar de un ser histórico. Es ésta una vieja aporía que se ha intentado resolver distinguiendo entre hechos meramente pasados y hechos o fenómenos históricos, los cuales, por su especial condición, habrían logrado una permanencia virtual que les permitiría gravitar de alguna forma en el presente. Nos encontraríamos pues ante determinados hechos que por incidir de manera peculiar en el decurso del hombre, han adquirido perdurabilidad o categoría histórica. Otros, en cambio, al formar parte de lo que un historiador del Derecho anglosajón, John Selden, llamó "parte estéril de la Antigüedad", serían desdeñables para el historiador. Tal interpretación, sometida a crítica desde perspectivas filosóficas (X. Zubiri), resulta también dudosa o recusable en la órbita de la investigación histórica.

La Hmnrin

romo l'l!lllidnd y rmwdmíento.

f/edws "histá· ricox" y hecho.,· me~ rnmente µa.mrfo.,·.

18

CUESTIONES PRELIMINARES

Dada la multiplicidad de las ciencias que constituyen el conjunto de lo que llamamos Historia, sucede que lo que podría ser irrelevante desde una óptica científica, acaso es muy significativo desde otra. Ello comporta que en el marco de un panorama comprensivo, de una Historia con pretensiones de totalidad, tal diferenciación aparezca como inoportuna e irrealizable. Resulta ciertamente difícil que cualquier hecho o fenómeno carezca de sentido e interés, bien en sí mismo o como parte y justificación de una estructura más amplia. l.

Hürnria narrativa e historia culturo/.

Historia de acontecimientos e historia de fenámenns soda/es.

La Historia como ciencia

Al hablar del hecho histórico como objeto de conocimiento científico, no nos referimos -o no nos referimos solamente- a los meros acontecimientos por significativos que resulten, sino sobre todo a los fenómenos sociales que aquéllos originan o transforman. Todo cuanto ha sucedido al hombre en el transcurso del tiempo cobra sentido en un determinado contexto. Cualquier acontecimiento político o bélico, la forma de realizarse un matrimonio, el contenido de una obra literaria o la cuantía de los intereses de un préstamo, sólo se explican en el marco de un sistema de convicciones y creencias, formas de vida, desarrollo social, relaciones económicas, etc. Desde el Renacimiento al siglo XIX, la Historia fue concebida y expuesta primordialmente como una historia política, diplomática o militar. Las referencias a factores psicológicos, religiosos, económicos, etc., se hacían frecuentemente en función de los acontecimientos mismos, de las decisiones de las personas o los Estados. A partir de entonces, el desarrollo de la historia de la civilización y la cultura (la Kulturgeschichte) ha propiciado una concepción más dilatada que indaga no tanto el hecho en sí cuanto los acontecimientos sociales que lo explican. Se ha producido por ello en nuestro tiempo un rechazo, ya probablemente excesivo, a lo que los autores franceses llamaron "historia de acontecimientos" (histoire événementielle), es decir, a la historia de los sucesos que, consumados en un lapso mínimo de tiempo como realidades discontinuas, son expuestos luego en un relato presuntamente homogéneo. En su lugar se proclama la "historia seriada" (histoire sérielle). que es una historia de problemas construida sobre un período cronológico más amplio, a base de descomponer analíticamente la realidad en niveles de descripción para operar luego con sus diferentes ritmos evolutivos. Con el concurso especial de la historia demográfica y de la historia económica, notoriamente desarrolladas en las últimas décadas, se aboca a cierta historia social, que no pretende ser lUla más entre las ciencias del conocimiento histórico, sino que reclama cierto carácter de legitimidad en solitario. Tras evocar el "horror del acontecimiento" que Braudel ad ver-

HISTORIA Y DERECHO

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tía en esa historia social, el profesor García Marín ha comentado así tan sugestivo fenómeno: "No cabe duda de que, apoyada en un instrumental metodológico eficaz, capaz de disminuir sensiblemente el margen de imprecisión, y que ha recibido prestado de otras ciencias humanas, como la matemática o la estadística, la historia social logra emerger del seno de la familia histórica, como una especialidad dotada de mayor pujanza, mayor agilidad que sus vecinas. apegadas aún al método histórico tradicional. Poco a poco, la historia social ha ido ampliando su objetivo y... ha pasado a convertirse no sólo en una especialidad que reclama un puesto entre las especialidades históricas, sino incluso en la única de las disciplinas con vocación de abarcar en su objeto lo .\'ocia/ en su totalidad." (Actitud metodológica, 32-33).

Historia social e historia total. Junto a los logros propios de semejante dilatación de perspectivas, no han faltado despropósitos e incoherencias, causantes de cierto clima de confusionismo. Incluso en los dominios de la historia económica, desde postulados de una interpretación marxista, Pierre Vilar ha denunciado el peligro de confundir la historia total con cierta "literatura vaga que trataría de hablar de todo a propósito de todo", señalando que si la Historia no debe ser un simple relato de acontecimientos, tampoco puede desentenderse de ellos. Nos encontramos pues hoy con el afianzamiento de la historia.social o integradora, en la medida en que cualquier fenómeno histórico debe ser explicado desde los múltiples condicionamientos que concurren en la vida real, así como con un proceso de revisión de sus resultados y excesos, entre los que se cuenta el repudio indiscriminado a cuanto significaba la llamada historia tradicional. Curiosamente algún autor ha aludido en Francia al retorno del acontecimiento en los dominios de la historia contemporánea. Con todo, una cuestión se plantea de cara al futuro. La concurrencia de las diversas ciencias históricas particulares --del derecho, de las religiones, de la economía, medicina, etc.- en una más amplia historia total, ¿significa acaso una crisis de cada una de las disciplinas históricas en cuanto tales?. 2.

El juicio del historiador

Al florecimiento de los estudios históricos en la Alemania de primeros años del XIX, cabe remitir el origen de un problema tradicional y siempre discutido: la objetividad histórica. ¿Hasta qué punto -podemos preguntarnos- influye en la elaboración histórica la mentalidad e ideología de un historiador que escribe condicionado por su presente?. ¿Es posible o deseable lograr una objetividad aséptica, siendo la historia el conocimiento de los hechos como tales, o más bien el relato histórico se traduce en proyección del sujeto que lo realiza?. ¿Se dirige la historia, en fin, hacia

Hi.vtoria rma/ y futuro de ln.1"

disciplina., hi.vtórirns.

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CUESTIONES PRELIMINARES

una realidad auténtica, o es más bien la transposición ficticia del presente en el pasado?. RnnkL: la HisLeopoldo von Ranke, en el prólogo a su Historia de los pueblos toria. relato románicos y germánicos, aparecida en 1824, adelantó una célebre respuesde la.r cosru· com.11 realmente han .,ido. ta positiva al problema, al pretender que ese libro mostrara sólo aquello que realmente había sido, las cosas como simplemente acontecieron (Er will bloss zeigen wie es eigentlich gewesen). La curiosa fortuna de la frase, con independencia de que concuerde tal vez poco con un Ranke que también confesaría su propósito de comprender y explicar los hechos, e incluso menos con su propia fisonomía y obra científica (Fontana), la ha llegado a convertir en paradigma de la deseable objetividad histórica. Es difícil, en cualquier caso, aceptar sin reservas una afirmación tan simple, y por ello los historiadores (Febvre, Huizinga y otros) la han sometido a numerosas matizaciones. En primer lugar porque de hecho la Historia nunca puede ser el conocimiento de cuanto es cognoscible, lo que implica que el historiador haya de pronunciarse personalmente en las múltiples coyunturas de elección e interpretación. Debe asimismo fundamentar un razonamiento deductivo a la hora de extraer los datos, relacionarlos y averiguar sus causas, lo que ciertamente implica una dosis de personal proyección y compromiso. De otra parte el historiador Pmy,ccián del hixtoriador en no puede ser un mero coleccionista de datos, que por lo demás siempre el juirio histórico. llegan a nosotros refractados a través de quien los reúne y analiza. La realidad histórica necesita para penetrar en el presente de una cierta configuración. La relación del historiador con las fuentes se traduce en un diálogo y conduce inexorablemente a un juicio. En fin, la interacción entre el pasado y el presente no posibilita una historiografía (arte de escribir la historia) aséptica e intemporal, al igual que no hay un arte independiente del tiempo. Ahora bien, con independencia de que sea deseable o posible esa objetividad que despersonaliza el relato histórico, la atribución de objetividad a un historiador tiene que ver, por lo común, con su rechazo en adoptar juicios apriorísticos, atenerse a las fuentes de conocimiento, y hacer uso de una serie de cautelas científicas: acopio suficiente de datos comprobados y valoración autorizada por ellos, diferenciación adecuada de lo posible y de lo probable, o de lo probable y de lo seguro, etc. B) EL DERECHO EN EL TIEMPO

1.

Derecho. moral y usos sociales

Cualquier tipo de sociedad, desde la más primitiva a la de nuestros días, aparece regida y ordenada por determinadas normas. Entre esas normas se

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han solido distinguir las morales o de sentido religioso, las propiamente jurídicas y las normas o usos sociales (modos de actuación imperantes en la relación social, moda, etc. ). Desde la óptica de la Historia del Derecho tal diferenciación no carece de importancia, puesto que la disciplina ha de ocuparse de historiar Jo jurídico y desentenderse de aquello que no lo es. La distinción de normas morales, jurídicas y usos sociales ha venido siendo objeto de permanentes desacuerdos y probablemente, desde planteamientos teóricos y generales, constituye un problema irresoluble. Hay normas morales cuya contravención, el pecado, coincide con el delito o ruptura del orden jurídico (v. gr. el homicidio), y otras que nada tienen que ver con el Derecho. Existen además normas jurídicas que en sí mismas, en su fijación, carecen de valor moral, como es el caso de las leyes de tráfico que convencionalmente determinan el sentido de la circulación. Es notorio también que la moral y usos sociales concuerdan en determinadas sociedades y etapas históricas, mientras que en otras aparecen como realidades muy diferenciadas. El Derecho por su parte suele acomodarse a los principios morales, más o menos elásticos, que imperan en la sociedad (pensemos en la introducción o abolición de leyes divorcistas). Finalmente el deslinde derecho-usos sociales no ha sido nunca claro. En primer lugar porque junto al derecho escrito existe un derecho consuetudinario, más fácilmente confundible con determinados usos. En segundo Jugar porque el mismo derecho escrito ha incidido en esos usos: baste recordar la existencia de pragmáticas o disposiciones reales ordenando la forma de vestir, etc. La cuestión es tan confusa que Ortega y Gasset, en el capítulo undécimo de El hombre y la gente, se vio precisado a diferenciar los usos en débiles y fuertes, incluyendo entre éstos últimos al Derecho. La identificación de las normas jurídicas en razón de su coactividad constituye ciertamente un criterio clarificador, si bien no resolutorio. Y ello porque aparte de la dudosa coacción que sea posible ejercer en ciertos casos para restablecer el orden jurídico violado (aquí resulta tópica la referencia al Derecho Internacional), determinadas normas morales y algunos usos sociales (la moda, por ejemplo) pueden resultar y resultan de hecho más coactivos que muchas solemnes normas jurídicas. Con ciertas cautelas cabría admitir que las normas jurídicas, a diferencia de las morales o de los usos, son aquéllas cuya vulneración es perseguida por el grupo social organizado (elementos rectores del clan o tribu, el Estado luego) mediante procedimientos coactivos que se traducen en la pena. Asimismo cabe considerar como procedimiento diferenciador de unas y otras normas, las consecuencias que se derivan de la infracción. Si ellas comportan una conducta distinta y clara del infractor -alejamiento de la comunidad que se considere agraviada, por ejemplo-, variaciones en su rango jurídico-

D,fl!ch oy Moral.

Moral y u.,0.1· soriale.\·.

Derecho y u .' WJ

.wdnl~J.

Derecho y ma,-1ividatl.

Difen:nriarián de las nonnn..,· jurídica., .

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CUESTIONES PRELIMINARES

social o satisfacción de una pena, muy probablemente nos hallamos ante la normatividad de lo jurídico. Si, en cambio, la reprobación es tan mediata que no supone la nulidad de los actos contraventores, ni la modificación en la capacidad de quien los protagoniza o la tipificación de la conducta seguida, presumiblemente estamos ante una norma moral o uso social. En cualquier caso la distinción derecho-moral-usos sociales es muy escasa o casi nula en las sociedades primitivas, operándose un proceso de clarificación en sus sucesivos estadios de desarrollo. 2.

El Derecho: cambio y e.l'tabilidad.

E/ritmo hiJtórico.

La. historicidad del Derecho

El Derecho, como cualquier fenómeno humano, se halla intrínsecamente afectado por el tiempo. En cada época constituye el resultado de seculares procesos anteriores, mientras alberga el germen del cambio futuro. Ahora bien, si lo que en un momento es norma jurídica, antes no lo fue o después dejó de serlo, habrá que convenir en la imposibilidad de llevar a cabo una Historia del Derecho con los esquemas de lo jurídico vigente en una determinada época. Ello significa, en fin, que nuestra ciencia no puede ser entendida como el conjunto de antecedentes históricos del Derecho actual. El Derecho cambia porque cambian con el tiempo las relaciones sociales que regula, se altera la valoración de las mismas, e incluso varía el aparato conceptual que le sirve de expresión. Ahora bien, el Derecho exige per se cierta estabilidad, sin la cual él mismo carece de sentido. Es preciso que cada uno pueda prever las consecuencias de sus actos, determinar así lo que debe o no hacer y correlativamente atenerse a la conducta de otros. Es preciso, en suma, que las consecuencias potencialmente inclusas en las relaciones jurídica~ puedan surtir efecto en el tiempo a tenor de su cumplimiento o inobservancia, garantizándose la seguridad del orden social. Por ello, un Derecho que es mudable por servidumbre al tiempo, debe ser estable por servidumbre a esa seguridad que tutela. Según expresión de Roscoe Pound en sus Interpretaciones de la historia jurídica, "el Derecho tiene que ser estable y sin embargo no puede permanecer inmóvil" (Law must be stable and yet it cannot stand still). Con independencia de resolver esa posible antinomia en razón de la necesaria y peculiar flexibilidad del ordenamiento legal, la cuestión nos lleva a considerar el cambio histórico y el posible particularismo en el desarrollo de lo jurídico. La evolución de la sociedad en el tiempo no es algo rectilíneo u homogéneo. La existencia de períodos de prosperidad y depresión, como consecuencia de factores diversos, condiciona junto a otras circunstancias que se hable de movimientos cíclicos, o bien de fenómenos históricos de corta o

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larga duración. De otra parte, en una consideración global, la evolución de la cultura y muy especialmente de la técnica se producen con un ritmo de aceleración creciente. Quiere esto decir, por ejemplo, que las transformaciones sociales del último siglo resultan impresionantes ante la aparente inmovilidad de centenares de milenios del mundo prehistórico, aunque en uno y otro haya habido etapas de regresión y avance. Ese ritmo histórico es comparable al tempo de una obra musical. Y así como ésta, en un allegro o un presto, se nos muestra mediante cierto proceso de aceleración global donde sin embargo no todos los instrumentos mantienen el mismo ritmo, el ritmo del cambio social no resulta homogéneo para todos los elementos que lo componen. En términos generales cabe afirmar que el ritmo jurídico es más lento, por cuanto de ordinario el Derecho evoluciona para acompasar su normativa a procesos de cambio ideológico, económico o social, ya iniciados e incluso concluidos. Esa mayor fijeza del Derecho tiene obvia relación con el idioma que le sirve de aparato de expresión. Ya Goethe ( Poesía y verdad) reprochó al lenguaje jurídico que por sus ataduras formalistas careciera de auténtica libertad. Las fórmulas de juramento, por ejemplo, cuyo valor depende de la propia fijeza terminológica, ejemplifican esa estabilidad de lo jurídico mediante la creación de estereotipos que, además, en las sociedades primitivas sobre todo, tienen un claro contenido religioso. Pero incluso como fenómenos culturales independientes, se ha destacado el paralelismo entre la evolución del Derecho y la del idioma. Tal paralelismo fue advertido en 1875 por Van Amira y reiterado luego, en nuestro siglo, por otros autores alemanes. Fundamentalmente destacaron ellos la lentitud en el cambio de lo jurídico y lo idiomático, así como el hecho de que mientras en lo genéricamente histórico acontece la individualidad e irrepetición de los hechos, la seguridad y la mutua comprensión exigen del Derecho y del idioma una mayor fijeza y un cambio más lento en su proceso evolutivo. Entre nosotros don Alfonso García-Gallo ha razonado así las causas de ese paralelismo: El Derecho... es una ordenación que se establece con carácter permanente y que en tanto está en vigor ha de aplicarse con uniformidad, repitiéndose una y otra vez de la misma manera la tramitación de un pleito, la constitución de una sociedad, la redacción de un testamento, etc .... De igual modo, al hablar todos procuran hacerlo de la misma forma, porque es la única en que pueden entenderse. Por eso lo característico del Derecho y de la lengua es precisamente lo constante y lo uniforme, y no lo episódico o anecdótico -las incidencias de un matrimonio o el defecto de dicción de una persona- , y en consecuencia la historicidad del Derecho viene dada precisamente por los cambios y evolución de la propia ordenación y de las normas j urídicas, y no por los actos particulares que con arreglo a ellas se realicen. (Manual, 1, 8).

PamJ,iismo •ntre In evolurián del Deru ho y In del idioma.

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CUESTIONES PRELIMINARES

11. La lllstoria d e l Derecho y sa objeto

Al examinar el objeto de la Historia del Derecho nos planteamos tres problemas previos. En primer lugar, por principio, habrá que hacer historia de lo jurídico y no de lo que no lo sea; bien entendido que el Derecho no sólo se encuentra en el texto escrito (ley, etc.) sino también en la costumbre, y que además deberá atender tanto a los modos a través de los cuales se formula y explicita (fuentes) como a las instituciones de la vida social ordenadas por él. En segundo lugar, a la hora de estudiar la Historia del Derecho español, ¿cómo precisar sus límites y qué sentido tiene una historia jurídica con proyección geográfica más amplia?. Finalmente, si hay que ordenar de alguna forma la exposición de la Historia del Derecho, ¿cómo articular las diversas etapas?. Nos situamos así ante una triple delimitación en el objeto de esta ciencia: material, espacial y cronológica. A)

Fuen1e.1· directas e indireOa.\'.

Co"ienteJ den/(. ficns defen.w m s tlt! la costumbre.

DELIMITACION MATERIAL: LO JURIDICO Y LO EXTRAJURIDICO

La dificultad de diferenciar históricamente las normas jurídicas de aquellas otras de distinta naturaleza, según antes vimos, tiene que ver, junto a las razones expuestas, con el hecho de que lo jurídico no sólo se manifiesta en los propios textos legales de cada época, sino además en otros testimonios de di versa índole. Entre esas fuentes o modos de formulación del Derecho hay que distinguir las que directamente lo crean, de aquellas otras que mediata o indirectamente dan noticia de la norma jurídica en un momento cualquiera. Entre las primeras destaca la ley, pudiendo mencionarse además la costumbre (si tiene efectos jurídicos reconocidos), las sentencias judiciales que ocasionalmente pueden crear derecho, y la doctrina de los juristas cuando se le reconoce ese carácter (v. gr. en Roma a través del ius respondendi). Las fuentes indirectas son múltiples. Unas y otras han sido objeto de sucesivos intentos de clasificación, algunos simples y otros muy complejos y pormenorizados. El valor primordial de la ley como fuente del Derecho y como objeto de su estudio histórico, propio de las concepciones racionalistas, fue en cierto modo impugnado en Europa por dos corrientes científicas. De una parte por la tradición jurídica anglosajona, rehabilitadora tanto del papel de las sentencias judiciales que en el sistema del common law sí crean derecho (judge made law ), como del significado de la costumbre. Así, teóricos conservadores como Burke acuñaron en el siglo XVIII conceptos tales como el de la "costumbre inmemorial" (inmemorial custom), que surtía

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efectos jurídicos prioritarios. De otro lado, en el siglo XIX, la Escuela Histórica, en Alemania, defendió el entronque del derecho con el llamado "espíritu popular" (Volksgeist), lo que ocasionó una fecunda inquietud por rastrear testimonios históricos del derecho en las manifestaciones literarias, artísticas, etc. Como muy preferentemente habremos de ocupamos en este libro de las fuentes de creación directa del derecho, parece oportuno aludir aquí a las posibilidades de rescatar el derecho histórico de esas otras manifestaciones culturales. Múltiples cuestiones del mundo jurídico en cada época resultan perceptibles a través del testimonio literario: novela, teatro, poesía, etc. Problemas tales como .Ja relación rey-súbditos, el régimen de instituciones públicas, el matrimonio o las formas de llevar a cabo diversos contratos, aparecen por doquier en ese tipo de textos, expresando así tanto la normativa jurídica al uso en una determinada época, como la valoración popular al respecto. No es pues extraño que el legado de escritores eximios haya suscitado interés desde las perspectivas de la Historia del Derecho. Algunas manifestaciones literarias como la poesía han sido objeto incluso, al margen de estudios parciales sobre autores concretos, de una elaboración sistemática en lo que concierne a sus relaciones con lo jurídico. Forzoso es recordar aquí al profesor Hans Fehr, autor de una importante obra al respecto, dirigida tanto a examinar "el Derecho en la poesía", es decir el uso por los poetas de conceptos e instituciones jurídicas, como "la poesía en el Derecho", que detecta manifestaciones líricas o épicas en los propios textos legales. En España estas cuestiones fueron objeto de interés a fines del pasado siglo. Joaquín Costa se ocupó del Derecho en la poesía popular, o del pensamiento político de Quevedo y Gracián, en unos ensayos publicados en 1884 entre sus Estudios jurídicos y políticos. Tres lustros más tarde, Hinojosa publicó El Derecho en el Poema del Cid, obra que desvela múltiples aspectos de las instituciones medievales castellanas. Ya en nuestro siglo semejante tarea cayó en un lamentable estado de abandono, en trance ahora de ser superado mediante la atención que vienen dispensando a estos temas algunos estudiosos. Los refranes, de otra parte, suelen expresar en forma breve y popular principios o conceptos jurídicos. En un país como España, cuya riqueza én refranes fue inmortalizada en páginas egregias (El Quijote). los estudios de paremiología jurídica disfrutaron de temprana y abundante atención, pese a Jo cual no contamos con trabajos de conjunto que califiquen sistemáticamente lo que esas expresiones significan a la luz del Derecho. En el ámbito europeo, el interés de los historiadores por.rescatar el valor jurídico de los dichos populares procede de la publicación por Jacobo Grimm de una obra singular: las Antigüedades jurídicas alemanas.

Den!chny Poes{a.

El Dererhoen /n/ileratum española.

Refranes y d1rho.,· populnres.

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CUESTIONES PRELIMINARES

Muchos son en este sentido, a la luz de la obra de Grimm, los dichos del alemán actual que esconden vetas jurídicas de raigambre histórica. Cuando se dice por ejemplo de un hombre dominado por su mujer que "está bajo la zapatilla" (unter dem Pantoffel stehen) los usuarios del giro permanecerán seguramente ajenos a la tradición jurídica del juego de palabras. Si abrimos las Antigüedades por la voz calzado, encontraremos en cambio su acusado valor simbólico de poder y fuerza en el antiguo Derecho. Y así el formalismo de la vieja adopción exigía que el adoptado se colocara el calzado del adoptante para expresar que pasaba a depender de él. Lo mismo hacía la novia antes de las nupcias con el calzado del novio, denotando su futura sujeción al poder marital. Algunas tradiciones nórdicas narran la costumbre de los reyes de enviar su calzado a los súbditos para que éstos, al colocárselo, manifestaran obediencia y acatamiento. Así si ir calzado denotaba poder, ir descalzo era por el contrario muestra de humildad y obediencia; y tal vez haya que buscar ahí la raíz de una costumbre con simbolismo religioso. Cuenlo.< infantiles.

Arr,., pt(miras.

Música.

De los Cuentos de los hermanos Grimm arrancó la preocupación de los estudiosos alemanes por investigar las manifestaciones jurídicas de los cuentos infantiles, en la medida en que denunciaban expresiones y realidades del derecho antiguo. Al margen de genéricas indagaciones sociológicas, la investigación de este fenómeno ha ocupado la atención de autores como Van Künssberg, quien ha puesto de manifiesto el reflejo en el juego y dichos tradicionales de los niños de determinados formalismos jurídicos. Las artes plásticas denuncian también la realidad jurídica de cada tiempo. Pinturas y esculturas de cualquier época pueden hacernos presente hoy toda una simbología jurídica de hondo contenido. Obras como El Derecho en imágenes, de Fehr, muestran hasta qué punto la historia de las artes plásticas puede convertirse en provechosa para el historiador del Derecho. La música, incluso, resulta elocuente en tanto en cuanto determinadas composiciones constituyen una representación de arquetipos o acontecimientos históricos. Baste recordar por ejemplo que las autoridades austríacas prohibieron a fi nes del XVIII la interpretación de La flauta mágica, pretendiendo que Mozart trazaba en esa obra una alegoría de la Revolución francesa . Muchos testimonios de la vida cultural , en fin, entrañan rica utilidad para el historiador o el historiador del Derecho.

B)

Ln flutorin univasal del Dererho

y SU.\' orí>:enes.

DELIMITACION ESPACIAL: IIlSTORIA DEL DERECHO "ESPAÑOL" E HISTORIA UNIVERSAL DEL DERECHO

Habida cuenta de las variaciones que ha experimentado en el transcurso de los siglos la magnitud geográfica de lo que hoy es España, ¿qué derecho o derechos vamos a examinar cuando pretendemos hacer una Historia del Derecho español?. Con un criterio amplio, entendemos por derecho español el creado o aplicado en lo que históricamente ha sido España en cualquier tiempo.

HISTORIA Y DERECHO

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De ordinario en los diversos países constituye objeto de estudio el derecho doméstico o nacional. Ha habido sin embargo laudables esfuerzos de cara a elaborar una Historia del Derecho de ámbito supranacional. Su arranque puede situarse en un célebre ensayo de Leibnitz, Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae, donde se distinguía entre una historia externa y otra interna, coincidente esta última, según la interpretación de distintos autores, con una rudimentaria Historia universal del Derecho. Por otra parte, en la Francia del XVIII la inquietud al respecto coincidió con la aparición de El espíritu de las leyes, de Montesquieu, obra que obtuvo un estimable eco en nuestro país. Ya en el XIX, Pastoret, primer titular de la cátedra de Historia de la legislación comparada en el College de France, publicaba una Historia de la legislación que abriría el rumbo a estudios posteriores. El desarrollo de una Historia supranacional del Derecho tuvo a menudo que ver con preocupaciones filosóficas o bien con el despertar de la investigación etnológica. Así, respecto a lo primero, en tanto Hegel relacionó su filosofía del Derecho con la progresión de una idea de libertad que, desde los antiguos pueblos orientales, aparece perfilada en Grecia y Roma para pasar por la Edad Media a los tiempos modernos, se ha podido afirmar (Van Moeller) que su esquema ideológico es propio de una Historia universal del Derecho. Las conexiones con la etnología, a su vez, arrancan de cierto libro de Bachofcn, El derecho matriarcal, a quien años después un historiador del derecho tan prestigioso como Brunner otorgaría el crédito de haber inaugurado esa nueva corriente científica, no obstante advertir, como reiteraría la crítica posterior, que en tal tratado eran menos perceptibles los datos rigurosos que la brillante imaginación de su autor.

Fundnmentos Jilrmífims y etnolá,:icos de laHütoria universal del Derecho.

En la órbita estricta de la historia jurídica, las posibilidades de llevar a cabo esa historia supranacional fueron advertidas cuando Mitteis publicó en 1891 su Derecho imperial y popular en las provincias orientales del Imperio romano, obra que en cierto modo realizaba una historia global del derecho de los pueblos antiguos, al estar elaborada no sólo con fuentes romanas, sino además con textos griegos, egipcios y orientales en general. Así entre la utópica Historia universal del Derecho y las ya difíciles historias nacionales, se iniciaba una posición intermedia en cuanto a ámbito geográfico, de la cual podemos encontrar algún testimonio reciente en la obra de Ellul, Historia de las instituciones de la Antigüedad. La Historia del Derecho de diversos pueblos, o en última instancia la Historia universal del Derecho, se relaciona y confunde con la llamada Historia del Derecho Comparado, si bien ésta ha sido modernamente diferenciada de aquéllas por aplicar su comparativismo al sistema de derechos vigentes. En todo caso, cualquier historia jurídica supranacional advierte fenómenos o instituciones semejantes en pueblos diversos, a veces en muy alejadas etapas históricas. Así la similitud de estructuras feudales en la Europa occidental de la Edad Media, con las que Japón ha mantenido hasta el

Historia del Dere,-ho de la Allligüerlarl.

Historia riel Derecho Comparado ynnalo¡das .\·upranndunales en lo jurídico.

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CUESTIONES PRELIMINARES

siglo XIX. Ello se ha atribuido ocasionalmente a misteriosos procesos de difusión. Sin embargo, lo que los cultivadores franceses del derecho histórico comparado llamaron "analogías chocantes" (analogiesfrappantes), deben ser objeto de un cuidadoso examen para diferenciar posibles sistemas jurídicos de rango supranacional, de lo que simplemente es analógica respuesta a unos mismos problemas por sociedades en similares estadios de desarrollo. A propósito de la Historia del Derecho como Historia comparada, Rafael García Pérez ha destacado su papel formativo para los juristas actuales, por cuanto la comparación del derecho presente con el pretérito contribuye a crear "una verdadera conciencia crítica frente a soluciones que desde el derecho positivo pueden pretenderse definitivas por supuestamente intemporales". Por lo demás, las posibilidades de una Historia Universal del Derecho hacen referencia a las posibilidades mismas de llevar a cabo la Historia Universal general. Un Congreso Internacional de Ciencias Históricas, el celebrado en Oslo en agosto de 2000, se planteó como primero y principal tema de estudio: Is Universal History possib/e?

El conocimiento, estudio y comparación de distintos derechos históricos es promovido en nuestro tiempo, con más realismo, por el análisis sectorial: las asambleas representativas, el status jurídico de la mujer, las comunidades rurales, etc., temas éstos sometidos a una investigación concurrente por especialistas de diversos países, y discutidos luego en el seno de reuniones científicas internacionales. Esa aspiración a un análisis supranacional se ve hoy favorecida tanto por la existencia de cátedras de historia del derecho europeo comparado (Polonia,Austria), como sobre todo por el empeño de prestigiosas instituciones: la "Sociedad Jean Bodin para la Historia comparada de las Instituciones", el "Centro de Historia y Etnología jurídica" de Bruselas, el "Instituto Max-Plank: de Historia del Derecho Europeo" en Frankfurt, el Jstituto di Storia del Diritto e del/e Jstituzioni de la Universidad de Messina, el Centro di Studi per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno de la Universidad de Florencia, etc..

División de la Historia en edades.

C)

DELIMITACION CRONOLOGICA: LA PERIODIFICACION

1.

Consideraciones generales

La Historia constituye un todo continuo y fluido, cuya parcelación en etapas es, por principio, gratuita y artificiosa. Se habla no obstante, por ejemplo, de Edades Antigua, Media, Moderna y Contemporánea, razonándose la segmentación en acontecimientos en los que se cree advertir una diferenciación suficiente. Al margen de la impertinencia científica de que se haya calificado de contemporánea a nuestra propia era (nombre que habrá de ser rectificado por historiadores de siglos futuros, por cuanto para ellos esta etapa histórica ya no será "contemporánea"), hay que decir que semejante división sólo tiene cierto sentido aplicada a la historia del mundo occidental. Además que esa clasificación es sumamente genérica, lo que ha llevado a introducir subdivisiones en cada etapa

IIlSTORlA Y DERECHO

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(Edad Media alta, o de los primeros siglos, y baja, de los siguientes), y que desde luego no ofrece la misma validez en las diversas disciplinas históricas. Sin embargo la periodificación reporta una utilidad innegable ("saber es clasificar", decía Stuart Mili), ejercita la reflexión crítica del historiador y resulta de hecho imprescindible para la exposición y la enseñanza. Baste pues acercarse con un sano escepticismo a cualquier criterio periodificador, y entre ellos al acogido en este libro, sabiendo de antemano que los hitos diferenciales tienen siempre un valor muy relativo. Así por ejemplo, el arranque de la Edad Media se había hecho coincidir con las invasiones de los pueblos bárbaros que provocaron el desmoronamiento del Imperio romano. Ahora bien, frente a la vieja tesis sobre el aluvión repentino de esos pueblos en fechas determinadas, lo que constituiría el jalón cronológico diferenciador, la investigación moderna ha demostrado que la invasión fue más bien una infiltración progresiva y lenta a lo largo de mucho tiempo.

2.

Periodificación y Dogmática

La period.ificación de la Historia del Derecho, peculiar por la naturaleza y más pausado ritmo de lo jurídico, ha solido hacerse con arreglo a criterios cronológicos o sistemáticos. El método histórico o cronológico efectúa una división en períodos, a fin de estudiar en cada uno de ellos los distintos ordenamientos jurídicos. El método sistemático opera en sentido inverso, delimitando los sistemas jurídicos para analizarlos luego en su correspondiente perspectiva histórica. Uno y otro ofrecen ventajas e inconvenientes, lo cual ha abierto el camino a cierta opción integradora, o método mtxto, que sobre el planteamiento sincronístico admite períodos diversos de evolución para las diferentes ramas del Derecho. Ciertamente la periodificación cronológica ofrece el inconveniente de aglutinar en un mismo marco a sistemas jurídicos que a veces sólo episódicamente coexisten, o diseccionar la historia de una institución, cuyo desarrollo es homogéneo, en varias etapas. No es menos cierto, sin embargo, que cabe intentar la periodificación sobre criterios jurídicos, y así un autor como Lalinde ha defendido la existencia de "períodos realmente iushistóricos". A su vez la period.ificación sistemática comporta una elaboración conceptual del propio sistema, es decir, una dogmática jurídica, para entender a través de ella el acontecer histórico. Historia del Derecho y dogmática jurídica han entrado por ello en confusa y contradictoria complicidad. Desde una célebre aunque no muy original frase del alemán Brunner, lo que no puede concebirse dogmáticamente es para la Historia del Derecho materia muerta, se ha producido, como reacción, una verdadera hipersensibilidad antidogmática en el quehacer histórico-jurídico. Símbolo de ella es otra rotunda sentencia de otro famoso historiador del Derecho, el inglés Maitland: si tratamos de convertir a la historia en criada del dogma, pronto dejará de ser historia.

Métodos cronológicos, sistemáticos y mixto.

Historial del Derecho y Dogmática jurídica.

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CUESTIONES PRELIMINARES

Por dogmática jurídica entendemos la construcción de un sistema formal de tipos o dogmas, obtenido al abstraer, mediante un conjunto de operaciones lógicas, el contenido de las diversas normas del derecho positivo. Independientemente de las similitudes que se pudieran establecer entre esos dogmas y los que Max Weber llamó tipos ideales, y hasta con las ideas de estirpe platónica, en tanto en cuanto constituyen modelos interpretativos de la realidad social, el problema que se plantea reside en la contraposición de historia y dogmática, es decir, de lo dinámico y lo sistemático. Ahora bien, debido a la persistencia peculiar de lo jurídico, se ha negado la posibilidad de llevar a cabo una historia sistemática, de los sistemas del Derecho, en tanto en cuanto tales sistemas no serían otra cosa que un espejismo irreal de la dogmática misma (García-Gallo). El italiano Paradisi rechazó, a su vez, la Historia dogmática en el sentido de una historia del sistema jurídico como algo autónomo y que evoluciona, aislado, por sus propios impulsos o motivaciones endógenas.

3.

Plan y secciones de este libro.

La exposición de la Historia del Derecho

Según advertimos, nuestra disciplina comprende tanto la historia de las fuentes como la de las instituciones. Ahora bien, teniendo presente la vieja distinción romana entre el derecho público, propio de la organización política, y el privado que ordena las relaciones entre particulares, es claro que corresponde a la Historia del Derecho tanto la historia de las instituciones privadas como la de las públicas. No obstante, junto a las fuentes, nos limitaremos a estas últimas, y más concretamente a las llamadas instituciones político-administrativas, ateniéndonos a un uso tradicional que probablemente tiene doble fundamento. De una parte la imposibilidad de abarcar el conjunto, lo público y lo privado, en el esquema docente del primer curso de Licenciatura. De otro lado, el hecho de que ante la disyuntiva de optar de alguna manera, la historia de lo jurídicopúblico resulta en la práctica más inteligible, por cuanto el repertorio conceptual que la acompaña es más familiar y conocido. Con otras palabras, al referir la historia del municipio o las Cortes se sabe ya de qué se está hablando. La Historia del Derecho privado requiere, en cambio, un arsenal de conocimientos jurídicos que precisamente serán suministrados en ulteriores cursos académicos. La presente exposición de Historia del Derecho es, pues, una historia de las fuentes y de las instituciones político-administrativas. ¿Cuándo iniciamos nuestra tarea y cuándo debemos considerarla concluida?. El punto de partida se remonta a los primeros testimonios jurídicos de la sociedad primitiva. Como término, los expositores han adoptado criterios muy diversos. Nosotros vamos a finalizar en las postrimerías del siglo XIX, cuando aparecen consolidados los dos grandes fenómenos jurídicos del mundo contemporáneo: el Constitucionalismo y la Codificación.

HISTORIA Y DERECHO

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La exposición global será desarrollada en ocho secciones que, por unas u otras razones, gozan de autonomía y entidad suficientes. En primer lugar, estas cuestiones preliminares. A continuación, lo que llamamos la España primitiva, que cronológicamente comprende desde los orígenes hasta la presencia de Roma en la Península en el siglo tercero antes de Cristo. Después, la España romana, partiendo de los inicios del proceso de la conquista con el desembarco en Ampurias el año 218 a.C., hasta los albores del siglo V. Constituye esta etapa la propia base fundacional de nuestra entidad histórica, y tienen lugar en ella los dos grandes procesos interdependientes de la Romanización y Cristianización. En cuarto lugar, la España visigoda; es decir, los trescientos años que transcurren desde el aparecer de los diversos pueblos bárbaros, con la consolidación ulterior de los visigodos en un Estado cuya capital es Toledo, hasta la ruina de ese Estado y la presencia musulmana. Persiste en tal período la tradición jurídica romana a través de los textos legales visigodos, en tímida coexistencia con el derecho germánico propiamente dicho, mientras se elaboran las primeras colecciones importantes de derecho canónico. A la Edad Media consagramos las secciones quinta y sexta. Aquélla va dedicada al Islam español, por cuanto la impronta árabe marca el verdadero signo diferencial de la historia española con respecto a la de otros países de Occidente, configurando en la Península un mundo musulmán de peculiar fisonomía jurídica y social. Paralelamente la sexta parte se ocupa de la España cristiana medieval, e integra tanto el precario balbuceo del derecho y las instituciones en los primeros siglos o Alta Edad Media, como su afirmación y desarrollo en los siguientes (Baja Edad Media), cuando, a partir del siglo XIII, la recepción del derecho romano justinianeo forma con el canónico y feudal un derecho común de dilatada vigencia, y tiene además lugar el proceso de integración política que a fines del siglo XV pone punto final a la Reconquista. Tras ponderar ventajas e inconvenientes, hemos optado por exponer la Edad Media en su conjunto, sin seccionarla en los períodos alto y bajo. Y ello tanto por razones didácticas, en aras de una mejor comprensión, cuanto por otras sustantivas y de fondo . Sin perjuicio de la cierta diferenciación del panorama jurídico de los primeros y últimos siglos, buena parte de las fuentes e instituciones son perceptibles en la Alta Edad Media y también luego, transformadas, en el períodg siguiente. Baste mencionar para lasfuentel' el caso del derecho visigodo, vigente en la Alta Edad Media (Fuero Juzgo, Fuero de Toledo, fueros andaluces), y para las institucionel· el caso de las Cortes bajomedievales, explicables por la mudanza y evolución de la Curia plena altomedieval. Tal tratamiento no constituye de otra parte novedad alguna. Dos Cursos ejemplares sobre fuentes (de Galo Sánchez) y sobre instituciones (de Luis G. de Valdeavellano) exponen el desarrollo de unas y otras en el marco global de la Edad Media.

E.vpnñn pri· mitiva. romana y visigoda.

Edad Media.

32 ln&pañade los siglos XVI, XVII y XVIII.

Ln fapaiia del siglo XIX.

CUESTIONES PRELIMINARES

La España de la monarquía absoluta del Antiguo Régimen configura una séptima sección, a la que de ordinario no se ha reconocido autonomía específica en las exposiciones de Historia del Derecho. Ciertamente, desde una perspectiva de las fuentes jurídicas, las fronteras con el período anterior son de escasa relevancia. No es menos cierto, sin embargo, que en tal fondo de continuismo irrumpen fenómenos inéditos de primera magnitud. En primer lugar la constitución del Estado nacional y de la llamada monarquía universal, con el correlativo estable-cimiento de un aparato político-administrativo hasta entonces desconocido. De otra parte la expansión ultramarina, que lleva consigo, con el descubrimiento y colonización de América, la aparición de nuevos problemas jurídicos, hondas transformaciones económicas y sociales, y genera en fin la universalización del derecho castellano. El término de esta etapa, en el siglo XVIII, aparece marcado por el predominio de la burguesía comercial e industrial a costa de una sociedad señorial que ha entrado en crisis, así como por la ilustración cultural y un acusado proceso de uniformismo jurídico mediante la imposición general del derecho de Castilla. Tras el derrumbamiento del Antiguo Régimen, el octavo y último período se centra en el siglo XIX. Asistimos en él a las tensiones ideológicas de absolutistas y liberales, y al activismo político de una burguesía en principio revolucionaria y luego conservadora. Es la etapa, sobre todo, que inicia y consolida el régimen constitucional; da cabida a la Codificación del derecho privado, penal y procesal, y nos deja, en fin, en el dintel del tiempo que vivimos. 111. La Historia del Dereeho eomo eieneia

ln autojusti-

jicación de la Historia del

Derecho.

Desde que la Historia del Derecho adquirió rango científico, gracias sobre todo a los esfuerzos de la investigación alemana del XIX, los estudiosos han reflexionado acerca de su naturaleza y caracteres, en un clima de respeto institucional representado por el "valor vital" (Lebenswert) que un autor como Mitteis le atribuyó. En tiempos más recientes, sin embargo, la misma historia jurídica se ha visto en la precisión de justificar ante juristas e historiadores el fundamento de su peculiaridad y autonomía, debiendo argumentar, en suma, su propia "razón de ser". Muy probablemente, tal giro ha tenido una doble causa. En primer lugar el hecho de que, tras décadas de aislamiento más o menos espléndido, el moderno empuje de la historia social ha obligado a los historiadores del Derecho a resituarse en un panorama historiográfico sensiblemente alterado. En segundo lugar, una razón coyuntural, de carácter académico: la ubicación de la propia disciplina, impartida de ordinario en Facultades de Derecho, ha provocado que algunos de los docentes más sensibles se hayan sentido llamados a razonar ante sus colegas académicos-los juristas-y ante

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sus otros colegas científicos, los historiadores, qué enseñaban y por qué y para qué lo hacían. Sin duda e11o refleja la problemática filiación científica del historiador del Derecho, a medias entre unos y otros, tan vivamente descrita por el profesor alemán Hans Thieme:

Ln E.vpniifl del sixlo XIX.

"El historiador del derecho es tenido frecuentemente entre los juristas como un buen historiador y entre los historiadores como un buen jurista. No le resulta fácil contentar a unos y otros. Es un sujeto mixto, con doble ciudadanía, siempre entre dos Facultades, al margen de su propia casa, arrastrando en dos zonas la carga, que hoy percibimos mejor que nunca, del caminante fronterizo. Incómodo a los historiadores por su mentalidad jurídica. Motivo de escándalo para los estudiosos del Derecho por su vocación a retrotraer históricamente el estado de las cuestiones. A menudo no sabe cuál es en realidad su patria ni de dónde es ciudadano". (Jdeengeschichte und Rechtsgeschichte, 288).

A) LA HISTORIA DEL DERECHO, CIENCIA HISTORICA

La Historia del Derecho apareció inicialmente como un sector especializado de la Historia general, ubicación explícita o implícitamente admitida desde que, al formarse como ciencia, se ejercitó en su cultivo el método histórico-crítico (2,I,B), manteniéndose así, sin rechazos apreciables, hasta tiempos recientes. La interpretación de la Historia del Derecho como ciencia histórica constituye pues la primera y más tradicional de cuantas se han formulado, y de las que ahora habremos de ocupamos en el ámbito nacional, con expresa limitación a los autores que han traducido esos planteamientos en exposiciones generales de la disciplina. Las citadas relaciones entre Historia e Historia del Derecho dieron lugar, según García-Gallo, a una orientación idéntica de ambas ciencias, con lo que las vicisitudes y problemas de la Historia general quedaron reflejadas en la jurídica, donde se proyectó también la periodificación elaborada para aquélla. La Historia del Derecho fue expuesta así como una sucesión de sistemas. Semejante dependencia reportó a nuestra ciencia algunas ventajas, tanto porque pudo destacar la historicidad de lo jurídico, como porque logró rescatar instituciones históricas que habrían pasado inadvertidas al cultivador del Derecho. Sin embargo, y aun reconociendo esos logros, el mismo autor relacionó esta concepción con cierta crisis de la Historia del Derecho, cuya técnica y erudición suponían un obstáculo para los juristas relacionados con ella. García-Gallo puso de manifiesto, en fin, sus discrepancias sobre el papel de una disciplina que, con semejante fisonomía institucional, debía ser enseñada en las Facultades de leyes, y adujo sobre todo la siguiente objeción de fondo: "El conocer histórico es tan sólo uno de los modos del conocimiento. que puede y debe emplear toda ciencia, sin convertirse por ello en mera Historia. En consecuencia, el estudio

Ob.1erw1rio11e., y crltirn de Gnrdn-Gnl/o.

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CUESTIONES PRELIMINARES

histórico del Derecho debe ser enfocado desde la ciencia del Derecho; sólo en ella puede alcanzar pleno desarrollo". (Hl~toria, Derecho e Historia del Derecho, 23).

B) LA HISTORIA DEL DERECHO, CIENCIA JURIDICA /nidos en Es· paña de las reflexiones metorlolrí,:iras.

La crítica de García-Gallo a la concepción tradicional de la Historia del Derecho como ciencia histórica, desemboca según se ve en reclamar para ella el carácter de ciencia jurídica. Tal propuesta fue formulada por su autor en una conferencia pronunciada el 25 de noviembre de 1952 en homenaje a Hinojosa. Con independencia de cualquier otro juicio, hay que adelantar que aquella disertación otoñal y su texto ulterior se convirtieron en el toque de diana a la somnolencia metodológica reinante entonces. Queremos con ello decir que los historiadores españoles del Derecho, investigadores eficientes en muchos campos, apenas habían reflexionado sobre qué era en realidad su ciencia y cómo y por qué debía recibir determinado tratamiento. Desde 1952 la situación ha cambiado. La serie de revisiones, análisis, asentimiento y críticas, tiene en aquella fecha su punto de arranque. El desligamiento de la Historia del Derecho de la general fue fundado por García-Gallo en la diferencia existente entre la historicidad del Derecho y la de otros fenómenos culturales, en tanto en cuanto la persistencia de lo jurídico no podía ser considerada como algo adjetivo sino como parte misma de su esencia. Ello comportaba la inadmisibilidad de una interpretación dogmática de la historia jurídica como mera sucesión de sistemas: "El sistema, concebido de esta manera, es sólo un espejismo de la dogmática jurídica, cuya irrealidad la Historia del Derecho demuestra a cada paso. No se da la sucesión de sistemas, porque el Derecho no evoluciona al mismo ritmo en su totalidad. ni a saltos. Además, porque, aun en ordenamientos que parecen haber logrado cierta cohesión y estabilidad, la inexistencia de un sistema total y único es manifiesta". (p. 29).

la on·entación inwiturionnl. An,,:irfny CrÍIU'(l.

Tras dar por supuesto que la Historia atiende lo variable e irrepetible, mientras la del Derecho debe ocuparse tanto de la persistencia como de la variabilidad del ordenamiento jurídico, García-Gallo defendió su inclusión entre las ciencias jurídicas y no entre las históricas. Y habida cuenta de que la fijación de los criterios propios de una exposición de conjunto no sólo es cuestión de método sino de orientación, planteó la conveniencia de una llamada orientación institucional, que debía ocuparse de la historia de las instituciones jurídicas, es decir, de las ordenaciones fundamentales de la vida social reguladas por el Derecho. El programa teórico fue llevado a la práctica por su autor, elaborando conforme a él un Manual de Historia del Derecho español. Tal propuesta obtuvo un notable éxito y suscitó la adhesión de muchos especialistas que compartían el conjunto de esos planteamientos. Generó incluso ecos de afinidad en otros dedicados a cultivar

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la historia jurídica desde coordenadas distintas, según fue por ejemplo el caso del profesor Clavero, defensor de una Historia del Derecho como ciencia jurídica integral. Dio lugar también a críticas y disentimiento. Peset la calificó de "solución juridicista", reprochándole un apartamiento de la realidad socioeconómica , mientras Tomás y Valiente achacaba a esa posición un planteamiento de la Historia como ciencia de lo individual y su pretensión de ofrecer un derecho puro y no mixtificado con lo metajurídico. Por lo demás, García-Gallo precisó y reiteró su postura con estas palabras: " Esa Historia total, o social -porque en definitiva es la del hombre en la sociedad-, que absorbe y unifica en un proceso único todas las Historias especiales, y con ello, toda la acción del hombre y su obra, nadie la ha negado nunca .. . Por otra parte, concebir la Historia del Derecho como ciencia jurídica es plenamente compatible con la consideración del Derecho como fenómeno de cultura en función de ésta, pues hacerlo de ese modo no supone necesariamente que haya que contemplarlo como algo puro y aséptico". (Cuestiones de historiogra[tajurídica, 749-750).

Sobre estas dos posiciones, la Historia del Derecho como ciencia histórica o como ciencia jurídica, se ha pronunciado recientemente el profesor Bruno Aguilera para rechazar una oposición entre categorías que, para él, carece de sentido real. En cualquier caso, Aguilera parece inclinarse por el enfoque jurídico: "Hechas las precisiones antecedentes, debo señalar que el enfoque que prefiero es el jurídico, por la propia concepción que tengo del Derecho, como una realidad histórica cuya correcta comprensión sólo puede lograrse desde unas técnicas precisas y concretas , que sólo posee el especiali sta y sin las cuales el objeto de la ciencia jurídica aparecería diluido y perdido en vaguedades" (Reflexione.v, 307).

C)

LA POLEMICA SUBSIGUIENTE. POSICIONES PRINCIPALES

l.

La historia jurídica como historia de textos

Desde idéntico punto de partida (otra conferencia en 1952, también en recuerdo de Hinojosa), el profesor Rafael Gibert inicia una ruta bien distinta. Según su interpretación, existe una radical antinomia entre Historia y Derecho, cuya superación exige "ser profundamente y hasta la raíz historiador: profundamente y hasta la raíz jurista". Tal ideal habría sido logrado por algunas figuras de la ciencia alemana -Mommsen, Savigny y Brunner- pero por nadie entre nosotros; lo que a su vez sería causa de la crisis, que él también denuncia, de la disciplina en España.

Giben: anti nomia entre Htstorin y Derecho.

36 Amgidny

crítica.

CUESTIONES PRELIMINARES

Probablemente la no explicación de en qué consistía la mencionada antinomia, o por qué unos la superaron y otros no, ha restado posibilidades de debate a semejante planteamiento, simplemente citado por algunos autores, y citado y no compartido por otros. Ahora bien, con independencia de que las décadas transcurridas pudieran haber significado para Gibert una cierta resolución de la crisis, y la consiguiente ampliación de esa menguada nómina de historiadores, importa destacar que él patrocina una Historia del Derecho como historia de los libros jurídicos. Y ello de tal modo que, cuando acontece, como en los siglos IX y X, que tales libros faltan o no nos son conocidos. Gibert no duda en calificar a esas épocas como siglos mudos de la historia jurídica. En su interpretación concuerda sustancialmente con la finalidad que un prestigioso romanista, Alvaro d'Ors, adjudica a nuestra ciencia: "Desde mi punto de vista, la Historia tiene por objeto las reflexiones de la conciencia humana sobre su propio acontecer, expresadas normalmente en textos, y, consecuentemente la Historia jurídica es Historia de textos (no estrictamente «libros»): no en el sentido de pura enumeración o descripción de códices o códigos, sino como esfuerzo por alcanzar una interpretación profunda de aquellos textos, pues la Historia como la misma Filología, es una ciencia hermenéutica". (Sobre la hi.1wriogrc¡fíajurídica, 806).

2. Ln/inde: nnturn/1!"'..n bifronte de In Historia del Den!<:ho.

La interpretación sincrética y conceptualista

En este problema del carácter histórico o jurídico de la Historia del Derecho, el profesor Jesús Lalinde ha sostenido una tesis sincrética y conciliadora que defiende la naturaleza bifronte de la disciplina. Ella es, pues, tanto una ciencia histórica como una ciencia jurídica, que no debe limitarse a la mera descripción sino que ha de elaborar los hechos histórico-jurídicos mediante un proceso abstractivo de construcción conceptual. Desde tal planteamiento, Lalinde propugna una Historia del Derecho que lo sea del pensamiento jurídico, el cual, a través del sistema normativo, se plasma en las instituciones. Ello le ha llevado a indagar las distintas ideologías operativas en una Historia ac I Derecho que él ve de la siguiente forma: "Creo que el porvenir de la Historia del Derecho puede residir en un estudio paralógico de la misma, que supone el análisis de los sistemas jurídicos en cuanto máxima aspiración a la lógica, con detectación de los paralogismos jurídicos que se producen en ellos y, finalmente, el de su evolución a través de las ideologías que preparan y justifican los cambios y de los paralogismos iushistóricos que se derivan de la actuación de las fuerzas vitales sobre la lógica de los sistemas ." (Hacia una historia paralógica del Derecho, 32).

Vnlnrndi>n.

Semejante valoración, expuesta en 1975, es posterior a las dos obras de conjunto que Lalinde ha escrito, las cuales responden a estadios sucesivos

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en la permanente preocupación del autor por estas cuestiones. Sus logros fueron destacados por Martínez Gijón, quien al tiempo puso de manifiesto la a su juicio acusada y excesiva fragmentación de las instituciones. Desde planteamientos distintos, la trama conceptual y metodológica de Lalinde ha sido valorada positivamente por Pérez-Prendes como un acercamiento a la "historia total". El núcleo central de sus tesis, sobre la naturaleza de la Historia del Derecho, fue sin embargo rechazado por Tomás y Valiente, al negar aquel carácter bifronte hacia las dos ciencias, y más en concreto hacia la jurídica, desechando como no adecuado el relativo paralelismo que Lalinde había establecido entre historia de la filosofía e historia del derecho -ambas, historia del pensamiento-, en tanto en cuanto el Derecho mismo no dependería prioritariamente de lo ideológico, sino de otros factores de la realidad. 3. La Historia del Derecho como especialidad de la ilistoria

Al no aceptar que la Historia del Derecho sea una ciencia jurídica, ni tampoco que sea histórica y jurídica, Tomás y Valiente ha retornado formalmente a los antiguos planteamientos, si bien ahora con contenido y alcance distintos. Volvemos pues a la disciplina como ciencia histórica o, más precisamente como una especialidad de la Historia: "El estudio de realidades pretéritas elaborado con los métodos de investigación críticos y rigurosos que son propios de la historiografía actual es Historia; y si esas realidades pretéritas son jurídicas, lo que se construye es una especialidad de la Historia, la Historia del Derecho" (Historia del Derecho e Historia, 165).

La peculiaridad mayor de esta interpretación estriba quizás en la reconsideración del papel que antes desempeñaron y ahora desempeñan el Derecho y la Historia. Aquél, implantado desde el Estado, constituía el instrumento de ordenación social. La Historia era una historia política, atenta también al Derecho y sus instituciones. La minusvaloración habitual del pensamiento marxista hacia el Derecho, superestructura de una realidad condicionada por lo económico, habría comportado la correlativa marginación de la historia jurídica, en un panorama que, pese a sus cambios, ha mantenido la supremacía de la historia económica. Tal fenómeno, según Tomás y Valiente, explica el desinterés hacia la historia jurídica, rehabilitada ahora por dos caminos concurrentes: una progresiva atención de ese pensamiento marxista, antes cerrado, hacia la autonomía de lo histórico-jurídico, y, de otra parte, la creciente superación del formalismo jurídico de cara a llenar el Derecho de un contenido social. Ahora bien, en tanto en cuanto ese Derecho hace referencia necesaria a cuestiones políticas, ideo-

Tomás y Valiente. Papel rl.t Derecho y la Hi.<wria.

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La Hi.woria del Derecho

como e!,pedalidad de /a

Hütorin.

Valoracüín

CUESTIONES PRELIMINARES

lógicas, económicas, etc., variables en cada formación social, su historia no puede ser la mera descripción abstracta de lo normativo y lo técnico, sino que debe consistir en el estudio de los modos de creación del Derecho dentro de cada formación social. La Historia del Derecho, en suma, debe ser historia de los modos de creación del Derecho e historia de las instituciones. En un Manual que consagra desusada y original atención a las etapas moderna y contemporánea, ha plasmado Tomás y Valiente su concepción de la Historia del Derecho como especialidad de la Historia; adelantada antes en el artículo citado y ratificada después en un análisis de las "nuevas orientaciones", que lógicamente daban cabida a la suya propia. El planteamiento y su realización fueron valorados muy positivamente por autores como Scholz, fuera de España, y González Alonso en nuestro país. Scholz elogió tanto la elaboración de una Historia del Derecho orientada por la Historia social, como el saludable "peso de los siglos post-medievales" en la exposición del autor. González Alonso, junto a esos y otros aspectos, llevó a cabo una interpretación de los postulados que justificaban el, a su juicio, correcto alineamiento de la historia jurídica como especialidad de la ciencia histórica. Aquélla es, según el profesor de Salamanca, Historia o nada. Distinto juicio mereció esa tesis por parte de Lalinde. De una parte por considerar extraño que quien defiende, como el autor que nos ocupa, que el concepto de Historia del Derecho depende del que se tenga sobre el Derecho mismo, venga a negar a la disciplina el carácter de ciencia jurídica y la catalogue en cambio como especialidad de la Historia. De otra, por estimarla sencillamente no demostrada, aserto éste replicado así por Tomás y Valiente: "Creo tener derecho a exigir lo que los juristas llamamos una inversión en la carga de la prueba, esto es, que se me demuestre cómo puede no ser historia el estudio de una realidad social pretérita elaborado con métodos de investigación propios de la historiografía actual".

(Nuevas orientacione.1·, 619).

4. lnte,pretacián de Pérez-Prende.v.

El escepticismo en la polémica. Historia del Derecho e Historia total

Para Pérez-Prendes el debate sobre si la Historia del Derecho es ciencia histórica,jurídica o mixta, constituye "una discusión vieja carente de interés". Al definirla corno ciencia que estudia el proceso de mutación de las estructuras jurídicas, propugna entenderla dentro de la historia total, en la cual a su vez hay que diferenciar tres niveles : el de la historia episódica, propia del tiempo corto, el de la coyuntural, que se proyecta en una duración media, y el de la historia estructural correspondiente a la larga duración. En suma:

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"Sólo puede concebirse la Historia del Derecho hoy inmersa en el concepto de la Historia total, y en la medida en que responda a esa inserción es interesante al jurista por el hecho de prestarle la posibilidad doble de comprender el pasado por el presente y el presente por el pasado." (Curso, 177).

En consonancia con tales presupuestos, se ha elogiado el esfuerzo de síntesis o las "ansias de totalidad y de unidad" que en ellos se perciben (S. de Dios), si bien su eje argumental, es decir, la afirmación de que sólo es concebible la Historia del Derecho dentro de la Historia total, ha merecido por algunos la consideración de tesis obvia y por tanto compartible, pero que en sí no resuelve un problema que requeriría aclarar cómo se produce tal integración, a fin de que el resultado no sea la pura yuxtaposición de las distintas ciencias históricas (Tomás y Valiente). De todas formas, el peligro de esa yuxtaposición, se evite o no, es sagazmente advertido por PérezPrendes:

vatoradfm.

"Para el historiador del Derecho... particular preocupación será, una vez dominadas las técnicas jurídicas concretas que se dieron en la institución, fuente o fen ómeno que analice, comprender su sentido dentro de la urdimbre del sistema jurídico; establecer las conexiones y las mediaciones que ligan a lo jurídico con el resto de la formación social, intentando determinar las significaciones corre la ti vas que puedan existir. Preocupación especial encerrará también la tarea de comparación histórico-jurídica, tanto en el sentido vertical como en el horizontal. Preocupación especial será determinar el papel de causa y el de efecto que en un totum social correspondió al Derecho. No se trata de yuxtaponer historias del Derecho, de la Economía, de las ideas etc." . (Cur.rn, 178).

Lalinde por su parte se pregunta si una tal adscripción a la Historia total, no vincula ya al autor a uno de los dos términos de la alternativa (Historia-Derecho) que precisamente pretendía eludir, poniendo de relieve además el puro carácter simbólico de esa expresión, Historia total, en sí misma. D) CONCEPTO Y NATURALEZA CIENTIFICA DE LA HISTORIA DEL DERECHO

l. Concepto

Nuestra disciplina tiene por objeto la Historia de la formulación, aplicación y comentarios del Derecho, y la historia de las instituciones sociales reguladas por él. Tal interpretación integra la historia de lo jurídico en tanto se formula (v. gr. la ley), en tanto se aplica (v. gr. la sentencia judicial) y en tanto se glosa (v. gr. la doctrina y los libros jurídicos), así como la de las instituciones públicas y privadas, si bien por Jo explicado antes habremos de limitarnos en este libro a las primeras.

Oújeto de la Hisloria del Derecho.

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CUESTIONES PRELIMINARES

Nos interesan prioritariamente los textos jurídicos en razón de su incidencia social, a fin de poder así entenderlos y valorarlos a la luz de sus efectos en la sociedad misma. Pero reclaman nuestra atención incluso desnudos y aislados, pues en todo caso constituyen expresiones históricas del pensamiento jurídico. Queremos con ello decir que, por ejemplo, al historiador del derecho habrá de "interesarle más", valga la expresión, una ley que con su vigencia haya normativizado efectivamente la trama social, una sentencia creadora de jurisprudencia o un comentario doctrinal que haya sido alegado surtiendo efectos jurídicos. Pero aunque la ley no hubiera sido cumplida (pensemos en la mera inobservancia, o en la moderna declaración de inconstitucionalidad), o bien la sentencia lo fuera de un tribunal poco relevante y aislado, o el libro y el texto no vayan más allá de la mera especulación, en todo caso explicitan históricamente el pensamiento jurídico y, a través de él, hacen transparente la vida social que los ha hecho posibles. Creemos en suma que la historia de textos, si bien no agota el contenido de lo que la Historia del Derecho debe ser, responde a una concepción mucho menos formal y epidérmica de lo que a veces se cree. La historia de las instituciones y la de los textos constituyen, en fin, partes de un todo interdependiente. Con libros jurídicos o sin ellos no hay en realidad siglos mudos, y sí en cambio una perenne elocuencia, patente a veces y encubierta otras, que al historiador corresponde en todo caso rescatar. 2.

Ln Historia del Dtrei-ho es Historia.

La Historia del Derecho como ciencia intrínsecamente dual

Un correcto análisis de la naturaleza científica de la Historia del Derecho implica a nuestro entender deslindar dos cuestiones que a menudo se superponen y confunden: ¿es la Historia del Derecho, Historia o Derecho?; ¿es ciencia histórica o jurídica?. La Historia del Derecho es historia por pura definición, como la historia de algo es siempre historia. En consecuencia, la afirmación de que la Historia del Derecho es Historia, resulta tan irrebatible como cualquier tautología. En cambio la Historia del Derecho no es derecho, como a su vez la Historia de la Filosofía sí podría ser filosofía, en la medida en que la descripción de las correspondientes doctrinas abocara a una especulación de índole filosófica. Para que la Historia del Derecho fuera derecho, haría falta que el propio relato mereciera el crédito vinculante propio de la doctrina jurídica, pero aun en ese caso lo jurídico residiría en las opiniones e interpretación del historiador acerca del hecho histórico, pero no en la exposición del pasado considerada en sí misma. Como ciencia, la Historia del Derecho es desde luego ciencia histórica, por cuanto la historicidad constituye una propiedad esencial de lo jurídico.

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Y así como el objeto de la Astronomía o la Física es cognoscible con inde· pendencia de la experiencia histórica, según sucede en general en el ámbito de las ciencias de la naturaleza, el Derecho sólo se explica y es como es porque ha sido antes de una determinada manera. Su explicación científica conlleva esencialmente la dimensión histórica, y por ello un autor como Schonfeld ha podido afirmar con razón que "el Derecho es derecho histórico". Incluso desde una consideración colateral se constata que la Historia del Derecho es ciencia histórica, por cuanto el historiador del Derecho necesita y hace uso, en su propio quehacer científico, de las ciencias auxiliares de la Historia. Pero la Historia del Derecho es también ciencia jurídica. Y ello no porque se enseñe en las Facultades de Derecho o interese más o menos a los juristas, cuestiones adjetivas y extrínsecas a su ontología científica, sino porque la persistencia del Derecho o su estabilidad es algo esencialmente peculiar respecto a la evolución histórica general, o mejor dicho, respecto a la evolución de cualesquiera otros sectores históricos concretos, puesto que la tan traída y llevada historia general, como agudamente apuntó Tomás y Valiente, en la práctica no existe. La historia general no es otra cosa que un ente de razón. La persistencia de lo jurídico constituye un factor intrínsecamente diferencial. Y ello tanto si se cree en la Historia como ciencia de lo que no se repite, como si se postula una ciencia atenta a procesos y fenómenos sociales más complejos y de más larga duración. Cuando la historia económica y social explican, por ejemplo, el alza de precios en un período o el comportamiento de la burguesía en otro, realizan siempre un proceso de abstracción que interpreta globalmente datos que en sí son distintos y que se suceden de modo diferenciado: los diversos precios a lo largo de una etapa o la tipología de comportamientos de una clase social. De ahí la estimación creciente, en tal tipo de estudios, de una ciencia como la Estadística. Pero la persistencia de un ordenamiento jurídico no requiere ningún proceso globalizador de partes o comportamientos diferenciados, sino que constituye una exigencia consustancial a su naturaleza, y ello aunque sobre tal estabilidad se constaten luego diversos y accidentales modos de aplicación. Es además ciencia jurídica porque, como tal ciencia, depende del concepto que se tenga del Derecho. La Historia del Derecho, en su elaboración científica, está radicalmente subordinada a lo que se entienda por jurídico o metajurídico en cada momento histórico. Depende además de los propios conceptos jurídicos actuales, que en sí mismos son ciencia del Derecho, porque esos conceptos, con independencia de los excesos de la dogmática, resultan sencillamente inexcusables. Y así para afirmar que en el mundo romano dominó una concepción absoluta de la propiedad privada, que en cambio aparece limitada en la Edad Media, es imprescindible

lll Hi.l'torin del Derecho es ciendn hi.'itúrit'n.

lll Historia del Derecho es tnmbién ciencinju· rídi,·n.

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CUESTIONES PRELIMINARES

partir de una noción, cualquiera que fuere, de lo que es el derecho de propiedad mismo_ Recientemente, en unas reflexiones sobre La Historia del Derecho ante el siglo XXI, Javier Alvarado ha vuelto sobre estas cuestiones conceptuales y metodológicas. Alvarado subraya la equivocidad del término ciencia, que es según él "un acto psicológico sometido a los condicionantes histórico.1· del momento". Duda por otra parte de que sea correcto catalogar la Historia del Derecho como ciencia histórica o jurídica, en tanto en cuanto tal clasificación sería un descomunal problema semántico, fruto del "espejismo de no distinguir entre la Historia como pasado e Historia como invesúgación". Ln Historia del

Dn11chn. cienrin intrín.'ier.nment~ dunl.

Hütorin del Oen,cho e Historia tmal.

Entendemos en fin que la Historia del Derecho es Historia, y como ciencia es histórica y jurídica. Y mejor que bifronte, como postula Lalinde, es decir, de dos caras o frentes, se nos antoja una ciencia intrínsecamente dual. Y habida cuenta de que la historia social es tanto una forma de consideración y tratamiento de las disciplinas históricas particulares, como también una "especialidad que ha de superar a las especialidades" (Clavero), requerirá nuestra ciencia un cultivo congruente con la realidad social pero sin mengua alguna de su particularismo. En cuanto a una hipotética disolución en el futuro de la historia jurídica en la historia integral, que afectaría de consuno a las otras disciplinas históricas, toda prudencia será poca. Baste observar el renacimiento de las "historias especiales" frente a la "historia integral" en buena parte de acreditados -y también desengañados- sectores de la historiografía de hoy.

IIlSTORIA Y DERECHO

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2. LA IDSTORIOGRAFIA JURIDICA

En el capítulo anterior hemos utilizado el término historiografía en el sentido de arte de escribir la Historia. Ahora hacemos uso de él en una segunda acepción, relativa a los escritos sobre Historia y a sus autores. La historiografía jurídica se refiere, en consecuencia, a las obras que versan sobre Historia del Derecho y a quienes las han compuesto. El tratamiento de lo jurídico en estudios históricos es prácticamente tan antiguo como la Historia misma. El cultivo de esos estudios, de tradición secular, conoció sin embargo en el Renacimiento momentos de especial relieve, bien fuera por la preocupación cultural de los humanistas que habrían convertido a la Historia en un género literario independiente (tesis tradicional), o bien porque las nuevas formas políticas y la presión de determinados grupos sociales exigían elaborar la Historia de una precisa manera. Tras ese auge renacentista, perceptible en la historia jurídica, ésta vive en el siglo XVIII una etapa de honda transformación como consecuencia del uso del método histórico-crítico, que coloca al historiador en una posición analítica y crítica ante los documentos. En el XIX la Historia del Derecho es ya una ciencia nueva y autónoma, cuya puesta de largo coincide en España con la figura de don Eduardo de Hinojosa, quien, en el tránsito de la última centuria a la presente, nos transmite esa ciencia tal como de hecho se cultiva hoy. l. La Historiografía espafiola hasta la Escuela Histórica A) PRIMEROS TESTIMONIOS

La renovación renacentista llevó a los historiadores, en su mayor parte cronistas, a ocuparse incidentalmente de antiguos textos legales, utilizados a menudo con finalidad puramente apologética, como justificación o antecedentes de la propia historia política. Liberándose por vez primera de esa servidumbre a la historia política, Lorenzo de Padilla, cronista de Carlos V, compuso una obra titulada Leyes y fueros de España y anotaciones sobre ellos, basada en textos de la legislación visigoda y castellana a los que se acompaña de diversas glosas y comentarios. Pese a algún juicio benevo-

fo,mwdePnailln.

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Frnnri.H:o de E.rpinom .

CUESTIONES PRELIMINARES

lente (Bonet Ramón), el trabajo de Padilla carece de elaboración y no va más allá de ser un acarreo de materiales dispersos. En el mismo siglo XVI, el abogado de la Chancillería de Valladolid, Francisco de Espinosa, redactó un trabajo que, sin llegar a la imprenta, debió titularse Observaciones sobre las leyes de España. De él conservamos cierto fragmento correspondiente al texto primitivo, y dos extractos del conjunto, realizados posteriormente. Tras la redacción de Espinosa, el texto fue utilizado por el hijo del autor y otros juristas, quienes probablemente incorporaron algunas adiciones. El título excede a su contenido, que no alcanza al derecho de los territorios no castellanos. Constituye en todo caso una obra elaborada por el autor y no una simple recopilación de fuentes, lo que justifica que haya sido calificada como la más antigua historia del derecho español. El fragmento original, que por corresponder a una parte avanzada del texto carecía de título, fue publicado por Maldonado en 1942. Mucho antes, en 1927, Galo Sánchez había dado a la imprenta el único extracto entonces conocido, que apareció con el título de Sobre las leyes y los fueros de España. De ahí que la obra de Espinosa haya sido así citada hasta época reciente, puesto que lógicamente se daba por supuesto que el título que le adjudicó su editor era el propio del extracto editado. Sin embargo. según comprobamos en su momento, el extracto que publicó Gal o Sánchez no tenía título ninguno. Formaba parte de un manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid que copiaba dos textos diferentes: el extracto de Espinosa referido a las antiguas leyes y otro de un tal Antonio de Robles sobre losfuero.1·, por lo que el manuscrito, de doble y heterogéneo contenido, aparecía en la propia Biblioteca con la referencia comprehensiva de Sobre la.1· leyes y fueros de E.lpaña. Galo Sánchez, en suma, bautizó una de las partes con lo que era mera descripción de un tod o doble. En 1971 hallamos en el Museo Británico un segundo extracto con título prop io: Observaciones sobre la.~ leye.f de España. De hecho, pues, el único que hoy por hoy cabe aplicar a la obra del abogado vallisoletano.

Juan lurns Cortés.

En el siglo XVII, junto a escritos de autores ocupados en narrar el derecho antiguo de Aragón (López Martínez, marqués del Risco), Cataluña (Bosch; Oliba) y Valencia (Tarazona; Matheu y Sanz), contamos con una exposición de conjunto en la obra Sacra Themidis Hispanae Arcana, publicada por el diplomático danés Gerardo Ernesto de Franckenau, pero que según se ha creído siempre era un plagio de la que había escrito el jurista sevillano Juan Lucas Cortés (Juan Lucas es nombre, y Cortés apellido). En efecto, según la versión tradicional y repetida hasta hoy, no habiendo sido publicada en vida la obra de Cortés, fue a parar a su muerte, con otros libros y papeles adquiridos en subasta, al citado diplomático danés. quien la habría editado como propia con aquel título. Esta interpretación, sin embargo, no nos parece aceptable por diversas razones. En primer lugar porque para poder afirmar la existencia del plagio habría que conocer las dos obras, pero nosotros solo conocemos una, la que editó Franckenau, puesto que la de Cortés se perdió y nadie, ni entonces ni aho-

HISTORIOGRAFIA JURIDICA

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ra, la vio nunca. En segundo lugar porque Franckenau cita repetidas veces materiales de Cortés, con Jo que resultaría insólito que el plagiario cite y elogie al que plagia. Y en tercer lugar porque entre los ilustres juristas contemporáneos que conocieron a ambos, nadie afirma el plagio y todos reconocen el mérito de Franckenau y que Cortés había escrito una obra que se había perdido. En resumen, Cortés debió escribir una obra, problemente titulada De originibus Hispani iuris, que se perdió. Y Franckeneau, manejando papeles y materiales de Cortés, escribió otra llamada Sacra Themidis Hispanae Arcana. Y pese a que se ha repetido durante dos siglos por los más prestigiosos autores, no existe en rigor ninguna prueba para afirmar que está es aquélla. B) LA HISTORIOGRAFIA JURIDICA DE LA ILUSTRACION

En el siglo XVIII los estudios históricos cobran dimensión distinta al compás de un proceso cultural, el de la Ilustración, que tiene lugar en Europa entre las Revoluciones inglesa y francesa. La renovación fue protagonizada por los historiadores racionalistas -Voltaire y Montesquieu en Francia, Robertson y Gibbon en Inglaterra, Giannone en Italia, etc.,-, y se desarrolló en el clima ideológico surgido tras los descubrimientos de Newton en las ciencias de la naturaleza. El nuevo panorama genera en la investigación histórica una preocupación crítica por las fuentes mismas, es decir, por el hallazgo, análisis y discusión de los documentos. Como es lógico, semejante proceso hubo de afectar y enriquecer en toda Europa a la historia jurídica, cuyo nacimiento en algún país como Inglaterra se sitúa, a través de la obra de Blackstone y Reeves, precisamente en los años del Setecientos. Comienza a hacerse uso de las ciencias auxiliares de la Historia, con lo que la Diplomática, la Cronología, etc., confluyen en el ejercicio de ese método, el histórico-crítico, que abre nuevos rumbos a la investigación y caracteriza a unas exposiciones que dejan de ser meramente narrativas y se convierten en historia crítica. Tales avances metodológicos, ostensibles en el XVIII, tienen incluso algún punto de referencia anterior, como el tratado de Mabillon, De re diplomatica, publicado en 1681, donde su autor había expuesto los métodos adecuados para el análisis y estudio de los documentos. Esta etapa da cabida en España a diversas figuras científicas, encabezadas por un fraile agustino, Enrique Flórez, cuya España Sagrada constituye una monumental colección de fuentes de historia eclesiástica. La obra y el autor fueron valorados así por Menéndez Pelayo: "Si quisiéramos cifrar en una obra y en un autor la actividad erudita de España durante el siglo XVIII, la obra representativa sería La España Sagrada, y el escritor, Fray Enrique Flórez.. . Para llevar a cabo su labor hercúlea el Padre Flórez, humilde religioso, que había pasado su juventud estudiando y enseñando teología escolástica, hasta que descubrió su

Renovadón i/1wrnda y mitodo hfa·-

táriro-r ritico.

El P. Flórez.

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CUESTIONES PRELIMINARES

verdadera y definitiva vocación, tuvo que educarse a sí propio en todas las disciplinas históricas, improvisándose geógrafo, cronologista, epigrafista, numismático, paleógrafo, bibliógrafo, arqueólogo y hasta naturalista ... La Españn Sagrada no fue sólo un gran libro, sino un gran ejemplo, una escuela práctica de crítica, audaz y respetuosa a un tiempo". Burriel y Flornne.,.

A.uoyDeManud.

Mayan.<.

Jovellano.<.

Cnmpomnnes.

En la misma línea de eruditos y coleccionistas de fuentes destacan el jesuita Andrés Marcos Burriel, quien dirigió la organización e investigación del material de distintos archivos, y Rafael de Floranes, autor de ciertos Apuntamientos sobre fuentes castellanas por él recopiladas. En cambio, desde la perspectiva de una historia del derecho en cierto modo general, es de reseñar la obra de Ignacio Jordán de Asso y Miguel de Manuel, Instituciones del Derecho civil de Castilla, y algún trabajo de tono menor como la Historia del Derecho Real de España, de Antonio Femández Prieto y Sotelo, "tan superficial y falta de crítica -en comentario de Hinojosa- que apenas si puede alabarse en ella otra cosa que la buena voluntad del autor". La inquietud ilustrada, de resonancia internacional, contó a su vez con un erudito representante en el valenciano Gregario Mayáns y Síscar, cuyos hondos conocimientos histórico-jurídicos se perciben por ejemplo en la correspondencia que mantuvo con los juristas Asso y De Manuel. La ilustración reformista alentada por el poder público, promotor de establecimientos científicos como las Reales Academias Española y de la Historia, tuvo entre sus figuras a estudiosos del derecho histórico que ocasionalmente hicieron uso de él como base o apoyo de determinadas posiciones políticas. Este fue el caso de Gaspar Melchor de Jovellanos, cuya notable inquietud intelectual corrió pareja con sus afanes de hombre público, que incluso le llevaron a desempeñar el Ministerio de Gracia y Justicia_ Jovellanos fue autor de un célebre Informe sobre la ley agraria, preocupándose además de la policía de espectáculos y teniendo mucho que ver con las reformas universitarias de su época. Un aspecto concreto de ese reformismo político, lo concerniente al regalismo, fue objeto de estudio por parte de Pedro Rodríguez Campomanes y Melchor Rafael de Macanaz. El asturiano Campomanes se ocupó del tema en su Tratado de la regalía de España, obra que, según el profesor Coronas, se inserta en ese gran movimiento doctrinal por la defensa de las regalías, "no ya del rey, sino de España". De otra parte, y según ha mostrado José María Vallejo en una espléndida tesis doctoral, la personalidad reformista de Campomanes se proyectó a múltiples ámbitos del gobierno político y administrativo del reino. Entre las líneas maestras de su pensamiento, estudiadas por Vallejo, cabe mencionar las siguientes: la respetabilidad de una monarquía depende de su buen gobierno; la soberanía es un poder único y absoluto, siendo su principal atributo el poder de legislar; la educación es un instrumento de reforma social, que debe abrirse a los progresos y novedades de otros países; la religión entraña cierta utilidad política para el buen gobierno. y la administración de justicia debe ser reformada, suprimiéndose los fueros privilegiados y haciendo posible, mediante reforma de los planes de estudio, la presencia de idóneos profesionales del Derecho.

HISTORIOGRAAA JURrDJCA

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A su vez, el murciano Macanaz, autor de un Discurso jurídico, histórico y político sobre las regalías de los señores reyes de Aragón, estudió en Valencia y so-

Mncnnnz.

bre todo en Salamanca, donde debieron despertar sus preocupaciones en pro de esas regalías, o derechos del rey, frente a los derechos eclesiásticos. Las inquietudes de Macanaz no se ajustaron bien a los moldes de la ortodoxia al uso, por lo que entró en conflicto con la Inquisición, siendo objeto de un resonante proceso. C)

LOS HISTORIADORES DEL DERECHO EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XIX

En el tránsito de uno a otro siglo destaca la personalidad de Antonio de Capmany y de Montpalau (1742-1813), quien, haciendo uso de notable rigor en el acopio y manejo de documentos, estudió las instituciones jurídicas y económicas de la Cataluña medieval. Entre sus obras, merecen especial crédito las Memorias

Cnpmnny.

históricas de la marina, las artes y el comercio de la antigua ciudad de Barcelona, calificadas por Hinojosa de "verdadero monumento a la Historia del Derecho

patrio". A su vez, y como expositor general de la historia jurídica, sobresale en la misma época Juan Sempere y Guarinos, autor que publica en castellano una serie de trabajos históricos (sobre las Chancillerías de Valladolid y Granada, rentas eclesiásticas, leyes suntuarias, vínculos y mayorazgos), mientras otros, como cierta Historia de las Cortes, aparecen en francés durante su exilio en ese país. Más directamente nos interesa aquí su Historia del Derecho español, publicada en dos volúmenes en el bienio 1822-1823, obra que había sido precedida de unos Apuntamientos para la historia de una jurisprudencia española. En los dos tomos de la Historia, entre no escasos defectos, advertimos una encomiable preocupación por el estudio directo de las fuentes, la atención que se concede a los datos económicos y el intento de llevar a cabo cierta especie de comparativismo institucional. Entre estos y otros estudiosos, el período que nos ocupa tiene sin duda en Francisco Martínez Marina, sacerdote y director de la Real Academia de Historia, su punto de referencia central. El clérigo ovetense, de trayectoria más que agitada, ha sido llamado por la amplitud y profundidad de su obra, padre o fundador de la Historia del Derecho. Pérez-Prendes resumió su semblanza personal calificándole de "vital, valioso, hirsuto y odiado'', adjetivos que tratan de aproximarse a la rara personalidad de este eclesiástico erudito, liberal de adscripción, poco tolerante con la pluma, políticamente activo como diputado en las Cortes del Trienio constitucional y que, como no podía ser menos, se las tuvo que ver con el reaccionarismo inquisitorial. De Martínez Marina nos interesan especialmente dos obras. De un lado el Ensayo histórico-crítico, trabajo preparado como estudio preliminar a la edición de las Partidas por la Real Academia de la Historia, y que debido a discrepancias de algunos académicos hubo de publicarse por separado en 1808. Según sus propias palabras, Martínez Marina pretendía:

Sempere.

Mnrtíne.Mnrina.

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CUESTIONES PRELIMINARES

"Instruir al público en la historia literaria de tan celebrado Código Real, mostrar sus orígenes y los motivos que tuvo el sabio rey para publicarle: quiénes fueron los jurisconsultos que concurrieron a su copilación; el mérito de sus leyes; las fuentes de que dimanan; su autoridad, mudanzas, alteraciones; su influjo en las costumbres nacionales y en la prosperidad del Estado, y sus relaciones con los antiguos usos y leyes de Castilla, que según la intención del legislador debían ser las semillas de la nueva legislación". (Introducción, 8).

Co/meim. Cánfen11s y M11richa/11r.

Muñoz y Romem.

Tales propósitos fueron ciertamente cumplidos, llevando a cabo en el Ensayo una historia del antiguo derecho público y privado de León y Castilla, más allá incluso del límite cronológico impuesto por el Código que trataba de prologar. Martínez Marina hizo aquí uso de una técnica rigurosa, reunió gran cantidad de textos inéditos y utilizó asimismo documentos de aplicación del derecho. Logró en fin una obra que ha sido objeto de unánime reconocimiento. No cabe en cambio decir lo mismo de otro gran libro suyo, Teoría de las Cortes, condicionado un tanto por las circunstancias políticas. El fervor de las Cortes de Cádiz, de cara a elaborar la gran Constitución liberal, le llevó a acometer un trabajo que justificara el sentido y la congruencia histórica de aquella empresa. Trató de mostrar en suma que el tal espíritu liberal, es decir, el que implicaba el control del poder regio por los representantes del pueblo, no era hallazgo novedoso de los diputados doceañistas, sino que había sido tradición nacional en el juego político de las Cortes medievales (28, I, A y 45, I, C). Con independencia de la muy notable dignidad de esa Teoría, sus fundamentos argumentales y las conclusiones alcanzadas han merecido desigual estimación y a veces clara censura. Los últimos años de Martínez Marina fueron ya testigos en Alemania de la aparición y despliegue de la Escuela Histórica del Derecho, corriente científica que tardará algunas décadas en penetrar en nuestros círculos intelectuales. Se abre así cierto paréntesis de atonía en la mitad del XIX, donde apreciamos esfuerzos aislados de desigual valor: las obras iniciales de Manuel Colmeiro; la Historia de la propiedad territorial de España de Francisco de Cárdenas, y la Historia de la legislación de Marichalar y Manrique, tan abundante en datos como carente de rigor y método. Por su superior calidad científica hay que destacar, en cambio, el trabajo de un archivero, catedrático luego de Paleografía en la Escuela Superior de Diplomática, llamado Tomás Muñoz y Romero. La obra de Muñoz y Romero, autor de varias publicaciones nada desdeñables, ha quedado felizmente asociada a la Colección de fueros municipales y cartas pueblas, que él publicó en 1847. Desde entonces, la col~cción de Muñoz, quien por lo demás fue un documentado polemista, se convertirá en el libro de cabecera de la brillante generación contemporánea de historiadores del Derecho dedicada a los siglos medievales.

HISTORIOGRAAA JURIDICA

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11. La Escuela Histórica del Derecho A) ORIGENES

La Escuela Histórica hace acto de presencia en Alemania como movimiento científico opuesto al racionalismo jurídico europeo y, más en concreto, como reacción al proceso codificador que ya contaba, entre otras realizaciones, con la muy brillante del Código Civil francés (47, I, A). A diferencia de las meras recopilaciones usuales hasta el XVIII, es decir, de las colecciones de leyes tal y como habían sido promulgadas, los códigos suponían la redacción nueva de una normativa jurídica proyectada a grandes sectores (civil, penal, etc.), cuyo articulado era fruto de una concepción unitaria, sistemática y congruente. Esos códigos, inspirados en el iusnaturalismo racionalista, ofrecían una versión abstracta y técnica del derecho, con lo que no recogían adecuadamente, o al menos minusvaloraban, aquello que pudiera considerarse en cada país derecho antiguo o tradicional. Tal desajuste fue más grave fuera de Francia por el mismo éxito expansivo de esa codificación francesa, cuya técnica, que arrastraba a veces al contenido mismo, era trasplantada a,países de tradición distinta. En 1814 publicó Thibaut en Heidelberg un trabajo significativamente titulado Sobre la necesidad de un Derecho civil general para Alemania, donde defendía la conveniencia de elaborar un código en el plazo de dos a cuatro años. Tal proclama tenía indudable sentido jurídico, pero no faltó en ella cierto aliento político-revolucionario, en tanto en cuanto el código habría de ser instrumento de una amplia reforma social, inviable en otro caso en razón del fragmentarismo jurídico existente. Un código único, en suma, que sirviera a la deseada unidad nacional. Contrapunto al escrito de Thibaut fue otro de Federico Carlos de Savigny, aparecido en Heidelberg también en 1814. Quien habría de convertirse en uno de los más eximios juristas del mundo contemporáneo, contaba entonces con treinta y cinco años, ejercía como docente de Derecho romano y había sido ya rector de la Universidad de Berlín. El joven Savigny publicó un celebérrimo texto, De la vocación de nuestro tiempo para la legislación y la ciencia del Derecho, que constituía en conjunto, y muy en especial en su capítulo sexto, la réplica a las pretensiones de Thibaut. El proyecto codificador, según Savigny, carecía de sentido por diversas razones, y entre ellas por la endeble tradición jurídica alemana, debiendo procederse en cambio a la tarea más urgente de rescatar el derecho antiguo: "En fin, estamos de acuerdo: queremos una base de un Derecho seguro, seguro contra la injerencia de la arbitrariedad y de los designios injustos; queremos la misma comunidad de la nación y la concentración de sus esfuerzos científicos en el mismo objeto. Para este

Lnpolémirn Thibaut-Savigny.

52

CUESTIONES PRELIMINARES

fin, ellos piden un código, el cual sólo traería la deseada unidad para la mitad de Alemania, y la otra mitad quedaría, en cambio, aún más separada que antes. Yo considero que el medio apropiado está en una ciencia del Derecho orgánica progresiva, que puede ser común a toda la nación". (De la vocación, 168-169).

En la controversia Thibaut-Savigny no se ventilaba sólo la conveniencia o posibilidad de realizar un determinado código. Ella sirvió de pretexto al más hondo enfrentamiento entre un jurista con resonancias políticas de carácter nacional, y otro más vinculado a posiciones conservadoras, menos pendiente de pretensiones nacionalistas y mucho más atento a la gran tra-diciónjurídica europea. La polémica, en fin, llegó a convertirse en lo que Wieacker ha llamado "el sino de la política jurídica del siglo pasado". La figura de Thibaut, poco conocida en el mundo hispánico, así como la polémica sobre la codificación, han sido recientemente estudiadas por el académico Antonio Pau en un sugestivo libro que recrea el panorama cultural y académico de Alemania a comienz.os del siglo XIX.

Jacobo Grimm.

En cierto sentido las corrientes historicistas del Derecho tienen su arranque en Niebuhr, y mucho más precisamente en Gustavo Hugo, docente en la Universidad de Gotinga y que ha sido considerado por algunos como fundador strictu sensu de la Escuela Histórica. Sin embargo la Escuela aparece como tal en los círculos universitarios de Marburgo, en base a las enseñanzas de Savigny y de Jacobo Grimm. A esos dos nombres resultará asociado Eichhorn, formándose así un triunvirato fundacional cuyo éxito dependió en todo caso del feliz encuentro del alumno Grimm con el Savigny docente en las aulas de Marburgo durante el invierno de 1802 a 1803. De la impresión que produjeron en aquél las lecciones del maestro, dejó Grimm un fehaciente testimonio: ''No puedo decir otra cosa, sino que ellas se adueñaron de mí de la forma más absoluta, ejerciendo una decisiva influencia en mi estudio y en mi vida entera". Jacobo Grimm no era propiamente un jurista sino un gran investigador del desarrollo histórico de la lengua. En sus obras, y muy en especial en las Antigüedades jurídicas alemanas, investigó la evolución idiomática, poniendo de manifiesto la capacidad de la lengua como configuradora del Volksgeist, ese "espíritu popular" que iba a constituir la médula doctrinal de la Escuela Histórica. El fue por tanto un discípulo de Savigny que asumió sus enseñanzas y las trasladó a otro campo de trabajo. Pero incluso en la investigación del Derecho, Grimm se mostró decidido partidario de los principios genéticos en la creación de lo jurídico. Y así en su primera lección en la Universidad de Berlín -Sobre las antigüedades del Derecho alemán (año 1841)- proclamó la inexistencia de una ilimitada libertad para elaborar leyes, subrayando el carácter perjudicial de cualquier legislación que no se limitara a lo estrictamente necesario. En el debatido tema de la Codificación, Grimm se identificó con Savigny al estimarla pre-

IDSTORIOGRAFIA JURIDICA

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matura, mostrándose en cambio más nacionalista que su maestro y menos sensible, por tanto, a lo que el Derecho romano todavía podía significar. La Escuela Histórica del Derecho surgió, en fin, en el clima del romanticismo alemán, como una reacción al ideario universalista de la Revolución Francesa. Paradójicamente, como ha señalado Villapalos, un acontecimiento con tanta vocación universal como la Revolución Francesa, despertará los sentimientos nacionalistas europeos: ''La Escuela Histórica alemana reaccionó violentamente contra esta idea totaliz.adora y creadora de un orden jurídico universal, materia&ada en los códigos. También se unió a la reacción el anhelo alemán de lograr la independencia de su derecho... Por todo ello, la Escuela afirmó el carácter histórico del derecho nacional" (El paraíso de los conceptos jurídicos de Ihering, 43).

B) DESARROLLO DE LA ESCUELA Y ORIENTACIONES Al margen ya de la polémica sobre la Codificación, las directrices de la Escuela Histórica quedaron fijadas en una serie de escritos programáticos. El primero de ellos, fue el prólogo de Savigny al número inicial de la Revista para la ciencia histórica del Derecho, publicación nacida en 1815 con el carácter de órgano oficial de la Escuela, donde también :figuraba un trabajo de Eichhorn denunciando la postergación de los estudios de derecho germánico. La Escuela Histórica inició de esta forma su tarea, llevando en sí dos corrientes científicas vinculadas respectivamente al romanismo y al germanismo. Aquélla estaba representada por las mismas obras de Savigny; ésta por los trabajos de Eichhorn y, más en concreto, por su Historia del Estado y del Derecho alemán. En esa duplicidad de preocupaciones científicas, los germanistas asumieron más genuinamente la atención a cuanto significara el propio derecho del pueblo, el folklore y la arqueología jurídica, a fm de formular los signos distintivos del carácter nacional. El derecho romano representaba, por el contrario, la superación universalista propia de la misma tradición europea. Por eso, aquéllos, los germanistas, aparecían dentro de Alemania como la corriente nacionalista de la Escuela, pero ésta en su conjunto sería juzgada desde otros países como un movimiento científico que globalmente ostentaba tal carácter. A la vista de la dilatada vida de la Escuela y de su influencia en nuestro siglo, y considerando además los dramáticos avatares vividos por Alemania, un prestigioso autor, Hans Thieme, escribió a los tres años de concluida la Segunda Guerra Mundial: "Queremos ser germanistas, pero en ningún caso nacionalistas". La valoración de la Escuela Histórica se ha visto, en fin, afectada en nuestro tiempo por los juicios emitidos desde sectores afines a la historiografia marxista. Ello se explica por el hecho de que el propio Marx, alumno de Savigny en Berlín, tomó de alguna forma postura en estas cuestiones. En un artículo titulado El manifiesto filosófico de la Escuela Histórica del De-

Romanismo y gennanismo.

Nacionalismo de la Escuela Histórico.

La Escuela Histórica y Marx.

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CUE.HIONES PRELIMINARFS

recho, que Marx publicó en la Gaceta renana de 1842 cuando tenía veinticuatro años, tildaba de "frívolos" los postulados filosófico-conservadores de una Escuela que él menospreció por su preocupación por el pasado ("de tal manera que lo que se pide al navegante no es seguir la corriente, sino retroceder a sus fuentes"). En todo caso la crítica de Marx iba más dirigida contra una ideología, la de aquel historicismo juzgado reaccionario, que contra la Escuela misma. A pesar de esos y otros reproches ulteriores, los especialistas han destacado la huella de Savigny en los primeros escritos políticos del Marx joven, y hasta en las concepciones económicas de los trabajos preparatorios de El Capital. C) INFLUENCIA EN EUROPA Papel difusor de las universidades.

Reperru.,·ione:,; en Espnñn.

La Escuela Histórica del Derecho disfrutó pronto en Europa de un gran crédito científico. Su rápida fama se debió en buena parte a la dedicación docente de las grandes figuras, en un momento histórico de absoluta primacía de la universidad alemana. La Escuela Histórica predicó sus enseñanzas desde las cátedras de Marburgo, Gotinga o Berlín, adonde acuden estudiosos de distintos países que luego, al regreso, se convierten en portavoces de lo aprendido. Tiene lugar así una gran corriente migratoria de intelectuales hacia Alemania, pareja a la que en la Baja Edad Media había llevado a los espíritus inquietos hacia las universidades de Italia. Las repercusiones de este fenómeno alcanzaron a toda Europa. En el mundo anglosajón la influencia alemana marca la trayectoria de los tres grandes pioneros -Maitland, Pollock y Vinogradoff- que fundan la moderna historia del derecho inglés. En Austria un acreditado investigador, Josef Unger, personifica la devoción de los intelectuales de ese país hacia Savigny y su obra. En Francia aparece la revista Thémis, difusora del mismo espíritu, cuyo primer número incluye un artículo titulado Sobre el estado actual de la ciencia del Derecho en Alemania y la revolución que ha tenido lugar en los últimos treinta años, mientras el historicismo germánico se hace patente en autores como Michelet, Taine o Renan. Algo semejante sucede en Italia y Portugal, donde se inicia la gran colección de los Portugaliae Monumenta Historica. El 25 de octubre de 1861, a los cuatro días de la muerte del creador de la Escuela, la Sociedad Jurídica de Berlín propuso en un acto necrológico el establecimiento de la Fundación Savigny, cuyos estatutos, firmados en marzo de 1863, propugnaban estimular los estudios de historia del derecho romano y germánico, facilitando además llevar a cabo trabajos de investigación sobre las instituciones jurídicas de distintos pueblos. España quedó asociada a tal empresa científica mediante un Comité constituido en 1869

HISTORIOGRAFIA JURJDICA

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a instancias del Colegio de Abogados de Barcelona, del que resultó elegido presidente Manuel Durán y Bas, mercantilista y filósofo del derecho, quien habría de procurar cierto entronque de las corrientes historicistas con una concepción cristiana de sello tomista. Ya por entonces habían sido traducidas al castellano algunas obras de Savigny y Hugo, mientras, en el Ateneo de Madrid, Pedro José Pidal se hacía eco durante el bienio 1841-1842 de las inquietudes de la Escuela, patentes asimismo en una publicación periódica, la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, cuyo primer volumen trataba de "ese movimiento intelectual que, partiendo del otro lado del Rhin, va como infiltrándose en las demás naciones de Europa". De todas formas y pese a los entusiasmos iniciales (España fue, en las aportaciones a la Fundación, el segundo país europeo de lengua no alemana, con una cantidad tres veces superior a la de Francia y seis veces mayor que la de Rusia), los logros de la investigación germánica no tuvieron un reflejo inmediato en nuestro país, aunque excepcionalmente se interesaran por ella algunos juristas, en su mayoría catalanes, entre los que destacan, además de Durán y Bas, Guillermo de Brocá y Juan Amell. Finalmente, de la serie de historiadores que publican en las últimas décadas del XIX, debemos recordar a Manuel Rodríguez de Berlanga, investigador de las fuentes jurídicas romano-españolas, y al eclesiástico Fidel Fita, autor de numerosos y acreditados estudios sobre historia de la Inquisición, aparecidos en su mayoría en el Boletín de la Real Academia de la Historia. 111. La Historiografía en la Espa6a contemporánea A) LOS PRECEDENTES: SOCIOLOGISMO Y COMPARATISMO; PEREZ PUJOL Y COSTA

En 1883 se crean en la Universidad española las cátedras de Historia del Derecho. El pri.mer titular de la disciplina en Valencia fue Eduardo Pérez Pujo!, salmantino marginalmente relacionado con las recién traídas corrientes krausistas, y cuya aportación más interesante fue sin duda su Historia de las instituciones de la España goda (1896). Los cuatro volúmenes de esa obra han constituido una referencia inexcusable de la historiografía europea ocupada en temas visigodos. Las tesis de Pérez Pujo! se han visto a menudo superadas o refutadas, pero -lo que no es poco- siempre hasta hoy han estado presentes. El sociologismo de Pérez Pujol pretende un conocimiento de la sociedad considerada como organismo, con sus fines, caracteres y funciones propias. Cabe afirmar que tal concepción implica diferenciar en la sacie-

Pére, Pujol.

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Jooqufn Costn.

CUESTIONES PRELIMINARES

dad dos tipos de funciones: las que rigen su crecimiento y conservación, y aquellas otras propias de un Estado que para nuestro autor no es otra cosa que un órgano de relaciones de los individuos con la sociedad y de las propias instituciones sociales entre sí. La diferenciación, en fin, entre las que él llama sociedades totales y especiales, define los parámetros ideológicos de un ideario bastante evanescente, que curiosamente contrasta con su obra científica de perfiles muy concretos y notable acopio de datos. El oscense Joaquín Costa, personalidad rica y desgarrada, fue historiador y literato, geógrafo, economista, filólogo, jurista de profesión e incluso político activo, con una vocación universitaria frustrada por su fracaso en ciertas oposiciones a una cátedra de Derecho Político en 1872 y el abandono de otras de Historia del Derecho años más tarde. De vehemente temple vital, herido por esas y otras adversidades, habría de ser retratado por Ortega en 1908 como "el celtíbero cuya alma alcanza más vibraciones por segundo". El significado de Costa para la historia jurídica tiene directamente relación con el uso de los métodos del derecho comparado, siempre al compás de un acendrado ruralismo que instintivamente le habría de enfrentar con las formalidades de la legislación. Así se expresó en La vida del Derecho: " La ley no tiene más fuerza para ser obedecida que la que le presta la costumbre sensible o latente, nacida antes del establecimiento de aquélla o con posterioridad, ni propiamente es ley positiva una fórmula de derecho por el hecho de su promulgación sino por el de su cumplimiento, en cuyo sentido es de toda imposibilidad la existencia de ciudadanos pasivos, pues todos, grandes y pequeños, en cuanto son ciudadanos son legisladores".

Tal vez la obra más notable de Costa sea el Colectivismo agrario en España, que en su día mereció la atención de estudiosos alemanes como Hübner. Lo jurídico se explica como producto de factores colectivistas en parejas situaciones sociales de pueblos distintos, valorándose muchos fenómenos como necesaria supervivencia del proceso histórico. La tradición comparativa fue así utilizada por el pensador aragonés, consiguiendo con ella muchas formulaciones brillantes a costa también de no pocos excesos. B) HINOJOSA Y SU ESCUELA

Los mejores logros científicos de la Escuela Histórica, la subsiguiente renovación de los estudios histórico-jurídicos europeos, y el cultivo, en fin, de una disciplina con escrupuloso rigor, tienen en nuestro país como representante y punto de partida a Eduardo de Hinojosa y Naveros. Con él , la Historia y los historiadores del Derecho español alcanzan la mayoría de edad en el concierto académico internacional de principios del siglo XX.

HISTORIOORAFIA IURIDICA

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No se trata pues sólo de que Hinojosa elabore la historia jurídica con arreglo a exigencias metodológicas hasta entonces desacostumbradas, y de que en consecuencia sea autor de modélicas monografías o ex.posiciones de conjunto, sino sobre todo de que se convierta de hecho en agente y motor de la europeización de nuestra ciencia. Nacido en Alhama de Granada en 1852, Hinojosa obtiene a los diecinueve años el doctorado en Derecho por la Universidad granadina. En 1878 se traslada a Alemania, donde conoce universidades y métodos de investigación, y establece relaciones científicas en aquellas materias, Derecho romano e Historia, que a él propiamente le interesaban. Entre 1880 y 1885 se doctora en Letras, obtiene la cátedra de Geografía histórica de la Escuela Superior de Diplomática, y publica una obra de carácter general, la Historia del DerechtJ romano según las más recientes investigaciones, en dos volúmenes. La creación de las cátedras de Historia del Derecho en 1883 pudo influir en que Hinojosa acentuara su preocupación por la disciplina y su investigación. En 1887 editó el primer tomo de una Historia general del Derecho español, que lamentablemente quedará interrumpida. No cesó en cambio su producción científica en numerosas monografías, mientras desarrollaba una carrera académica cuyos principales hitos fueron la obtención de la cátedra de Historia Antigua y Media de España en 1900, el desempeño de la cátedra de Historia de América desde 1906 y su labor como miembro de la Academia de la Historia a partir de 1889. Hinojosa ocupó diversos cargos políticos: gobernador civil de Alicante, Valencia y Barcelona, senador por la Universidad de Santiago y Director de Instrucción Pública en el Ministerio de Fomento. Tales actividades, fundamentalmente centradas en la última década del XIX, no menguaron su inquietud intelectual, que rebrotaba, entre los numerosos nombramientos y ceses, haciéndole retornar al quehacer científico. En 1914 una enfermedad habría de truncar su dedicación docente e investigadora. Cinco años más tarde falleció en Madrid.

La obra científica de Hinojosa es de regular volumen pero siempre de superior calidad, y fundamentalmente se centra en la España medieval. Sus monografías tienen como hilo ideológico el germanismo de nuestro Derecho, tema explícitamente formulado en una ponencia suya, El elemento germánico en el Derecho español, que presentó al Congreso de Ciencias Históricas celebrado en Berlín en 1908. En esas monografías, verdaderos cimientos de nuestra historia jurídica, late una honda preocupación por el estado y condición de las clases sociales, cuestión abordada en diversos trabajos y, de modo concluyente, en El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña, su estudio más ex.tenso, al margen de las obras generales, y probablemente, coincidiendo con las preferencias del propio autor, su obra más conseguida. La atención a instituciones estrictamente jurídicas se plasma en trabajos sobre la comunidad doméstica, la fraternidad artificial, la condición de la mujer casada, etc. Su información sobre la historia del derecho extranjero es siempre notable, y así por ejemplo le vemos remontarse a los orígenes del municipio alemán para analizar posibles in-

Vida.

Obra científica.

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Eumpeísmo y ,·atolicixmo.

CUESTIONES PRELIMlNARES

fluencias germánicas en el castellano-leonés. Se interesó también, según dijimos, en rastrear el mundo jurídico de importantes textos literarios. Como sus contemporáneos europeos, Hinojosa fue un buen conocedor de lo que los alemanes llamaron "idiomas de la cultura" (Kultursprachen). Manejó así las lenguas clásicas y las modernas más importantes, llevándole incluso su afán científico a estudiar ruso en plena madurez para conocer y traducir publicaciones científicas. Ideológicamente fue hombre católico, afín al tradicionalismo de Menéndez Pelayo y extraño, por tanto, a los derroteros seguidos por quienes se vincularon a la Institución Libre de Enseñanza. Su calidad científica y honestidad intelectual le granjearon el respeto y estima de todos. El propio Giner de los Ríos, promotor de la Institución, lamentaría en tono insólito una de las varias incursiones de Hinojosa a la vida política. En carta de 3 de noviembre de 1900, Giner reprochaba a Hinojosa que hubiera aceptado por segunda vez el nombramiento de Gobernador civil de Barcelona: "Amigo mío: No puede usted tener idea ni remotamente de la cruel impresión que me hizo ver la noticia de su nombramiento .. . ¡Otro paréntesis no sólo en su vida intelectual y en sus estudios, sino en lo que más importa, en la parte que iba a ser mayor, que un hombre como usted tiene en nuestra menguada cultura, otra vez huérfana para rato! ... ¿cómo no le da a usted pena, no por usted sino por esta querida horda salvaje. y se va usted tranquilo a hacer, después de todo, no otros servicios a otro interés nacional, sino una cosa que puede hacer el primero que pase por la calle, con tal de que no robe ... ?".

I.

EtC,nrmd, Estudios Hütáriros.

Ramos.

La Escuela y sus fundadores

La novedad de las enseñanzas de Hinojosa y sus nuevos horizontes investigadores, no despertaron mucha inquietud en el marasmo académico de fines del pasado siglo. Ya Menéndez Pelayo le recordó en 1889, con ocasión de su ingreso en la Academia de Historia, que era un investigador no popular y poco leído. Aquel Hinojosa, en fin, que predicaba la ciencia europea, debió sentirse en las aulas de Historia, al igual que Ortega años después en las de Filosofía, como una especie de profesor in partibus infidelium. En marzo de 1910 cambia la situación al ser creado el Centro de Estudios Históricos, donde un selecto grupo de jóvenes trabaja en la preparación de sus tesis doctorales y constituye el embrión de lo que luego habrá de convertirse en Escuela de Hinojosa. Entre ellos destacan Ramos Loscertales, Galo Sánchez y, sobre todo, Claudia Sánchez Albornoz, tres castellanos cuya edad al iniciar sus actividades el Centro apenas rondaba los veinte años. José María Ramos Loscertales, riojano de origen aragonés , había estudiado en Zaragoza donde despertó su interés por las instituciones medievales de Aragón. Tras el paso por el Centro de Estudios Históricos, fue catedrático y rector de la Universidad de Salaman-

HISTORIOGRAFIA JURIDICA

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ca. Su preocupación por las instituciones políticas y sociales le condujo a polemizar con Ernesto Mayer sobre los orígenes de la legislación navarro-aragonesa, publicando otros valiosos estudios acerca de las instituciones de la España primitiva. Galo Sánchez.Galo Sánchez, historiador del derecho castellano que él reconstruyó en contadas pero básicas monografías, fue autor de unos Apuntes de Historia del Derecho español, editados con el título de Curso de Historia del Derecho, que constituyen una e;,¡posición esquemática y rigurosa de la historia de nuestras fuentes jurídicas. El Curso, libro clásico eo la docencia de la disciplina, ha sido objeto de una edición revisada por el profesor Rubio Sacristán.

Sánchez Albornoz, abulense nacido en 1893 y muerto en 1984, ha sido sin duda la primera autoridad en historia medieval española y una de las grandes figuras mundiales en la historia de esos siglos. Su ingente labor científica, imposible de sumarizar aquí, desborda los cauces de la pura investigación monográfica para remontarse a magnas obras de interpretación y síntesis. Fundamental a este respecto fue su controversia con Américo Castro sobre la estructura histórica de España, cuya hondura y dilatada resonancia internacional justifican que haya llegado a ser calificada como "la más importante polémica desde el Renacimiento" (Montero Ríos). Frente a la tesis de Castro (La realidad histórica de España) que sitúa las claves del pasado nacional en la coexistencia cristiano-islámico-judía entre los siglos X al XV, Sánchez Albornoz expuso su visión discrepante en un libro clave, España. Un enigma histórico, de cuyos juicios habremos de hacemos eco más de una vez en estas páginas. Ausente del país hasta sus últimos años por razones políticas, Sánchez Albornoz vivió casi medio siglo en Argentina, donde logró formar una prestigiosa escuela de medievalistas y promovió la publicación de los Cuadernos de Historia de España. En la breve pero fecunda etapa de Hinojosa en el Centro de Estudios Históricos, y que corresponde al período de formación de estos discípulos suyos, debemos mencionar otras tres figuras aisladas -Díez Canseco, Altamira y Ureña- de la generación isabelina, es decir, de hombres nacidos durante la mayoría de edad de Isabel 11. Laureano Díez Canseco fue un profesor culto, de rara personalidad y casi ágrafo. Mayores repercusiones tuvo la vida y obra de Rafael Altamira, titular de las cátedras de Historia del Derecho en Oviedo, y de Historia de las Instituciones políticas y civiles de América en Madrid. Altamira fue autor de una valiosa Historur de España y de la civilización e.1pañola, que dedicó a Hinojosa, correspondiéndole el mérito de actuar como precursor de los estudios americanistas. Rafael de Ureña, en fin, se orientó principalmente a la investigación de las fuentes jurídicas y fue titular de la cátedra de Historia de la literatura jurídica española en la Universidad de Madrid. Los estudios de historia del Derecho indiano fueron promovidos en América por el español Altamira y por el arg61ltino Ricardo Levene. Como ha señalado la profesora Beatriz Berna!, tanto los trabajos de Altamira, de orientación histórica. como Jos de Levene, de orientación sociológica, constituyen las bases del desarrollo ulterior de la historiografía del derecho indiano. Levene fue autor de una importante obra científica, editó documentos y fuentes , y fundó en Buenos Aires el Instituto que luego llevará su nombre .

Galo Sám·hn

Stím·hez Albm

nnz.

l m Cuadernos de Historia de España.

Díez Ctmsero.

A/tamim y Ureñn.

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Carnntfe.

La faruela de Hinojosa.

CUESTIONES PRELIMINARES

Al fallecer Hinojosa en 1919, la inquietud renovadora patente en los tres discípulos citados había alcanzado ya a otros estudiosos. Junto a Prieto Bances, Minguijón y Segura Soriano, docentes en Oviedo, Zaragoza y Salamanca, el panorama científico contaba con la presencia del valenciano Ots Capdequí, preocupado inicialmente por la historia del derecho privado y experto luego en derecho indiano, y la muy significativa de Ramón Carande, quien habría de convertirse en una primera autoridad en el ámbito de la historia económica. Este grupo, heterogéneo en inquietudes y formación, fundará propiamente la Escuela de Hinojosa, que de modo implícito se entiende prolongada a todos los cultivadores de la Historia del Derecho en nuestro tiempo. No se trata, pues, de una Escuela en el sentido estricto, basada en afinidad de campos de estudio, concepciones metodológicas y técnicas de investigación, pues en ello hubo una disparidad inicial que hoy día se ha traducido en dilatadas y también fecundas discrepancias. La Escuela lo es en el sentido de que todos los historiadores del Derecho, de cualquier adscripción ideológica o temática, se sienten deudores del eminente profesor granadino en cuanto fundador de una ciencia mod-erna, crítica, europeísta y rigurosa. Semejante hogar intelectual, aún de muy problemática cohesión, ha venido siendo un testimonio ejemplar en el panorama cultural hispánico, donde la solidaridad y el reconocimiento del magisterio no se dan, por desgracia, como fruta del tiempo. Ya Ortega denunció en su día, al comentar La ciencia española de Menéndez Pelayo, la inexistencia en nuestro país de corrientes o Escuelas científicas frente a la realidad de ilustres investigadores aislados. Para Ortega, en fin, no hubo aquí ciencia sino científicos. Si ello fuera cierto, y parece que lo es, la Escuela de Hinojosa bien puede ufanarse de perdurar como una excepción estimulante y fecunda. 2.

Las empresas científicas: El Anuario

El quehacer investigador de ese notable grupo reunido bajo la memoria de Hinojosa, supuso una honda renovación en la Historia del Derecho a partir de los años veinte. A tal renovación contribuyeron otros varios autores que cultivaban la Historia desde perspectivas distintas, no propiamente jurídicas, con la figura señera de don Ramón Menéndez Pida!, o bien la dedicación a la misma Historia del Derecho de ciertos estudiosos no directamente vinculados con los discípulos de Hinojosa. D ºA batfal.

Vall.
Corresponde mencionar aquí a dos historiadores catalanes estrictan¡ente contemporáneos: Femando Valls Tabemer y Ramón d' Abada). Este ha aportado, junto a estudios sobre la Cataluña medieval, un conjunto de importantes investigaciones relativas al Estado visigodo. Valls Taberner perteneció al cuerpo de Archiveros desde 1913, año en que defendió su tesis doctoral sobre las Consuetudines Ilerdenses. Catedrático de Historia de

HISTORIOGRAFIA JURJDICA

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España en Murcia, fue desde 1929 Director del Archivo de la Corona de Aragón. Como ha destacado la profesora Gómez Rojo, buena parte de esta generación de intelectuales catalanes (Abada), Bosch Gimpera, Reventós, etc.) prosiguieron su formación en el extranjero, singularmente en Francia, merced a ayudas de la Junta de Ampliación de Estudios.

En 1924 los seguidores directos de Hinojosa fundan el Anuario de Historia del Derecho español (citado como AHDE), cuyo volumen primero anunciaba el propósito de dar cabida a "trabajos referentes a la historia del derecho español, entendiéndose ésta en su sentido extenso y abarcando, pues, desde las más remotas a las más recientes etapas de nuestra evolución jurídica". Un atractivo artículo de Ramos Loscertales tuvo el honor de ocupar las primeras páginas de esta publicación que, salvo el paréntesis impuesto por la Guerra Civil, ha venido apareciendo ininterrumpidamente hasta nuestros días. La vitalidad inicial de la Escuela se pondría además de manifiesto en 1932 con la organización de la Primera Semana de Historia del Derecho, congreso científico internacional al que sigue, dos años después, la constitución de la Sociedad Eduardo de Hinojosa. En la década siguiente a la fundación del Anuario se incorporan a él destacados investigadores y docentes: Riaza, cultivador de la historia de la literatura jurídica; López Ortiz, conocedor del derecho histórico musulmán; Rubio Sacristán, Beneyto y otros. Por su proyección ulterior merecen particular referencia Luis García de Valdeavellano, Manuel Torres López y Alfonso García-Gallo. Yaldeavellano ( 1904-1985), catedrático de la disciplina y titular en Madrid de la cátedra de Historia de las instituciones político-administrativas, fue discípulo directo de Sánchez Albornoz. Autor de una rigurosa y amplia obra científica, Yaldeavellano ha elaborado además una Historia de fapaña y otra Historia de la.1· Instituciones espaiiolas, las cuales, concluyendo en las postrimerías de la Edad Media, constituyen verdaderos modelos en su género. Torres López, catedrático en Salamanca y Madrid, protagonizó, tras Hinojosa, la segunda gran apertura al mundo histórico germánico. Fue autor de unas renovadoras Lecciones de Historia del Derecho espa,1ol, dedicando especial atención al panorama jurídico visigodo, donde sus exposiciones de conjunto y monografías siguen siendo hoy un punto de referencia obligado. Torres López fue el primer director del Departamento de Historia del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, cuyo florecimiento inicial debe mucho al talento y al talante de este ilustre profesor.

Alfonso García-Gallo, sobre quien volveremos con detenimiento después, había sido un joven colaborador del Anuario en esa primera etapa, y se convertirá Juego en la personalidad clave de la segunda. La guerra dio al traste con el Centro de Estudios Históricos, con la propia Sociedad Hinojosa y con aquel grupo de colaboradores, de los que alguno murió (Riaza) y otros varios se dispersaron en el exilio (Sánchez Albornoz, Ots), o en la angostura ideológica del propio país. La publicación fue reanudada en 1942 y cobró va nuevo ritmo en los años siguientes. Ciertamente desapareció la gran pre-

Valdenvellnno y

Torres lúpez.

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Etapas del Anuario e

indice general.

Otras revistas.

CUESTIONES PRELIMINARES

sencia internacional que había ilustrado el primer período, pero ello no fue algo característico del Anuario sino el denominador común a cualquier manifestación cultural de la España de entonces. La revista en cambio dio creciente acogida a los romanistas, representados por la magistral y asidua colaboración de Alvaro d'Ors, lo que ha convertido al Anuario también en una revista fundamental para los estudiosos del Derecho romano. No procede resumir aquí, ni sería posible, la aportación de los distintos historiadores del Derecho, más o menos jóvenes, a las páginas de un Anuario que ha superado ya los ochenta volúmenes. Simplemente dejar constancia de la dignidad de esta gran empresa científica, que ha obtenido universal reconocimiento. La responsabilidad y méritos de la primera etapa corresponde primordialmente a Sánchez Albornoz. La de la segunda a García-Gallo. En ambas, a quienes con ellos colaboraron. El arduo manejo, en fin, de tan vasto arsenal científico ---estudios, documentos, recensiones, noticias, etc.- se ha convertido hoy en tarea fácil merced a un volumen especial de índices, preparado en 1982 por la doctora Ana María Barrero con la colaboración de la doctora María Luz Alonso. Señalemos por último que el Anuario ha sido siempre la publicación central de los historiadores del Derecho, pero en los últimos años no estrictamente la única. Algunos Institutos universitarios de temática histórico-jurídica vienen publicando revistas de notable interés. Este es el caso del Instituto de Derecho Común de la Unjversidad de Murcia, editor de una revista, Glossae, de historia del Derecho europeo, dirigida por Antonio Pérez Martín. A su vez el Instituto de Historia de la Inquisición de la Universidad Complutense publicó entre 1991 y 2001 diez números de una Revista de la Inquisición, que prosigue el Instituto de Historia de la Intolerancia, heredero de aquél y adscrito a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. El Instituto Antonio de Nebrija, de la Universidad Carlos m, erutó unos Cuadernos de Estudios sobre la Universidad dirigidos por Adela Mora y en 2004 Gregorio Monreal y María Rosa Ayerbe pusieron en marcha una publicación, Jura Vasconiae, que figura como Revista de Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia. Además de estas publicaciones periórucas de Institutos de investigación, hay que señalar la existencia en España de otras revistas de Historia del Derecho. A instancias de Aquilino Iglesia, la "Associació Catalana d'Historia del Dret Jaume de Monljuic" viene erutando Jnitium, una "Revista Catalana d 'Historia del Dret". Por su parte la Universidad de Zaragoza promovió otra revista, Ius fagit, que apareció una serie de años como "Revista de Estudios HistóricoJurírucos de la Corona de Aragón". El catedrático Manuel J. Pelaez, docente en Málaga, viene publicando unos Cuadernos Informativos de Derecho Histórico Público, Procesal y de la Navegación, y la Universidad Complutense otros Cuadernos de Historia del Derecho. A su vez la Universidad de Jaén publicó algunos años la revista Rudimentos legales, bajo la dirección del profesor Juan Sainz Guerra, pero los avatares administrativos no han permitido su continuidad.

HISTORIOGRAAA JURIDICA

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Fuera de España, entre las revistas más prestigiosas de Historia del Derecho cabe citar la 'ZeiJschrift der Savigny-Stiftungfiir Rechlsgeschichte, en Alemania; el American Joumal of Legal History. en &tm. Unich;; laRevue HistoriqueduDroiJ Frcrnr;aiset Étmnger,en Francia, y la; Quademi Fiorentini perla storia delpensiero giuridico nwdemo, en Italia, revista éstl que últimamente presta una especial atención a ternas españoles. Para la Histeria del Derechoiooianoes ~indible laRevi.•;tll de Hil'toria del Derecho que publica en Buenos Aires el Instituto de investigaciones de Historia del Derecho.

Revista.,· Extranjera.,

3. Exposiciones generales y renovación metodológica Las diversas exposiciones generales de la disciplina que hemos mencionado, y otras anteriores y posteriores que no es posible referir aquí, denuncian la vitalidad de la Historia del Derecho, y la de quienes la cultivan y enseñan. Atrás quedan pues los tiempos en que era usual lamentar la crisis de la disciplina. El gran giro renovador tuvo lugar, a nuestro entender, en la década de los sesenta, cuando las diversas concepciones acerca de la historia jurídica cristalizaron en exposiciones de conjunto tan valiosas como heterogéneas. Son los años del Manual de García-Gallo, de la Historia de Gibert, de la Historia de las instituciones de Valdeavellano, y de las primeras obras generales de Lalinde y Pérez-Prendes. Son también los años en que repercuten en nuestra ciencia las inquietudes de la historia económica y social, alentadas por la renovación europea y más en particular por la francesa del círculo de los Annales d'Histoire Economique et Socia/e, revista que si bien había desempeñado un importante papel desde su fundación en 1929 por Lucien Febvre y Marc Bloch, cobra singular relieve y prestigio bajo la dirección de Fernand Braudel a partir de 1956. En el ámbito de la historia económica, ese nuevo clima tendrá en España un ilustre representante, el catalán Jaime Vicens Vives. Tras la preocupación por la problemática medieval, que fue prácticamente exclusiva en los fundadores de la Escuela de Hinojosa, esa generación de los años sesenta apunta a nuevos rumbos, consolidados luego en los más jóvenes historiadores del Derecho. Se ha hablado así de una superaci6n del medievalismo, que siendo cierta debe entenderse no como exclusión o minusvaloración de un campo histórico, donde nuestra disciplina además se legitimó como ciencia, sino a modo de compromiso integrador con todo tiempo y con los problemas jurídicos de cualquier época y naturaleza. 4. La obra científica y docente de Alfonso García-Gallo Al concluir este panorama de la historiografía jurídica española, merece una referencia singular don Alfonso García-Gallo, figura central de la disciplina en la segunda mitad del siglo XX.

Renovación en In décadnde los 60.

ln revista "Annnle., ".

Supem rión del medievalü·mo.

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CUESTIONES PRELIMJNARES

García-Gallo nació en Soria en 1911. A los veinticuatro años era catedrático de Historia del Derecho en Murcia, de donde pasó a Valencia y Madrid, universidad en la que obtuvo también la cátedra de Historia de las instituciones políticas y civiles de América. Ha sido director del Instituto de Derecho Comparado y del Departamento de Historia del Derecho en la Universidad Complutense. Desde 1944 fue Secretario General del Instituto de Estudios Juódicos, donde se editaba el Anuario que él dirigió de hecho hasta la década de los ochenta. Fundador y codirector del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, García-Gallo fue vicepresidente de la Asociación Internacional de Historia del Derecho y de las Instituciones, académico y miembro de numerosos organismos científicos. Murió en Madrid en 1992. Garría-Gallo,

investigador.

García-Gallo se inicia en 1931 en la docencia, y al año siguiente en la investigación con unas "notas críticas" sobre la edición de Valls Taberner del Libro del Consulado del Mar. Desde esas fechas su dedicación a la enseñanza en los distintos niveles --docencia universitaria, cursos monográficos, formación de discípulos, etc.- no conocerá paréntesis ni interrupción alguna. También desde entonces, desde aquellas juveniles "notas críticas", el ilustre maestro ha escrito miles de esclarecedoras páginas sobre los más diversos aspectos de nuestro derecho histórico. Su labor científica, contemplada en conjunto, es sencillamente llamativa. Junto a diversos libros de texto, otros varios y un verdadero alud de monografías (algunas tan extensas que podrían constituir volúmenes independientes), plantean, discuten y estudian cuestiones de todo género. Se interesó, según vimos, por los planteamientos de fondo relativos a la naturaleza de la disciplina y al oportuno cultivo historiográfico, abriendo en España, con sus sugerencias, toda la posterior controversia metodológica. En sucesivos y decisivos trabajos revisó de principio a fin el sistema jurídico visigodo, generando al respecto una brillante polémica de alcance europeo. Sus estudios abrieron asimismo innovadoras perspectivas para el conocimiento de la naturaleza del derecho medieval. De los ordenamientos locales o fueros se ocupó tanto desde consideraciones de fondo, como en análisis pormenorizados de algunos de ellos: Medinaceli, León, Llanes, Benavente o Toledo. Su atención por el derecho territorial de la Baja Edad Media habría de llevarle a una revisión revolucionaria de la labor legislativa de Alfonso el Sabio, tema éste de primera magnitud, abierto hoy a la discusión de especialistas de todo el mundo. Los problemas de la sociedad y estructura políticas han sido estudiados por él desde múltiples enfoques. Para la época medieval contamos con su exhaustivo análisis de la sucesión al trono en Aragón, o con sus también originales precisiones sobre la idea imperial castellano-leonesa. En .la moderna, atrajo su atención el problema de la legitimidad de la incorporación de nuevos territorios a la monarquía española, tanto los de Africa como, sobre todo, los del continente americano. Estudió así la incorporación de las

HISTORIOGRAFIA JURIDICA

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Indias y nos ha dejado una monumental monografía sobre las bulas papales justificadoras de la expansión a ultramar, atendiendo también por separado a figuras tan significativas de la polémica americana como Vitoria y Las Casas. Su vertiente de historiador de la Administración, aplicada a España en interpretaciones globales o trabajos aislados, es especialmente significativa en cuanto concierne al mundo americano. Ahí nos encontramos con estudios suyos de conjunto sobre la administración territorial, o trabajos fundamentales sobre alcaldes mayores y corregidores, audiencias, capitanías generales, etc. En otros terrenos, nuestros conocimientos acerca de la historia eclesiástica altomedieval son tributarios de una monografía clave sobre el Concilio de Coyanza. García-Gallo, en fin, se ha ocupado también del derecho histórico internacional, con su análisis de la doctrina española de la guerra, del derecho comparado y del ancho espectro del derecho privado, donde sus aportaciones sobre la sucesión mortis causa, la condición jurídica de la mujer, etc., gozan de merecido crédito. Tan copiosa labor investigadora, marcada siempre por el signo del rigor, espíritu de renovación y fecundo inconformismo, ha vertido singularmente a tres campos: el derecho visigodo, el medieval y el derecho indiano. Por ellos no es posible hoy dar un paso sin asentir o discrepar de cuanto García-Gallo ha dicho. El magisterio universitario aparece como feliz contrapunto vital de esa labor científica. Quien por ejemplo en 1946, a los treinta y cinco años, había publicado ya tres exposiciones de conjunto y numerosos estudios, lógicamente hubo de convertirse en el maestro requerido por buena parte de aquéllos que quisieron dedicarse a la Historia del Derecho. Eso vino a significar que, desde entonces, la gran mayoría del profesorado de nuestras universidades se haya formado directamente con él o indirectamente con sus discípulos. Cabe en suma afirmar, sin que la relación discipular convierta en hipérbole lo que es un estricto juicio científico, que don Alfonso García-Gallo ha ocupado un lugar de absoluta excepción en la investigación y en la vida académica de la Historia del Derecho español.

Mngi,1,rio.

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CUESTIONES PRELIMINARES

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11. LOS TIEMPOS PRIMITIVOS: EL DESPERTAR DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA

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3. LA ESPAÑA PRERROMANA l. Los periodos más remotos. El hombre del Paleolítico

AJ ser Jo jurídico un fenómeno de la vida social, la Historia del Derecho debe remontarse a la formación de la sociedad misma y, en última instancia, a la propia aparición del hombre. Sin disponer de los testimonios escritos que el ser humano facilitará Juego de sí mismo, propios del conocimiento histórico, la ciencia moderna se asoma también a las gigantescas edades de la pre-historia, a fin de rastrear la huella humana en la nebulosa de los tiempos. En tales o cuales vestigios, entre presagios, intuiciones y alguna mínima certeza, el historiador del Derecho ha de aprovechar los hallazgos de otras ciencias (Arqueología, Paleontología, etc.) para valorar las primeras manifestaciones jurídicas en esos pasos iniciales de la vida humana. La aparición del hombre tiene lugar en el Pleistoceno o primer período de la era Cuaternaria. Entre intensas glaciaciones seguidas de intervalos cálidos, mientras la fauna y la flora se acompasan a tales procesos climáticos, surge el hombre en una etapa coincidente desde el punto de vista arqueológico con el Paleolítico, o edad de la piedra tallada. Dentro de ella, distinguimos el Paleolítico inferior o más antiguo, que puede considerarse concluido hace aproximadamente cien mil años; el medio que a Jo largo de unos sesenta milenios quedará representado por la raza de Neandertal; y el superior, en el más próximo de estos inmensos períodos, con el prototipo del hombre de Cro-Magnon. Nos hallamos así ante el Homo sapiens en el contexto de una estructura geológica familiar, es decir, al hombre en la tierra tal como en términos generales la conocemos hoy. En España, que ya presentaba por tanto en la era glaciar la configuración actual, constan diferentes testimonios de esas tres etapas paleolíticas. La existencia de grupos humanos en la serranía de Granada aparece p.robada en la infinita lejanías del Paleolítico inferior, con el testimonio del hombre de Orce (entre 1,6 y 1,8 millones de años), que constituiría, a tenor de recientes investigaciones, el homínido más antiguo de Eurasia, y que

Aparición dd hombre y períodos del Paleolítiro.

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EI "homo.mpiens".

ESPAÑA PRJMJTIVA

corresponde al tipo de horno presapiens, es decir, a un hombre diferenciado del que vivirá en los tiempos históricos. Por los yacimientos correspondientes sabemos del asentamiento de esos grupos en los valles del Manzanares y del Jarama, en la zona soriana de Torralba y en algunas terrazas del Tajo o el Guadalquivir. Del Paleolítico medio, llamado también rnusteriense por la clase de industria lítica, conservamos restos del hombre de Neandertal en Gibraltar, Bañolas, y en algunas cuevas de Valencia y Granada, con numerosos yacimientos en las riberas del Manzanares, desembocadura del Tajo y otros puntos de la zona vasco-cantábrica, Andalucía y Levante. Los restos de la raza de Neandertal, donde se da ya el horno sapiens, anteceden así a aquellos otros del Paleolítico superior propios de la raza de Cro-Magnon, de caracteres antropológicos similares a los nuestros, identidad que se ha querido subrayar calificándole de horno sapiens sapiens. El hombre español que pinta en Altamira pertenece a esta última especie. A) FORMAS DE VIDA EN EL PALEOLITICO SUPERIOR

Período Auriii.acienJe.

Períodos Solutrenst y Ma11 daltnienu.

Según la interpretación tradicional, los utensilios más antiguos del Paleolítico inferior fueron las hachas de mano, si bien la investigación reciente ve en los guijarros tallados (pebble-tools) restos de épocas aún más remotas. Mejor conocidos son en todo caso los útiles líticos del rnusteriense o Paleolítico medio. A su vez se han distinguido en el Paleolítico superior tres períodos industriales: el Auriñaciense, el Solutrense y el Magdaleniense, clasificación de estirpe francesa pero que puede ser también aplicada a España. Habida cuenta de que nos encontramos con un hombre fundamental mente cazador, los útiles que emplea tienen directa relación con ese ejercicio venatorio que constituye su principal medio de subsistencia. Las armas auriñacienses fueron o bien de madera, en cuyo caso han desaparecido, o de piedra y hueso, según las muestras conservadas. La tosquedad de las hachas propias de etapas anteriores ha dado paso a procedimientos más perfeccionados. Encontramos así puntas y hojas de talla fina, flechas que revelan el uso del arco, e incluso lanzas y dardos usados a modo de arrnas arrojadizas. Los cuchillos y punzones debieron emplearse en despedazar animales y obtener pieles para utilizarlas como vestido. El período Solutrense depura notablemente las técnicas de tratamiento de la piedra, construyendo unas puntas de hoja de laurel y otras puntas de muesca, que tal vez se difundieron en Occidente desde la Europa oriental. La etapa siguiente del Magdaleniense es, sin embargo, desde la perspectiva del tallado de la piedra, de signo claramente regresivo. Floreció en cambio

CULTURA, ECONOMIA Y SOCIEDAD

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entonces el trabajo del hueso, habiendo llegado a nosotros arpones, agujas con orificio, así como diversos punzones y puntas de flecha. Las formas de vida de estas gentes sólo nos son conocidas en sus rasgos más generales. Aquel primer horno hispanicus, llegado del norte de Africa o de Oriente a través de las rutas europeas, vivió en terrazas fluviales hasta que los intensos fríos de la última glaciación, propios de la época musteriense, le llevaron a preferir chozas y cuevas, con lo que éstas se convirtieron, como escribe Pericot, en habitación, santuario y panteón.funerario. En la medida en que todos los componentes del grupo debieron estar obligados a participar en la recolección de frutos, en la caza o en la pesca, es de suponer la existencia de una acusada cohesión social, con la correspondiente división del trabajo dentro de las hordas. Se daría también cierta diferenciación respecto a las mujeres, las cuales por la gestación y crianza de los hijos no acompañarían a los cazadores, dedicándose en cambio a recoger frutos, lo que probablemente les convirtió en factor clave de la estabilidad del grupo. La coordinación de esfuerzos de unas y otras tareas hubo de requerir el respaldo de rígidas normas que regularan la convivencia y el trabajo en aquel sistema de vida, cuyo signo variaría según las estaciones. En las más adversas es de suponer que el grupo celebrara sus reuniones, practicase los ritos y preparara los utensilios que habría de utilizar durante las estaciones benignas. Por supuesto se dominan ya las técnicas del uso del fuego, conocido de siglos atrás, con sus consiguientes repercusiones entre las que cabe destacar la alimentación del propio grupo.

Cohesiún .wwinl y difereni·in,·ián

de trabnjo.<.

B) ECONOMIA EN LA ERA DE LA GRAN CAZA

La rudimentaria vida económica del Paleolítico superior tuvo que ver con los medios y formas de lograr el alimento. Su base fue la recolección de frutos, la pesca y sobre todo la caza, que nos es mejor conocida por la pintura rupestre y por los restos conservados en yacimientos de la época. La recolección vegetal constituye el antecedente del cultivo agrícola que entonces todavía es desconocido. El hombre aprovechó los frutos de los árboles, la miel de los panales silvestres y los huevos de los nidos. La pesca habría sido principalmente fluvial o limitada a las rocas costeras. Se ha inventado ya el anzuelo y nos consta, de otra parte, el aprovechamiento de moluscos acuáticos y terrestres, cuyas conchas sirvieron además de adorno como cuentas de collares. . Con el Paleolítico superior coincide la era llamada de la Gran Caza, posible por la abundancia de herbívoros a los que el hombre atacaba utilizando las cuevas como refugio. Los procedimientos utilizados para esa

AJ:n',·ultum y pesen.

Lamw.

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ESPAÑA PRIMITIVA

caza en gran escala, que a su vez facilitó la subsistencia de grupos numerosos, fueron muy variados. Se usó así la red, que por ejemplo parece envolver la figura de un cérvido representado en la cueva de la Pasiega, las fosas y trampas de peso, los lazos sencillos que contemplamos en la cueva de Pindal, etc. Otros testimonios, como los de la cueva malagueña de la Pileta, muestran la existencia de lugares acotados con empalizadas, adonde el hombre debió conducir grupos de animales, manteniéndolos como reserva de alimentación para el consumo posterior. Los restos conservados en yacimientos dan cuenta de la magnitud de la caza en aquella era. Se cazaron bisontes en la zona cantábrica, mientras la cabra montés era perseguida en la levantina. En términos generales el ciervo y el corzo fueron los animales más numerosos, en cuya aprehensión el hombre utilizó una especie de arpones. Les siguen en importancia los équidos. El jabalí no abundaría hasta la conclusión de los tiempos glaciares. En las zonas del este y del sur se dan grandes cantidades de conejos, aunque tal vez por su fácil captura no merecieron el rango de la representación pictórica. C) EL MUNDO DEL ESPIRITU lnpinrum rupe.V/re y su interprelación

Los balbuceos, la inseguridad y el carácter rudimentario propios de cuanto acomete el hombre cuaternario, cambian sorprendentemente de signo en su expresión plástica, originándose el escándalo, en expresión de Ortega, de que la pintura en la larga vida del hombre comience con lo perfecto. En las pinturas rupestres cantábricas, y especialmente en las bellísimas representaciones de la Cueva de Altamira, el horno hispanicus realiza su primera y sorprendente aportación a la historia de la civilización humana. ¿Qué significado tienen esas creaciones artísticas en un mundo tan elemental desde cualquier otra perspectiva?. Los primeros prehistoriadores juzgaron el arte cuaternario como producto del ocio de unos hombres cazadores a quienes sobraban animales para abastecerse. Se pensó también a comienzos de nuestro siglo en la finalidad exclusivamente artística, de culto a la belleza por parte de sus protagonistas, para enlazar con otra concepción según la cual el arte cuaternario fue fruto de prácticas religiosas y creencias totémicas. Si es cierto uno de los principios de Frazer -"las cosas que han estado una vez en contacto con otras continúan actuando sobre ellas a distancia, una vez que ha sido cortado el contacto físico"-, el hombre del Paleolítico, al retener con la pintura la imagen de un ser, podría realizar sobre ella actos benéficos o maléficos que afectaran al ser representado. Esas preocupaciones mágicas habrían llevado a pintar animales como medio pretendido para hacer propicia la caza. En nuestro tiempo, en fin, las investigaciones de

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A. Laming y Leroi-Gourhan pretenden superar tales hipótesis mediante una

interpretación que se autocalifica de científica. Según ella, todas las manifestaciones artísticas del cuaternario reflejan dos temas, llamados A y B, que simbolizan el principio masculino (animales acoplados o yuxtapuestos, sobre todo el caballo; líneas rectas y puntos) y el femenino (bisontes o bóvidos, signos angulares, triángulos y líneas curvas). Dejan de tener pleno sentido los animales en una consideración aislada, para valorar globalmente las cuevas como verdaderos santuarios compuestos y organizados sistemáticamente. La pintura del hombre cántabro, admirable es las cuevas del Castillo, la Pasiega, etc., alcanza insólita relevancia en la cueva de Altamira y muy especialmente en su sala central, calificada de Capilla Sixtina del arte cuaternario y tal vez sólo comparable con la bóveda principal de la cueva francesa de Lascaux. En la sala de Altamira, bisontes, ciervos, jabalíes y caballos, cubren el techo con su rica policromía y ofrecen un estremecedor espectáculo de realismo y vida a los ojos del observador de hoy. Aquellos pintores de hace quince mil años, manejando el carbón y unos útiles de ocre rojo y amarillo (hallados luego por Obermaier, el último gran excavador de la cueva), ajustaron las figuras a las rugosidades del techo, simulando así su volumen y ofreciendo cierta sensación de movimiento.

Lnpintum rupe.,tl'f!: Altamirn.

La cueva de Altamira fue descubierta en 1875 por Marcelino Sanz de Sautuola, quien desde 1866 era miembro de la Real Academia de la Historia. El hallazgo fue en cierto modo casual, pues el hidalgo santanderino sólo pudo valerse de leves referencias que le proporcionaron algunos campesinos. Más sorprendente resultó el descubrimiento, dentro de la cueva, de la sala central de pinturas, con ocasión de cierta visita que Sanz de Sautuola hizo en el verano de 1879 acompañado de su hija. Este descubrimiento fue acogido inicialmente con escepticismo en los círculos científicos internacionales. Un célebre artículo de Cartailha~ en 1902 se titulaba significativamente: Les cavernes ornées. Mea culpa d 'un sceptique. Junto a Altamira y Lascaux, hay que destacar el reciente e importantísimo descubrimiento de la cueva francesa de Combe d' Are, efectuado el 18 de diciembre de 1994 por Jean-Marie Chauvet. Las pinturas de esta cueva, más de trescientas, proceden de la época solutrense, y representan un impresionante conjunto de rinocerontes, caballos, osos, renos, bisontes y hasta hienas, panteras y un buho, animales estos últimos muy raros o absolutamente desconocidos en el arte rupestre.

En cuanto a las pinturas levantinas, hay que señalar su probable diferenciación cronológica con respecto a las del norte. Al ser descubiertas a principios de nuestro siglo, el abate Breuil supuso que eran contemporáneas de las franco-cantábricas. Habría existido así, en un parejo contexto cronológico, un arte nórdico y otro levantino de filiación africana (Obermaier, Bosch Gimpera). Recientemente Jordá ha expuesto la tesis de una datación más tardía, situando los orígenes de esa pintura rupestre levantina en el Neolítico y su desarrollo en la Edad del Bronce. Beltrán, en fin, ha propuesto como marco cronológico el período comprendido aproximadamen-

Arte rupestre levantino.

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Relil(ió11y cf'f!enc:ia'i.

ESPAÑA PRIMJTIVA

te entre los años 7.000 y 1.200. Al margen de esta cuestión, cabe destacar que las manifestaciones artísticas de la zona (entre otras, las de las afamadas cuevas de Alpera y Minateda en Albacete) no se hallan escondidas en el interior de las cavernas, según es propio del norte, sino en simples abrigos rocosos. Ellas representan, junto a los animales, hombres y mujeres en faenas de caza o en la simple vida cotidiana, siempre a través de escenas pletóricas de dinamismo y movimiento. En cuanto a la religión, no es mucho lo que se puede decir de las inquietudes del hombre paleolítico, o por lo menos de la plasmación en imágenes de dioses a quienes rindieran culto. Blanco Freijeiro ha recordado que las estatuillas de esas Venus halladas en los hogares cuaternarios, si bien no precisamente de España, lejos de representar una deidad del amor o lamaternidad, son el simple símbolo de la gravidez femenina tal como era observada en el acontecer normal de las gentes. Ello no obsta para percibir una honda preocupación por el más allá, patente en las creencias que inspiraron al hombre cuaternario el culto a sus muertos. Estos eran a veces enterrados en sepulturas individuales y otras en fosas comunes. Al lado del cadáver se colocaban objetos de uso personal y diversas ofrendas mortuorias. Tal caracterización general puede ser para nosotros mucho más precisa merced al importante descubrimiento del llamado hombre de Morín, llevado a cabo por González Echegaray y Freeman en la caverna del mismo nombre situada en las proximidades de Santander. Estos investigadores hallaron un seudomorfo, es decir, la huella dejada por un cadáver en la tierra con el relleno que progresivamente se formó en el hueco de la sepultura, o con otras palabras: el molde arcilJoso en tres dimensiones de un cadáver en estado de descomposición , el cual todavía conserva parte de los tejidos. Corresponde a un enterramiento efectuado hace unos 29.000 años, en la etapa auriñaciense del Paleolítico superior. El hombre de Morín, de casi dos metros de estatura, debió ser decapitado después de su muerte en una ceremonia de carácter ritual. La cabeza aparece separada del tronco, mostrando también una amputación en la parte inferior de las extremidades. El cadáver reposa sobre un costado y quizás con las manos atadas al cuello. Pudo ello responder a un tipo de concepciones preanimistas (Caro Baroja), según las cuales, junto a los cadáveres simplemente yacentes, eran enterrados otros en posiciones forzadas, correspondiendo tal vez a personas que por su carácter o las circunstancias de la misma muerte eran consideradas especialmente temibles. En la citada sepultura se comprueba asimismo la colocación de ofrendas animales, quedando el interior de la tumba en comunicación con el exterior mediante un orificio por el que se introdujeron otras ofrendas de carne quemada. Caro

CULTURA, ECONOMIA Y SOCIEDAD

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Baraja había glosado ya, con independencia de este caso concreto, las consecuencias de esa mentalidad trascendente del hombre paleolítico: "Pero cada vez se va dibujando con más claridad que existen creencias en tomo a la muerte, más antiguas que las animistas: aquéllas de los que conciben que una vez llegado el trance, lo que nosotros llamamos el cadáver, la parte corporal del individuo y no sólo la espiritual, sigue viviendo de forma distinta, pero con vida al fin. El cadáver necesita comer y satisfacer otros instintos, y es peligroso para los vivos el no ayudarle, el provocar su aparición y sus reclamaciones y amenazas" (Los pueblos de España, 1, 29).

11. La Revolución Neolitica v la Edad de los Metales

Etimológicamente Neolítico significa "piedra nueva". Constituye así una etapa prehistórica en la cual, tras la piedra tallada característica de los milenios anteriores, el hombre fabrica útiles líticos pulimentados. Tal transformación, iniciada aproximadamente hacia el año 4.500 a.C., no es más que la epidermis de un cambio mucho más profundo. El hombre supera los estadios iniciales de la caza y mera recolección de frutos, para convertirse en agricultor y ganadero. Se inventa en fin la cerámica. El conjunto de esas transformaciones de la vida humana ha justificado hablar de una revolución neolítica (Gordon Childe), a cuyo término, con el trabajo delcobre, entramos en la llamada Edad de los Metales que propiamente constituye el umbral del tiempo histórico. El Neolítico hispano fue antiguamente explicado en base a influencias africanas. Sin desechar esas tempranas relaciones, se atribuye hoy su inicio al contacto con pueblos del Próximo Oriente, cuya presencia en Baleares aparece ya constatada en el quinto milenio. Quizás tuvieron lugar entonces verdaderas migraciones desde los Balcanes, con la presencia de hordas de antropología distinta a la población que aquí era habitual. Tal fenómeno pudo dejarse sentir especialmente en la comarca de Almería, relacionada por mar con poblaciones orientales, en los territorios de Levante, en la franja andaluza y el sur de Portugal, en la cultura catalana de los sepulcros de fosa, en el noroeste de la Península, y finalmente en las zonas pirenaicas habitadas por unos pastores que pudieron ser antepasados directos del pueblo vasco (Pericot). Desde el tercer milenio se ha introducido el uso de los metales, que marginan a las piezas de sílex y abren nuevos rumbos a la vida civilizada. A)

VIDA ECONOMICA: AGRICULTURA, GANADERIA Y COMERCIO

El cambio sustancial de la vida económica consiste en el paso del simple aprovechamiento de lo que la naturaleza directamente ofrece (ca'za, pesca, frutos silvestres), a un régimen que, junto a eso, consume lo que el hombre produce con el cultivo de la tierra y el cuidado del ganado.

Orf11ene.,· del Neolítiro en Expnñn y ymru 11eo11ráfirn.,.

78 A¡¡ricultum.

Ganadería y Jim bolismo re ligin:w.

Cerámica.

Metalurgia.

ESPAÑA PRlMITIVA

Por la dificultad de las excavaciones de los poblados neolíticos en España, no nos es bien conocido nuestro panorama agrícola en aquella época. Entre los cereales debió cultivarse el trigo, la cebada y acaso el centeno. La zona mediterránea produjo leguminosas diversas. Se desconoció el cultivo de la vid, abundando en cambio el lino y el esparto. Fue aprovechado asimismo entonces el olivo silvestre, que más tarde daría paso a la especie doméstica. Obviamente los progresos agrícolas tuvieron que ver con el uso del arado, entre cuyas diversas variedades los llamados de cama-curva aparecieron en el sur de la Península en etapa no tardía. La fauna paleolítica en sus especies más representativas, el mamut o el bisonte, se había extinguido ya en esta época. Tal vez los ciervos y cabras se transformaron en animales domésticos. Con respecto al cerdo, los bóvidos y la oveja, no sabemos con precisión si se convirtieron aquí de animales salvajes en domésticos, o bien llegaron así traídos por los nuevos grupos inmigrantes. El perro había sido ya domesticado en la etapa de tránsito al Paleolítico. Es posible, en fin, que la formación de rebaños de vacas tuviese algún significado religioso, como por ejemplo Hahn ha sostenido respecto a los babilónicos de la Edad del Bronce, en el sentido de que el sacrificio de las vacas sagradas a la diosa luna daba lugar a la custodia en dehesas de los animales. Tal vez, por otra parte, la afición a la cría del toro provenga de las relaciones que la religión andaluza tuvo entonces con la cretomicénica, con una motivación tanto económica como religiosa. Las nuevas técnicas del Neolítico, patentes en la cestería y en un trenzado de fibras que hizo posible el tejido, fueron especialmente notables en lo relativo a la cerámica. Existió así una cerámica cardial, donde la superficie se adorna con impresiones del borde dentado de una concha marina, y otra incisa mediante la utilización del punzón, si bien en la fase final de esta etapa es de notar cierta evolución hacia los vasos lisos de boca cuadrada, o hacia las cerámicas de influencia norteafricana descubiertas en las cabañas circulares de Almería. Semejantes progresos técnicos representan en todo caso tímidos adelantos ante el trascendental descubrimiento de los metales. Pudo transcurrir efectivamente un millar de años hasta que los hallazgos metalúrgicos de Oriente se difundieran por las tierras hispánicas, cuya riqueza al respecto habría de convertirlas en objetivo preferente de navegantes y colonizadores. Probablemente llegó a España el conocimiento y utilización del cobre cuando todavía no se había descubierto su aleación con el estaño para formar el bronce, si bien no deja de ser posible, como Pericot sugiere, que la b~squeda del cobre coincidiera aquí con ese descubrimiento. La solución a tal alternativa llevaría consigo admitir una etapa previa o edad del cobre, en el primer caso, o negarla, en el segundo, dando por bueno el paso directo a la edad del bronce.

CULTURA, ECONOMJA Y SOCIEDAD

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Con el auge del mundo económico debió existir, en fin, un comercio incipiente. Algunos útiles de metal, conchas o variedades de sílex fueron objeto de tráfico entre zonas próximas, mientras las comarcas más prósperas como Los Millares testimonian la realidad de intercambios comerciales con el Mediterráneo oriental. La navegación alcanzó ya entonces razonables progresos, y a comienzos de este período, hace seis mil años, fueron visitadas las Baleares por algun~· grupos, a los que siguió una mayor y más significativa afluencia de pueblos en el segundo milenio.

comtrcio.

B) SOCIEDAD Y CULTURA

Los nuevos tumbos de la economía agrícola-ganadera y el posterior desarrollo de la metalurgia repercutieron en la estructura social, y ello tanto porque el excedente de alimentos facilitó un afianzamiento del grupo humano y el crecimiento demográfico, como por la propia especialización del trabajo y el incremento del comercio (Vigil). Es posible así aventurar, en ese hombre que ha dejado de ser nómada para fijarse en la vida sedentaria, la existencia de un precario espíritu urbano, siquiera como eco del fenómeno del mismo signo que con magnitudes considerables aconteció en el mundo oriental. Tales conatos de urbanismo tuvieron que ver con el progreso técnico, pero probablemente también con los cambios climáticos. El hombre siguió viviendo en cuevas, pero en la España de la Edad del Bronce existieron casas de planta redonda y otras rectangulares. Junto a los poblados de zonas bajas encontramos otros en lo alto de cerros o mesetas, con preocupaciones estratégicas y defensivas. Es el caso de Los Millares, que cuenta incluso con muralla y foso protectores. Las grandes técnicas megalíticas aparecen entre nosotros aplicadas a la habitación y fortificación de poblados, pero sobre todo a la construcción de monumentos funerarios. Los megalitos o "piedras grandes" constituyen la denominación genérica de esa construcción en la que una gran losa plana sirve de cubierta a otras verticales. Los dólmenes (de dolmen, palabra bretona que significa mesa), forman una especie de cámaras cubiertas, incluyendo a veces un acceso en forma de pasillo (sepulcros de corredor) y otras una galería de paredes paralelas (galería cubierta). Algunos contienen orificios, tal vez con la idea de que el muerto, según las supersticiones y creencias, pudiera tener acceso a los alimentos. Otros varios aparecen orientados de este a oeste, con la entrada al oriente, guardando quizás relación el enterramiento de los cadáveres con el culto al sol. Resulta en todo caso indudable que monumentos de tal magnitud, cuyas piedras proced.ían con frecuencia de emplazamientos lejanos, debieron exigir el concurso de verdaderas masas de trabajadores bajo una fuerte dirección, lo que probaría

Hombre seden/ario y espírilu urbano.

Las t:onstru,·· cione:rmegn·

/ític.as.

80

Rdigiosidad

y creencias.

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la existencia de estructuras de poder e incluso la posible realidad social de castas dirigentes. Las creencias de ultratumba se traslucen además en algunas representaciones del arte rupestre levantino, que si bien ha sido mencionado antes al diferenciar su estilo del de la pintura cántabra paleolítica, muy probablemente corresponde a esta etapa más avanzada. A tal efecto cabe recordar las escenas representativas de demonios de la fecundidad en la cueva de Minateda. Por otra parte la apelación sobrenatural a la fortuna en la vida agraria, es ostensible en la imagen conservada en Vélez Blanco de cierto brujo enmascarado empuñando una hoz. Debió darse también el culto al hacha, con representaciones de ella en objetos rituales encontrados en la zona meridional. Todo este gigantesco proceso de evolución de la cultura y sociedad es reductible en síntesis a los esquemas sucesivos de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar. En el último milenio antes de Cristo hacen acto de presencia en la Península nuevos pueblos indoeuropeos, y los colonizadores mediterráneos fundan aquí sus propias colonias. 111. La Espaiia prerromana del último milenio A.C. A) IBEROS, CELTAS Y COLONIZADORES MEDITERRANEOS

Iberia y los ibem.<.

La Península fue conocida como Iberia por los griegos, quienes llamaron en principio iberos a sus habitantes, hasta que el hallazgo de distintos pueblos asentados en el centro y en el norte, redujo este calificativo a los de la zona mediterránea. Consideradas, de otra parte, las invasiones célticas procedentes de Europa, una divulgada explicación de los historiadores modernos ha dado por buena la confluencia de esos dos grandes pueblos invasores, los celtas del norte y los iberos oriundos de Africa, para constituir un tercero, los celtíberos, quienes, según frase del historiador latino Floro, fueron en su tiempo el fundamento o tronco de España (celtíberos, id est robur Hispaniae). Tal tesis, en lo que respecta a los iberos como pueblo africano invasor, ha quedado sin embargo invalidada por los modernos hallazgos arqueológicos. Entre los muchos problemas que esa época plantea, si algo está claro en la presencia ibera, según afirma Tarradell, es que no fue producto de una invasión, sino resultado de un complejo cultural de pueblos indígenas en la zona mediterránea, constituido bajo el influjo de los colonizadore~ griegos y fenicios . Lo ibérico así, más que un pueblo o raza diferenciada, habría sido una forma de civilización y cultura común a varios grupos étnicos distintos.

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Hacia el año mil a.c. se inicia a través de los valles pirenaicos la primera invasión céltica. Eran los celtas un pueblo indoeuropeo al que los historiadores griegos sitúan, con el nombre de keltoi, en la parte nordoccidental de Europa. Ese pueblo o conjunto de pueblos desarrolló durante la Edad del Bronce la llamada cultura de los túmulos (por cubrir la inhumación con un gran túmulo de tierra), alterando luego sus tradiciones funerarias al incinerar a los muertos y enterrar las cenizas en una urna junto al ajuar. Los celtas de la cultura de los campos de urnas fueron probablemente los primeros en aparecer en España procedentes de la región del Rhin, seguidos Juego por otras varias migraciones que desde el siglo VIII se corresponden con la llamada cultura de Hallstatt, o primera Edad del Hierro, y desde el V con la forma clásica de la cultura de la Tene o segunda Edad del Hierro. Las sucesivas oleadas célticas arribaron principalmente al valle del Ebro y a la mitad septentrional de la Meseta castellana, lo que ha justificado hablar de una verdadera colonización del valle del Ebro y Cataluña, al ser puesta en explotación la capacidad agrícola del río y sus afluentes, así como del desarrollo en la meseta de una economía pastoril y agraria, en base esta última al cultivo de cereales de la zona. En el sector occidental de la altiplanicie surge la cultura de los Castros, llamada también de los verracos por sus monumentos zoomorfos (v. gr. Toros de Guisando). En Galicia hay asimismo una cultura céltica castreña que florecerá especialmente a partir del siglo V a.C., conectada al parecer en sus orígenes con influencias de la meseta castellana. En los albores del último milenio tiene lugar el establecimiento en la Península de los pueblos comerciantes del Mediterráneo oriental. Los fenicios, según el testimonio de Diodoro Sículo, tras haberse enriquecido con el tráfico de la plata, llegaron a Occidente para establecer diversas factorías en Iberia y en Africa. De las correspondientes a la Península, la primera y más importante colonia fue Gádir (Cádiz), fundada hacia el año 1.100 a.C., a la que siguieron Málaka (Málaga), Abdera (Adra, Almería) y Sexi (Almuñécar, Granada), lugar este último cuyo yacimiento fenicio reúne los materiales más antiguos: jarros de barniz rojo, vasos de alabastro importados de Egipto, etc. Cádiz fue desde Juego el establecimiento principal, llegando este Gádir a ser citado por Estrabón como la segunda ciudad (tras Roma) más poblada del mundo. Con un tráfico comercial centrado en la plata, y también en el oro y el cobre, los fenicios desplegaron gran actividad pesquera, desarrollando mediante el uso de la púrpura y colorantes una importante industria textil. De acusadas preocupaciones religiosas, difundieron el culto a sus dioses y diosas, con lo que el mundo indígena meridional quedó "impregnado de orientalismo" (Blanco Freijeiro).

Lmaltn.,y .rurultum.

Lo:.Jrnido.,·: colonias ycomen:io.

82 ú 1s gri~go.,: rolonia., y comercio.

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Debido a inquietudes comerciales, o tal vez por problemas de superpoblación y falta de tierras, diversos pueblos griegos expertos en navegación realizaron por entonces incursiones hacia Occidente. Ello tuvo lugar en un clima de auge económico, patente de modo especial en los siglos V-IV a.c., propiciado por dos circunstancias principales: de una parte, por la generalización de la economía monetaria, con el consiguiente desarrollo de la banca y el apogeo industrial; de otra, por la talasocracia ateniense en el Egeo y el florecimiento de las ciudades griegas en el Mediterráneo occidental. Hacia el año 800 a.C., los rodios fundan Rhode (Rosas), mientras esos y otros pueblos, abandonando la seguridad de los trayectos próximos a la costa, viajan por el centro del mar de unas islas a otras (Sicilia, Cerdeña, Baleares) hasta alcanzar las costas del oeste en una ruta marítima que Schulten calificó de vía interinsular. Entre las nuevas colonias destacan las de Hemeroskopeion (Denia), Emporion (Ampurias) y la más importante de Massalia (Marsella), correspondientes estas últimas a la expansión focense que debió contar con la protección del poderoso Argantonio, rey de Tartessos . B) LOS PUEBLOS DE ESPAÑA: FORMAS DE VIDA

La persistencia de los grupos étnicos más primitivos, junto a las inmigraciones indoeuropeas y el próspero desarrollo de los colonizadores mediterráneos, ocasionaron que la Península quedará convertida en un mosaico de pueblos, tal y como luego aparecerá ante el conquistador romano. En grandes rasgos, ese abigarrado panorama puede ser reducido a las siguientes cuatro grandes áreas, que examinaremos siguiendo un orden inverso a sus niveles de desarrollo. l.

Los pueblos del Norte

Según observó Estrabón, un griego natural de Asia Menor que escribió en la época de Augusto, y cuya Geografía es para nosotros fuente básica de información, similares estadios de civilización aglutinan a cuatro pueblos nórdicos: galaicos, astures, cántabros y vascones. El nombre de estos últimos, propio en principio de una de las cuatro etnias existentes, pasó a designar con el tiempo al conjunto de las tribus vascas. Sus formas de vida fueron ciertamente rudimentarias. Habjtaron en castros o pequeños poblados, practicando una economía basada en el cultivo de la tierra y en la recolección de frutos naturales, entre los que cabe mencionar la bellota, de la que extraían harina para producir pan. Conocieron

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las propiedades medicinales de algunas plantas y practicaron como diversión favorita la danza, a la que concurrían en las noches de plenilunio los habitantes del poblado. Fue común la creencia en cierto dios de la guerra, al que sacrificaban ocasionalmente hombres y caballos en un clima de prácticas politeístas, augurios y predicciones. Los ejercicios bélicos eran practicados por el cántabro, provisto de dardo, escudo y puñal, cubriéndose quizá con cascos de cuero. Rehuyendo la guerra abierta, estos pueblos optaron preferentemente por guerrillas y emboscadas, en las que habrían de cobrar singular notoriedad las tropas de la caballería astur. 2. Los pueblos de la franja central: celtfberos y vacceos

Una amplia área sobre la meseta central dio cabida a dos grandes pueblos que ofrecen especial interés: los celtíberos en la parte oriental y los vacceos en la occidental. Los territorios meridionales albergaron asimismo a otros grupos étnicos de menor significación: carpetanos, oretanos y velones. Los últimos, instalados en demarcaciones geográficas relativamente precisas (carpetanos y oretanos al este; vetones al oeste), vi vieron en poblados y a veces en pequeñas ciudades fortificadas, trabajando con barro las piedras de las murallas. De economía típicamente pastoril, se han encontrado en la zona cultural vetona muchas esculturas de animales -vulgarmente conocidas como bichas, verracos, toricos, etc.- que tal vez sirvieron como hitos de demarcación de ciudades, simbolizando al tiempo una función protectora de carácter sagrado. Aunque a veces se designa con el nombre de celtíberos a los pueblos de toda la meseta, e incluso según vimos a los de España entera, propiamente nos referimos ahora a los que ocuparon el área oriental de la altiplanicie. En territorios montuosos y cubiertos de bosques, aparecen hacia el 600 a.c. unas tribus de pastores nómadas, los beribraces, de probable raigambre céltica y extraña ferocidad, que fundamentalmente se alimentaban de leche y queso. Más tarde la fusión de los diversos grupos étnicos en el pueblo celtíbero, consolida una economía pastoril que debió tener muy poco de bucólica y mucho de guerrera, abundando las luchas por apoderarse de los ganados. Allí la industria siderúrgica alcanza notable desarrollo, y ello tanto en su vertiente bélica para disponer de armas, como en el uso pacífico de fraguas donde se construían herramientas y aperos de labranza. Hubo cierta actividad agrícola en la zona de Numancia, cu_ltivándose el trigo y la cebada, de la que fabricaron una especie de cerveza llamada celia, consumida por los numantinos durante el sitio romano. No faltaron asimismo los tejedores de lana propios de la economía pastoril.

Lm celtlbem.,·.

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Los vacceos.

El rotectivismo.

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Los celtíberos debieron ser en tiempos de paz gentes hospitalarias, acogedoras del forastero en razón de principios religiosos, y con creencias más proclives al culto privado que al público. En la guerra, en cambio, su dureza y valor fueron proverbiales. De fácil fascinación ante jefes y caudillos, a quienes se vinculaban como clientes y devotos, los celtíberos vivieron en un clima evocador de las hazañas bélicas de los antepasados, propicio a estimular unas virtudes castrenses -arrojo, audacia, capacidad de resistencia, etc.- que llegaron a ser antológicas en las luchas con Roma. Con incansables soldados de a pie y expertos jinetes formaron guerrillas ofensivas, pero también ejércitos numerosos, en todo caso más capacitados para acciones rápidas que para mantener una estrategia a medio o largo plazo. Los vacceos, a su vez, se asentaron en la zona de la meseta que hoy es la Tierra de Campos y fueron un pueblo eminentemente agricultor. La gran producción de trigo no sólo satisfizo sus necesidades, sino que originó cuantiosos excedentes, codiciados por sus vecinos cántabros y astures. El cultivo del campo, y de forma especial el del trigo y vino, no les impidió en todo caso la práctica de actividades pastoriles. La notoriedad histórica de este pueblo tiene que ver con la práctica de una especie de colectivismo agrario, mencionado por Diodoro de Sicilia y objeto luego de sugerentes comentarios por parte de Joaquín Costa. Según aquel autor, los vacceos dividían los campos cada año, trabajando luego las parcelas sorteadas y poniendo la cosecha en común, con la entrega a cada cual de lo necesario para su sustento. Tal sistema colectivista, observado también en Dalmacia y la India, ha sido entendido por algunos como un temprano precedente del comunismo o de la socialización agraria. Caro Baraja no participa de tal interpretación, por observar entre otras cosas la existencia de estratos sociales diferenciados y de una casta dominante: "Si la reparticiórr de las tierras hubiera sido hecha en la forma que algunos de los comentadores políticos de Diodoro pretenden, no hubiera habido razón para que existieran ricos y pobres. Pero lo más probable es que cada ano se hiciera un sorteo entre las grandes familias de cada ciudad, que cada una de ellas trabajara el terreno arable que se le asignaba por suerte, que luego se pusiera el producto en grandes almacenes y que al final al jefe de cada una se le diera la parte que necesitaba y que debía ser grande, pues no hay que interpretar el cada cual del texto griego en el sentido de que fuera un pobre labrantín el aludido" (los pueblos de fapaña, 1, 171).

3.

Los pueblos del área oriental o ibérica

Geográficamente el área ibérica se extiende desde el norte de los Pirineos, a lo largo de la costa mediterránea, hasta la zona de Murcia. Con un

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fondo de afinidad, hubo allí notables diferencias en sus tres sectores principales, Cataluña, el valle central del Ebro y los territorios valencianos, conteniendo cada uno de ellos una rica variedad de pueblos. Así por ejemplo los cosetanos e indigetes en las tierras catalanas de Tarragona y el Ampurdán; los iacetanos {Jaca) e ilergetes {Lérida) en el valle del Ebro, y los contestanos {Alicante) y bastetanos {Baza) en el extremo meridional. Mención especial entre los pueblos del este, merece el balear, de cultura pastoril y acusado primitivismo. La ciudad, núcleo de convivencia, fue construida de ordinario en lugares elevados y protegida ocasionalmente con murallas. Las casas ibéricas eran pequeñas, por lo común, de una sola planta y con tejado de ramajes mezclados con barro. Probablemente tales viviendas corresponderían a familias monógamas y poco numerosas. El mundo económico, basado en el cultivo de es.as tierras fértiles, se caracterizó por la acuñación de moneda propia. Sin duda debido al influjo griego, hacia el siglo III a.C. aparece la dracma ibérica, con más fuerza en las cecas catalanas por su proximidad a la colonia de Ampurias. Posteriormente, ya en tiempos romanos, se fabricará también moneda ibérica del tipo del denario, con lo que tiene lugar la completa integración de esta zona en lo que, para entonces, pudiéramos llamar mercado monetario internacional. El comercio industrial ofrece a su vez dos puntos de referencia novedosos: el uso normal del hierro y la utilización del torno del alfarero, superando así la cerámica su carácter doméstico para convertirse en industria productiva. En el mundo cultural hay que subrayar dos fenómenos de alto rango: la escritura y el arte. La civilización ibérica fue la primera de las peninsulares que conoció el uso de la escritura, tanto en estos territorios del oriente como en la Turdetania. Las investigaciones de Gómez Moreno han esclarecido el cerrado enigma de la escritura ibérica, con un alfabeto cuyos signos más difíciles resultaron ser de tipo silábico. El arte, en fin, floreció con brillantez en la pintura sobre cerámica y de modo particular, en la escultura con representaciones de animales y seres mitológicos, apareciendo la figura humana sólo como excepción, sobresaliente por cierto en el caso de la Dama de Elche. 4.

Pueblos meridionales. Los turdetanos y Tartessos

El proceso colonizador de fenicios y griegos entró en contacto con unos pueblos meridionales, los turdetanos y tartesios, cuya rica civilización contrastaba ostensiblemente con la de las restantes comunidades indígenas de la Península. Esas relaciones de los tartesios con las gentes del Mediterrá-

Moneda y comcn-io.

Esf'riturn

y nrle.

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Elpmblema de Tartes.1·0.<.

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neo oriental, se vieron luego afectadas por la rivalidad existente entre griegos y cartagineses. La derrota de aquéllos (Alalía, 535 a.C.) supuso que los cartagineses destruyeran la capital, Tartessos, aniquilando su imperio a principios del siglo V. En el lógico interés que suscita el conocimiento de ese pueblo andaluz, con formas políticas, económicas y culturales de sorprendente desarrollo, ha incidido un problema complementario: la localización misma de Tartessos como cabeza de territorios identificados con el mito platónico de la Atlántida. En la época moderna el tema de Tartessos ha atraído así a múltiples investigadores, convirtiéndose en objeto de una dilatada bibliografía que da cabida tanto a rigurosos trabajos científicos, como a especulaciones pseudohistóricas y a pura leyenda o ficción. El epicentro de esa general inquietud por el problema tartésico, que ya había interesado a estudiosos renacentistas y muy en concreto al erudito jesuita Juan de Pineda en los inicios del siglo XVII, debe sin duda situarse en la publicación de un libro polémico, Tartessos, debido al historiador alemán Adolfo Schulten (18701960). Desde que esa obra apareció, las adhesiones, rectificaciones y réplicas a las tesis de Schulten han convertido sencillamente a la cuestión en un tema de moda. Procede en consecuencia diferenciar cuanto concierne a las formas de vida de ese pueblo, del problema estricto de la localización de Tartessos y sus conexiones mitológicas. Las fuentes escritas sobre Tartessos son de doble naturaleza. Por una parte las referencias bíblicas del Antiguo Testamento a esa Társis o Tarschisch. como la llamaban los fenicios. contenidas por ejemplo en el Génesis o en los libros proféticos de lsaías y Jeremías. Por otra, los textos griegos de múltiples autores: geógrafos, poetas, historiadores o filósofos, que califican como Tartessos a una ciudad, un río o un territorio, al parecer situado al sur de Espaíla.

Sociedad economía y cultura Gárgori.r

yHabi.1·.

Diferrmcindón .forinl.

Un escritor romano, Justino, al resumir hacia el año 300 d.C. la Historia Universal de Trogo Pompeyo, menciona la monarquía tartésica y refiere la existencia de los reyes míticos, Gárgoris, descubridor de la apicultura, y su hijo incestuoso Habis, héroe civilizador que enseñó al pueblo la agricultura, prohibió el trabajo a los nobles y organizó a los súbditos en siete ciudades o bien en siete órdenes o clases. Tales perfiles legendarios (Habis, como Rómulo y Remo, fue abandonado al nacer, siendo criado por una cierva) se convierten en realidad histórica con otros reyes (Argantonio y Therón) que aparecen al frente de un imperio extendido desde Huelva a Cartagena. La sociedad debió presentar agudas diferencias, con un sistema de castas cuyo grupo dominante lo fue por razón del nacimiento o de la actividad y trabajo, mientras numerosos esclavos formaban el estrato inferior. En un

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panorama de florecimiento urbanístico, quizás los grupos sociales, según su poder y riqueza, tuvieran acomodo separado en diversas zonas de la ciudad. Si el clásico texto de Justino (Ab hoc et ministeria servilia populo interdicta et plebs in septem urbes divisa) puede ser corregido, según propuso Schulten, leyendo la palabra ordines en lugar de urbes, el pueblo no habría sido distribuido en siete ciudades, sino que la ciudad misma constaría de barrios correspondientes a las distintas clases sociales. Las excavaciones arqueológicas de los últimos años han facilitado un mejor conocimiento de la economía tartésica, y en especial de las explotaciones mineras, fuente de riqueza de primer orden en una zona que ha sido calificada como El Dorado de Occidente. El reino de Tartessos gozó de fama legendaria por la abundancia de sus minerales y en especial de la plata, bien conocida por los comerciantes fenicios y que tal vez condicionó su propio asentamiento en Cádiz. La plata, extraída en generosos yacimientos como el del Cerro Salomón, sería embarcada en el Guadalquivir hasta Cádiz para su ulterior traslado a Oriente. La exportación, por la que se obtuvo una contrapartida de telas, joyas y otros objetos fenicios, no fue además de los minerales en bruto, sino que la plata y el cobre debieron ser antes tratados en los poblados tartésicos, convertidos así en verdaderos centros metalúrgicos de donde salían los productos ya manufacturados. La riqueza agrícola aparece como una de las mayores de la Península, dado que el campo andaluz fue pródigo en sus tres productos determinantes: trigo, vino y aceite. El último pilar de esa floreciente economía lo constituye la reserva ganadera, aludida en la leyenda de Habis, cuyas enseñanzas agrícolas contienen una referencia al uso del arado tirado por bueyes. De la abundancia de ganado bovino, con los grandes rebaños de toros en la cuenca del Guadalquivir, conservamos testimonios de diverso signo. La presencia de ese animal en el valle del Betis ha quedado simbolizada en el llamado toro de Porcuna (Jaén). Junto a la herencia jurídica de la cultura tartésica, que luego veremos, hay que recordar su escritura proyectada en testimonios literarios en verso. Las múltiples creencias religiosas, fruto de contactos con pueblos distintos, debieron abocar a un cierto sincretismo. Junto al característico culto al toro, destacan los dedicados al león (Nueva Carteya, Osuna) y a la esfinge alada, que aparece tanto tallada en esculturas como reproducida en monedas.

-

Tartessos y la Atlántida

La legendaria riqueza de un imperio tartésico desaparecido conecta con el mito platónico de la Atlántida, cuyo apoyo literario fundamental lo cons-

Minería.

A¡¡rirnltura y xnnn
Creencias.

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tituyen dos textos, uno del Timeo y otro del Critias, que según la síntesis del profesor Elvira, narran lo siguiente: "Hace muchos años existía «una isla frente al estrecho (de) ... las Columnas de Heracles. La isla en cuestión era más extensa que Litia y Asia reunidas», y era sede del imperio de los Atlantes. Allí Poseidón instaló una dinastía de monarcas descendientes suyos, que le adoraron en su templo y vivieron con gran prosperidad. La tierra era feraz en extremo: un anchuroso valle entre montañas, con numerosísimos cursos de agua, que producía tanto metales como madera, plantas, animales y frutos de los tipos más variados. Los Atlantes abrieron canales y construyeron una ciudad riquísima con varios cercos de murallas, puertos (pues eran grandes comerciantes), palacios, fuentes y baños, amén del templo a Poseidón. Fuera de los muros, los territorios de la Atlántida se repartían en diez reinos. cada cual con su organización y ejército propios. Periódicamente todos los reyes se reunían en la capital, donde ofrecían un toro a Poseidón y «juraban que su juicio estaría de acuerdo con las leyes escritas en la columna» del templo. Pero tan gran prosperidad pervirtió el ánimo de los Atlantes. y éstos se lanzaron a la conquista de todo el Mediterráneo. Sólo Atenas y Egipto supieron detener su invasión, y Zeus, para castigarlos, provocó un terrible cataclismo: «la isla Atlántida ... desapareció sepultada bajo las aguas» dejando unos bajíos y escollos que aún hoy se ven en el mar".

¿Constituyen estos textos una pura leyenda sin contenido real, tal como la juzgó Aristóteles, o tal vez Platón pretendió rescatar del olvido relatos que con un fondo de verdad habían llegado hasta él?. Platón, por boca de Critias, fundamenta sus conocimientos en la lectura de ciertos manuscritos de Solón que a su vez habrían sido traducidos de un texto egipcio. Semejante planteamiento despertó la obsesiva búsqueda de la Atlántida y, en la medida en que ella era identificada con Tartessos, tal como propuso Schulten, la búsqueda y el descubrimiento del Tartessos perdido. Pmible identifirarión La correlación Atlántida-Tartessos del hispanista alemán suscitó tan Atlñniidn-Tnr1e-'·"'-'· entusiastas adhesiones como severas críticas. Entre aquéllas destaca la de Henning, quien en un libro titulado Sobre los pueblos enigmáticos, llegó a afirmar que "si en la relación de Platón se sustituye el nombre de Atlántida por el de Tartessos, no habría necesidad de modificar apenas una frase". Ciertamente Schulten mismo no llegó tan lejos, manteniendo su tesis sobre la base de que la literatura griega (Homero por ejemplo, en la llíada o la Odisea) mezcla siempre lo imaginativo con cierta descripción real de lo geográfico donde la acción acontece. La polémica, en suma, ha dado paso en nuestros días a una valoración más compleja. Los diálogos platónicos podrían sintetizar una Atlántida-geográfica, tal vez correspondiente al mundo tartésico, con una Atlántida-cultural que coincide mejor con el mundo cretense. Por lo demás la localización de la ciudad de Tartessos se ha buscado, con base a las fuentes antiguas y muy en especial a la Ora Marítima de Avieno, en muy diversos lugares: Mesas de Asta, Coto de Doñana, ría de Huelva, etc. Lo único que parece restar leyenda o realidad.

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como seguro es el emplazamiento de la famosa capital en el sur de la Península, tal vez en la zona del bajo Guadalquivir. El tema de Tartessos aparece y reaparece en la historiografía. Tras las obras de Schulten fuera de España, y de Blazquez aquí, la más moderna y equilibrada exposición de conjunto es la de Mariano Torres Ortiz, Tarte.1·sos, publicada en 2002 por la Real Academia de la Historia.

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4. FUENTES DEL DERECHO Y SOCIEDAD POLITICA l. Costumbre v leyes como fuentes del Derecho A) DERECHO CONSUETUDINARIO PATRIARCAL Y MATRIARCAL

La carencia de noticias directas sobre el mundo jurídico de los pueblos primitivos no impide suponer la existencia de normas elementales de derecho consuetudinario, acordes con la ordenación propia de cada grupo social. La más remota actividad cazadora del hombre paleolítico, realizada en condiciones precarias, hubo de requerir unas mínimas reglas organizativas de acatamiento al jefe de la horda y de ordenación de funciones a la hora de emprender esa tarea colectiva, o luego, llegado el momento de aprovechar y repartir las piezas cobradas. Las mismas exigencias físicas propias de la caza atribuirían probablemente en ella a los hombres un papel principal, sin perjuicio de la participación femenina en el quehacer subsiguiente o complementario a la expedición venatoria y también en la recolección de frutos. Más adelante, la aparición de la cultura pastoril pudo favorecer un sistema patriarcal de carácter poligámico. La sociabilidad, previa a cualquier planteamiento jurídico, tuvo así dos premisas: la necesaria cohesión del grupo y el reparto del trabajo. Dicho de otro modo, debían concurrir muchos para hacer lo que había que hacer, pero no todos debían hacer lo mismo. De forma más o menos elemental, ahí está presente el derecho consuetudinario. Constan de otra parte testimonios sobre la existencia de un régimen matriarcal desde tiempos primitivos, ligado presumiblemente a las culturas agrícolas del Neolítico. Su desarrollo ulterior en los pueblos del norte, y en concreto entre los cántabros, es conocido por el relato de Estrabón: "Así entre los kántabroi es el hombre quien dota a la mujer, y son las mujeres las que heredan y las que se preocupan de casar a sus hermanos; esto constituye una especie de gynaikokratia, régimen que no es ciertamente civilizado" (Geografía, lll, 4, 18).

En verdad el texto de Estrabón autoriza a juzgar ese sistema como uno de los más "exageradamente matriarcales" (Caro Baroja). No se

Sixlemn

µntrinrrn/.

El mntrinrcnrlo.

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Et nvunrufodo.

Ln mvndn.

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trata sólo de la preponderancia de la mujer, sino que la constitución de la familia misma implica una estructura femenina en la filiación y el parentesco (régimen matrilineal). Al transmitirse la propiedad de las tierras a las hijas, quienes contraen matrimonio con ellas deben abandonar sus casas y familias. Semejante régimen se corresponde con la vigencia de la institución del avunculado, en tanto en cuanto, dedicada la mujer al cultivo de la tierra, el gobierno de la familia recae en su hermano si éste no se ha desvinculado. La importancia del avunculus aparece constatada en Cantabria (Schulten advirtió la existencia de lápidas dedicadas a él), y también en Asturias y León. El marido queda relegado a una posición secundaria, aunque tal vez conservando cierta autoridad moral. Al menos eso parece deducirse de otro relato de Estrabón, si es que no constituye una anécdota aislada, según el cual, durante las guerras con Roma, un padre ordenó al hijo que diera muerte a la madre y hermanos a fin de evitar que cayeran prisioneros. El régimen matriarcal fue posible gracias a la extraordinaria fortaleza física de la mujer, ostensible en otra institución, la cavada, también apreciada por Estrabón entre los cántabros: " ... es cosa común entre ellos, la valentía, no sólo en los hombres, sino también en las mujeres. Estas cultivan la tierra; apenas han dado a luz, ceden el lecho a sus maridos y los cuidan. Con frecuencia paren en plena labor. y lavan al recién nacido inclinándose sobre la corriente de un arroyo, envolviéndole luego" (Geografía, 111, 4, 17).

La sustitución de la madre por el padre en el lecho, recibiendo él los cuidados debidos a ella, respondió tal vez al deseo de hacer explícita ante terceros la atribución de una paternidad susceptible de duda. Con algunas variantes, tal práctica existió también en otros pueblos (los corsos, por ejemplo) y en distintas zonas del norte español, persistiendo sus vestigios, en etapas más recientes, en algunos lugares de Baleares y Canarias. Otros pasajes jurídicos de Estrabón mencionan el despeñamiento de los criminales, la lapidación del parricida o la práctica de matrimonios al modo griego, lo cual puede entenderse en el sentido de que se casaban con una sola mujer (Schulten), o como mera alusión a la similitud de los ritos nupciales (Caro Baraja). B) EL DERECHO ESCRITO EN TARTESSOS L~yes 1nrté-

sicns.

A la doble consideración de lo mítico y lo real, propia del terna tartésico, hay que referir las noticias que nos hablan de un derecho escrito._ Por un lado la propia leyenda de Gárgoris y Habis, tal corno la presenta Justino, relata que el hijo, una vez convertido en monarca, "sometió a leyes al pueblo incivilizado". Ello constituye una parte o unidad compositiva del mito

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global, es decir un mitema, susceptible de interpretación en el conjunto de la leyenda (Pérez-Prendes). Pero existe además cierta significativa referencia que pretende corresponderse con la realidad misma. Refiriéndose a los turdetanos, y tras ponderar su cultura, Estrabón observa que "tienen escritos de antigua memoria, poemas y leyes en verso, que ellos dicen de seis mil años" (Geografía, III, 1, 6). Con independencia de una duda concreta que ese texto ha suscitado, en tanto en cuanto pudiera suceder que en el original proceda leer epón (versos) en lugar de etón (años), con lo que las leyes constarían de seis mil versos, es clara y explícita la afirmación de un derecho legislado. Y merece además cierto crédito no ya sólo por el propio autor, sino porque Estrabón rodea su aserto de otras aseveraciones que han resultado perfectamente comprobadas: la existencia de una escritura de los tartesios y que su lengua era distinta a la de los iberos. En última instancia tales leyes no resultarían un fenómeno insólito, por cuanto se ha constatado la existencia de otras en diversos pueblos del Mediterráneo oriental, con quienes precisamente los tartesios mantuvieron intensas relaciones. Es de señalar finalmente que desconocemos el posible derecho escrito de las colonias fundadas por fenicios y griegos, a semejanza del que sin duda existió en las metrópolis de estos pueblos. 11. Estructura de la sociedad politica

La sociedad primitiva se jerarquizó en diversos estratos o clases. El acceso a las superiores debió estar determinado por el nacimiento, por los méritos bélicos e incluso por la edad, a la vista en este último caso del papel preponderante que a menudo desempeñan los consejos de ancianos en algunas comunidades. Los componentes de las clases rectoras, probablemente dueños de latifundios y tierras, fueron calificados por los romanos corno "nobles" (nobiles, maximi nati). Tal vez ellos ocuparon en los núcleos urbanos unas zonas preferentes, hipótesis favorecida por el posible asentamiento de las clases sociales tartésicas en barrios separados, y también por el ejemplo de Retógenes en Numancia, quien sabemos vivía en la parte más bella de la ciudad (vicum suum qui in ea urbe speciosissimus erat). En un grado inferior de la escala social figura la gran masa de cultivadores y pastores libres. Existió asimismo la esclavitud. Hubo esclavos que pertenecían a dueños particulares y que sin duda fueron objeto de comercio. El paso a la esclavitud de gentes libres estuvo a veces relacionado con la desgracia en acciones bélicas, según les sucedió a los turdetanos que habían alentado a Aníbal en la guerra con Sagunto, y que fueron vencidos y vendidos como

Cla.\e.1o sonale.<.

96 úu .,·iervo.,· públicos.

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esclavos. Más interesante resulta el tipo institucional de los siervos públicos, o dependientes de una comunidad política, cuya presencia nos consta por cierto decreto de Lucio Emilio Paulo, propretor romano de la provincia Ulterior, correspondiente al año 189 a.C. El texto figura en una tabla de bronce descubierta en 1866 cerca de Alcalá de los Gazules, custodiada ahora en el Museo del Louvre. La inscripción debió hacerse un siglo después del decreto. La edición crítica del texto, con los comentarios pertinentes, figura en la Epigrafía jurídica de la España romana, de Alvaro d'Ors.

El decreto concedió la libertad a los esclavos de cierto lugar, la Torre Lascutana, perteneciente a la ciudad de Hasta Regia. Al haberse aliado los esclavos con los romanos en la lucha que éstos mantenían con la ciudad, fueron liberados por Emilio Paulo de su dependencia servil respecto a Hasta, lo que expresa la peculiar situación jurídica de quienes como vasallos poseían tierras en beneficio de la ciudad dominadora. Junto a este decreto, que autoriza a los lascutanos convertidos en hombres libres a tener las tierras en precario mientras el pueblo romano lo estime oportuno, se ha visto asimismo otro ejemplo de siervos públicos en los hijos de los soldados romanos y mujeres españolas, manumitidos por el pretor romano Lucio Canuleyo, y que como libertos -según testimonio de Tito Livio- fueron establecidos en la ciudad ibera de Carteya. Se trataba, en fin, de gentes sometidas a núcleos urbanos dependientes del dominio de otras ciudades, cuyos habitantes serían considerados como esclavos de la comunidad pública hegemónica. A) ln gen.,.

lns gentilidades.

GENS Y GENTILIDADES

No nos son conocidos los nombres, variables además según las lenguas, con que los pueblos indígenas designaron a la propia comunidad política. Esta fue llamada por los romanos tribu o gens, recibiendo también el nombre de centuria, quizá prevalente en las zonas habitadas por pueblos galaicos; así cierta lápida funeraria hallada en Vegadeo, evoca la memoria de un difunto perteneciente a la centuria Cariaca. Por otra parte nos encontramos con las llamadas gentilidades o parentelas. Los estudios de Schulten sobre las guerras cántabras sitúan a la gentilidad como una forma intermedia entre la tribu y las familias. La gentilidad sería así una especie de clan o grupo suprafamiliar con significación en la vida pública. Los derechos del individuo derivan de su pertenencia a tal o cual gentilidad, que por otra parte interviene en acuerdos o pactos a través de quien la representa o tal vez de quien es su propia autoridad. Semejante esquema (la gens que da cabida a varios grupos menores de gentilitates) es claro en uno de los dos pactos de hospitalidad que ve-

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remos en el epígrafe siguiente. Se trata de un acuerdo de dos gentilidades de la misma gens, suscrito el año 27. Pero en el segundo, del año 152, las mismas gentilidades acogen a tres individuos de otras gentes distintas, lo que llevó a Hübner a afirmar que para esa avanzada etapa de mediados del siglo II, los términos gens y gentilitas eran equivalentes. Tal interpretación, acogida por algunos autores, ha sido rechazada por Mangas, quien propone como definitiva una organización indígena con arreglo a los siguientes parámetros: gens, unidad de primer orden; gentilitas, unidad de segundo orden;Jamilia, unidad de tercer orden. Señalemos además que cierta referencia de Estrabón respecto a la lapidación de los parricidas "fuera de los límites de su patria o de su ciudad", denota la existencia de un territorio considerado como propio de la comunidad. Ahora bien, ¿era esa comunidad la gentil itas?. García-Gallo parece entenderlo así. Caro Baroja lo duda. B) LOS VINCULOS DE SOLIDARIDAD PUBLICA: HOSPICIO U HOSPITALIDAD

Al ser las gentilidades grupos cerrados dentro de una gens más amplia, y fundamentar además la identidad jurídica del individuo, forman clanes cuya insolidaridad y fuerza van en detrimento de la cohesión de la comunidad política organizada que podemos entender como Estado. Elemento corrector de ese fenómeno fue una institución conocida con el nombre de hospicio u hospitalidad, que amplía la protección social y jurídica de una gentilidad a miembros ajenos a ella. Así el extraño o huésped se acoge a la tutela del grupo social en que ingresa, pasando a ser considerado gentil o miembro de esa nueva gentilidad, con los mismos derechos que los restantes componentes de ella. En otras ocasiones el pacto tiene lugar entre dos grupos gentilicios, con lo que se produce la equiparación y reciprocidad jurídica de todos sus miembros. Los acuerdos quedan fijados por escrito, de la forma que cabe observar en los siguientes textos publicados por D'Ors: "El 4 de las calendas de mayo, siendo cónsules Marco Licinio Craso y Lucio Calpurnio Pisón. la gentilidad de los Desoncos. de la gens de los Zoelas, y la gentilidad de los Tridiavos, de la misma gens de los Zoelas. renovaron su antiguo y vetusto hospicio, y todos ellos. unos a otros, se recibieron en su fe y clientela y en la de sus hijos y descendientes. Lo llevaron a cabo Arausa, hijo de Bleceno. y Turayo, hijo de Clouto; Docio, hijo de Eleso; Magilo, hijo de Clouto; Bodecio, hijo de Burralo; Eleso, hijo de Clutamo; por medio de Abieno, hijo de Pontilo, magistrado de los Zoelas. Hecho en Curunda. · El cinco de los idus de julio, siendo cónsules Glabrión y Homulo, la misma gentilidad de los Desoncos y la gentilidad de los Tridiavos, recibieron en la misma clientela y alianza a Sempronio Perpetuo Omiaco, de la gens de los Avolgigoros; a Antonio Arquio de la gens

PnrtoHfe hospitnlidnd.

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de los Visáligos, y a Flavio Frontón Zoelas, de la gens de los Cabruagénigos. Actuaron Lucio Domicio Silo y Lucio Flavio Severo en Astorga" (Epigrafla jurídica de la fapaña romana, 374).

En ambos pactos de hospitalidad, que corresponden según señalamos a los años 27 y 152 de nuestra era, se aprecia la intervención de los representantes de las gentilidades. En el primero, relativo a un acuerdo entre dos parentelas, los beneficios se estipulan para quienes las componen, pero también para sus descendientes. En el segundo advertimos la presencia de huéspedes que pertenecen a gentes distintas. Es de señalar finalmente la presencia del magistrado de la gens, quien autoriza un acto que afecta al conjunto de la comunidad política, habida cuenta que, según ha observado García-Gallo, los pactos de hospitalidad debilitan la peculiar personalidad de la gentilitas al atenuar su hermetismo, y favorecen en consecuencia la cohesión de la propia gens. C)

Clientela y grupos dedimdos

ni mbo.

LOS VINCULOS DE SUMISION PERSONAL: CLIENTELA Y "DEVOTIO"

El establecimiento de diversos vínculos de sumisión personal fue debido a la idiosincrasia de los españoles primitivos y, muy concretamente, de los iberos, caracterizados por su capacidad de seducción ante las cualidades personales de jefes o caudillos. Según parece, los iberos se agrupaban de forma espontánea alrededor de personajes con especial arrojo y poder de atracción, cualquiera que fuera su origen. Con parejo fervor fue seguido así el lusitano Viriato y el romano Sertorio. La imagen misma del guerrero aislado, como cabeza de un grupo de admiradores y leales , tuvo que ver en principio con las precarias condiciones de vida y la carencia de propiedad territorial. Diodoro nos cuenta que quienes "están apurados de fortuna, pero descuellan en fuerza física y en denuedo", se juntan con otros en las montañas para formar ejércitos que "recorren Iberia y amontonan riquezas por medio del robo". Los escritores griegos y latinos valoraron así a los grupos y sus caudillos, con el juicio poco airoso que merecen quienes se dedican al asalto y al saqueo. Un personaje tan relevante como Viriato será simplemente calificado por Orosio como "pastor y ladrón" (horno pastora/is et latro) . l.

La. clientela militar

La clientela, como la hospitalidad, supone un pacto que engendra una nueva relación y las obligaciones subsiguientes. Ahora bien, así como la hospitalidad se realiza entre un individuo y el grupo social extraño, y genera además la igualdad propia del otorgamiento al huésped de los derechos del

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grupo, la clientela crea un vínculo de sumisión de persona a persona. El cliente se acoge a la protección o sustento del patrono, quien recibe a cambio su fidelidad y servicios. Por la naturaleza de la acción bélica característica de la época, la clientela aparece frecuentemente bajo la forma más concreta de la clientela militar, con lo cual los servicios del cliente consisten en su ayuda y asistencia en las actividades guerreras. La protección del patrono incluirá en este caso facilitarle armas. La clientela se establece mediante juramento, reconociendo el cliente en el patrono a su jefe o rey. La fe jurada constituye la única garantía de las obligaciones objeto del pacto, y su ruptura depende del incumplimiento del acuerdo: falta de protección al cliente, exigencias inmoderadas, etc. Obviamente una institución de tal naturaleza hubo de debilitar los vínculos públicos del individuo con su gens o gentilidad, porque incluso no fue infrecuente que el patrono perteneciera a una comunidad política distinta a la del cliente.

2.

La "devotio" ibérica

La clientela militar revistió en España características peculiares por la incidencia en el pacto de elementos religiosos, lo que la transformó en la llamada devotio ibérica. En ella los clientes consagran su vida a las divinidades infernales, ofreciéndola a cambio de la del jefe o caudillo. El sentido de esa consagración estriba en que los dioses prefieran que en el combate se inmole la vida del cliente o devoto a la del patrono. Si no sucediera así y el caudillo resultase muerto, el cliente ha de entender que la deidad le juzgó indigno al rechazar su ofrenda, y en consecuencia debe suicidarse. Este es el contenido fundamental de esa devotio ibérica, estudiada por Ramos Loscertales, institución que plantea algunos problemas dignos de consideración. En primer lugar la dificultad de distinguir los testimonios relativos a la clientela militar de aquellos otros propios de la devotio, habida cuenta de que los primitivos españoles acostumbraron a trascendental izar de alguna forma los pactos privados con jefes militares. Cuando el régulo Indíbil formaliza su acuerdo con Escipión, se arrodilla ante él, le llama "rey" y le propone un cierto tipo de consagración personal por vida. Ramos hizo notar la confluencia en semejante acto de dos concepciones claramente distintas: la personalista del ibero, que cree pactar con otro hombre y no con el Estado romano, y la institucional del famoso militar, quien inclinado más bien a un acuerdo entre dos pueblos, se resiste a ser llamado rey y así lo advierte a los españoles:

Clientela militar y "devO/io".

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" ... pero viendo que después de la batalla todos le llamaban rey, hizo alto sobre el asunto. Y así, habiendo hecho juntar a los españoles, les dijo que quería que todos le tuviesen por un hombre de ánimo real y serlo en efecto, pero que no quería ser rey ni que nadie se lo llamase" (Polibio, Historia romnnn, libro 10). "Devotio" rr>-

mnnn y "tlevotio" ibiricn.

En segundo lugar, esa consagración ibérica resultó peculiar pero no absolutamente novedosa para unos romanos que disponían de cierta institución parecida, su propia devotio, empleada exclusivamente en la guerra y que a veces consistió en la consagración del territorio enemigo a las divinidades infernales mediante una serie de fórmulas mágicas. En el fondo de la devotio romana hay un elemento constante: desear el aniquilamiento del adversario. Los devotos iberos, llamados por Cesar soldurios, pretendieron en cambio tanto una asistencia social recíproca, como sobre todo desviar la muerte del jefe elegido hacia aquellos que le seguían. El objetivo característico es pues salvar la vida del caudillo, a lo que queda subordinada la salvación de sus fieles. Así se aprecia en un célebre relato de las Vidas paralelas de Plutarco, referido a Sertorio: "Siendo costumbre entre los españoles que los que hacían formación aparte con el general , perecieran con él si venía a morir -a lo que aquellos bárbaros llamaban consagración-, al lado de los demás generales sólo se ponían algunos de sus asistentes y amigos, pero a Sertorio le seguían muchos millares de hombres, resueltos a hacer por él esta especie de consagración. Así se dice que en ocasión de retirarse a una ciudad, teniendo ya a los enemigos cerca, los españoles, olvidados de sí mismos, salvaron a Sertorio, tomándole sobre sus hombros y pasándole así de uno a otro hasta ponerlo encima de los muros ; y luego que tuvieron en seguridad a su general. cada uno se dio a la fuga. "

Renlitlntl del xuiridio_v su justijirncúín.

Ahora bien, muerto el jefe militar, ¿cumplían de hecho los soldurios esa promesa de quitarse la vida, implícita en la consagración al caudillo?. Y además, ¿qué factores concurrieron en considerar al suicidio como el desenlace adecuado a semejantes circunstancias?. La primera pregunta es respondida por Julio César en un lacónico comentario: "No se ha encontrado memoria de hombre alguno que, habiendo muerto aquél a cuya memoria se consagró, se niegue a su vez a morir".

La justificación del suicidio, por otro lado, ya la advertimos en la presunta indignidad del guerrero que ha ofrecido su vida y no le ha sido aceptada. No obstante, tal fenómeno sólo es comprensible en un contexto de valor, fanatismo y desprecio por la vida, característico de esos pueblos, cuyas gentes eran, en expresión de Silio, "de ánimo fácil y propenso a la muerte" (prodiga gens animae, et properarefacillima mortem). La vida tenía sentido de cara al ejercicio bélico; y el mismo escritor, tras ponderar la resistencia física de los cántabros, explica que quienes se sentían viejos e

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iUl

incapacitados procedían a despeñarse por ser ya inútiles para la guerra. Algo semejante observó Tito Livio en la gente desarmada por Catón, que también se quitó la vida "porque no podían vivir sin guerrear" (Jerox genus nullam vitam rati sine armis esse). En tal actitud influiría sin duda el temor a caer en manos del enemigo, llevando al suicidio no sólo a individuos aislados sino incluso a sus clientelas, según aconteció con el grupo de Retógenes en Numancia, y hasta a ciudades enteras como fue el caso de Astapa. Justificar la vida del cliente tras la muerte del jefe militar resultó en suma imposible para quienes creían que era ilícito, en expresión de Valerio, el mero hecho de sobrevivirle (nejas .. superesse). Aun con algunas dudas, parece que se trata siempre del supuesto de muerte violenta del caudillo, y no de la puramente natural, pues sólo en aquélla cabía presumir un posible incumplimiento del deber de defensa por parte del devoto. D) REYES Y ASAMBLEAS CnJDADANAS

El régimen político de los Estados prerromanos fue unas veces monárquico, regido por personas que ostentan un supremo poder y lo transmiten por herencia, y otras aristocrático, desempeñado por magistrados elegidos por un cierto tiempo. La comunidad política solía tener su centro en una ciudad, proyectándose a veces el dominio a la zona circundante, a otras ciudades menores que dependían de ella, e incluso a un vasto territorio según fue el caso del llamado imperio de Tartessos. l.

Reyes, régulos y príncipes

Los escritores romanos llamaron con frecuencia "rey" al jefe de la comunidad política de los pueblos primitivos, y "reyezuelo" (regulus) a quien estaba al frente de las organizaciones aristocráticas de la ciudad, o bien era el simple caudillo de una clientela. En todo caso, tal distinción es sólo aproximada y cualquier término puede ser interpretado en sentido ambivalente. En el mundo celtíbero se habla con cierta frecuencia de régulos o reyezuelos, apareciendo sólo como rex un tal Hilemo, a quien ciertos escritores aluden al destacar su derrota ante los romanos. Más frecuentes son, según observa Caro Baroja, las menciones a "príncipes". El princeps aparece a veces como el hombre más importante de una tribu o ciudad, y otras como un miembro más de la casta nobiliaria dominante. El acceso al poder debió ser objeto de pugnas y enfrentamientos. Sabemos así de la lucha entablada ante Escipión por dos primos hermanos (Corbis y Orsua), quienes se disputaban el principado de cierta ciudad llamada Ibis. Ello tanto pudo significar que existía una norma reguladora de esa sucesión

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a la que ambos se creían con dere~ho (Caro Baroja), como la carencia de ella, lo que dejaba el principado a merced de la fuerza y audacia. En todo caso, el combate de esos primos, que en vano intentó evitar Escipión, debió resultar sorprendente a los ojos romanos. Corbis, el mayor, venció al más joven, ofreciendo lo que Tito Livio calificó admirativamente de "insigne espectáculo". En Lusitania no debió darse la denominación de régulos y reyes, siendo mencionados en cambio algunos jefes militares, elegidos en asambleas populares. En Tartessos aparece perfectamente definida la institución monárquica, prefigurada en mitos y hecha realidad con reyes como Argantonio, quien pudo gobernar a su .pueblo durante ochenta años. Rodeados de boato y venerados quizás como descendientes de dioses, algunos de estos reyes andaluces fueron probablemente enterrados en ricos sepulcros megalíticos. 2.

Asambleas populares

En la vida política de los Estados indígenas existió una asamblea popular formada por todos los hombres libres (concilium) y otra aristocrática o senado que desempeñó un papel rector de naturaleza no bien conocida. Los relatos de Livio hacen referencia al senado de la ciudad de Sagunto, compuesto por una serie de "notables" (primores) que custodiaban el tesoro público y a quienes correspondía la adopción de las más importantes medidas, incluyendo la declaración de guerra. No sabemos bien cuáles pudieron ser las diferencias entre este senado saguntino y los consejos de ancianos de algunas otras ciudades. Cabe en todo caso presumir que los desacuerdos habidos en el seno de tales órganos colegiados tuvieron mucho que ver con los conflictos políticos entonces acaecidos. E) Colonim·

fenicia.\·.

COLONIAS FENICIAS Y GRIEGAS. LA SOCIEDAD POLITICA BAJO DOMINIO CARTAGINES

Las colonias fenicias y griegas debieron regirse por un sistema análogo a las metrópolis fundadoras. Al responder a intereses fundamentalmente comerciales, las colonias fenicias fueron tanto establecimientos oficiales (Cádiz) como meras delegaciones mercantiles de naturaleza privada. Unas y otras permanecían vinculadas a las ciudades promotoras por yínculos religiosos, de culto al dios púnico Melkart, cuyo santuario principal se encontraba en Tiro pero que también era venerado en la Península, figurando su imagen en las monedas de la época. A ese culto centralizado habrían de corresponder las colonias con la décima parte de los ingresos del erario público. Contando con una asamblea popular y un senado más restringido de

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composición aristocrática, su gobierno corrió a cargo de dos magistrados o jueces, los sujetes. La administración hacendística quedó en manos de un funcionario llamado sojer. El doble carácter político y comercial fue también característico de los establecimientos griegos, que aparecen así como auténticas colonias oficiales (cleruquías), o bien como simples factorías comerciales. Las colonias griegas mantuvieron estrechas relaciones con sus metrópolis de origen, previstas normalmente de antemano en un documento o carta (apoikia) que establecía cierta situación de igualdad, con lo que los conflictos eran resueltos por medio del arbitraje. Las colonias podían crear a su vez subcolonias o delegaciones dependientes, las cuales pagaban un tributo a esas poleis o ciudades fundadoras. En todo caso, el régimen interno de las colonias griegas en el Mediterráneo fue muy variable, observándose tanto un aristocraticismo pujante en las de Italia, como un sistema más democrático en las colonias orientales. El propio de los establecimientos hispánicos debió asemejarse al mantenido en la colonia de Marsella. La presencia cartaginesa en la Península desde mediados del siglo tercero a.C., de cara a su enfrentamiento con Roma, impuso un dominio irregular sobre la base del poder militar y de pactos de hospitalidad y clientela. Sus jefes fueron elegidos por el ejército en el seno de una familia, los Barcas, siendo aceptados con análogo carácter de autoridades militares por parte de los españoles. Así Asdrúbal, tras contraer matrimonio con la hija de un rey ibérico, fue proclamado por este pueblo como "general con plenos poderes". Al comentar Aristóteles en La Política el régimen de gobierno cartaginés, nos informa que la jefatura del Estado era desempeñada anualmente por dos magistrados (sujetes). existiendo asimismo la asamblea popular, un senado de quinientos miembros y cierta cámara, el tribunal de los ciento cuatro, que pudo tener funciones delegadas de carácter general y otras más específicas sobre cuestiones civiles y mercantiles. Tal sistema se corresponde con la organización política de Cádiz, y es de suponer que también luego con la de otras colonias, por cuanto sabemos por Tito Livio que en aquella ciudad el almirante cartaginés Magón hizo crucificar a los magistrados en el año 206 a.C., citando ese autor entre ellos a los dos sujetes y a quien estaba ef frente de la administración financiera, un sojer o quaestor. El centro político y militar de la España cartaginesa fue la ciudad de Cartago Nova (Cartagena), fundada por Asdrúbal y organizada a semejanza de la propia Cartago. El doble frente hispanoafricano implicó diferencias y tensiones que, pese a los esfuerzos de los Barcas o Bárquidas, nunca lograron ser superadas en la consolidación de un imperio cartaginés políticamente homogéneo.

Colon in.,· J:riexns.

Soriedad e institucione., polilica., cnrtn¡:ine.m.,·.

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ill.

ROMA Y LA VERTEBRACION DE ESPAÑA

109

5. EL PROCESO JURIDICO DE LA ROMANIZACION l. Derecho romano v Derechos indfgenas A) LA ROMANIZACION: CONSIDERACIONES GENERALES

La conquista de España por Roma y la colonización subsiguiente constituyen un fenómeno capital que determinará el sentido de la vida y cultura hispánicas desde entonces a nuestros días. No se trata así sólo de la importancia que quepa atribuir a un proceso generador de la unidad política de la Península, mediante la superación del fragmentarismo de épocas anteriores, sino de la incorporación de los pueblos ibéricos a aquella gran empresa cultural que, protagonizada por Roma, condujo en suma a la creación de Europa y al sistema de valores propio de la sociedad occidental. Sin riesgos pues de incurrir en exageración, cabe afirmar que cuanto ha acontecido después no es otra cosa que un conjunto de variables, más o menos importantes, a aquella mutación esencial representada por la incorporación de España al mundo romano. Esa cultura romana, profundamente original en el derecho y de sobresaliente eficiencia en las construcciones y obras públicas, fue sobre todo una cultura de síntesis, capaz de aglutinar las aportaciones espirituales, sociales y económicas de los diversos pueblos que formaron parte del Imperio. Roma creó así un sistema armónico, integrador del pensamiento griego y de las tradiciones culturales del Mediterráneo oriental, donde hizo acto de presencia histórica el Cristianismo, aportando a Occidente un orden jurídico, la pax romana, un desarrollo político-económico y, en suma, un clima espiritual en el que se dieron cita los que han sido considerados mejores logros del espíritu humano: "La metafísica griega, el derecho romano y la religión de Israel (dejando de lado su origen y destino divinos} son los tres productos más gigantescos del espíritu humano" (Zubiri, Naturaleza, Historia, Dios).

La Romanización significó así en España fundamentalmente dos cosas. De una parte la recepción de esa magna cultura sincrética que llamamos

Cu/1um rnmnnn.

110 LA Rnmaniuuüín

ESPAÑA ROMANA

cultura romana. De otra, la expansión del Cristianismo. Obviamente la Romanización fue un largo proceso, desigualmente asimilado por distintos países y, dentro de ellos, por los diversos territorios y pueblos, quienes al recibir el legado romano aportaron sus propios particularismos a ese gran sistema de signo eminentemente receptivo. La fluidez en el intercambio de ideas y creencias, corrientes artísticas, organización política y desarrollo social, es decir, de todo lo que hizo fácil el mutuo enriquecimiento, fue posible por la unidad política del Imperio, por la fuerza ordenadora de su derecho, por la base linguística de un idioma común y hasta por la red de vías y comunicaciones que formaron la infraestructura del gigantesco mundo romano. B) ROMA EN ESPAÑA: PACTOS Y "DEDITIO"

Guerrns Púni·

ydtsembart·o de Roma en España.

rn.>

La primitiva ciudad de Roma, la urbs heredera de su antecesora la polis griega, se había convertido ya en una potencia bélica cuando a mediados del siglo III a.c. derrotó a los cartagineses en la primera guerra púnica e impuso su hegemonía en Italia, Cerdeña y Sicilia. Tras unos años de intervalo y cierto equilibrio, en los que Roma firmó con Asdrúbal el Tratado del Ebro (226 a.C.) para evitar que los cartagineses se expansionaran al norte del río y amenazaran así a las aliadas colonias griegas, se desencadenó el segundo conflicto bélico. Bien fuera debido a la toma de Sagunto por Aníbal, según es opinión mayoritariamente aceptada, o bien por presiones de sectores sociales en los senados romano y cartaginés (Picard, Mangas), el caso es que la nueva declaración de guerra se produjo y con ella tuvo lugar, el 218 a.C., el desembarco del ejército romano en Ampurias que inicia la presencia romana en España. Los hitos fundamentales de esta segunda guerra púnica fueron la toma por los romanos de Cartagena (209 a.C.), la batalla de llipa (Alcalá del Río) en el 207 a.C. y la rendición a Roma de la antigua colonia fenicia de Gades en el año siguiente. Al concluir la contienda, toda la costa este y sur de la Península estaba en manos romanas.

Desde esa fecha hasta el año 19 a.C., en que Augusto sometió definitivamente a cántabros y astures, transcurren dos siglos de lenta conquista, entre incesantes guerras y rebeliones, lo que determinará desde el principio el diverso grado de romanización existente en unas y otras regiones. Las tierras andaluzas llevaban casi doscientos años de vida pacífica bajo el influjo romano, cuando Augusto en persona y sus propios legados pugnan por reprimir los últimos levantamientos de los pueblos del norte.' Al fin la Península quedó convertida en provincia pacificada (provincia pacata). La Iberia de los escritores griegos era ya conocida como Hispania por los romanos.

EL PROCESO JURIDICO

111

El nombre de Hüpania procede probablemente de Ispania, voz púnica que con el significado de "tierra de los conejos" se aplicó en principio a las zonas del sur y, más tarde, debido a los mismos cartagineses, a la totalidad de la Península.

En tan largo proceso de colonización vinieron a España los ejércitos romanos, pero también tras ellos numerosos comerciantes, agentes de negocios y emigrantes itálicos en general, quienes se fueron estableciendo conforme Jo permitían las condiciones de la conquista. En términos generales hay que observar que Roma respetó la vida política de las comunidades indígenas siempre que éstas aceptaran su hegemonía, sojuzgándolas en cambio cuando ofrecieron resistencia armada. A esas dos actitudes de los pueblos hispánicos correspondieron las dos formas ordenadoras de la presencia romana: los tratados (foedera) en el primer caso, o la exigencia de rendición incondicional (deditio) en el segundo. El pacto o foedus supuso la sumisión pacífica y una cierta alianza entre los dos pueblos, el romano y el indígena, si bien, según advertimos antes, los españoles parecieron entender que pactaban no tanto con un Estado cuanto con los caudillos romanos a título personal. En todo caso los acuerdos se presentaron bien en un marco de amistad y cierta igualdad, el llamado "pacto equitativo" (foedus aequum), o bajo la fórmula de sumisión sin ambages a la soberanía romana: "pacto inicuo" (foedus iniquum). La alteración de las cláusulas del convenio o su violación por parte de los indígenas, llevaron a los romanos a sentirse liberados del compromiso, exigiendo la rendición sin condiciones. Es lo que sucedió por ejemplo con la ciudad de Segeda, cuando pretendió construir una muralla que los romanos entendieron vulneraba los pactos suscritos con Sempronio Graco. La deditio constituye el desenlace de la resistencia armada de quienes se han negado a capitular. Pese a que algunos autores vieron en la deditio manifestaciones diversas de fondo contractualista (para Mommsen fue un contrato internacional; para Ginsburg, un contrato de clientela; para Segré, una mera convención) parece claro su carácter de rendición incondicional. Las ciudades así vencidas quedan como ciudades dediticias, que unas veces subsisten pagando un tributo a Roma (ciudades estipendiarias) y otras perecen arrasadas, pasando su territorio a ser dominio romano. Los habitantes pierden sus derechos y organización política, y ocasionalmente también la libertad convirtiéndose en esclavos a merced de los conquistadores, si es que ellos mismos antes no optan por darse muerte. Así sucedió en el caso de Numancia, al rendirse ante Escipión en agosto del año 133 a.C., según el relato de Apiano Alejandrino en Las guerras ibéricas: "(Escipión) les mandó que aquel mismo día llevasen las armas a un lugar señalado, y al día siguiente se presentasen ellos en otro lugar. Pero ellos aplazaron

Lo.1 pnr'I0.1.

Ln "dedi1io "

112

ESPAÑA ROMANA

el cumplimiento de esta orden, confesando que muchos aspiraban aún a la libertad, prefiriendo perder sus vidas; por lo que pidieron que se les dejase un día para dispone1 de su muerte ... Convenida la rendición, los que así lo prefirieron se dieron muerte, cada uno a su manera. Los restantes acudieron al tercer día al lugar designado, espectáculc terrible y prodigioso ... Guardándose cincuenta para el triunfo, Escipión vendió todos los restantes y arrasó la ciudad" .

Con independencia de que la conquista de España respondiera a un plan global concebido desde el principio, o bien fuera fruto de estrategias sucesivas, Roma consideró a España territorio provincial y desde el 193 a.c . lo dividió en dos provincias, Citerior y Ulterior, que dieron cabida durante el proceso colonizador tanto a esas ciudades indígenas de diversa condición jurídica, como también a los establecimientos romanos (colonias) donde rigió el derecho de la metrópoli. Coexistieron así los ordenamientos jurídicos indígenas con el propio ordenamiento romano, que a efectos de las personas integradas en el Imperio distinguió entre los propios ciudadanos romanos, los latinos y los peregrinos. Fuera, más allá de las fronteras, quedaban los bárbaros. l. Citufndnno.,·.

uuinoJ.

Pere,:rino.,·.

Ciudadanos, latinos y peregrinos

Los ciudadanos romanos (cives romani) forman parte del pueblo de Roma y ostentan la plenitud de los derechos civiles y políticos. Estos ciudadanos son personas jurídicamente capaces que intervienen en el gobierno de la civitas romana y de los territorios a ella incorporados. Los latinos constituyen una categoría inferior. Su origen se remonta a la situación de los pueblos del Lacio confederados con Roma (latini prisci), convertida luego en una cuasi-ciudadanía o ius latii aplicada a personas de las provincias que forman parte del Imperio. Quienes eran titulares de ese ius latii se regían por el derecho romano en lo relativo a asuntos comerciales y patrimoniales (ius commercium), pero de ordinario no podían usar de él en lo relativo a otras cuestiones civiles -el matrimonio con romanos (ius connubii)- ni por supuesto en el ejercicio de los derechos estrictamente políticos: derecho al voto (ius sufragii) o a ser elegidos para desempeñar cargos en Roma (ius honorum). Los peregrinos son en general los extranjeros o no ciudadanos que viven en el Imperio. En ese sentido, como D'Ors señala, son peregrinos los mismos latinos, si bien en una acepción más propia que excluye a los latinos, se considera peregrinos a los extranjeros que habitan en el mundo romano conviviendo según las normas amplias del derecho de gentes.

EL PROCESO JURIDICO

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2. Las concesiones selectivas del derecho romano Los beneficios correspondientes al ordenamiento jurídico del pueblo dominante, es decir, los propios del derecho romano, se atribuyeron en principio no de forma global sino mediante un procedimiento selectivo y matizado. Hasta la concesión por Caracalla en el siglo III de la ciudadanía romana a todos los habitantes del Imperio, el acceso al derecho romano se limitó normalmente al nivel intermedio de la latinidad, y fue entendido siempre como una recompensa específica a particulares en el supuesto de otorgarles esa latinidad o la entera ciudadanía. Bajo tales supuestos hay que contemplar la progresiva adquisición del derecho romano por los españoles. En la Península nos encontramos con que al margen del derecho romano que rige a los ciudadanos venidos aquí, el mismo derecho se concede de forma esporádica a determinados indígenas en atención a sus méritos. Nos consta así que por una ley del año 89 a.C., Cneo Pompeyo convirtió en ciudadanos a una serie de caballeros españoles como premio a su valor (virtutis causa, equites hispanos cives romanos fecit). Con su contenido propio, más restringido, fue otorgado el derecho latino tanto a individuos aislados como a grupos enteros. Según sabemos por Tito Livio, revistió singular importancia la concesión de la latinidad en el 171 a.C. a más de cuatro mil hombres nacidos de soldados romanos y mujeres españolas, entre quienes no se había dado el matrimonio romano (cum quibus connubium non esset). El disfrute de la latinidad fue además un paso intermedio para adquirir la ciudadanía en el caso de desempeñar magistraturas municipales, cuyos titulares y familias quedaban automáticamente convertidos en ciudadanos romanos. Como tales fueron reconocidos, por ejemplo, por la Ley de Salpensa, los ediles y cuestores, junto a sus mujeres, ascendientes y descendientes. Ese específico derecho de los magistrados municipales, llamado minus Latium, fue ampliado a comienzos del siglo II, durante el gobierno de Adriano, convirtiéndose en el maius Latium, que prolongaba idéntico beneficio a la totalidad de los miembros del consejo municipal. Por otra parte la concesión del ius latii a una ciudad permitía que se organizara de modo análogo a las colonias de ciudadanos romanos, disfrutando sus habitantes de una condición similar a la de éstos. D. Las concesiones generales del Derecho Romano A) EL OTORGAMIENTO DE LA LATINIDAD POR VESPASIANO

Al margen de que personas o grupos recibieran el derecho romano completo o el más restringido ius latii, el resto de los españoles libres persistió

Conce.'iione.'i de riudndanín.

Concesiones de

lntinidnd.

Minu.\ lntium y Mnius lntium.

114

ESPAÑA ROMANA

en su condición de peregrinos, lo que les hizo regirse por el propio derecho tanto en las relaciones privadas como en las públicas no reguladas por el derecho provincial romano. Tal situación se mantuvo hasta que Vespasiano otorgó la latinidad a todos los españoles. El texto de esa fundamental disposición no nos es directamente conocido, sabiendo de ella por una breve referencia de la Historia Natural de Plinio: "Universae Hispaniae, Vespasianus lmperator Augustus, iactatum procellis rei publicae latium tribuit". Ferhnde ln conresilm.

Alcance.

Efectos indirrctos: n<"r r .w ma·

.,iw, ni de recho romano.

El hecho de que Vespasiano concediera a toda España el derecho latino cuando se vio lanzado a intervenir en las luchas políticas, encierra una serie de problemas que arrancan de la propia datación del otorgamiento. Bosworth sostuvo recientemente que había tenido lugar en el bienio 70-71, si bien tras las observaciones ulteriores de Wiegels parece que habría que volver a la tesis tradicional que se remite al año 73 o al 74, y quizás más precisamente a esta última fecha. La segunda cuestión, de mucha mayor importancia, tiene que ver con el alcance real de la concesión misma. Aunque no todas las ciudades indígenas se convertirían en seguida en municipios latinos, muchas de ellas lo hicieron, organizándose mediante leyes especiales que tal vez pretendieron conservar también su antiguo derecho local. Ya en el 75 nos consta la gratitud de algunos munícipes hacia Vespasiano, por cuanto debido a su benévola disposición habían alcanzado la ciudadanía romana. Tras la concesión, cada ciudad habría quedado adscrita a alguna de las tribus romanas existentes. Ciertamente cabe pensar que se trataba de un simple, aunque general, otorgamiento del derecho latino, lo cual a efectos del acceso al conjunto del derecho romano significaba sólo un primer paso, por cuanto en función del minus Latium se requería el desempeño de una magistratura municipal para la integración en el status de ciudadano. Sin embargo, teniendo en cuenta el alcance familiar del beneficio, que llevó consigo la transformación en ciudadanos de los parientes del magistrado, cabe afirmar que en cierto modo la disposición de Vespasiano, convirtió en ciudadanos romanos a buena parte de los españoles. Alvaro d'Ors lo explica así: "Sin embargo, como el beneficio no era estrictamente personal , sino que se extendía a los ascendientes, mujer, hijos y descendientes por vía masculina, por más que en cada año sólo los seis o pocos más magistrados recibieran aquel beneficio, la extensión del número de los cives Romani alcanzó en pocos años unas proporciones suficientes para que se pudiera decir que Vespasiano había hecho cive.1· todos los españoles. Por lo demás, el que subsistieran algunos Latini no cives significaba muy poco, ya que se equiparaban en el comercium y en el disfrute de la autonomía municipal" .

a

(Epigrafíajur(dica, 150).

EL PROCESO JURIDICO

115

Por lo demás, los efectos expansivos de la decisión de Vespasiano, quien según el propio D'Ors tal vez concedió incluso el maius Latium, resultaron notoriamente potenciados por el seguro otorgamiento de ese maius Latium en el siglo 11. Al ser suficiente la pertenencia a los amplios consejos municipales para acceder a la ciudadanía romana, y al hacerse ademas extensivo ese beneficio a las familias de los decuriones, la ciudadanía debió alcanzar durante los cien años que transcurrieron de Adriano a Caracalla a la inmensa mayoría de los índígenas. La concesión de Vespasiano favoreció, en fin, a la burguesía ciudadana, dando satisfacción a una de sus más añejas aspiraciones. No obstante la buena acogida general, hubo también reservas y actitudes reticentes en algunas comunidades indígenas, tal vez temerosas de una medida que arrastrara un aumento de la presión fiscal, o bien simplemente por el desinterés en adoptar el sistema de las magistraturas municipales romanas.

Aco[lida.

B) CARACALLA Y LA CONCESION DE LA CIUDADANIA

El proceso de romanización culmina con una Constitución del emperador Antonino Caracalla, promulgada el año 212, que otorga la ciudadanía a todos los súbditos del Imperio. Según el fragmento que conocemos de esa Constitutio Antoniniana, Caracalla dispuso lo siguiente: "Es menester ante todo referir a la divinidad las causas y motivos (de nuestros hechos); también yo tendría que dar gracias a los dioses inmortales porque con la presente victoria me honraron y guardaron salvo. Así, pues, creo de este modo poder satisfacer con magnificencia y piedad su grandeza al asociar el culto de los dioses a cuantos miles de hombres se agreguen a los nuestros. Otorgo, (pues), a todos cuantos se hallan en el orbe la ciudadanía romana, sin que quede nadie sin una ciudadanía excepto los dediticios. En efecto, conviene que todos, no sólo contribuyan en todo lo demás, sino que participen también de la victoria. Y esta constitución manifiesta la grandeza del pueblo romano ..." (trad. D'Ors, Documentos del Egipto romano, 203).

Si es cierto, por lo dicho antes, que la gran mayoría de los españoles libres eran ciudadanos en los albores del siglo III, la Constitución de Caracalla hubo de tener de hecho escasa repercusión en el mundo jurídico peninsular. Por la privilegiada situación de Hispania a raíz de Vespasiano, y por el más fácil y masivo acceso a la ciudadanía propio del maius Latium, la Constitutio Antoniniana sólo beneficiaría aquí a los sectores marginados que no habían conseguido acceder a la ciudadanía. En todo caso esta Constitución, por su trascendencia y proyección general al universo romano, merece algún comentario como resumen de los importantes trabajos que el profesor D'Ors le ha dedicado.

Con.,·titurión d~Camralla.

116

ESPAÑA ROMANA

El texto arriba recogido se encuentra en un papiro, el famoso papiro 40, descubierto en una localidad egipcia y conservado en el Museo de la Sociedad histórica de Hesse Superior, en la ciudad alemana de Giessen . El papiro contiene tres disposiciones distintas, una de las cuales es et fragmento de una traducción griega de la Constitución de Caracalla. El autor. Habida cuenta que la concesión de la ciudadanía, comentada por autores clásicos, había sido atribuida tanto a Caracalla como a otros emperadores , el papiro en cuestión resuelve el problema al contener en su primera línea el nombre de quien dispone el texto. La autoría de Caracalla, confirmada ahora, se encontraba reconocida en autores como Ulpiano y Dion Casio. la fecha. El fragmento carece de fecha . No obstante, considerando la datación del segundo edicto del papiro ( 11 de julio del 212), el cual presupone la existencia del que nos ocupa, y a la vista también de un acontecimiento (el asesinato de Geta) relacionado con nuestro documento y que tuvo lugar a fines del 211 o principios del 212, cabe asegurar que la Constitución Antoniniana fue dada entre los últimos meses del 211 y el 11 de julio de 212. Es decir, razonablemente en la primera mitad del 212. Ello descarta cualquier hipótesis sobre fecha distinta (v. gr. Bickermann había propuesto el 213).

l.

Teoría.< de Meytr y Segré.

Tesis de D'Ors. deditÍC:ÍilS tlianos.

Ú1S

La cláusula restrictiva de la "Constitutio Antoniniana"

La lectura del texto suscita una incógnita que constituye el centro polémico de la constitución imperial. Se otorga la ciudadanía romana a todos, sin que quede nadie sin una ciudadanía, excepto los dediticios. Tales palabras dan a entender que el alcance del beneficio no fue absolutamente general, puesto que se menciona una excepción. La cláusula ha sido así objeto de dos interpretaciones distintas. Para Meyer, en primer lugar, Caracalla habría concedido la ciudadanía a todos menos a los dediticios, debiéndose entender su mandato de que nadie quede sin ciudadanía en el sentido de que las organizaciones ciudadanas se mantuvieran incólumes a pesar de la generalización de esa ciudadanía romana. Para Gino Segré, en cambio, la concesión fue general y sin restricciones, refiriéndose la excepción de los dediticios a la continuidad de las propias organizaciones ciudadanas. Todas así seguirían inalteradas excepto las de los dediticios, afectadas por la cláusula restrictiva. La excepción en suma, a tenor de la primera tesis, recaería en las personas, los dediticios, mientras que con la segunda interpretación habría que remitirla a la organización de determinadas ciudades, las de los dediticios, pero no a ellos personalmente considerados. La tesis de Meyer era deudora de una vieja concepción, según la cual el edicto de Caracalla quiso beneficiar sólo a los habitantes de las ciudades, excluyendo así a unos peregrinos dediticios que supuestamente quedaban identificados con quienes vivían en el campo. En oposición a esa tesis, D'Ors negó que los peregrinos dediticios constituyeran una categoríajurí-

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dica determinada, situación que según él sí tenían los llamados dediticios elianos, es decir, aquellos esclavos delincuentes que al ser manumitidos obtenían la libertad por la ley Elia Sencia, quedando en un status peculiar puesto que no se hacían ni ciudadanos, ni latinos, ni peregrinos de ciudades provinciales. D' Ors en suma cree que la prohibición de obtener la ciudadanía, a que se refiere la Constitución de Caracalla, no alcanzó a los peregrinos dediticios sino exclusivamente a esos dediticios elianos. Frente a la posición de Segré, quien supuso la existencia de unas ciudades dediticias (identificadas con las llamadas tributarias que pagaban un estipendio), a cuya organización habría afectado la excepción del edicto, D'Ors sostiene que la civitas dediticia simplemente no existió, que sus propios términos implican una contradicción y que en modo alguno hubiera podido equipararse la civitas dediticia, de existir, con la civitas tributaria. 2. Los peregrinos posteriores y la diferenciación social Al concluir D'Ors con que "lo de los dediticios de Caracalla es un puro espejismo" y que el edicto convirtió en ciudadanos a todos los súbditos del Imperio y a sus descendientes, su tesis encuentra el obstáculo de que ciertamente en los textos posteriores al año 212 siguen apareciendo peregrinos y dediticios. En este hecho se apoyan quienes estiman que el edicto de Caracalla sí excluyó a los peregrinos dediticios de la ciudadanía, y que precisamente por esa exclusión persistieron como tales en los años siguientes. Es claro que el ámbito territorial de la medida de Caracalla, pese a su grandilocuente expresión de dirigirse a todos cuantos se hallan en el orbe, no fue otro que el orbe romano propio de la jurisdicción del emperador. Fuera quedaban, por consiguiente, los bárbaros, a quienes no afectó esa ciudadanía concedida el 212, ciudadanía que sin embargo irían adquiriendo en el futuro por diversos procedimientos: concesiones especiales, integración de nuevas regiones en el mundo romano, y finalmente porque esos mismos bárbaros se infiltraron progresivamente en las ciudades del Imperio. Precisamente en este último fenómeno ve D'Ors la explicación de que con posterioridad a Caracalla se siga hablando de peregrinos. Hay ahora unos nuevos peregrinos, que son precisamente los bárbaros asentados en territorio romano. En suma, los hombres libres o peregrinos anteriores al 212, quedaron convertidos entonces en ciudadanos romanos. Los peregrinos y dediticios posteriores son los bárbaros que, tras la Constitución de Caracalla, han penetrado en el Imperio. Ahora bien, la debilitación del concepto de civitas romana como consecuencia de su ensanchamiento imperial, lleva consigo

lo., W,rbam.<

romo nutvo:r "perrgrino.< ".

118

ESPAÑA ROMANA

que el peregrino no sea ya, como antes, quien no es ciudadano romano, sino simplemente, quien no es ciudadano de la ciudad en que se halla: "Ese es el enorme cambio que ha producido la extensión ecuménica de la civitas Romana: al prodigarse ha perdido el relieve que tenía; lo que antes era un tajante distinti vo jurídico y social cobra ahora un sentido puramente local y administrativo". (D'Ors, Lo.1· "peregrini ", 596). De la diferenciación jurídicn n

la socia/ y religiosa.

Al quedar convertidos en ciudadanos todos los habitantes libres del Imperio, desapareció la tradicional frontera jurídica entre las personas (ciudadanos, latinos y peregrinos), cobrando fuerza en su lugar la mera diferenciación social. Se distinguió así desde entonces a los honestiores, pertenecientes a las clases económicamente poderosas, de los humiliores, situados en el estrato inferior de la sociedad. Al ser proclamado el Cristianismo religión oficial, los cristianos resultaron también diferenciados de los herejes. Y los propios judíos, convertidos en ciudadanos por Caracalla, habrían de ser marginados del benéfico igualitarismo cívico del 212, mediante otros procedimientos que limitaron su libertad y capacidad de actuación. 111. Derecho romano y Derecho provincial español A) EL DERECHO ROMANO

Den,rho natural. de gentes, civil y honorario.

"lex rogata " y "lexdma ".

Con independencia del valor y reconocimiento de la costumbre, mayor cuando es vieja (longa) o se considera arraigada (inveterata) , el ius o "derecho" hace referencia en el mundo romano a la licitud misma de los actos que se consideran no lesivos. Según el procedimiento para llevar a cabo tal valoración y el mismo ámbito donde ésta se proyecta, los ro- manos distinguieron el ius naturale, derivado de lo que la naturaleza enseña (quod natura omnia animalia docuit), el ius gentium o usado por los pueblos (quo gentes humanae utuntur), el propio ius civile romano, adecuado a lo que se estima lícito por decisiones judiciales o interpretación de los prudentes, y un ius honorarium fijado por los magistrados. Las normas establecidas por las autoridades reciben el nombre de "leyes" (leges). Dictar las leyes corresponde al pueblo reunido en los comicios a instancias de un magistrado. En razón de tal propuesta (rogatio), esa ley recibe el nombre de lex rogata, mientras que cuando los comicios delegan en el magistrado la facultad legislativa, la ley dictada por éste es conocida como lex data. Los magistrados por sí mismos, sin la mencionada delegación, no pueden legislar, pero sí fijar de alguna forma el derecho. Ello es especialmente notorio en el caso de los pretores para las

EL PROCESOJURIDICO

119

provincias que gobiernan, mediante la formulación del llamado ius edicendi. El edicto del pretor define el marco jurídico de la actuación del magistrado durante el tiempo de su gestión, lo que no impide la continuidad del edicto (edictum translaticium) habida cuenta que el pretor siguiente suele copiar el texto anterior añadiendo o modificando sólo alguna de sus partes (edictum novum). Con el agotamiento de la fuerza creadora de esa práctica pretoria, hacia el año 130 d.C. se llega a la fijación definitiva del edicto (edictum perpetuum), redactado por el jurista Salvio Juliano a instancias del emperador Adriano. De otro lado, lo que el Senado autoriza y establece (quod Senatus iubet atque constituit) da Jugar al llamado senadoconsulto, que aun sin tener carácter de ley, pues la asamblea carece de facultades Jegislati vas, goza de autoridad semejante. Este sistema, característico de la Roma republicana, quiebra en la etapa del Imperio. Marginados los comicios populares, el emperador asume las facultades legislativas dictando leges datae, que rigen en tanto él viva. El emperador se impone también al Senado logrando monopolizar las propuestas previas a los senadoconsultos, que además resultan siempre aceptadas. El poder imperial exige que tenga fuerza de ley cuanto el emperador establece (quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituir). Desde el siglo III, en fin, el emperador actúa con su Consejo o Consistorio y el Senado, pero a partir del siglo V legisla por sí solo a_través de la pragmática sanción. En el mundo postclásico los juristas recogen en sus obras aquel derecho antiguo, el civil y el honorario, y las leyes imperiales posteriores. De esa forma, iura y leges constituyen en el futuro las fuentes del derecho. En la vida práctica, a la hora de decidir los pleitos, los jueces acuden a los escritos de esos juristas o a las constituciones imperiales que otros expertos recopilan en una especie de códigos privados, según fue el caso de los Códigos Gregoriano y Hermogeniano, formados a fines del siglo III y a comienzos del IV. Con carácter oficial aparecerá en el siglo V el Código Teodosiano, que da cabida a las constituciones dictadas desde Constantino a Teodosio II. B) EL DERECHO ROMANO EN HISPANIA

Ya hemos señalado el contenido y alcance del derecho romano y latino, así como las fases de su proyección a los españoles. Junto a esa normativa existió además en las provincias un sistema de fuentes jurídicas propias,

Edictos.

Senndoconsulto.1·.

Ugi.iilnrión

imperial.

ÚJJ

"iurn"

y/ns "le11e.v··

120

ESPAÑA ROMANA

comenzando por la ley provincial (lex provinciae) que regulaba el panoraleyes municipales y de distritos minero.,·.

Disposiciones tfe

x obiem o.

Senadocon.,·u/tos.

Conwitu,·iones im¡wriale.<.

El Bmnc-ede Contrrbia.

ma jurídico global del territorio. En España contamos en primer Jugar con una serie de leyes especiales para los núcleos urbanos, colonias y municipios, organizados según el régimen de Roma. Este es el caso de la ley de Urso para la colonia asentada en Osuna, o de las leyes de Salpensa, Málaga e lrni, fruto de la reordenación municipal subsiguiente al otorgamiento de la latinidad por Vespasiano. Hubo asimismo leyes reguladoras de la explotación de distritos mineros, como las contenidas en los llamados bronces de Vipasca. Unas y otras serán examinadas al tratar de la organización municipal (7, II) y de la vida económica (6, I, B). Las disposiciones de gobierno expresan la actividad ordenadora de los magistrados provinciales y son en nuestro país de naturaleza heterogénea. Conservamos así el testimonio de decretos, como el ya comentado de Lucio Emilio Paulo concediendo la libertad a los siervos de Hastas que habitaban en la torre Lascutana; de cartas que responden a consultas, y también de decisiones judiciales. Entre los senadoconsultos, según sabemos por historiadores clásicos, algunos fueron dirigidos a España. Tito Livio menciona por ejemplo el referente a la división provincial del año 197. Se conservan también fragmentos, como los de Elche e Itálica, relativos a otras disposiciones senatoriales. En el Código Teodosiano y en la llamada Collatio legum Mosaicarum et Romanarum, obra que reúne textos bíblicos junto a escritos de juristas romanos y leyes de emperadores, encontramos constituciones imperiales dirigidas a localidades y funcionarios españoles. Entre ellas cabe citar una de Constantino sobre el destino de las donaciones esponsalicias, o cierta epístola de Vespasiano autorizando a los habitantes de Sabara, en la Bética, para que se trasladen a otro lugar. Finalmente conocemos el derecho romano de España en los documentos de aplicación, tanto públicos como privados. A los primeros corresponden los contratos de hospitalidad y patronato, algún texto que recoge el juramento de fidelidad a los gobernadores, o los acuerdos surgidos de litigios ocasionales entre corporaciones. A este respecto, por su importancia y reciente hallazgo, merece particular mención el bronce de Contrebia, donde se recoge el pleito habido entre las localidades aragonesas de Alaún (Alagón) y Salduie (Zaragoza) sobre las tierras que se ocuparon para construir un canal entre ambas, cuya resolución fue confiada a los magistrados de Contrebia Balaisca (Botorrita). D'Ors ha puesto de relie~e la excepcional importancia jurídica de esa Tabula contrebiensis por cuanto atestigua en aquel tiempo (año 87) el uso de fórmulas procesales fuera de Roma.

EL PROCESO JURIDICO

121

Entre los documentos privados de aplicación del derecho destaca la llamada Fónnula Bética, que figura en una tabla de bronce descubierta en Bonanza (puerto de San Lúcar de Barrameda) a mediados del siglo XIX. Contiene la mancipación fiduciaria de una finca rústica y un esclavo, otorgada por el pr~pietario a un esclavo del acreedor. Se ha discutido si se trata realmente de una fórmula, es decir, de un modelo fiduciario, o si es acaso el texto de un negocio concreto y real, en el que persistieron algunos elementos del modelo utilizado. D'Ors emite una conjetura en cierto modo inversa a esta última tesis. Según él podría suceder que la tabla diera cabida a an formulario en el que hubieran subsistido algunos elementos del documento real que se adoptó como modelo. C)

EL DERECHO ROMANO VULGAR

El rigor y las complejidades técnicas del derecho romano clásico excedieron las posibilidades de asimilación de las gentes de un Imperio tan amplio como desigual en cultura, con lo que en la vida cotidiana se dio paso a un proceso vulgarizador que marginó las grandes distinciones conceptuales de aquel derecho clásico, eliminó sus más significativas construcciones procesales y simplificó, en suma, el gran aparato teórico en beneficio de una aplicación más realista y sencilla. Y así, al igual que respecto al latín clásico surgen las formas elementales del latín vulgar, en el mundo jurídico aparece un derecho romano vulgar que, por la complicación del sistema clásico, no sólo es perceptible en las provincias sino, hasta cierto punto, en la propia Italia y en Roma. Tan simple explicación encierra sin embargo uno de los problemas que, como señala el profesor Burillo, más han preocupado a los romanistas de las últimas generaciones. Se trata en suma de precisar qué fue exactamente ese derecho vulgar, para discutir luego si existió como tal o ha sido más bien una elaboración teórica de datos reales de naturaleza heterogénea. La expresión derecho romano vulgar aparece en 1880, en un trabajo de Brunner, atribuída al derecho usado por los habitantes de las provincias en la etapa avanzada del Imperio. Una década después, Mitteis, al estudiar el panorama jurídico de las provincias orientales tras la Constitución Antoniniana, diferenció el "derecho imperial" (Reichsrecht) ya degenerado, del propio "derecho popular" (Volksrecht) de las colectividades no romanas. Los sucesivos estudios de Levy, desde 1928, plantearán otras muchas cuestiones: qué significan los derechos indígenas antes del siglo III como posibles agentes vulgarizadores del sistema clásico; cuáles son las analogías y diferencias del derecho vulgar con el postclásico y más en concreto con la legislacion imperial, etc.

ln F6rmula Bética.

122 Vulgnri.,mn y dn:•irismo.

Etapas.

ESPAÑA ROMANA

Recientemente, a tenor de otras investigaciones, se ha contemplado al derecho romano vulgar como producto concreto de un fenómeno cultural más amplio, el vulgarismo, estilísticamente diferenciado del clasicismo. Las ricas matizaciones del clasicismo jurídico se habrían perdido en un mundo más rudo que, al atenerse sólo a las apariencias inmediatas (v. gr. la constatación de que alguien tiene en su poder una cosa), mezcló categorías jurídicas diversas como la propiedad y posesión. El derecho romano vulgar resultó ser así algo fundamentalmente pragmático, influido además por concepciones moralizantes que debilitaron la estricta lógica de los principios jurídicos. La vulgarización del derecho romano fue obra tanto de la masa popular como de asesores jurídicos profesionales, quienes de cara a la vida práctica elaboraron interpretaciones o resúmenes de códigos y escritos de juristas. Max Kaser ha insistido en que el vulgarismo tuvo como causa la intromisión de juristas legos al desaparecer la jurisprudencia clásica en el siglo III, y también más tarde cuando las concepciones populistas fueron no ya sólo defendidas por esos profesionales del derecho, sino que se abrieron paso en el espíritu de la legislación imperial. Desde una perspectiva de desarrollo cronológico, hay que contar con unas previas manifestaciones del derecho romano vulgar en el período clásico. Desde el segundo tercio del siglo II al siglo III nos encontramos con la etapa cuasiclásica (Levy) o epiclásica (Wieacker), en la que se llevan a cabo refundiciones de obras jurídicas de tendencia clasicista donde, por su propia insuficiencia, hay ya signos del proceso vulgarizador. Desde el siglo III el derecho vulgar es una realidad autónoma. Constantino y sus consejeros, formados éstos en la retórica, rechazan en definitiva la tradición clásica. Por otra parte las manifestaciones del vulgarismo jurídico son patentes, tras la división del Imperio, no sólo en la parte occidental sino también en el oriente, a tenor de las coincidencias entre los textos de una y otra zona que se han podido advertir.

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6. ORGANIZACION PROVINCIAL Y MUNICIPAL DE IIlSPANIA l. El rég imen provin cial A) PROVINCIA Y "LEX PROVINCIAE"

La expansión de Roma se inicia dentro de Italia con la incorporación de los territorios peninsulares que pasan a integrarse en la estructura federal del Estado-ciudad. Más tarde las primeras conquistas ultramarinas de SiciIia y Cerdeña revelarían la insuficiencia de ese régimen de gobierno de la urbs, que hubo de ser ampliado con la creación de dos nuevos pretores para regir las islas. Tal medida debió tener lugar el 227 a.c., pues sabemos de las revueltas habidas en Cerdeña al año siguiente como rechazo a la nueva situación, y en ella debemos situar el punto de partida del despliegue provincial romano, ordenador de la integración política de otros muchos territorios que se anexionarán en el futuro, y entre ellos los de España. Provincia fue en principio el conjunto de facultades del magistrado que había sido nombrado para regir y dominar (pro vincere) la nueva demarcación, pasando luego a designar el propio ámbito geográfico donde esas funciones eran ejercidas. El territorio de la provincia fue considerado dominio público del pueblo romano (ager publicus) y sus habitantes ostentaron la condición de peregrinos. Tras la conquista militar y la sumisión consiguiente, Roma procedía a ordenar jurídicamente el distrito mediante una ley de la provincia (lex provinciae), que contemplaba tanto las atribuciones del magistrado encargado de su gobierno, como el status legal del territorio y la organización de las ciudades correspondientes. A tal efecto el Senado solía enviar una comisión de diez senadores, quienes de acuerdo con la autoridad militar establecían mediante esa ley el régimen jurídico de la circunscripción. Nos encontramos así con diversas leyes provinciales: la Lex Rupilia en Sicilia, la Pompeia en el Ponto y Bitinia, etc. Por lo que respecta a España saremos que al año siguiente de la rendición de Nurnancia (133 a.C.), es decir, cuando se consideró que existía un aceptable grado de pacificación, hicieron acto de presencia los diez senadores para organizar, según nos cuenta Apiano Alejandrino en Las guerras ibéricas, "el estado de los pueblos de

Signifirndo de la pmvincia.

Leye; pmvincin/eJ.

126

ESPAÑA ROMANA

España que Escipión, y Bruto antes que Escipión, habían conquistado o recibido en sumisión". El texto de nuestra Lex provinciae no nos es conocido, pero cabe observar que por esas fechas los territorios peninsulares no constituían ya una única provincia sino dos (la Citerior y la Ulterior), con lo que es posible que la ley delimitara las fronteras de una y otra, o bien incluso, según aventuró Schulten, que la comisión dictara leyes distintas para esas dos provincias ya diferenciadas. B) DIVISION DE ESPAÑA EN PROVINCIAS

Ln división

Citerior-Ulten·or.

Probablemente desde comienzos del siglo segundo a.C., y más en concreto desde la derrota cartaginesa en Ilipa el año 206, los romanos consideraron a la Península territorio provincial, sujeto a los procónsules designados por el Senado. Sin embargo, el desarrollo de la estrategia bélica en dos frentes diversos y con ejércitos independientes, debió condicionar la decisión de Escipión de dividir esa única circunscripción administrativa, formando en el 197 a.C. dos provincias sobre las respectivas zonas militares: el valle del Ebro y la costa levantina, de un lado, y Andalucía de otro. Las dos provincias recibieron los nombres de Citerior y Ulterior, tal vez en razón de su mayor o menor cercanía a Roma, extendiéndose la frontera divisoria desde el sur de Cartagena a los montes de la Sierra de Alcaraz, en la zona conocida como Saltus Castulonensis. Los límites fueron establecidos por los pretores de las respectivas circunscripciones. Ahora bien, si se tiene en cuenta que la historia de esas dos provincias fue la historia misma de la conquista romana, es comprensible que ellas fueran ampliándose progresivamente hasta incluir la Citerior la totalidad de la costa mediterránea y el norte de España, mientras la Ulterior daba cabida a la parte meridional y a los territorios de occidente. l.

Las reformas de Augusto

La larga crisis de la República en Roma originó el ensayo de nuevas fórmulas de gobierno, como el sistema de triunviratos, que tampoco llevaría a resultados satisfactorios. Dueño Augusto del poder desde el 32 a.C., comparece ante el Senado el año 27 y considerando haber normalizado la situación, renuncia a los poderes extraordinarios que disfrutaba y propone la restauración de la República. Aclamado entonces por los senadores, recibe nuevos títulos, el imperio proconsular y los cargos de cónsul, censor y tribuno de la plebe. Con absolutos poderes procede entonces a una reordenación de las provincias del Imperio. En lo que respecta a España, la diferenciación biprovincial se había convertido ya hacía tiempo en una fórmula simplista para territorios he-

REGIMEN PROVINCIAL

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terogéneamente romanizados. Las desigualdades eran sobre todo notorias en la provincia Ulterior, donde contrastaba una zona andaluza ricamente romanizada, con la zona occidental mucho más pobre y también más conflictiva. La primera reforma de Augusto fue precisamente dividir esa provincia Ulterior en dos: la Bética, proyectada sobre la actual Andalucía, y la Lusitania, que comprendía amplios territorios de Portugal junto a otros extremeños y salmantinos. Según Dión Casio esa reforma tuvo lugar el año 27 a.C., si bien parece posible que se efectuara en realidad algún tiempo después, quizás en el año 13 a.c.

Divüión de In provincin Ulterior.

En el mundo científico se han defendido diferentes fechas para esa división de la Ulterior, todas ellas entre los años 27 y 5 a.c . La propuesta por Dión Casio encontró una aceptación más general, tras ser admitida por Albertini en un acreditado estudio de las divisiones administrativas españolas. No obstante, en 1969, G. Alfüldy consideró falsa la datación del 27, sosteniendo con estimables razones que la Lusitania y la Bética habían permanecido unidas en la antigua provincia Ulterior unos cuantos años más. Alfüldy propuso el año 13, coincidiendo con la reducción del número de legiones de siete a cuatro y su entrega en manos del legado de la Citerior.

La provincia Citerior se mantuvo con ese nombre, al que fue en seguida incorporado el de Tarraconense (Hispania Citerior Tarraconensis) por tener su capital en Tarraco (Tarragona). La moderna discusión de la fecha de creación de las provincias Bética y Lusitania, depende de considerar o no tal reforma simultánea de otra de más largo alcance, acometida por Augusto ese año 27. Fue ella la división de todas las provincias del Imperio en dos categorías: senatoriales o más pacificadas, que seguirían dependiendo del Senado según el viejo sistema, y las llamadas imperiales, que por requerir mayor control y presencia de tropas debido a su no total sumisión, pasaban a depender del emperador. Se trataba, por otra parte, en este último caso, de una dependencia directa o inmediata, pues el mismo emperador podía ejercer en virtud de sus poderes cierta facultad de vigilancia indirecta de las provincias senatoriales. La Bética fue desde entonces, a partir del 27 a.C. o de los años siguientes, una provincia senatorial, mientras la Citerior y la Lusitania quedaron como imperiales. Al concluir las guerras en el norte de la Península y lograrse la paz total, los territorios de la cornisa cantábrica fueron adscritos a las provincias limítrofes de donde procedían los ejércitos que allí habían actuado. De esta forma la provincia Citerior incorporó a los cántabros, mientras astures y . galaicos pasaron a depender de la Ulterior o de la Lusitania. Las fronteras entre las tres provincias, no muy precisas, sufrieron una nueva remodelación entre los años 7 y 2 a.c. Entonces Augusto separó de la Lusitania los territorios del norte del Duero, que pasaron a fa Citerior,

Pmvinrins senatorinlel' e imperiales.

Reajuste en
C.

128

ESPAÑA ROMANA

la cual también se acrecentó con el distrito minero de Castulo (Linares) y otras regiones hasta entonces pertenecientes a la Bética. Aunque es posible que criterios de pacificación aconsejaran que estas zonas dejasen de ser senatoriales, no hay que olvidar que con tales medidas Augusto obtuvo el control directo de las riquezas mineras, custodiadas desde entonces por su ejército. 2.

Reforma de Camc:alla.

Ref orma,· de Düx·lerinno.

Refcmnat de C<1t1.11anlina.

Reformas de Diocleciano y Constantino

El esquema heredado de Augusto, con las tres provincias hispánicas de la Citerior, Bética y Lusitania, persistió con ligeros reajustes durante los dos primeros siglos de nuestra era. En esa etapa fue sustraído a la Bética el distrito minero de Sisapo (Almadén) en beneficio de la Tarraconense, provincia que a su vez perdió una parte de la zona occidental, con lo que la Lusitania pudo dar cabida a la totalidad de los antiguos territorios de los vetones. A principios del siglo III, probablemente el año 214, el emperador Caracalla formó en la Península una nueva provincia, la Hispania nova Citerior Antoniniana, sobre las regiones geográficas de Asturias y Galicia. Tal creación fue efímera, e incluso algún autor como Mispoulet duda que excediera a un mero reajuste de límites de la Citerior. En cualquier caso, muy pocos años después se había vuelto al régimen triprovincial y aquellos territorios figuraban reintegrados a su provincia de origen. Al concluir ese siglo III, Diocleciano (284-305) lleva a cabo una gran reorganización del Imperio, presidida por el criterio de multiplicar las provincias y agruparlas bajo la dependencia de unidades más amplias llamadas diócesis. El Imperio queda repartido en doce diócesis, dirigida cada una por un vicario, con un total de ciento una provincias. Con Diocleciano desaparece además la antigua distinción de provincias senatoriales e imperiales, por cuanto todas dependen ya del emperador a través de su vicario en la diócesis y del gobernador de la provincia. Manteniendo la unidad formal del Imperio, Diocleciano lo estructuró de hecho en dos zonas, oriente y occidente, donde fue asociado al gobierno el emperador Maximiano. El criterio general de subdividir las provincias afectó a España, y la Citerior o Tarraconense dio lugar a otras tres: la Tarraconense propiamente dicha, la Cartaginense y la Galletia. Por otra parte, los territorios atlánticos de Marruecos quedaron incorporados a la diócesis española constituyendo una nueva provincia, la Nova Hispania Ulterior Tingitana, con capital en Tingis (Tánger). Probablemente fue bajo el gobierno de Constantino (306-337) cuando surgieron las prefecturas como máximas unidades administrativas en las dos zonas imperiales de oriente y occidente. En cada una de ellas la prefec-

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tura se compuso de diócesis, y la diócesis de diversas provincias. Debieron existir en principio cinco prefecturas, dos en oriente y tres en occidente, quedando luego estas últimas reducidas a dos: Italia y las Galias. Cuando en fecha más avanzada, entre los años 385 y 400, se organizan las Baleares como provincia independiente, aparece consumado el mapa provincial español. Así un texto de comienzos del siglo V, la Notitia Dignitatum, nos informa que la diócesis de las Españas (Diocesis Hispaniarum), perteneciente a la prefectura de las Galias, consta de siete provincias: las cinco peninsulares (Bética, Lusitania, Tarraconense, Cartaginense y Galicia), la insular de Baleares y la africana Mauritania-Tingitana. C)

Provincitu ~spn-

ñola..- en el .
SISTEMA DE GOBIERNO

1. Los magistrados Al efectuarse la división de España en dos provincias, el gobierno de la Citerior y la Ulterior fue encomendado a dos pretores con amplios poderes. En determinados momentos, por las dificultades de la conquista, ambos magistrados dependieron de un cónsul designado por Roma, apareciendo también una única persona al frente de las dos provincias en el período de los triunviratos a fines de la República. A raíz de la dictadura de Sila (82-79 a.C.), el gobierno provincial recayó en exmagistrados, adjudicándose cada año dos provincias a quienes habían sido cónsules en Roma el año anterior, con lo que ellos prolongaban su gestión en calidad de procónsules, mientras las restantes eran confiadas a propretores, es decir, a quienes habían desempeñado antes el cargo de pretor. Hasta las reformas de Diocleciano, el gobernador provincial fue la máxima autoridad civil y militar. Tradicionalmente los autores han creído que el gobernador iniciaba su gestión publicando un edicto, el edicto provincial, hipótesis recientemente puesta en duda por otros especialistas. De existir esos edictos, presumiblemente se habrían ajustado al marco jurídico general de la lex provinciae. Los gobernadores estaban obligados a respetar la organización indígena en los términos marcados por la ley provincial correspondiente, si bien razones de alta política justificaron intervenciones esporádicas de carácter extraordinario. Así conocemos casos de propretores hispánicos que actuaron decidiendo traslados de poblaciones, prohibiendo costumbres -como los sacrificios humanos- poco acordes con la mentalidad romana, o resolviendo conflictos ocasionales según fue el c~so de Lucio Emilio Paulo con los siervos de la torre de Lascuta. A la llegada del gobernador a la provincia, su antecesor pierde toda significación pública. El nuevo magistrado puede dictar las normas que

Pm,·án.,utes y propretores.

Er1;,.,0 pmvinrint.

130

Abusos de lo.,· ¡¡obemadore.,..

Le11es repetuntfnrnm .

Gobierno de /ns pmvincins

senatoria/e.\' e imperiales: pmcónsule., y legados.

Prefectos del Pretorio.

ESPAÑA ROMANA

estime oportunas, y revocar cualesquiera disposiciones anteriores. La actuación de los gobernadores romanos en la España de la República no debió ser precisamente un modelo de honestidad y honradez. Existía desde luego la posibilidad de que las comunidades perjudicadas acudieran en protesta al Senado, e incluso sabemos por Tito Livio que una comisión de hispanos formuló sus quejas ante el supremo organismo el año 171 a.C.; pero tal fórmula, según parece, debió resultar en la práctica muy complicada y casi infructuosa por cuanto el acceso al Senado debía contar con la presentación de algún patrono de la provincia, es decir, de algún influyente romano que asumiera la tutela y protección de los intereses provinciales. Además, la pertenencia de esos patronos al orden senatorial condicionó a menudo la defensa de los provinciales ante los intereses cerrados de su propio grupo social. Finalmente las llamadas leges repetundarum, iniciadas con la ley Calpurnia del 149 a.C., que pretendían amparar a los súbditos de los abusos y exacciones arbitrarias (quaestiones de repetundis), no puede decirse que evitaran los excesos de la vida provincial y de hecho en raras ocasiones se produjo la condena de gobernadores. En la etapa siguiente, tras la división de las provincias en senatoriales e imperiales, aquéllas fueron gobernadas por antiguos cónsules o pretores designados por el Senado. Dentro de las provincias senatoriales, Asia y A frica disfrutaron de rango consular, y todas las demás, incluida la Bética española, correspondieron a pretores. En cualquier caso, quienes estaban al frente de las provincias senatoriales aparecían como "procónsules", dirigiendo la administración civil con la ayuda de un quaestor en los asuntos financieros. El gobernador de la provincia imperial era en cambio un "legado" (legatus Augusti pro praetore), pudiendo asimismo pertenecer a las clases consular o pretoria, como se aprecia en las dos provincias imperiales españolas, una de las cuales, la Citerior, fue gobernada por un legatus Augusti pro consulare, mientras la Lusitania estaba bajo el control de un legatus Augusti pro praetore. Estos legados eran designados directamente por el emperador, quien también les apartaba de su puesto cuando lo creía oportuno. Por lo general debió intentarse que los legados imperiales estuvieran al frente de la provincia el tiempo suficiente para conocerla bien, pero sin que la gestión se prolongara mucho y pudiera así dar lugar a abusos. Sucedió a veces, sin embargo, que los gobernadores mantuvieron su puesto durante varios años, e incluso de por vida. Tiberio fue particularmente famoso por asegurar la estabilidad de sus representantes en la dirección de la vida provincial. En el Bajo Imperio, con la división de prefecturas, diócesis y provincias, los prefectos del pretorio ocupan la cúspide de la administracion terr-itorial. Los cuatro prefectos, dos en la zona oriental y dos en la occidental , representan al emperador en esas grandes prefectUt"as compuestas por diócesis a

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cuyo frente figura un vicario. El "Vicario de las Españas" (Vicarius Hispaniarum) fue así el delegado que ostentaba la máxima autoridad en la diócesis hispánica. Desaparecida la diferenciación entre provincias senatoriales e imperiales, todas ellas quedaron bajo el poder de unos gobernadores titulados "presidentes" (praesides provinciae).

El Vicario.

Lm "µraeside.,· provinrine".

2. Las asambleas populares La existencia de asambleas en territorios provinciales ha sido comprobada en diversos momentos de la historia romana. En un principio tales asambleas no fueron reconocidas, e incluso en territorios como Grecia, Sicilia y Macedonia se llegó a decretar su disolución. Más tarde, sin embargo, adquirieron crédito político como centros donde se rendía culto al emperador, y sus sacerdotes fueron así, tras los oficiales romanos, los más importantes personajes de las provincias. El sumo sacerdote, /1.amen provinciae, disfrutó de una situación singular y privilegiada, presidiendo incluso las misiones especiales que el emperador enviaba a la provincia. El carácter político de las asambleas provinciales fue más claro cuando ellas, al margen de sus atribuciones religiosas, se pronunciaron sobre la gestión de los gobernadores salientes. En principio eso se hizo para expresar el agradecimiento protocolario a quien concluía su mandato, pero luego los Concilia provinciae ejercitaron un verdadero juicio de la gestión política, criticando la administración de los gobernadores y solicitando incluso la reparación de los abusos ocasionados. Estas asambleas, con su finalidad claramente religiosa pero indirectamente política, fueron importantes y numerosas en unas provincias hispánicas "ejemplares", según los estudiosos, en todo Jo relativo al culto imperial. El sumo sacerdote era elegido por los delegados de las distintas ciudades, desempeñando un cargo de duración anual que debió ser apetecido como medio de promoción por los indígenas más romanizados de la burguesía municipal. El sacerdote aparece en la provincia Tarraconense como jlamen provinciae Hispaniae Citerioris, y en la Bética como jlamen provinciae Beticae o jlamen Augustalis, siendo designados como viri jlaminales a partir de su exoneración del cargo. Al prodigarse el culto a las emperatrices, nos encontramos en las provincias Tarraconense y Lusitania con las flaminicae provinciae, sacerdotisas que desempeñaron su oficio durante un cierto tiempo y a veces incluso con carácter vitalicio (flaminicae perpetuae). ¿Fueron las asambleas provinciales un instrumento utilizado por los romanos para promover el proceso romanizador?. Algún autor lo creyó así, destacando que tales asambleas aparecen antes en las provincias más nece-

Cnrácter político de las n.,·nm·

blem.

Sacerdote.'i y sn,·errfotiJn.w;.

Finalidad de /11.1 asamblms.

132

ESPAÑA ROMANA

sitadas de romanización, y de hecho, por lo que se refiere a la Península, nos consta la especial importancia que esas reuniones tuvieron en la Tarraconense. ¿Fueron en realidad asambleas políticas?. Con independencia de la referida función censora respecto al mandato de los gobernadores, su misma composición con delegados de las distintas ciudades supuso, en opinión de Hinojosa, un anticipo histórico de las futuras asambleas representativas. En la Península habrían desempeñado además un importante papel, destacado por Sánchez Albornoz, en el proceso global de la unificación superadora del fragmentarismo reinante. 11. El régimen municipal A) CLASES DE CIUDADES

Ciudade.1 ro mana.,·. lntinn.,· y perexrinas.

Diferen cia,,¡ tnt re r olonwJ y municip ios.

La civilización romana fue, como la griega, de carácter eminentemente urbano, conteniendo las leyes ciudadanas, según ha destacado la profesora Torquemada, diversas disposiciones en pro del interés urbanístico general. Cierto es que hubo en el Imperio vastos territorios que vivieron un tanto al margen de ese espíritu ciudadano (Egipto, Siria, la Tracia), pero ello mismo condicionó su menor romanización, patente en cambio en otras zonas geográficas y concretamente en el Occidente europeo. El estatuto de las ciudades dependió de la condición jurídica de sus habitantes. Existieron así ciudades romanas, latinas y peregrinas, cuyo régimen fue eco de la expansión del Estado-ciudad sobre la dilatada geografía del Imperio, y respondió al trato otorgado a los establecimientos indígenas en razón de su actitud durante el proceso de conquista. La concepción de la ciudad fue en todo caso más amplia que la ahora usual , comprendiendo tanto el núcleo urbano propiamente dicho como los amplios territorios (fundii tributarii) sometidos a su jurisdicción. Entre esas comunidades ciudadanas contamos las indígenas o peregrinas, variables en su naturaleza según el acuerdo suscrito con Roma, las romanas de colonias y municipios regidos por tal derecho, y las latinas también de colonias y municipios donde imperaba el ius latii. Conviene en todo caso advertir que la diferencia entre colonias y municipios no es clara. Suele afirmarse en términos generales que aquéllas fueron establecimientos de nueva planta, mientras los municipios presuponían una comunidad indígena que, por haber sido favorecida con la concesión de la latinidad o ciudadanía, recibió un régimen organizativo análogo al romano . Sin embargo no todas las colonias fueron creadas ex novo, formándose algu nas al establecerse un grupo de romanos en una ciudad indígena (caso de Carteya en el año 171). Por otra parte, los ciudadanos de colonias y mu-

REGIMEN PROVINCIAL

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nicipios se asemejaban más a los meramente latinos que a los ciudadanos de Roma e Italia, por cuanto aquéllos, los colonos, pagaban salvo excepciones el tributum soli, del cual estaban exentos los ciudadanos de Italia en tanto titulares de la propiedad quiritaria. Finalmente, como destaca el profesor Merchán Fernández, colonias y municipios tendieron con el tiempo a la igualación de sus estatutos, resultando prácticamente semejantes sus formas administrativas a la altura del siglo II.

1. Ciudades indígenas o peregrinas Las ciudades indígenas subsisten de ordinario como peregrinas si es que no han sido destruidas, como le sucedió a Numancia, por haber opuesto una excepcional resistencia. Los romanos aluden a ellas como civitates, vici, oppida, etc., y en razón de su más o menos favorable condición jurídica pueden ser clasificadas en federadas, libres y estipendiarías. Ciudades federadas. Son aquéllas que han suscrito un pacto con Roma, cuyo texto se conserva por duplicado en las dos ciudades contratantes. Su situación es la mejor entre todas las peregrinas, pero su número fue escaso en el conjunto de ciudades de cada provincia: tres en Sicilia, una en la Tarraconense, tres en la Bética, etc. En cierto sentido, al no tener que pagar los impuestos ordinarios, parecen semejantes a las libres o inmunes, pero es de señalar que si bien todas las ciudades federadas eran libres, no todas las libres estaban federadas ni por consiguiente se beneficiaron de ese óptimo status. Además de disfrutar de la exención de impuestos, las ciudades federadas quedaron al margen de la jurisdicción de los gobernadores provinciales, pudiendo hacer uso de su propio ordenamiento jurídico o bien, si lo estimaban oportuno, del derecho civil romano. A pesar de su autonomía efectiva, sólo recortada por la prohibición de llevar a cabo una política internacional independiente, Roma debió ejercer sobre ellas una gran atracción, de forma que muchas pretendieron convertirse en municipios romanos. Así sucedió en España con Sagunto, Málaga y Cádiz, ciudad esta última que aparece como municipium Augustum Gaditanum. Ciudades libres o inmunes. Estas ciudades se diferencian de las anteriores en que su libertad y autonomía no estaba asegurada por ningún tratado, sino por la mera y revocable concesión unilateral de Roma. Como las federadas, fueron exoneradas de tributos y de la jurisdicción del gobernador provincial, si bien, al igual que aquéllas, dependían en última instancia de las supremas disposiciones del Senado. La diferencia entre unas y otras no consiste pues tanto en una peor situación jurídica en cuestiones concretas,

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sino en la más débil posición de esa comunidad que no ha suscrito pacto alguno. Ciudades estipendiarias. La inmensa mayoría de las ciudades del Imperio fueron estipendiarías. Por Plinio se sabe que de las 175 ciudades existentes en la Bética (donde había 3 federadas y 6 libres), 120 tenían tal condición. Pese a la abundancia de estas ciudades, nuestro conocimiento de su régimen jurídico es mucho más confuso, debido a las variantes propias de cada organización indígena, y desde luego más escaso. Hasta cierto punto pudieron regirse por sus propias leyes, en cualquier caso dependientes de la soberanía romana, permaneciendo en los asuntos internos bajo el variable control del gobernador. Debían facilitar tropas a Roma y pagar los tributos y cargas fiscales correspondientes al territorio provincial. 2.

Colonia.< dt

romanos y lntinos.

Colonias y municipios romanos

En la historia de Roma hubo tres clases principales de ciudades: municipios, colonias y prefecturas. De ellas nos interesan los municipios y colonias, porque las prefecturas, aunque fueran frecuentes en Italia y constituyan tal vez allí el tipo original de ciudad, no aparecen luego en la vida de las provincias. En la expansión provincial las colonias desempeñaron un papel muy activo en favor de la romanización y fueron utilizadas con dos objetivos principales. De una parte, a modo de puestos avanzados en la conquista del país. De otra, como asentamiento de los veteranos y sus familias tras haber realizado el servicio militar. En ocasiones una determinada plaza recibía la condición y el rango de colonia incluso sin la presencia de nuevos ciudadanos. Adriano hizo frecuente uso de esta posibilidad de erigir colonias honorarias. Otras veces, según sabemos, grupos de romanos se establecían junto a una comunidad indígena, cuyos miembros, como observa Tito Livio en el caso de Carteya, quedaban convertidos en latinos: "Más de cuatro mil hombres, hijos de soldados romanos y mujeres españolas, con las que no tenían connubium, rogaban que se les diese una ciudad en la cual habitar. El Senado ordenó que diesen sus nombres a Lucio Canuleyo, y aquellos a los que manumitiese, fueran establecidos en Carteya, junto al océano. Los carteyenses que quisieran permanecer en sus casas, podrían hacerlo, siendo entonces contados entre los colonos y recibiendo tierras. Y sería llamada colonia latina de libertos".

La dtdurrión rlelnrolonin.

La fundación de nueva planta (deductio) de la colonia se realiza mediante la visita de una comisión romana al sitio elegido. Esa comisión procede al trazado de dos líneas perpendiculares, de norte a sur y de este a oeste, cuya intersección sitúa el forum o plaza central, con las correspon-

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dientes calles paralelas. Marcado asimismo el perímetro de la ciudad, se procede al reparto de las parcelas cuadradas de terreno (centuriae) y, dentro de ellas, de los lotes de tierras (sortes) para los colonos, según criterios que en el caso de colonias militares tuvo probablemente que ver con el rango castrense de los futuros habitantes. Los campos que no eran propiedad del Estado quedaron como comunales para uso de los vecinos. La fundación de una colonia significó, en fin, trasplantar la imagen de la Roma-ciudad al territorio provincial, según se aprecia tanto en el remedo de la propia estructura urbanística del forum, cuanto en la recepción en la colonia del sistema jurídico romano. Los municipios aparecen como ciudades provinciales a las que se ha concedido el régimen jurídico latino o romano, organizando su propia constitución de acuerdo con el gobernador o las personas comisionadas al efecto. En un principio, municipios fueron las ciudades itálicas relacionadas con Roma pero carentes de derechos políticos (civitates sine suffragio), pero al adquirir más tarde un reconocimiento plenario se habló de los munícipes, es decir de sus habitantes, como ciudadanos no nacidos en Roma (así Cicerón era civis romanus, municeps Arpinas). Tras las reformas de César, Augusto potenció la conversión en municipios de muchas ciudades indígenas del Imperio, y entre ellas de varias ciudades españolas situadas sobre todo en la provincia Tarraconense. Con la concesión de Vespasiano, todas las ciudades indígenas de la Península pasaron a regirse por el derecho latino, quedando sus magistrados y familias convertidos en ciudadanos (5, II, A). Tras el otorgamiento general de la ciudadanía por Caracalla, dejó de tener sentido la diferencia entre colonias y municipios romanos y latinos. B) LAS LEYES DE COLONIAS Y MUNICIPIOS

Las leyes ordenadoras de colonias y municipios fueron leges datae, es decir, dadas directamente por un magistrado autorizado a ello por los comicios en virtud de una ley comicial. Aun conservándose otras leyes no españolas, cabe afirmar que los textos ha·llados en la Península constituyen una fuente básica para el conocimiento de ese vasto fenómeno que fue la romanización jurídica provincial. Su notable similitud con las leyes municipales itálicas da a entender, además, la posible existencia de un modelo común al que se ajustaron unas y otras. En España existen dos leyes fundamentales. La primera, de carácter colonial, es la ley de Urso. La segunda, municipal, es la Lex Flavia Municipalis, reproducida y adaptada en tres ,textos principales (Ley de Salpensa, Ley de Málaga y Ley de Irni} y en dos pequeños fragmentos (Basilipo e Itá-

Lmmuniripios.

136

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lica). El conocimiento riguroso de esa legislación colonial y municipal se debe fundamentalmente a Alvaro d'Ors. l. uymlonial.

Tras las luchas entre César y Pompeyo, aquél decidió fundar en Osuna una colonia de ciudadanos, llamada Genetiva Julia en razón de la diosa Venus Genetrix protectora de la gens Julia a la que César pertenecía. La ley reguladora de la colonia fue promulgada por Marco Antonio en el año 44 a.C., sufriendo después modificaciones diversas. Hay que distinguir así la redacción del proyecto por parte de César, la promulgación de la ley por Marco Antonio, y la incisión del texto en las tablas de bronce que debió tener lugar a fines del siglo primero de nuestra era. Esa ley de Urso, Lex coloniae Genitivae luliae, se conserva en unas tablas halladas en Osuna a fines del siglo XIX (bronces de Osuna) y en once fragmentos encontrados en El Rubio (bronces de El Rubio) a principios del XX. Trata de muy diversas cuestiones del régimen local: magistrados, funcionarios, ingresos de la colonia, colegios sacerdotales de pontífices y augures, orden procesal, obras públicas, policía interna, defensa militar, etc. Los diversos capítulos de la redacción primitiva fueron objeto de interpolaciones ulteriores. 2.

uy municipal

Relaciones lty de Salpen.
Ley de Urso

Ley Flavia Municipal: leyes de Salpensa, Málaga e /mi

En fecha cercana y posterior al año 17 a.C., Augusto dio a los municipios de Italia la lex Julia municipalis. Tras haber sido concedida la latinidad a España, el emperador Domiciano otorgó a los municipios hispánicos hacia el año 90 esa ley de Augusto, reformada y adaptada, como Ley Flavia Municipal. La Ley Flavia sufrió a su vez algunas alteraciones al ser acogida por los distintos municipios, dando lugar en la Bética a las tres leyes conocidas de Salpensa, Málaga e Imi, copiadas todas ellas del modelo principal. Ley de Salpensa. Fue promulgada para la ciudad latina de Salpensa, junto a la actual Utrera. De ella conservamos una tabla de bronce que apareció en 1851 en las cercanías de Málaga, enterrada juntamente con la ley de esta ciudad. El hecho llamativo de que los bronces de ambas leyes aparecieran juntos, fue objeto de diversas explicaciones. Rodríguez Berlanga, autor que publicó los dos textos, supuso que la tabla de Salpensa llegó a Málaga porque los salpensanos se retiraron allí ante la presión de las invasiones godas. Para Mommsen el bronce de Salpensa se llevó a Málaga a fin de corregir algún error de la ley malagueña que era semejante. Dessau creyó que la ley de Salpensa, de la época de Domiciano, fue hecha en Málaga y no llegó nunca a

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su destino, por cuanto conserva el nombre de ese emperador cuyo nefasto gobierno hubiera exigido, a tenor de la práctica romana, la supresión del nombre para evitar su recuerdo (la llamada damnatio memoriae). D'Ors a su vez supuso que las dos tablas debieron ser enterradas juntas en época muy posterior, cuando esas piezas tenían un exclusivo valor arqueológico. Hoy día, tras el descubrimiento de la Ley lmitana, tales hipótesis resultan innecesarias, por cuanto el traslado del bronce de Salpensa a Málaga pudo deberse a la necesidad de copiar en el mismo lugar ambos textos a partir del modelo común.

La lex Salpensana, según la conocemos, hace referencia a la adquisición de la ciudadanía por quienes desempeñan magistraturas municipales, y regula asimismo el juramento y derecho de veto (intercessio) de esos magistrados, formas de manumisión, etc. Ley de Málaga. Con un contenido semejante a la ley de Salpensa, conservamos diecinueve capítulos de la ley dada al municipium Flavium Malacitanum. A diferencia de aquélla, el nombre de Domiciano fue borrado en la tabla de Málaga, cuyo tratamiento de los temas municipales aparece quizás con mayor orden y sistemática. La Lex Malacitana refiere la mecánica global de accesos a las magistraturas (convocatoria de los comicios, requisitos para ser elegido, proclamación de los candidatos, etc.), junto al régimen de contratas y la administración de fondos públicos. Como en la ley de Salpensa, son frecuentes las interpolaciones al texto primitivo. Una parte de la ley de Málaga coincide casi literalmente con los dos fragmentos hispalenses de leyes municipales, antes citados, que tratan de la obligación de restituir los fondos que se tuvieran de la caja municipal, así como de la rendición de cuentas ante los decuriones por negocios hechos con fondos públicos.

Ley de /mi. En 1981 fueron halladas en El Saucejo, lugar próximo a Sevilla, seis tablas de bronce (las III, V, VII-X) de las diez correspondientes a la lex municipii Flavii lrnitani. Se trata de la ley de un pequeño municipio, que debió llamarse Imi, cuyo texto traducido ha sido dado a conocer por D'Ors en 1984. En lo que la conocemos, la Ley Irnitana trata de las magistraturas municipales, administración, jurisdicción, edicto local, nombramiento y competencia de jueces, comparecencia de litigantes, etc. Entre sus particularidades cabe señalar que la propia ley menciona a las personas encargadas de velar por su publicación en el municipio. La ley de Irni reproduce en la práctica totalidad el texto de las leyes de Salpensa y Málaga, encajando también en ella los fragmentos conocidos de Basilipo e Itálica. Su reciente descubrimiento ha conmovido el panorama de las leyes municipales hispánicas, permitiendo dar por segura la existencia de aquella ley modelo, la Flavia, de la que los distintos municipios habrían extraído las respectivas copias. Por su mayor extensión, la ley de Irni apa-

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rece como el texto principal, relegando a un segundo plano a las leyes de Salpensa y Málaga que hasta ahora disfrutaban de esa condición. C)

EL GOBIERNO LOCAL

El gobierno de las ciudades corresponde al pueblo reunido en los comicios, al senado o curia municipal, y a los magistrados elegidos en principio directamente por el pueblo y luego a través de la curia. 1. DunvimJ.

Edile.<.

Cuestores

Elpr.fei:to munidpnl.

Los magistrados

A imagen del sistema consular romano, las supremas magistraturas municipales recaen en dos dunviros, cuyas atribuciones fueron en principio de carácter judicial. A ellos corresponde convocar y presidir las reuniones de los comicios y de la curia o senado. La duración de su mandato fue anual. Durante ese período parece que gobiernan el municipio con independencia efectiva de la supervisión teórica del gobernador provincial. La vigilancia de la vida ciudadana corresponde a los dos ediles. Dunviros y ediles forman corporaciones distintas o bien quedan agrupados en un solo colegio de cuatro personas (quattor viri). Que el régimen de dunviros fuera propio de las colonias, según se ha supuesto, correspondiendo en cambio los quattor viri a la administración de municipios, es cuestión confusa que hoy día no puede ser respondida adecuadamente. Otros dos cuestores, ocupados de la administración financiera, completan la serie de esos magistrados municipales, los cuales tienen a su disposición una serie de oficiales subalternos (apparitores) cuyo número debió ser grande en las ciudades de importancia. El acceso a las magistraturas, a partir de los veinticinco años, exigió una posición social desahogada, lo que se explica porque ellas requerían hacer frente a onerosas cargas (summa honoraria) con objeto de sufragar los gastos públicos. El sistema colegiado llevó consigo, por ejemplo, que en ausencia de un dunviro, el otro asumiera su representación. Para las circunstancias especiales existía un magistrado extraordinario, el prefecto municipal, quien asumía el papel de los dunviros en caso de no estar nombrados, o los representaba si ambos habían abandonado el municipio. A veces era elegido como primer magistrado el propio emperador, supuesto que precisamente se contempla en el capítulo 24 de la ley de Salpensa. Como tal designación era honorífica, el emperador delegaba entonces en un prefecto, quien se hacía cargo en solitario del gobierno municipal.

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En el Bajo Imperio la dirección de las ciudades quedó en manos de los curatores. Estos funcionarios fueron fundamentalmente de dos tipos: aquellos designados para misiones especiales a elección de los comicios (in comitiis facto curatori) y los llamados curatores reí publicae, que en realidad eran agentes representativos del emperador para intervenir la vida municipal en casos conflictivos. La generalización de este procedimiento, que ocasionó el desplazamiento de la elección comicial en favor de los oficiales imperiales, coincide con la crisis y decadencia del municipio romano. En tal proceso, oprimido el pueblo por las exacciones fiscales, hace acto de presencia un defensor de la ciudad (defensor civitatis) para proteger a la plebe de injusticias y excesos. Designado en principio por el prefecto del pretorio, fue finalmente elegido por el pueblo a quien debía defender. Con competencias diversas, el defensor civitatis no desempeñó muy satisfactoriamente su misión, extorsionando a veces él mismo a sus propios protegidos.

Lo.\· rumlort.,·.

El Defen.l'or Civ;1a1i:,.

2. La curia municipal

El consejo municipal (curia, senatus), formado a imagen del Senado romano, era una asamblea compuesta normalmente de cien personas (decuriones), que ostentaba los máximos poderes legislativos, políticos, judiciales y militares en cada ciudad. Como supremo organismo, sus resoluciones resultaron vinculantes para los dunviros. Los decuriones disfrutaban de singular dignidad y reconocimiento: precedencias en actos solemnes, uso de traje especial, exención de penas infamantes o ventajas en el reparto de donativos públicos. Eran elegidos cada cinco años mediante un procedimiento que tal vez dio cabida a la cooptación. Se exigía en todo caso la ciudadanía municipal y una edad mínima de treinta años, luego rebajada, junto a una solvente posición económica. La designación fue vitalicia, si bien podían ser separados de la curia en algunos supuestos de indignidad de los que, por ejemplo, se hacen eco ciertos capítulos de la ley de Urso. De ordinario los exmagistrados pasaban automáticamente a formar parte de la curia, con lo que en principio, como ha señalado Merchán, la voluntad popular se reflejó tanto en la asamblea como en los agentes ejecutivos. Más tarde ese espíritu democrático quedó cautivo de las oligarquías familiares. Los acuerdos en el senado municipal fueron adoptados de ordinario por mayoría simple, debiendo en ocasiones constar los votos por escrito y hasta excepcionalmente ser reforzados por el juramento. Era variable el número mínimo de decuriones requerido para celebrar las sesiones, no exigiéndose número especial en los casos de urgencia por "tumulto". Los acuerdos quedaban registrados en acta.

Lt,s decuriones.

Lo:.¡ acuerdos en la curia.

140 ú1.,· rurinlex como agentes del Fürn.

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Con la crisis económica del Bajo Imperio, la misma curia fue encargada de la recaudación de los tributos en el territorio municipal, con lo que ser decurión o curial se convirtió de hecho en un cargo con enojosas responsabilidades financieras, agobiantes incluso cuando, ante el impago de impuestos, los curiales fueron obligados ellos mismos a responder solidariamente de la cantidad global que se debía obtener. Como en consecuencia nadie deseaba pertenecer al senado municipal, los emperadores hubieron de aplicar medidas de extrema dureza, disponiendo por ejemplo que los bienes del curial muerto abintestato sin descendencia pasaran a la curia (según ordenó Constantino el año 318), o estableciendo definitivamente la adscripción forzosa a esos oficios que así pasaron a ser hereditarios. Diversos textos recogidos en el Código Teodosiano nos informan que en el siglo IV la condición de curial era ya no sólo algo indeseado o r~hazado, sino que incluso tal nombramiento constituía un verdadero castigo. La crisis económica y el ocaso urbano en aquella hora de la ruralización del Imperio, se acompasaron así a la ruina y extinción del municipio romano.

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7. ESTRUCTURA ECONOMICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DEIDSPANIA

l. La vida económica

La vida económica de la España romana no presenta caracteres uniformes. Como en la etapa anterior, fueron agudas las diferencias entre las zonas ricas de Andalucía o Levante y los territorios más pobres del interior o del norte. Esta heterogeneidad de formas económicas osciló a lo largo del proceso de romanización, en el que Blázquez ha distinguido cuatro etapas principales: una primera en que la producción estuvo en función de las necesidades del ejército conquistador; la segunda de explotación propiamente dicha; la tercera coincidente con una honda depresión económica, y la cuarta a partir de la caída de Numancia, cuando el aprovechamiento fue intenso a fin de compensar la menor producción de un Oriente helenístico sumido entonces en guerras. Lógicamente la estructura económica hispana dependió primariamente de sus propias fuentes de riqueza y de las condiciones climáticas que favorecieron unas u otras formas de producción. El panorama peninsular al respecto, pródigo en contrastes, había sido ya descrito por Estrabón en su Geografía: "Iberia en su mayor parte es poco habitable, pues casi toda se halla cubierta de montes, bosques y llanuras de suelo pobre y desigualmente regado. La región septentrional es muy fría por ser accidentada en extremo, y por estar al lado del mar se halla privada de relaciones y comunicaciones con las demás tierras, de manera que es muy poco hospitalaria ... Turdetania es maravillosamente fértil; tiene toda clase de frutos y muy abundantes".

Esa desemejanza entre la prosperidad meridional y la penuria del norte fue destacada por los observadores romanos en un contexto descriptivo de general reconocimiento hacia el país -las "alabanzas de España" (laudes Hispaniae), de escritores como Plinio o Trago Pompeyo-, y se hace patente en el inexorable acento levantino-andaluz de casi todas las referencias a la agricultura, minería, industria, comercio, o cualesquiera fuentes de producción que quedaron integradas en el régimen capitalista del mundo romano.

Etapa., de In eronomín

hispnnorromnnn.

144

ESPAÑA ROMANA

A) LAS FUENTES DE RIQUEZA

l.

Gnnnderln y nxrirultum.

Elareite.

El sector agropecuario

El signo típicamente urbano de la civilización de Roma no impidió la realización de profundas reformas en el mundo rural de los territorios provinciales, cuyo secular aislamiento se vio mitigado por una red de vías y comunicaciones que hizo posible el intercambio de formas de vida entre la ciudad y el campo. Fue ello un fenómeno general de la historia romana, en razón del cual se puede hablar de una verdadera revolución rural (Tarradell), con independencia de ese otro ruralismo decadente que observamos en el desconcierto de los últimos siglos. La ganadería y la agricultura fueron pilares fundamentales en la explotación económica de la España romana. Los rebaños de ovejas en la cuenca del Duero o del Guadalquivir debieron constituir, con el ganado porcino, las bases de la economía alimentaria. Los textos de la época aluden a esos ganados, y al aprovechamiento de la lana en la cría de ovejas, así como a los toros y caballos que abundaban en varios territorios y singularmente en la Bética. La agricultura hispana se basó principalmente en el cultivo de cereales, vid y olivo. Aunque ciertamente España no pueda ser considerada, como Egipto, una provincia frumentaria o abastecedora de cereales en grandes proporciones, el trigo español fue exportado a Roma desde zonas como la Bética o la Tarraconense, donde se cultivó, al igual que la cebada, con abundancia y calidad. Fue proverbial además la riqueza triguera de los territorios vacceos. Los múltiples elogios de los autores latinos al aceite hispánico reflejan la fortuna del cultivo del olivo, así como su implantación en la Península, no sólo en la Bética sino también en la Tarraconense, valle del Ebro y zonas del interior y Lusitania. La venta de aceite pudo ser objeto de fiscalización y control por parte de las autoridades, y probablemente los productores se vieron obligados a entregar al fisco una parte de la cosecha. Conservamos así la portada de cierto rescripto imperial dado para Cástulo,·en el que un emperador que desconocemos (Adriano, según D'Ors) respondería a las dudas de los particulares sobre las aportaciones en especie que les eran exigidas. Pese a que Roma pudiera haber practicado con España una política de freno al cultivo del olivo y la vid, tesis de Rostovtzeff que Blázquez estima improbable, la importancia del aceite bético se constata en el hallazgo de las muchas ánforas que le servían de envase y en las cuales era transportado a Roma. Casi tanto predicamento tuvieron los vinos hispanos. Por Cicerón sabemos que al final de la República fue prohibida la plantación de vides al nor-

ECONOMIA Y SOCIEDAD

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te de los Alpes, como medida proteccionista para asegurar el consumo de los vinos de Italia. Tal prohibición no habría alcanzado a España, a la que sí se dirigieron otras disposiciones restrictivas de Domiciano de dudosa aplicación práctica y que en todo caso fueron derogadas a mediados del siglo III. Junto a la riqueza procedente de árboles frutales, singularmente la higuera, y de las plantas silvestres como el esparto, la producción agrícola fue potenciada con la construcción de pantanos, acueductos y canales de riego. La red de vías de agua tuvo especial importancia en la región levantina. Los problemas jurídicos del uso del agua fueron atendidos por la legislación municipal, según se aprecia por ejemplo en el. capítulo 79 de la ley de Urso.

2. Industria, obras públicas y comercio

La producción textil dio lugar a una industria floreciente que debió resultar competitiva en el comercio mediterráneo. Los establecimientos y talleres alfareros alcanzaron notoriedad imitando las creaciones itálicas y de las Galias. La industria naval se desarrolló pujante en Cádiz y Cartagena, de donde sabemos procedían la jarcia y cordajes de las naves armadas por César para invadir Britania. Aquellas ciudades fueron asimismo grandes centros de la industria de salazón de pescados, actividad de origen fenicio que ahora alcanzó un importante auge con múltiples factorías en las costas de Levante, Andalucía y Portugal. Las vías y calzadas, los puentes y las obras públicas en general, aparecen como realizaciones en las que brilla de modo singular el genio romano. Revelan ellas tanto la extraordinaria pasión de ese pueblo por construir, la infinita cupiditas aedificandi de que habló Lactancio, como una sobresaliente majestuosidad y rigor técnico. Las rutas principales, con los miliarios como sistema de orientación, formaron una red básica de comunicaciones que habría de perdurar durante los siglos medievales y aun modernos. Las vías romanas se ajustaron en principio a necesidades militares y comerciales. Así la más antigua, la Herculea o Augusta, llegaba desde el Pirineo a Cartagena para proseguir hasta Cádiz por la costa, y hasta Sevilla por el interior a través del rico distrito minero de Cástulo. Con el tiempo las rutas principales se multiplicaron, apareciendo junto a ellas otras secundarias y numerosos caminos. De esta forma, a principios del siglo 111, cierto esquema general de la red viaria del Imperio contenido en el Itinerario de Antonino, enumera y describe las treinta y cuatro rutas principales de la Península. Se utilizó asimismo la navegación fluvial, al tiempo que la comunicación entre las riberas en las zonas hidrográ-

Produrci(m intfu.,lrin/.

Obm.r públirm.

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El a1mercio.

ficas quedó asegurada por esas espléndidas obras de ingeniería que fueron los puentes romanos. Como es lógico, semejante red de comunicaciones facilitó el florecimiento del comercio interior, tanto oficial como privado, con la consiguiente presencia de mercaderes y negociantes, algunos de cuyos nombres han llegado hasta nosotros a través de las inscripciones de la época. El intercambio de productos se vio favorecido por el uso de la moneda, tanto del denario romano como de las acuñaciones autóctonas e incluso de las monedas griegas. Debieron existir así cambistas y manifestarse en España esos fenómenos típicos del capitalismo romano como el crédito, los préstamos y la usura. La Península había entrado además en las grandes rutas mediterráneas del comercio exterior, exportando productos textiles manufacturados, aceite, vinos, conservas pesqueras y, sobre todo, la gran reserva de sus riquezas minerales. B)

Elº"'·

ESPAÑA ROMANA

LA MINERIA Y SU REGULACION JURIDICA: LOS BRONCES DE VIPASCA

La riqueza minera de la Península Ibérica fue proverbial, y las alusiones a ella sobreabundan en los escritores de la época. La búsqueda del oro y la plata fue desde el principio una de las primordiales preocupaciones romanas, y es muy probable que la contienda con los cartagineses estuviera en buena parte determinada por la apetencia de metales preciosos, según se aprecia ya en el rico botín que logró Escipión al rendir Cartagena. Tito Livio nos ha facilitado algunos datos sobre la producción de oro en el siglo II a. C. al referir el pago de impuestos. Los yacimientos auríferos debieron ser especialmente abundantes en el noroeste, entre Galicia y León, donde las autoridades romanas, como ha demostrado Claude Domergue, establecieron un severo sistema de producción. El mismo asentamiento permanente de las tropas de la Legio VJI Gemina Felix en León pudo estar condicionado por la necesidad de garantizar con la presencia militar esa adecuada explotación de las minas. Más importantes fueron sin duda las reservas de plata, tanto en Cartagena como en el territorio de Cástula y otras zonas, cuyo aprovechamiento produjo beneficios considerables. Ello explica la pugna de compañías privadas por obtener del Estado las oportunas concesiones. El mercurio de Almadén era exportado en bruto a Roma, donde se procedía a su preparación. En Riotinto y Aljustrel abundó el cobre, mientras en Córdoba y Granada se explotaba el plomo, y en la meseta o la cuenca del Ebro, el hierro.

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Las sociedades arrendatarias aportaban una contribución al Estado romano. Sus miembros, muchos de ellos procedentes de Italia, debieron quedar pronto integrados en la oligarquía municipal hispánica. El nombre de la sociedad explotadora nos es a veces conocido por el sello de los lingotes o por otros testimonios diversos. Sabemos así de la Societas montis argentarii Ilucronensis, o de varios nombres de negotiatores particulares dedicados a la actividad mercantil minera. El régimen jurídico de las explotaciones fue objeto de leyes imperiales, desarrolladas luego por los procuradores que estaban al frente de los distritos. Una valiosa información sobre la normativa de esas explotaciones mineras, se encuentra en los llamados Bronces de Vipasca. Los Bronces de Vipasca son dos tablas halladas en las cercanías de Aljustrel (Portugal), conteniendo la ordenación jurídica del distrito minero de esa localidad de Vipasca. La primera de ellas ( Vipasca /) fue descubierta en 1876, y la segunda (Vipasca 11) treinta años más tarde. El fragmento primero recoge nueve capítulos de un reglamento del procurador del distrito, relativo a la organización y derechos de los arrendatarios de los distintos servicios. Este reglamento hace referencia a una ley general, lex meta/lis dicta, conforme a la cual es otorgado. Como precisamente el fragmento segundo contiene una ley general, se plantea el problema de que tal ley sea la aludida en Vipasca /, con la consiguiente relación genética y cronológica entre ambos textos. Tal problema, estudiado por diversos autores, no ha podido hasta hoy ser resuelto satisfactoriamente. El fragmento segundo (Vipasca //) contiene varios capítulos de una lex metallis dicta, recogidos a través de la epístola que cierta autoridad superior dirige al procurador de las minas de Vipasca. Trata del régimen jurídico de las concesiones, de medidas de policía en la explotación, y de otros pormenores técnicos. Al ser aludido allí el emperador Adriano, la inscripción debe datarse entre los años 117 y 138. Con ello, volviendo al problema planteado antes, si la ley citada en Vipasca I fuera precisamente ésta, la fecha del texto del primer bronce sería obviamente posterior a la de la ley de Vipasca //, correspondiendo él en consecuencia al siglo II y no, como creyó Hübner, a finales del siglo l. Las diversas cuestiones tratadas en estos bronces, llamados también por el lugar del hallazgo bronce de Aljustrel y nuevo bronce de Aljustrel, arrancan de un supuesto básico. En tanto en cuanto los productos minerales pertenecen al dueño del terreno, que es en las provincias ager publicus, el Fisco es siempre propietario de las minas y la explotación se concede a título de arrendamiento o bien va aneja a la venta del pozo, venta

Arrendamiento de/a.,minm.

Vipa.,rn l .

Vipn.w-n 11.

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Losuclavm ~n las minn.s.

ESPAÑA ROMANA

que no transfiere la propiedad sino el puro dominium. El ocupante debe pagar el precio fijado, pudiendo en todo caso vender su derecho a un tercero. La mano de obra estaba compuesta principalmente por esclavos o rem de trabajos forzosos, formando parte también de ella algunos hombres libres. Por lo que nos cuenta Diodoro, debió ser aquél un trabajo excepcionalmente duro: "Los mineros extraen fortunas increíbles para sus amos, mientras que ellos mismm agonizan trabajando día y noche, muriendo a menudo a causa de tantas penalidades. Par. ellos no existe descanso o tregua en el trabajo, al contrario pierden su vida quedandc forzados a soportar la inhumana fatiga bajo los golpes de los capataces. Y aun aquellos que sobreviven, gracias a la fuerza de su cuerpo y a la energía de su espíritu, no alcanzan nadi sino miseria eterna. Para ellos sería mejor la muerte que una vida tan penosa".

C) lalifundio.,· Jeñnriales e imptrinlt.'t.

La villa.

Elvilliru.,.

EXPLOTACIONES AGRARIAS Y ORIGEN DEL REGIMEN SEÑORIAL

El paso de la pequeña a la gran propiedad señorial fue una constante, en términos generales, de la evolución del régimen territorial romano. El proceso se inicia con la República y queda consolidado en el Imperio, alcanzando tal vez su punto culminante en el siglo primero de nuestra era. La gran propiedad pertenece a capitalistas, altos funcionarios y negociantes, o bien al emperador mismo. Esta última aparece muy desarrollada bajo Augusto, a raíz de las guerras civiles, ampliándose con ciertas confiscaciones hechas por Nerón y las más abundantes de la época de los Severos. La crisis urbana del Bajo Imperio generó como contrapartida la organización social de los territorios rurales. Los grandes poseedores de latifundios (saltus) constituyeron así zonas de jurisdicción prácticamente exenta, en la medida en que ellos mismos gobernaban a los colonos, administraban justicia y organizaban incluso su propio ejército. Esos potentes que estaban al frente de amplias explotaciones agrarias , instalados en la villa como centro del dominio señorial, cultivaron directamente los territorios más próximos (terra dominicata), cediendo el resto (terra indominicata) a los colonos en régimen de arrendamiento y con la carga de prestar al señor determinados servicios. En España parece que los latifundia y saltus fueron abundantes en general, y mucho más en la Bética donde la existencia de esos grandes dominios resulta constatada por García y Bellido en los siglos del Bajo Imperio. Los estudios toponímicos han servido para rastrear los nombres de las villas hispanorromanas, provistas a veces de ricos mosaicos, baños e instalaciones correspondientes a la explotación agrícola (horno, molino, etc.), cuya dirección estaba en manos del villicus.

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La segunda forma latifundista, a base de la integración de territorios en el patrimonio imperial, fue también conocida en la Península a partir de Septimio Severo. La formación de grandes dominios imperiales fue posible por la progresiva debilitación del régimen de las provincias senatoriales, lo que facilitó la intervención más general de los administradores del emperador en beneficio de su patrimonio.

n.

La Sociedad

La población de Hispania ha sido objeto de estimaciones dispares, elaboradas a partir del posible número de habitantes de algunas ciudades o zonas, para cuyo cálculo ha solido tenerse en cuenta el aforo de anfiteatros o grandes edificios públicos. A tenor de los diversos estudios, es probable que la España romana contara con una población cercana a los cinco millones de personas, compuesta por los primitivos indígenas, los inmigrantes itálicos y otras gentes procedentes de países diversos, a quienes hay que agregar en la última etapa el conjunto de pueblos que invadieron la Península: los francos y alamanes en el siglo III, y los contingentes bárbaros en las postrimerías del Imperio. Esa población estuvo desigualmente repartida, correspondiendo una mayor densidad a las zonas meridionales. Al dar cabida al amplio espectro humano que va de nobles a esclavos, la sociedad romana se nos muestra como profundamente desigual y heterogénea. La abundancia en ella de gentes privadas de libertad, llevó a ciertos sectores historiográficos a hablar de una sociedad esclavista, o bien a extrapolar conceptos rígidos de clases sociales a las diversas formaciones orgánicas del mundo de entonces. Un informado autor como Alfoldy ha criticado, en cambio, por impropio, semejante calificativo, mientras en nuestro país Mangas sostiene una posición intermedia, en el sentido de rechazar tal valoración con carácter global y aceptarla en cambio para un concreto aunque muy amplio período: los últimos dos siglos de la República y los dos primeros del Imperio. Gurvitch, a su vez, considerando a las clases sociales como grupos particulares de hecho, cerrados en sí mismos, ha negado la existencia de esa sociedad esclavista en la Edad Antigua. Los hispanos aportaron al mundo romano una destacada contribución cultural y política, siempre de rasgos genuinos y fisonomía propia. Junto a Séneca y Lucano, el escritor Marcial se autoproclama legítimo celtíbero (ex iberis et celtis genitus), mientras sus compatriotas dedicados a la vida pública aparecen precozmente en el Senado romano a través de unos gaditanos, los Balbos, en la época de César, para consolidarse luego en las etapas de Trajano y Adriano. Con estos emperadores españoles se inicia el

LA población de Hispania.

Sociedad esclavfa1a y clnse.r sociales.

Esr.ritorr.r y poUtir.o., e.,pañole.,.

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ESPAÑA ROMANA

notable fenómeno de los césares no itálicos y, consiguientemente, según expresión de Menéndez Pidal, "la provincialización del Imperio en la política". El prestigio de Trajano, asociado incluso a Augusto en la fórmula con que el Senado aclamó luego a cada emperador (felicior Augusto, melior Traiano ), rebrota así en otro andaluz, Adriano, e incluso en Marco Aurelio, no natural pero sí oriundo de la Bética, con lo que en cierto modo tiene lugar la hispanización de la alta política romana del siglo 11. Con Teodosio, nacido en Coca, se reproduce a fines del siglo IV esa mayor presencia de españoles en la administración imperial. A) ESTRUCTURA SOCIAL

l. El orden senmorinl.

El orden l!Cuest~.

la plebe.

Los hombres libres

Dentro de la sociedad hispanorromana ocupa un lugar destacado el orden senatorial, compuesto principalmente por familias de estirpe itálica o grupos indígenas romanizados. De ordinario desempeñaron relevantes puestos en la vida municipal y provincial, disfrutando de considerables medios de fortuna . Constituían en suma una nobleza (nobilitas) con influencia social y política. A ese sector dominante hay que sumar la propia aristocracia ecuestre, el ordo equestris, compuesta por gentes que al disponer de un caballo para poder servir en el ejército fueron calificados de equites o caballeros. La diferencia entre estos dos grupos sociales se ha intentado fijar tanto en la actividad de unos y otros, en función de que los senadores habrían sido grandes propietarios territoriales mientras los caballeros se dedicaban al comercio, como en base a la pura desigualdad de medios de fortuna o privilegios. Las exigencias económicas no parecen en todo caso muy dispares, si es que para ser senador -como precisan los especialistas- se requería un patrimonio de medio millón de sestercios y para ser caballero bastaban cuatrocientos mil. En un plano social inferior se encuentra el sector más numeroso de la plebe, compuesto tanto por hombres originariamente libres como por libertos o esclavos manumitidos, y que según su asentamiento y residencia integran la plebs urbana o la plebs rustica. De la plebe forman parte los dedicados a profesiones liberales, artesanos y comerciantes, miembros a menudo de corporaciones de carácter gremial (collegia). Estos colegios profesionales debieron abundar en la Bética, donde el profesor Merchán Femández, al estudiar el régimen municipal, subraya la existencia de múltiples inscripciones funerarias de médicos pertenecientes a ellas. Integran también la plebe los pequeños propietarios agrícolas o quienes, como colonos, mantienen relaciones de dependencia respecto al pro-

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pietario, mientras los libertos siguen asimismo vinculados al antiguo dueño mediante obligaciones de obsequium y beneficium. 2.

Los esclavos

La peor condición correspondió a siervos y esclavos, quienes por carecer del status de personas no eran siquiera sujetos de derecho. Su precaria situación se hizo algo más llevadera conforme penetró la influencia del estoicismo y, sobre todo, del espíritu cristiano, que propiciaron un mejor trato e hicieron más frecuentes las manumisiones. Los esclavos lo eran por nacimiento (hijos de padres siervos) y como consecuencia del cautiverio en guerras, aunque a veces los romanos devolvieran a los prisioneros a sus comunidades de origen. Junto a esas causas principales existieron otras de menor entidad, como la esclavitud por piratería, las autoventas de hombres libres como siervos y la reducción a la esclavitud por pena. Esclavitud por piratería. La captura de piratas fue una fuente del mercado de esclavos, más abundante en períodos de paz, cuando no había lugar al aprovisionamiento normal y característico de la guerra. Los esclavos grecoorientales que aparecen en nuestro país debieron tener tal procedencia. Esclavos por autoventa. El hombre libre se vende a sí mismo como esclavo. Tal fenómeno, la llamada obnoxatio, aparentemente paradójico, pudo darse en España si bien carecemos de testimonios al respecto. Fue motivado por puras necesidades de subsistencia, o para redimir con el trabajo en la esclavitud las deudas contraídas como hombre libre. Esclavitud por condena. El hombre libre se convierte en esclavo en virtud de sentencia judicial. La reducción a la servidumbre por pena (damnatio) debió incluir a los condenados en procesos de confiscación. A tenor de la investigación que Mangas ha llevado a cabo sobre esclavos y libertos, es posible destacar algunos rasgos característicos de la servidumbre en la España romana. La larga etapa de la conquista, debido a las guerras, fue la más importante en la formación de un régimen esclavista que, por lo demás, ya era conocido aquí desde siglos prerromanos. Esos esclavos, abundantes en la etapa final de la República y en los dos primeros siglos de nuestra era, tuvieron origen diverso y parece que fueron más los extranjeros que los indígenas. Hubo esclavos públicos y privados, con el consiguiente doble tipo de libertos, ocupando los esclavos privados muy diversos puestos en la actividad productiva. Finalmente, tras el período bélico que facilitó una mayor cantidad de esclavos, éstos procedieron prin-

Causn., dt In ,.,clavitud.

La esclavitud enHiJpania.

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cipalmente en la España del Imperio de la compra en los mercados y de los propios hijos nacidos de madre sierva. B) LA CRISIS DEL BAJO IMPERIO

Las contiendas políticas por la sucesión en el poder imperial, la anarquía militar, el peligro de los pueblos extraños que invaden el Imperio, la decadencia económica y la ruralización de la antigua burguesía urbana, fueron factores determinantes de la gran crisis social que se inicia en el siglo III. El antagonismo entre poderosos (honestiores) y oprimidos (humiliores) generó tensiones de diverso signo en un clima general de inseguridad e indefensión. I. Cnusnsdeln nd.\Tript:ión a los oficios.

Funrionnrins. militnrrs y prTJ/tl·iont.'f

libemfrJ

Los colonos.

La adscripción a los oficios. El colonato

La estructura social de esta época se caracteriza por la adscripción forzosa y hereditaria de las gentes a sus oficios y profesiones. En detrimento de la libertad y fluidez de las fuerzas sociales, la actividad se desarrolla en el seno de castas o cuerpos cerrados, donde el individuo queda vinculado a la función ejercida por sus padres, que él mismo ha de desempeñar y transmitir a sus hijos. La adscripción se justifica por la crisis económica, para que nadie pretenda escapar de su trabajo y obligaciones tributarias situándose en otro grupo social más ventajoso, y supone la imitación de precedentes orientales y africanos en el ordenamiento del Estado romano tardío. Los hijos de los funcionarios, según ordena una Constitución de Constantino del año 331, deben ocupar así el puesto de sus padres (in parentem locum procedant). Los cargos de las curias municipales, a quienes correspondía como sabemos la recaudación tributaria, se convierten en irrenunciables y hereditarios. Los artesanos y comerciantes quedan encerrados en sus propias corporaciones profesionales. Los mismos soldados no pueden abandonar la dedicación militar, y hasta los marinos negociantes (transmarini) aparecen obligados a seguir en su oficio. La situación resultó especialmente gravosa para los colonos o cultivadores de tierras ajenas, quienes quedaron adscritos a heredades que no podían abandonar. Pese a su condición teórica de hombres libres, la adscripción fue tan férrea como para que los colonos resultaran enajenados con las tierras si el propietario se desprendía de ellas, lo que generó de hecho un estado de servidumbre respecto al fundo mismo en los llamados "siervos de la tierra" (serví terrae). No había por otra parte posibilidad de sustraerse a las cargas del colonato ni siquiera con la huida, prevista y penada en otra disposición de Constantino:

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"En cuanto a los colonos que maquinan con la huida, procede que sean encadenados en condición servil, para que sean obligados a realizar como siervos aquellos oficios que les correspondían como libres".

2. Las revueltas campesinas Las precarias condiciones de los cultivadores del campo dieron lugar a una serie de sublevaciones y revueltas que se inician a fines del siglo III con la insurrección del pueblo galo de los bagaudas, nombre que los historiadores aplican también a las bandas de campesinos hispánicos amotinadas en las etapas siguientes. Esas sublevaciones significan fundamentalmente una reacción frente a los excesos del régimen latifundista, pero tienen también un signo político de protesta hacia el Estado romano. Los bagaudas asolaron las grandes propiedades territoriales y formaron bandas armadas que, luchando como guerrillas, llegaron a enfrentarse a los ejércitos de Roma. Tradicionalmente la actividad de los bagaudas se ha situado en España a lo largo del siglo V. En consecuencia, la destrucción de muchas explotaciones latifundistas, fijada mediante testimonios arqueológicos en la segunda mitad del siglo III, había sido atribuida a las invasiones de pueblos extraños, francos y alamanes. Sin embargo, según Vigil, las devastaciones de esa época fueron tanto fruto de la irrupción masiva de tales pueblos como de los primeros bagaudas hispánicos, quienes además habrían colaborado ocasionalmente con las gentes invasoras. Las revueltas de campesinos en los valles del Duero y Ebro fueron severamente juzgadas por los observadores romanos, coincidentes por lo común en atribuir a esos grupos una mera finalidad de bandidaje indiscrimirtado. Sin embargo, su más hondo sentido de revolución social no pasó inadvertido a algunos espíritus perspicaces, y así Rutilio Namaciano, con ocasión de celebrar la derrota de los bagaudas ante Exuperancio en el año 417, escribe solemnemente que el vencedor "restituyó las leyes, restauró la libertad y no permitió que los propietarios fueran esclavos de sus propios esclavos". La crisis campesinas tuvieron en fin connotaciones religiosas de carácter herético. Como aconteció con el donatismo en el norte de Africa, el priscilianismo fue aquí un movimiento espiritual impregnado de preocupaciones sociales, bien acogido por las masas agrarias españolas, singularmente en Galicia. 3. El patronato La inseguridad social y el propio desmoronamiento del poder político ocasionaron que los más débiles buscaran la protección de los poderosos, mediante el establecimiento de unos vínculos de dependencia privada. La vieja institución de la clientela reaparece así ahora con los nombres de pa-

Lm bn11nudns.

Etnpmde su nctividnd.

Bnndidnje y rt!volu,·itín "'" rinl.

Cnnnolnriones religiosas.

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Pntnmosy pmte¡:idos.

ESPAÑA ROMANA

tronato, encomendación o patrocinio, con lo que los lazos de dependencia pública o política se resquebrajan ante la multiplicación de esos vínculos personales, prohibidos a veces sin éxito por las leyes del Imperio. Mientras al patrono correspondió en todo caso una obligación tutelar, la encomendación de los suscepti o protegidos fue diversa según su particular situación. Hubo así encomendados con tierras propias, quienes las donaron al patrono para seguir cultivándolas mediante una concesión que les vinculó personalmente al nuevo propietario. Los que ya cultivaban tierras ajenas tuvieron que limitarse a entregar como contraprestación una parte de los frutos obtenidos. Aquellos que ni siquiera podían ofrecer eso, por estar al margen de la actividad agraria, hubieron de alistarse como soldados privados (bucelarios) del patrono protector.

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8. LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, LA HACIENDA, EL EJERCITO Y LA IGLESIA l. La Administración de Justicia A) JURISDICCION ORDINARIA Y JURISDICCIONES ESPECIALES

Desde un principio los pretores romanos desempeñaron la función de proclamar o decir el derecho (iurisdictio). A partir del año 242 a.C., la administración de justicia fue repartida entre el pretor urbano, con jurisdicción sobre los ciudadanos romanos, y el pretor peregrino, competente en procesos entre extranjeros o bien entre extranjeros y romanos. Contra las decisiones del magistrado jurisdiccional cabía el recurso a otro de mayor rango. El presunto perjudicado por el decreto de un magistrado debía llamar o "apelar" (appelare) en el propio acto a un tribuno, apelación que de surtir efecto invalidaba el decreto o decisión anterior. En las provincias los gobernadores fueron jueces ordinarios en lo civil y criminal, con atribuciones delegadas del príncipe ante quien era posible recunir sus sentencias. Los gobernadores delegaron a su vez la función judicial en uno o varios legados jurídicos (legati iuridici). La estructura de la jurisdicción ordinaria en el Bajo Imperio fue algo más compleja. Tuvo como cabeza al emperador, y por debajo de él a los prefectos del pretorio, vicarios de las diócesis y gobernadores provinciales, más los dunviros, los assertores pacis y el defensor civitatis. Jurisdicciones especiales fueron la señorial, la eclesiástica, la militar, y la mercantil y financiera. Al formarse los grandes dominios latifundistas, sus pujantes dueños sustituyeron al poder público en la administración de justicia, originándose así la jurisdicción señorial. Desde Constantino, por otra parte, se reconoció la práctica antigua de que los cristianos designaran al obispo para arbitrar sus litigios, con lo que éste fue tenido como autoridad competente en los pleitos civiles y se dio lugar a la jurisdicción eclesiástica. Las· cuestiones entre militares y los conflictos derivados de la práctica comercial abrieron paso a la jurisdicción militar, propia de los jefes castrenses, y a la jurisdicción mercantil y financiera, en la que entendían los cuestores y los procuradores provinciales, respectivamente.

Smtenrim del pretor.

Gobemadort.,· y lexados.

Jurisdicriones especia/e.,.

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ESPAÑA ROMANA

B) LOS DISTRITOS JUDICIALES O "CONVENTI IURIDICI" El "cnnvenlus".

Los ronvemo.,· hi.
La palabra conventus (pi. conventi) designa en el mundo romano provincial tanto la agrupación de ciudadanos formada junto a núcleos indígenas de población (conventus civium romanorum), como los distritos en que se dividió la provincia a efectos de la administración de justicia (conventi iuridici). Aquéllos desaparecieron tras la etapa republicana. Al hablar de conventus nos referimos aquí a la propia circunscripción judicial. Correspondiendo la administración de justicia a los gobernadores y sus legados, solían ellos reunir ciertos días a la población a fin de resolver los pleitos. Con el tiempo se institucionalizaron esas reuniones en ciudades y fechas previ amente determinadas, lo que regularizó el sistema de administración de justicia. Ahora bien, al igual que tuvo lugar, según vimos (6, I, A), una transformación del significado de la provincia, el término conventus, alusivo en principio a la convocatoria del pueblo o a la ciudad misma donde éste se reunía, pasó luego a designar al conjunto del territorio o distrito cuyos habitantes debían concurrir a la capital conventual. El conventus fue desde entonces una circunscripción intermedia entre la provincia y la ciudad. Desconocemos cuándo se llevó a cabo la primera división de conventos jurídicos. En la época en que España constaba de tres provincias, un texto de la Historial Natural de Plinio refiere que la Citerior daba cabida a siete conventos, la Bética a cuatro y la Lusitania a tres. Probablemente el papel de estos distritos desbordó su estricta funcionalidad judicial, convirtiendo a las capitales conventuales (Cádiz, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Tarragona, etc.) en auténticos núcleos de solidaridad y de relaciones comerciales entre los grupos urbanos y rurales de tan extensas provincias. La división en conventos debió desaparecer a fines del siglo m, trastocados sus límites por la reforma provincial de Diocleciano. Como Roldán señala, la creación de nuevas provincias deshizo a los distritos, Jo que vino a significar el comienzo de la que él llama "larga agonía" del régimen provincial. 11. La Hacienda hispanorromana A) LOS ORGANOS FINANCIEROS

EIAernrium Sntumi.

Los gastos del Estado romano fueron soportados de modo desigual por los territorios de Italia y por las provincias. En éstas la aportación de las ciudades dependió de su condición jurídica de federadas, libres o estipendiarías (6, 11, A). Los ingresos provinciales estuvieron centralizados durante la República en una caja, el Aerarium Satumi, cuya administración correspondió al Sena-

LA ACCION DEL ESTADO

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do. Al diferenciarse las provincias senatoriales e imperiales, los recursos procedentes de aquéllas ingresaron corno de costumbre en el erario, mientras para los de las imperiales se habilitó otra caja distinta o fisco del emperador (Fiscus Caesaris), de origen y naturaleza poco claros. Los autores han discutido así cuándo apareció el Fiscus Caesaris, cuya existencia corno caja separada para las provincias imperiales, a raíz de las reformas de Augusto, se ha confundido a veces con la aparición del propio nombre, Fiscus, que debió corresponder a época más tardía. No existe además acuerdo acerca de si era una caja pública, o bien, como aventuró Mornrnsen, una caja privada del emperador, de cuyo contenido en consecuencia podía él disponer a título particular. Con el Bajo Imperio, el Aerarium dejó progresivamente de allegar recursos, hasta aparecer de hecho corno una mera arca municipal de la ciudad de Roma. El creciente intervencionismo imperial fortaleció en cambio al Fiscus Caesaris, convertido en caja única de todos los ingresos provinciales y que desde Diocleciano fue llamado Sacrum Aerarium. Una ulterior reforma de Constantino puso al frente de esa caja central al "conde de las sacras larguezas" (comes sacrarum largitionum), asistido por delegados en las distintas diócesis. La administración financiera provincial quedó en la época republicana bajo la autoridad de un quaestor. Con el doble régimen de las provincias senatoriales e imperiales, el quaestor siguió en aquéllas, mientras las cuestiones hacendísticas de éstas corrieron a cargo de los procuratores Augusti. En el Bajo Imperio distintos funcionarios cuidaron en las provincias de los ingresos públicos y privados del soberano.

El FL,ru.v Cae.mri.1·.

El Sncrum Aernrium.

B) LOS IMPUESTOS

Los impuestos pagados por los provinciales a Roma fueron tanto directos como indirectos. Entre aquéllos se dieron los de carácter territorial y los impuestos personales. l.

Impuestos directos

El arrendamiento de los territorios provinciales constitutivos del ager publicus, propiedad del pueblo romano, se realizó mediante el abono de un cánon llamado vectigal. Por otra parte las ciudades estipendarias hubieron de pagar un tributo o estipendio, satisfecho en España según el historiador latino Floro desde el año 206 a.C., con ocasión de la derrota cartaginesa y la torna de Cádiz, aunque no cabe descartar que fuera exigido antes de modo ocasional y esporádico. El stipendium fue fijado en principio por el Senado y luego por el emperador corno una cantidad tasada y estable. Ese sistema cambió en los últimos siglos, cuando el Consejo Imperial determinó anualmente la suma a

lmputs/Os ttrrito rinles.

El .11ipenlfium y la "indidio".

160

lmpue.wo personal.

Refonnas de Diocleciano.

ESPAÑA ROMANA

recaudar, originando en consecuencia un reparto de cargas cronológicamente variable. El edicto del emperador con el presupuesto de ingresos (indictio) era desglosado por prefecturas, diócesis, provincias y ciudades, a fin de que cada unidad administrativa recabara la cuota proporcional de la suma económica prefijada. Ello no impidió que existieran variantes coyunturales, exigiéndose a veces una cantidad mayor mediante superindictiones, o disminuyendo en otras ocasiones la tasa inicialmente prevista (relevationes). El impuesto personal o tributum capitis gravaba la riqueza de las personas en un uno por ciento de la cuantía patrimonial. El tributum capitis fue satisfecho inicialmente sólo por quienes no pagaban el impuesto territorial, si bien con el tiempo ambos resultaron acumulativos. Las reformas de Diocleciano transformaron a fines del siglo III uno y otro impuesto, intentando realizar una estimación conjunta de la capacidad del contribuyente. Se fijaba así su patrimonio territorial valorado en unidades impositivas (iuga), junto a otras (capita) de carácter personal en función de los esclavos, colonos o animales de que dispusiera. El doble sistema del tributo territorial, iugatio, y de ese impuesto personal que ya sólo gravaba a las clases menos acomodadas, capitatio plebeia, exigió la formación de un censo renovado y actualizado por quinquenios . Cada tres períodos constituía un ciclo de quince años, llamado también indictio. 2. Impuestos indirectos

Porrorium.

Victsimae.

El más importante de los impuestos indirectos fue el portorium, aplicado a gravar el paso de mercancías por las aduanas. Se han localizado en Hispania ocho puestos de portorium, casi todos pertenecientes a la Bética, aunque debieron existir otros en ciudades importantes como Cartagena, Valencia o Tarragona. En el mundo romano la cuantía de este impuesto varió con las distintas provincias, si bien las españolas mantuvieron una tasa uniforme del 2 ó 2,5%. Otros impuestos indirectos fueron la vicesima libertatis, aplicada a la manumisión de esclavos, y la vicesima hereditatum que gravó las transmisiones hereditarias. El importe de esta última fue duplicado por Caracalla, alcanzando así el 10%. 3.

Sociedades de publicanos.

La recaudación de tributos

La recaudación de impuestos fue arrendada durante la República a compañías o sociedades de publicanos (societates publicanorum). Estas sociedades figuran en las contratas públicas de la vida romana, presididas por

LA ACCION DEL ESTADO

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censores, y luego extienden su actividad a las provincias donde corresponde a los cuestores proceder a la oportuna adjudicación. En una etapa posterior el Estado varió el sistema, encargando del cobro de los impuestos a las curias municipales cuyos miembros, transformados en exactores, oprimieron a la población ante la necesidad de recaudar unos fondos de los que subsidiariamente respondían ellos mismos. Los tributos correspondientes a la población campesina, dispersa en fundos y señoríos, debieron ser gestionados por los villici, mientras la aportación fiscal de los miembros de los collegia fue recaudada por las propias corporaciones. Las sociedades de publicanos mantuvieron la percepción, mediante arriendo, del impuesto de aduanas o portorium. El pago de los tributos se realizó en dinero o en especie. Al margen de ellos, la crisis económica hubo de requerir el concurso de los ciudadanos en cargas de distinta índole (munera), tanto personal (colaboración en trabajos de obras públicas) como estrictamente financiera (aportaciones extraordinarias), o bien de carácter mixto. En la atmósfera crítica de los siglos IV y V resultó imposible recaudar con normalidad los tributos. Nos consta incluso que los españoles buscaron refugio entre bárbaros y bagaudas huyendo de la agobiante presión fiscal.

los exncto~s de In curia.

ú,s "munem".

m. El Ejército en Bispaaia El ejército fue una institución capital de la España romana. Y ello tanto por los dos siglos que duró la conquista, con la presencia permanente y activa de huestes militares, como por el destacado papel de ellas en el proceso romanizador y hasta por la propia incorporación de los españoles a las tropas romanas en calidad de legionarios y auxiliares. A) ETAPA REPUBLICANA: EJERCITO Y ROMANIZACION

El ejército romano se organizó en los primeros tiempos como una milicia ciudadana, formada mediante el reclutamiento forzoso de los cives de pleno derecho. La leva dejaba así fuera a los proletarii o gentes sin medios de fortuna, censados en función del número de hijos. Los primeros soldados romanos fueron pues propietarios territoriales. La reforma militar de Mario en el año 107 a.c. invirtió el sistema, excluyendo a los antiguos soldados e integrando a los proletarios en una milicia de carácter profesional. El quehacer castrense facilitó entonces que el soldado consiguiera tras la licencia tierras donde asentarse como propietario. Al ejército de ciudadanos se incorporaron pronto como socios los aliados itálicos y, más tarde, los soldados indígenas de las provincias roma-

Ejérriw de riudndnno.< y ejt!rrilo pmfesional.

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SoliÚll/nsyRomanizarión.

ESPAÑA ROMANA

nizadas. Los hispanos colaboraron unas veces como mercenarios, figurando otras alistados obligatoriamente en tropas de no ciudadanos, sin perjuicio en cualquier caso de los pactos suscritos por grupos indígenas para ayudar a los romanos en distintas campañas. El bronce de Ascoli testimonia así la colaboración de un cuerpo de caballería hispánica de la zona del Ebro, la turma Sallvitana, treinta de cuyos jinetes fueron recompensados por Cneo Pompeyo Estrabón con la ciudadanía romana. La prolongada duración del servicio militar en las provincias facilitó que muchos soldados desearan instalarse en ellas, convirtiéndose en residentes que a menudo no retornaron a Italia. El estimable volumen de las colonias de soldados asentadas en España, más fuerte en la época de César, hizo de los militares y sus descendientes agentes claves del proceso romanizador. Tal fenómeno fue especialmente notorio en aquellas provincias, como la Bética, que disfrutaron de un acentuado influjo colonial. B) LA ORGANJZACION DEL EJERCITO A PARTIR DE AUGUSTO

Los plenos poderes obtenidos por Augusto incluían el imperio proconsular que Je daba el mando supremo del ejército, instrumento de esa paz romana que él pretendía consolidar. En la etapa absolutista, establecidas las provincias imperiales, el ejército operó en ellas con independencia de los gobernadores y bajo la dirección de los legati Augusti. Tuvo lugar además una articulación definitiva de las milicias profesionales, integrando en cuerpos distintos a ciudadanos e indígenas. Aquéllos formaron parte de las legiones y éstos de las tropas auxiliares. l.

Legiones y "auxilia"

Las legiones, compuestas de ciudadanos, constituyen el elemento básico del ejército imperial. Identificadas por un número y uno o varios nombres (Vil Gemina felix, XX Valeria victrix, XI Claudia), constaron de diversas centurias al mando de los correspondientes centuriones. El número de legiones fue variable, oscilando en la etapa imperial alrededor de las veintiocho organizadas por Augusto. Todas dependían del legatus legionis. Los estudios llevados a cabo por Roldán han puesto de manifiesto el fenómeno de la provincialización de las legiones, y más precisamente la hispanización de los cuerpos militares presentes en la Península. Ya Forni había destacado que al ser la leva un derecho del emperador, éste lo ejerció no sólo en las provincias imperiales a través de los dilectatores, sino también en las senatoriales mediante determinados senadores. Los legionarios

w .degione., romana.,.

LA ACCION DEL ESTADO

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españoles procedieron así tanto de la Bética como de las provincias imperiales. De ordinario a la legión asentada en una provincia se incorporaron soldados de ella, acudiéndose a las provincias inmediatas si el reclutamiento resultaba insuficiente. La hispanización de esos cuerpos de ejército fue por demás ejemplar en el caso de la legio VII Gemina, única entre las varias presentes en nuestros territorios que permaneció en su asentamiento de León. Reclutada por Galba a principios del siglo I, la legio Vil estuvo compuesta casi exclusivamente por españoles, aplicándose no tanto a enfrentamientos bélicos de importancia cuanto a vigilar los distritos mineros del noroeste y a la represión del bandidaje. Las tropas auxiliares (los auxilia) constaban de unidades de infantería (cohortes) y de caballería (alae), reclutadas exclusivamente en las provincias imperiales. García y Bellido sostuvo que esas unidades procedieron en España de las zonas montañosas y menos romanizadas, afirmación que ha refutado Roldán al mostrar auxiliares hispánicos que acuden desde núcleos urbanos aceptablemente romanizados. La cuantía de esas unidades militares, importante al principio, debió decrecer conforme se consolidaron los ejércitos provinciales. Pertenecer a ellas fue un procedimiento eficaz de promoción social y jurídica, por cuanto al término del servicio los auxiliares solían ser distinguidos con privilegios diversos y la concesión de la ciudadanía. Al adoptar una organización castrense de tipo romano, los auxilia propiamente dichos se diferencian de otras tropas colaboradoras, los numeri, que conservan sus usos indígenas y mandos propios. Surgen así de modo ocasional esos numeri Hispanorum, de origen cántabro y astur, que al parecer llegaron a combatir en la Dacia a fines del siglo segundo.

Troptu mailinres.

2. Las reformas del Bajo Imperio Diocleciano y Constantino modificaron la estructura del ejército que, desde entonces, aparece bajo una doble organización: la milicia de fronteras (limitanei), asentada establemente, y las tropas ambulantes (comitatenses) que acuden allí donde sus servicios son requeridos. Las milicias fronterizas estuvieron acuarteladas en España en la zona cantábrica, probablemente para impedir sublevaciones ante la creciente debilidad del gobierno central, y su único cuerpo legionario fue la legio VII Gemina. Debieron ser abundantes en mercenarios extranjeros y soldados, y dependieron en conjunto de un magister, articulándose en unidades o cohortes dirigidas por tribunos. Los ejércitos móviles o comitatenses tuvieron al frente a condes (comites).

Milirins fronterizns y lmpn.\·

ambulantes.

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ESPAÑA ROMANA

IV. La Iglesia y el Estado Aparición del Cristianismo.

Jesucristo nace en una aldea del mundo romano, en pleno Principado, cuando Augusto acomete la gran ordenación política del Imperio. En semejante panorama de prepotencia y esplendor, su doctrina irrumpe con un mensaje de radical novedad, alejado del sistema de valores dominante entonces y que, por lo mismo, va a ser difundido por las gentes más humildes. Menéndez Pida] ha escrito: "El cristianismo, en fin, señalaba a la comunidad humana fines supraterrenos, muy por cima de los destinos de la orgullosa urbe eterna y anteponía resueltamente a la ciudadanía romana otra nueva universalidad, más extensa y más potente, no conquistada por las victorias de los imperatores militares, sino por el martirio de hombres humildes de todas partes, puestos en irreductible rebeldía contra todo el pasado de Roma". (Introducción a la Historia de E.ipaña, JI, XXIV-XXV).

Cn.Jtinnismo y orden rivil.

El Cristianismo en España.

En verdad la Roma imperial mantuvo largo tiempo una actitud hostil hacia el Cristianismo naciente, actitud agudizada en los más graves períodos de las persecuciones. No es menos cierto sin embargo que la difusión histórica del Cristianismo se vio favorecida por la gigantesca construcción política romana, desde el Atlántico hasta la frontera persa, que facilitaría tanto el desplazamiento de los primeros cristianos predicadores de la buena nueva, como la misma comprensión de un mensaje evangélico expresado primero en griego, idioma conocido en la cuenca mediterránea, y desde el siglo III en latín, convertido desde entonces en lengua oficial de la Iglesia. Pese a lo revolucionario de su mensaje. el Cristianismo no pretendió subvertir las estructuras civiles y políticas del mundo romano. El pasaje evangélico relativo al tributo debido al César es sintomático en lo que concierne al respeto hacia la autoridad legítima, y la mejor prueba de esa conciencia cívica la da el propio San Pablo sometido a prisión y que apela al tribunal del César para reclamar una justicia que en efecto le es otorgada. El Cristianismo, en suma, opera sobre el marco jurídico romano aconsejando en principio a sus fieles el cumplimiento de la moral evangélica sin impugnar frontalmente la normativa en vigor. Los cristianos fueron así exhortados a tratar a los esclavos como semejantes, sin poner en cuestión por ello el orden social, o a mantener la indisolubilidad del vínculo matrimonial, no haciendo simplemente uso de la legislación que permitía el divorcio. Sólo desde Constantino en el siglo IV esa legislación se acomodó a los principios cristianos, dando 1ugar en lo i.ucesi vo a la síntesis político-religiosa del Estado confesional y a una legislación secular que con frecuencia identificó el pecado con el delito. Desde los núcleos orientales, principalmente Siria y Asia Menor, el Cristianismo se extendió por el Mediterráneo occidental, alcanzando Afri-

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ca latina, Italia, las Galias y España. Ya en los años centrales del siglo I, con ocasión de las persecuciones de Nerón, una "enorme muchedumbre" sufrió según Tácito el martirio. Hacia el año 200 Tertuliano aseguraba que el Cristianismo estaba presente en todos "los ámbitos de las Hispanias". Aun descontando cuanto pueda haber aquí de exageración apologética, cierto es que la nueva religión se abrió pronto camino en la Península gracias a impulsos apostólicos procedentes de Italia o Africa. A) LA ORGANIZACION ECLESIASTICA Y SU BASE SOCIAL

Las iglesias cristianas fueron en un principio comunidades locales sujetas a la autoridad del obispo. La quiebra de la sociedad urbana, tan propia del espíritu de Roma, y la consiguiente ruralización del Bajo Imperio, determinaron la formación de diócesis territoriales presididas por unos obispos elegidos por el clero y pueblo, quienes al ejercer su potestad sobre esas comunidades urbanas y rurales de un determinado distrito, conformaron lo que en el futuro propiamente será la jurisdicción episcopal. La diócesis fue la unidad básica de organización eclesiástica. Por encima de ella, y adaptándose al propio régimen civil, se organizaron las provincias eclesiásticas con una capital cuyo obispo titular, el metropolitano, gozaba de ciertas preeminencias sobre los demás, controlando las elecciones episcopales de las diócesis y juzgando en apelación las sentencias de los tribunales diocesanos. El obispo metropolitano presidía además las reuniones del concilio provincial. La implantación de este sistema tuvo lugar en épocas diferentes según los territorios, manifestándose con claridad en España no antes del siglo VI. En el desmoronamiento del Imperio, ante el abandono de las autoridades seculares, los obispos asumieron la tutela de la comunidad ejerciendo quizás ocasionalmente el oficio de defensor civitatis, o convirtiéndose en protectores de pobres y humildes. Orlandis hace notar como los propios obispos, solidarios con su pueblo y diocesanos, defendieron las ciudades amenazadas por invasiones de pueblos extraños, y así murió San Agustín en la Hipona sitiada por los vándalos. Tal actitud habría de conferirles una notable autoridad moral. Muchos de los primeros cristianos españoles fueron soldados, pertenecientes en buena parte a la legio VII Gemina. Convertidos durante la época en que la legión estuvo asentada en Túnez, regresaron luego como cristianos cuando las tropas fueron enviadas a España. Díaz y Díaz ha destacado así el hecho de que algunas comunidades cristianas, cuya existencia nos consta a mediados del siglo ID, aparecen precisamente en la zona donde esa legión se estableció (León), o en puntos estratégicos como Mérida y Zaragoza relacionados

Dirkesis.

Pmvincinx eclt.lii{uticns.

Papel de los obispos.

Origen social de ln.'i primen1s ,·riJ. tinnos tspañnle,.

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El Pri.vrilinnismo.

ESPAÑA ROMANA

con ella. Emeterio y Celedonio, por ejemplo, martirizados en Calahorra durante la persecución de Diocleciano, fueron soldados de la Legio VII. Junto a ellos, otra mucha gente humilde sufrió el martirio como cristianos y sus nombres fueron evocados por Prudencia en el Peristephanon. A comienzos del siglo IV el Cristianismo había penetrado también en los sectores acomodados de la vida social, pues los cánones del Concilio de El vira hacen referencia a creyentes con propiedades territoriales o que ejercen el oficio de dunviros. La variada extracción social de los cristianos españoles habría de manifestarse tanto en las filas de la ortodoxia como en el seno de las primeras disidencias, según fue el caso del priscilianismo. Ya aludimos antes a las connotaciones de movimiento social que tuvo esta doctrina (7,II, B, 2). Prisciliano fue así seguido por colonos y cultivadores del campo, quienes se sentían amenazados por las difíciles circunstancias, pero también por gente noble y "muchas mujeres". Estas apasionadas devotas del líder religioso, quien tras su ejecución en Tréveris llegó a ser venerado en la Península como mártir, constituyen un primer anticipo del muy importante protagonismo femenino en las ulteriores heterodoxias hispánicas de los siglos modernos. B) LAS FUENTES JURIDICAS

La Iglesia va a desarrollar un ordenamiento jurídico, el derecho canónico, cuyas fuentes principales son desde el principio la Sagrada Escritura (más directamente el Nuevo Testamento), y la tradición que completa e interpreta esos textos. Al consolidarse las comunidades religiosas y sobre todo al ser reconocido el Cristianismo con Constantino, las epístolas de los papas y las obras de los padres de la Iglesia, instruyen a los fieles, explicitan la doctrina en cuestiones concretas y sientan las bases del régimen jurídico eclesiástico. Conrilws ,mmt!nicos Particular consideración merecen las disposiciones de los concilios, por ypmvincinles. cuanto junto a los de carácter general (concilios ecuménicos) nos encontramos con los particulares de una o varias provincias y, en concreto, con las primeras asambleas eclesiásticas españolas. El ecumenismo de esos concilios generales, iniciados en Nicea el 325, no se fundamenta tanto en la participación de obispos o representantes de todo el orbe cristiano, cosa que de hecho no sucedió, sino en la sanción posterior por los papas de sus actas y decretos como doctrina vinculante para toda la Iglesia. Los ocho primeros concilios ecuménicos se celebraron en Oriente y el papa estuvo representado en ellos mediante legados. En concreto los cuatro iniciales (Nicea, Constantinopla I, Éfeso y Calcedonia) gozaron de especialísimo reconocimiento en cuanto a la fijación del dogma, siendo sus cánones ulteriormente equiparados por Justiniano a las leyes del Imperio.

LA ACCION DEL ESTADO

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Las disposiciones de los concilios provinciales se difundieron en otras circunscripciones según la autoridad y la importancia de las decisiones doptadas. El primero conocido en España tuvo lugar en Ilíberis o El vira, Junto a Granada, a comienzos del siglo IV, tal vez en el año 303. Los ochenta y un cánones que conservamos de este sínodo constituyen un cuerpo doctrinal de notoria trascendencia, sin bien de normativa muy heterogénea. Blázquez ha observado que junto a textos arcaicos, otros muchos resultan ..extraordinariamente liberales y avanzados". Se trata en ellos, entre otras materias, del celibato sacerdotal, de la jerarquía eclesiástica, liturgia, costumbres, segregación de los judíos, régimen matrimonial, etc. Llama la atención el rigorismo de ese primer concilio hispánico, que parece prohibir la administración de la comunión, incluso en peligro de muerte, a quienes cometan determinados pecados graves (nec in fine communionem accipere) .

Otros dos importantes concilios españoles de fines del siglo IV fueron el de Zaragoza (380) y el primero que tuvo lugar en Toledo el año 400. Ambos se ocuparon de cuestiones de moral y disciplina eclesiástica, y también del movimiento priscilianista entonces en boga.

Los ronrilios e.,pañoles: E/-

vira. Zarn.KOW y Toledo.

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9. LOS PUEBLOS GERMANOS, ESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL DE LOS VISIGODOS

l. Lo• pueblo• bárbaro• y •u asentamiento ea laPemn•ula

La irrupción de pueblos bárbaros, gentes que vivían más allá de los límites del Imperio, y su ulterior establecimiento en el mundo romano, constituyen un fenómeno de larga duración y muy complejas causas. Con antecedentes en etapas anteriores, esas oleadas migratorias fueron ya incontenibles a fines del siglo IV y principios del V, sacudiendo los cimientos políticos y la organización de un Imperio Romano en crisis creciente. Al producirse su derrumbamiento y ser atribuido a esas invasiones violentas de pueblos extraños, surgió la llamada teoría catastrofista como explicación histórica del fin del mundo antiguo y origen del medieval. Tal teoría puede considerarse hoy superada, por cuanto parece claro que esas invasiones bárbaras no fueron fruto de una acción acontecida en determinados momentos, sino que consistieron más bien en la infiltración progresiva y lenta de pueblos enteros, ocasionalmente aliados con los romanos para defender al Imperio de la amenaza de otros pueblos extraños. Las invasiones bárbaras no son así explicables por una causa única y aislada, sino en función de factores muy diversos e interrelacionados: problemas Feográficos, estructura socioeconómica de los grupos que irrumpen, búsqueda de tierras con mejores condiciones climáticas y posibilidades de cultivo, conflictos bélicos, etc. Entre esos pueblos extranjeros hay algunos de origen iranio, como los hunos y alanos, pero la mayoría son germanos, grupo étnico indoeuropeo inicialmente asentado en Dinamarca, norte de Alemania y sur de Suecia. A tenor de sus estirpes y lengua, se ha distinguido de ordinario entre los germanos a tres conjuntos distintos de pueblos, nórdicos, germanos orientales y occidentales, si bien tal división resulta un tanto simple como ha quedado de manifiesto al apreciarse la existencia de otros grupos culturales. En todo caso, dos pueblos germánicos occidentales, suevos y vándalos, junto a los alanos procedentes de oriente, aparecen en España al despuntar el siglo V.

Cnrrlr.terde ln:r invn.\'iont.t bárbaro.,.

Cnusnsdt lm inva.,·irm~s y puebú,.< invawrt!.\'.

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ESPAÑA VISIGODA

A) LAS INVASIONES Y SU CARACTER

l. Suew,.1, vtlnda/os y a/anos.

Visi/iodos.

Foedusdel año 418.

Establecimiento de los visiliodos en España.

Fin del reino de Tolom.

Reino de Toledo.

Bárbaros contra bárbaros: el logro de la unidad política

Los pueblos germánicos cruzan los Pirineos en el otoño del 409. Tras dos años de incursiones por tierras peninsulares, que de creer a Orosio e Idacio fueron acompañados de la devastación y el caos, los alanos se establecieron en la antigua provincia de Lusitania y en la parte occidental de la Cartaginense. La Gallaecia fue ocupada por los suevos y por una rama de vándalos, los asdingos, mientras que otro grupo vándalo, los silingos, se instala en la Bética. Con estos asentamientos del año 411, los primeros invasores ocupan la Península a excepción del sector oriental de la Cartaginense y la provincia Tarraconense, donde cuatro años después penetran los visigodos bajo la dirección de Ataulfo. Al tiempo de su incursión en Cataluña, estos visigodos, de origen escandinavo, habían protagonizado ya largos y conflictivos desplazamientos por toda Europa. Guiados en los primeros tiempos hacia el este, retornaron luego a occidente invadiendo sucesivamente Italia y las Galias. Tras esa incursión en la provincia Tarraconense, de carácter episódico, un rey político y negociador como Valia sucede a Ataulfo que había sido asesinado en Barcelona. Valia pacta con los romanos en el año 418, recibiendo tierras en las Galias para asentarse, a cambio de combatir como pueblo federado a los enemigos del Imperio. Se constituye así el reino visigodo en el sur de Francia con capital en Tolosa. A partir de mediados del siglo V, los visigodos penetran en España durante los reinados de Teodorico II (453-466) y de Eurico (466-484), quien ocupa la Tarraconense y la Lusitania. Eurico aparece propiamente, desde la sede de Tolosa, como primer rey visigodo de España. Al finalizar el siglo, durante el reinado siguiente de Alarico 11 (484-507), importantes contingentes populares góticos se instalan de modo estable en territorios hispánicos. El Cronicón Cesaraugustano registra en el 494 la entrada de los godos (gotthi in Hispanias ingressi sunt), quienes tres años más tarde, según el mismo texto, ocupan sus sedes o asentamientos (gotthi intra Hispanias sedes acceperunt). La derrota de Alarico II frente a los francos en la batalla de Vouillé (junto a Poitiers), puso a su vez fin al reino de Tolosa en la primavera del año 507: regnum tolosanum destructum est, sentenciará lacónicamente la citada Crónica de Zaragoza. Tras un período de supremacía ostrogoda, seguido de años de anarquía, a mediados del siglo VI Atanagildo traslada la capital del reino visigodo a Toledo. Desaparecidos de tiempo atrás los vándalos, que habían emigrado a Africa, y vencidos los otros pueblos bárbaros en el siglo anterior por los propios visigodos, el reino suevo se mantuvo en Galicia como últi-

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mo e importante reducto de los primitivos invasores. Derrotados a su vez los suevos en el reinado de Leovigildo (568-586), los visigodos habrán de reducir a los conquistadores de Bizancio que durante más de medio siglo (554-622) ocupan territorios en las zonas del sur. Desde entonces el Estado de Toledo permanece como única entidad política hasta su derrumbamiento a principios del siglo VIII. Semejante unidad se hizo así posible fundamentalmente por la imposición de un pueblo extraño sobre los restantes, como consecuencia de ese "odio infinito entre godos y godos", del que habló Menéndez Pidal. Fue en definitiva un proceso que bien podría calificarse, con frase feliz que Orlandis utiliza, de bárbaros contra bárbaros. 2. Idiosincrasia jurídica de los invasores Las comunidades políticas germanas estaban formadas por grupos familiares integrantes de la llamada Sippe, palabra que hace referencia tanto a la comunidad de parientes de sangre de una determinada persona, como más específicamente a la organización agnaticia propia de quienes descienden en línea masculina de un tronco común. En este último sentido, la Sipve constituye una unidad jurídica con notables repercusiones de carácter público. Es en primer lugar un círculo cerrado de protección penal, y así la muerte de uno de sus miembros legitima a los restantes para ejercer la venganza de la sangre (Blutrache) o para reclamar la composición económica (Wergeld) que habrá de ser distribuida entre sus miembros. Pertenecer a la Sippe facilita el auxilio procesal de que el juramento particular se convierta en solidario y genealógico, por cuanto ese juramento es reforzado por el de los restantes componentes, convertidos así en cojuradores. Además el conjunto de derechos y deberes propios de la comunidad parental puede hacerse extensivo a extraños mediante la llamada fraternidad artificial, formalizada por el juramento y la mezcla simbólica de sangre de quienes oficialmente se hermanan. Tal institución, característica de los derechos nórdicos, existió también entre los eslavos y otros pueblos europeos bajo las formas predominantes de comunidad militar y económica. Con los escandinavos y germanos, esos hermanos artificiales se comprometen a la venganza recíproca, hospitalidad y mutuo auxilio, traducido a veces en procurarse sepultura decorosa, e incluso pactan a menudo la comunidad de bienes. En lo relativo a la condición de las personas, la población germana estuvo compuesta de hombres libres, entre los que destaca la clase aristocrática dominante; de los semilibres ·o liten, que siendo sujetos de derecho prestan determinados servicios a su señor; y de unos siervos situados en los estratos inferiores que pueden ser manumitidos de forma ordinaria para

Ln Sippe.

8/utrrwhe y Wer¡¡eld.

Fraternidad artificial.

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úis hombt?s libres.

Unidades enmómica.'i.

ESPAÑA VISIGODA

convertirse en semilibres, o bien mediante otro procedimiento privilegiado que les confiere la libertad plena. La composición económica o Wergeld del libre es doble a la del semilibre. Los hombres libres se agrupan con frecuencia en la clientela o séquito (Gefolge) de señores poderosos, quienes mantienen o ayudan al cliente a cambio de la prestación de determinados servicios. Los propios reyes fueron cabeza de esas clientelas. Elegido el monarca como "rey del ejército" (Heerkonig), es decir del pueblo en armas, la realeza germánica tuvo muchas veces su origen en esas comitivas o séquitos. La proliferación de los lazos privados condicionó así el propio carácter público de la organización política. En el orden económico fueron frecuentes las explotaciones agrícolas características de un cierto tipo de aldeas (las Haufendorfer), así como el reparto de la tierra a los grupos parentales, seguido de sorteo para adjudicar a cada individuo su cuota en los terrenos de la marca, mientras todos utilizan colectivamente los territorios de bosques y prados comunes (Allmende). La casa, huerto y parte correspondiente a la marca común, componen una unidad económica que los germanos llamaron Hu/e. B) EL ESTABLECIMIENTO DE LOS VISIGODOS

De To/osa a Tt,ledo.

Ya hemos reseñado los jalones principales del itinerario político visigodo en lo que concierne a España. El título de cierta obra del historiador Ramón d' Abada!, Del reino de To/osa al reino de Toledo, sintetiza así la historia de un pueblo que se instaló en las Galias, mediante el pacto o foedus del 418, erigiendo allí el reino tolosano, para desplazarse luego a la Península y organizar el reino de Toledo. Nos preguntamos ahora cómo se realizó el establecimiento de los visigodos y, en consecuencia, cómo se repartieron las tierras entre godos y romanos. 1.

Ho.,pitalidad militar.

lA hospitalidad romana

A cambio de los servicios y ayuda militar de pueblos extraños, Roma se vio obligada a arbitrar un procedimiento para instalar adecuadamente a sus ejércitos. Tal procedimiento consistió en la llamada "hospitalidad" (hospitalitas), institución descrita en un texto del año 398 que figura en el Códido Teodosiano y en el de Justiniano: "Arcadio y Honorio, emperadores augustos, a Osio maestro de los oficios. En cualquier ciudad en que Nos mismo estuviéremos o en la que residieren quienes nos sirven en la milicia. (ordenamos) que para evitar toda iniquidad tanto de los medidores como de los huéspedes, el dueño posea sin miedo y con seguridad dos partes de su propia casa y se

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entregue la tercera al huésped. Y ello de modo que, dividida la casa en ues panes, el dueño tenga la facultad de elegir la primera, el huésped elija la segunda que quiera, y la tercera quede para el dueño". (C. Th. 7, 8, 5, = C. lust. 12, 40, 2).

Según se aprecia, la hospitalidad consiste en que, conservando el dueño dos terceras partes de su propia casa, la que él escoja primero y la que quede tras la elección subsiguiente del huésped, éste recibe para instalarse un tercio de la vivienda. Obviamente tal fórmula, apropiada para el alojamiento de huestes militares, resultó insuficiente a la hora de acoger a pueblos enteros. En esta coyuntura, propia de las invasiones bárbaras, hubo que hacer frente a esas nuevas necesidades acudiendo a la instancia de repartir las tierras. 2. El reparto de tierras

Por el pacto del 418 entre Valia y el emperador romano Honorio los visigodos quedaron establecidos en la Aquitania. Al no conservarse el texto del foedus y depender nuestros conocimientos de fragmentarias referencias de leyes posteriores, o de fuentes narrativas escasamente concretas, la cuestión global del reparto ha sido objeto de interpretaciones diversas. Se ha discutido en suma cuándo tuvo lugar, qué fue exactamente lo que se repartió, y en qué forma se llevó a cabo. -

¿Cuándo tuvo lugar?

Es ésta la cuestión menos conflictiva. Algunos autores, al observar referencias de fecha avanzada a los bosques y prados que compartían godos y romanos, supusieron que las tierras seguían por entonces indivisas y que por consiguente el reparto no había tenido Jugar. Quienes aceptaron esta tesis, situaron el reparto en un período u otro. Así según Pérez Pujo! se efectuó en el reinado de Eurico, es decir, medio siglo después de estipulado el foedus. Hoy día es claro, sin embargo, que la división de tierras data del propio reinado de Valia. Sabemos así que la existencia de bosques y prados compartidos nada tiene que ver con el reparto mismo, puesto que tales zonas, como terrenos de aprovechamiento comunal, permanecieron al margen de la división de las tierras. Esos bosques y prados eran simplemente los compascua o terrenos comunales romanos que entonces subsistían. Conviene advertir que en todo caso nos referimos al reparto de tierras en las Galias como consecuencia del foedus, reparto realizado fundamentalmente en las zonas próximas a Tolosa. En lo que respecta a España, las invasiones finales del siglo V quizá exigieron sucesivos repartos parciales, efectuados mediante la estipulación de nuevos convenios o aplicando auto-

Repnrtm muy po.,·teriorr.,· n/Joedu., .

Repnr1"-' xub.i.ixuientes

n/Juedus.

Repnrtos en Frnncia y Espnña.

178

ESPAÑA VISIGODA

máticamente los criterios divisorios del antiguofoedus. No obstante, la tesis de que los visigodos se establecieran en España mediante un procedimiento análogo al ensayado en la Aquitania, tropieza con el obstáculo de que las leyes coetáneas, los cánones conciliares y las fuentes en general guardan al respecto un extraño silencio. Por ello Orlandis ha rechazado esa hipotética analogía, sosteniendo en cambio que la instalación de los visigodos no alteró las estructuras de la propiedad rústica aquí existentes. Repano de todai la.flie"a.fode stilo los lafitundios.

¿ Qué se repartió?

Según Torres fueron objeto del reparto toda clase de fundos, grandes y pequeños, junto con las casas a las que por extensión analógica se aplicaron los principios de la hospitalidad militar romana. García-Gallo estima en cambio que sólo debieron dividirse los latifundios, habida cuenta de que el reparto de las pequeñas propiedades hubiera dejado a unos y otros sin medios adecuados de subsistencia. Tal interpretación viene siendo acogida por los autores más recientes. King, por ejemplo, comenta al respecto: "No hay que creer que todos y cada uoo de los terratenientes romanos de España sufrieron la pérdida de los dos tercios de su tierra: habría sido totalmente imposible que los pequeños labradores soportaran tal privación, y hemos de creer más bien que los afectados fueron sólo los grandes terratenientes, y aun éstos no lo fueron en todas sus propiedades" ( Derecho y sociedad, 231 ).

Los fundos repartidos comprenderían las tierras laborables, pero también algunos bosques y prados de propiedad particular (no los compascua, antes citados). Forma y criterios del reparto TeJi.,· xermnni.'ita.

Ttsis de Gnrcía-Gnllo.

La gran corriente doctrinal de la historiografía germánica, y en España con ella Torres López, sostuvo unánimemente que los fundos fueron divididos en la proporción de dos tercios para los godos, (sortes gothicae) y un tercio para los romanos (tertia romanorum). Entre otras razones, la referencia de cierta ley antigua del código visigodo Líber ludiciorum a esas dos partes de los godos y al tercio de los romanos (ne de duabus partibus Goti .. . aut de tertia Romani), parecía suficiente para sentenciar así la cuestión. Sin embargo al estudiar Lot en 1928 un sistema semejante de reparto, el propio de la Lex Burgundionum, que también concedía a los borgoñones dos tercios de las tierras, propuso una explicación más compl~ja y matizada. Tras ella, Gar-

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cía-Gallo replanteó la fonna del reparto entre visigodos y romanos en los siguientes ténninos. Habida cuenta de que sólo fueron divididos los latifundios, debe distinguirse en estos territorios dos zonas diferentes: la que el señor explota de modo directo y aquella otra cuyo cultivo se cede a los colonos y arrendatarios. De la primera (terra dominicata) el propietario romano conserva dos tercios y cede uno al huésped visigodo, mientras que de la segunda (terra indominicata) el propietario conserva un tercio y cede dos. Si se onsidera que ambas zonas del latifundio debían tener aproximadamente la misma extensión, hay que deducir que romanos y visigodos se repartieron las tierras por partes más o menos iguales. El propietario romano no resultaría así excesi,·amente gravado, por cuanto su mayor cuota de cesión, los dos tercios de la terra indominicata, aun siendo propiedad que pierde con el reparto, correspondía tierras que en realidad pasaban de padres a hijos de colonos, con lo que en la práctica sólo dejó de percibir de ellas la moderada renta que esos colonos pagaban. Más allá de la estricta cuestión de los criterios seguidos en la división de tierras, es de señalar que el célebre reparto no significó que cada visigodo re-ibiera su cuota de propietario, pues en ese caso no habrían existido suficien:es latifundios para todos (Thompson). Sólo la clase dirigente visigoda se convirtió en terrateniente, aunque de fonna ocasional sus miembros concedieran tierras a quienes dependían de ellos. -

Toponimia y división de tierras

Según sostuvo Menéndez Pidal en sus Orígenes del español, determinados nombres de localidades reflejan el reparto de tierras realizado en Espa:ia. Tal es el caso de pueblos como Suertes, Sort, Tierzo, Consortes, Huéspeda, etc. Otros nombres, como Gotor, Godos, Revillagodos, Roman::os, Campo Romano, etc., denuncian a su vez la presencia exclusiva o do:ninante de uno de los dos grupos étnicos. El mismo autor pretendió además distinguir la ubicación, en una u otra zona del reparto, de ciertas localidades cuyo nombre derivaría de villas pertenecientes a propietarios romanos o godos. Pudieron corresponder así :tl primer caso pueblos como Villavicencio (villa de Vicente) o Villarcao (villa de Arcadio), mientras que el asentamiento en las sortes góticas explicaría a su vez la denominación de localidades como Villatuelda (villa de Théudila), Villafruela (villa de Fruela), Villageriz (villa de Sigerico), etc. En esta hipótesis, ciertamente esclarecedora de los asentamientos visigodos y de las zonas de reparto, no cabe sin embargo descartar la posibilidad, apuntada por García-Gallo, de que determinados topónimos de villas no sean consecuencia del reparto mismo. En concreto, que algunos

Hueilll.1· topon{micm·.

Villas

romano·godtu y nombre., de pueblo.,.

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nombres romanos procedan de la Hispania anterior, y otros góticos deriven de la nomenclatura utilizada para bautizar a ciertos pueblos en la etapa ulterior de la Reconquista. D. La vida económica

Etnpmrle ln royunturn e("(múmi,·a.

La evolución de la coyuntura económica en el reino visigodo estuvo ligada a las crisis sociales y a las tensiones políticas de los siglos VI y VII. Las etapas de prosperidad y crisis se correspondieron con la estabilidad o descomposición del orden social, interrelacionado con las bruscas alternativas de la vida política. Cabría así distinguir en términos generales, siguiendo a Orlandis, ciertas etapas de oscilación económica en esas dos centurias. Las cuatro décadas de influencia ostrogoda en la primera mitad del siglo VI constituyen un período de saneamiento económico y coyuntura alcista, interrumpido desde el año 540 hasta el acceso al trono de Leovigildo (568 ó 569) por la invasión de los francos, una gran epidemia de peste y la anarquía política. Los últimos treinta años del siglo, coincidentes con los reinados de Leovigildo y Recaredo, fueron testigos de la recuperación de la crisis monetaria y de una reactivación económica favorecida por la paz con que gobernó el segundo de esos reyes. La estabilidad prosigue en las primeras décadas del siglo VII, e incluso a mediados de esa centuria las tensiones político-sociales del reinado de Chindasvinto no fueron óbice para una cierta recuperación y enriquecimiento del Fisco. Tras el paréntesis de los años correspondientes al gobierno de Recesvinto y Wamba, con un comercio exterior todavía activo y una moneda apreciada, la coyuntura económica declina en el reinado de Ervigio para convertirse en calamitosa durante los últimos lustros del siglos VII, cuando Egica y Witiza asisten a la descomposición final del reino de Toledo. A) FACTORES AGROPECUARIOS

El declive de la vida urbana característico del Bajo Imperio repercutió en la estructura económica visigoda, basada fundamentalmente en la explotación de los dominios agrícolas tanto por los possessores hispanos como por aquellos visigodos que, habiendo sido ya antes labradores durante su asentamiento en las Galias, siguieron aquí cultivando la tierra. Los amplios latifundios o bien quedaron en manos de sus antiguos dueños, los aristócratas hispano-romanos, o pasaron a la clase gótica dirigente. Junto a la villa señorial aparecen comunidades rurales agrupadas en pueblos o aldeas.

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La riqueza agraria se centra fundamentalmente en el cultivo de cereales, vid y olivo. Las tierras altas de la meseta castellana debieron producir apreciables cosechas de trigo y cebada, mediante un régimen de cultivo de secano probablemente idéntico al de la etapa anterior. Los viñedos fueron importantes y la adecuada regulación de sus explotaciones encuentra eco frecuente en los textos legales visigodos. El aceite desempeñó asimismo un relevante papel en la vida económica cotidiana, hasta el punto de ser citado por esas mismas leyes como uno de los productos agrícolas objeto de más frecuentes préstamos. Su cultivo fue especialmente intenso en la Bética, ocupando incluso la atención de San Isidoro, quien en las Etimologías comenta las especies de aceite y destaca la bondad del hispano. La ganadería debió ser un pilar básico de la economía rural, según se deduce, entre otras cosas, de los múltiples preceptos reglamentadores de los derechos del propietario sobre los animales. El ganado caballar fue cuidado como instrumento de las explotaciones agrarias, que contarían también con rebaños de ganado bovino y ovino. En opinión de García Moreno, el rasgo esencial en la evolución de la propiedad agrícola fue su progresiva concentración en pocas manos, con el consiguiente aumento de los latifundios señoriales y la disminución de la pequeña y mediana propiedad. Otros autores sin embargo, y entre ellos Valdeavellano, destacan que como consecuencia del reparto de los latifundios con los godos, la pequeña propiedad territorial se hizo más numerosa, aunque subsistieran los latifundios imperiales que ahora han pasado a dominio de la corona visigoda. La villa o villula es el centro de la explotación de aquellas tierras que el propietario cultiva directamente. Las restantes son cedidas a colonos a cambio del pago de un canon, o bien en un régimen de encomendación que lleva consigo la prestación de determinados servicios.

Cerea/e.,·. vid y olivo.

Ganaden·a.

Aum~ntoo diJminurián

de /n1ifundio.1.

B) COMERCIO Y ECONOMIA MONETARIA

La formación de las unidades políticas de los pueblos bárbaros no supuso una ruptura brusca en las actividades propias de la industria y el comercio. Resulta inadecuado en consecuencia adjudicar a los siglos visigodos un tipo de economía cerrada, que habría consumido en el círculo doméstico sus propios productos, pues en los aspectos fundamentales persistió cuanto había sido común en los años postreros de la vida romana. Destacó ahora la industria metalúrgica y más concretamente la orfebrería, y aunque es probable que·la extracción de minerales fuera en general más reducida, las minas de oro gallegas ocuparon un Jugar principal en el período siguiente. Por referencias de leyes de la época, nos consta también la conservación de la industria de tejidos y de la harinera. En las industrias agrícolas sobresa-

Sertorr.'i

indu.1triale.1.

182

Comercio

exterior.

Cornudo imtrior.

Eamomfa

monetaria.

ESPAÑA VISIGODA

lió la fabricación de aceite, producto básico en el mercado de exportación. Las diversas actividades exigirían cierto grado de especialización profesional, con la consiguiente formación de aprendices junto a maestros en el seno de la tradición artesana. El comercio exterior se realizó con Europa, Africa y el oriente mediterráneo, en base a minerales preciosos, productos de lujo, telas, etc. En la Península negociaron los orientales, cuya significación fue tan notoria como para merecer que el Liber Judiciorum les dedicara un título completo (De transmarinis negotiatoribus). Esos comerciantes disfrutaron de una jurisdicción especial, dirimiendo sus pleitos ante los telonarii, funcionarios que juzgan conforme a los principios y usos del derecho marítimo mediterráneo vigente entonces. y que probablemente intervienen también como recaudadores de los derechos de aduana. Los comerciantes nativos que trafican con esos negotiatores griegos y sirios, fueron principalmente judíos. El comercio con Italia fue importante durante la etapa de influencia ostrogoda en el siglo VI, coincidiendo luego en Mallorca la ruta del tráfico itálicolevantina con el comercio de los bizantinos asentados en las islas. Las relaciones con Africa tuvieron en Cartago un hito clave en lo referente a la actividad de los navegantes españoles. Esa ciudad fue además escala de las rutas del este, cauce tanto de relaciones mercantiles como del proceso de orientalización de la cultura visigoda, especialmente brillante en la escultura y orfebrería. El comercio con Francia tuvo lugar por vías marítimas y probablemente también por la terrestre de las calzadas romanas que comunicaban la zona de la Cataluña mediterránea con Narbona. Galicia mantuvo a su vez relaciones con las Islas Británicas y fue asimismo tránsito obligado para los comerciantes orientales que allí se dirigían, tras bordear las costas mediterránea y atlántica de la Península. Soporte del comercio interior fue la red de vías y comunicaciones romanas, con un tráfico de cuya regulación se ocupó Leovigildo, así como las rutas marítimas y fluviales que probablemente ofrecían un margen mayor de seguridad. En todo caso el sistema doméstico de transacciones apenas es conocido, pues los textos legales se refieren de modo primordial al comercio ultramarino. En algunas localidades importantes la gente se reunía en el mercado (in conventu mercantium) para negociar allí el tráfico de mercancías. La economía visigoda fue preferentemente monetaria, sobre todo en los núcleos urbanos, aunque la moneda resultara a veces desplazada en el pago de los tributos por aportaciones en especie. La base del sistema fue el sueldo de oro, ampliamente difundido en el Bajo Imperio a partir de Constantino. La libra y la onza (compuestas de 72 y 6 sueldos, respectivamen-

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te), que aparecen en los textos jurídicos, son más unidades de peso que de valor. La moneda acuñada en el reino visigodo fue el tremís, tercera parte de un sueldo. La siliqua de plata (1/24 del sueldo) y las monedas de bronce circularon como unidades fraccionarias. Las acuñaciones se llevaron a cabo en sitios diversos, llegándose a contar hasta sesenta ciudades donde esa moneda visigoda fue fabricada. En los talleres y cecas se acuñó el tremís o triente de oro, que desde Leovigildo aparece con su nombre a modo de moneda nacional. Aun importándose ocasionalmente minerales preciosos, parece probable que los tremisses fueran acuñados con el oro obtenido en la Península, lo que explicaría la proliferación de cecas en regiones como Galicia donde abundaron yacimientos auríferos. La ley de la moneda, relativamente estable durante un siglo, se degradó de forma ostensible en los últimos reinados de Egica y Witiza, originándose un caótico panorama que probablemente tuvo también que ver con la prohibición de que los judíos se dedicaran al comercio. La economía monetaria originó la correspondiente actividad de banqueros (argentarii) y prestamistas. El interés legal de los préstamos fue fijado por Eurico en un 12,5% al año, pues el Código de ese rey prescribió que por cada ocho sueldos recibidos pague el prestatario un noveno ad usuram, y por cada sueldo tres silicuas. Si el prestamista hubiera forzado la fijación de tipos mayores, la tasa extralegal no deberá pagarse, como tampoco se abonarán los intereses no estipulados.

m.

l1u· monedas.

Bnnquem., y prt.'ílnmisln.,·.

La Sociedad Visigoda

A) GODOS Y ROMANOS. DEMOGRAFIA Y FUSION ETNICA

La sociedad del reino visigodo se formó sobre una mayoría de poblaión hispanorromana y el conjunto minoritario de godos inmigrados, a lo que residualmente hay que agregar pequeños núcleos de gentes del norte (bretones y francos), de oriente (sirios y griegos) y el grupo étnico ~udío. Romanos y godos fueron pues los elementos fundamentales de la estructura social. A la población hispanorromana existente en el siglo V, objeto de estimaciones imprecisas que oscilan entre tres y diez millones de habitantes, se sumaron los germanos cuyo número ha sido evaluado con no menores disonancias. Una valoración ponderada conduce a estimar hoy que la población total estuvo compuesta por unos nueve millones de hispanorromanos y doscientos o doscientos cincuenta mil godos. Ello significa que los invasores representaron una exigua mino-

Elementos de In poblndán.

Nilmerode

hi.,pnnngooo., .

184

Influencia romana.

lnlell,mción social y nligio.rn.

lntel(ml'ión legal.

ESPAÑA VISIGODA

ría, aproximadamente el 2 ó 3% de los habitantes del futuro Estado. La imposición política y militar de los godos tuvo pues el contrapunto de su inferioridad numérica y el cierto desequilibrio de civilización ante unos hispanorromanos desigual pero superiormente romanizados. Fue así curioso que mientras en la Francia merovingia los galo-romanos adoptaron con frecuencia nombres francos, en la España de los siglos VI y VII los godos abandonan ocasionalmente su onomástica para recibir nombres romanos. Por diversas causas, el prestigio franco en las Galias no se correspondió con un paralelo ascendiente de los godos en España, con lo que resulta más que cuestionable la imagen de éstos como casta dominante y poderosa. Tras el establecimiento de los visigodos en la franja central de la Península, y de modo más intenso en la Tierra de Campos (Campi Gothorum), se inicia el proceso de fusión étnica con los hispanorromanos. Algunos reyes como Alarico patrocinaron una política de signo integrador, cuyo principal obstáculo fueron las diferencias religiosas entre el arrianismo de los godos y el catolicismo de los hispanorromanos. La conversión de aquéllos en el reinado de Recaredo homogeneizó ideológicamente una población que sólo habría de enfrentarse en el futuro a la resistencia de grupos marginales de arrianos y a los problemas propios de la presencia judía. La legislación sancionó a su vez ese proceso de unidad. Y así un viejo precepto romano recogido en cierta ley visigoda, que prohibía los matrimonios mixtos, entre godos e hispanorromanos, dejó prácticamente de observarse. Con todo, esa prohibición, fue expresamente derogada por Leovigildo: " ut tam Gotus Romanam, quam etiam Goram Romanus si coniugem habere voluerit. premissa petitione dignissimam , facultas eis nubendi subiaceat" (Liber ludiciorum, 3, 1, 1 ).

Aquellos dos pueblos de godos y romanos (gothi et romani) confluyen en fin en una única colectividad calificada por San Isidoro de gens gothorum. Estos hispanogodos son ya desde fines del siglo VII los hispani o españoles, mientras persiste el sector diferencial, étnico y religioso, de las comunidades judías.

t.,, "g,ns 11mhnrum".

B) ES1RUCTURA SOCIAL

La gran mayoría de la población hispanogoda vivió en el campo, bajo un sistema social no muy distinto del heredado del mundo romano tardío. Con menor importancia, la población urbana quedó asentada en núcleos que habían perdido entidad en el vasto proceso ruralizador de los últimos siglos, aunque alguna ciudad floreciera excepcionalmente por entonces, se-

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gún fue el caso de Toledo, sede regia y metrópoli eclesiástica. En el conjunto de la población, urbana o rural, existieron tres grupos o clases diferenciadas: la nobleza y los siervos, sectores privilegiado y oprimido de la sociedad hispanogoda, y el estrato intermedio de los simplemente libres cuya situación económica y jurídica fue variable. l. La aristocracia

Descartando que la ordenación social se ajustara a simples criterios étnicos, con la consiguiente separación de visigodos dominantes e hispanorromanos dominados, el nivel superior correspondió a la nobleza hispanogoda, producto de la fusión de los senatores territoriales hispanorromanos y de la nobleza goda de seniores y magnates. Al arribar a la Península, los miembros de las estirpes o familias principales se muestran como la clase rectora del pueblo visigodo. Entre esa nobleza de sangre sobresale la familia de los Balthos, a cuyo linaje pertenecieron con frecuencia los propios reyes. Con la consolidación política, la nobleza se transformó en una aristocracia tanto territorial como de servicio, según consiguiera adueñarse de las propiedades fundiarias o del control de los cargos y oficios de la administración del Estado. La situación prevalente de la nobleza tuvo repercusiones jurídicas de controvertido alcance. Algunos autores destacaron determinados beneficios que las leyes visigodas reconocían a los nobles, como la exención del tormento, para justificar la consideración de esa nobleza frente a los simples libres como clase jurídicamente privilegiada. Hace ya muchos años Torres López adelantó algunas reservas a ese planteamiento, señalando que el status de la nobleza no había sido del todo ventajoso y que aquél y otros beneficios no configuraron una situación claramente privilegiada. En fechas recientes, King ha llevado a sus últimas consecuencias esa observación, radicalizándola incluso al tachar de antiaristocráticas a las leyes visigodas:

Nobleza dt .vnngrr.

Carácter pro o antinobihnrio

dt la ltgislacián.

" Además, en ni nguna ocasión se le impusieron a un noble penas económicas indudablemente inferiores en términos reales a las impuestas al libre más humilde. En general, se puede decir con verdad que la condición de potentior suponía responsabilidades adicionales legales más que privilegios adicionales legales. que se obligaba a los nobles con más rigor a la obediencia de la ley, que no eran mayores sus derechos a la protección y favor de la ley" (Derecho y sociedad en el reino visigodo, 211-212).

La organización administrativa del reino de Toledo originó la creación de una oligarquía palatina en los servicios centrales, mientras altos dignatarios de jerarquía militar quedaban al frente de diversos territo-

El romi1a1u.,.

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Lns gmrlingn.,.

ESPAÑA VISIGODA

rios. Del estamento dirigente formaron también parte los obispos y otras destacadas personalidades eclesiásticas. Los magnates cortesanos acompañaron al monarca formando parte de su comitiva o séquito (comitatus), institución de raigambre germánica basada en los lazos de fidelidad. En el séquito figuraban asimismo los "gardingos",jóvenes que al principio eran educados en el propio palacio recibiendo sustento del monarca y que luego aparecen como beneficiarios de tierras concedidas en estipendio. Esos gardingos y otros magnates palaciegos son conocidos como "fieles del rey" (qui regís fideles erant, en expresión de la Crónica Rotense), siendo también designados con la voz franca de leudes (12, I, B, 2). Con ellos, los comites o condes que rigen las demarcaciones o distritos, constituyen una comitiva regia que acrecienta su patrimonio mediante mercedes y beneficios del monarca, prefigurando así, según las investigaciones de Sánchez Albornoz, algunos rasgos característicos del posterior mundo feudal. A su vez los propios nobles cuentan con el concurso de clientelas de hombres libres, que viven en la comunidad doméstica del magnate y reciben de él armas. Estos clientes, llamados.rnyones, prestan diversos servicios como ejecutores de las órdenes del dueño, a quien corresponde todo cuanto ellos ganan. 2.

El pueblo libre

Los simplemente libres forman el elemento más numeroso de la sociedad hispanovisigoda. Su base es el súbdito tipo, como le llama Torres, o aquella persona que según Dahn aparece en las leyes en un plano intermedio entre nobles y siervos. El igualitarismo es al principio su denominador común, si bien luego, en la medida en que esos simplemente libres o ingenui poseen tierras, se dedican al comercio o caen en la órbita de los poderosos, surgen entre ellos diferencias muy acusadas, reductibles en última instancia a la posibilidad o no de mantener su independencia personal y económica.

Poblnrión urbana.

Población urbana y pequeños propietarios rurales

Los libres que viven en la ciudad proceden tanto de los antiguos curiales como de la población artesana y comerciante integrada en las corporaciones profesionales. La persistencia de los curiales es segura en esta época, aunque al formar un grupo hereditario y cerrado su número va disminuyendo hasta desaparecer como fuerza social. Los artesanos y gentes dedicadas al comercio, considerados como privates, se agrupan por oficios, al igual que en la época anterior, en diversos

ECONOMIA Y SOCIEDAD

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collegia, lo que contribuye a mantener entre los collegiati ciertos vínculos de cohesión social. Conservan su independencia económica si bien, como los curiales, han de soportar algunas restricciones a la libertad de enajenar sus bienes. Los pequeños propietarios rurales, genéricamente calificados de possessores, son labradores godos que accedieron a las tierras en virtud de los repartos, y sobre todo gentes de origen hispanorromano. Pagan el impuesto territorial, han de soportar alguna carga (facilitar caballos a la posta oficial) y pueden disponer de sus tierras siempre y cuando la transmisión de las mismas recaiga en personas que no gocen de exención fiscal. La teórica libertad de estos possessores resultó muchas veces comprometida en la práctica debido a los abusos de la nobleza y de los potentes. -

Propietario., rurales.

Cultivadores de tierras ajenas. La encomendación

Por contraposición a los seniores de quienes dependen, los iuniores son gentes que cultivan tierras ajenas conservando unas veces su libertad de movimiento, o quedando otras adscritos a la tierra que no pueden abandonar. Sin perder la teórica condición de hombres libres, estos cultivadores contraen a menudo con su dueño unos vínculos personales que les convierten en "encomendados" o "patrocinados". Las razones de esta encomendación hay que buscarlas en el clima de indefensión social heredado del Bajo Imperio romano, que obligó a las personas desasistidas a buscar protección de los poderosos ante los atropellos de funcionarios o de otros oligarcas. Pero la institución no hubiera prosperado de responder sólo a esa solicitud de tutela, si no fuera porque los mismos seniores necesitaban aumentar sus clientes y defender o incrementar el poder adquirido. Fue así la conveniencia recíproca, como advirtió Dahn, lo que explica que seniores y patrocinados concertaran sus intereses en una encomendación que favoreció la pujanza de aquéllos y alivió el desamparo de éstos. A la encomendación se acogieron pequeños propietarios buscando protección a cambio de pagar al dueño una cierta cantidad. Fueron en todo caso los iuniores, o gentes sin tierras propias, quienes en mayor medida acudieron a los poderosos en solicitud de tierras y defensa, ofreciendo a cambio sus servicios como patrocinados con armas o bucelarios. La existencia de estos clientes armados en el seno de la encomendación, constituye un síntoma del proceso estudiado por Sánchez Albornoz que condujo a la debilitación y desmoronamiento del propio Estado. Tal relación de patrocinio solía transmitirse de padres a hijos, si bien tanto los bucelarios como los restantes patrocinados in obsequio de un señor, podían romperla devolviendo al dueño lo recibido de él (tierras, armas, re-

Cnum s de In enrom~ndnrián.

Los bucelnritH'.

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ESPAÑA VISIGODA

galos) así como la mitad de lo adquirido durante la etapa de dependencia medíetas adquísite rei patrono tradatur; según reza una ley visigoda. La participación de los bucelarios desbordó el marco de los meros con· flictos domésticos de sus dueños, hasta convertirse en una pieza clave dt las rebeliones y luchas por el poder características de la España goda. 3.

Origme importancia de In servidumbn:.

Siervos idóneos t inferiorrs .

Siervo.\°

edtsiásticos.

Fugas de esclavos.

Los siervos

La escala social inferior corresponde a los siervos, mencionados en lm textos como serví, ancillae, mancipia, etc . Dentro de la precariedad, si.: condición fue variable a tenor de los diversos tipos de servidumbre característicos de la sociedad visigoda. La esclavitud se produce por nacimiento, prisión en guerra, comisión de determinados delitos, insolvencia en las deudas, etc. El nacimientc en el seno de familia servil debió ser la forma habitual de ingresar en ese estrato social, cuyo volumen y notable importancia económica parecen deducirse de las frecuentes referencias de la legislación y de las disposiciones conciliares. El grado superior lo ocupan los siervos del rey, quienes figuran incorporados a oficios palatinos o administran posesiones del monarca, pudiendo incluso testimoniar en juicio como los hombres libres y poseer sus propios esclavos. Estos siervos administradores forman parte de los llamados serví idoneí, especie de esclavos domésticos acreedores de trato preferente. En muy distinta situación se encuentran los serví inferiores, que integran la gran mayoría del estamento servil, dedicados muchas veces a duros trabajos en el mundo rural. No obstante, ese quehacer les mantuvo de hecho alejados del control de los dueños, Jo que tal vez mitigó el rigor de su estado facilitándoles ocasionalmente cierta actividad semejante a la de los campesinos libres. Una situación intermedia entre las dos anteriores fue la de los siervos eclesiásticos, muy numerosos, quienes trabajaron en las tierras de las iglesias obteniendo a veces una manumisión relativa que les confirió la calidad de libertos sub obsequium ecclesiae. Las fugas de esclavos representaron, por su número y frecuencia, un problema de notables proporciones que la legislación visigoda pretendió atajar con múltiples preceptos punitivos. Casi al borde de la desaparición del reino de Toledo, cierta ley de Egica del año 702 presentaba el "creciente vicio" (increscens vitíum) de la fuga como una verdadera cuestión nacional. King ha analizado cuidadosamente este problema preguntándose sobre el origen de los esclavos fugitivos y la causa de esas huidas masivas. Según él, sin descartar que algunos siervos domésticos preten-

ECONOMJA Y SOCIEDAD

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dieran escapar de la crueldad de sus amos, la mayor parte de los que huían eran esclavos del campo, descendientes algunos de los antiguos colonos, que aprovecharon la crisis demográfica producida por la peste en la segunda mitad del siglo VI y en el VII, para abandonar su mísera condición y establecerse en otros lugares como trabajadores libres (mercenarii) o arrendatarios. La Iglesia visigoda admitió la esclavitud como hecho social y jurídico sin pretender echar abajo una estructura social en la que ella estaba inmersa con sus propios servi ecclesiae. Sí se esforzó en cambio por mejorar la condición de los siervos, estimulando las manumisiones como actos loables y meritorios, lo que no fue óbice para que la liberación de los siervos eclesiásticos resultara a veces más dificultosa que la de los esclavos laicos. Tras la autorización del concilio de Agde para que las iglesias manumitieran siervos beneméritos con una pequeña dote, los concilios del siglo VII impusieron restricciones a una práctica que, por su frecuencia, irrogó serios perjuicios a la estabilidad misma del patrimonio eclesiástico.

la lx/e.1in y

In esdnvirud.

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ESPAÑA VISIGODA

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10. LAS FUENTES DEL DERECHO VISIGODO (I) l. El sistema jurídico de la Espai\a visigoda A) FUEN1ES ROMANAS Y DERECHO CONSUETUDINARIO GERMANICO

Al constituirse el reino visigodo, las fuentes del derecho romano siguen siendo como en la época anterior las leges y los iura (5,III,A). Esos textos se estudian en las escuelas jurídicas y son también utilizados en la práctica judicial cuando menos hasta fines del siglo V. Las leges habían sido recopiladas con carácter privado por los juristas Gregorio y Hermogeniano. El Codex Gregorianus recogía constituciones imperiales desde Adriano hasta fines del siglo III, y el Codex Hermogenianus daba cabida a las posteriores, de principios del siglo N. Más tarde se recibe en España el Codex Theodosianus, promulgado para Occidente en el año 438, cuya mejor construcción sistemática, en dieciséis libros que ordenan un copioso material legislativo, facilitará la amplia difusión de ese derecho imperial tardío, luego completado con las leyes nuevas (novelas) de los emperadores ulteriores. La literatura jurídica de los iura fue asimismo sistematizada en el siglo IV en otras colecciones como los Fragmenta Vaticana y la Collatio legum Mosaicarum et Romanarum. Ellas facilitaron en la centuria siguiente el conocimiento de las obras de los grandes juristas, cuya alegación en juicio resultó controvertida hasta que la ley de citas reconoció en el año 426 la autoridad de determinados autores: Papiniano, Paulo, Gayo, Ulpiano y Modestino. La opinión mayoritaria de estos juristas, y en caso de igualdad la de Papiniano, vinculó a los jueces a la hora de dictar sentencia. Por otra parte, durante el período en que las regiones del sur de España permanecieron incorporadas al Imperio de Bizancio (554-622), debió regir en elJas un derecho romano distinto, el justinianeo, a través de las leyes imperiales recogidas en el Código, de los textos de juristas reunidos en el Digesto, y de las Novelas. Tras la integración de tales territorios en el reino visigodo, pudo seguir utilizándose allí ese mismo derecho. Mediado el siglo VII, Recesvinto todavía permitió el estudio de las leyes romanas, aunque prohibió su uso y aplicación.

C(idigm Gre//O·

rinno, Htrmogemnno y Teodosiano.

lll ley de r,tns de/426.

194 Dertrhn rnn.,·uetudinnrio g~muinico.

ESPAÑA VISIGODA

Junto al derecho de leyes y códigos visigodos, que luego veremos, hay que tener en cuenta las propias costumbres jurídicas. Ese derecho consuetudinario germánico debió mezclarse con las prácticas de los hispanorromanos, no superando en todo caso elementales niveles de simplicidad y arcaísmo. La persistencia del derecho consuetudinario germánico carecería de especial relieve si no hubiera sido asociada a una interpretación de más largo alcance. Según sostuvo con Hinojosa la escuela clásica de historia del derecho español, esas costumbres germánicas, soterradas en la época visigoda bajo la brillante legislación de los reyes, habrían reaparecido luego para configurar la fisonomía germanista de nuestro derecho medieval. Sin perjuicio de tratar en su lugar (21, I) tal cuestión, adelantemos ahora en lo que aquí concierne que esa tesis germanista fue seriamente contestada por D'Ors y García-Gallo. El primero insistió en que la honda romanización de los visigodos habría sido inconciliable con el mantenimiento de un derecho consuetudinario germánico. García-Gallo llamó por su parte la atención sobre las anomalías e incongruencias derivadas de aceptar sin matices semejante planteamiento: ¿cómo explicar que las costumbres de una exigua minoría invasora se convirtieran en propias de toda la comunidad romano-germánica?; ¿cómo se logró la uniformidad del derecho consuetudinario en la Península cuando además en varias regiones no debieron estar presentes los visigodos?; ¿por qué se impuso en la práctica el latín a la lengua gótica, cuya herencia jurídica apenas excede a unas cuantas palabras, si es que tuvo lugar tal germanización de las costumbres? Las conclusiones de estos autores, que rechazan la persistencia de las costumbres germánicas o ponen en duda su intensidad y ámbito de aplicación, han sido en cierta forma corroboradas por un agudo estudio del profesor Petit, quien rastreando en el Liber ludiciorum los vocablos alusivos a cualquier tipo de costumbre, concluye que ésta no es explicable por el continuismo de principios germánicos, y sí en cambio por la tradición romana. B) LEGISLACION VISIGODA Y REVOLUCION POLEMICA

Panorama de In legi.dnción vfa i· ~odahac:in lo.,·

nños ntar't'nln.

A mediados del siglo XX, el panorama de la legislación visigoda parecía haber alcanzado un satisfactorio nivel de seguridad científica. La edición y estudio de textos, realizados por investigadores alemanes, junto a la aportación de otros estudiosos, conferían un razonable crédito a.cuanto se sabía sobre esas leyes y códigos visigodos. Todo ello generó una confiada "opinión común" que, muy en síntesis, podría expresarse así. Entre unas primeras leyes dictadas por Teodorico I y Teodorico II a mediados del siglo V, y un último gran código obra de Recesvinto a

FUENTES DEL DERECHO

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mediados del VII, contábamos con tres importantes ordenamientos jurídicos: el Código de Eurico, el Breviario de Alarico y el Código de Leovigildo. En el Estado hispanogodo, el Código de Eurico se habría dictado sólo para los godos, llegando a nosotros ese cuerpo legal tanto por un fragmento amplio como mediante ciertas leyes (las llamadas antiguas) que, a través del Código de Leovigildo, aparecen luego en el código de Recesvinto o Liber Judiciorum. El Breviario de Alarico, cuyo texto conocemos, habría sido dirigido a su vez a la población romana. Finalmente el Código de Leovigildo, asequible sólo a través de su recepción fragmentaria en el citado Liber Judiciorum, tendría como destinatarios a los godos, derogando en consecuencia la obra de Eurico. Existían ciertamente dudas sobre algún otro texto, en concreto sobre los llamados Capítulos Gaudenzianos, pero lo relativo al carácter y naturaleza de esos tres códigos visigodos de Eurico, Alarico y Leovigildo, parecía quedar fuera de todo recelo crítico. En medio siglo el panorama entero ha cambiado y donde antes reinaba la magnífica seguridad, reina ahora un conjunto de magníficas dudas. Casi todas las cuestiones están hoy abiertas a la polémica, habiéndose producido en las últimas décadas una literatura científica tan abundante y valiosa, como para poder asegurar que la investigación histórico-jurídica ha alcanzado con el análisis de la legislación visigoda cotas de máxima altura y pulcritud crítica. Sin perjuicio pues de una descripción algo más detallada al examinar cada uno de los textos, cabe adelantar el siguiente resumen de los hitos más significativos en la vertiginosa problematización de aquel simple esquema. En 1941 García-Gallo inicia las discrepancias al sostener que los tres códigos antes mencionados habían regido con carácter territorial para godos y romanos, y no para una sola de las dos comunidades del Estado visigodo, provocando con ello una polémica que alcanza a nuestros días. Tres lustros después, el profesor italiano Giulio Vismara reclama como visigodo otro texto, el llamado Edicto de Teodorico, que él identifica con las leyes citadas de Teodorico II, lo que asimismo da pie a una discusión todavía abierta hoy. En 1960 publica D' Ors una edición crítica del Código de Eurico, lo que suscita ulteriores problemas sobre su fecha, naturaleza y contenido, que de inmediato repercuten en el Código de Leovigildo. A la ya dudosa condición de aquellos Capítulos Gaudenzianos, se añaden otras varias opiniones discrepantes. Si se tiene en cuenta, en fin , que la tesis de cada especialista sobre una ley o código ha solido exigir, por las naturales interrelaciones, una toma de postura acerca de los restantes textos, fácilmente cabe imaginar la maraña de opiniones que sobre la legislación visigótica existía al iniciarse la década de los setenta, en el contexto

La re volucián hi.1·torio11rájim de lo.'i ú/JilnoJ año.\'.

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ESPAÑA VISIGODA

ya de una controversia global de rango europeo. Así las cosas, otra monografía de García-Gallo en 1974 ha venido a cuestionar algunos de los pocos y fundamentales pilares que seguían pareciendo firmes: que el Código atribuido desde siempre a Eurico fuera en realidad de él, y la misma existencia del Código de Leovigildo. Si con razón su planteamiento de 1941 sobre la territorialidad fue calificado por el portugués Merea de tesis revolucionaria, este otro de 1974 ya no es otra cosa que la revolución misma. También en los años setenta, el postrer reducto de la legislación visigoda, el código de Recesvinto, fue atacado por P.D. King. Recesvinto, según este autor, se habría limitado en realidad a revisar un código hecho por su padre Chindasvínto. Finalmente, tras dos décadas de silencio o de cansancio en la polémica, el catedrático Javier Al varado ha formulado en 1997 algunas propuestas estimables y novedosas. Cabe decir así, entrado el siglo XXI, que prácticamente nada de lo que se creía en los años cuarenta del siglo XX sigue en pie, o que prácticamente todo está sujeto a debate. JI. Las Fuentes: Leyes y Códigos A)

ln dificuluuf de que Euric:o fuera el pri-

mer reylegi.1/ador.

Referencia.< a lm/eye.,.

LAS LEYES TEODORICIANAS

Las más antiguas leyes visigodas de que tenemos noticia corresponden a Teodorico I (419-451) y a su hijo Teodorico II (453-466). Esas leyes teodoricianas fueron dictadas cuando aún subsistía el Imperio romano de Occidente, si bien el primero de los monarcas actuó en él de hecho como una especie de soberano autónomo. La existencia de las leyes podría parecer comprometida de aceptar literalmente una afirmación de San Isidoro, según la cual fue Eurico (466-484) el primer rey legislador. Tal dificultad ha sido soslayada por diversos autores, interpretando que San Isidoro se refería no ya a la autoría de leyes aisladas, como serían éstas, sino a un cuerpo legal más amplio o incluso a un código. Otros expertos explicaron el pasaje isidoriano, que luego veremos al tratar de Eurico, en razón de que este monarca sí fue el primer legislador independiente tras la caída del Imperio, lo que como es lógico no impediría que sus predecesores, en situación jurídica distinta, hubieran dictado antes otras leyes. La legislación teodoriciana trata fundamentalmente del reparto de tierras entre visigodos e hispanorromanos a raíz del famosofoedus del 418. Su existencia, y más en concreto la actividad legisladora de Teodorico I, nos consta por una referencia explícita de Eurico, quien al ocuparse en su Código de aquellas cuestiones de la división de tierras, alude al quehacer legislador de su padre: sicut et bonae memoriae pater noster in alía lege praecepit (cap. 277). Por otra parte Sidonio Apolinar, obispo de Clermont,

FUENTES DEL DERECHO

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menciona las leyes de Teodorico II en cierta carta dirigida a su yerno, en la que critica la conducta de un funcionario llamado Seronato que al parecer era propicio a los godos y contrario a los romanos: " ... exultans Gothis insultansque Romanis, inludens praefectis conludensque numerariis, leges Theodosianas calcans Theodoricianasque proponeos veteres culpas, nova tributa perquirit".

El paralelismo que se aprecia en el texto entre leyes teodoricianas y teodosianas, en cierto pie de igualdad comparativa, llevó a Beyerle a suponer que, dada la existencia de un Código Teodosiano, Teodorico II debió ser autor de otra copiosa colección de leyes asemejables a ese código. Sea o no cierta, la teoría de Beyerle no conduce sólo a considerar a Teodorico II como autor de una colección más o menos nutrida de leyes, sino en última instancia a tenerle como autor de un codex, cuya ulterior reelaboración por Eurico habría dado lugar al código de este rey. Tal conclusión ha sido mayoritariamente rechazada por los autores.

C/xliw, Terxlo,innl, y pmible

Ctí
B) EL EDICTO DE TEODORICO

Hasta 1953 se daba por supuesto que el llamado Edictum Theodorici regis era obra del rey ostrogodo Teodorico el Grande (493-526), por lo que lógicamente no procedía que fuera tenido en cuenta en el catálogo de la legislación visigoda. En aquella fecha, un autor italiano, Piero Rasi, se aplicó a demostrar las contradicciones de esa paternidad, y dos años después su compatriota Vismara identificaba el texto con las leyes dictadas por el rey visigodo Teodorico II. Desde entonces se ha mantenido la duda sobre la naturaleza del Edicto, que para algunos sigue siendo ostrogodo y para otros visigodo, sin que falten quienes le atribuyen autorías diversas. Entre los que lo juzgan texto visigodo, discrepan asimismo quienes creen que fue obra de Teodorico II y aquellos otros que, siguiendo a D'Ors, remiten la paternidad a un prefecto de las Galias de mediados del siglo V. Sin considerar definitivamente resuelta la cuestión, y a título de muy probable fuente visigoda, nos referimos aquí al controvertido Edicto. No se conserva ningún códice del Edictum Theodorici sino sólo una edición realizada por Pithou en 1579 sobre dos códices franceses hoy perdidos. Esa edición lleva por título Edictum Theoderici regü lta/iae, aunque no sabemos si el título lo puso el editor o constaba en los manuscritos. Al final del texto figura la fórmula: "explicit Edictum Theoderici regís". sin la referencia a Italia que aparece en la edición impresa.

El edicto consta de un prólogo, centenar y medio de capítulos y un epílogo. Su contenido da a entender que se otorga en un territorio donde rige el derecho romano y donde conviven romanos y bárbaros. Las fuentes que nutren el texto son asimismo romanas.

ln atribución del Edicto.

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TesiJ de Vismnm.

Te.>is de o·o,s.

ESPAÑA VISIGODA

En el supuesto de aceptar como visigodo el Edictum Theodorici, ¿quién fue concretamente su autor?. El tono imperativo de sus disposiciones da a entender que se trata de un texto ordenancista o legislativo, pero ¿a quién corresponde?. Vismara identifica el Edicto con las leyes teodoricianas mencionadas según vimos por Sidonio Apolinar. El nombre que aparece de Teodorico correspondería a Teodorico II, resultando así congruente que esa obra romanizada pertenezca a un rey que precisamente, a diferencia del nacionalista Teodorico I, practicó una política filorromana. El clima social que trasluce el texto es propio además, según el estudioso italiano, del reinante en las Galias a mediados del siglo V, en favor de cuya ubicación hay que añadir incluso la circunstancia de que los códices del documento sean precisamente franceses. Los argumentos de Vismara parecen estimables pero no concluyentes. El historiador Paulo Merea reparó en cierta frase de un capítulo del Edicto -"sicut principes voluerunt"-, la cual parece dar a entender que el autor no se considera príncipe o rey y en consecuencia que quien habla no es Teodorico. García-Gallo destacó asimismo la inexistencia de datos que prueben el conocimiento o la utilización en España del Edictum Theodorici, lo que ciertamente no favorece nada su hipotética condición de ley visigoda. Resulta asimismo extraño que un texto visigodo, si Jo es, utilice al referirse a los súbditos germánicos la palabra barbari (bárbaros) en lugar de gothi (godos). Sobre la base de que siendo propio de reyes dictar leyes, era asimismo propio de los gobernadores provinciales dar edictos, D'Ors supone que el Edictum Theodorici fue obra de un supergobernador o prefecto del pretorio de las Galias durante el reinado de Teodorico 11. Teniendo en cuenta la fecha del texto, posterior al año 458 y probablemente anterior al 461, el autor sería Magno de Narbona, quien desempeñó la prefectura en el bienio 458459 y que además fue un personaje del cual precisamente sabemos que dio normas jurídicas a los godos (dictat modo iura Getis) según otra referencia de Sidonio Apolinar. La interpretación de D'Ors sobre el Edicto de Teodorico ha sido considerada por una primera autoridad como Levy "sumamente probable". C) EL CODIGO DE EURICO

Eurico nace hacia el año 440. Tras conspirar contra su hermano Teodorico 11, que resulta muerto, Eurico accede al trono en el 466 e inicia una política expansionista sin contar ya con un Imperio romano que va a derrumbarse dos lustros después. El imperialismo euriciano, que tal vez re-

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presentó la realización práctica del primitivo programa de Ataulfo, se proyecta por las Galias y penetra en tierras hispánicas. Al caer lo que ya era un puro simulacro de la formidable estructura romana, Eurico se convierte en un rey poderoso. La corte de Tolosa es entonces la primera potencia de Occidente. En estrecha relación con tal pujanza política debe situarse la actividad legisladora del monarca. La asociación entre ambas tareas resulta perceptible ya en cierta carta del erudito contemporáneo Sidonio Apolinar, quien nos cuenta que Eurico domeñó a los pueblos con las armas y a éstas con las leyes (ut populos sub armis, sicfrenat arma sub legibus). Con independencia en todo caso del juicio de quien era panegirista oficial del monarca, Eurico será luego mencionado por San Isidoro como el primer rey bajo cuyo gobierno los godos comenzaron a regirse por leyes y no por costumbres:

Eurico como

primer rey legislador.

"Sub hoc rege Gothi legum instituta scriptis habere coeperunt, nam antea tantum moribus et consuetudine tenebantur" (Historia Gothorum, 35).

Este texto ha solido interpretarse en el sentido de que Eurico fue, entre los visigodos, el primer rey legislador. Al aparecer por otra parte cierto fragmento de un códice de leyes que podía serle atribuido, se llegó fácilmente a considerar a Eurico como autor del código que lleva su nombre. Este cuerpo legal nos es conocido en parte por un códice o palimpsesto, y de forma mediata y complementaria tanto por ciertas leyes recogidas en un texto extranjero (Lex Baiuvariorum) como por aquellas otras, más importantes para nosotros, que a través del Código de Leovigildo pasaron como "antiguas" al Liber ludiciorum. Estas últimas leyes euricianas deben ser identificadas en el conjunto de las que el Liber califica genéricamente de "antiguas", pues allí no existe referencia al autor y pueden corresponder tanto a Eurico como a Leovigildo. l. El códice de París

A mediados del siglo XVIIl, los monjes maurinos de Saint Germain des Prés dieron noticia del hallazgo en su biblioteca de un palimpsesto, hoy día qmservado en la Biblioteca Nacional de París. Casi un siglo después, Bluhme procedió a su edición con un resultado no satisfactorio. Tras nuevas y más críticas revisiones, Zeumer lo publicó en 1902 en la colección de leyes de los Monumenta Germaniae Historica. La edición de Zeumer fue considerada clásica hasta que en 1960, tras cuidadosa lectura, D'Ors editó y reconstruyó el texto del palimpsesto, que tradujo al castellano con amplios comentarios. Tal versión del código es la comunmente aceptada en el mundo científico de hoy.

Ediciones del cl>dire.

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El códice comprende desde el capítulo 276 al 336, pero la serie no es continua sino que sufre algunas interrupciones, por lo que exactamente contamos con 47 capítulos. Como el texto completo debió constar de unos 350, conservamos algo menos de la séptima parte del total. Si se considera además que muchas cláusulas aparecen incompletas y otras ilegibles, pese a los intentos de reconstrucción en base a leyes antiguas del Liber ludiciorum o mediante el cotejo de textos análogos de la Lex Baiuvariorum, cabe afirmar que todavía el código nos es en su mayor parte desconocido. Romani.tmo y gennanümo en el Ctídig11.

Nmuralew riel texto.

El texto se basa fundamentalmente en el derecho romano. Numerosos especialistas en la materia, y entre ellos buena parte de los españoles, insisten en ese romanismo del código, obra que D'Ors considera un auténtico "monumento de derecho romano vulgar". No cabe ignorar sin embargo las reivindicaciones germanistas, que en principio defendieron el goticismo del texto, para pasar luego, cuanto tales pretensiones resultaron inviables, a poner de relieve algunas peculiaridades o residuos germánicos. Ciertos autores han mantenido así la tesis del carácter híbrido, gótico-romano, de sus normas, si bien otros encarecen en nuestros días que no se exagere la naturaleza romana de este ordenamiento. ¿Qué fue por otra parte, en sí mismo, el código?. Para D'Ors al extinguirse el Imperio de Occidente y desaparecer en consecuencia el prefecto de Arlés, Eurico se subrogó en su lugar dictando el texto como un edictum. Con argumentos de dudoso peso, Sánchez Albornoz ha rechazado esa calificación que a él le parece inconveniente: "Pese a Alvaro D'Ors, cabe sospechar que Eurico se propuso dictar una ley. si no regulando todos los problemas jurídicos que pudieran presentarse, sí lo suficientemente amplia como para abarcar de modo completo la totalidad de los habituales. Lo acreditan los fragmentos llegados hasta hoy completados con las antiquas que la erudición y el ingenio de Alvaro D'Ors ha calificado de euricianas y con algunas que Jo son también, aunque él no lo quiera ... Y esa visión panorámica del derecho en su conjunto no se aviene bien con la condición de edic:tum prefectura( que le concede su exégeta postrero" ( Pervivencia y crisis de la tradición jurídica romana en la España goda, 1029).

2.

La autoría del Código La tesis común: el Código de Eurico

Los propios monjes descubridores del códice atribuyeron en su día a Eurico la paternidad del texto, con independencia de que materialmente hubiera sido redactado por algún jurista de la época. Desde entonces casi todos los estudiosos han dado por supuesto que el código de París contiene unos capítulos del Código de Eurico. Su editor, D'Ors, hizo constar que la atribución de los fragmentos a Eurico constituía "un dato indubitable". Y

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ciertamente con ello reflejó el sentir científico general, pues, entre otras cosas, nadie expresaba al respecto la menor duda. Hace bien pocos años, por consiguiente, hubiera carecido de sentido dedicar una sola línea a preguntarse quién era el autor del Código de Eurico. Tras el trabajo de García-Gallo de 1974, la cuestión es por lo menos insegura. El planteamiento de esta nueva incógnita puede ser fijado en las siguientes dos preguntas: ¿por qué se ha asegurado siempre que el código parisino pertenecía a Eurico?; ¿cuáles son las razones de García-Gallo para disentir de un consenso mantenido durante todo lo que va de siglo?. A fin de responderlas sucesivamente conviene tener presente un capítulo del códice, el 277, cuyo tenor es como sigue: "1. Las parcelas góticas y la tercia de los romanos que no fueron revocadas en un plazo de cincuenta años, no puedan ser en modo alguno reclamadas. 2. Asimismo, no sea lícito revocar a servidumbre a los siervos fugitivos que no fueron hallados en un plazo de cincuenta años. 3. Ordenamos mantener los antiguos linderos tal como ya mandó en otra ley nuestro padre de digna memoria. 4. Y todos los otros litigios, justos o injustos, incluso los penales, que no fueron fallados en el plazo de treinta años, o los esclavos que hubieran sido objeto de reclamación, o las deudas que no fueron cobradas. de ningún modo sean ya reclamados. 5. Y si alguno intentara mover el litigio transcurrido este plazo de los treinta años, opóngasele este plazo y pague una libra de oro a quien el rey ordenare. 6 . No permitimos en absoluto remover los litigios, justos o injustos, que fueron concluidos reinando nuestro padre de digna memoria, mas los que los juzgaron rindan sus cuentas a Dios. 7. Ordenamos que se nos refieran aquellos litigios en los que hay dos sentencias, a fin de que deba aprobarse por nuestro mandato aquella que parezca emitida conforme a la ley".

Por dos capítulos del códice -uno de ellos éste, en sus números 3 y 6resulta claro que el autor es un rey cuyo padre también lo fue y además dictó leyes. Teniendo en cuenta que el palimpsesto corresponde al siglo VI, el rey legislador debió vivir en ese siglo o en el anterior y ser hijo de otro rey que también habría legislado. Además en el capítulo 277 (n. 0 6) se prohíbe ver los pleitos incoados en tiempos del padre del rey que legisla. Semejante referencia, irrelevante en sí misma puesto que no se dice quién es el padre del monarca -lo que nos daría el nombre de éste-, fue relacionada por Zeumer con un texto semejante de la Lex Burgundionum, la cual formula la misma prohibición pero con respecto a una fecha concreta. Según esta última ley, no deberán verse los pleitos interpuestos antes de la batalla de los Campos Catalaúnicos, donde perdió la vida Teodorico I en el año 451. Si como Zeumer cree, este precepto fue copiado del palimpsesto y ambos textos pretenden lo mismo, la fecha del 451 debe sobreentenderse para la prohibición del capítulo 277 de nuestro códice. En resumen, el precepto del capítulo 277 prohibiría de hecho que se viera cualquier pleito iniciado antes del 451, por lo que obviamente el código tuvo que ser posterior a ese año.

El rapítulo 277.

Raw11e., d~ la atribut"ilÍn del CIÍdi110 n Eurim.

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Pero es que además la misma norma (n. 0 6) aparece como una excepción concreta a la regla general fijada en el propio capítulo (n. 05 4 y 5) de que las demandas de los pleitos prescriban a los treinta años. Para que aquella excepción tenga sentido -puesto que no cabe presumir un precepto inútil o imposible- al dictarse el código no debían haber transcurrido treinta años desde el 451, porque de haberse promulgado después el precepto sería superfluo en virtud de la regla general de prescripción. En consecuencia, el cuerpo legal tuvo que ser anterior al año 481. Quedando así fijado el período de tiempo en que hubo de dictarse el Código, entre los años 451 y 481, sólo tres reyes podían ser su autor: Turismundo (451-453), Teodorico 11 (453-466) y Eurico (466-484), porque los tres fueron hijos de un monarca legislador (Teodorico I). Como por otra parte San Isidoro había escrito que bajo Eurico los godos comenzaron a regirse por leyes, la solución no resultó difícil: Eurico era el autor del código cuyos fragmentos figuraban en el códice de París. Nos encontrábamos en consecuencia ante el Código de Eurico. -

Teodorim 11 como autor dd CMigo.

Vnlnrndón .

Tesis de García-Gallo

En su revisión de tal postura tradicional, García-Gallo parte de negar la coincidencia entre el capítulo 277 del palimpsesto y el correspondiente de la ley burgundiona, lo que como es lógico significa invalidar el argumento que fija el período 451-481 como único posible para la promulgación del código. Tras esa y otras observaciones, en cuyo detalle no cabe entrar aquí, habría que volver a las únicas referencias de que hay constancia: que el autor fue un rey hijo de otro legislador, y los textos de San Isidoro y Sidonio Apolinar citados al principio. Esos textos, observa García-Gallo, refieren a lo sumo -forzando algo lo que San Isidoro exactamente dice- que Eurico dio leyes, pero no hablan de que promulgara un código. Además -prosigue- una cosa es que promulgara un código, y otra distinta que los fragmentos de París sean exactamente partes de él. Aun admitiendo la posibilidad de que Eurico pudiera ser autor del código en cuestión, García-Gallo se inclina a atribuirlo a su hermano Teodorico 11. Entre otras razones recuerda que el precepto que prohibe revisar las causas falladas en el reinado del padre del legislador, resulta más congruente cuanto más próximo se sitúe a la muerte de Teodorico I el año 451. Teodorico II inicia su reinado dos años después, mientras que Eurico tarda tres lustros en llegar al trono. La tesis de García-Gallo resulta sumamente arriesgada. Y ello no sólo porque quedaría comprometida, como su autor reconoció, si Teodorico 11

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resultara ser el autor de otros cuerpos legales (recordemos la atribución por Vismara del Edictum Theodorici), dada la improbabilidad de que un mismo rey hubiera dictado varios y muy distintos ordenamientos jurídicos extensos, sino además por otra consideración que excede a esa conjetura. Se ha subrayado así cierto conocido texto de San Isidoro, sobre el que más adelante habremos de volver (11,I,C), según el cual Leovigildo corrigió leyes de Eurico, añadió algunas nuevas y excluyó otras, cuya interpretación parece presuponer la existencia de un código, soporte de tamaña labor revisora. Comentando el pasaje isidoriano, el propio García-Gallo observa que Leovigildo hubo de actuar sobre un texto básico. La cuestión es pues ésta: si manejando un texto básico, Leovigildo corrige leyes de Eurico y excluye leyes de Eurico, ¿no es absolutamente razonable que el citado texto básico sea un cuerpo legal euriciano, es decir, el propio Código de Eurico?. En principio así lo creemos. 3. La/echa

La autoría del Código y su datación son cuestiones interdependientes. Si un código corresponde a un determinado rey, lógicamente tuvo que ser promulgado en las fechas de su reinado. Si un código es de cierta fecha, hay que atribuirlo a un monarca. De pertenecer el texto a Teodorico II, según García-Gallo sugiere, su promulgación hubo de tener lugar entre los años 453 y 466 en que él gobernó. Pero tal hipótesis, como hemos dicho, es improbable. Atribuyendo el texto a Eurico, según la opinión dominante, habría que . situarlo en el marco de su reinado (años 466-484). Ahora bien, como la cláusula primera del capítulo 277 prohibe las reclamaciones sobre reparto de tierras trancurridos cincuenta años, y esos repartos se iniciaron en el 419, el año 469 sería el primero en que el texto pudo haber sido promulgado. El Código de Eurico habría así que situarlo, según D'Ors, entre ese año } el final del reinado. En tal período, dicho autor ubica el texto en el bienio 476-477, y esto porque la epístola antes citada de Sidonio Apolinar, alusi\a al quehacer legislativo del rey, es precisamente del año 477 y parece referir una actividad coetánea de Eurico.

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11. LAS FUENTES DEL DERECHO VISIGODO (11) L Los Códigos Visigodos (continuación) A) EL BREVIARIO DE ALARICO

En el año 506 cierta asamblea de obispos y representantes provinciales reunidos en Adurís, la actual localidad francesa de Aire sur I' Adour, dio su aprobación a un código elaborado por juristas y que recibió la sanción oficial e Alarico II. Suscrito y autenticado por un personaje llamado Aniano, el código es conocido principalmente como Breviario de Alarico o Lex romana Viighotorum, por juzgarse dictado para la población romana del reino, y también mediante otros nombres: Liber legum, Breviario de Aniano, etc. Este ordenamiento da cabida al derecho romano oficial de las leges y os iura, es decir, a las constituciones imperiales y a escritos de los juris.. onsultos. Entre aquéllas la fuente principal es el Código de Teodosio. Entre éstos figura un Epítome o resumen de las Instituciones de Gayo y las Sententiae atribuidas a Paulo. Junto a cada pasaje, excepto a los de Gayo, la compilación lleva un resumen o explicación, la llamada interpretatio, que pudo ser redactada directamente por quienes seleccionaron las fuentes o tal vez reelaborada por ellos sobre un texto anterior. El Breviario de Alarico fue fruto de una política de atracción dirigida a las minorías rectoras de la población romana, las cuales conocían y cultivaban el tipo de derecho que ese código recoge. Significó además la modificación efectia de la antigua ley de citas, sobre alegación en los pleitos de escritos de juristas, por cuanto Alarico prohíbe que en los tribunales se aplique cualquier otra obra que no sea el Breviario mismo. Ello significa que los textos doctrinales susceptibles de alegación son los recogidos como iura en el código. En opinión de D'Ors el Breviario de Alarico tuvo una finalidad didascálica ~s decir, didáctica-, lo que ciertamente es difícil de conciliar con el hecho de que cuatro décadas después de su promulgación, el año 546, el rey Teudis incorporara al texto cierta ley relativa a las costas procesales, único precepto de un monarca visigodo que ha quedado inserto en esta compilación romana.

Contenido del Breviario.

Finalidad.

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El preámbulo al código lo constituye la disposición de Alarico que le da fuerza legal, el llamado commonitorium, que se dirige al conde Timoteo, quien probablemente desempeñaba la suprema magistratura judicial del reino. Allí refiere el rey sus propósitos de que el ordenamiento sirva para disipar cualquier duda o ambigüedad (nihil habeatur ambiguum), amenazando al conde con la muerte y pérdida de sus bienes si usa en el tribunal otra obra distinta del Breviario. Esto último, como ha observado Alvarado, resultaría inconciliable con ese carácter didascálico que D'Ors atribuye al texto. Así se expresa el commonitorium: "Te conviene así proveer que no se pretenda citar o recibir en tu tribunal ninguna otra ley ni fórmula jurídica. Pues si acaso se hiciere, será con riesgo de tu cabeza y con pérdida de los bienes que se sepa te pertenecen".

B) LOS CAPITIJLOS GAUDENZIANOS

Dudas .wbre .rn origen .

Eledictum citndo en los Cnpftu/m.

En un códice procedente de Lombardía que se encontraba en la biblioteca que Lord Leicester poseía en Holkham, el estudioso italiano Augusto Gaudenzi halló a fines del siglo XIX catorce capítulos de una colección que desde entonces lleva su nombre. De fecha y naturaleza dudosas, los fragmentos son parte de un texto más amplio cuya extensión y alcance también resultan desconocidos. Los catorce capítulos tratan, sin un orden preciso, de derecho privado y procesal. Los Fragmenta Gaudenciana plantean un problema análogo al que antes vimos en el Edicto de Teodorico. Por algunas razones, como la referencia que hace cierto capítulo a un funcionario godo (el sayón), se ha admitido su condición de textos jurídicos godos, discutiéndose a partir de ahí si corresponden al reino visigodo o al ostrogodo de Italia, así como su carácter de disposición real, obra privada, etc. La inclusión aquí se hace lógicamente en función de su posible naturaleza visigoda. La filiación de los capítulos depende en buena parte de cómo se identifique otro texto o textos principales, citados como /ex o edictum, a los que los fragmentos de Gaudenzi aluden como fuente que ellos parecen desarrollar o interpretar. Sobre esta base, las hipótesis sobre los Capítulos Gaudenzianos pueden clasificarse fundamentalmente en tres grupos: el formado por autores que los consideran textos visigodos, el de aquéllos que los catalogan como ostrogodos, y finalmente el de quienes interpretan los Fragmenta como producto jurídico de una región visigoda influida por los ostrogodos. a) Son textos visigodos. Tal supuesto arranca del propio Gaudenzi, quien identificó los capítulos con el Código de Eurico. También han sido adjudicados a Teodorico II, opción inviable si se considera que los capítulos tienen en cuenta el palimpsesto de París o un texto derivado de él , cuya atribución a Eurico los sitúa en fecha más tardía.

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b) Son textos ostrogodos. El edictum citado en los capítulos sería el Edicto de Teodorico, partiendo por supuesto de considerar el Edicto como una obra jurídica ostrogoda. c) Son textos visigodos procedentes de una región con influencia ostrogoda. Es la hipótesis más razonable. Prescindiendo de algunas atribuciones de la antigua historiografía alemana, hoy día merecen más crédito las tesis de Merea y D'Ors. Para aquél, los Fragmenta Gaudenciana habrían sido redactados en España durante el protectorado del rey ostrogodo Teodorico el Grande. Para éste, los capítulos fueron restos de un edicto dictado por el prefecto del pretorio de las Galias durante el primer período del siglo VI. C)

EL CODIGO DE LEOVIGILDO

En un pasaje de su Historia de los Godos, San Isidoro de Sevilla, nacido durante el reinado de Leovigildo (568-586), refiere que este monarca corrigió determinadas leyes de Eurico, añadió algunas nuevas y excluyó otras: "{Leovigildus) in legibus quoque ea quae ab Eurico incondite constituta videbantur correxit, plurimas leges praetermissas adiciens, plerasque superfluas auferens".

En este texto se ha justificado tradicionalmente la existencia de un Código de Leovigildo, el llamado Codex Revisus, del cual no conservamos ningún ejemplar y ni siquiera ningún posible fragmento. Sí se ha entendido, como antes vimos, que procederían de él las diversas leyes que aparecen luego en el Liber ludiciorum precedidas de la inscripción antiqua. Estas leyes antiguas serían, pues, a tenor del texto citado, leyes nuevas de Leovigi Ido o preceptos de Eurico que aquél recogió o sometió a corrección. La reconstrucción de la obra de Leovigildo, y el consiguiente deslinde de las reformas por él introducidas, ha preocupado a autores antiguos y modernos. D' Ors procuró determinar así ciertos "indicios de estilo leovigildiano (o no-euriciano)" que fundamentarían la atribución a ese monarca de determinados textos, desde cuyos resultados Gibert ha intentado esbozar un cierto panorama de la tarea legislativa de Leovigildo. En realidad no ha sido posible superar el estadio de las puras conjeturas, por sugestivas y fatigosas que éstas hayan resultado. En su examen crítico de 1974 (10, I,B), García-Gallo formuló una serie de observaciones de notable contundencia. En primer lugar que la revisión de Leovigildo relatada por San Isidoro no significa necesariamente que este rey formara un código, pues también Chindasvinto dictará más tarde numerosas leyes derogando o modificando otras anteriores. En segundo lugar, al no fundamentar o explicar San Isidoro su noticia, se había supuesto que tomó la información del prólogo de ambos códigos, lo que para García-Gallo resulta extraño si se considera que los dos únicos códigos visigodos que conserva-

Codex Revi.\"us y leyes antiguas.

Tesi., de Gnrrín-Gnllo.

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mos completos (Breviario de Alarico y Liber ludiciorum) carecen de prólogo propiamente dicho. Es además elocuente el silencio de algún historiador del reinado, como Juan de Bíclaro, contemporáneo del monarca, quien nada dice sobre la actividad legislativa de Leovigildo. Finalmente, en lo que concierne a las leyes antiguas del Libe,; éstas tanto pudieron compilarse en la etapa de Leovigildo como en las siguientes de Chindasvinto o Recesvinto. En suma, nada de lo relativo a este Código, ni su propia existencia, puede tenerse por seguro: "Ante la imposibilidad de llegar a conclusiones seguras sobre el Código de Leovigildo, dada la falta de datos y la imprecisión de los que se vienen manejando. ni en pro ni en contra; y en todo caso, al no poder afirmar nada con seguridad, no procede basar en su existencia y características ninguna conjetura y menos conclusiones" (Consideración crítica, 400).

D) EL LIBER IUDICIORUM

1. la redacción de Recesvinto

E/Ctidigode Chintlasvinto. stgún King.

A mediados del siglo VII, Chindasvinto (642-653) dicta un número abundante de leyes, quizás con el proyecto de realizar una compilación. A la vista de ello, King, retomando cierta vieja hipótesis de que ese monarca fue autor de un cuerpo legal, ha sostenido formalmente que Chindasvinto promulgó en el año segundo de su reinado el gran código tradicionalmente atribuido a su sucesor Recesvinto, con lo que retomaría así al padre la gloria, siempre reconocida al hijo, de haber sido el Justiniano visigodo. La tesis de King, audaz por discutir frontalmente la autoría del más importante de estos códigos, fue defendida en un Coloquio visigodo celebrado en el University College de Dublín en mayo de 1975. Cinco años más tarde se publicaron en Oxford las ponencias, y entre ellas ésta significativamente titulada El rey Chindasvinto y el primer código territorial del reino vüigodo.

Pmmulgnciónycnn· tenido de/ über.

En el año 654, tras haber sido revisada por el Concilio VIII de Toledo, el rey Recesvinto promulga -o corrige, según King- la gran compilación de leyes para godos e hispanorromanos que constituye el Liber ludiciorum. Tal vez a imitación del Código de Justiniano, el Liber se divide en doce libros, y éstos en títulos y leyes. Por su ambicioso planteamiento, orden sistemático y riqueza de contenido, el código de Recesvinto, llamado modernamente lex Visiglwtorum, ha pasado a la historia como la gran obra legal del reino visigodo. El Liber ludiciorum recoge de una parte el conjunto de leyes antiguas, a través, según se ha creído, de la incorporación del Codex Revisus de Leovigildo. Estos preceptos ·aparecen como en su día fueron promulgados (leyes simplemente antiquae ), o bien en su caso con las correcciones de reyes posteriores (antiquae emendatae). Por otro lado da cabida a algunas leyes de Recaredo a Recesvinto, con indicación de su autor y de si ellas han sido enmendadas. El Código

FUENTES DEL DERECHO

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finalmente reitera la derogación de las leyes romanas, aunque autoriza estudiarlas ··para buscar su utilidad". De no haber leyes aplicables, el juez debe acudir al rey. 2. Revisión de Ervigio y redacción "vulgata" Ervigio accede al trono en octubre del 680 e inmediatamente encarga al Concilio XII de Toledo la revisión del liber recesvindiano. Con ello se anulan algunas leyes, se añaden otras dictadas por Recesvinto, Wamba y Ervigio, y se procede en fin a la corrección de varias que quedan enmendadas. A fines de siglo Egica proyecta otra revisión que fue encomendada el año 693 al Concilio XVI de Toledo. Zeumer destacó en su día la improbabilidad de que tal proyecto hubiera cristalizado en un código nuevo. Junto a esas revisiones oficiales, los propios juristas que manejan el Liber añaden algunas disposiciones o corrigen otras. Se forma así la llamada redacción vulgaJa, cuyas distintas variantes logran amplia difusión y uso en la etapa altomedieval.

n.

La aplicación del Derecho: las Fórmulas Visigodas

La legislación visigoda denota una ostensible persistencia del derecho romano ·,ulgar en las diversas ramas del ordenamiento privado. Incluso en el campo sucesorio, donde los autores habían presumido un tono más atenuado de ese continuismo, el profesor Pérez de Benavides ha probado suficientemente la gravitación del ulgarismo romano. Ahora bien, ¿fue ese derecho de los códigos visigodos el re:tlmente aplicado en la vida corriente?. Entre quienes creen que tales textos informaron la práctica jurídica, y aquellos otros más numerosos, que los valoran como :adicalmente divorciados de la realidad cotidiana, parece prudente suponer que, sin llegar a un extremo u otro, la legislación de los reyes sólo pudo ser aplicada de forma precaria e irregular. Desde luego cabe considerar utópico el mandato del LJber de que los jueces acudan al monarca cuando no exista precepto aplicable al caso que han de resolver. Fácil es imaginar que el propio criterio del juez o los usos jurídicos consuetudinarios servirían en tal caso de solución más asequible al problema. Algunas fórmulas jurídicas que se han conservado reflejan el derecho realmente utilizado en la época. Entre ellas destaca la colección de las llamadas Fónnulas visigodas, textos conocidos merced a la copia que hizo del códice original Ambrosio de Morales a fines del siglo XVI. Se trata de cuarenta y seis fórmulas relativas a derecho privado, de estirpe y estilo romanizantes, si bien alguna denwicia vestigios gennánicos. Este es el caso de la fórmula 20 que recoge la Morgengabe o donación que el marido ofrecía a la mujer en la mañana siguiente a la noche de bodas. El autor de las Fórmulas fue un notario, o quizás un escriba, y por la referencia de una de ellas a Córdoba se ha supuesto que fueron compuestas en esta ciudad o al menos en Andalucía. Su fecha puede situarse entre los años 615 y

Revi,\'ión de Ervixio.

Proyeriode E¡:irn.

212

ESPAÑA VISIGODA

620. De todas formas, como no podía ser menos tratándose de documentos atribuidos a esta época, donde cualquier texto es por sí mismo un enigma, las Fórmulas visigodas arrastran su correspondiente cuota polémica. Al observar el latín rudimentario en que fueron escritas, así como sus coincidencias formales con documentos posteriores, Mínguez dedujo que el formulario no era visigodo y que había sido redactado en la Alta Edad Media. García-Gallo sostiene su origen visigodo, sin perjuicio de que al ser copiadas en el siglo siguiente sufrieran añadidos que expliquen la confusión. D'Ors es tajante: "Quizá nada más ajeno a la realidad documental visigoda que esta colección caprichosa de un notario erudito, pero se trata de un documento tan misterioso que toda conclusión fundada sobre él sería temeraria" (la territorialidad del derecho de /0.1· visigodo.1·, 124).

Una nota exótica tras estas severas palabras: la citada fórmula 20 está redactada en verso. Algo ciertamente anómalo en la diplomática de la época, prueba de las inclinaciones literarias o del sentido del humor del notario andaluz. 111. Personalidad y territorialidad de la Legislación Concepto rle per.wnn/1rlnrl-territorinlirlnrl/egal.

ÚJS ltXJOJ

mnflirtivo.<.

Decimos que las leyes o códigos tienen carácter personal cuando van destinados en el seno de una comunidad plural a un determinado grupo de personas. La territorialidad supone por el contrario que esas normas rigen en todo el territorio de la comunidad política, aplicándose en consecuencia a cuantos forman parte de ella. Habida cuenta de que el Estado visigodo se asentó fundamentalmente sobre un doble componente étnico, de hispanorromanos y godos, la cuestión que en concreto se plantea es si las leyes y códigos visigodos fueron dictados separadamente para unos y otros (personalidad de la legislación), o bien rigieron para todos los ciudadanos, siendo en consecuencia territoriales. Precisemos un poco más. De los textos que hemos analizado, quedan fuera de este problema el Edicto de Teodorico y los Capítulos Gaudenzianos, y ello tanto porque no nos consta su carácter visigodo como porque los Capítulos mismos bien pudieron ser obra privada, con lo que carece de sentido preguntarse sobre el ámbito de su vigencia oficial. Quedan fuera también las leyes teodoricianas sobre reparto de tierras, de suyo territoriales, pues obviamente afectaron a visigodos e hispanorromanos, así como el Liber ludiciorum. también territorial por ir dirigido expresamente a todos. Restan por consiguiente el Código de Eurico, el Breviario de Alarico y el Código de Leovigildo como textos a considerar en la cuestión que nos ocupa. Sobre ello, según apuntamos antes, existió un consenso tradicional que dio por buena la personalidad de estos ordenamientos, consenso roto cuando en 1941 García-Gallo defendió su tesis territorialista.

FUENTES DEL DERECHO

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A) LA TEORIA 1RADICI0NAL: PERSONALIDAD DE LOS CODIGOS

Siguiendo el principio de la personalidad, característico de la legislación de los pueblos germánicos, desde Zeumer se dio por supuesto que el Código de Eurico fue dictado exclusivamente para los visigodos, mientras la población hispanorromana siguió haciendo uso de las leyes Teodosianas. Más tarde esos hispanorromanos reciben el Breviario de Alarico, continuando vigente el Código de Eurico para sus propios destinatarios. Posteriormente Leovigildo revisa el ordenamiento euriciano y dicta otro código dirigido también a los godos. El Código de Eurico es así sustituido desde entonces, en el ámbito de la población visigoda, por el Codex Revisus de Leovigildo, mientras la hispaJOrromana mantiene el Breviario. Finalmente el Liber ludiciorum deroga todo o anterior, es decir el Código de Leovigildo y el Breviario de Alarico, e insé.lura un derecho territorial común para godos y romanos. Cabe destacar que esta concepción tradicional explica la vigencia sia-iultánea de códigos distintos (Código de Eurico-Breviario y BreviarioCódigo de Leovigildo), por cuanto según hemos visto se entendieron dictados para poblaciones diferentes. Reconoce, de otra parte, una creciente preocupación por unificar el derecho de dos comunidades cuya homogeneidad se acentuaría con el transcurso del tiempo. Así la ley de Teudis sobre costas procesales, de carácter territorial e inserta en el Breviario, fue punto de partida de un proceso jurídico integrador que en cierto modo, a través de las eyes de Leovigildo, culmina en el gran código territorial de Recesvinto.

Ambiw dt apliraci/111 y vigenrin .,·imul/11nea.

B) LA TESIS TERRITORIALISTA

La tesis central de García-Gallo fue que esos tres códigos, de Eurico, Alarico y Leovigildo, tuvieron vigencia territorial común para godos y romaos, y en consecuencia se derogaron entre sí sucesivamente. El Código de Eurico fue desplazado por el Breviario de Alarico; éste por el Código de Leovigildo, y éste a su vez por el Liber /udiciorum. l. El Código de Eurico

Para García-Gallo es clara la vigencia general del Código de Eurico o, eras su reconsideración de 1974, la vigencia general del código contenido en el palimpsesto de París. En favor de ello adujo la romanización misma de ese cuerpo legal y, junto a otras razones, el hecho de que se deroguen allí leyes romanas anteriores, lo que resultaría incongruente si el código hubiera sido destinado solamente a los visigodos. La territorialidad del Código de Eurico fue aceptada sin reservas y aun apoyada con nuevos argumentos por Alvaro D'Ors, consecuentemente con

Postura de

Gnrr:ía-Gallo.

Acol(ida de .,·u /esfa.

214

ESPAÑA VISIGODA

su convicción del carácter de "edicto" de ese código. En el mismo sentido, el profesor Iglesia asegura que "no cabe dudar de la aplicación del Código de Eurico entre ambos pueblos". La posición contraria queda reflejada en la siguiente afirmación de Sánchez Albornoz: "Ni se llamó edictum ni tuvo vigencia territorial". 2. Te.ri.v de Gnrl'ín-Gnllo.

El Breviario de Alarico

La participación de obispos y representantes provinciales en la elaboración de un Breviario dictado con su consentimiento, prueba para GarcíaGallo la territorialidad de ese cuerpo legal, ya que, de haber sido dado sólo para romanos, la constitución de la asamblea -común al estilo germánico-- hubiera resultado superflua. García-Gallo, y con él D'Ors, han creído que ese cónclave de episc'opi vel electores provinciales estuvo formado por romanos y godos, pues el texto que hace referencia a él no excluye a unos u otros, lo que naturalmente da lugar a que las disposiciones adoptadas afectaran a ambos. Junto a ese carácter mixto de la asamblea provincial (impugnado por Merea, quien esgrime buenas razones en favor de una reunión exclusivamente romana), hay que tener en cuenta además que el Breviario se envía al conde Ti moteo para que él y otros jueces lo apliquen, con lo que, al no limitarse esa aplicación a los romanos, habrá que entender que rigió para cuantos acudieran al tribunal, fuesen romanos o godos. Otro importante argumento pone en relación la advertencia o commonitorium, que da fuerza legal al Breviario, con aquella ley de Teudis -reconocida por todos como territorial- que se ordenó insertar en el texto de Alarico. García-Gallo razona así: " El commonitorium declara que el Breviario redundaba en provecho popu/i nostri; la ley de Teudis había de ser saludable per universos populo.1·. Según el commonitorium, el comes tenía que aplicar el Breviario a todos los que acudían a su Tribunal , y la ley reconoce que los provinciales y todos los pueblos sufrían las mismas cargas procesales ; de donde se deduce que todos seguían el mismo régimen judicial. ¿Es posible sostener después de esto que el Breviario se concedió sólo a los romanos y la ley de Teudis para éstos y los visigodos?" (Nacionalulad y territorialidad, 219).

Demgnri(m del Código de Euriro por el Breviario: tesix

deMereay D'Ors.

Por estas razones, y por el mismo hecho de que en el commonitorium no sean excluidos los godos de cuanto el código dispone, el Breviario de Alarico debió regir con carácter territorial. Sobre esa base García-Gallo afirma que derogó al Código de Eurico, opinión no compartida ni por Merea ni por D'Ors, ni últimamente por Al varado. Aquél estima que el Código de Eurico habría continuado rigiendo como ley general, mientras el Breviario era una fuente subsidiaria, destinada principalmente a la población romana para evitar la libre alegación por ella en los juicios de sus propias fuentes.

RJENTES DEL DERECHO

2 15

D' Ors, en cambio, admitiendo la territorialidad del Breviario, cree que no ecesitó derogar al Código de Eurico por cuanto una y otra obra fueron de aturaleza distinta: ésta un cuerpo de leyes; aquélla una compilación didácti~a "para la formación de jueces". Ambas así coexistieron. Alvarado a su vez, -o creyendo como hemos dicho en el carácter didascálico del Breviario, tampoco cree en que este texto hubiera derogado al Código de Eurico, pues de ser :?.SÍ no tendría sentido que años después el código de Leovigildo hubiera corregido a un Código de Eurico que hubo de seguir estando vigente. 3. El Código de Leovigildo Para García-Gallo el ordenamiento de Leovigildo fue territorial tanto por su usada romanización como por dar cabida a leyes aplicables a visigodos e hispanorromanos. Derogó además al Breviario de Alarico, lo que se probaría por el hecho de que tras Leovigildo, desde finales del siglo VI, el Breviario fuera sienciado: no habló de él San Isidoro al historiar las fuentes romanas vigentes; :ampoco es mencionado en las leyes de Recesvinto, y las disposiciones de los ~ cilios no lo citan como verdadero código. Tras estas observaciones de 1941, en el contexto de dar por supuesta la existencia del código, la propia revisión ul:erior de García-Gallo (1, C), le lleva congruentemente a no opinar ya sobre el :ímbito de vigencia de un ordenamiento irreal o al menos desconocido. En cualquier caso, sobre aquellos argumentos, D'Ors rechazó que el Codex Revisus hubiera derogado al Breviario. Creyendo D'Ors en el carácter didáctico del texto alariciano, podía explicar la vigencia conjunta de ambos códigos. Pero además para él los argumentos ex silentio no son convincentes: San Isidoro no menciona al Breviario y sí al Código Teodosiano porque aquél era simplemente una reducción de éste; el mutismo de los cánones conciliares se explica por la condición didascálica del Breviario. Finalmente D'Ors arguye :iue si Leovigildo hubiera derogado el Breviario, no se explicaría la ulterior ierogación por Recesvinto de las leyes romanas. C) TESIS MIXTA

Frente a estas dos posiciones tradicionalmente enfrentadas de la personaliiad y territorialidad de la legislación visigoda, el profesor Alvarado ha propues•o recientemente otra de carácter mixto, cuyo eje argumental es la afirmación de :¡ue el Derecho romano fue siempre aplicado, en una primera etapa como ordenamiento principal para los romanos y subsidiario para los godos, y en otra segunda i e forma subsidiaria general. Esta tesis rechaza como insostenible la de la territorialidad del Derecho visigodo, con la consiguiente derogación de un código por otro, pero considera también seriamente cuestionada la tesis de la personalidad.

Tesis de G11rcí11-Gnllo.

ObserVtlr.inne.v deD'Or.,.

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ESPAÑA VISIGODA

Según Al varado, en concreto, hasta Leovigildo el Código de Eurico rigió para los godos. mientras el Breviario de Alarico rigió como derecho principal para los romanos pero también para los godos como subsidiario. Es decir, hubo una mezcla de personalidad (en el derecho principal) y territorialidad (en el subsidiario). Desde Leovigildo, en cambio, impera la territorialidad en toda regla: como derecho principal regirá territorialmente el Codex Revisus, mientras en el ámbito supletorio o subsidiario rige también territorialmente el Breviario de Alarico. Todo ello, además, en el planO' teórico, porque en la práctica las cosas debieron ser distintas, tanto porque en los latifundios se aplicaría el derecho del señor, como porque la desaparición de la cancillería imperial el año 476 hubo de convertir al Derecho romano en un ordenamiento anquilosado y carente de renovación, que sería progresivamente abandonado por la población para acogerse al derecho nuevo visigodo. IV. Las Fuentes canónicas: la Hispana

u,s Epitome.<.

Ln Hi.<pana: ronl~nido.

Las fuentes principales del derecho canónico de esta época, variable en su desarrollo en las diversas regiones, fueron los cánones conciliares y las epístolas pontificias. La recepción de unos y otros textos tuvo lugar a menudo en fechas tardías, en el seno de un clima de dispersión poco propicio para que la doctrina eclesiástica fuera formulada de modo homogéneo y coherente. Con la pretensión de asegurar la unidad normativa y un más fácil conocimiento por todos de la legislación eclesiástica, se llevaron a cabo refundiciones de cánones o compilaciones de ellos. En España conocemos tres notables resúmenes o epítomes, dos correspondientes al reino visigodo y uno al suevo. Aquéllos fueron la Colección de Novara y el Epítome hispánico, de mediados del siglo VI y primeros años del VII, respectivamente. En el reino suevo, un obispo, San Martín, metropolitano de Braga, formó en la segunda mitad del siglo VI la colección que lleva su nombre: Capitula Martini. La obra cumbre del derecho canónico visigodo es la Hispana, bien conocida hoy, como los epítomes antes citados, por sucesivos e importantes trabajos del profesor Gonzalo Martínez Díez. La Hispana es una colección de cánones conciliares y epístolas pontificias hecha por San Isidoro de Sevilla, que debió difundirse a raíz de la muerte de su compilador. Los cánones recogidos corresponden a concilios griegos, africanos, galicanos y españoles, mientras las epístolas pontificias, más de un centenar, quedan agrupadas por orden cronológico. La riqueza de contenido y universalidad de sus planteamientos confieren a la Hispana un papel de capital importancia, sin parangón posible con cualquier otra colección canónica de la misma época.

FUENTF.S DEL DERECHO

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La Hispana fue precedida desde mediados del siglo VI por un índice forG1ado por el extracto de los cánones (excerpta canonum), y constó de tres re:;ensiones o formas fijas del texto: la Isidoriana, correspondiente a la redacción ;,rimitiva, la Juliana (de la época de San Julián de Toledo) y la vulgata, o edi~ión más difundida y utilizada, que habría de ser bien conocida en las Galias : que influyó además en otras colecciones canónicas posteriores.

R, nncrionn

218

ESPAflA VISIGODA

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221

12. MONARQUIA Y ASAMBLEAS POLÍTICAS L El Estado Visigodo

A raíz de las invasiones, con el asentamiento en las Galias tras el pacto entre Valía y Honorio, la comunidad política visigoda se integra como un Estado de carácter personal en el seno del Imperio romano. Al caer el Imperio, Eurico puede ya organizar ese Estado sobre una base territorial de}nida, cuyo desplazamiento a España a mediados del siglo VI da lugar al Estado hispano-godo de Toledo. A) CONCEPCIONES QUE LO CONFORMAN

Por su propio origen y proceso de formación, el Estado visigodo fue fruto del ideario germánico sobre la comunidad política, característico de los pueJos invasores, y de aquel otro romano que había informado la estructura del Imperio al que los godos inicialmente quedaron incorporados. A esas dos con;:epciones distintas y concurrentes habrá que agregar una tercera, la propia de 'a Iglesia sobre la comunidad pública, el poder y su ejercicio, que influirá de forma decisiva desde la conversión de los visigodos al catolicismo. La concepción germánica diseña el Estado como una corporación de los hombres libres, cuya forma política es la monarquía popular, defendida por un ejército formado por el mismo pueblo en armas. El rey es un jefe militar, especialmente asistido por quienes figuran en su compañía o séquito (Gefolgschaft). Impera así un cierto sentido democrático, patente por ejemplo en la asamblea judicial (ding, mallus) que colectivamente administra justicia, con independencia del predominio de hecho de determinadas estirpes o familias ilustres. La concepción romana del Bajo Imperio cristaliza por el contrario en un Estado absoluto, personificado en la figura del emperador que ostenta poderes ilimitados. Con el tiempo se hará notar otra tendencia, también romana, que pretende organizar la comunidad política según patrones privados característicos del régimen señorial, de conformidad a como se vivía realmente en el mundo provincial del siglo IV.

Ln mont1"1ufn

pq,uJar ¡:em,luum

Ln conr epci()n romana.

222 hifluencin de In l!ilesin.

El Estado visigodo como sínte.'iÜ.

ESPAÑA VISIGODA

La Iglesia, por su parte, fortaleció doctrinalmente la autoridad del Estado, habida cuenta de que la doctrina del origen divino del poder propició una imagen venerable de los propios reyes, administradores de ese poder recibido de Dios, que debían ser respetados so pena de sanciones espirituales de diversa índole. No obstante, la misma enseñanza cristiana, procedente de los textos bíblicos y de la doctrina patrística, actuó de elemento corrector del ejercicio abusivo del poder, y a través del pensamiento de San Isidoro y de los cánones conciliares constituyó un factor de atemperación y armonía moral. El Estado visigodo, en suma, resultó moldeado por esos tres patrones ideológicos, en razón de su respectiva influencia en las distintas épocas. No fue ni pudo se.r la comunidad asamblearia de tipo germánico, que entre otras cosas sólo era posible con una base social bastante limitada; ni fue tampoco el Estado despótico del absolutismo imperial romano. Fue sí una monarquía absoluta con cierta participación popular, donde la Iglesia, sin llegar desde luego a som~ter a control los actos del rey, ejerció una influencia benéfica procurando la moderación y el bien común. B) ¿HUBO PROPIAMEN1E ESTADO VISIGODO?

l.

Planteamiento de la cuestión

En tanto se considere a los antiguos pueblos germánicos organizados con arreglo a normas de naturaleza privada, donde habrían prevalecido las relaciones particulares del rey-jefe militar con quienes le seguían en sucomitiva, se aboca a la negación del Estado en esas comunidades. Si además fue factible que una de ellas, la visigoda, impusiera su fisonomía jurídico privada a la sociedad política que formó con los hispanorromanos, podría concluirse que el Estado visigodo no existió en cuanto tal, o al menos que fue de naturaleza híbrida. La cuestión estriba pues en si la comunidad hispano-goda se organizó conforme a principios de derecho público o a normas privadas, y en consecuencia a si hubo o no Estado. Del tema se ocupó copiosamente la historiografía alemana de la segunda mitad del XIX y primeros años del XX, si bien de forma dispersa y en el contexto de los pueblos germánicos en general. La publicación en 1914 por Von Below de El Estado alemán de In Edad Media, representó una formulación unitaria y rigurosa del problema en esa etapa histórica. Aunque el juego de palabras parezca convertir la t~sis en una petición de principio, Von Below se propuso defender el carácter de "Estado" del Estado Medieval (der Stnat des Mittelnlter.1· al.1' Stant) . La lectura de la obra del profesor de Friburgo llevó a Torres López a estudiar los principios que informaron la organización política hispano-goda. Fruto de ello fue su erudita monografía, El Estado vi.l'igodo, donde se trata exhaustivamente el problema en cuestión.

ESTADO Y MONARQUIA

223

En el sector de historiadores que rechazaron la existencia del Estado entre los pueblos germánicos, se dio una doble interpretación. La de aquéllos para quienes los reyes no habrían sido autoridades públicas del territorio, sino más bien dueños patrimoniales de las tierras sometidas a su jurisdicción, y la de los que insistieron en que las múltiples relaciones privadas, producto del comitatus o séquito, sofocaron cualquier vínculo público entre súbditos y rey. Entre estos últimos, Eichhom llegó a sostener que los pueblos germánicos no habían sido otra cosa que una "enorme comitiva". En el extremo opuesto, en defensa de ese Estado, Paul Roth aseguraba:

Negarián y aftrmnr.ián del fatado gennñniro.

" La base del Estado germánico no fue la relación de vasallaje, no fue la dependencia de un jefe de banda, sino sencillamente el lazo general de súbdito, la dependencia de todo habitante libre del Estado de la autoridad política común" (Geschichte de.1· Beneficialwesens, Vil).

La discusión sobre si existió el Estado entre los pueblos germánicos tiene su correspondencia en el caso hispánico de la comunidad visigoda. La respuesta afirmativa, expuesta en su día por Dahn, fue desarrollada por Torres con abundantes argumentos. Dahn había negado que el séquito germano persistiera en las instituciones de la monarquía hispanogótica, sosteniendo al tiempo que el vínculo público de súbditos fue la forma jurídica que les unió con la corona. Torres por su parte rechazó el carácter patrimonial de la monarquía visigoda, destacó el papel relevante del rey y sus múltiples títulos, que a veces alcanzan también a la reina, y puso de relieve el uso de una simbología que coloca al monarca en posición preeminente. Hizo notar asimismo las solemnidades de la elección real y el carácter público del juramento que el rey ha de prestar al subir al trono. Rehusó cualquier concepción patrimonialista en un Estado que distinguía impuestos públicos e ingresos privados, y diferenciaba también el patrimonio particular y el público del monarc~. Defendió, en fin, la " utilidad pública" (utilitas publica) como absolutamente característica de ese auténtico Estado visigodo:

Tesi.< de Torres lr}pez.

"Esta idea de la pública utilidad hace que en este aspecto también aparezca la idea pública. Digamos, finalmente, que el hecho de que en el estado visigótico aparezca vigoroso, juuto a los fines militar y jurídico, el fin religioso, no puede inducir a la negación del concepto público del estado sino meramente a la afirmación de su peculiaridad" (El Estado visigólico, 475).

2.

El prefeudalismo visigodo

Algunas de esas razones no resultaron muy convincentes para Sánchez Albornoz. Y ello hasta tal punto que una de las más célebres monografías del preclaro medievalista español, En torno a los orígenes del Feudalismo, se inicia con estas palabras muy propias de su temple polémico: "Contra Dahn y contra Torres ... " En el fondo Sánchez Albornoz combatió la afir-

Réplica de S/mchez Albornoz a Dah11 y forre.,.

'l:2.4

Lm leude.,·

ESPAÑA VISIGODA

mación muy concreta de que príncipe y súbditos hubieran estado ligados sólo por lazos de naturaleza pública, para sostener en cambio la persistencia en la época goda de los vínculos de fidelidad privados, característicos del comitatus. La réplica al investigador alemán destaca las huellas del séquito en lamonarquía visigoda, haciendo notar la existencia de clientes y .fideles regis en diversos momentos de su historia. Para ello Sánchez Albornoz examina diversos relatos y fuentes legales de la época, considerando también, ahora en contra de Torres, una famosa ley del Liber ludiciorum (IV, 5, 5), calificada de antigua y atribuida a Leovigildo, en la que por una sola vez se menciona a ciertas enigmáticas gentes: los leudes. ¿Quiénes eran esos leudes cuyas ganancias en campaña regula el precepto regio?. Para Torres se trataba de los súbditos y soldados corrientes del príncipe. Para Sánchez Albornoz, en cambio, los leudes eran patrocinados del monarca, con lo que se venía a demostrar la persistencia de esos clientes del rey en el último tercio del siglo VI. La interpretación de la voz franca Leudes ha sido y sigue siendo conflictiva. La discusión se remonta a la primera mitad del siglo XIX y llega a nuestros días. Eichhorn defendió ya que los leudes eran miembros del séquito regio, pero en 1850 Roth mantuvo que se trataba de súbditos en general. Entre una y otra posición surgieron tesis intermedias, sosteniéndose conciliadoramente que el vocablo había sido usado tanto en el sentido amplio de súbditos como en el estricto de personas del séquito (Waitz). Otras explicaciones fueron más tajantes y claras: para Dopsch los leudes eran miembros armados de la comitiva del monarca. La interpretación de Sánchez Albornoz ha sido discutida por D'Ors. Para él los Leudes son "los que realmente Laborant en la guerra y no van como amigos del rey". La incertidumbre del tema, en cualquier caso, se refleja en el propio título que D'Ors adjudica a su estudio: Duda.v sobre Leudes.

El mantenimiento en suma del comitatus germánico, la presencia de fieles del monarca en las asambleas y órganos de la administración del Estado, y el hecho mismo de que los reyes retribuyeran tales servicios con concesiones de tierras que muchas veces eran de carácter temporal, justificaron para Sánchez Albornoz la realidad de un prefeudalismo en el reino visigodo. Los fideles y gardingos habrían sido así remunerados con beneficios y heredades, de forma gratuita y revocable, para que participaran en el servicio de guerra: en esa expeditio o expeditio publica mencionada por las leyes visigodas. 11. La Monarqufa

En el Estado visigodo distinguimos el reino y la monarquía gobernante. El reino lo forman los hombres libres, herederos de la antigua soberanía popular, que desde una fase inicial de protagonismo activo pasan luego a la

ESTADO Y MONARQUIA

225

condición pasiva de súbditos. La monarquía es representada por el rey, quien en principio aparece como caudillo militar, más tarde como jerarca político y finalmente como vicario divino con carácter cuasi-sacerdotal. A) CARACTER DE LA MONARQUIA VISIGODA

En las antiguas comunidades germánicas el rey era elegido por la asamblea de los hombres libres. Tal principio gravitará luego sobre la organización política visigoda, con una monarquía cuya teórica naturaleza electiva resultó en la práctica comprometida por diversos factores. Al puro carácter abierto de la elección se opuso el predominio de una determinada estirpe, que acaparó los nombramientos regios, así como las luchas por el poder y el fenómeno de la asociación al trono, mediante el cual un monarca intenta prejuzgar o determina de hecho quién ha de ser su sucesor. Desde principios del siglo V hasta Amalarico (510-531 ), los monarcas fueron elegidos entre miembros de la estirpe de los Balthos. Durante toda su historia, salvo paréntesis pacíficos, los príncipes visigodos se vieron amenazados por atentados y destronamientos, tan frecuentes que llegarían a constituir un verdadero problema nacional. Además, la posibilidad de convertir la monarquía electiva en hereditaria debió tentar ya a los primeros reyes visigodos, bien fuera asegurando la elección cerrada dentro de la misma familia, bien por el sistema de eliminar a pretendientes indeseados (caso de Sigerico al dar muerte a los hijos de Ataulfo), o por el procedimiento mencionado de asociar 3 alguien al trono. Ante todos estos datos negativos, cabe preguntarse si esa monarquía visigoda fue realmente electiva, o si el tal principio regulador de la sucesión al trono no fue más allá de un postulado teórico, desoído en la práctica. Los autores han ofrecido al respecto tres interpretaciones distintas. Fue electiva de hecho. Para Torres López la monarquía hispanogoda fue electiva en todo caso, y el predominio de los Balthos no tuvo que ver con la tendencia a convertirla en hereditaria. Aunque existieran usurpaciones y J.Saltos al pcxler, la necesidad del reconocimiento ulterior de los conspiradores probaría el mantenimiento en la práctica del principio electivo. En parejo sentido se manifestó Sánchez Albornoz, al destacar que las múltiples irregularidades necesitaron siempre ser subsanadas a través del refrendo de los ciudadanos. No fue sólo electiva. Esta postura ha sido mantenida por Orlandis en una inteligente monografía, donde se adentra en las peripecias seguidas por quienes de forma irregular alcanzaron el trono. Para él, el procedimiento electivo no fue el único o, mejor dicho, el único legítimo: "Pero lo más significativo es que estos procedimientos al margen de la elección no se condenaron jamás como ilegítimos, si se exceptúa la usurpación violenta ... La realidad histórica produce, en fin, la impresión de que en la postrer etapa del reino visigodo, la opinión

Fncto~s ne~ntivoJ: decdán dent m de unn e.
r~bdioneJ; asodnción al trono.

Tnrf'f!J wpn.y SárU'hez Albornoz

Orlandi.,.

226

ESPAÑA VISIGODA

común admitía la posible existencia de varios caminos para llegar al trono. El procedimiento electoral no excluía a los otros ni monopolizaba de hecho la legitimidad, sino que venía más bien a constituir en la práctica una a modo de solución alternativa, para los casos en que la solución no quedase determinada y resuelta por otras vías" (La sucesión al trono, 1O1-102). Abndnl. lglesia y Grierson.

No fue electiva en la práctica. Las conclusiones de Orlandis abren el camino a posiciones todavía más críticas respecto a la validez de los principios de elección. Ramón d' Abadal, comentando algunos cánones conciliares, ha denunciado la que él llama "contradicción permanente entre la teoría y la práctica". A su vez, Iglesia Ferreirós sostuvo en 1970 una interpretación en cierto modo opuesta a la defendida por Torres López medio siglo antes. Para Iglesia, la fuerza y la violencia fueron el principio motriz de las alternativas sucesorias, destacando el hecho de que los monarcas reinantes, al no lograr imponer a sus hijos como herederos del trono, recabaron la protección de los concilios en favor de la familia real que corría el riesgo de quedar a merced del usurpador. No triunfó así el intento de convertir la monarquía en hereditaria, pero por supuesto ese principio electivo careció de verdadera proyección práctica. "El famoso principio electivo germánico de una determinada estirpe parece brillar por su ausencia", escribe el citado profesor. Grierson habla ya en términos radicales de la ocupación como regla explicativa del acceso al trono.

B) LA ELECCION DEL REY Requisitos pnrn St!r elegido rey.

E/morbo gótil'O,

En el siglo VII diversos preceptos de los Concilios de Toledo regularon las condiciones necesarias para la elección del rey. El Concilio V (año 636) ordenó que el candidato perteneciera a la gothicae gentis nobilitas. Tal requisito, ser noble de sangre goda, fue reiterado un bienio después por el Concilio VI, que además añadió otros varios: no ser clérigo o monje tonsurado, no haber sufrido la pena infamante de decalvación y acreditar buenas costumbres (moribus dignus), preceptos todos confirmados en el Concilio VII del año 653. Por otra parte se decretó la inhabilitación para reinar de quien participara en las conjuras conducentes a derribar al monarca. Tal medida pretendió corregir el ancestral hábito de los godos de deponer y asesinar a sus reyes, el llamado morbo g6tico, cuya curiosa frecuencia sería atestiguada por Gregorio de Tours al hablar de aquella "costumbre detestable" (detestabilis consuetudo ). Si, corno cree el profesor Masferrer, la expresión turpiter decalvatus hace frecuentemente referencia a quien había incurrido en infamia , tal vez no resulte aventurado suponer que tampoco pudieran aspirar al trono aquellos que, sin haber padecido la vergonzosa decalvación, sí hubieran sido sin embargo condenados con la pena de infamia.

Lo.'i elet'loreJ.

En cuanto a los electores, el tradicional uso germánico de que el monarca fuera elegido por la asamhlea popular no tuvo en realidad vigencia.

ESTADO Y MONARQUIA

227

~os consta únicamente la excepción de Turismundo, aclamado por el pueblo al ruido de las armas (armis insonantibus) durante las exequias de su padre Teodorico I tras la batalla de los Campos Catalaúnicos. Semejante procedimiento, que corresponde a la estancia de los visigodos en las Galias, no se repitió al establecerse en España. En el período siguiente no debió existir un sistema electivo ni por tanto electores propiamente dichos, quedando la designación del rey en manos de las clientelas más poderosas. Los cánones de los concilios trataron de regular esta incierta cuestión. El Concilio IV dispuso que el monarca fuera elegido por los principales del reino y los obispos (primates totius gentis cum sacerdotibus), mientras el Concilio VIII precisó que intervinieran los personajes importantes de la corte junto a los prelados, reuniéndose al efecto en Toledo o donde hubiera muerto el rey anterior. C)

PROCLAMACION Y CONSAGRACION DEL REY

l. La. elevación al trono. El juramento

Entre los antiguos germanos, a la elección del monarca seguía la ceremonia de que los guerreros le alzaran sobre el escudo, en homenaje. Tal simbolismo dio paso posteriormente a la elevación al trono. El rey presta juramento de guardar la fe católica, proteger a la Iglesia, defender el reino y gobernarlo justamente. A esas promesas generales se añadieron luego otras más concretas, como reprimir a los judíos o respetar la distinción entre el patrimonio personal del monarca y los bienes del fisco. Tras el juramento del rey, el pueblo debía a su vez jurar fidelidad. Probablemente los personajes palatinos lo hicieron directamente en el propio acto de la Ordinario, mientras el resto de los súbditos prometía lealtad en manos de unos mensajeros o discussores iuramenti que visitaban el territorio. En todo caso lafidelitas que prometen los súbditos, de carácter obligatorio, era distinta a lasfides facultativa de quienes se vinculaban de forma personal y espontánea al monarca. El incumplimiento de aquélla fue objeto de severas penas.

lurnmenJ().

"FidelittL1'" y "fides''.

2. Coronación y unción

Los reyes visigodos fueron coronados, pero desconocemos cuando se introdujo en la práctica esta ceremonia. La utilización de la corona por los monarcas nos consta tanto por las que se han descubierto -sobre todo en el tesoro de Guarrazar (Toledo)-, como por figuras de reyes en monedas o por relatos de la literatura de la época.

Uso dela

,·orrma.

228 Acto de In comnnción.

La unción renl.

Símbolo.< rexios.

ESPAÑA VISIGODA

Algunos autores han admitido el uso coyuntural de la corona entre los reyes visigodos, negando en cambio que llegara a realizarse un acto solemne de coronación. Parece sin embargo muy probable que tal ceremonia tuviera lugar. San Isidoro nos dice que Recaredo regno est coronatus, testimonio ciertamente explícito aunque fuera interpretado por Mayer en el sentido genérico de que el rey había sido distinguido o premiado. El Antifonario Mozárabe de la catedral de León recoge la oraciones que se recitaban en el nacimiento y en la coronación de los monarcas: Officium in ordinatione sive in natalicio regís. Al acceder al trono tenía lugar la unción del príncipe, quien adquiría así un carácter cuasi sacerdotal, a imagen de los reyes del Antiguo Testamento. Situado ante el altar, tras jurar fidelidad al pueblo y escuchar la exhortación del metropolitano, el monarca era ungido en la cabeza y en las manos, concluyendo la ceremonia con una misa solemne. Sabemos con seguridad que el ritual de la unción fue practicado con Wamba el año 672, pero es probable que ya Recaredo recibiera el óleo santo al iniciar su reinado el 586. Pudo además ocurrir que al emigrar a Francia muchos clérigos y laicos con motivo de la invasión musulmana, dieran allí a conocer esta ceremonia, practicada luego en la corte franca al ser consagrado Pipino a mediados del siglo VIII. En tanto ambos ritos tenían un carácter complementario en los usos palatinos de la monarquía católica visigoda, con la coronación y unción el rey quedaba revestido de su plenaria dignidad. La unción no habría sido así un mero aditamento formal de índole religiosa, sino muy posiblemente, como Orlandis supone, un auténtico factor constitutivo, o al menos confirmatorio, de la legitimidad del príncipe a los ojos de una Iglesia cuya autoridad moral era notoria. El monarca, en fin, aparece revestido de símbolos que expresan su majestad: la propia corona y, junto a ella, la espada, el manto y el anillo. Por lo que sabemos, Leovigildo fue el primer soberano godo que se sentó en el trono cubierto con vestiduras regias. D) EL PODER REAL

1. Origen divino de/poder.

Su origen divino

Aunque a menudo se alcanzara el solio regio mediante procedimientos de muy dudosa ortodoxia, la monarquía visigoda de Toledo reconoció en Dios el origen del poder que los reyes administraban. Numerosos textos legales y literarios acreditan esa condición del monarca, como vicario divino y delegado terrenal de una autoridad superior. Recesvinto reconoce en la

ESTADO Y MONARQUIA

229

''divina piedad" (divina pietas) la fuente de su poder. Los obispos se congregan en el tercer concilio zaragozano porque Dios (la divina celsitudo) así lo quiere, aunque destacan que esa voluntad celestial les es conocida por el mandato de Egica (ex jusso ... Egicani). De otro lado se hace uso ya en esta época de una metáfora, divulgada en siglos posteriores, según la cual así como la cabeza rige y organiza a las otras partes del cuerpo, el rey es cabeza de un cuerpo social cuyos miembros le están subordinados como súbditos, es decir, como subiecti o subiugati. Este símil, no exento de resonancias antropomórficas por ser Dios cabeza del cuerpo místico constituido por los creyentes, explica que el rey rija y gobierne desde arriba a quienes abajo le están sometidos. Tal consideración del monarca justificó anatematizar a quienes se alzaran des.obedeciendo su autoridad, por cuanto esas maniobras denotaban, según se dijo de la rebelión del duque Paulo, un proceder "contra la voluntad de Dios". La suprema dignidad regia fue además protegida mediante una serie de prohibiciones, como la de consultar a adivinos sobre la salud o posible muerte del príncipe, hablar mal de él en vida e incluso difamarle habiendo fallecido, etc., preceptos éstos que tal vez, y con razón, se nos antojen sutilezas leguleyas en un mundo como aquél donde asesinatos y destronamientos estaban a la orden del día.

Rq y.,úbditoscomo rnbaa y miembm.1 del ruerpo sorfrzl.

A cntamiento leríriro al

rey.

2. Recto uso del poder y tiranía

El poder ha de ser administrado para la consecución del bien común; la llamada salus populi. El logro así de lo "saludable", es decir de cuanto resulta provechoso anímica y corporalmente es objetivo de las leyes mismas, mencionadas a veces como salutífera remedia o salubre decretum. Para servir a ese fin el rey acumula el poder en su más amplio sentido: dirige la vida política del reino declarando la paz o la guerra, asume la potestad legislativa, es cabeza de la administración, juez supremo y máxima autoridad militar. Sus órdenes deben ser sencillamente acatadas y cumplidas. ¿Existió ante semejante prepotencia algún tipo de limitación, siquiera fuera teórica, que moderase el ejercicio de la autoridad y evitara su transformación en tiranía?. Por de pronto hay que advertir, siguiendo a Orlandis que los términos "tirano" o "tiranía" tuvieron al principio en la época visigoda un sentido restringido y unívoco. "Tirano" es quien ha adquirido de forma ilegítima el poder, y ese personaje gobierna con "tiranía" mientras lo ejerza en detrimento de la autoridad legítima y hasta tanto no se subsane la irregularidad de origen.

El bien común cumo objeto del poder rr,a/.

Ctmt'epl o vfai)(ú-

tico d~ "tiran/a".

230 San /.,idom: la ilegitimidad en el ejerricio del poder.

La má.xima "rex eriJ .,·i rertefade.,·".

ESPAÑA VISIGODA

Por otra parte el rey debe atenerse a los límites marcados por las leyes mismas y sujetarse además a unas normas morales que informen cuanto disponga. En este sentido el pensamiento de San Isidoro rompe aquella univocidad terminológica, en tanto en cuanto puede llegar a convertirse en tirano quien, siendo rey legítimo, no gobierne con arreglo a esos principios. Hay pues también una ilegitimidad de ejercicio. Para el autor de las Etimologías, el monarca ha de estar adornado de virtudes, de justicia y piedad, lo que le confiere su propio carácter de rey frente a los excesos del tirano (rex modestus et temperatus, tyrannus vero crudelis). San Isidoro, en fin, retoma y completa una vieja máxima transmitida por Horacio, que él formula como principio político justificador del mantenimiento del poder: "Eres rey si obras rectamente; si no, no lo eres". "Recte igitur faciendo regis nomen tenetur, pecando amittitur. Unde et apud veteres tale erat proverbium: rex eri.1· si recte facies, si nonfacie.1· non eris" (Etimologías, IX, 3).

La práctica: el ca.w, de Sulntila .

Ahora bien, ¿tuvo consecue_ncias prácticas el enunciado de un principio que en definitiva legitima la deposición del tirano, es decir, del rey que ha dejado de serlo?. Por aquellos mismos días un monarca sin escrúpulos como Suíntila, modélico ejemplar para la tesis isidoriana, pierde el trono tras una insurrección armada que entrega la corona a Sisenando. Poco después, el año 633, se reúne el Concilio IV de Toledo presidido precisamente por San Isidoro. En esa asamblea, entre otras cosas, se ha de valorar la culpabilidad de Suíntila y convalidar o no en consecuencia la situación de quien le ha destronado. Ocasión óptima, pues, para poner en práctica la doctrina del sabio eclesiástico. Ese concilio ciertamente legitimó a Sisenando. Abada! ha hablado así de que aplicó el principio enunciado antes. La regla, reitera Menéndez Pida], no quedó en sola teoría, "pues en días de Isidoro, Suíntila perdió, efectivamente, su calidad de rey por no regir rectamente". Orlandis sin embargo ha hecho notar que lo acaecido no fue tan simple, y ha ilustrado el caso con observaciones discrepantes y convincentes. Ante la presión militar, Suíntila se vio obligado a ceder el trono. Lo que los padres conciliares exactamente sancionaron no fue que el rey, por su conducta inicua, hubiera dejado de serlo, sino la ficticia abdicación de un monarca que reconociendo sus crímenes renunció al solio regio (se ipsum regno privavit). En Toledo se reconoció pues la abdicación, lo que constituye un acto voluntario de quien es rey, pero no se afirmó en modo alguno que antes de ella, por obrar torpemente, Suíntila hubiera perdido la realeza. En última instancia, con palabras del propio Orlandis, "los padres toledanos no parecen dispuestos a sacar las últimas conclusiones de la doctrina".

ESTADO Y MONARQUIA

3.

231

Poder fáctico de la reina

A la hora de administrar facultades tan amplias, los "fieles del rey" (fideles regis) aparecen como poderosos beneficiarios. Pero ello mismo les convirtió, con las bruscas alternativas políticas, en blanco persecutorio del nuevo monarca y de su clientela. No fue así raro que los cánones conciliares se preocuparan por aliviar la situación de quienes habían caído en desgracia, evitando la depredación y el abuso de aquéllos que les reemplazan en el poder. En la trama política la reina debió desempeñar también un papel singular. Y ello tanto como orientadora ocasional de las directrices políticas de su marido (caso de Gala Placidia con Ataulfo), como a la hora de destronamientos que concluían con la muerte del monarca. En tales casos, la reina viuda no resultaría marginada de la confrontación entre la oligarquía vencedora y la vencida. El influjo notorio de esas mujeres, les permitió arbitrar no pocas discordias intestinas. De esta forma, algunas reinas viudas, convertidas en cabeza visible de losfideles de su difunto marido, dispusieron de un notable poder fáctico que, para quienes contrajeran ulterior matrimonio con ellas, constituyó a buen seguro una auténtica oferta política. De ahí la significación pública de esas segundas nupcias en la pugna por el poder de la España visigoda.

m. Asambleas Políticas y Eclesiásticas Al margen de las antiguas asambleas populares germánicas, inaptas ya para regir la nueva comunidad política, ciertos sectores o grupos sociales se congregaron ocasionalmente para ocuparse de cuestiones concretas. Este fue el caso de los obispos y representantes provinciales reunidos en .-\duris para proceder a la promulgación del Breviario de Alarico. Con un carácter más institucional y competencias más amplias, existieron otras asambleas de representación colectiva: el llamado Senatus y, sobre todo, los Concilios de Toledo. A) EL SENADO VISIGODO

El Senatus fue una junta reducida de magnates para auxiliar y asesorar al rey en las tareas de gobierno. Esa especie de Consejo del monarca de. ió reunirse, según Sánchez Albornoz, durante los siglos V y VI. Desde entonces, el Senado fue sustituido por umi'11lreva asamblea: el Aula Regia 13, I,B). Hinojosa creyó en cambio en la coexistencia del Senatus y el Aula Regia hasta la extinción de la monarquía goda.

Teorln., de Sánchez Alúomoz e Hinojosa.

232

ESPAÑA VISIGODA

Pese a servir de título a una monografía de Sánchez Albornoz, el Senatus visigodo nos es prácticamente desconocido. El mismo autor se pregunta así "qué institución se oculta tras esa palabra misteriosa que no aparece en la terminología legal del reino godo", pues ciertamente tanto la legislación como los preceptos conciliares guardan al respecto un desconcertante silencio. La Crónica Mozárabe del año 754 asegura que don Rodrigo, el último de los reyes godos, se apoderó del reino "a instigación del Senado" (hortante Senatu), lo que propiamente interesa a Sánchez Albornoz en función de la legitimidad de acceso al trono del legendario monarca. Para él, el Senado visigodo ya no existía entonces. El redactor de la Crónica habría aplicado al Aula Regia ese calificativo de Senado por influencia de la imagen prestigiosa del Senado de Bizancio. Por lo demás, respecto a un texto de aplicación del derecho, se utiliza el vocablo en una de las Fórmula.1· Visigodas: la poética fórmula 20. Allí, con ocasión de la donación nupcial, el notario cordobés puntualiza que la familia de la muchacha pertenecía a cierta asamblea que él llama "Senado" (et Geticae de stirpe Senatus) .

En:a.\·a.t referenrim.· ni Senntu.,.

B) LOS CONCILIOS DE TOLEDO

Las reuniones conciliares en la España visigótica fueron de dos clases, provinciales y generales. Aquéllas agrupaban al episcopado de una provincia eclesiástica bajo la presidencia del metropolitano. Estas daban cabida a los obispos del reino para tratar cuestiones de interés común. Las asambleas celebradas en Toledo tuvieron carácter de generales desde el solemne Concilio III del año 589, donde se produjo la conversión de Recaredo y los godos al catolicismo, hasta el postrer Concilio XVIII celebrado el año 702 bajo el reinado de Vitiza. La presencia de los reyes en esas reuniones, el concurso de magnates y nobles, el pronunciamiento de los eclesiásticos sobre las grandes cuestiones de la vida nacional, así como la sanción del monarca a las decisiones acordadas, confieren a los Concilios de Toledo un papel de extraordinaria y discutida significación. I. Convorntoria y asistente,,; .

Eltnmore¡/in.

Convocatoria, celebración y sanción regia

La convocatoria de los concilios corresponde al rey. Las diversas asambleas testimonian así que se han reunido por la voluntad y decisión de uno u otro monarca. Incluso el peculiar Concilio XIV, destinado a una cuestión estrictamente eclesiástica y sin la presencia de magnates seglares, reconoce haber sido convocado por estímulo y mandato del rey Ervigio. A esos concilios asisten los eclesiásticos y también los miembros del oficio palatino designados por el monarca. Congregados los obispos en la iglesia toledana, hace acto de presencia el rey con su comitiva y dirige a los presentes un discurso o mensaje, llamado tomo regio, en el que justifica la oportunidad de la reunión y propone los temas que deben ser tratados en ella. El tono de ese discurso real suele

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ser ampuloso y de ostensible consideración hacia los padres conciliares. Así habló por ejemplo Ervigio ante los asistentes al Concilio XII: "Considerad, reverendísimos padres y honorables sacerdotes de los ministerios celestiales, la firmeza con que en verdad tengo la santa fe y que, recibiéndola, con sincera devoción de corazón, apelo al testimonio firmísimo de vuestra paternidad en apoyo de nuestra salvación, para que creyendo haber recibido el reino por voluntad de Dios para la salvación de la tierra y alivio de las gentes, seamos ayudados por los consejos de vuestra santidad".

Tras este preámbulo, presenta el monarca los asuntos a tratar y se inician las sesiones, dedicadas primero a los problemas de teología, moral y disciplina eclesiástica, que debaten en exclusiva obispos y clérigos, para pasar luego a otros concernientes a la vida política del reino, con el con:::urso entonces de los personajes palaciegos. Concluidas las deliberaciones ) adoptados los acuerdos, los cánones promulgados por esos concilios -o cien sólo por algunos de ellos- reciben sanción civil mediante la llamada ~ex in confirmatione Concilii. La transgresión de las disposiciones conciliares acarrea penas espirituales (excomunión) y temporales (confiscación de ienes, o azotes en caso de insolvencia).

Delibernriones y nruerrfox: In

''lex in ronfinnn· tione Condlii".

2. Naturaleza de los Concilios Además de tratar de los asuntos religiosos y eclesiásticos, los concilios se ocuparon de muchos otros de naturaleza diversa. Determinaron así las condiciones necesarias para la elección del monarca o la forma en que ella debía llevarse a cabo, velaron por el cumplimiento del juramento del rey y de los súbditos, anatematizaron la conducta de rebeldes y sediciosos, supervisaron la legitimidad de los levantamientos otorgando su refrendo moral a quienes por la fuerza habían alcanzado el poder, establecieron las garantías judiciales de magnates y eclesiásticos, y dictaron, en fin, las pautas a las que había de ajustarse la marcha del Estado o la conducta de los monarcas. ¿Fueron los Concilios de Toledo asambleas de naturaleza eclesiástica o tuvieron más bien un carácter civil y político?. La gran mayoría de los especialistas coincide, pese a lo llamativo de esas atribuciones, en que los concilios toledanos no fueron asambleas políticas sino sólo religiosas. Y ello porque no actuaron con poder recibido del rey sino en virtud de su propia autoridad eclesiástica, limitando además la actividad estrictamente civil a pocas cuestiones (García-Gallo), y por el hecho de que en última instancia tales concilios "ni legislaron ni juzgaron" (Sánchez Albornoz). En sentido contrario, el historiador catalán Ramón d' Abada! ha sostenido

Competendn.'i.

Asambleas religiosnx.

Asnmblen., mixtas.

234

ESPAÑA VISIGODA

que los concilios fueron también asambleas legislativas y órganos de control político, que sí legislaron y sí juzgaron. Su naturaleza estatal se prueba, según él, por la convocatoria efectuada por el rey y por aquel tomo regio que en cada concilio señala la tarea a desarrollar. Se trataría en suma de unas asambleas de carácter mixto, aplicadas a asuntos eclesiásticos o políticos según las circunstancias lo aconsejaran. Recientemente, y con ocasión de estudiar la función judicial de los Concilios. Rosine Letinier ha vuelto sobre el tema, reiterando la naturaleza esencialmente eclesiástica de estas asambleas, ocupadas en cuanto tales de cuestiones de fe y disciplina eclesiástica. Reconoce sin embargo que, pese a ello, "fueron motivos políticos las verdaderas causas de su celebración".

ESTADO Y MONARQUIA

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13. LA ADMINISTRACION DE LA MONARQUIA VISIGODA l. La Administraci6n Central

El conjunto de personajes aúlicos que durante el siglo VII rodea al monarca, es designado en los textos de la época con los nombres de Palatium Regis o Aula Regis. En el seno de esa asamblea adquirió especial relieve un sector llamado "Oficio" (Officium), nombre que a tenor de la tradición romana venía a significar tanto el empleo en general como cualquier conjunto de funcionarios que trabajaran bajo las órdenes de un alto magistrado. Dado que precisamente el "Oficio" lo era del Palacio, fue conocido como ·'oficio Palatino" (Officium Palatinum), y en tanto en cuanto cobra creciente significación por recaer en él la administración cotidiana de los asuntos regios, su nombre llega a aplicarse al más amplio organismo que lo alberga. Tiene lugar así una cierta identificación de los tres nombres citados --el de la parte: Officium Palatinum, y los del todo: Palatíum Regís, Aula Regís-, sinonimia perceptible en los propios preceptos legales. En sentido propio, no obstante distinguiremos esa asamblea política de amplia composición, Aula Regia, de su núcleo funcional más importante u Oficio Palatino.

Auln Re¡:in. Pnlntium Re¡:ü y Oficio Pnlntino.

A) EL OFICIO PALATINO

El Oficio Palatino está compuesto por el personal que dirige los distintos servicios de la corte, así como por los oficiales subalternos que les ayudan en el desempeño de sus funciones. Los jefes de la administración palaciega ostentan el título de condes de la actividad a que se aplican. Son los siguientes: -Conde de los tesoreros (Comes thesaurorum). Figura al mando de quienes custodian los tesoros del rey y del reino. Es probable que este cargo sea la prosecución institucional de aquel "conde de las sacras larguezas" de la época romana (8,II,A), y que en consecuencia tuviera encomendadas funciones más amplias que la mera custodia del tesoro regio. -Conde del patrimonio (Comes patrímoníí). Está al frente de la administración fiscal del Estado y de los dominios de la corona. Aunque la primera

Come.< the.mu-

ron,m.

Comes patrimonii.

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Comes notnriorum.

Comes spntnriomm.

Come., cubiculi.

Comes samt:inrum.

Comes stn/Juli.

Comes dvitnti.,· Tnletn11ne.

Amplitud del OJil'io Palatino.

Creación del Oficio.

ESPAÑA VISIGODA

mención segura del Comes patrimonii corresponde a la época de Recaredo, debió aparecer en la etapa precedente de Leovigildo. Según supone García Moreno, la desorganización administrativa y el aumento de bienes fiscales habrían llevado a este monarca a acometer importantes reformas, y entre ellas, teniendo en cuenta los modelos ostrogodo u oriental, a la centralización de la gestión patrimonial en manos de tal personaje. -Conde de los notarios (Comes notariorum). Es el rector de la cancillería real y por consiguiente quien responde del control de documentos, redactados bajo sus órdenes por notarios y escribas. -Conde de la guardia real (Comes spatariorum). Dirige a los hombres armados que forman esa guardia personal del monarca. -Conde de los servicios de la cámara regia ( Comes cubiculi). Está al frente de los servidores del aposento real. -Conde de los servicios de la mesa del rey (Comes scanciarum). Controla esa función doméstica y tiene a sus órdenes a los escanciadores y cocineros del monarca. -Conde de las caballerizas (Comes stabuli). Dirige a quienes cuidan las cuadras y establos. Junto a esos personajes, el Oficio Palatino integra también al gobernador y juez de la ciudad regia de Toledo, el Comes civitatis Toletanae, y quizás a un prelado de las sedes sufragáneas, representadas así por tumo en la corte. Finalmente quedarían incorporados a la asamblea los jóvenes nobles educados en la corte junto a los hijos del monarca, según práctica común también a la monarquía franca. El Oficio Palatino fue una entidad sumamente numerosa debido a que formó parte de ella, junto a esos componentes destacados, "todo el personal" de los servicios de la corte (Sánchez Albornoz), dando quizás incluso cabida a los esclavos de más ínfima condición que allí prestaban servicio (King). Su heterogeneidad es manifiesta. En esa curiosa mescolanza de obispos, adolescentes, cocineros, escribas y caballerizos, hay que destacar la confusión de los cargos de carácter público -como el Comes notariorum- y aquellos otros manifiestamente privados. Tal vez eso explique el origen doméstico de muchos de los servidores de la futura administración pública. Parece probable, en fin, que la formación del organismo tuviera lugar de forma progresiva, no resultando en consecuencia convincente imaginar que el Oficio Palatino, en su conjunto, fuese creado en uno u otro momento. Algún autor se inclina a atribuir a Eurico el papel promotor. Cabe aceptar así una formación embrionaria del Oficio Palati-

LA ADMINISTRACION

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no en el reino de To losa, y una organización ulterior más rica y pormenorizada en el reino de Toledo, probablemente bajo las directrices de Leovigildo. B) EL AULA REGIA

La gran asamblea llamada Aula Regia aparece como producto histórico de una consolidación de la monarquía, que reconoce e integra en el aparato de gobierno a las grandes fuerzas sociales y políticas del Estado visigodo. Con el correr del tiempo perdió operatividad el antiguo Senatus, desplazado en su ocaso por ese nuevo organismo del que formaron parte las más poderosas familias góticas. El Aula Regia, como supremo cuerpo político, auxilia a los monarcas hispano-godos en la gobernación del reino a lo largo del último siglo de su historia. 1. Composición

Desde ese núcleo del Oficio Palatino se gestó en un largo proceso la ompleja estructura del Aula Regia, consolidada ya a mediados del siglo VII. Junto a los magnates cortesanos propiamente dichos, aparecen otros sjn cargo alguno, y una multiplicidad de títulos condales -varios comites .scanciarum o cubiculariorum, por ejemplo--, lo que prueba la condición meramente honorífica de tales dignidades. El Aula Regia integra así, además del Oficio Palatino, a los siguientes grupos de nobles y seniores: -Aquellos condes que por voluntad del rey residen en la corte sin ejer-er en ella una función palaciega o cargo concreto. -Los comites a quienes se ha concedido un título palatino de carácter honorífico y que carecen por tanto de función específica. En el caso de los ejemplos citados antes. -Los magnates delegados por el monarca para el gobierno de las provincias. Son los comites provinciae. Ciertas leyes militares de Wamba y Ervigio, por ejemplo, atestiguan que esos condes y duques formaban parte del Aula. -Los comites civitatum. Se trata de los condes designados por el príncipe para regir como jueces a las ciudades. -Los comites exercitus o condes que estaban al frente de alguna unidad o servicio militar. -Algunos otros personajes que aparecen como proceres, título de no

Sustiturián

del Senado por el Aula Regia.

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ESPAl'IA VISIGODA

fácil determinación. Probablemente se llamarían así, imitando el ejemplo romano de los componentes del consistorio imperial, aquellos miembros del consejo privado de los reyes que eran también jueces de su tribunal. -Finalmente los gardingos, quienes sin desempeñar ningún cargo palatino o de gobernación del reino, disfrutan de la confianza y amistad del monarca. Estos gardingos habían abandonado su condición inicial de jóvenes soldados en la comitiva armada del rey-tarea asumida en buena parte por la guardia de los spatarii- para establecerse como beneficiarios de donaciones de tierras. Desde esa posición mantendrían especiales relaciones de fidelidad con el rey, figurando por tanto en el Aula.

2. Competencias Funciones as~sorn.,·. legi.\'lmivns y jurfirinle.v.

Diversos testimonios dan constancia de que los reyes consultaban con el Aula Regia los asuntos más importantes de la vida del reino. El organismo ejerció por tanto una función de alto asesoramiento cuando Je fue requerido. En concurrencia con los concilios toledanos, el Aula colaboró con el monarca en las tareas legislativas. Sisebuto dicta así una ley contra los judíos cum omni officio palatino. Su participación en la administración y gobierno del reino es más problemática, aunque cabe suponer -o, al menos, Sánchez Albornoz Jo supone- que el rey solicitaría ayuda "para platicar y dar solución a las cuestiones difíciles, administrativas o políticas". Mucho más claras son sus atribuciones judiciales. El Aula Regia, o un grupo de altos dignatarios de ella, actuó como supremo tribunal del monarca. Unas veces decidiendo aquellos casos que se sometían a audiencia del rey. Otras, como única instancia para juzgar a los altos magnates eclesiásticos y seculares, y también a los gardingos. 11. La Administración Territorial A) PROVINCIAS Y TERRITORIOS VISIGODOS

Heren cia pmvinrinl romnnn.

Los visigodos heredaron y respetaron el sistema provincial romano, cuyos contornos administrativos perdieron precisión en esta nueva etapa. A modo pues de amplias demarcaciones, subsistieron las antiguas provincias, dentro de las cuales adquieren ahora autonomía administrativa los territorios de las ciudades. Cabe distinguir así a las provincias propiamente dichas, de los territoria en que se dividen, o bien calificar a aquéllas, como hizo Torres López, de provincias-ducados, al estar regidas por duques, y a los territorios de provincias-condados por ser goberna-

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:os por condes. Tal diferenciación puede no obstante hacer suponer la exstencia de dos tipos de provincia institucionalmente homologables, cuando ~ realidad persistió la vieja circunscripción provincial con esos fortalecidos territorios dentro de ella. Con la desaparición de la Prefectura de las Galias, las provincias no tu, eran ya más lazos de dependencia que los propios de su integración en el Estado visigótico. Su número y exacta denominación no nos son bien coidos. Dahn alude a provincias como la Lusitania, Galecia, Cartaginen-~ y Tarraconense, tal como eran mencionadas antes, y a algunas otras: Emerita, Hispalis, Carpetania, Asturica, Cantabria y Vasconia, nombres we pueden hacer referencia tanto a variantes terminológicas de antiguas vincias, corno al resultado de la subdivisión de otras o quizás incluso a ros "territorios". Las cinco grandes provincias visigodas fueron la Tarraconense, Cartainense, Bética, Lusitania y Galaica, con sus capitales en Tarragona, TolewO (antes Cartagena), Sevilla, Mérida y Braga. La zona norte del Pirineo ;:onstituyó una sexta provincia llamada Galia Narbonense o Septimania, : ya capital fue Narbona. Los conflictos bélicos con los pueblos del norte jebieron justificar la existencia de una frontera militar -limes hispanicus- alrededor de la cual surgiría una provincia o territorio militar en Cantabria. Otra posible provincia fue la Asturiense, de la que tenernos noticias a fines del siglo VII. La progresiva autonomía y consolidación de los territorios tuvo su origen en la decadencia de las ciudades y de la administración municipal. Roto así el control urbano sobre las extensas zonas circundantes y perdida una hegemonía ya debilitada por el auge de los latifundios, los grandes territorios con sus vices y villas particulares quedaron subordinados a la autoridad condal y sin conexión, por tanto, con los restos del régimen municipal.

Pn,vincins

ví.vigodas.

B) LAS AUTORIDADES: DUQUES Y CONDES

Al frente de la provincia figuró un duque (dux) con amplias atribuciones políticas, judiciales y militares. La extensión de las provincias y el desgobierno general hicieron posible que los duques se convirtieran a menudo en jerarcas prácticamente autónomos, protagonistas de rebeliones y alzamientos. El prestigio ducal fundamentará en ocasiones la aspiración a la corona. Liuva y Suíntila fueron así duques antes de acceder al trono, y el propio Leovigildo desempeñó probablemente ese cargo en Toledo. Para gobernar los territoria los reyes nombraron condes investidos de plenos poderes. Del comes territorial depende la administración de la co-

Et "dux".

El "comes".

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ESPAÑA VISIGODA

marca y la organización militar, judicial y financiera. Tal vez en consonancia con una de sus más importantes funciones, ese gobernador aparece como juez (iudex), y en la medida en que el régimen territorial suplantó al municipal antes prevalente, el conde es también conde de la ciudad (comes civitatis) cabeza del territorio. Subordinado teóricamente al duque de la provincia donde figuraba el territorium, el conde disfrutó de una amplia discrecionalidad, sin perjuicio de las facultades de inspección propias de su superior jerárquico. 111. La Admla.lstrac:i6n Local

Conlrov11rsin sobn In persistencin dd municipio romano.

La consolidación del régimen territorial se realizó a costa del propio de las ciudades. Ahora bien, ¿cómo fue el municipio visigodo?; ¿en qué medida se mantuvo o transformó aquel antiguo municipio romano cuya postración ya advertimos en los siglos del Bajo Imperio?. Según ha sucedido en otras cuestiones, el problema específico del régimen municipal visigodo logró notoriedad al verse incorporado a una controversia de más alto rango. Fue común en el siglo XIX la creencia de que el municipio medieval debía su origen y fundamento al romano. Por Jo que respecta a España, esa tesis significaba, según la defendió el portugués Herculano, que las instituciones municipales romanas perduraron en el mundo visigodo, siendo transmitidas Juego por los mozárabes para configurar así la estructura del municipio castellano-leonés. Tal interpretación fue refutada parcialmente por Hinojosa al admitir el mantenimiento del régimen municipal hasta el ocaso de la monarquía de Toledo, y negar en cambio la capacidad efectiva de los mozárabes --<:ristianos que en la España musulmana conservaron su religión y derecho- para transmitir una institución tan fundamental de la vida ciudadana. En fechas posteriores, cuanto había respetado Hinojosa de la añeja teoría fue combatido por Sánchez Albornoz en un estudio de título harto explícito: Ruina y extinción del municipio romano en España. He aquí su tesis central: "En mi opinión, el municipio hispanogodo, que llevaba en sus entrañas los mismos gérmenes de descomposición que el romano, acentuados ahora porque las nuevas instituciones sociales y políticas de la época se avenían mal con su perduración, continuó su curso descendente durante el siglo VI, y desapareció, por entero, en la primera mitad del siglo V 11" (p. 51).

A) LA CURIA MUNICIPAL Presión legal por mnnl~n~r In Curia.

A principios del siglo VI subsistía la conocida curia municipal romana, integrada por quienes no habían logrado evadirse de la adscripción heredi-

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taria al enojoso oficio (7, II, B, 1). Las posibles vías de escape-ingreso en el sacerdocio, venta de los bienes, simple ocultamiento, etc.- fueron cuidadosamente cerradas por distintos preceptos del Breviario de Alarico. Pero este código, yendo más allá, estableció nuevos apremios, no ya para mantener a quienes eran curiales, sino para reclutar incluso a personas que estaban fuera. El ordenamiento alariciano dispuso así que el padre pudiera .egar los bienes a sus hijos naturales, a falta de legítimos, si incorporaba a quéllos a la curia, de la que también habría de formar parte quien estando casado con la hija de un curial heredara los bienes de su mujer. Tan sofisticados procedimientos eran prueba de la indeseabilidad del Ordo Curiae, cuerpo cerrado en el que los obligados por nacimiento ingresaban a los dieciocho años, pudiendo sólo abandonarlo en caso de tener trece hijos. En esta época, la curia, compuesta de godos e hispanorromanos, mantuvo algunas de sus antiguas funciones y adquirió otras nuevas. Ante ella se formalizaron muchos actos de jurisdicción voluntaria, propios entre los :-omanos de jueces y magistrados. La tarea más ardua del senado munici¡:>al, es decir la recaudación de impuestos, siguió desde luego pesando sore esos curiales, quienes como antes hubieron de responder con sus bienes del montante global de la recaudación. A la optimista creencia de Pérez PuJol de que la etapa visigoda habría aliviado la penosa situación de antes, Sánchez Albornoz ha contrapuesto un sombrío panorama de múltiples pre~eptos del Breviario, que literalmente ponen cerco al indefenso curial y a sus precarios bienes. La pertinacia del Estado y de sus leyes por impedir la salida de quienes estaban en la curia y procurar el ingreso de otras gentes, resultó con todo nfructuosa ante una presión social causante del paulatino debilitamiento y de la extinción, en fin, de esas asambleas. Dejó así de existir el senado municipal en algunas ciudades, como se deduce del hecho de que muchos par~iculares hubieran de desplazarse a otras para formalizar sus actos jurídicos J.nte una curia extraña en defecto de la propia. Tal realidad se complementa con la autorización de que muchos de esos actos de jurisdicción voluntaria ¡>Uedan realizarse sin presencia de curiales, lo que reconocía en el siglo VII la práctica desaparición de tan sufridos personajes. A falta de ellos, o debido a su número escaso y decreciente, la recaudación de los impuestos hubo de pasar también a otras manos.

Funciones de In Curia.

Crüi.,· y desnpnricián.

B) LOS FUNCIONARIOS: EL DEFENSOR DE LA CIUDAD

Los magistrados municipales son ahora el curator y el defensor, elegidos ambos entre los curiales por el pueblo ( consensu civium et suscriptione universorum). Convertido en el funcionario más importante de la ciudad,

Decndrncin dtl defensor.

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Su elerrión.

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ese defensor civitatis debió conservar bien poco de su pristino carácter tutelar, perdido ya en buena parte con el ocaso del Bajo Imperio, apareciendo más bien como un magistrado autoritario y hasta opresor. Su significación institucional decreció con el transcurso del tiempo: la interpretación de cierta ley del Breviario le califica ya de iudex mediocris, mientras que según otro texto semejante del mismo código, los defensores son funcionarios a quienes escuetamente compete la ejecución de los acuerdos. Al finalizar el siglo VI, la extinción de la curia en algunas ciudades obligó a arbitrar un nuevo sistema para elegir al defensor de la ciudad. Ya no fue necesario que el candidato hubiera desempeñado una magistratura municipal, requisito de hecho imposible allí donde la curia no existía. Entonces el defensor podía ser elegido por el pueblo o el obispo (ab episcopis vel populis), lo que prueba tanto el relevante predicamento de la autoridad episcopal como la pérdida por parte de la civitas de toda intervención al respecto. C) LA ASAMBLEA DE VECINOS

El "roni'en1u.,· pub/iru.r virinnrum ".

Desde tiempos antiguos fue costumbre visigoda celebrar en las aldeas reuniones públicas de vecinos para tratar los temas domésticos de interés común. Las Etimologías de San Isidoro hacen además referencia a ciertas asambleas campesinas celebradas en parajes o encrucijadas de caminos, adonde concurrían gente de poblados cercanos, y que constituyen el llamado conventus rusticorum. Según Orlandis presume, ambas tradiciones confluyeron con el asentamiento visigodo en tierras hispánicas, dando lugar a una institución de más fuste jurídico, el conventus publicus vicinorum, asamblea rural aludida con cierto detalle en algunas leyes del Líber ludiciorum. Objeto de esas reuniones de vecinos fueron las cuestiones agrarias, económicas y de orden interno de la comunidad, reglamentándose en ellas el cultivo y la delimitación adecuada de las propiedades rurales, así como el aprovechamiento comunal de prados y bosques. Se ocuparon asimismo de la explotación ganadera y de arbitrar los frecuentes conflictos surgidos por la confusión de rebaños. El conventus publicus vicinorum fue además la corporación que entendió de cuantos hechos revestían interés general, y ante ella se aplicaron incluso determinadas penas corporales a delincuentes y malhechores.

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14. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, HACIENDA Y EJERCITO. ORGANIZAOÓN DE LA IGLESIA L La Administración de Justicia A) CARACTERES GENERALES

Entre los primitivos pueblos germánicos la administración de justicia ruvo lugar en la asamblea judicial pública (ding), compuesta por el conjunto de hombres libres. Tras su constitución y la pregunta ritual del juez sobre la procedencia de la convocatoria. queda declarada la paz sagrada y se da paso al proceso. Este tiene el carácter de una contienda privada donde cada parte procura hacer valer su derecho, y aparece dirigido por el juez que actúa de mero interrogador de los litigantes. La asamblea, en fin, proclama la sentencia. Tal sistema no debió prosperar al constituirse el reino visigodo, y ello tanto debido a influencias romanas como por los condicionamientos propios de una estructura política más compleja y desarrollada. La potestad regia se atribuyó esa facultad jurisdiccional organizando una administración de justicia dependiente del mismo Estado, que hubo de coexistir con el añejo sistema de justicia privada allí donde el rey y los funcionarios regios no hicieron sentir su autoridad. La nueva jurisdicción oficial correspondió a las jerarquías político-administrativas: al monarca para todo el reino; al duque en la provincia que gobernaba; al conde para el territorio de su competencia, y a los jueces locales en su circunscripción específica. Semejante superposición de funciones caracterizó no sólo a la jurisdicción ordinaria, sino también a las especiales, militar o eclesiástica. En cada uno de esos ámbitos, las respectivas autoridades actuaron al tiempo como jueces. Todo ello explica las confusas acepciones del juez o iudex visigodo. Las leyes aluden al iudex civitatis, al iudex provinciae y también al comes civitatis aut judex, reflejando una notoria indiferenciación en las atribuciones judiciales de esos condes y jueces. Algunos jueces territoriales eran desde luego condes, pero hubo también otros jueces subalternos o locales. Cabe en suma decir que la palabra "juez" designó en la época visigoda a

El "din11" onsamblenjudicinl.

El"iudu".

248

Unidndd~ jurisrlirci,Jn.

ESPAÑA VISIGODA

cuantos ejercían la potestad judicial, de los cuales una gran mayoría eran agentes de la jerarquía político-administrativa. Un último problema es el de la unidad o dualidad de jurisdicciones, esto es, si hubo jueces únicos para la totalidad de la población, o hispanorromanos y godos acudieron a resolver sus pleitos ante tribunales distintos. Es éste un tema emparentado con la interpretación del carácter personal o territorial de la legislación visigoda (11, III). Pese a la reciente defensa hecha por algún autor de la doble jurisdicción, estimamos que hay razones suficientes para sostener la existencia de unos únicos jueces.

B) LA JURISDICCION ORDINARIA

l. Comptt~nrins.

Tribunnl ambulante.

El rey como juez

El monarca es el juez supremo del reino. Asistido por el Aula Regia, donde figuran hombres versados en derecho, aparece como última instancia de cualquier clase de conflictos. Custodio máximo de la justicia, se reserva el derecho de gracia que elude o mitiga el rigor de la aplicación de la ley. El rey actúa como primera instancia judicial en diversos casos, y concretamente a la hora de enjuiciar los crímenes de personas de alto rango. Algunos preceptos legales remiten al monarca como competente para precisar quién debe percibir la composición económica procedente de un castigo, quién es el beneficiario de la reducción a esclavitud de algunos culpables, o qué procede hacer con la persona y bienes de un determinado delincuente. King recuerda que ciertos esclavos fugitivos, si rehusaban nombrar a sus dueños, eran enviados a la corte para allí proseguir la investigación. El monarca debía ser notificado de las multas correspondientes a delitos militares, correspondiéndole en ocasiones confirmar las decisiones de los obispos respecto a cuestiones testamentarias. El mismo, en persona, finalmente, examina a los hijos de judíos conversos para decidir si se les concede el derecho a testificar. El tribunal real del Aula (audientia regís) no fue un organismo estático, asentado siempre en la residencia cortesana. Por el contrario, el monarca y la asamblea recorren con frecuencia los territorios para administrar allí justicia y fiscalizar además la actuación de los diversos jueces.

LA ACCION DEL ~TADO

249

2. La jurisdicción territorial

El reino visigodo heredó en un principio la magistratura del gobernador provincial como máxima autoridad judicial dentro de su distrito. Ese gobernador, que aparece como rector o iudex provinciae, tiene competencia general en materias civiles y en buena parte de las penales. La aparición del dux al frente de las provincias en la etapa ulterior, le convierte en cabeza de la organización judicial del distrito. Conoce así en apelación de las decisiones de tribunales inferiores, cuando el litigante disconforme quiere llevar el asunto "a su duque" (ad suum ducem), y ocasionalmente interviene también en primera instancia. La jurisdicción civil y criminal en los "territorios" corresponde al conde (comes) que está al frente de ellos. Debió existir de todas formas un "juez territorial" (iudex territorii) independiente, dedicado exclusivamente a estas cuestiones.

El "rertor provincia~".

El "dux".

El "comes",

3. Lajurisdicción local En el Breviario de Al arico se refiere la existencia de jueces que actúan en las ciudades juntamente con la curia, o que incluso disponen de jurisdicción sobre los miembros del senado municipal. Para Sánchez Albornoz, tales iudices debieron ser delegados del gobernador en las ciudades. Transcurrida esa etapa de los primeros años del siglo VI, la magistratura condal (comites civitatis) enraizó en la vida urbana a esos jueces, que ostentarían la condición de condes si formaban parte de la comitiva del monarca. Nos encontramos así con el conde o juez de la ciudad (comes ve/ iudex civitatis), que rige las urbes hispano-godas y actúa de juez en ellas durante los siglos VI y VII. El comes civitatis es el juez principal de la civitas y ejerce su actividad con la ayuda de un delegado (vicarius). Le asisten asimismo otros funcionarios revestidos de atribuciones judiciales: el defensor (defensor civitatis) y el numerario (numerarius). Corresponde al defensor entender en causas criminales menores. El numerario, por su parte, era competente en los conflictos derivados de la recaudación de tributos, aunque es posible que también el defensor interviniera en ellos. La jurisdicción del conde de la ciudad se aplicó directamente al núcleo urbano. Más allá, en el territorio circundante, debió actuar el juez del lugar (iudex loci), directamente subordinado al conde. Esa posible diferencia en el ámbito de acción concuerda con cierto precepto que encomienda al conde la persecución de la prostituta que actúa "in civitate", mientras en cambio es un juez quien ha de ocuparse de ella si ejerce su oficio "per vicos et villas".

El "Comes rivitntis".

El "iud,x /()('i ".

250

ESPAÑA VISIGODA

C) LAS JURISDICCIONES ESPECIALES Los "iudire.'ó electi".

Junto a la jurisdicción ordinaria, existen otras especiales tanto públicas como privadas. Entre las últimas hay que mencionar la jurisdicción voluntaria de quienes en materias civiles se acogen al arbitrio de personas elegidas como jueces (iudices electi), y la jurisdicción señorial propia de latifundios cuyos dueños pugnan con los oficiales reales para asegurar su autonomía y convertirse de hecho en jueces con amplios poderes. Jurisdicciones especiales de carácter público son la militar y la eclesiástica. l.

El "1hiuphadus " como juez.

La jurisdicción militar

La jurisdicción especial para delitos militares queda reservada a los jefes de las diversas unidades. En orden de importancia, ellos son el thiufadus, el quingentenarius y el centenarius, oficiales castrenses que estaban al frente de grupos compuestos de mil, quinientos y cien hombres, respectivamente. La figura del thiufadus, sobre la que volveremos al tratar de la organización militar, ha resultado singularmente controvertida. Considerando la perspectiva judicial que aquí interesa, Halban sostuvo que el thiufadus fue el juez ordinario de los godos, mientras el llamado en los textos iudex habría sido el juez para los romanos. Convertido más tarde este iudex en juez único y general, el thiufadus quedaría relegado a sus competencias estrictamente militares. Esta antigua teoría, heredada Juego por muchos germanistas, es hoy recusada por distintos autores que a su vez defienden otros puntos de vista sobre la función judicial del enigmático jefe militar. Entre los más recientes, García Moreno sugiere un cierto paralelismo entre el dux y el thiufadus, pues ambos, partiendo de sus específicas competencias administrativas o castrenses, adquieren luego otras judiciales. El thiufado habría sido así en principio un mero oficial del ejército, al que Chindasvinto confió ciertas funciones como juez, incrementadas en el reinado de Recesvinto no sólo a las causas civiles sino también a las criminales. 2.

La jurisdicción eclesiástica

Durante el período arriano la jurisdicción eclesiástica se mantuvo en límites precarios. El Breviario de Alarico reconoció a los obispos la facultad de actuar como árbitros y fallar asuntos civiles en el caso de que ambas partes acudan a ellos para dirimir sus diferencias.

LA ACCJON DEL ESTADO

251

Tras la conversión al catolicismo, el obispo asume un papel principal orno juez ordinario. En el tercer concilio de Toledo se dispuso que el prelado de la diócesis fuera única autoridad para sustanciar los pleitos de clérigos sometidos a su jurisdicción, quedando asimismo facultado para intervenir en diversas materias juntamente con los jueces seculares, a quienes además puede en cierto modo inspeccionar. Desde esa fecha -año 589; reinado de Recaredo-- se desarrolla de forma autónoma la jurisdicción eclesiástica, plenamente consolidada con Recesvinto en el siglo siguiente. Por razón de la persona, el obispo es juez en los negocios civiles de los clérigos y también en algunas causas criminales seguidas contra ellos. Hay que exceptuar entre estas últimas, las relativas a delitos contra la seguridad del Estado. Por razón de la materia, el obispo es competente en las causas que versan sobre la fe y disciplina eclesiástica. También en ciertos delitos de carácter mixto, como la superstición, idolatría e infanticidio. Finalmente entiende en otros varios asuntos, como los negocios de los pobres o la tuela, en los que la autoridad episcopal ya había intervenido en los últimos tiempos del Bajo Imperio.

n.

El obfapo romo

j uez.

La Hacienda

Con la herencia de los caracteres romanos tardíos, el Estado visigodo perfila progresivamente los rasgos peculiares de su organización financiera. Los grandes latifundios imperiales pasan a manos de los reyes visigodos, quedando desde entonces como dominios de la corona. Se opera así la iferenciación entre el patrimonio del Estado y el personal del monarca, sancionado con meridiana claridad en el siglo VII con ocasión del Concilio vm de Toledo. A) ORGANOS DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA

La suprema dirección de la administración financiera corresponde al rey, auxiliado directamente por el conde de los tesoreros (Comes thesaurornm) en la custodia del tesoro regio, y por el conde del patrimonio (Comes patrimonii) en la gestión del patrimonio de la corona, del que el tesoro forma parte. El monarca supervisa la administración financiera y vigila el buen orden del tesoro, cuya visita e inspección formó parte de la actividad cotidiana de algunos reyes como Teodorico 11. El Comes thesaurorum ordena la conservación y vigilancia de las joyas, llevadas a veces con el monarca en desplazamientos y campañas. La riqueza del tesoro visigodo fue prover-

El "Com,.1

theu.murorom"

252

El "Comes ¡,atrimonii ".

ESPAÑA VISIGODA

bial, y se debió sin duda a haber sido este pueblo el primero de los bárbaros que saqueó Roma, y también a haber logrado incorporar el tesoro de los suevos. El Comes patrimonii administraba los palacios reales y los grandes dominios territoriales integrados en la corona. Debido a las confiscaciones u otras causas, el patrimonio regio creció llamativamente hasta constar en los últimos años de la monarquía visigoda de más de tres mil posesiones. Bajo la dirección del conde, un actor fiscalium patrimoniorum se ocupa de los latifundios existentes en las grandes circunscripciones o provincias, cuya administración particular queda en manos del villicus. Según vimos, la recaudación de los impuestos ciudadanos correspondió en principio a la curia municipal y posteriormente, tras su desaparición, a los llamados "numerarios". Aquellos administradores de latifundios, los villici, fueron a la vez agentes fiscales en sus grandes heredades. B) LOS IMPUES1DS

Impuesto 1uri1,mnl y personnl.

Para hacer frente al gasto público, y de modo especial al sostenimiento de la casa real, ejército y funcionarios, el Estado dispuso de recursos de distinta naturaleza. Junto a las regalías del monarca o los ingresos extraordinarios derivados de multas y confiscaciones, el sistema fiscal visigodo siguió los pasos del romano mediante una estructura de impuestos directos e indirectos, comprendiendo aquéllos -más importantes- la tributación territorial y personal. La estimación de la cuantía de los tributos correspondió al monarca, quien pudo dispensar de su pago si lo estimaba oportuno. Así sucedió con carácter general al promulgar Ervigio el Edictum de tributis rela.xatis, por el que condonó a todos los súbditos los impuestos no satisfechos antes de su acceso al trono. Los impuestos directos fueron el territorial (capitatio terrena) y el personal (capitatio humana). Aquél gravó las propiedades fundiarias y éste a las personas como sujetos impositivos. Entre los impuestos indirectos destacan los de aduanas (telonia) y tráfico. El impuesto de aduanas aparece recogido en el Breviario de Alarico (principios del siglo VI) pero no en el Liber ludiciorum (mediados del siglo VII), aunque probablemente ello no debe hacer suponer su desaparición. La valoración del régimen fiscal visigodo plantea el problema de cómo se distribuyeron los impuestos y quiénes soportaron en realidad la carga tributaria. Esa cuestión de fondo puede desdoblarse en otras tres más precisas: ¿participaron por igual godos y romanos de la presión fiscal?; ¿en qué medida afectaron los impuestos al sector eclesiástico influyente o al ju-

LA ACCION DEL ESTADO

253

día marginado?; ¿condujo el sistema, en fin, a un mayor equilibrio social o se agravaron las desigualdades existentes?. l.

Posible inmunidad tributaria de los godos

Con respecto al impuesto territorial se ha discutido hasta qué punto fue pagado por los godos. Se trata así concretamente de saber si las sortes gothicae (9,I,B,2) resultaron gravadas por la capitación fundiaria. La generalidad de los autores admitió que los dos tercios de tierras godas quedaron en principio exentas del impuesto territorial. Se creyó asimismo que esa discriminación entre godos y romanos desaparecería con el transcurso del tiempo, al consolidarse el proceso de fusión social. Así para Dahn los visigodos comenzaron a pagar la capitatio terrena a mediados del siglo VI. Aceptando la primera parte de esta interpretación, Sánchez Albornoz rechazó que los godos hubieran perdido la inmunidad fiscal de sus tierras, sosteniendo por el contrario que la mantuvieron hasta la desaparición del reino. Tal situación beneficiosa pudo alcanzar, según él, a los nobles poderosos, aun en el caso de ser romanos. Las discrepancias sobre el tema se centran en la traducción, interpretación y relación de dos leyes antiguas del Liber ludiciorum (X. 1, 15 y 16). La primera trata de la obligación que adquiere quien recibe una tierra de pagar el tributo que antes satisfacía su anterior posesor. La segunda dispone que la tertia romanorum usurpada por un godo, debe ser restituida a su dueño "sine ali qua dilatione ... ut nihil fisco debeat de peri re". Acogiéndose a la traducción y exégesis que de la ley 15 había hecho Thibault al estudiar el impuesto directo visigodo. y relacionándola con la ley 16, Sánchez Albornoz defendió la permanente inmunidad fiscal goda. Su extensión a los maiores, nobiles o potentes fue razonada en base a cierta ley de Chindasvinto relativa a la enajenación de bienes de los curiales, así como al Edictum de tributi.1· relaxati.1· de Ervigio.

Sin embargo no es claro que los godos fueran exonerados en un principio del impuesto territorial y mucho menos, si ello sucedió, que conservaran siempre el privilegio. Ya Torres López mantuvo que lo primero no era "tan evidente" y que semejante beneficio, de existir, se perdió luego. La inmunidad inicial fne considerada posible, pero no segura, por D'Ors. Recientemente Orlandis ha hecho suya la tesis de Sánchez Albornoz, sosteniendo la continuidad de la exención tributaria, que habría beneficiado a las familias hispanorromanas incorporadas a la oligarquía nobiliaria de los siglos VI y VII. Por el contrario, King, al referirse a la exoneración tributaria de los godos, al menos en los primeros años, comenta escuetamente: "Puede que fuera así, pero las fuentes no lo dicen".

El impu,.,w sobre ln.'í lierrns 1.fr>
254

ESPAÑA VISIGODA

2. Los c/éri11os.

Ln.t judfos

Régimen fiscal del clero y de los judíos

Se ha dicho con harta frecuencia que la conversión de los godos al catolicismo reportó la inmunidad fiscal a la Iglesia y al clero, exentos desde entonces de cualquier impuesto territorial o personal. Tal estatuto privilegiado se encontraría reconocido en el canon 47 del Concilio IV de Toledo (año 633), cuyo texto dispone que a fin de que con más libertad sirvan a Dios y no sean estorbados de sus quehaceres eclesiásticos, los clérigos se tengan por inmunes ab omni publica indictione atque labore. Estarían así liberados de la indictio y del labor o trabajo. En tanto en cuanto la indictio hacía referencia desde la época romana (8,11,B, 1) a la suma exigida por el Estado a los contribuyentes, fácilmente se entendió que el precepto consagraba la inmunidad fiscal del clero. Semejante interpretación ha sido desestimada por el profesor Martínez Díez. Según él observa, la indictio tiene en ese precepto un sentido de "convocatoria", sin connotación financiera alguna. Los clérigos son inmunes, pues, de trabajos materiales y quehaceres públicos. Se trata en definitiva del mantenimiento de la inmunidad personal ya reconocida en la legislación precedente. Los judíos sufrieron un trato discriminatorio y hubieron de pagar un impuesto especial. Probablemente este gravamen suplementario fue fijado de modo global para las comunidades judías, las cuales recaudarían de cada miembro la cuota correspondiente. La situación llegó a ser en extremo vejatoria a fines del siglo VII, cuando el Concilio XVII acordó en Toledo la extinción de esas comunidades y la reducción a servidumbre de sus componentes. Los bienes de los judíos fueron adjudicados por el monarca a algunos de sus antiguos siervos cristianos, siempre y cuando éstos se subrogaran en las cargas financieras de los antiguos dueños . Tales medidas revelan entre otras cosas la importancia que debieron alcanzar los tributos de los judíos en la Hacienda visigótica. 3. Impuestos y desequilibrio social

úr "roemptin " y In "ndneratio" .

Junto al gravamen estricto de los impuestos, el contribuyente hispanogodo hubo de soportar no pocas corruptelas y abusos. Habida cuenta de que los impuestos podían ser pagados en dinero o especie ( annona), fue frecuente que el Estado provocara la coemptio o venta forzosa de productos por el particular a un precio bajo que el mismo poder público fijaba. De otra parte, la alta burocracia civil y militar exigió a veces en los inicios de la monarquía visigoda ser retribuida en dinero y especie, doble exacción

LA ACCION DEL ESTADO

255

que lógicamente exasperó a quienes tenían que pagar el impuesto. Y aunque el abuso fuera corregido permitiendo la opción entre una y otra vía, el cálculo en metálico por los agentes fiscales del valor de los productos (adaeratio) excedió con creces a su precio real. Para hacer frente a la necesidad de dinero a la hora de afrontar los impuestos, los humildes contribuyentes hubieron de acudir así al préstamo, cuyas fuertes tasas de interés empobrecieron aún más a quienes estaban necesitados. La reducida masa monetaria entonces en circulación condujo a una crisis de claro signo deflacionista. Al existir poco numerario y abandonarse además la práctica de la adaeratio, la política fiscal tendió a reemplazar la moneda por el pago en especie, viéndose obligado el mismo Estado a recurrir a su patrimonio fundiario para sufragar aquellos cuantiosos gastos. La situación se agravó, en fin, por las crecientes inmunidades.

Crisisfi.,rnl.

m. El Ejército y su organización A) REY Y EJERCITO POPULAR

La prestación del servicio militar fue entre los primitivos germanos un deber fundamental de todo hombre libre. El ejército, como hemos dicho ya, no era otra cosa que el pueblo en armas. Bajo la advocación de sus dioses entra en campaña, y en nombre de ellos se mantiene la disciplina o secasjgan los delitos militares. El rey aparece como caudillo de unos súbditos que en potencia son soldados, mientras las relaciones privadas de acompañamiento y séquito entre el monarca y los hombres libres armados fortalecen el clima guerrero de la vida pública. El Estado visigodo heredó algunos aspectos de semejante concepción, matizó otros y creó algunos nuevos. Los reyes siguieron siendo caudillos militares y jefes supremos del ejército. Como tales convocaron la " ueste, aunque en casos de rebelión o extremada urgencia esa facultad ~JUdo ser asumida por sus oficiales. Como tales también, acudían personal:nente a la guerra sin perjuicio de encomendar el mando de las unidades a juques y nobles. La vida cortesana de Toledo y el carácter teocrático del :nonarca, en suma, no desvirtuaron nunca el caudillaje de la realeza goda. 'alga como ejemplo recordar que a fines del siglo VII, en las postrimerías je la monarquía visigoda, un rey de avanzada edad como Wamba repelió ~rsonalmente la insurrección de los vascos y estuvo al frente de la campa-a militar que atajó la rebelión del duque Paulo. Sin embargo, en el Estado visigodo el ejército no pudo ser ya sólo el ueblo libre en pie de guerra, y hubieron de arbitrarse unos principios más ;,recisos de reclutamiento y organización, donde se dejan sentir las huellas ro-

El rey, caudi/1" militar.

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ESPAÑA VISIGODA

manas. Al concurrir a la guerra los grandes latifundistas con sus siervos y clientes, entró en crisis, en fin, el carácter público de la obligación militar, que parece a menudo fundamentarse en vínculos de naturaleza privada. B) EL SERVICIO MILITAR

El reclutamiento.

Ley de Wnmbn.

ley de Ervigin.

La prestación del servicio militar obligó a todos los súbditos del reino, si bien no conocemos con seguridad desde cuándo los romanos formaron parte del ejército visigodo y en qué condiciones lo hicieron. Del llamamiento quedaron excluidos los monjes y libertos reales. El clero pennaneció exento hasta el reinado de Wamba. La incorporación a la milicia tuvo lugar por llamamiento real a través de unos agentes (compulsares exercitus) que efectuaban el reclutamiento. Semejante tarea no resulto fácil, porque fue cada vez más frecuente que los llamados a filas intentaran eludir el servicio mediante el ocultamiento y la evasión . El problema se agudizó a Jo largo del siglo VII y dio lugar a que en el año 673, Wamba dictara una severa ley militar disponiendo que los duques, condes, thiufados, gardingos, obispos, clero y aquellos súbditos que vivieran en la zona atacada o en un área de cien kilómetros, acudiesen inmediatamente al llamamiento e incluso tomaran las armas -aun sin convocatoria alguna- cuando hubiese noticia del ataque enemigo. Los seglares que desoyeran tal obligación serían castigados con confiscación de bienes, aplicándose la pena de destierro a los obispos, sacerdotes o diáconos carentes de bienes para contribuir. El clero inferior y los laicos resultaban sancionados además con la pérdida del derecho a testificar. Si alguien, en fin , se encontraba enfermo, debía enviar sus tropas y presentar un testigo que probara la dolencia. La ley de Warnba debió aplicarse con severidad pues pocos años después, en enero del 681, Ervigio comunicaba al Concilio XII de Toledo que la mitad de la población estaba incapacitada para acudir a los tribunales como testigos, aserto sin duda exagerado pero que tampoco puede ser entendido como absurdo (Thompson). Ervigio promulgó a su vez otra ley militar que concretaba en algunos extremos la de Wamba, mitigaba algo determinadas prescripciones y establecía una nueva tarifa de penas, excluyendo la pérdida de la capacidad testifical. Las personas notables eran sancionadas con la confiscación de bienes y el destierro; las inferiores sufrían pena de decalvación, multa y doscientos latigazos. No debe creerse, en cualquier caso, que el llamamiento a filas significara una movilización general, que en raras ocasiones debió tener lugar. Más frecuente sería que, junto a los personajes del séquito regio, fueran sólo

LA ACCION DEL ESTADO

257

convocados los habitantes de la región amenazada, o de la zona elegida para acometer la empresa bélica. l.

Godos y romanos en el ejército visigodo

Sabemos con certeza que desde la segunda mitad del siglo VII godos y romanos concurrieron al ejército en pie de igualdad, cumpliendo así una obligación militar común. No existe acuerdo sin embargo sobre si los romanos formaron parte desde el principio de la milicia visigoda, o se incorporaron a ella en fechas tardías. Este problema dividió ya a los autores en el siglo pasado y les sigue enfrentando en éste. En su monumental obra sobre la monarquía goda, Dahn sostuvo que los romanos acudieron al ejército desde la constitución del reino de Tolosa. Entre otras varias razones alegó en favor de su parecer la presencia de nombres romanos entre los integrantes de aquellas primeras milicias. Oldenburg incluso llegó a precisar que la integración de los soldados romanos había tenido lugar, durante ese mismo período tolosano, en el reinado de Alarico II. Ciertamente algunas alusiones del Breviario a soldados o gentes de armas (milites, in armis constituti) parecen probar la extensión a los romanos del servicio de guerra. La tesis de Dahn ha gozado en nuestro tiempo de favorable acogida y, con mayores o menores precisiones, es refrendada por un buen número de estudiosos. Sánchez Albornoz sin embargo la califica de incierta, expresa sus dudas, y prefiere atenerse a lo estrictamente comprobado: "Es difícil por tanto precisar cuándo los reyes godos comenzaron a llamar al ejército conjuntamente y en pie de igualdad a los dos pueblos por ellos regidos. ¿Inauguraría la reforma Recaredo?. ¿La inauguraría Recesvinto?. Es seguro a lo menos que en la segunda mitad del siglo VII romanos y godos no sólo tenían iguales deberes militares sino que los cumplían a la par" (El ejército visigodo, 12).

La argumentación de Sánchez Albornoz, muy ceñida a los textos, se enfrenta a las referencias del Código de Alarico -antes aludidas- que para él atestiguan a lo sumo la presencia ocasional de galos o hispanos en el ejército a principios de] siglo VI. Somete a examen asimismo algunas leyes del Líber ludiciorum y de modo singular una "antigua" (IX, 2, 2) que castiga los abusos de los encargados del reclutamiento al obligar a los godos a incorporarse a la hueste (Serví dominici, id est compulsores exercitus, quando gotos in hostem exire compellunt). Para Sánchez Albornoz tal precepto explica que, cuando se redactó, el ejército sólo estaba compuesto por godos. Y ¿cuándo se redactó?. La ley según él-y también según D'Ors-

Tenrln.,· de DnhnyOldenbur¡¡.

Rechm:/J de Sánt:he:.-Allxmur..

258

Rt!plirnde García Moreno.

Consideración

final.

ESPAÑA VISIGODA

es de Leovigildo, lo que probaría que en el último tercio del siglo VI todavía los romanos no formaban parte de la milicia. La cuestión desde luego no es clara y merece algunos distingos. En fecha reciente, García Moreno ha disentido de las conclusiones de Sánchez Albornoz, replanteando el problema en un contexto más amplio. Para defender la temprana participación hispano-romana en el ejército visigodo, aquel autor aporta pruebas que testimonian cómo los grandes propietarios acudían con sus esclavos a las contiendas bélicas; la presencia de romanos en altas responsabilidades militares, etc. Ciertamente hay que reconocer que todo ello avala la tesis dominante. Ahora bien, lo que en el fondo importa no es si tales o cuales romanos colaboraron en una u otra empresa militar, sino si los súbditos romanos eran convocados a la milicia como lo fueron convocados los godos, y si unos y otros tenían idénticos derechos y deberes. Ese es el problema real de la constitución del ejército visigodo, problema que a nuestro entender sigue irresuelto. 2. Organización de la milicia

Unidades y jefes militare.,.

El thíufadn ye/ milenario.

Por debajo del rey, cabeza del ejército, los cuerpos militares se estructuran mediante un sistema decimal cuya unidad mayor es la thiupha, dirigida por un jefe o thiuphadus. Constando probablemente de mil hombres, la thiupha está compuesta por diez grupos de otra unidad básica, la centena, mandada a su vez por el centenarius. Como autoridad intermedia figura el quingentenarius, quien al frente de quinientos hombres auxilia al thiuphadus. El centenario se ve asimismo asistido por un jefe inferior, el decanus, a quien corresponde el mando directo del grupo de diez hombres. No es segura en todo caso la equiparación de las unidades castrenses a un régimen decimal estricto. Al frente de la unidad de mil hombres, el thiuphadus se corresponde con el llamado millenarius, si bien el nombre gótico de aquel jerarca militar -que significaría, tal vez, "jefe de siervos"- y la mención separada del thiufado y del milenario en un mismo texto, han suscitado cábalas sobre la posibilidad de que uno y otro nombre respondan a cargos distintos. Recientes averiguaciones de los expertos aconsejan desechar tal conjetura. La diferenciación del thiufado y del milenario fue defendida tiempo atrás por Gama Barros y en nuestros días por Thompson. Este autor recuerda la existencia de milenarios en los reinos ostrogodo y vándalo, y no aprecia en ellos funciones militares. Para Thompson, en suma, el millenarius es "un misterio". La cita correlativa de thiufados y milenarios, que induce a ver en ellos personajes distintos, corresponde a una ley de Recesvinto (Liber ludiciorum. 11, 1, 27): " ... adeo dux,

LA ACCION DEL ESTADO

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comes, vicarius, pacis adsertor, thiuphadus, millenarius, quingentenarius, cenlcnarius defensor, numerarius ... ". San Isidoro enumera en las Etimologías la jerarquía militar y no menciona al thiufado. Sí, en cambio, al milenario, a quien él equipara con un jefe militar griego-el chiliarchosque manda mil soldados: "Chiliarchac sunl qui mille praesunl, quos nos millcnarios nuncupamus" (IX, 3, 30-1 ).

¿Fue esa organización decima] propia de ]os godos o la copiaron ellos del mundo romano?. Buena parte de los historiadores patrocinaron el abolengo germánico del ordenamiento castrense visigodo, suponiendo así algunos autores que los godos al establecerse habrían mantenido la división decimal de su ejército. Tal tesis se apoyó en la constatación del régimen de milenas, centenas e inc]uso decanías entre otros pueb]os germánicos. Pese a] respaldo de Sánchez Albornoz, tal interpretación no parece muy fundada. Existen por el contrario serias razones para atribuir esos esquemas al influjo de los criterios romanos, pues tanto las centenas francas como ]as unidades militares lombardas --de un pueblo que conseró con especia] celo su estirpe germánica- debieron ser heredadas de las centurias romanas y de la organización bizantina. Resulta en consecuencia astante probable el origen romano tardío de la organización militar visigoda.

Ori¡¡en godo o romano dela orgnniw rián

militar.

IV. La Iglesia y el Estado

A excepción de los suevos, el resto de los pueblos germánicos que in.. adieron las tierras hispánicas en el siglo V profesaba la fe cristiana de Arrio. Para los visigodos el arrianismo era esa "fe gótica" (fides gothica), en buena medida determinante de su espíritu nacional. Más tarde, al proyectarse sobre los hispanorromanos, el Estado visigodo dio cabida a dos grupos étnicos y religiosos diferenciados: godos-arrianos e hispanorromanos-católicos. Ahora bien, conforme ese Estado pretendió una unificación efectiva, la "fe gótica" debía dejar de ser sólo de los godos y convertirse en la confesión religiosa de todos. Tal planteamiento explica la ofensiva arriana del reinado de Leovigildo y las consiguientes discordias civiles, producto de la rebelión de Hermenegildo, católico e hijo primogénito del monarca. En el reinado siguiente, con Recaredo, se alcanza esa unidad religiosa pero con signo distinto. El rey se convierte al catolicismo y además convierte a su pueblo. La separación de la Iglesia católica y el Estado, característica de la etapa anterior, da paso ahora a una compenetración íntima y estable. Tras el Concilio III de Toledo, donde el pueblo visigodo acoge la nueva fe, y una vez resueltos ciertos problemas canónicos como el de los obispos arrianos conversos o los propios de cuestiones litúrgicas, la monar-

Arrinni.\-mo y

unifkndtín políti('(I.

Unidad mlfílirn y Estado teocrñtir-o.

260

ESPAÑA VISIGODA

quía visigoda adopta hacia el futuro rasgos teocráticos. La Iglesia dicta normas para ilustrar la convivencia política, el comportamiento del monarca y las leyes seculares. El rey por su parte tutela a la Iglesia, castiga la herejía e incluso nombra a los obispos. Es éste un estricto Estado confesional donde, en frase de Menéndez Pidal, "el sacerdote no gobierna, pero guía y ampara tanto al que gobierna como al gobernado". A) ORGANIZACION ECLESIASTICA: PROVINCIAS Y DJOCESIS Prov;ndns t:cle.tfrhticas y

dióce.,·ü.

Ar..obi.<po., yobi.,p,u.

Conl'i/ios provinciales.

En virtud del llamado "principio de acomodación", la estructura provincial eclesiástica se ajustó a las circunscripciones civiles. Así, tras los reajustes de la organización secular durante los siglos V y VI, en la segunda mitad del VII existen seis provincias eclesiásticas: Cartaginense, Tarraconense, Bética, lusitana, Galaica y Narbonense. Cada una tiene su sede metropolitana -Toledo, Tarragona, Sevilla, Mérida, Braga y Narbona- y de ellas dependen las diócesis sufragáneas correspondientes. Orlandis ha reseñado un total de 78 diócesis, de nombre y localización exacta en cada una de las provincias, descontando la existencia de algunas otras de vida efímera o dudosa ubicación. Al frente de cada provincia se encuentra un arzobispo u obispo metropolitano. El de Toledo, como primado, aparece en la cúspide de la Iglesia española. Las diócesis son regidas por obispos cuya selección compete al monarca, correspondiendo al resto de los prelados un juicio sobre la aptitud del candidato, quien es consagrado por su arzobispo metropolitano y en la última etapa siempre por el primado de Toledo. Los concilios provinciales, compuestos por los obispos de la circunscripción bajo la presidencia del metropolitano, se reunieron para tratar cuestiones disciplinares, resolver diferencias surgidas entre sedes episcopales, o para dirimir conflictos actuando como tribunales eclesiásticos. Ante ellos comparecieron a veces altos funcionarios del gobierno a fin de recibir orientación e instrucciones diversas. Pese a la permanente preocupación por lograr una adecuada periodicidad, y a la previsión incluso de reuniones anuales, estas asambleas sólo llegaron a celebrarse de manera irregular y en número distinto de unas a otras provincias. B) LAS IGLESIAS "PROPIAS"

111/e.
y mnnn.rterio.'i.

En un panorama de vida rural donde predominan los grandes latifundios, sus dueños edifican iglesias a las que de alguna forma consideran como propias, pretendiendo así sustraerlas de la jurisdicción y vigilancia episcopal. Ya en la etapa arriana de la monarquía visigoda consta esta prác-

LA ACCION DEL ESTADO

261

tica, que adquirirá notorio auge en los siglos siguientes. La relativa exención que disfrutaban los monasterios respecto a la autoridad del obispo, lle'Ó también a los particulares a procurar la consagración como tales monasterios de las iglesias, subterfugio prohibido durante el reinado de Teudis por el Concilio de Lérida del año 546. Los problemas derivados del control de estas iglesias, con el consiguiente forcejeo entre la autoridad episcopal y el dueño señorial, merecieron la atención de los Concilios de Toledo. La pretensión del titular de la ;glesia propia de nombrar al clérigo que ha de servirla, quedó en un reconocimiento del derecho de presentación sancionado por el Concilio IX (canon 2), mientras otro precepto del Concilio X condenó los abusos e intentos de apropiación e intervención en el quehacer eclesiástico (canon 3: De 110n permitendo laicis imperare religiosis). En tales preceptos se ha visto la génesis del sistema de iglesias propias, producto en fin de la aplicación a ,o religioso de las concepciones señoriales.

Preten.'iiones

señorinle.v y ctínones t'OnrÍ·

liare.,·.

262

ESPAÑA VISIGODA

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V.

AL-ANDALUS: EL PECULIARISMO HISPANICO EN OCCIDENTE

267

15. EL ISLAM ESPAÑOL: DERECHO, SOCIEDAD YECONOMIA L

De Hispania a Al•Andalus

A) LA "PERDIDA DE ESPAÑA"

En febrero del año 710 muere Vitiza, penúltimo rey visigodo. Los nooles adictos que habían formado parte de su séquito de "fieles", pretendieron repartir el reino entre los hijos del monarca, e incluso uno de éstos, ..\khila, debió actuar como rey en los territorios del nordeste (Narbona y Tarragona). Sin embargo la asamblea visigoda que entendía de la sucesión 11 trono, compuesta en buena parte por facciones hostiles al clan vitizano, se negó a legalizar semejante novedad. En su lugar, el Senatus elige como monarca a Rodrigo, duque entonces de la Bética, quien accede al trono cuando ya los partidarios e hijos de Vitiza se habían adueñado de él. A instancias del Senado, según un texto del Anónimo Mozárabe, don Rodrigo ruvo que ocupar el reino por la fuerza (Roderico, hortante Senatu, tumultuose regnum invadit). Se inicia así una guerra civil en la que los vitizanos, para defender sus pretensiones, apelan a la ayuda de los musulmanes. Como intermediario de la solicitud, interviene un personaje misterioso llamado Julián -convertido luego en conde por la leyenda- quien gestionó con Muza el apoyo extranjero. Tras una expedición exploratoria al mando de Tarif, el cual dio su nombre a la futura Tarifa, Muza envía a Tariq con un ejército que desembarca en España en abril del 711.

Fin dd E.,1nd11 visi,:odo.

Don Claudio Sánchez Albornoz ha escrito muchas bellas y rigurosas páginas sobre estos acontecimientos, cuyos datos históricos fueron luego sublimados o deformados por la leyenda. El llamado conde don Julián fue tenido por godo, bizantino o berberisco, suponiéndose en ciertos relatos que su colaboración con los árabes fue debida a vengar el estupro de su hija por don Rodrigo. Sánchez Albornoz se inclina a creer que don Julián fue bereber y católico, actuando no por propia iniciativa sino como puro mensajero de la facción vitizana.

Las tropas de Tarik y las de don Rodrigo se encontraron en un lugar de localización discutida, tal vez el río Barbate o quizás el Guadalete .

Batalla de Barba/to Guadalete.

268

AL-ANDALUS

Traicionado el rey visigodo por los propios hermanos de Vitiza, quienes al parecer mandaban unidades de su ejército, don Rodrigo perdió en el combate el trono y la vida. Los musulmanes, lejos de reponer a los hijos de Vitiza, prosiguieron la conquista en provecho propio y con sorprendente facilidad se produjo el derrumbamiento de la monarquía visigoda. Ocupado así todo el territorio peninsular, ese Islam español fue designado con el nombre de Al-Andalus. La batalla que decidió el destino final del Estado godo fue tradicionalmente rooocida con el nombre de Guadalete, por suponerse que tuvo lugar a orillas del río dcl JQÍ~o nombre . Tras las consideraciones discrepantes del orientalista esp"lftol Gayangos , el holandés Dozy aseguró que la contienda se había celebrado junto al río Barba te, en la laguna de la Janda , con lo que esa batalla hubo de recibir una nueva denominación. Sánchez Albornoz defendió en 1944 la hipótesis tradicional del Guadalete, pero sus razones no han sido aceptadas por el eminente arabista Lévi-Provenyal y otros autores. Según Sánchez Albornoz, losfidele.1· de don Rodrigo habrían trasladado el cadáver del último rey godo hasta Viseo, en Portugal, donde al parecer se encontró una inscripción -Hic requiescit Rudericus ultimus Rex Gothnrum- de la que se hace eco el Poema de Fernán González. Ln "pirtfitfn de Expnñn ".

La derrota visigoda y la conquista musulmana aparecen como un gigantesco y triste cataclismo a los ojos de los cronistas cristianos de los siglos siguientes. Textos y romances populares evocan la que se califica como pérdida de España, producto del castigo divino por los pecados de los visigodos, que unos atribuyen a Vitiza y su familia, y otros, los más, al último rey don Rodrigo. La invasión musulmana fue recapitulada en tono apocalíptico. Veamos unos pasajes de la Primera crónica general: " Aquí se remató la santidad et la religión de los obispos et de los sacerdotes ; aquí quedó et minguó el abondamiento de los clérigos que sirvíen las eglesias; aquí perescíó ell entendimiento de los prelados et de los hommes de orden; aquí fallesció ell enseñamiento de la ley et de la sancta fe ... Toda la tierra desgastaron los enemigos, las cosas hermaron, los hommes mataron, las cibdades quemaron, los árboles, las viñas et cuanto fallaron verde cortaron" (edic. de J .F. Filgueira Val verde , 1949, 116-117).

B) REGIMEN JURIDICO DE LA CONQUISTA Mnhomny

la l(Uerrn .mntn.

Cuando los musulmanes ocupan España apenas ha transcurrido un siglo desde la predicación de Mahoma como profeta de la doctrina que Alá le revela por mediación del arcángel san Gabriel. La actividad religiosa de Mahoma y sus seguidores, con la emigración desde La Meca a Yathrib ("ciudad del profeta", Madinat al-Nabí), inicia la Hégira o era islámica, convierte a los musulmanes en una homogénea comunidad político-religiosa y les incita a predicar y practicar la guerra santa (chihad).

DERECHO, SOCIEDAD Y ECONOMIA

269

Esta empresa, auténtica obligación religiosa, va dirigida contra los inreles o no creyentes, aunque los musulmanes distinguen a los idólatras ~ politeístas, de quienes, como cristianos y judíos, tienen con ellos un : ndo de concordancia: sus convicciones monoteístas y el hecho de ser :.entes del Libro" o de la Biblia (ah[ al-Kitab), aunque unos y otros no ......epten la que para los musulmanes constituye la gran revelación de Dios =aecida en el siglo VII. Semejante diferencia entre idólatras y "gentes del ·bro" suscita en los fervorosos protagonistas de la guerra santa una distin. consideración y comportamiento: aquéllos deben ser forzados a la con. ersión o sojuzgados; éstos pueden mantener su religión conviviendo con os musulmanes en calidad de dhimmíes o protegidos. Con tales "genes del Libro", fundamentalmente cristianos, se encontraron los con=uistadores al adueñarse de la Península. l. Los pactos de sometimiento

En las guerras de la Arabia preislámica se siguió una antigua tradición, "robablemente importada por árabes que habían servido como soldados en ejércitos romanos, según la cual el botín (ganima) debía dividirse en cua··o partes, de las que el jefe se reserva una y reparte entre los combatientes as otras tres. Alegando una moción divina, Mahoma alteró tal sistema, re"'ajó la cuota del jefe a un quinto (jums) y dispuso además que habría de co:responderle a él por entero cuanto se adquiriese sin necesidad de hacer uso ie la fuerza. A su vez, según establecía el Corán, la quinta parte del botín Je guerra debía distribuirse entre Alá, el profeta y sus parientes, los huér~anos, pobres y peregrinos. Las propiedades rústicas no fueron consideradas en la etapa primitiva como objeto de botín, dato congruente con el ~arácter nómada de las tribus, y ello originó que Mahoma mismo -según ..!nos autores- o las autoridades árabes de los siglos siguientes -según otros- hubieran de arbitrar un régimen respecto a las tierras de los pueblos , encidos, que ahora sí debían ser tenidas en cuenta en el despliegue del im~rio islámico. El régimen jurídico de la conquista fue distinto según la acogida dispensada a los musulmanes, lo que se tradujo en un doble tipo de pactos. De un lado el acuerdo de capitulación (suhl), consecuencia de la guerra y que significaba el sometimiento absoluto a las autoridades del Islam. Las heredades de los así sojuzgados dejaron normalmente de pertenecer a sus propietarios y se convirtieron en bienes de la comunidad musulmana (.fai), si bien siguieron siendo cultivadas por sus antiguos poseedores, quienes incluso pudieron transmitir hereditariamente el derecho al cultivo.

El botín y .~u repnrto.

El "quinro" o "jum.,·".

Ln mpitular:ión

o ".,uh/".

270 El tratado de pai " "ahd".

AL-ANDALUS

El tratado de paz (ahd), suscrito con pueblos aliados que quedaban en condición de protegidos, respetó en cambio la autonomía política, la propiedad de las tierras y la libertad religiosa, y llevó consigo, en fin, una cierta salvaguardia de las personas (amán). Convenios de esta naturaleza fueron acordados con algunos cristianos del Norte, siendo clásico el que firmó Abd al-Aziz con el conde visigodo de Murcia, Teodomiro, cuyas cláusulas constituyen un modelo de tolerancia y consideración. Los hispanogodos quedaron en ambos casos sujetos al pago de los impuestos personal (chizya) y territorial (jarach). 2.

Tierrns en

pmpiedady en "iqtá".

U,x mu.rulmnnes. propietario., territoriales.

La cesión de las tierras

El régimen islámico regulador de la naturaleza de las tierras de conquista fue ya esbozado por el propio Mahoma y concretado luego por Ornar I. Este califa dispuso que los dominios territoriales quedaran terminantemente excluidos del botín guerrero, permaneciendo indivisos como bienes de la comunidad. Sin embargo la rigidez de semejante prescripción no logró avenirse con el lógico afán de los guerreros por establecerse en las tierras que sometían, lo que hizo más y más frecuente la confirmación de las ocupaciones de hecho, o el otorgar campos y heredades de modo directo y discrecional. Tales cesiones transmitieron a veces el pleno dominio, pero en muchos casos se limitaron a adjudicar al concesionario unos amplios derechos de disfrute mediante la investidura de la tierra (iqtá), conformando un tipo jurídico semejante a la enfiteusis romana. Los concesionarios debían satisfacer el censo correspondiente al predio adjudicado, pudiendo enajenar su derecho o transmitirlo hereditariamente. La entrega de tierras en propiedad y en iqtá determinó su segregación del conjunto de bienes perteneciente a la comunidad. Tal sistema, vigente ya al tiempo de la conquista de España, hizo posible que los musulmanes se convirtieran en dueños de los territorios que ocupaban, abriendo la puerta en fin a un asentamiento permanente y a la consolidación de su domm10: "Mediante una y otra fórmula de concesión de tierras, y las nuevas que fueron surgiendo, los árabes arraigaron en el suelo poco a poco; algunos lograron reunir inmensas fortunas territoriales; el sistema de Ornar fue reemplazado por fórmulas más laxas y más de una vez los bienes raíces, ganados por fuerza de armas, fueron incluidos, con los bienes muebles y semovientes y con los esclavos, entre las cosas que, por formar parte del botín, se dividían los conquistadores, cuando nuevas provincias eran incorporadas al Imperio islamita" (Sánchez Albornoz, Los árabes y el régimen prefeudal carolingio, 176).

DERECHO, SOClEDAD Y ECONOMIA

271

C) ETAPAS POLITICAS Y APOGEO CULTURAL

I. Períodos del Islam español La descomposición de la monarquía visigoda facilitó la rapidez de la :onquista musulmana. Desapareció así la Hispania romano-goda, reem::: azada por el nuevo AI-Andalus, término con el que los escritores islámi: os designaron siempre a la España musulmana con independencia de su e tensión geográfica. La constitución, consolidación y crisis de Al-Andalus puede ser resu:n.ida muy sucintamente en las siguientes etapas: a) Período de los gobernadores. Tras la presencia ya referida de Tarik, su jefe Muza acude a España, realizando ambos diversas expediciones militares que concluyen al recibir órdenes del califa de regresar a Siria. Ya para entonces -verano del 714- se había conquistado la capital visigoda, Toledo, la Andalucía occidental, Zaragoza y buena parte del valle del Ebro. El hijo de Muza, Abd al-Aziz, ocupa en el bienio siguiente las regioes subpirenaicas, Cataluña, Andalucía oriental, Levante e importantes plazas portuguesas. Se ha consumado pues la práctica ocupación de España. Los cuarenta años comprendidos entre el 716 y el 756 son conocidos orno el "período de los gobernadores", caracterizado por la sucesión de esas autoridades, que han de enfrentarse a menudo a los clanes conflictivos de sus compatriotas, así como por las tentativas de extender a las Galias el dominio del Islam. En los inicios de esta etapa aparece por vez primera el nombre de Al-Anda[u.1· en una moneda bilingile del año 716. El término había sido relacionado con el que los vándalos adjudicaron a Andalucía (Vandalicia).

b) Emirato omeya de Córdoba. Se inicia con Abd al-Rahman I, quien en las tres décadas de su reinado consolida un emirato independiente en lo político, aunque subordinado en lo religioso al califa de Damasco. El Estado se organiza conforme al modelo sirio, hasta que Abd al-Rahman II lo transforma imitando el ejemplo de la monarquía abbasí. La etapa del emirato (756-912) contempla el auge creciente de su capital, Córdoba. c) Califato de Córdoba. En el año 929, Abd al-Rahman III adopta el título de califa y príncipe de los creyentes, convirtiéndose por tanto en una suprema autoridad política y religiosa a la que incluso ciertos reyes cristianos pagan tributo o rinden vasallaje. Abd al-Rahman III extiende su dominio al Magreb, donde organiza un cierto protectorado omeya. Córdoba

272

AL-ANDALUS

llega a ser la ciudad más importante de Occidente y aparece como centro de un rico mundo cultural, tutelado y potenciado luego por al-Hakam 11, sucesor del primer califa y espíritu de vastas inquietudes. Los últimos años del siglo X contemplan las hazañas bélicas de Almanzor ante una Cristiandad amedrentada por la caída de Com postela en manos del caudillo musulmán. La centuria siguiente se inicia con graves discordias intestinas entre las varias facciones que luchan por el poder, precipitándose así la disgregación del califato cuyo último titular fue Hisam 111, príncipe incapaz con el que concluye la dinastía omeya.

Clme., de reinos de taifa.<.

Almorávides y almohades.

Rfino nau,rl de Granada.

d) Los reinos de Taifas. En 1031 cae el califato y se descompone en una veintena de unidades políticas menores conocidas como "reinos de Taifas" (de taifa, partido o bandería), gobernados por reyezuelos de ascendencia diversa. Estas taifas han solido ser clasificadas por su cronología (primeras, segundas y terceras), y también en atención al origen bereber, árabe o eslavo de los reyes. Las taifas bereberes se localizan preferentemente en la zona andaluza, y fuera de ella en Badajoz, Albarracín y sobre todo en Toledo, cabeza de un territorio que prácticamente comprendió la actual Castilla la Nueva. Las taifas árabes aparecen establecidas también en Andalucía -Córdoba, Huelva y especialmente Sevilla-, y en Zaragoza, Tudela y Lérida. Las taifas de eslavos ocupan territorios del sureste y Levante -reinos de Almería y Valencia- así como las islas Baleares. En semejante mosaico, los reinos más fuertes se imponen a las taifas satélites y terminan por absorberlas. A fines del siglo XI el mapa se redujo a las familias árabes de Sevilla y Zaragoza, a las bereberes de Granada, Toledo, Badajoz y Albarracín, y a la de los descendientes de Almanzor en Valencia. La supremacía correspondió al reino de Sevilla, símbolo del ideal árabe-hispano frente al bereber-africano. Ese y otros reinos hubieron de soportar el permanente acoso cristiano, superando su disgregación por el estímulo unificador de las invasiones africanas de almorávides y almohades. Aquéllos dominaron el Islam español al despuntar el siglo XII. Estos les sustituyen en la pugna bélica de la segun da mitad de esa centuria, hasta su derrota ante una coalición de reyes cristianos en la batalla de las Navas de Tolosa (16-VII-1212). El ocaso almohade fue seguido por la formación del reino nazarí de Granada (1232), cuya existencia se prolongará más de dos siglos y medio para constituir a la postre el último reducto musulmán en España. La entrada de los Reyes Católicos en la capital el 6 de enero de 1492 puso término al reino nazarí y concluyó la Reconquista.

DERECHO, SOCIEDAD Y ECONOMIA

273

2. Impronta árabe en la cultura Aunque precisamente haya sido el derecho, por su carácter religioso, o de los productos de la cultura musulmana que menos huellas dejó en la _-pañola, conviene destacar la excepcional importancia de la presencia isí · ca en la Península. En primer lugar, porque confiere a la historia es: - ola su peculiaridad respecto a la de los otros pueblos de Europa, ~ izados como nosotros durante siglos con el trasiego de fenicios, grie; s, romanos, godos y judíos, pero huérfanos de la convivencia con quie"' creían en Alá y carentes por tanto de su impronta en la cultura y formas • vida. En segundo lugar, porque no cabe hablar en propiedad de "influen- is" de la cultura islámica en la española, como si se tratara de la acción .. un agente externo, por cuanto durante centurias existió un Islam espa- l, cuyas manifestaciones artísticas, literarias y lingüísticas forman parte _e la cultura genuinamente nacional. Además porque la Reconquista, sin rerj uicio de su profundo hilo conductor, no fue de ordinario una lucha de odos los cristianos contra los musulmanes herederos de aquellos lejanos vasores, sino más bien un complejísimo proceso donde, junto a lo reli5.oso como factor aglutinante, se dieron cita otros múltiples intereses de ::. verso signo, lo que en suma hizo posible que a veces reyes cristianos se iaran con las fuerzas del Islam para combatir a otros monarcas cristianos. Hay que considerar, por último, la convivencia entre cristianos y musul::::ianes desde la primera reacción de aquéllos en Asturias -año 718- hasta :i expulsión de éstos de Granada -año 1492-, gigantesco arco histórico Jélutizado con el ligero nombre de Reconquista. Y es que, como ya Ortega ::ijo, parece difícil llamar Reconquista a algo que duró ocho siglos. Las diversas razas que convivieron en AI-Andalus hicieron que en él se hablaran varias lenguas: árabe, berberisco, latín y romance, más el llamado aljamía, idioma mixto usado por el pueblo. El árabe fue la lengua oficial y en él los musulmanes escribieron la mayor parte de sus obras literarias, singularmente valiosas en el género poético. Los andaluces conocieron bien los textos orientales, tanto las odas (qasida) preislámicas como las recopilaciones de poemas (diwan) de los poetas neoclásicos. En la Córdoba califal y aun en los reinos posteriores, los poetas encontraron excelente acogida, gozaron del mecenazgo de los soberanos y sus versos fueron requeridos y valorados como algo importante en la vida cortesana. Don Emilio García Gómez, magistral conocedor de la lírica hispano-árabe, ha hablado así de la existencia de una poesía política en el Califato de Córdoba, destacando cómo esos cantores del amor, .la guerra o el esplendor del boato oficial, recorren las cortes "donde hay a su servicio aposentadores, aloiamientos. gratificaciones, protocolos de audiencias, escalafones y cáte-

Perulinrismo i
Cnrárter de In R~ronqui.'ita.

ln c.ulturn.

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dras". Los versos, en fin, fundamentan un prestigio público y en no pocas ocasiones avalan la designación para cargos políticos. Con frase gráfica del propio García-Gómez, "un impromptu puede valer un vizirato". La vida científica floreció asimismo en el Islam español, especialmente en los reinados de los Abd al-Rahman (II y ill) y en el de al-Hakarn 11. Prueba de ello fueron las traducciones del árabe al latín de textos matemáticos y astronómicos. Entre sus logros cabe destacar la introducción de la brújula en la navegación hacia el siglo IX, el uso del cuadrante astronómico y la redacción del primer tratado conocido de trigonometría esférica. De todas formas el cultivo de estas ciencias hubo de vencer los recelos de alfaquíes y teólogos ante posibles desviaciones heterodoxas. Tal dificultad se dio también en la dedicación filosófica, donde sobresale el genio de Averroes, e incluso en la práctica de ciencias como la química, que tanto tuvo de saber intelectual como de técnica esotérica a través de las escuelas de alquimistas cuyo centro radicó en Madrid. Más libre de ataduras doctrinales, la arquitectura árabe dejó en España su gran legado al mundo cultural de Occidente. El esplendor califal y los movimientos científicos y literarios convirtieron a Córdoba en el centro de Europa, o como dijo la poetisa sajona Hroswitha, en "ornato del mundo". Los reinos cristianos fueron receptores de esa magnífica civilización, mientras sus gentes incorporaban al vocabulario romance una multitud de términos musulmanes. Por la Escuela de Traductores de Toledo conocería Europa buena parte de la cultura oriental, y aun de la griega a través de autores árabes. 11. El Derecho y sus fuentes A)

E/Corán.

LA "sunnah ".

CARACTERES GENERALES

En el Islam sólo hay en rigor una fuente del derecho: la voluntad divina transmitida por revelación a Mahoma. Según su carácter, cabe distinguir diversas manifestaciones del mensaje religioso, de donde a su vez proceden los principios y normas jurídicas. En primer lugar, la revelación directa contenida en el Corán, libro que recoge la recitación o lectura de aquello que Alá inspiró a Mahoma, fijado por escrito por diversos oyentes del Profeta. Ceñido fundamentalmente a temas de ética social e individual, sólo una décima parte del texto coránico trata de cuestiones jurídicas. En segundo lugar, la revelación indirecta deducida de la conducta del propio Mahoma. Esa conducta o sunnah comprende lo que el Profeta ocasionalmente dijo, sin figurar en el libro revelado; Jo que hizo y constituye por tanto un ejemplo a seguir por la comunidad creyente, e incluso aquello

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que mereció su aprobación tácita, es decir, las costumbres o hechos que le fueron conocidos y sobre los cuales no pronunció desautorización alguna. La sunnah se transmite por tradición oral (hadit). Es por ello necesario fij ar un sistema que garantice la autenticidad de esa transmisión, y permita en consecuencia interpretar adecuadamente el comportamiento y actitudes de Mahoma. Surge así la ciencia del hadit. Finalmente la revelación genérica o tácita de Alá a los creyentes, ma::iifiesta en el unánime asentimiento de la comunidad musulmana sobre iertas cuestiones (iyma'a). Su fundamento es una presunta asistencia dirina al pueblo, que confiere cierto grado de infalibilidad al sentir común. Mi comunidad -habría dicho Mahoma según la tradición- jamás se pondrá de acuerdo acerca de un error". Por otra parte esos tres mensajes -principios del Corán, de la sunnah y aquellos derivados del consenso comunitari~ requieren una elaboración y desarrollo. Esta es la tarea propia de los alfaquíes o juristas, quienes con ello construyen la ciencia jurídica musulmana o fiqh. En su aplicación a la vida • ráctica, finalmente. hay que contar con el peso de la jurisprudencia de los trinunales, así como con la posible alegación de la doctrina de los juristas (fatwas ).

El "htu1i1".

El "iymn'a".

El gran estudioso de la historia del Derecho musulmán en Fspaña fue el catedrático Fray Jooé LópezÓrtiz, que no dejó discípulos en este campo tan importante para laculrura nacional. En los últimos años ha seguido sus huellas la profesora titular Magdalena Martínez Almira, quien en algunos trabajos (como los dedicados al Muhtasarde Halil ibn lshaq, o a la legislación sobre mulsulmanes en los Furs de Valencia) anticipa una esperanzadora dedicación a la historia de nuestro Derecho musulmán.

B) LA CIENCIA DEL "FIQH"

l. La fijación y estudio del "hadit"

Transcurrido algún tiempo desde la muerte de Mahoma se procede a recoger las diversas tradiciones referentes a sus hechos o dichos, sin perjuicio de atribuirle más o menos gratuitamente todo aquello que en un momento dado pudiera prestar autoridad a las opiniones generales de los ·unstas. Ello multiplica ad infinitum las tradiciones de la sunnah, cuya mmensa mayoría es apócrifa, con los consiguientes desajustes e incluso contradicciones entre ellas. Al haber vivido el Profeta sus últimos años en ~edina, las leyendas orales de esta ciudad adquieren singular crédito. La ciencia del hadit consiste en someter a crítica rigurosa la autenticidad del mensaje transmitido por tradición. Para ello hay que probar el encadenamiento lógico de las personas que hacen de receptoras y transmisoras e la conducta de Mahoma. Se arranca así del testigo directo de cualquier hecho o dicho, para seguir el mensaje a través de los sucesivos depositarios asta quien lo narra en un momento dado. Si la concatenación de personas

El "hndit" como jijnci6n crilirn de la "suaaah ".

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en el transcurso del tiempo se rompe, es decir, si se prueba que alguien no conoció a aquél de quien asegura haber escuchado algo, el hadit queda sin fundamento y es considerado apócrifo. La puesta en práctica de semejante procedimiento, con la controversia verbal del narrador y sus oyentes, se aprecia por ejemplo en cierto pasaje relatado por AI-Jusaní en su Historia de los jueces de Córdoba, al aludir a las correrías de un tal Moavia ben Sálih, quien cierto día se acerca al templo para intercambiar enseñanzas con otros: "&tos le refirieron algunas tradiciones, y al tocarle su tumo comenzó diciendo: «Me refirió Abuazahiria Hodair ben Coráib, al cual se lo refirió Chobair ben Nofair, que a su vez había recibido la tradición de Abuaddarda, a quien se lo comunicó el mismo profeta ... ». Algunos de la reunión, al oir estas palabras, dijeron: «Maestro, tenga usted un poco de escrúpulo y temor de Dios; no mienta usted; no hay nadie en la superficie de la tierraquehayaoídotradicionesde Abuazahiría por conducto de Chobair ben Nofair y de Abuaddarda más que un hombre, el cual debe estar en Andalucía y se apellida Moavia ben Sálih». «&e Moavia ben Sálih-les replicó él-soy yo». Al oir eso, aquella asamblea ya no pudo mantenerse, porque en vez de atender a otros se agolparon todos en derredor suyo y copiaron la mucha ciencia religiosa que él les hubo de comunicar durante el tiempo que permaneció la peregrinación en la Meca".

2.

ln analo¡:ia o qiym".

Ln.t escuelns jurfdim.< ortodoxa.,.

El método y las escuelas jurídicas

La palabrafiqh, alusiva en principio a la ciencia en general, vino a designar específicamente con el tiempo a la jurídica. Sus cultivadores o alfaquíes, científicos o sabios, se convirtieron así en juristas. El desarrollo e interpretación del derecho se basa en las .fuentes antes mencionadas. Sus investigadores directos crean una doctrina común sobre los problemas jurídicos, con lo que el investigador propiamente dicho (mochtahid) cede el paso al discípulo (mocalid) en el contexto de determinadas escuelas. Si el jurista-discípulo no encuentra en la doctrina recibida una respuesta a su problema, debe él mismo indagar en las fuentes. Ante el posible silencio de éstas, hay que recurrir a fijar el derecho positivo mediante la analogía (qiyas), tomando como referencia otros preceptos conocidos. Las escuelas jurídicas representan interpretaciones divergentes en cuestiones secundarias de la opinión común, propia de la ortodoxia musulmana, sin perjuicio de que existan también algunas escuelas o sectas heterodoxas con su derecho particular. Entre aquéllas cabe enumerar cuatro importantes: la hanefí -fundada por Abu Hanifa-, la malequí -que arranca de la enseñanza de Málik ibn Anás-, la xafei, cuyo creador fue alSafii, y la hanbalí instituida por Hanbal. Las diferencias entre ellas estriban en la distinta valoración que sus mentores hacen de los varios ingredientes del derecho musulmán: texto escrito revelado, conducta del Profeta, consenso popular y, en última instancia, apelación a la analogía.

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De todas estas escuelas, de estirpe oriental, la malequí fue la que logró introducirse con mayor éxito en España a fines del siglo VIII, todavía en vida del mismo maestro. Probablemente el entusiasmo de Málik hacia los Omeyas facilitó la recepción de su escuela y el apoyo oficial que obtuvo. Se conoció así una importante obra de ese gran jurista de Medina, la Almoata ("El camino fácil"), cuya divulgación supuso el verdadero comienzo de la ciencia jurídica musulmana en nuestro país.

Recepción en E.,-

paiia de la escuela maltqu(.

El aposto! de Málik en España fue un joven cordobés, Yahya, quien acudió a Medina para recibir lecciones del maestro. Dozy relata en su Historia cierto curioso episodio de las relaciones entre ambos. Estando enseñando Málik en la mezquita, todos los alumnos excepto él abandonaron la clase para admirar en la calle un elefante blanco. "¿Por qué no sales tú? -le preguntó el maestro-. En España no tendrás ocasión de ver tales animales". El discípulo andaluz replicó: "He venido a verte a ti, no a ver elefantes". Desde entonces Málik le llamó d inteligente español.

3. Sentencias judiciales y doctrina de autoridades Con independencia de la estricta validez de la sentencia para el conflicto que resuelve, su alegación es posible y puede justificar así otras posteriores. Al estudiar la jurisprudencia de los tribunales musulmanes en España, López Ortiz advirtió cómo para fundamentar tal o cual pretensión, fueron esgrimidas con éxito en el foro decisiones judiciales antedecedentes. Las sentencias tuvieron a veces un gran valor por defender doctrinas discrepantes con la comúnmente admitida --este fue el caso de cierta célebre sentencia de Averroes en Córdoba sobre un homicidio, en cuyo fallo se apartó de la doctrina malequí-, mientras en otras ocasiones sirvieron para sentar doctrina sobre supuestos teóricamente no previstos. La sentencia, en fin, se formula siempre como un acto escrito que, autenticada con la firma de los testigos, pasa al registro del diwan o protocolo judicial. Las fatwas son dictámenes de juristas expertos (muftíes) a quienes se admite como autoridades a la hora de aplicar el derecho. El muftí es en principio un auxiliar técnico del juez, quien requiere de él su opinión oparecer con ocasión de fallar los pleitos. Más tarde las fatwas se transformaron en informes de abogados, aducidos por las partes en el litigio. Por el especial valor reconocido a algunos de esos dictámenes, las fatwas fueron recogidas y sistematizadas en colecciones diversas.

Lns senlencin.,· y su valo,

La., ''ft11wll.\' ".

DI. Estructura Social

No es posible calcular con rigor las cifras de la población de Al-Andalus al concluir la conquista y consolidarse el dominio musulmán. Lévi-Proven~al ha supuesto con prudencia que el número de habitantes fue

Demoxmfla.

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sensiblemente igual al de los últimos años de la monarquía visigoda, pues el incremento de los millares de invasores se habría visto compensado con la emigración al norte de muchos cristianos. Probablemente la población aumentó algo en el siglo VIII y mucho más en las dos centurias siguientes, cuando Córdoba llegó a tener casi un millón de habitantes. En el progreso demográfico influiría el desarrollo de la agricultura y otras fuentes de riqueza, y a buen seguro también la práctica de la poligamia. Las regiones más pobladas fueron sin duda las zonas orientales de Murcia y Levante, así como las cuencas sublitorales del Ebro y sobre todo del Guadalquivir.

A) LOSVENCEDORES los árabes.

Lm be"berex.

Lm "exlnvox".

Lt,s nt gros del Sudán.

La población invasora procedió de dos grupos étnicos fundamentales, árabe y bereber. Los árabes fueron menores en número y pertenecieron en su mayoría a dos grupos tribales, los yemeníes y los maadíes, de origen geográfico sumamente variado. Esos árabes de Iraq, el Yemen, Egipto o el Magreb, junto a grandes contingentes sirios, se instalaron en las zonas más ricas de la Península y llenaron con sus disputas la historia social y política de los primeros siglos. La proximidad de Marruecos facilitó la inmigración de bereberes magrebíes, abundantemente representados desde un principio en los ejércitos que llegaron desde Africa. Obligados a asentarse en regiones menos favorables, principalmente en los territorios centrales y en las serranías de la Andalucía occidental, esos bereberes se arabizaron con el tiempo e incluso algunos regresaron a sus regiones de origen. A fines del siglo VIII los bereberes representaban una notable mayoría en el conjunto de la población. Al margen de los grupos étnicos más importantes, hay que registrar la presencia de los llamados eslavos o esclavones, y de los negros sudaneses. Los eslavos fueron gentes procedentes de la Europa central y oriental, alistados a menudo en las milicias califales o que aparecen sirviendo en los palacios del monarca y en residencias de la alta aristocracia. Vivieron en principio como una casta cerrada y hasta llegaron a constituir más tarde una taifa eslava, para terminar fundiéndose con el resto de la población andaluza. Pese a su reducido número en términos comparativos, los eslavos, muchos de ellos eunucos, fueron parte activa de las intrigas palatinas. Las mujeres de esa raza -y también las vasconas-, diferenciadas por su tez clara y cabello rubio, solían integrar el grupo de concubinas de los califas omeyas. Procedentes del "país de los negros" (bilad al-Sudan), muchos sudaneses nutrieron la guardia personal de los monarcas. Por su proverbial re-

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sistencia física, Almanzor reclutó contingentes de negros para organizar el servicio de correos que le seguía en sus campañas militares. Con el avance de la Reconquista numerosos contingentes de musulmanes vivieron en los cada vez más amplios territorios cristianos. Unos como conversos (moriscos). Otros, los mudéjares, siguieron practicando su religión, dedicándose al comercio, agricultura, artes y arquitectura, actividad ésta de la que habrían de dejar preciosos testimonios.

Vt'ncedorr.,· con· v,:rtidos en vtnl'ido.r;.

B) LOS VENCIDOS

l. La, mayoría cristiana

En los primeros tiempos la mayor parte de la población hispana permaneció donde vivía y fueron pocos los que, huyendo de los musulmanes, buscaron refugio en los reductos independientes del norte. Ante los invasores que habían triunfado, los vencidos adoptaron de hecho una doble actitud: mantener su religión y convivir como cristianos en el Estado islámico, o bien renegar de ella y fusionarse con los recién venidos. Aquéllos fueron llamados mozárabes. Estos, musalima, nombre que significativamente quiere decir "nuevos musulmanes". Con el transcurso del tiempo y la abundancia de matrimonios mixtos, surgió una tercera clase, los mu/adíes o "adoptados", denominación que en el futuro englobará a todos los hispanos convertidos al islamismo. La diferenciación quedó pues entre mozárabes y muladíes. Los mozárabes se acogieron como protegidos (dhimmíes) a la tolerancia de los musulmanes. Gozaron de libertad de culto en sus iglesias y monasterios, y conservaron su propio derecho, tanto el secular (Líber ludiciorum) como el canónico de la Hispana, colección que ellos mismos tradujeron al árabe cuando hizo crisis el uso del latín. Inmersos siglo tras siglo en el mundo islámico, adoptaron a menudo nombres arábigos; combatieron a veces corno mercenarios en los ejércitos musulmanes contra sus correligionarios del norte; ocuparon en otras ocasiones puestos destacados en la corte y en la vida de las ciudades, y representaron en suma, con la práctica de matrimonios mixtos, bilingüismo y la dedicación de los más selectos a la ciencia y literatura árabes, un papel de primer orden en el proceso de integración de las dos culturas. Pese a las persecuciones que sufrieron en el siglo IX, el clima de tolerancia y concordia se mantuvo hasta los comienzos del XI. Desde entonces el panorama cambió. Con almorávides y almohades, los mozárabes fueron objeto de medidas represivas, más o menos paralelas a las que padecieron los musulmanes que entonces habitaban en los reinos cristianos.

Lo, mmi,mbe.,.

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Los mu/adíes.

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Los muladíes se arabizaron manteniendo en todo caso un rescoldo hispanogodo, que asimismo facilitaría su función de intermediarios entre las culturas islámica y cristiana. Muchos muladíes (los Banu Martín, los Banu García, el literato cordobés "Escoba") conservaron en romance patronímicos y apodos, alegando incluso algunos como timbre de distinción su antiguo origen. De ascendencia muladí fue el gran pensador andaluz del siglo XI, Ibn Hazm. El arabista Lévi-Proven~al ha recordado así la aportación muladí: "Nada impide afirmar que , si en el terreno del pensamiento, al-Andalus brilló con tanto fulgor a partir del siglo X . se debió principalmente al fondo muladí de su poblac ión . La relevante personalidad de un gran pensador como lbn Hazm constituye , entre tantos otros , buen ejemplo de la posi c ión que los musulmanes nuevos ocupaban a fines de la época califal en la actividad intelectual andaluza" (España Mu .\'Ulmana, V, 102).

2. Las comunidades judías Si/unción de lo., judío., en el l.
DemogmjTn.

Deruho y prrif'tsione.<.

Los judíos tuvieron como los cristianos la condición de "protegidos". Al tiempo de la conquista las comunidades andaluzas debieron incluso colaborar con los invasores, viendo quizás en ellos a posibles liberadores de la opresión padecida en las últimas décadas de la monarquía visigoda. Su situación sin embargo empeoró y, al igual que los cristianos, hubieron de padecer la represión almohade. Según parece, el califa almohade al-Mansur obligó a los judíos a llevar una indumentaria especial de color azul, para diferenciarlos del resto de la población. Siguiendo el método propuesto por Leopoldo Torres Balbás, quien estimó que cada hogar habría estado compuesto por cinco o seis personas, Ashtor ha calculado que el total de judíos alcanzó una cifra entre 50.000 y 55.000. En las grandes ciudades habitaron en barrios separados, practicando libremente el culto en las sinagogas. Cada comunidad elegía entre sus miembros a un jefe (nasi), quien la representaba ante la autoridad musulmana. Los judíos conservaron su religión y también su derecho, cuyas fuentes básicas eran la propia ley divina (Torá), recogida en los cinco libros bíblicos del Pentateuco, y la tradición o Mischná, recopilada y comentada en el Talmud. En el Islam español los judíos aparecen preferentemente dedicados a actividades económicas y al estudio y práctica de la medicina, ciencia en la que lograron sobresaliente notoriedad. El ejemplo más destacado fue Maimónedis, cuya obra científica se difundió por otros países. Los propios reyes cristianos requirieron a veces los servicios de médicos judíos que vivían en Al-Andalus, e incluso les incorporaron establemente a sus cortes.

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C)

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CLASES SOCIALES

La sociedad del Islam español estuvo compuesta por hombres libres, libertos y esclavos. Entre aquéllos existió una aristocracia dominante (jassa), la clase media urbana y el estrato inferior de la masa popular o amma. Las grandes familias aristocráticas ocuparon altos cargos en la administración de la monarquía omeya, donde luego se vieron desplazados por libertos y eslavos. Esa nobleza árabe figuró asimismo al frente del gobierno de las circunscripciones territoriales, lo que habría de convertirla en propietarios latifundistas y dueños de grandes riquezas. La clase media burguesa se dedicó al comercio en los barrios y zocos de las ciudades, y alcanzó de hecho cierto peso en la vida ciudadana, sin que ello llevara consigo ningún reconocimiento de tipo oficial. El pueblo bajo, o amma propiamente dicha, estuvo compuesto por artesanos menores y Jornaleros bereberes, muladíes y libertos, elementos todos de una plebe urbana inquieta y levantisca. Junto a ella, el proletariado rural trabajó en los grandes dominios califales o de la nobleza terrateniente, cultivando a veces como quinteros la quinta parte ojums del monarca. Hubo también pequeños propietarios rústicos, convertidos en Córdoba según LéviProven~al en ··hombres de ley o de estudio". Entre los siervos destacaron los eslavos, establecidos en la corte o en las residencias señoriales, llamados saqaliba. La esclavitud debió ser más abundante en el campo, donde esos siervos vivieron en condiciones precarias, cultivando las tierras de sus dueños. El estado de servidumbre, al que se llegaba por nacimiento o cautiverio en guerras, resultó en todo caso más tolerable que el conocido en España en etapas anteriores, y ello porque el esclavo no tuvo en el mundo musulmán la condición jurídica de una cosa, sino la de un hombre con ciertos derechos. Muchos esclavos fueron beneficiados con la manumisión, otorgada por sus dueños tanto en vida como mediante disposiciones testamentarias. Se convirtieron así en libertos, acogiéndose buena parte de ellos a una relación de patronato (wala) que les Jigó a sus antiguos señores. Ese vínculo entre amos y libertos admitidos en patrocinio (mawlas) , fue vitalicio y se transmitió incluso a sus respectivos descendientes. IV. Vida Económica A)

AGRICULTURA Y GANADERIA

El latifundio musulmán sustituyó al latifundio visigodo. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, quedaron patentes los inconvenientes de ese

Clnu.<medim urbnnllS y n,rn/es.

StttrwH.

Liberto.,.

282

Cereales y viñedo.,·.

El aceite.

Témirm de nego.

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sistema para la explotación de la riqueza y, por ello, como ha puesto de relieve García Tolsá, se procedió entonces a la parcelación de la propiedad agraria en beneficio del progreso agrícola. Los autores árabes elogiaron la riqueza del suelo español, prodigándole alabanzas que parecen eco de los antiguos laudes Hispaniae. Tales panegíricos fueron principalmente dirigidos a las tierras de Andalucía y Levante, donde las condiciones naturales y el sistema de riegos permitieron mediante un cultivo continuo potenciar la feracidad de la tierra. Entre los cereales, el trigo constituyó una de las bases económicas de la España musulmana, si bien desde el siglo IX la producción nacional -de celebrada calidad en las regiones de Larca y Toledo- hubo de ser complementada ocasionalmente con importaciones de trigo africano. En las zonas de secano fueron frecuentes las plantaciones de viñas, obteniéndose abundante vino pese a la prohibición religiosa que llevó a algún monarca rigorista, como al-Hakam 11, a pretender erradicar del reino todas las plantaciones. Especialísima importancia tuvo el aceite. El producto del famoso olivo andaluz, al que la lengua árabe prestó los términos que han llegado a nosotros (al-zaituna, aceituna; al-zait, aceite), se cultivó en los territorios béticos y fue exportado luego por la cuenca mediterránea. Desde la llegada de los musulmanes, el suelo de Al-Andalus produjo además algodón y caña de azúcar. La persistencia de palabras árabes en la terminología de las prácticas de riego, demuestra hasta qué punto fue importante su contribución en unas técnicas que los musulmanes mejoraron con conocimientos adquiridos en países asiáticos. El litoral levantino, Andalucía y el delta del Ebro, resultaron las zonas más beneficiadas. El uso de nuevos mecanismos hidráulicos asentó a los colonos en los regadíos, habitando ellos así las alquerías valencianas, los cortijos andaluces y las torres aragonesas como centros de explotación. En un sólido estudio sobre el régimen jurídico de aguas en el llano de Lérida, el profesor Teira Vilar ha examinado el alcance de la influencia musulmana. Tras hacerse eco de las diversas interpretaciones historiográficas, Teira aporta dos conclusiones básicas: «pri mera, que fueron los árabes quien es iniciaron o desarrollaron básicamente el aprovechamiento del río Noguera Ribagorzana para fines agrícolas ... y en segundo lugar, que la instalación de la presa y la red de distribución en esta zona debió efectuarse por etapas, empezando en una extensión limitada. siguiendo luego varias ampliaciones hasta alcanzar la forma y límites modernos» (El régimen jurídico, 87).

Gnnarlaín.

En la ganadería destacó la cría de caballos en las riberas bajas del Guadalquivir, y la de mulas en la zona meridional y otras regiones. También debieron ser abundantes los rebaños de ovejas -productoras de lana valio-

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sa en el alto Levante- e incluso los de cerdos, cuyo consumo, por su condición de animal impuro, hubo de quedar reservado a los mozárabes. B) MINERIA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Los ricos yacimientos peninsulares continuaron explotándose como en la época anterior, sin que constatemos ahora alteraciones de interés. Los iajeros árabes refieren la importancia de los yacimientos de cinabrio de Almadén (alma' din, «la mina»), de las minas de plata de Murcia y Alhama, . de plomo en la región de Cabra. Los yacimientos de Río Tinto seguían produciendo abundante cobre, y en Constantina se extraía plata. La España califal fue sede de una importante industria de tejido de telas : objetos diversos, exportados al oriente mediterráneo en el siglo X desde Sevilla o a través del puerto de Almería, donde asimismo arribaban mercancías de lujo procedentes de Iraq o Bizancio con destino a Córdoba. Esa ndustria textil tenía su centro en talleres urbanos, lugar de trabajo de gentes agrupadas en gremios que con su nombre bautizaron las calles donde ivían. Fue famosa la fabricación de cueros en Córdoba (cordobanes), de ~jidos de lino en Zaragoza, de pieles en Chinchilla, o de telas de lana y seda en Córdoba, Almería y Málaga. Todos esos productos, junto a la ce:;ámica valenciana o las armas fabricadas en Toledo, habrían de ser requeridos por los reinos cristianos del norte, cuyos monarcas y gentes poderosas ambicionaron y poseyeron también las ricas alhajas y joyas fabricadas sobre oro y plata en la Córdoba del siglo X. La vida comercial cobró en consecuencia un ritmo estimulante, tanto en los intercambios internacionales mencionados, como en las compras y ventas interiores realizadas en el mercado o zoco. La expansión económica ruvo como base un sistema monetario que acuñaba dirhemes de plata, dinares de oro y piezas fraccionarias de cobre. Los dinares y dirhemes llevaban grabada una doble leyenda, alusiva a la creencia en Alá y a los títulos del monarca reinante. La moneda califal sufrió un proceso de devaluación y en los últimos tiempos los dirhemes fueron acuñados con bronce.

Minl!rín.

lntfu.
Comercio y

monedn.

284

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15 BIS. ESTADO Y ADMINISTRACION EN AL ANDALUS

El Estado M u sul m án A) CARACTERES GENERALES

El Estado musulmán representa a la comunidad político-religiosa re= da por el califa, sucesor de Mahoma e intérprete de la voluntad de Alá ~a su pueblo. Semejante concepción teocrática hubo de ajustarse a las ne:esidades propias de la expansión territorial, dando cabida a numerosas .:.nidades políticas independientes, los emiratos, cuyo jefe o emir quedó en o religioso bajo la autoridad del califa, director de la oración y supremo =uía de conciencia de la comunidad creyente. Desde la llegada de los musulmanes hasta mediados del siglo VIII, Al.-\.ndalus formó parte del Imperio islámico con capital en Damasco. Administrativamente dependió de la provincia del Magreb, cuya sede radicaba en Qayrawan (en el actual Túnez). El califa o las autoridades de la provincia africana designaron a los sucesivos gobernadores o valíes, quienes incluso fueron alguna vez elegidos por los propios invasores. Desde una perspectiva política hay que destacar lo efímero de su gestión -entre los años -26 y 732 hubo por ejemplo seis gobernadores-, su carácter dominante de efes militares, y la dependencia ostensible con respecto a la gran construcción imperial del califato Omeya organizado conforme al modelo sirio. La gran crisis del año 750, cuando es asesinado por los abbasíes el último califa omeya de Damasco, provoca graves consecuencias para el mundo musulmán en general y para Al-Andalus en concreto. El califato abbasí fue ordenado conforme a los patrones de una doble influencia, la persa y la bizantina, deudora ésta a su vez de la tradición imperial romana. Un omeya sin embargo, Abd al-Rahrnan I, logra huir y seis años después convierte a Al-Andalus en un ernirato. El y sus sucesores se titulan "hijos de califa" o "príncipes" (emires), son soberanos independientes y mantienen una ficticia supeditación a la supremacía religiosa del califa.

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AL-ANDALUS

La configuración efectiva de AI-Andalus como Estado independiente tuvo lugar en el reinado de Abd al-Rahman 11 (822-852). Los omeyas, expulsados de oriente, habían consolidado su poder en España, pero a la hora de organizar el Estado, Abd al-Rahman II trasplantó aquí el gran aparato de sus adversarios familiares del califato abbasí, apareciendo el Estado cordobés con lo que se ha llamado "fachada oriental". El monarca es el eje de todo el sistema político, establece la jerarquía de las magistraturas de gobierno, centraliza la administración y fortalece el ejército. Un siglo después se extingue la teórica dependencia religiosa al proclamarse Abd al-Rahman III califa o "príncipe de los creyentes". Cuando quiebra el califato cordobés, los pequeños Estados taifas mantuvieron su autonomía pese a establecer ciertas relaciones de subordinación hacia los abbasíes de Bagdag, y ello porque, corno ha mostrado Van Berchem, esos lazos fueron en realidad una expresión de fe religiosa y no llevaron consigo dependencia política. B) EL SOBERANO

1. Si.,·tt!mn rf~

.,·uc esián al trono.

Juramento de los .,;úbrfitos.

Designación y juramento

En el Estado islámico la sucesión al trono aparece regulada en teoría mediante una ambigua síntesis de principios electivos y hereditarios. Así ciertos textos del siglo XI, Los estatutos del gobierno de AI-Mawardi, refieren confusamente que al califato se accede por elección de quienes tienen el poder de "ligar y desligar", y por la designación del califa anterior. En la práctica predominó en la monarquía omeya el sistema hereditario, con lo que emires y califas nombraron en vida a aquéllos que habían de sucederles. Los altos dignatarios de la corte se limitarían al reconocimiento formal del heredero. En algunas ocasiones, sin embargo, esos personajes eligen al monarca en razón de acuerdos políticos o por medio de intrigas palaciegas. La primogenitura no se respetó entre los omeyas ni en los reinos de taifas, y sí en cambio en el gobierno de almorávides y almohades. La sucesión al trono fue irregular en la monarquía nazarí de Granada, donde adolescentes e incluso niños (Muhammad IV) obtuvieron la dignidad regia. Pese a las luchas civiles, los musulmanes granadinos mantuvieron hacia sus soberanos una notable fidelidad . Tras la proclamación del emir o califa, o también a raíz de la designación del futuro heredero al trono, tiene lugar el solemne juramento de fidelidad . La alta aristocracia lo presta directamente en el palacio real. A continuación , diversos delegados del monarca acuden a las mezquitas de la corte o de las ciudades más importantes, donde en su nombre reciben la obediencia del pueblo. Siguiendo ritos orientales, quien jura coloca su mano

ESTADO Y ADMINISTRACJON

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sobre la del receptor y pronuncia unas palabras cargadas de sentido religioso, alabando a Alá y a Mahoma, y evocando en algunos casos la lealtad y :>bediencia que dispensaron al Profeta sus propios compañeros. 2. Poder supremo El príncipe es un monarca autócrata que goza de plenos poderes. Es el supremo magistrado político, jefe del ejército, máxima autoridad finaniera, última instancia judicial y, en el caso de los califas, líder espiritual de comunidad creyente. No existen normas o instituciones !imitadoras de ese poder absoluto, si bien se entiende que su ejercicio ha de ajustarse a las eyes cuya observancia él mismo debe procurar. El príncipe islámico dirige en consecuencia la vida política, nombra embajadores y recibe altos lega:arios extranjeros, designa y separa a los miembros de la administración, manda los ejércitos en la guerra, proclama sentencias inapelables, acuña moneda y administra las finanzas públicas. El califa además preside personalmente la oración solemne de los viernes, en la cual él y sus títulos deben ;ie ser invocados. Es, en suma, el máximo jefe espiritual y temporal. Tales prerrogativas y facultades fueron ejercidas de ordinario en toda su amplitud. Excepcionalmente Almanzor, primer dignatario de la corte de Hisham II, aprovechó la debilidad del monarca para hacerse de hecho con el poder, si bien mantuvo el simulacro de respetar formalmente el supremo título religioso y la facultad del califa de promulgar, con el sello y rúbrica, los correspondientes decretos. 3. Conducta y símbolos regios Esa singular posición del soberano musulmán se corresponde con un cierto comportamiento público y con el uso de símbolos que expresan su soberanía. Excepto para los más próximos colaboradores, el emir o califa es un personaje inaccesible, que de ordinario no debe ser visto. Ello explica el desusado relieve de los relatos de aquellos embajadores extraordinarios que gozaron del privilegio de ser recibidos personalmente, e incluso la curiosa contraprestación de ciertos monarcas almohades al juramento de fidelidad de sus súbditos, prometiéndoles entre otras cosas "no ocultarse". El estilo cambió en el reino nazarí, cuyos soberanos se mostraron en cambo asequibles al pueblo, paseando incluso algunos de ellos, a pie o acaballo, por las calles de Granada. La insignia más significativa fue el llamado "sello real", o anillo de oro con el lema del monarca. Invariablemente limitado a una escueta invocación a Alá, esa misma leyenda figuró en los estandartes militares y en la or-

Apartamiento del rn/Jemno.

Sello real.

290

Elparmol y fo.t rnlores

reales.

Auditnrins.

AI,ANDALUS

la de telas fabricadas en los talleres regios. No fue usada en cambio la corona, que sí utilizaron los reyes cristianos de la misma época, cobrando cierto auge el empleo del turbante entre los monarcas nazaríes de los últimos siglos. Otro signo antiguo de la realeza, el parasol, utilizado por los abbasíes, debió ser introducido en España antes de la llegada de los almohades. Nos consta así cómo el cortejo que recibió a Yusuf I en Almería en el siglo XIV, se colocó bajo un palio de brocado sostenido por varas de madera de plátano. En los símbolos, paños y estandartes predominó el color preferido por las dinastías en el poder: blanco con los omeyas y rojo con los nazaríes granadinos. Hasta Abd al-Rahman III los soberanos musulmanes debieron celebrar las audiencias recostados a la usanza árabe. Así recibió aquel califa, según sabemos, al legado del emperador Otón el Grande. Esta costumbre cambió con su hijo y sucesor al-Hakam II, quien presidía las recepciones sentado en el trono, sosteniendo en la mano como cetro un largo báculo de bambú. 11. La Administración

Abd al-Rahman II fue el gran organizador del Estado musulmán, de acusado corte centralista al estilo de las monarquías orientales abbasí y bizantina. La administración quedó reglada bajo principios rígidamente jerárquicos, con un gran número de funcionarios elegidos o depuestos al mero arbitrio del soberano. Emires y califas en los primeros siglos, o reyezuelos de taifas en los siguientes, encabezaron una compleja estructura administrativa, dirigida por ellos mismos o por el primer ministro cuando lo hubo y disfrutó de cierta delegacion del poder. A)

ADMINISTRACION CENTRAL

Los servicios centrales de la administración radican en el palacio o residencia real, y se componen de un conjunto de organismos y dependencias denominado diwan. Los oficios fueron desempeñados por altos dignatarios, agrupados por orden de gradación e importancia en la nómina de cargos conocida como jutta. l. El vfairnro como dignidnd.

Los visires y el "hachib"

Los grandes magnates cortesanos recibieron el título de visir. Al principio fue infrecuente esa concesión, que aparece ya como habitual a fines del siglo IX. El tratamiento no constituía de por sí un oficio o cargo autónomo, sino que era una dignidad sobreañadida a altos empleos civiles o militares, lo que significó que quienes recibían tal título no abandonaran de ordinario su puesto, aunque ascendían en la jerarquía social y mejoraban

ESTADO Y ADMINISTRACION

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su situación económica por estar retribuido el visirato con un elevado sueldo. Avanzado el siglo XI el título de visir perdió importancia debido a la excesiva frecuencia con que fue otorgado. Se fortaleció en cambio en los reinos de taifas, cobrando relieve tanto el llamado visirato de espada, concedido a destacados jefes militares, como el visirato de pluma, que distinguía a poetas, escritores y hombres de letras. Las funciones del visir se proyectan a una triple vertiente de carácter administrativo, político y militar. El visir de espada se ocupa así de transmitir las órdenes del monarca y cuidar de su observancia, de distribuir los asuntos entre los funcionarios en razón de su competencia, o de llevar a cabo misiones bélicas al frente de unidades diversas. Los visires de pluma, a su vez, reelaboran en buen estilo literario las peticiones que los súbditos dirigen al soberano, y sobre todo redactan los diplomas reales y la correspondencia del monarca. En el reino nazarí de Granada los visires disfrutaron de una especial proximidad y confianza con el sultán. El más importante de los visires fue el hachib, chambelán o jefe de la casa civil del emir o califa, el cual en la época de Abd al-Rahman II aparece como un auténtico primer ministro. El hachib está directamente al frente de toda la administración, sustituye al soberano en las más altas cuestiones y despacha a diario con él. El nombramiento de hachib tuvo siempre lugar entre quienes ostentaron título de visires, lo que originó no pocas pugnas en el seno de ese círculo aristocrático para acceder al codiciado cargo. De todas formas, si el soberano quería designar primer ministro a cualquier otra persona, podía de hecho hacerlo elevándole antes a la dignidad del visirato. La suprema magistratura recayó a veces en familias de notable abolengo árabe, pero no fue infrecuente que eslavos poderosos accedieran a ella. Al disponer además de una pléyabe de agentes y espías, el hachib pudo dominar la vida política del reino y en la práctica incluso suplantar ocasionalmente al monarca. El caso de Almanzor, hachib de Hisham II, representa en la historia musulmana el abuso y la distorsión de un cargo que ya en sí mismo concentraba enorme poder. Buena prueba del prestigio político del hachib, fue el hecho de que varios soberanos de taifas declinaran llamarse reyes o sultanes para adoptar en cambio ese título. 2.

\.fsúrs "dusp(l(/n""

y de "pluma ··.

El "hnchib "".

Cancillerías, Consejo y oficio palatino

Del conjunto de servicios de la administración o diwan, el organismo más importante fue la Cancillería, dirigida por un visir con título de secretario de Estado. Hasta mediados del siglo X sus atribuciones fueron nume-

Cnncillen'n o Serreinrln de fatn do.

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El CnnJejn.

E/oficiodomisti<'o.

AL-ANDALUS

rosas. Abd al-Rahman III desdobló esa única dependencia, creando dos oficinas de la cancillería con sus oportunos servicios de inspección. Desde entonces cuatro visires se repartieron los asuntos de la Cancillería o Secretaría de Estado (kitaba). Dos de ellos tenían a su cargo el despacho de la correspondencia oficial -de los funcionarios de provincias y de los delegados de zonas fronterizas o puertos-, mientras el tercero velaba por la aplicación de los decretos del soberano y decisiones administrativas, y el cuarto atendía las reclamaciones de los súbditos. La relativa complejidad de esa cancillería omeya, donde proliferaron otros varios secretarios y personal subalterno, muchos de ellos judíos o mozárabes, debió simplificarse notoriamente en los reinos de taifas. Bajo la presidencia del soberano o del hachib, los diversos visires con funciones en la corte y la administración componen un Consejo de gobierno (maswar), que probablemente coordinó el conjunto de la acción político-administrativa del Estado. El servicio doméstico de la casa real quedó en manos de distintos oficiales palatinos, dirigidos por unos jefes seleccionados entre los eslavos que trabajaban en la corte. Los más importantes oficiales domésticos (fatas) se ocuparon del buen orden de la residencia regia, de su aprovisionamiento, de los talleres de orfebrería, depósitos de armas, etc. B)

ADMINISTRACION TERRITORIAL: LAS CORAS Y LOS VALIES

•

AI-Andalus comprendió inicialmente tres grandes distritos, central, oriental y occidental, cada uno de los cuales fue subdividido en provincias regidas por gobernadores o valíes, nombrados por el gobernador general de España en la primera etapa, y por los emires o califas con los Omeyas. Según Gayangos, el distrito central comprendió a las ciudades de Toledo, Córdoba, Granada, Málaga, Almería y Jaén. El oriental a Zaragoza, Valencia, Murcia, Cartagena y Albarracín. El occidental a Sevilla, Jerez, Gibraltar, Tarifa, Béjar, Badajoz, Mérida, Lisboa y Silves. Lapmvindn o "rora ".

La provincia o "cora" (kurah) fue una circunscripción geográficamente más reducida que la existente en la España hispano-goda, asemejándose en su dimensión a las antiguas diócesis eclesiásticas. Los relatos de viajeros y cronistas ofrecen un número muy variable decoras, que Lévi-Proven
ESTADO Y ADMINISTRACION

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domiro (por lo que fue conocida como "cora de Tudmir"), o de Valencia, cuyos límites alcanzaban la desembocadura del Ebro. Además de las provincias existieron tres regiones conocidas como ·'marcas": superior, media e inferior. Cada una (tagr) constaba de distritos fronterizos con la expansión cristiana, formando así, a diferencia de la demarcación civil de la provincia, la zona de guerra que permanecía bajo jurisdicción de un jefe militar (qa 'id). Las marcas desempeñaron en consecuencia un papel protector del Estado musulmán. Los gobernadores de las provincias, que de ordinario residen en la alcazaba de las capitales respectivas, figuran el frente de los departamentos de la administración territorial, organizados, en un nivel modesto, a semeJanza del sistema de Córdoba. Hay así una secretaría para la correspondencia oficial, oficinas financieras y de reclutamiento, y un conjunto de despachos ubicados en el propio palacio del valí. Los gobernadores quedaron sometidos a la fiscalización de las autoridades centrales, motivada a menudo por quejas y protestas de los súbditos. Nombrados con carácter indefinido, solían ser sin embargo relevados del cargo con notable facilidad. Quienes permanecieron en él cierto tiempo, a veces por regir provincias alejadas y de más difícil control, se convirtieron en poderosos autócratas y dueños de tierras y riquezas. Mucho más si, como excepcionalmente sucedió, una misma persona lograba reunir el gobierno de dos caras distintas. Fue así notable el caso de cierto personaje, Abd al-Malik ibn Shuhaid, quien bajo la dictadura de Almanzor rigió durante nueve años las provincias de Valencia y Murcia, llegando a ser una especie de virrey de todo Levante. C)

Lns "marras ".

Los vnlíex.

ADMINISTRACION LOCAL

La mayor parte de las ciudades de la España musulmana existían antes y conservaron en AI-Andalus sus propios nombres, ligeramente alterados a veces por la transcripción árabe (Osca, Washqa, Huesca). Hubo otras bautizadas con términos de carácter descriptivo (al-Mariya, "torre del vigía", Almería), con el nombre del presunto o seguro fundador de la ciudad (Madinat Salim, Medinaceli), o con el de las familias poderosas que allí habitaban (Banu Qasim, Benicásim). Extinguida la organización municipal de los siglos anteriores, la ciudad musulmana fue regida por un prefecto o zalmedina (sahib al-madinah), entre cuyos muchos poderes destaca la función de policía y vigilancia del orden público. Bajo su mandato, una serie de guardias custodian el pacífico desenvolvimiento de la vida diaria en el marco habitual de la urbe: el barrio central con la mezquita mayor, las grandes vías de acceso y el dédalo

Ciutfntfe.< musulmana\·.

El wlmetfinn.

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Elwbnwque.

AL-ANDALUS

de callejuelas (zuqaq) donde se practica el comercio y que a su vez tienen como centro otras mezquitas menores. Importante autoridad ciudadana era también el inspector del mercado o zabazoque (sahib al-suq), quien actuaba con notable autonomía aunque teóricamente dependiera del prefecto o del juez de la ciudad. El zabazoque controlaba el correcto uso de pesos y medidas, la adecuada calidad de las mercancías y sus precios, así como el buen estado de las mezquitas y vías urbanas. Podía imponer multas, expulsar o azotar a delincuentes, e incluso dictar sentencia en el escenario del crimen. 111. Justicia, Hacienda y Ejército A) ORGANIZACION JUDICIAL

La función judicial, cargada de contenido religioso, gozó de enorme prestigio en la España musulmana. El califa es el supremo juez de la comunidad creyente y delega su función en los jueces ordinarios o cadíes. La dignidad consiguiente al hecho de dictar justicia se refleja en muy diversos textos de la época. Un célebre cadí malagueño, Al-Nubahi, autor de una historia de los jueces de Al-Andalus desde la conquista hasta el siglo XIV, escribió en el capítulo primero de su obra: "La función del juez es en sí, dentro del conjunto de funciones, una de las más brillantes, pues Dios --ensalzado sea- ha dignificado el rango de los jueces y les ha concedido la facultad de intervenir en los asuntos de las gentes juzgando sobre los delitos de sangre, los contratos matrimoniales y los derechos patrimoniales, sobre lo permitido y sobre lo prohibido. Ella fue función de profetas, y después de ellos de califas, pues no hay en el mundo después del califato función más noble que la judicatura" (Historia de los jueces, ed. Lalinde JUrss , 694) .

1. El gran cadí de Córdoba y los cadíes provinciales El gmn cnd(.

El gran cadí de la capital recibe directamente del emir o califa la capacidad y facultades de juzgar, que él a su vez transmite a los jueces inferiores. Con el título de "juez de la comunidad", el cadí cordobés fue elegido por el soberano, quien desde luego podía destituirle, aunque en tales casos el juez solía presentar su dimisión que le era aceptada. De ordinario los monarcas nombraron cadíes de Córdoba a gentes prominentes de estirpe árabe, pero no faltó también entre ellos algún liberto. La suprema magistratura judicial fue copiada por los reinos formados con la descomposición del califato. Los reyes nazaríes de Granada designaron muchas veces como "juez de la comunidad" a quien antes había desempeñado la magistratura judicial en provincias y territorios.

ESTADO Y ADMINISTRACION

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Los cadíes provinciales actuaron por delegación del califa a través .... gran cadí de Córdoba, pero ello no significó en principio que existiena estructura jerarquizada y que el cadí de la capital pudiera desig,. a sus colegas de las coras. A partir del siglo XI aquél recibió el título - ··cadí de los cadíes" (qadi al-qudat), lo que probablemente tampoco uso que disfrutara de una autoridad especial sobre los jueces provines. En cada capital de las caras y de las marcas fronterizas tuvo su sede el í provincial, cuya competencia fue muy semejante en su circunscrip. ·n a la del gran cadí en todo el reino. Este y aquéllos administraron jus_;a con el concurso de un consejo de juristas llamado shura. Los juristas wiuftíes asesoraron al juez con sus dictámenes o fatwas.

C{ll/fes prr,-

vincinleJ.

2. Los jueces especiales

Además de la jurisdicción general del gran cadí y jueces provinciales, pletada a veces por magistrados adjuntos e inferiores en los pequeños - ~ leos urbanos, existieron en España algunas jurisdicciones especiales. ~- as revisten escasa significación religiosa y aparecen en cambio como ' próximas a la esfera propiamente gubernativa. La más importai:ite fue la del "señor de las injusticias" (sahib al-maza), alto magistrado que por delegación del soberano atendía las quejas -:! los particulares en casos de violación de derechos, abusos de funcio:irios o cualquier tipo de extralimitación del poder. La actividad de ese señor de las injusticias" es apreciable en el siglo X e inicios del XI. Pos·:!riormente los reyes de taifas debieron asumir personalmente tal función. menos, los sultanes nazaríes celebraban audiencias públicas en las ~Je los ciudadanos podían manifestar sus protestas y solicitar la oportu:i reparación. En las ciudades el zalmedina juzgó acerca de la infracción de las or.:enanzas del príncipe, ejerciendo facultades disciplinarias. Mayor al.. JDce real tuvo la intervención de zabazoque, magistrado que según . irnos dispuso de amplias facultades en lo relativo a policía ciudadana y .:ontrol de mercados, con capacidad para dirimir los conflictos propios de -u competencia. A partir del siglo X, ese "señor del zoco" llamado ya al~otacén (al-muhtasib), se convertirá en un personaje clave de la vida urbaa islámica de la Baja Edad Media. El dictar sentencia sobre cuestiones militares, finalmente, correspondió ..orno de costumbre a una autoridad distinta. En este caso a un cadí especial, competente en esos conflictos castrenses.

El "señor de In.~ injusticias"

7.almedinn y znbnwquefl nlmmncén .

El juez militnr.

296

AL-ANDALUS

B) ORGANIZACION FINANCIERA

l.

Te.wiro púú/i('() y " tfiwan" .

Tesoro privndo tfe/ rey.

Te." 1mtfe/a romunitfatf.

Hm·ientfn µrovincinl.

S1tuarirín tfe la Ha cienda.

La Hacienda de Al-Andalus: servicios y situación general

La administración hacendística de AI-Andalus fue fruto del influjo de concepciones orientales. Elemental al principio, se tomó más compleja al consolidarse el Estado omeya, conforme tuvo lugar la lógica multiplicación de ingresos y gastos. Unos y otros fueron controlados desde el tesoro público, independiente no sólo del privado del monarca, sino también del llamado tesoro de la comunidad. El cuidado y administración del tesoro público correspondió a un alto organismo o diwan de Hacienda, dirigido por un visir como "secretario de ingresos y gastos". Con él colaboraron diversos funcionarios o tesoreros cinco en la época de Abd al-Rahman III- pertenecientes a la aristocracia árabe, auxiliados a su vez por un numeroso personal mozárabe o judío. El tesoro particular del soberano se formó con sus rentas patrimoniales y los ingresos públicos que legalmente le fueron adscritos. Entre estos últimos destaca cierto impuesto sobre las transacciones mercantiles (zakat alsuq), el cual, según los cronistas de la época, contribuyó decisivamente al enriquecimiento de Abd al-Rahman III. El tesoro de la comunidad era de carácter acusadamente religioso. Se conservó en una dependencia de la mezquita mayor y fue administrado bajo la supervisión del cadí. Constituido por aportaciones piadosas, debía aplicarse a las llamadas "obras de utilidad pública" entendiéndose por tales la ayuda a los pobres, el sostenimiento de las mezquitas y su personal, e incluso el apoyo financiero a las campañas militares propias de la guerra santa. En coordinación con los máximos órganos centrales del tesoro público, correspondió a los valíes la recaudación de los impuestos en provincias, tarea que ejecutaron una serie de funcionarios fiscales. Tras allegar el total de ingresos y liquidar los gastos habidos, el gobernador remite el sobrante para su ingreso en el tesoro público. La situación financiera de la España musulmana osi;iló entre períodos de alza y prosperidad, y otros de extrema depresión. Las alternativas bélicas de la Reconquista, junto a problemas sociales de orden interno, aparecen como factores determinantes del estado de la hacienda cordobesa y más tarde de la propia de los diversos reinos de taifas. La renta anual con al-Hakam fue de 600.000 dinares, llegó al millón en el reinado de Abd alRahman II, y alcanzó su cénit con 5.480.000 bajo el gobierno del primer califa Abd al-Rahman III. La caída y depresión episódicas en ese largo período de signo general alcista, se convirtieron en endémicas con el caos po-

ESTADO Y ADMINISTRACION

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'tico del siglo XI. El Estado no pudo ya mantener un adecuado ejército, -aeció el derrumbamiento económico y el Islam español dejó de existir ·orno entidad política unitaria. 2. Los impuestos

Los recursos públicos proceden de los llamados "impuestos legales", de .uácter ordinario, y de diversas tasas exigidas de forma extraordinaria cuya cuantía fue variable. De otra parte, al igual que en el resto del munislámico, el Estado de Al-Andalus requirió tanto la contribución finanera de los creyentes musulmanes, como la de quienes, siendo judíos o .stianos, formaban también como protegidos parte de él. El impuesto ordinario de los musulmanes fue la "limosna legal" (sada- 1, consistente en una décima parte de los bienes muebles e inmuebles ticos. Este diezmo que gravó mercancías, cosechas y rebaños, podía ser tisfecho en especie. Los impuestos extraordinarios (magarim) revisten ~ stinta naturaleza: una tasa de capitación en ciertas épocas que se cobró nsualmente; cierta gabela especial sobre las bestias de carga, ganados y ~ lmenas; y un gravamen llamado qabala, aplicado en proporción de su lora las ventas que tenían lugar en el zoco. A todo ello habría que añadir quinta parte del botín de guerra Uums) en la etapa de la conquista, así ~ rno los ingresos provenientes de herencias vacantes o de los monopolios -.:.el príncipe. Sobre este panorama cabe señalar que las exacciones extraor::marias fueron siempre acogidas con hostilidad o descontento, formando ;,arte su reducción de la política de algunos reyes -como al-Hakam II-i e pretendieron atraerse al pueblo. Cristianos y judíos pagaron un doble impuesto: el personal o chizya y el :.erritorial o jarach. Aquél se correspondía en cierto modo con el diezmo de os musulmanes. Este gravaba los fundos según un porcentaje estimado J.Dualmente, y que el poseedor seguía abonando incluso en el caso de con, ertirse al islamismo. C) ORGANIZACION MILITAR

El Islam español vivió en estado de guerra buena parte de su historia. Tras la ocupación militar de la Península, durante siglos y siglos se sucedieron las pugnas casi constantes de la Reconquista, así como no pocas discordias internas. Ello explica la importancia del ejército en Al-Andalus. Al concluir la conquista llevada a cabo por huestes de árabes, bereberes y chundís sirios, los efectivos bélicos hubieron de ser adaptados a

lmpueJ/11.r de musulmnne.,·.

298 Organiuwüln de AI-Haknm l.

Tropas n,gulares.

Tmpa.,tfe mtrr:enarios y voluntarios.

R,Jonna tfeAlmanwr.

La, aceifm y .,·ufinanriaritín.

El "ribnt".

AL-ANDALUS

las necesidades del ejército regular del emirato. Habrá que aguardar no obstante a los primeros años del siglo X, para asistir a la gran organización del aparato militar realizada por al-Hakam I, que en muchos aspectos fue modificada por Almanzor a fines de la misma centuria. El ejército musulmán se ordena en base a tres sectores principales. En primer lugar, las milicias de los creyentes, obligados a la prestación del servicio de armas. Entre ellos destacan los árabes de origen sirio, debido a que los contingentes invasores de esa procedencia quedaron instalados en zonas militares y asumieron una específica obligación castrense a cambio de los beneficios en iqtá que recibían. Por otra parte las tropas de mercenarios, sistemáticamente reclutadas por al-Hakam I, aunque ya antes algunos extranjeros habían militado a sueldo en los ejércitos islámicos. Finalmente las huestes de "voluntarios de guerra santa", es decir, los musulmanes piadosos y bélicos que a fin de cumplir al menos una vez en la vida con esa obligación religiosa, se alistaban espontáneamente para combatir al infiel. Con carácter marginal, hay que mencionar también a los jinetes e infantes de condición servil y origen diverso -gallegos, francos y eslavos- que formaron la guardia palatina del monarca. Al consolidarse el califato se incrementó el reclutamiento de gentes norteafricanas. Al-Hakam II dispuso así de una caballería bereber. Con Almanzor la incorporación masiva de estas tropas sirvió tanto al objetivo bélico de la lucha contra los cristianos, como al propósito político de reducir la influencia castrense de la aristocracia árabe. Almanzor transformó además la estructura militar, cuyas huestes árabes procedían de los mismos grupos étnicos y tribales, organizando unidades mixtas con jefes y soldados de origen diverso. Mediante ese procedimiento deshizo la peligrosa homogeneidad de posibles grupos disidentes, atrayendo un nuevo flujo de combatientes magrebíes. Como supremo jefe del ejército, el soberano convoca al ejército y en ocasiones lo dirige en persona. Las expediciones contra los cristianos tenían lugar normalmente en verano y fueron conocidas con el nombre de "aceifas". Al iniciarse el estío debía estar disponible el presupuesto militar, integrado por parte de los ingresos del impuesto directo -así por ejemplo, un tercio al menos deljarach que aportaban cristianos y judíos se aplicaba a gastos bélicos-, y por los capítulos específicamente destinados al sostenimiento de tropas. Las expediciones concluían cuando habían cumplido su propósito, sin perjuicio del mantenimiento de tropas de vigilancia y fronteras. De esta misión se ocuparon en ocasiones las milicias de voluntarios, al·gunos de cuyos componentes permanecían en fortalezas y castillos estratégicos (rabita), combinando los ejercicios militares con prácticas ascéticas y piadosas.

ESTADO Y ADM!NISTRACION

299

La marina de guerra fue organizada por Abd al-Rahman III como resa la amenaza de filibusteros escandinavos y, sobre todo, a los peliy provocaciones del norte de Africa. Bajo el primer califa cordobés, marina omeya contó ya con doscientos navíos, donde se diferenciaba el onal marinero del militar. Los reyes taifas del Atlántico y Mediterrámantuvieron a escala reducida esa marina de guerra, que con los almo, 1des pasó a manos africanas y llegó a enfrentarse en el Mediterráneo a pretensiones imperialistas de las repúblicas italianas. -"Sta

Marinad~ guerra.

300

AL-ANDALUS

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VI. LA ESPAÑA CRISTIANA MEDIEVAL

305

16. RECONQUISTA, REPOBLACION Y REGIMEN SEÑORIAL

l. El marco político de la Reconquista

A mediados del siglo VIII la Cristiandad occidental parecía en trance de extinción. El mundo islámico ocupa la Península Ibérica y se extiende por los territorios del sur de las Galias, mientras hispano-godos, francos y lombardos ven derrumbarse sus estructuras políticas, y la Iglesia sobrevive penosamente en la nueva situación. Sin embargo en la segunda mitad de esa centuria, la aristocracia franca, el Papado y los restos activos de la hecatombe musulmana, construyen el frente común del Estado carolingio. Se define así una conciencia de Europa frente al Islam, y por vez primera un cronista español llamará "europeos" (europenses) a quienes forman parte de las tropas de Carlos Martel que logran detener el avance musulmán. España ha sido prácticamente ocupada, pero en la cordillera cántabra quedan unas comarcas al este de Asturias y en Santander que, de hecho, permanecen fuera del control musulmán. Su peculiar idiosincrasia, situación estratégica y tardía romanización explican el protagonismo de ese primer núcleo de resistencia al que se acogen cuantos, huyendo de los musulmanes, buscan refugio en las tierras del norte. Tras la batalla de Covadonga, magnificada por la leyenda cristiana y que para los musulmanes de entonces debió ser un pequeño contratiempo casi desapercibido, se constituye con Alfonso I un Estado cristiano que inicia la Reconquista. En las crónicas cristianas la batalla de Covadonga era datada en el 718, pero tras el análisis de algunas fuentes árabes por Sánchez Albornoz, la generalidad de los autores admitieron la fecha propuesta por él de 722. Recientemente, en base a lo que afirman otros textos árabes (estudiados por Barrau-Dihigo) y por otras razones, los especialistas Montenegro y Del Castillo se han adherido a la vieja datación. Estos profesores, además. han mostrado buenas razones para defender que la rebelión de Pela yo no sublevó a un pueblo marginal y montaraz de astures, sino a los habitantes del ducado visigodo Asturiense.

Bajo el gobierno de Alfonso II (791-842), la corte queda fijada en Oviedo, configurándose un reino astur que intenta recuperar la tradición del Estado hispano-godo y que aparece como oponente desigual del Estado

Reino nstur-leoni.,·.

306

Cntaluñn.

Arngón.

Navarra.

ESPAÑA MEDIEVAL

omeya. Podemos hablar así ya del Al-Andalus musulmán de Córdoba y del reino cristiano-astur de Oviedo. Con el avance de la Reconquista, la capital se traslada a León. La gran comarca oriental del reino asturleonés, Castilla, es una región diferenciada cuya progresiva expansión en el siglo IX la lleva a orillas del Duero. El condado castellano, que alcanza su apogeo con Femán González a mediados del siglo X, se convierte Juego en reino. Desde el año 1037, el reino de León quedó unido al de Castilla. Tras algunas alternativas en que ambos fueron regidos por príncipes distintos, el Estado castellanoleonés tendrá ya desde 1230 un monarca común y se habrá convertido en el protagonista principal de la Reconquista. La antigua capital visigoda, Toledo, fue conquistada en 1085, ocupando Castilla la zona del Tajo y llegando por el oriente hasta Valencia. La definitiva consolidación del reino castellano-leonés tiene por otra parte lugar escasos años después de que la batalla de las Navas de Tolosa consagre la superioridad de la España cristiana sobre la musulmana. Los territorios del Pirineo oriental formaron una zona militar, la Marca Hispánica, dependiente del Imperio franco. Los vínculos de los condados catalanes con el Estado carlovingio fueron cada vez más tenues, y ello tanto por la debilidad de los sucesores de Carlomagno, como debido a la organización allí de un régimen feudal que facilitó la progresiva autonomía de los condes catalanes, uno de los cuales, Vifredo el Velloso, se impone a los restantes asegurando la independencia y el predominio futuro del condado de Barcelona. La zona alta de los ríos Aragón, Gállego y Cinca formó a su vez un condado, convertido en reino el año 1035. Ese reino de Aragón, cuyos soberanos lo fueron también ocasionalmente de Navarra, desciende hacia la llanura y a principios del siglo XII ocupa el valle del Ebro. En 1137 acaece la unión del reino aragonés y del principado catalán, con lo que se sientan las bases de una Corona de Aragón compuesta por esas unidades políticas y por los reinos de Valencia y Mallorca. Tal estructura de gobierno, basada en la diferenciación y autonomía de sus partes componentes, habría de revelarse como fórmula en extremo original y fructífera no sólo para el expansionismo catalanoaragonés en la Península, sino también para las futuras anexiones territoriales del Mediterráneo. En el sector occidental del Pirineo, Pamplona era en el siglo IX cabeza de un reino que más tarde habría de expansionarse hasta la Rioja y las riberas del Ebro. En los primeros años del siglo XI y bajo la dirección de un gran monarca, Sancho III el Mayor, el reino de Navarra se empeña en una ambiciosa empresa política: ocupa los territorios del este y llega a comprometer políticamente al conde de Barcelona; domina el ducado de Gascuña al otro lado del Pirineo; se extiende hacia occidente

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por Vascongadas y logra en fin el gobierno de Castilla. El poderoso imperio navarro se desintegrará con el reparto de la herencia del monarca, y el reino de Pamplona seguirá en las centurias posteriores una trayectoria peculiar marcada durante tiempo por el signo francés de sus reyes y por complejas luchas dinásticas. En el siglo XIII la España cristiana es la España de los cinco reinos: León, Castilla, Aragón-Cataluña, Navarra y Portugal. Ahora bien ¿existió por encima de las unidades políticas separadas una conciencia de España como totalidad?. De ser así, ¿cómo explicar los fraccionamientos sucesorios que t;rn directamente atentaron contra el proceso integrador y la solidaridad cristiana de la Reconquista?. José Antonio Maravall ha estudiado úcidamente esos problemas de la divisio regnorum. Crónicas y cronistas se lamentan desde luego de las particiones: Alfonso Vll habría dividido León y Castilla entre sus hijos, "permitiéndolo Dios a causa de los pecados de los hombres" (permittente Deo propter peccata hominum); el autor de . 1 Primera Crónica General atribuye directamente a ese sistema el retraso en concluir la Reconquista: "el danno que vino en ella por partir los regos, porque se non pudo cobrar tan aína". Pese a las divisiones, existe una ~onciencia de unidad en lo que se llama Regnum Hispaniae. En suma, el pluralismo de reinos y reyes, tal vez no querido pero sí aceptado, es com?atible con ese sentimiento de identidad más profunda.

ur "é.lpañn de los dnro rrino.r ".

Conreptode "E."ipnña " en ,n

Edad Media.

"En cambio subsiste fuertemente la conciencia de España, con absoluta independencia de que un rey o varios reyes puedan existir o no existir en el espacio de la misma. La independencia del sentimiento unitario de España respecto a que exista o no una unidad de poder político es un hecho peculiar de nuestra historia, y tal vez sólo en Italia se produzca algo parecido" (EL concepto de España en la Edad Media, 366).

En el tramo final de la Reconquista, la España de los cinco reinos cristaliza en la España de las dos coronas. Unidos León y Castilla, y operando al margen Portugal que llegará a constituir un Estado autónomo, las coronas de Castilla y Aragón asumen el liderazgo peninsular en las postrimerías de la Edad Media. Con el reinado de los Reyes Católicos, ambas coronas se unen, tiene lugar la incorporación de Navarra y concluye la Reconquista con la rendición del último reino musulmán de Granada. La Península queda como un territorio binacional. D. La Repoblaci6n y sus consecuencias A) DESPOBLACION Y REPOBLACION

La Reconquista se realiza mediante la repoblación de los territorios recuperados al Islam. Esa repoblación presupone la previa "despoblación" de

Comnmde Castilla y Amgón.

308

u, d,.,poblnri1ín relttlivn: tesi.,· de Menb1d,t. Pidnl.

ESPAÑA MEDIEVAL

aquello que se trata de "repoblar" y puede ser interpretada en un doble sentido. Refiriéndonos a la expansión castellano-leonesa en el valle del Duero, zona que representa el paradigma de la actividad repobladora, se ha entendido, de un lado, que allí tuvo lugar un auténtico colapso demográfico, que convirtió a esos territorios en un gigantesco yermo donde los cristianos procedieron a asentarse. Desde otras perspectivas, se ha limitado la llamada "despoblación" al hundimiento de la organización administrativa y municipal, al empobrecimiento económico y a una reducción de la población, apreciable pero no absoluta. Esta segunda y más ecléctica "despoblación" fue la aceptada por Menéndez Pidal, quien en cambio rechazó la radical desaparición de las gentes que antes poblaban esa franja de la meseta castellana. Para Menéndez Pidal el término "poblar", el populantur que las crónicas utilizan, no significa tan sólo la posible acción de asentarse unos nuevos ocupantes en lugares desérticos, sino que corresponde también a la actividad propia de quienes reorganizan los distritos y localidades habitadas que caen en su poder. El ilustre maestro arguyó al respecto la improbabilidad de que las campañas de los reyes cristianos -singularmente las de Alfonso 1- hubieran constituido por su regular fuerza auténticas expediciones de exterminio, defendiendo en fin una relativa y restringida repoblación en base a que las huellas toponímicas sólo denuncian cierta mínima presencia de nuevos pobladores, lo que hace sobreentender la persistencia de los antiguos habitantes: " El hecho de que en esta vasta cuenca del Duero algunos poblados, todos ellos lugarcillos de muy escaso vecindario, se llaman Gallegos unos 24, Castellanos otras dos docenas, Ba1·cones algunos menos y muchos menos Mowrabes, Berc:iano.1·y Ast11riano.1· quiere decir que éstos eran únicamente las gentes venidas de afuera en grupos compactos y que los cientos y los cientos de otros lugarcillos enlre los cuales se hallaban esas pocas docenas, eran gentes originarias de la tierra repoblada" (Repoblación y tradición en la cuenca del Duero, 48).

u, de.l'pob/{l(üín nb.w lutn : te.l'i.< d, SánC'hez Albomo:.

La despoblación del valle del Duero en su más amplio y riguroso sentido, y el hecho de que los cristianos se vieran obligados a repoblar lo que no era más que un páramo vacío, fueron en cambio aceptados con carácter más o menos marginal por otros historiadores. Tal fue el caso del portugués Herculano, al estudiar el desarrollo medieval de su país; el del francés Barrau-Dihigo con ocasión de ocuparse de los orígenes del reino de Asturias, o el del español Pérez de Urbe} al describir la formación del condado de Castilla. Todos ellos quedan sin embargo en segundo plano al tratar esta cuestión, ante la beligerancia científica de don Claudio Sánchez Albornoz, para quien la despoblación del valle del Duero constituye la clave básica no ya sólo de lo que pasó en aquellos territorios en los siglos altomedievales, sino también de su interpre-

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tación del futuro de Castilla e incluso en cierta medida de la peculiar fisonomía de la historia española. La tesis en cuestión fue ya abordada por Sánchez Albornoz en su gran obra de síntesis, España, un enigma histórico. Posteriormente, movido quizás por el desacuerdo de Menéndez Pidal. volvió sobre ella con un clásico y convincente libro: Delpoblacitín y repoblación del valle del Duero. La interpretación de Sánchez Albornoz ha obtenido un reconocimiento general y suele fundamentar cuanto hoy se dice sobre los problemas de la repoblación. De todas formas, no conviene radicalizar el postulado previo de la "despoblación". La tesis de Menéndez Pidal, refrendada por Reinhart al sostener la tradición visigoda en los orígenes de Castilla, ha sido también objeto de apoyos desde la perspectiva de la investigación arqueológica. A su vez, en fechas recientes y con ocasión de estudiar los orígenes de la Reconquista, la profesora Julia Montenegro se ha adherido a la tesis de Menéndez Pida(, estimando que el trasvase de población desde la Meseta a los reductos norteños , no debió afectar a un número significativo de personas .

La práctica despoblación del valle del Duero fue debida a diversas causas concurrentes. De una parte a las propias campañas árabes, que provocaron la huida o el abandono de los primitivos pobladores. De otra, a la rebelión de los bereberes del norte en el siglo VIII, por cuanto ellos, abandonando las tierras que ocupaban en Galicia, marcharon hacia el sur provocando la devastación y el saqueo. Finalmente y de modo principal, a las campañas del rey cristiano Alfonso I, quien rescató para su reino a los mozárabes hallados en esos territorios. Incluso al hecho mismo de las epidemias y años de hambre coincidentes, en la mitad del siglo VIII, con el reinado de ese monarca astur. Todo ello habría dado lugar a que la amplia zona del Duero, divisoria entre Al-Andalus y la pequeña monarquía de Oviedo, quedara de hecho asolada. Sánchez Albornoz, dirigiéndose a Menéndez Pida) lo comenta así: "No, querido y admirado don Ramón, no existe un testimonio seguro de que entre las campañas del primer Alfonso y la repoblación del siglo IX en adelante permanecieran masas de población cristiana en la zona yerma que se extendía entre las fronteras del reino de Oviedo y del emirato de Córdoba; ni de que permanecieran luego en las llanuras de la orilla izquierda del Duero antes de su colonización tras la conquista de Toledo. Con excepción en los dos casos -lo reconozco-- de su posible perduración en algunos cerrados y excéntricos rincones de las serranías. No, no existen testimonios seguros de que quedaran con vida ninguna de las civitates, castra, villas, vicos de las planicies del Duero, ni de que se conservaran en ellas núcleos urbanos que pudieran servir de bulbos para la resurrección de las ciudades, los castillos, las villas, las aldeas . Poseemos en cambio numerosos textos de cómo las repoblaciones se hicieron sobre centros urbanos arrasados y desiertos o sobre campos yermos" (De.vpoblación y repoblación del valle del Duero, 187).

Ca11saxde/ rnlnp.Yo demo-

11ráfiro.

310

ESPAÑA MEDIEVAL

B) CLASES DE REPOBLACION

La repoblación fue en principio consecuencia de la actividad expansiva de los núcleos de resistencia, y más adelante de las conquistas a gran escala de los reinos cristianos. En este proceso la monarquía astur desempeñó un papel de vanguardia, seguida luego por las unidades políticas pirenaicas en sus respectivos ámbitos de acción, y en último término por los condados y reinos subsiguientes que llevan a cabo una repoblación más compleja que incorpora nuevos territorios y ciudades. Se trata así de un dilatado fenómeno, cuyo estudio suele ser abordado por los autores, bien a base de distinguir las diversas áreas geográficas, para analizar por separado cada una de ellas, o bien clasificando en el tiempo los distintos tipos de repoblación a fin de atender las particularidades de cada una de las etapas. Desde que Sánchez Albornoz trató estas cuestiones delimitando en el mismo valle del Duero cuatro zonas distintas -tierras galaico-portuguesas, leonesas, Castilla condal y las "Extremaduras" (tierras más allá del Duero)- ha sido frecuente parcelar el análisis de la repoblación en esos y otros territorios de la España peninsular e insular. Es posible, en cambio, destacar unos rasgos generales de la repoblación, señalando en ellos las alternativas que el transcurso de la Reconquista llevó consigo. A este respecto se ha situado en la mitad del siglo XI la vertiente divisoria entre una primitiva repoblación de zonas yermas, y otra ulterior de tierras ricas y ciudades reconquistadas. Estas dos grandes etapas, sucesivas en el tiempo, se corresponden geográficamente en términos generales con la repoblación practicada al norte y sur de la Meseta, siendo la conquista de Toledo (1085) su más significativo hito diferenciador. En la primera hay que distinguir a su vez la repoblación de carácter oficial, es decir, la dirigida por reyes y condes, de aquella otra estrictamente particular y privada. En la segunda destaca la repoblación concejil y la llevada a cabo por las Ordenes Militares. 1. La repoblación primitiva del norte de la Meseta La amplia franja del norte quedó devastada por las incursiones y campañas militares de musulmanes y cristianos. En ese inmenso yermo creció el reino asturleonés, repoblándose por el occidente la baja Galicia y el norte de Portugal, y por el oriente las comarcas de la Rioja y Burgos donde tuvo lugar el nacimiento de Castilla. El Duero es en el siglo X la frontera con AI-Andalus, y la acción colonizadora se proyecta sobre la ribera superior en tierras de Toro, Zamora y Sahagún.

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- Repoblación oficial La repoblación oficial fue dirigida por el propio monarca o por los condes que estaban al frente de los distritos territoriales. En todo caso se efecmó por orden del rey (per iussionem regis), mediante cierta planificación de la tarea colonizadora y el acompañamiento de determinadas solemnidades y ceremonias. Dirigidos por quienes estuvieran al frente de la expedición, los repoladores llegaban a su destino y ocupaban los campos, mientras era alzado el estandarte regio como símbolo de la nueva autoridad. Con el eparto de tierras y el señalamiento o fortificación de los límites, queda acotado el lugar, cuya ordenación jurídica se plasma en una carta puebla o carta de población, texto que recoge el derecho, privilegios y exenciones de los nuevos pobladores.

- Repoblación privada Junto a la actividad colonizadora promovida por las autoridades, surgió otra espontánea y popular, fruto del dinamismo de la propia sociedad. Ambiciones espirituales, necesidades económicas o impulsos de superar el terruño localista y asegurar nuevos horizontes, empujaron a las gentes a abandonar su antiguo solar para establecerse en inéditos lugares. Carente de tutela oficial, esa repoblación privada fue estrictamente familiar e inorgánica, o se realizó al amparo de las pequeñas iglesias y monasterios fundados en tierra de nadie. En el primer caso, una o varias familias se instalaban en el yermo, ocupaban y roturaban la tierra, construyendo Juego las casas hasta formar una aldea cuyo nombre recordará la ascendencia de sus primitivos fundadores (Villagallegos, Villavascones, etc.). La repoblación monástica cobró a su vez extraordinario auge. Alrededor de iglesias y monasterios, muchas gentes habrían ocupado las tierras, constituyendo pequeños núcleos de población bajo el patrocinio espiritual de la iglesia que les dio acogida. Clérigos y monjes se erigieron así en dirigentes e impulsores de una actividad repobladora de signo eminentemente religioso. Linage Conde ha hablado no sin razón de la "fabulosamente alta densidad monástica" de aquellas primer~s células colonizadoras. 2. La repoblación en la zona sur

Desde mediados del siglo XI la acción repobladora alcanza la Castilla meridional, el valle del Guadalquivir, la nueva Cataluña-es decir, la zona de Tarragona y la cuenca del Segre-, el valle del Ebro, Levante y el sur de

Rtpoúlación familiar y monáJtif'n.

312

ESPAÑA MEDIEVAL

Portugal. Al compás de los éxitos militares, la repoblación se plantea ahora con arreglo a nuevas necesidades. Ya no se trata de ocupar páramos sino de integrar zonas pobladas y asegurar el efectivo dominio en las ciudades que se conquistan. Por medio de minorías cristianas debe mantenerse el control sobre las importantes urbes -Toledo, Zaragoza, Tarragonarescatadas a la España musulmana. Ello tiene además lugar en zonas económicamente prósperas, coincidiendo con un alza demográfica que los reyes propician atrayendo francos, es decir, gentes del otro lado de los Pirineos.

- Papel de los concejos y de las Ordenes Militares Ctmrejns y

fuero., .

Ordene., Mi/1 ltlrfS.

Las ciudades y villas medievales fueron agentes decisivos en la colonización de los territorios circundantes. Los concejos de localidades situadas entre el Duero y el Tajo organizaron los asentamientos de población en sus dilatados alfoces, partiendo la tierra entre vecinos y nuevos pobladores. Las elementales cartas pueblas dan paso ajueros más amplios, cuyo otorgamiento resulta también un poderoso reclamo para quienes allí quieran instalarse. Así por ejemplo el Fuero de Calatayud se dirige explícitamente a "totos populatores qui venerint ad Calatayub populare". Las tierras del alfoz se dividen a veces en seis partes, sesmos, y cada una de ellas en Jotes de tierras llamados veintenas, de cuya adjudicación se encargan los funcionarios concejiles del mismo nombre, sesmeros y veintenarios. Las Ordenes Militares, nacidas en el siglo XII, cuidaron de la defensa del territorio comprendido entre el Tajo y el Guadiana, convirtiéndose asimismo en factores decisivos del proceso colonizador_ Sus grandes posesiones o "maestrazgos" fueron poblados por colonos en un régimen de naturaleza señorial, cuya expansión a Andalucía repercutió en la ulterior estructura latifundista de las tierras del sur.

- Los repartimientos

Los "Libro., del Repnrt1mien10 ".

En amplias zonas de Andalucía, Murcia, Mallorca y Valencia, reconquistadas a partir del siglo XII, fue frecuente arbitrar un sistema de reparto de tierras y casas entre los conquistadores. Ciertamente era inviable ya cualquier tipo de ocupación directa de las tierras, y el mismo régimen de cartas de población y fueros municipales resultó lento e impropio ante la acuciante necesidad de situar a la población cristiana y retener la soberanía ganada. El conjunto de operaciones de partición de heredades, fincas, casas del centro urbano y mansiones rurales, fue recogido en los llamados libros del

REPOBLACION Y REGIMEN SEÑORIAL

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Repartimiento. Por la edición y estudio de algunos de ellos --el de Sevilla, ?()r Julio González; los de Murcia y Lorca, por Juan Torres Fontes- cono~emos la naturaleza y características del régimen de repartos. No se trata :iesde luego de las episódicas y circunstanciales retribuciones propias de -:ialquier botín de guerra, sino de una concesión real que facilita el asentaiento fijo y que en consecuencia genera derechos permanentes mediante ::mios individuales de propiedad. Los repartimientos no se realizaron de una vez, sino más bien a través -e un largo proceso entre cuya apertura y conclusión transcurren años de ;articiones sucesivas. Tenemos así noticia por Torres Fontes de los cuatro -epartos de la tierra murciana entre 1257 y 1273, o de la aún más lenta ad. dicación de Lorca que sólo concluiría mediado el siglo XIV. El monarca !stablece que determinadas personas o instituciones -los partidores ma: ores, medianos y pequeños de Murcia; la Junta de Partidores en Sevillase encarguen expresamente de realizar las operaciones oportunas. Incluso se previó el posible perjuicio que podrían ocasionar quienes abandonasen las :ierras que les habían sido adjudicadas, instituyéndose en Sevilla un órgano de ~ntervención y control: las llamadas Juntas de Consolidación. El repartimien:o trató de resolver, en fin, los problemas propios de aquella repoblación tardía y compleja, originándose con este sistema una honda castellanización de los territorios meridionales: "El repartimiento en general representa una colonización profunda y radical, aunque se haga con pocos elementos. Significa el establecimiento de una vida nueva sobre los campos viejos, con renovación de la propiedad, trabajadores, lengua, religión y hasta de nombres. Todo se hace como una prolongación de Castilla" (Julio González, Reconquista y repoblación de Castilla, León. Extremadura y Andalucía, 206).

m.

El Régimen Señorial

A) PEQUEÑOS PROPIETARIOS LIBRES. CRISIS DEL SISTEMA

l.

La presura y su legitimación

Las diversas formas de llevar a cabo la repoblación originaron modos distintos en la apropiación y uso de la tierra. Según sabemos, a partir del año 800 una lenta marea de gentes procedentes del reino astur, desciende por las antiguas vías y caminos, penetra en el desierto del Duero y se hace con las tierras que encuentra a su paso. Tiene lugar así la ocupación de esas lierras que carecían de dueño, conocida con el nombre de presura (pressura), a la que sigue la roturación o escalio (scalio).

Fonnn dr/o.r repnnos y orxnnismos compettnltJ.

314 lApresum.

Autorización

o sanción real de In repo· b/ación privada.

ESPAÑA MEDIEVAL

La presura requiere que la tierra no sea de nadie y no se encuentre habitada (nemine possidente y nemine habitante). Al ser tomadas en presura tanto grandes extensiones de tierras yermas, cuya explotación directa o inmediata no era posible, como incluso edificios, molinos e iglesias sin propietario conocido, el repoblador debía exteriorizar su aprehensión y consiguiente derecho con algún acto simbólico: la roturación de una parte del yermo, o el señalamiento de las heredades adquiridas, mediante cruces u otros símbolos. ¿Dependió la legitimidad del derecho de propiedad de algunas otras condiciones que no fueran el simple hecho de apropiarse tierras sin cultivo y sin dueño?. Gama Barros creyó que la "concesión" de tierras para efectuar la presura hubo de exigir que el concesionario estuviera sujeto a la obediencia del rey, así como que no enajenase la tierra sino a vecinos del propio lugar caso de querer ir a vivir a otra parte. Tales requisitos, que tal vez no están suficientemente comprobados, tienen en definitiva que ver con el importante problema de las relaciones entre el ocupador espontáneo y la autoridad del monarca de quien como súbdito depende. Más concretamente cabe preguntarse si esa presura realizada a título particular, requirió algún tipo de autorización previa, o bien al menos la ulterior confirmación regia que legitimara la adquisición de aquello que se había ocupado. Al estudiar Hinojosa el fenómeno de la presura en la repoblación de las tierras catalanas (la llamada allí aprissio), sostuvo la necesaria existencia de un permiso antecedente del monarca, el cual habría hecho posible el mantenimiento del derecho del ocupante en caso de futuros litigios. La exhaustiva investigación del profesor Font Rius nos informa asimismo de donaciones de lugares, términos o castillos en Cataluña "con encargo de población", así como de licencias para repoblar. No parece sin embargo que al hablar del régimen de propiedad subsiguiente a la repoblación privada, deban tenerse muy en cuenta las autorizaciones o asignaciones hechas por el rey con anterioridad a la ocupación misma, por cuanto ellas en cierto modo oficializan la actividad repobladora, tratándose en consecuencia no tanto ya de una repoblación privada sino más bien de la oficial. Más importancia tienen en cambio, a ese respecto, las confirmaciones regias que consolidan a ultranza el precario derecho de lo espontáneamente adquirido. Fueron desde luego frecuentes esas confirmaciones, como lo fueron también en el valle del Duero las concesiones reales a iglesias, monasterios o particulares para que pudieran acoger pobladores en heredades o villas que ya poseían o que entonces mismo les eran donadas. Las noticias sobre ello coinciden con muchas otras de presuras que nada tuvieron que ver con autorizaciones o convalidaciones del monarca: "Ante esta serie de testimonios, aunque no contradictorios , diferentes , es arriesgado aventurar firmes conclusiones sobre lo voluntario o lo obligatorio de la convalidación

REPOBLACION Y REG!MEN SEÑORIAL

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regia de la presura y de Iesca Ji orea Ji zados por los repobladores privados. Tal vez teóricamente fuenecesarialaconfirmaciónrealparacrearunderechodepropiedadsinlegítimacontradicción posible. Peroquizáfuedifícilala mayoríadelospresoreslarcalización del trámite preciso para obtener el amparo por el monarca de sus presuras y escalios". (Sánchez Albornoz, El rey y los presores, 456-457).

2.

Los campesinos independientes

En la sociedad rural altomedieval la auténtica libertad e independencia corresponden a quienes tienen en propiedad la tierra que cultivan. Dominio de la tierra y libertad fueron así valores entrelazados en el horizonte social de la época. Esos libres cultivadores de tierras surgen de forma creciente conforme se desarrolla la repoblación privada del reino asturleonés, y abundan especialmente en Castilla donde contribuyen a crear un clima social igualitario. Dueños allí de las tierras y exentos de cualquier tipo de potestad señorial, los campesinos castellanos de los siglos IX y X poseen, cultivan y transmiten por herencia sus heredades, e insuflan ese mismo sentido de libertad e independencia a los concejos organizados en sus villas. El peculiarismo castellano lo fue en el sentido de que la estructura social y rústica se asentó primordialmente sobre los pequeños propietarios, mientras en el resto de Europa crecía la agobiante malla de la sociedad señorial. Pero ello no quiere decir que en los demás territorios hispánicos no existieran, siquiera en cierta medida, esos hombres libres campesinos. No faltaron así en Cataluña, donde diversos textos acreditan su presencia en el condado de Pallars, convirtiéndose los protagonistas de la aprissio en propietarios de pequeñas heredades o alodios. De esta suerte, diversas investigaciones sobre la sociedad catalana de los siglos X y XI, testimonian hasta qué punto fue estimable el número y nivel de independencia de los poseedores de tierras en la primera de esas centurias. En cualquier caso no es ello comparable a lo acontecido en aquel mundo de gentes castellanas, históricamente marcado por una sociedad libre de pequeños propietarios. Otro castellano de nuestro tiempo, don Claudia Sánchez Albornoz, ha defendido tal peculiarismo con severas razones científicas y muy cálidas palabras. "Es difícil ese movimiento ascensional de Castilla en la escena histórica española prescindiendo de su condición de pueblo de hombres libres, horros del poder mediatizador de grandes magnates laicos y de grandes señores eclesiásticos. De hombres libres, todos rectores de sus propias vidas, jerarquizados en clases fluidas, siempre abiertas hacia horizontes de afortunados medros económicos y sociales en el libre juego de la historia , señores de sus destinos y capaces de saltar la barrera de su nativa condición por obra de la audacia, el ímpetu, el coraje y el trágico coqueteo con la muerte, en la batalla contra el moro y en la repoblación de las nunca seguras fronteras" (España, un enigma histórico, 11,411).

Cnmpesinm· libres en C,willa.

Campesinos libre.,· en Cataluña.

El pec.uliarismo cnJlellano.

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ESPAÑA MEDIEVAL

Desde los albores del siglo XI ese sistema hizo crisis. Los propietarios libres fueron desapareciendo conforme sus tierras iban siendo incorporadas al proceso generador de los señoríos, y conforme su independencia personal era mermada por los crecientes vínculos que les ligaron a señores y dueños. B) LA FORMACION DE LOS SEÑORIOS

I. Factores constitutivos del régimen señorial Junto a los grandes dominios formados directamente por la repoblación señorial o de las Ordenes Militares, buena parte de los latifundios surgen en virtud de otras diversas causas, cuyo denominador común fue el inexorable proceso de integración de tierras de pequeños propietarios en el patrimonio de gentes poderosas. Obviamente la formación del régimen señorial no fue sincrónica ni de similar intensidad en todos los territorios. Incluso en el propio reino asturleonés se aprecia su mayor fuerza en Galicia, Asturias y resto de la franja cantábrica, frente al señorío más epidérmico del valle de Duero y la Rioja Alta. En general, es posible sistematizar así los factores que concurren en la constitución de ese régimen señorial. a) Donaciones reales. Favorecieron de modo especial a iglesias y cenobios, pero también incrementaron el patrimonio fundiario de los magnates laicos. Las donaciones regias a instituciones religiosas fueron singularmente importantes en Galicia, donde las iglesias de Santiago o Lugo recibieron a veces condados enteros. En el valle del Duero, el monasterio de Sahagún aparece como beneficiario principal de la munificencia y espíritu religioso de los monarcas. b) Entrega de tierras en compensación de préstamos impagados. Fue frecuente que monasterios o particulares prestaran dinero o cereales a campesinos, especialmente necesitados en tiempos que los documentos califican de años malos. Al no poder hacer frente a la devolución del préstamo o renovo, el prestatario se ve obligado a pagar con la entrega de sus tierras.

c) El despojo por lafuerza o coacción. Los abusos e intimidaciones de los poderosos no escasearon en el mundo altoml.!dieval. En ocasiones algunos eclesiásticos sin escrúpulos instaron a los fieles, en trance de muerte o alegando simplemente una motivación religiosa, a que cedieran sus bienes o tierras. Otras veces, poderosos señores laicos ocuparon sencillamente por la fuerza las heredades de los más débiles, o les amenazaron obligándoles a entregar las tierras mediante pactos de naturaleza diversa.

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d) Donación de tierras del pequeño al gran propietario. El dueño de un minifundio cede la propiedad al titular del gran dominio, recibiendo a cambio las mismas tierras -o esas y otras del señor- para cultivarlas en usufructo. Son las llamadas precaria oblata y precaria remuneratoria, a las que nos referiremos más adelante. e) Entrega de tierras como pena o arancel judicial. Las composiciones y penas pecuniarias podían ser satisfechas en ganado o bienes raíces. Dada la baja valoración de las tierras, el pago de cualquier multa implicó de hecho la cesión de buena parte de ellas. Los jueces, por otro lado, cobraban de la misma forma a la parte vencida en juicio el arancel o iudicato. Multas y aranceles enriquecieron en consecuencia el patrimonio de los condes y magnates de los distritos, o de los prepósitos de sedes episcopales y cenobios, habida cuenta de que todos ellos, tarde o temprano, ejercieron la potestad judicial. f) Cesión voluntaria de tierras por motivos religiosos. A la formación de poderosos señoríos eclesiásticos contribuyeron en buena medida las donaciones de tierras inspiradas en sentimientos religiosos. Clérigos y laicos ofrendan así todos o parte de sus bienes a iglesias o monasterios, esperando lograr con ello la salvación de su alma. Fue este un fenómeno colectivo de impresionante envergadura, cuyas huellas inundan materialmente los cartularios y colecciones documentales de la Edad Media.

Dmurdones ''pro anima".

Así por ejemplo, al estudiar el abadengo de Aguilar de Campoo, el profesor Merchán Fernández observa que del conjunto de donaciones postfundacionales, casi la mitad corresponden a las que se hacen por In snlvnción del nlmn.

Esas donationes pro anima transmiten muchas veces inmediatamente la propiedad de los bienes. En otras ocasiones, en cambio, se procura adecuar el altruismo piadoso a las necesidades de mantenimiento y subsistencia. Surgen con ello las donationes post obitum, es decir, aquellas cuyos efectos se producen sólo tras la muerte del donante, quien hasta entonces conserva la propiedad y posesión de unos bienes que no puede enajenar. Estas donaciones post obitum, como subraya el profesor Banchs de Naya, son donaciones condicionadas a la propia muerte, cuya intención es el remedio pro anima. Y surgen también las donationes reservato usufructu, actos jurídicos que transmiten la propiedad con retención del usufructo. Los textos que recogen este tipo de donaciones en beneficio del alma aparecen para el lector de hoy, en su latín rudo e ingenuo, como un paradigma de la sencillez y fervor religioso del hombre medieval. Veamos a modo de ejemplo el testimonio de la donación

Donaciones

"po.,tobitum·· y "reserl'ato usufrorto".

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de una tal Constanza al monasterio de Santa María de Aguilar, en documento de 21 de julio de 1195 que publica Merchán. "Sub Christi nomini et individue Trinitatis, Patris videlicet et Filii et Spiritus Sancti , amen. Notum sit omnibus, tam presentibus quam futuris, quod ego, dona Costanza, pro amore Dei et beate Marie et omnium sanctorum Dei et pro redemptione anime mee et parentum meorum, vivorum et defunctorum, dono beate Marie de Aguilar et Andree, abbati eiusdcm, et universo conventi suo quantum ego heredito in Coforchos et in universis terminis suis et solare Tirsi martiris cum universis pertincnciis suis, que me contingent et hereditare debeo in cortes et in casas et in corrales populatum et populandum, terras, vineas , fontes, montes, paschuas, pratos, ortos, eras, cum exitis et introitis. Et si aliquis horno vel femina, tam de meis quam de extraneis, venerit, qui istam cartam frangere vel contradicere voluerit, sil maledictus et excomunicatus et cum luda traditore in infemo damnatus, et pectet C morabetinos domno regi et istas hereditates dupplet fratribus Sancte Mari e de Aguilar". Ln "tmditio corporis et nnimae".

Ln "fami/iaritns ".

Ln "oblntio puem ru n" y la elección de e1.n,ltura.

Otras veces las donaciones piadosas acompañan a la llamada "entrega del cuerpo y del alma" (traditio corporis et animae), fórmula ésta superabundante en los cartularios eclesiásticos y que hace referencia a aquellos actos que entrañan la asignación de bienes a un monasterio, mientras se encomienda el donante a los rezos de los monjes y hace ofrenda de su cuerpo para que allí sea enterrado. Esa traditio y los llamados "pactos de familiaridad" (Jamiliaritas) integran a las personas en la órbita de la institución religiosa, y expresan una vinculación a la iglesia que a menudo se formaliza de modo solemne. La aportación patrimonial solía depender de las obligaciones familiares de quien se ofrece o suscribe el pacto, resultando más frecuente en la práctica que entregaran la totalidad de tierras y bienes aquellas personas carentes de descendencia. El patrimonio eclesiástico se incrementó, en fin, por la llamada oblatio puerorum y por la "elección de sepultura", dado que ambas instituciones suponían la aportación de bienes con fines religiosos. La primera consistió en la entrega de los niños por sus padres a cenobios y monasterios, a fin de que llegaran a ser monjes. Al estudiar esta institución, Orlandis ha hecho uso de documentos que atestiguan la donación de propiedades como estricta contraprestación a la educación monacal: utfilium meum faciatis monachum, explica cierto matrimonio navarro al ceder sus heredades a la abadía de Fitero. La "elección de sepultura", de claro parentesco con la traditio y los "pactos de familiaridad", implica la disposición de bienes en favor de la iglesia o monasterio elegidos por el fiel para ser enterrado. 2. Dominio señorial y régimen jurídico agrario En razón de todas estas causas, la estructura territorial de España dio cabida a partir del siglo XI a grandes señoríos y latifundios, incrementados

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en las centurias siguientes por los "heredamientos" que los reyes concedieron en Andalucía a los nobles, así como por la descapitalización del patrimonio estatal a consecuencia de las mercedes concedidas durante el siglo XIV por el monarca Enrique II de Trastámara. Queda así perfilado un régimen señorial sobre la base del gran dominio, cuyos habitantes mantienen fuertes lazos de dependencia con su dueño o señor. Según fuera éste el propio rey, altas dignidades de iglesias o monasterios, o potentes magnates seglares, distinguimos los señoríos llamados realengos, abadengos y solariegos. De ordinario el señorío no forma una unidad geográfica cerrada, sino que se dispersa en territorios a veces distantes. El centro de explotación radica en la residencia o villa señorial, con las dependencias anejas que dan abida a bodegas, graneros y talleres, y con el molino, horno y fragua que integran el monopolio del señor. Alrededor de esta zona neurálgica del señorío, donde también figura la iglesia o iglesia propia, consagrada a menudo sin intervención del obispo, se extienden las tierras más ricas de la ..reserva señorial" o terra dominicata, que el señor cultiva directamente mediante sus propios siervos y colonos. El resto, de mayor amplitud, lo forman heredades explotadas por colonos a tenor de concesiones señoriales de naturaleza diversa. La entrega de tierras de estos grandes dominios (la terra indominicata) se hizo normalmente a cambio del pago de un censo, bajo la forma jurídica de un contrato conocido con el nombre de prestimonio ( 18, I, A, l). Fue frecuente en León y Castilla que los poderosos dueños territoriales cedieran el cultivo de heredades a quienes eran ya pequeños propietarios en lugares próximos al señorío. Estos quedaron situados así al frente de unidades de explotación compuestas por tierras de titularidad ajena y propia: las señoriales y las suyas de la hereditas de foris o "de fuera" del señorío. La entrega de tierras señoriales, característica de la llamada precaria data, no les garantizó una independencia aceptable, por cuanto, si querían buscar otro señor, debían devolver al antiguo no sólo lo que habían recibido de él, sino también la mitad de su propia heredad "de fuera". En Cataluña y Galicia fue más frecuente hacer uso de otro sistema, la precaria oblata, por la que el pequeño propietario cedía al señor la propiedad de su tierra y se reservaba el usufructo; o de la forma mixta que aparece con el nombre de precaria remuneratoria. Responde ésta a la costumbre de que los señores cedan tierras a los cultivadores a cambio de que ellos les transmitan la propiedad de las suyas, recuperadas luego por el donante pero ya como tierras señoriales. La precaria remuneratoria comporta pues que el pequeño propietario deje de serlo, laborando un conjunto de tierras ajenas -las originarias del señor y las que antes fueron suyas-, lo

Clnsr> de l·eñorios.

Centro del Stñ(JrÍO.

la "term indominirmn".

La "pnmria

data".

"Pnmriaoúla/a" y "pnmrin

remunemtoria ".

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ESPAÑA MEDIEVAL

que le impide cambiar de dueño por cuanto carece de tierras propias que ofrecer. Tuvo lugar, en suma, un proceso de sometimiento progresivo a los señores en función de los modos de cultivo de la tierra, que se concentró más y más en los dominios realengos, abadengos y solariegos. El signo de la estructura agraria varió con todo a partir del siglo XI, permitiéndose una mayor libertad de movimientos e incluso el abandono y venta de la heredad, siempre que el cultivador encuentre quien le sustituya. C) Ln renta por el cultivo de la tierra.

LAS PRESTACIONES DEL HOMBRE DE SEÑORIO

Los cultivadores de tierras pagaban al señor la renta o censo, canon anual llamado accapitum en Cataluña e infurción o pectum en Castilla, junto a partes alícuotas de las cosechas. En Castilla la renta, a menudo en especie, solía ser satisfecha en el mes de marzo o en el día de San Martín, por lo que se denominó marzadga o martiniega. En Cataluña el canon anual era casi simbólico (una gallina, un haz de leña, etc.), pero el derivado de las cosechas llegó a veces a representar el tercio o incluso la mitad de ellas. Con valor de canon señorial, la infurción surge a principios del siglo XII. Pero, como ha mostrado Mario Bedera. en las dos centurias anteriores aparecen términos equivalentes en la forma, si bien diferentes en el contenido.

Junto a esa renta señorial existieron múltiples prestaciones, que pueden ser sistematizadas en tres grupos principales, según tengan que ver con la utilización de lo que era monopolio del señor o uso de sus dominios, afecten al trabajo directo y personal de los cultivadores, o incidan finalmente en el patrimonio de ellos por otras diversas causas. 1.

Gabelas por los monopolios del señor o el uso de sus dominios

Sólo el señor puede construir molinos, hornos y fraguas. Su utilización por los colonos le reporta una serie de beneficios: las maquilas, o parte del trigo que ellos llevan a moler; el Jornatico, por el pan cocido en el horno; y un gravamen, llamado en Cataluña llosol, por el uso de la fragua para reparar aperos y utensilios. A su vez, el aprovechamiento de montes y prados, con la consiguiente obtención de leña para uso doméstico y yerba para el ganado, sólo puede hacerse en el señorío si se abonan a su dueño las gabelas respectivas: montazgo y herbazgo. Se ha distinguido a veces, dentro de los monopolios, entre los llamados derechos exclusivo.V y los derecho.\' prohibitivo.\'. Aquellos corresponden a lo que el señor, según hemos visto, explota con exclusividad. Estos a lo que queda prohibido a los vasallos mientras el señor

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no lo ejercite antes (v. gr. la venta de cosechas). La profesora María Rosa Ayerbe ha hecho uso de esa distinción en una sólida monografía sobre el régimen señorial castellano.

2.

Prestaciones de trabajo personal

Son de muy diversa naturaleza y varían según los territorios. Con carácter general fueron llamadas sernas los trabajos agrícolas que el cultivador ha de realizar determinados días al año en la reserva señorial. Junto a ellas, las prestaciones personales reciben el nombre de la actividad a que se aplican. Así lafazendera y la castellaria, u obligación de trabajar en la reparación de los caminos y castillos o fortalezas del señorío. La anubda, o deber de formar parte de los tumos de vigilancia en los límites y fronteras del dominio, sustituido a veces por una aportación económica para mantener a la persona encargada con carácter habitual de tales funciones. También la mandadería, que exige a los hombres del señorío prestar servicio como mensajeros. Finalmente el yantar y hospedaje, que obligan a los pobladores a sustentar o alojar al señor y comitiva en sus desplazamientos por el dominio señorial, con la carga adicional de alimentar a los caballos, perros y aves de caza que ellos lleven consigo. 3.

ln.'is~mas y otrnx cn.rgas.

Cargas relativas al estado civil y a la transmisión sucesoria del patrimonio

En el primer caso figuran las ossas, gravamen que ha sido identificado con el regalo que entrega al señor el campesino por su matrimonio o el de sus hijos (Sobrequés), o más comunmente con la cantidad que deben pagar las mujeres al señor para que les autorice a casarse. Tal gabela se convertirá Juego en la multa que han de satisfacer quienes contraigan matrimonio sin esa autorización. El nuncio es una contribución aneja a la transmisión hereditaria de los bienes, que en el occidente peninsular recibió también el nombre de luctuosa. La cesión a los hijos del derecho de cultivo al predio, fue acompañada así de una aportación en bienes muebles o cabezas de ganado. En Cataluña se debía entregar la mejor manta de la casa (jlassada de cap de casa), si bien más que la gabela en sí misma llama la atención la brutalidad del procedimiento utilizado a veces para obtenerla, pues se llegó incluso a impedir la sepultura del payés hasta que recibiera el señor dicha prenda. Cuando el cultivador del señorío muere sin descendencia (como hombre mañero o estéril), el predio que cultiva y los bienes que recibió de su señor, deben volver a éste en virtud de un derecho de reversión llamado mañería. Con el tiempo la mañería se convirtió en el gravamen que el

Ln.v "o.uns ··.

Et nunrio.

uimañería.

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hombre estéril ha de satisfacer si quiere transmitir a sus parientes u otras personas ese derecho a cultivar la heredad o el uso de los bienes correspondientes. García González ha estudiado esta institución poniendo de manifiesto la irregularidad de su vigencia y desarrollo. A fines del siglo Xlll habría desaparecido de Castilla y León, si bien hay un brote tardío de la misma en la Asturias de Santillana, cuyo merino es todavía instado por Enrique 11 en 1372 para que evite mañerías y otros desafueros.

D)

USOS Y ABUSOS SEÑORIALES

De cuanto llevarnos dicho cabe imaginar una no precisamente cómoda vida en quienes poblaron los señoríos medievales. La situación, sin embargo, se agravó hasta límites extremos desde mediados del siglo XIV a mediados del XV, produciéndose en los últimos años de esta centuria una paulatina y creciente mejoría. l. Castilla.

Am11ón.

El "derecho de maltratar"

El empeoramiento en el trato jurídico del vasallo de señorío reviste en la etapa señalada carácter general, llegando a sostener un texto castellano que "puede el sennor si quisiere tomarle el cuerpo et quanto en el mundo á" (Pseudo Ordenamiento II de Nájera). Fue sin embargo en Aragón y Cataluña donde la situación llegó a peor término, al consagrarse un auténtico "derecho de maltratar" (ius maletractandi) del señor a los vasallos. En Aragón el Código de Huesca autorizaba al señor de un vasallo que hubiera dado muerte a otro, a encarcelarle y dejarle morir ("et puédelo matar de fambre, de set o de fria"), manteniendo sin embargo el eufemismo de prohibir que el señor ejecutara por sí mismo, directamente, la pena capital. En el siglo XIV tal discrecionalidad se convierte en patente de corso al no exigir cierto Justicia de Aragón el homicidio previo, sino la ambigua justificación de una justa causa, requisito que incluso desaparece en la barbarie legalizada por las Cortes de Zaragoza de 1380: "Cualquier noble, caballero y cualquier otro señor de vasallos de dicho Reino podía tratar bien o mal a sus vasallos, y aun si era necesario matarlos de hambre y sed y en prisiones".

Cntaluñn.

No fue mucho mejor la suerte que corrió el payés en Cataluña, a merced allí de unos señores que podían maltratarle a su antojo. Es más, cuando algunos de ellos consultan a Juan II sobre el alcance de ese derecho de maltratar, se les llega a prohibir que aleguen cualquier causa o razón justificativa,

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pues sencillamente basta que hayan querido proceder en la forma que tuvieren por conveniente. La respuesta de Juan II a esa consulta es sencillamente escalofriante. El rey alude a la petición de los señores {"deman los senyos en quine manera poden per justice maltrachtar los homes propis") y resuelve así: "que en la mal thachtament nols atlegen los senyos rao perque o fan , sino solament quels volen maltrachtar".

Las Cortes de Cervera de 1202 reconocen la facultad omnímoda de los señores de maltratar a sus vasallos o "quitarles sus cosas". Según las Costumbres de Gerona, en fin, el señor puede prender a su antojo al rústico del señorío y encerrarle en la bodega o en prisión, teniéndole sujeto con grillos o en un cepo. 2.

Los "seis malos usos" catalanes

En este contexto afrentoso para los cultivadores de tierras ajenas, los payeses catalanes se vieron obligados a unas prestaciones especiales conocidas como malos usos, nombre procedente de la propia disposición que los derogó. Esos malos usos fueron seis: remensa, intestia, exorquia, cugucia, arcia y firma de spoli, de los cuales los cuatro primeros constan como derecho escrito y los dos últimos como derecho consuetudinario, con la correspondiente sanción judicial. El conjunto de los seis malos usos fue objeto de examen por Hinojosa en su monografía de 1905 sobre el régimen señorial en Cataluña. Seis años antes el profesor ruso Wladimiro Piskorski había publicado en Kiew un sugestivo estudio sobre el mismo tema, traducido del ruso al castellano en 1929 y publicado por la Universidad de Barcelona.

a) La remensa. Los campesinos adscritos a la tierra fueron conocidos en Cataluña como "hombres de remensa" (homines de redimentia), por cuanto sólo podían escapar a su vinculación al predio señorial mediante el pago de una redención o remensa. Remensa es, por consiguiente, el precio a satisfacer por el payés para poder abandonar la tierra que cultiva. La condición de "hombre de remensa" se adquiría normalmente por nacimiento. También por matrimonio con quien ya lo era, e incluso por enajenación voluntaria de la libertad personal. Según Vicens Vives, quien ha dedicado a la historia de estas gentes un libro magistral, los payeses de remensa llegaron a formar en el siglo XV una auténtica masa campesina: entre quince y veinte mil hogares, que acogían aproximadamente a la cuarta parte de la población de Principado. Para Hinojosa la remensa fue el más

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intolerable de los malos usos, y ello por hacer de soporte a los otros cinco, que inexorablemente recaían en quienes de hecho no podían escapar de la tierra y del dueño. b) La intestia. Es el derecho del señor a una parte de los bienes del vasallo que muere sin hacer testamento. Tal derecho alcanza al tercio de los mismos si el vasallo deja hijos, o a la mitad si carece de ellos. El fundamento de este mal uso estriba en castigar la negligencia de quien no dispone de sus bienes, lo que puede originar querellas y desórdenes ulteriores. perjudicando en suma los intereses económicos del señor. c) La exorquia. A semejanza de la mañería, la exorquia penaliza el patrimonio del payés estéril o sin descendencia. Al fallecer éste, sus bienes pasan al señor, quien en consecuencia se subroga en el derecho que tendrían los hijos. Según Piskorski la exorquia fue aplicada sólo a los bienes muebles, por cuanto el predio, por su propia condición de bien vacante, revertiría al dueño para ser normalmente transferido por éste en usufructo a alguno de los parientes del muerto. d) La cugucia. Es la multa que el payés ha de pagar al señor cuando la mujer de aquél comete adulterio. A este respecto se distinguió que el adulterio hubiera tenido lugar sin consentimiento del marido -en cuyo caso él retiene la mitad de los bienes de la adúltera y debe entregar la otra mitad-, del adulterio consentido-lo que reporta al señor la totalidad de los bienes-, e incluso del que se hubiera producido por coacción del marido sobre la mujer, supuesto en el que ésta conserva sus bienes propios y el esponsalicio. El término rngucia o rncucia deriva del catalán c11g111 o c11c111 (latín rnculus) , voz que significa cuclillo. El cronista Pujades atribuyó el origen semántico de la cugucia al hecho de que en Cataluña se llamara c11g111 al marido engañado. En su Hüroria del Ampurdán, Pella y Folgas transmite datos folklóricos y costumbristas en favor de una pintoresca analogía entre la conducta de la cuclilla y la de la mujer adúltera , lo que explicaría esa curiosa denominación.

El adulterio debía ser manifiesto. Cierta sentencia de 1203 hace referencia a las condiciones que lo garantizan: aprehensión in fraganti, acusación probada o fuga de los adúlteros . e) La arcia o arsina. Consiste en la indemnización que el señor recibe del vasallo si se incendia el predio que éste cultiva. Se trata por supuesto del incendio casual y no del que voluntariamente hubiera provocado el payés, caso que merece una pena grave y distinta. La arsina (de arsio, incendio) castiga una presunta negligencia del vasallo, con lo que el señor se apropia una parte variable -a veces, un tercio- de sus bienes muebles.

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f) La firma de spoli (del catalán spoli, esponsalicio) constituye una gabela que el señor percibe del payés por autorizar que éste hipoteque todas o parte de las tierras señoriales que cultiva, como garantía de la dote y esponsalicio de su mujer. Lafirma de spoli fue calificada deforsada o violenta, pues siendo un uso potestativo del payés, muchos señores la convirtieron en obligatoria. En relación con estos seis malos usos suele considerarse también el llamado ius primae noctis, o presunto "derecho" del señor a yacer con la mujer del payés la noche de bodas, precedido de la ceremonia de pasar por encima de ella, estando ésta en la cama, "en senyal de senyoría".

El "iu., primae IUH ºliJ" .

Algunos autores (Pujades, Cárdenas) confundieron ese "derecho" de la noche de bodas con la firma de spoli, en tanto en cuanto aquél habría sido una especie de compensación del señor por otorgar su permiso para el matrimonio o para la.ffrma del correspondiente contrato.

En realidad el ius primae noctis no fue un derecho, ni un uso con el correlativo reconocimiento judicial, y ni siquiera un abuso general. Cuando las tensiones entre payeses y señores fuerzan en la Cataluña de 1462 un proyecto de Concordia, donde se enfrentan las reclamaciones de unos y otros, aquéllos aluden a esas prácticas que "pretenden algunos señores". Estos, por su parte, lejos de atribuirse el supuesto derecho, niegan la existencia del abuso y lo condenan, de darse, como algo injusto y deshonesto: "Responen los dits senyors. que no saben ne crehen que tal servitut sía en lo present principal ni sía may per algun senyor exhigida. Si axi es veritat com en lo dit capital es contengut. renuncien cassen e annullen los dits senyors tal servitut com sie cose molt iniusta e desonesta" (Edic. Hinojosa, El régimen se1iorial y la cuestión agraria en Cataluiia, 318).

3. La abolición de usos y abusos señoriales En la segunda mitad del siglo XV tan oscuro panorama mejora en todas partes. En Castilla una pragmática de los Reyes Católicos, dictada en Medina del Campo el 28 de octubre de 1480, pone fin a las ataduras de los vasallos permitiéndoles trasladarse de unos sitios a otros sin mengua de sus bienes. Ese texto, que consagra la libertad de residencia en el preludio del Estado moderno. reconoce los gravámenes e inconvenientes de una situación en la que "calladamente se induze especie de servidumbre a los hombres libres", ordenando por ello a las autoridades: "Que de aquí adelante dexedes e consintades libre e desembargadamente a qualquier e qualesquier hombres e mugeres ... ir e pasarse a bivir e morar a otra o otras qualquier o

La liúutnrl de rt!xidendn en Cas11/ln.

326

ESPAÑA MEDIEVAL

qualesquer cibdades e villas e lugares de los dichos nuestros reinos e señoríos, assí de lo realengo como de lo abadengo o señoríos e Ordenes o behetrías, que ellos quisieren e por bien tovieren , e se avezindar en ellos". Amgón

y Catnluña.

sentencia de Guadalupe.

En Aragón el ius maletractandi no fue abolido y subsistió durante los siglos siguientes. No obstante, las protestas contra abusos esporádicos hacen presumir que la situación general debió ser más llevadera. El proceso emancipador de los remensas catalanes se inicia a fines del siglo XIV, siendo la "generación de 1380", según Vicens Vives, "la primera generación remensa revolucionaria". Ello coincidió con un endurecimiento extremo · de la condición servil y con las plagas y calamidades derivadas de la Peste Negra, que asolaba desde años atrás las comarcas del Principado. A mediados del siglo XV, con el alzamiento de 1462, tiene lugar la primera guerra remensa. La Diputación del General publica entonces un Proyecto de Concordia, cuyo capítulo tercero aborda la reivindicación de suprimir los malos usos, y cuyo capítulo octavo se ocupa del ius primae noctis. La prosecución del conflicto y las tensiones ulteriores concluyen por fin cuando Fernando el Católico dicta en abril de 1486 la Sentencia arbitral de Guadalupe, en la que el monarca actúa como árbitro de señores y vasallos. Con ella tiene lugar la abolición de los malos usos: "Sentenciamos y arbitramos y declaramos que los dichos seys malos usos no sean ni se observen ni hayan lugar ni se puedan demandar ni exigir de los dichos pageses ni de sus descendientes ni de los bienes dellos ni de alguno dellos , antes por la present nuestra sentencia aquellos abolimos, stinguimos y anichilamos e declaramos los dichos pageses y sus descendientes perpetualmente ser (iberos y quitios dellos y de cada uno dellos" (Ed. Vicens Vives, Historia de los remen.1·as, 349).

La Sentencia de Guadalupe anula asimismo el ius maletractandi ("el drecho y facultat que los seniores pretienden tener de mal tractar") y extingue otros diversos abusos, como el que las mujeres de los payeses sean obligatoriamente nodrizas de los hijos del señor, o el propio ius primae noctis: " ltem, sentenciamos, arbitramos y declaramos que los dichos seniores no puedan tomar por didas (nodrizas) para sus fijos o otras cualesquiera creaturas las mujeres de los dichos pageses de remen~a con paga ni sin paga, menos de su voluntat, ni tampoco puedan la primera noche quel pages prende mujer dormir con ella o en señal de senyoria la noche de las bodas de que la muger será echada en la cama para pasar encima de aquella sobre la dicha mujer" (ldem, 352).

REPOBLACION Y REGIMEN SEÑORIAL

327

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329

17. ESTRUCTURA ECONÓMICA l. Economía Agraria A) LA EXPLOTACION DE LA TIERRA EN LA ALTA EDAD MEDIA

El régimen de explotación agraria característico del mundo europeo altomedieval ha sido objeto de distintas interpretaciones. A tenor de antiguos estudios de Karl Bücher y Werner Sombart, en la Europa de esos siglos habría dominado un tipo de "economía doméstica" (Hauswirtschaft), de carácter autárquico, caracterizada por la consumición de los productos en la pequeña área que los había producido. Los señoríos carolingios fueron así, según Bücher, el marco rígido de un proceso económico global, iniciado con la producción de la riqueza, seguido luego por su distribución, y concluido finalmente con el consumo. Tal tesis resulta hoy sin embargo insostenible al haberse probado la existencia de múltiples relaciones entre esos señoríos transpirenaicos, en las compras y ventas que realizaban en mercados y centros de comercio. En lo que a España concierne, la economía agraria hubo de ser toda vía más abierta. Y ello tanto porque el elevado número inicial de pequeños propietarios en León y Castilla, con la dispersión consiguiente, habría imposibilitado una auténtica autarquía económica (Sánchez Albornoz), como porque el flujo de intercambios de las gentes de la meseta con el mundo musulmán hizo posible una cierta expansión de la economía del dinar, generando el correspondiente movimiento monetario (Vicens Vives). Este autor ha hablado así de una economía vecinal. El carácter de las unidades económicas de cultivo va estrechamente ligado al tipo de asentamiento del hombre altomedieval. El sistema de habitación rural ha sido así discutido en la literatura europea entre los partidarios del predominio de las granjas (H1~fsystem) o de las aldeas (D0rffy.1·tem).

El régimen de explotación debió conocer diversas variantes según la naturaleza de las tierras; regularmente fértiles en algunos casos, o más áridas e improductivas en las zonas yermas ocupadas mediante presura,

Eronmnin tfo· y ero·

mé.rtirn

nomín Vt'dnnl.

330

ESPAÑA MEDIEVAL

donde predominaría un sistema de cultivo a tres hojas -un año de siembra y dos de barbecho--, o bien el más favorable de rotación bienal, que finalmente habría de imponerse en las tierras castellanas aptas para el cultivo de cereales. El pequeño propietario trabajó por sí mismo la tierra que había adquirido. Conforme se aceleró el proceso de absorción de esos reducidos fundos en el régimen señorial, los grandes dominios fueron entregados a campesinos para que los explotaran bajo las fórmulas jurídicas del prestimonio o de otros diversos contratos. 1. El prestimonio agrario Las cartas pueblas y fueros agrarios dictados por los nobles y señores eclesiásticos para las tierras sujetas a su jurisdicción, refieren la entrega de ellas en préstamo o prestimonio. Tales documentos, juzgados por Hinojosa como contratos agrarios colectivos, fueron en realidad declaraciones unilaterales del señor. Con independencia de forcejeos o avenencias previas, los textos mismos no recogen un acuerdo entre partes, sino el explícito testimonio de una de ellas que explica qué concede y a qué se obliga. El prestimonio es una concesión de tierras en la que el dueño retiene la propiedad, y quien las recibe adquiere un derecho al cultivo a cambio de determinadas prestaciones. Tal concesión implica que se laboren las tierras, si bien no existe siempre una obligación expresa al respecto. El prestatario debe reconocer como señor al dueño, a quien ha de servir (hacer fuero) y guardar fidelidad . A cambio de lo recibido, debe pagar un canon anual y prestar las sernas o trabajos personales en la reserva señorial. 2.

Contrnw.1 "ad populanrfum ".

Otros contratos

La organización agraria del reino asturleonés dio cabida a otros contratos reguladores de la cesión y el cultivo de las tierras. Esos contratos adoptaron principalmente la forma de estipulaciones ad populandum, ad laborandum, ad partionem y ad complantandum. De ordinario se corresponden en España con otros tipos comunes en las explotaciones rurales de Occidente. Los contratos para poblar tierras reconquistadas (ad populandum) fueron en realidad concesiones de los reyes leoneses y condes castellanos, o bien de magnates y altos eclesiásticos, que ordenan las obligaciones y derechos económicos de quienes ocupan los nuevos territorios. De carácter enfitéutico, las concesiones ad populandum o ad forum llevaron consigo

ECONOM!A

331

el disfrute del predio recibido, la apropiación de sus frutos y la posible transmisión del derecho al fundo con consentimiento del dueño. El contrato para trabajar la tierra (ad laborandum) comprende tanto el otorgamiento del derecho a la mitad de la propiedad del predio o de sus frutos, como la fórmula según la cual el concesionario procede a la roturación y cultivo, teniendo que abonar sólo una parte de determinados productos de la cosecha. Los contratos ad complantandum y los llamados ad partionem o par:::.ionaria son muy similares, y responden en el fondo a la idea de coparticipación del señor y del cultivador en el aprovechamiento de los frutos y en la propiedad de la tierra. El dueño cede el predio para su cultivo o plantación durante un período de tiempo, transcurrido el cual habrá de procederse a la división de la propiedad entre ambos. Al estudiar esos contratos ad complantandum, Rafael Gibert ha destacado la obligación de realizar determinadas plantaciones como elemento característico de la institución. Se fija así el tipo de cultivo -viñas, árboles frutales, etc.,- cuyos frutos habrán de compartir. De ordinario, el momento fijado para la división de las tierras coincide con el término del plazo de plantación. Aquélla suele efectuarse por mitad -et postea dedimus tibi medietate tua, declara por ejemplo un documento castellano-, si bien cabe prever un reparto distinto y más favorable al dueño, en el caso de que éste contribuya a los gastos de plantación propios en principio de quien recibe la tierra.

ContrntoJ "nd lnbomndum ".

Contratos "nd m mplantandum ·· y "pnrzitmnritt.,· ".

La abundancia y variedad de los contratos agrarios queda atestiguada en las colecciones diplomáticas medievales, si bien, en ocasiones, las de los monasterios no son, a este respecto, las más representativas. Manuel de A bol, al estudiar el monasterio de Sobrado, constata que la existencia allí de esos contratos agrarios es mínima. Y ello, entre otras razones, por la dedicación de los propios monjes a esas labores, y por la presencia de siervos y semilibres que efectúan la mayor parte de las tareas agrícolas.

B) AGRICULTURA Y CRISIS ECONOMICA EN LA BAJA EDAD MEDIA

En la fase expansiva de la Reconquista y repoblación, la agricultura representa un pilar esencial en la economía de los reinos cristianos. Está sujeta, sin embargo, a oscilaciones que varían de unos a otros territorios. La coyuntura agrícola castellana entra en una fase de lenta crisis a lo largo del siglo XIII, se hunde catastróficamente en el XIV y renace, en fin , en la última centuria medieval. Al declive económico habrían de contribuir tanto las calamidades y epidemias, como la frecuencia de años malos que reportaron paupérrimas cosechas. Al avanzar el siglo XIV la situación era ya alarmante. Valdeón reconoce uno de sus momentos críticos en los años comprendidos entre 1343 y

Crisis eronámi-

m : In Pe.rt, Nexra.

332

ESPAÑA MEDIEVAL

1346, y ciertamente las Cortes de Burgos de 1345 y las de Alcalá de 1348 se hacen eco de las desgracias consiguientes: alza de precios y escasez de alimentos. El panorama de hambre y desolación, fruto de la meteorología adversa y del desastre de las guerras civiles castellanas, alcanzó gravedad extrema al ser azotado el reino por la Peste Negra. La Peste Negra fue la gran plaga de una Edad Media abundante en enfermedades epidémicas. Surgió en la colonia genovesa de Caifa (Crimea), asediada por un ejército mongol que contrajo la enfermedad y la contagió a los sitiados. Transmitida por marinos genoveses, la Peste alcanzó a Constantinopla y en 1347 a Italia. Al año siguiente se había propagado a Francia y a los territorios de la Corona de Aragón. En 1349 se extendió a Inglaterra y en 1350 azotaba a los reinos ibéricos occidentales. Al transmitirse también hacia el valle del Danubio y Escandinavia, llegó un momento en que toda Europa y el Próximo Oriente padecían los efectos de la enfermedad. El gran azote de la Peste Negra en sus diversas formas -bubónica, pulmonar o septicémica-tuvo así carácter general a mitad del siglo XIV, y de ella se hizo eco Bocaccio en la introducción al Decameron. En los años siguientes hubo otras oleadas de la enfermedad, de alcance más restringido.

La gran mortandad llevó consigo un brusco aumento de precios y salarios, el retroceso de la producción agraria, la caída de las rentas señoriales, una acusada regresión demográfica y el consiguiente abandono de tierras, así como el alza de los salarios del jornalero del campo. Todo ello afectó negativamente a la comercialización de los excedentes agrarios. La recuperación demográfica en el siglo XV se vio acompañada por la colonización de tierras abandonadas en la etapa anterior, donde tuvo lugar ya un proceso de especialización de cultivos. La explotación agrícola operó en los diversos ámbitos territoriales, tanto en los latifundios andaluces como en los minifundios gallegos, incapaces éstos a veces de asegurar la subsistencia de una familia campesina.

Crisi.,· rnln/ann en /380.

La economía rural catalanoaragonesa conoció a su vez en el siglo XIII y en la primera mitad del XIV un período de franca prosperidad. Por una parte fue concentrándose en pocas manos la propiedad de las tierras conquistadas en Levante y el valle del Ebro, que ahora cultivan sus antiguos dueños musulmanes como colonos o aparceros, mientras de otra eran parceladas las grandes unidades territoriales en beneficio de una mejor explotación. En 1346 Pedro el Ceremonioso crea el florín de oro, símbolo de la pujanza financiera aragonesa, pero como oberva el profesor Francisco de Moxó, hubo que devaluarlo en los años siguientes, habiendo perdido en dos décadas el 25% de su valor nominal. A la crisis agraria consiguiente a la Peste, siguió en Cataluña desde 1380 la etapa que Vicens Vives ha calificado de desasosiego subversivo. Ciertamente en esas fechas, que enmarcan la primera agitación de los remensas, llega a la plenitud la generación nacida en los años de la gran mortandad.

ECONOMIA

333

La propiedad rural estaba entonces en manos de los grandes propietarios y más de la mitad de los hogares pertenecían a la nobleza y alto clero. Según elfogatge de 1378, los magnates nobiliarios poseían 27 .500 hogares ( 12.500 de la alta nobleza y 15.000 de la baja), lo que representaba un 35,4% del total. A los señoríos eclesiásticos correspondían 20.500 fuegos, es decir, el 26,4% de las propiedades territoriales.

Hay que destacar además la tendencia a convertir en rentas monetarias los servicios personales y los censos en especie, fenómeno que ha sido vaorado como uno de los más significativos de la economía agraria ba. omedieval. Tal proceso, que aseguraba a los terratenientes la percepción ie esas rentas con independencia de las alternativas de las cosechas, sería bandonado luego conforme las fluctuaciones monetarias hicieran ver la Ulseguridad del valor del dinero. D. La Economía Ganadera y su marco jurídico A) GANADERIA Y REPOBLACION. LA TRASHUMANCIA EN LOS PRIMEROS SIGLOS

Con la conquista de tierras desde el siglo IX, la ganadería cobró extraordinaria importancia en el reino asturleonés. Tenemos así noticia de los epobladores que avanzaron hacia el sur con sus ganados, instalándose en as tierras del valle del Duero. La abundancia allí de zonas yermas y la escasez inicial de elemento humano para el cultivo, convirtieron a los rebaños en factor principal de la economía doméstica. La misma situación fronteriza y el valor económico del ganado determinaron su auge, produciéndose así el "triunfo" de la ganadería sobre la agricultura del que habló Sánchez Albornoz. El desarrollo ulterior de la economía pecuaria parece confirmado por múltiples vías. Inventarios patrimoniales dan cuenta de la riqueza ganadera de monasterios y cenobios -500 vacas, 100 yeguas y 1.000 ovejas en Covarrubias-, mientras los testimonios de la vida mercantil acreditan el frecuente comercio de cabezas de ganado. Sabemos también de frecuentes donaciones de rebaños y dehesas, y sobre todo de la acuciante preocupación del hombre de entonces por el problema de los pastos. Con el montazgo y herbazgo los señores se procuraron cuantiosos ingresos a costa de la necesidad del colono de alimentar su ganado. Con el avance repoblador, los monasterios e iglesias, los magnates nobiliarios y los caballeros de los concejos del valle del Duero, llegaron a convertirse en grandes propietarios ganaderos. La búsqueda de pastos candi-

Ernnnmfn

pe,·uarin.

334

Lnx cnñndn.J.

ESPAÑA MEDIEVAL

cionó a menudo la política de adquisición de tierras, y su aprovechamiento habría de enfrentar a los señoríos eclesiásticos con los concejos o a éstos entre sí, tal como por ejemplo sucedió en el caso de los de Segovia y Madrid desde los años centrales del siglo XII hasta mediados de la centuria siguiente. El ganado mular y caballar tuvo desde el principio un más alto precio, debido sin duda a la utilidad de esos animales a la hora de formar los ejércitos y a la significación jurídica y social que reportaba la propiedad del caballo (19, III, A). En las tierras llanas de Castilla abundó la oveja, cuya cría y explotación representará en el futuro una fuente económica de primer orden. La necesidad de apacentar los rebaños en tierras del sur aparece como un dato parcial, pero muy apreciable, a la hora de explicar la expansión reconquistadora. La trashumancia ganadera fue organizándose poco a poco, logrando una ordenación coherente y compleja cuando, a fines del siglo XIII, los rebaños alcanzan las tierras de Extremadura y de la Mancha. Las condiciones de acceso a los pastos, el régimen de su utilización y la autoridad y control sobre ellos, fueron así objeto de regulación por algunos fueros municipales y muy señaladamente por los de Cuenca y Salamanca. La trashumancia se efectuó a través de las cañadas. Conforme aumentaba el tránsito de las ovejas, surgieron unas cañadas principales (leonesa, segoviana, soriana y conquense), junto a otros muchos caminos secundarios (ramales, cordeles, tranvías). El origen de las cañada.Ves poco claro. Tradicionalmente se creyó que la red de vías ganaderas procedía de los pueblos celtíberos, persistiendo a través de romanos, visigodos y musulmanes hasta ser heredada por los grandes ganaderos cristianos. Así, para K lein, los conflictos de la Reconquista no habrían impedido el desarrollo de la trashumancia . En cambio, la profesora argentina Reyna Pastor relacionó la creación de esos caminos con la expansión de los grandes monasterios y las necesidades de los poderosos propietarios ganaderos de los concejos.

lnJ mtJlns.

Las comunidades locales hubieron de atender desde los primeros tiempos a los problemas de los pastos y a los conflictos derivados de la propiedad de las ovejas. Organizaron así unas juntas comunes para que vigilaran los campos o mestas, nombre éste que pasaría a designar luego a las juntas mismas. Las diversas asambleas fueron absorbidas en el siglo XIII por la gran Mesta castellana, que asumirá un decisivo protagonismo en el comercio lanero con Europa a lo largo de tres siglos. B) LA REVOLUCION LANERA DEL SIGLO XIV

La oveja me-

rina y la nw,lufión lnnera.

La marcha de la economía de Castilla en la Edad Media se acompasa a la de los ganados de ovejas por cañadas y veredas. La genérica afirmación

ECONOMIA

335

de Carande de que "ninguna manifestación de la vida económica española tiene en su historia el arraigo que la ganadería", puede ser concretada para esta etapa en otra no menos cierta de Vicens Vives: "la estructura de la economía :nedieval castellana se centra en un producto, la lana, y en un productor, la oveja". ¿Cuándo se inició la comercialización en gran escala de la lana, por qué ~vo ello lugar y qué consecuencias acarreó?. Todas estas cuestiones, alrededor de lo que se ha dado en llamar el misterio de la oveja merina, habían sido desigual e insuficientemente tratadas hasta la aparición en 1920 de una obra fundamental, La Mesta, del profesor californiano Klein, donde se uaza la historia ganadera de Castilla, y se estudia la estructura, organización y funciones del Honrado Concejo de la Mesta. El libro de Klein fue traducido al castellano en 1936. Transcurrido ya más de medio siglo desde la edición original, no pocas de sus interpretaciones han sido superadas o matizadas por la investigación ulterior. Sigue siendo no obstante, en la historiografía referente a estos problemas, un hito fundamental.

Los orígenes del esplendor lanero fueron relacionados con la crisis de la Peste Negra. La despoblación del territorio castellano habría facilitado desde 1348 un enorme incremento de las cabezas de ganado, lo que de otra parte coincidió con el agobio económico de Pedro I, quien, para remediar la situación, tuvo que proteger a la ganadería como fuente de ingresos fiscales. Frente a esta tesis, Klein mostró que ya en los inicios del siglo XIV se exportaba lana castellana a Inglaterra. La crisis de la producción de lana en este país abrió así los mercados europeos al producto de la oveja de la meseta peninsular, con lo que Castilla se convirtió en la primera potencia lanera internacional o, como la llama Vicens Vives, "en una especie de Australia contemporánea". Una buena parte del antes citado misterio de la oveja merina es, propiamente, el misterio mismo de la aparición masiva en Castilla de tan benéfica res. Klein aceptó la introducción de las ovejas por los musulmanes, cruzadas luego por los ganaderos castellanos y aragoneses con la raza indígena. En los últimos tiempos ha gozado de general crédito una sofisticada hipótesis de Robert S. López, reinterpretada y difundida por Vicens . Según ella, ante las necesidades de importación de Génova y la ya mencionada crisis inglesa, los mercaderes genoveses habrían pretendido obtener lana de las ovejas merinas del norte de Africa. A tal efecto, algunos de ellos, establecidos en Andalucía, enseñaron a las gentes de Sevilla los métodos de cruce y selección, con lo que en algún tiempo se produjeron en la Península lanas de excelente calidad. Tal interpretación no puede ser acogida hoy sin serias reservas, tras la crítica a que fue sometida en 1982 por Charles J. Bishko. Reconociendo este autor el ingenioso trabajo de López, puso de relieve su insuficiente base documental y excesiva carga especulativa.

Exportnrión de In lnnn.

336 Cabezm de }/(lll(lfl(J ycomerrio.

Valorn,·iún er·nnómicn de In pm
El Concejo de la Mesta. Cnu.1n.1 de su con .,·,;rudán.

ESPAÑA MEDIEVAL

La revolución lanera del siglo XIV arrancó de una multiplicación notable de las cabezas de ganado. Si hacia el año 1300 había en Castilla un millón y medio de ovejas, a fines de la centuria se contaban ya tres millones, convertidos en cinco al concluir el siglo XV. Teniendo en cuenta que sólo una parte de la lana obtenida podía ser transformada por la industria local, el resto hubo de ser exportado a Europa, e incluso a Inglaterra que en la etapa anterior había desempeñado el papel de país abastecedor. Flandes fue con todo el centro neurálgico adonde se dirigieron las exportaciones, redistribuyéndose desde allí la lana a otros muchos mercados de distintos países. La producción lanera y el aparato jurídico-administrativo que contribuyó a su florecimiento, han merecido un doble y encontrado juicio. Muchos autores atribuyeron a tal fenómeno la prosperidad económica de la Castilla medieval. Otros, en cambio, han subrayado las duras contrapartidas que el boom ganadero impuso a la producción agrícola. No ha faltado así una especie de leyenda negra de la Mesta, repleta de ganaderos privilegiados, cuyas ovejas trashumaron por cañadas abiertas a través de campos de cultivo, dañando gravemente a la economía agraria. C)

LA MESTA Y SU ORGANIZACION

l.

Los orígenes del "Honrado Concejo de la Mesta"

A las tempranas reuniones de ganaderos de localidades y comarcas, siguió la constitución de poderosas juntas o mestas municipales. En la segunda mitad del siglo XIII esas asambleas (ligallos en Aragón, mestas en Castilla) se encuentran firmemente asentadas en las diversas ciudades, disfrutan de un ordenamiento confirmado por el rey, tienen sus propias autoridades y en buena medida escapan al control de los concejos. Con amplísimas competencias en los temas ganaderos, las mestas locales entienden de cuantos litigios se suscitan en la conducción, alimento y custodia de los rebaños. En 1273 todos los ganaderos de León y Castilla debían formar parte ya de una única junta o hermandad, pues en esa fecha Alfonso X otorga una carta de privilegios al "concejo de la Mesta de los pastores del mio reyno", que a su vez atestigua la existencia de otros anteriores que debían ser renovados o revocados. A tenor de esto, surge el problema de cómo se formó esa úni<;a Mesta Real y qué relación guarda con las anteriores mestas municipales. Partiendo de Klein, ha sido frecuente afirmar que Alfonso X fundió las diversas mestas en una gran hermandad que con el tiempo habría de llamarse Honrado Concejo de la Mesta de los Pastores de Castilla. Tal

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medida pudo estar motivada por la preocupación económica, a fin de clarificar la cobranza de tributos mediante una organización homogénea. Quizás, sin embargo, no se trató tanto de una imposición directa del monarca, cuanto del reconocimiento regio a las pretensiones de los propios ganaderos. Estos, según Bishko, agobiados por la inseguridad que la trashumancia llevaba consigo, habrían decidido constituir una asociación que les protegiera, obteniendo luego la sanción y tutela del soberano.

l.

Estructura del Concejo

El Concejo estaba compuesto por los hermanos de la Mesta, dueños de rebaños que contribuían económicamente mediante el llamado "servicio de ganado". Cualquiera que pagase el servicio era hermano, con independencia del número de reses que poseyera. Por ello el Concejo estuvo mayoritariamente integrado por pequeños y medianos ganaderos, destacando en consecuencia como una institución de cierto carácter democrático, aunque el control del comercio de la lana quedara luego en manos de los grandes señores castellanos. Los miembros de la hermandad -alrededor de tres mil, a fines del siglo XV-podían concurrir a las asambleas generales. Estas se celebraron durante la Baja Edad Media tres veces al año, reduciéndose a dos en el siglo XVI y a una en la centuria siguiente. Las reuniones tenían lugar en una iglesia o en el campo. El quorum mínimo quedó fijado en cuarenta hermanos, soliendo asistir de doscientos a trescientos, lo que significaba aproximadamente el diez por ciento del total. Las mujeres propietarias de ganados disfrutaron de voz y voto como los varones. Las decisiones del Concejo, relativas en principio a rebaños trashumantes y desde Alfonso XI también a los estantes o de residencia fija, se adoptaban en el seno de los cuatro grandes grupos o cuadrillas, correspondientes a Soria, Segovia, Cuenca y León. La máxima autoridad de la Mesta fue el presidente o alcalde entregador mayor, quien dirige la administración interna, interviene en las relaciones de alto nivel entre agricultores y pastores, y representa en fin al organismo ante el gobierno del reino. Por debajo de él se encontraban los alcaldes entregadores, que debían vigilar y proteger a la institución, multando a aquellos que violaran sus privilegios. En un plano más próximo a la vida cotidiana figuran los alcaldes de la Mesta o alcaldes de cuadrilla, quienes dirimen los conflictos y pleitos entre las cabañas, desempeñando según Klein un relevante papel: "De todos los funcionarios de la Mesta, ninguno tan importante como los alcaldes de cuadrilla o los alcaldes de Mesta. Se elegían dos o más por cuadrilla por espacio de cuatro años. Solían ser personas experimentadas y de intachable reputación, escogidos no por el número de sus rebaños, sino por sus condiciones p ersonales. Les estaba confiado el

Los "hermanos" de la Mesta.

Reuniones del Concejo y adopción de acuerdos.

Autoridades dela Mesta.

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cumplimiento de las leyes de la Mesta por los propios miembros, pero su misión principal era la guardia, custodia y administración de las reses mesteflas o descarriadas. Su gestión era recurrible ante el Consejo de alcaldes de apelación, que funcionaba en todas las Juntas de la Mesta" (La Mesta, 69).

El aparato administrativo corrió a cargo de un cuerpo de contadores y receptores, cuyas rentas eran revisadas anualmente por el presidente. Los intereses del Concejo eran defendidos además por diversos tipos de procuradores: los procuradores de puertos, que percibían los derechos de la Mesta en los puertos reales; los procuradores de dehesas, representantes de la institución en el arriendo de pastos, y los procuradores de Corte o de Chancillerías, quienes actuaban en nombre de esa causa ganadera ante los tribunales de justicia. En Aragón encontramos también desde la época medieval diversas instituciones relacionadas con la protección de la ganadería. La profesora Álvarez Añaños, especialista en estas cuestiones, ha estudiado así la Casa de Ganaderos de Tarazona, la Mesta de Albarracín, en un enclave fronterizo entre Castilla y Aragón, y, sobre todo, la Casa de Ganaderos de Zaragoza, que administra los recursos pecuarios y ejerce funciones de policía en todo el ámbito del reino. En los siglos siguientes, según observa esta autora, el Justicia de Aragón y las Cortes se ocuparán también de salvaguardar los intereses ganaderos. 111. A)

"Revolución comercial" y zonas de desarrollo.

Economia u ..baaa y Come ..cio LA REVOLUCION COMERCIAL DE LA BAJA EDAD MEDIA

El proceso que transformó a la Europa agraria altomedieval en un mundo de florecientes relaciones mercantiles, ha sido con frecuencia calificado por los historiadores de revolución comercial. Y así, al igual que el desarrollo de la industria en los países nórdicos en el siglo XVIII provocó la más conocida revolución industrial, la efervescencia del comercio cinco centurias antes habría dado lugar a una revolución comercial cuyos ejes principales fueron la cuenca mediterránea y el litoral de la Europa del norte, con una zona de encuentro e intercambio principalmente radicada en los Países Bajos. La prosperidad meridional debe ser referida en buena parte al movimiento de las Cruzadas, aglutinante de ideales religiosos, afanes bélicos e intereses comerciales, que facilitó el restablecimiento de la unidad mediterránea quebrantada por la invasión musulmana, e hizo posible la proyección catalanoaragonesa. Centro de ese mundo fueron las ciudades italianas: Venecia en la zona del Adriático; Génova que, tras larga pugna con Pisa, controló el litoral ligur; Florencia que prevalecerá en Toscana, y Milán en Lombardía. Por su parte, el progreso nórdico tuvo como puntos de arranque el cultivo de tierras al este del Elba y el apoyo armado de las Ordenes Militares. Desde la fundación de Lübeck en 1158, el litoral báltico se puebla de una serie de ciudades cuyo pujan-

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te espíritu mercantil conduce mediado el siglo XIV al establecimiento de la Hansa Teutónica (Deutsche Hansa), confederación que centraliza el comercio con Escandinavia y los puertos septentrionales y llega incluso a fundar factorías en Londres y en el oriente (Novgorod). La zona media, en fin, corresponde a las ciudades flamencas. Importando lana primero de Inglaterra y más tarde de España, esas ciudades pasan a ser la avanzadilla de la industria textil europea. Una de ellas, Brujas, se convierte en núcleo exportador de los paños de Flandes y de la metalurgia valona, redistribuyendo las mercancías en los dilatados territorios comprendidos entre el Elba y el golfo de Gascuña. En la explicación de tan transcendental proceso concurren muy dispares causas. Por encima de las que dan razón del despliegue económico en tal o cual área, existen unos fundamentos generales de la revolución comercial. Cabe citar entre ellos, el desarrollo de la navegación -veneciana y escandinava, sobre todo-que liberó a Europa del inmovilismo de la civilización agraria; la aparición de burgos y ciudades que hace surgir una clase social -los burgueses- dedicada a la actividad mercantil; el fomento de los intercambios comerciales en ferias y mercados; la transformación de la mentalidad, en fin, impregnada en los años bajomedievales de un espíritu de empresa propicio a la explotación del dinero y a las diversas formas de préstamos y créditos características del mundo capitalista. A tenor del clásico análisis de Henri Pirenne, los mercaderes fueron en principio gente errante que, con el transcurso del tiempo, se acogió a la protección de los burgos y pequeñas ciudades. Establecidos así en las afueras de los núcleos urbanos, construyeron junto al burgo antiguo otro nuevo, un "burgo de las afueras" o "arrabal" (forisburgus, faubourg), donde se practicaban las transacciones mercantiles y cuyo género de vida difería del de quienes habitaban en el interior. Tales aglomeraciones de mercaderes provocaron a su vez las de artesanos, con lo que la actividad profesional de éstos -y en concreto la fabricación de paños- dejó de realizarse en el campo para tener lugar allí donde el producto podía venderse. Mercaderes y artesanos formaron en consecuencia una clase de "hombres nuevos", que nada tenían que ver con los problemas propios del cultivo de la tierra y con la tupida red señorial que crecía a costa de las relaciones agrarias. Esos nuevos ricos, según les calificó el profesor de Gante, transforman la fisonomía de los núcleos urbanos, donde aquellos barrios comerciales quedan integrados en el conjunto de lo que va a ser la ciudad medieval. De talante emprendedor y aventurero, acuden a ferias y mercados, adquieren grandes fortunas por la explotación y préstamo del dinero, y promueven

Cau.ms de In

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volucián en"' , . rinl".

El anmtnmiento de lm mermdeff!s.

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ESPAÑA MEDIEVAL

empresas y sociedades de tráfico marítimo. La ciudad es el centro de esa expansión económica. Los burgueses logran en ella una atmósfera proteccionista que les permite el control del comercio, y defienden sus intereses mediante agrupaciones corporativas y gremios. Tal es el sentido de la economía urbana que marcará el tránsito a los tiempos modernos. B) FERIAS Y MERCADOS

Lnsferias.

Elmerrado semanal.

Días de merrndo.

En la organización económica medieval, ferias y mercados desempeñaron un papel de primer orden. Habida cuenta de que el comercio exige el encuentro personal de comprador y vendedor, en esos establecimientos aquél tiene mayores posibilidades de obtener la mercancía que busca, mientras el vendedor se ve rodeado por un mayor número de parroquianos y clientes (Ratghen). De otra parte, el clima de inseguridad hubo de propiciar que las transacciones tuvieran lugar en determinados lugares y fechas, dentro de un marco de protección y garantía. En suma, el mercado fue fruto de una doble necesidad: la económica del intercambio y la jurídica de que éste se encuentre adecuadamente protegido. Según la periodicidad de su celebración, podemos distinguir tres tipos fundamentales en el mercado medieval: la feria o mercado anual, el que se celebra cada semana, y el mercado diario. Las ferias son verdaderas reuniones internacionales de comerciantes, quienes se congregan determinados días al año en plazas que por lo mismo adquieren notoriedad y prestigio. A partir del siglo XII destacan las ferias de Champaña -lugar de contacto entre el comercio italiano y la industria flamenca-, las de Flandes, Italia, el más tardío "mercado anual" (Jahrmarkt) de las ciudades del norte de Alemania, o las ferias anglosajonas. Las de Champaña fueron sin duda las más importantes, hasta su decadencia en el siglo XIV. Muchas ciudades españolas tuvieron ferias de señalado relieve (Alcalá de Henares, Burgos, Brihuega, etc.), sobresaliendo a partir del siglo XV las celebradas en Medina del Campo. El mercado semanal limita su radio de acción a una región o comarca, cuyos habitantes acuden un día a la semana -a veces, dos- a traficar con sus mercancías. En ocasiones los propios fueros municipales fijan el día del mercado. En un bello y erudito libro sobre las ferias en Castilla y León, el profesor González Díez ha descrito así la celebración de ese mercado en los distintos días de la semana, según lugares: "El lunes es el escogido en Sahagún, Castrocalbón, Lara, Riaza, San Pedro Manrique , Belorado, Villarcayo y el concejo segoviano de Martín Muñoz de las Posadas. El martes es preferido por los vecinos de Burgos, Espinosa de los Monteros, Roa, Alba de Tormes, Villalpando, Ciudad Rodrigo, Monasterio de Vega, Astorga. Villafranca del Bierzo, Pie·

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drahita, Tordesillas desde 1465 y Zamora. Los miércoles leoneses y mirandeses se han puesto de acuerdo en concurrir al mercado. También para Ponferrada se acuerda que sea la cuarta feria, seguramente con el ánimo de paliar en parte los desastrosos efectos de una guerra que acababa de soportar. Segovia, Soria, Béjar, Berlanga de Duero, Salamanca, Cuéllar desde 1465, Benavides en el Orbigo, Pancorbo, y las tres Medinas -del Campo, Ríoseco y de Pomar- lo hacen los jueves: lo mismo que la riojana Nájera. Avila dedicó el viernes. Los sábados era el día más celebrado para mercar en Mombeltrán, Burgo de Osma, Almazán, La Bañeza, Villalón, Frías, y de nuevo en Burgos y Villalpando. Medina del Campo se inclinó por el domingo".

En todo caso tal vez quepa diferenciar, en esos mercados semanales, los propiamente urbanos de otros que tuvieron lugar en distritos rurales, caracterizándose aquéllos por el abastecimiento ciudadano y la venta artesanal, mientras éstos desarrollaban una contratación y cambio más espontáneos y :arentes de privilegios. El mercado diario (mercatum quotidianus) es en fin el .ugar de intercambio habitual de quienes viven en una localidad concreta. Por .5U paralelismo con el zoco musulmán, fue conocido en Castilla como azogue. La concesión de mercados debió ser en León y Castilla un derecho del rey, y cabe suponer que los señores pudieran otorgar licencias en sus dominios. Existe así un concesionario, el senior mercati, quien por el otorgamiento real se convierte en beneficiario de los ingresos del tráfico. Los fueros municipales dieron cabida al establecimiento de mercados, autorizados otras veces mediante documentos específicos.

E/murado diario. Conce.
merrodo.

Según las averiguaciones de don Luis G. de Valdea ve llano, el más anúguo documento español de concesión de mercado lo finna Alfonso VI en el año 1093, penniúendo al monasterio de Sahagún y a su abad Diego celebrar mercado semanal y que sus ingresos vayan a parar al cenobio (Quod mercatum cum rota sua calumnia ab omni integritate concedo sacro sancto altari Sanctorum Facundi et Primitibi et vobis iam dicto Abbati Domino Didaco).

La protección jurídica de esas reuniones de mercaderes se asegura mediante la llamada paz del mercado, parte a su vez del conjunto de "paces especiales" (Sonde,frieden) previstas para tutelar determinadas situaciones, Jugares o personas, cuya singular naturaleza merece un particular amparo. La paz del mercado salvaguarda no sólo el lugar donde se realiza, sino también el acceso y retomo (conductus) de los comerciantes que allí acuden. El coto regio establece así una composición o multa especialmente grave para quienes perturben la pacífica celebración de estos encuentros mercantiles. Las autoridades municipales asumieron el control de los mercados urbanos. En la Corona de Aragón. y especialmente en Cataluña, ese control se verificó a través de un oficial, el mo.1·tru·.mf. instaurado en Barcelona por privilegio real de 1339. Según ha puesto de manifiesto la doctora Monserrat Bajet, estudiosa de este oficio, el mostassafse ocupaba de dar a conocer la ordenanzas municipales en lo tocante al comercio, de inspeccionar el mercado y de actuar como verdadero juez en los asuntos de su competencia. Tal sistema será luego seguido por muchas ciudades y villas de la Corona de Aragón.

Ln "paz del

merrat1t,··.

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C) Tipos de Ernnnm(n.

No parece admisible hoy una rígida sucesión de tres fases en la historia económica, arrancando de la economía de intercambio o "natural" (Naturalwirtschaft), a la que seguiría una "economía monetaria" (Geldwirtschaft) para concluir, en fin, en la "economía de crédito" (Kreditwirtschaft), por cuanto entre otras razones esta última se da de forma más o menos intensa en épocas muy distintas. Cierto es, sin embargo, que el esplendor del comercio medieval coincide con un verdadero estallido de las operaciones crediticias y de explotación del dinero, fenómeno al que coadyuvan la introducción de procedimientos de pago que reemplazan el uso de la moneda, la aparición del seguro marítimo, la frecuencia de los préstamos y el alza de su tipo de interés, la transformación de los primitivos cambistas en prósperos banqueros, y la constitución, en fin, de auténticas sociedades mercantiles con ánimo de lucro. I.

Origen de In

letm de mmúio.

EL CREDITO Y LA EXPLOTACION DEL DINERO

Letra de cambio y préstamos usurarios

El banquero medieval fue prestamista y negociante, con lo que sus operaciones resultaron ser tanto operaciones de préstamo como de inversión y fomento de negocios diversos. La vida mercantil cobró un espectacular desarrollo mediante el hallazgo y puesta en práctica de instrumentos comerciales, como la contabilidad por partida doble -que supuso un nuevo método para llevar los libros de cuentas de las compañías-, la utilización del endoso y el descuento y, sobre todo, la generalización de la letra de cambio. La letra de cambio fue en sus orígenes un contrato de cambio entre comerciantes ante notario, asegurado con la entrega de una prenda, convirtiéndose luego en un documento que permitía efectuar operaciones comerciales en plazas distintas y con monedas diferentes. De Roover la ha definido al estudiar su origen y trayectoria como "una convención por la que el dador suministra una suma de dinero al arrendador y recibe a cambio un compromiso pagadero a término, pero en otro lugar y en otra moneda". El enorme riesgo que los viajes suponían para comerciantes y peregrinos, necesitados de disponer de dinero en su destino, popularizó el uso de estos documentos, mediante los cuales un acreedor -que libraba la letra- ordenaba a su deudor en otro lugar que pagara a un tercero (tomador), para él o para una cuarta persona (beneficiario), determinada cantidad en fecha fija. Se asegura que la primera letra de cambio conocida corresponde al año 1291 , según texto hallado entre los documentos de un tal Francesco Datini. Es bastante posible, sin

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embargo, como cree Vicens Vives, que esos títulos de fines del XIII y comienzos del XIV no fueran en realidad verdaderas letras de cambio, sino meros instrumentos de intercambio de mercancías (instrumentum ex causa cambii). Para el historiador gerundense, las modernas letras de cambio surgen a fines del sjglo XIV. La tesis de Vicens Vives pretende rectificar la imputación del francés Sayous sobre el atraso del comercio catalán en el uso de estos títulos de crédito inventados por los mercaderes italianos.

La aparición e historia de la letra de cambio en la Península ha sido objeto de un muy importante estudio del profesor Bruno Aguilera. Entre la etapa de los instrumentos de intercambio y la de la letra de cambio propiamente dicha, Aguilera reconoce una "fase de transición" donde es difícil determinar si tal o cual documento constituye strictu sensu una letra de cambio. Para este autor, en fin, no ofrece dudas que la primera letra de cambio conocida en España es una de 21 de julio de 1388, cuyo texto reza así:

Lnletmde t:nmbioen

España.

"En nom de Dieu amen. MCCCLXXXVJII el XXI de Juli . A Senyor Anthoni Maiasser. .. mots salutz; en agues! jorn vos abem manda! a pagar per la primera letra a Jacme Texsaudier dosens e sincanta florins a razon de dotze solidos, e huit diners malla perflori e son per la balor que aquí e vi content de Johan de Cazales Blant e si per la primera no lo abias pagatz per esta segonda li faxs bon compliment e meten en nostre compte e Dieu sie garda de Vos". (A/ dorso) Al Senyor Anthoni Maiasser en Barcelona".

Aguilera hace notar que es ésta una letra de cambio con todos los requisitos y según fórmula que luego habrá de generalizarse. Ciertamente da cabida a los cuatro elementos personales del librador (cuyo nombre se omite), del librado (Maiasser), del tomador (Cazales Blant) y del beneficiario (Texsaudier), así como a la diferencia de monedas y a la implícita de lugar, con la inclusión de la cláusula valor. El uso de la letra de cambio se generalizó en Castilla con ocasión de las ferias de Medina del Campo, llevando esos títulos las claúsula "a pagar en Medina". El endoso, a su vez, multiplicó la eficacia comercial de las letras, convirtiéndolas en eficaces instrumentos de crédito. Según la interpretación tradicional, el endoso habría surgido al desaparecer esa cuarta persona del beneficiario, reconociéndose al tomador el poder nombrar a otros tenedores de la letra mediante la "cláusula a la orden". No obstante, parece más probable que el endoso fuera producto del hábito de ciertos cambiadores de hacer sus pagos mediante bancos, asentando el importe de las letras en los correspondientes libros contables. El más antiguo endoso conocido en España, tuvo lugar en 1430, en una letra de cambio girada desde Roma sobre Barcelona. El préstamo del dinero llevaba consigo una remuneración o beneficio en favor del prestamista. Al tropezar esa práctica con las severas prohibiciones eclesiásticas acerca de la usura, el préstamo con interés se convirtió en

Elendo.w.

ln usurn y su enr.ubrimiento.

344

Et inwi" 1,Kal.

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una dedicación preferente de los judíos, quienes obtuvieron con ello pingües ganancias. No faltaron sin embargo cristianos dedicados a esos negocios. Para evitar la fijación formal de intereses crecidos que acarrearan sanciones espirituales o jurídicas, se idearon ingeniosos sistemas de encubrimiento. Uno de ellos fue entregar cierta cantidad inferior a la estipulada en el contrato de préstamo, con lo que sin figurar interés ninguno o bien simplemente el legal, el prestamista se beneficiaba de la diferencia entre la suma cedida y aquella otra, mayor, que debía devolverle el prestatario. Los fueros de la familia de Cuenca fijaron un sorprendente interés mensual que osciló entre el 33,33 y el 50 por 100, prescribiendo el propio texto conquense que "después de que el dinero del préstamo se duplique, no se gane más". Transcurrida la mitad del siglo XIII, Alfonso X redujo ese interés al 33,33% anual, tasa que de hecho no fue aceptada y ocasionó numerosas tensiones. Casi dos siglos después, Juan II autorizó los préstamos de los judíos siempre que se respetara el 25% anual fijado por las Cortes de Jerez de 1268. El tipo de interés fue más tolerable en la Corona de Aragón y Navarra, donde quedó en un 20%, reduciéndose de hecho a la mitad en Barcelona entrado el siglo XV. 2.

Cambistas y banqueros

Las transacciones comerciales de gentes de distintos países que concurrían a unos mismos lugares para comprar y vender, facilitaron la presencia de cambistas de moneda, quienes se lucraban con unas operaciones que fácilmente escaparon a cualquier control. Muy pronto esos cambistas se convirtieron en custodios de dinero en depósito, que ellos a su vez prestaban a cambio de altos beneficios. Por otra parte, debido a circunstancias diversas, algunos de esos bancos privados quedaron transformados en verdaderos establecimientos públicos. Al ceder ciertas villas a prestamistas el cobro y administración de parte de sus ingresos, los bancos adquirieron en Italia un notorio carácter público. Así surgió en Génova, por ejemplo, el célebre Banco de San Jorge (Casa di San Giorgio) , institución que manejaba los monopolios de la sal , gabelas, derechos y créditos, con un capital en el que se hallaban comprometidas las fortunas de negociantes italianos y extranjeros . El Banco de San Jorge fue modelo de otras varias instituciones similares. Los banqueros rata/anes.

La aparición de establecimientos bancarios fue muy desigual en los territorios peninsulares. En Castilla apenas se superó el estadio embrionario de los cambistas que acudían a ferias. Vicens Vives ha atribuido así a la burguesía castellana una auténtica incapacidad para crear bancos, lo que habría determinado el auge de los prestamistas judíos. Cataluña, en cambio, aprendió el ejemplo de las empresas y establecimientos italia-

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nos, con lo que desde el siglo XIII los cambistas o campsores se dedicaron a prestar dinero no sólo a particulares, sino incluso a los municipios y al propio monarca para resolver problemas de abastecimiento en años de escasez, o para atender los gastos exigidos por empresas bélicas. El florecimiento de los grandes banqueros catalanes a lo largo del siglo XIV, sufrió un retroceso hacia los años ochenta. Hundida la banca privada, os intereses financieros de los reyes fueron gestionados por la banca italiana o quedaron en manos de judíos conversos. Las ciudades, por su parte, establecieron las "tablas ge cambio" (tau/es de canvi) a modo de bancos municipales. La Taula de Canvi de Barcelona, fundada en 1401, puede ser considerada como el primer banco oficial aparecido en España. Controlada por la oligarquía urbana, dominó en ella un conservadurismo financiero que inmovilizaría el capital privado. Esa y otras taules creadas a su imagen y semejanza las de Valencia y Gerona, por ejemplo) no lograron en suma evitar la crisis económica que deterioró el comercio catalán durante el siglo XV.

3. Sociedades mercantiles: compañía y comenda El desarrollo de las operaciones comerciales da lugar durante la Edad • iedia a la aparición de sociedades capitalistas de distinto tipo. Cabe des;.acar entre ellas la compañía y la comenda. La compañía es una sociedad compuesta por mercaderes y negociantes que se unen aportando su capital y actividad a fin de obtener beneficios en .ma determinada empresa. El código de las Partidas la define como "ayun:.amiento de dos ornes, o de más, que es fecho con entención de ganar algo de so uno, ayuntándose los unos con los otros". Los diversos tipos de sociedades de compañía aparecen definidos por dos coordenadas. De un lado, el mayor o menor número de bienes que cada miembro aporta al capital social. De otro, el fin u objeto a cumplir :on esos medios. A tenor del resultado de sus operaciones, la empresa mercantil puede ser lucrosa, en cuyo caso procede repartir las ganancias enue los socios, damnosa o causante de unas pérdidas que ellos deben asumir, o bien simplemente sterilis. En cuanto a su duración, cabe establecer una compañía hasta fecha determinada ("fasta tiempo cierto") o bien con carácter indefinido ("por toda la vida de los compañeros"). Las causas de su disolución son múltiples: la realización del negocio previsto, u otras varias que impidan el cumplimiento del fin social (pérdida del objeto instrumental de la sociedad, renuncia o incapacidad sobrevenida de sus miembros, etc.). La comenda puede ser tanto comenda-dep6sito como comenda-mercantil, contratos ambos que nos son bien conocidos gracias a la investigación de Martínez Gijón. La custodia de dinero o mercancías caracteriza al

Ln Cnmpañfa.

Clnses de Compnñfa y extinción

del ron/roto.

Ln Comenda y

suJ tipos.

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primero de ellos, mientras que en el segundo el comendatario debe llevar a cabo una gestión comercial. La.comenda-mercantil es descrita así por ese autor: "Contrato por el cual una persona, --commendator- entrega a otra ----
La comenda mercantil consiste, pues, en que el comendante aporte el dinero o las mercancías, mientras el comendatario se compromete a efectuar la operación que va a beneficiar a ambos. Esta comenda comercial supuso de ordinario un viaje por mar que debía llevar a cabo el comendatario. Fue así por ello importante instrumento jurídico en la expansión del comercio marítimo. D) EL COMERCIO MARITIMO: SUS FUENTES JURIDICAS

En el transcurso del siglo XIII toda Europa, desde el Báltico al Mediterráneo y del Atlántico a Rusia, quedó abierta al gran comercio. Según antes vimos, la liga hanseática y Flandes, en el norte, y las ciudades italianas al mediodía, fueron los grandes focos impulsores de ese tráfico internacional. A una y otra zona se asomaron las formaciones políticas peninsulares. 1.

Ln Hermnndad de las Marismas.

El comercio castellano

En el siglo XII aparece la marina cántabra y se organizan los cuatro puertos de la Montaña (Castro Urdiales, Santander, Laredo y San Vicente de la Barquera) que comercian con paños, armas y cueros. A partir de 1296, la "Hermandad de la Marina de Castilla con Vitoria" (la llamada Hermandad de las Marismas) asocia a esos puertos con otros vascos constituyendo ya una notable potencia comercial. Al estudiar los antecedentes de la jurisdicción mercantil castellana moderna el profesor Santos M. Coronas ha destacado la cohesión y proyección externas de esa Hermandad de las Marisma.v. La unión de los puertos vasco-cantábricos con Vitoria, diócesis a la que pertenecían, hizo posible una política comercial común sobre la base, según Coronas, de la negativa a seguir trihutanto, la concesión de privilegios de seguridad . a los mercaderes portugueses en reciprocidad a los recibidos por los castellanos, así como la prohibición temporal de tráfico con los puertos de Aquitania, Flandes e Inglaterra. Diversos autores han atribuido la creación de la Hermandad a problemas o motivos internacionales. Antonio Alvarez de Morales ha insistido en cambio en la importancia de establecer una asociación con jurisdicción propia.

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El gran desarrollo de la expansión de Castilla en el Cantábrico, ligado a la aparición y progreso del tráfico lanero, da lugar al establecimiento de cofradías o universidades de mercaderes en Burgos y Bilbao. Estas ciudades rivalizarán durante el siglo XV por exportar lana a Flandes desde Santander o a través del puerto vizcaíno. En 1494 fue erigido el Consulado de Burgos, con un tribunal propio para sentenciar causas mercantiles. Al año siguiente los vascos exigieron y obtuvieron una pragmática que les reconocía sus derechos presuntamente lesionados con el establecimiento burgalés. La iniciativa de crear el Consulado de Burgos partió de la propia universidad de mercaderes radicada en la ciudad. Por haberse inspirado en otros consulados existentes en la Corona de Aragón, Enrique Gacto ha hablado de la "falta de originalidad" de semejante propuesta. Coronas, por su parte, destaca la importancia del privilegio de 21 de julio de aquel año, como punto de partida de un nuevo período en la jurisdicción mercantil castellana.

En el mismo siglo XV se abren ante los marinos andaluces tres grandes horizontes: Canarias, el norte de Africa y el Mediterráneo occidental. Los dos primeros consagrarán la vocación atlántica de Castilla y el consiguiente enfrentamiento con Portugal, preludio de los problemas marítimos de la gesta americana. Su centro fue Sevilla. La vocación mediterránea de los castellanos, comparativamente de tono menor, no tuvo como eje a la ciudad andaluza sino muy probablemente al puerto de Cartagena. A mediados del siglo XIV la marina vasca hace acto de presencia en el Mediterráneo, llegando incluso a convertirse en agente transportista e intermediari6 de las relaciones comerciales entre Italia y la Corona de Aragón.

El Consulado de 8Uff/.O.,.

Proyección aJl(mtico-medite"(mea de Ca.itil/n.

2. El comercio de la Corona de Aragón

En la expansión ultramarina catalanoaragonesa hay que diferenciar dos ámbitos de acción: el atlántico, más moderno y modesto, y el mediterráneo, de vieja solera, vertido a su vez hacia el mundo cristiano de una parte y hacia el musulmán de otra. El comercio con los países cristianos mediterráneos cubrió en principio la ruta del Languedoc y Provenza, teniendo como base estratégica la ciudad de Montpellier. El intercambio de paños catalanes con el trigo siciliano y la plata de Cerdeña fue el objetivo de la ruta de las islas, mientras el tráfico con Nápoles y Venecia tuvo lugar a través de las rutas del Tirreno y del Adriático. En los contactos con el Imperio bizantino, el oriente peninsular rivalizó con las repúblicas italianas en el control del comercio de la seda, oro, esclavos y especias. De otra parte, las relaciones mercantiles con países musulmanes fueron especialmente intensas en Egipto y el norte de

Comercio ron paíl"~.r cristinnm del Meditemineo.

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Comtrcio con Africa. La búsqueda de los valiosos productos orientales llevaron a los ':(;{':;,:~;~;::'" catalanoaragoneses a Alejandría, donde la colonia hispánica llegó a ser hegemónica a fines del siglo XIV, mientras se importaba de Túnez oro y coral para las manufacturas barcelonesas, asegurándose además una importante presencia en los reinos de Bugía y Tremecén, y participando incluso en las expediciones que por el interior del continente africano buscaban el oro y los esclavos del Sudán. A su vez la expansión atlántica se realizó a través Comercio ron del comercio de estaño y lana con Inglaterra, y el de tejidos con Flandes y pars,s det Adriátiro. las ciudades de la Hansa. Los catalanes fundaron asimismo florecientes colonias en Lisboa y Sevilla, aunque en la ciudad andaluza fueron desplazados en el siglo XIV por los genoveses, lo que explicará el ulterior predominio de éstos en las relaciones con América. Seguro y El comercio catalán en el Mediterráneo se asentó sobre unos Consulacambins maniimn.,. dos con jurisdicción propia (31, I, B, 4 ), contando con la cobertura jurídica del seguro marítimo y de otros varios contratos que encauzaron el tráfico mercantil. El seguro fue ya entonces, como ha señalado el profesor Peláez, una institución capital del derecho marítimo, resultando ciertamente significativo que la aseguración terrestre surgiera con un notable desfase cronológico respecto a la empleada en el mar. Los sucesivos estudios de ese autor, y los de García Sanz, han evidenciado la antigüedad e importancia de la actividad aseguratoria en el comercio medieval catalán por el Mediterráneo. Junto a ella se desenvolvió el complejo institucional de los "cambios marítimos", que en la historia catalana dieron cabida a múltiples relaciones jurídicas impulsoras y reguladoras del comercio. El contrato de seguro marítimo más antiguo que conocemos fue celebrado en Génova el l 8-II-1343, y cubría el riesgo del transporte de diez balas de paños entre Porto Pisano y Sicilia. En España los de fecha más temprana se sitúan en Mallorca entre los años 1357-1358, y en Barcelona el 2-VI-1377. Como García Sanz ha puesto de relieve, existieron también antiguos contratos de reaseguro (en los que el asegurador, mediante el pago de una prima, transfiere a otro asegurador el riesgo que él había garantizado con el asegurado), de los que el más antiguo en España es de 31 de agosto de 1428. Hubo también otros más complejos de retrocesión (reaseguro del reaseguro), del que ese mismo autor publicó un ejemplo barcelonés de 22-XI-1497.

3.

Fuentes del derecho marítimo: los "Roles de Oleron" y el Libro del Consulado del Mar

La amplia proyección geográfica del comercio marítimo hizo surgir un •derecho mercantil de trazo universalista, elaborado principalmente sobre

ECONOMIA

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los usos y costumbres prevalentes en cada una de las dos grandes zonas mediterránea y del Atlántico norte. Tales usos inspiraron las decisiones judiciales que resolvían los conflictos entre mercaderes. En el Cantábrico y Mar del Norte esas costumbres no llegaron a ser fijadas por escrito. Sí fue formada, en cambio, una pequeña colección de decisiones judiciales del tribunal de la isla :francesa de Olerón. Tal colección, compuesta por veinticuatro capítulos conocidos como los Róles de Oleron, se difundió por los países nordoccidentales, llegando hasta España donde fueron traducidos bajo el nombre de Fuero de Layrón.

Los "Róles de Oleron".

Los estudios en España sobre los Róles d'Oléron fueron renovados el pasado siglo por el profesor castellonense Arcadio García Sanz, y revisados a fondo y actualizados ahora por la catedrática de la Universidad de Cantabria, Margarita Serna. En el análisis de esta profesora, los Róles d'Oléron, texto que recogía derecho consuetudinario medieval francés proyectado luego en el Atlántico y en el mar báltico, habría sido redactado en la segunda mitad del siglo XIlI, pese a su nombre, en el litoral del suroeste de Francia (quizás Burdeos o La Rochelle) a instancias de un particular. La versión castellana, con el nombre de Fueros de Layrón, contenía un capítulo añadido, el veinticinco, y fue escrita según García Sanz en Normandía y, según Serna, como parece más probable, en las costas septentrionales de Castilla.

En el Mediterráneo resultó en cambio :frecuente recopilar las costumbres que regulaban el comercio. De esta forma aparecen en el siglo XIII diversas redacciones, obra de particulares, mientras se desarrolla la institución de los cónsules y en la centuria siguiente surgen los Consulados de Mar que debían regirse también por esas costumbres marítimas. A los pocos años de instituirse el Consulado del Mar en Barcelona (1347), un jurista recoge y reelabora algunos de aquellos textos junto a ciertas ordenanzas reales relativas a la navegación. Con todo ello forma el llamado Libro del Consulado del Mar (Llibre del Consola! de Mar), denominación con que fue conocida la obra a partir de los últimos años del siglo XIV o primeros del XV Este magno cuerpo jurídico, de casi trescientos capítulos, fue traducido al italiano y al francés, y se difundió por la cuenca mediterránea. Su calidad científica le dotó de admirable resistencia cronológica, permaneciendo vigente hasta 1829, fecha en que fue derogado al promulgarse el Código de Comercio.

El Libro del Consulado del

Mar.

350

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353

18. ESTRUCTURA SOCIAL

l. Demografta y grupos sociales A) LA POBLACION EN LA ESPAÑA CRISTIANA

Resulta difícil calcular, siquiera sea de modo aproximado, el potencial demográfico de los reinos cristianos medievales. Y ello porque a la escasez de datos hay que añadir la movilidad permanente propia de la Reconquista y repoblación, así como las bruscas alternativas ocasionadas por algunos factores positivos -las inmigraciones de francos-y por los más frecuentes y negativos de guerras, epidemias y crisis agrarias. · En los primeros años musulmanes tuvo lugar un incremento demográfico en las montañas del norte, como consecuencia del establecimiento de los cristianos que allí huían. En esas tierras altas la población permaneció luego estacionaria, debido a la emigración del excedente humano que acometía la empresa repobladora. García de Cortázar ha estimado que casi medio millón de personas pudo habitar a mediados del siglo IX los centros de resistencia al Islam. Según parece, la población de las sierras de Pallars y Ribagorza no sufrió variaciones apreciables en el milenio que siguió al siglo IX. Manteniéndose una densidad de 5,5 habitantes por kilómetro cuadrado, el crecimiento natural debió fluir hacia las tierras bajas. Semejante equilibrio tuvo asimismo lugar en las zonas pirenaicas navarra y aragonesa.

La población en León y Castilla debió ser a fines del siglo XI de unos tres millones de personas, cifra que aumentará en las dos centurias siguientes debido a la proyección a Extremadura y a la Andalucía occidental. Se inicia ya entonces un fenómeno consolidado luego: el agrupamiento de las gentes y la consiguiente mayor densidad demográfica en territorios y ciudades de la periferia, mientras las áreas de la Meseta estabilizan tras la repoblación su número de habitantes, que luego inexorablemente decrece.

Población de los núcleos inirinles

dtlaRemnquüta.

354 Crisi.,· dtmngrtljicn en ti .,igln X IV.

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En el siglo XIV y en la primera mitad del XV, Castilla padeció una enorme crisis demográfica a causa de la Peste Negra y otras epidemias. Contando quizás entonces con unos cuatro o cinco millones de personas, no es posible evaluar las consecuencias de esas calamidades, que en todo caso debieron afectar más a las zonas litorales que al interior, y más a los centros urbanos que al campo. El fatídico siglo XIV comienza con una terrible mortandad, la primera de carácter general, que de creer a la Crónica de Fernando IV hizo desaparecer a la cuarta parte de la población ("fue tan grande la mortandad en la gente, que bien cuidaran que muriera el cuarto de toda la gente de la tierra"). El profesor Julio Valdeón, al recapitular todas estas calamidades, señala que ese primer azote de 1301, debido en realidad a los estragos del hambre, puso de manifiesto el desequilibrio reinante entre el número de la población y unos recursos alimenticios que habían llegado al límite según las posibilidades de la época. La presencia de la Peste Negra en el bienio 1349-1350 ocasionó, según la Crónica de Alfonso XI, "la primera e grande pestilencia que es llamada mortandad grande". A esa oleada epidémica siguieron otras, si bien no tan graves, en la segunda mitad de este siglo y en la primera del siguiente. Al margen de los puros números, que nos son desconocidos, sí cabe decir que la enfermedad dio lugar a la despoblación y al abandono de muchas pequeñas aldeas. Por fin, hacia 1445 cabe afirmar que se inicia la recuperación demográfica de Castilla, alcanzándose al concluir la centuria los siete u ocho millones de habitantes. En los territorios orientales de Aragón y Cataluña, la población creció y es posible que llegara a duplicarse desde mediados del siglo XII a mediados del XIV. A tenor de los primerosfogatges o censos de población (entre 1358 y 1365) la Corona de Aragón contaría con unos 900.000 habitantes (450.000 en Cataluña; 200.000 en Aragón; 200.000 en Valencia y 50.000 en Baleares). La Peste Negra produjo asimismo una gran contracción demográfica, cuyo preludio fue la mortandad de hambre del año 1333 (el llamado "mal any primer"). Cataluña debió padecer más la epidemia que Aragón. Alguna zona como la plana de Vic perdió prácticamente dos tercios de su población. Aragón, no obstante, sufrió un serio quebranto y parece bastante probable que un tercio de sus habitantes desapareciera con la enfermedad. Navarra no corrió mejor suerte. Un primer censo de 1366 refiere la existencia en el reino de algo más de 18.000 familias, lo que vendría a corresponder a unos 80.000 habitantes. El cálculo fue hecho tras el gran bache de la epidemia, que en algunas localidades supuso la muerte de la mitad del vecindario. Como en los demás territorios, se observa a lo largo del siglo XV un firme proceso de recuperación.

LA SOCIEDAD

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En resumidas cuentas, en las postrimerías de la Edad Media la población total de la España cristiana debió alcanzar unos nueve millones de habitantes, de los que casi el 90% correspondieron a Castilla. Fue esa la llamada España de cristianos, moros y judíos, compuesta por los descendientes de los pobladores hispano-godos, francos inmigrados, moros cautivos y musulmanes que permanecieron como mudéjares conviviendo pacíficamente con los vencedores; y el conjunto de comunidades judías o aljamas, acogidas a un espíritu de tolerancia que con el tiempo se vio amenazado por graves recelos y disensiones, causantes ya en el siglo XIV de una franca hostilidad popular.

Poblnrián ni tinnino de In EdndMedin.

B) ESTRUCTURA TERNARIA DE LA SOCIEDAD ESTAMENTAL

A imagen de un orden superior o celestial, la sociedad terrena debe organizarse según unos criterios que la asemejen a esa armonía divina. El reino de Dios constituye así lo que se ha dado en llamar un arquetipo político objeto de imitación. El carácter cristocéntrico de la sociedad medieval arranca de una concepción organicista, que atribuye a la Iglesia la condición de "cuerpo" (corpus Ecclesiae) cuya cabeza es Cristo. Desde el siglo XIV la metáfora del cuerpo místico será aplicada a la comunidad política: "assi deven fazer los miembros de toda cibdad e de todo reyno, pues es un cuerpo místico", escribe el obispo Rodrigo Sánchez de Arévalo en su Suma de la política. La sociedad ci vi 1, por consiguiente, ha de ser ordenada como cuerpo del que forman parte diversos miembros o estamentos que, realizando sus propias funciones, concurren a la armonía común. Tal representación, divulgada en los siglos modernos, se había abierto antes camino en el pensamiento político de la España medieval, según Maravall ha puesto de relieve:

Cuerpo Mí.
"Mucho antes, pues. de que Suárez se sirviera de la doctrína del corpus mysticwn para construir la figura soberana, suficiente y perfecta en su orden. de la comunidad política ... : mucho antes de que Erasmo, en el campo de la Iglesia, renovara la inagotada fuerza de la metáfora paulina, en España, siguiendo el movimiento general en Europa, es ya doctrina corriente, en una fusión del organicismo político de procedencia antigua, con la moderna aplicación a la Iglesia de la fórmula paulina, la del cuerpo místico, político o eclesiástico" (Ln idea de Cuerpo Místico en E.~paña antes de Era.wno, 201).

La comunidad política aparece compuesta por tres estamentos u órdenes: los que rezan (oratores), los que combaten y defienden con las armas la paz común (pugnatores, bel/atores), y aquéllos que trabajan o labran (laboratores). Paralelamente se advierte otra catalogación social (mayoresmedianos-menores) que, como ha señalado Alvarado, hace referencia a criterios de poder político o económico. A la cabeza de esa estructura ternaria

Lo~· tres e.stamemos.

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de la sociedad cristiana, se encuentra un príncipe que ejerce con mesura el poder recibido de Dios. La literatura bajomedieval hispánica utilizará un florido repertorio de metáforas para describir ese tríptico de la convivencia social. El fenómeno es desde luego de rango europeo y su representación alcanza a veces un tono idílico y curiosamente pacifista y bucólico. Así se expresa el redactor de la Vida de Dagoberto, un rey mártir carolingio: "El orden sacerdotal salmodiaba en las horas prescritas, himnos a Dios Todopoderoso; (el) militante se consagraba a su rey por un servicio repetido. El orden de los agricultores cultivaba sus propias tierras con una alegría sin tasa, bendiciendo al que trajo la paz a sus campos, y les saciaba con la abundancia del trigo . La juventud noble, siguiendo la costumbre de sus mayores, brincaba cuando se le terciaba, jugando con los perros y los pájaros; no por ello dejaba de cumplir los actos prescritos por el Señor, distribuyendo limosnas a los pobres, sosteniendo a los que se encontraban en dificultades, socorriendo a las viudas y a los huérfanos, vistiendo al desnudo y enterrando a los muertos" (Cit. en Poly-Bournazel, El cambio feudal, 156). Sociedad e.
¿Qué tiene que ver esta sociedad estamental con una sociedad de clases o con la sociedad de castas?. Se ha dicho que la sociedad estamental difiere de la sociedad clasista en que en aquélla la conciencia de estamento es asumida preferentemente por los grupos privilegiados, mientras que en ésta la conciencia de clase corresponde más bien a los estratos inferiores. Por otro lado, la sociedad estamental, más cerrada que la de clases es a su vez más abierta que la sociedad de castas. La rigidez del orden de castas contrasta así con la cierta fluidez de la estructura estamental, donde el propio hermetismo se ve atenuado por la incorporación de algunos "hombres nuevos" (homini novi), que procediendo de las capas bajas ascienden por causas diversas a los sectores más beneficiados de la jerarquía social. Esto sin embargo es la excepción de un orden que preconiza el mantenimiento de cada uno en su propio estamento -"sin mudar el estado en que Dios me puso", comenta un personaje del Libro de los Estados de don Juan Manuel-, orden que además debe ser transmitido a hijos y descendientes. El Derecho, en suma, marcó la diferencia de los grupos sociales en esa sociedad estatamental. Pero además, y antes que eso, el Derecho situó en una posición privilegiada al hombre respecto a la mujer. La profesora Gámez, en un interesante libro sobre el régimen jurídico de la mujer, ha hecho notar que fue la propia realidad social la que mitigó "los excesos de una regulación jurídica de la mujer incompatible con su importancia social y económica".

11. Las clases privilegiadas A) EL "NOBLE" Y SU CARACTERIZACION

La posición más destacada del orden social la ocupan los nobles (nobiles ). Procede pues preguntarse quiénes son los nobles, por qué alguien es

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considerado como tal y si, por otra parte, existe un género único de nobleza o es posible distinguir dentro de él estratos diversos. El nacimiento constituye en principio la única vía de acceso a la nobleza medieval, siendo de notar que los autores de la época distinguen con cuidado la condición de la nobleza de otros valores como la riqueza, el poder, la sabiduría o el valor. Si se es noble, es natural ser rico, poderoso, sabio o valiente; pero no por reunir todas o alguna de estas cualidades es considerado alguien como noble. Riqueza, poder, sabiduría y valor son así atributos, pero no causas de la nobleza. Esta se adquiere por nacimiento (ortus parentibus nobilibus), lo que plantea marginalmente el problema de la transmisión por hombre o mujer del status nobiliario.

Porqué se ~.1 noble.

En la transmisión de los títulos nobiliarios rige el principio de preferencia masculina, si bien se dieron ciertos privilegios de transmisión por vía femenina que han sido estudiados por Carracedo y Abol.

Fue por otra parte común diferenciar diversos grados en la condición del noble. Las personas aparecen calificadas en los textos de "muy noble", de "entre los más nobles", "de igual nobleza" o "de pequeña nobleza",jerarquizando adecuadamente la pertenencia a ese supremo orden social. Tal disparidad refleja la desigual función histórica y el origen de las distintas familias. Se ha distinguido en consecuencia en la España medieval una doble condición nobiliaria: la nobleza de origen burocrático, que desde el reino astur colaboró con el monarca, y aquella otra de segundo orden, formada por los descendientes empobrecidos de los antiguos linajes visigodos, o bien la aristocracia primitiva -nobleza vieja- que quedará marginada ante el empuje y dinamismo desplegados en la Reconquista por una nobleza nueva. El auge y predominio de la nobleza se debieron a muy distintas razones. De un lado a la actividad bélica, en un marco social que convirtió a la caballería en el orden representativo de los ideales guerreros de la comunidad. De otro, a las recompensas regias que en contraprestación a esos servicios transformaron a los nobles en grandes propietarios territoriales. Finalmente a la señorialización de las estructuras rurales, que facilitó la influencia de esas gentes más allá de los límites del propio dominio, y al aseguramiento en las ciudades de una poderosa y creciente nobleza que habría de trocarse en auténticas oligarquías urbanas. B) ALTA NOBLEZA: MAGNATES Y RICOS-HOMBRES

La alta nobleza procede en el reino asturleonés de los magnates nobiliarios o eclesiásticos próximos al monarca, quienes se vinculan con él por lazos de fidelidad y obtienen por ello recompensas diversas. En los siglos bajomedievales aparecen en Castilla y Aragón como ricos-hombres y nobles, o como magnates y barones en Cataluña Valencia y Mallorca. Estos

Grndm y dn.ie.1 de noblew.

Cnusn.i dtl nuge mobiliario.

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Poder de la alta nobleza.

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influyentes personajes castellanos son ya calificados de grandes por Juan II en las Cortes de Valladolid de 1451, expresión que quedará en el futuro. En todo caso la diferenciación alta-baja nobleza tuvo más consistencia jurídica en Aragón y Cataluña. Las Cortes catalanas convocan a unos y a otros con un título distinto: pro nobilibus, magnatibus seu baronibus, a los de la nobleza superior, y pro militibus et hominibus de paratico a los nobles de segundo rango; las cortes aragonesas, como veremos en su momento, llegaron a separarles de hecho en dos brazos distintos (28, III, A, 1). La alta nobleza resultó ser una minoría cuantitativamente insignificante, pero de extraordinario poder. La décima parte de España perteneció en los siglos finales del Medioevo a no más de un millar de familias, de las cuales las más potentes habían medrado al calor de hazañas guerreras, intrigas cortesanas, o eran fruto de descendencia ilegítima de los reyes. A modo de ejemplo, cabe destacar algunos casos más llamativos de esos hijos ilegítimos convertidos en magnates poderosos. Tres bastardos de Jaime I de Aragóa fundaron las poderosas casas de los Castro, los Híjar, los Ayerbe y los Xérica. Los hijos naturales de Alfonso XI de Castilla no fueron menos : el infante Sancho llegó a conde de Alburquerque; Fadrique, maestre de Santiago, aparece como arranque de los Enríquez, almirantes de Castilla, y de los Enríquez de Castro, condes de Lemes y Trastámara y duques de Arjona: otro bastardo del prolífico rey castellano, Pedro, obispo de Palencia. inicia la pujante casa palentina de los Sancho de Castilla.

Alta nobleu, enAmgón y

Cnstil/a.

La evolución de la alta nobleza en Castilla y Aragón fue en la Baja Edad Media de signo inverso. Durante el siglo XIII, con unos nobles castellanos de discreto peso, la nobleza aragonesa llegó a disputar el poder al monarca, alzándose en movimientos aristocráticos-la Unión-que en las cortes de Tarazana de 1283 propusieron la expulsión del rey que atentara a sus privilegios. Desde mediados del siglo XIV se produce lo que Francisco de Moxó ha calificado de "progresiva domesticación" de los grandes linajes aragoneses por parte de la Corona, mientras la reconquista de Andalucía, las mercedes enriqueñas -de Enrique II de Trastámara- o el comercio de la lana, encumbran a los señores castellanos que se han convertido, con título de conde, duque o marqués, en grandes propietarios territoriales. Es la hora de los Medinasidonia, Medinaceli, duques de Arcos, marqueses de Cádiz, condes de Priego etc., quienes a su vez desempeñan un importante papel en la vida cortesana. Domina así una nobleza palatina en la que es muy de admirar su cultura y refinamiento -a ella pertenecen figuras ilustres como Juan Manuel, el Marqués de Santillana o Jorge Manrique-, y en la que es de admirar menos su ostentación, opulencia y laxitud moral. Sobrequés ha insi stido , quizás con exceso, en la imagen del grande castellano, ávido de riqueza y poder, con la única ambición de "acrecentar sus estados", carente de escrúpulos , lleno de orgullo y codicia , mujeriego en fin -las frases "amó mucho mugeres" o "pluguiéronle mucho mugeres" abundan en los retratos literarios de la época-.

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Las Coplas de Jorge Manrique, hijo del maestre de Santiago, Rodrigo Manrique, conde de Paredes, constituyen una desencantada réplica a ese mundo de fastuosidad y pompa.

C)

BAJA NOBLEZA: INFANZONES E IDDALGOS

El grado inferior de la nobleza castellano-leonesa está integrado por los llamados infanzones, descendientes de la aristocracia nobiliaria del reino asturleonés, mientras en los territorios de Cataluña, Valencia y Mallorca nos encontramos con nobles de rango secundario citados en los textos como milites, cavallers o donzells. En Aragón la pequeña nobleza da cabida a infanzones y caballeros. A fines del siglo XII esos nobles son designados en León y Castilla con el calificativo de hidalgos (de fijodalgo, "hijo de alguien": filius alicuius). Los hidalgos formaron una clase privilegiada dedicada al ejercicio de las armas -se les llama así milites, es decir, quienes combaten a caballo-, aunque también existieron hidalgos rurales de inferior condición. Esta baja nobleza representó en la sociedad medieval un papel de mediación e intercambio entre los altos magnates y el pueblo llano. Se nutrió así a menudo de gentes procedentes de estratos inferiores, recibiendo a su vez a elementos de la alta nobleza como fue el caso de los segundones venidos a menos. En Castilla los infanzones integraron la inmensa mayoría del estamento nobiliario altomedieval, perdiendo en los siglos siguientes su homogeneidad y carácter genuino, para diluirse en el conjunto indiferenciado de quienes gozaban de cierta notoriedad social. A ello contribuyó esa condición de clase flexible, con una permeabilidad acentuada por el ascenso de los caballeros villanos, que en la práctica les fueron asimilados, así como por la identificación entre hidalguía y exención fiscal. Al admitir Juan I que se considerase hidalgo exento quien reuniera ciertas condiciones, surgió una grave confusión entre la exención fiscal (de la que en determinados casos podían beneficiarse los pecheros) y la hidalguía, una de cuyas prerrogativas era precisamente la exoneración del pago de impuestos. Se convirtieron así en hidalgos los campesinos y artesanos del País Vasco y Asturias, que desde tiempo atrás no contribuían al fisco. A la postre, no faltaron hidalgos carentes de medios de subsistencia, conformando con el tiempo ese tipo de hidalgo castellano sobrado de dignidad social y de estrechez económica, cuyas huellas en los siglos modernos registrará con tanta brillantez la literatura hispana.

l nfnnzon eJ.

Hidnlli"·' ·

Durtilidnd soda/ de In bnjn noble:.n.

D) CONDICION JURIDICA DE LOS NOBLES

La pertenencia a la nobleza no reportó sólo crédito o estima social, generando una cohesión (la solidaridad del linaje, de la que habla el profesor

Exenl'iánfism l.

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Moxó y Montolíu al estudiar la nobleza aragonesa), sino que se tradujo en un estatuto jurídico de verdadero privilegio cuya base económica fue la exención fiscal. Los nobles no pagan los tributos ordinarios ni extraordinarios, y sus fincas y heredades permanecen libres de cualquier gravamen, por lo que llegará a prohibirse que se les transfieran tierras sujetas a impuestos. Si la mujer hidalga contrae matrimonio con labrador, sus bienes según el Fuero Viejo de Castilla pierden la exención fiscal, recuperándola al enviudar con tal de que practique la humillante ceremonia de acudir con una albarda ante la tumba del difunto, golpeando el sepulcro y repitiendo tres veces: "Villano, toma tu villanía, da a mí mía fidalguía" . Otros privile11ios.

El riepto.

Jummentoy torturo.

La composición por la muerte del noble fue de 500 sueldos, casi el doble por tanto de la que correspondía al homicidio del simplemente libre (300). Con el pago de aquella superior cantidad, quedaban asimismo penados quienes atentaran contra las personas, propiedades y bienes nobiliarios, objeto de una especial tutela en virtud de su peculiar invulnerabilidad o "coto". A veces esos nobles podían hacer partícipes de sus privilegios de exención de tributos o de determinados servicios, a quienes dependían de ellos, con lo que estos nuevos beneficiarios fueron conocidos como "paniaguados" (apaniaguados). En la esfera judicial existen unos procedimientos especiales que se aplican exclusivamente a los nobles, entre los que destaca el riepto o reto, sustanciado ante la corte regia en los casos de traición o aleve. Como han puesto de relieve los estudiosos de esta institución, ese duelo nobiliario evolucionó desbordando su primitivo carácter de ejercicio de la venganza, hasta convertirse en una práctica moderada por la honra monárquica y caballeresca. El duelo judicial que dirimía el pleito era precedido por la justificación acusatoria del agraviado y el desafío (diffidamentum) consiguiente. Los nobles quedaron directamente sujetos a la jurisdicción del tribunal real. A efectos de prueba, su juramento tuvo más valor que el de los simplemente libres. No podían además ser sometidos a tormento, si bien de tal beneficio fueron exceptuados en las Partidas los caballeros reos de alta traición. 111. Los hombres libres e independientes

Al margen de esas minorías privilegiadas, la mayor parte de la población estuvo compuesta por hombres simplemente libres, carentes así de la especial relevancia nobiliaria, pero alejados en principio también de la desfavorable situación de quienes ocupaban los estratos sociales inferio-

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res. No obstante hay que señalar que en modo alguno puede considerarse a este conjunto de hombres, jurídicamente libres, como una clase social homogénea y nítidamente diferenciada. Algunos de ellos tendieron a equipararse con la nobleza. Otros mantuvieron la libertad teórica, pero de hecho fueron gentes dependientes de dueños y señores, con lo que su situación se asemejó a la de los siervos. La parcial rehabilitación jurídica de estos últimos fue, en fin, un último factor de mezcolanza social. Con fundamento ha podido hablarse de la multitud de situaciones intermedias, que oscurecen la añeja distinción entre libres y siervos, característica del mundo antiguo. A) PEQUEÑOS PROPIETARIOS RUSTICOS Y PROMOCION ARISTOCRATICA DE LOS VILLANOS

El proceso repoblador determinó la existencia de una serie de pequeños propietarios libres, dueños de sus tierras en el valle del Duero o de los alodios en Cataluña. Junto a ellos, muchas gentes conservaron la libertad, dedicándose a cultivar tierras de nobles, iglesias o monasterios. Unos y otros integran la población rural, dispersa en explotaciones agrarias y en pequeñas aldeas o villas cuyos habitantes fueron así llamados villanos. Con el transcurso del tiempo disminuyó el número de los pequeños propietarios dueños de su hacienda y libres de dependencia señorial, por cuanto el poderío de magnates nobiliarios, iglesias y monasterios, generalizó las concesiones de tierras en prestimonio o tenencia, quedando sus cultivadores económicamente sujetos a los dueños. Los villanos en Castilla, quienes por su condición de tributarios fueron conocidos luego como pecheros, junto a los llamados villanos reales en el área navarro-aragonesa, y una pequeña parte de los payeses catalanes, formaron el conjunto del campesinado libre. Desde fechas tempranas los condes castellanos debieron enrolar en sus huestes a esos villanos libres que podían acudir con su caballo, lo que lógicamente les significó un medio de promoción social. Tal fenómeno fue sancionado en el año 974, cuando el conde García Fernández concedió la infanzonía a los caballeros villanos de Castrojeriz (ut sint infanzones, reza el fuero local de ese año). Con ello García Fernández llevó a cabo lo que Menéndez Pidal ha calificado de reforma revolucionaria, consiguiendo "una democratización de los de arriba al aristocratizar a los de abajo". Razones militares estimularon así la creación de una caballería villana o "caballería popular". El hecho de disponer de patrimonio, caballo y equipo de guerra, facilitó el ascenso de esos caballeros villanos que se vieron integrados en la baja nobleza.

ú,s rnúallrms villanos.

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"Caballuos runntioUn movimiento sos " e "infanwnts otros territorios. A de pnblacirín ".

paralelo de promoción social tuvo lugar más tarde en partir del siglo XII quienes poseen en Cuenca y en la Extremadura leonesa cierta cuantía de bienes, son llamados a servir a caballo en el ejército convirtiéndose en caballeros cuantiosos, mientras en Aragón y Navarra los estímulos repobladores llevan a conceder la infanzonía a los pobladores de las ciudades ribereñas del Ebro (infanzones de población). B) ENCOMENDACION Y PATROCINIO: LAS BEHETRIAS

1.

Encomenrlarión personal y territorial.

Orígenes de la encomendación y sus clases

En un clima carente de seguridad y orden, propio del mundo rural que vive fuera del control de la autoridad pública, los más débiles hubieron de buscar siempre la protección de los poderosos. Fue ello una constante histórica, presente ya en los esquemas agrarios del Bajo Imperio romano, reiterada luego en los del Estado visigodo, y que retoña ahora en los primeros siglos altomedievales. Esa necesidad de amparo generó diversas formas de encomendación o patrocinio, fundamentalmente reductibles a dos tipos. Quienes, por un lado, carecían de bienes raíces, hubieron de entrar en el servicio de los potentes y establecer con ellos vínculos de carácter personal. En cambio, los que poseían heredades y solicitaban amparo, basaron en ellas el precio de la protección, cediéndolas total o parcialmente, o entregando parte de sus frutos . Surgieron y se desarrollaron así dos clases de encomendación: personal y territorial. Esta última fue pues la característica de los pequeños propietarios rurales que ahora estudiamos. La encomendación personal debió ser poco frecuente en el reino asturleonés. Según Sánchez Albornoz, habría sido más usual que los hombres libres cedieran sus tierras o pagaran por ellas un censo para ser protegidos por las iglesias o por poderosos laicos. El apogeo de la encomendación territorial se correspondió lógicamente con el predominio de los pequeños propietarios, por cuanto los hombres libres sin tierras, en expresión del mismo autor, fueron una "especie casi desconocida en la fauna social del siglo X". 2. Los hombres de benefactoría

"lncomm,minlio''

y parto.,· de benefa rtor(a.

La relación de patrocinio de esos propietarios necesitados de ayuda, cristalizó a su vez en dos clases de convenios, formalmente distintos pero en lo esencial de una única naturaleza. En Galicia y Portugal nos encontramos con los llamados pactos de incommuniatio, mientras en León y Castilla abundan los pactos de benefactoría. La incommuniatio o incommuniarño portuguesa se materializa en un documento, la kartula incommuniationis, que normalmente expresa que la entrega de tierras se hace

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a cambio de la protección del señor. Hay sin embargo cartas de esta especie que no hacen referencia a los motivos de la cesión de heredades.

Esos dos tipos de pactos responden a la única y compleja institución del patrocinio territorial. Sus diferencias residen en la cuantía y forma en que el pequeño propietario compromete los bienes. En los contratos galaicoportugueses el campesino entrega la mitad de sus tierras, o la mitad de algunas de ellas, en plena propiedad. Las cartas de benefactoría son en cambio más flexibles, pudiendo comprender tanto la transmisión de la totalidad de los predios, como el mero gravamen de uno o varios de ellos mediante formas variables de censo. Al margen de esas cuestiones técnicas, parece claro el parentesco esencial de ambas estipulaciones, deudoras una y otra de la vieja commendatio romana. La palabra i11communiatio resalta la forma de entrega de las tierras, mientras el término benefactoría hace hincapié en el favor o beneficio de que es objeto el patrocinado. Se trata en suma de una misma realidad expresada desde distintas perspectivas.

La benefactoría es pues una relación entre dos hombres libres, de distinta condición económica y social, por la que el más poderoso protege al pequeño propietario, a cambio de que éste le entregue tierras o le pague un censo en especie con el que quedan afectadas las suyas propias. La benefactoría presupone un bien que se hace al patrocinado (bene /acere: hacer el bien), dado que éste busca un hombre que le proteja o beneficie, lo que no obsta para que determinados pactos expresen sin ambages la amenaza de quien impuso una estipulación que es suscrita por el puro temor: "porque tuvimos miedo de vuestra ira", confiesan algunos patrocinados que lo debieron ser muy a pesar suyo. El señor se compromete a la defensa y protección del encomendado, mientras éste le entrega las tierras o las grava con un censo, presta obediencia y fidelidad, y llama a su patrono "señor" (dominus, senior). El vínculo entre los señores y los hombres de benefactoría fue de duración variable. A veces concluye con la vida del patrono o con la del patrocinado, y otras se prolonga a los descendientes. Legalmente el encomendado puede romper la relación a su arbitrio y buscar otro señor. 3.

w úenefa,1nrín.

La.s behetrías y los hombres de behetría

Los hombres de benefactoría aparecen en los textos a partir del siglo XIII como hombres de behetría. Se ha producido una evolución del término (benefactoría-benfactría-benfetría-behetría) que sigue respondiendo al mismo contenido de encomendación territorial. Ahora bien, en tanto en

Evo/uciánde be11efartmfns n behetría.,.

364

Behetrías "de mara mar" y behetrías rle li-

rwje.

Los devfaeros.

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cuanto el hombre de behetría lo es por poseer unas tierras con cuya renta paga la protección del poderoso, las tierras mismas son tierras de behetría o simplemente behetrías. El nombre, pues, se ha desprendido de la relación jurídica o de los hombres sujetos a protección, para calificar a las tierras que eran base del patrocinio. Aun manteniéndose tal identidad de fondo entre benefactorías y behetrías, apreciamos ahora en éstas una serie de importantes novedades. En primer lugar, las benefactorías personales o familiares han sido a menudo sustituidas por behetrías colectivas. En segundo lugar, las que antes solían ser encomendaciones vitalicias suelen tener ahora carácter hereditario, mientras los hombres de behetría encuentran mayor dificultad para cambiar de señor. Además, las tierras de behetría pagan una serie de gabelas yantar, infurción, marzadga, etc.- características del régimen señorial (17, III, C). Finalmente, muchas de esas tierras no dependen de un único dueño, sino de un linaje o conjunto de familias . El primer cambio implica la sustitución de los individuos o familias de benefactoría, por lugares y aldeas de behetría. El segundo comporta que la primitiva e indiscriminada libertad de elegir dueño se vea ahora recortada, pudiéndose cambiar de señor sólo en el seno de unas mismas familias. Se pasa así de las llamadas behetrías de mar a mar, donde como dicen los documentos cabe buscar señor en cualquier lugar "desde donde nace el sol hasta donde se pone" (de solis ortum usque ad occasum), a unas behetrías de linaje, cuyos textos o cartas exponen y limitan el marco parental donde el patrocinado puede escoger nuevo dueño. La existencia de esas behetrías de linaje explica, en fin, la última de las transformaciones reseñadas_ Los miembros de la estirpe resultan ser deviseros o copartícipes de los beneficios de la behetría, situación y derechos que los propios documentos detallan. Sucede en suma que, conservando la esencia del patrocinio territorial, la primitiva y simple relación de benefactoría ha dado paso al complicado mosaico de las relaciones de behetría, donde son de apreciar, como señala Clavero, una multiplicidad de situaciones intermedias: "Creo que el tema de la designación del señor de la behetría aparece oscuro precisamente por la diversidad de supuestos que debían de darse a mediados del siglo Xlll, diversidad que dependería de la situación a que , en cada caso, hubiera llegado esta institución sometida a un proceso de cambio en el conjunto de sus instancias señoriales .. . Las distintas situaciones podían ir; en una variada gama de estadios intermedios , desde la behetría cuyos vecinos, detentando el dominio de la totalidad o de gran parte de sus tierras , tendrían el arbitrio, más o menos mediatizado por las coacciones señoriales o por la progresiva presencia de hidalgos diviseros , de ·e ncomendarse a algún señor, hasta la behetría evolucionada donde dichos deviseros, poseyendo la mayor parte de sus heredades, serían los que designasen un señor entre ellos o incluso, mediante encomendación, entre nobles ajenos a la behetría". (Behetría, 241 ).

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365

El panorama global de los lugares de behetría a mediados del siglo XIV, con la señalización de sus dueños, deviseros y gabelas que cada lugar satisface, ha quedado recogido en el llamado Libro becerro de las merindades de Castilla, o más brevemente Libro becerro, elaborado en 1352 como consecuencia de la petición hecha por los hidalgos castellanos en las Cortes de Valladolid celebradas un año antes. Esta obra ha sido objeto de una valiosa edición crítica por el profesor Gonzalo Martínez Díez.

Ubrode /n., Behelrin.,.

El Libro becerro se había publica.do a mediados del siglo XIX y, pese a la precariedad del texto, fue siempre una fuente capital en la historia de la Baja Edad Media castellana. Martínez Díez ha llevado a cabo una brillante labor. Superando la elemental edición decimonónica y mediante el cotejo de los numerosos manuscritos del Becerro, ha fijado el texto crítico, delimitando el sistema de merindades y llegando a localizar uno a uno la práctica totalidad (486 de 488) de los despoblados que en el libro se mencionan.

4. Los textos jurídicos: las "Devysas"

Las Devysas que an los sennores en sus vasallos es una pequeña colección, compuesta por 36 capítulos, donde se recogen los derechos y prestaciones que esos deviseros o señores de behetría pueden exigir de sus protegidos. El texto fue escrito en el siglo XIII por un autor desconocido, quien no debió limitarse a recopilar los usos vigentes en alguna comarca, sino que pretendió en cierto modo reunir la costumbre general castellana sobre estas cuestiones, haciendo referencia a las variantes apreciadas en los diversos territorios. La colección de Devysas fue publicada por García-Gallo, quien destacó el equilibrio y objetividad de que hizo gala ese anónimo autor al fijar por escrito la correcta práctica de las prestaciones. Así se expresa, por ejemplo, al iniciar el capítulo segundo: "Quando el fijo dalgo viene a la villa onde es devysero deve posar en cualquier casa quier que de behetría sea, et mandar tomar a sus omnes conducho et ropa por la villa quanto menester ovyere en las casas de la behetría. Mas non en casa de otro fijo dalgo nin de otro omne que lo y aya de realengo nin de abadengo". (AHDE, 13, 318).

C)

BURGUESES Y CIUDADANOS

1. La formación del patriciado urbano Según hicimos notar (18,111,A) el asentamiento de mercaderes y artesanos dio origen en las ciudades a la aparición de una clase burguesa independiente, dedicada al comercio, próspera en lo económico y libre en Jo

Ciudnd y libertad.

366

Aparición del pnlrir indo urbano.

Burguese.l"

y letmdo.,·.

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jurídico. Esta libertad constituye el signo definitorio de unas gentes que han de viajar, disponer de sus bienes, comprar y vender, explotar el dinero y practicar, en fin, toda suerte de contratos mercantiles. La libertad deja así de ser, como observa Pirenne, un privilegio personal, para convertirse en condición común a la burguesía en su conjunto. Y en tanto en cuanto esa clase social vive en los burgos o ciudades, la libertad logra carta territorial y se hace propia de los núcleos urbanos, al igual que las relaciones de dependencia quedan como características del mundo rural. Ciudad y libertad. Vida urbana y vida libre. Quien habita en los burgos un cierto tiempo adquiere por ello mismo el estado de plena libertad o franquicia. Un proverbio alemán dirá simbólicamente que "el aire de la ciudad hace libre" (Stadtluft macht frei). El progreso de estas gentes afectó al mundo jurídico de una doble forma y creó en consecuencia la nueva atmósfera legal donde ellas se desenvolvieron. De una parte, el ir y venir de negociantes hizo surgir un conjunto de usos cuya observancia fue sometida en la Europa altomedieval al juicio de tribunales especiales, como por ejemplo sucedió en Inglaterra con los llamados "tribunales de los pies polvorientos" (courts ofpiepowders o courts ofdusty feet) que entendían de los conflictos de los mercaderes en distintos lugares. Se llegó así a un ius mercatorum, transformado luego en un auténtico derecho mercantil internacional. Pero, de otro lado, el establecimiento en las villas condicionó la aparición de un derecho municipal autónomo, y cuando tuvo lugar a partir del siglo XII el engrandecimiento de las ciudades, el patriciado urbano accedió al poder local, monopolizó los cargos públicos y, representando a esas ciudades, se hizo presente en las Cortes o gran asamblea política del reino. La clase urbana dirigente estuvo compuesta por los burgueses enriquecidos y también por segundones de familias hidalgas, que en determinados territorios (Cataluña y Aragón) hubieron de renunciar a su estatuto nobiliario al instalarse en las ciudades. Entre aquellos burgueses, dedicados ya no sólo al comercio sino también a la práctica de profesiones liberales, cobran creciente importancia los letrados. cuyo predominio en la sociedad bajomedieval fue debido a la expansión burocrática de la administración pública, en unos momentos coincidentes con la creación de las primeras universidades, nutridas desde el principio por la aristocracia urbana y el clero. Esos eruditos ciudadanos y eclesiásticos ocupan en consecuencia los consejos de los reyes o los altos cargos de la administración de los reinos. Numéricamente el patriciado urbano fue escaso. Dividida por ejemplo la población barcelonesa del siglo XV en cuatro clases de ciutadans, mercaders, artistes y menestrals, los primeros no llegaron al centenar de personas cuando la ciudad contaba con seis o siete mil cabezas de familia. Por debajo de la oligarquía rectora, a menudo repleta de judíos conversos, figu-

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raba el pueblo llano y el último grupo de las gentes "menores", peones y asalariados de todo orden. La organización gremial aglutinó los intereses profesionales de estas clases medias. 2. Cofradías y gremios

La práctica de los mismos oficios reunió a artesanos y menestrales en cofradías o gremios, expresión de un movimiento corporativo general en Europa, cuyo origen ha sido largamente debatido. Tales asociaciones se han explicado así tanto como fruto de un proceso social que surge de abajo a arriba, impulsadas por los artesanos que se unen en defensa de sus intereses, como en sentido inverso a modo de estructuras creadas por el poder público para lograr y mantener el control social. En todo caso son corporaciones cerradas y jerárquicas, en las que desde los estratos inferiores se asciende a los superiores a través de la práctica del oficio.

Origen de los ,:remios.

Tal caracterización es general, tanto se trate de las Gi/den germánicas, guilds anglosajonas, arti italianas o gremio.1· españoles. El esquema de aprendices, oficiales y maestros aparece completo en el clásico Libro de los oficios de París, compuesto por el dirigente ciudadano Esteban Boileau a mitad del siglo XIII. Se da en él cabida.junto a esos sectores, a los guardianes o jurados que constituyen el núcleo dirigente de la asociación profesional.

Las corporaciones de artesanos surgieron probablemente en España bajo la forma inicial de cofradías, que agrupaban con un fin piadoso a quienes ejercían el mismo oficio. Bajo la advocación del santo patrón, la cofradía lleva a cabo una serie de actividades profesionales, pero organiza además la asistencia y previsión social de sus miembros. Con el transcurso del tiempo, los objetivos religiosos y benéficos quedan en segundo plano, acentuándose en cambio la defensa de los intereses mercantiles y el control de la calidad, precio y competitividad de los productos, con lo que la corporación se configura como una casta cerrada que monopoliza un determinado oficio, cuyo aprendizaje y práctica sólo puede realizarse dentro de ella. Nos encontramos así con los gremios, herméticos y refractarios a la vigilancia de la autoridad pública, que al final hubo de enfrentarse con ellos. En Castilla, Femando III el Santo ordenó en las Cortes de Sevilla de 1250 la supresión de las cofradías que no fueran para "soterrar muertos e para luminarias e para dar a pobres". Alfonso X prohibió en las Partidas que estas asociaciones fijaran los precios o exclusivizaran la práctica de oficios, "de todo lo cual se siguen muchos males". También hubo en Navarra medidas restrictivas. En la Corona de Aragón, en cambio, tras algunas prescripciones limitatorias, los gremios se desarrollaron con fuerza en la

Restn"cciones n

('()Jradln.,· y J:n!mios.

368

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segunda mitad del siglo XIV y a lo largo del XV, siendo su prosperidad especialmente notable en Cataluña. Al cabo de unos años de trabajo, entre tres y seis, el aprendiz se convertía en oficial, apareciendo entonces como famulus et discipulus del maestro. Por lo demás, es de destacar la participación de las mujeres en los gremios, y hasta el hecho de que algunas de ellas -muchas veces viudas- alcanzaran el maestrazgo, situándose al frente de los talleres propios de la tradición familiar. IV. La• cla•e• inferiores

En los niveles más bajos de la estructura social figuran colonos y siervos. Aquéllos eran en principio hombres libres que cultivaban tierras ajenas, mientras los siervos, teóricamente carentes de libertad, vivían en su mayoría diseminados por los grandes dominios rurales. De hecho tuvo lugar un proceso de acercamiento e indiferenciación entre ambos, por cuanto los colonos quedaron a menudo en situación muy precaria, adscritos a la tierra, mientras a su vez crecía la emancipación de los siervos agrarios, con lo que éstos alcanzaron una situación similar a la de los colones pseudolibres. A)

Lm "iuniore,".

LOS COLONOS O CULTIVADORES DE TIERRAS AJENAS

Los textos altomedievales dan cuenta de la existencia de colonos o campesinos instalados en las grandes posesiones de los reyes, magnates, iglesias y monasterios. Cabría, en principio, pensar que estas gentes --citadas en los documentos como tributarii, iuniores, collazos- fueran los sucesores históricos de aquellos colonos romanos que habían vivido en los grandes fundos con la crisis del Bajo Imperio. El hecho, sin embargo, de la despoblación del valle del Duero, subsiguiente a la conquista musulmana, aconseja rechazar tal posibilidad. Más probable parece, en cambio, que esos colonos fuesen gentes que se sumaron a la repoblación en fecha tardía, y bien por no tener a mano tierras vacantes para apropiárselas por presura, o por actuar al amparo de los poderosos, el caso es que pasaron a cultivar como hombres libres tierras que no eran suyas. En Galicia y León aparecen como campesinos los "mozos" o iuniores. Ahora bien, ¿quiénes eran en realidad esos iuniores? Para Sánchez Albornoz descendían de colonos adscritos al predio rústico, figurando en consecuencia unos "iuniores por heredad" (iuniores per hereditatem), con cierta autonomía y capacidad de movimiento, y desde el siglo XIII otros "iuniores de cabeza" (iuniores ex capite), los cuales, al margen de esas relaciones propias del cultivo de la tierra, quedaban sujetos al señor por vínculos de naturaleza personal. Para García-Gallo, en cambio, los iuniores no fueron colo-

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::os adscritos primitivamente al fundo, sino campesinos libres y pequeños propietarios de alguna heredad, que además cultivan otras tierras recibidas del señor en prestimonio. Junto a esos "iuniores por heredad", el "iunior de ca:,eza" es un patrocinado personal que queda vinculado al señor. Los iuniores son, en fin, gentes libres, con una libertad restringida de hecho: "El iunior que cultiva y sirve una heredad, tiene libertad de movimiento, como el prestatario; puede venderla a otro de su condición, como éste; y si se marcha sin hacerlo, pierde la heredad recibida del señor, más una parte, que a veces es la mitad de sus bienes muebles e inmuebles, conservando la otra mitad, también como ocurre exactamente en las relaciones de presúmonio. Por todo ello, si bien ignoramos mucho de la condición concreta del iunior; lo que de él sabemos es suficiente para identificarle como un miembro más de esta clase de cultivadores de tierras señoriales recibidas en prestimonio" (El hombre y la tierra en la Edad Media leonesa, 368).

Con excepción de Cataluña, en la Baja Edad Media se generaliza la calificación de solariegos y collazos, menos empleada antes, para designar al :onjunto de los vasallos del señorío. Solariego es desde el principio, en sentido estricto, quien posee un solar, pero en la práctica se convierte en quien ocupa un solar ajeno, y de ahí que las Partidas le mencionen como la persona que "vive en el solar de otro". Su condición fue ciertamente precaria, por lo que ha solido ser asimilado al collazo, o se ha visto sencillamente catalogado como hombre semilibre. Los collazos aparecen en las fuentes altomedievales relacionados con las tierras, lo que induce a descartar su analogía con el "iunior de cabeza", propugnada por algún autor, y a estimar más razonable la interpretación de quienes les alinean con los tributarios, es decir, con los labriegos que debían satisfacer el censo propio de los poseedores de tierras sometidas a gravamen. Los vasallos de señorío fueron también llamados en Aragón y Navarra mezquinos y exaricos, soportando ambos una existencia más que penosa. El mezquino es de hecho un siervo de la gleba, resulta enajenado juntamente con la heredad a la que está adscrito, e incluso si esa cesión no lo excluye terminantemente, debe entenderse que arrastra también a los hijos y descendientes. Puede ser, en fin, empeñado y vendido. El exarico, por su parte, es el campesino musulmán que cultivando tierras reconquistadas por cristianos, se encuentra en una situación parejamente lastimosa: "Formaba el exarico parte integrante de una heredad y cambiaba de dominio junta· mente con ella. Su condición, como la del mezquino, era hereditaria. Eran enajenados de ordinario con los hijos, a veces con los nietos y con toda su posteridad. Parece que no era sólo el nacimiento. sino también el matrimonio, modo de entrar en esta condición, pues que se enajena a veces a la mujer juntamente con el marido" (Hinojosa, Mezquinos y ·e xaricos, 253).

Como antes anticipamos, los niveles inferiores de esos vasallos de señorío apenas se distinguen de los siervos propiamente dichos. Vista la situa-

Lus mlla:.o.,-.

Meu¡uinos y exnricos.

370

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ción de estas gentes, ¿qué cabría decir de los payeses catalanes, sujetos a los conocidos vejámenes de los malos usos?. En los cien años que transcurren desde la mitad del siglo XIV a mediados del XV, el colono es de hecho un siervo. Sólo al concluir la Edad Media, el vasallo de señorío logra mejorar el tenebroso panorama de su vida cotidiana. Para ello habrán tenido que rebelarse los pagesos, o despertar en Castilla unos agudos conflictos sociales que en última instancia responden, según Valdeón, a las "contradicciones fundamentales" de aquella sociedad agraria y desigual. B) SIERVOS Y LIBERTOS Disminución de la esdavitud

y sUl' cou.m s.

Ln .r,rvidumbre en la Alta Edad Media.

Como en etapas anteriores, el sector más desfavorecido de la escala social estuvo compuesto por siervos y esclavos. Se aprecia, con todo, en los siglos medievales un decrecimiento de la esclavitud, al que contribuyen muy diversas causas. Entre ellas hay que recordar la influencia de la Iglesia y el fortalecimiento de sentimientos religiosos que propiciaron frecuentes manumisiones. Además, el mismo cambio del régimen económico de explotación de los grandes dominios, y el hecho, incluso, de que las nuevas técnicas en el aparejo de bestias de tiro hicieran menos necesario el empleo de grandes fuerzas humanas en el cultivo de los campos. También, el proceso de aproximación de esos siervos a los colonos, lo que de hecho dio origen a una especie de clase social híbrida e intermedia entre la libertad real y la pura esclavitud. Finalmente, el desarrollo de la vida urbana, que atrajo a muchos siervos de los campos a las ciudades, donde las condiciones de vida serían en todo caso más tolerables. En el reino astur del siglo IX, según testimonian diversos diplomas, reina ya la diferenciación social entre los libres y aquellos otros sujetos a servidumbre. Con la expansión repobladora, el valle del Duero y la cuenca del Ebro debieron dar cabida a muchos siervos, gentes que ya lo eran o que se convirtieron en tales al carecer de tierras o tener que pagar con la esclavitud las multas propias de sus delitos. El apresamiento y cautiverio de musulmanes fue también desde entonces una fuente habitual de servidumbre. En tanto en cuanto todas esas gentes trabajan en el campo o ejercen funciones domésticas en las casas de sus dueños, se puede afirmar que ya en los primeros siglos queda caracterizado el marco jurídico y social de la servidumbre medieval. l.

Formas de entrar en servidumbre

El ingreso en servidumbre aparece determinado por cuatro causas fundamentales: nacimiento, cautiverio, deudas o consentimiento voluntario .

LASOCLEDAD

371

Nacimiento. Los hijos de padres siervos lo son también, siguiendo esa -. sma condición los descendientes de modo indefinido. En los matrimo·os mixtos entre siervos y libres, los hijos quedarán como siervos. La he~abilidad de la servidumbre fue así un dato riguroso e inexorable en el reino srurleonés. Sánchez Albornoz ha glosado el fenómeno desde la perspectiva i::eJ dueño del patrimonio, donde figuraban esos siervos, que vigilaría el tenimiento del mismo: "En los inventarios de los monasterios que incluyen las genealogías de los siervos que poseía el cenobio en el momento en que se trazaban aquéllos, cuidaban de anotar los de cada uno con gran escrupulosidad, empezando por el primero de sus ascendientes que había pertenecido a los monjes fundadores del monasterio y sin olvidar ninguna de las generaciones intermedias. Minuciosamente hacían constar la forma de adquisición de los abuelos, los oficios a que se habían dedicado sus descendientes y las ramas que se habían extinguido por huida, muerte o liberación de sus miembros" (El reino astur-leonés, 304).

Cautiverio. El apresamiento en guerra convirtió a veces a los vencidos en ~lavos. La gran mayoría fueron musulmanes, pero hay que contar también :on cristianos libres sometidos a servidumbre por otros cristianos. Y ello :.into a causa de guerras civiles, como debido a la participación de cristia"'lOS a sueldo en tropas musulmanas que fueron derrotadas y apresadas. Deudas. Por una parte, los préstamos usurarios o renovos redujeron a ,eces a servidumbre a quien no devolvía lo estipulado. Por otra, los delin:uentes incapaces de pagar la multa o composición, podían asimismo con, ertirse en siervos de la parte agraviada o del juez. La servidumbre no ;,rocedió pues del crimen mismo, sino de la insolvencia económica a la aora de afrontar sus consecuencias. Entrega voluntaria. Determinados contratos eran reforzados con la láusula de reducción a servidumbre del posible incumplidor. La autoventa del hombre libre como esclavo (obnoxatio), teóricamente conocida, no ha sido constatada en los documentos de la monarquía asturleonesa. Para Muñoz y Romero, fueron esclavos voluntarios aquellos oblati que por devoción se consagraron a iglesias y monasterios. Sánchez Albornoz ha desmentido tal aserto con persuasivas razones, aduciendo entre otras cosas el hecho mismo de que algunos oblati tuvieron ocasionalmente a su servicio siervos moros.

2.

Clases de siervos

Hasta el siglo XIII se diferenció con nitidez a los siervos rurales, adscritos al predio que cultivaban, de los personales que trabajan en el servicio doméstico de sus dueños. Aquéllos debieron ser la gran mayoría, mientras como siervos personales aparecen de ordinario cautivos musulmanes y, más

Siervos rurn/eJ y pu.wnnle.1·.

372

La suvidumbre en In Baja EdndMedin.

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raramente, gentes cristianas. Los siervos personales viven en las casas, e incluso en la corte, dedicados a tareas diversas. En lugar de la adscripción a la tierra, ellos se encuentran vinculados a determinados servicios. El desarrollo de la vida urbana y las relaciones comerciales atrajeron desde aquella centuria mano de obra servil a las ciudades. Como por otra parte los siervos rurales llegaron entonces a confundirse con los colonos sujetos a la tierra, en los siglos XIII al XV predominó la servidumbre personal que fue de hecho una servidumbre urbana. Las clases burguesas se hacen dueñas de siervos, a quienes muchas veces desde temprana edad adiestran en los oficios para obtener con ello una mano de obra más barata. Este fenómeno, junto a la devaluación monetaria que entonces tuvo lugar, explican el alza ininterrumpida del precio de los esclavos en la Baja Edad Media. 3.

Clases de libertas.

Fonnn.i de manumfaión.

Los libertos

La manumisión de los siervos se realizó en distintos grados; desde el reconocimiento plenario de la libertad, hasta su otorgamiento con muy serias limitaciones. En la monarquía asturleonesa existieron tres clases distintas de libertos. De una parte, aquéllos que logran la independencia sin ningún tipo de restricción. En segundo lugar, los llamados cerarii o cerocensuales, personas manumitidas por dueños que mantienen sobre sus antiguos siervos un cierto patrocinio. Los cerarii son de hecho completamente libres, pero deben corresponder a la manumisión con la ofrenda de cirios o limosnas en algunas festividades religiosas. Por último, los libertos obligados a prestar determinados servicios o aportar alguna renta. En este caso se encontraban algunos siervos personales y otros rurales (los casati o adscripticios), quienes siguieron cultivando como colonos las mismas tierras que antes habían trabajado como siervos. La manumisión se formalizó de ordinario mediante un documento o carta, donde constaba la voluntad del dueño de convertir a su siervo en libre o ingenuo. Otras veces el acto de disposición formaba parte del testamento. No faltaron finalmente manumisiones solemnes ante el concejo de la villa, así como liberaciones colectivas en virtud de tratados o paces con soberanos musulmanes.

LA SOCIEDAD

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19. FEUDALISMO Y DERECHO FEUDAL

L El Feudalismo en la Europa medieval A) EL FEUDALISMO CLASICO

El feudalismo, o más propiamente el feudalismo clásicQ (GanshoO, fue el sistema social y político propio del occidente de Europa entre los siglos X y XIII. El nombre de feudalismo deriva de su principal elemento constitutivo, el feudo, que aparece y se desarrolla como institución característica de los Estados surgidos tras la desmembración de la monarquía franca. En sentido estricto, el feudalismo ordenó la vida social de Francia, Alemania y el reino de Borgoña, y debido a sus vínculos con la monarquía carolingia se proyectó asimismo en Cataluña. Con algunos rasgos peculiares, el feudalismo fue también el régimen propio de Inglaterra e Italia. La introducción del feudalismo en Inglaterra arranca de la conquista por el Duque de Normandía el año 1066. Desde entonces, y sobre todo desde el reinado de Enrique II en la segunda mitad del siglo XII, el feudalismo inglés tuvo como nota distinti va la supremacía del poder real. Y ello tanto sobre las tierras como sobre el derecho particular de los señores feudales, lo que originará un common law o "derecho común". El feudalismo italiano depende de la herencia franca, pero logra un desarrollo autónomo y original en Lombardía. Allí se elaboró, como veremos, la gran colección de los Libri Feudorum.

El feudalismo articula una estructura social jerárquica. Lleva consigo la multiplicación de los lazos de dependencia de carácter personal, así como el desarrollo de concesiones de tierras o cargos públicos como pago a la fidelidad y a la prestación de determinados servicios. Las relaciones de dependencia comportan la existencia de una persona principal (señor) y de otra subordinada (vasallo). Pero en tanto en cuanto el señor puede ser vasallo de cualquier individuo de rango superior, y el vasallo puede ser señor de otro menos calificado, la sociedad feudal se muestra como un global encadenamiento de relaciones privadas, que comprende desde quien

Jerarr¡u(a de la wciedad Jeudnl.

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Auged,la., relacione., privadas y ulip.« de In.,· públ,rn.,.

Predominio de la raballeria.

El feudo como sumn de beneficio y ,•asallaje.

ESPAÑA MEDIEVAL

es señor de todos y vasallo de nadie, hasta los más ínfimos vasallos que carecen de señorío alguno. Ha sido simbolizada así esa sociedad feudal como una gigantesca pirámide cuya cúspide la ocupa el rey, no como titular de poder público sino como supremo señor, y cuya base está formada por todos los vasvessores o "vasallos de vasallos". Las concesiones de tierras de señores a vasallos, ulteriormente cedidas en parte por éstos --<:orno señores- a quienes de ellos dependen, se tradujo en una complicada maraña de derechos sobre la propiedad rústica, y por lo mismo en una atomización del derecho de propiedad en general. Algo parecido aconteció con la entrega de cargos públicos en virtud de relaciones feudales. Fue así tan intenso el predominio de lo meramente privado en los lazos de vasallaje, en las concesiones de tierras o en la asignación de cargos, que el Estado feudal en última instancia dejo de serlo, eclipsándose las relaciones públicas súbditos-rey ante las relaciones particulares propias del vasallo y del señor. De otra parte, en tanto en cuanto destaca entre esos servicios que se prestan, el específicamente militar, el feudalismo llevó consigo, según ha puesto de relieve Marc Bloch, la hegemonía social de una clase caballeresca o guerrera, con la correlativa minusvaloración y oscurecimiento de las gentes campesinas. El feudalismo fue pues un sistema surgido por la multiplicación de relaciones de feudo. El feudo fue a su vez resultado o síntesis de dos instituciones distintas: el vasallaje, o relación personal entre señor y vasallo, por la que aquél protege y remunera a éste a cambio de fidelidad y servicios, y el beneficio, o cesión del disfrute de tierras a cambio también de específicas prestaciones. El acoplamiento institucional del vasallaje y el beneficio tuvo Jugar por su propia naturaleza complementaria. Quien entregaba tierras en beneficio, solía demandar del favorecido que le rindiera vasallaje. El vasallo a su vez exigía para serlo recibir tierras en beneficio. Ello explica la generalización de las relaciones de feudo y la consolidación a la postre del régimen feudal. B) LA REVISION CRITICA

A tenor de lo dicho, el feudalismo se corresponde con el régimen político-social del occidente europeo en ciertos siglos medievales. A excepción de Cataluña, como prolongación del imperio carolingio, la Península permaneció prácticamente al margen del fenómeno feudal, o dicho con frase lapidaria de Sánchez Albornoz, "España no tuvo feudalismo ni burguesía". La inmadurez feudal habría sido debida a que la base social castellana se instituyó al compás de la repoblación por pequeños propietarios libres. La inexistencia o debilidad del feudalismo hispánico

EL FEUDALISMO

377

parece así como secuela de la peculiar idiosincrasia de esa sociedad cas:.ellano-leonesa. Las dos afirmaciones fundamentales que hemos expresado-la delimi:ación del feudalismo a un fenómeno medieval europeo y su debilidad en España- han sido objeto de una minuciosa revisión, traducida luego en _bundante y polémica literatura científica. Tal revisión ha dado lugar a dos .nterpretaciones diferentes del feudalismo: la llamada jurídico-institucioal, concorde en térmiJ!OS generales con lo expuesto, y una segunda sociouon6mica, patrocinada por corrientes afines al pensamiento marxista. Desde esta perspectiva, y utilizando una terminología muy propia de ella, el historiador Salustiano Moreta ha alineado así a los contendientes cientí~cos en la interpretación del fenómeno feudal:

/nterpretncione., tlelfeutlnlismo.

"l. Los herederos del positivismo y del empirismo burgueses que continúan limitando el feudalismo a un conjunto de instituciones y de relaciones jurídico-políticas, a una forma específica de gobierno político. Siguen manteniendo que la esencia del feudalismo radica en las relaciones feudo-vasalláticas y se niegan a utilizar el término feudal, salvo que se aplique a las instituciones, elementos, deberes y derechos derivados del.feudo. 2. Aquellos otros que, de un modo amplio podemos llamar marxistas, desde los principios básicos del materialismo histórico entienden el feudalismo como el modo elpecífico de producción dominante en las formaciones económico-sociales precapitalistas" (Castilla-león: una .wciedadfeuda/, 112).

Con independencia de la estereotipada expresión inicial -de la que . iene a resultar Sánchez Albornoz principal "heredero del empirismo y positivismo burgueses"-, hay que reconocer la justeza del deslinde. Para ,mos hay feudalismo donde hay feudo, y esto aconteció en unas fechas precisas y en unos países concretos. Para otros, siendo lo determinante del :eudalismo un tipo de servidumbre y un modo de producción, el régimen ~eudal habría existido en Europa cuando menos hasta la Revolución francesa, equiparándose en consecuencia más o menos la sociedad señorial a la sociedad feudal. l.

La doble interpretación del feudalismo

La concepción jurídica del feudalismo como fenómeno institucional ha tenido al frente la magna autoridad de Sánchez Albornoz. En obras de conjunto (España un enigma histórico), en otras destinadas exclusivamente a esa cuestión (los tres volúmenes de En torno a los orígenes del feudalismo), y en multitud de rigurosas monografías relacionadas con ella, ha sostenido una idea de fondo: la delimitación institucional y técnica del proceso feudal y su endeble huella en la España de la Edad Media. Tal interpretación

Conreprión jurfdico-in.witu-

cinnn/.

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ESPAÑA MEDIEVAL

ha sido seguida y reafirmada por el profesor Valdeavellano tanto en exposiciones de carácter general, de historia o historia de las instituciones, como en análisis específicos sobre la naturaleza del régimen feudal y su proyección en España. En el seno de esta misma escuela científica, Hilda Grassotti ha dedicado un exhaustivo estudio a las instituciones feudo vasalláticas. Concepción .,·orin~ecnnómirn.

Tesis de Dobb.

D1 ,\'Crepanda.'i en la rnrn"enle

sodn-económicn.

La concepción socio-económica se ha abierto camino en España por dos vías complementarias. De una parte, como fruto tardío de la recepción del revisionismo internacional en tomo al tema. De otra, como resultado de monografías sobre aspectos concretos de la historia señorial o de la propiedad rústica. Ello ha conducido, en fin, a una interpretación de qué fue el feudalismo y qué fue el feudalismo en España, frontal o marginalmente discrepante de la antes expuesta. El punto de partida principal del revisionismo europeo fueron los Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, publicados por el economista inglés Maurice Dobb en 1946. Para el autor británico se da una práctica identificación entre "servidumbre" y "feudalismo", entendido éste como "una obligación impuesta al productor, por la fuerza e independientemente de su propia voluntad, de satisfacer ciertas demandas económicas de un señor". El feudalismo es ante todo un sistema económico precapitalista que habrá de dar paso al capitalismo propiamente dicho. Las tesis de Dobb generaron una inmediata controversia, desenvuelta en coloquios científicos o en numerosas publicaciones, donde cabe destacar no ya sólo el enfrentamiento de esta posición respecto a la institucional, sino incluso los múltiples desacuerdos de los historiadores y economistas marxistas entre sí. El americano Sweezy, por ejemplo, criticó la identificación entre servidumbre y feudalismo, sosteniendo en cambio que la producción de mercancías y el feudalismo son conceptos mutuamente excluyentes, y contraponiendo así la producción para el mercado a una producción para el uso característica del régimen feudal. Otros autores centraron sus estudios en regiones o países determinados , para extraer luego unas conclusiones generales que tampoco se caracterizan por su coincidencia. Así sucedió con las investigaciones de Bois sobre Normandía o las de Kula sobre Polonia, que llevaron al primero a destacar en el feudalismo la hegemonía de la pequeña producción indiviqual , mientras el segundo insistía en el papel decisivo de la gran propiedad. En todo caso sí parecen existir en este sector doctrinal unos puntos de convergencia fundamentales, como el acercamiento e incluso a veces la identificación entre sociedad señorial y sociedad feudal, la consideración precapitalista del feudalismo, aunque luego se discrepe sobre

EL FEUDALISMO

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cuándo y por qué tuvo Jugar tal metamorfosis, y en conjunto el disentimiento o repudio de las concepciones jurídico-institucionales. Estos y otros planteamientos, conocidos más o menos en su versión original por los expertos, se divulgaron ampliamente en España a fines de los años sesenta y en la década de los setenta. A ello contribuyó la traducción de numerosas obras, individuales o colectivas, elaboradas haciendo uso de esos parámetros ideológicos. Baste señalar al respecto que hasta 1969 no fueron vertidos al castellano los Studies in the development of capitalism de Dobb, publicados en Londres casi un cuarto de siglo antes. Las tesis socio-económicas se hicieron asimismo presentes mediante la producción monográfica o a través de alguna obra de conjunto, como es el caso del estudio sobre la formación del feudalismo peninsular de los profesores Barbero y Vigil. Entre las monografías, Moreta hizo uso de tales planteamientos metodológicos al examinar las rentas monásticas castellanas. En el campo histórico jurídico, Bartolomé Clavero, aun situándose en el ámbito de la historia institucional, representa de hecho la orientación que nos ocupa, por cuanto su análisis del mayorazgo como propiedad feudal en Castilla lleva implícito, según él mismo advierte, un uso e¡¡tensivo y amplio de toda la terminología derivada del feudo.

2. ¿Feudalismo en Castilla? Al introducir en gran escala los factores económicos y dilatar en consecuencia el concepto mismo de feudalismo, los autores situados en esta corriente reconsideran la existencia de un feudalismo castellano, negado como sabemos en base a los principios jurídico institucionales. "¿No parece oportuno efectuar un replanteamiento acerca de los problemas del feudalismo en España?", se preguntaba Valdeón en 1972. Y en 1981: '"¿no hubo en las tierras septentrionales del reino de Castilla variantes específicas de articulación de sociedades feudales?. ¿No es lícito hablar de un feudalismo gallego? ¿Qué puede decirse del feudalismo en el País Vasco?". Todos estos interrogantes se reconducen en última instancia a poner en claro qué entendemos exactamente por feudalismo, es decir, a si se admite una concepción propia y técnica, o bien una genérica y extensiva. Con palabras de Valdeavellano: "Si la denominación de feudalismo debe reservarse a aquellas estructuras económicas, sociales y políticas, en las cuales el contrato de feudo y el predominio social de la clase de los nobles sobre la población rural de sus propiedades territoriales se fundamentó en la posesión enfeudo de esas propiedades o señoríos y en las relaciones que la vinculación feudal establecía entre los señores entre sí y entre dichos señores y la monarquía. O, por el contrario, si con una significación más amplia, el nombre de feudalismo ha de aplicarse también a la persistencia de formas económico-sociales que perdurarían hasta la revolución francesa e incluso en el siglo XIX" (Sobre la cuestión del feudalismo hispánico, 33-34).

Eco en España.

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ESPAÑA MEDIEVAL

En tanto en cuanto la tesis socio-económica se acoge a esta última concepción, sus representantes responden afirmativamente a la hipotética exissular. tencia de un feudalismo peninsular e incluso castellano propiamente dicho. Según Barbero y Vigil es posible hablar de feudalismo en la Península Ibérica desde fines del Imperio Romano hasta el siglo XIX, mientras Mareta se propone reconstruir la historia del feudalismo castellano-leonés desde su despertar hasta la consolidación del mismo en la Edad Media. Tal interpretación del feudalismo como sistema socio-económico ha Criticas de Sám:hezAlbomoz sido duramente contestada -ridiculizada, dirá Valdeón-, por Sánchez y Vnldmv,1/nno. Albornoz, quien afirmó que si el feudalismo no era otra cosa que la apropiación del trabajo personal y de las rentas de la tierra por unos señores sociales más poderosos, "la Historia habría sido la historia del feudalismo". Más matizadamente, el profesor Valdeavellano, aun admitiendo la posibilidad de hablar de una sociedad feudal en la Edad Media española, define sus posiciones al respecto de la forma siguiente. España no se feudalizó políticamente, siendo por consiguiente impropio desde la perspectiva del derecho público tratar como Estados feudales a los reinos de León, Castilla, Aragón y Navarra. Mucho menos cabe hablar de feudalismo en el caso castellano.:.leonés, donde los señores permanecieron sometidos al monarca sin que se llegara a la disgregación del Estado característica del régimen feudal. Y así cuando Las Partidas tratan de los feudos, no recogen genuino derecho castellano sino que se limitan a copiar prescripciones de textos extranjeros elaborados en Lombardía. ¿Persi.ttencia del Pero incluso considerando el modo de producción como característico "mododepmdel feudalismo, tal como sostienen los historiadores marxistas, es difícil durrión feudal"? apreciar un modo de producción feudal en Castilla que hubiera existido en la época medieval y perdurado luego. Estudiando los siglos modernos, Domínguez Ortiz ha escrito: Exi.'it,:ncin de un

Jeudnli.lmo penin-

"No existía prácticamente nada asimilable al llamado modo de producción feudal. Apenas leves vestigios de prestaciones personales, unos derechos jurisdiccionales casi siempre de cuantía ridícula, y en cambio, un ansia de los señores por extender sus propiedades y arrendarlas a corto plazo, como cualquier otro propietario privado" (El régimen señorial y el reformismo borbónico, 11). Rigimen señorial y régimen feudal.

Hay que resaltar además hasta qué punto es importante, para una concepción ampliá o re~tringida del feudalismo, y en consecuencia para percibir o no su existencia en Castilla y otros reinos hispánicos, el valor que se otorgue a la diferenciación entre "régimen señorial" y "régimen feudal". Aquél desde luego procede del Bajo Imperio romano y hace referencia a la explotación de grandes dominios, donde los cultivadores se vieron vinculados al señor por lazos de dependencia diversa, persistiendo como tal a lo largo de muchos siglos. ¿Es ello al tiempo un "régimen feudal" o éste con-

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siste exclusivamente en el sistema derivado de la generalización de los contratos de feudo?. Aceptar esta última opción supone desde Juego excluir el feudalismo en Castilla. Moxó ha admitido la existencia del feudalismo hispánico sobre la base de un régimen señorial en el ámbito económico y unas estructuras sociales feudalizadas, aun reconociendo que no se feudalizaron en el mismo grado las estructuras del Estado.

Podemos afirmar por último que la inadmisión o el reconocimiento de un feudalismo español, más allá del constatado en Cataluña, depende de que el feudalismo se base sólo en un sistema derivado de las relaciones sociales y agrarias, o de que se considere consustancial a él una determinada estructura política mediatizada por poderosos señores. Esas consideraciones -sistema económico, social y político-- condicionan asimismo el reconocimiento de otros fenómenos históricos, análogos o iguales al feudalismo, que es posible apreciar en diversas épocas o en distintas civilizaciones, desde el Egipto primitivo al Japón de los tiempos modernos. Muy singular interés ofrece el caso del "feudalismo" japonés, al que ya Marx aludió en el capítulo 24 de El Capital al hablar de la "organización puramente feudal" de ese país. No obstante, especialistas como Calmette consideran una impropiedad la referencia al "feudalismo" japonés.

C) ORIGENES DEL FEUDALISMO

El feudalismo europeo constituye una realidad histórica muy compleja, siendo por ello muchas y distintas las causas que coadyuvaron a esa gran evolución política, económica y social de los países occidentales. Ahora bien, en la medida en que el feudalismo estuvo acotado por los estudiosos al sistema que generalizó a gran escala los contratos de feudo, ha sido posible formular explicaciones muy concretas acerca de su origen. 1. La teoría de Brunner

Desde 1887 hasta bien entrado el siglo actual, gozó de general crédito la teoría del historiador alemán Enrique Brunner, expuesta en aquella fecha en un trabajo titulado El servicio a caballo y los orígenes del feudalismo. Tal teoría ponía en relación la multiplicación de los contratos de feudo con las necesidades sentidas en Francia de organizar un ejército de caballería para enfrentarse a los musulmanes.

Qué se entiende porf eudn/i.,·mo, y

f eudnlümo exJrneurop eo.

382

ESPAÑA MEDIEVAL

Según Brunner, las tropas invasoras que penetraron en Francia estaban fundamentalmente compuestas por jinetes, mientras el ejército franco lo era de guerreros a pie. Carlos Martel opuso así a las tropas musulmanas en Poitiers una nutrida infantería. Con ella el caudillo franco logró vencer, quedando al tiempo persuadido de que cualquier triunfo sería efímero mientras no lograse disponer de una fuerte caballería que pudiera sojuzgar a la caballería árabe. Esta empresa, la creación de un ejército de jinetes, no era desde luego fácil, habida cuenta del coste económico que para cualquier particular suponía la adquisición y mantenimiento de un caballo con que acudir a la guerra. Se ideó así entregar tierras en préstamo a los súbditos, a cambio de su servicio a caballo en las lides bélicas. Confismrión de Semejante proyecto exigía obviamente disponer de muchas tierras para tie"a.,ala repartir, lo cual era difícil porque la realeza franca tenía entonces diezmado Iglesia. su patrimonio fundiario. La Iglesia, en cambio, sí poseía en las Galias amplios territorios como consecuencia de mercedes reales o de la liberalidad de los laicos. Además la Iglesia solía conceder a muchas gentes tierras en precarium, lo cual facilitaba a los donatarios un derecho no enajenable y que con el tiempo podía incluso revertir al dueño. La solución fue pues confiscar a la Iglesia sus tierras, dándolas a los particulares para que con ellas pudieran comprar el caballo y el equipo de guerra. Cesión de las tie"(IS Las protestas de la Iglesia complicaron aún más la situación y hubo que en beneficio. arbitrar un sistema transaccional, que sustancialmente consistió en reconocer a la Iglesia la propiedad de lo que Je había sido incautado, manteniendo en cambio la entrega de las tierras en manos de los súbditos, quienes por tanto se convertían en usufructuarios de ellas. Pero esas tierras sólo fueron cedidas a aquéllos que eran o se convertían en vasallos, con lo que se hizo común la existencia interdependiente de beneficio y vasallaje, es decir, del feudo propiamente dicho. En resumen, pues, la necesidad de organizar un ejército de caballería fue la causa de la multiplicación de los feudos y de la aparición en las Galias del feudalismo. Caballería franca y caballería musulmann.

2. Réplica de Dopsch.

Crítica de la historiografía gennánica

El conjunto de las tesis de Brunner, vigentes en el mundo científico en el tránsito del XIX al XX, fue rechazado de modo frontal en 1920 por el profesor de Viena, Alfonso Dopsch . Impugnó así éste el mismo punto de partida de la teoría que acabamos de exponer, es decir, el hecho de que no existiera una caballería franca con anterioridad a la batalla de Poitiers, y la vitalidad en cambio de ella medio siglo después durante el reinado de Carlomagno. Dopsch sostuvo que ni en aquella primera etapa el ejército galo

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~ió totalmente de jinetes, ni en la segunda hubo un predominio absolu.:e ellos. No se realizó por tanto una mutación sustancial en la estructura ->jército, careciendo así de base cualquier explicación sobre el origen eudo que presuponga esa radical transformación militar. ~1:ás aún. Las desamortizaciones no representaron novedad ninguna, cuanto habían sido frecuentes en la etapa anterior de los reyes merovin-. quienes también entregaron con frecuencia tierras a los vasallos. Es _ , la existencia separada de las dos instituciones -beneficio y vasalla~ que concurren en el feudo cuando el monarca necesita, según Brunner, · - tierras (beneficio) para que le presten con fidelidad un servicio ecuesvasallaje), no pasaría de ser una mera distinción teórica sin contenido _ctico. Antes de aparecer los musulmanes no se dieron de hecho el bene:o y el vasallaje por separado, sino ya el feudo como institución mixta. ra Dopsch, en suma, ni surgió ex novo la caballería franca por la presen.:. musulmana, ni se inauguraron entonces unas confiscaciones de tierras -:. ya eran conocidas, ni cristalizó como consecuencia de nuevas necesi• es una institución clave --el feudo- propia asimismo de etapas anteores. El feudalismo era, pues, en las Galias una realidad previa a la arición musulmana. En los propios años veinte la tesis de Brunner fue sin embargo rehabilitaen virtud de las críticas de que fue objeto la revisión de Dopsch por lrte de los profesores Voltelini (en 1922) y Von Schwerin (en 1926). _~.quél insistió de nuevo en la transformación del ejército en la época se.:;:tlada por Brunner, citando textos que describen a la infantería franca ! la etapa anterior, y puso asimismo de relieve que las esporádicas con"iscaciones de tierras de los siglos VI y VII no pueden en absoluto compa:arse con la secularización masiva de los dominios eclesiásticos acometida r Carlos Marte) y sus sucesores en la centuria siguiente. Sí hubo, en :onsecuencia, una mudanza fundamental con motivo de la amenaza sa::acena. Von Schwerin por su parte apoyó a Brunner desde los dos puntos objeto de debate: caballería y confiscaciones de tierras. Aun reconociendo con Dopsch la existencia de alguna tropa a caballo con anterioridad a Poitiers, Von Schwerin insiste en la gran transformación del ejército franco hacia una poderosa milicia ecuestre a raíz de la invasión árabe. De otro lado, con independencia de que algún vasallo hubiera recibido tierras, niega ese autor que con carácter general se hubiese retribuido a los vasallos con beneficios territoriales antes de que la presencia musulmana aconsejara generalizar tal procedimiento. Para Von Schwerin, en fin, no hubo feudalismo antes del siglo VIII.

-=

Ob.ten ac.ioneJ de Volteliniy Von Srhwe· 1

rin.

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3.

El ejército franco no se trnmtormá mdicalmenJe.

El ejército musul · mánfue de infantafa.

Cexionex de tie"ns en la España vixigoda y muxulmana.

La teoría de Sánchez Albornoz

Ajustándose en parte a los planteamientos referidos, e introduciendo otros de radical novedad, Sánchez Albornoz se enfrentó en 1942 a la tesis de Brunner con ocasión de publicar entonces su fundamental obra sobre los orígenes del feudalismo. El medievalista español discutió las dos coordenadas de la polémica --caballería franca y constitución de feudos para hacerla posible-, aportando nuevos argumentos explicativos de la aparición del régimen feudal, para llamar en fin la atención sobre el "prefeudalismo" hispánico detectado por él en la monarquía visigoda (12,1,B,2). Caballería franca y caballería musulmana. Frente a Brunner, Sánchez Albornoz advierte la presencia de tropas a caballo entre los francos desde mediados del VI. Dopsch habría tenido así razón al destacar la cierta importancia de la caballería merovingia -en la etapa anterior a la invasión de los árabes- y el no absoluto predominio de ella con la monarquía carolingia de los siglos siguientes. Sánchez Albornoz subraya además en el proceso formativo de las tropas ecuestres francas, la influencia de la caballería de los vascones instalada en la Aquitania. ¿ Y la caballería musulmana? Todo el debate había sido planteado hasta aquí sobre si hubo o no que organizar repentinamente tropas de jinetes francos para defenderse de una caballería musulmana cuya existencia se daba por supuesta. Manejando fuentes hispano-árabes, Sánchez Albornoz llegó a demostrar que España había sido conquistada por ejércitos musulmanes de infantería, y que las huestes que cruzaron los Pirineos eran también tropas de a pie con una escasa minoría de jinetes. Confiscaciones y feudos. Con Carlos Marte! y Pipino el Breve tuvieron efectivamente lugar las confiscaciones de bienes eclesiásticos. Tales confiscaciones se realizaron con una finalidad militar, pero no precisamente para crear una caballería masiva. El crecimiento de las tropas ecuestres, de haber .tenido lugar, no fue causa sino consecuencia de las confiscaciones mismas. Pero por otra parte las cesiones temporales de tierras, fruto de la desamortización carolingia, no representaron ninguna novedad en Occidente, por cuanto ya en la España visigoda se había llevado a cabo tal práctica con la finalidad de remunerar servicios (causa stipendii). Además las concesiones francas tenían el ejemplo próximo de las que los soberanos musulmanes hacían por entonces en España con las tierras inalienables que correspondían aljums, es decir, con la parte del botín de la conquista reservada al califa (15, I, B ).

EL FEUDALISMO

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D. Las Instituci ones Feu dales A) EL VASALLAJE

A semejanza de los vínculos personales característicos del séquito ger:nánico, muchos nobles se ligan ahora entre sí o con el monarca a través de relaciones de fidelidad y mutua ayuda. Surge pues el vasallaje como relaión entre dos personas, una de las cuales (vasallo) jura fidelidad a la otra señor) y se compromete a prestarle determinados servicios, recibiendo a .::arnbio protección, sustento y otras mercedes. Durante los siglos XI y XII perdura la calificación de "fieles" (fideles), plicada a quienes forman parte del séquito real o de los séquitos nobiliarios. Sin embargo desde el siglo X se abre camino el término de vasallo, de origen celta, como fruto de los contactos del reino asturleonés con el mundo ultrapirenaico o con los territorios feudalizados de la España oriental. En principio debieron ser llamados vasallos las gentes de condicion social mferior o sujetas a una dependencia no noble; quizás aquellas personas lires subordinadas en los prestimonios y señoríos a la autoridad de los ombres poderosos. Con el tiempo, la voz vasallo fue tornándose más comprehensiva, incluyendo a los nobles pero también a un conjunto indiscriminado de la población del reino.

Lm vn.,allm.

Según Hilda Grassotti llegarían a ser calificados de vasallos los súbditos o naturales del rey, los laicos o eclesiásticos que recibían un prestimonio no gratuito, los habitantes de los concejos de realengo, los moradores de las villas de señorío, y hasta las personas de condición inferior afectadas por una dependencia dominical.

La indeterminación semántica, por la que lo mismo aparecía como va.sallus un prominente magnate que un humilde labrador, fue causa de que para diferenciar a los vasallos nobles de quienes no lo eran, se aplicara a aquéllos el apelativo de milites o "caballeros". Hacerse miles del rey equivalía a convertirse en vasallo suyo.

Lm "milite-< " .

1. La formalización del pacto

El pacto vasallático se establece en una ceremonia solemne llamad~ "homenaje" (hominaticum, hominium), que simboliza el compromiso libremente contraído entre ambas partes. Los formalismos al uso denotan tanto la desigualdad entre señor y vasallo -aquél permanece sentado, éste se arrodilla-, como la libertad de un pacto en que el señor pregunta aPvasallo si quiere serlo, convertirse en hombre suyo, con la consiguiente respuesta del volo o "quiero".

Et homennJ,.

386

ESPAÑA MEDIEVAL

Alguna excepción cabe anotar, no obstante, a este principio de libertad del compromiso vasallático. En ocasiones, y por di versos moti vos, ciertas personas fueron constreñidas a convertirse en vasallos de alguien. La Historia Compostelana registra que "el conde Rodrigo muy a pesar suyo pero obligado por el rey, prestó homenaje y fidelidad al señor arzobispo Gelmírez". Algunos bastardos de Alfonso XI fueron entregados siendo niños como vasallos a importantes caballeros, con lo que entraron en una especie de vasallaje forzoso. La "inmixrio mnnuum".

Dtrlnrnción de voluntad.

Juramento de fidelida,/ y ósculo.

Estando de rodillas, el vasallo junta las manos y en señal de confianza y sumisión las coloca entre las del señor, mientras expresa el deseo de pasar a ser "su hombre". Tal ceremonia, la inmixtio manuum o mezcla de las manos, de origen franco, se practicó ocasionalmente en León y Castilla, y también en Aragón en lo que se llamó "homenaje de mano". El rito hace ostensible la entrega del vasallo, pero también manifiesta, al cerrar el señor sus manos sobre las de quien a él se acoge, la aceptación de esa ofrenda personal y de las obligaciones inherentes a ella. La declaración de voluntad fue el segundo elemento constitutivo del homenaje, pero es probable, según supone Ganshof, que la trascendencia concedida a lo simbólico en el rudimentario mundo medieval, convirtiera en más importante el rito de las manos que la declaración verbal misma. De aquella ceremonia derivarían en fin expresiones como "ir a parar en manos de alguien" (in manus alicuius venire) u otras diversas, en el sentido estricto de entrar en vasallaje o en el genérico de pasar a depender de una determinada persona. · Tras el homenaje tiene lugar el juramento de fidelidad, prestado de pie y con las manos sobre los libros sagrados o un relicario, por el que el vasallo promete ser fiel y leal a su señor. Al homenaje y fidelidad siguió en Europa el osculum o beso, como un elemento accidental y confirmatorio del contrato vasallático. En España, en cambio, el acto del besamanos tuvo mayor importancia porque de hecho vino a reemplazar a la inmixtio manuum, convirtiéndose en elemento constitutivo y esencial del homenaje mismo. Las Partidas explican en estos términos la formalización del vasallaje: "Vasallo se puede fazer un orne de otro, segund la antigua costumbre de España en esta manera: otorgándose por vasallo de aquel que lo recibe, e besándole la mano por reconocimiento de señorío" (IV, 25, 4).

El besamanos en E;paña.

El ósculo hispánico tuvo pues naturaleza diferente y no puede considerarse un producto importado del clima feudal europeo. Sánchez Albornoz aventuró la hipótesis de que procediera de la formalización del patrocinio en la etapa romana, mientras su discípula Hilda Grassotti se inclina a creer en una probable imitación de prácticas usuales en Al-Andalus, no siendo incluso de descartar que se trate de un uso oriental recibido en España a tra-

EL FEUDALISMO

j't!,/

vés del monacato visigodo y asturleonés, con lo que los señores feudales habrían secularizado aquello que en realidad era una costumbre religiosa. En cualquier caso hay que destacar la pronta difusión de esa práctica de besar la mano, atestiguada ya en el Poema del Cid cuando acaece el encuentro de don Rodrigo con los ciento quince caballeros que se habían encaminado a Cardeña para seguirle: "Quando lo sopo myo <;:id el de Bivar Quel cre~e conpaña, por que mas valdra Apriessa caualga, Re~ebir los salie Tomos a sonrisar; legan le todos, la rnanol ban besar"

2.

Obligaciones del señor y del vasallo

La primordial obligación del señor es hacer bien a los vasallos, lo que comporta una afección moral y se traduce en el deber de protección y de facilitar sustento u otros medios de vida. Las Partidas contemplan tanto el compromiso ético del señor con los vasallos, como esas otras obligaciones pragmáticas y concretas. Señalan así que, parafazerles bien, aquél les debe amar, honrar, guardar y evitarles cualquier daño y deshonra (IV, 25, 6), pero indican también que es propio de los vasallos el recibir "cavallería o tierra o dineros" (IV, 25, 1). Como ha señalado Grassotti, en Castilla no se establecía el vasallaje sin el previo acuerdo sobre lo que el señor debía dar a quien pasaba a depender de él. Fue así frecuente fijar la entrega en tenencia de tierras o castillos, así como el' pago de soldadas. Cuando el señor era el rey mismo, solía donar heredades pro bono et fideli servitio; ceder honores, es decir, tierras o bienes transmitidos en beneficio a los magnates (las honores regales), que a veces eran también determinadas funciones públicas que el vasallo tendió a asumir con carácter vitalicio; satisfacer soldadas o pagar libramientos. El señor proveía a menudo a sus protegidos con caballo y equipo de guerra, les prestaba amparo en trances difíciles y se responsabilizaba de los daños que ellos hubieran causado por seguir sus órdenes. El vasallo por su parte debía ser fiel al señor y facilitarle consilium y auxilium. La lealtad se tradujo así en un conjunto de obligaciones específicas, entre las que por su especial dignidad destaca el compromiso de dar consejo al señor cuando éste lo requiera, y por su importancia práctica el deber de acudir a la expedición militar o hueste. Los vasallos actúan de juradores solidarios en los pleitos de sus amos, intervienen como testamentarios, ejecutan comisiones de diversa índole, trabajan como mensajeros del señor y le acompañan en sus desplazamientos y peregrinaciones. Sin su permiso, los vasallos no pueden auxiliar a otros señores. Deben, en fin ,

Obligacinne., riel .,·eñn,

Obli11acionts riel va.milo.

388

Obligari"ne., deamb(JJ.

ESPAÑA MEDIEVAL

serle obedientes, y ello hasta tal punto que un precepto de las Partidas (III, 11, 27) eximió de perjurio al vasallo que quebrantaba un juramento cuando el señor había ordenado algo que realmente le impedía cumplirlo. Existieron, en fin, algunas obligaciones de naturaleza recíproca, propias principalmente de los vasallos pero que también vincularon a los señores. Cuando éstos abandonaban el reino o eran expulsados por el monarca, los vasallos debían seguirles, pero asimismo se contempló el supuesto inverso de que el señor acompañara al destierro al vasallo desaforado por el rey. Algo parecido cabe decir de los casos de riepto, en los que el vasallo estaba legitimado para reptar o desafiar a quien ofendiese a su señor, mientras éste podía a su vez reptar por el vasallo agraviado. 3.

Ruplumpor dedsión del vasallo.

La despedida.

Ruplum por deriJión del seño r: la "im regia " .

Ruptura del vasallaje e "ira regia"

La relación vasallática solía establecerse de por vida, aunque desde un principio no resultó difícil romper el vínculo mediando justa causa. No obstante, conforme se afianzó el sistema, fue posible que el vasallo dejara de serlo, no sólo por sufrir graves vejámenes del señor, sino también por su mera y libre voluntad. Tal facultad alcanzaba incluso a quienes dependían directamente del monarca, los cuales quedan libres del alto compromiso enviando a uno de sus propios vasallos para que enterara al soberano de esa determinación, recitando ante él una de las fórmulas usuales: "Señor, don Fulan, rico-orne, beso vos la mano por él, e de aquí a adelante ya no es vuestro vasallo" (Fuero Viejo, I, 3, 3). En la Castilla bajomedieval la ruptura del vínculo vasallático fue acompañada del acto de despedirse, perdiendo quien se iba todo aquello que había recibido del señor, excepto los libramientos y soldadas correspondientes a servicios prestados. Es de destacar el hecho de que ningún vasallo podía entrar en servicio de un señor sin haberse despedido del anterior dueño, así como la permanencia, respecto al señor que había dejado de serlo, de una cierta obligación del antiguo vasallo, quien no debía herirle o matarle, según rezan los textos, "por el vasallaje que ovo con él". Los que hubieren sido armados caballeros por un señor no podían despe dirse hasta que transcurriese un año y un día, a no ser que el vasallo sospechara que el señor tramaba darle muerte o deshonrar a su mujer, o le hubiese arrebatado ya sin justa causa las tierras que le entregó. El señor puede a su vez dar término a la relación de vasallaje cuando su protegido quebranta la fidelidad o incumple los deberes correspondientes. Especial gravedad reviste la ruptura por el señor cuando éste es precisamente el rey, y el vasallo incurre en la llamada ira regia, que le obliga a

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389

desnaturarse o abandonar el reino. La ira regia es fruto a veces de la simple malquerencia del soberano por un motivo cualquiera, fundamentándose otras en el grave delito de traición, hecho éste que quizás impidió incluso solicitar el perdón real. A la vista de estas posibilidades de deshacer el vínculo vasallático por ambas partes, cabe preguntarse si ello sucedió con cierta frecuencia, o bien, por el contrario, si el vasallaje fue preferentemente de hecho una institución vitalicia, rota sólo por la desaparición física del señor o el vasallo. Aun contando con la dificultad de la prueba, puesto que no había compromiso escrito, Grassotti se inclina por la frecuencia de las despedidas, o lo que es lo mismo, por la temporalidad del vasallaje castellano. La mentalidad religiosa y feudal a un tiempo hizo posible además alguna curiosa despedida vasallática, en la que el condenado a muerte dice adiós a su señor terrenal puesto que va a pasar a servir a otro Señor, a Dios mismo. He aquí un ejemplo de esta singular despedida divina, según es calificada por esa erudita autora:

La dumción dd vnsnllnjt.

La "de.
"Señor: Yo Gutier Ferrandez de Toledo beso vuestras manos, e me despido de la vuestra merced, evo para otro Señor mayor que non vos ... E agora, Señor, digo vos tanto al punto de_ la mi muerte (porque este será el mi postrimero consejo), que si vos non alzades el cuchillo, e non escusades de facer tales muertes como ésta, que vos avedes perdido vuestro Regno, e tenedes vuestra persona en peligro. E pido vos por merced que vos guardedes; ca lealmente fabla con vusco, ca en tal ora estó, que non debo decir si non verdad" ( Crónica de Pedro /, cap. 17).

B) EL BENEFICIO

Se ha constatado en Europa que, durante el siglo IX, los reyes llegaron a entregar a sus vasallos tierras en plena propiedad como contraprestación de servicios prestados (ob devotionem servitii sui). Paralelamente nos encontramos en el reino castellano-leonés con donaciones pro bono et fideli servitio, las cuales no fueron resultado de influjos ultrapirenaicos sino, muy probablemente, reflejo tardío de la costumbre de los monarcas visigodos de dar tierras a sus fieles. Pero junto a esas donaciones transmisoras de la propiedad, fue más frecuente aquí la concesión de tierras en beneficio, lo que otorgaba un derecho al disfrute del predio a cambio de la prestación de determinados servicios y, en especial, del de caballería o militar. En los reinos hispánicos resultó así habitual la entrega de tierras en tenencia temporal o vitalicia, constituyendo lo que en la monarquía asturleonesa se llamó al principio préstamo o atondo. Desde el siglo XII tal institución fue conocida en León y Castilla como prestimonio y también como honor, término éste

Donndunts enpn11ode servidos.

Conre.'ifr>ne.,· en

l,enejirio.

390

Tempomlidad de la.'i concesione.'i.

Objeto de/ pn!slimonio.

Fin del vínculo.

usado preferentemente en Aragón y Navarra, sobre todo en los casos en que el rey mismo cedía en tenencia tierras, distritos, e incluso ciudades. Tales prestimonios y honores, reflejo asimismo de las cesiones visigodas causa stipendii y en última instancia del precarium romano clásico, tuvieron en la España medieval dos características principales. De una parte, las concesiones no recayeron siempre en vasallos, ni la entrega en beneficio implicó de por sí la creación del vínculo vasallático. De otra, a diferencia del uso europeo, las concesiones beneficiarias fueron temporales, revocables en su mayoría y nunca objeto de transmisión hereditaria. Sólo algunas concesiones estipendiarías, por tanto, se llevaron a cabo para remunerar servicios típicamente vasalláticos. Cuando ello tuvo lugar, el beneficiario disfrutaba la tierra recibida, debiendo conservarla en buen estado y prestar los correspondientes servicios. El prestimonio era concedido con carácter temporal -ad tempus, precisan las Cortes de Benavente de 1202-, lo cual no significaría la delimitación de un plazo fijo sino más bien la referencia a tiempo indeterminado. Los bienes objeto de prestimonio u honor fueron de muy diversa naturaleza. Las tenencias en nombre de otro comprendieron desde reinos o condados enteros a ciudades, villas, aldeas, castillos, fortalezas, dominios rurales y casas a°isladas; e incluso caballos y armas, y hasta vasos sagrados y objetos de culto. La concesión vasallático-beneficial, cualquiera que fuese su plazo, concluía con la muerte de una de las dos partes. Si fallecía el vasallo tenente, el señor recuperaba lo dado en préstamo. La desaparición de éste -lo que en Alemania se llamó Herrenfall o Thronfall, es decir, la caída o quiebra del señor o del trono- interrumpía la relación y obligaba al vasallo a solicitar del sucesor la renovación del compromiso. C)

!dentijimrión de prextimomn y feudn.

Ú1 investidum y su doble .,imbolog/a.

ESPAÑA MEDIEVAL

EL PACTO FEUDAL Y SUS CONSECUENCIAS POLITICAS

Por influencia francesa, los beneficios propiamente dichos o prestimonios fueron a veces calificados de feudos; así un canon conciliar de principios del siglo XII alude al "feudo, que en España llaman prestimonio" (in feudum, quod in /spania prestimonium vocant). Tal identificación es sin embargo improcedente, debido a la no hereditariedad del beneficio en los territorios hispánicos, excepto en Cataluña. Como instituciones distintas pero complementarias, beneficio y vasallaje constituyen el feudo, formalizado mediante un pacto que integra tanto la expresión de la entrada en vasallaje, es decir, el homenaje y juramento consiguiente, como la acción de poner en manos del vasallo aquello que es

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objeto del beneficio. Tras la ceremonia que convierte a una persona en vasallo del señor, debe procederse en consecuencia a la llamada investidura, acto material casi siempre simbólico por el que este último entrega a aquél la recompensa vasallática. La investidura podía hacerse a través de los llamados "símbolo de acción" (Handlungssymbol) y "símbolo de objeto" (Gegenstands.iymbol). En el primer caso, el objeto -la vara, un anillo, un guante, etc.- materializa el acto de concesión y es entregado por el señor al vasallo, quien tras la ceremonia lo devuelve a su dueño. En el segundo, el objeto -un ramo de flores , un poco de tierra, una lanza o estandarte, etc.- queda en manos de quien es investido.

El objeto del feudo fue de ordinario un conjunto de tierras de desigual extensión. Otras veces, en cambio, se entregaron como recompensa los mismos oficios públicos. Uno y otro tipo de feudos acarrearon hondas repercusiones en la estructura política. I. Feudalización de la tierra: señoríos y condados feudales En la monarquía asturleonesa fue ya frecuente que los reyes concedieran a algunos dominios territoriales un régimen de exención o inmunidad. Ello originó que el señor percibiera tributos y servicios, cobrase las penas pecuniarias, asumiera la policía y vigilancia de las tierras inmunes, exigiera la prestación militar de los habitantes y nombrase, en fin, a funcionarios propios que sustituían a los del rey, quienes tenían vedado el acceso al territorio inmune o coto. La formación de la gran propiedad territorial en León y Castilla a partir del siglo XI, en contraste con el sistema de pequeños propietarios característico de las dos centurias anteriores, condujo a la consolidación de muchos dominios en el contexto del llamado "régimen señorial". En la medida en que esos señoríos heredaron las exenciones citadas, extensos distritos quedaron de hecho sustraídos a la intervención regia, pasando a depender prácticamente en exclusiva de sus dueños y señores. Con tal fenómeno de extensión del poder señorial coincidió históricamente la influencia del feudalismo ultrapirenaico. Por obra de muy diversas circunstancias, las concepciones feudales de estirpe franca se hicieron presentes en Castilla actuando como un agente catalizador de las inmunidades señoriales. Entre esas circunstancias cabe citar los enlaces matrimoniales de personas regias con otras extranjeras, la llegada masiva de francos y el nuevo ambiente eclesiástico fruto de ia influencia de los monjes de Cluny, así como la presencia continua de gentes de Europa en las peregrinaciones a Santiago de Compostela.

ln inmunidnd.

lnjluencins del feudalismo euro-

peo.

392

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Conocidos ya aquí el vasallaje y el beneficio, presente asimismo la inmunidad, y contando además con el poso dejado por el prefeudalismo visigodo, la gravitación de los hábitos europeos acentuaron los factores de disgregación política entonces existentes. Sánchez Albornoz, nada sospechoso por cierto de entusiasmos feudales en España, ha visto así los resultados de esa lenta pero implacable influencia: "Importa consignar cómo las influencias extranjeras acrecentaron y aseguraron las exenciones y derechos que caracterizaban la inmunidad, y fueron poco a poco soltando los lazos que ligaban a sus propietarios con el rey, y al mismo tiempo determinando la concesión de privilegios cada día más numerosos, en los que de ordinario la fórmula no era ya la de prohibir la entrada de los funcionarios reales en el coto, sino la de donar la tierra ... Estas nuevas concesiones y las ya existentes crearon alrededor de la soberanía real pequeñas soberanías, más o menos independientes de aquélla, puesto que las atribuciones cedidas en las diversas cartas de señorCo no eran del todo iguales". (la potestad real y lo.f señoríos en Asturias, León y Castilla, 801-802). Dominio,,¡ .,·eñoriale.< y feudo., .

Cntnluñn romo Estado feudal.

Los titulares de los dominios acrecentaron y fortalecieron con ello las facultades reconocidas en las primitivas cartas de inmunidad. Sus señoríos fueron así auténticas islas en el mapa político del reino, con un señor que además de administrar justicia y ser acreedor de múltiples gabelas, otorga incluso fueros a las localidades de su territorio. Esa independencia se vio no obstante mediatizada por circunstancias muy importantes, que a la postre permiten diferenciar los dominios señoriales de los feudos propiamente dichos. En primer lugar, por el hecho mismo de que beneficio y vasallaje no se dieran aquí como instituciones necesariamente concurrentes. Además, porque siempre existió una cierta sujeción de los señores al rey, quien en última instancia podía anatematizarles a través de la ira regia. También, debido a la entrega no absoluta a los señores de las facultades jurisdiccionales., por cuanto el rey se reservó los llamados casos de corte (31, I, A, 2) y normalmente el oír en apelación los recursos contra las sentencias del señor. Finalmente, por mantener el monarca, con ligeras excepciones, el privilegio de acuñar moneda. En resumen, la presión feudalizante no fue definitiva pero sí de estimable importancia. Los señores castellanos no fueron desde luego señores independientes, pero la estructura política y las relaciones de los súbditos con el rey habrían de quedar ostensiblemente debilitadas. Cataluña sí aparece en cambio, sin reservas, como un Estado feudal. Tras la penetración de los francos, esa zona de la Marca Hispánica fue gobernada por condes que transmitieron por herencia sus propios condados. Reconociendo primero la autoridad de los reyes francos, y más tarde como territorios políticamente independientes, entre esos condados se alza con la primacía el de Barcelona, cuyo titular aparece como

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"príncipe" del país catalán. Situado así en la cúspide de la jerarquía feudal y siendo juez supremo en Cataluña, el princeps ocupa un lugar preferente en ese primer rango de los condes, a los que siguen sus vasallos los vizcondes, y a éstos los comitores y vasvessores, a tenor de la estructura recogida en una de las fuentes jurídicas, los Usatges, de la que luego nos ocuparemos. A principios del siglo IX los habitantes de la Marca Hispánica, los llamados hispaní, se acogían ya a la protección de los condes y recibían de ellos beneficios. Las concesiones de inmunidad fueron frecuentes, en especial a monasterios y sedes episcopales, generalizándose al tiempo la fusión del beneficio con el vasallaje y la consiguiente aparición de feudos. Desde el siglo XI el feudalismo catalán se encuentra consolidado, no existiendo esa disimilitud entre régimen señorial y feudal que antes advertimos en Castilla:

Juarquín feudnlcntnlana.

Conce.,·ione.t de inmunidad.

"En Cataluña, el régimen feudal se confundió pronto con el régimen señorial, porque lo que se infeudaba era el .l'eñorío o dominio territorial, atribuyéndose al feudatario el disfrute del dominio infeudado y, asimismo, funciones públicas y jurisdiccionales, aunque, como ya dijimos, la jurisdicción general y la suprema administración de justicia correspondían al príncipe" (Valdeavellano, UZ.I' in.l'tituciones feudales en España, 147).

2. Feudalizacíón de los oficios públicos. Desde la aparición del sistema feudal, fue normal en Europa conceder los oficios y funciones públicas a gentes ligadas al monarca por vínculos de vasallaje. Esos cargos públicos adoptaron así el carácter de beneficios, con lo que sus titulares equipararon las ventajas y retribución económica del oficio a las rentas que obtenían los favorecidos con beneficios territoriales. Y del mismo modo que éstos pugnaban por poder ceder a sus hijos las tierras beneficiales, aquéllos trataron de convertir los oficios en un patrimonio hereditario. En la Francia carolingia los condes disfrutaron de beneficios anejos a sus propios cargos: los res de comítatu, es decir, los "bienes adheridos al cargo condal". En la medida en que la titularidad del oficio se equiparó a un beneficio especial u honor, según la denominación técnica, es posible como cree Ganshof que el rey invistiera a los agentes en sus funciones entregándoles algún objeto símbolo de su autoridad. Esta semejanza entre la investidura de cargos y la que ya conocemos de beneficios territoriales, familiarizaría a las gentes con la idea de que el beneficio no se limitaba a esas res de comitatu o dominios, sino además, como escribe el profesor belga, "al honor, a la propia función, cuyos dominios eran sólo algo accesorio".

Lnfunci<Ín pública como benefií"io.

lnve.1tidum de yde benefiáos.

C'tl'l(OS

394 El capitular d~ Kiersy.

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Partiendo de esa consideración del oficio público como beneficio feudal, las pretensiones de sus titulares por transformarlos en hereditarios triunfaron a fines del siglo IX, durante el reinado de Carlos el Calvo. Con ocasión de ausentarse a Italia, este monarca dispuso en el capitular de Kiersy el año 877 que los condados que quedaran vacantes pasaran a los hijos de sus titulares. Ello significó, al consolidarse como definitiva esa medida provisional, que los condados catalanes se convirtieran en algo propio de determinadas familias. En Castilla se da también la atribución de condados y señoríos en propiedad. Enrique de Lorena, yerno de Alfonso VI, recibe de éste en propiedad el condado de Portugal, mientras el señorío de Molina pasa de la misma forma a manos del conde Manrique de Lara. Denominador común de todo este proceso fue la privatización del vínculo de los condes y oficiales públicos con el rey, así como el hecho de que el monarca perdiera la facultad de nombrar a los oficiales inferiores, dependientes de aquéllos que habían logrado la propiedad de sus cargos. 111. El Derecho Feudal

A la realidad sociopolítica del feudalismo correspondió un derecho específico, regulador de las relaciones derivadas de la concesión de feudos. De carácter en principio consuetudinario, ese derecho fue luego fijado por escrito, quedando recogido en textos y colecciones diversas. Desde la perspectiva global de los territorios hispánicos hay que considerar un doble tipo de fuentes. En primer lugar, los llamados Libri Jeudorum, colección extranjera que fue recibida aquí con carácter general al compás de su difusión por toda Europa. En segundo lugar, por la condición singular de Cataluña, los textos de derecho feudal que allí rigieron. La existencia de ese doble tipo de fuentes lleva a plantear el problema de hasta qué punto la reelaboración del derecho feudal catalán se hizo merced a los principios recibidos del derecho feudal común . De ello se ha ocupado el profesor Tomás de Montagut en un informado estudio

A) LOS "LIBRI FEUDORUM"

Rednccinne.,-.

Los llamados "Libros de los feudos" (Libri Feudorum) constituyen una colección de carácter privado formada en Lombardía por cierto jurista desconocido, quien reunió un conjunto de decisiones judiciales relativas a feudos. A mediados del siglo XII esa colección fue completada con algunas cartas sobre la misma materia que el cónsul de Milán, Oberto de Orto, había dirigido a su hijo, lo que dio lugar a la que es conocida como redacción obertina. En el siglo XIII, el jurista Jacobo de Ardizone incorporó nuevas

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395

fuentes, sistematizando el texto anterior que aparece ahora en su redacción ardizoniana. Una última revisión dio lugar a la redacción vulgata, también llamada accursiana por haber sido utilizada por Accursio.

B) EL DERECHO CATALAN

l.

Los "Usatges" de Barcelona

Aun no siendo una colección exclusiva de derecho feudal, debemos considerar aquí los Usatges, tanto por el carácter de buena parte de sus normas orno por las razones que justificaron la aparición del texto. Los Usatges en efecto surgen para remediar la insuficiencia de la legislación anterior, a la ora de regular la compleja organización jurídica de la sociedad feudal catalana, o, como Fernández Viladrich y Peláez han escrito, "para definir el marco jurídico de un nuevo orden político y social". En la segunda mitad del siglo XI, bajo Ramón Berenguer I, se forma el núcleo primitivo de la colección, compuesto por los usos judiciales de _a curia del conde, junto a algunas disposiciones o constituciones del ;iropio Ramón Berenguer I. Habría pues que distinguir en ese primer es:rato los usualia o usos judiciales propiamente dichos, de la normativa geeral dictada por el conde para su condado de Barcelona y los de Ausona Vich) y Gerona, dependientes de él. Al núcleo inicial se agregarán disp,osiciones de otros condes, así corno las llamadas "constituciones de az y tregua".

fatrnW.<

formativo.,·

de lo., U.rn111e.,.

A

La "paz y tregua de Dios" (pax et treuga Dei) fue una institución fomentada por la Iglesia. cuyos sínodos y concilios establecían la paz en un territorio y la tregua en unos lugares o durante un período de tiempo, evitándose con ello bajo pena de excomunión los actos de violencia y venganza. Al concurrir desde mediados del siglo XI el príncipe y altos cortesanos a las reuniones eclesiásticas que decretaban la paz y tregua de Dios, esas asambleas adquirieron un carácter mixto, dictando las llamadas "constituciones de paz y tregua".

En el siglo siguiente, un juez de la época de Ramón Berenguer IV reu- 1ó esos y otros textos formando una colección conocida ya como Usaticos Barchinonenses o Usatges de Barcelona. Agregaciones sucesivas dan lugar a .m cuerpo legal de 174 artículos que, debido a la preeminencia del condado iYclfCelonés, se extendió a otros territorios catalanes, a Mallorca y también al Rosellón y la Cerdaña. En las Cortes de Barcelona de 1413 fue requerido el monarca para que ordenara la traducción al romance de los Usatges, juntamente con las constituciones de Cataluña y los capítulos de Cortes, publicándose una primera recopilación de estos textos a fines del siglo XV.

Ln o/Jm y .m difusión.

396

ESPAÑA MEDIEVAL

2.

Costum.,de Cathalunya.

Commemoradons de Pere A/ben

Redacciones privadas de costumbres feudales

Al margen del quehacer oficial, algunos juristas recogieron con carácter privado las costumbres feudales . De tal actividad conocemos dos colecciones principales, las Costumes de Catalunya y las Commemoracions de Pere Albert. Las Costumes o Costumas son una pequeña compilación redactada originariamente en latín y traducida luego. Su nombre deriva de que buena parte de los diecisiete artículos que la componen, comienza con la frase: "Es costumbre de Cataluña" (Es costuma de Cathalunya). Utiliza entre sus fuentes el derecho extranjero de los Libri Feudorum, y debió ser elaborada por un autor anónimo a fines del siglo XIII. Como señala Montagut, al ser incluidas las Costumes en compilaciones de la época moderna, disfrutaron de un mayor prestigio y más amplia vigencia. Las Commemoracions fueron obra del canónigo barcelonés Pere Albert, antiguo estudiante en Bolonia, si bien no parece claro que pueda atribuirse a él la paternidad completa de la obra, en la que quizás intervinieron también otras personas. En el rastreo y precisión de la autoría de Albert ha dado recientemente pasos muy estimables la doctora Ferran i Planas, al haber descubierto el signum autógrafo del jurista catalán. Según pone de manifiesto la tesis doctoral de Ferran i Planas, leída en la Universidad Pompeu Fabra en 2001 , el canónigo Pere Albert se nos muestra como una de las grandes personalidades de la historia jurídica catalana del siglo XIII. Entre otras cosas, acredita una admirable habilidad para combinar el mundo jurídico de los u.rns terrae con las nuevas aportaciones del derecho común, lo que le llevará a una visión integradora del territorio bajo la figura del prínceps terrae.

Las Commemoracions constan de dos textos diferentes. El primero, donde el autor pone de relieve las peculiaridades del feudalismo catalán, se titula Costumas de Cathalunya (distinto de las Costumas anónimas citadas antes). El segundo explica los nueve casos que justifican la pérdida del feudo recibido por el vasallo del señor. Ambos fueron escritos en latín y vertidos más tarde al catalán. Las Commemoracions obtuvieron reconocimiento oficial en las Cortes de Monzón de 1470.

EL FEUDALISMO

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20-21.

EL DERECHO l\.1EDIEVAL Y LA RECEPCION DEL DERECHO COMUN

L Naturaleza del Derecho Medieval

Hemos examinado hasta aquí algunas fuentes del derecho medieval, es~ctamente relacionadas con instituciones que han sido objeto de estudio en su ámbito social o económico. Este fue el caso de los textos jurídicos ~eudales al tratar del feudalismo, o de los del derecho marítimo al ocupar::os del comercio mediterráneo o atlántico. La inmensa mayoría de las fuentes medievales desborda, sin embargo, cualquier posible acotación te:nática, debiendo procederse en consecuencia a un análisis autónomo en :unción de su naturaleza, características y ubicación territorial. Tal tarea, objeto de los capítulos siguientes, es precedida en éste por una reflexión panorámica e introductoria acerca del derecho medieval en su conjunto, ...on respecto al cual cabe adelantar alguna certeza y un repertorio de problemas y dudas. Lo más o menos seguro es que el derecho de la Edad Media encierra en sí dos fases diferenciadas: una primera, en la que predomina el fragmentarismo, la dispersión o la pluralidad normativa, con múltiples textos que rigen en diferentes ámbitos, y una segunda, caracterizada desde principios del siglo XIII por el creciente uniformismo fruto de la recepción del llamado "derecho común". Jesús La linde ha calificado a ambos períodos, alto y bajomedieval, como de disper.\·ión normativa e integración normativa, expresiones éstas que han logrado un merecido éxito. Con respecto a la primera etapa preferimos no obstante hablar de un plumli.\mo normativo, para que la di.1-per.vión no dé a entender -según su sentido estricto- la vigencia acá o allá de diversas normas procedentes todas ellas de un conjunto uniforme que luego se fragmentó o dispersó.

La cuestión problemática afecta a la naturaleza misma del derecho medieval. ¿Qué fue ese derecho y hasta qué punto se compuso de ingredientes germánicos, romanos, costumbres jurídicas primitivas u otros elementos?. Y más en concreto: ¿cuál fue la vigencia del último

Pluralismo e mregra,·ilm normativa.

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gran código visigodo, el Liber Iudiciorum, en los diversos territorios liberados del dominio musulmán, conforme se sucedieron los siglos altomedievales?

A)

·/1Ut'rprt:1nn't'm

de Fil'ker,· Huwjo.w .

El re}rmr/o

rl, Mmé,ul,: Pida/.

LA TESIS GERMANISTA

Hasta los años cincuenta fue un lugar común la creencia en el carácter germánico del derecho medieval español. En resumidas cuentas, esa tesis general podría ser recapitulada de la siguiente forma. Durante los siglos V, VI y VII, con independencia de la legislación romanizada, los visigodos mantuvieron en España sus propias costumbres de origen germánico. Aquélla habría sido un ordenamiento teórico de escasa aplicación, dándose de hecho con éstas un derecho consuetudinario de reconocido arraigo. Tras la fractura de la conquista musulmana, y la consiguiente formación de los núcleos cristianos, reapareció ese derecho germánico que vino a sentar las bases del derecho altomedieval. El germanismo del derecho hispano, sugerido por Muñoz y Romero en el siglo XIX, fue defendido en toda línea por el alemán Ficker en esa misma centuria y por Hinojosa en la pasada. Ficker publica en 1888 un trabajo titulado Sobre el íntimo parentesco entre el derecho godo hispánico y el noruego-islándico. e Hinojosa en 1910 una monografía de acreditada fama: El elemento germánico en el derecho espa11ol. Sustancialmente, uno y otro parten de la observación de un sistema jurídico medieval extraño a la legislación visigoda del último gran código, el Liber Iudiciorum, ciertamente muy romanizado. Tal desemejanza contrasta con la similitud entre ese derecho medieval y el derecho germánico (Hinojosa) o más propiamente el nórdico (Ficker), lo que les lleva a la conclusión de que aquél procede de las costumbres jurídicas de visigodos y suevos, vigentes desde el siglo V. Semejante interpretación, convertida en opinión general, fue corroborada por Menéndez Pida! desde otras perspectivas, al dar a la luz en 1955 una sugestiva obra, Los godos y el origen de la epopeya española. donde su autor evocaba los cantos germánicos, entonados luego como canciones o poemas de los antepasados (carnzina mniorum) por los godos en España, que habrían conducido a la formación de la epopeya medieval. La práctica consuetudinaria, transmisora de los versos épicos, era la misma que había custodiado un derecho ajeno al legislado. Parecía quedar así claro que, al igual que los cantos germánicos fueron mantenidos por los godos para desembocar luego en la epopeya del Medievo, el viejo derecho germánico, vigente de hecho en la época visigoda, hubo de florecer más tarde en los textos

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. fueros altomedievales. Ese derecho germánico se manifestará en una serie costumbres que aparecen por doquier en los núcleos cristianos de la Reconquista. Entre ellas cabe destacar la venganza de la sangre, la responsailidad colectiva de los miembros de una familia o comunidad en los delitos ::ometidos por sus miembros, la existencia de cojuradores o juradores solidaos de quien declara en juicio, la prenda extrajudicial o realizada por el creedor sin decisión del juez, y el llamado duelo judicial que sirve para dirimir conflicto. Como estas instituciones son ciertamente constatables en la Alta Edad Media y también entre los primitivos germanos, y no aparecen !:t cambio en la legislación visigoda, la explicación pareció clara y fue -eptada sin reservas: el derecho de la Reconquista había sido fruto del derecho :onsuetudinario germánico que los godos transmitieron:

:e

Ra.,·~oJ ger11uí-

niro.'i del dt:rerhu altomedirl'<1/.

··A pesar de las diferencias de detalle. encontramos en todas estas fuentes. entre las instituciones jurídicas más impor1llntes y diversas, un núcleo, común en lo fundamental, procedente sin duda de la época anterior a la invasión árabe. que se ha conservado en los territorios que fueron el centro de la resistencia contra los invasores, así como, en parte, entre los visigodos sometidos a la invasión árabe" (Hinojosa, El elemento germánico m el derecho e.1pm1ol, 412-413).

B) LA REVISION CRITICA

Semejante interpretación fue rechazada explícitamente por García-Gallo 1955 y de modo indirecto por D'Ors al año siguiente. El profesor romanis.. al estudiar la territorialidad del derecho visigodo, sostuvo que los godos ~ brían perdido su añejo derecho consuetudinario en el seno del Imperio, de o que cabía deducir que mal pudieron transmitirlo a las generaciones altomejievales. Para D'Ors, en fin, las instituciones extrañas al derecho romano per;::eptibles en el medieval fueron producto de la influencia franca. !n

Tnúth·

o·or.,.1· Afra rado

Recientemente Alvarado ha vuelto sobre este problema del hipotético gennanismo del derecho español altomedieval, llegando a conclusiones próximas a las de D'Ors. Para el catedrático de la UNED, los denominados gen11nni.1mo.1· obedecen a la vulgaiización del Liber y a la recepción del derecho franco. Según él, la mayoría de los elementos gennánicos que se detectan a partir de fines del siglo XI tienen origen fundamentalmente franco, consecuencia de la expansión cultural de Cluny.

La impugnación de García-Gallo fue explícita, al entrar directamente en polémica con Menéndez Pida!, lo que no obsta para que sus posiciones refu~do el germanismo jurídico de los primeros siglos de la Reconquista, resulten en todo caso más matizadas. Examinando las instituciones alto- medievales an·es aludidas, García-Gallo destacó que la venganza de la sangre había sido algo propio de todas las culturas antiguas y no sólo del derecho germánico, que la responsabilidad colectiva se había dado ya en la España prerromana, y que los juramentos solidarios aparecen en el sistema jurídico de muchos pueblos y entre ellos del musulmán, donde también se constata una prenda extrajudicial que por

Tt'\I X ,fe,

Gard a·Gal/o

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lo demás no es extraña al derecho romano mismo. El duelo judicial, en fin , fue conocido en la España primitiva. En suma, García-Gallo destacó el origen prerromano y peninsular de buena parte de ese derecho consuetudinario considerado como germánico, enlazando así con las observaciones de Joaquín Costa a propósito de la supervivencia de la costumbre jurídica al margen del derecho legislado. Puso de relieve además que un reducidísimo número de godos (cfr. 9, III, A) difícilmente podría haber impuesto sus costumbres a todos los pueblos españoles, incluso a aquellos situados en áreas que los godos no habitaron. Pero en última instancia, García-Gallo no llega a negar cualquier vestigio germánico en el derecho medieval. Lo que sí rechaza es el carácter necesariamente germánico de ese derecho. Como él mismo dice, su postura es "más que negativa, de reserva". A I estudiar el régimen jurídico de la familia en esta época. Emma Montanos ha reafirmado. dentro de su campo concreto de investigación. el razonamiento de García -Gallo. La cilada profesora escribe: "No cabe suponer sin más su origen germánico, porque resulta increíble que las costumbres de una minoría de población se impusieran a toda una población mucho más numerosa en los medios populares y rurales . Es , pues. imposible decir si el sistema es de origen romano o germánico" (Lnfnmilin en In A/1n Ednd Media espnñoln, 16). Rt!plimde Sñnrhe::.-Alborno:.

La tesis germanista, y más en concreto la versión de Menéndez Pida! , fue objeto de rehabilitación por parte de Sánchez A lbornoz, quien para ello hubo de objetar tanto la crítica de D'Ors como, con mayor detenimiento, el conjunto de observaciones expuestas por García-Gallo. Con respecto a D' Ors , Sánchez Albornoz estima como no convincentes su s argumentos a propósito de la desaparición del derecho consuetudinario godo. En particular. la conversión de los visigodos al cristianismo no tuvo por qué conllevar el abandono de costumbres jurídicas compatibles con la doctrina de la Iglesia. Además el mismo derecho romano vulgar era portador de prácticas y figuras jurídicas asimiladas antes por los romanos en Germanía .

¿Por qué el derecho medieval es de clara filiación germánica? . Para Sánchez Albornoz, por tres razones. De una parte, porque las instituciones de derecho consuetudinario visigodo no reaparecen en los siglos XI y XII, sino porque de hecho constan -según él afirma- en los documentos de aplicación del derecho de las centurias anteriores. De otra. porque el difícilmente imaginable divorcio entre una legislación visigoda romanizada y un derecho consuetudinario germánico, no habría existido en realidad como tal, dándose sólo la lógica contradicción de los preceptos romanos del liber ludiciorum con las costumbres de una reducida minoría de godos. Por último, porque no considera probada la vigencia en la España prerromana de aquellas instituciones altomedievales a que antes nos referimos.

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A nuestro entender, ·en su pretensión de refutarla, Sánchez Albornoz ha dicalizado la tesis de García-Gallo, la cual en su núcleo --el rechazo a la exorable dependencia germánica-, nos parece sustancialmente válida . .)Obre todo ello, cabe señalar: - Sigue en pie la objeción clave al carácter necesariamente germánico :.el derecho medieval en su conjunto. ¿Cómo una minoría de godos, con-"'rvara o no tal o cual costumbre, pudo legar las bases de un derecho me_1eval incluso en territorios extraños a ellos?. ¿Qué tiene que ver ese ~erecho medieval en los territorios vascocantábricos, por ejemplo, con la :"adición jurídica goda?. Ahí es casi innegable la persistencia prerromana. - Hubiera o no divorcio entre la legislación romanizada del Liber luiciorum y las costumbres jurídicas visigodas, es claro que cuanto más se .::onstate la vigencia de aquel código en la etapa inicial de la Reconquista, "!lás se debilita el posible carácter germánico de su derecho. A la inversa, desaparición del Liber nos llevaría a un presumible fortalecimiento de rras raíces, germánicas o prerromanas, en ese controvertido derecho de os siglos XI y XII. Como en seguida veremos, la investigación más recien·e y acreditada viene a destacar la supervivencia del célebre código. - En cuanto a la venganza de la sangre, pérdida de la paz, cojuradores, ;renda extrajudicial o duelo, hay que reiterar que no son explicables siem. re como herencia única de la tradición germánica. Tales instituciones fue"On conocidas por otros muchos pueblos, hecho éste que el propio Sánchez ..\lbornoz reconoce, aunque para él el perfil jurídico de las nuestras tenga _n signo germánico: "Porque venganzas familiares, juramentos procesales y duelos nobiliarios ha habido. naturalmente, en todos los pueblos. pero no han revestido en ellos -y debo añadir. no han revestido entre los hispanos antes y después de la conquista romana- las siluetas técnicojurfdicas que en el derecho germánico y en el derecho español del medioe vo" (Trndic:ión y derecho visigodo.,· en León y Castilla, 119).

Habría que decir además que alguna institución valorada como ejemplo de -esonancias visigodas en el mundo de la Edad Media, y éste es el caso del duelo : udicial, responde en realidad a motivaciones más complejas o de distinta raíz. Así lo ha demostrado un erudito estudio del profesor Iglesia Ferreirós. Con ciencia y paciencia, Aquilino Iglesia ha dedicado dos largos centenares de páginas a examinar el proceso a que fue sometido el conde Bera. en el cual algunos autores como Abada! habían visto t!1 más cierto reviva/ de la institución visigoda del duelo a caballo. Iglesia destaca en cambio que el proceso se configura de acuerdo con el derecho franco. distinguiendo el mero duelo a caballo -que sí fue usual entre los visigodos- del duelo entre jinetes como ordalía. es decir. de la contienda en que se supone que la intervención divina dará la razón al inocente . Este supuesto -no visigodo- es el propio del caso que nos ocupa.

Con,tu.,ume,

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- Procede en consecuencia evitar cualquier generalización a la hora de valorar la naturaleza del derecho de la Alta Edad Media, hasta la recepción clara del derecho romano. Existen posiblemente vestigios germánicos, visigodos o francos. Existen también, en determinados territorios e instituciones, huellas prerromanas. Y a todo ello hay que agregar la persistencia romanizante del Liber visigótico. Por pluralismo altomedieval entendemos en consecuencia no sólo una multiplicidad normativa, sino la dispar raíz genética del derecho que rigió en unas u otras zonas geográficas, aunque en buena parte de ellas operara como agente unificador el Líber ludiciorum. 11. Los sistemas jurídicos de la España Altomedieval

La España de los primeros siglos de la Reconquista conoce, según los territorios, tres tipos fundamentales de sistema jurídico. Hay zonas donde es apreciable una mayor recuperación e influencia del Líber ludiciorum visigodo. Otras, en que, a falta de ordenamiento formulado, la sociedad vive conforme a normas consuetudinarias que en último término son reconocidas y sancionadas mediante las sentencias judiciales. Unas terceras, en fin, caracterizadas por la primacía de ordenamientos jurídicos de nueva creación o fueros, acordes con las necesidades de la repoblación o con el ulterior y más complejo desarrollo de la vida social. Tal clasificación, patrocinada por García-Gallo, no debe interpretarse en sentido rígido, pues con el tiempo se entrecruzarán en el mismo ámbito geográfico unos sistemas con otros. Es sin embargo muy sintomática para valorar la fisonomía del derecho altomedieval en los distintos territorios. Todos los análisis serios de instituciones de derecho privado medieval dan constam:ia de esa dinámica de pluralismo en las fuentes . Un ejemplo: el que. sobre la tutela . ha llevado a cabo Merchán Alvarez. En sus conclusiones este profesor puntualiza que "la rica variedad jurídica medieval hispánica tiene su correspondencia en diferentes sistemas de protección de menores huérfanos" (w tutela de /0.1· menore.l', 237).

A)

EL REGIMEN VISIGOTICO

Normalmente se ha entendido que el Líber ludiciorum rigió entre los hispani en Cataluña, en la zona de León y, desde fines del siglo XI, en el reino de Toledo. Los mozárabes, quienes como sabemos conservaron ese derecho (15, III, B, 1), habrían sido el vehículo transmisor del Líber al reino leonés. cuando emigraron allí desde la España musulmana, o Jo mantuvieron en Toledo donde fue reencontrado por los cristianos que conquistaron la ciudad el año 1085 .

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Sin perjuicio de esa triple y clara localización del régimen visigótico en el derecho altomedieval, que examinaremos por separado en los citados territorios, debe admitirse hoy una pervivencia más o menos generalizada del liberen otras distintas zonas. La llamada de atención sobre tal fenómeno fue hecha por el profesor Alfonso Otero. Según veremos más adelante. en la Baja Edad Media el Líber Judiciorum será traducido al romance dando lugar a un código. el Fuero Juzgo, que fue instrumento oficial de una política de unificación jurídica. ¿Qué había sucedido entretanto, durante los s iglos X, XI y XII? Al estudiar el llamado "Códice López Ferreiro", que contiene unos fragmen tos bili n· gües del Líber Iudiciorum, Otero puso de relieve la existencia de versiones romanceadas del código visigodo. de carácter privado, muy anteriores a la citada versión ofi c ial del Fuero Juzgo. Ello vendría a probar la vigencia efectiva del Líber en otros varios territorios durante la Alta Edad Media. Según Otero, en fin . el Fuero Juzgo no significará una restauración repentina del código visigodo en la primera mitad del siglo XIII , sino la ·'con firmación oficial de la vigencia del Líber como Derecho común, mantenida desde la desaparición de la monarquía visigoda" (El Códice Lúpez Ferreiro, 559).

¿Qué alcance reviste esa llamada de atención acerca de la vigencia del .:óciigo de Recesvinto en los primeros siglos del Medioevo?. En el fondo , .' más profundamente, ofrecer una tercera opción al binomio germanismo;>rerromanismo para explicar la naturaleza del derecho de esa etapa histórica, que en pa11e sería el derecho romanizado del Liber mismo. Además, al ::ilo del tema que ahora nos ocupa, y como justificación de tal posibilidad, dvertir la presencia del célebre código en territorios distintos a los que eJemplarmente representan la herencia del régimen visigodo. Otero defen dió así la influencia del Liber ludiciorum en Castilla -donde la expresión ..como la ley enseña" (sicut lex docet), propia de los documentos de aplicación, podría aludir al Liber ludiciornm-, en Navarra y en la zona pirenaica ragonesa. Con algunas cautelas, Lalinde ha dejado constancia de la pene·ración del código visigodo en Aragón: " Aunque hay que reconocer que no en una gran proporción, puede afirmarse que el Derecho visigodo, casi exclusivamente a traves del Líber iudiciorum, independientemente de que haya supervivido como conjunto al derrumbamiento de la monarquía, ha estado presente a lo largo de la Edad Media en la elaboración de los Fueros de Aragón" (La presencia visigoda e11 el Derecho arago11és, 645).

Veamos ahora el florecimiento de ese régimen jurídico en las zonas clásicas de Cata! uña, León y Toledo.

Cataluña A raíz de la conquista musulmana, la población visigoda en Cataluña se rigió por su propio derecho y mantuvo en consecuencia el Liber ludiciol.

Defen.mde/a

persüt~nria t!rl Ub~r /11dinor11m.

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rum. Tal régimen prosiguió durante la etapa en que esos hispani dependieron de la monarquía franca, sin perjuicio de que los reyes ultrapirenaicos dictaran sus propias disposiciones (25, 1) . El Liber, pues, fue ley propia en Cataluña desde el derrumbamiento de la monarquía visigoda en el siglo VIII -como lo había sido antes-y durante las dos centurias siguientes. En favor de la permanencia del Liber ludic:iorum en Cataluña desde el primer momento, registremos una observación significativa. El más antiguo manuscrito del Liber, según los estudios y catalogación de Dfaz y Díaz en 1976, es precisamente un códice procedente de Urge! o la Cerdaña.

Algo más embarazosa es la cuestión de la vigencia efectiva del código visigodo. Ciertamente esa lex gothica vertebró la estructura jurídica oficialmente reconocida. Ahora bien, ¿informaba de hecho la resolución de los problemas cotidianos de aquellos hispani?. Al estudiar los pactos matrimoniales catalanes, Lalinde ha aludido a un "conocimiento confuso" de ese derecho, cuya operatividad se habría puesto de manifiesto más a través del derecho práctico y consuetudinario que en la aplicación directa del cuerpo legal mismo. Iglesia Ferreirós no alberga la menor duda sobre la inequívoca y real vigencia del Líber, y lo expresa así: "El derecho visigodo -con todas las posibles desviaciones- vivía y actuaba en la vida diaria de la Cataluña altomedieval; sus habitantes vivían de acuerdo con él, aun cuando no era invocado expresamente" (la c:reac:ió11 del Derecho e11 Cataluña, 213) .

2.

León

La presencia del Líber ludiciorum en León es más tardía. En la primera mitad del siglo IX, Alfonso II había restaurado el orden visigótico, pero la vigencia del código sólo se afirma en la centuria siguiente con la inmigración masiva de mozárabes. El Líber se impondrá sucesivamente al derecho consuetudinario de la etapa inicial y a los fueros locales de la siguiente. Desde el siglo X es un texto de aceptación general, al que las partes voluntariamente acuden para dirimir sus pleitos. Tiene lugar así el llamado juicio del Libro, sustanciado conforme a sus prescripciones (31 , I, D, 1), cuyos orígenes resultan un tanto confusos.

3.

Toledo

Al ser recuperada la antigua capital visigótica a fines del siglo XI, existe allí un importante contingente mozárabe cuyo derecho secular es el del líber. Pero a Toledo se incorporan con la conquista pobladores francos y

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castellanos que, por diversas razones, abandonan progresivamente su derecho y se ven inmersos en una corriente de homogeneización jurídica de raíz visigótica o mozárabe. Se pasa en consecuencia de un sistema donde coexistían diversos ordenamientos -el fuero de los mozárabes, el de los francos y el de los castellanos-, perceptible en los primeros años del siglo XII, a una uniformidad presidida por la lex gothica. Acaece en fin esa unificación de los fueros que, al parecer, no supuso necesariamente la correlativa unidad de las jurisdicciones o tribunales. B) EL REGIMEN DE "FAZAÑAS"

Allí donde no existe un texto jurídico de implantación general y reconocida, el derecho surge como creación espontánea de la sociedad misma. Ahora bien, en la medida en que las pretensiones encontradas se traducen en litigios y pleitos, lo que es justo en un cierto caso --en defecto de ordenamiento escrito que lo determine-, debe ser esclarecido por la decisión del juez a su libre albedrío. Es éste en consecuencia un derecho de creación judicial.

U, ':fay111f1" como ,.,.em·iim ;11dit·ial riel rlere,·l w.

Tal sistema, de desigual relevancia en la Europa continental y en cualquier caso vinculado a estadios de primitivismo. adquirió singular importancia en el mundo anglosajón. Allí regirá en toda regla el principio de que el juez crea el derecho.

La sentencia conforme al libre albedrío da lugar en Castilla y otros territorios a la llamada tazaña. El juez puede crear el derecho en el sentido de decidir a su arbitrio en un caso determinado qué es lo justo, o al interpretar una costumbre controvertida por los litigantes, e incluso algún texto legal aislado o confuso. Conviene no obstante tener en cuenta -según observó García González- que no todas las sentencias de los jueces altomedievales dieron lugar necesariamente a tazañas, y que incluso éstas pudieron ocasionalmente proceder de hechos distintos a la propia sentencia. A menudo hubo tazañas dictadas por el rey, como juez, o confirmadas por él. Lasfazañas reflejan, como no podía ser menos, el arcaísmo y la simplicidad de un mundo jurídico rudimentario. Veamos un par de ejemplos correspondientes a fazañas añadidas al Fuero de Castrojeriz: "En su tiempo (de Alfon.1·0 VI, n. /072-1109) vino el merino de la infanta doña Urraca y tomó prenda y la metió en el palacio de la Infanta, en villa lcinaz. Y fuimos tras ella y rompimos la villa y el palacio, y bebimos el vino que pudimos y el que no pudimos beber lo tiramos con la mano por tierra. Y vino la Infanta con la queja al rey su hermano, y confirmó nuestro fuero" . "Y otra vez fuimos con Salvador Mudarra tras un pedrero a Melgarejo, y se escondió en el palacio de Gustio Rodríguez. Y rompimos el palacio, estando su hijo en él, y le

E1emp!01 de

·Jnu11iru ".

408

ESPAÑA MEDIEVAL

encontramos y llevamos a los pedreros al puente de Fitero y les hicimos dar un salto al agua, y allí murieron".

Las fazañas fueron a veces recogidas en colecciones, con lo que quedó explícita cara al futuro la fijación de una norma. Ese sistemajudicialista se impuso en la Castilla que logró independizarse de León -propiamente en buena parte de la conocida como Castilla la Vieja-, lo que tuvo que ver con la reacción al régimen del Líber imperante en el antiguo reino. Valortwián df/ Sl:ilt!mlldc•

derecho jud1nnl.

¿Qué podemos decir hoy del régimen de fazañas o cómo valorarlo?. Galo Sánchez ha evocado en páginas magistrales esa Castilla que vivió sin leyes hasta el siglo XIII, cuyos jueces fueron creadores de normas jurídicas por libre albedrío: "Castilla, tierra sin leyes -escribe- es la patria de las fazañas, el país del derecho libre". Tal sistema, en todo caso, presenta claroscuros y no logró sobrevivir a la presión legislativa y técnica de los siglos siguientes. Lalinde ha hablado así de sufracaso, que él explica por la impureza de un régimen jurídico que mezcló el juicio de albedrío con los usos y costumbres, por los abusos nobiliarios de quienes utilizaron esa actividad judicial en beneficio propio, y finalmente por la inmadurez y rudeza de la etapa histórica en que fue ensayado. Comentando esta última causa, La linde no muestra precisamente entusiasmo por aquellas fazañas ni, de rechazo, por un sistema jurídico, como el anglosajón, que asumió históricamente en Europa la transmisión a la modernidad de la creación judicial del derecho. Tal vez, sin embargo, convenga no olvidar que si hubo excesos y hasta desmanes en esos juicios de libre albedrío, no fueron desde luego menores aquellos otros derivados de la aplicación de un derecho escrito, cuyo refinamiento técnico sirvió para justificar "científicamente" otros tantos quebrantos de la dignidad humana. Pero escuchemos en todo caso el muy severo juicio de este profesor: " ... el sistema ha sido ensayado en una época muy propicia para desacreditar cualquier método. debido a la rudeza de las costumbres, el desenfreno de las pasiones, la im¡x:rfección de la sociedad y la ausencia de toda ciencia jurídica. Sólo un pueblo muy wnservador y muy pertinaz en sus ideas, como ha demostrado serlo el inglés, es capaz de continuar con un sistema que haya engendrado monstruos . Actualmente alabamos la justicia inglesa. pero ni un solo español hubiera tolerado uno de los muchos fracasos de aquélla . ni las monstruosidades en forma de sentencias que ha producido durante largos períodos . El pueblo castellano no dudará ni un momento en volver la espalda a un sistcm.i que también aquí produjo monstruosidades " (La c:rt'ación del Duecho entre lo .,· espm1o/,-, , :i 12) .

C)

EL REGIMEN DE FUEROS

Los fueros constituyen la fuente por excelencia del derecho medieval español. En contraste con la simplicidad del elemento determinante de los

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409

.fus sistemas anteriores -un código concreto, el Liber, en el visigótico; la razaña, en el de libre albedrío-, el término fuero es ambiguo y significa según épocas, territorios o circunstancias sociales, muchas cosas distintas. Existen así múltiples y heterogéneos fueros. Los autores han tenido como fueros a textos que en su tiempo se autoproclamaron tales, pero también a otros 'Duchos, bautizados en el nuestro con ese nombre, en función de diversos cri:erios. No han faltado finalmente clasificaciones de los fueros, algunas de raigambre tradicional.pero no por ello exentas de más de un reparo. Los diversos fueros han sido y son normalmente objeto de ediciones por separado. qut! suelen ser acompañadas por estudios de los textos y de las instituciones. Punto de partida básico fue la Colttcd6n dtt.f11ero.1· munidpale.\' y carta.1· pueblas de Tomás Muñoz y Romero (año 1847). Ahora contamos con otra colección más completa y actualizada: los Textos dtt Derecho local espaiiol en la Edad Media, de Ana María Barrero y María Luz Alonso. Existen, por último. repertorios de fueros acotados a una zona gt!ográfica, como t!S el caso. para la provincia de Valladolid, de los textos recogidos por el profesor González Díez en su obra El régimen .foral va/li.w letano.

l.

Qué son los fueros

El término fuero deriva del latín forum, palabra que entre otras cosas ,ace referencia al tribunal, a su jurisdicción y al modo de actuar del tribu:1al mismo. Partiendo de la segunda acepción, y en tanto en cuanto quien está sujeto a una jurisdicción tiene el derecho o privilegio de litigar ante ella, Merea entendió que en la época romanaforum habría adquirido ya un sentido de derecho o privilegio, con el que aparecerá siglos después en la ,·ida altomedieval. García-Gallo. en cambio, fijándose en ese tercer significado deforum, destacó que en el mismo mundo romano tardío o postclásico, la forma de actuación de un tribunal resultó equiparada a las propias fuentes del Derecho, lo que vendrá a explicar la evolución ulterior y el concepto medieval delfuero. Sobre tales antecedentes, ¿por qué, dónde y cómo aparecen los júeros en nuestra Edad Media?. Hemos señalado antes que en Castilla y otros territorios primó un derecho judicialista creado a través de lasfazmias. Ahora bien, respondiendo éstas a casos concretos y determinados, las colecciones que se hicieron de ellas fueron eliminando lo episódico para conservar la norma orientadora de carácter general. Dicho con palabras de Galo Sánchez, de la sentencia se extrajo el precepto jurídico abstracto, con lo que "lafazaña se convierte en fuero", lo cual significará que fuero pase a ser sinónimo de norma jurídica. Las consecuencias de tal transformación son desde luego congruentes con el panorama jurídico altomedieval. Si es verdad que los fueros derivaron de lasfazañas, debieron abundar los fueros donde dominó

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410

ESPAÑA MEDIEVAL

el derecho de libre albedrío, y en cambio escasear o no existir allí donde los jueces desarrollaron una menguada o nula labor creativa por disponer de un código al que ajustarse. En términos más precisos: hubo fazañas y en consecuencia fueros en razón justamente inversa a la vigencia del Liber. A más Liber menos fueros, y viceversa. Así lo razona García-Gallo: "'La difusión de la palabrafuero en su acepción de Derecho coincide plenamente con la de la actividad de los jueces: así se encuentra en Galicia, Asturias. León -la vigencia del Liber i11diciorum en estas dos regiones no comenzó hasta uno o dos siglos de iniciada la reconquista-, Castilla, Navarra y Aragón. En Cataluña, donde el Liber no deJó nunca de regir, la adaptación a la práctica se hizo mediante 11.1·atici, u.mcge.1·, con.me111di11e.1· o co.wums: no por fueros . Forum en el sentido de Derecho no se encuentra en esta región ni en esta etapa ni en las siguientes" (Aportación, 395). Eljilem r·onw ll':CIO.

Al proceder de la costumbre fijada por los jueces, el fuero no fue en principio algo escrito. Cuando en los siglos XI y XII reyes y señores otorgan un ordenamiento jurídico a ciertos lugares, el derecho concedido a una determinada localidad es sufuero, pero un fenómeno de expansión semántica hace que fuero sea en fin el propio documento que recoge ese derecho otorgado. Por ello hablamos de fueros de uno u otro lugar, en el sentido de textos jurídicos concretos, que por lo mismo son susceptibles de ser editados e integrados en una colección. De otra parte, ante las oleadas de un derecho nuevo, el romano-canónico, que hace acto de presencia en la Baja Edad Media, el derecho de los fueros aparecerá como un derecho genuino y tradicional , frente al uniformismo extraño del llamado derecho común. 2.

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y exren.\O.\ , lorn/eJ y tmctoria/e,. 11eJ

Clases de fueros

En la historia del derecho medieval se ha hablado siempre de fueros breves y extensos, local es y terntona . . l es, aten d 1en " d o a 1a magmtu . d d e su contenido o al ámbito de aplicación que lograron. Ello conduce a clasificar a unos textos u otros en cualquiera de esas categorías. Pese a su indiscriminada aceptación, tal encasillamiento adolece de artificiosidad y no puede ser acogido sin serias reservas. Como en cualquier clasificación basada en criterios cuantitativos, y no en razón de la naturaleza de las cosas, las líneas divisorias resultan caprichosas. ¿Qué quiere decir que los fueros breves sean, como expl k a Galo Sánchez, "algunas disposi ciones de derecho público", y los extensos en cambio "amplias y detalladas relaciones del derecho local en sus principales aspectos"?. ¿Cuándo un texto deja de ser breve y se convierte en amplio y detallado, es decir en extenso?. ¿Cuándo y cuándo no un fuero local, que lógicamente se expande a los

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aledaños de la villa, puede ser considerado como territorial?. Más aún: muchos fueros breves tuvieron una segunda redacción más amplia, distinguiéndose entonces un fuero breve de otro extenso, cuyo núcleo esencial coincide a veces con aquél. Y todavía: muchos fueros locales se territorializaron, con lo que, dicho sea de paso, no dejaron de ser locales, pero al tiempo otros territoriales en cierto sentido se municipalizaron. No entraremos en consecuencia en clasificaciones de tan problemático fundamento, aunque, por servidumbre a la tradición historiográfica, hayamos de mencionar en páginas siguientes a ciertos textos como breves. extensos, locales o territoriales. Cabría aquí evocar la segunda redacción de aquel séptimo mandamienw que ordenaba la vida de la célebre granja imaginada por Orwell: ··todos los animales son iguales. pero hay algunos que son más iguales que otros". Y con ese precepto de Animal Farm, añadir: "todos los fueros breves son breves. pero hay algunos que son más breves que otros". o "todos los fueros extensos son extensos, pero hay algunos que son más extensos que otros". Volvamos a la historia del derecho no alegórica. Y señalemos que. en 1977, Aquilino Iglesia rompió una lanza crítica impugnando la distinción entre derecho local y territorial. En su Derecho municipal, derecho .~er1orial, derecho regio, calificó a esa distinción de ··arbitraria". De acuerdo.

Podemos distinguir en cambio entre fueros agrarios, fueros de privilegio y fueros de carácter local, con vigencia más o menos generalizada. Los fueros agrarios aparecen a su vez bajo dos formas: como documentos jurídicos privados que dan cabida a un contrato agrario colectivo entre el señor y los cultivadores de la tierra, o bien como cartas de población otorgadas también con carácter privado para estimular el asentamiento de gentes en una localidad. Los que cabría llamar fueros de privilegio son textos de carácter público, provenientes de un rey o conde que goza de cierta autonomía, y suelen conceder a villas o monasterios determinados privilegios o exenciones. Cuando estos documentos responden a las necesidades de fundación o repoblación de territorios, adoptan la forma de cartas de población (cartae populationis), con lo que nos encontramos que las muy abundantes "cartas de población" del mundo medieval pueden tener tanto naturaleza pública --éstas últimas- o bien privada -aquellas otras-. En tercer lugar los fueros locales y territoriales, que recogen ya no sólo un determinado tipo de normas -agrarias o de privilegio - sino el ordenamiento jurídico más o menos desarrollado que ha de regir en los diversos pueblos y ciudades. Se trata de redacciones de derecho consuetudinario que, curiosamente, florecieron en ciudades de no gran envergadura, mientras otras muy importantes carecieron de ellas. Señalemos por último la existencia de familias de fueros, es decir, de diversos textos emparentados con uno principal del que los demás proceden;

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Fmmha.\ y área.\ d<· /tu!rrh

412

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así como de áreas de fueros, concepto más amplio que engloba a territorios con un cierto rescoldo de uniformidad jurídica, sin perjuicio de dar cabida en su seno a varias familias de textos con sus correspondientes zonas de difusión. 11. La Recepción del "Derecho Común" A) El Imperio carolin}:ÜI y Jn ,·rt'nciún de Euroµa.

Cnrlomnww nmw "padre "

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lmpuio cnmlingio e /m ptrio nltmñn.

EL ORTO DE EUROPA: "UNUM IMPERIUM, UNUM IUS"

La conquista de España por los musulmanes impuso el restablecimiento de la unidad peninsular, a mediados del siglo VIII, bajo un signo cultural nuevo. En los siglos siguientes, sin embargo, conforme se afianzaron las unidades políticas cristianas, el panorama de la vida hispánica aparece marcado por la división y el fragmentarismo. Al otro lado de los Pirineos se fragua entonces la idea, conciencia y creación de Europa. Tal fenómeno surge en cierto modo como réplica al imperio islámico y cristaliza en la estructura política del imperio carolingio. De ahí que una de las reflexiones más rigurosas sobre la génesis de Europa, debida al historiador belga Henri Pirenne, se titule precisamente Mahoma y Carlomagno. Romanismo, cristianismo y germanismo actuaron como agentes catalizadores de un proceso de unidad cuyo cauce fue el latín y cuyo trazo de identidad más genuino fue la religión cristiana. El imperium christianum aparece así tanto como una ambiciosa organización política, asentada por cierto sobre fundamentos económico-sociales harto endebles, como sobre todo a modo de imagen de una gran empresa religiosa. En los años críticos de fines del siglo VIII, sólo el rey de los francos parecía ser capaz de salvar a la Cristiandad amenazada. "En vos sólo está ahora la salud de las iglesias de Cristo -escribía un filósofo anglosajón, Alcuino de York, en junio del 799-; vos sois el vengador de los crímenes, guía de los descarriados, consuelo de los afligidos, sostén de los buenos". En la Navidad del año siguiente, el papa León III coloca la diadema imperial sobre la frente de Carlomagno, quien será desde entonces aclamado como "padre" o "rey" de Europa (pacer, rex Europae). Unum imperium, pero frágil Imperio. Tal vez por ser a la vez, según aventuró Toynbee, grandiosa y prematura, la gran estructura carolingia se derrumbó en poco tiempo. Significara o no exactamente una pretensión de restablecer el antiguo Imperio romano, su sentido unitario fue patente. Los monarcas alemanes, a partir de Otón I, se consideran restauradores del Imperio carolingio y aparecen con el título de "emperador de romanos" (romanorum imperator). El derecho romano será así el derecho del Imperio.

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Este proceso de unificación política en la Europa altomedieval se corresponde con un resurgir cultural y jurídico, débil hasta el siglo XI y de enorme igor después. El único Imperio debía ser sostenido y vertebrado por un único erecho (unum ius), y ello resulta posible por cierto acontecimiento excepcio:il. En aquella centuria se produce el descubrimiento en Italia de varios ma,uscritos de la magna recopilación llevada a cabo por Justiniano quinientos años antes. Reaparecen así el Digesto y otros textos de derecho romano clási:o, lo cual despierta un enorme interés en los estudiosos, que acuden a las es:uelas jurídicas creadas en diversas ciudades. Se trata en consecuencia de :onocer esos textos, pero también de adecuarlos con los preceptos del dere:ho canónico y feudal de cara a su utilización práctica. Se sientan con ello las bases de ese derecho único o común (ius commune) que constituirá el gran ;actor de unificación ideológica de Europa en los siglos siguientes. El estudio del derecho romano se traduce ya. en esta etapa previa, en la ;ormación de algunas colecciones jurídicas, entre las que reviste especial :nterés para nosotros -por su penetración en Cataluña- la llamada Exceptiones Petri legum romanorum. Estas Exceptiones Petri son un com;,endio -eso significa exceptio- hecho por cierto jurista llamado Pedro, base de refundir dos obras anteriores que tratan del derecho justinianeo. Se ha discutido si las Exceptiones fueron compuestas en Francia o Italia, pero la cuestión es relativamente ociosa porque en cualquier caso consta la procedencia italiana de los dos textos utilizados por el desconocido Pedro. Esos dos textos son los llamados Libro.r de Ashburnham y Tubinga, nombre~ que responden al del lord inglés en cuya biblioteca se halló el primer manuscrito. y a la ciudad alemana donde se conserva el segundo. El Libro de Ashburnlwm reproduce material de las lnstituc:ion es, del Código y de algunas partes del Dige.1w. El Libro de Tubinga contiene asimismo derecho justinianeo pero ya reelaborado.

B) EL DERECHO COMUN ROMANO CANONICO

El derecho común será construido sobre dos elementos fundamentales, el ordenamiento romano y el canónico, a los que los glosadores incorporan un tercero basado en los textos del derecho feudal. De éstos -y en concreto del derecho feudal de Lombardía- ya nos hemos ocupado antes (20, III, A). Centraremos así ahora la atención en aquellos elementos romano y canónico que configuran lo que el autor italiano Adriano Cavanna ha llamado "la faz bifronte del derecho común" (la bifronte figura dello "ius commune "). Los estudios de Derecho Común en España tuvieron como adelantado al profesor Antonio Pérez Martín y a su Instituto de Derecho Común de la Universidad de Murcia. En los últimos años la pmfesora Emrna Montanos viene dedicando una sostenida atención al terna. con lo que ha logrado notable reputación internacional. Montanos traooja en esirecha colaboración con la lntemntiona/ SduxJ/r,j /us Corrumure, quedi1igeen &ice(Sicilia)el profesor italiano Manlio Bellomo.

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414

ESPAÑA MEDIEVAL

En el plano de la investigación científica, una importante tarea. entre otras, queda abierta rastrear la persistencia del im commune en las diversas ramas jurídicas y en las diferente, instituciones. Precisamente en un Homenaje a Bellomo, el profesor Masferrer. docente en Valencia. ha defendido en el campo penal la persistencia de ese iu.1· commune y su originalidad. frente al absolutismo penal de la monarquía del siglo XVIII .

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Signijirnnón del "Corpus luris".

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y A:o de Bolonia.

El derecho romano: la Escuela de Bolonia y los glosadores

Entre las escuelas jurídicas que congregan a los inquietos espíritus italianos, destaca desde el principio la de Bolonia, precursora de la afamada universidad. La Escuela de Bolonia fue un centro de oscuro origen, una escuela de artes que junto a las enseñanzas de gramática y retórica acogió también los estudios de derecho. Según cierto testimonio posterior, allí un tal Pepo comenzó a ocuparse por su cuenta de esos textos romanos. A la improvisación del precursor seguirá la etapa de madurez, cuando en la academia enseñe Irnerio como magister artium. Imerio es un personaje que se dedica a estudiar y a enseñar lo que estudia (coepit per se studere... et studendo coepit doce re in legibus), fundando una escuela científica de la que surgirán eminentes discípulos conocidos como glosadores, es decir, expertos en el sistema de la glosa. ¿ Qué textos llaman la atención de Imerio y sus seguidores, y en qué consiste el sistema de la glosa?. Todos esos autores se ocupan del conjunto del derecho justinianeo, de Jo que será llamado el Corpus iuris civilis, y muy especialmente del Digesto. Para estas gentes aplicadas al estudio, el Corpus iuris aparece de pronto como manifestación providencial cuasi divina de un mundo jurídico desconocido, una especie de "Revelación del Derecho" (Rechtsoffenbarung) en la que el propio texto representa el papel de la Biblia: l'intoccabile Bibbia del diritto. ¿Y qué cabe hacer ante esa Biblia jurídica?. Una doble y humilde tarea: glosarla, es decir, aclarar o vulgarizar el profundo sentido de sus preceptos, y sintetizar éstos en compendios accesibles llamados sumas. La labor de los glosadores , de lo·s discípulos de Irnerio y de otros muchos, dentro y también fuera de Italia, es de admirar por su finura exegética y por facilitar una interpretación concorde de los intrincados textos del Código y del Digesto. Las glosas fueron luego objeto de recopilaciones, entre las que destaca la efectuada en la primera mitad·del siglo XIII por Accursio. Su Glossa ordinaria, llamada luego Glossa magna, representó el cénit de la actividad de los glosadores, se impuso en la práctica jurídica y sirvió así a la difusión y conocimiento del Corpus iuris. La elaboración de compendios o sumas fue acometida también por los glosadores . Una de ellas, Lo Codi, redactada en provenzal por un autor desconocido, fue traducida por Ricardo de Pisa al latín, y Juego al castellano y catalán, con Jo que se difundió en España. Pero al igual que en el trabajo de la glosa Accursio había alcanzado una autoridad impar, la elaboración de sunws

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415

. o un representante de reconocida primacía, Azo de Bolonia, quien redactó un pendía del Código de Justiniano, la Summa Codicis, ampliamente divulgatambién en la práctica jurídica de los siglos siguientes. 2.

El derecho canónico: Graciano y la era jurídica clásica

Junto al ius civile, el ius canonicum representa el otro gran pi lar del ~=-denamiento jurídico medieval. Su elaboración doctrinal a partir del siglo XII fue en buena parte posible gracias a la nueva atmósfera preparada por las -eformas de Gregario VII, que dan lugar, en frase de Calasso, a un momento ::?Jico en la historia de la Iglesia. Tales reformas consisten sustancialmente en afirmación de un derecho canónico universal, reglado desde Roma, su~rador de las realizaciones particularistas propias de los distintos países. En lo que concierne a España, esa tradición canónica de las fuentes en la Alta Edad Media estuvo representada por el mantenimiento de la colección visigoda Hispana en diversos territorios, así como por la formación de los Libri poeni1e11tiales, pequeños catálogos que recogían los pecados con su correspondiente sanción y penitencia, adecuados a las necesidades pastorales y a la administración de sacramentos. A mediados del siglo XI, el Concilio de Coyanza impulsó la restauración del derecho canónico visigodo. Tal medida, no obstante, se vio pronto desbordada por la reforma gregoriana y la cons1guien1e imposición del derecho canónico comtí11.

A la luz de esos principios de integración, un monje llamado Graciano, maestro de teología en Bolonia, realiza una monumental obra titulada Concordia discordantium canonum, conocida normalmente con el nombre de Decre:um. Graciano se enfrenta ni más ni menos que con el primer milenio de nistoria de la Iglesia --el Decreto fue compuesto entre 1140 y 1142-, intentando ofrecer una versión conciliadora de sus distintas fuentes. Sobre textos bíblios, patrísticos, cánones conciliares, etc., el sabio monje procede a agrupar esas diversas autoridades (auctoritates) y añade un comentario (dictum) que en su caso pretende concordar, como el título da a entender, los preceptos que disienten, y ofrecer así una versión global y armónica del sistema eclesiástico. La obra representa, pese a su carácter privado, un hito angular de la historia canónica, y genera una escuela de exégetas, los decretistas, que vienen a realizar con el Decreto una tarea paralela a la que los glosadores habían llevado a cabo con el Corpus iuris. Graciano se muestra, según Sohrn, como el último de los juristas-teólogos y el primero de los juristas-canonistas, lo que le ha valido ser considerado como el verdadero "padre del derecho canónico". Graciano separa la teología del derecho canónico, pero concilia ambas instancias, el fuero interno o de conciencia y el externo o jurídico, en una magna interpretación que enraíza con las perspectivas teocéntricas del hombre medieval. Por tales méritos, Dante situó al monje camaldulense en el Paraíso:

Crm w no y , 1tDt'tT<.'IO.

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ESPAÑA MEDIEVAL

·'Quell' alero fiammeggiare esce del riso di Grazian, che l'uno e l'altro foro aiuto si che piace in paradiso" (Par., X. 103-105). Ltts Dt'c-retnleJ y lo.\· dt'cretah\tas.

Derecho de ) Url.\!a.\ o

··mo.,· 11nlinn".

El Decreto significa el punto de partida de la etapa clásica del ordenamiento canónico. En ella hay que registrar una serie de disposiciones pontificias, las decreta/es, debidas principalmente a los papas-juristas Alejandro III e Inocencio III, cuya recopilación corrió a cargo del jurista catalán Raimundo de Peñafort en el llamado Liber decretalíum, promulgado por Gregorio IX. Esta obra, estudiada por los decretalistas, y el Decreto de Graciano, comentado por los decretistas, serán las dos grandes fuentes del derecho eclesiástico hasta la promulgación en el siglo XX del Codex iuris canonici. C)

EL TRIUNFO DEL DERECHO COMUN

1.

la Escuela de los Comentaristas

El sistema elaborado por los glosadores apuntó desde el principio a una finalidad práctica, por cuanto para ellos el Corpus iuris era algo merecedor no sólo de un interés teórico o de estudio, sino además una obra jurídica perfecta que debía ser aplicada. Sus sucesores, los postglosadores o comentaristas, acentuaron esa preocupación pragmática, con lo que hubieron de compaginar el derecho justinianeo con el canónico, el feudal y el estatutario que regía en los municipios italianos. Tal tarea fue emprendida haciendo uso del instrumental metodológico de la escolástica en boga, configurando una dogmática jurídica con proyección y arraigo real. La mayor libertad interpretativa de los comentaristas significó que crearan una verdadera técnica en la elaboración del derecho. Los "comentarios" de estos comentaristas no se limitaron en consecuencia a la glosa de los preceptos, sino que integraron además los derechos locales y un rico casuismo, es decir. todo aquello que por contraposición al derecho común (ius commune) era derecho particular o propio (ius prop6um). Surgió así un "derecho nuevo" (ius novum) que en cierto sentido relegó a segundo plano al derecho justinianeo, para destacar más la opinión de los doctores y los comentarios de los juristas de la época. Por ello este "derecho nuevo" fue propiamente un derecho de juristas, y por haber surgido en Ita! ia, aunque luego se elaborara en muchos países, fue conocido como mos italicus. El derecho de los comentaristas obtuvo un destacado éxito. Aunque su estilo jurídico y lingüístico fuera repudiado luego por el humanismo exquisito del Renacimiento, partidario de un derecho teórico y profesora! (mos gallicus), el propio pragmatismo y apego a la realidad del mos italicus garantizaron su expansión. Al no absolutizar el derecho romano con rígidos esquemas, lo que a la postre hubiera acarreado su inaplicabi lid ad,

EL DERECHO MEDIEVAL

417

y al convertirlo en cambio en denominador común de opciones jurídicas elásticas y diversas, los comentaristas contribuyeron decisivamente a la europeización del ius commune y a su triunfo real. Un gran especialista como Koschaker lo ha valorado así: ·· Los comentaristas convirtieron los tesoros de la sabiduría jurídica romana, la técnica del Derecho de Roma, en elementos aplicables a su época, en parte viva del Derecho de sus tiempos ... ; en otro aspecto, hicieron del Derecho romano substrato de una ciencia del·Derecho que llegó a ser propiamente europea. Esta finalidad no podía ciertamente ser alcanzada con la literal aceptación de las normas del Corpus iuris, sino con una selección y adaptación de estas normas a lo que era entonces Derecho vigente" (Europa y el Derecho Roma110, 150-151 ).

Mos italicus o derecho de juristas. ¿Y quiénes fueron los juristas creadores de los "comentarios"?. Una larguísima nómina de la que destacaremos a un gran maestro, Bártolo de Sassoferrato, y a su gran discípulo, Baldo de Ubaldi, personajes ambos que viven y cubren el siglo XIV. La autoridad de éstos y otros autores como intérpretes del derecho fue enorme -un adagio rezaba que nadie era buen jurista nisi sit bartolista-, y sus nombres fueron citados y esgrimidos ante los tribunales de toda Europa, desde Inglaterra (a través de los "Libros de autoridad", Books of authority) hasta España. Aquí los reyes intentaron impedir la alegación de la doctrina como fuente del derecho, si bien, ante la imposibilidad de conseguirlo, se procedió a establecer en el siglo XV a qué juristas se podía citar y el valor de la referencia. Más tarde, las Leyes de Toro de 1505 descartaron que las opiniones de estos autores tuvieran algún carácter vincu lante, pero el problema -por el prestigio por ellos adquiridotodavía persistió en los siglos modernos.

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El profesor José María Lahoz ha estudiado el humanismo jurídico en Europa, haciendo notar que mos gal/icu.1· y mo.v italicus no fueron realidades inconciliables y excluyentes. sino que se combinaron con frecuencia. Según él, la metodología de los juristas cultos surgió. en buena medida, como una crítica a la jurisprudencia del ius comm1111e medieval.

2. El proceso de difusión: papel de las universidades La creación doctrinal del ius commune y la aparición y desarrollo de las universidades en Europa fueron en cierto modo fenómenos simultáneos e interdependientes. El derecho común pudo proyectarse merced a la enseñanza de los centros universitarios más afamados, donde acudían estudiantes de diversos países, y las propias universidades lograron consolidarse y obtener un nombre internacional en tanto en cuanto enseñaban lo que era de interés general o común. Universidad y universalismo. Fue así en los primeros siglos y así ha seguido siendo siempre cuando la universidad ha sido algo. Valga esta advertencia histórica ante la amenaza, hoy por desgracia no infrecuente, de los localismos de campanario.

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418

ESPAÑA MEDIEVAL

El epicentro del despliegue universitario estuvo en Bolonia, pero en seguida también se impartió la enseñanza en otros centros italianos o de diversos países europeos, entre ellos España. El aprendizaje de los saberes había desbordado ya el cauce de las escuelas monacales y eclesiásticas, a cuya sombra creció, para irrumpir de lleno en la vida urbana con el apogeo de las ciudades. El latín era lengua común, bien conocida por cuantos iban y venían a instruirse en artes liberales, filosofía, teología o derecho. Esos escolares viajeros pasaban a veces largos años fuera de sus países de origen. En la universidad a la que se habían acogido, formaron comunidades amplias en razón de su procedencia, mientras los centros mismos destacaban en tal o cual género de estudios, como de hecho sucedió en Bolonia con los jurídicos. Aquí los hispanos de las diversas naciones constituyen agrupaciones populosas y relevantes, y en 1364 el cardenal Egidio de Albornoz funda el Colegio de San Clemente para darles cobijo, mientras otros estudiosos de la Península acuden a las universidades francesas más próximas, de Montpellier o Toulouse. La presencia de escolares españoles en el Colegio boloñés de San Clemente. desde su fundación a nuestros días, ha sido escrupulosamente registrada por el profesor Pérez Marcín en los cuatro volúmenes de su Prole.\' Aegidiana. De todas formas seguimos sin conocer bien quiénes y cuántos fueron los estudiantes de nuestro país presentes en Bolonia antes de la fundación del citado centro, es decir, aquéllos que propiamente actuaron wmo transmisores de la primera gran recepción del derecho común desde finale s del siglo XI I J mediados del XIV.

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Antes de que la invención de la imprenta revolucionara el mundo científico, los escolares estudian ese derecho común en códices, que luego llevan consigo a sus países de origen, lo que facilitará la difusión del derecho y otras ciencias desde los textos mismos, copiados luego por unos y otros. Los maestros hispánicos enseñaban asimismo en las universidades ultrapirenaicas, bien acudiendo directamente desde aquí a ejercer la docencia, o como resultado de permanecer en esos centros tras haber concurrido a el los como estudiantes. El número de docentes españoles en el exterior decreció en el siglo XIV, quizás como consecuencia del mayor realce que entonces cobraron nuestras propias universidades. Los expertos en el ius commune ocuparon así cátedras universitarias, pero nutrieron además los tribunales de justicia y distintos órganos de la administración bajomedieval , con lo que ese derecho más perfeccionado fue empapando la vida cotidiana en un proceso lento pero ininterrumpido. Con independencia de su influjo en los textos jurídicos de los distintos territorios, a lo que atenderemos en los capítulos siguientes, hay que destacar la doble presión teórica y práctica del ordenamiento romano-canónico. Práctica, según hemos apuntado, porque esos espíritus ilustrados, conver-

EL DERECHO MEDIEVAL

419

: dos en jueces, abogados o consejeros de cualquier organismo, propendían a - cer uso de las brillantes sutilezas jurídicas que habían aprendido. Teóri~J también, tanto porque la rara perfección del derecho de los cor,entaristas aparecía como modelo a la hora de redactar las leyes mismas, -orno por el hecho de que los monarcas propiciaron la expansión de un ius ~ommune que, por su raíz romana, favorecía el absolutismo del príncipe y "' fortalecimiento del poder regio. En lo relativo a las Universidades españolas. el profesor Ignacio Ruiz. especialista en estas cuestiones. ha subrayado que la primacía cronológica con-csponde a Palencia, cuya existencia se constata en el siglo XII. Para el mismo autor, "a la Universidad de Salamanca pertenece la honra de ser la más afamada de las castellanas del medievo y. con alguna reserva. de la Hispanidad". La de Valladolid, en fin. es considerJda "la segunda Universidad hispánica en importancia en aquella Castilla medieval y, tras la irrupción de Alcalá, la tercera de la Edad Moderna" (/.,0.1· estudio1· civili.wm, 11, 12).

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ESPAÑA MEDIEVAL

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423

· 22. EL DERECHO EN LEON Y CASTILLA

Caracteres g ene rales

La ruptura de la unidad política y el desarrollo de la repoblación, prociaron una diversidad de ordenamientos jurídicos, vigente cada uno de ! los en determinados lugares o comarcas. Desde el siglo XI los reyes sueen dictar normas de carácter general, pero el derecho que entonces coenzó a ser fijado por escrito era el que la gente vivía o practicaba en las ~istintas zonas, esto es, un derecho esencialmente consuetudinario. La ta-ea de recoger las costumbres fue estimulada desde instancias oficiales o -urgió como fruto de la inquietud de los particulares. En ocasiones, los :,ríncipes ordenaron la redacción de ese derecho popular, sancionado luego . r ellos mismos. Otras, los propios concejos se hicieron portavoces de ini-iativas semejantes. Frecuente fue también que jueces y juristas prácticos, es decir, quienes tenían que aplicar o alegar las normas en uso, llevaran a cabo redacciones privadas que, con el tiempo, refundidas o ree laboradas, alcanzan ocasionalmente reconocimiento oficial. La implantación del Liber Iudiciorum y el régimen de libre albedrío ca:acterizaron el panorama jurídico altomedieval de León y Castilla. Con respecto al primero, redescubierto en Toledo donde era derecho personal de los mozárabes, hay que destacar su reconocimiento como derecho local y, en la medida en que fue concedido a varias ciudades, su ulterior e indirecto papel en la formación del derecho territorial. Semejante proceso expansivo fue posible merced a la traducción al romance del código visigodo, en el llamado Fuero Juzgo, traducción realizada por un autor desconocido en la primera mitad del siglo XIII sobre la versión vulgata del Liber. A mediados de esa centuria, Fernando III concede el Fuero Juzgo como fuero municipal -a base del fuero de Toledo-a las ciudades de Córdoba y Sevilla, de donde pasa a Murcia con Alfonso X, quien asimismo da el Fuero Juzgo a Jerez.

Rrdrunán dd rlere,ho,011·

t'.\l'riW

.,uetud11wno.

El Fuero Ju zgo

424

Derecho territorial y derecho general.

ESPAÑA MEDIEVAL

De otra parte, al recogerse en Castilla por escrito las fazañas y convertirse enfuero, se dilata el ámbito de vigencia de las normas, operándose en consecuencia una territorialización del derecho. Las redacciones de ciertas localidades son imitadas por otras, con lo que una idéntica normativa jurídica se proyecta en zonas cada vez más amplias. No faltan tampoco textos que pretenden fijar de modo directo el derecho territorial, sin referencia alguna a los lugares donde supuestamente rige o ha de aplicarse. Desde el siglo XIII los reyes castellanos intentan implantar un derecho general o del reino, desbordando el marco territorial, lo que habrá de dar pie a no pocos conflictos. 11. Las áreas de Fueros

A) Fuero de Brañosera.

Fuero de Melgar de Suso.

Fuero de Castrojeriz.

LA CASTILLA CONDAL

El texto más antiguo del condado castellano son los llamados Fueros de Brañosera, carta de población que según la doctrina tradicional concedió el conde Munio Núñez a cinco pobladores y a sus descendientes en el año 824, si bien un estudio de García-Gallo retrasa su fecha hasta el 884. Los Fueros de Brañosera fueron confirmados por los condes siguientes, entre ellos por Fernán González. De época posterior son los fueros de Melgar de Suso y Castrojeriz. Aquél, confirmado por García Fernández a fmes del siglo X, concedió a esa localidad la jurisdicción sobre otras doce, otorgando al tiempo una serie de privilegios. Para Gibert, el Fuero de Melgar constituye la primera formulación escrita de principios típicamente municipales. El Fuero de Castrojeriz fue concedido por García Fernández en el año 974. Ya hicimos referencia a él al estudiar el ascenso social y jurídico de los villanos (19, ID, A), por cuanto ese texto otorgó a los pobladores la condición de infanzones. Escrito en latín, los clérigos de la villa obtuvieron la confirmación por Fernando IV de la versión romance, fundándose en que el primitivo texto "non lo pueden los legos entender". Para el profesor Sánchez Domingo, el fuero de Castrojeriz "es un testimonio claro de una unión certera en lo político y en lo militar, así como una nueva demostración de audacia con que Castilla se anticipaba a los demás &tados cristianos en su vida social y en la organización de la defensa de sus fronteras".

Cartas de inmu-

nidad en Santillana.

Cuando Fernán González unifica bajo su poder los tres condados orientales del reino astur----Castilla, Asturias y Alava-, los dos primeros se proyectan sobre una buena parte de la actual provincia de Santander. Ello da lugar a que los condes castellanos concedan cartas de inmunidad y privilegios en la zona de Santillana. Figuran así en esos documentos García F emández, quien además de a Castrojeriz ordenó otorgar fuero a Salas de los Infantes, y Sancho Garcés, conocido luego como el "conde de los buenos fueros".

LAS FUENTES EN LEON Y CASTILLA

425

B) EL REINO DE LEON

1.

El Fuero de León

El 28 de julio de 1O17, el rey Alfonso V promulgó con su curia reunida en León una serie de capítulos o decretos regulando el gobierno del reino y la condición de las personas. Esos decretos, revisados y ampliados en el mismo año o en el 1020, contienen las primeras leyes territoriales de la España medieval y han sido tradicionalmente identificados con el Fuero de León. Tal identidad fue desestimada por García-Gallo en una importante y novedosa monografía. Hizo él notar, de una parte, que el estatuto jurídico concedido por Alfonso V no podía ser considerado, por su alcance general para todo el reino, como derecho estrictamente leonés. Destacó, de otra, que esos decretos cayeron en el olvido a lo largo del siglo XI, sin que la ciudad los conceptuara o hiciera uso de ellos como derecho propio. El Fuero de León aparece en cambio, en opinión suya, como resultado de un proceso mucho más complejo. Durante esa misma centuria se concedieron a la ciudad una serie de privilegios y fueros de muy diversa naturaleza -cierta carta de población, un fuero, una constitución real, ordenanzas municipales. etc.- , textos que fueron sometidos a una primera refundición, a la que siguen otras cuatro que completan o modifican las anteriores. Se concluye así el Fuero de León, que es copiado y adaptado por diversas localidades de la región, tomando como base alguna de las cinco redacciones citadas. Aproximadamente entre 1130 y 1169, lo reciben Villavicencio, Pajares, Castrocalbón, Benavente y Rabanal. Las referencias o remisión de tales fueros al de León, dieron lugar a que en algunas de esas villas se conservaran copias del fuero de aquella ciudad. Los ordenamientos de las localidades referidas integran el derecho de León junto a privilegios propios. Entre aquéllos hay que destacar los Fueros de Benavente, concedidos por Fernando II en 1164 y 1167, cuya influencia se hará notar en Asturias. ¿Qué importancia tiene que el Fuero de León sean los decretos de 1017, o el resultado final de una serie de refundiciones de textos cronológicamente distantes?. Forzoso es advertir que la en apariencia disquisición erudita, encierra problemas elementales y, por lo mismo, fundamentales. Ni más ni menos: la trama de las instituciones altomedievales leonesas, ta l como la conocemos, urdida sobre los textos y fecha del fuero de 1017, se deshilacha en su conjunto si cualquiera de esas instituciones puede proceder de tal o cual redacción de épocas distintas.

Fonnarum del Fuero rle Lt'ún: t<·oría rll' Car· dn-Gn//o.

,:r,r ro., de Villa 1:11cío. Ptljm1·:t

Pu

Ca.,·1nwttlbú11 y Rabrmal.

L,n 1--ur.:rmdt• Henm•l'nlt'.

426 Rc'µltrn d, Sfln,·h"-Albornoz.

ESPAÑA MEDIEVAL

Sánchez Albornoz, reconstructor al hilo del fuero del panorama jurídico leonés, rechazó la tesis de su discípulo García-Gallo en un brillante alegato científico, de inusual calor humano. He aquí una parte del exordio: "Estamos acostumbrados al asombroso saber y a la sagacidad crítica de Alfonso García Gallo. Me enorgullecen sus éxitos un poco filiales . No he de reprocharle su amor a crear novedosas teorías . La ciencia y la historiografía han avanzado siempre como resultado de ese espíritu de aventura no conformista de los más audaces estudiosos. He leído y releído y vuelto a leer su agudísimo y eruditísimo estudio, uno de los más agudo, más eruditos y más novedosos de cuantos ha publicado. Y lo he hecho con asombro creciente y con el más vivo deseo de dejarme convencer por su tesis brillante Lamento infinitamente no haber logrado adherirme a ella . El tema es muy arduo y complejo Merece un estudio no menos amplio y detenido que el de García-Gallo. Pero . como he dicho más de una vez en los últimos tiempos. mi vida se acerca a su fin y quisiera terminar mi obra de juventud sobre las instituciones asturleonesas . El temor de no poder cumplir mi propósico me obliga a aventurar hoy aquí sólo una crítica provisional de su tesis deslumbrante . Le ruego que tome estas páginas como un homenaje a su gran saber y a su gran inventiva . Triste sino el mío. He dicho muchas veces que no <:reo en el destino sino en Dios Este ha debido gastarme la broma pesada de dotarme de una irrefrenable tendencia a las empresas críticas . No le ha bastado con desterrarme del solar patrio. Me ha forzado ) me sigue forzando a la contradicción de las novedades y a la defensa de las viejas teorías(E/ Fuero de León: su temprana redacción unitaria, 372-373) .

A las novedades ya nos hemos referido: cinco redacciones sucesivas del Fuero de León, de las que en concreto la cuarta coincide con el texto clásico. Y ¿cómo rehabilita Sánchez Albornoz las viejas teorías?. Cabe decir, sin entrar en detalles técnicos, que destacando la asimilación unitaria de las leyes de Alfonso V a la vida leonesa de comienzos del siglo XI; tratando de explicar la relación de esas leyes con preceptos posteriores, por el conocimiento o copia de ellas; rechazando que las similitudes de los fueros emparentados con el de León procedan de las sucesivas refundiciones ; reafirmando, en fin, que el Fuero de León es fruto de esa sola y unitaria redacción del año 1017. Bastantes afirmaciones de Sánchez Albornoz. de carácter parcial. resultan convin centes. Pero a nuestro modo de ver, por sí mismas no desarbolan la tes is central de García-Gallo respecto a las refundiciones suc.:sivas y al eco de las misma s en los fuero s próximos . 0/(ti.,iándd F11t!mrl,:U'rít1 y, ·m,.msrle rn po.\·/erior

dedivf!.

El Fuero de León mantuvo un notable prestigio hasta bien avanzado el siglo XIII. Su divulgación quedó asegurada al figurar a veces como apéndice del Liber ludiciorum en algunos códices, o en otros de la versión romanceada del Fuero Juzgo, siendo además objeto de numerosas confirmaciones regias. En el último tercio de ese siglo, sin embargo, el fuero pierde im-

LAS FUENTES EN LEON Y CASTILLA

427

portancia y progresivamente deja de aplicarse. A tal decadencia contribuyeron tres factores: el arraigo del propio Fuero Juzgo como libro a aplicar en los tribunales, lo que originó la marginación del fuero leonés; en segundo lugar, la abusiva imposición de la jurisdicción del obispo y cabildo, recortando la esfera de competencias propias del concejo; finalmente , la proliferación de cartas y privilegios reales, las cuales indirectamente convierten al Fuero de León en un texto más y más anticuado que, al fin, cae en desuso. 2.

Los Fueros de Sahagún

En este lugar leonés había existido desde el siglo IV una capilla en honor de los mártires Facundo y Primitivo, convertida en monasterio durante el reinado de Alfonso III (866-911). Doscientos años después, ese monaslerio de Sahagún aparece como centro neurálgico de la vida religiosa y soial, cuando Alfonso VI (1072-1109) lo potencia para introducir la reforma cl uniacense, fundando bajo su patrocinio una villa que dio cabida a la más abigarrada muchedumbre de la burguesía internacional. Cierto texto de un monje anónimo relata el llamativo espectáculo de aquel Sahagún de fines del siglo XI:

Sah agií11 en t..'! .\igl o X/.

·' Ayuntáronse de roelas las parres del uniberso burgueses de muchos e diversos oficios . combiene a saver, herreros. carpinreros , xastres , pelliteros, ppateros, escutarios e omes enseñados en muchas e dibersas artes e ofi~ios, e otrosí personas de diversas y estrañas provin~ias e reinos, conbiene a saber. gascones, bretones. alemanes. ingleses, borgoñones. normandos. tolosanos, provin~iales lonbardos e muchos otros nego~iadores de diversas naciones e estrannas lenguas" (ed. J. Puyo!, BRAH, 76, 118).

La creación de la villa exigió un estatuto jurídico acorde con las nuevas necesidades. Hacia 1080, Alfonso VI concedió un fuero con exenciones y garantías a los pobladores, reconociendo al tiempo el señorío del monasterio. Tras la muerte de ese monarca, ya en el siglo XII, un abad manipuló y transformó el texto primitivo, dándole la fecha de 1085, lo que provocó la rebelión de los burgueses de Sahagún en un crispado movimiento antiseñorial que vino a coincidir además con los conflictos matrimoniales de doña Urraca y Alfonso el Batallador. El concejo, en fin, triunfa sobre el abad. Los burgueses reelaboran el fuero originario en una nueva versión, que es confirmada por Alfonso VII a mediados del mismo siglo XII. Desde entonces, como símbolo de ese derecho burgués privilegiado, el nuevo tex to se concede a diversas villas de Asturias, y a Santander en 1187. Según ha señalado Ana María Barrero, a quien debemos un riguroso estudio al respecto, el fuero de Sahagún ya no será en lo sucesivo un fuero señorial, sino un fuero burgués que las ciudades reclamarán para su mejor gobierno:

Lo.\ Fuero.\ de' Salwg1'11 y/a l"('flCí Ú ÍII llll li-

St'l10ria/.

428

ESPAÑA MEDIEVAL

" Efectivamente los fueros de Sahagún representaron en aquella época algo excepcional , pero no en el sentido en que se ha venido considerando de fueros señoriales, que provocan la reacción de los vasallos. sino como privilegios que son solicitados por burgueses de distintos lugares para afirmar su situación" (Losfut'ro.1· di:' Sahag1í11, 463

3.

Fuero rfe Unnes.

Fuer" rfe Ovit!do y Avilés.

Los fueros leoneses más importantes fueron el de la propia capital y los de Benavente y Sahagún, concedidos todos ellos a localidades asturianas Ya hicimos referencia antes a la recepción del Fuero de León en Villavicencio, Pajares, Castrocalbón y Rabanal. Veamos ahora la proyección en Asturias de los fueros de Benavente y Sahagún. A comienzos del siglo XIII, quizás en 1228, Alfonso IX concedió el Fuero de Benavente a Llanes, pequeño lugar que adquirió con la política repobladora de Alfonso X un notable desarrollo. Reinando este monarca, se debieron refundir los fueros de Benavente, junto a otras disposiciones posteriores, en un texto único que la misma gente de Llanes iría a buscar a su lugar de origen. El uso de esa compilación o refundición explicará que el Fuero de Llanes aparezca como "sacado e concertado por el mi fuero de Benavente", hablándose as1 de un conjunto unitario y no de una pluralidad de textos. De otro lado hay que destacar que el redactor del Fuero de Llanes debió copiar con fidelidad el modelo de Benavente, lo que significó la recepción indirecta del Fuero de León reproducido en aquél. Otros lugares asturianos, como Luarca y Villaviciosa. recibieron asimismo el Fuero de Benavente. El fuero elaborado por el concejo de Sahagún fue a su vez otorgado por Alfonso VII a Oviedo, en 1145, y a Avilés diez años más tarde. C)

Dererho n·o jmw ,:átit'(J.Jlfl· ,•arro yderefho propio.

Los fa.eros de Asturias

LA RIOJA

En la etapa inicial de la Rioja cristiana, recuperada por la ofensiva navarro-leonesa, constatamos de una parte el mantenimiento de la tradición visigoda, y de otra la recepción del derecho navarro. La supervivencia gótica se manifiesta tanto en la copia erudita del Líber ludiciorum en conventos y monasterios, como en el más efectivo uso de los formularios romano-visigodos a la hora de registrar los actos jurídicos. La influencia del derecho navarro dejará la impronta de quienes llevaron a cabo la repoblación. Se conceden desde luego diversas cartas pueblas, pero lo limitado· de sus preceptos hace suponer la vigencia en lo demás de la costumbre de los repobladores. Esa doble vertiente del derecho riojano primitivo, deudora de lo gótico y lo navarro, será superada a partir del siglo XI por un derecho de creación propia. Nos encontraremos entonces con los

LAS FUENTES EN LEON Y CASTILLA

429

fueros locales, cuyo primer texto --el Fuero de Nájera- recoge todavía derecho navarro y refleja en consecuencia la etapa de transición.

1. Cartas vecinales Los primeros textos riojanos de la época navarra son meros fueros de carácter agrario. El profesor Martínez Díez los ha calificado de cartas vecinales, en razón del tipo de comunidad a la que iban dirigidos, y para di-erenciarlos de los fueros que reciben las villas con autonomía y autoridades ?ropias. La más antigua de las cartas fue dada a la aldea de Cirueña el 972. Esa otras regulan las prestaciones de los vecinos a sus señores, bien a través 1 el trabajo personal o mediante rentas en dinero o especie.

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2. Los fueros locales Conservamos una serie de fueros locales, de reducida extensión, entre los que cabe destacar los de Nájera y Logroño, dados ambos por Alfonso VI a fines del siglo XI. Sin referirnos especialmente a ellos, son asimismo dignos de mención otros dos concedidos por Alfonso VIII cien años más tarde: el Fuero de Ocón, de redacción original, y el de Haro, acusadamente defensor de la autonomía municipal. El Fuero de Nájera, como hemos dicho, recoge el antiguo derecho na• arro. Al ser asesinado en Peñalén el rey Sancho, Alfonso VI es reconocido rey por los riojanos. El nuevo monarca acude a Nájera y promete que la ciudad seguirá rigiéndose por los mismos fueros. Se procede entonces a fiJarlos por escrito, siendo confirmados el año 1076. Este fuero contiene destacados privilegios de orden penal y procesal, pero en cambio descuida la organización municipal, que aparece endeble y arcaica. El Fuero de Logroño articula ya un derecho nuevo: el de los francos q ue acuden a repoblar la zona. Otorgado por Alfonso VI el año 1095, el texto de Logroño se convertirá en el más prestigioso de los fueros riojanos, logrando una difusión extraordinaria no sólo en la propia región, sino además en territorios de Navarra, Burgos, Santander y Vascongadas. Al cotejarlo con el de Nájera, Martínez Díez ha destacado en él su mayor protección jurídica, penal y procesal, así como un fuerte aseguramiento del orden público y del tráfico mercantil. Peláez, en cambio, llama la atención sobre su papel garante de libertades, y el haber configurado un orden político-social propicio a la penetración de elementos foráneos. A su vez la profesora Zambrana, al estudiar el Derecho concursa!, ha advertido en el Fuero de Logroño el sentido meramente penal de la quiebra, distinta del castigo civil.

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ESPAÑA MEDI EVAL

La expansión del Fuero de Logroño no sólo resulta notoria en el ámbito territorial, sino también en el cronológico. Todavía en el siglo XIV, cuando llega el ocaso de los fueros municipales, el de Logroño seguirá concediéndose a algunas ciudades junto a textos capitales como el Fuero Rea l o el Ordenamiento de Alcalá. Se producirá entonces "la síntesis de lo riojano en un derecho nacional castellano", en expresiva frase de la doctora Barrero. D) TOLEDO

l.

Dereí'ho r/,: mom.'i y judíos.

Derf!í'ho rle lo"" III02{Írnbl!.\' .

Oe m ·ho de lo., ('fl.\"felln.no.\ ,

El pluralismo jurídico inicial

Con la conquista de Toledo en mayo de 1085, Alfonso VI hubo de regular el status jurídico de los diversos grupos de población, tanto el de aquellos que ya se encontraban en la ciudad, como el de quienes la habían ocupado. Procede distinguir así, de una parte, el derecho de moros, judíos y mozárabes, y, de otra, el de castellanos y francos. Con independencia de su origen, los clérigos obtienen un específico fuero eclesiástico, con lo que quedan exentos de la jurisdicción secular, dependiendo del obispo y rigiéndose por el derecho canónico. Los moros y judíos toledanos conservaron su derecho y siguieron constituyendo comunidades dirigidas por autoridades propias. El fuero de moros y judíos debió ser respetado de hecho, pero probablemente no quedó fijado por escrito. La población mozárabe, compuesta mayoritariamente por quienes vivían en Toledo y de modo residual por otros que vinieron de fuera, recibi ó un estatuto que fijaba o afirmaba (carta firmitatis) su condición jurídica. Ese texto no supuso un régimen privilegiado, salvo en lo relativo a la posibilidad de regirse por el Liber ludiciorum en las cuestiones privadas y en los litigios de idéntica naturaleza surgidos entre ellos mismos . El profesor Arvizu ha puesto así de relieve la conservación en esa comunidad del testamento visigodo con todos sus rasgos característicos. En cambio, la esfera penal y los pleitos entre mozárabes y castellanos, cayeron bajo la regulación del derecho concedido a éstos. Para atraer a los castellanos, procedentes de la región del Duero, Alfonso VI les concedió a fines del siglo XI una Carta castellanorum, que establece jurisdicción propia y les reconoce numerosos privilegios . La Carta confirmada luego por Alfonso VII y ampliada en una segunda versión , fue aprovechada para la redacción del Fuero de Escalona. Existió así en Toledo para la población cristiana un doble sistema jurídico y una duplicidad de jurisdicciones. María Luz Alonso ha estudiado tanto la

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perduración de ese derecho visigótico del Fuero Juzgo, como la naturaleza del fuero de los castellanos, identificado por ella con una célebre obra de Alfonso X -el Fuero Real- de la que trataremos en el capítulo siguiente. 2.

El Liber ludiciorum como base unificadora

La fusión de mozárabes, castellanos y francos, fruto de una convivencia que encontró en el romance castellano su idioma común, abrió el camino a la unificación de los respectivos fueros. La diversa procedencia de los nuevos pobladores, hizo que fuera muy difícil --de hecho imposible- el mantenimiento de sus antiguos y diversos regímenes jurídicos en un clima de estrechas relaciones, propicio a la integración. El futuro no podía tener así otro signo que el de la unificación del derecho, y ello acaeció mediante la extensión de la vigencia del Liber y por la refundición de los ordenamientos jurídicos de la heterogénea población toledana. En la segunda mitad del siglo XII se llevó a cabo esa refundición en pro de la igualdad jurídica de todos (ad omnes cives to/etanos, scilicet castellanos, mozarabes atque francos, propter fidelitate et equalitate illorum). No fue tal tarea fruto de una orden regia, sino resultado de necesidades sociales, que alguien interpretó redactando por escrito lo que ya debía estar presente en la vida cotidiana. El texto reconoció la vigencia general del Liber y unificó los estatutos de la nobleza mozárabe y castellana, insertando, en fin, algunos privilegios de carácter militar, de los que sólo los francos quedaron excluidos dada su preferente dedicación a la actividad mercantil. Ese fuero refundido fue confirmado por Alfonso VIII, quien por su parte otorgó otros varios privilegios. Con la reconquista andaluza asistimos a la expansión triunfal del Fuero de Toledo. Confirmado también por Fernando III, fue dado a Córdoba en 1241, a Sevilla en 1250 y a Carmena en 1252, proyectándose desde éstas a otras varias ciudades al ser concedido el Fuero de Córdoba a Cartagena y Alicante, y el de Sevilla a Arcos de la Frontera, Niebla y Murcia. No obstante, el triunfo fue oscuro, porque esos fueros andaluces no dejan constancia de su fuente originaria. García-Gallo, a cuya global revisión del tema es forzoso remitirse, hace notar que en tales textos se trata incluso de borrar conscientemente toda relación con el Fuero de Toledo. E) EXTREMADURA CASTELLANO-LEONESA

El derecho de los territorios fronterizos se caracteriza desde un principio por su naturaleza especial, de ordenamiento privilegiado. Mediado

F'ormariim dr:I

Fuero de 1174.

E\prmú,Jn dd Fu,•ro,leToh·do aA11r/aluda.

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ESPAÑA MEDIEVAL

el siglo XII, prevalece en esta zona la fijación por escrito del derecho consuetudinario, formándose textos que con diversas variantes asoman a los fueros. Sobre esos múltiples derechos locales, llega a formarse una refundición extensa, que simbolizará la etapa de madurez a lo largo del siglo XIII. l.

F11cm., de I 076

y de /309.

El Fuero de Sepiílveda

Entre los fueros de frontera destaca el de Sepúlveda, considerado como un ejemplo del "derecho privilegiado" de la Extremadura castellana. Situada esa localidad durante décadas en una zona de fricción entre musulmanes y cristianos, Alfonso VI confirmó en 1076 un fuero que posiblemente hasta entonces se mantuvo por tradición oral (hoc quod auvimus de isto foro , recuerda el monarca). A su vez, en 1300 el concejo entrega al juez real un fuero más extenso, de 254 capítulos, para que se atuviera a él al administrar justicia. Este nuevo texto, que compila y refunde privilegios heterogéneos, fue confirmado por Fernando IV nueve años más tarde, apareciendo intercalado entre el principio y el final del fuero antiguo. El Fuero de 1076 da ciertamente cabida a un derecho privilegiado. Gibert destaca las inmunidades que concede, la equiparación judicial que los villanos logran con los infanzones, así como una ostensible benignidad penal. Para el mismo autor, Sepúlveda se convirtió con ese fuero en el centro modelador de la organización jurídica de toda Castilla, directamente, o de forma indirecta a través del Fuero de Cuenca. La imposición general del fuero de 1076 resulta quizás exagerada. García-Gallo ha sos len ido que ~n el siglo XI ese derecho no se extendió por la Casii lla de I Duero basándose en que el Fuero de Roa, de 1143. alude a aquél como aplicable sólo a quienes moraban en Sepúlveda.

FuermdeUdés.

En 1179, el maestre de Santiago, de acuerdo con el rey, concedió a Uclés un fuero compuesto en buena parte por el de Sepúlveda, el cual a su vez quedó como supletorio. A mediados del siglo XIII, el concejo y los señores de Uclés redactaron un texto extenso, de más de dos centenares de capítulos, al cual figuró añadido el fuero de 1179. Aquél fue empleado por la Orden de Santiago en la repoblación de algunos lugares de sus dominios . 2.

F11em de Mu/1-

nm di.

Los Fueros de Medinaceli y Soria

El Fuero de Medinaceli es conocido por dos versiones tardías y dispares, carentes ambas de fecha , resultado de su concesión a las localidades

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navarras de Carcastillo y Murillo el Fruto. La doble y discrepante tradición textual, y el silencio cronológico, han dificultado saber quién y cuándo otorgó el fuero. Para Lacarra fue Alfonso I de Aragón en el primer tercio del siglo XII. García-Gallo cree que el fuero primitivo debió ser concedido por Alfonso VI a fines de la centuria anterior. Al iniciarse el siglo XII, Pedro I lo otorgó a Murillo, y Alfonso I a Carcastillo. Más tarde, hacia 1180, el concejo de Medinaceli llevó a cabo una redacción amplia de su fuero. Soria recibió un primitivo fuero de Alfonso el Batallador, que no ha llegado a nosotros. Su existencia nos consta, entre otras razones, por haber sido concedido a la villa navarra de Cáseda. El texto extenso que conocemos, de casi seiscientos capítulos, es del siglo XIII, aunque aparece en una redacción elaborada mucho más tarde. Al margen de su valor propio, la notoriedad científica del Fuero de Soría ha estado en función de sus relaciones con otra obra jurídica de singular importancia, el Fuero Real. de Alfonso X. Desde la publicación y estudio del ordenamiento soriano por Galo Sánchez en 1919, se había dado por supuesta su condición de fuente utilizada en la formación de ese Fuero Real. El Fuero de Soria, en consecuencia, habría precedido cronológicamente al promulgado por el Rey Sabio. Poniendo en duda esa opinión común, Gibert planteó medio siglo después una hipótesis inversa: a) Soria habría tenido su fuero propio hasta 1256; b) En esa fecha, Alfonso X concedió a la ciudad el Fuero Real; c) Al redactar el concejo en 1272 el fuero extenso que conocemos, se copian pasajes del Fuero Real, con lo que éste sería fuente del Fuero de Soría y no a la inversa. Tan original conjetura mereció un detenido estudio por parte de Martínez Díez. Cotejando los pasajes del Líber ludiciorum que se reflejan en uno y otro fuero, este profesor observó agudamente dos cosas. En primer lugar -en una estimación de carácter cuantitativo-, que el texto soriano se hace eco de muy pocos preceptos visigodos, y en cambio el texto alfonsino recoge muchos. Ello significa. evaluando la inspiración en el Líber, que difícilmente pudo haber sido el Fuero de Soria fuente del Fuero Real. Pero además resulta -y esto es muy significativo- que todos esos pasajes sorianos donde consta el influjo del Líber, aparecen con una redacción casi idéntica en el Fuero Real. En segundo Jugar -argumento cualitativo-, cuando los dos fueros no concuerdan en su redacción sobre textos del código visigodo, el Fuero Real ofrece siempre una versión más próxima y el de Soria más alejada. Todo ello parece en suma probar la prioridad cronológica del fuero alfonsino y su utilización por los redactores del fuero extenso de Soria.

F111.:r11 rft• Soria.

Fu,•ro rft.: Soria y Fl11:ro Real.

434

ESPAÑA MEDIEVAL

3. F11ao.r de Almlá y Brih11e¡:n.

Fuemrl,•Marlrirl.

Fueros de Saln-

mnn,·n.

Fuerostle Cimm ·,m.

Fuero.\· dt: Coria.

Cárere.\ y U.m,: re.

En la Extremadura castellana, el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, confirmó a Alcalá de Henares en el siglo XIII un fuero, cuyo prólogo afirma haber sido hecho por su antecesor don Raimundo "con todos los pobladores de Alcalá". El mismo Jiménez de Rada concedió fuero a Brihuega. Madrid, ciudad que debió ser poblada en principio a fuero de Toledo, formó luego su derecho municipal autónomo. El concejo elaboró en sucesivas etapas un texto cuya redacción final, del siglo XIII, consta de uncen tenar de capítulos escritos en latín. De parecida extensión es el fuero dado por Fernando III a Guadalajara. Del Fuero de Malina, concedido por el conde Almerich a mediados del siglo XII, conservamos una versión romance. En la Extremadura leonesa, los concejos tomaron parte muy activa en la redacción de los fueros locales . Un centro jurídico de esta zona fue Salamanca, poblada a fuero de León por Raimundo de Borgoña, yerno del rey Alfonso VI. Aquél otorgó a la ciudad un fuero, de profusa difusión por territorios portugueses. En el siglo XIII, los salmantinos, pretendiendo la utilidad general (ad utilitatem civitatis de maioribus et de minoribus ). redactan un extenso texto donde se recoge el principio castellano de que. en defecto de norma escrita, el juez sentencie a su libre albedrío. En lascomarcas más próximas son asimismo de destacar los fueros de Zamora, Ledesma y Alba de Tormes. Un segundo foco de producción foral tuvo como epicentro a Ciudad Rodrigo, cuyo fuero más extenso fue, probablemente, el origen mediato o inmediato de cuatro textos en las tierras portuguesas de Cimacoa (fueros de Alfaiates, Castel-Rodrigo, Castelo Melhor y Castelo Bom), y de otros tres en las españolas de la actual Extremadura : fueros de Coria, Cáceres y Usagre, los cuales a su vez serán deudores uno de otro. Así en el Fuero latino de Coria se inspirará la refundición de Cáceres, y ésta será copiada literalmente en el Fuero de Usagre.

4. El Fu ero corno texto leKnl de A/frm.w VII I.

Otros fueros de las Extremaduras: la actividad concejil

El Fuero de Cuenca

El Fuero de Cuenca es el más importante de nuestros fueros medievales y el paradigma de las recopilaciones extensas de derecho municipal. Cons-

ta de 982 capítulos escritos en latín, que luego fueron vertidos al romance. donde el autor o autores se muestran conscientes del alcance de su obra, u la que califican de "suma de instituciones forales" . Publicado por Rafael de

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Ureña, éste consideró que se trataba de un texto legal otorgado por Alfonso VIII, tras apoderarse de la ciudad, hacia el año 1190. En razón de su fecha, volumen y perfección técnica, el Fuero de Cuenca fue tenido desde entonces como cabeza de muy diversas familias de fueros existentes en Castilla, Aragón y Portugal. Para Ureña, en fin, todos los textos amplios de la Extremadura castellano-aragonesa procedían, de una u otra forma, de ese singular forum Conche. El fuero recoge privilegios reales, normas derivadas de sentencias o fazaña :;, ordenanzas del concejo, notas de prácticos y la misma costumbre local en aspectos concretos. Son de advenir en el texto ciertos tecnicismos romanistas. propios de jurisconsultos conocedores de ese derecho.

Al medio siglo de ser dado a la imprenta, su valoración ha sido revisada en dos vertientes fundamentales. De una parte, en lo que concierne a la naturaleza y origen del texto. De otra, en su carácter de fuente común de tantos y tan variados ordenamientos locales. Respecto a lo primero, García-Gallo observó que el fuero, tal como lo conocemos, fue redactado por un jurista privado, no co1Tespondiendo con seguridad a Alfonso VIII ni a la fecha que le fue atribuida. Dado que los códices latinos proceden de la primera mitad del siglo XIII, en cuanto a la fecha sólo cabe remitirse a ese período para datar su reelaboración sistemática. Y en lo relativo al monarca, parece claro que el rey Alfonso que figura como otorgante de una primera concesión -rúbrica inicial: Aldefonsi gloriosi prima concessio incipit- no se trataría de Alfonso VIII sino de alguno de sus antecesores del mismo nombre. ¿ Y e llo por qué? Por una razón bastante simple: porque esa misma cláusula se encuentra en fueros de la Extremadura leonesa, debiendo corresponder por tanto a un Alfonso que fuera rey de León y Castilla y no sólo rey castellano (caso de Alfonso VIII). Otros dos Alfonsos -el VII y el VI- cumplen tal condición. Al reinado de aquél, o incluso al de éste, habría que remontar la fuente común utilizada en los textos extremeños y en el de Cuenca. Sobre esa línea argumental, Barrero se ha inclinado por Alfonso VI. Entre otras razones, porque él protagonizó, directa o indirectamente, la repoblación de los territorios occidentales.

En suma, pues, a tenor de tales consideraciones, al menos una parte del Fuero de Cuenca procede de fines del siglo XI o de la primera mitad del XII. Y ello con independencia de la redacción final, que debió tener lugar casi a mediados del siglo XIII, muy probablemente tras el reinado de Alfonso VIII que concluyó en 1214.

El /tuero 1·tJmo ll'.\10 µrilitulo.

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436 Gnrrín-Gnllo: In existencia

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Ln f nm1/in de los f utmJ rle Cuenrn.

Relnáone.\ Cut:11rn-Ttrud.

ESPAÑA MEDIEVAL

La referencia a unafuente común de éste y otros fueros nos sitúa ante la segunda de las cuestiones mencionadas. El muy simple planteamiento de que todos los fueros semejantes al de Cuenca procedan de él, fue ya puesto indirectamente en cuestión por el profesor Martínez Gijón al estudiar el régimen matrimonial regulado en esos textos. Martínez Gijón dejó constancia de la no completa originalidad del autor del fuero conquense, quien, según él, "se sirve y elabora el derecho que encuentra en la región vecina". Ya con un planteamiento general, García-Gallo ha sostenido la existencia de un texto previo, que hizo el papel de modelo, el cual habría de acomodarse en distintas fechas a diversas ciudades . Se trata de una especie de formulario de fueros -que figura como "fuero de N" y alude a la "villa de N" o al "vecino de N"-, susceptible de ser utilizado en tal o cual lugar tras la sustitución de la inicial por la denominación oportuna. En ese formulario ve García-Gallo la gran fuerza motriz del uniformismo jurídico municipal de la Baja Edad Media castellano-leonesa. El propio formulario habría sido reelaborado en Cuenca, apareciendo un derecho tipo que se expande a Extremadura, sin perjuicio de que ya muchas ciudades hubieran hecho uso de él o de alguna de sus redacciones anteriores. Tal explicación obliga a replantear todo el proceso de formación de la llamada "familia de los fueros de Cuenca" -familia, por cierto, harto numerosa- y a una reconsideración de las relaciones genéticas del texto conquese con algún otro muy significativo como el de Teruel. Ureña dio por sentado que el Fuero de Teruel proced ía del de Cue nca. Caruana defendió la tesis inversa. Barrero refirió ambos al modelo común de l que venimos hablando.

El jim,111/nrw de fJ.,en1J. rft:rem11 nnflle de In r,:visi(m

,:n iernl.

La existencia del formulario de fueros conduce, en fin, a la revisión global de cuanto sabemos acerca de las fuentes medievales de la Extremadura castellano-leonesa, así como de aquellas otras emparentadas con ese enigmático texto, tal como de hecho sucede con los fueros concedidos por Fernando III en la provincia de Jaén (Ubeda, Sabiote, Baeza e Iznatoraf), de los que el Fuero de Sabiote, como el profesor Porras fundadamente cree, debió proceder del de Baeza. La seguridad reinante hasta hace poco en este campo científico, donde por ejemplo se atribuía a la difusión del Fuero de Cuenca cualquier texto más o menos parecido con él, se ha visto reempl azada cara al futuro por un sinnúmero de interrogantes y de cautelas. Así las monografías modernas construidas al hilo de esos fueros, llaman la atendón por su tono precautorio y carga dubitativa, porque ciertamente no es fácil atribuir a un determinado texto de precisa fecha cualquier institución jurídica. habida cuenta de esas posibles redacciones anteriores que afloran por un sitio u otro. Nos referimos. claro es, a las monografías serias, y conscientes por tanto de la carga problemática de las fuentes en

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que se apoyan. Basta leer, por ejemplo, las t:onc:lusione.1· del estudio realizado por García Ulecia sobre la condición jurídica de las personas en la Extremadura castellano-leonesa. para apreciar hasta qué punto, hoy por hoy, una conclusión inteligente tiene que ver con todo menos con una conclusión apodíctica.

F) CASTil..LA LA VIEJA

En el núcleo germinal de Castilla la Vieja, su antiguo derecho consuetudinario había sufrido a fines del siglo XII una profunda mudanza. El proceso de abstracción normativa que condujo a la elaboración del fuero sobre el casuismo anterior de las fazañas (21, 11, C), fue seguido por el desenvolvimiento del derecho propio de los fueros municipales. Pero éstos, redactados para determinadas localidades, se extendieron luego a otras muchas, con lo que sus prescripciones adquieren una más dilatada vigencia. Las costumbres originarias de un lugar fueron asumidas asimismo por otros varios, mientras los privilegios que antes tenían unos destinatarios concretos, al ser incluidos en el fuero pasan a beneficiar a nuevas gentes. Todo conduce, en suma, a la existencia de una masa informe y dispersa de derecho territorial, el cual desde mediados del siglo XIII comienza a ser fijado por escrito. Tal tarea se desarrolla en la comarca de Burgos, donde una serie de juristas se vuelven sobre ese derecho de la vida diaria y proceden a recogerlo en textos diversos. El más antiguo de ellos son las Devysas que an los sennores en sus vasallos, al que nos referimos al tratar de las behetrías (19,III,B,4). Otras redacciones tempranas y breves, se han perdido, pero sabemos de su existencia a través de dos importantes colecciones posteriores de derecho territorial : el Libro de los Fueros de Castilla y el llamado Fuero Viejo, cuyo confuso proceso de formación ha dado lugar a diversas y nada sencillas interpretaciones. l.

Fonnnnúurld den•rho 1erfl10rial e11 ln nJmarca dt! Bur~os.

El Libro de los Fueros de Castilla

Esta obra, que excede de trescientos capítulos, constituye la más primitiva de las redacciones extensas de derecho territorial castellano. De autor desconocido, el texto tiene como base una colección que inicia todas sus rúbricas con la frase "esto es por fuero". Contiene además preceptos de derecho local, tomados de los fueros de esa zona, así como una importante colección de fazañas, procedentes del rey y de diversas autoridades seglares y eclesiásticas. Según Galo Sánchez, editor del Libro de los Fueros y precursor insigne del estudio de estas cuestiones, la obra se formó sobre la base de una antigua fuente perdida -llamada por él simbólicamente Xque también habrá de ser utilizada en la elaboración del Fuero Viejo. Tal

F11e111t'., t1d,e.r10.

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modelo común, bien pudo ser desde luego un modelo múltiple, es decir, no una sola colección sino varias. ¿Representa este Libro de los Fueros una versión estricta y pura del derecho territorial?. El profesor Iglesia lo ha puesto en duda. Destaca él la anomalía de que el redactor de ese derecho territorial incorpore textos locales, apreciando una cierta dosis de derecho señorial en aquellos preceptos que precisan el título común de "esto es por fuero", con el más concreto de "esto es por fuero de Castilla". 2.

El Fuero Viejo de Castilla

A mediados del siglo XIV, otro jurista anónimo lleva a cabo la redacción sistemática de un texto llamado Fuero Viejo. Consta de cinco libros, relativos a derecho público, penal, civil, organización judicial y procedimiento, los cuales contienen diversas prescripciones características de derecho nobiliario. En virtud de ello. la obra ha sido llamada a veces, con impropiedad, Fuero de /o.1 .fijosdalgo. No puede ser considerada en todo caso un código nobiliario, según ya Galo Sánchez advirtió, pues contiene otros muchos preceptos que nada tienen que ver con tales cuestiones. Por esta razón no lo hemos incluido en el capítulo con-espondiente a las clases sociales privilegiadas. EIT0:ws1.1·1emáticoyd miÜlemñtico.

El P.1e11d11 Ord~nnmitnto I

dt Ntijtra.

Tal como lo conocemos, el Fuero Viejo sistemático de 1356 fue elaborado sobre una primera redacción llamada Fuero Viejo asistemático, texto que a su vez se formó sobre ese modelo común citado antes -la redacción X- y sobre otra obra, Pseudo Ordenamiento I de Nájera, colección cuyo nombre deriva de haber sido atribuida por su autor a unas cortes celebradas en esa ciudad. El P.1·e11do Ordenamiento I de Nájern utiliza como fuentes la colección de Devy.1·m . antes citada. y ciertas leyes del código de las Partida.1·. El texto de ese P.1·e11do Ordenamiento I se ha perdido, si es que ciertamente existió como ta l. En todo caso los preceptos que recoge nos llegan a través del Ordenamiento de Alcalá.

U,., ~x1rn,-1m drl Fuero Viejo n.u stemá1u·o.

Esta genealogía del Fuero Viejo, que sin duda resulta ya no fácil, es de hecho mucho más compleja. Y ello por dos razones. La primera, porque sabemos de la forma asistemática por el prólogo del texto sistemático de 1356, con lo que cabe incluso dudar de su existencia real, hipótesis manejada con finura crítica por el profesor García González. La segunda, porque, en todo caso, el Fuero Viejo asistemático, aun dando por buena su realidad como redacción formal y precisa, llega a nosotros sólo a través de tres extractos: el llamado Pseudo Ordenamiento II de Nájera, con un centenar de artículos

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atribuidos como en su texto homónimo a supuestas cortes celebradas allí; el Pseudo Ordenamiento de León, bastante más breve y que propiamente es el Fuero de los Fijosdalgo, antes mencionado; y finalmente el Fuero Antiguo de Castilla, de muy escasos preceptos. Los artículos de los dos últimos se encuentran contenidos en el primero, y su naturaleza y relaciones recíprocas no resultan del todo claras.

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23. LA CONSOLIDACION DEL DERECHO CASTELLANO

l. La obra legi sla tiva de Alfonso el Sabio A) IN1R0DUCCION

l.

La superación del pluralismo jurídico

Hasta mediados del siglo XIII no se da propiamente un sistema jurídico castellano, por cuanto, como hemos visto, coexisten diversos ordenamientos de naturaleza heterogénea. De un lado, el visigodo procedente del liber Judiciorum, cuya versión romance del Fuero Juzgo rige en tierras de León, informa los fueros de Toledo y a través de ellos penetra en Andalucía y Murcia. De otro, el derecho judicial y de albedrío, que perdura en lascomarcas de Castilla la Vieja. Finalmente, una compleja red de fueros municipales de desigual carácter, extendida por el norte -Asturias y Galiciay que cubre también las zonas meridionales de la Extremadura castellana, con amplios textos que asimismo se forman en la provincia de Cuenca y en las tierras andaluzas de Jaén. Ante la imposibilidad real de unificar las diversas fuentes mediante la promulgación de cuerpos legales con vigencia común, la superación del pluralismo normativo se intenta por una vía mediata e indirecta. Si se concede el mismo fuero a muchas localidades, una por una, a la postre se logra que un idéntico derecho rija en amplios territorios o regiones. Esa es lapolítica de Fernando III en la primera mitad del siglo XIII, otorgando el Fuero Ju zgo a importantes ciudades, y lo mismo resulta de la expansión de aquel formulario de fueros (22, II, E, 4), que facilitará la vigencia de un ordenamiento semejante en muy distantes villas de la Extremadura castellano-leonesa. El derecho local, así, llega a territorial izarse. Sigue en pie, sin embargo, la disimilitud de fondo entre los sistemas jurídicos dominantes, y persiste por tanto el problema de superar ese derecho territorial logrando que

SistenUL\. jurúlicos

m Cnsti/lt,.

La unijiradón ind i rer1t1 r/1!1

den,rho.

444

Den:rho loen/. territorial y J,:eni:rnl .

ESPAÑA MEDIEVAL

un solo sistema jurídico, el general, ordene la vida de la totalidad del reino. Tal problema de política legislativa es el que hereda Alfonso X al suceder a su padre. 2.

Sixm}icnd(m

C'Ultuml de AlfomoX.

Alfonso X el Sabio. El rey y las grandes obras jurídicas: revisión polémica

La figura de Alfonso X ocupa un lugar destacado en el panorama de la cultura europea y ha simbolizado, en concreto, la más brillante aportación hispánica a la historia universal de la legislación. Tal juicio constituye hoy día un valor reconocido, y forma parte del acervo ideológico de cualquier persona con formación jurídica en cualquier parte del mundo. Así, si alguien tuviese que representar en un código y en su autor, la contribución de los españoles a esa historia global de leyes y códigos, con práctica seguridad la referencia apuntaría a las Partidas y a Alfonso el Sabio. Como escribe el profesor Pérez-Prendes, las Partidas han "resistido el peso de los siglos, simbolizando ante propios y extraños la entera personalidad del derecho español". En las grandes obras de síntesis y divulgación cultural -enciclopedias. diccionarios biográficos. etc .- escritas en lenguas de Occidente, el rey Alfonso aparece siempre . Y siempre como una egregia personalidad en el campo del derecho, y como un gran humanista de vastas inquietudes y magnas realizaciones. Un ejemplo cualquiera y no es cualquier ejemplo: la Encyc/opaedia Britannica. Allí el monarca es presentado como un "clarividente legislador" y un " mei:e nas de la cieni:ia y de la literatura" . Sigue después la inevitable referencia a las

Partidas. Obms r¡ue .ve le atribuyen.

Política l,:,:islntfrn

y problemas d,: lt:~\l(J.\'.

Alfonso X fue proclamado a los treinta años rey de León y Castilla, gobernando ese ya único reino entre 1252 y 1284. Junto a otras varias empresas culturales, se atribuyen al monarca en el mundo jurídico una serie de obras de notable calidad y envergadura. De una parte la conclusión del llamado Setenario, tratado doctrinal iniciado por su padre. De otra, el Espéculo, texto del que conservamos cinco libros, y el Fuero Real que consta de cuatro. Finalmente, las Partidas, código modélico en la historia de nuestro derecho. Tan fecunda paternidad de textos justificó la fama y prestigio que antes referimos. Procede en todo caso reflexionar sobre cuál fue el sentido de esa actividad desbordante, compatible además con el otorgamiento del Fuero Juzgo a diversas ciudades, y cuál fue en suma el hilo conductor que orientó la elaboración de tantas y tan destacadas obras jurídicas. Si, como es lógico presumir, existió una política legislativa por parte del monarca, ¿cuál fue ésta?. ¿Cómo explicar la ostensible heterogeneidad en la orientación de unos

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y otros textos?. ¿Qué relación cierta existe entre ellos?. ¿Cómo se entiende, por ejemplo, que a los tres escasos años de acceder al trono, en un período de agobio político y bélico, se hubiera concluido y otorgado ya una obra importante que tal vez fue el Fuero real o tal vez el Espéculo?. ¿Qué conocemos en realidad de las Partidas, de cuándo son y cuándo por consiguiente nos consta que estuvieran concluidas?

Esas u otras preguntas son hoy un Jugar común entre los historiadores del derecho, pero hubieran resultado anómalas, si no extravagantes, con l nterioridad a los años cincuenta. Por entonces, en 1951 , un trascendental trabajo de don Alfonso García-Gallo puso en cuestión, ni más ni menos, que las Partidas fueran obra exclusiva de Alfonso X, defendiendo la existencia de una serie de redacciones sucesivas que habrían concluido, muerto i:!I monarca, en pleno siglo XIV. Sobre la polémica despertada al respecto, García-Gallo volvió años después, ratificando sus conclusiones principales y rectificando otras. La revisión de las Partidas involucró además a otras dos de las obras citadas, en primer lugar al Espéculo, y por añadidura al Fuero Real, originando en consecuencia un verdadero alboroto en aquello que, durante siglos, se había tenido como conjunto de verdades :.nconcusas. No resulta así fácil sistematizar con claridad el panorama de las "'"uentes jurídicas alfonsinas. Las tesis de García-Gallo, tan pertre:hadas de argumentos como científicamente provocativas, suscita:-on una erudita controversia entre especialistas, cuyo desarrollo en las .:Itimas décadas ha llevado consigo diversas variantes en las posiciones rincipales. Hoy en día, cumplido el séptimo centenario de la muerte del :nonarca (1284-1984 ), el estado sumario de la cuestión es el siguiente. Existen de una parte dos obras, el Fuero Real y el Espéculo, sobre las ;:iue hay acuerdo respecto a su atribución a Alfonso X, y serias discre;,ancias en lo relativo a su naturaleza y exacta ubicación cronológica . De otro lado, las Partidas, donde persiste la divergencia entre la :oncepción tradicional, que las adjudica al célebre rey, quien habría di spuesto su redacción por razones que también se discuten, y la tesis de García-Gallo antes mencionada. Conviene en todo caso resaltar que ésta 'ltima, se acepte o no, constituye de hecho una explicación integral de toda la política legislativa del monarca . Y ello porque García-Ga llo sostiene que el Fuero Real, Espéculo y Part idas responden en e l fo ndo a reelaboracione s de un mismo texto, aunque en su real i z ación y contenido existan notorias diferencias . Veamos así con a lg ún detalle esas fuentes jurídicas y los problemas correspondientes.

Re,•fai(m d,•

Gon·io-G,,1/o.

Es11uloot't11nl (/(' Ja l 'l/('SliÚ11.

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ESPAÑA MEDIEVAL

B) EL FUERO REAL Crm1tnirioy rnnkitrriel FueroRen/.

Rnzont.\' tfe su

promulga,·i,)11.

La obra que conocemos como Fuero Real consta de cuatro libros, dedicados a cuestiones religiosas y políticas, procedimiento judicial , derecho privado y derecho penal. Sus leyes proceden del Fuero Juzgo y de otros fueros castellanos. Este carácter legal es ostensible por la abundancia de expresiones de tono imperativo ("mandamos", "establescemos", etc .). Redactado en castellano, y traducido también al portugués, el Fuero Real se aplicó en el tribunal del rey e influyó en la formación de otros varios cuerpos jurídicos. A sus relaciones con el Fuero de Soria ya nos referimos antes (22,II,E,2). Las razones de la promulgación de la obra se explican en el prólogo. Se trata de remediar la carencia de fueros y textos escritos, evitando el juicio de albedrío y "otros usos desaguisados" de los que, según allí se afirma, "nascien muchos males e muchos daños a los pueblos y a los homes". El prólogo evoca, en fin, esa formación del libro y afirma su autoridad y oportuna observancia: "Hovimos consejo con nuestra Corte e con los sabidores del Derecho, e dímosles este Fuero, que es escripto en este libro , por que se juzguen comunalmente todos. varones e mugeres . E mandamos que este Fuero sea guardado por siempre jamás , e ninguno sea osado de venir contra él" .

Fuero riel libro y Fuero Real.

Dmnrió11 riel FueroRenl.

¿Qué fue en su momento el Fuero Real, cuándo se redactó y cómo tuvo lugar su divulgación?. Sabemos que en marzo y abril de 1255, las villas de Aguilar de Campoo y Sahagún recibieron un texto llamado Fuero del Libro, el cual se otorgó en la década siguiente a varias localidades, y entre ellas a Valladolid en 1265. Ese Fuero del Libro ha sido identificado tradicionalmente con el Fuero Real, aunque tal equiparación plantea ciertos problemas de ajuste cronológico. En efecto, la obra en cuestión fue concluida según algunos de sus códices en julio o agosto de 1255, es decir, en fecha ligeramente posterior a la de las primeras concesiones citadas. Tal incongruencia podría salvarse adelantando la datación del texto, y en este sentido Martínez Díez defendió que la redacción del Fuero Real tuvo lugar en 1249, reinando Fernando III, si bien sólo años después , en 1255, Alfonso X habría hecho uso de la obra, concediéndola entonces en primer término a Aguilar de Campoo. En apoyo de esta interpretación, Martínez Díez adujo cierta referencia de un tratado, las Flores de las leyes, escrito por el maestro Jacobo. Las Flore.\' de las leyes van presididas por la fórmula "A nte vos don Alfo nso. hijo de nuestro señor el rey", y aluden a una ley -"vestra ley"- dictada por t!I tal Alfonso. Tratándose éste de Alfonso el Sabio , la fórmula de encabezamiento s itú a obviamente al texto en el reinado de Fernando 111. su padre . La '' ley" mencionad a sería, según Martínez Díez, el Fuera Ren l.

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Esta tesis ha sido objeto de las siguienles observaciones: a) El citado Alfonso no era el rey -entonces príncipe- sino otro personaje, también llamado Alfonso, hijo natural de Alfonso X (Pérez Martín). En tal caso la obra resulta escrita reinando Alfonso el Sabio. b) Si las Flore.1· corresponden al reinado de Fernando 111, la alusión a la " ley" no sería a ninguna dictada por el infante Alfonso, por cuanto no es conocido que los infantes dicten leyes (García-Gallo); c) Resulta improbable que Alfonso redactara un fuero reservándose en vida de su padre la facultad de creación del derecho (Iglesia).

Más allá de estos problemas, se encuentra la importante cuestión del .?.mbito de vigencia del Fuero Real, por cuanto si bien nos constan las con_esiones locales, otro texto como el Fuero Viejo refiere que el rey Alfonso : 10 el Fuero del Libro "a los concejos de Castiella". ¿Significa eso que el ~uero Real -identificado con aquél- fue otorgado con carácter general? :lace casi dos siglos, Martínez Marina creyó que el propósito del rey había _,do formar un código que rigiera en todo el reino, si bien el apego de las :iudades a sus propios fueros le obligó a desistir de tal propósito, con lo ;ue hubo de optar por otorgarlo sucesivamente como fuero local. Entre las nterpretaciones más recientes, merece ser destacada la de Aquilino Iglesia en defensa del carácter general de la obra. Para este autor, se trata de un -uero regio redactado para Castilla, cuya promulgación como tal encontró jificultades de índole práctica, lo que a la postre motivó el régimen de con: esiones particulares:

Amb,u, d, ,,ig<'m·ia riel Fut'rrJ Real.

·'Pero ...estas concesiones particulares, aunque cueste trabajo admitirlo, no afectaban a su carácter de derecho regio, es decir, de derecho general para todos los sometidos al rey de Castilla" (Fuero Real y E.lpérnlo, 173).

La valoración que García-Gallo hace del Fuero Real es ciertamente peuliar, por cuanto él no cree --como han creído todos- que aquel Fuero del Libro dado a los concejos castellanos desde 1255 sea el Fuero Real, si no otra obra distinta: el Espéculo. Tal tes is es defendida con dos argumentos principales. En primer lugar, haciendo notar la insegura datación del Fuero Real y su improbable existencia a mediados del siglo XIII, habida cuenta que las referencias fidedignas a él proceden siempre de fechas más avanzadas. En segundo lugar, destacando que el Espéculo -formado ya en 1255- lleva precisamente en su rúbrica inicial el título de Fuero del Libro, con lo que la nomenclatura de la obra dada en la década 1255-1265 a las villas castellanas debe entenderse referida a un Espéculo que sí existía con ese nombre, y no a un Fuero Real entonces inexistente. En suma, según esta interpretación, Alfonso X ordenó elaborar el Espéculo como obra legal, siendo entonces objeto de las concesiones citadas. Por dificultades de política legislativa, el Espéculo entró en crisis, redactándose entonces, probablemente en 1268, el Fuero Real, a modo de com-

Tt•oria de: Gon·ía-Ga//o:

d Fuero Real. obra tnrdía.

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pendio de aquella obra. El Fuero Real, en fin, fue otorgado de forma más bien selectiva y excepcional a partir de esa fecha.

C)

Contenido drl Expéculo

Fechn.

E/ Esµé culo m la µoli1,,·n le,:islnti,•11 deA/ftm.w X.

Trorfn dr

Gnn-ín-Gnllo.

EL ESPECULO

Tal como ha llegado a nosotros, el Espéculo es un cuerpo legal compuesto de cinco libros, en los que se alude a leyes de otros posteriores que no conocemos. Cabe así pensar que, sobre un plan inicial de nueve libros. el código no llegó a ser concluido, o bien simplemente que se extraviaron los libros siguientes. Su contenido es similar al de las tres primeras Partidas (ver E, 1), abundando incluso las coincidencias literales. El prólogo se asemeja a su vez al del Fuero Real. El Espéculo aparece como obra de Alfonso X, pero está desprovisto de fecha precisa. Ciertas referencias del texto y determinadas concordancias de sus leyes, permiten asegurar, no obstante, que había sido redactado ya en 1255 . El profesor californiano Craddock ha precisado más la datación. llegando a concretar un día --el 5 de mayo de ese año- como fecha de la presentación pública del código. ¿Cuál es el sentido del Espéculo en el conjunto de la política legislativa de Alfonso el Sabio?. Entre las diversas versiones de quienes han tratado el tema a partir de la revisión de García-Gallo, es de señalar, junto a la interpretación de éste, la de los profesores Iglesia y Martínez Díez. A tenor de sus recientes estudios, las respectivas posiciones quedan de la siguiente forma : -Para Iglesia, el monarca había concedido primero el Fuero Real a Castilla y a las Extremaduras. Pretendiendo luego la unificación jurídica. ordena redactar el Espéculo, cuya elaboración se interrumpe como consecuencia del llamado fecho del Imperio, es decir, del conjunto de acontecimientos relativos a su intento de lograr la corona imperial (ver E, 2). Esa aspiración, fallida luego, le lleva a disponer que se redacten las Partidas. Consiguientemente el Espéculo queda como obra inconclusa. -Para García-Gallo, según sabemos, la primera obra alfonsina fue el Espéculo, concedido desde 1255 a las villas de Castilla. El posterior Fuero Real desplazó al Espéculo como cuerpo legal, es decir, en tanto código formalmente vigente, lo que no impidió que este texto conservara un alto prestigio como obra de doctrina jurídica. Tras el fallecimiento de Alfonso X, los juristas de la corte proceden a su reelaboración , fruto de la cual surgen las Partidas. En resumen, pues, el Espéculo se transforma en las Partidas. -Para Martínez Díez, el Espéculo fue proyectado como obra de carácter oficial y vigencia general. No fue concluido ni remitido a las villas

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del reino. En cuanto a las razones de su interrupción, este autor considera a tesis de Iglesia sobre el fecho del Imperio como "altamente verosímil". D) RECHAZO DE LA POLITICA UNIFORMISTA: PLEITOS FOREROS Y PLEITOS DEL REY

La política alfonsina de signo unificador, a base de conceder el mismo texto a distintas ciudades, encontró en Castilla enconada resistencia. Las nnovaciones de ese derecho distinto, favorecedor del poder del monarca en detrimento del de nobles y concejos, con la subsiguiente intromisión de os alcaldes reales, suscitaron el rechazo de magnates y municipios que clamaban por la restauración de sus fueros antiguos. El malestar creciente se :onvirtió en 1272 en una oposición decidida y firme. Alfonso X hubo de capitular y rectificó su política legislativa. En las Cortes de Zamora de 1274, el rey pidió consejo a nobles, eclesiásticos y al.:aldes castellanos, quienes llegaron a darle "su respuesta por escrito de lo que entendieron" . A la vista de ello, restableció en cierta forma el derecho . iejo, y hubo de limitar y contener la aplicación del derecho nuevo que en los .íltimos veinte años había venido otorgando. Acordó así entonces el monarca .:;,ue los abogados de la tierra hicieran uso de su propio fuero en los pleitos, y que éstos se fallaran por los jueces de el la, no entrometiéndose los alcaldes de .:orte en esos "pleitos foreros". Se precisaron también cuáles eran los casos de corte, es decir, las cuestiones reservadas al tribunal del rey, si bien procede ad. ertir, como lo ha hecho la profesora Francisca Gámez, que estos casos de corte fueron designados con distintos términos y de una forma no precisa. Quedó así consumada la diferenciación entre los llamados "pleitos fo~eros" y los "pleitos del rey", relativos éstos a los citados casos de corte y a os conflictos propios de la casa real y sus oficiales. Sólo en los "pleitos del rey" encontró aplicación el derecho regio. Además, en ausencia de normas adecuadas de los fueros municipales, aquellos jueces o alcaldes hubieron de acudir al monarca en demanda de preceptos a que ajustarse. Las disposiciones al respecto, que ampliaron el ámbito de aplicación de ese derecho del soberano, fueron compiladas en una pequeña colección llamada Leyes Nuevas, formada en Burgos a fines del siglo XIII. Por otra parte, la distinción práctica entre "pleitos foreros" y "pleitos del rey" quedó recogida en otra colección de más de doscientos capítulos -las llamadas Leyes del Estilo-, que alguien formó al iniciarse el siglo XIV. Veamos como una de esas Leyes -propiamente no son tales; se trata de sentencias o literatura jurídica- hace referencia a la mencionada dualidad del ordenamiento jurídico: "Otrosí. es a saber. quando el rey o la reina allegan a alguna de sus villas e quieren por bien partimiento de los oir y librar los pleitos foreros, mientras que ahí moraren débenlos

R,·rlfTÜÍnpopu/ar

"' 1272.

Rehabil1tm·1án dl'idcredw1•it'_jo: Cmt(',\. d(• Ztmw111

de 1274.

Ple11,,.,·.Jorer
La., Lc:yC'.\ NueP/lJ.

L<,., Leye,\ del Esrilo.

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ESPAÑA MEDIEVAL

oir e librar según los fueros de aquel lugar en que oyeren los pleitos ... Mas quando libraren los pleitos que son suyos, deben emplazar e oir según sus leyes y el uso y costumbre de su corte" (cap. 125).

Carácter e importancia.

Contenido.

Fuentes.

E)

LAS PARTIDAS

l.

La obra: importancia y contenido.

Las Siete Partidas constituyen como hemos dicho el código más importante de la historia del derecho español, y representan el apogeo de la recepción en Castilla del derecho común. Su ambición temática, solidez científica, desarrollo técnico y pulcritud de prosa, convierten a esos siete libros en un verdadero modelo de obra jurídica. Incluso al desbordar lo estrictamente propio del mundo del derecho, las Partidas aparecen como una verdadera enciclopedia humanística y doctrinal. donde no faltan hondas reflexiones al hilo siempre de un cuidado estilo literario. Como su nombre da a entender, el código consta de siete partidas o libros . La división se hace eco de las excelencias atribuidas a ese número por antiguas tradiciones paganas -misterios órficos, escuela pitagórica- } cristianas: los siete dones del Espíritu Santo de que habla Isaías, tema recogido entre otros por San Ambrosio y el propio San Raimundo de Peñafort a comienzos del siglo XIII. Acogiéndose a tal distribución, la primera partida trata de las fuentes del derecho y del ordenamiento eclesiástico . La segunda, del derecho público: familia real, sucesión al trono, oficios palatinos, etc. La tercera se ocupa de la organización judicia y del proceso, incluyendo un sumario de fórmulas notariales. Las partidas cuarta a sexta recogen derecho privado: matrimonial, contratos ~ derecho sucesorio. La séptima, en fin, da cabida al derecho penal, con referencias al estatuto jurídico de musulmanes y judíos, y a los delito de carácter religioso. En las Partidas se vierte el saber medieval mediante el aprovechamiento de la filosofía greco-latina, de los textos bíblicos, de la patrística y escolástica, y naturalmente de las obras jurídicas. Entre éstas ocupan un lugar central las fuentes romano-canónicas del derecho común: el Corpus lu ris las Decretales y los glosadores y comentaristas, así como las feudales de los Libri f eudorum. Junto a ellas se hace uso de textos castellanos como ,_ Margarita de los pleitos, de Martínez de Zamora, o las obras del maestr Jacobo, el Doctrinal de los juicios -incorporado en buena medida a la partida tercera- y las Flores del Derecho.

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El éxito de las Partidas ha sido ciertamente extraordinario. Fueron tra:~cidas al catalán, facilitando según Abada! el tránsito en Cataluña del ré; men feudal al absolutismo monárquico. Hubo también traducciones al ugués, al gallego e incluso al inglés, por cuanto el código se aplicó en ~rritorios norteamericanos que antes habían pertenecido a España. Las ~rtidas rigieron pues algún tiempo en los Estados Unidos, cuyo tribunal premo (Supreme Court) acudió a ellas para dirimir conflictos entre Esta- -. o para entender de los recursos y apelaciones presentados por algunos • ellos.

Difu.,i,í11

Así por ejemplo en 1892, con motivo de cierta disputa entre Nebraska y lowa, o en los años anteriores al juzgar en apelación casos procedentes de Louisiana. En este Estado, como en otros, tuvieron las Partidas fuerza legal y allí fueron traducidas en 1820.

2.

Las Partidas como código de Alfonso el Sabio

Desde siempre se ha atribuido la célebre obra al rey Alfonso X. Durante _ reinado, un conjunto de juristas, más o menos directamente dirigido por ~ monarca, habría iniciado y concluido el texto. Más precisamente, cierta -...brica de un códice antiguo refiere que el trabajo comenzó el 23 de junio ~ 1256 y fue ultimado el 28 de agosto de 1265. En casi nueve años, por ~ nsiguiente, fueron redactadas las Partidas. Como obra de Alfonso X han sido objeto de tres ediciones distintas. 1onso Díaz de Montalvo las dio por vez primera a la imprenta en 1491 . El :e,to fue corregido y ampliado por Gregorio López en 1555, logrando su . ersión una excelente acogida. Finalmente, en 1807, la Academia de la Historia llevó a cabo una tercera edición. Se aludía ya en ella a un proble"ja, básico en la controversia de nuestros días, cual es la existencia de di. ersos códices que dificultaban la fijación del texto. Aun percatándose _ fartínez Marina, presidente de la Academia, de las notables variantes entre unos y otros, se eligió el valorado como "más original", sin que desde luego se pusiera en cuestión la paternidad de una obra reeditada precisamente en homenaje al monarca castellano. ¿Con qué objeto había ordenado Alfonso X componer las Partidas? No pareció en principio que tal pregunta necesitara de ninguna explicación especial. En un rey que había acometido ingentes empresas culturales de distinto signo, con una personalidad en la que -<:orno escribe Emilio de la Cruz- se había dado la feliz síntesis de "historia, derecho, canto y música" , esta enciclopedia jurídica representaría una de las vertientes principales de tan admirable quehacer. Sólo recientemente, con la nueva exploración de la obra alfonsina, algunos estudiosos han aventurado una

F, ,-ha.

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l m¡u:rlo"

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respuesta más concreta, poniendo en relación el código con ese fecho del imperio que antes mencionamos. En 1256 llegaron a Soria los embajadores de Pisa , ofreciendo su apoyo a Alfonso X para la elección imperial, como heredero de la Casa de Suabia . Durante diez años se desarrolló la complicada lucha diplomática de los aspirante s, inte man do atraerse el favor de los diversos pontffices. Las pret e nsione s de Alfon so el Sab io en contraron muy regular eco en Castilla . donde llegó a existir un frente de oposició n en el que figuraban nada menos que los infantes Felipe y Manuel , herma'los del re y T ras múltiple s forcejeos , la a mbiciosa o peración pol ítica fue abandonada por Alfons o en 1275 .

Crf1imfl In 1eorfn tf,f ''fer ho

ddlmpaio ".

La relación en concreto es la siguiente. Al aspirar Alfonso X a la corona imperial, ordena redactar un código que recoja el derecho común, es decir. aquél que de alguna forma era conocido en los países a los que aspiraba gobernar como emperador, y no precisamente el derecho peculiar castellano. El derecho común sería así el denominador jurídico común de la empresa imperial. Al acometer ésta se inicia precisamente la redacción de las Partidas. Estamos en el año 1256. ¿Se trata de una mera coincidencia cronológica? Rafael Gibert ha destacado la ausencia en las Partidas de referencias concretas a Castilla o a España, en contraste con alusiones de índole general o universal. "Todo nos habla --dice él- de un proyecto legislativo universal, ligado al Imperio" . Tal interpretación coincide con la antes señalada de Aquilino Iglesia, quien explica precisamente la interrupción del Espéculo y el inicio de las Partidas por la aparición en el horizonte político de la oferta imperial. Semejante teoría, sagaz y atractiva, no puede darse ciertamente por probada. García-Gallo le ha formulado , al menos, dos objeciones mu:y concretas: a) Reconociendo que en las Partidas se exalta la figura y privilegios del emperador, es de hecho patente que en determinados aspectos se admite una cierta superioridad de los reyes sobre él, lo que resultaría impropio de una obra patrocinada por el aspirante al Imperio. Esta observación no resulta sin embargo de excesivo peso. Y ello porque si las Partidas eran el gran proyecto jurídico imperial, una prudente política del emperador podía consistir precisamente en el juicioso reconocimiento de los poderes de los reyes, que sólo en cierta forma le estaban sometidos. Cabría así interpretar ese reconocimiento como una prueba de sentido político del candidato, e incluso como un inteligente antídoto teórico an te cualquier suspicacia práctica: b) Si las Partidas estaban ligadas al fecho del Imperio y tenían esos objetivos universalistas, resulta incomprensible que fueran redactadas en castellano y no en latín, idioma que ciertamente podía ser conocido por los

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:íJturos súbditos y que en cualquier caso era la lengua universal por exceencia. Esta impugnación sí nos parece convincente. Y no vale desde lueio, como prueba en contrario, la ingeniosa predicción de Gibert: "de haber :riunfado el rey en su aspiración imperial, las Partidas se hubieran vertido z.í latín". Hipótesis, en resumen, sugestiva, pero necesitada de argumentos. Unos _ timos reparos nuestros. ¿Cómo explicar que se componga un cuerpo jurí.:. o de tanto fuste doctrinal con una finalidad concreta, sin que ese objetio quede inequívocamente reflejado en algún pasaje de tan dilatada obra?. Cómo no se trasluce de cuanto sabemos sobre las peripecias de la preten: .ón imperial, la existencia de una comisión de juristas trabajando durante -os en la tarea de elaborar un código justificado precisamente por las as::.raciones del monarca?. ¿Cómo unas Partidas hechas para regir en Eurocontienen referencias a la organización territorial castellana?. En -esumen, a la vista del idioma en que fueron escritas y de estas otras consi.:eraciones, no parece aceptable la fundamentación del código en el fecho ·el Imperio.

3. La interpretación de García-Gallo Las Partidas según vimos, constituyen para García-Gallo el resultado Espéculo, llevada a cabo con posterioridad a la uerte de Alfonso X. Tal reelaboración supone de una parte la ampliación ::el Espéculo. De otra, su profunda mudanza, al alterar el texto, acoger sin ~servas el derecho común romano-canónico y desechar prácticamente el :erecho antiguo. Antes de seguir, procede efectuar una doble puntualización. ¿Por qué García-Gallo cree que las Partidas, como obra conjunta, no son de Alfonso = Sabio? Fundamentalmente porque las primeras referencias a ellas pro~ooen del siglo XIV, y porque algunos materiales utilizados en sus libros son .::.e fecha posterior a la atribuida al código.¿ Qué decir entonces de esa datación, ~ncionada antes, según la cual se iniciaron en 1256 y fueron concluidas en 265?. Pues que tales fechas sólo figuran en algunos códices copiados tras el reinado de Alfonso X, por lo que como cualquier atribución retrospectiva carecen de fiabilidad suficiente. :!e una reelaboración del

El problema de fondo de las Partidas es que no contamos con un estudio crítico de los diversos manuscritos de los siete libros, no existiendo por tanto una edición segura del texto. Los códices de la primera partida han sido objeto de trabajos y ediciones del romanista Arias Bonet. del canonista García y García. y del historiador del Derecho Ramos Bossini . Arias sostiene la existencia de una doble redacción del

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codigo en tiempos de Alfonso X. García-Gallo acepta la doble y coetánea redacción, pero en época más avanzada. Rtt::.tmt.fde/a

l'ifl/Jorndán 1nrrfía.

Tal como han !legado a nosotros, las Partidas debieron ser compuestas hacia 1290 y no más tarde de 1310, aproximadamente, pues la referencia más antigua a ellas procede de las Leyes del Estilo, compiladas hacia esa última fecha. Que las Partidas no fueron redactadas antes parece deducirse del hecho de que las Leyes Nuevas, formadas hacia 1295, no reproducen todavía sus textos sino los del Espéculo. Cabe además alegar, según García-Gallo, decisivas razones en favor de una composición tardía de los distintos libros. Así la partida segunda no pudo ser anterior a 1265, pues recoge una obra -De regimine principuminiciada por Santo Tomás de Aquino ese mismo año y concluida más tarde por Tolomeo de Luca. La tercera, a su vez, reproduce documentos redactados a partir de 1270. La cuarta y la quinta, en fin, hacen uso de un texto -la Summa iuris de Monaldo- que por la fecha de su composición, entre 1254 y 1274, sólo pudo ser conocida en España en el último cuarto del siglo XIII. Estas últimas referencias constituyen para García-Gallo hecho.1· comprobados, lo que, de ser así. dejarían sin más sentenciada la cuestión . Como es lógico, si /a.1· Partidm habían hecho uso de tel\tos compuestos o conocidos en fechas tardías, el código no podría en ningún caso ser anterior a los materiales en él utilizados . La comparación de las obras, sin embargo, no parece tan clara. y Arias Bonet ha rechazado en 1985 esos argumentos . Según él , resulta equívoca la asociación de las Partida.1· con el tratado de Santo Tomás, porque Jo que en el famoso código se recoge no es el De regimine prinl'ipum, sino otra obra, De eruditione principwn , erróneamente atribuida a Santo Tomás y confundida con aquélla. Consecuencia : no existiría ninguna relación directa entre las Partida.1· y la obra de Santo Tomás, que sirviera para datar e código alfonsino. En cuanto a la Summa de Monaldo , Arias Bonet subraya lo impreciso de su l'ech de edición. y advierte que las coincidencias tel\tuales con las Partidas no significan necesariamente que éstas recojan pasajes de la obra de Monaldo, sino que las Parridru y la Summa bien pudieron servirse de un texto común y anterior a ambas . En resumen : si García-Gallo tiene razón en cualquiera de esos cotejos . ya no ha) más que hablar. Si en cambio tiene razón Arias Bonet, la tesis de García-Gallo se debili t... pero no resulta por ello refutada. Simplemente carecerían de base esos co ncretos argumentos .

Procediendo las Partidas del Espéculo, el proceso de elaboración de esta obra fue posible desde que perdió fuerza legal y se convirtió en un a acreditada colección de doctrina. Carácter doctrinal -no legal- tuvieron las Partidas hasta mediado el siglo XIV, lo que acredita cierta observación sobre ellas de Alfonso XI en 1348: "fasta aquí non se falla que sean publi cadas por mandado de rey, nin fueran avidas por leyes".

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D. El Ordenamiento de Alcalá y el sistema de prelación de fuentes

Durante los últimos años del siglo XIII y en la primera mitad del XIV, la aplicación del derecho se desenvolvió en Castilla en un clima problemático. La reacción popular y lo acordado en las Cortes de Zamora de 1274, habían impuesto un retomo a los fueros antiguos, acotando el ámbito propio de la ley regia. La consiguiente distinción entre "pleitos foreros" y "pleitos del rey" no supuso, según se advirtió, un nítido deslinde en las respectivas órbitas del derecho viejo y del nuevo, por cuanto las lagunas de los fueros municipales hicieron intervenir a los monarcas, que interpretaron discrecionalmente esos textos, mientras, de otro lado, resultaba incontenible la filtración del derecho común romano-canónico por la actividad de los juristas, o por el prestigio de una obra como las Partidas. Todas estas circunstancias acarrearon abundante confusión a la hora de aplicar las normas oportunas. En el reinado de Alfonso XI, las Cortes de Alcalá de 1348 promulgan un libro jurídico, el llamado Ordenamiento de Alcalá, cuyo título 28 establece en su ley primera el orden general de prelación de fuentes. Haciendo referencia a la necesidad de que existan "leyes ciertas" en las contiendas y pleitos, se dispone lo siguiente:

Orde11 d,· pr<' -

lanán dejw.·utc.,.

''Por ende, queriendo poner remedio convenible a esto, establece mos e mandamos que los di chos fueros sean guardados en aquellas cosas que se usaron. salvo en aquello que Nos falláremos que se deve mejorar e emendar. e en lo que son contra Dios e contra razón o contra las leyes que en este nuestro libro se contienen. Por las qua les leyes deste nuestro libro mandamos que se libren primeramente todos los pleitos civiles e criminales: et los pleitos e contiendas que se non podieren librar por las leyes deste nuestro libro e por los dichos fueros. mandamos que se libren por las leyes contenidas en los libros de las Siete Partidas" .

Queda así sancionada la aplicación en primer lugar del propio Ordenamiento de Alcalá, y en su defecto de los fueros municipales en cuanto no fueren contra Dios, la razón y las leyes; y hecha la salvedad de que el monarca no los mejore o enmiende. En tercer lugar, si leyes y fueros carecen de norma adecuada, debe hacerse uso de las Partidas. Lo dispuesto en Alcalá tuvo enorme trascendencia. De una parte, por la naturaleza de la medida misma, o como dirían Asso y De Manuel al imprimir el texto mucho más tarde, por "haber reducido la jurisprudencia a aquel estado de igualdad y firmeza que hasta entonces nunca tuvo". Pero además, por su dilatadísima vigencia, habida cuenta que el orden fijado en esa ley, recogida luego por las recopilaciones de la Edad Moderna. se mantuvo vigente hasta la promulgación del Código Civil en las postrimerías del siglo XIX.

tmJJº""'"""·

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Recep1·11í11 del rfrret:honm11í11.

Lm !(lom.,· de Arin.v de Balboa.

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El Ordenamiento de Alcalá significa además algo muy importante: el reconocimiento de las Partidas como texto legal y vigente en determinados supuestos. Ciertamente una primera ojeada a esa escala normativa, pudiera sugerir la marginación práctica de un código que sólo entraba en juego en defecto del libro alcalaíno y de los fueros municipales. Tal juicio sería superficial y no acorde con lo que tenía que suceder y con lo que en realidad sucedió. Tanto el Ordenamiento como cualquier fuero municipal resultaron ser textos de corto alcance ante las monumentales Partidas, previsoras de casi todo y cuyo rigor en técnica jurídica era incomparable. No fue así difícil que las Partidas se aplicaran, máxime teniendo en cuenta que a esas alturas del siglo XIV concurrían a los tribunales juristas formados en el mismo derecho común recogido en ellas. Desde la promulgación del Ordenamiento de Alcalá, la recepción del derecho romano-canónico en Castilla quedó asegurada además por otras dos vías. De una parte, por cierta pragmática de Juan II de 1427, texto que aun dictado con finalidad estrictamente procesal, facilitó la alegación en juicio de los antiguos glosadores y comentaristas, abriendo así las puertas forenses a esas obras del derecho común . De otra, por la literatura jurídica, a través de glosas y comentarios a los textos legales . El profesor Joaquín Cerdá, al estudiar las glosas al Fuero Real atribuidas al obispo de Plasencia, Vicente Arias de Balboa, llamó hace años la atención sobre la importancia de esa exégesis realizada por los juristas. Como ha señalado el profesor Sánchez Domingo, la Pragmática de Juan 11 , de 8 de febrero de 1427, tienen gran interés para el proceso de recepción de los Derechos romano y canónico en Castilla. Según él, esa Pragmática no logró remediar el desorden existente en el foro debido a la anárquica alegación de las opiniones de legistas y canonistas. Pretend ió además "hacer frente a los abusos que se habían producido con anterioridad por la profusión de citas de leyes y doctores que satirizan los poetas castella nos del siglo X V" (El Derecho común en Castilla, 214-219).

111. La expansión del Derecho Castellano en Vascongadas

El derecho de los territorios del País Vasco se forma sobre la persistencia de un fondo consuetudinario, en el que incide regularmente el ordenamiento navarro y de forma muy acusada el derecho de Castilla. Al incorporarse a esta corona, el comarcalismo y la peculiaridad jurídica de las diversas zonas fueron en buena medida integrados en un proceso unificador, que se acompasó a la imposición de textos castellanos como fuentes principales o supletorias.

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A) ALAVA: FUEROS DE LAGUARDIA, VITORIA Y AYALA

Alava se incorpora a Castilla en el año 1200. En la etapa precedente :!:(isten diversos fueros municipales, cuyo principal promotor fue el rey avarro Sancho el Sabio. A tal período corresponde el Fuero de Laguardia, ~asado en el de Logroño, que aparece como primera manifestación impor, nte de la penetración del texto riojano por tierras alavesas. Cuando en 181 aquel monarca funda la "nova Vitoria" sobre una antigua aldea, la :iudad recibe su propio fuero. Este Fuero de Vitoria es producto de una re~undición actualizada de los de Logroño y Laguardia.

Fueros ti,: L<1Kunrdifl y

Viwrin.

Las villas fundadas a fuero de Vitoria recibieron este texto, pero sus privilegios alcanzaron a otras. Tal fue el caso de Azcoitia. según se aprecia en la documentación recopilada por la profesora Ayerbe.

Tras la incorporación de Alava a Castilla, el reinado de Alfonso X da .ugar a una renovación en profundidad. Por una parte se concede el Fuero Real a Vitoria, villa realenga, lo que no excluye el mantenimiento del ·exto de 1181, expresamente confirmado en el siglo XIV. Por otra, las dos villas alavesas de Treviño y Salvatierra, pertenecientes también al señorío del rey, reciben sus propios fueros que rigen en esas localidades ,' en las aldeas próximas. A mediados del siglo XIII, sin embargo, casi la mitad del territorio de la actual provincia de Alava tiene un régimen jurídico propio, en base a la llamada Cofradía de Arriaga, que cambia en 1332 cuando en virtud del "Privilegio de Contrato" esas tierras pasan a inegrarse en el señorío del rey castellano. Desde entonces toda Ala va es reJlengo, sucediéndose las concesiones del Fuero real a pequeños núcleos urbanos, hasta que el Ordenamiento de Alcalá introduce el régimen de prelación de fuentes propio de Castilla. En la zona cantábrica de la tierra de Aya/a predomina el derecho consuetudinario, existiendo excepcionalmente algunos fueros breves influidos por el de Logroño. Avanzado el siglo XIV, el señor de la tierra, Fernán Pérez de Ayala, dará su aprobación a la redacción escrita del derecho. Se forma así el Fuero de Ayala, estrictamente dependiente del Fuero Real. Incorporada a la Hermandad de Alava a mediados del siglo XV, la tierra de Ayala mantiene su organización y régimen jurídico hasta 1487. La citada Hermandad de Ala va es a su vez una organización que aglutina diversas localidades en aras de la seguridad común, y a la que terminan adhiriéndose todas las villas y aldeas. La carta jurídica de esa colectividad son unas ordenanzas, aprobadas inicialmente por el monarca y objeto luego de confirmación y retoques.

El rler<'cl"' fas l'il/a.,

t'II

rn1/1:11J.:f1S.

L" Co/'rarlía de Arriaga.

El Fuemde A.Wlln.

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B) GUIPUZCOA: EL FUERO DE SAN SEBASTIAN El Fuero de Snn Sebastitín

• injluencim del Fuero de Vuon'n.

Como Alava, Guipúzcoa se incorpora a la corona de Castilla al iniciarse el siglo XIII. Perdura allí el derecho consuetudinario y aparece un régimen de fueros de doble signo. En los territorios de la costa, el foco jurídico es el Fuero de San Sebastián, deudor del de Estella, que se concede en aquell a centuria y en la primera mitad de la siguiente a muy diversas localidades En la zona interior fronteriza con Alava penetra en cambio el Fuero de Vitoria. Desde 1348, rige como es lógico, el régimen de fuentes previsto por el Ordenamiento de Alcalá. Las Juntas generales de Guipúzcoa dictan diversas disposiciones, principalmente encaminadas a la salvaguardia del orden público. Constituida la Hermandad guipuzcoana, se forman unos cuadernos o recopilaciones de preceptos que reciben la sanción del rey. El más importante de estos textos fue preparado por la Junta de 1463, y en él intervino el licenciado Alonso de Val di vi eso. C)

Tierra 1/nnn

yvil/m.

Dererho de la tierra llnnn: el Fuero Viejo

de Vi:myn .

Derecho de la.< vi/In.e injlut!n · rinde/ Fuero

de Lt,gmño.

VfZCAYA: EL FUERO VIEJO Y LAS ORDENANZAS DE CHINCHILLA

Vizcaya se integra en la corona castellana en 1379 bajo la forma de un pacto, lo que entre otras cosas supone que las disposiciones del rey no puedan conculcar los fueros propios. Las Juntas generales del Señorío, reunidas bajo el árbol de Guernica, velarán por el cumplimiento del acuerdo ) por la no extralimitación del derecho regio. El perfil jurídico vizcaíno aparece reglado por dos coordenadas básicas: el derecho de la tierra llana, que acoge en su seno el ordenamiento de comarcas rurales de desigual condición; y el derecho de las villas, de aparición más tardía. El derecho de la tierra llana es el fuero propiamente dicho, de carácter consuetudinario hasta que a fines del siglo XIV en alguna comarca, como las Encartaciones, queda fijado por escrito. A su vez, la preocupación por redactar el derecho general de Vizcaya es ya asumida por las Juntas generales que en 1452 constituyen una comisión al efecto. Fruto de su trabajo es un libro de doscientos artículos, el llamado Fuero Viejo de Vizcaya, que habrá de regir tanto en la tierra como en las villas. Los reyes castellanos tuvieron que jurar ese Fuero viejo para ser reconocidos como señores de Vizcaya. El derecho de las villas, es decir, el propio derecho de los fueros mun icipales, se nutrió fundamentalmente del Fuero de Logroño. El influyente texto riojano penetró así con tanta o mayor fuerza en Vizcaya que en Ala va. Allí sin embargo, desde fines del siglo XIII se forman nuevas villas con estatuto jurídico a petición de los propios vizcaínos, lo que da lugar a un derecho singular que la misma comunidad ha de aprobar.

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Pese a la teórica imposición del Fuero Viejo en las villas, las discrepan- 1s entre su ordenamiento jurídico y el derecho de la tierra llana se agudiu:i a lo largo del siglo XV. Tras varios conflictos entre los bandos rivales, ~orregidor Garci López de Chinchilla aplica en 1484 a Bilbao ciertas or3:ianzas dadas antes a Vitoria, cuya extensión ulterior a otras localidades _ovoca nuevas discordias. Finalmente, con el acuerdo de los representande las villas, el corregidor dicta las llamadas Ordenanzas de Chinchilla, _e fueron confirmadas en 1489. Estas Ordenanzas fortalecen la jurisdic- Jn del monarca y refuerzan además, como el profesor Monreal ha desta- o, el dualismo jurídico entre la tierra llana y las villas.

Lll.\ Orde11wr~,u

deChi1wh11/a

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463

24.

EL DERECHO EN ARAGON Y NAVARRA

L La génesis común: el Derecho de Arag6n y Navarra hasta entrado elsiglo XII

El derecho de Aragón y Navarra tuvo raíces comunes, pues ambos pue:los compartieron la primera etapa de formación y desarrollo de sus res;iectivos ordenamientos jurídicos. Esa identidad inicial fue reflejo de la istoria que aragoneses y navarros vivieron juntos, desde los albores de la Reconquista hasta bien entrado el siglo XII. La historia común giró en principio en torno al reino de Pamplona, al cual se incorpora en la primera mitad del siglo X el condado de Aragón. Tras un paréntesis disgregador, ocasionado por el reparto de los territorios que Sancho 111 hace entre sus hijos ( 1035), la unidad se recupera en torno a Aragón . El reino aragonés integra a los condados de Sobrarbe y Ribagorza , y el monarca Sancho Ramírez es proclamado rey por los navarros en el año 1076.

La muerte de Alfonso el Batallador en 1134 divide el rumbo político y jurídico de uno y otro pueblo. Desde entonces Aragón se orienta hacia Cataluña, mientras Navarra persiste como reino independiente bajo influencia francesa. Cada unidad política desarrollará por consiguiente su propio derecho. Es oportuno en consecuencia examinar primero aquella etapa común, y seguir luego por separado las fuentes jurídicas de uno y otro reino. A) EL DERECHO CONSUETUDINARIO PRIMITIVO

Los territorios pirenaicos fueron reconquistados a los musulmanes por los reyes francos , originándose así una dependencia que debió ser más teórica que real, y que en todo caso se desvaneció desde mediados del siglo IX. Estas circunstancias hacen presumir el influjo franco en aquel primitivo derecho navarro-aragonés, presente en las costumbres de los diversos valles y comarcas. No se conoce ni maneja el liber ludiciorum, pero la tradición jurídica visigoda persiste fragmentariamente con el uso de formularios y documentos de aplicación. Las sentencias judiciales, llamadas en

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ESPAÑA MEDIEVAL

Aragón iuditia, no hacen referencia en el siglo X a ningún tipo de ordenamiento. Cabe en suma decir, por lo que sabemos y por lo que ignoramos, que ese derecho altopirenaico debió ser rudimentario y costumbrista. B) EL FUERO DE JACA Cmzce.'iilm .

E.xµmuián rlt!I F uero.

El año 1063 Sancho Ramírez concedió un fuero a la villa de Jaca, con el propósito de atraer población, facilitando un derecho igualitario y un clima de libertad. Jaca queda convertida en ciudad (ego volo constituere civitatem in mea villa que dicitur laka), sus habitantes son relevados de los "malos fueros" hasta entonces en uso, y reciben en cambio otros "buenos" que fundamentalmente garantizan la propiedad privada, limitan las obligaciones militares y reconocen amplias facultades en el aprovechamiento y disfrute de los pastos . El Fuero de Jaca propició el asentamiento de importantes contingentes de artesanos y mercaderes extranjeros , ocasionando una revolución en la estructura económica y social del reino (Lacarra). Muchos de esos extranjeros o francos aparecen asimismo en los burgos o barrios de Estella en la segunda mitad del siglo XI, ciudad que recibe del propio Sancho Ramírez un fuero a imitación del de Jaca. El Fuero de Jaca fue así modelo para el otorgamiento de otros muchos textos locales, en esta etapa y en la siguiente, con lo que su predominio sirvió para territorializar el derecho en la zona subpirenaica. En los primeros años del siglo XII fue dado a Sangüesa y a los habitantes del "burgo nuevo" de San Cernin en Pamplona, adaptándose el fuero aragonés a circunstancias jurídicas y sociales notoriamente distintas. Respecto al Fuero del burgo de San Cernin ( 1129) , hay que señalar que e l barr io formab a parte del dominio del obispo de Pamplona . mientras Jac a e n ca mbi o ha bía sido una villa regia. Los jacetanos fueron villanos con vertidos en.francos, pero la franqu eza era ya en Pamplona una realidad cuando los vec inos de l barri o rec ibieron e l fuero.

Ventnjns JllrMirn.,·.

¿Por qué el éxito del Fuero de Jaca? . El texto introdujo en España la adquisición de la propiedad por la posesión de un año y un día, limitó el duel o judicial como medio de prueba al no ser imperativo que el jacetano lo practicara con los de fuera sin acuerdo de los vecinos, defendió la libertad por cuanto nadie podía ser detenido si aportaba fiadores idóneos, fue tolerante en el castigo de los delitos sexuales, y estableció, en fin , múltiples garantías J~ carácter procesal. Como denominador común, segurid{l{/jurídica. No era elle. poco a las alturas del siglo X, en una zona visitada por la heterogénea muchedumbre de quienes iban y venían por el Camino de Santiago.

LAS FUENTES EN ARAGON Y NAVARRA

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C) EL DERECHO NOBILIARIO DE SOBRARBE

A diferencia del derecho burgués de Jaca, la comarca de Sobrarbe =-nera otro de carácter nobiliario y militar, estrechamente ligado a las ~esidades propias de la Reconquista y de quienes, participando en . desean tierras como recompensa. En su notable estudio sobre los _eros aragoneses, Jesús Lalinde ha destacado la peculiaridad de ese de::'!Cho privilegiado: "Lo que sucede es que mientras el modelo burgués, es decir, el Fuero de Jaca, aparece bastante concretado, no va a suceder lo mismo con el modelo nobiliario o de infanzones, entre otras razones porque ellos no van a constituir ningún núcleo urbano en exclusividad, sino que. forzosamente. lo van a comparcir con burgueses y campesinos. siendo entonces difícil distinguir lo que les caracteriza específicamente" (Los Fuero.1· de Aragón, 28) .

El derecho de Sobrarbe fue concedido a la localidad de Alquézar en el úl. mo tercio del siglo XI, y por Pedro I a Barbastro en el año 1100, con lo que !.Sta ciudad quedó regida por infanzones. En el siglo XII el ordenamiento jurídi- altoaragonés se otorga unas veces como "Fuero de Sobrarbe" y otras como .:-uero de los infanzones de Aragón". Ejemplo del primer caso fue el Fuero :_;: Tudela, cuyo núcleo se atribuyó a unos legendarios "fueros de Sobrar:ie", presuntamente redactados en la comarca aragonesa para aplicarse en España.

Fut:ro.,· de Alq11é:nr y8arbflslm.

Junto al auténtico Fuero de Sobrarbe están en consecuencia estos otros. utópicos, producto probablemente de una falsificación con fines políticos. El alemán Konrad Haebler los calificó de " ingeniosa superchería". Recientemente el profesor Jesús Morales ha destacado la variedad de textos y fenómenos jurídicos a los que los autores se han referido con la equívoca titulación de Fuero.\' de Sobrarbe . A partir de ahí. Morales expone una convincente valoración de esas titulaciones y concluye calificando a los Fueros de Sobrarbe de fenrímeno hi.l"lo· riográfico político.

Zaragoza recibió en 1119 aquel "Fuero de los infanzones", arrebatando a Barbastro el protagonismo del derecho nobiliario; y diez años después el privilegio llamado tortum per tortum o "de los veinte", nombre que responde a la legitimación de los habitantes de la ciudad para tomarse la justicia por su mano ("daño por daño"), y que se tradujo en la elección de veinte ciudadanos que juraban los fueros y que a su vez recibían el juramento de los demás. Los fueros de Zaragoza de 1129 sustituyen a los anteriores y fueron dados en esta etapa a pequeñas localidades de la zona.

,..~uero.'i de

l.i,ra,,:o:I1.

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ESPAÑA MEDIEVAL

11. El desarrollo del Derecho aragonés A)

LA PRIMERA ETAPA: MEDIADOS DEL SIGLO XII A MITAD DEL SIGLO XIII

Tras la separación de Navarra en 1134, la historia de las fuentes del derecho aragonés da cabida a dos grandes etapas, diferenciadas por la promulgación de los Fueros de Aragón o Código de Huesca en 1247 . En los largos cien años de la primera, es posible a su vez apreciar tanto la expansión del derecho autóctono aragonés que se territorial iza, como el arraigo en la zona de la extremadura aragonesa de un derecho producto de influjos castellanos. 1. Car1mde

poblal'ián.

Territorialización del derecho aragonés

El fuero de Zaragoza se difunde profusamente en la segunda mitad de l siglo XII, concediéndose no sólo a localidades aragonesas, sino también a otras catalanas y a algunas que se reconquistan en el nuevo reino de Valencia. Surgen así cartas de población de acusada similitud, la mayoría de ellas de estructura muy simple y otras más complejas como la de Alcañiz, elaboradas a modo de auténticos estatutos locales. La relativa identidad de las cartas pueblas se percibe no sólo entre las aragonesas, sine también entre éstas y las de Ca taluña y Valencia. Font Rius ha calificado de "paralelisrn.. impresionante" el que por ejemplo se da entre la citada de Alcañiz y la catalana de Horr; de San Juan.

Bme.< del tiererho le rritorinl.

Al incremento de territorios reconquistados no correspondió sin embargo en el siglo XII una paralela multiplicación de los fueros locales o de los privilegios. Predominó por ello un derecho consuetudinario, fijado mediante sentencias judiciales o por la labor de los juristas prácticos, quienes redactan el fuero o desarrollan, explican y comentan los textos existentes Ahora bien, ¿cuál es el punto de referencia común al recopilar y construip ese "fuero de Aragón"?. O dicho de otra forma, ¿cuál es el texto básico sobre el que se realiza la territorialización del derecho aragonés?. La inmensa mayoría de los autores se remiten al Fuero de Jaca. Lalinde, en cambio, h.:. aducido buenas razones en favor de otra tesis distinta: el derecho territoria de Aragón habría sido fruto del triunfo del ordenamiento jurídico nobili ria o militar de Sobrarbe, sobre el burgués jacetano. La penetración d~ aquél por Barbastro y Zaragoza y su ulterior expansión, confieren crédito esta conjetura que en todo caso no afecta a los territorios de la extremadur.. aragonesa, cuyo derecho se forma sobre bases distintas, de estirpe e influencias castellanas.

LAS FUENTES EN ARAGON Y NAVARRA

2.

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los fueros del Bajo Aragón

El proceso reconquistador había acuñado el término extremadura para -eferirse a los territorios situados más allá del Duero (extrema Durii) . '"'on la creciente expansión, esa misma voz alude a una zona geográfica más . plia, coincidente en Aragón con las tierras del sur del Ebro, limítrofes • n los dominios musulmanes. La extremadura aragonesa aparece pues • nstituida por las comarcas más meridionales que en el siglo XII figuran _ mo avanzadilla "in extremo" sarracenorum. También a esos territorios se pretendió extender el derecho nobiliario toaragonés, y el fuero de Daroca menciona por ejemplo a los "barones y _ bladores" de la ciudad. Tal propósito debió resultar sin embargo ina:xuado, porque ciertamente mal podía servir como ordenamiento jurídico esta zona, agobiada por necesidades militares, un derecho como el de infanzones que prácticamente eximía del deber de tomar las armas. ?Jra llevar allí gentes y disponerlas a esa tarea, era preciso en cambio una - rrnativa de corte igualitario, atenta a fortalecer el poder de aquellos con.ejos que habrían de afrontar nuevas y acuciantes necesidades. Existiendo el modelo en Castilla, se favoreció la proyección de su derecho concejil las localidades de la cuenca baja del Ebro. Los fueros de la extremadura aragonesa tuvieron un fondo común -tal vez el Fuero de Seria-, reelaborado inicialmente en el Fuero de Calatayud, existiendo luego un texto revisado y más completo que sirve :e modelo a los fueros de Daroca, Alfambra y Teruel. Este último, otor=ado por Alfonso II en 1177, alcanzó un notorio relieve al difundirse ;,or los territorios circundantes y mantenerse vigente a lo largo de tres si=los. 1

B)

LA LEGISLACION OFICIAL: LOS FUEROS DE ARAGON O CODIGODE HUESCA

Ante la existencia de diversas redacciones privadas de derecho con·uetudinario, el rey Jaime I ordena su corrección y síntesis en un primer ·exto oficial. Se forma así una recopilación de ocho libros, relativos a de-echo privado, penal y procesal, que es aprobada en las Cortes de Huesca ...e 1247. La obra será conocida como Fueros de Aragón, Código de Huesca o Compilación de Huesca. Objetivo del código fue dar término a la inseguridad derivada de las distintas y no concordes redacciones privadas, estableciendo un texto que recoja el derecho tradicional del Alto Aragón adecuado a las exigencias y circunstancias del siglo XIII. Pese a su limitación temática, los Fueros de

lnatlec·unn'ún de/derecho noú;/inrio. Rerepnlm del rastellmw .

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Aragón quedan como único cuerpo legal vigente, siendo prohibida la alegación de cualquier otro ordenamiento ante los tribunales. A tal efecto, y para un adecuado conocimiento general, la versión latina sancionada por la asamblea oscense es traducida al romance. El Instituto Max-Plank de Frankfurt publicó en 1979 una pulcra edición facsímil de la edición latina del Código de Huesca, agrupada junto a otros textos aragoneses en el volumen VIII de la colección Códigos medievale.r de lo.r paíse.1· europeos. La tarea corrió a cargo del profesor Antonio Pérez Martín . quien es autor de una introducción a la obra. 1 De la versión romance hay dos ediciones . Una es debida principalmente al profesor Lacruz Berdejo. La otra, al eximio hispanista sueco Gunnar Tilander. fundador en su país de una escuela de estudiosos de nuestros textos jurídicos medievales de Aragón y Navarra . El aU/orde lo.\· Fuero.'i de:

Arn.i:ón.

El " Vida/ Mayor ".

¿Quién llevó a cabo esa compilación de los Fueros de Aragón?. Tradicionalmente se ha supuesto que el obispo de Huesca, Vidal de Canellas. Sin embargo el profesor Martínez Díez ha puesto en duda que los testimonios de tal atribución resulten por sí mismos concluyentes. Dado no obstante que Canellas era jurista y obispo de la ciudad donde las Cortes se celebraron, resulta más que probable que su mano esté detrás de esa notable compilación de leyes o fueros. Muy probable, pues, pero no del todo seguro. No hay dudas, en cambio, de que el prelado oscense fue autor de una importante obra complementaria de los Fueros de Aragón. Se trata de otra compilación de nueve libros -la compilatio maior, a diferencia de la anterior, compilatio minar-, conocida por el título latino de sus primeras palabras, In excelsis Dei thesauris, o más sencillamente con el nombre de Vida[ Mayor, propio de su versión romance. Ahora bien, ¿qué sentido tiene una obra de semejante envergadura junto a un Código de Huesca de no pequeñas proporciones?. ¿Por qué Jaime I encargó esta segunda compilación al erudito obispo?. El Vida[ Mayor debió ser redactado para interpretar y aclarar los preceptos de los Fueros de Aragón. Estos recogían un derecho antiguo y tradicional, prácticamente limitado a las cuestiones propias de los pleitos entre particulares, y señalaban que en su defecto se acudiese al sentido natural o a la equidad. En principio, pues, quedaba cerrado el paso a la utilización del derecho romano-canónico. Sin embargo, la apelación a la equidad como fuente supletoria del ordenamiento aragonés, abría la posibilidad de remitirse a las fórmulas arbitradas por ese derecho más culto, cuyos redactores y comentaristas habían perfilado ya lo que era o no equitativo. En este sentido, el Vida[ Mayor. como obra exegética de un jurista, pudo facilitar la penetración del ius commune marginado en la atmósfera nacionalista de las Cortes de Huesca .

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Junto a la compilación oficial del código oscense, ¿qué carácter tuvo el Vida[ Mayor?. Para un sector doctrinal se trata de una obra de naturaleza privada, en la que su autor aclara el texto oficial que antes redactó. Esta fue la posición del sueco Tilander y es ahora la de Lalinde. Otros especialistas creen en cambio que adquirió cierto reconocimiento oficial. Tal interpretación, propugnada por estudiosos holandeses y alemanes, ha sido acogida entre nosotros por Pérez Martín, para quien Jaime I quiso desde luego atribuir a esa obra valor legal, rigiendo como tal al menos parcialmente. La oficialidad rotunda del Vida[ Mayor es defendida, en fin, por Martínez Díez. Según este autor, tras ser aprobado el texto, fue promulgado por Jaime I "de la manera más solemne", tanto para los jueces como para cualquier ciudadano de Aragón. Morales Arrizabalaga, en fin, subraya que esta obra será la primera colección sistemática de los fueros del territorio de Aragón. C)

Naturale::n privada o ptí· úlim del ··v;. da/Mayor".

DESARROLLO ULTERIOR: LOS FUEROS DE ARAGON COMO SISTEMA JURIDICO PACCIONADO

Tras realizarse la compilación oficial, los fueros del Código de Huesca no quedaron como cuerpo jurídico cerrado y rígido. Desde su promulgación le fueron incorporados otros fueros o leyes dictadas en Cortes, así como las disposiciones de gobierno (actos de Corte) acordadas en esas asambleas. Con ello los Fueros de Aragón adquieren al término de la Edad Media una estructura definitiva en doce libros. Los ocho primeros se corresponden con el propio Código de Huesca, más ciertas adiciones hechas al libro octavo de textos de la segunda mitad del siglo XIII. Los cuatro últimos recogen esos fueros y actos de Corte desde principios del XIV. La característica esencial de la normativa posterior es el logro de un régimen jurídico pactista, es decir, de algo no impuesto unilateralmente por el rey, sino convenido o pactado entre él y los aragoneses. Ello fue posible debido al tenaz enfrentamiento de la nobleza con el monarca en los últimos años del reinado del propio Jaime I y en la etapa siguiente. Los Fueros de Aragón incorporan así a su libro octavo dos textos fundamentales: los Fueros de Ejea, de 1265, y el llamado Privilegio general, de 1283. Aquéllos consagran la figura del Justicia Mayor, quien asume la jurisdicción transaccional entre rey y reino, o propiamente entonces entre rey y nobles. Por el Privilegio General el monarca se compromete a observar y respetar las costumbres, privilegios y fueros del reino, con lo que resulta vinculado por un auténtico pacto que él por sí solo no puede romper. Se considera, pues, de cara al futuro, un sistema jurídico que permite el control del poder real y evita sus excesos. Al garantizarse además el régimen procesal con jueces

Lo.,· Fuero., de ArttK<Íll trmdCrídigo de Hue.H·n .

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de Aragón, en cuyo territorio deben sustanciarse las apelaciones, se configura en suma lo que Lalinde describe como "democracia de corte nacionalista". D) LAS "OBSERVANCIAS"

El derecho de los fueros es interpretado por los juristas aragoneses en consonancia con las normas propias de la recepción romano-canónica. Esos juristas recogen los usos y costumbres admitidos en los tribunales del reino, y especialmente en la curia del Justicia Mayor, armonizándolos con los principios del derecho común. Mediante tal tarea arbitran soluciones prácticas que los jueces convierten en sentencias. En la medida en que la interpretación debe ser "observada" o guardada, estos preceptos de un derecho nuevo reciben el nombre de observancias. Las observancias se reúnen en colecciones, cuyos autores suelen ser los propios justicias de Aragón o sus lugartenientes. Entre los justicias hay que mencionar a Martín de Sagarra, Jimeno Pérez de Salanova. Sancho Jiménez de Ayerbe y Pelegrino de Anzano. Entre los lugartenientes. a Jaime de Hospital. Observanl'im de Jaime tfe Hospilnl.

Las Observancias del reino de Aragón de Jaime de Hospital constituyen la más importante colección de ese peculiar derecho aragonés. Elaborada en la segunda mitad del siglo XIV, la obra de Hospital adopta en nueve libros una estructura paralela a la de los Fueros de Aragón. En cada títul o de esos libros -correspondientes los ocho primeros al Código de Huesca. y el noveno a los fueros dados por Jaime II - , el autor realiza una triple tarea. Primero resume esos fueros u otros relacionados con ellos. A continuación recoge las observancias al respecto, tanto las de autores anteriores como las conocidas por él mismo en su actividad forense. Finalmente plantea las cuestiones jurídicas (quaestiones íuris) que hay que resolver. Aplica entonces el derecho aragonés y el común . Las Ob.1·ervnnc:in.1· de Hospital ocuparon en los años treinta la atención de dOI: Alfonso García-Gallo. La labor iniciada entonces fue culminada casi medio siglo despu6 por su discípulo, el profesor Martínez Díez, quien en 1977 llevó a cabo una irreprochabl edición de esa obra . Por su parte, el profesor Antonio Pérez Martín ha publicado recientemenr, las Observancins de Pérez de Salanova.

Las Observancias de Hospital ponen de manifiesto un fenómeno de sumo interés, cual es la asimilación efectiva del derecho romano en la práctica judicial aragonesa. El culto lugarteniente hace uso de los textos del derecho común sin alegarlos de modo explícito. Con ello la observancia aparece como costumbre propiamente aragonesa. Cabe en consecuencia

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ir que el rechazo al derecho romano, ostensible en los Fueros de Aran, se debilita en la práctica a través de esta segunda vía. Antes vimos lo _tativo al Vidal Mayor y a la brecha abierta al acudirse subsidiariamente al ntido natural y la equidad. Ahora, los principios romanos se disfrazan de goneses en esa práctica judicial autóctona. En el siglo siguiente, las Cortes de Teruel de 1428 encargaron al justiMartín Díez de Aux que con una comisión de letrados reuniese los usos, servancias y actos de Cortes. La obra se llevó a cabo en la década siiente y fue publicada en 1437 con el título de "Observancias y costumbres • reino de Aragón" (Observantiae consuetudinesque Regni Aragoniae). La mpilación de Díez de Aux se basa en buena medida en la de Hospital, de que copia literalmente más de la mitad de los preceptos. Hace gala, no _ tante, de un estilo más elaborado y abstracto, prescindiendo de los resúnes de fueros y omitiendo también los casos concretos, para destacar en • mbio la norma reguladora. Según se había previsto, las Observancias de Díez de Aux no debían tener autoridad que la que ya disfrutaban los textos en ellas recogidos. Con su . _blicación, sin embargo, sucedieron dos cosas. Por una parte se fosilizó ese ""'!'gimen jurídico y ya no se publicaron obras nuevas, quedando las de Díez de - ....x como las Observancias por antonomasia. Además, adquirieron de hecho autoridad superior a la que los mismos o semejantes textos habían tenido es, llegando incluso a prevalecer sobre los propios fueros.

Ob.,t:rvnndn.\ de Díez de A11x.

E) EL SISTEMA DE FUENTES EN EL SIGLO XV

Desde la aparición de la obra de Díez de Aux, el sistema jurídico araés tuvo una doble base: los Fueros de Aragón y las Observancias, com. nentes ambos del derecho general del reino. Ahora bien, a efectos de la _plicación de las fuentes, hay que reparar en dos características que deterinan el orden de prelación. En primer lugar, la primacía que se reconoce derecho local, escrito o consuetudinario, sobre aquel derecho común del reino. En segundo lugar, el destacado relieve logrado por las Observancias ie Díez de Aux, que se imponen a los fueros anteriores a ellas y en cambio ceden en rango ante los fueros posteriores. En consecuencia, el orden de ?relación de fuentes queda así: a) derecho local; b) fueros y actos de Corte posteriores a 1437; c) Observancias de Díez de Aux; d) fueros de Cortes 1Ilteriores a 1437 y posteriores a su vez al Código de Huesca; e) Código de Huesca. En defecto de todos esos textos, habrá que juzgar con arreglo al sentido natural y a la equidad. Señalemos finalmente la preocupación por afirmar el carácter autóctono del derecho aragonés, cuyo peculiarismo había sido exacerbado en los

Ordm deµrrlná(m tfeji1e111es.

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siglos anteriores con alusiones a los quiméricos fueros de Sobrarbe. Al ser éstos esgrimidos por los navarros como fuente inspiradora de algunos de sus textos jurídicos, el lugarteniente Martín de Sagarra rescata la leyenda en la segunda mitad del siglo XIV, centrándola en tierras de Aragón, de lo que más tarde se hace eco Antich de Bages, secretario real y glosador de las Observancias de Díez de Aux. 111. El desarrollo del Derecho navarro A) EL LOCALISMO JURIDICO HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XIII

Según observamos, el derecho de Jaca y de Sobrarbe se había concedido en la primera etapa a algunas ciudades navarras. Junto a esos dos tipos diferenciados de ordenamientos locales, cobra relieve la penetración del derecho de la extremadura castellana, al recibir Cáseda el Fuero de Soria y Carcastillo el de Medinaceli, así como la formación de dos núcleos jurídicos independientes constituidos por el Fuero de Viguera-Val de Funes. y por los llamados Fueros de la Novenera. l.

El Fuero de Viguera y Val de Funes

A comienzos del siglo XII, Alfonso el Batallador concedió a los vecinos de Funes, Marcilla y Peñalén -localidades del valle de Funes, en la confluencia de los ríos Aragón y Arga- que en premio a su lealtad pudieran regirse por un fuero de Calahorra, para nosotros desconocido. Posteriormente se redactó una recopilación privada de textos, el Fuero de Viguera y Val de Funes, atribuidos al mismo monarca, cuya naturaleza ) origen resultan confusos. Se trata de un amplio ordenamiento de casi quinientos capítulos, posiblemente formado por un núcleo originario de 1 época de Alfonso I y diversas adiciones ulteriores. Recoge tanto el derecho civil y penal de los villanos, como un derecho privilegiado relativo a infanzones. El texto debió tener larga vigencia, pues nos consta que todavía fue copiado a fines del siglo XV, y se extendió a otras varias localidades navarras de la zona. 2.

Los Fueros de la Novenera

Los Fueros de la Novenera son los de cinco localidades navarras: Artajona, Larraga, Berbinzana, Mendigorría y Miranda. Formados en la segunda mitad del siglo XII, se caracterizan por el otorgamiento de

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:irivilegios de carácter fiscal, político y militar, entre los que destaca la exen::1ón del pago de la novena parte de los frutos que los labradores debían al rey, na vez descontado el diezmo eclesiástico. En tanto en cuanto esa comarca satisfacía antes la novena, se llamaron paradójicamente Fueros de la Noveera los textos que suprimieron tal tributo. Admitiendo la existencia en Navarra de tres tipos de fueros de carácter personal -de infanzones, ruanos o francos, y labradores-, los de la No,enera representan este último tipo. Sus 317 capítulos se dirigen a gente del campo, bajo la forma de un ordenamiento prolijo y detallado, no exento de caracteres de primitivismo y rudeza. Los preceptos contenidos en estos Fueros de la Novenem alcanzan a los más diversos aspectos de la vida social. De e llos -y de otros textos- ha hecho buen uso el profesor Orella para reconstruir los comportamienro.1· y menwlidade.1· de la historia vasca.

B) EL DERECHO DEL REINO: EL FUERO GENERAL DE NAVARRA

La formación del derecho general tiene lugar en Navarra mediante la iniciativa privada de diversos juristas, quienes en el siglo XIII fijan por escrito las normas jurídicas vigentes de tiempo atrás. En el reinado de Teobaldo I, primer monarca francés, uno de esos textos aparece como Fuero General de Navarra y logra notable autoridad. Desplaza progresivamente a los fueros locales y llega a encarnar, ante una dinastía extranjera, el derecho propiamente navarro que los reyes deben respetar y jurar. No sabemos quién fue el autor del Fuero General, pero a la vista de la obra cabe presumir que sus conocimientos históricos fueron tran frágiles como sólidos los jurídicos. El prólogo es un conjunto de anacronismos rayanos en la excentricidad. Relata la pérdida de España por don Rodrigo y las subsiguiente intervención del papa, quien con lombardos y francos habría aconsejado a los altoaragoneses que escribieran sus fueros antes de ser elegido rey don Pelayo. Estos y otros despropósitos -el texto convierte a Vespasiano en rey moro- contrastan con el buen conocimiento de los fueros que el autor exhibe. El Fuero General de Navarra consta de seis libros escritos en romance, y recoge jurisprudencia, notas o apuntes de algunos justicias de la curia, artículos de fueros y ciertas disposiciones reales. El último de los libros está compuesto de fazañas, algunas de las cuales no son propiamente decisiones judiciales, sino fábulas y cuentos costumbristas. Es de notar que la imposición del Fuero General no impidió el mantenimiento de los fueros locales, lo que dio lugar en ocasiones a no poco confusionismo. Aquél fue concedido a determinados lugares para regular el conjunto de su régimen jurídico, o bien

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sólo partes de él, mostrando además acusada similitud al tratar algunas instituciones con los otros fueros navarros que antes examinamos. Aparece, en fin, estrechamente relacionado con el Fuero de Jaca y los de Aragón. En la estructura del Fuero General de Navarra reviste especial interés el llamado Fuero Antiguo, conjunto de doce artículos que tal vez fueron el núcleo inicial de la obra. Como destaca la profesora Mercedes Galán, entre ellos reviste especial interés la ley primera relativa al alzamiento de los reyes al ser reconocidos como tales (con el consiguiente juramento regio de amejorar los fueros y beneficiar a los naturales del reino), que esta autora considera "base del sistema constitucional navarro". "Amejoramientos ".

Los

Vías de penetración del derecho común.

El Fuero de Navarra sólo podía ser modificado o mejorado por los reyes con el acuerdo de las Cortes. De hecho, esto sucedió dos veces, dando lugar a los Amejoramientos de Felipe III en 1330 y de Carlos III en 1418. El primero se realizó por unos delegados del rey y dieciséis representantes del reino. En el segundo participaron las Cortes, pero no nos consta la presencia de comisionados regios. Los Amejoramientos debían incorporarse como apéndices al Fuero General de Navarra. Así se hizo con el de Felipe III, reproducido en las ediciones del Fuero, pero no con el de Carlos III, que fue objeto de publicación independiente. Habida cuenta de la atonía legislativa de las Cortes navarras en este período, hecha salvedad de los Amejoramientos mismos, el Fuero General y los locales constituyen el sustento del sistema jurídico. Pero a ello ha de sumarse el derecho consuetudinario, recogido en una práctica judicial que también debió tener muy en cuenta el derecho romano. En cuanto al significado de éste, Lacarra rectificó ya hace medio siglo la rotunda afirmación de Hinojosa de que el derecho navarro medieval se había visto libre del influjo romano-canónico, mostrando una serie de documentos que denunciaban su aplicación. Para Lacarra el ius commune se abrió camino por dos vías: la canónica, en base a las relaciones de los obispos pamploneses con Francia y a la presencia de clérigos juristas; y la judicial del tribunal de la Cort Mayor, donde figuraban expertos formados en las universidades extranjeras y singularmente en la de París. El derecho romano no penetró pues en los códigos, pero se hizo presente en cambio a través de las sentencias de quienes los aplicaban.

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_5_ EL DERECHO EN CATALUÑA, MALLORCA Y VALENCIA

L El punto de partida: los Capitulares Francos

Al producirse la ocupación musulmana, los hispani de Cataluña se rigen por el derecho visigodo, que logran también conservar cuando quedan .>ajo la dependencia de los reyes francos. En esta situación domina allí la .ex gothica, pero careciendo de un sistema político propio y formando parte de la estructura carolingia, los territorios catalanes se ven sujetos a las normas superiores dictadas por los reyes francos, las cuales, aun reconociendo el derecho visigodo, condicionan y limitan su aplicación. Esas disposiciones de los monarcas ultrapirenaicos reciben el nombre de capitulares. Los capitulares procuran resolver los problemas derivados de la incorporación al sistema político franco de una comunidad, cuyo derecho se intenta en lo posible respetar, salvaguardando al tiempo los intereses de la monarquía dominante. Esas normas tratan en consecuencia de cuestiones como la adquisición de tierras mediante la ocupación y el cultivo (aprissio), obligaciones de carácter militar o prestaciones que los hispani han de cumplir. Con independencia de las disposiciones de aplicación general en todo el ámbito de la monarquía carolingia, tres reyes dictaron capitulares expresamente dirigidos a Cataluña en razón de aquellos problemas. En el año 812, un capitular de Carlomagno, destinado a los diversos condes y entre ellos al de Barcelona, reguló la condición de los españoles, resolviendo la poco cómoda situación de quienes ya años atrás habían protestado por los abusos y excesos de esos condes francos . Ludovico Pío fue por su parte autor de dos capitulares, fechados el 815 , a propósito de la administración de justicia y de la propiedad territorial. En el año 844, otro capitular de Carlos el Calvo se ocupa de temas similares y autoriza el uso del derecho visigodo, excepto en las causas criminales de homicidio, rapto e incendio.

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Carlmnag110. L11dm 1w0Píor Carl.11,;1..'/Ca/vo.

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ESPAÑA MEDIEVAL

11. Cataluña A) LA ETAPA DE FORMACION: LAS CARTAS PUEBLAS

Consideramos etapa de formación del derecho catalán la comprendida entre los siglos IX y XIII. Se caracteriza por el mantenimiento y posterior ocaso de la legislación visigoda del Líber, por la aparición de cartas de población y franquicia con las que los condes pretenden hacer frente a las nuevas necesidades, y finalmente por la expansión de un ordenamiento jurídico de signo feudal a través de los usatges, es decir, de las constituciones de los condes de Barcelona y de los acuerdos de su curia. Geográficamente esa elaboración del derecho se desarrolla en la zona del norte, denominada luego "Cataluña Vieja". Demd,ncin del La persistencia del derecho visigodo tiene lugar a través de un Líber luLiba ludiciorum. diciorum anquilosado e inflexible. Los capitulares francos pueden reconocer y reconocen de hecho su vigencia, pero las nuevas disposiciones -fruto de los problemas que surgen- no se incorporan a ese texto, cuya renovación es prácticamente nula si se exceptúan algunas leyes añadidas merced a la iniciativa eclesiástica. El clima de violencia surgido en el siglo XI dará Jugar a un derecho complementario, que por una parte modifica prescripciones arcaicas del código y por otra llega a cristalizar en textos distintos. Se da al tiempo una progresiva confusión entre derecho legal y consuetudinario, que difumina el contorno preciso de los preceptos del Líber. Todo ello conduce a su agonía, en expresión del profesor Iglesia, aunque la tradición jurídica visigoda persista en parte integrada en la propia catalana, y el derecho del Líber ludiciorum sea reconocido como supletorio de algunas nuevas costums locales. Cnnas 1e ¡1oúlnt'i
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Con respecto a las de otros territorios, las cartas de población y franquicia -~lanas se nos muestran como de contenido más sucinto y restringido. La :ersistencia del derecho visigodo y la misma urdimbre jurídica feudal, deter-· naron probablemente que esos textos no desarrollaran un ordenamiento ju-idico extenso, como sucedió en Castilla, Aragón o Navarra, limitándose a -.enudo a la estricta finalidad de expresar la condición jurídica de los lugares ue debían ser repoblados, o a mejorar el derecho anterior con algunas exen:mnes y privilegios. En la gran recopilación de cartas publicada por Font, _onstituyen una reducida minoría aquellas que aparecen como auténticos es:.JIUtos jurídicos locales. La concedida a Cardona en el año 986 simboliza el · pode carta de población y franquicia de ambiciosas pretensiones. Ocasionalmente las cartas pueblas altomedievales remiten en Cataluña derecho general, con lo que éste de alguna forma se concreta y cobra una :::iás precisa vigencia local. Representan en suma la expresión de ese Joca1smo jurídico, congruente al transcurrir el tiempo con el inevitable proceso je generalización de las normas:

Camf"terc:.,dr: /a.\· 1·arlfL'iµue/Jla.,

rotnlmin., .

··El papel de las cartas de población y de las canas de franquicia en Cataluña suele. pues. dentro de la heterogeneidad de su tipoiogía ... reflejar la avanzadilla de un derecho local, sencillo y rudimentario, que regularmente cobraría ulterior desarrollo con el desplit:gue de fuentes más completas y comprensivas en su contenido normativo, y que pouía encuadrarse sin violencia en el sistema más amplio de un derecho general del país". (Font Rius. Cartas de poblacián y franquicia de Cataluña, 11, 65).

La singularidad más notable de esta etapa formativa la constituye, en fin , :a aparición de un derecho nuevo a través de los usatges, estrechamente vinculado a las instituciones políticas y a la regulación de la estructura feudal propia de Cataluña. Ya nos referimos, al tratar del feudalismo, a esa colección de usos judiciales que surge precisamente como respuesta a unas situaciones sociales cuya regulación era inviable desde la perspectiva tradicional del derecho visigodo. Sí conviene ahora advertir la temprana e intensa recepción del derecho romano en aquellas comarcas, debida entre otras cosas a su cercanía a los territorios italianos y del mediodía francés. Ya Hinojosa destacó en su momento el flujo de clérigos de Gerona y de otras zonas que, desde la segunda mitad del siglo XII, se asomaron a los nuevos horizontes para estudiar derecho canónico y romano. La propia colección de los Usatges barceloneses dio cabida a ciertos capítulos de las Exceptiones legum romanorum. Todo concurre, en fin, a la recepción teórica y práctica del derecho romano, cuyo efecto se hará ostensible en los textos catalanes de los siglos siguientes. Como síntoma de la gravitación del derecho romano en la Cataluña altomedieval. baste señalar que el profesor Iglesia se preguntó ha<.:t: algunos años -en 1983- sobre la posibilidad de que el mismo código de Justiniano hubiera si do conocido allí en esa época . Con independencia de la respuesta -más que problemática-. el mero hecho de plantearse esta cuestión es bien significativo.

Dem ho Jeudnl euiflujodel tlen:cho mmww.

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B) EL DERECHO CATALAN DESDE EL SIGLO XIII

Cnrnrl f!rt's de In t.•voilu·tún

¡urítlim .

A mediados del siglo XII los condes catalanes se han convertido en príncipes y reyes de Aragón. Por entonces, la conquista de ciudades como Tortosa y Lérida, configura un nuevo marco territorial, la Cataluña Nueva, cuya fisonomía jurídica difiere notablemente de la que hemos observado en las zonas del norte. Allí, en el valle del Ebro, no existe una tradición de derecho gótico, y su propio particularismo debió quedar borrado como consecuencia de la larga dominación musulmana . A estas circunstancias hay que agregar tres características propias de la evolución jurídica catalana, que en última instancia determinarán el apogeo de los derechos locales y la vigencia del ius commune. Registremos en primer lugar la muerte del Líber ludiciorum. La larga "agonía", aludida antes, concluye de hecho cuando en 1251 una constitución de las Cortes de Barcelona prohíbe la alegación en juicio de ese códi go, en beneficio de los usatges y de las propias constituciones del lugar. He aquí la partida de defunción del histórico texto en Cataluña: "' ltem sta1uimus consil io prediclorum quod leges romane , vel gothi ce. decre ta ve! decretales . in causis secu laribus non rec ipia111ur, adm itanttur, iudicetur ve l all e gcntu r. nec aliquis legista a11dea1 i n ./oro sec:11/ari advocari . nis i in causa propria . Ita quod in dicta causa non allegentur leges vel iure pred ic1a . sed fiant in omni causa sec ul ari all ega1 iones se cundum Usati cos Barc hinonae et secundum a pprobatas con stituti one~ illiu s loci ubi causa agitabi1ur".

En segundo lugar, no existe una organización política central fuerte . Ello significa, entre otras cosas, que la legislación de las Cortes -cuya validez es común- sea una legislación tímida que sólo aborda muy limitadas cuestiones . Tal fenómeno impide una política de unificación jurídica y favorece, en consecuencia, el predominio de los derechos locales . En tercer lugar, en Cataluña no existe como en Castilla un código de proyección general donde se vierta la recepción del ius commune. La consecuencia es la misma: se propicia la fijación del ordenamiento jurídico de cada ciudad. Todo concurre, en suma, al fortalecimiento de los derechos locales, cuyas redacciones reciben el nombre de consuetudines o costums. Esos textos suelen estar impregnados de ius commune, con lo que el derecho romanocanónico surte efecto ahora en Cataluña a través de los ordenamientos ciudadanos . Además, a consecuencia de cierta petición de las Cortes de Barcelona, el monarca decidió que el tribunal real juzgara conforme a las leyes del Principado, usos, costumbres y privilegios locales, y también con arreglo al "dret comú, equitat e bona rahó (razón)" . Queda consagrada as í. junto al romanismo localista de las costums, la vigencia general supletoria del derecho común con respecto al catalán.

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1. Las "Consuetuts" de Barcelona Como reacción al uniformismo de la legislación general, se procede en Barcelona durante el siglo XIV a la recopilación de las costumbres. Fruto de ello son las colecciones conocidas como Ordinacions de Sanctacilia y Recognoverunt proceres. Ordinacions d'en Sanctacilia es la denominación vulgar del texto que en las recopilaciones catalanas lleva el título oficial de Consuetuts de La ciutat de Barcelona sobre les servituts de las casas e honors. Este texto, que ha sido objeto recientemente de una valiosa tesis doctoral elaborada por el profesor Jaume Ribalta, es una recopilación privada, probablemente redactada por un geómetra y agrimensor barcelonés, llamado Jaime de Sanctacilia, en el primer tercio del siglo XIV, sirviéndose su autor de unas ordenanzas del rey Jaime I y de alguna redacción privada. La compilación está compuesta por 70 capítulos redactados en catalán que regulan problemas de predios y edificaciones urbanas. Como ha señalado Ribalta, las Ordinacions fueron reproducidas en posteriores recopilaciones oficiales y su vigencia ha llegado a nuestro tiempo, habida cuenta de que la Compilació de Dret Civil de Catalunya (l 960) recogía su doctrina jurídica. El Recognoverunt proceres responde a la petición que los barceloneses hicieron a Pedro III para que éste aprobara los antiguos privilegios y costumbres. Agrupados los textos en 116 capítulos, fueron "reconocidos" por los próceres o prohombres --de ahí el nombre de la colección- y sancionados por el monarca en 1284.

2. Las "Consuetudines Ilerdenses" Ante la incertidumbre surgida a la hora de aplicar el derecho que no había sido fijado por escrito, un cónsul de Lérida, Guillermo Botet, redactó en latín en 1228 las costumbres de la ciudad. Estas Consuetudines Ilerdenses fueron traducidas al catalán a fines de ese siglo o en los primeros años del siguiente, y concedidas por entonces a otras localidades como Harta y Miravet. Josep Serrano ha editado y estudiado las cos/11111.1·de Horta y Miravet. El texto conocido como E/.1· Co.w wm d'Orrn fue dado en 12%. A su vez el titulado E/s Cos/l/111.1·de In Bmllin de Mirm,et, se otorgó en 1319. Para el conocimiento de las costums de Horta son importantes las Acrn.1· de unas Jomnda.1· d'E.l'ludi que se celebraron en 1996. coincidiendo <.:011 el VII Centenario de su otorgamiento. Como ha señalado la profesora María Teresa Tatjer. al estudiar la institución sucesoria del fideicomiso , la recepción del iu.1· commune en Cataluña fue más acentuada en las instituciones de derecho privado que en las de derecho público.

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A tenor de lo previsto en las Consuetudines, habrán de aplicarse en primer lugar esas costumbres propias de la ciudad. En su defecto se hará uso del derecho general contenido en los Usatges, así como de algunos preceptos del Líber ludiciorum.

3.

El pmblema de In "Compo.\i,üJ

de Jmá" y de fo rednrdán de

las "Co.wum,· "

Las "Costums" de Tortosa

La ciudad de Tortosa vive desde su reconquista en una situación jurídica confusa. Ocupada en 1148 por Ramón Berenguer IV y cedida años después a la Orden del Temple, surgen desde fines del siglo XII abundantes conflictos entre señores y ciudadanos por cuestiones de jurisdicción, a los que pretende poner remedio una sentencia arbi tral dictada en Flix el año 1241. La interpretación del laudo, quizás abusiva por parte de los ciudadanos, generó una nueva reacción de los señores templarios, quienes llegaron a acudir al papa con sus protestas . Como todas las tensiones procedían de que unos y otros interpretaban de manera distinta un derecho no escrito y contradictorio, señores y ciudadanos acuerdan en 1272 -mediante la llamada Composició de Josá- que éstos fijen el texto de las costumbres y lo sometan a aquéllos para su aprobación. De tal tarea son encargados dos notarios , Tamarit y Gil, quienes con sorprendente celeridad concluyen su obra, que ya es presentada a revisión el año siguiente. Esa celeridad es ··sorprendente" si se tiene en cuenta que la Composicúí de Josá fue suscrita el 16 de noviembre del citado año 1272, y que doce días después -es decir, el 28- se data la redacción de las Costumbres. La insólita brevedad de ese plazo llevó a Font Rius a suponer la existencia de una redacción anterior. elaborada a partir de la intervención pontificia que tuvo lugar en 1262. La doctora Barrero (AHDE, 43) cree asimismo en una redacción previa, pero iniciada hacia J 241, siendo el 28 de noviembre de 1272 la fecha en que se habría comenzado a transcribir la obra. En cualquier caso, las Cosrum.1· estaban ya compuestas en agosto de 1273. Es claro lambién que Tamarit y Gil utilizaron una co lección formada con anterioridad.

Fuenlt!J de las "CoslllmJ".

Las Costums de Tortosa preveen la aplicación en primer lugar de las propias costumbres. Subsidiariamente habrá de acudirse a los usatges barceloneses que en ellas hubieren sido recogidos, y en último término al derecho común. Una cuestión ampliamente debatida ha sido la procedencia del derecho recogido en el Código de Tortosa. Teniendo en cuenta que las Costums de Valencia habían sido redactadas en 1240, y el evidente paralelismo entre uno y otro texto, los autores han entendido que o bien las de Tortosa se inspiraron en las de Valencia, o bien que ambas se sirvieron de un modelo común.

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En favor de la primera hipótesis se manifestó García Sanz en 1979. Para él, las Cost1111u tortosinas siguieron una versión antigua de las valencianas, si bien adoptando ocasionalmente respecto a éstas un criterio propio, lo que se tradujo en ciertos pasajes discordantes. El mismo año Aquilino Iglesia sostuvo la segunda opción. Para este autor, el modelo de las Costums de Tortosa debió ser el Código de Justiniano, utilizado asimismo en la redacción de las de Valencia. García-Gallo juzgó en 1980 que el problema no podía darse por resuelto. adoptando una posición ecléctica. Según él, así como las Costwns de Valencia fueron elaboradas sobre un epítome del Código de Justiniano (véase IV, B, 1), las de Tortosa bien pudieron haber utilizado la misma fuente. Pero no descarta que las Costum.1· de la ciudad catalana "hayan tenido a la vista las de Valencia y que en algún caso hayan tomado algo de éstas".

4.

Las "Consuetudines" de Gerona

A lo largo del siglo XIV, diversos juristas gerundenses llevaron a cabo una serie de redacciones de la costumbre, dando cabida a prácticas feudales, pero también en buena medida al derecho romano. Se formaron así distintas colecciones anónimas, refundidas en 1439 por Tomás Mieres. La obra de este autor tuvo una finalidad eminentemente práctica. Se justifica en la existencia de diversas y contradictorias costumbres (diverseque ac adverse consuetudines), con el consiguiente confusionismo que esa compilación pretende remediar. A juzgar por el uso que de ella se hizo en los tribunales, Mieres logró evitar con sus Consuetudines las numerosas dudas que en la etapa anterior aquejaban a jueces y abogados a la hora de valorar los antiguos textos. Pese al buen resultado, la obra careció de reconocimiento oficial. 111. Mallorca

A) CARTAS DE POBLACION Y FRANQUICIA

En los siete años transcurridos desde 1229 a 1235, Jaime I conquista las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza, acudiendo allí pobladores catalanes. Los condicionamientos geográficos, propios de la dispersión de las islas y de su es,i::asa extensión, impiden la formación del derecho local propiamente dicho, prevaleciendo en cambio un derecho insular, de cada isla por separado. Además, la inexistencia allí de una tradición jurídica cristiana -en territorios aislados que ocupaban los musulmanes- facilita la introducción del derecho catalán propio de los conquistadores. Conforme a las cartas de población catalana, Jaime I concede a Mallorca la suya en 1231, donde en ciertos casos se contempla la vigencia de los Usatges de Barcelona. Otras islas, como Ibiza y Forrnentera, reciben textos análogos, fortalecidos luego todos ellos por distintos privilegios y exenciones.

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B)

EL REGIMEN JURIDICO DESDE FINALES DEL SIGLO XIII

Al morir Jaime I en 1276, Mallorca se erige en reino independiente, lo que lleva consigo que se interrumpa la recepción del derecho catalán. La escasa actividad legislativa de los reyes de Mallorca en materia privada, hasta la incorporación del rein.o a la Corona de Aragón (1344), facilita que se acuda como subsidiario al derecho romano-canónico. Por otra parte, la inexistencia de Cortes y de las constituciones que ellas habrían promulgado, singulariza y resalta la legislación real, en forma de privilegios primero y de pragmáticas después . A su vez, los gobernadores mallorquines dictan numerosas ordenanzas u ordinacions, de naturaleza diversa. C)

ORDEN DE PRELACION DE FUENTES

A tenor de cuanto indica el primer especialista en estas cuestiones, Román Piña, cabe afirmar que las notas características del ordenamiento mallorquín fueron el valor de la costumbre, el concepto pactista de la ley y la plena recepción del derecho común. Cronológicamente son de apreciar las siguientes cuatro etapas: 1. Consolidación del derecho consuetudinario (1230-1299). Período de fijación repobladora, con el texto fundamental de la Carta de Població de 1230. En lo civil, derecho consuetudinario; en lo penal rigen los Usatges. 2 . Afirmación nacionalista (1299-1365). Rigen, en primer lugar, las costumbres o bons usos y las franquezas o privilegios; en segundo lugar, los Usatges, y en último término el ius commune. 3. Integración en el Principado de Cataluña ( I 365-1439 ). Rige de iure el derecho territorial catalán, pero de hecho se desarrolla el derecho autóctono, manteniéndose el ius commune como fuente supletoria. 4. Estabilización del sistema de fuente s. A partir de 1439 (Privilegio de Gaeta, de Alfonso el Magnánimo). En palabras de Piña, "se frena una política amenazadora del Derecho local de Mallorca, traducida en la progresiva implantación del derecho territorial o general de Cataluña" , si bien los mallorquines no dudarán "en acomodarse al Derecho general del Principado y hacer gala de su catalanidad, cuando se trate de disfrutar de una normativa que favorezca sus intereses económicos.

IV. Valencia El derecho valenciano aparece en el siglo XIII y desaparece en el XVIII. Su origen y formación , faltos de raíces propias, dependieron de las circunstancias de la reconquista del país a lo largo de los años comprendidos entre 1232 y 1245. Una primera etapa, con la ocupación de la zona de Castellón ,

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se caracteriza por el otorgamiento de cartas de población a los lugares incorporados. La segunda se centra en el dominio de la llanura de Valencia durante el bienio 1237-1238, con la conquista de la capital en septiembre de este último año. Tras ello, y cuando el proceso reconquistador abarca ya a los territorios situados al sur del Júcar, Jaime I otorga un texto fundamental, la Costum o Furs de Valencia. El derecho concedido al compás de la repoblación es tributario del de Aragón, Cataluña y Castilla. El derecho de la Costum valenciana lo es a su vez del romano. Tal herencia implica que coexistan en principio ordenamientos jurídicos distintos, mientras emerge el propio derecho valenciano cuya originalidad estriba en la forma en que sintetiza y concuerda sus elementos integrantes. A) LAS CARTAS PUEBLAS

Una buena parte de las localidades conquistadas en la zona castellonense reciben cartas de población al pasar a manos cristianas. Algunas de ellas preveen el mantenimiento del derecho musulmán propio de quienes allí siguen, e incluso en el caso de Xivert se autoriza la persistencia del ordenamiento visigótico del Fuero Juzgo para la población mozárabe. Ahora bien, con independencia de que se sancione en ocasiones la conservación del derecho utilizado por unos u otros habitantes, ¿qué carácter tienen en su conjunto esas cartas pueblas que ahora se conceden?. Lalinde ha destacado la ausencia valenciana en la naturaleza jurídica de los ordenamientos locales. Quiere esto decir que las villas y ciudades reciben un derecho extraño; o con otras palabras, que son pobladas a fuero de tal o cual ciudad no valenciana. La influencia castellana es así perceptible en Morella, que recibe el fuero de Sepúlveda. Mayor es el peso del derecho aragonés, por cuanto a treinta y tantas localidades --entre ellas, Burriana y Benicarló-- les son concedidos los fueros de Zaragoza. Y no es menor la presión catalana, habida cuenta de que no sólo hay que considerar el otorgamiento de algunas de sus costumbres locales --en especial, las de Lérida-, sino además la fuerte influencia del derecho catalán en la Costum de Valencia, lo que a su vez repercutirá en el ordenamiento de múltiples lugares. Por estas razones el profesor Lalinde, con mucho conocimiento del tema y no menor capacidad de traducirlo en imágenes, ha sugerido la existencia de lo que él llama vasallaje espiritual: ·' Es un hecho que el pueblo valenciano. debido a circunstancias meramente históricas. que, por tanto. no son imputables a una idiosincrasia, por ejemplo, no ha elaborado ordenamientos jurídicos locales propios. ¿Influirá esto en el futuro en un cierto desprendimiento del pueblo valenciano en cuanto a su Derecho?. La tesis es sugestiva... Sin embargo, me

Origen ro.\lt'lltu /lJ. ttra,:ont'.'i y rma~ lrín de lo\ l t'XIO.\ .

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resisto a creer en esta tesis al menos como explicación única, aceptándola exclusivamente. y en todo caso, como una circunstancia coadyuvante" (El sistema normativo valenc:imw, 311 ). Costumbre.,· jurítlit-n.,.

Podemos preguntarnos, por Jo demás, si esta concesión de los fueros de otras localidades implicó de hecho una importación de las costumbres jurídicas vigentes en los lugares de origen. No parece nada probable. Y ello tanto por la insuficiencia de los textos mismos --éste es el caso de los fueros de Zaragoza, carentes de derecho privado- como por la dificultad consiguiente a cualquier transposición normativa. Sí se recibirían las franquicias, exenciones y privilegios. Y muchísimo menos las costumbres, cuando además los lugares debieron ser poblados por gentes de muy diverso origen. Es así de suponer que, al margen de las cartas de población, siguieran en uso las costumbres propias . B) LA "COSTUM" DE VALENCIA

1.

Autor.

A1io rlc prom11IJ,:acirí11.

Los Furs y la nacionalización del derecho romano

Transcurrida la primera etapa repobladora, a cargo principalmente de señores poderosos, el propio Jaime I dirige el cerco a Valencia. Tras la conquista de la capital, el monarca promulga un código conocido como Costum o Furs, nombre éste que habrá de popularizarse en los siglos siguientes. El texto fue preparado con el concurso de prohombres valencianos y magnates catalanoaragoneses, seglares y eclesiásticos, entre los que destaca la figura del obispo de Huesca, Vida! de Canellas, a quien en razón de su experiencia y prestigio se ha atribuido siempre la autoría del código. Hoy día, sin embargo, el profesor Arcadio García y Sanz, tras realizar un escrupuloso cotejo de textos, desecha esa atribución y aduce buenas razones para considerar al canónigo barcelonés Pere Albert, autor de las Commemoracions (20, III, B, 2), como autor también del código valenciano. ¿Cuándo se promulgaron los Furs?. La fecha de 1240, tradicionalmente admitida, debe ser también rectificada. García y Sanz da por seguro que tal promulgación tuvo lugar ya en el primer semestre del año 1239, mientras que su colega en la Universidad de Castellón, el profesor Vicente García Edo, sostiene incluso que pudo realizarse unos meses antes, en noviembre o diciembre de 1238. La Costum fue dada primero a Valencia, difundiéndose luego por todo el reino. Escrita en latín, fue traducida posteriormente al romance, realizándose en la segunda mitad del siglo XIII una serie de añadidos y reformas al texto originario -desconocido- que condujeron a la redacción de la costumbre tal como ha llegado a nosotros. La Costum recoge los privilegios concedidos por el rey Jaime, pero da cabida además a una abundante

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regulación de instituciones jutídicas, siguiendo la sistemática y a veces los mismos textos del Código de Justiniano. Representa, en fin, la recepción prácticamente general del derecho romano, aplicada primero al ámbito de la ciudad y después al resto de los territorios. Con ello Valencia se convierte en "el primer reino español que recibe ampliamente el Derecho romano y lo nacionaliza" (García-Gallo). El contenido del código y su patrocinador regio plantean dos interesantes cuestiones. Comencemos por el monarca. ¿Cómo es posible que este Jaime I, que acoge sin reservas el derecho romano en Valencia en 1238 ó 1239, rechace ese mismo derecho en Aragón con los Fueros de 1247 y patrocine en la Barcelona de 1251 la negativa de las Cortes a que se aleguen las leyes romanas? ¿Por qué el no en Aragón y Cataluña, y el sí en Valencia en 1238 ó 1239, y también allí mismo el sí en años posteriores al confirmar sin reservas esa Costum saturada de derecho romano? García-Gallo responde a tan sugestivo problema:

Pro-romanismo y anti-ronumi.mw

deJni111e I

"La explicación del hecho se encuentra en la peculiar situación de Valencia en el momento de su reconquista: un extenso reino poblado con gentes de muy diversa procedencia, sin una tradición jurídica local y sí en cambio diversidad de ella entre los pobladores. En estas circunstancias sólo cabe establecer un Derecho común para todos, que no sea el de cualquiera de los grupos, lo que podría suponer un régimen de favor para alguno de ellos. Y este Derecho no puede ser otro que el romano, cuyo prestigio es indudable y es extraño a todos" (El Derecho local y el c:onuin, 239).

Segunda cuestión: ¿De dónde tomaron o copiaron los redactores del código valenciano el derecho romano allí recogido?. Se han sostenido al respecto tres posiciones principales. a) No hubo utilización directa de los textos justinianeos y sí en cambio posiblemente de la colección Lo Codi (21, 111, B, 1). Fue ésta una hipótesis sugerida por Galo Sánchez y que hoy mantiene con reservas Gibert, al considerar como fuentes de la Costum a Lo Codi o "algún libro semejante". b) No se manejó Lo Codi y sí en cambio el Código de Justiniano, a través de un extenso resumen o epítome de la obra que debió ser conocido en aquella época. Tal es la posición de García-Gallo, asumida luego por otros autores. El profesor Iglesia rechaza cualquier dependencia de los Furs respecto a Lo Codi. Se inclina en cambio a la utilización directa del Código de Justiniano, y aunque considera la existencia del epítome " difícilmente demostrable" , concluye admitiendo el posible uso de cierta obra que recogiera una amplia selección de las prescripciones del Código.

e) Tesis en cierto modo mixta. Ana María Barrero sostiene el empleo inmediato de los textos justinianeos, pero considera que no se puede negar la utilización de Lo Codi, si bien "en grado mínimo".

Fueme.\ ,le /a "Co.\'111111".

488

ESPAÑA MEDIEVAL

2.

Pretensione.\· tle impm1er el de~rho nrn,:om•., y 1rn11.wzdú11 _fi11nl .

Los "Furs" como derecho del reino

La conversión del código valenciano en derecho general del reino se vio en principio favorecida por una política de unificación indirecta, dado que desde su promulgación los Furs fueron concedidos como ordenamiento local a muy diversas villas. Al jurarlos Jaime I en 1261, quedó consagrada su vigencia común. Los Furs fueron desde entonces el derecho oficial del reino de Valencia. La existencia de tal ordenamiento colectivo no impidió, sin embargo, la ulterior concesión de cartas pueblas a imitación de las catalanas o bien a fuero de Zaragoza. Así pues, entrada la segunda mitad del siglo XIII, el sistema jurídico es el siguiente: l. Los Furs rigen como derecho general del reino; 2. Los Furs son además el derecho local propio y específico de algunas villas; 3. Otros pueblos tienen como ordenamiento local el derecho catalán, castellano o aragonés. Semejante panorama, no muy simple por cierto, pero desde luego congruente con la ya conocida coexistencia del derecho general con los particulares. se agravó con problemas políticos. La oligarquía aragonesa, asociada en la Unión, hace frente al monarca y le exige la aplicación de ese derecho suyo conforme al cual se habían repoblado tantos lugares. ¿Qué pretenden esos nobles?. Sencillamente que se les entreguen tierras valencianas como feud os . ¿Qué responde Jaime I?. Que Valencia es un reino nuevo con un derecho nuevo y propio. La controversia teórica y las disputas efectivas en tomo al problema llenan los últimos años del siglo XIII y los primeros del XIV. En mayo de 1329 se inauguran unas Cortes decisivas que concluyen al año siguiente. Allí acude Alfonso IV con propuestas jurídicas y remedios políticos . El Fuero de Valencia -según el monarca- debe ser ley universal y única ([ex universa/is et unica). Y para persuadir a quienes, clamando por el derecho aragonés, defienden sus privilegios de clase, una oferta concreta: prerrogativas jurisdiccionales a todos aquellos que en un plazo de tres meses renuncien a ese Fuero de Aragón. La medida surtió efecto y los Furs se imponen hacia el futuro como único derecho del reino. No dejó de haber en la transacción algunos costes para el derecho valenciano. La malograda profesora Sylvia Romeu, que estudió esajurisdicción alfonsina, valoró así el acuerdo: ·' El resultado de la transacción supuso un hondo perjuicio para la legislación foral valenciana. Cabe pensar que realmente se consiguió una ex tensión mayor de los fueros valencianos. pero éstos irán sufriendo profundos retoques . sobre todo i:n la eskra jurisdiccional. al quedar fuera de la competencia de los oficiales reales gran número de lugares y personas, y asi mismo se ve rá n afectadas a lguna s de las instituciones públicas dando entrada en los mismos municipios a los ca balleros" . (Lo .1· Fueros de Valencia y /0 .1· Fuero.1· de Aragón, 96).

LAS FUENTES EN CATALUÑA-MALLORCA-VALENCIA

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3. Aplicación y modificación de los Fueros Respecto al uso de las fuentes, los Furs establecen que ellos mismos habrán de ser aplicados en primer lugar, para en su defecto acudir a la razón natural y a la equidad. Esto último facilita la frecuente alegación de textos romanos pese a las prohibiciones de los reyes, quienes a fin de impedirlo insisten en la interpretación estricta y literal del código valenciano. Los Furs, de otra parte, habían sido un derecho pactado entre el rey y las Cortes en su conjunto, existiendo además las acles de Cort aprobadas por el monarca y uno o dos brazos de esa asamblea. Consecuencia del carácter pactista de las normas es que su alteración requiere el asentimiento de quienes las acordaron. Ello significa en concreto que los Furs puedan ser y sean de hecho modificados por la legislación de Cortes, cuando éstas con el rey promulgan fueros nuevos.

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ESPAÑA MEDIEVAL

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493

26.

LA MONARQUIA MEDIEVAL

l. lntroducci6n: Monarquia y Estado Medieval

La tradición greco-latina elaboró el concepto de monarquía en base a un poder individual ejercido en beneficio de la colectividad. Como había escrito Aristóteles en su Política, entre los posibles gobiernos unipersonales ··solemos llamar monarquía al que mira al interés común". De esta suerte, en cuanto forma de gobierno, se hizo abstracción en principio del ámbito erritorial, amplio o menguado, donde el poder era ejercido. La gigantesca proyección del mundo romano, facilitó a su vez la identificación de la monarquía con una especie de gobierno universal, concepto asumido por los pensadores de la Edad Media, para quienes la Monarquía cristiana venía a coincidir con el antiguo orbe romano donde habitaban los fieles sujetos a una misma fe y disciplina espiritual. Tal planteamiento no impidió que en ese dilatado marco se abrieran camino las monarquías medievales como entidades políticas autónomas, constituyendo lo que Maravall llama "totalidades relativas". Las nuevas unidades geográfico-históricas surgidas en Europa, procedían fundamenlalmente de la antigua división provincial romana. Su formación coincidió, empero, con la marejada de relaciones feudales que envolvieron la vida pública de Occidente a partir del siglo IX. En la medida en que ese feudalismo privatizó buena parte de las relaciones de los súbditos con el rey y aun la concesión de los mismos oficios públicos (20, II, C), su existencia ha sido valorada como un elemento disolvente y en última instancia negador de la noción de Estado. Ese es el sentido de la polémica europea en torno a si propiamente hubo o no Estado medieval. Para unos, ambos conceptos Estado y Feudalismo- resultan históricamente irreconciliables. Para otros, la trama de relaciones privadas no logró ahogar, aunque la debilitase, la organización jurídico-pública de un Estado que sí existió. Hace aproximadamente medio siglo esta última postura fue defendida por Enrique Mitteis en un libro clásico: El Estado de la Alta Edad Media. Mitteis sostuvo que ese Estado feudal (Lehnstaat), propio de los siglos altomedii:vales. dio lugar después a los futuros Estados nacionales, tanto en la forma del

El ronreµtorlt! M,mnrquía.

El Estndo mt•rfit!vnl.

494

ESPAÑA MEDIEVAL

Estado corporativo o estamental (Stiinde .,·trial), como en la propia del Estado autocrático renacentista ( Für.1·ten.1·taat).

En España la constitución de las monarquías medievales dependió de las circunstancias políticas derivadas de la Reconquista, cuyas alternativas condicionaron la entidad de los diversos reinos y sus recíprocas relaciones y alianzas. Dirigidos por reyes a quienes corresponde una tarea de defensa y protección (defensio et tuitio regni), esos reinos aparecen como unidades políticas básicas de naturaleza diversa, integrados con el tiempo en superestructuras transitorias -el llamado "imperio castellano-leonés"- o bien en otras más perdurables, las Coronas, que habrán de desembocar en el proceso unitario del Estado moderno. 11. El Rev v los Súbditos A)

Sistema nstur-leoné.'í.

Suremn ,·a.,·rdln110.

DESIGNACION: LA SUCESION AL TRONO

Durante los siglos altomedievales, en el período de formación de los reinos, se perfilan los sistemas de acceso al trono en cada uno de ellos, lo que no impide alzamientos y rebeliones de quienes aspiran al poder al margen del cauce establecido. Según parece, sólo la intervención directa en la muerte del monarca, inhabilita de hecho al aspirante para ocupar el trono. En el reino asturleonés el rey fue elegido en principio en el seno de dos familias, la de Pelayo de Asturias y la de Alfonso de Cantabria, lo que se explica tanto por el ascendiente de esos primeros personajes que encarnaron la resistencia antimusulmana, como por el prestigio secular del principio electivo, que en buena medida había caracterizado a la anterior monarquía visigoda. En el siglo X arraiga el sistema hereditario y el monarca dispone del trono en favor de uno de sus hijos o reparte el regnum entre todos ellos. Este último régimen, propio de una concepción patrimonial, persiste como característico de la monarquía leonesa. La muerte sin descendencia del último rey de León, Vermudo IIL significará la aparición de un sistema sucesorio castellano, producto de in fluencias navarras . Vermudo III perece el año 1037 en un combate frente a las huestes de Fernando de Castilla, casado con su hermana Sancha, lo que convierte a aquél -Femando I el Magno-- en el primer rey de León y Castilla. Y ello porque correspondiendo a Sancha la herencia de su hermano, el derecho navarro únicamente permite a las mujeres heredar el reino si el marido ejerce la potestad real. El régimen sucesorio navarro, implantado en Castilla, desplaza al leonés en cuanto al uso de repartir el reino entre los hijos, imponiendo en cambio que lo reciba el primogénito. Sólo si no exis-

LA MONARQUIA

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1en hermanos varones, son llamadas las mujeres, con la condición señalada ..rntes. Tras el acceso al trono de Fernando I en virtud de su matrimonio con Sancha. se asienta el principio de que las mujeres, en defecto de varones, puedan heredar los derechos sucesorios. Ahora bien, como señala Julia Montenegro, cuestión distinta es que se reconozca a las mujeres capacidad para gobernar por sí mismas. En lo sucesivo, según ta misma autora, ··se va a divulgar una corriente de opinión claramente hostil al gobierno de una mujer".

El sistema sucesorio castellano fue reglamentado en las Partidas y tuvo por consiguiente fuerza legal desde el Ordenamiento de Alcalá de 1348. A enor de él, heredan en primer lugar los hijos, y en su defecto los hermanos del monarca difunto o sus descendientes. En igualdad de línea -recta o colateral- y grado, el varón es preferido a la hembra y la mayor a la menor edad. Las Partidas dieron cabida además al "derecho de representación", de origen romano, estableciendo que los descendientes legítimos del hijo mayor premuerto sean llamados a heredar la corona en representación de su padre. En Aragón no existió una normativa clara sobre los principios suceso:ios, procedentes en principio de la concepción navarra y desenvueltos luego por la praxis de testamentos reales y de otros actos relacionados con ellos. García-Gallo se adentró en esa confusa maraña y puso en claro las líneas directrices que reglaron el acceso al trono en la Corona aragonesa. Su estudio ofrece las conclusiones siguientes: - Al formarse la Corona, cuando unos reinos son heredados y otros ganados (ver III, A), esos reinos suelen ser repartidos entre los distintos hijos. Consolidada luego la unidad patrimonial de la Corona, se fija la indivisibilidad de la herencia con la consiguiente institución de un heredero universal. - La primogenitura es de hecho un principio constante del régimen aragonés, el cual reconoce además los derechos del nasciturus. - El "derecho de representación" es por lo general admitido, salvo en el paréntesis comprendido entre fines del siglo XIII y mediados del XIV. - Quedan excluidos los hijos no legítimos, las hembras y los religiosos. -En defecto de hijos y sus descendientes, heredan los hermanos del difunto. Si tampoco los hubiere, se adoptan soluciones diversas. Al sistema sucesorio de la monarquía navarra ya nos hemos referido como inspirador, en buena parte, del de Castilla y Aragón. El primogénito hereda la totalidad del reino, pudiendo recibir otros hijos en tenencia los territorios adquiridos que forman la honor regalis. El acceso al trono aparece aquí regulado por el Fuero General de Navarra, texto que, acogiendo el "derecho de representación", dispone que herede el primogénito y en su

Si.,.,e111a "ragm1<:'I.

Snlemn 11m·am1

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Sistemn cmnlñn.

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defecto los demás y los hermanos del causante. En ausencia de todos ellos, los magnates del reino eligen nuevo rey. El comitatus catalán, encarnado en el Conde de Barcelona como primer señor o princeps, se transmite por línea masculina en favor de los hijos, y en defecto de ellos pasa a los parientes colaterales. De hecho fueron frecuentes los casos de corregencia de hermanos en un mismo condado. Las hijas pueden suceder a su padre, si bien en este caso, de conformidad con los principios feudales, el marido ejerce de hecho el gobierno. B)

Lnu11nún.

LA "ORDENACION" DEL REY: DIGNIDAD Y TRIBUTOS

Algunos tempranos documentos de la monarquía astur, todavía en el siglo VIII, aluden a quienes fueron constituidos reyes, sin que sea posible saber qué actos o ceremonias llevaba consigo esa entronización. En la centuria siguiente, restaurado el orden gótico en el palacio de Oviedo, los reyes eran ungidos y coronados, formando parte ambos ritos del conjunto solemne de la ordenación del rey (ordinatio regís). La unción con el óleo santo simbolizó el carácter cuasi sacerdotal de un monarca que era asimismo caudillo en la guerra con los musulmanes. El Antifonario visigodo-mozárabe de León representa al rey postrado ante los obispos, mientras el metropolitano vierte sobre su cabeza el aceite consagrado. Sánchez Albornoz ha puesto de relieve la insistencia con que los textos de la época aluden a la unción, y la singular importancia que los monarcas le concedieron. Ellos mismos recuerdan con frecuencia esa ceremonia en los clocumen!Os. Así cuando Alfonso V realiza cierta donación a la iglesia de Santa María ele León . el a1io 999, evoca que precisamente allí fue ungido (Ad /oc:um Snnc:rne Marine ... ubi n1111c; 111<' 1111xer11111 in

Cormu1t ·iún.

r<'gno) .

Las solemnidades de la coronación figuran descritas con detalle en el Ceremonial de Cardeiia, obra que debió ser copiada a mediados del siglo XI y que guarda estrecha relación con otras análogas compuestas más allá de los Pirineos. Según ella, el rey era recogido en su mansión por el clero y pueblo, formándose la comitiva que se dirige al templo donde el monarca es despojado del manto y armas. Con la compañía de dos obispos asciende al altar y allí, postrado, escucha las oraciones. Concluidas éstas, el metropolitano le dirige unas preguntas sobre sus propósitos de amparar la fe y gobernar con justicia, e interroga asimismo al pueblo respecto a la obediencia que ha de prestar. El metropolitano interpela al rey de la siguiente forma : ·'¿Quieres conservar la Santa Fe que te entregaron los varones católicos y perseverar en las obras justas'/~ ¡,Quier,·,

LA MONARQUIA

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ser tutor y defensor de las santas iglesias y de sus ministros?. ¿Quieres gobernar y regir el reino que Dios te ha concedido, conforme a la justicia de tus antepasados?". A estas tres preguntas, formuladas por separado, el monarca debe responder " Quiero" . El obispo consulta al pueblo: "¿Quieres somet_erte a tal príncipe y rector y confirmar su reíno, establecerlo con fe firme y obedecer sus mandatos según aquello del Aposto! : Toda alma está sujeta a las potestades sublimes y al rey como la más excelente?". A'lo que el pueblo responde: " Hágase, hágase, amén".

Tras esta ceremonia, seguida de la unción, el príncipe recibe de los obispos la espada, manto, anillo, cetro y báculo. Finalmente el metropolitano coloca sobre su cabeza la corona del reino. La celebración de la misa solemne pone término al ritual. La unción y coronación, con la entrega de esos atributos regios cargados de simbolismo religioso y político, fue menos frecuente en la Castilla bajomedieval , etapa en la que se abrió paso la costumbre de aclamar a los reyes mientras se alzaba el pendón real. En Aragón, en cambio, la primera coronación solemne de que tenemos noticia fue la de Pedro II por el papa a principios del siglo XIII. Los reyes navarros, a su vez, según testimonia el Fuero General, solían ser alzados sobre el escudo por los ricoshombres, sin que nos conste que fueran ungidos ni coronados. C)

A1ribuw,.

DERECHOS Y DEBERES DEL REY Y SUBDITOS

El monarca se compromete a defender la fe católica y gobernar el reino con justicia, obligación implícita en su respuesta a las preguntas formuladas por el metropolitano en el acto de la coronación. En consecuencia, el rey debe respetar el ordenamiento jurídico y velar por su justa aplicación y observancia. Diversos estudiosos europeos, y en Espai\a el profesor José Luis Bermej o, han destacado la distinta posición del monarca en los primeros y últimos siglos medieva les . En la etapa inicial aparece como un sujeto pasivo que se limita a aplicar normas de presunta inspiración divina o usos inmemoriales: es el rey-juez. En la postrera, toma la iniciativa y se convierte él mismo en creador del derecho: es el rey-legislador.

El pueblo por su parte jura obedecer al monarca y acatar sus mandatos. En un principio ello tiene lugar mediante el compromiso simbólico de quienes asisten a la coronación regia. Más tarde, con un significado institucional, a través del homenaje prestado por las Cortes reunidas ante el nuevo monarca. Esos deberes de los súbditos se corresponden con una serie de derechos que, de forma más o menos explícita, les son reconocidos. ¿Representaron éstos un verdadero sistema de garantías frente al absolutismo monárquico, articulando algo así como una especie de Estado de Derecho en el mundo medieval?. La respuesta afirmativa resulta sin duda exagera-

Rty·Jue: v n·_v-lr11islador.

Prr:n:dt'll/e, e\µ111;0/e, dt! lo., Dererho, 1/t'l hombn·

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Derecho., del hombre t'n

León.

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da. Cierto es, sin embargo, que determinados derechos y libertades fueron objeto de tutela por algunas disposiciones de la época, y ello hasta tal punto que autores alemanes y españoles popularizaron hace años el estudio de esas disposiciones legales, rastreando en ellas la "prehistoria de los modernos derechos constitucionales" (Von Keller) o el origen hispánico de los "derechos del hombre" consagrados en nuestro tiempo (Riaza). A tal efecto, los historiadores han reparado fundamentalmente en los decretos de la Curia Regia reunida en León en 1188, y en el llamado Privilegio General otorgado un siglo después, en 1283, en las Cortes de Zaragoza. En los decretos de 1188, conceptuados por algunos como una auténtica Carta Magna leonesa, el rey Alfonso IX reconoce importantes garantías a sus súbditos. Entre ellas cabe destacar el hecho de que nadie pueda ser llevado ante los tribunales si no es por causas previstas en los fueros, la fijación de un sistema de cautelas procesales, y el compromiso de no proceder por denuncias si no resultan previamente probadas, concediéndose incluso audiencia al interesado ante la curia regia: "Juré también que por delación que me hagan de alguno, o por mal que se diga de él. nunca le haré daño en su persona o en sus cosas hasta que le convoque por mis cartas para que acuda a mi curia a fin de hacer derecho según mi curia mandare·· .

A esas garantías, que salvaguardan la persona y sus bienes, los textos leoneses añaden la explícita tutela de la inviolabilidad del domicilio ("ni yo ni nadie vaya a la casa de alguien y le haga algún daño en ella"), imponiendo la pérdida de la paz al violador de la morada que da muerte al dueño. mientras éste queda exento de responsabilidad si mata al agresor. Todavía más significativo resulta el compromiso del monarca de no adoptar graves decisiones políticas sin un cierto consentimiento popular: "También prometí que no haré guerra , paz o pacto si no es con el con sejo de obispos , nobles y hombres buenos, con cuyo consejo debo gobernar" . Derrcho.
El desarrollo de éstos u otros derechos en la Baja Edad Media estuvo condicionado por la estructura de la sociedad estamental. Los derechos y libertades no son así tanto propios del individuo en sí mismo, sino del estado o estamento a que pertenece. El citado Privilegio General de Aragón no da cabida por ejemplo a un estatuto de derechos del ciudadano, sino más propiamente al sistema de libertades que se reconoce a la nobleza. Al estudiar el contenido del Privilegio. Lalinde ha destacado su protección a la libertad y seguridad individuales, el amparo a la integridad física mediante la prohibición de la tortura, el reconocimiento de la libre circulación, las garantías de la propiedad individual mediante la prohibición de la confiscación, y la defensa de la participación personal en los bienes

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nacionales.Los derechos de asociación y reunión quedan en cambio deficientemente reconocidos. DI. El Reino y las superestructuras: Coronas e Imperio A) EL REINO COMO UNIDAD POLITICA

El reino se constituye mediante un proceso de agregación de los diversos territorios pertenecientes al mismo príncipe, por lo que en los primeros tiempos no existe un concepto oficial y unitario del reino en cuanto tal. Según muestran lqs documentos de entonces, el monarca no figura como rey de un preciso reino, sino como rey de aquellos pueblos que le están sujetos. Así por ejemplo, Sancho Ramírez o Pedro I aparecen como reyes "de aragoneses y pamploneses".

F11nnac1óny c·nm·t!ptotfe reino.

Comprobando una vez y otra el hecho de que esos primeros monarcas no mencionan el reino que rigen, Barrau-Dihigo llegó a sostener que ante cualquier documento que contenga tal precisión, debemos presumir su carácter apócrifo o de redacción tardía.

El mantenimiento prolongado de unas mismas tierras bajo la autoridad de idénticos reyes, hizo posible la consolidación de un concepto global de reino, apareciendo éste como ente político de carácter homogéneo. Y ello hasta tal punto que cuando el desarrollo de la dinámica unificadora junta a unos reinos con otros en organizaciones más amplias, según fue el caso de las Coronas, aquellos reinos mantienen su identidad específica. El reino es, pues, una unidad política indivisa y autónoma. Desde una perspectiva jurídica cabe diferenciar dos tipos de reinos, de abolengo y ganados. Aquéllos son los que el monarca hereda de su antecesor, integrando un patrimonio sujeto a los principios sucesorios. Los reinos ganados. en cambio, son los obtenidos o conquistados por un monarca, quien en consecuencia puede disponer de ellos de la forma que estime oportuno, aunque si no lo hace quedarán convertidos en reinos de abolengo al ser heredados por el sucesor. La libre disponibilidad de estos territorios ganados o captados -de ahí su nombre de acapetos- aparece sancionada por el Fuero General de Navarra de la siguiente forma: "Establimus encara. que si algún rey ganare o conquiriere de moros otro regno o regnos. et oviere fijos de leyal coniugio et lis quisiere partir sus regnos, puédelo fer et asignar a cada uno quoal regno aya, por cartas en su cort, et aqueillo valdrá porque eill se los ganó".

El derecho navarro armoniza así el principio señalado antes de que el primogénito sea heredero universal, con esta norma de que los reinos acapetos puedan adjudicarse a cualquiera de los hijos legítimos.

R<'inos ··,t, núolen¡,:o" y ··¡.:rmn1/t1.,;··.

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B) LAS CORONAS DE CASTILLA Y ARAGON Cona:ptode Conmn.

Comnnde Cmtilln.

La Corona es una superestructura política que da cabida a los reinos y señoríos pertenecientes a un mismo príncipe, que en ella mantienen su personalidad propia. La Corona de Castilla surge con la unión definitiva de Castilla y León en 1230 bajo Fernando III el Santo. A esa Corona se incorporan los antiguos reinos musulmanes de Andalucía y Murcia, a lo largo del siglo XIII, y las Canarias en el XV. El dominio de las Canarias fue objeto de una prolongada pugna entre castellanos y portugueses. resuelta por el tratado de las Alcáyovas de 1479, ratificado en 1480. En ese tratado los portugueses se reservaron el señorío "de las Canarias para abajo contra Guinea", quedando las propias Canarias en poder de Castilla: "tirando solamente las islas de Canaria, a saber, Lanyarote, Palma, Fuerte Ventura, la Gomera. el Fierro, la Graciosa. la Gran Canaria, Tenerife e todas las otras islas de Canaria ganadas o por ganar. las qualcs fincan a los Reinos de Castilla".

Comnade Arn11án.

Castilla y León se integran en un conjunto homogéneo con instituciones políticas comunes. Esto significa que hasta cierto punto la Corona no responda en Castilla al concepto técnico expuesto antes, por cuanto aquí las partes integrantes no mantienen una personalidad jurídico-pública diferenciada. Al no subsistir los reinos en cuanto tales, la Corona de Castilla carecerá de esa condición de superestructura política y será en realidad el gran marco nominal de un pluralismo pretérito, institucionalmente unificado. La Corona de Aragón sí fue una entidad política plural, compuesta de partes diversas que conservan sus propias instituciones públicas. La Corona Aragonum et Cataloniae arranca de la unión personal en un mismo soberano, desde el siglo XII, del reino de Aragón y del principado de Cataluña, a la que se incorporan luego los reinos reconquistados de Mallorca y Valencia, y distintos territorios en el Mediterráneo. En los documentos relativos a ambas Coronas, los monarcas aparecen encabezando cada uno de los elementos integrantes, sin que exista una titulación específica del conjunto. En los textos castellanos figura así un rey que lo es de Castilla, León, Toledo, Sevilla, Murcia, etc., y en los aragoneses del propio Aragón, Valencia, conde de Barcelona, etc. Las Coronas de Castilla y Aragón discurrirán como entidades independientes en los siglos bajomedievales. C)

EL IMPERIO CASTELLANO-LEONES

1. Planteamiento de la cuestión El Imperio es también una superestructura que alberga reinos y otras unidades políticas de naturaleza diversa. En Europa el Imperio surge como

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consecuencia del espíritu feudal, que lleva a algunos reyes a convertirse en vasallos de otro de especial dignidad o pod&, el cual a su vez aparece como emperador o rey de reyes. Ese fue el origen del Imperio carolingio. En la España medieval ciertos mona.reas de León y Castilla se titularon emperadores y alguno incluso, como Alfonso VII, llegó a ser coronado. Partiendo de los ideales neogóticos del reino astur-leonés, es decir, de la conciencia de sus príncipes de ser herederos del extinguido reino godo de Toledo, los reyes leoneses habrían plasmado su superioridad jerárquica frente a los demás de la Península titulándose emperadores y siéndolo de hecho. De esta forma, al igual que al otro lado de los Pirineos existieron los emperadores carolingios y alemanes, habríamos tenido aquí un Imperio leonés o un Imperio hispánico que llegó a perdurar hasta la muerte de Alfonso VII a mediados del siglo XII. ¿En qué datos se basó la reconstrucción histórica de nuestro Imperio leonés? En muchos y muy desiguales. Ya en los años veinte, algunos historiadores alemanes llamaron la atención sobre el calificativo de imperator con el que los reyes de León aparecían en los documentos. Desde unos primeros diplomas atribuidos a Alfonso III en pleno siglo IX, donde el rey figura como "emperador" y hasta como "emperador de toda España" (Ego Adefonsus, totius Hispaniae imperator), muchos otros textos de los reinados siguientes continuaron aplicando a los reyes el título imperial. A fines del siglo XI, Alfonso VI aparece en el Fuero de Sahagún como -" emperador de toda España". En 1135 Alfonso VII es coronado solemnemente en la catedral leonesa de Santa María, con lo que la idea imperial alcanza su cénit. La Crónica del monarca evoca así tal acontecimiento: " En el segundo día, en que se celebraba la venida del Espíritu Santo a los Apóstoles. los arzobispos. obispos y abades, y todos los nobles y no nobles y toda la plebe, fueron juntos a la iglesia de Santa María, y con el rey García (García Ramírez, de Navarra) y la hermana del rey, habiendo recibido el consejo divino para que llamasen al rey cf11PCrador, porque el rey García y el rey Zafadola de los sarracenos. y el conde Ramón de Barcelona y el conde Alfonso de Tolosa y muchos condes y duques de Gascuña y de Francia le obedecían en todo. Y vestido el rey con una excelente capa, tejida con admirable trabajo, le impusieron sobre su cabeza una corona de oro puro y piedras preciosas, y puesto el cetro en sus manos. teniéndole el rey García el brazo derecho y el obispo Ariano de León el izquie,-do. junto con los obispos y abades le llevaron ante el altar de Santa María cantando Te Deum /audamus hasta el fin , y diciendo: Viva el emperador Alfon.1·0. Y dada la bendición sobre él, celebraron misa solemne .. . Y el Emperador mandó se diesen grandes estipendios a los obispos y abades y a todos, y hacer grandes limosnas a los pobres, de vestidos y comidas".

Con base a distintas referencias documentales, don Ramón Menéndez Pida) fue el principal artífice de la reivindica,ción de ese Imperio leonés, calificado por él como un verdadero Imperio hispánico, tesis a la que se sumó

Imperio Jeont:.,· e Imperio eu fa¡)(lñn.

Título rle "emµ <'· rntlor" df! reyt"i

/eone.ve.,· V ,·n.w~llnn~>.\

Comnallán de Alfon.w VII.

Ajinnm:ián del Imperio medieVfll eJpmio/.

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ESPAÑA MEDIEVAL

Hüffer quien vio en todo lo sucedido la realización histórica de una idea imperial española. Tales postulados encontraron amplio eco entre especialistas e intelectuales en general, aventurándose diversas conjeturas para explicar por qué los reyes de León se habían titulado emperadores y qué significado tuvo, en suma, ese famoso Imperio cuya existencia se daba por supuesta. Con independencia de los fundamentos estrictamente científicos, conviene tener presente que el problema de la idea imperial fue acogido luego en el clima ideológico de la posguerra civil española, ciertamente propicio a ese tipo de planteamientos, lo que originó que aquellas razones técnicas de los medievalistas se vieran en ocasiones alentadas y hasta deformadas por quienes se sumaron a ellas movidos por estímulos de otra índole. En sentido distinto, García-Gallo expresó sus discrepancias con esa opinión común, expuso serias reservas al Imperio leonés tal como era presentado, y defendió una tesis de aire desmitificador. Procede así ahora resumir dos cuestiones. En primer lugar, dando por buena la existencia del Imperio leonés, ¿qué razones se han aducido para explicarlo?. Segundo, ¿en qué consiste exactamente esa tesis revisionista y cuáles son sus fundamentos y conclusiones?. 2.

El porqué del Imperio

La constitución del Imperio leonés y el hecho de que sus reyes se titularan emperadores, han sido explicados en base a los motivos siguientes: - Afirmación de la supremacía intrapeninsular. Los reyes de León se autodesignan emperadores para hacer ostensible su condición de herederos de la tradición visigoda, y poder dirigir así la restauración de la unidad política y religiosa. Al poner de manifiesto su superioridad sobre los restantes reyes peninsulares, justificarían el liderazgo de la lucha común frente al Islam. En términos generales ésta fue la interpretación de Menéndez Pidal, desarrollada luego por autores como Hüffer y Schramm. - Contraposición al Imperio carolingio. El imperio leonés surgió como contraposición hispánica al Imperio carolingio ultrapirenaico. Tal fue la conjetura de Mayer en la que insistió años después el profesor Juan Beneyto. - Réplica al Emirato de Córdoba. Según Lévy-Provem;al la dialéctica de la Reconquista llevó a los reyes de León a titularse emperadores, a fin de ostentar una mayor dignidad ante el creciente aparato formal y político de los emires cordobeses. - Oposición a la Santa Sede. Para hacer frente a las pretensiones romanas sobre España, y como muestra de oposición al Papado, aparece el Imperio leonés. Mantuvo esta explicación en términos generales Antonio Tovar, y Beneyto para el caso específico del rey Alfonso VI.

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3. La tesis revisionista Las brillantes tesis de Menéndez Pidal, justificadoras del conjunto de la interpretación del Imperio, fueron objeto de una primera crítica por GarcíaGallo en 1945. El mismo autor volvió después sobre el tema, con un desarrollo más amplio de sus discrepancias y conclusiones, mientras otras voces científicas -las de Gibert y Sánchez Candeira- se alzaron también como llamadas de atención, pragmáticas y realistas, a los vuelos imperiales. La posición de García-Gallo se explica desde un punto de partida: sólo cabe hablar de Imperio si existe propiamente como tal, es decir, como realidad o estructura política a la que varios reyes, príncipes o condes están sujetos. Hubo Imperio efectivamente con Alfonso VII, a quien habían prestado vasallaje reyes y condes españoles y franceses, según se · aprecia en el propio texto de la coronación. Pero Alfonso VII (1126-1157) es un monarca de León y Castilla, reinos unidos desde el año 1037, y por ello García-Gallo habla de un Imperio castellano-leonés. ¿ Y qué sucede antes?. Alfonso VI (1072-1109) se titula "emperador de toda España", como vimos, y llega incluso a calificarse de "emperador de las dos religiones" en cierta carta al rey Motámid de Sevilla. Recauda además tributos de· algunos reinos de taifas y recibe el homenaje del monarca aragonés Sáncho Ramírez. Pese a todo, García-Gallo advierte sólo una pretensión de política imperialista sin contenido real: ·'Con Alfonso VI sí puede hablarse del Imperio castellano. El calificativo de imperator es ahora un verdadero título, no un simple calificativo sin valor político. Mas, a pesar de ello, no ha llegado todavía a definirse de una manera precisa... Las crónicas y documentos de la época... no dan idea suficiente de lo que era el Imperio bajo Alfonso VI , por la sencilla razón de que el título de impera/Or representaba sólo una dignidad" (El Imperio medieval e.1pañol, 134-136).

Teniendo en cuenta que el primer monarca castellano-leonés, Femando I, no usa él mismo el título de emperador, García-Gallo circunscribe en suma el Imperio medieval al reinado de Alfonso VII. Ello es por supuesto indiscutible -el Imperio con ese monarca- pero quizás insuficiente. A nuestro juicio no faltan razones para retrotraer el Imperio castellano a la época de Alfonso VI. Y esas razones las ha aportado fundamentalmente el profesor Andrés Gambra, quien en un riguroso libro ha revisado los diplomas y el problema de la titulación imperial de ese monarca, tratando de matizar tanto lo dicho por García-Gallo como por Menéndez Pida!. Gambra llega así a las siguientes conclusiones: 1. Frente a la afirmación de García-Gallo de que Alfonso VI utilizó preferentemente el título de rey ( rex), hace notar que ese título se alterna con el de princeps en el quinquenio 1072-1077 y que desde esta última fecha se utiliza el de rex Hispaniae/Hi.1paniarum, de significado ya imperial o preimperial.

Alfon.w VII n1mo empert1dor.

El r,1.wtle A(l,m.w VI.

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2. Alfonso VI se titula por primera vez impernwr no en 1077 (como aseguró Menéndez Pidal), sino un año antes, en la confirmación del fuero de Calahorra. En un diploma de 1077 aparece ya el rey con el título de divina misericordia imperalor 101iu.1· Hispaniae, reiterándose ese genitivo en los años siguientes. 3. La nueva titulación alfonsina de 1077, impernlor toti1u Hi.lpaniae, no es explicable como respuesta a una sola causa, sino a un complejo conjunto de ellas (sumisión de los reyes taifas; inminencia de la conquista de Toledo: problemas del rito y reacción antirromana. reivindicaciones de la Santa Sede: reforzamiento del reino de Aragón, etc.). 4. Tras la conquista de Toledo ( 1085), el nombre de la antigua capital visigoda se incorpora al título (imperator Toletanus). Sin embargo el sonoro calificativo de Toletani imperii rex er magn(licus triumphator, no se relacionó de modo inmediato con la conquista de la ciudad (según creyó Menéndez Pidal) sino que fue acuñado mucho más tarde. c,í,irnd,G"níflGnllo"ln ,xü,mnn

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P,imer nr¡!um,n,".-

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Estamos en cualquier caso con un Imperio y unos emperadores casteJlanos ' O castellano-leoneses , pero la doctrina COmÚn ha Venido hab)ando de un Imperio leonés, existente en el reino de León desde el siglo IX, mucho antes, por consiguiente, de su unión con Castilla. ¿Qué podemos decir de todos esos Alfonsos (III y V), Ordoños (II y III), Ramiros (11 y III) y Vermudos (II y III), que en los documentos de los siglos IX, X y XI aparecen de una u otra forma como emperadores? ¿Cuál fue su Imperio? ¿Existió en realidad un Imperio leonés propiamente dicho?. Para García-Gallo, no. Su crítica a la teoría general tiene dos vertientes. De una parte el recuento de los textos donde los reyes son llamados emperadores. De otra, la valoración de ese título de imperator y el sentido que en rigor cabe atribuirle. En cuanto al primer aspecto, pone de manifiesto algo sorprendente: de los centenares de documentos conocidos, anteriores al año 1037, es decir, de los propiamente leoneses, en sólo unos pocos expedidos por la cancillería regia los monarcas son citados como emperadores, lo que significa que en todos los restantes el rey es llamado "emperador" por terceras personas. Más aún, la mayoría de esos escasos diplomas oficiales son falsos. Quedan en pie un par de textos de Ordoño 11, del año 922 en los que el monarca se adjudica tal título: Ego serenissimus imperator Ordonius. ¿Cómo es posible sostener que haya existido un Imperio leonés durante casi dos siglos, dejando tras sí tan escuálido rastro documental?. Menéndez Pidal arguyó que los reyes de León no prodigaron el título imperial para no verse implicados en embarazosas cuestiones internacionales. Gibert responde a ello de forma contundente: "El rey leonés se consideraba o no emperador, una de dos. Si se consideraba emperador, y. como dice Menéndez Pidal reducía su pretensión a reyes y reyezuelos hispánicos, no es fácil que esto fuese causa de dificultades con el Imperio de Oriente ni con el de Occidente. Uno estaba muy lejos y otro era muy débil para cohibir a un rey magno de España y, por lo menos, nada le hubiera impedido llamarse imperntor en las monótonas donaciones eclesiásticas (Ob.1·ervadoneJ a la tesi.\· del Imperio hüpñnia1 y los Ci11rn

Reinos, 444-445).

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Esta argumentación de García-Gallo resulta ya más que persuasiva, rero todavía añade él un segundo reparo ciertamente demoledor. Observa • e mientras los reyes de León apenas se llaman a sí mismos emperadores, - condes castellanos de la misma época sí se adjudican ese título. ¿Qué ...ede querer decir que un conde, dependiente de un rey, aparezca en los umentos como imperator?. Obviamente cualquier cosa menos que el :. nde se considere "emperador" en el riguroso sentido jurídico de "rey de -e;es". De ello se infiere que la voz imperator fue utilizada en los textos omedievales en un sentido amplio y genérico: imperium es el poder, .:.alquiera que sea su grado; imperare es mandar, de una forma u otra; im~erator es simplemente aquél que manda, no importa dónde y sobre quiés. Conclusión: ni siquiera los documentos de la cancillería regia donde !I monarca aparezca sin más como imperator, constituyen de por sí prueba .:aficiente de que se habla de él como un prppio emperador. Transcurridos muchos años desde el desarrollo principal de la polémica, Pére z Martín volvió más tarde sobre estas cuestiones para ratificar el sentido genérico de imperntor, aplicable a quien es victorioso o ejerce un poder efectivo. Esgrime al efecto los siguientes cuatro argumentos: 1) El título aparece en relación estrecha con ambientes eclesiásticos y la Iglesia no reconoció nunca esle Imperio, que como es1ruc1ura política no existió nunca; 2) El título de imperawr no se usa, o sólo muy raramente, en los documentos cancillerescos auténticos ; 3) El mismo título lo usan a veces también condes de Castilla. de Galicia y de Portugal ; 4) Al considerarse los reyes leoneses sucesores de los visigodos. parece ser que no pretendían con ello tener un imperio sobre los demás reinos hispánicos. ya que de hecho se trataba del reino más antiguo y más fuerte" (La "Re.1publica Christiarrn" medieval, 100).

No hubo, pues, Imperio leonés y sí existió un efímero Imperio caste."lano-leonés. Tal Imperio, proyectado o realizado por Alfonso VI sobre bases estrictamente nacionales, fue vertebrado por Alfonso Vll mediante una estructura internacional tan ambiciosa como inconsistente. Ello fue causa de su ruina. En el siglo XIII ya no se hablará de ese Imperio hispánico. Las pretensiones de Alfonso X nada tendrán que ver con su restauración y sí, en cambio, con el intento -frustrado- de hacerse con el Imperio alemán.

Se1,:unrlo nrJ,:11mento: .,·iK1tiJiu1.

do de In ¡mlnúm "impermor ".

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27. EL PODER REAL Fuadamentos y naturaleza del poder del Rey A) SUORIGEN

Desde el siglo IX los reyes asturleoneses reconocen en los documentos que lo son "por la gracia de Dios" (gratia Dei), fórmula que con algunas , ariantes se repite a lo largo de la Edad Media. Pese a que según BarrauDihigo esta expresión fue empleada de modo trivial, sin implicar "ninguna orgullosa doctrina de derecho divino", lo cierto es que el poder en su origen se remite siempre a Dios, y que los diplomas medievales expresan de muy diversas maneras ese fundamento sobrenatural que en última instancia justifica el gobierno político.

Rey " por/a ~rada de Dios··.

Vermudo II aparece en cierto texto del año 986 como per gratiam Christi et nuw divino regni .rnblimatu.1· honore. Un diploma de San Juan de la Peña menciona a Sancho Garcés I constituido rey por Dios (erexit Deu.1· regem Sonc:io Garc:ione.~). Muchos otros manuscritos aluden al gobierno del monarca "bajo el imperio de Dios omnipotente" (sub imperio omnipotenti.1· Dei). En su estudio sobre el pensamiento político altomedieval, José Antonio Mara vall comenta esos y otros textos , deteniéndose en un diploma navarro que sitúa al monarca Sancho " reinando nuestro seilor Jesucristo y bajo su imperio" (Regnonte domino nostro Jhe.rn Chrüro et .vub eius imperio rex Sonc:ius in Aragone et i11 Pompilona ). Según Maravall "se trata de una fórmula de doble valor: de reconocimiento de la fuente de que procede el poder que se tiene y de acatamiento de la superioridad de la misma" .

El origen divino del poder, con base en el Nuevo Testamento, fue una constante del pensamiento medieval. Cuando Pilatos recuerda a Cristo que puede soltarle o crucificarle, escucha como respuesta que no tendría ese poder si no le " hubiera sido dado de lo alto" (S. Juan, 19, 11). San Pablo por su parte escribe en la Epístola a los Romanos (13, l) que "no hay poder que no venga de Dios". Esos y otros textos son alegados como fundamento de la interpretación que nos ocupa, con independencia de que luego se teorice sobre si el poder viene directamente de Dios al rey, o éste lo recibe a través del pueblo o del papa.

J11.wiJ,1wirl11.

510 Poder rtcibido a trnvb de In mmunidnd oddpnpn.

Poder reábido di~t·tnmente de Dios.

La tesis de que el poder, originario de Dios, llega al rey por medí o de la comunidad (omnis potestas a Deo per populum) fue explícitamente formulada por Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII y sentó las bases de una concepción democrática del orden político, por cuanto si el pueblo confía a una persona el poder, está legitimado también para retirárselo o para ejercer un adecuado control. Sí, en cambio, el monarca recibe el poder temporal del papa, vicario divino, aquél queda subordinado a éste y en términos generales el poder temporal depende del pontificio. Así el dominico catalán Nicolás Eymerich considera artículo de fe que el Papa es señor espiritual y temporal del orbe, lo que en última instancia, según el profesor Montagut, lleva a negar a reyes y príncipes la plena capacidad para crear un derecho que sólo procede de Dios. Tal interpretación concuerda a su vez con la creencia de que el vicario de Cristo ha recibido ambas potestades, la espiritual y la temporal, de las que directamente ejerce la primera y delega la segunda. A tenor de ello, el papa puede deponer al rey inicuo, se justifica la intervención del pontífice en los asuntos temporales, y los propios monarcas -como de hecho sucedió con el aragonés Sancho Ramírez- se hacen vasallos del papa y feudatarios de la Santa Sede. Si el rey recibe el poder directamente de Dios, no sólo cabe justificar su independencia respecto a los súbditos, sino incluso también, en determinados supuestos, la legitimidad del enfrentamiento al papa. La interpretación del derecho divino de los reyes, de corte absolutista, entroncará en los siglos bajomedievales con la recepción del derecho romano, favorecedor a su vez del poder real. Las Partidas (II, 1, 5) señalan así que los reyes son "vicarios de Dios ... cada uno en su reyno". B)

"Re¡¡num" y "ir,:,; regale".

ESPAÑA MEDIEVAL

EL REY COMO TITULAR DEL PODER PUBUCO Y EL REY COMO SEÑOR

Como consecuencia del proceso de la Reconquista y de la ulterior formación del régimen señorial, en la Alta Edad Medía se distingue el poder general y político del rey (regnum), de aquel otro particular o dominical (ius regale) que el monarca ejerce en los territorios no sometidos a los señores. Al existir en el reino una serie de señoríos a cargo de magnates eclesiásticos o seglares (abadengos, solariegos), donde el poder regio es débi 1 como consecuencia de las concesiones de inmunidad, en los otros territorios tal poder es jurídicamente distinto y más intenso de hecho. En ellos aparece el monarca como un señor, constituyendo ese dominio señorial o realengo una auténtica propiedad real (honor regia) . En suma, el regnum es el poder público del rey sobre el reino, y el ius regale el específico del monarca como señor de los territorios no inmunes.

EL PODER REAL

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En la Baja Edad media el panorama cambia. Los señores mantienen celosamente su jurisdicción y privilegios en los dominios de abadengo o solariego, pero el monarca suaviza el control del realengo otorgando una creciente autonomía a las ciudades que en él existen. De ahí que, como García-Gallo observa, la distinción entre regnum e ius regale se atenúe progresivamente y llegue a desaparecer. Se habla ahora de un señorío real, correspondiente a la supremacía del poder político sobre la totalidad del reino. Corresponden al rey, como tal, poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. El ejercicio de la potestad legislativa dependió en la España bajomedieval del juego político rey-Cortes en las dos Coronas de Castilla y Aragón. En ésta se exigió que el monarca legislara de acuerdo con la asamblea, a lo que aquél de hecho hubo de atenerse. En Castilla en cambio el rey gozó de más discrecionalidad. Y ello tanto por el citado absolutismo regio consagrado en las Partidas, texto que atribuye al monarca este poder de legislar, como porque aun dictando leyes con las Cortes, o dominando de hecho a éstas, el príncipe hizo uso a través de las pragmáticas de un procedimiento legislativo indirecto de carácter personal que nunca pudo ser evitado. El encarna asimismo el poder ejecutivo, está al frente de la administración del Estado, representa al reino, concierta la paz o la guerra y es supremo jefe militar. El rey, en fin, es la máxima instancia en la administración de justicia, directamente competente con su tribunal en determinados litigios y juez último siempre en apelación de cualquier sentencia dictada por los jueces del reino.

El "i;eñorío real"'.

Poderes del

rey.

11. El ejercicio del poder y sus limitaciones A) DEL REY AL TIRANO: EL DERECHO DE RESISTENCIA

El rey debe proteger la fe, gobernar con justicia y mantener la paz. Para ello dispone de la fuerza de las leyes, pero debe adecuar también su comportamiento a esos fines y aparecer en suma como un monarca ejemplar. Los diversos textos de literatura política que circulan con el título de Espejos de príncipes, describen las virtudes propias de quien ha de ejercer modélicamente el poder. La doctrina de San Isidoro, según la cual sólo es rey quien gobierna reclamente, que atemperó el absolutismo político visigodo (12, II, D), orienta también ahora el medieval. No obstante, si un buen monarca es el premio que Dios concede al pueblo, el malo y despótico es por lo mismo un castigo divino que la comunidad, por sus pecados, ha de soportar. Ese mal rey en principio no es un tirano, calificativo que se reserva al usurpador que se ha hecho con el poder y gobierna sin justo título. Sólo en el siglo XII, a conse-

Rer10 "·"'

ddpott.r.

El 11rniw.

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cuencia de influencias eclesiásticas y otras francas, los textos atribuyen la condición de tirano al rey legítimo que usa del poder con exceso y gobierna no rectamente. úmitndtm~.,· dd El poder real aparece en teoría limitado por su propio carácter divino, por/a renl. lo que exige que se ejerza con templanza en bien de los súbditos. También por el juramento del monarca, el cual hace explícito su compromiso de defender la fe, guardar el reino y hacer cumplir las leyes. Más problemático resulta que esas leyes le vinculen a él mismo, por cuanto el derecho romano facilitó una interpretación según la cual el príncipe estaba exento de la ley (solutus a lege). Como es lógico los monarcas intentaron hacer prevalecer esa condición soberana, que les sitúa por encima del propio ordenamiento jurídico, excepcionalmente reconocida por unas Cortes como las de Olmedo de 1445 al afirmar que "todas las leyes e los derechos tiene (el rey) so sí", y rechazar que él "oviese de ser e fuese sujeto a sus vasallos e súbditos e naturales, e por ellos juzgado". Lo normal sin embargo es que las propias Cortes traten de sujetar al monarca al cumplimiento de la ley, lo que ciertamente se consigue cuando triunfan las concepciones pactistas. En cualquier caso, fuera mayor o menor la vinculación del príncipe a las leyes y fueros, suele reconocérsele la facultad, o derecho de gracia, de dispensar excepcionalmente a los súbditos de los efectos consiguientes a su aplicación. Den:dw de re.,fatt·n· Las tensiones derivadas de los abusos de poder no llevaron en la Espad n. ña medieval a una formulación teórica del derecho de resistencia. Una cosa fue que determinados excesos -reales o supuestos- fueran contestados por la fuerza, y otra que se legitimara en abstracto la resistencia al rey injusto. En Francia, el obispo de Chartres, Juan de Salisbury, admitió en su Policraticus el derecho de deponer al tirano e incluso el de darle muerte, tesis ésta que no fue aceptada entre nosotros. Las Partidas condenaron la tiranía, contemplando la posibilidad de amonestar al tirano, pero no justificaron su deposición. ¿ Y a quién corresponde advertir o corregir al rey déspota? . Según un pensador de la misma época, el mallorquín Raimundo Lulio, tal tarea es propia del confesor. Este autor atribuye así a los clérigos, como comenta el profesor Piña, ejercer una especie de denuncia profética de ese poder procedente de Dios pero corrompido en la práctica: ·' Merece especial atención ... el papel que Llull atribuye al clérigo como instrumento de denuncia de: las desviaciones del poder, que podemos situarlo en el mismo plano que los profetas bíblicos, cuando corregían a los reyes que se desviaban de la ley de Dios, puesto que al igual que en el pueblo de Dios . el concepto de Justicia y de Derecho en el mundo medieval se identifica con los mandatos divinos " (Alfrm .1·0 X el Sabio y Ram!Ín Llull, 90).

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B)

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LA CONCEPCION PACTISTA EN EL GOBIERNO DEL REINO

El pactismo es un sistema de organización política que fundamenta el gobierno del reino en un contrato, tácito o expreso, entre rey y súbditos. A tenor de ese contrato, la obediencia de los súbditos queda condicionada a que el rey respete sus derechos, fueros y libertades. En los primeros siglos tal sistema no existe en Asturias, León y Castilla, donde se entiende que el rey es puesto por Dios, y ocupa el trono por herencia. Desde el siglo XIII, en cambio, el espíritu de pacto y compromiso hace acto de presencia en el mundo castellano como consecuencia de las tensiones surgidas entre el rey y las Cortes, o entre aquél y algunas fuertes organizaciones sociales, aunque la dotrina política oficial desconozca ese juego político y siga ofreciendo la imagen de un rey absoluto. Las tesis pactistas se concretan por vez primera en Castilla, en las Cortes de Valladolid de 1442, donde los procuradores logran cierta ley considerada como "ley e pacto e contracto", formulándose de modo rotundo años después en las Cortes de Ocaña de 1469. Aquí se te recuerda al rey lo siguiente:

Ctwilln.

'"Toda muchedumbre es materia o causa de confusión, e de la confusión viene la disensión por la pluralidad de los que contienden; e por esto fueron los homes constrennidos por nes~esidad de ensennorear. entre muchedumbre e congrega~ion dellos, a uno que las disensiones concordase ... E vuestro cargo es que mientras vuestros súbditos duermen, Vuestra Alteza vele guardándolos. Y su meres~enario sois, pues soldada desto vos dan vuestros súbditos .. . Pues mire Vuestra Alteza si es obligado por contrato callado a los tener y mantener en justicia'º.

Es de apreciar en el texto una doble o triple alusión al pactismo político: la designación del rey por la comunidad, su carácter de asalariado o mercenario para que vele por ella, y la existencia de un contrato callado o tácito al cual hay que atenerse. En Navarra la concepción pactista se impone desde el siglo XIII y el rey es proclamado sólo tras jurar los fueros. En este reino, como ha señalado Monreal, el pactismo no se limita a declaraciones, sino que el Fuero General consagra un auténtico pacto político que se materializa en el acto del juramento recíproco. A su vez, el pactismo se hace fuerte en Cataluña, en consonancia con la propia estructura feudal, y los estamentos sociales dirigentes, según Montagut, aparecen vinculados a la creación del derecho. En Cataluña, además, las tesis contractualistas son elaboradas por Francisco Eximeni9 en una ambiciosa obra, el Crestiá, donde la comunidad aparece reconocida como fuente del poder civil. Especial relevancia tuvo el pactismo en Aragón. A diferencia del catalán -proyectado luego en Valencia- que se construye sobre las formas de un contrato jurídico, el pactismo aragonés ser~ ante todo, según Lalinde,

Navarrn y

Catalwia.

Arn~ún.

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wjcínnula "Ji no. no ".

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un pactismo político, es decir, un producto de la pugna de hecho entre rey y reino. Esa lucha da lugar a un marco de equilibrio a lo largo del siglo XIII, y tiene de hecho como puntos fundamentales de referencia, la institución del Justicia en las Cortes de Ejea de 1265 y la firma del Privilegio General en 1283. Cuatro años después, sin embargo, el Privilegio de la Unión rompe ese equilibrio en detrimento del monarca, quien queda a merced de que la Unión le mantenga o deponga, hasta que la derrota de esta junta y la derogación del Privilegio en 1348 hace retomar el régimen igualitario rey-reino, consolidándose un sistema transaccional o de compromiso que se adentra en la Edad Moderna. El régimen aragonés fue justificado por los tratadistas en antecedentes remotos, situando su origen en los legendarios fueros del reino de Sobrarbe, donde la elección de los reyes habría revestido siglos atrás el carácter de auténtico pacto a través de un compromiso condicional que nobles y magnates presentan al monarca: Nos que valemos tanto como vos y juntos podemos más que vos, os hacemos nuestro rey y señor con tal que guardeis nuestros fueros y libertades, y si no, no. Esta célebre fórmula -y en especial el rotundo si no, no- quedará en el futuro como paradigma del pactismo aragonés, será citada como temprana expresión del monarquismo democrático en Europa, y hasta Bodino se hará eco de ella al exponer los problemas de la soberanía en sus Seis libros de la República. El texto fue divulgado por el cronista Jerónimo Blancas a fines del siglo XVI. De ordinario se creyó que Blancas había tomado la referencia de un jurista francés. Fran,;:ois Hotman . quien la inventó atribuyéndola a Aragón a fin de justificar en su obra Francogal/ia ( 1573) las rebeliones antiabsolutistas del país vecino. Ralph E. Giesey ha revisado esta cuestión en un libro publicado con elocuente título: lf no/, 1101 . Giesey arguye que la primera referencia a la fórmula aragonesa procede , en 1565, del embajador veneciano Soranzo. Luego siguen las de Hotman y otros franceses , la del secretario real Antonio Pérez y la del propio Jerónimo Blancas.

C) El fll(YflVW () contrnfuerv.

LOS AGRAVIOS Y SU REPARACION

La sujeción del rey al ordenamiento jurídico significa que las normas o actos que lo quebranten, sean considerados como agravios o contrafueros (en Cataluña, greuges), lo que exige la consiguiente reparación . El agravio o contrafuero es sobre todo la actuación del monarca contra el derecho o fuero, pero en un sentido extensivo el agravio puede proceder también de la conducta abusiva de otras muchas autoridades. Según esa amplia interpretación, y a propósito de Navarra, Salcedo lo ha definido como la infracción de cualquier disposición de derecho navarro que lesione sustancialmente la constitución del Reino.

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Entre los agravios hay que destacar el caso frecuente de las llamadas cartas desaforadas, o actos escritos del monarca que vulneran el ordenamiento jurídico vigente. El profesor Gustavo Villapalos, al estudiar el conjunto de los recursos contra los actos de gobierno, ha puesto de relieve que las cartas reales pueden ser tenidas por desaforadas tanto si son disposiciones de carácter general, como si tratan de situaciones individuales, y sea cualesquiera su objeto: provisión de oficios, imposición de cargas fiscales, régimen comercial, asuntos de justicia, etc. En ese contexto misceláneo, las cartas desaforadas revistieron especial importancia cuando atentaban contra los derechos municipales o los ordenamientos hechos en Cortes, generando una reacción de estas asambleas desde fines del siglo XIII y, ya como rechazo rotundo, desde fines del XIV. Las Cortes de Burgos de 1379 solicitaron así del monarca "que lo que es fecho por Cortes o por ayuntamientos que non se pueda desfacer por las tales cartas salvo por Cortes". Ocho años después insisten en lo mismo las Cortes de Briviesca. La reacción frente a los excesos regios llega a arbitrar una fórmula -el obedézcase pero no se cumpla- de la que a continuación trataremos. La reparación de agravios fue planteada por tanto al rey con ocasión de reunirse las Cortes. En ellas los estamentos piden al monarca que restablezca el derecho lesionado y rectifique los contrafueros, mientras éste solicita el otorgamiento del subsidio o ayuda económica (28, II, B). De la fuerza de las Cortes en ese juego político montado sobre una cierta contraprestación, dependió la posibilidad efectiva de exigir que los agravios fueran reparados. En tanto tal fuerza resultó notable en Aragón y escasa en Castilla, la corrección de los desafueros regios aparece en el primer caso como una realidad efectiva y como algo problemático en el segundo.

Lfls "rnnm

de.wjimuln., ".

Repnrnd(m de <1grnvioJ.

Al no disponer de Cortes propias, el conocimiento de las cuestiones de contrafuero correspondió en Mallorca a un tribunal especial, el Conse/1 de In Franquesn, que ha sido estudiado por Piña Homs. El Conw/1 defendió los intereses generales del reino sin entrar en la tutela de posibles derechos individuales conculcados.

Cabe finalmente preguntarse qué sentido tuvo en Castilla el empleo de ciertas cláusulas exorbitantes -al estilo de "no obstante leyes, ordenamientos y otros derechos", etc.-y el quebrantamiento en general por parte del monarca del ordenamiento jurídico. Para Villapalos esos excesos tuvieron un fondo político y, más en concreto, unas motivaciones financieras : "Adem ás los reyes han empleado esas exorbitancias de derecho en un sentido enormemente político. En efecto, una buena parte de las pragmáticas dadas a lo largo del siglo XV se refieren a un mismo tema: la consolidación de jurisdicciones privativas, especialmente en materia fiscal. Los reyes pretenden desde Juan II avocar

Lt1.'i

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exorbiumtt'.\" y su motivadú11.

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para el tribunal de sus contadores mayores todos los pleitos de rentas, tanto reales . como concejiles y señoriales". (Los recurso.1· contra lo.1· actos de gobierno en lo Bajo Edad Media, 93) .

D)

LA LEGAL1ZACI0N DE LA INOBSERVANCIA: LA FORMULA "OBEDEZCASE PERO NO SE CUMPLA"

La ley se dicta obviamente para ser cumplida. Puede darse sin embargo un vicio intrínseco de legitimidad que aconseje no aplicarla, o bien un desajuste insalvable entre la norma teóricamente justa y una realidad que por diversas circunstancias no permite de hecho que aquélla sea llevada a la práctica. En ambos casos la ley ha de ser acatada, en razón de su autoridad, pero no cumplida. Este es el sentido de la fórmula obedézcase pero no se cumpla, presente en el mundo peninsular primero y en el americano después. De las dos causas determinantes de este fenómeno, nos interesa ahora la primera. La segunda tendrá especialmente que ver con las Indias . cuya realidad geopolítica, heterogénea en magnitud y problemas, hizo patente la inviabilidad práctica de algunas leyes dictadas desde Castilla. Cmtilla.

Tal solución de compromiso aparece de forma explícita en las respuestas de Juan I a .las peticiones que las Cortes castellanas presentaron contra las cartas desaforadas. Ante las Cortes de Burgos de 1379, el monarca había declarado que las cartas dictadas contra derecho "sean obede9ibles e non cumplidas fasta que nos seamos requeridos dello". Ante las de Briviesca de 1387 el monarca dispone: "Et por que nuestra voluntad es que la justi~ia florezca e las cosas que contra ella podiessen venir non ayan poder de la contrariar. estables~emos que si en nuestras cartas mandáremos alguna cosa que sea contra ley, fuero o derecho, que la tal cana sea obede.1lido e non conplida, non enbargante que en la dicha carta faga men~ion espe~ial de la ley, fuero o ordenamiento contra quien se dé, nin enbargante otrosí que faga mención especial desta ley nuestra , nin de las cláusulas derogatorias en ella contenidas; ca nuestra voluntad es que las tales cartas no ayan efecto".

Objeto material

del inn11nµlimie1110.

Que las disposiciones reales sean en esos supuestos acatadas pero no cumplidas, no constituye en consecuencia una corruptela anárquica, sino algo previsto y dispuesto. La fórmula obedézcase pero no se cumpla significa en suma una verdadera legalización de la inobservancia , que, entre otros varios, plantea un par de problemas de acusado interés. En primer lugar, ¿qué es lo que tiene que ser obedecido y no cumplido?. Al estudiar estos problemas, García-Gallo se refirió a las leyes mis-

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mas, es decir, a las leyes ilegítimas o injustas. Para Lalinde, en cambio, la fórmula no debe entenderse aplicada a las leyes ni a las pragmáticas del soberano, sino a las meras disposiciones de gobierno. Esta concepción restrictiva contrasta con la muy amplia sostenida por Bermejo, autor que apoyándose en el propio sentido etimológico de las expresiones contrafuero y carta desaforada, valora como tales cualquier disposición que contravenga el ordenamiento jurídico. Creemos en fin nosotros que la fórmula del obedézcase pero no se cumpla no puede ser referida a leyes dictadas por el monarca con las Cortes, porque en ese caso se consagraría el puro inmovilismo jurídico, pero sí desde luego a esas pseudo-leyes que son las pragmáticas, hipotética y unilateral amenaza del rey al ordenamiento vigente, y por supuesto a cualquier provisión de gobierno que atente al mismo. En segundo lugar, si una carta debe ser obedecida y no cumplida, ¿quiere ello decir que es de por sí nula o anulable, o bien, en cambio, debe diferirse su aplicación hasta el momento que se considere oportuno?. González Alonso ha ilustrado este problema con finas reflexiones. Según él observa, la respuesta a las peti<;:iones de las Cortes de Burgos de 1379, entraña que esas cartas impugnadas no son para el rey nulas, sino simplemente que se pospone su ejecución hasta que él las ratifique o revoque. En cambio, lo que el mismo monarca contesta a los procuradores reunidos en Briviesca en 1387, sí implica la nulidad de las cartas. Desde entonces unas veces prevalece la primera interpretación y otras la segunda, no siendo posible en consecuencia resolver en Castilla tal disyuntiva -nulidad o aplazamiento de su entrada en vigor- de forma clara y unívoca.

Nmumlew de la cláusula.

"Tras décadas de titubeos. de búsqueda y ajuste semántico, la cláusula queda fijada y se ritualiza ... No siempre se la concibió como procedimiento exclusivamente suspensivo; testimonios hay que avalan otra interpretación. Avanzado el siglo XV seguía latiendo dentro del obedecer y no cumplir la dualidad -irresuelta en el XIV- entre la nulidad y el simple sobreseimiento de las cartas y disposiciones reales contrarias a Derecho" (La .ftírmu/n "obedézcase, pero no se cumpla", 486).

El acusado carácter pactista propio de Aragón llevó consigo un mayor compromiso por parte del monarca de respetar leyes y fueros, pudiéndose entender que las disposiciones sujetas a la fórmula de la obediencia e incumplimiento eran nulas de pleno derecho. En cuanto a Navarra, la especial preocupación por evitar cualquier tipo de contrafueros, dio lugar a un estrecho mecanismo de control de la actividad regia. Como ha recordado Salcedo, tras la incorporación de Navarra a Castilla, las Cortes de Pamplona de 1514 lograron que las cédulas reales dictadas en agravio de las leyes del reino, fueran obedecidas y no cumplidas. Estamos así ante el precedente del llamado derecho de sobrecarta, estudiado por el mismo autor, que

Arnxún y

Nnvnrra.

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aparece en la Edad Moderna como un sistema navarro peculiar para que las instituciones del reino vigilen la adecuación de las disposiciones al régimen jurídico allí vigente. A su vez, según ha señalado Gómez Rivero, la fórmula obedézcase pero no se cumpla fue incluida tardíamente en el Fuero de Vizcaya y en las ordenanzas guipuzcoanas. 111. La pugna efectiva por el poder A) PODER REAL Y PODER SEÑORIAL Alternntivns m d proceso de rtduC'dún del

podu señorial.

uydeJunn 11

m /442.

La formación de señoríos con amplios poderes jurisdiccionales ( 17 ,III) generó una verdadera pugna de sus titulares, magnates eclesiásticos o seglares, con el propio monarca. El afianzamiento del poder regio en los siglos bajomedievales hubo así de enfrentarse al de los señores, pretendiendo su eliminación o menoscabo por muy diversas vías. En consecuencia se procuraron reducir los señoríos existentes, evitando la creación de otros nuevos o el aumento de los que subsistían, mientras los reyes intentaban recortar en la práctica el poder señorial. La reducción de señoríos tuvo lugar principalmente a través de matrimonios o por herencia, con lo que importantes territorios -v. gr. Vizcaya, Canarias- se convirtieron en realengo. La legislación castellana de las Partidas y del Ordenamiento de Alcalá prohibió además la enajenación del dominio regí~. si bien los monarcas no se atuvieron a esas prescripciones y, de forma a veces mesurada y otras sin control ni medida, entregaron tierras a los nobles y rehabilitaron así el régimen señorial. En las Cortes de Valladolid de 1442, el rey Juan II dicta una ley de acuerdo con la petición de los procuradores, sancionando la prohibición de enajenar el patrimonio de la corona y reconociendo, en caso de incumplimiento, el derecho de los súbditos a la resistencia armada: "Por ende. muy omillmente suplicamos a Vuestra Real Magestad que ... mande. estatuya e por ley por sienpre valedera ordene Vuestra Sennoria que non podades dar. de fecho nin de derecho, nin por otro algunt títol, enajenar yibdades nin villas nin aldeas nin logares nin términos nin jurediciones nin fortalezas de juro de heredad nin cosa alguna dello, salvo a los dichos sennores Reyna e Príncipe .. . e si lo diéredes o dieren, que sea ninguna la tal dádiva o meryet, e que por ella non pase propiedad nin posesión, e que la tal mer~et o dádiva non sea conplida, antes, sin pena alguna, se pueda fozer resistencia actual o verbal de cualquier qualidad que sea o ser pueda. aunque sea con tumulto de gentes de armas".

La ley de Juan II tampoco fue observada. Enrique IV llevó a cabo diversas enajenaciones, alcanzando el poder nobiliario su apogeo en las revueltas políticas castellanas que tuvieron lugar durante este reinado. Los

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Reyes Católicos, tras no pocas alternativas, lograron imponer su autoridad, revisando las concesiones efectuadas y anulando buena parte de ellas. El afianzamiento de la jurisdicción del monarca hubo de hacerse a base de cercenar la que venían disfrutando los señores. No fue ello fácil en Castilla por la fuerza de poderosas familias nobiliarias, entre las que destacaron los Stúñiga, los Alvarez de Toledo y, sobre todo, los Mendoza. En la Corona de Aragón el señorío jurisdiccional tuvo menos extensión y la nobleza vivió más pendiente de las rentas de la tierra, con lo que se hizo fácil la opresión sobre los campesinos. En cualquier caso, una serie de potentes linajes mantuvieron altas cotas de poder: los Cruilles, Prades-Cardona y Cabrera en Cataluña; los Borja en Valencia; y las cinco grandes familias Híjar, Bolea, Castro, Urrea y Urríes- en Aragón. Los reyes intentarán debilitar la fuerza de los señores fomentando las discordias nobiliarias o apoyándose ocasionalmente en las ciudades. Pese a todo, el poder señorial asomará con vigor a los tiempos modernos.

Fllmilins nol>i/wria.'i podt!ITJ.'WS.

B) füNTAS, UNIONES Y HERMANDADES

La afinidad de intereses y su defensa corporativa dan lugar en la Edad Media a asociaciones de muy diversa naturaleza. Tratándose de objetivos religiosos o profesionales, la gente se agrupa en cofradías y gremios (19,IIl,C,2). Pero además, el fortalecimiento progresivo de la conciencia estamental conduce a la formación de una serie de Juntas, Uniones y Hermandades, cuya finalidad desborda Jo estrictamente privado, configurándose como asociaciones que asumen un protagonismo público y participan de hecho en la vida del reino. El peso específico que en toda Europa tuvieron las muy diversas comunidades ciudadanas, de uno y otro tipo, llevó así a Gierke a afirmar que el constitucionalismo medieval había tenido por base los dos grandes pilares de la soberanía y la asociación. Como ha señalado Suárez Bilbao, Hermandad es un vocablo que en la Edad Media tuvo un valor genérico, aplicándose tanto en sentido religiosoque da lugar a las cofradías- como en el económico de las corporaciones de oficios. Las Hennandades surgen en Castilla como una coalición o consorcio de municipios con fines diversos, y fundamentalmente con la finalidad de garantizar la segurid¡id común. Suárez Fernández ha distinguido tres clases de asociaciones: las de ciudades con intereses mercantiles afines --caso de la Hermandad de las Marismas-; la unión de concejos en períodos de anarquía civil; y las asociaciones de propietarios, como las de colmeneros y ballesteros de Toledo, Talavera y Ciudad Real. Sobre esta clasificación, se ha insistido en el carácter marginal o secundario de los objetivos meramente privados, ante la decisiva significación pública de la Hermandad.

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520 Rtl(imen tf, >:obiemo.

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La asociación es erigida mediante un documento, la "Carta de Hermandad", que expresa sus fines y régimen de gobierno. Quienes forman parte de ella acuden a las reuniones por sí mismos para adoptar los acuerdos, o se hacen representar a través de procuradores. Cuando la asociación posee jurisdicción propia, existen unos jueces o "alcaldes de Hermandad" que sentencian los litigios correspondientes. Las Juntas, Uniones y Hermandades no aparecen con carácter uniforme, variando de unos reinos a otros y siendo incluso muy distintas en cada uno de ellos. Desde la perspectiva de su poder y significación pública, debemos destacar aquí algunas Hermandades castellanas, la Unión Aragonesa y la Junta de Obanos en Navarra. a) Hermandades castellanas. De naturaleza estrictamente política es la Hermandad de 1295, constituida a la muerte de Sancho IV para salvaguardar los derechos de su hijo Fernando, entonces menor de edad. La reina viuda, María de Molina, reconoció a la asociación y aprobó sus estatutos. Con finalidad análoga, las Cortes de Burgos de 1315 establecieron una Hermandad de hijosdalgos y procuradores de las ciudades, en defensa del rey niño, Alfonso XI, contra los "hombres poderosos". Los primeros capítulos de la carta fundacional procuraban precisamente controlar la gestión de los tutores regios. b) La Unión Aragonesa. El nacimiento propiamente dicho de la Unión Aragonesa tuvo lugar en las Cortes de Egea de 1265, donde Jaime I reconoce a los nobles una serie de privilegios de carácter político, si bien desde medio siglo antes la alianza de nobles y ciudades había traído en jaque casi de modo permanente a la autoridad del monarca. Según señalamos, la Unión Aragonesa logró extraordinaria fuerza con el Privilegio general de 1283, acrecida en 1287 con el propio Privilegio de la Unión. Este texto reconoce a la asamblea tan insólitas facultades -entre ellas , deponer al rey-, que convierten a la Unión en un órgano supremo sobre las propias Cortes y el monarca. Probablemente en toda la historia española no hubo nunca una asociación ciudadana con tanto poder político como el que ella tuvo, de hecho y de derecho, a fines del siglo XIII; fenómeno quizás debido a que la Unión Aragonesa fuera en realidad, según propone Pérez-Prendes, una pervivencia de instituciones feudalizantes. c) La Junta de Obanos. Esta asamblea navarra es la primera que con propio carácter político aparece en la Península. Formada durante el gobierno de Sancho VII (1194-1234) con la finalidad de asegurar el orden frente a violencias y tropelías, adquiere en los años siguientes esa naturaleza debido a la presencia en el reino de una dinastía francesa . Los infanzones, labradores y eclesiásticos, congregados en el pequeño lugar de

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Obanos, se sienten defensores de las libertades y derechos navarros frente a los reyes extranjeros, e imponen ya en 1237 a Teobaldo I una primera concordia cuyas diferencias habrá de resolver Roma. La Junta estaba formada por los infanzones de cinco comarcas (Arteaga, Miluce, Irache, La Ribera y Obanos), presididos por sobrejunteros en número variable. Durante el siglo XIII se desenvolvió como institución autónoma y aislada, pero con la unión de Navarra a Francia la asamblea entra en alianza con diversas villas que a su vez se habían coaligado para defender sus fueros. El pacto entre la Junta de Obanos y las ciudades tuvo lugar en 1297, reforzando su solidaridad frente al poder real diez años después por una Carta de Hermandad que el monarca aceptó en Cortes celebradas en Olite. Pese a haber sido disuelta por los reyes franceses, la Junta prosiguió su actuación hasta bien entrado el siglo XIV. Ya en la Baja Edad Media, aparece en Navarra la Hermandad del reino. Según advierte Orella, las Cortes de Olite de 1450 realizan una petición a fin de "que los Estados puedan formar una Hermandad para perseguir a los delincuentes" y "para paz, utilidad y provecho del reino". Esa Hermandad debió articularse por merindades. IV. La delegación del poder regio A) CASTILLA Y NAVARRA: VALIDOS Y GOBERNADORES

El rey es la suprema autoridad en el orden político y a él corresponde el ejercicio del gobierno. Dos causas distintas facilitan sin embargo que estas tareas sean asumidas, en mayor o menor grado y con desigual duración, por otras personas. De una parte, las ausencias del monarca hacen necesario que alguien se encargue interinamente del gobierno hasta que él regrese al reino. De otra, el peso mismo de la gestión pública, su complejidad, la eventual indolencia de los reyes, la presión y ascendencia de personajes nobiliarios o su amistad con el monarca, facilitan que éste delegue de hecho el poder en alguien que aparece como privado o valido. En ausencia del rey, su hijo primogénito, la reina o un hermano se hacen cargo en Castilla del gobierno del reino. El alejamiento del monarca fue raro en Castilla pero frecuente en cambio en Navarra, tanto debido a que los reyes navarros dispusieron de señoríos en Francia, que ocasionalmente habrían de visitar, como porque al depender Navarra de Francia durante algún tiempo, lo habitual fue la ausencia regia. En estos casos un magnate es designado gobernador del reino. La delegación del poder, presente el propio monarca, da lugar al régimen del valimiento, manifiesto en Castilla como fenómeno más de hecho

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El "val1mi~nto"

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que institucional desde mediados del siglo XIV. Así en el reinado de Pedro I, un personaje como Juan Alfonso de Alburquerque aparece como valido del monarca -de ese Pedro I que curiosamente "llevó el ejercicio del poder real a los extremos límites del personalismo" (Suárez Femández)--, asume un enorme protagonismo político y actúa en práctica representación del rey frente a las Cortes de Valladolid de 1351. Ya en el siglo XV, don Al.varo de Luna controla el gobierno y señorea la vida pública del reinado de Juan 11. Alvaro de Luna es el gran privado bajomedieval, precursor en el monopolio del poder de los más célebres validos de la Edad Moderna, y más desgraciado que ellos a la hora de perder la confianza del monarca. Ajusticiado en la plaza mayor de Valladolid, la privanza palaciega quedará durante el reinado siguiente, de Enrique IV, en manos de Beltrán de la Cueva. B)

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Lugnrteniente.,·.

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ARAGON: PROCURADORES, LUGARTENIENTES Y GOBERNADOR GENERAL

La estructura política plural de la Corona de Aragón hizo más necesaria la delegación del poder regio en los distintos territorios. Hallamos así procuradores, lugartenientes o virreyes, y también un gobernador general. El monarca actúa por sí mismo o a través de unos "vicarios" o delegados que en cierta forma le representan. A principios del siglo XIII esos delegados toman el nombre de procuradores, mientras el influjo creciente de la doctrina canónica favorece la identificación práctica del representante (el procurador) y el representado (el rey), con lo que aquél es visto cada vez en mayor medida como una proyección efectiva del monarca. Los procuradores. con amplias competencias y facultades jurisdiccionales, se desenvuelven en los dos núcleos territoriales básicos, Aragón y Cataluña, donde el rey reside de modo más habitual. Simultáneamente surgen los lugartenientes en los territorios más alejados, tanto peninsulares (Valencia) como insulares (Mallorca). Allí la ausencia del monarca es algo normal, por lo que el lugarteniente representa la potestad regia y ostenta amplís imos poderes. Sin perjuicio de que el rey designe también lugartenientes para entender en ocasiones en determinados asuntos, aquel otro, estable y con jurisdicción territorial definida, es calificado a mediados del siglo XIV de lugarteniente gene ral. En ese mismo siglo el primogénito heredero recibe el título de gobernador general y designa representantes en los diversos territorios. Con ello sucede que, mientras la gobernación general tiene un destinatario de hecho automático, la lugartenencia continúa siendo discrecionalmente otorgada.

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Pero al decaer el poder del gobernador ante la ascensión y empuje de los lugartenientes generales, el heredero al trono procurará ser también lugarteniente sin abandonar por ello la gobernación general. Al término de la centuria, los lugartenientes aparecen asimismo como virreyes. Un tal Hugo de Anglesola es quizás la primera persona que figura como virrey, en cierto nombramiento de 1397, para que ejerza el cargo en Mallorca. El virrey es un alter ego del monarca y ostenta la plenitud de la potestad regia: jurisdicción civil y criminal, mero y mixto imperio. Alguna vez se nombra más de un virrey para el mismo lugar.

Virreye.,

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ESPAÑA MEDIEVAL

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28. LAS CORTES MEDIEVALES

J. El origen de las Cortes A) LA APARICION DE LOS PARLAMENTOS EN EUROPA

1.

Razones científicas y políticas de su estudio

El derrumbamiento del Antiguo Régimen con la Revolución Francesa dio paso en la Europa del siglo XIX a un Estado Constitucional, que trajo la superación del absolutismo político mediante el control del poder por el pueblo representado en asambleas. A lo largo de esa misma centuria, el movimiento romántico se interesó vivamente por la Edad Media, restañando una imagen hasta entonces deformada por los juicios peyorativos del Renacimiento y la Ilustración . Uno y otro fenómeno resultaron interdependientes, originando a la postre que los mentores ideológicos de esas asambleas políticas volvieran los ojos a los siglos medievales. Ello sucedió, pues, tanto por aquellas razones estrictamente culturales como por otras de naturaleza política. Convenía, en efecto, que los parlamentos populares constituidos en el XIX tras intensas convulsiones revolucionarias, no aparecieran como una novedad radical y por ello perturbadora. Resultaba oportuno mostrar que el control del poder a través de una cámara de representación popular, había sido ya algo ensayado con mayor o menor éxito en la Edad Media y que, por consiguiente, era acorde con las tradiciones jurídicas nacionales. En algunos casos, más aún: que la verdadera tradición nacional había consistido precisamente en un sistema de libertades públicas y de control del poder, configurado en los tiempos medievales, y que se habría desvirtuado luego por el absolutismo regio de los siglos modernos. Con ello, en suma, las asambleas democráticas del Estado constitucional no sólo no contradecían esa tradición nacional, sino que representaban exactamente la restauración de las más añejas y genuinas esencias de la vida política de los pueblos.

Jn1erés en ,:/

,iglo XIX por lasa.w mblras medievale.'i.

528 Cort<.< dt Cádi: y ConeJ rle Cn.1·1illa.

frorfn d, Martíne:. Marina .

Algo de esto sucedió en España. Tras las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, se pretendió entroncar la asamblea constitucional con las antiguas Cortes medievales. La justificación teórica corrió a cargo de un gran historiador, Martínez Marina (2, I, C), quien a tal efecto publicó su Teoría de las Cortes. En esa obra, "el ciudadano don Francisco Martínez Marina", según allí aparece, diputado en las Cortes de 1820 por el principado de Asturias, acomete la empresa de estudiar las Cortes de León y Castilla, calificadas en el propio título del libro como "monumentos de su constitución política y de la soberanía del pueblo". Las Cortes alumbradas en Cádiz vendrían así a enlazar, en el juicio de tan ilustre ciudadano, con las que en la Edad Media habían tenido lugar en esos reinos. Al compás de la oportunidad política, un gran tema científico quedaba abierto. ¿Habían sido las Cortes de León y Castilla, o las medievales en general, asambleas representativas que ejercieron de hecho funciones (imitadoras del poder real?. ¿Asumieron en rigor la potestad legislativa? Ese es el punto de partida de la polémica sobre la naturaleza de las Cortes medievales hispánicas, que llega hasta hoy. Ya en nuestro tiempo. la investigación de los historiadores europeos sobre estas lejanas juntas políticas ha encontrado un cauce institucional. El Congreso Internacional de Ciencias Históricas reunido en Varsovia en 1933, decidió establecer una Comisión que organizara sistemáticamente el estudio de tales asambleas en los diferentes países. Constituida esa Comisión en 1936 (Commi.l'ion forernatio11ale pour / 'hi.l'toire des a.uemblées d' Etats), y apareciendo desde los años cincuenta por su segundo nombre inglés (The Commfasion jiJr the hi.1·tory of Representative and Parlamentary lnsrit11tion .1·). el organismo impulsó múltiples trabajos de investigación sobre estas cuestiones. En el último medio siglo ha tenido así lugar un notable florecimiento de los estudios sobre las antiguas asambleas representativas y parlamentarias, contrastando su antigüedad y características en los diversos países . En lo que a España concierne. constituyó un hito historiográfico el Congreso sobre la Historia de las Cortes de Castilla y León, celebrado en Burgos (1986) y Salamanca (1987) .

LnComi.'lirfo µarn el esturlio

dt /n.< n.rnmbi
2. CurinJ rexin.t y Parlamemo.\·.

ESPAÑA MEDIEVAL

El nacimiento de las asambleas representativas

Los reyes medievales aparecen en Europa rodeados por un séquito de magnates, seglares y eclesiásticos que, de una u otra forma -prestando su consejo o ejerciendo determinadas funciones-, colaboran en la gobernación del reino y figuran junto al monarca a la hora de dictar las leyes. En la primitiva etapa altomedieval, nobles y eclesiásticos monopolizan esas juntas, conocidas generalmente con el nombre de curias, en las que cabe distinguir dos tipos: una pequeña asamblea de regular composición -la llamada Curia ordinaria o reducida- que se desenvuelve en el entorno del monarca y mantiene una habitual relación con él; y otra mucho más amplia -la

LAS CORTES

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Curia extraordinaria o plena- a la que también son convocados los próeres nobiliarios y eclesiásticos de los territorios del reino, cuando circunstl.Ilcias especiales requieren su presencia. En términos generales se puede .iecir que la curia ordinaria evolucionó en la Baja Edad Media hasta conertirse en el propio Consejo del rey (29, II, B), mientras la curia extraorrnaria se transforma simultáneamente en una asamblea más o menos representativa que adopta en Europa diversos nombres: Estados Generales en Francia y los Países Bajos, Parlamento en Inglaterra, Dietas en Alema-1a, Cortes en España, etc. ¿Qué quiere decir exactamente que la curia o curia plena se transforme en una asamblea representativa?. Al estructurarse la sociedad bajomedieval en tres órdenes o estamentos, nobiliario, eclesiástico y ciudadano, sólo los :los primeros formaban parte de las curias regias. La entrada en ellas de los .:,urgueses o ciudadanos las convirtió en juntas representativas del cuerpo -ocial en su conjunto. Tal fenómeno, que no debe ser entendido en el actual _. estricto sentido de la representatividad política, aconteció en Europa de modo general entre los siglos XII y XIV, y en él España desempeñó J n destacado papel precursor. Sabemos así que en la Francia del rey San Luis (1226-1270), los burgueses de las ciudades con especiales franquic ias -las buone vil/e- fueron ocasionalmente llamados a las reuniones de la .:uria, y que el papa Nicolás IV comunicó a Felipe el Hermoso en 1290 haber recibido a sus enviados: condes, barones y la "comunidad del reino" (comitum, baronum, ac universitatum seu communitatum regn i). Por fin, en 1302, los burgueses de Francia se incorporan a la asamblea de íos Estados Generales. En Alemania, a su vez, la curia solemne celebrada en Worms el l de mayo de 1231, da cuenta de que el monarca no introducirá innovaciones legislativas ni tributos sin el acuerdo de los sectores más representativos (meliores et maiores terrae) de los distintos lugares, cuya presencia en las Dietas sólo aparece regularmente comprobada en fechas más tardías. Y ello hasta el punto de que a una multitudinaria curia celebrada en Nuremberg en 1294, a la que concurren nada menos que cinco mil personas entre eclesiásticos, duques, marqueses, condes, caballeros y barones, no asiste un solo representante de las ciudades . En Inglaterra la presencia en las asambleas de los ciudadanos o "gentes del común" (the commons, common people) coincide con el logro de las libertades y la quiebra absolutista de la primera mitad del siglo XIII. De 1215 es la Carta libertatis, la famosa Magna Carta, cuya cláusula 39 consagrará en el mundo occidental el habeas corpus o derecho a no ser reducido a prisión si no es con arreglo a las leyes y tras el correspondiente juicio. De 1258 datan las Provisiones de Oxford, reflejo del triunfo nobiliario frente

Entrndn de lm

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Alemn111a.

ln,~lfllerra.

530

ESPAÑA MEDIEVAL

a Enrique III (1216-1272). En el reinado anterior y antes de la Magna Carta, el rey Juan convocó una asamblea (concilium) en Oxford, el 7 de noviembre de 1213, donde acudieron representantes de los condados para discutir los asuntos del reino (ad loquendum nobiscum de negotiis regni nostri). Esta y otras reuniones de los primeros años del siglo Xlll fueron juzgadas por Maitland como la más temprana manifestación de la presencia ciudadana en las antiguas curias o concilios ingleses, presencia ostensible luego en el Parliamentum convocado en 1265 por Simón de Montfort, quien quizás pudo entonces inspirarse en el ejemplo de la Corona de Aragón, conocido por él, según ha supuesto el historiador Webster. Para una adecuada institucionalización del Parlamento británico en base a la representación ciudadana, habrá que aguardar todavía a 1275 o quizás incluso a 1295. En este último año se reunió el que Stubbs ha llamado .. parlamento modelo" (model

parliament). E..pnñn.

La concurrencia de gentes de las ciudades a las curias convocadas por los reyes, debe ser así situada en la Europa occidental en diversos momentos del siglo XIII o del XIV. En lo que concierne a España disponemos sin embargo de testimonios más antiguos, que se remontan al siglo Xll. En esta centuria, algunos ciudadanos de cinco villas aragonesas debieron asistir en 1164 a una asamblea reunida por el rey Alfonso 11, acontecimiento evocado por ciertos autores (Ricardo del Arco) como la primera manifestación en Europa del fenómeno que nos ocupa. Al margen de esa referencia, no del todo segura, sí consta con certeza que los ciudadanos acudieron a una curia o Corte leonesa celebrada por Fernando 11 en 1170 (meo regno providens bonorum hominum consilio pontificum, militum burguensium), y que ciertos ciudadanos elegidos por distintas villas, estaban presentes en 1188 en la asamblea convocada en León por Alfonso IX, donde el monarca se reunió con eclesiásticos, nobles y ciudadanos: "In Dei nomine . Ego dominus Aldefonsus, Rex Legionis et Gallecie. cum celebrarem curiam apud Legionem, cum archiepiscopo et episcopis et magnatibus regni mei, er cum elecIÜ civibu.v ex .1·i11guli.1· áviratibus, constituí et juramento firma vi quod omnibus de regno meo, tam clericis quam laicis , servarem mores bonos quos a predecessoribus meis habent constitutos" (Julio González, A/Jamo IX, 11, 11 ).

¿Por qué Alfonso IX convocó esta asamblea de 1188? Probablemente, como el profesor Arvizu supone, para recabar el apoyo de todos en los inicios de su reinado. En cualquier caso, las Cortes leonesas constituyen las primeras asambleas de la Europa medieval a las que asisten ciudadanos --en 1170-, e incluso ciudadanos elegidos, en 1188. Algo similar habrá de repetirse en Aragón, donde en las Cortes de Huesca de 1247

LAS CORTES

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aparecen junto a Jaime I altos eclesiásticos, nobles y ciudadanos designados por los concejos (et pluribus militibus et infantionibus, et proceribus, et civibus civitatum et villarum pro suis conciliis destinatis). A lo largo del siglo XIII se institucionalizará la presencia ciudadana, consolidándose en consecuencia las Cortes. La primacía cronológica de las Cortes de León y Castilla en Europa fue explicada y comentada así por el historiador ruso Wladimiro Piskorski: "En León y Castilla la capa social media consiguió acceso a las asambleas representativas, donde se debatían los intereses del Estado, considerablemente más pronto que en las otras monarquías europeas, gracias al temprano desenvolvimiento en aquellos reinos de la libertad política de los municipios, que nacieron y se afirmaron bajo la influencia de la necesidad de un no interrumpido combate con los moros" (la.1· Cortes de Castilla, 8).

B)

LA CURIA COMO ASAMBLEA PRECURSORA EN LA ESPAÑA ALTOMEDIEVAL

En los reinos cristianos surgidos con la Reconquista el rey ostenta un poder absoluto, pero no lo ejerce en solitario. A fin de asesorarle cuando lo requiera, gentes procedentes de los estamentos privilegiados se integran en una curia, nombre con el que se designó al antiguo Palatium regis, que aparece en Cataluña según el profesor Fernández Viladrich en el año 1079, y que desde el reinado de Fernando I (1037-1065), por influencia de la dinastía navarra, se llamó en León y Castilla Curia regia. Sus componentes prestan consejo al monarca y refrendan, como confirmantes, los documentos propios de las disposiciones reales. La Curia regia fue en principio una asamblea típicamente palatina, de la que formaban parte los personajes principales que vivían en la Corte o circunstancialmente se encontraban en ella. Esa Curia ordinaria, de fácil y habitual acceso al monarca, estuvo compuesta por los miembros de la familia real, los funcionarios de palacio (es decir, los integrantes de lo que fue el Officium Palatinum godo), y diversos magnates eclesiásticos y seglares. Con el correr del tiempo -quizás desde el siglo XIII- se integraron también los jurisperitos o sabidores del derecho, a fin de prestar asesoramiento en el complejo mundo legal originado por la recepción romano-canónica. Convocada por el monarca, la Curia ordinaria ejerció fundamentalmente funciones asesoras. Frases como "con el consejo y deliberación de los obispos y nobles de mi curia" (cum consilio et deliberatione episcoporum nobilium curie mee), aparecen con frecuencia en los documentos que recogen donaciones y confirmaciones regias. Junto a ello la asamblea asumió funciones judiciales, bien en primera instancia respecto a los asuntos reservados

Li, Curio ordinnria.

532

ui Curia plena.

ESPAÑA MEDIEVAL

al príncipe, o como tribunal de apelación en casos sentenciados por jueces inferiores. Por su propia naturaleza e instalación en la Corte, la curia ordinaria entendió en la esfera de sus competencias de los asuntos que normalmente se presentaban, es decir, de las materias que podríamos llamar con Procter de ordinaria o cotidiana administración (day-to-day administration). Excepcionalmente, sin embargo, surgían asuntos de especial trascendencia, cuyo planteamiento y resolución afectaban de alguna fonna al reino entero. En tales casos esa junta palaciega resultó insuficiente e inapropiada, por lo que el monarca hubo de convocar junto a sus componentes a otros muchos nobles y altos eclesiásticos de los diversos territorios. Ello dio lugar a una magna asamblea conocida como Curia extraordinaria o plena. El profesor Andrés Gambra, experto conocedor de los diplomas de la época, ha señalado la elasticidad de ese concepto de rnria extraordinaria o plena, que aparece referido a cuatro tipos distintos de asambleas: 1) Las del Palatium regís; 2) Las extraordinarias del Palntium-Curia, tanto de todo el reino como de parte de él; 3) Los Conc:i/ia judiciales; 4) Los concilios eclesiásticos que , durante el reinado de Alfonso VI , revistieron todavía un carácter de asambleas mixtas.

El llamamiento a la Curia plena tenía lugar por el pregón de los porteros reales en distintos lugares, lo que hizo que fuera también conocida como curia o corte pregonada, así como por cartas del monarca que fijaban el lugar y fecha de la reunión. De uno y otro procedimiento se hacen eco las estrofas del Poema del Cid: "Andarán mios porteros por Lodo el regno mio pora dentro en Toledo pregonarán mie cort

enbía sus cartas pora León et a Santi Yaguo a los portogaleses et a gallizianos e a los de Carrión et a varones castellanos"

La Curia plena estaba compuesta por los nobles y eclesiásticos que integraban la ordinaria, por los magnates de los distritos y por obispos y abades. Desde el siglo XII formaron asimismo parte de la Curia plena los maestres de las Ordenes Militares de Calatrava, de Uclés y del Temple. Ahora bien, ¿cuándo se produce la ampliación de la antigua y reducida curia a esa otra más amplia?. O, dicho con otras palabras, ¿cuándo se integran en la curia regia gentes no pertenecientes a la alta nobleza?. Estepa ha advertido ese fenómeno en el reinado de Alfonso IX, pero Gambra aduce razones de peso para adelantarlo al de Alfonso VI. Según él, los miembros de esa caterva palatii que menciona algún diploma, eran de procedencia social heterogénea, lo que confirma la idea de que el Palatium-Curia de Alfonso VI fue ya una asamblea orientada hacia las transformaciones que propiciarán luego la aparición de las Cortes.

LAS CORTES

533

La Curia plena era convocada en los asuntos más graves e importantes del reino: la jura del heredero al trono, la elección y matrimonio de reyes, la declaración de guerra y el pronunciamiento sobre los subsidios y ayudas de carácter económico. Asistió al monarca en el ejercicio de la potestad legislativa, obteniendo sus disposiciones el carácter de leyes generales del reino. Intervino asimismo como tribunal de justicia, sentenciando litigios de diversa naturaleza y entre ellos algunos pleitos surgidos entre concejos. Le correspondió en todo caso una suprema función asesora. El hecho de que en ocasiones difíciles el soberano se vuelva hacia esos súbditos en busca de consejo, aparece reflejado en otro texto literario, el Poema de Fernán González, de la siguiente forma: "Mando llamar el conde a todos sus varones todos los rricos omnes, todos los infan~ones

tan bien a escuderos commo a los peones querie de cada uno saber sus cora~ones".

C)

ENTRADA DE LOS BURGUESES EN 1A CURIA: ORIGEN DE LAS CORIES

l.

Justificación doctrinal: la fórmula "quod omnes tangir"

La conveniencia de que todos participen en la adopción de decisiones que les afectan, fue simbolizada por el pensamierno político medieval en la fórmula quod omnes tangir ab omnibus debet approbari ("lo que toca a todos debe ser aprobado por todos"). Esa máxima no fue en la Europa de entonces una mera elucubración teórica, sino según Marongiou la traducción afortunada y real del espíritu de la época, y un verdadero principio de participación democrática y de consenso político en el gobierno del reino. Aplicada a estos problemas, si las curias regias entendían de los asuntos de interés común, justo era que todos los estamentos sociales estuviesen representados en ellas. Tal principio justificará que junto a los tradicionales sectores nobiliario y eclesiástico, el "tercer estado" o estamento ciudadano se incorpore a unas asambleas en cuyas decisiones resulta comprometido. Los orígenes de la máxima se remontan a un texto del Código de Justiniano relativo al régimen de la tutela en derecho privado (V, 59, 5: Necesse est omnes suam auctoritatem praestare: ut quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobetur). Difundida luego por las decretales de los papas, fue ya utilizada con claro sentido político en la convocatoria a las curias generales de diversos países europeos, y muy significativamente por Eduardo I de Inglaterra al reunir el famoso parlamento de 1295. Aquí el monarca se habría apoyado en esa fórmula del quod omnes tangit, convirtiendo lo que era una mera regla jurídica en un gran principio constitucional (Stubbs).

Orí11e,ws de In fármuln q .tt./.

534

Prt!Jendn en los texto.'i e.,pnñole.~.

ESPAÑA MEDIEVAL

Semejante proceso es asimismo perceptible en España. De una parte, la influencia del q.o.t. se deja sentir en determinados pasajes del Espéculo -"porque a todos tañe el fecho del rey e todos hi han parte"- y también de las Partidas, texto que al tratar de la obligatoriedad del servicio militar en ciertos supuestos de grave sedición o invasión del reino, exige que todos acudan "ca pues que el mal o el daño tañe a todos" . También, de otro lado, en obras de literatura política como el Regiment de la cosa pública de Exirneni~. o en un llamativo fragmento del Rimado de Palacio, donde el canciller López de Ayala discurre sobre los principios que rigen el buen gobierno del reino: "E sean con el rey al consejo llegados Perlados, cavalleros, dotares e letrados

Vnlomf'ión de

lnfórmuln.

Buenos ornes de villas, que hay muchos onrrados; E pues a todo.~ atanne. todo.~ .~ea11 l/a111ados".

Escrita la obra a fines del siglo XIV o comienzos del XV, el último de estos versos constituye una inequívoca versión política del principio q.o.t. aplicado al derecho que los ciudadanos tienen, con nobles y eclesiásticos, de prestar consejo al monarca y participar en los asuntos que les afectan. En las Cortes de la misma época, Maravall ha podido espigar algunos ecos de esa corriente democrática. Así por ejemplo, Juan I pondera la conveniencia de afrontar cierto conflicto bélico y pide consejo sobre ello a los asistentes a las Cortes de Segovia de 1387, "pues esto toca a todo el regno". No debe creerse, con todo, que la máxima q.o.t.represente una consagración de los principios democráticos tal corno hoy son entendidos. Estarnos aquí, de un lado, ante una especie de democracia estamental que no tiene mucho que ver con la inorgánica de nuestro tiempo. Pero es que, además, la representación de los estamentos no es a menudo otra cosa que la de los sectores dirigentes de cada uno de ellos. Pérez Prendes ha escrito así con razón: "Ese omne.1· (de la fórmula) no designa a representantes del yo común, nacional , que acuden a la asamblea a querer o disentir por la nación; ese todos no supone una elección ni una representación democrática. Significa solamente, en nuestro criterio, una totalidad sí, pero la de aquellas clases que tienen una postura dominante en la sociedad medieval, ya sea por sus cargos estatales o eclesiásticos. ya sea por su condición de señores inmunes, ya sea por su integración en una oligarquía ciudadana" (Corte.1· de Castilla, 50) .

2. Transformación de la Curia plena en Cortes La transformación de las antiguas curias regias en parlamentos debe ser analizada desde dos perspectivas. Considerando, de una parte, cuáles son los requisitos exigibles para que la curia en cierto momento histórico se convierta en parlamento propiamente dicho. De otra, preguntándose

LAS CORTES

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acerca de las causas que originaron en la Europa medieval -y más específicamente en España- esa transformación. Con respecto al primer problema, parece aceptable el análisis formulado hace más de medio siglo por el historiador norteamericano Haward Lord. Según él, la curia regis puede ser considerada parlamento si concurren las tres circunstancias siguientes. 1) Que el rey consulte a la asamblea de las clases dirigentes, y en especial de los ciudadanos, de modo regular y sistemático. En consecuencia, la presencia ocasional de los burgueses en una reunión aislada no supone de por sí la existencia de las Cortes. 2) Que las formas de representación en la asamblea adopten cierta fijeza (fixed forms) con arreglo a determinados criterios. 3) Que las gentes allí llamadas no acudan sólo para aclamar las decisiones del príncipe, sino que asuman como colaboradores regios un cierto grado de poder y responsabilidad. El segundo problema se concreta en precisar los motivos que llevaron a los ciudadanos a integrarse establemente en esas asambleas, antes compuestas por nobles y eclesiásticos. El profesor Valdeavellano ha destacado al respecto una doble causa: la importancia económica que habían adquirido unos concejos dueños de abundantes recursos, y las correlativas necesidades de los reyes que les obligaron a solicitar de ellos la concesión de contribuciones extraordinarias --el llamado petitum o subsidium-para hacer frente al agobio financiero. Efectivamente, dueños los burgueses de cierto poder político al controlar los concejos, y dueños también del poder económico al tener en sus manos las riendas del comercio, se convirtieron de hecho en algo parecido a lo que la sociología moderna califica de grupo de presión. Sus pretensiones de querer formar parte de la gran asamblea del reino, coincidieron con los propios intereses de los monarcas, quienes a la hora de las crisis económicas lógicamente deseaban recabar la colaboración de ciudades y ciudadanos. Ese concorde interés no estuvo por otra parte exento de razones y tensiones políticas. Un especialista en la materia, el italiano Antonio Marongiou, ha subrayado la progresiva toma de conciencia de esas curias, que pretendían no sólo aconsejar al monarca, sino también tratar y discutir con él los temas propuestos. Los reyes, por su parte, hubieron de renunciar al ejercicio exclusivo del poder político, reconociendo a las asambleas un cierto carácter representativo, acosados como estaban por las protestas y reclamaciones de ligas, uniones y hermandades que surgían por doquier en todos los reinos. Y una última razón política: la instauración de las asambleas parlamentarias tuvo incluso que ver con un proceso de "opinión pública", es decir, con el conocimiento en unos reinos de las conquistas democráticas logradas en otros, o a través de la misma experiencia de personajes políticos --caso de

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536

ESPAÑA MEDIEVAL

Simón de Montfort- que ocasionalmente intentarían trasplantar las instituciones parlamentarias que antes habían conocido en países distintos. Teoría de Sánchn. Albornoz.

Todo este cúmulo de factores, sociológicos, económicos y políticos, es aplicable en términos generales a España, y en función de ellos hay que explicar la presencia de los procuradores de las ciudades en las curias plenas de León y Castilla. Pero además, y al margen de tales causas generales y complejas, Sánchez Albornoz ha vinculado ese hecho a cierto problema relativo a la moneda y tributos. Una cuestión muy concreta habría sido así la causa específica de la aparicióR en nuestro país de las Cortes. La tesis del ilustre medievalista es expuesta por él de la siguiente forma. En Castilla, León y Portugal correspondió tradicionalmente al rey el derecho de acuñar moneda, en tiempos en que la situación del tesoro regio era precaria y difícil. Las múltiples empresas bélicas, el desarrollo y mantenimiento de la burocracia, los problemas internacionales y el desgobierno administrativo acarrearon crecientes gastos. Al no aumentar parejamente los ingresos, debido a la enajenación de territorios de realengo, donaciones regias y otorgamiento de exenciones propias de la política repobladora, el panorama financiero resultó insostenible. De esta forma, en especiales momentos de apuro, los reyes intentaron aumentar sus ingresos acudiendo a un prosaico recurso, quebrar la moneda, es decir, acuñarla con una mayor proporción de metal bajo, mientras mantenían su valor nominal. Esta alteración de la "ley de la;moneda" (proporción entre el valor nominal y el real), reportaba en princiílio al fisco regio una mayor ganancia, pero lógicamente desencadenó un alza inmediata de precios y numerosos trastornos. Para evitar estos perjuicios los concejos idearon pagar al rey una cantidad en metálico a cambio de que no acuñase moneda en un tiempo determinado. Tal compromiso tuvo lugar por vez primera en las Cortes de Benavente de 1202, donde Alfonso IX se obligó a no acuñar moneda durante siete años: ·• ... cum Dominus Rex vendidit monetam suam gentibus !erre a dorio usque ad mare VII annis de singulis pro emptione ipsius, singulos recipiens morabetinos similiter eodem anno, et tempore simili eorum empta fuit moncta in tota Extremadura"

La reiteración de la venta de la moneda, sistema imitado por las Cortes portuguesas a mediados del siglo XIII, con el consiguiente y repetido pago de la cantidad que impedía la nueva acuñación, dio lugar a un tributo llamado moneda forera. Sin embargo no quedaron aquí las cosas . El monarca no aguardaba a la conclusión del plazo establecido, sino que exigía nuevas colectas bajo amenaza en caso negativo de volver a quebrar la moneda. La resistencia popular y el forcejeo entre rey y concejos, lle-

LAS C'ORTES

537

vó la discusión del grave tema tributario a las curias plenas, donde esos concejos, especialmente afectados por la arbitrariedad financiera, quisieron estar presentes. Por estas razones económicas los procuradores ciudadanos se incorporaron a la curia, transformada entonces en Cortes, con la principal finalidad de votar los impuestos. Según concluye Sánchez Albornoz: . ··Iniciado el sistema, en sucesivas reuniones de las cortes, los reyes concedieron nuevos privilegios a cambio de nuevos servicios. De esta manera surgió; se fue formando la idea del tributo otorgado en cortes. que antes no existía, porque las cantidades con que las clases no exceptuadas contribuían al tesoro real, se fijaban en los fueros-o-i:artas pueblas, o por la costumbre tradicional sin intervención alguna de las curias ... Por la evolución indicada se convirtieron en asambleas representa ti vas, convocadas para votar el impuesto. En adelante esta arma poderosa había de elevar la importancia, el poder y la independencia de las mismas. aunque por breve tiempo, a un grado al que nunca llegó la Curia, y había, eso sí, de prolongar su vida durante siglos" (La Curia Regia Portuguesa, 443).

11. Naturaleza v competencias A) LAS CORTES COMO MERO ORGANO ASESOR O COMO ASAMBLEA LIMITADORA DEL PODER REAL

La naturaleza jurídica y política de Jas Cortes medievales es un tema por demás controvertido. Las discrepancias se han centrado especialmente en las Cortes de Castilla, discutiéndose hasta qué punto fueron una asamblea que controló y limitó el poder regio, o bien en cambio un mero órgano consultivo del monarca. Los estudiosos europeos de las asambleas representativas confieren sólo el carácter de parlamento.1· --Cortes en España- a las que efectivamente controlan de alguna forma el poder del rey, y ello por la simple razón de que la función consultiva era ya propia de las antiguas curias regias. Sobre tal diferenciación. algún autor como el británico Plucknett distinguió los llamados "prototipos de parlamento" (prototype.1· r~f parlia111e111) de los "verdaderos parlamentos" (lrue parliame111.1·).

Tal planteamiento se ha resuelto en tres posiciones principal es. La primera y más antigua fue la de Martínez Marina, para quien las Cortes castellano-leonesas, al legislar conjuntamente con el monarca, controlaron su poder y de alguna forma llegaron a encarnar una especie de soberanía popular en plena Edad Media. Desde la perspectiva opuesta, Colmeiro mantuvo a fines del XIX que esas asambleas no habían superado un modesto papel de órgano consultivo, interpretación renovada y construida de hecho en nuestros días por José Manuel Pérez-Prendes. Entre ambas tesis se ha desarrollado también en estos años una posición ecléctica o intermedia, la

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ESPAÑA MEDIEVAL

cual, desechando las exageraciones de Martínez Marina, atribuye sin embargo a las Cortes de Castilla un papel más destacado que la pura prestación de consejo o el hecho de ser un instrumento en manos de los monarcas. Teniendo en cuenta que de estas tres interpretaciones, puede considerarse superada la del autor de la Teoría de las Cortes, el panorama científico actual a la hora de enjuiciar el problema queda de hecho reducido a las dos últimas. Las Cortes castellanas pudieron limitar el poder regio tanto por sus atribuciones jurídicas como, al margen de ellas, por el juego real de los acontecimientos y tensiones políticas entonces acaecidas. Desde el plano jurídico, Valdeavellano ha destacado que las Cortes, a través de las peticiones y quejas de los estamentos, fiscalizaron la actuación de los monar'cas y legislaron también con ellos, sin que los reyes pudieran derogar por sí solos las leyes, fueros y ordenamientos, ni tampoco exigir unos tributos extraordinarios que la asamblea debía en todo caso aprobar. Desde la perspectiva de los hechos, la que Valdeón llama historia concreta en oposición al puro legalismo teórico, este autor ha puesto de relieve el decisivo papel que las Cortes desempeñaron en las crisis políticas y sociales de la Castilla del siglo XIV, apareciendo siempre como un elemento presente en la dialéctica del poder. No importaría así tanto que las Cortes tuvieran o no reconocida tal o cual atribución, como la realidad probada de su intervencionismo y beligerancia. Las Cortes se mostraron así fuertes cuando el poder real fue débil --<::orno en la minoría de edad de los monarcas-, quedando en cambio arrinconadas bajo el gobierno de reyes autócratu. según sucedió por ejemplo en el reinado de Pedro l. La tesis de Pérez-Prendes explica, en fin, que las Cortes fueron una mera asamblea consultiva, cuyos miembros prestan consejo como respuesta a un requerimiento regio que obliga a todos los súbditos. Con palabras suyas: "Se trata de un órgano político-administrativo, dirigido y controlado por el monarca. dentro de la supeditación de éste a las normas vigentes , las cuales ni emanan ni son custodiadas por las Cortes, cuya única misión es dar consej o, servir, y en las minorías vigilar el exacto cumplimiento de lo previsto para el caso por la legislación real " ( Corres de Castilla, 155-156).

¿Qué decir entonces de las atribuc iones jurídicas, apuntadas antes, según las -cuales las Cortes aparecen como un poder co-legislador, o de esa historia concreta donde episódicamente ellas hacen valer su fuerza ? Respecto a la primera cuestión, Pérez-Prendes hace notar que el hecho de que el rey legisle, como dicen los te xtos, con el consentimiento de to-

LAS CORTES

539

dos, no significa que haya de atenerse a lo que se le indique, perdiendo o compartiendo la potestad legislativa. También los monarcas -añade él- juzgan con un Consejo y no por ello se entiende que el impartir justicia deje de ser una función propia del poder regio. Respecto a lo segundo, la réplica de Pérez Prendes añade que si sólo coyunturalmente o por circunstancias políticas las Cortes limitaron el poder del rey, eso mismo vendría a probar que jurídicamente carecieron de tales atribuciones. La brillante argumentación de este autor ha llevado quizás las cosas demasiado lejos. Entre su tesis -"órgano político-administrativo dirigido y controlado por el monarca"- y la de la otra corriente doctrinal -"órgano político fiscalizador del poder real" (Valdeavellano)- hay todavía sitio para una interpretación intermedia. Las Cortes castellanas fueron a nuestro entender algo más que lo primero y algo menos que lo segundo: una asamblea cuya justificación radicó a menudo en legitimar con su consenso las decisiones unilaterales del monarca, pero que por fuerza de las circunstancias políticas y de la necesaria concordia social -acuerdo sobre los impuestos, leyes, etc.- se convirtió de hecho en un órgano que, con más o menos fuerza, según épocas, limitó y moderó el absolutismo regio. B) LAS CORTES EN LOS REINOS: COMPETENCIAS

Las Cortes representan al reino. Ello significa que si varios reinos u otras unidades territoriales de distinta naturaleza jurídica se integran en las Coronas (26, III, B), cada uno conservará en ellas su propia asamblea. Tal principio fue estrictamente seguido en la Corona de Aragón, donde Cataluña, Valencia y el propio Aragón tuvieron sus cortes diferenciadas, y los territorios ultramarinos de Sicilia y Cerdeña sus específi; cos parlamentos. En la Corona de Castilla hubo hasta mediado el siglo XIV una política oscilante, reuniéndose las Cortes leonesas y castellanas en una . sola o en dos cámaras. Desde entonces existieron unas Cortes únicas, que los señoríos vascongados mantuvieron sus propias Juntas. Navarra tuvo Cortes del reino durante el período medieval y las conservó tras su incorporación a Castilla. Las Cortes entendieron de los asuntos de interés general, pero sus competencias concretas no fueron nunca reconocidas de modo explícito. Al margen de atribuciones genéricas y difusas, como aconsejar al monarca, defender la justicia y la paz, o reunirse con ocasión del juramento del rey y del heredero, su ámbito de acción se proyectó en lo fundamental a tres puntos: concesión del subsidio económico extraordinario o servicio, reparación de agravios e intervención en la actividad legislativa.

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540 Conasüín del .mb.>idio y n,pnrnción d~ a,:rnvioJ.

ESPAÑA MEDIEVAL

El otorgamiento de las ayudas financieras solicitadas por el rey y el acuerdo sobre nuevos tributos, fueron cuestiones de exclusiva competencia de las Cortes, o su función esencial según Sánchez Albornoz. Ahora bien, así como en Castilla resultó usual que se aprobara el servicio antes de que el monarca contestase a las peticiones de los procuradores o reparara los agravios, en Aragón, según ha solido afirmarse, el procedimiento fue inverso, lo que debió significar que la concesión de subsidios quedara condicionada a la previa reparación del desafuero regio. Tal diferencia habría de resultar trascendental para el juego político de unas y otras asambleas. En las aragonesas se da a veces una tan rotunda negativa a otorgar el subsidio, que el rey opta por marcharse sin responder a los agravios. La discusión presupuestaria es además extremadamente minuciosa, hasta lograr el acuerdo de todos, acaparando así estos asuntos la mayor parte del tiempo de duración de las Cortes. En las castellanas, en cambio, los reyes obtienen el subsidio con cierta facilidad, y a menudo quedan luego las peticiones sin respuesta satisfactoria, lo que explica que se reiteren como súplica insatisfecha de unas reuniones a otras. La tradicional afirmación de que las Cortes aragonesas no aprobaban la concesión del servicio hasta que el rey hubiera reparado los agravios, ha sido calificada por González Antón. investigador de estas cuestiones, como "uno de los lugares comunes más repelidos y más carentes de realidad". Este autor recuerda que en las Cortes se presentan agravios contra el rey, pero también contra otras instituciones del reino; de unos brazos contra otros. de villas contra ciudades y de vasallos contra señores, amén de peticiones de mercedes al monarca que éste, discrecionalmente, podía o no atender.

Actividad le¡:i.1'/ntivn.

La actividad legislativa ocupó a las Cortes, pero el peso específico de ellas en tal quehacer fue asimismo distinto en Castilla y Aragón. Ya hemos señalado antes la problemática naturaleza de las Cortes castellanas, en cuya valoración desempeña un papel importante el grado de participación que se les atribuya a la hora de legislar con el rey. En todo caso, bien se entienda que rey y Cortes legislaron de común acuerdo (Piskorski-Valdeavellano) o que el rey no compartió la potestad legislativa (Pérez-Prendes), cierto es que esa potestad se ejerció en Castilla en las Cortes mismas. En Aragón resultan algo más explícitas las facultades legislativas de la asamblea, según reconocimiento del Privilegio general de 1283 . De todas formas, el mismo González Antón, se muestra perplejo a la hora de atribuirles una clara función legislativa. Señalemos en fin que la imagen de unas Cortes aragonesas unidas frente al monarca es más que problemática. El profesor José Manuel Calderón, refiriéndose a las de Tarazana a fines del siglo XV, ve esa imagen de modo inverso: " Las Cortes de Aragón en la Edad Media constituyeron asambleas representativas ... pero no fu eron los aragoneses quienes controlaron por sistema el poder de la Monarquía, sino que

LAS CORTES

541

a su vez, los reyes se sirvieron de las Cortes para sus fines personales o dinásticos ... En conclusión las propias disensiones entre los aragoneses facilitaron el control de la realeza de los resortes que manejaron las Cortes. sin presentar... apenas oposición alguna" (la.1· Corte.1· de Ta razona, 76-77).

ID. Composici6n,funcioaamiento y c:onclusi6n ele las Cortes A) LA REPRESENTACION DE LOS TRES ESTAMENTOS

l.

Los estados nobiliario y eclesiástico

El sector nobiliario formó en general un único estado o brazo, excepto en Aragón donde aparece dividido en dos. De ahí que a diferencia de las Cortes de los demás reinos, compuestas por lo común de tres brazos, las aragonesas den cabida a cuatro. Los dos estamentos nobiliarios en Aragón fueron el de los ricos-hombres o magnates de la alta nobleza, y el de los caballeros. Desconocemos el por qué de esa doble representación, tal vez alentada por los propios reyes para aprovechar las diferencias existentes entre ellos. Pedro IV y Juan I quisieron trasladar tal esquema a las Cortes de Valencia y Cataluña, lográndose exclusivamente en las últimas que durante unos pocos años -de 1388 a 1405- fueran por un lado los barones y por otro los cavallers de la baja nobleza. Salvo esa episódica excepción, el régimen de los dos brazos nobiliarios fue exclusivo de Aragón. El estado eclesiástico aparece representado por las personalidades más destacadas -obispos, abades, priores de importantes monasterios-, quienes acuden por sí mismos o envían en su nombre a un procurador. A veces, según los territorios, figuran en este brazo los maestres de las Ordenes Militares y los procuradores de las Ordenes mendicantes. El papel de los eclesiásticos fue menos importante en las Cortes aragonesas, donde se aprecia su casi exclusiva dedicación a los asuntos de la Iglesia o a la defensa de intereses propios, desentendiéndose en cambio del resto de los problemas . Nobles y eclesiásticos dejaron progresivamente de acudir a las Cortes . La ausencia de ambos brazos fue ya notoria en la segunda mitad del si glo XV y absoluta a partir de 1538. Desde esta fecha las asámbleas contarán sólo con los representantes de las ciudades (38,111). 2.

El estado llano

El tercer brazo estuvo compuesto por los procuradores de las ciudades y villas, si bien no de todas, sino sólo de aquéllas convocadas por el rey en-

El e.,1ame11to nobiliario.

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tre las de territorios de realengo. Las villas de señorío fueron representadas por los respectivos señores seglares o eclesiásticos. El número de ciudades con voto en Cortes sufrió muchas oscilaciones. En Castilla la representación más amplia se dio a principios del siglo XIV -así, hubo cien en las Cortes de Burgos de 1315-, para disminuir luego y estabilizarse en el siglo XV en diecisiete ciudades (Burgos, León, Toledo, Murcia, Jaén, Córdoba, Sevilla, Zamora, Toro, Salamanca, Segovia, Avila, Valladolid, Soria, Madrid, Cuenca y Guadalajara), a las que se sumará Granada tras su reconquista. El recuento muestra la escasa o nula representación periférica y de determinadas zonas como Galicia y Asturias. En la Corona de Aragón, a su vez, el número fue extremadamente reducido a mediados del siglo XIII, pero luego aumentó en Cataluña, Aragón y especialmente en Valencia. Las Cortes navarras, en fin, dan cabida a las cinco cabezas de merindad -Pamplona, Estella, Tudela, Olite y Sangüesa- junto a otras villas cada vez más numerosas. Los representantes de las ciudades reciben el nombre de procuradores en Castilla y de síndicos en la Corona de Aragón. Cada ciudad nombra uno o varios, los cuales en todo caso disponen de un único voto. En la etapa inicial, los procuradores fueron elegidos por los cabezas de familia de las distintas villas. Más tarde, desde mediados del siglo XIV, el consejo municipal asume esa tarea y procede a la designación directa o a través de sorteo. En el primer caso, los concejos quedaron un tanto a merced de la presión regia, que requería a veces el nombramiento de determinadas personas. En el segundo, con el sistema llamado de insaculación, la arbitrariedad de los ayuntamientos o las pretensiones de los monarcas se hicieron más difíciles, aunque siempre fue posible hacer entrar en sorteo a las personas adictas. A veces, en Navarra por ejemplo, se hizo uso de un régimen mixto de insaculación y elección, siendo sorteados los electores que posteriormente eligen a los representantes. Tras su designación, los delegados ciudadanos reciben poderes para actuar en Cortes, constituyéndose en portavoces de la opinión de las ciudades sobre los asuntos propuestos en la convocatoria. De ordinario se ha afirmado que los procuradores y síndicos carecieron de autonomía, debiendo limitarse a transmitir lo que la ciudad hubiera acordado. El poder del procurador representaba así un mandato imperativo. Si surgen nuevas cuestiones, el procurador recabará nuevos poderes, debiendo mantener por tanto una estrecha relación con la ciudad a la que representa, lo que en Cataluña se asegura constituyendo una comisión ad hoc (la veintiquatrena de Cort). El carácter ajustado de los poderes, y la consiguiente carencia de iniciativa de los procuradores, habrían hecho así más comprensible su designación por sorteo y no en razón de aptitudes personales.

LAS CORTES

543

Sin embargo, como ha observado sagazmente el profesor José Sarrión, las cosas no fueron tan radicales y este esquema debe ser objeto de matizaciones. En primer ·lugar, porque el rey solía acompañar unas cartas comendaticias (recomendando personas para lograr una asamblea más sumisa, premiar servicios o ahorrar salarios designando a residentes en la Corte), lo que tendría poco sentido si la personalidad del procurador fuera absolutamente irrelevante. Y además porque las cartas de procuración, señalando lo que había que votar en determinados asuntos, solían dejar otros al arbitrio del procurador. No debería así hablarse, según Sarrión, de un mandato imperativo sin más, sino de un mandato abierto. En su asistencia a las Cortes, los síndicos fueron provistos en la Corona de Aragón de un salvoconducto (guiatge) que preservaba su inmunidad. Cierta inmunidad parlamentaria será asimismo reconocida por Pedro I a los procuradores castellanos en las Cortes de Valladolid de 1351.

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Inmunidad pnrlamentnnn.

B) CONSTITUCION DE LAS CORTES

l.

Convocatoria. Lugar y fecha de reunión

La convocatoria de las Cortes corresponde al rey, quien , mediante carta, indica la finalidad, lugar y fecha de la asamblea. En los casos de menor edad del monarca, la convocatoria puede ser hecha por tutores y regentes, e incluso en tales casos resulta a veces obligado reunir Cortes con cierta periodicidad. Las celebradas en Palencia en 1313 determinaron así que los tu tores de Alfonso XI convocaran Cortes cada dos años , con la amenaza de destituirles en caso de incumplimiento. En Aragón se entendió siempre la convocatoria como una prerrogativa regi a, criterio reafirmado en 1451 cuando los brazos expresan que no se sienten obligados a acudir a Cortes si son llamados por persona distinta al monarca. De hecho, sin embargo, convoca en su nombre el lugarteniente y la asamblea se reúne. Las cartas de convocatoria tienen carácter individual, di rigiéndose por separado a cada uno de los magnates o ciudades que deben asistir. Veamos así por ejemplo dos textos, en los que en un caso el rey llama al obispo de Zaragoza y en otro a la ciudad de Huesca: a) "Jaime, etc., al venerable en Cristo Jimeno, por la divina Providencia obispo Cesaraugustano, y a su amado Capítulo de la misma sede, etc. Pensando Nos, como corres ponde a la dign idad real , tratar y hacer respecto a todas y cada una de las cosas que se refieren a l próspero y quieto estado de nues tros Rei nos, por ello, ordenamos celebrar Corte general a los aragoneses el día oc ho de l próximo fu turo mes de agosto en Zaragoza,

Quil!n n m\'Ot'(l las Cort es.

Cana.,de rt>nl.'fK'(l(tJrin .

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y por ello os requerí mos y rogamos, a vos el citado obispo, esteis personalmente en dicho día y lugar por la causa dicha, y a vos dicho Capítulo, que vistas las presentes, constituyais de vosotros síndicos y procuradores vuestros para consentir y aprobar lo que en dicha Corte se ordenare ... " ( Daroca 14-V11-1300). b) "Pedro, por la gracia de Dios rey de Aragón, de Valencia, Cerdeña y Córcega y conde de Barcelona, a los fieles ciudadanos, jurados y hombres buenos de la ciudad de Huesca . salud y gracia. Como Nos para la utilidad general de nuestro Reino de Aragón nos personaremos en la ciudad de Zaragoza el día octavo después de la fiesta de Pascua próxima venidera, para celebrar Corte general aragonesa, por lo dicho os decimos y mandamos que en dicho término hagais vuestros procuradores con procuración suficiente según el Fuero, para que estén en dicha ciudad para la celebración de dicha Corte" (Zaragoza 5-111-1335). Lugnr y fe, ·h n

d~ reunión .

La designación del lugar y fecha queda al arbitrio del monarca, sin perjuicio de que ocasionalmente se determine en Aragón y Cataluña que deban tener lugar en ciudades más significadas -Zaragoza, Barcelona, Lérida-, o bien que existan múltiples forcejeos para asegurar una adecuada periodicidad con el consiguiente compromiso del rey al respecto. En Castilla solían ser convocadas cada dos o tres años, figurando como períodos más largos sin Cortes, siete años en el reinado de Pedro el Cruel, nueve en el de Alfonso XI y dieciocho en el de los Reyes Católicos, coincidiendo así, como Piskorski observa, con el gobierno de monarcas de corte absoluto. En Aragón, Cataluña y Valencia se celebraron también cada dos o tres años, flexibilizándose de hecho el casi inviable acuerdo, arrancado a Pedro III en 1283, de celebrar Cortes anuales en cada uno de esos territorios. 2. Apertura y comprobación de poderes

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Reunidos todos en el sitio y fecha previstos, tiene lugar la apertura solemne presidida por el rey. Este dirige a los asistentes un enfático discurso, llamado proposición, destinado a explicar con cierto detalle los motivos de la convocatoria y exponer las cuestiones que deben ser sometidas a deliberación y acuerdo. En los casos de minoridad regia, el discurso corre a cargo de la reina regente, algún pariente real o el canciller. Desde el siglo XV asumen con frecuencia esa tarea relevantes personalidades cortesanas. La proposición es contestada por separado por los representantes de los tres brazos. En primer lugar habla en Castilla el estado nobiliario, por boca de un miembro de la familia Lara, y a continuación el eclesiástico a través del arzobispo de Toledo, orden que luego se invirtió conformándose con el uso aragonés. En último término hacen uso de la palabra los repre sentantes ciudadanos, por medio de los procuradores de Burgos, cabeza del reino y capital de la vieja Castilla. Este último formalismo se tornó sin embargo conflictivo cuando los procuradores de Toledo concurrie-

LAS CORTES

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ron por vez primera a las Cortes celebradas en Alcalá de Henares en 1348. Invocando la antigüedad de Toledo como capital de la monarquía visigótica, los procuradores toledanos pretendieron reemplazar a los de Burgos, ocasionándose una ardua disputa en la que llegó a intervenir la nobleza tomando partido por unos u otros. Alfonso XI zanjó la cuestión con una sentencia salomónica: "los de Toledo farán lo que yo les mandare, e así lo digo por ellos; e por ende, fable Burgos". Es decir, mantiene a los de Burgos en su privilegio y exalta a los de Toledo ofreciéndose el mismo rey a hablar por ellos. Tras la apertura y antes del inicio de las sesiones tiene lugar la comprobación de poderes de los procuradores. Carecemos de datos acerca de cómo se hizo esto en Castilla antes de la segunda mitad del siglo XV. En 1475 se ocuparon de tal menester el secretario de la cancillería y otras personas, quizás pertenecientes al Consejo real. Cuando en el siglo XVI hubo un presidente de las Cortes distinto del monarca, él y el secretario de la asamblea comprobaron los poderes, tarea que recayó luego en la llamada Junta de asistentes de las Cortes. Idéntica función fue asumida en las Cortes aragonesas por unas personas, los habilitadores, designados al efecto. C)

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DESARROLLO Y TERMINO DE LAS SESIONES: LA ADOPCION DE ACUERDOS

Concluidos estos actos preliminares, se inician las deliberaciones, centradas en las demandas del rey y en los agravios cuya reparación solicitan los procuradores. Cada uno de los estados se reúne por separado, lo que exige establecer determinadas medidas funcionales que garanticen el orden de los debates, y aseguren una adecuada relación del rey con los distintos brazos y de éstos entre sí. La prolija documentación de las Cortes de la Corona de Aragón hace que nos sea bien conocido su régimen interno, en contraste con la carencia de datos de las Cortes castellanas y navarras. Cada uno de los brazos elige un promovedor. quien actúa como presidente, presenta las propuestas, dirige los debates y plantea los acuerdos a adoptar. Las negociaciones de los distintos brazos con el rey tienen lugar a través de unos tratadores, los cuales actúan como portavoces de las distintas ofertas y contraofertas. Los brazos, por otra parte, se relacionan entre sí mediante dos embajadores nombrados por cada uno de ellos. Las idas y venidas de tratadores y embajadores aseguran una fluida comunicación del monarca y los estamentos. Los acuerdos han de ser adoptados con el asentimiento de todos los brazos, aunque varíen según los reinos las exigencias para obtener ese acuerdo en el seno de cada uno de ellos. De ordinario existe cuando se lo-

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Requisito.\ µnm la ndopci(m de nnu:rtlos.

546

Repnrncirín de axrnvios.

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gra la mayoría en cada brazo, si bien en Cataluña llega a tenerse en cuenta una cierta mayoría moral, es decir, la basada en estimar que determinados votos son de mayor calidad o peso que otros. En cuanto a Aragón, los autores han sostenido tradicionalmente que allí fue exigible la unanimidaa dentro de cada brazo, y por tanto la unanimidad del conjunto de la asamblea. En fechas recientes, sin embargo, ciertos autores han impugnado tal interpretación, mostrando cómo determinadas decisiones fueron tomadas pese a la discrepancia de algunos síndicos. Así Ledesma Rubio ha defendido que la adopción de acuerdos tuvo lugar en Aragón por mayoría dentro de cada brazo, al estudiar las Cortes de Maella de 1404, donde por ejemplo el arzobispo de Zaragoza habla de la firmeza de las resoluciones "no obstant la opposición de algún singular". La reparación de agravios queda en Castilla en manos del rey, quien decide sobre las denuncias presentadas. En las Cortes aragonesas es en cambio el Justicia Mayor la autoridad que juzga y decide, lo que obviamente comporta mayores garantías para el reino. En Cataluña existieron al efecto unos reparadores o provisores de agravios (reparadors de greuges, provisors de greuges), designados por el rey y los brazos de las Cortes. Adoptados los acuerdos, o concluidas definitivamente las deliberaciones sin resultado positivo, se procede a la disolución de las Cortes. D) LA DIPUTACION DE CORTES

Cnraluña.

Las Cortes votan unos determinados subsidios y adoptan ciertos acuerdos. A fin de velar por la correcta exacción y administración de aquéllos y por el buen cumplimiento de éstos, aparece un órgano, la Diputación, cuya gestión se proyecta desde el término de unas Cortes hasta el inicio de las siguientes. Surgida como institución provisional y de finalidad muy específica, adquiere con el tiempo una notable importancia, asumiendo carácter representativo y otras múltiples funciones. En la Edad Media la Diputación de Cortes existe en la Corona de Aragón y sólo a partir del siglo XVI la veremos establecida en Castilla y Navarra (38,111, C). Desde fines del siglo XIII, las Cortes catalanas designaron antes de su disolución unos delegados o diputats, para que se encargaran de la recaudación de los subsidios. Estas gentes, nombradas con carácter accidental para ese cometido, constituyen a mediados del siglo XIV una junta permanente, la Diputació del General, que en el futuro aparece como representación permanente de la generalidad del país o Generalitat. A sus primitivas atribuciones fiscales, la Diputació del General agregó el velar por el cumplimiento de las leyes, tomar juramento a los oficiales reales y

LAS CORTES

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vigilar la seguridad pública, reclutando además huestes militares que quedaron bajo su control. La Diputació del Genernl nos es ahora mejor conocida merced a dos tesis doctorales dirigidas por el profesor Montagut en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. La primera de ellas, de Albert Estrada, estudia los orígenes del organismo, La segunda, de Isabel Sánchez de Movellán, se centra en el siglo XV. El trabajo de Estrada abarca desde los precedentes de la institución, a fines del siglo XIII, hasta la reforma de las Cenes de Barcelona en 1413. El trasfondo teórico de esta primera etapa fue la voluntad de limitar el poder regio, destacándose aquella función financiera del organismo que abocó en la práctica a la constitución de un erario privativo del Principado de Cataluña. El organismo, en suma, quedó configurado como una delegación -
En Aragón la Diputación del Reino pudo tener que ver en sus orígenes, según Sesma, con el establecimiento del impuesto de generalidades -tributo de aduanas a las mercancías al entrar o salir del territorio (32, I, D, 3)cuya inspección fue pretendida por los brazos de las Cortes. La Diputación se consolida en el siglo XV, a partir sobre todo de las Cortes de Alcañiz de 1436, donde los delegados de los brazos nombran ocho diputados con la facultad de elegir a sus sucesores por mandatos trienales. Esos diputados, competentes en cuestiones tributarias y también en defender los fueros del reino, gozan de absoluto poder y sus decisiones no son recurribles ante el Justicia ni ante el monarca. En cierto sentido la Diputación se configura como un órgano político-administrativo autónomo, desvinculado incluso a veces de las Cortes y en manos más bien de la oligarquía del reino. En Valencia existe al concluir el siglo XIV un delegado de las Cortes. Con la misma finalidad inicial de recaudar los subsidios es creada en 1419 la Diputació del Regne.

Am11,ín.

vatencia.

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ESPAÑA MEDIEVAL

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29. LA ADMINISTRACION CENTRAL EN LA ESPAÑA MEDIEVAL l. Caracteres generales. El oficio público

El príncipe, cabeza de la Administración en cada uno de los reinos, es auxi liado en los niveles central, territorial y local por asambleas y funcionarios diversos. Desde la embrionaria organización altomedieval, el sistema administrativo se torna más preciso y complejo en los siglos siguientes, mediante un proceso en el que cabe apreciar dos características principales. En primer lugar, la superación paulatina del régimen primitivo, acusadamente doméstico, donde se mezclan funciones públicas y privadas, y su desplazamiento por una Administración propiamente dicha, esto es, por un conjunto de organismos y personas con ejercicio y empleo público, diferenciados de quienes sirven al monarca en menesteres estrictamente privados. Además, la coexistencia conflictiva de esa Administración regia y de aquella otra organizada en sus dominios por los titulares de señoríos, quienes al amparo de concesiones de inmunidad suplantan la función pública, instauran un régimen señorial que pretende evitar el control del monarca, y en última instancia independizan la administración de amplísimos territorios al disponer.de unos funcionarios señoriales que de hecho sustituyen a los de los reyes. Los colaboradores y auxiliares del monarca son sus oficiales. Nombrados por él, ejercen en su respectivo ámbito de acción un poder que en última instancia procede del príncipe. En principio la relación del rey con los oficiales aparece como algo de carácter privado y personal, consecuencia a menudo de los lazos de fidelidad con que determinadas gentes se vinculan al soberano. Razones de amistad, parentesco, retribución de servicios prestados o recompensa de esos lazos de fidelidad, llevan al monarca a poner a ciertos súbditos al frente de los cargos de la administración central, territorial o local. Con el tiempo, el desempeño de los oficios irá vertebrándose mediante normas jurídico-públicas, que diferenciarán además las competencias de cada uno de ellos, si bien durante la Edad Media, según recuerda García-Gallo, cuanto constituye la actividad del rey y sus oficiales queda englobado en el concepto amplio de justicia. El regimiento o gobernación se centra en lle-

Pmodeln Admini:.tnrrión priVfldnnln púhlkn y ,·oexi.'ilt'ndn de é.'ila nm In seiiorinl.

Lo., ofil'inlrs.

552

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vara cabo la justicia. "Lo que no es realización de la Justicia no incumbe al Estado", sentencia ese autor. A) Nombmmiemo de ojif'iflle.,.

Pn1rimm1inli-

u,áón y venta detljil'IO,\'.

Hereditnriednd rle /tu oj if'io.\·.

ACCESO AL OFICIO

En tanto en cuanto el poder reside en el príncipe y el otorgamiento de cargos es prerrogativa suya, el monarca designa libremente a los titulares de los oficios. No obstante, esa discrecionalidad resultó atenuada en la práctica por las pugnas políticas, por las exigencias de las asambleas del reino y hasta por el hecho mismo de que. tras la constitución del Consejo Real, el rey nombra a los oficiales con su asistencia y asesoramiento. Además, debido a los principios privados que informan la concesión de los oficios, quienes los poseen propenden a considerarlos como una merced particular, que forma parte de su propio patrimonio y que, en consecuencia, pueden enajenar. Tal patrimonializaci6n del oficio abre el camino para que se pueda acceder a él por una vía distinta a la designación regia, aprovechando sencillamente las diversas formas de enajenación que practican quienes hasta ese momento son sus titulares. Algunos oficios fueron así objeto de venta, principalmente por parte de los particulares, pero también incluso en la Castilla del siglo XV por parte del rey mismo, quien los ofreció como Enrique IV al mejor postor. Los oficios fueron también arrendados e incluso subarrendados, con lo que surgían sucesivos beneficiarios de una administración pública que para los súbditos resultaría más gravosa. Algunas personas accedían además al oficio por renuncia de su titular. En consecuencia, así como en el arrendamiento se transmitía sólo el uso del oficio, la renuncia llevaba consigo la transferencia del oficio mismo, bien en beneficio de una institución o de una persona concreta y siempre al parecer con carácter gratuito. Efecto reflejo de la patrimonialización de los oficios fue la tendencia a considerarlos hereditarios. Así algunos altos cargos, como el condestable, quedaron vinculados a oligarquías nobiliarias, transmitiéndose en el seno de esas familias. En un nivel inferior, el local , el cargo de regidor fue otorgado pronto como vitalicio, lo que facilitó su transformación en hereditario. Con independencia de que algún monarca realizara nombramientos dúplices, al padre y al hijo, con lo que a la muerte de aquél, éste seguía como titular único, Tomás y Valiente explica que los regidores castellanos acostumbraron a utilizar cierta doble vía para dejar el cargo a sus hijos. De una parte hicieron uso del procedimiento de renunciar en favor de ellos. De otra, echaron mano del sistema de las llamadas cartas expectativas, por las que los reyes concedían formalmente una expectativa de derecho al cargo, mediante provisión anticipada que surtía efecto a la muerte del titular.

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B) EL CONTROL DE LA GESTION

l.

La inspección ocasional durante el desempeño del oficio: pesquisas y visitas

La gestión de los oficiales públicos podía ser fiscalizada durante el desempeño del cargo a través de visitas y pesquisas. La pesquisa fue en principio un medio de prueba para aclarar en el curso de un proceso la verdad de los hechos, o iniciar el procedimiento mismo. Al aplicarse esta institución procesal al mundo político-administrativo, surgen unos delegados regios o pesquisidores, que controlan mediante la pesquisa (indagación, averiguación) si los oficiales hacen dejación de sus funciones o se exceden en ellas. Intervienen así por orden del monarca "quando le dan algunos hombres querellas de su oficial, que no usa bien de su oficio, que les face muchos agravamientos en tales cosas" (Leyes del Estilo, 55). Visitas y pesquisas fueron cada vez más frecuentes durante el siglo XIV, preceptuando las Cortes de Toro de 1371 que algunos "hombres buenos" designados por el rey visitaran los distritos para controlar la gestión de adelantados, merinos y alcaldes. Un siglo después, las Cortes de Toledo de 1480 refieren el envío de pesquisidores para juzgar las quejas sobre "agravios e fuerzas" de los alcaldes de los adelantamientos, así como para inspeccionar la actuación de los corregidores. Según parece, los pesquisidores de apetecibles corregimientos llegaron a denunciar abusos inexistentes, a fin de desplazar al corregidor y quedarse ellos en su lugar. Una ley de esas Cortes de Toledo denunció así a quienes "por haver causa de quedar por corregidores en los lugares donde fazen la pesquisa, fazen infinitas e mudanzas de verdad", estatuyendo que ningún pesquisidor pudiera ser nombrado en el plazo de un año titular del corregimiento que había inspeccionado. 2. La inspección regularmente estatuida: "juicio de residencia" y "purga de taula" Al concluir el desempeño del cargo, o tras determinados períodos, los oficiales públicos podían ser sometidos a un juicio de conjunto sobre su gestión, llamado en Castilla residencia y en la Corona de Aragón purga de taula. El juicio de residencia es reconocido en Castilla con las Partidas, texto que dispone que jueces y adelantados permanezcan tras su cese cincuenta días en el lugar donde hayan ejercido el oficio, a fin de responder por sí mismos de posibles quejas y denuncias. Tal procedimiento, regulado con

El juirio 1/e re:titlenf'ia.

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detalle por los Reyes Católicos, adquirirá notoriedad, al igual que la visita, al ser exportado luego al mundo americano. Para la profesora Lourdes Soria , esa exigenc ia de responsabilidad tiene tres vertientes . La primera. descubrir si los que han desempeñado los cargos cumpli eron bien su ofi cio. La segunda, atender las q uerellas y reclamaciones, a fin de que sean reparados los abusos habidos. La tercera , inspirar temor y, por consiguiente, frenar los posibles excesos.

l.n "pU'//(1

de tau/11 ".

¿Qué ventajas e inconvenientes ofreció la residencia respecto a los antes citados medios de control?. Entre aquéllas, González Alonso ha destacado el automatismo con que teóricamente tenía lugar, la elasticidad de un sistema que permitía además la sustanciación simultánea de diversas reclamaciones, e incluso la comodidad derivada de su publicidad y lugar de celebración. Como contrapartida, el mismo autor registra la desventaja de que afecte sólo a cierto tipo de oficiales, y el hecho de que se celebre al término del cargo, con la consiguiente dilación en el desagravio de las demandas. En la Corona de Aragón existió la purga de tau/a, juicio contradictorio para discernir la responsabilidad de los oficiales reales obligados a "purgar taula" o "tener taula", respondiendo de posibles agravios y negligencias. Quedaban sujetos a este procedimiento los vegueres, bayles y otros oficiales inferiores de jurisdicción ordinaria y temporal, quienes debían comparecer ante unos jueces especiales (jutges de tau/a) designados por el rey y que actuaban casi exclusivamente a instancia de parte. Tras su institución por Alfonso III en las Cortes de Monzón de 1289, la purga de tau/a tuvo lugar cada año durante un período de treinta días, pasando desde el siglo XIV a celebrarse por trienios. Realizada en la sede de la veguería o baylía a la que pertenecieran los oficiales inculpados, resultó al parecer muy frecuente que ellos fueran absueltos, lo que originaba la consiguiente reincorporación al cargo. C) EXTINCION DE LA RELACION

Cnll.\fl'f que

exl1111(ue11 /11 re/nl'iá11 del

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Clrue.,· det,jido.\' µor .fil durndlm.

La relación entre el rey provisor del oficio y el titular del mismo concluye por causas diversas. Son de mencionar entre ellas, la muerte de uno u otro, el transcurso del plazo en los oficios temporales, la revocación del nombramiento, y la renuncia y enajenación del cargo. La muerte del oficial extingue esa relación, aunque ella pueda prolongarse automáticamente en los cargos convertidos en hereditarios. Más problemático resulta saber si el fallecimiento del monarca otorgante implicó de por sí el cese de quienes había nombrado, supuesto harto probable habida cuenta de las confirmaciones que solía llevar a cabo el sucesor. Respecto a la duración del oficio, distinguimos los concedidos a término o por un período determinado de tiempo, generalmente un año, que naturalmente se

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agotan con la conclusión del plazo, de aquellos otros dados por vida e incluso porjuro de heredad, a extinguir los unos con su titular y transmisibles los otros a los herederos. Los oficios de duración indeterminada y discrecional, ad beneplacitum regis, fueron a menudo considerados como perpetuos. La renuncia y enajenación dan fin a la relación a instancias del beneficiario. En sentido inverso, puede el rey revocar el oficio concedido, procedimiento éste fruto de las concepciones señoriales -el monarca es dueño de los oficios- y que fue contestado con desigual fortuna por el derecho de la época.

U. La Administraei6n Central A) LA CORTE Y SUS OFICIALES

l.

El "Palatium regís" asturleonés

Alfonso II restauró el orden gótico palaciego en la Asturias del siglo IX, pero la compleja organización del Aula Regia visigoda ( 13, I, B) sólo reaparece en Oviedo, y más tarde en León, de forma sencilla y esquemática. Su núcleo, el Palatium, fue también ahora eje de la Administración Central. Del Palatium forman parte, junto a los miembros de la familia del rey y su séquito (magnati palatii y obispos), el mayordomo real, los notarios encargados de la redacción de documentos, el primiclerus que preside la real capilla, los caballerizos y camareros, y desde el siglo X el armiger o jefe de la guardia regia. También están presentes el sayón del palacio, el copero real, y otras personas ocasionalmente ligadas al monarca por vínculos personales como "fieles" suyos. Por último, Sánchez Albornoz supone integrados en las asambleas palatinas a los magnates y prelados que por causas distintas se encontraran en la Corte. Los miembros del Palatium viven con el rey y le acompañan en sus desplazamientos. En el seno de ese pequeño Consejo intervienen a menudo sobre los asuntos de administración y gobierno, asesoran al monarca sobre cualquier tipo de cuestiones, y constituyen, en fin, el tribunal regio. También en la Cataluña condal se dio esta institución. Fernández Viladrich escribe: "'Prácticamente apenas ésta (indepetuienc:ia) ha iniciado sus primeros escarceos, cuando ya en el territorio configurador de la actual Cataluña. sus príncipes evolucionan, si los continuos quehaceres guerreros se lo permiten, en torno a un palacio en el sentido idéntico en que este término se habla utilizado en época gótica o carolingia. en el de un organismo político colaborador, auxiliar, ahora. de los condes en los asuntos de Estado" (Notas en wrno a las asamblea.1· condale.v, 35).

Compmicirín del " Pnlatium ".

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2. Ln Con,.

Los oficiales públicos

El Palatium es designado desde el siglo XI como Curia, Corte o Cort, términos éstos que hacen referencia a la sede que alberga los servicios públicos y privados del monarca. Las Partidas definen a la Corte así: "Corte es llamado el lugar, do el rey, e sus vasalloi, e sus oficiales con él, que le han cotidianamente de consejar, e de servir, e los homes del reyno que se llegan. y, o por honrra del, o por alcanyar derecho, o por fazerlo, o por recabdar las otras cosas que han de ver con el" (11. 1X, 27).

El nlférn

Decadtnl'in dtl ojit-io dt'nlft!rn.

Desde la época altomedieval, el más importante de los oficiales públicos fue el alférez, es decir, aquel armiger regís que ya formaba parte del Palatium como jefe de la guardia real. Sus funciones fueron fundamentalmente militares; guiando en nombre del rey las tropas en el combate o portando junto a él la enseña regia; y quizás también judiciales, al dirimir conflictos por delegación expresa del monarca. Las frecuentes campañas bélicas propiciaron el lucimiento y prestigio de estos alféreces, escogidos a veces entre nobles muy jóvenes, los cuales recibieron a menudo recompensas regias o cargos en la administración territorial del reino. En la Baja Edad Media el oficio de alférez pierde importancia y se vacía de contenido. Como David Torres ha hecho notar, a ello contribuyen dos causas distintas. De un lado, la aparición de otros oficios -singularmente, el condestable y los mariscales- que asumen funciones antes propias del alférez. De otro, la misma desarticulación del cargo, desflecado en dignidades homónimas -alférez mayor del pendón de la Banda, alférez mayor del pendón de la divisa, alférez mayor de la casa del Cordón, etc.-, que desvanecen la solidez institucional del oficio. Ahora el primitivo alférez se perpetúa en el llamado "alférez mayor del pendón real", el cual, entre todos los otros, conserva la condición de abanderado del rey. Aquel autor comenta al respecto: "Así. este oficio decadente y polifacético mantuvo solamente por tradición su prestigio como tal durante la Baja Edad Media. aunque sus titulares en cuanto próceres pudieron ostentar y ostentaron una influencia considerable en la vida política del reino·· (w Admini.1·tració11 central ca.l'tellana, 73).

El nmdeslflbl,.

Las funciones del alférez son heredadas en Castilla por el condestable y en Navarra por el mariscal. La figura del condestable fue instituida por Juan I en 1382 a imitación del connetable francés, si bien tradicionalmente se ha visto en ella la imagen bajomedieval de la antigua dignidad goda del comes stabuli, prolongada luego en el oficio de caballerizo mayor. La creación del condestable se explica, según Torres Fontes, por el hecho de que a

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fines del siglo XIV los reyes fueran ya más cortesanos que guerreros, y más gobernantes políticos que jefes castrenses, lo que hizo necesaria esa suprema autoridad militar que contó con el auxilio de dos mariscales nombrados directamente por el rey. La dignidad y amplios poderes del condestable quebraron sin embargo en la práctica ante la presión de las oligarquías nobiliarias, con lo que el cargo se convirtió pronto en una sinecura cortesana transmisible por herencia. A su vez en el siglo XIV, el mariscal de Navarra desplaza en este reino al alférez, dirigiendo a las gentes de armas con el concurso de otros mariscales de inferior categoría. Tanto en Castilla como en la Corona de Aragón, la suprema dirección de las fuerzas navales correspondió al almirante. El oficio aparece concedido en Castilla por vez primera a Ramón Bonifaz, durante el reinado de Fernando III el Santo, pero su institucionalización sólo se logra bajo el gobierno de Alfonso X, probablemente a partir del año 1260. El almirantazgo proyecta sus competencias a cuanto tiene que ver con losfechos de la mar. El titular ostenta así un poder genérico sobre el mar, ríos navegables y personas que allí desarrollan su actividad, correspondiéndole la jurisdicción civil y criminal, la designación de oficiales y la percepción de determinados derechos y rentas. El interés histórico del almirantazgo castellano vendrá en buena medida determinado por el título otorgado después a Cristóbal Colón de "Almirante de la Mar Océana", lo que llevó a los estudiosos americanistas a indagar el contenido y alcance de la institución en Castilla. Entre otras varias cuestiones, Torres Sanz ha destacado la sorda pugna mantenida en el siglo XV sobre la primacía de los oficios de almirante y condestable en la arquitectura política castellana. Atinadamente opina él que, en el fondo, tal contienda no tuvo tanto que ver con el antagonismo de dos oficios carentes de relaciones y conflictos, cuanto con enfrentamientos personales y con el deseo de preeminencia del poderoso linaje de los Enríquez, quienes habían logrado la vinculación hereditaria del almirantazgo. 3.

Elmari.wal ~n Ntn'flrm.

El a/mira/lle.

Los oficiales privad.os

La casa del rey la componen los oficiales que él nombra o destituye libremente. El profesor Salazar y Acha ha dedicado a ella un importante libro, cuyas conclusiones principales son: 1. El aumento del número y funciones de los oficiales de la casa fue debido principalmente a un proceso que Salazar llama de honorización, consistente en la tendencia de los grandes oficios a convertirse en honoríficos. 2. Los altos dignatarios serán nombrados más por la confianza que merecen al rey que por su propia idoneidad personal, resultando de ordinario fundamental su pertenencia a los sectores nobiliarios.

w,run delrey.

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3. No parece darse una jerarquía definida y estable entre los diversos oficios, con lo que suele predominar la personalidad del individuo sobre la estructura funcional. El mayonfomo.

El mayordomo del rey (maiordomus regís) es el jefe de la casa del. monarca y la primera autoridad de los servicios palatinos de carácter doméstico. Inicialmente debió ostentar múltiples facultades como personaje principal de palacio (primus palatii), pero luego recortó su protagonismo al único ámbito de la actividad financiera de carácter general, teniendo bajo su control tanto a los responsables del servicio doméstico propiamente dicho, como a los tesoreros que custodiaban el tesoro regio. Esa exclusiva función económica quedó consagrada así en una ley de Partidas: "Ca al mayordomo perlenesce tomar cuentas de todos los oficiales, también los que fazen las despensas de la Corte, como de los otros que reciben rentas. e los otros derechos. del qual manera quier que sean, assi de mar, como de tierra" (11, IX, 17).

¿Por qué se produjo la evolución del cargo de mayordomo hasta convertirse en una especie de superintendente de la hacienda regia? Torres Sanz ha propuesto dos explicaciones complementarias: la transformación de la llamada "casa del rey", desde su primitivo carácter privado a otro ulterior con proyección político-administrativa, y la independencia práctica alcanzada por los oficiales domésticos que le estaban sujetos. Ambas contribuyen a reducirle al ámbito financiero, perdiendo el control de aquellos oficiales con competencias no estrictamente económicas. En la Corona de Aragón existió asimismo el mayordomo como jefe de la casa del rey, puesto desempeñado en Cataluña por un oficial llamado senescal. Las Ordenanza~ de Pedro IV establecieron tres mayordomos honoríficos para Aragón, Cataluña y Valencia-Mallorca, contando cada uno de ellos con otros dos auxiliares que efectivamente desempeñaban el cargo. Oficial~., domé.,·. ricos.

El mayordomo regio tuvo en Castilla bajo sus órdenes a numerosos oficiales. Hay que mencionar entre ellos al camarero, a quien las Partidas atribuyen la custodia de la cámara del monarca; al repostero encargado de los objetos de uso personal -y en especial de su vajilla, según el mismo texto-; y al despensero, quien debe "espender los dineros" para el aprovisionamiento cotidiano. Junto a estos funcionarios palatinos, desdoblados a menudo en un responsable principal y otros varios subalternos, figuran también los porteros, el aposentador real, los médicos, el halconero, los monteros, el capellán, los limosneros, etc . Los porteros fueron encargados de entregar las cartas y documentos regios, a cuyo efecto se desplazaban por los territorios y ciudades del reino. Sin embargo, al asumir también de-

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terminadas funciones ejecutivas, los fueros municipales se vieron en la precisión de preservar a las villas y zonas circundantes de esas visitas de los porteros, consideradas a menudo más que inoportunas. La importancia del aposentador real se explica por el carácter trashumante de la Corte, lo que le obligó a prevenir el debido acomodo. Los físicos del rey, a menudo judíos, cuidaban de su salud. Al halconero correspondía la custodia de los halcones, mientras los monteros organizaban y dirigían las jornadas cinegéticas del príncipe bajo la supervisión de un montero mayor, personaje oscuro hasta el siglo XV pero que en esa centuria se convirtió en una gran dignidad cortesana. La atención espiritual del monarca corrió a cargo del capellán, que solía ser un obispo, auxiliado por varios clérigos, mientras del reparto de los donativos producto de la munificiencia regia se encargaba el limosnero. B) LOS CONSEJOS DE LOS REINOS

Las funciones de asesoramiento y asistencia al monarca, propias en la Alta Edad Media de la Curia ordinaria, fueron asumidas en los reinos bajomedievales por los llamados Consejos. Estos Consejos constituyen juntas estables que asesoran al rey y colaboran con él en la administración y gobierno del reino. Presentes a veces en ellos los diversos estamentos sociales, su condición de cuerpos consultivos facilitó una creciente presencia de los letrados. 1.

El Consejo de Castilla

El Consejo de Castilla fue establecido por Juan I en las Cortes de Valladolid de 1385, quedando entonces compuesto de doce personas: cuatro prelados, cuatro magnates nobiliarios y cuatro ciudadanos. En su fundación el Consejo es reconocido como competente en los asuntos del reino, excepto en los de justicia reservados a la Audiencia y en los de gracia propios del rey, si bien éstos habrán de librarse tras ser consultado el organismo. ¿Fue el Consejo de Castilla una pura transformación de lo que había sido en este reino la Curia ordinaria?. Sin perjuicio de que aquél ejerciera una función consultiva, característica antes de esta asamblea, parece claro que su institución descansó sobre presupuestos de acusada novedad, a los que por cierto hubo de aludir entonces el propio monarca ("e tiempo puede ser que algunos parecerá cosa nueva"). Los especialistas más recientes insisten así en la originalidad de este organismo, cuyo estudioso principal, Salustiano de Dios, la atribuye al eminente carácter técnico-burocrático característico de su establecimiento. Para este autor es claro que Juan I

Ori¡¡en y comµm¡it·ión.

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ESP~A MEDIEVAL

quiso erigir un órgano de gobierno y administración, o más propiamente el órgano supremo de la administración central castellana. La novedad del Consejo fundado por Juan I hay que entenderla no sólo respecto a los precedentes genéricos de las Curias, sino también en relación al precedente inmediato del Consejo del rey existente en Castilla en reinados anteriores, y de modo especial en la época de Enrique II. Ordenación de 1387.

Refo= de 1459 y l480.

Importancia del Consejo de Castilla.

El Presidente del Consejo.

A los dos años de su fundación, el Consejo fue reorganizado en profundidad con ocasión de las Cortes de Briviesca de 13 87. En cuestión de competencias, se distinguieron allí los asuntos que el rey podía librar sin el Consejo, reducidos al nombramiento de oficiales y a pequeñas dádivas, de los que el monarca despachaba oído el organismo --concesión de tenencias, tierras, oficios de ciudades, etc.-, y de aquellos otros que el propio Consejo resolvía al margen del rey. Entre estos últimos, objeto de su exclusiva competencia, figura un abundante número de cuestiones relativas a gobernación, guerra, hacienda y justicia. Se acuerda asimismo que las cartas del Consejo sean obedecidas como si fueran firmadas por el rey, y que los consejeros juren guardar fidelidad y secreto de cuanto en él se trate. Durante los años siguientes el Consejo atraviesa múltiples alternativas, acordes con la agitada vida política del reino. Las ordenanzas dadas por Enrique IV en 1459 le reconocieron explícitamente por vez primera competencias judiciales, sancionando en su composición la presencia mayoritaria de los letrados (ocho de ellos, junto a dos prelados y dos caballeros). Una nueva y última reorganización general en el siglo XV fue llevada a cabo por los Reyes Católicos en las Cortes de Toledo de 1480, si bien su alcance, destacado de ordinario por los autores, ha sido restringido y matizado por S. de Dios al poner de relieve las coincidencias fundamentales con lo establecido en 1459. Según un cronista de la época, Remando del Pulgar, en aquellas Cortes de Toledo se reunían a diario "cinco Consejos", los cuales propiamente debieron ser secciones distintas del único Consejo de Castilla, junto a un grupo de nobles y doctores aragoneses. La relativa a cuestiones internacionales aparece presidida por los monarcas. El Consejo de Castilla tuvo ya extraordinaria importancia en la época medieval y la tendrá luego en la moderna. Siendo todos los Consejos "reales" o del rey, ese Consejo :figurará siempre como el Consejo Real por antonomasia. De carácter itinerante a menudo, de acuerdo con los movimientos de la Corte, se asentó con asiduidad en Valladolid, Burgos, Madrid, Segovia y Palencia. El presidente de este Consejo tuvo excepcional importancia, convirtiéndose en la segunda persona de la monarquía, tras el rey. Como ha señalado la profesora Sara Granda, estudiosa de esta institución, los orígenes de la presidencia resultan confusos en la medida en que dependen de la valoración que se haga de una Ordenanza de 24 de agosto de 1390 que concedió atribuciones y preeminencias a uno de los consejeros, el entonces obispo de Segovia. Desempeñada luego la presidencia por prelados o

LAS FUENTES EN ARAGON Y NAVARRA

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poderosos magnates nobiliarios, el cargo se institucionalizará en el reinado de los Reyes Católicos, con nuevas facultades, prerrogativas y honores, y, como observa la misma profesora, alcanzará su máximo esplendor, ya en la Edad Moderna, en los reinados de Carlos Vy Felipe II. 2. Los Consejos de Aragón y Navarra Desde finales del siglo XIII debió diferenciarse en la Curia aragonesa una junta consultiva de carácter estable, competente en los asuntos de gobierno y administración, y que con el tiempo logró asimismo atribuciones judiciales. A mediados de la centuria siguiente, bajo el gobierno de Pedro IV (1336-1387), existe un Consejo presidido por el canciller y del que forman parte los tres mayordomos de Aragón, Cataluña y Valencia; el camarero, el maestre racional, el vicecanciller, el tesorero, los auditores y los procuradores. Ese Consejo Real no es sin embargo otra cosa que un precedente del propio Consejo de Aragón, fundado por Fernando el Católico mediante pragmática de 19 de noviembre de 1494. Como presidente fue designado entonces el vicecanciller, con voto de calidad en el Consejo, siendo sucedido luego por otros varios que ocuparon al tiempo ese mismo cargo. Con ello se plantea el problema de hasta qué punto la presidencia del Consejo quedó formalmente adscrita a la vicecancillería. La misma naturaleza consultiva tuvo en sus orígenes el Consejo de Navarra, órgano que auxiliará luego al monarca en las tareas de gobierno y judiciales. El Fuero General estableció que en los asuntos importantes o /echos granados, el rey se aconseje de doce ricoshombres. Sin embargo en el siglo XIV ese número se ha superado con creces y el Consejo da cabida, junto a ellos, a una serie de dignidades palatinas e importantes prelados, integrando además a funcionarios de la administración y a otros consejeros discrecionalmente elegidos. El Consejo es presidido en Navarra por el rey o el gobernador.

EL Consejo deAragón.

El Consejo de Navarra.

C) CANCILLERIAS Y SECRETARIOS REALES En la administración de los reinos, la autorización y legalización de las disposiciones regias corresponde a la cancillería. Dirigida por su jefe o canciller, forman parte de ella una serie de funcionarios entre los que destacan notarios y secretarios. Además los monarcas hacen uso de unos colaboradores privados, los secretarios reales, para la redacción de las cartas y documentos. La estrecha y personal relación de reyes y secretarios conferirá a éstos, más allá de su función administrativa, un creciente grado de poder político.

I. La Cancillería castellana La Cancillería aparece de forma precaria en los primeros años del siglo XII, bajo el reinado de doñ.a Urraca, se organiza en la etapa inmediata de Alfonso VII y es reordenada en la centuria siguiente por Alfonso X,

Orígenes y organización.

562

Cnnd/ler mayor y rnndlfrr dr

la poridad.

Notarios)' esrribanos.

ESPAÑA MEDIEVAL

monarca con el que tienen lugar, según Pérez-Bustamante, las "mayores novedades institucionales". A partir de una estructura muy simple, jerarquizada en el canciller, notarios y escribanos, y en base a unas facultades precisas de redactar los documentos, autenticarlos y custodiar el sello real, la cancillería vive un proceso de creciente complejidad. Al separarse los reinos de León y Castilla a la muerte de Alfonso VII, surgieron dos cancillerías, adscrita la primera a los arzobispos de Santiago y la segunda a los de Toledo, quienes teniendo el cargo como meramente honorífico designan a modo de cancilleres efectivos a unos delegados suyos. Tal dualismo desapareció tras la reunificación de ambos reinos en el siglo XIII, pero la organización de la cancillería castellana se tornó más intrincada, multiplicando su burocracia y funciones. Al frente de esta oficina palatina figura el canciller o canciller mayor. Junto a él actúa el llamado canciller de la poridad, a quien compete legalizar con el sello de la poridad o secreto las cartas de la misma naturaleza. Es harto probable, como Torres Sanz cree, que la presencia de ese canciller especial y de esos documentos también especiales o reservados, no representen otra cosa que el creciente intervencionismo regio, o como él mismo dice, la actividad discrecional y soberana de la Corona. Tras el capellán, las Partidas califican al canciller de segundo oficial de la casa del rey. Aquél es "medianero entre Dios y el rey", y éste entre "él e los ornes". Textos más secularizados de la misma época le reconocen una preeminencia absoluta que, sin embargo, habrá de ceder en los últimos siglos ante el empuje de otros oficios. Dependientes del canciller se encuentran los notarios mayores, con atribuciones de carácter burocrático aplicadas a supervisar los documentos, autenticarlos mediante el sello que ellos custodian, y registrarlos luego. La base de la estructura cancilleresca la forman los escribanos, a quienes propiamente corresponde la redacción material de los textos. 2. Las Cancillerías aragonesa y navarra

Cnncilluín nrngonr.rn.

Cancillrrla nnvnrrn.

La Cancillería aragonesa es regida por el canciller, personaje de singular importancia dado que presidía tambien el Consejo Real. De ella forman parte el vicecanciller, el protonotario o custodio del sello, el regente y una serie de escribanos y personal subalterno. Con la proyección mediterránea, la cancillería será también un órgano principal en cada uno de los territorios, según sucedió en Sicilia, Cerdeña y especialmente en Nápoles, donde el "gran canciller" alcanza un notable fuste político. En Navarra la figura del canciller real fue más bien de carácter honorífico y recayó en altos dignatarios de la nobleza o clero. Al ser designado,

ADMINISTRACION CENTRAL

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el canciller jura no sellar ningún documento que lleve consigo la enajenación del patrimonio regio. Del trabajo efectivo se hizo cargo el personal auxiliar, donde aparecen algunos clérigos, mientras el canciller percibe los derechos del sello. 3.

los secretarios del rey

Los secretarios reales, como personas que desempeñan funciones político-administrativas y no a modo de simples colaboradores, surgen en Castilla en el siglo XV durante el reinado de Juan II. Ya entonces se perfila la existencia de un secretario principal, más próximo al monarca, diferenciado del resto que queda en segundo plano. Como ha señalado Bermejo, a quien debemos un agudo estudio sobre el particular, los reyes no sólo se sirven de estos secretarios para el despacho de su correspondencia propia u otros asuntos personales. Más allá de tales cuestiones domésticas, esos secretarios reciben un nombramiento, ingresan emolumentos de la hacienda pública y aparecen en suma como funcionarios de la administración central. Contando con la confianza del monarca, los secretarios desempeñan a menudo otros oficios, lo que sin duda facilita la inspección y control indirecto del príncipe. La proyección a diversos campos administrativos se aprecia también en los secretarios navarros de esta época, a quienes vemos como notarios de la Corte, oidores de la Cámara de Comptos, etc. Aquí, al igual que en Castilla, los secretarios son a menudo consejeros, es decir, miembros del Consejo Real correspondiente, lo que prefigura ya un fenómeno de largo alcance: el control de estos cuerpos políticos por el monarca a través de sus hombres de confianza, según acontecerá de forma ejemplar en la Edad Moderna. Existen asimismo en la Navarra bajomedieval secretarios de la reina. En cuanto a Cataluña, Tomás de Montagut ha advertido la presencia, entre los oficiales privados, de unos escribanos independientes de la Cancillería que asisten al monarca para redactar sus cartas o sus órdenes. Tales escribanos o secretarios constituyen un antecedente de lo que luego serán los secretarios privados del rey.

Los serretnrio.\·

•n Ca.willa.

Lo.,· .,·errt'tarioJ en Nnvt1rrn.

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ESPAÑA MEDIEVAL

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30. LA ADMINISTRACION TERRITORIAL Y LOCAL l. La Administración Territorial A) EL REGIMEN CONDAL PRIMITIVO

La estructura del gobierno territorial se acompasó en los primeros siglos al sistema condal característico de la administración visigoda. Al frente de cada una de las circunscripciones figuró así un conde (comes), con amplias atribuciones gubernativas, financieras, militares y judiciales. En el reino asturleonés los reyes concedieron a magnates laicos o eclesiásticos diversos distritos ad imperandum, esto es, para que los rigieran y gobernasen. Y habida cuenta de que el imperium o mando, característico del monarca, fue delegado por él en quienes había colocado como rectores de cada demarcación, tales jefes territoriales pasaron a ser llamados imperantes o imperatores terrae aun antes de que fueran nombrados condes. Con parejo sentido de gobernadores sin jerarquía condal, en Castilla se les designó como potestates, voz alusiva a su vez en Navarra a quienes dirigían un distrito en nombre del rey. Esas autoridades territoriales, imperantes y potestades o condes propiamente dichos, actúan representando al monarca en la defensa y tutela del orden público, recaudan impuestos, administran justicia como propios jueces y dirigen el ejército. Bajo las órdenes del conde figura un delegado o vicario (vicarius), calificado en Cataluña de vizconde o vicedominus, así como varios vicarios auxiliares, ocupados todos ellos en funciones preferentemente económicas. El cuidado de los grandes dominios regios recayó a su vez en un mayordomo o merino (maiorinus), quien desbordó pronto su inicial quehacer doméstico para asumir otras tareas de índole financiera, militar o judicial. Tanto el rey como estas autoridades territoriales hicieron ejecutar sus órdenes mediante alguaciles o sayones, quienes a veces tuvieron delimitada la comarca del condado donde podían intervenir. En esa precisa circunscripción, o desenvolviéndose sin trabas por los dominios condales, el sayón hacía prácticamente de todo: convocaba a las asambleas judiciales, ejecutaba acuerdos, recaudaba multas e impuestos,

El ronde.

"lmpernnte.," y "pote.'itate.'i".

Vkario.'i. merino.'i

y sayones.

568

Crüi.
ESPAÑA MEDIEVAL

prendía a los malhechores, etc. Este temprano régimen de gobierno hubo de respetar la autonomía e inmunidad de los señoríos surgidos entonces, en la medida en que sus titulares lograron una independencia creciente del poder político. Por lo demás. tal sistema de gobierno territorial dejó de tener sentido en Cataluña a partir del siglo X, cuando los propios condados se convirtieron en unidades políticas independientes. En Castilla, a su vez, la pujanza de los señoríos inmunes y de unos concejos fortalecidos por la prosperidad de la vida urbana, transformaron en la centuria siguiente tan simple esquema hacia formas administrativas más sofisticadas. B) EL SISTEMA A PARTIR DEL SIGLO XII

l. Tenentes.

Mermo.\·.

/tdtlnntndm.

Castilla y Navarra: tenencias, merindades y adelantamientos

Como consecuencia de las concepciones feudales, el gobierno de los distintos territorios se identificó progresivamente con el disfrute de beneficios (20, II, C,l) -en especial, militares- que recibían las personas vinculadas al monarca por lazos de vasallaje. De esta forma , al igual que en Aragón y Navarra los nobles lograron en beneficio distritos concedidos por el rey (honores regales), en la Castilla de fines del siglo XI los magnates vasallos del monarca fueron favorecidos con el gobierno de territorios llamados tenencias. Su titular, el tenente, disfrutó así de poder público y retuvo en su provecho parte de las rentas de la comarca. La tenencia era revocable según libre voluntad del monarca, si bien quienes las desempeñaron , ante el ejemplo tal vez de las honores pirenaicas transmitidas de padres a hijos, pugnaron en Castilla por convertirlas en hereditarias. El acrecentamiento de funciones conseguido por los merinos condujo a que ellos se convirtieran en oficiales públicos con destacado poder jurisdiccional. Mientras pronto los merinos de los dominios regios de una misma zona, fueron puestos bajo el control global de un merino mayor. con lo que éste aparece como gobernador de esa circunscripción llamada merindad, desde fines del siglo XII constatamos la existencia de merinos mayores en Galicia, Extremadura, Asturias, León, Burgos, etc. Sobre todos ellos, y con rango superior, destaca la figura de un merino mayor del reino: el merino mayor de Castilla (merinus maior in Castella) , el de León (maior merinus in Legione), y desde el reinado de Fernando III el de Galicia (maior merinus in Gallecia). A mediados del siglo XIII, Alfonso X pone al frente de los territorios andaluces, rec ientemente reconquistados, a un adelantado de la frontera. En los años siguientes, un nuevo oficial, el adelantado mayor, sustituye a

ADMINISTRACION TERRITORIAL Y LOCAL

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los merinos mayores en las grandes circunscripciones de Castilla, León, Murcia y Galicia, e incluso episódicamente en Alava y Guipúzcoa. Los adelantados mayores fueron delegados del rey que rigieron los distritos con amplias competencias gubernativas, judiciales y militares. Ahora bien, esos personajes no reemplazaron siempre a los merinos mayores. En los siglos bajomedievales existieron territorios regidos por el adelantado, mientras en otros éste actuaba con el concurso de uno o varios merinos, e incluso ciertos distritos contaron con el antiguo merino mayor sin conocer el régimen del adelantamiento. Ello ha originado una notable confusión a la hora de valorar las dos figuras -merinos mayores y adelantados mayores- y atribuirles idénticas o distintas funciones. De ordinario los autores han procedido a una cierta identificación de merinos y adelantados, oficiales que con un mismo quehacer se habrían sucedido en el tiempo o habrían coexistido en determinados momentos. Así Rogelio Pérez Bustamante, al ocuparse minuciosamente de la administración castellana bajomedieval, ha puesto de relieve la semejanza de funciones de unos y otros, aduciendo textos documentales en que estos oficios resultan equiparados. Pérez-Prendes, en cambio, desliga ambos cargos sobre una diferenciación, registrada en el Espéculo, de la justicia que pudiéramos llamar judicial (la que se "faze judgando") y de aquella otra que se "faze por obra", justicia gubernativa que de alguna forma implica la obligación de que se cumpla la justicia misma. El monarca es cabeza de la acción de hacer justicia en el doble aspecto, pero sus representantes en los territorios asumen parcial o totalmente esa compleja función. Al rechazar Pérez-Prendes que el merino sea un juez, explica la presencia de los adelantados de esta manera:

Merino.\· mnyon!.\'

y ndeln11tndo.1 mnyorrs.

lnterprrtm·ione., tuimilatfom., ·y

diferenl'iadoras de merinos y ndelantndo.,.

"También las peculiares circunstancias de cada ocasión y sitio darán sentido distinto al adelantado. Si adonde se le envía existe o se envía también un merino. a cada uno corresponderá una de las dos vertientes de facer justicia ... Pero si este último no existe allí o no se considera políticamente oportuno nombrarlo por las razones que sean, y que son. naturalmente muy variables, según los instantes y circunstancias, el adelantado tendrá sobre sí todo el peso de la tarea de facer justicia en su entera dimensión" (" Facer justicia". Notas sobre actuación gubernativa medieval, 77) .

La diferenciación entre merinos y adelantados resulta asimismo clara para Sánchez-Arcilla. Los adelantados son jueces que entienden en apelación de causas ya falladas, y directamente, por delegación, de los casos graves reservados al monarca. Los merinos, en cambio, desempeñan principalmente funciones de policía gubernativa, ejecutando la justicia y persiguiendo a los delincuentes. Ahora bien, ¿por qué los reyes pusieron unas veces al frente de territorios a jueces propiamente dichos, es decir a adelantados, y otras en cambio a esos merinos, custodios y ejecutores de la justicia?. Sobre tal problema, oscuro en las fuentes, Sánchez-Arcilla a ven-

Rnzone.r para nombrar merino., o ndelnmado.,. HtpúteJi.r de Sánchez-Arcil/a.

570

ESPAÑA MEDIEVAL

tura una hipótesis que explica la presencia de adelantados en aquellos territorios alejados o fronterizos, en función de la habitual ausencia del rey, debido a que las circunstancias exigían jueces con amplias facultades y que pudieran actuar con rapidez y autonomía. A su vez la sustitución de los merinos por adelantados pudo deberse, en opinión del mismo autor, a criterios de ahorro público en un panorama de crisis económica. En el reino de Navarra la administración territorial se articula principalmente en merindades y valles. Las merindades fueron al principio cinco y luego seis: las Montañas, con capital en Pamplona, Sangüesa, Estella, la Ribera, Ultrapuertos y Olite. Entre los valles destacan como más importantes los de Roncal y Salazar. La profesora ConsueloJuanto, estudioso de la merindad de Sangüesa, observa que el antiguo sistema de tenencias desaparece entre los siglos XII y XI 11, surgiendo entonces el de merindades. así llamado por relación al oficial -el merino- que lo gobierna y administra.

2.

Pron,rnrforeJ , lu,-:nrtrnielllt'J y "ponnnt Vt.'UJ " .

Jwun.< y ., obn!juntero.'i.

Vel(uer y

bny/e.

Ju,11dn:.grH.

Corona de Aragón: juntas, veguerías, baylías y justiciazgos

La pluralidad de reinos y territorios que formaban la Corona de Aragón, así como su dispersión geográfica, impuso que el monarca designara en ellos unos representantes revestidos de amplias facultades, fundamentalmente de carácter judicial. Esos representantes reciben el nombre de procuradores, procuradores generales si disponen de un mayor poder, o lugartenientes si se consideran como un alter ego del príncipe (27,IV, B ). Cuando la "gobernación general" fue asumida por el primogénito del monarca, éste designó unos delegados, los portant veus, quienes sustituyendo a los procuradores dirigieron la administración de cada país. En Aragón los distritos, llamados honores, universidades o merinatos, fueron dirigidos por un oficial o merino. Pero de otra parte, los municipios se asociaron para defender el orden público, constituyendo unas juntas con jurisdicción sobre el territorio global de los municipios confederados. La dirección de las juntas correspondió al sobrejuntero, quien aparece por tanto como una autoridad de esa administración intermedia o territorial. En Cataluña el antiguo vicario del conde es conocido en la etapa bajomedieval con el nombre de veguer, jefe gubernativo, militar y juez ordinario en su distrito o veguería. El veguer preside el Consejo municipal y su jurisdicción se confunde a menudo con la propia de un alto magistrado local, el bayle, personaje éste que depende del bayle general existente en la propia Cataluña y también en Valencia y Mallorca. Los bayles generales y locales desempeñaron preferentemente funciones administrativas y financieras. En Valencia el territorio quedó dividido a mediados del siglo XIV en cuatro distritos o gobernaciones -Valencia, Játiva, Castellón y Orihue-

ADMINISTRACION TERRITORIAL Y LOCAL

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la-, coexistiendo ese régimen con un reparto en justiciazgos, circunscripciones regidas por un justicia cuya autoridad se proyectaba a múltiples cuestiones de orden público, recaudación de impuestos, etc., y que ante todo era un supremo juez. En Mallorca existen dos veguers, competente uno de ellos en la ciudad, y el otro en el resto de la isla. Es de señalar finalmente que las islas de Sicilia y Cerdeña, donde la Corona de Aragón se proyectó, asumieron un régimen distinto: en Sicilia el de vicariato, y en Cerdeña el de una gobernación general autónoma. Ambas serán sustituidas por el sistema virreinal que pasa a la Edad Moderna. 11. La Administración Local A) LA CIUDAD Y LOS ORIGENES DEL MUNICIPIO MEDIEVAL

l.

La ciudad y el territorio circundante

Las ciudades del Occidente medieval aparecen por lo común como núcleos cerrados, con un cerco o muralla que separa la aglomeración urbana del campo circundante. Divididas en barrios, cada uno de ellos suele agrupar a burgueses y comerciantes en razón de su oficio, perfilándose la fisonomía peculiar del barrio alrededor de la parroquia correspondiente. Cuando la ciudad crece y desborda el recinto que la limita, nuevas comunidades se instalan en el suburbio o "nuevo burgo" (novus burgus), proceden a fortificar su asentamiento y prolongan así el radio de acción de la vida local. La parte más próxima a la ciudad de los territorios que la rodean constituye el alfoz, es decir, aquella zona que desde un punto de vista jurídico y económico mantiene una cierta dependencia de la ciudad. Tales características generales se ajustaron entre nosotros a los peculiarismos propios de las ciudades hispanas, tanto de las cristianas como de las musulmanas luego reconquistadas. Aquéllas fueron a menudo ciudades de nueva fundación, con fines concretos militares o económicos. Otras veces surgieron de forma espontánea y natural , operando como estímulo el establecimiento de la Corte (Oviedo), la fundación de una iglesia por las peregrinaciones (Santiago), o la misma fijación de sedes episcopales (Tuy, Orense). Entre uno y otro tipo de ciudades cristianas, se dio en fin una categoría intermedia, que englob~ a aquellas que como León o Astorga fueron reedificadas sobre su primitivo trazado romano. Las ciudades musulmanas tuvieron como principales puntos de referencia a dos grandes edificaciones: el alcázar, residencia del príncipe o del gobernador,

Origen de /ax ci1ulad,:s

hüpnnn.v.

572

ESPANA MEDIEVAL

y la mezquita, en cuyo entorno solían concentrarse los barrios mercantiles. Al pasar a manos cristianas, el alcázar se mantuvo como fortaleza y residencia, la mezquita central pasó a ser catedral, y las mezquitas de los barrios fueron a menudo convertidas en iglesias. Según señalamos ( 18, III, A), la aparición de la ciudad medieval fue explicada a tenor de la interpretación clásica de Pirenne, sobre la base del asentamiento de mercaderes a extramuros de los antiguos burgos, con lo que la reactivación del comercio generó una rica vida urbana, protegida Juego por estatutos de franquicia y libertad. Aun sin perjuicio de que tal explicación adolezca de cierta elementalidad, como la investigadora Edith Ennen ha intentado demostrar, parece claro el decisivo protagonismo de esos burgueses, que quedan transformados en ciudadanos, fomentan el desarrollo mercantil y proceden a organizar la administración y gobierno de unas ciudades constituidas en municipios. On'¡:l!ndi\lt'rso de /ns ciudnde.,· merlil!vnll!s.

E/alfo:..

A/foc y ténninomu-

ninpnl.

Ennen habla de "ciudades medievales", de diverso origen, frente a la tesis unitaria del historiador belga sobre el origen genérico de "la ciudad medieval". A tal efecto distingue en Europa tres áreas -mediterránea, occidental y nórdico-oriental- según el grado. mayor o menor. de penetración y pervivencia de las tradiciones romanas . Junto al interés comercial que agrupó a los burgueses originando el nacimiento de muchas ciudades , otras varias surgieron, según ella, por la evolución misma de las comunidades rurales , por causas estrictamente militares o al calor de las inquietudes religiosas.

La vida de la ciudad no se agota en el propio casco urbano, delimitado por la muralla, sino que trasciende al contorno próximo, llamado desde el siglo X alfoz (de la voz árabe alhawz, distrito), que en cierto sentido constituye una prolongación rural de la ciudad misma. Probablemente no existió en principio dependencia jurídica determinada de esos territorios respecto al núcleo urbano, dándose sólo una vinculación de hecho como consecuencia de que la ciudad era el foco religioso, el centro económico donde radicaba el mercado, la sede de la autoridad civil y el lugar donde se reunía la asamblea judicial o concilium. Con el tiempo esa dependencia real tendrá consistencia jurídica, quedando reflejada en los fueros municipales. No es claro, en cualquier caso, el sentido exacto de la expresión alfoz y sus diferencias con el término municipal (tenninus) que también es recogido en los fueros. Sí parece que responden a realidades distintas, existiendo en consecuencia dos tipos de demarcación administrativa dependiente del municipio. Se ha dicho así que el terminu~ es el territorio jurídicamente asimilado a la ciudad, mientras el alfoz es ,aquél donde los vecinos disponen de ciertos derechos -pastos, aprovisionamiento de leña, caza y pesca-, sin ejercer allí ninguna autoridad. Desde el siglo XII, con el crecimiento de las ciudades y la formación de extensos alfoces, se hizo 1

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necesario delimitar los territorios municipales para evitar conflictos entre ciudades. El alfoz, en fin, tuvo un significado de distrito militar, según ha subrayado Martínez Llorente: "El concepto de alfoz supondrá, indefectiblemente allí donde aparezca, la presencia de una fortaleza , fortificación o castillo principal que vendrá a otorgar nombre al distrito que encabeza. A su frente se encontrará un delegado condal, cargo unipersonal reseñado por la documentación con el nombre de iudex, senior o merinus, encargado directo de ejercer la autoridad o pote.Has publica a lo largo del territorio bajo su dirección en el ámbito ejecutivo o gubernativo, judicial, militar y fiscal" (Poder político y repoblación , 97).

Las necesidades de repoblación en las grandes áreas fronterizas dieron lugar a una relación especial entre la ciudad y aquellos poblados rurales que quedaban bajo la jurisdicción del concejo. Tal relación se tradujo en las llamadas Comunidades de Villa y Tierra, instituciones que, en expresión de Fernández Viladrich, pueden ser consideradas típicas de Castilla y Aragón. Por cuanto sabemos, cabe decir que al recibir los concejos del monarca muy extensos territorios, esos concejos ejercieron allí los derechos que en el realengo correspondían al rey, y en los dominios señoriales a los propios señores. Los concejos disfrutan así de una notable autonomía político-administrativa, con lo que eligen las autoridades que anualmente asumen amplias competencias sobre la villa y la tierra. La Comunidad de Villa y Tierra armoniza esa autonomía con su dependencia jurídica del monarca, quien se hará representar en ella por agentes diversos. El concejo de villa y aldeas, o la Comunidad de villa y Tierra, será en fin, como escribe el profesor Martínez Llorente en una erudita monografía, la unidad gubernativa básica en torno a la cual se articula todo el territorio.

2. La aparición del municipio En los siglos altomedievales los núcleos poblados debieron ser meros conglomerados humanos carentes de organización jurídica, sujetos a las autoridades del territorio donde están situados. A partir del siglo XI surge en cambio en Occidente la ciudad propiamente dicha, que consta ya de· un núcleo urbano de apreciable envergadura, donde conviven gentes con un estatuto que les diferencia de quienes viven dispersos en los territorios rurales. Esta ciudad adopta la forma jurídico-pública del municipio, con un sistema de jurisdicción autónoma, propias autoridades, organización y competencias precisas, lo que de hecho confiere al municipio el carácter de órgano de la administración en el nivel local. ¿Cómo y por qué surgió el municipio medieval?. Los historiadores europeos han debatido largamente esta cuestión, ofreciendo desde el siglo

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E.ipnñn.

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XIX dos grandes explicaciones de conjunto: la llamada tesis romanista, que hace heredero al municipio medieval del romano, y la germanista, que en base a muy diversas teorías coincide en admitir su condición de institución nueva y autóctona. La interpretación romanista arrancó de Savigny y fue defendida luego preferentemente por la doctrina francesa, y en la Península por el historiador portugués Herculano. Según ella, el modelo del municipio romano habría logrado pervivir de forma precaria a partir del Bajo Imperio, cobrando de nuevo vigor en la etapa medieval. La persistencia así de nombres como decuriones, defensores, etc., en la Edad Media, vendría a probar que el fondo residual de las viejas instituciones de la curia romana (6, II, C) no había llegado nunca a extinguirse. Para Herculano, el esquema municipal romano se mantuvo en las ciudades de la Península bajo la monarquía visigoda, siendo conservado entre los musulmanes por la población mozárabe para reaparecer luego en las ciudades cristianas. Tal interpretación puede considerarse hoy superada. La tesis germanista, nombre éste no muy adecuado, parte de la consideración de que el municipio medieval fue una realidad independiente del antiguo sistema romano, y que como tal debe ser explicada en función de otras causas. Ciertos autores relacionaron así su origen con el resultado de la fusión de la población libre y de la beneficiada por las inmunidades episcopales. Otros vieron en el régimen jurídico de la corte señorial el precedente directo del propio sistema municipal, o bien explicaron la aparición del municipio en relación con la infraestructura organizativa de gremios y asociaciones mercantiles. Von Below sostuvo que el sistema municipal urbano había sido una forma evolucionada y compleja del esquema antes existente en los concejos rurales. Un especial predicamento alcanzó la llamada "teoría del mercado", de Sohm, para quien el derecho especial del mercado dio lugar a ese derecho, también especial, de las ciudades. Así el tribunal que entendía de las cuestiones comerciales pasaría a ser el tribunal de la ciudad, aplicándose a ella por extensión --como sede del mercado- la paz regia que protegía y tutelaba los encuentros mercantiles. Tal teoría tiene algunos puntos comunes con la interpretación de Pirenne, por cuanto aunque éste rechace que la ciudad sea una extensión institucional del mercado, sí sostiene, según vimos, que nació como resultado del asentamiento de mercaderes y comerciantes. Para Pirenne, ese derecho de los comerciantes (ius mercatorum) fue aplicándose a quien entraba o salía de la ciudad, convirtiéndose en fin en el derecho municipal mismo. Respecto a España, Hinojosa sostuvo a principios de siglo que el municipio había surgido al ser trasplantadas a la ciudad las instituciones judiciales y administrativas del condado o señorío, del que aquélla formó parte.

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Así, al segregarse la villa de la circunscripción tenitorial y cobrar autonomía, :3parece el concilium o asamblea de los hombres libres que administra justi:ia. Esas funciones, sumadas a las de carácter administrativo propias de la ~'"Ullta de vecinos -heredera del antiguo conventus publicus vicinorum visigoso (13, m, C}--, recae en el futuro en el concejo medieval, el cual asume uno y otro tipo de facultades. Los jueces y alcaldes de las ciudades serán en ~nsecuencia continuadores de los antiguos jueces o autoridades tenitoriales. Esta interpretación de Hinojosa no fue aceptada por Dfez-Canseco al estudiar el concejo leonés. cuyo origen sitúa él, de acuerdo con la tesis de Von Below, en el desarrollo del concejo rural. Díez-Canseco recuerda un artículo del Fuero de León que ordena la reunión de los vecinos para fijar el precio de los productos del campo y las normas de aplicación de justicia. La tesis de Hinojosa fue también rechazada por Merea al ocuparse de la génesis del municipio de Coimbra.

Desechada la persistencia del municipio romano, el cual se desmoronó en los siglos VI y VII (13, ill), Sánchez Albornoz explica el medieval en :función del triple carácter de unas ciudades que fueron además fortalezas ; mercados, donde el concejo desempeñó un relevante papel como institución ordenadora de la vida económica. Su discípula María del Carmen Caré ha destacado que los pequeños concejos rurales de Castilla, con el logro de las primeras inmunidades, asumieron el protagonismo de la evolución que hizo posible el régimen municipal. Los ya dinámicos concejos existentes a partir del siglo XI surgen, según ella, por las circunstancias de la Reconquista, es decir, por la "necesidad de defender y repoblar". Font Rius, en fin, reconoce en el orto del régimen municipal catalán muy diversas circunstancias, y explica el fenómeno por la progresiva cohesión de una coectividad urbana, que acentuó la conciencia de su personalidad moral e intervino crecientemente en el gobierno de sí misma. ¿Es posible alguna conclusión ante tal cúmulo de teorías, tanto genéricas sobre el origen del municipio en Europa, como específicas para el caso oncreto de España?. Un proceso histórico de tamaña envergadura es siempre producto de causas muy distintas, y resiste desde luego a cualquier explicación simplista. En la aparición del municipio hispano concunieron desde luego numerosos factores, tanto de índole doméstica, producto de la pugna con los musulmanes, como otros homologables con lo que sucedió en las ciudades ultrapirenaicas. Nuestro concilium altomedieval, por su reducido ámbito de competencias y por depender de las autoridades tenitoriales, no fue desde luego un municipio. Pero sí, como ha señalado Valdeavellano, una manifestación rudimentaria de régimen local que sirvió de base a la creación de esa conciencia urbana de creciente desarrollo. Tal base institucional se fortaleció por el hecho de que quienes vivían en una ciudad acudieran a un mismo mercado, formaran parte de la misma parroquia, tuvieran a la ciudad amu-

Conclusión.

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rallada como refugio común, disfrutaran de un idéntico estatuto de libertad y fueran distinguidos por la concesión de fueros y franquicias. Apareció así el municipio como forma jurídico-pública, elemental al principio y más compleja desde el siglo XII, mediante la cual los ciudadanos, o algunos de ellos, participan en el gobierno de la comunidad local, logran una creciente autonomía, afirman su poder jurisdiccional y desarrollan un aparato institucional de oficiales aplicados a diversas funciones y servicios. En cuanto a la bistoriografla sobre los concejos en particular, la profesora Losa Contreras, al estudiar el de Madrid, ha realiz.ado una valiosa síntesis de las corrientes metodológicas imperantes estos últimos añ.os. Habría así que distinguir, según ella, unas primeras tendencias institucional y socioeconóm.ica; otra integradora de ambas, y varias más que han puesto el acento en la consideración de la ciudad medieval como señorío jurisdiccional colectivo, en las relaciones del monarca con los súbditos, en los oficios públicos, en las relaciones de la ciudad con el territorio o en los aspectos económicos y financieros.

B) Del concejo abierto al concejo cerrado.

En la etapa altomedieval la totalidad de los vecinos forma parte teórica del concejo, puede asistir a sus reuniones y participar en la adopción de acuerdos. Este sistema, del llamado concejo abierto, se tomó inviable en la práctica debido fundamentalmente a dos causas. De un lado, al número creciente de vecinos que dificultaba la posibilidad de celebrar las asambleas. De otro, a la también creciente complicación de la vida municipal, cuyos diversos asuntos difícilmente podían ser discutidos y resueltos por esa muchedumbre indiscriminada. Tuvo lugar así la sustitución del concejo abierto por un concejo reducido o concejo cerrado, al cual pasan con carácter permanente todas las atribuciones de la primitiva asamblea. Esta nueva corporación, el cabildo o ayuntamiento, que aparece con distintos nombres según los reinos, fue objeto de las apetencias de minorías oligárquicas, las cuales tratarán durante la Baja Edad Media de acaparar el poder municipal haciéndose con los oficios concejiles que el rey nombra. 1.

La autonomía municipal.

LA ORGANIZACION MUNICIPAL

Castilla. El regimiento y la fiscalización del monarca: corregidores, asistentes y gobernadores

La cierta autonomía que disfrutaron los municipios de realengo, no impidió desde un principio que el monarca tratara de fiscalizarlos a través del "señor de la ciudad" (dominus villae), del merino y de los jueces y alcaldes del rey. A despecho de ellos, esa autonomía creció, iniciando la que se ha denominado curva de las libertades municipales. Su arranque puede situarse en las primeras concesiones a los concejos en los inicios del siglo XI, alcanzando el apogeo ese autogobiemo municipal a mediados del siglo XIII, para agostarse luego ante el acoso regio y fenecer en el XIV bajo el reinado de Alfonso

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XI. Así este monarca ordenó durante el bienio 1345-1346 la sustitución del concejo abierto en importantes ciudades castellanas, como Burgos, León, Segovia y Madrid, por unas juntas de regidores designados directamente por él. ¿Fue en consecuencia Alfonso XI el verdugo de la autonomía municipal castellana?. La mayoría de los autores ha venido a coincidir en ello. Al estudiar esa autonomía a través de la voz de las Cortes, Salcedo ha recordado que la transformación de la organización local se debió a la corriente centralizader ra surgida en su reinado. Apartándose de esta interpretación dominante, el prer fesor Emiliano González, investigador riguroso del concejo de Burgos, ha retrotraído la política centralista en un siglo, hasta el reinado de Alfonso X:

El centralismo antiautonomista ysu momento histórico.

"A la llegada al trono de Alfonso XI la estructura municipal prácticamente estaba en manos de oficiales públicos de carácter real, alcaldes y merino; sólo restaba el resorte popular del órgano colegiado de los jurados, quienes a partir de 1345 pasaron a control del rey mediante su designación, eliminando las asambleas concejiles por un Regimiento compuesto de dieciséis regidores" (El Concejo burgalés, 424).

La constitución formal de los regimientos se había llevado a cabo en Andalucía y Murcia al iniciarse el siglo XIII, y en Castilla a mediados del XIV. Por entonces se produce en las villas guipuzcoanas lo que Orella llama "congelación del concejo a formas cerradas", hecho éste que el autor citado percibe por vez primera en San Sebastián en octubre de 1344. En términos generales, con independencia de las variantes cronológicas, las reformas de Alfonso XI super nen la constitución de un regimiento compuesto por regidores nombrados por el rey, quienes a su vez eligen los cargos del concejo que aquél confirma. El regidor fue de ordinario designado libremente por el monarca, si bien algunas ciudades como Murcia disfrutaron del privilegio de presentar a los aspirantes. ¿Cuáles fueron las causas determinantes de esta política centralizadora?. Cerdá ha explicado el tránsito del concejo abierto al regimiento por los desequilibrios y disturbios políticos, por el incremento de población, por la intromisión de los altos cargos reales -adelantados mayores,etc.- en el gobierno de las ciudades, lo que convirtió a sus titulares más en señores autónomos que en delegados regios, y finalmente por la precaria situación de los primitivos concejos abiertos. El control del monarca sobre la vida municipal no se limitó en todo caso al nombramiento de los regidores. Fue asegurado además por la fiscalización de tres distintos representantes suyos. En primer lugar, los corregidores, que aparecen en Castilla en 1348 y prolongan su existencia durante varias centurias. Junto a ellos, ya en el siglo XV, los asistentes y gobernadores. Respondiendo unos y otros a esa común pretensión intervencionista, cada oficio surge en el horizonte administrativo bajomedieval con su propia idiosincrasia: el corregidor sobre todo como un juez; el asistente como delegado regio en la organización municipal, y el gobernador como garante del orden público.

Constitución de los regimientos y sus causas.

Fiscalización del monarca.

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Esa dialéctica control del monarca-autonomía municipal es perceptible en los diversos reinos hispánicos. Al ocuparse del de Valencia, la profesora Ferrero se pregunta significativamente: ¿un reino de ciudades libres?

Lt,.-. r·orre,:idorc.\·.

Lo.,· a.u We111 <'~ re11le.1·.

La preocupación de Alfonso XI por supervisar la gestión de quienes estaban al frente de cargos y oficios, se manifestó ya en 1312, primer año de su reinado, al advertir a los procuradores asistentes a las Cortes de Valladolid que deseaba "saber de todos los oficiales de la mi casa e de la mi tierra, commo usa cada uno en los oficios que tovieren". Para ello se sirvió de unos antiguos oficiales, los veedores, que unas veces aparecen como tales, inspeccionando la administración de justicia, otras como enmendadores, en función de enmendar los desarreglos, y también como corregidores, por su obligación de corregir esas deficiencias facilitando la revisión de las causas impugnadas. El triunfo final de esta última denominación bien pudo tener que ver, como Agustín Bermúdez sugiere, con el contexto internacional donde esa figura existía, y muy señaladamente con el ejemplo de los corregidores portugueses que gozaban de amplias facultades. Los corregidores nacen de forma vacilante con Alfonso XI, se consolidan con Enrique III en el tránsito del siglo XIV al XV, y quedan definitivamente institucionalizados con los Reyes Católicos. Han dejado de ser unos oficiales de actuación esporádica, para convertirse en representantes fijos del monarca en cada ciudad, adquiriendo desde el reinado de Enrique III su silueta jurídica propia. Nombrados por el rey, con la posible colaboración del Consejo de Castilla, resultaron de ordinario elegidos entre jurisperitos e individuos de la baja nobleza. Los corregidores fueron a veces bien recibidos en la ciudad correspondiente, mientras en otras ocasiones se dio un serio rechazo a su presencia, o surgieron disensiones y conflictos entre los partidarios y los enemigos de ella. Ateniéndonos a la importante monografía que el profesor Bermúdez ha dedicado al corregidor bajomedieval, cabe decir que fue en primer lugar un verdadero juez, ordinario en unos casos, delegado del monarca en otros que él le encomendaba, y juez de alzada respecto a las sentencias dictadas por los alcaldes. En el ámbito de la administración municipal, el corregidor participa con voz y voto en las reuniones del concejo, ejerce la potestad reglamentaria dictando a menudo ordenanzas, cuida del orden público. se ocupa de los problemas de abastecimiento y supervisa, en fin , el buen orden de la hacienda concejil. La figura del asistente real surge en las Cortes de Valladolid de 1447. De naturaleza análoga al corregidor, se diferencia de éste en que el asistente no retiene los oficios de alcaldías y alguacilazgos, que siguen siendo nombrados por el concejo. El asistente actúa en la vida concejil como por-

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cavoz y defensor de los intereses del monarca, al que informa de cuanto acontece para adoptar en su caso las medidas oportunas. El gobernador se nos muestra con un contorno institucional más impreciso, y de hecho sólo desde fechas recientes -en especial desde 1974, ño en que González Alonso se ocupó de él- cabe dar por reconocida su existencia en la Castilla bajomedieval, explicándose así mejor el controvertido título de gobernador que Colón recibirá con ocasión del Descubrimiento. Los gobernadores aparecen en el reinado de Enrique IV para hacer frente a las dificultades políticas y sociales del momento, siendo luego potenciados por los Reyes Católicos en un efímero esfuerzo por configurar un oficio independiente, que inexorablemente decae en las postrimerías del siglo XV. Nombrados por el rey, los gobernadores fueron gente de extracción social media, que ejercieron su cargo por períodos indeterminados de tiempo, siempre a merced del monarca. Con funciones muy diversas según los casos -es más propio hablar así de gobernadores que de gobernador-, tuvieron ellos la atribución común de defender el orden público. Esta tarea, principal en el gobernador, era sólo una de las varias que ocupaban al corregidor, institución de más amplio espectro que termina por prevalecer. Asistentes y gobernadores fueron así figuras político-administrativas acotadas al marco de la segunda mitad del siglo XV, época en que todavía el corregidor se encuentra en una fase expansiva; o vive momentos, como fundadamente observa Merchán Fernández al estudiar el concejo de Cáceres, de franca "acumulación de funciones". En la centuria siguiente, asistentes y gobernadores quedarán como instituciones residuales, mientras de cara a los tiempos modernos se consolida con fuerza ese corregidor castellano. 2.

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Cataluña, Valencia y Mallorca: Los "Consells"

En los países mediterráneos, la antigua asamblea de vecinos fue sustituida en la vida ciudadana bajomedieval por un Consejo (Consell) como órgano supremo, recayendo la dirección ejecutiva del municipio en diversos magistrados designados con carácter anual. Estas autoridades (consellers, consols o jurats) utilizaron en principio al Consell como cuerpo consultivo, pasando luego a depender de él. En las grandes urbes el Co11sell es una asamblea muy numerosa. En Barcelona las reformas de Jaime I, a partir del estatuto otorgado en julio de 1249, conducen al establecimiento del llamado "Consejo de Ciento" (Consell de Cent), nombre derivado del número de sus componentes, el cual llegará incluso a ser una asamblea más amplia en el siglo XIV. Dando cabida a cierta representación de los diversos estamentos sociales, el Consell de

Ban·e/onn: el Consejo de Cienw.

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Cent se renueva por mitad cada año y suele actuar a través de una amplia comisión de treinta y dos miembros llamada "Trentenario" (Trentenari). En esta última etapa bajomedieval, los magistrados o consellers son cinco, presididos por el conseller en cap. En las localidades de la Cata/unya Nova el profesor Serrano Daura habla de un régimen premunicipal hasta la segunda mitad del siglo XIII , con el come/l de .mpienres y los síndicos. y de un régimen municipal propiamente dicho desde entonces, como consecuencia de la recepción del derecho común. lo., "Conxel/x " d~ Vnltnrin y Mallon ·a.

El Consell valenciano procede del estatuto concedido por el mismo monarca en 1245. Compuesto por casi centenar y medio de personas, este Consejo asesora también la actuación de los magistrados locales o jurats. Como señala la profesora Remedios Ferrero, experta conocedora del régimen municipal, con Alfonso el Magnánimo el municipio valenciano aparece ya organizado con un consell general que delega sus funciones en un comité ejecutivo, el consell secret, el cual se convertira, en juicio de esa autora, en el "verdadero dirigente de la política municipal", A su vez en Mallorca existe el llamado Gran i General Consell, organismo cuyo origen ha sido detectado por Román Piña en el mismo privilegio de constitución de los magistrados locales, losjurats de la ciutat i regne, otorgado en 1249. Junto a ese gran Consejo, los fo renses o campesinos de los términos municipales formaron otro compuesto por sus representantes, así como diversos consells parroquials a los que acuden los jurados de cada villa con el bayle correspondiente. En Mallorca tuvo especial relevancia la dialéctica entre ciudad y villas, en la que el llamado

Sindic:at de Fora jugó un importante papel. Como ha puesto de relieve su estudioso, Antonio Planas, el Sindic:at actuó a través de di versos órganos (síndicos clavarios, C0/1.l"e/l, rnmisión de diez síndicos). distinguiéndose en su larga trayectoria una primera y larga etapa desde su creación en 1315 hasta la Nueva Planta en el XVIII , y otra segunda desde entonces hasta su supresión en 1834.

3. Aragón y Navarra El u,/merlinn.

El modelo de organización municipal aragonesa se desarrolló desde el siglo XII sobre la base de un oficial real, el zalmedina, que encabeza el concejo y ostenta atribuciones judiciales; de la comisión de jurados con funciones ejecutivas, y de una asamblea de vecinos cuyas reuniones fueron cada vez más infrecuentes. Por la profesora Rosa María Bandrés sabemos que en Aragón, y concretamente en la ciudad de Jaca, existió un Consejo de Ciento creado por Jaime I en 1238, es decir, bastantes años antes que su homónimo de Barcelona. Los cien vecinos jacetanos colaboraron en el gobierno de la ciudad, mutua defensa y bien común. El giro dec isivo hacia el régimen bajomedie-

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val tuvo lugar con el estatuto otorgado a Zaragoza en 1272, de significado paralelo a lo que habían representado el de 1245 en Valencia y los de 1249 en Barcelona y Mallorca. El za/medina fue designado por el rey, bien libremente o a propuesta de las parroquias de la ciudad. Al iniciarse el siglo XIV, el régimen municipal zaragozano consiste en un cabildo compuesto por doce jurados, nombrados cada año. Cierto sistema paralelo de cabildo de jurados existe en Navarra, correspondiendo a la asamblea o consejo local una función de asesoramiento.

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31. LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. RELACIONES CON LA IGLESIA l. La Administración de Justicia En el período altomedieval predominó un sistema de justicia privada, según el cual los propios particulares velaban por el mantenimiento del orden jurídico y, caso de ser quebrantado, procedían a su reparación. Hasta el siglo XI fue así frecuente que la persona ofendida o la familia tomaran la justicia por su mano, retoñando la práctica germánica de la "venganza de la sangre" (9, I, A, 2); o que los órganos jurisdiccionales de la comunidad política no actuasen por sí mismos, sino sólo a instancias de la parte perjudicada . . Junto a esa primitiva concepción de la justicia como algo que corresponde a los particulares, se abre camino la justicia pública a modo de objetivo del propio Estado. A partir del siglo XI la realización de la justicia aparece como tarea principal del monarca, quien debe mantener en paz y sosiego al reino. Desarrollada la jurisdicción regia como ordinaria o común, con el correspondiente sistema de jueces y tribunales, a su lado surgen unas jurisdicciones especiales que reemplazan a aquélla en los territorios inmunes, según es el caso de la jurisdicción señorial, o la sustituyen en función de una específica materia o de la condición de las personas, como sucede con las jurisdicciones eclesiástica y mercantil.

Justicia primdn y j14Slil'i(I ptíblirn.

Jurüdicdlm ordinnrin y juri.wlic·,·ionr.,· e.,pecinles.

A) LA JURISDICCION ORDINARIA EN CASTILLA

1.

Etapa altomedieval: curia y "concilium"

El rey y su curia forman un supremo tribunal de justicia que entiende tanto de los asuntos que le son sometidos directamente, como de la apelación de aquellos otros ya resueltos por jueces inferiores, y siempre de los litigios y conflictos surgidos entre nobles. Reunida la curia con el monarca, éste solía designar a algunos magnates nobles o eclesiásticos como "jueces

El tribunal dePnlndo.

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El "{'(Jn!'ilium" nlromedievnl.

E/pmceso y /m ordn/fm.

ESPAÑA MEDIEVAL

palatinos" (iudices palatii). a fin de que establecieran las pruebas a practicar en el pleito y pronunciaran en su nombre el veredicto. Con independencia de este tribunal palaciego, la justicia fue administrada en los diversos territorios por el concilium o asamblea compuesta de los hombres libres. En unos u otros lugares del reino asturleonés figura el conde, o alguien distinto, presidiendo los tribunales de distrito, así como numerosos concilia locales correspondientes a pequeñas zonas y agrupaciones urbanas. Tal vez esas juntas altomedievales procedían de la perduración de tradiciones góticas, según creyeron Hinojosa y Sánchez Albornoz, celebrándose sin fecha fija ni periodicidad determinada, en función solamente de las necesidades o asuntos que aconsejaban reunirlas. El conde o la autoridad correspondiente designaba asimismo unos jueces (iudices) que establecían las pruebas a practicar por las partes, asistían a ellas y, a tenor del resultado, publicaban luego el desenlace del pleito. En el régimen judicial asturleonés las partes no siempre concurren a estos juicios, haciéndose representar a veces por unos adsertores que en su nombre litigaban en la asamblea del conde o en el tribunal del rey. Tras la alegación verbal, se acudía a la prueba de testigos, a la documental o, con más frecuencia, al testimonio de los cojuradores. El interesado o su adsertor juraba que decía verdad, juramento suscrito por un número variable de cojuradores o juradores solidarios. Entre las ordalías o medios extraordinarios de prueba, gozó de especial predicamento la del agua caliente o prueba caldaria, practicada de ordinario cuando las otras habían resultado insatisfactorias. Para llevar a cabo la prueba caldaria, la parte interesada designaba a una persona, el innocentens, quien introducía el brazo desnudo en la caldera de agua hirviendo hasta recoger algunas pequeñas piedras allí depositadas. A continuación le era vendado el brazo, marcando el sayón el vendaje con el sello del rey o del conde . Tres días después se reunía de nuevo la asamblea, descubriéndose el brazo del innocenten.1·, cuyo estado, con o sin quemaduras, se interpretaba como una manifestación providencial de la culpabilidad o inocencia de quien se había sometido a la prueba .

El proceso concluía con la sentencia o, de modo más habitual, con el reconocimiento (agnitio) de la razón del contrario por la parte a la que la ordalía había resultado adversa. La agnitio se tradujo en un pacto firmado por los litigantes, cuyo cumplimiento solía ser asegurado mediante la designación de fiadores. El juicio por ordalía llevaba a veces consigo la intervención de terceros . Este es el caso del llamado duelo por bmtonario.1·, en el que las partes por sí mismas o por med io de terceros, luchadores no profesionales, se enfrentan cuerpo a cuerpo, con escudo } bastón . Tal juicio, del que se ha ocupado Félix Martínez Llorente, fue introducido episódicamente en el derecho leonés para los procesos entre judíos y cristianos.

JUSTICIA E IGLESIA

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2. Institucionalización de la justicia y Tribunal de la Corte Con el tránsito a la etapa bajomedieval se institucionaliza la administra:ión de justicia. De una parte los jueces dejan de ser personas ocasionalmente elegidas para dirimir pleitos, convirtiéndose en gentes dedicadas de manera es~le y profesional a tal función. Junto a los jueces populares surgen así los jue:es técnicos, conocedores del derecho de los fueros y del más complejo mundo :urídico que la Recepción trae consigo. De otro lado, la administración de justicia deja de depender de la instancia de los particulares, apareciendo un procedimiento de oficio en virtud del cual los delitos son perseguidos con independencia del requerimiento de la parte ofendida. Ello comporta la generalización de la pesquisa, que el juez ordena llevar a cabo para esclarecer los asuntos, así como la desaparición de las ordalías características de la etapa anterior. Además, el florecimiento de los municipios dio pie a que las propias corporaciones designaran al juez, integrándose los oficiales judiciales o alcaldes en la curia local. Por último, en el seno de la propia curia regia se destaca un tribunal permanente dedicado a la administración de justicia.

Juere.,· populnre.> y juece.'i técnit:oJ.

Frente al auge de los municipios, asistimos en la Baja Edad Media a la dialéctica justicia real/justicia municipal. El profesor Miguel Angel Chamocho ha estudiado por ejemplo esa dialéctica en las ciudades giennenses, haciendo notar cómo en los reinados de Juan II y Enrique IV fueron nombrados corregidores de linajes adeptos a la Monarquía, los cuales anularán las competencias de los alcaldes ordinarios que quedan como simples títulos honoríficos.

Las Cortes de Zamora de 1274 ordenaron la institución de un ''Tribunal de la Corte", compuesto por veintitrés jueces o alcaldes que entendían directamente de los llamados casos de corte, es decir, de aquellos que quedaban sometidos de modo exclusivo al juicio del tribunal del rey. En un clima de rechazo hacia la política de Alfonso X (23,1,D), éste se reservó en Zamora los casos tradicionalmente librados por el monarca. Fueron así competencia exclusiva del Tribunal de la Corte los supuestos de muerte segura -cometida a despecho de tregua o fianza-, muger forzada, tregua quebrantada, salvo quebrantado -ruptura de la fianza "de salvo" que aseguraba la no comisión de actos dañinos-, casa quemada o incendio deliberado, camino quebrantado o infracción de la paz especial que lo tutelaba, traición, aleve o alevosía -referido tal vez a la ruptura de fidelidad entre caballeros, exigible por acusación (A. Iglesia)-, y finalmente el riepto o desafío entre nobles, que el ofendido debía sustanciar ante ese tribunal. Los ca.ws de corte darán lugar, según el análisis de la profesora Gámcz, a una serie de garantías. "Primero se garantiza que una serie de delitos, que afectan directamente a la convivencia y la paz del reino, sean conocidos directamente por el rey. Después se garantiza que una serie de personas, por su especial desprotección social, recurran din:ctamcnte a la justicia ordinaria de las Audiencias y Canciller/as saliéndose de su propia fuero. Y, por último, de acuerdo con una sociedad estamental y privilegiada, la nobleza y los miembros de la Administración también gozarán del privilegio de caso de corte" (Los casos ck corte, 351 ).

El Tribunal de In Con< y los

",·a.,os de Cone ".

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ESPAÑA MEDIEVAL

3. ldentifimción del Tribunal de la Cone y/a Cancillería.

Chancillerías y Audiencias

A lo largo del siglo XIV se reorganiza el "Tribunal de la Corte" mientras crece su vinculación con la cancillería regia, lo que determina que el mismo tribunal reciba el nombre de Chancillería. Las causas de tal identificación fueron explicadas por el profesor Gustavo Villapalos en base a que las sentencias del tribunal real debían ser autenticadas con el sello de la cancillería, por lo que al necesitar de él los oficiales de justicia, hubieron de dejar de acompañar al rey en los desplazamientos. Así el "Tribunal de la Corte" -ambulante hasta entonces, como la Corte misma- se hizo estable y quedó adherido a la cancillería palatina. Villapalos hace a su vez notar que las sentencias y ejecutorias de los alcaldes tenían que llevar el sello regio, custodiado en la cancillería, debiendo ser además visadas por un notario de esa oficina y registradas en ella. Tales formalidades fueron causa, en interpretación de este autor, del desdoblamiento de la cancillería a que antes nos referimos (29, 11, C, 1). La nueva cancillería del secreto o paridad es la que acompaña al monarca. La antigua, en cambio, queda vinculada a los temas de justicia: "Mientras, a la antigua Chancillería se le fueron dejando la elaboración de los documentos solemnes y, sobre todo, los asuntos de justicia resueltos por los alcaldes que residían en ella. En estas condiciones no debe extrañar que se denominara inicialmente Chancillería a este tribunal" (los rec:urso.1·, 257).

Orí11ene., de In Audirnda.

Composü ·frín. sede

y ,·,nnµerencins de Audiendns y Chnncillerins.

El añejo tribunal regio figura así designado en los cuadernos de Corte como Chancillería, pero también como Audiencia, nombres ambos que hacen referencia a un cuerpo colegiado de jueces estables, independiente ya del Consejo del monarca. Ahora bien, ¿cuándo y por qué surge la Audiencia con tales características de tribunal autónomo? La doctrina común ha situado los orígenes de la Audiencia en el ordenamiento de las Cortes de Toro reunidas por Enrique II en 1371. Sin embargo, las indagaciones del profesor Villapalos adelantan en algunos años el nacimiento del organismo, al haber mostrado que existió una Audiencia propiamente dicha durante el reinado de Pedro I (1350-1369), e incluso en la época de Alfonso XI ( 1325-1350), recibiendo ese nombre de Audiencia no porque su función fuera "escuchar" los pleitos, sino tal vez por imitación del modelo romano-canónico de la "Audiencia episcopal" (Episcopalis Audientia). La Audiencia fue el órgano supremo de la administración de justicia. Al parecer, la Audiencia surge cuando como consecuencia de las sesiones semanales que el rey celebra para atender peticiones de los súbditos, resulta necesario separar los asuntos de gobierno o merced -propios del Consejo- de aquellos otros relativos a justicia civil y criminal, que quedarán encomendados a ella. Las Cortes de Toro de 1371 ordenaron que estuviese in-

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legrada por siete oidores -tres eclesiásticos y cuatro juristas- que habrían de reunirse tres veces por semana para administrar justicia. Esos oidores no son jueces ordinarios, sino delegados, que actúan colegiadamente. Tal carácter corporativo diferenciará radicalmente a la Audiencia de algunos oficiales de justicia, como los alcaldes de la Corte, que sí juzgan individualmente. A este alto tribunal, llamado unas veces según vimos Audiencia y otras Chancillería, se le concedió en 1442 sede en Valladolid, recibiendo a fines del siglo XV unas ordenanzas de los Reyes Católicos que habrían de prestarle configuración fija. Los mismos monarcas establecieron en 1494 otra Audiencia y Chancillería en Ciudad Real, trasladada a Granada en 1505. A partir de entonces el tribunal vallisoletano entendió de los pleitos procedentes del norte del Tajo, mientras el granadino se hizo cargo de los del sur. En lo relativo a competencias, aquellas ordenanzas consagraron la mengua institucional de unas Audiencias y Chancillerías que, ocupadas antes en asuntos criminales y civiles, se habían polarizado acusadamente en estos últimos. Los oidores quedarán reducidos a las materias civiles, mientras las criminales se entregan a unos alcaldes de corte que por lo mismo son llamados alcaldes del crimen. Orgánicamente, en fin, las Audiencias y Chancillerías están compuestas por un presidente eclesiástico, diversos oidores y alcaldes, los procuradores fiscales, los "abogados de los pobres" y varios relatores y escribanos. La Audiencia es máximo tribunal de apelación y actúa en nombre del rey, si bien al concluir el siglo XIV se admitió la posibilidad de recurrir sus sentencias en súplica ante el monarca. 4.

Los oficiales

Alcaldes ordinarios. Desde un principio existieron en la casa del rey unos oficiales llamados alcaldes, quienes probablemente se limitaron a prestar asesoramiento al órgano que administraba justicia. Desde las Cortes de Zamora de 1274 aparecen como jueces o alcaldes de corte, con facultades delegadas del monarca para sentenciar los pleitos. Al formar parte del Tribunal de la Corte, entienden de los casos a él reservados, así como de la apelación de sentencias de jueces locales. Junto a las atribuciones judiciales, los alcaldes disfrutaron también de facultades políticas, como consejeros del rey, o meramente técnicas, si bien unas y otras debieron carecer de importancia en los alcaldes de las provincias, más ocupados en lo estrictamente judicial. La incorporación a Castilla del Señorío de Vizcaya dio lugar a la aparición del juez de Vizcaya, quien dirimía las causas de los vizcaínos oyendo sus apelaciones.

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ESPAÑA MEDIEVAL

Alcaldes del rastro. En 1351 existe un alcalde para entender de los pleitos habidos en la sede regia y en el distrito circundante de cinco leguas, llamado rastro del rey. Según Pérez de la Canal, el alcalde del rastro surge como consecuencia de la ubicación en lugares distintos de la corte del rey y de una cancillería donde permanecían los alcaldes ordinarios. Elevado a dos su número por Enrique 11, desde fines del siglo XIV el nombre de "alcaldes de corte" sirvió para designar a los del rastro. Alcaldes de alzada. Junto a los alcaldes ordinarios, las Cortes de Zamora de 1274 establecieron un cuerpo judicial de "tres ornes buenos, entendidos e sabidores de los fueros, que oyan las alzadas de toda la tierra". Estos alcaldes de alzada, que en cierto modo evocan la figura del adelantado mayor o "sobrejuez", entendían de las apelaciones contra sentencias de los alcaldes ordinarios. Posteriormente el oficio perdió importancia ante lo que Torres Sanz llama "emergencia arrolladora de la Audiencia". Los alcaldes de alzada, jerárquicamente situados entre ella y los alcaldes ordinarios, oirán las apelaciones de los alcaldes de provincia. Alcaldes de los hijosdalgo. El peculiar status jurídico de los hijosdalgo dio pie a la aparición de un alcalde que tutelara sus derechos y resolviera los conflictos correspondientes. Esa única magistratura nobiliaria se desdobló luego en dos, actuando ambos alcaldes simultáneamente o en turno por semestres. Juez de las suplicaciones. La "súplica" constituye una instancia jurisdiccional última, que remite al supremo juicio del monarca la revisión de sentencias dictadas por los jueces o incluso por el propio rey. Este puede librar por sí mismo los casos o reenviarlos a ese juez singular, quien de ordinario, más que decidir solo, forma un tribunal para resolver el asunto en cuestión. Normalmente el juez de suplicaciones no fue un oficio fijo y estable, sino que recayó en cada caso en personas especialmente designadas por el monarca. Procurador fiscal y promotor de la justicia. Para actuar en juicios civiles en defensa de sus intereses, el monarca solía servirse de un representante o personero. Según ha averiguado Sánchez-Arcilla, el oficio aparece en 1310, en la Ordenanza del juzgado de la Corte de Fernando IV, siendo recogido luego por las Cortes de Valladolid de 1312, al consagrar la figura de un procurador que tutele aquellos intereses, así como los de las viudas y huérfanos pobres. Desde el reinado de Enrique II se encuentran en los textos referencias al "procurador fiscal y promotor de la justicia", lo que plantea el problema de si aquel procurador y este promotor -perseguidor de los delitos cuando no haya querellante- constituyen un único oficio con doble vertiente civil y penal (Torres Sanz), o bien dos distintos que suelen recaer en la misma persona (Villapalos).

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B) LA JURISDICCION ORDINARIA EN LA CORONA DE ARAGON

1.

Jueces locales y Tribunal de la Corte

En la Corona de Aragón la administración de justicia corresponde a los oficiales del rey y, en ocasiones, a las autoridades populares. El za/medina y el justicia son así, en Aragón y Valencia, jueces ordinarios que ejercen sus funciones asistidos por la curia municipal, y en algunas villas, como ha observado el profesor Motis respecto a Daroca, el justicia de la ciudad es el único funcionario real intermedio con jurisdicción. A su vez, en Cataluña y Mallorca aparece como juez el veguer real asesorado por la asamblea de consellers, cónsules y jurados de la ciudad. En estos territorios y en Valencia, el bayle local administra también justicia con el concurso de los prohombres de la villa, disfrutando de una jurisdicción que a menudo se confunde con la propia del veguer. En la Baja Edad Media el supremo tribunal regio era en Aragón y Cataluña la Audiencia, compuesta allí por caballeros y letrados, y en Cataluña por el canciller, vicecanciller, regente y algunos juristas. Según sabemos por la profesora Tatjer, en la Corona de Aragón la Audiencia fue inicialmente regulada por el Ordenamiento de Huesca de 1286, logrando su plena estructura formal mediante las Ordinacions de Pedro el Ceremonioso en 1344. A fines del siglo XIV se inicia una fase de descentralización, que culminará con la creación de las Audiencias en cada uno de los países de la confederación. La catalana propiamente dicha aparece en 1493 como "Audiencia del rey", ya que el virrey es una representación de aquél. En el conjunto de la Corona, los delegados regios asumen asimismo funciones judiciales. Así el procurador general se muestra como un oficio eminentemente judicial, con jurisdicción propia y no delegada, resolviendo las apelaciones de jueces inferiores e incluso -desde el siglo XIV- las apelaciones interpuestas ante el rey cuando éste se encuentre ausente. El gobernador general ostenta una jurisdicción suprema de carácter ordinario, pudiendo entender donde se halle de cualquier asunto como el juez del lugar. También el lugarteniente general y los portan! veus o regentes, ejercen importantes funciones en la administración de justicia. 2.

Ln Audiem:ia.

Fundonesjudidales de lm dele!/ndo.v del rey.

El Justicia Mayor

Por sus excepcionales facultades jurídicas y políticas, la institución del Justicia aparece como pieza clave del ordenamiento público aragonés. Desechada la posibilidad de que hubiera sido creado por los reyes a imagen de una magistratura árabe, tesis que hace casi \fíl siglo defendió Ribera y refutó poco después Giménez Soler, los orígenes de Justicia Mayor deben remitirse a cier-

o,i!l•n.

592

Poderes dt/ Ju stidn.

El Justida, inti rprete del Darrho.

ln "finna de d~r~tho".

ln "manije., tn· d ún ".

Con/mide/ ÍWilif"ia.

ESPAÑA MEOfEVAL

to juez palatino que a mediados rlel siglo XIII ~igue a la curia del monarca, la asesora, instruye las causas y publica las sentencias que esa curia dicta. En un ambiente hostil al ordenamiento jurídico de la Recepción, y de exaltación del derecho tradicional, la oligarquía nobiliaria logró de Jaime I en las Cortes de Egea de 1265 el acuerdo de que ese juez o Justicia fuese siempre un caballero. Además se dispuso allí que el Justicia de Aragón arbitrara con la curia los litigios entre rey y nobles, juzgando asimismo en nombre de aquél las causas que enfrentaran a ricos hombres, infanzones e hidalgos. Al año siguiente se acrecientan sus facultades jurisdiccionales, al reconocerle Jaime I capacidad para oír causas en primera instancia en cualquier lugar del reino, y revisar en apelación las sentencias dictadas por los jueces locales. El Privilegio de la Unión de 1287 expresa que sólo tras sentencia del Justicia podrá el rey imponer determinadas penas a los nobles aragoneses o a los procuradores de la ciudad de Zaragoza. Al mediar el siglo XIV tal cúmulo de poderes aumenta todavía con nuevas concesiones, que convierten al Justicia en intérprete del derecho aragonés y en máximo juez de contrafuero. Las Cortes de Zaragoza de 1348 le reconocen como única instancia en los litigios de oficiales y jueces reales, debiendo el mismo monarca acatar la sentencia, al tiempo que le atribuyen la decisiva función de declarar el derecho o fuero. En consecuencia, los jueces habrán de consultarle en casos de dudas de interpretación, y los particulares podrán acogerse a él si resultan víctimas de cualquier violación de la legalidad. En suma, el Justicia resulta ser supremo intérprete del orden jurídico, que juzga los casos más graves y puede paralizar la acción de cualquier juez esgrimiendo, por "vía de contrafuero", la ilegitimidad del procedimiento. Si una persona inculpada acude a él prestando fianza que asegure su comparecencia en juicio y el acatamiento de la sentencia (firma de derecho), el Justicia ordena al juez no importunar al compareciente. Y si alguien, en fin, se siente extorsionado por la actuación de los jueces u oficiales públicos, padeciendo cualquier violencia o viendo alterado el curso normal del proceso, puede solicitar ser manifestado ante el Justicia, es decir, comparecer ante él y acogerse a su protección. La inviolabilidad de estas personas, o de quienes sufrían prisión habiendo otorgado la firma de derecho, se aseguraba con su custodia en una cárcel especial de Zaragoza, la cárcel de los manifestados, a la que no tenían acceso el rey ni sus oficiales y en la que permanecían hasta que el Justicia dictaba sentencia en la llamada causa o proceso de manifestación. El Justicia Mayor actúa asistido por dos lugartenientes y sólo puede ser controlado y juzgado por las Cortes mismas. En 1390 las Cortes de Monzón instituyen cuatro inquisidores, uno por cada brazo, para que indaguen posibles abusos del alto magistrado, escuchen las quejas y las transmitan a la

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asamblea. El enjuiciamiento de las Cortes fue posteriormente sustituido por el de una Comisión de los diecisiete, formada por miembros elegidos por sorteo entre los obispos, nobles, caballeros y procuradores de las ciudades. Esos diecisiete jueces decidían por mayoría de votns la condena o absolución del Justicia. C) LA JURISDICCION ORDINARIA EN NAVARRA

La Corto curia del monarca es el supremo tribunal ordinario del reino, compuesto en la Baja Edad Media por cuatro alcaldes, cuatro notarios y una serie de agentes subalternos, los porteros de Cort, encargados de recaudar las multas y ejecutar tareas menores. La dirección efectiva y directa de la Cort corresponde al canciller. En los diversos territorios figuran los alcaldes municipales y los alcaldes mayores o de mercado. Aquéllos están al frente de las villas o de los valles, y de sus sentencias se puede apelar a los alcaldes mayores que residen en las ciudades principales, siendo en cualquier caso la Cort última instancia tanto en asuntos civiles como penales. Agentes con funciones judiciales fueron también los almirantes, prebostes, justicias, merinos y submerinos, quienes ejercen su quehacer en los barrios de populosas ciudades, en pequeñas villas o en las demarcaciones y distritos. El procurador general o fiscal es el defensor de los intereses regios, desempeñando además en Navarra el importante papel de valedor de los intereses generales del reino frente al exterior. De ordinario es un eclesiástico, que forma parte del Consejo Real y pleitea en nombre del monarca frente a concejos y particulares. D) LAS JURISDICCIONES ESPECIALES

l.

El "Tribunal del Libro" en León

En el León medieval existió la jurisdicción extraordinaria del llamado ¡uicio del Libro, a cargo de un tribunal especial que sentenciaba los pleitos utilizando el Libro o Líber Judiciorum. Tal jurisdicción fue extraordinaria tanto porque aplicó el derecho visigodo en lugar del consuetudinario, según era común en el resto del reino, como por sus amplísimas competencias, que comprendían en primera instancia a todo tipo de asuntos y en apelación a cualesquiera sentencias incluidas las del rey. El sometimiento al tribunal quedaba a voluntad de las partes. Si ellas se ponían de acuerdo en "ir al Libro" (ire ad Librum), acudían a León donde se custodiaba el código visigodo para dirimir el litigio a la luz de sus preceptos.

Ln "Cort".

Almtrf,.vmuni-

ripnleJ y nwyor,:s.

El µrocurfldor

xenernl.

594 Orixm del Tribunal.

ESPAÑA MEDIEVAL

Según ha probado Sánchez Albornoz, el Tribunal del Libro actuó desde el siglo X, suponiendo que fue introducido por los mozárabes que entonces repoblaron la zona. Un diploma de mediados del XIII atestigua que. todavía en el reinado de Alfonso IX (1188-1230), se acudía en alzada ante el reputado texto, refiriendo además que con ocasión de cierta visita de Alfonso X, entregó éste el Libro a un canónigo leonés para que en adelante oyera las apelaciones en el claustro de la catedral o en el palacio del obispo. Durante esa centuria el cabildo y el consejo de la ciudad mantuvieron serias diferencias sobre el juicio del Libro, designándose como juez a un clérigo que, asesorado por los jueces ordinarios, entendió de los pleitos en primera instancia, y en apelación de la corte regia. 2.

Alcance de In jurudicdán señorial.

Elmem y mixto imµerio.

La jurisdicción señorial

Buena parte de los privilegios de inmunidad propios de los dominios señoriales suponían la concesión de una jurisdicción especial. Desde los primeros tiempos, los señores de tierras inmunes, tanto seglares como eclesiásticos -caso del célebre Cresconio, prepósito del monasterio de Celanova-, acostumbraron como los condes a reunir asambleas de hombres libres para juzgar asuntos de diversa índole, aunque posiblemente quedaran reservados a la justicia regia aquellos casos más graves que luego fueron calificados como casos de corte. Con la consolidación del régimen señorial, los titulares de los dominios nombraron a los jueces de los diversos lugares, así como a los alcaldes o jueces de aquellos concejos sometidos a su jurisdicción. De las sentencias de esos jueces del señorío se podía apelar al señor, y de éste al rey. El alcance de la jurisdicción señorial fue variable según territorios y épocas. permaneciendo en todo caso sometida a la teórica supervisión del monarca. cuyos funcionarios podían penetrar en el señorío en caso de flagrante de lito, o cuando los oficiales señoriales incumplieran su obligación de hace justicia. En Castilla los reyes se reservaron el conocimiento de los casos d corte, pero los señores aragoneses lograron la plenitud jurisdiccional, es decir, el llamado mero y mixto imperio, lo que equivalía a entender en cualquier tipo de cuestiones civiles y criminales. El mero imperio es el poder juzgar delitos penados con muerte, mutilación y destierre El mixto imperio corresponde a la facu!Jad de decidir litigios civiles o causas criminal merecedoras de castigos menores . Constituyen así la alta y baja jurisdicción.

El "iu.v mnletrnl'tnndi".

En Aragón y Cataluña la jurisdicción señorial se desbocó en la BajM Edad Media hasta incluir el vejatorio ius maletractandi, o derecho del señor de maltratar al vasallo. Como ya destacamos en su lugar ( 17, III, D, l

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rras las previsiones del Código de Huesca, según las cuales el señor podía astigar o dejar morir de hambre al vasallo en caso de homicidio, y reconocérsele luego la misma facultad mediando sólo "justa causa", el justicia Díez de Aux autorizó ese auténtico derecho de maltratar dejándolo al libre arbitrio de los señores. Al llegar a tales límites, la frontera entre derechos _•urisdiccionales y simples abusos se convirtió en pura ficción. 3.

La jurisdicción eclesiástica

Los tribunales eclesiásticos disfrutan de jurisdicción propia por razón de la materia o de las personas. En el primer caso entienden de los asuntos estrictamente religiosos -materias de fe o sacramentos- y por extensión de aquellos otros, como el matrimonio o la usura, que tienen una doble vertiente religiosa y civil. Por razón de las personas, en virtud del llamado ..privilegio del fuero" (privilegium fori), esos tribunales juzgan las causas civiles y criminales de los eclesiásticos y sus familiares. El juez ordinario es el obispo -o su sustituto el arcediano (archidiaconus)- de cuyas sentencias se puede apelar al arzobispo; de las de éste al metropolitano y, en últi ma instancia, al papa. El profundo carácter religioso de la sociedad medieval, donde muchos delitos eran pecados y viceversa, facilitó la extensión de la jurisdicción eclesiástica ocasionando no pocas protestas de las Cortes.

Comµt:tt:ndn de

lo.\· triúunnlcs edesi(utico.,·.

Las Partidas prohibieron a los clérigos ser jueces ordinarios, permitiéndoles en cambio actuar "por su albedrío" o "por avenencia", es decir, como árbitros elegidos por las partes para dirimir un conflicto. Es dudosa en cambio la situación de los religiosos para ejercer idéntica actividad. El mejor conocedor de estos problemas, Merchán Alvarez, se inclina por la interpretación positiva.

Además de esa jurisdicción diocesana, los problemas generales de la herejía en Europa dieron lugar al establecimiento de la Inquisición, institución de ámbito internacional controlada por el papado, que se mostró especialmente activa en los países occidentales. En el seno de la Respublica Christiana, el hereje es al tiempo un perturbador de la ortodoxia y un delincuente, pero así como el brazo secular resulta idóneo para castigar la herejía, no lo es para investigarla, al carecer de los conocimientos técnicos adecuados. El obispo fue por tanto la autoridad a quien correspondió determinar y juzgar ese delito. Sus posibilidades de actuación quedaron empero desbordadas por la marea de grandes herejías que, como las de cátaros y albigenses, se propagaron por la Europa occidental y muy singularmente por el sur de Francia y norte de Italia. Hubo que arbitrar en consecuencia medidas extraordinarias: confiar su persecución a Ordenes religiosas que procedieran sin los condicionamientos de la jurisdicción diocesana, y erigir una In-

ln lnquüit'ián medieval.

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ESPAÑA MEDIEVAL

quisición que se llamó así porque los jueces "inquirían" o investigaban por sí mismos la herejía, ejerciendo en el proceso la doble y anómala función de "inquisidores" o acusadores y de jueces propiamente dichos. Esa Inquisición papal penetró en Aragón, para luego caer en desuso, y fue absolutamente desconocida en Castilla. En 1232 Gregorio IX dirigió al arzobispo de Tarragona la bula Dec:linnnte, quizás inspirada por Raimundo de Peñafort, ordenándole la búsqueda y castigo de herejes . El más famoso de los inquisidores medievales españoles fue Nicolás Eymerich, autor de un complejo tratado de práctica inquisitorial, el Direc:torium lnquisitorum, que se convirtió en un texto clásico en estas materias. En Valencia y Baleares existieron también tribunales, de actuación esporádica y escasa trascendencia.

4.

La jurisdicción mercantil

Desde mediados del siglo XIII aparece en los territorios mediterráneos una jurisdicción especial para asuntos mercantiles, distinta de la ordinaria del bayle y veguer. Con la creación en 1257 de la Universitat deis prohoms de la ribera, las gentes de la zona portuaria de Barcelona pudieron elegir un cap y establecer, de acuerdo con él, las ordenanzas reguladoras de su propia autonomía. En los años finales de esa centuria y en los centrales de la siguiente. surgen en Valencia, Barcelona y Mallorca unos tribunales mercantiles, los Consulados, que confían la resolución de los litigios comerciales a sus propios jueces, llamados "cónsules de mercaderes" (consules mercatorum). Como ha señalado Piña, estudioso de El Conwlnt de Mar de Mallorca. el modelo común fue el Con.mini de Valencia , pese a lo cual el régimen jurídico de estos organismos mantuvo un cierto pluralismo. Cará,.,er de la jurüdircián men-nntil.

¿Fue la jurisdicción mercantil en esta época una jurisdicción de clase. esto es, aplicable a las causas en que alguna de las partes era negociante marítimo o mercader de oficio, o más bien revistió un carácter objetivo, sobre los actos de comercio, con independencia de quiénes los practicaran?. Gacto ha respondido a esta cuestión, advirtiendo que si en principio la jurisdicción consular amparaba a los profesionales de las empresas marítimas, con el tiempo alcanzó igualmente a quienes entablaron relaciones comerciales, es decir, a los mercaderes en general. Con ello el derecho marítimo se encadenó con el mercantil, tanto en lo sustantivo como en lo procesal. Jalón importante en tal proceso fue cierto privilegio otorgado por Martín el Humano en 1401, que concedió a los jueces del Consulado de l Mar facultades para conocer no sólo de los conflictos marítimos, sino además de los pleitos mercantiles suscitados por cualquier clase de personas.

JUSTICIA E IGLESIA

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Característica del procedimiento mercantil fue su urgencia y brevedad. Al ser fundado el Consulado de Gerona en fecha más tardía (1385), los jueces quedan advertidos de que deben actuar "brevemente y según la costumbre mercantil" (breviter et more mercantili). De las sentencias de los cónsules cabe recurrir a un "juez de apelaciones", ante quien comparecen las partes y el juez que antes ha dirimido el pleito.

Etpnrnli1111<·111".

11. La Iglesia y el Estado A) ALTA EDAD MEDIA: DIOCESIS, "IGLESIAS PROPIAS" Y MONASTERIOS

La progresiva recuperación de territorios a los musulmanes hizo posible un restablecimiento del sistema diocesano, a imagen del que había ·e xistido en la época visigoda, si bien en ocasiones fueron alterados los límites de las antiguas circunscripciones. El obispo gobierna su diócesis con ayuda del arcediano y de los otros oficiales eclesiásticos que componen la curia episcopal. Los prelados promovieron al compás de la Reconquista la creación de monasterios e iglesias rurales. La inmensa mayoría de estas iglesias surgen, sin embargo, al amparo de la iniciativa privada, construidas y dotadas por los repobladores en sus dominios como iglesias propias (14, IV, B). Esta institución alcanza ahora notable florecimiento, hasta que las reformas del papa Gregorio VII recortaron los derechos dominicales de sus titulares convirtiéndolos en un "derecho de protección" (ius patronatus), que luego se configura como un derecho de presentación del patrono, quien "presenta" ante el obispo al sacerdote que ha de regir la iglesia. Aun antes, sin embargo, de la recepción de la doctrina gregoriana, el Concilio de Coyanza (1055) promovió en la España cristiana el restablecimiento de la disciplina eclesiástica visigoda. Los decretos conciliares afirmaron la autoridad del obispo en el distrito diocesano, debiendo los clérigos contar con su permiso y mandato para prestar servicio en las iglesias. Además, la reforma gregoriana se enfrentó aquí a la pervivencia del antiguo rito visigodo, propugnando su sustitución por el romano. Aquella liturgia hispana, conservada durante siglos por los mozárabes, es vista ahora con recelo como la "superstición del error toledano". Tras no pocas resistencias, el pontificado consiguió abolir esos ritos e introducir los romanos. Semejante "éxito" no se repitió sin embargo en otra empresa de más envergadura, cual fue la pretensión de la Santa Sede al dominio temporal sobre España, manifiesta en las reivindicaciones de Gregorio VII, quien en base a la llamada "donación de Constantino" (donatio Constantini) sostuvo que España pertenecía a la Sede Apostólica. Esas reivindicaciones quedaron sin res-

DitH'esü .

l¡¡le.
El C,mrili11 d, Coynn;:n y In

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xrrx"rrnntL

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ESPAÑA MEDIEVAL

puesta por parte de León y Castilla, mientras los reyes aragoneses y más tarde los de Portugal se declararon vasallos de Roma, convirtiendo a sus reinos en feudos de los pontífices. Monnst,:rio.,·

fam1/iare., y dliµlire.<.

Las mismas circunstancias de la repoblación que propiciaban el florecimiento de las iglesias propias, alentaron la aparición de numerosos monasterios, dispersos aquí o allá como focos de inquietud religiosa, pero también como centros neurálgicos de la vida económica y social. La concurrencia de diversos factores sobre el fondo de la tradición visigótica, dio lugar así a curiosas instituciones como los monasterios familiares y los monasterios dúplices, cuyo más acreditado investigador, José Orlandis, ha calificado de "fenómenos típicamente hispánicos" o que al menos se dieron en la Península con una intensidad desconocida en otras zonas del Occidente cristiano. Los monasterios familiares eran monasterios privados erigidos por gentes -un particular, varios parientes de sangre, etc.- que actúan a merced de sus propios impulsos religiosos y cuyo porvenir con el tiempo resulta sumamente variado. Algunos de esos monasterios domésticos dieron origen a los monasterios dúplices, compuestos por dos comunidades, de varones y mujeres, que viven separados bajo una misma autoridad y regla, y que no deben ser confundidos con el abuso excepcional de los cenobios mixtos, prohibidos por la Iglesia. Junto a esa raíz del monaquismo familiar, los monasterios dúplices surgieron también a causa de la asistencia o tuitio de los cenobios de varones sobre las comunidades religiosas femeninas, así como por la difusión de la regla de San Fructuoso de Braga, que dará lugar a múltiples manifestaciones de lo que se ha dado en llamar "especie de ciudad monacal". Como ha señalado Coronas al estudiar el derecho asturiano altomedieval, estos monasterios familiares sirvieron para apuntalar una especie de régimen comunal , agrícola y ganadero, pergeñando cierto sistema jurídico de pactos, reglas y costumbres que dará lugar a un orden monástico distinto del canónico. Desde mediados del siglo XI se acentúa el proceso que lleva a la desaparición de los monasterios familiares y dúplices, que solían integrarse en otros cenobios más importantes. La profesora Montenegro, que ha dedicado al monasterio de Santa María de Piasca una documentada monografía, observa allí este fenómeno: el monasterio se convirtió en una comunidad de varones al mando del abad, mientras las monjas fueron trasladadas a San Pedro de Dueñas, dependiente del monasterio de Sahagún.

B)

C11m1linri.,·mo

y ¡Jr111u1dn del Sumo/>rmt,Jice.

BAJA EDAD MEDIA: CONCILIARISMO Y CONFLICTOS DE JURISDICCION

En la Baja Edad Media los papas ven disputada su primacía en el seno de la propia Iglesia como consecuencia de las doctrinas conciliaristas, de-

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fensoras de la suprema autoridad del Concilio general o ecuménico. Con la gran crisis del Cisma de Occidente, las tesis conciliaristas triunfan en 1415 al aprobarse el decreto Sacrosancta, el cual declaraba que el Concilio reunido en Constanza recibía el poder directamente de Cristo, quedando el pontífice subordinado a él, posición reiterada en el Concilio de Basilea (1431-1449) que llega a elegir un antipapa, cuya deposición significa el término del movimiento cismático y el consiguiente aseguramiento de la primacía del pontífice. Tal desenlace no ocultó sin embargo la necesidad de una profunda reforma en la vida de la Iglesia, reclamada por muchos, que quedará marginada de las preocupaciones del papado renacentista, más atento a patrocinar brillantes empresas culturales y artísticas. Esa reforma se llevará a cabo de modo parcial, en algunas Ordenes religiosas o en determinados países, como precisamente sucedió en la España de los Reyes Católicos. La jurisdicción papal entró a su vez en conflicto con la de los reyes, quienes a menudo prohibían la publicación de las bulas que consideraban atentatorias a sus derechos. Roma y los monarcas pugnaron asimismo por la designación de los obispos, elegidos en principio por los cabildos, y que desde el siglo XIII en Castilla y Aragón fueron nombrados por el papa a propuesta del rey.

Jurüdfrdún pnpnl y re¡:,n.

600

ESPAÑA MEDIEVAL

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32. LA ADMINIS1RACI0N DE LA HACIENDA Y EL EJERCITO l. La Hacienda A) PATRIMONIO DEL PRINCIPE Y HACIENDA DEL ESTADO

El sistema hacendístico del Estado altomedieval careció de una adecuada ordenación jurídica. Se difuminó la distinción que antes había existido en la monarquía visigoda, entre el erario y el patrimonio personal del monarca (14, 11), y a menudo se confundieron los tributos propiamente dichos y las rentas privadas del príncipe. Ello fue fruto del predominio de las concepciones señoriales, según las cuales el monarca percibe como un señor más las ayudas económicas y prestaciones de súbditos, que frecuentemente son también cultivadores de las tierras de realengo. Tal indiferenciación, de la que hay que exceptuar la ayuda extraordinaria en caso de guerra (petitum), de claro carácter público, significó que los ingresos fiscales se aplicaran indiscriminadamente a remediar las necesidades del Estado o las privadas del rey, y que unos mismos oficiales recaudaran tributos públicos y rentas del patrimonio personal del príncipe. Idénticos planteamientos señoriales hicieron posible que los reyes pudieran acrecentar su patrimonio rural a costa de tierras conquistadas, o que diezmasen las propiedades regias y la jurisdicción pública donando extensos territorios a magnates nobiliarios, fenómeno que alcanzó su cénit en la Castilla del siglo XIV.

Cmifu.,irín de lo

públirnylo µri,•ndo.

B) ORGANOS DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA

1.

Castilla: las Contadurías Mayores

Ya en el reino asturleonés los reyes explotaron sus dominios mediante un régimen de administración vilicaria, entregándolos al cuidado de los villici o mayordomos. Posteriormente el mayordomo o mayordomo mayor, primera autoridad de la casa del rey, dejó de ser un jefe doméstico general para convertirse en el auténtico superintendente de la hacienda regia.

E/mayordomo.

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En el siglo XII aparece como oficial hacendístico el tesorero, con la denominación árabe de almojarife, tomando forma institucional precisa en la centuria siguiente durante el reinado de Alfonso el Sabio. Este tesorero o tesorero mayor figura al frente de la organización fiscal, recauda los ingresos públicos y las rentas patrimoniales del monarca, y procede Juego a su custodia y administración. De todo ello rinde cuentas ante el mayordomo y más tarde ante el rey. La c omaduría Mediado el siglo XIV los textos castellanos refieren la presencia de l.tayordeHm'ienda. unos contadores o contadores mayores, coincidiendo con la marginación del mayordomo de las tareas financieras y con el "fracaso" (Torres Sanz) del tesorero mayor en su función gestora de la hacienda regia. A comienzos del XV existe ya la Contaduría Mayor de Hacienda, con dos altos oficiales o contadores mayores que se ocupan de todo Jo relativo a la exacción de tributos y, en general, de lo concerniente a la administración de los recursos del reino. Este organismo recibió sucesivas ordenanzas que, según el juicio de Pérez Bustamante, cumplieron objetivos complementarios: así las de 1433 perfilaron los derechos de arancel, la de 1442 atendió a la función interventora de la Contaduría, y la de 1476 asentó con fijeza los oficios constitutivos de su planta . La variedad e importancia de las atribuciones de la Contaduría Mayor de Hacienda, confirió a los contadores una posición preeminente en la administración castellana de las postrimerías de la Edad Media. Ellos fueron probablemente los empleados mejor retribuidos de la Corona. Ln Conlflduría Junto a esa corporación existió otra paralela, la Contaduría Mayor de Mayor de Cu entm. Cuentas, compuesta por contadores mayores del mismo nombre, la cual se encargó de tomar las cuentas a quienes hubiesen administrado dinero real , liquidando las presentadas por los oficiales del fisco y ajustando las correspondientes a los deudores de la hacienda pública. La Contaduría Mayor de Cuentas fue así un órgano de comprobación y control, cuya actuación dependió de su homónima de Hacienda, de la que recibía los documentos hacendísticos para proceder Juego a la fiscalización correspondiente. Creada en 1437, durante el reinado de Juan 11, fue también reorganizada por los Reyes Católicos. Conltulormnnyore.,· Los contadores mayores dispusieron de un eficaz aparato auxiliar, del yme,w~x. que formaban parte los lugartenientes, quienes les ayudaban y sustituían, y una serie de contadores llamados menores o de los libros, situados por paOJinm "de rejas al frente de las ocho oficinas u oficios de que se compuso la oficina. rnf/1°" .vofidm De esos ocho ofi cios, tres aparecen como de cargo, por atender a los ingre"dedma". sos, y cinco de data por ocuparse de los gastos. Aquéllos fueron el oficio de rentas, dedicado a llevar razón de su estado y a proveer a los recaudadores de la acreditación necesaria, el oficio de relaciones, que cuidaba de estableEl Te:wr,:ro.

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cer las rentas cuya percepción había sido cedida o las obligaciones que las gravaban, y el oficio de extraordinario, que atendía a los ingresos de esa naturaleza. Entre los de data contamos con los oficios de sueldo, de tierras y de tenencias, aplicados a los gastos militares, el de quitaciones, que despachaba los gastos de la administración civil, y el oficio de mercedes. por el cual se controlaban las que los monarcas habían otorgado con cargo a su real hacienda. 2.

Corona de Aragón: el "maestre racional"

La alta gestión financiera que hasta fines del siglo XIII había correspendido en Aragón al mayordomo y al procurador regio, pasó desde entonces a un alto oficial llamado maestre racional. De acuerdo con los datos facilitados por el profesor Montagut, primera autoridad en estas cuestiones, el maestre racional surge en 1283, durante el reinado de Pedro III, como consecuencia de la influencia siciliana. Junto a él, el tesorero y el escribano de ración forman la base de la estructura hacendística de la Corona. El cargo de maestro racional fue regulado por las ordenanzas de Pedro IV de 1344, texto que refiere las atribuciones de quien ha de "buscar lo cierto de las rentas, emolumentos y otros derechos reales ... y dar razón al príncipe". En consecuencia se ocupa de fiscalizar la gestión de los oficiales reales, o de cualquier persona si ello afecta a los derechos del rey y su patrimonio. A tal fin puede requerir a los funcionarios a que muestren las cuentas y gastos, anotando él en sus libros la situación y marcha de los negocios. Como consejero regio informa al monarca del estado financiero general y le asesora cuando es requerido. Moncagut advierte que la fiscalización es la función cuantitativa y cualitativamente más importante de este alto oficial. Asesora así al rey en lo relativo a ingresos y gastos, controla los ingresos periódicos, procura que la gestión financiera de los oficiales se ajuste a las ordenanzas y mandatos regios , y vela por la justificación documental de esa gestión financiera . La fiscalización implica un control a posteriori de tal gestión y un control a priori de los pagos reales.

Del maestro racional depende el tesorero, quien guarda el tesoro, se hace cargo de los ingresos y libra los pagos, rindiendo cuentas ante él cada seis meses. El escribano de ración distribuye las "raciones" o salarios de oficiales, percibiendo una renta que se aplica al sostenimiento del cargo. Finalmente, en cada uno de los territorios de la Corona existen oficiales :::on atribuciones financieras. En Aragón, Cataluña y Valencia es el bayle general quien recauda las rentas o procede a su subasta, disfrutando de facultades jurisdiccionales en las causas que afectan al patrimonio del monarca.

OriMen.

c,m,pm11rin.,.

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Mallorca y los condados del Rosellón y Cerdaña cuentan con un procurador real. En Cerdeña desempeña análogas funciones un administrador general. El bayle general de Cataluña ejercía funciones ejecutivas, judiciales y reglamentarias. Entre aquéllas destaca la administración del patrimonio regio y la custodia de las fronteras del Principado. Las funciones judiciales, a su vez, eran consecuencia de la defensa de esos intereses patrimoniales del rey en caso de conflicto. El bayle general nombraba a los bayles locales y era, a su vez, supervisado por el maestro racional.

3. Período.\'.

Comp t!len dns.

El "redbidor J,:t:neral ".

En la organización hacendística de la Navarra bajomedieval hay que distinguir tres períodos. Durante el primero, hasta 1328, las cuentas del reino se remiten a la cámara de comptos existente en Francia. Durante el segundo, de 1328 a 1365, aparecen ya unos oidores o comisarios, tal vez dependientes del tesorero, que forman una comisión con atribuciones financieras. El 18 de febrero de 1365, Carlos II ordena el establecimiento en Pamplona de una Cámara de Comptos compuesta por "maestros oidores" y notarios. Este organismo, que vino a ser la salvaguardia histórica de los intereses jurídicos y económicos del rey y del reino, obtuvo supremas facultades de orden fiscal. Exigió así rendición de cuentas a los recaudadores de rentas, veló por la adecuada exacción de los derechos del rey, y dio su parecer en las cuestiones relativas a política impositiva o concesión de franquicias. Junto a la propia administración financiera, la Cámara de Comptos disfrutó de atribuciones judiciales, sustanciándose ante ella los pleitos de esa índole. De la custodia de ingresos y de la ordenación de gastos se encargó en un principio el recibidor general de Las cuentas del reino, sustituido en sus funciones a principios del siglo XIV por el tesorero. El titular de este cargo, de ordinario un clérigo, sometía las cuentas a revisión de la Cámara de Comptos y tras su conformidad las trasladaba al rey. C)

La di.ffrimmadrí11

impoútiwr.

Navarra: La Cámara de Comptos.

CARACTERES GENERALES DEL SISTEMA IMPOSITIVO

El sistema financiero medieval fue de suyo discriminatorio, por cuanto al sostenimiento de las cargas públicas no contribuyeron todos los ciudadanos . Desde un principio quedaron exentos los nobles y eclesiásticos, e incluso los paniaguados o gentes protegidas por ellos. Sucesivas y crecientes exenciones restringieron más aún el círculo de los pecheros, es decir. de los obligados a pagar las cargas o "pechos", quienes al ser liberadas las clases ciudadanas vinieron de hecho a identificarse con la población rural. Además, como contrapunto al privativismo dominical del monarca, se entremezclaron las contribuciones de naturaleza pública y privada. En el ré-

HACIENDA Y EJERCITO

607

gimen impositivo primaron, en fin, los impuestos indirectos, coincidiendo así prácticamente el impuesto directo con el extraordinario. Para valorar el peso y la he terogeneidad de la presión fi sca l hay qu e tener en cuenta además las dispares condiciones de los distintos se ñoríos , y las de determinadas minorías dentro de ellos . Porras Arbo ledas, a l inves tiga r e l pano rama financiero de los territorios de la Orden de Santiago en la Murcia bajomedie va l, ha destacado por ejemplo la precaria situación de los vasallos santiaguistas y en especial la de las minorías mudéjares.

Como los ingresos, los gastos fueron ordinarios y extraordinarios. Una parte de ellos constituyó en Castilla el salvado y situado, o lo que es lo mismo, las partidas fijas que se asientan en los libros de hacienda; mien~ s el resto es estimado cada año, tramitándose mediante cartas de pago o :ibranzas. En los Estados de la Reconquista buena parte de los gastos exrraordinarios fueron debidos a empresas bélicas, lo que alteró el orden económico y desequilibró el sumario, especie de presupuesto existente en la Contaduría Mayor de Hacienda que contenía el cálculo anual de ingresos y gastos. Según un experto en estas materias, Miguel Angel Ladero, tal sistema, pese a sus complicaciones y defectos, fue en su época uno de los más avanzados de Europa.

GtL\/OJ

orrfinnrios

y txtrnorrlmnrio.r.

D) LOS INGRESOS ORDINARIOS

l.

Tributos territorial y personal

Los cultivadores de latifundios del príncipe en la época altomedieval, pagan a éste un canon llamado en principio tributum y más tarde infurción. Se trata de una renta territorial que suele abonarse en especie, con parte de la cosecha, en cuantía y tiempo variables según los territorios. Los campesinos aragoneses acostumbraron a entregar una novena parte de los frutos, por lo que fueron conocidos como "novenarios" (novenarii). Ya en la Baja Edad Media el tributo territorial correspondiente a los dominios de realengo fuellamado martiniega o marzadga, por satisfacerse el día de San Martín y en el mes de marzo. Para Sánchez Albornoz la marzadga fue una prolongación histórica del tributum territorial romano, transformado en ella a través de un gravamen intermedio, el tributum quadragesimale o cuaresmal , cuya existencia es constatada por ese autor en los diplomas gallegos del siglo X. En Aragón uno de los tributos más antiguos fue el de la peyta o pecha. Aunque el término peyta pudo hacer referencia allí a toda exacción fiscal , propiamente fue un impuesto globalmente evaluado para cada localidad, cuyo importe se dividía luego entre los vecinos. También existió en Navarra, donde la pecta o peita debía ser satisfecha por todos los labradores no hi-

ln inj itn-ián.

ú ,s campesinos ''novennrio.f ".

Ln ··peytn " en Am¡:ún.

Nnvnrrn: "pe,·hn

tasada" y "pei-hn notn.mdn ".

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ESPAÑA MEDIEVAL

dalgos. En este reino se diferenció la pecha tasada, donde como en el caso anterior el pueblo paga cada año una cantidad fija al rey, de la pecha no tasada, que supone una estimación de lo que personalmente ha de satisfacer al año cada vecino, con lo que el monto global de cuanto el monarca percibe de las diversas villas y lugares oscila de acuerdo con las variaciones del censo. 2. Monopolio.\' de molino. horno y

fmxua.

Re11a/ín,· tfe In mont!tfn. mmn.\' y.rnli11n,·.

Al tener el rey como señor el monopolio de construir en sus dominios el molino, el horno y la fragua, su utilización exigió el pago de las maquilas, fornático y llosol (17,IIl,C, 1). Más importantes fueron los recursos obtenidos por regalías o derechos privativos del monarca. Entre ellas hay que destacar las de la moneda, salinas y minas. La regalía de la moneda reportó a la hacienda regia dos tipos de beneficio: el propio'de la diferencia entre el valor nominal y el real de la moneda puesta en circulación, y el impuesto que los pueblos de realengo y señorío pagan para que el monarca no altere o quiebre su ley, impuesto llamado en Castilla moneda forera y en la Corona de Aragón monedaje. Las regalías de minas y salinas suponen a su vez la percepción de ingresos derivados de la explotación de esas fuentes de riqueza. El uso y aprovechamiento de los montes y prados del rey origina, en fin, la doble contribución del montazgo y del herbazgo. 3.

El µort n:.Kº·

Peaje y le::rln

Recursos de monopolios y regalías

Impuestos de tránsito

El tránsito de personas y mercaderías aparece gravado por numerosas contribuciones. Ya en el León del siglo X es patente la obligatoriedad de pagar el portaticum o portazgo, atribuido por Sánchez Albornoz a reminiscencias visigodas, y que se aplica a la entrada de mercancías en ciudades para el uso y consumo en ellas o para la venta en el mercado. Aún antes sin embargo de que los traficantes y sus mercancías arribaran al lugar de destino, el paso por puentes o el uso de barcas para atravesar los ríos, comportó otras cargas económicas llamadas pontazgo y barcaje. El impuesto de tránsito fue conocido en general en Castilla como peaje, y en Aragón con el mismo nombre y con el de lezda, términos quizá sinónimos o aplicable el primero a la circulación de personas y el segundo a la contribución de mercancías según su medida y peso. Los peajes y sacas coinciden en Navarra con los derechos de aduana por la entrada y salida de mercaderías de1 reino. En Cataluña existió el gravamen de entrades i eixides (entradas y salidas) con idénticos fines.

HACIENDA Y EJERCITO

6()()

La propiedad de los ganados y su trashumancia por los campos castellanos dio lugar en el siglo XIV al importante tributo del servicio y montazgo, resultado de la confluencia de dos figuras fiscales distintas. De una parte, el servicio sobre los ganados en función del número de cabezas. De otra, el montazgo mismo. Ahora bien, al ser percibido aquel servicio aprovechando el desplazamiento de las reses y la consiguiente necesidad de pastos, se llegó a esa contribución de la que normalmente quedó exento el ganado estante. Por lo demás, su importancia en el mundo financiero castellano ha sido objeto de una alta pero desigual valoración. De ordinario los autores le atribuyeron un papel capital, viendo en el servicio y montazgo una de las principales fuentes de ingresos de la Castilla bajomedieval. Recientemente, sin embargo, Ladero ha adoptado una posición más reservada, con la que parece concordar la profesora Gómez Mampaso aun advirtiendo que ese tributo proporcionó "cuantiosos ingresos", disputados por la nobleza a la Corona. El juicio de Ladero parece sumamente razonable:

s~rvil'ioy monffl!J,:O.

"Que el servicio y montazgo era importante, no cabe dudarlo: que llegó a ser una de las rentas desembargada.1· mejor cobradas a fines del siglo XV, tampoco ... Pero todo esto no quiere decir que el servicio y montazgo fuese uno de los pilares fundamentales sobre los que se alzaba la fiscalidad de la Corona: ni mucho menos. Lo que ocurre es que el ganado y sus productos, lana, cueros, carne, otros alimentos, era objeto de imposición a través de otras rentas, en especial las alcabalas y las aduanas, y de esta manera sí llegaba a converti rse en un bien económico de primera importancia desde el punto de vista de la Hacienda" (ln Hacienda Real de Castilla, 165).

Junto a estos impuestos prácticamente proyectados al tráfico interior, otros de aduanas recayeron en la entrada o salida de las mercancías del reino. En Aragón existían los derechos del General o generalidades, que afectaban tanto a los comerciantes naturales del país como a los extraños. En Castilla la percepción de estas contribuciones se llevó a cabo en los puertos de mar del norte o del sur, donde recibió el nombre de almojarifazgo, y en los terrestres o puertos secos. El comercio a través de los puertos marítimos del Cantábrico resultó gravado con un diezmo del valor de los géneros, el llamado diezmo de la mar, si bien Díez de Salazar ha advertido que ese impuesto se aplicó también a productos como el hierro que no fueron destinados a la exportación. Los efectos y alcance del diezmo de la mar debieron ser muy desiguales. El propio Díez de Salazar, conocedor de sus repercusiones en la fiscalidad guipuzcoana, ha mostrado que en el siglo XV la cuantía del diezmo fue sustituida por aranceles fijos, lo que ocasionó largas tensiones entre la poderosa familia Velasco -que intentó Juego actualizar los aranceles para acercarlos al diezmo- y las gentes guipuzcoanas aferradas a ellos. Tal proceso, que se adentra en la Edad Moderna, fue gráficamente calificado por ese profesor como la historia de un fracaso.

Ln.,· "gen~rnlidntle.,·.

El tlie;:mode lnmnr:

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4. Origen

De imµue.<11J extraordinnrio n imµuesto orrlinnrio.

Un ivennlidnd y exenciones.

Ln ennjenación

de nlcnbn/m.

La alcabala es un impuesto sobre las compraventas y cambios, que gravó en un 5%, y más tarde en un 10%, el valor de los bienes vendidos o permutados. El término procede del árabe, si bien es posible que la al-qabala o contribución aplicada a las transacciones realizadas en los zocos (16,111, B, 2) fuera la mera denominación islámica de un impuesto ya existente desde antiguo en las haciendas municipales. O dicho con palabras de Carande, la administración financiera medieval habría bautizado "con nombre moro una criatura romana". Como impuesto general la alcabala aparece durante el reinado de Alfonso XI (1312-1350). Para hacer frente a los gastos del sitio de Algeciras, las Cortes autorizaron en 1342 su cobro por tres años, percibiéndola luego ese monarca y sus sucesores con carácter temporal. Con Enrique 111 ( 13901406) la alcabala se ha convertido en un impuesto fijo y ordinario, que en consecuencia no requiere de ulteriores concesiones. La alcabala fue un impuesto indirecto, sobre el consumo, y universal, es decir que alcanzó tanto a los pecheros como a las clases privilegiadas de nobles y eclesiásticos. Existieron no obstante algunas exenciones tanto de carácter personal -los vizcaínos, al parecer- como real, en función de la naturaleza jurídica de los bienes, según fue el caso de la dote, arras u otros otorgados por casamiento, o de dispensas más o menos casuísticas: el pan, los animales de carga y las aves de caza, los libros en latín y romance, etc. Al margen de tales excepciones, la generalidad de las mercancías objeto de venta o trueque cayeron bajo este impuesto, cuyo importe fue en principio pagado a medias por vendedor y comprador, y en el siglo XV siempre por aquél. Como ha puesto de relieve Moxó, la alcabala fue teóricamente inalienable, al menos a perpetuidad, y teórica y prácticamente imprescriptible. De hecho la posibilidad de enajenaciones dio lugar a las alcabalas privadas, obtenidas por los grandes señores latifundistas mediante compra, donación regia o simple posesión ininterrumpida. Tal sustracción de poderes a la Corona llegó a adquirir caracteres alarmantes, y frente a ello reaccionaron los Reyes Católicos dictando la pragmática de 10 de noviembre de 1504. Figura relativamente paralela a la alcabala fue en Cataluña la bolla, que gravaba las compraventas de paños en el mercado. 5.

Cnl"ñm.f"n.1ndern y miubdn.

Impuestos sobre transacciones: la alcabala

Otros recursos: ingresos judiciales y eclesiásticos.

Entre otros recursos de varia naturaleza merecen especial mención los obtenidos a expensas de la actividad judicial , o sobre los derec hos y

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exacciones eclesiásticas. En el primer caso la hacienda regia percibe tanto el importe de las multas y penas pecuniarias (calañas), como aquellas cantidades (fonsadera, anubda) que pagaron inicialmente en concepto de multa quienes no realizaban determinados servicios. Por concesión pontificia, los monarcas pudieron recaudar una contri bución, las tercias reales, consistente en dos novenas partes del diezmo eclesiástico cobrado sobre ganados, cereales, vino y otros productos del campo. En principio los papas autorizaron esas tercias con carácter extraordinario, otorgándolas o prorrogándolas sucesivamente, a fin de compensar los desembolsos de los reyes castellanos por una guerra contra los musulmanes que era juzgada como empresa religiosa. Desde mediados del siglo XIV las tercias reales quedaron convertidas en un ingreso ordinario. E)

foria., rrale.,.

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Como medida excepcional para allegar recursos, surg10 primero en Aragón y luego en Castilla un impuesto indirecto llamado sisa. En sus orígenes este tributo aparece con cierto aire de picaresca, y consiste en que el vendedor de artículos de común necesidad merma el sistema de medidas y pesos, para entregar al comprador por el precio fijado una menor cantidad de género. Con ello obtiene un beneficio adicional que luego reintegra al fisco. Tan curioso sistema fue ocasionalmente rectificado al utilizarse medidas y pesos correctos, e incrementar sencillamente con el impuesto el precio del producto. Prohibida por las Cortes de 1371, la sisa siguió practicándose en la Corona de Aragón, aunque tendió a ser reemplazada por el impuesto aduanero de las generalidades. El tributo extraordinario por excelencia fue el servicio o pedido (petitum), que el rey solicitaba o "pedía" a los procuradores reunidos en Cortes. Según Sánchez Albornoz hay que remitir su origen a la gabela excepcional que Alfonso VI obtuvo en marzo de 1091 para financiar la guerra con los almorávides. En la medida en que sus sucesores lograron para fines semejantes tal tipo de recursos, el servicio se convirtió en una práctica generalizada y hasta cierto punto en un tributo usual y ordinario, aunque requiriera siempre la aprobación de las Cortes: "Años desp ués el petitum figuró, e mpero. con los tributos tradi cionales, entre las ca rgas fiscales ord inaria s de la pobl ación tributaria del rei no . El ciclo se había cerra do . La prestación e xcepci o nal ide ada por Alfonso VI en 1091 como medida de emergencia había e ntrado en la textura institucional del reino y se había convertido en un gravamen más de los que pesa ban habitualmente sobre los pecheros . Se repe tía un fenó me no b ien conoc ido e n la historia fiscal unive rsal, q ue puede co mprobarse mu chas veces en e l c urso de la historia fisca l españo la" (Sánchez Albo rn oz, Notas para el e.l'tudio del "petitum ", 504)

Ulsi.m .

El JervicW o pedido.

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¿Fueron importantes las sumas obtenidas por este concepto? Sí. ¿Contribuyó a él de buen grado la población dadas las circunstancias excepcionales que el rey invocaba en cada caso? No. ¿Se satisfizo equitativamente en los diversos territorios de la Corona? Tampoco. Las investigaciones de Ladero han puesto de manifiesto la alta cuantía de las sumas otorgadas, el cúmulo de resistencias que opusieron los señores a que el servicio fuera recaudado en sus dominios, y el hecho, en fin, de que regiones enteras como Galicia rechazaran el impuesto y se negaran a pagarlo. En Aragón las Cortes acuerdan la concesión de ayudas extraordinarias, llamadas asimismo servicios y también subsidios y donativos, aunque hubo donativos que no fueron "servicios" al no ser aprobados por todo el reino reunido en Cortes. Los reyes navarros lograron a su vez beneficiarse de servicios o ayudas, que de forma análoga tuvieron el carácter de asignaciones voluntarias otorgadas en Cortes. Junto a esos principales ingresos extraordinarios, existieron otros varios de menor importancia . Así en Aragón el impuesto de la coronación, para sufragar sus gastos; y los de cenas, tanto el llamado "ce na de presencia", o carga de alojar gratuitamente al rey en las localidades visitadas por él, como el más propio tributo de la "cena de ausencia", o compensación que a efectos igualitarios debían satisfacer aquellas otras localidades que quedaban fuera del itinerario del monarca . En Barcelona los reyes percibían al iniciar su reinado un impuesto, el bovatge, evaluado en función de las cabezas de ganado y bienes muebles de los contribuyentes. Ingresos extraordinarios relacionados con la Iglesia fueron la bula de Cruzada, concedida por los papas a los reyes de Castilla, que reportaba limosnas de particulares -favorecidos con indulgencias- para la guerra contra los musulmanes: y también la décima o subsidio, contribución del estamento eclesiástico para los mismos fines y que consistió en una décima parte de sus rentas, sustituida luego por cierta cantidad globalmente estimada. Lo.,; préstamo.,·.

Estos y otros ingresos resultaron no obstante insuficientes en algunos momentos de agobio. Los reyes hubieron de acudir entonces a solicitar préstamos de concejos, comunidades religiosas, judíos, gentes acaudaladas, entidades mercantiles o asociaciones como La Mesta. Las formas de amortización fueron la simple devolución a corto plazo sin intereses, la efectuada a largo plazo con el recargo de ellos, y la entrega de juros, esto es, la enajenación de las rentas reales que quedaban gravadas por un censo anual en favor del prestamista, y que en ocasiones fueron juros de heredad o transmisibles por herencia. F)

LA RECAUDACION DE LOS IMPUESTOS

En principio la cobranza de los ingresos regios fue confiada a los mismos responsables de la administración territorial. Al perfilarse la especialización en esas tareas y hacerse ellas más complejas, los monarcas bajomedievales

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recaudaron los impuestos mediante un doble procedimiento: utilizando agentes especiales o encargando esas funciones a particulares que actuaban como intermediarios. Se da asimismo cierto régimen mixto, con la participación de unos y otros, en la medida en que los particulares que directamente acopian el dinero, lo entregan a los agentes territoriales del fisco y les rinden cuentas. Esos oficiales financieros fueron en Castilla los recaudadores, nombre genérico que ampara las denominaciones específicas de quienes perciben los distintos impuestos (portazguero, alcabalero, etc.). El recaudador solía estar al frente de un "partido" o distrito hacendístico, teniendo bajo su mando a otros recaudadores menores y locales. Cargo parejo a aquél fue en Navarra el recibidor, quien sustituyó al merino en los menesteres fiscales a principios del siglo XIV. Los recibidores navarros debían presentar cada año sus cuentas al tesorero y a la Cámara de Comptos. Tanto en Castilla como en Navarra estos agentes allegaban los recursos, pero también atendían los gastos, y así el recibidor solía retener el superávit anual para incorporarlo a los ingresos del ejercicio siguiente. Sólo al término de su gestión rendía cuentas definitivas y, de no poder hacerlo, veía embargados sus bienes. La recaudación por intermediarios se llevó a cabo mediante el arrendamiento de los impuestos a personas o grupos, según precio global fijado en subasta, obteniendo el arrendatario el beneficio de la diferencia entre ese precio y la cantidad total -lógicamente mayor- de lo que procedía recaudar. Tras la subasta ante el estrado de las rentas, el arrendatario estaba obligado a presentar fiadores, con lo que cumplidos todos los trámites recibía la carta de recudimiento, o documento con poderes oficiales para proceder al cobro. Para recaudar los servicios votados en Cortes se acudió en principio al sistema de derrama, con lo que la cantidad total quedaba repartida por localidades, dividiendo éstas su cupo entre los habitantes pecheros. Ello originó graves quebrantos a los lugares con problemas de despoblación, por cuanto un menor número de personas debía afrontar el pago de la suma fijada. Desde comienzos del siglo XIV los pechos fueron recaudados en Castilla por algunos "hombres buenos" de las propias villas, en base a la relación de vecinos empadronados en ellas. 11. El Ejército V su organización

Se ha dicho de la sociedad española de los siglos VIII al XIII que fue ante todo una "sociedad organizada para la guerra" (Lourie). Aunque tal afirmación resulte excesiva, cierto es que las preocupaciones bélicas de la Reconquista no dejaron de estar presentes en las instituciones y en la vida

Los n:,·audndon·., y el rtl'i/Jidor.

El nrrendamfrllf,J dt! impurstos.

U1 rerrw rlndlm dt! Jen•icioJ.

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hispánica de esos siglos y de los siguientes. Ello da razón de la importancia del ejército y del conjunto de intereses concurrentes en la organización y funcionamiento del régimen militar. La marina de guerra, a su vez, arranca en Castilla de las preocupaciones de Femando III y se consolida con su hijo Alfonso X, quien mostrará, según el profesor Calderón, "un grado de sensibilidad muy acusado por las cuestiones navales". Fruto de esa sensibilidad fue la creación de la máxima autoridad naval, el Almirantazgo, presente ya en un privilegio rodado de diciembre de 1254, y al que el propio Calderón califica de institución conflictiva, A)

El ftm.rndo.

El npel/1do.

"FONSADO" Y "APELLIDO"

Junto al mantenimiento de la justicia, los reyes asturleoneses asumieron desde el principio la tarea de dirigir la guerra, bien fuera defendiendo la supervivencia del reino ante el acoso musulmán, o bien pasando a la ofensiva para adquirir o reconquistar nuevos territorios. Desde entonces, quizás por herencia visigoda, fue obligación de todos los hombres libres participar en esas empresas y en consecuencia formar parte del ejército. Aquel doble carácter de defensa y ataque propio de la actividad bélica, se tradujo de un lado en colaborar en servicios de vigilancia o reconocimiento (anubda en Castilla; mirall en Cataluña), y en acudir a la operación defensiva en caso de emergencia (apellido); o de otro, en participar en expediciones militares de índole ofensiva (fonsado o hueste). El fonsado es la expedición de ataque convocada principalmente por el rey, pero también por el conde, señor, merino o concejo. Con su primitivo nombre de fossatum aparece en documentos castel !anos del siglo X, si bien no resulta claro el origen de un término que pudo derivar de la costumbre de cavar trincheras (fossae), o de la acepción latina postclásica de "campamento". Tal vez, según presume Sánchez Albornoz, de ir al fossatum o campamento, se habría pasado a entender el ir alfossatum en el sentido de ir a la guerra. El apellido (de appellare, llamar) es el "llamamiento de gente para la defensa", como lo define el Fuero de Sepúlveda. Practicado ya en el período asturleonés, se popularizó luego en Castilla en sus diversas formas, según quien fuera la autoridad convocante. En las Partidas, código que, como ha destacado el profesor Julio Gerardo Martínez, se ocupa profusamente de los sistemas de defensa y organización del ejército, es posible apreciar dos especies de apellido, correspondientes al realizado en tiempos de paz o de guerra. Aquél supone repeler la irrupción de quienes intentan saquear tierras y robar frutos o ganados. Este lleva consigo el reclutamiento perentorio de gentes armadas que, en un contexto ya propiamente castrense, se aprestan como dice ese código "a defender lo suyo".

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B) MILICIAS SEÑORIALES, CONCEJILES Y EJERCITO MERCENARIO

A las tropas reclutadas por el rey se unen las movilizadas por los señores en sus dominios y las milicias concejiles, que combaten a menudo con su propia organización y enseñas, sin fundirse con la hueste real. No obstante, algunos fueros andaluces preceptúan que si las tropas de los concejos acuden a las órdenes del monarca, deben hacerlo únicamente bajo su estandarte. En ocasiones las milicias urbanas abandonaron la hueste real cuando consideraban transcurrido su tiempo de servicio, y así sucedió por ejemplo durante el asedio de Fernando III a Ubeda, en 1234, donde los concejos de Toro, Zamora, Salamanca y Ledesma, retiraron sus tropas antes de la caída de la ciudad. Pese a la colaboración de las milicias señoriales y municipales --conocidas éstas en Cataluña como somatén-, las crecientes necesidades bélicas y las numerosas personas que por unas u otras razones quedaban exentas de prestar servicio, determinaron el recurso a tropas mercenarias de carácter permanente. Formadas en la etapa bajomedieval, y contando a veces con el concurso de musulmanes y extranjeros, los Reyes Católicos consolidaron su uso, mientras, de otra parte, aseguraban un reclutamiento forzoso que sentaría las bases del ejército moderno. De esta forma desaparecen las milicias señoriales y concejiles, manteniéndose las mercenarias que incluso fueron a veces organizadas por los nobles para ponerlas al servicio de esos monarcas. C)

Milid n:i.-.eñoriales y nmrejile.-..

Tmpas ml'n·etzarin.t.

LA PRESTACION DEL SERVICIO MILITAR

La obligación de concurrir al fonsado y hueste fue desde el principio prácticamente general, aunque no faltan en los fueros algunas prescripciones para restringir tal deber a determinados casos, asegurar una tolerable periodicidad o limitar el número de personas que las villas debían aprontar. A veces, pues, se acudía a la guerra sólo si el rey mismo mandaba la expedición o se encontraba cercado. Otras, se redujo la obligación a un fonsado anual, aunque algunos fueros como el de Madrid reservaron tal restricción a las salidas fuera del reino, manteniendo en cambio el deber de asistir a cuantas tuvieran lugar dentro de las fronteras . Por último, ciertos textos precisan el número o proporción de gentes que han de acudir a la hueste, en función de los exentos o de quienes debían permanecer para defender las villas y castillos de retaguardia, disponiendo que salga la mitad de los caballeros y quede la otra mitad en la ciudad, que acuda un tercio o una cuarta parte de ellos, etc. Existían también dispensas debidas a circunstancias personales: enfermedad, haber contraído matrimonio o quedar viudo en fechas próximas al llamamiento a filas. Tales excepciones, sin embargo, no desvirtúan que el fonsado fuese algo comunmente obligatorio, como lo fue el apellido, a pesar de quienes por parecidas cir-

All'fllll'ede la oblixnciim de ncudiral

fomado.

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Cnbnlluín nobilinrin y

rnbnllerín villnnn.

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cunstancias resultaron exonerados de él. El incumplimiento de ese deber sin causa justificada acarrea una multa o fonsadera, pagada tiempo después ya no como sanción sino como impuesto para redimir el servicio. Los nobles prestaron el servicio militar a caballo a cambio de recibir tierras en beneficio (20,II,B). Los villanos con capacidad para costearse caballo y equipo de guerra formaron la caballería villana (19,III,A), siendo retribuidos con una compensación económica y la exoneración de impuestos. D) LAS ORDENES MILITARES

Ori11en.

Orden,., del frmpl< y del l/o.,p11n/.

Orden<.< de Cnlntmvn , A/,-ántnrn y Snntinxo.

Como manifestación del ideal de la caballería cristiana y síntesis de valores religiosos y militares, por influjo tal vez de las rápitas musulmanas (16,111, C), surgieron en Oriente en el siglo XII las Ordenes Militares. Compuestas por caballeros y religiosos, cuyo régimen de vida integraba el estilo monacal y la profesión de armas, lograron en la Europa de las Cruzadas una señalada difusión, apareciendo en España como organizaciones armadas que unen sus huestes a las de los monarcas en la lucha contra el Islam, si bien mantienen su propia organización y autonomía. Las dos primeras Ordenes Militares, del Temple y del Hospital, nacen en Jerusalén para proteger a los peregrinos que allí acuden . Los templarios ((ratre .,· militiae Templi) debieron en buena medida su florecimiento a San Bernardo de Claraval, quien en el Concilio de Troyes de 1128 pronunció el "elogio de la nueva mi licia" (De /nude nova e militiae), desapareciendo en el siglo XIV. Los hospitalarios sobrevivieron a las Cruzadas, actuando como fuerza religiosa y militar en la Edad Moderna. Ambas fueron organizadas como entidades supranacionales, dirigidas por un maestre general.

Ordenes Militares españolas fueron la de Calatrava, fundada por el abad de Fitero tras la defensa de esta plaza, que recibió la aprobación del papa en 1164; la Orden de Alcántara, prolongación de una anterior "Orden de San Julián de Pereiro", que cambió su nombre al recibir de Alfonso IX aquella villa; y finalmente la Orden de Santiago, establecida con el objetivo primordial de amparar a quienes peregrinaban a Compostela, y que también contribuyó a la lucha con los musulmanes. Con menor importancia existió en Aragón la Orde11 de Monte.va, surgida para sustituir a la del Temple cuando ésta fue disuelta. y la Orden de San Jorge de A/fama, integrada en aquélla a principios del siglo XV.

Como otras organizaciones religiosas, las Ordenes Militares se vieron favorecidas por múltiples donaciones de los fieles. Su espíritu caballeresco propició que la nobleza se incorporara a ellas aportando cuantiosas dádivas y tierras. Desde el punto de vista militar es difícil llevar a cabo una evaluación rigurosa de sus efectivos. En términos generales se ha calculado que

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a mediados del siglo XIII el conjunto de las Ordenes -en Tierra Santa, en el Báltico, Castilla y Portugal- podía poner en pie de guerra entre 5.000 y 10.000 combatientes, de los que 1.500 luchaban a caballo. Su género de vida facilitó la obediencia, disciplina y el consiguiente voto de combatir a los infieles. El gobierno de la Orden recaía en el maestre, elegido por los caballeros, quien actuó auxiliado en sus funciones por el comendador mayor y otras autoridades.

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VII. EL ESTADO MODERNO Y LA UNIVERSALIZACION DEL DERECHO CASTELLANO

623

33. LA MONARQUIA UNIVERSAL ESPAÑOLA J. Panorama general del Antiguo Régimen

El 19 de octubre de 1469, Isabel, heredera de la corona de Castilla, contrajo matrimonio con Fernando, heredero de la corona de Aragón. Pese a las dificultades de la boda, amenazada por la oposición del monarca castellano Enrique IV y por el propio parentesco de los contrayentes, quienes hubieron de valerse de una falsificación de la dispensa papal, el enlace semiclandestino abrió los caminos a la unidad política peninsular y al Estado de los tiempos modernos. Tres siglos y medio después, el 19 de marzo de 1812, la Constitución promulgada en Cádiz liquidaba el Antiguo Régimen, al reconocer encarnada la soberanía en el pueblo, dando así paso al régimen liberal y al Estado constitucional. El período histórico comprendido entre ambas fechas tuvo al absolutismo monárquico como denominador común, proyectándose tras el reinado de los Reyes Católicos en dos etapas fundamentales, coincidentes con el gobierno de la monarquía de los Austrias (siglos XVI y XVII) y con el de los primeros Barbones en el XVIII. En términos generales, una y otra difieren por el protagonismo mundial logrado por España, y luego perdido en beneficio de Francia, por la diversa estrategia política y económica, por la transformación ideológica, y porque a la heterogeneidad y pluralismo característicos del ordenamiento del Estado en los siglos XVI y XVII, sucedió en el XVIII un rígido proceso uniformizador de signo castellano.

Dos elnpns en la Edad Modtrna: el nbsoluti.mw monlur¡uico, de,u,.

minador romún.

A) LA MONARQUIA DE LOS REYES CATOLICOS

El reinado de los Reyes Católicos (1469-1516) lleva consigo la unión de las dos Coronas en la persona de los monarcas, manteniendo ellas su estructura política diferenciada. La célebre unidad nacional permitió así que Castilla y Aragón, y luego Navarra, se rigieran por sus propias leyes, mantuvieran sus Cortes y demás instituciones de gobierno, realizándose en suma una unión de carácter "personal", dado que territorios jurídicamente heterogéneos estaban sujetos a los mismos reyes. Esa unidad fue por con-

Unidad narwna/ yuniún "pusonnl" de /ru Comnm.

624

Heterogeneidad de las dos Coronas.

LA ESPAÑA MODERNA

siguiente compatible con una cierta tensión entre reinos y monarquía durante siglos. La unión de las Coronas no fue además la propia de dos entidades política parejas y proporcionadas. Pese al equilibrio jurídico que informó el matrimonio de Fernando con Isabel, lo cierto es que a su amparo confluyeron dos Coronas de desigual peso específico y muy diversa naturaleza. De acuerdo con el análisis del hispanista británico Henry Kamen, las diferencias entre Castilla y Aragón podrían sintetizarse así: Castilla era territorialmente mucho más extensa que Aragón y más densamente poblada. Entrado el siglo XVI, de una población total de siete millones, correspondían a ella más de cinco y sólo uno a Aragón. Frente al pluralismo de cuanto formaba parte de la Corona de Aragón, Castilla era una entidad homogénea, con un único gobierno, unas solas Cortes, un sistema impositivo, un idioma y sin aduanas internas. Castilla poseía un sistema comercial más poderoso, fundado en los negocios laneros y en las consiguientes relaciones con Francia y los países nórdicos, y había llegado incluso a disputar a los catalanes en el siglo XV la supremacía en el Mediterráneo occidental. Además, mientras la Corona de Aragón arbitró un régimen pactista de gobierno que debilitaba el poder real (27, II, B), Castilla podía ser regida sin excesivas trabas ni restricciones. Finalmente las Indias fueron incorporadas a la Corona de Castilla, con lo que la castellanización del mundo americano marcará los rumbos del Imperio en la Edad Moderna. La unidad política peninsular-excepto Portugal- se logra con la toma de Granada (1492) y con la incorporación de Navarra (1512). En aquel año es descubierta América, mientras el fervor de la unidad religiosa, sin duda exacerbado por la rendición del último reducto musulmán y el término de la Reconquista, lleva también en 1492 a la expulsión de los judíos. En ese mismo período, entre los siglos XV y XVI, se consolida la expansión en el Atlántico conocido, con el aseguramiento del dominio sobre las Canarias, así como en el Mediterráneo con la conquista del reino de Nápoles (1504), ocupándose también diversas plazas africanas (Ifni, Melilla, Orán, Trípoli). Tiene lugar, en fin, la primera gran expansión por las rutas americanas. Es el despertar del Imperio y la inserción privilegiada de España en la trama internacional, hechos ambos asegurados por una diplomacia y un ejército de acreditada eficiencia. La diplomacia moderna, a diferencia de la antigua, fue una diplomacia estable, con embajadas como representaciones permanentes. Entre los diplomáticos de una y otra etapa, las profesoras Gómez Mampaso y Sáenz de Santa María han advertido las siguientes diferencias: "Si los embajadores medievales solían ser juristas y eclesiásticos, en esta etapa de la Historia serán los gentilhombres los que representen a los monarcas, es decir, que serán las personas más próximas al Rey, normalmente pertenecientes a la nobleza, lo que dio lugar a numerosas intrigas cortesanas que supusieron una concepción muy negativa de la función diplomática" (Una aproximación a la historia de las relaciones diplomáticas, 79).

LA MONARQUIA

B)

625

LA MONARQUIA DE LOS AUSTRIAS

Tras la muerte de Femando el Católico en 1516, y habiendo fallecido Isabel doce años antes, las dos Coronas fueron heredadas por Carlos V (1 de España), quien en 1519 recibe la de Alemania y es elegido emperador. Se inicia así el gobierno de la Casa de Austria --0 de los Habsburgo españoles, según denominación preferida por la historiografia europea-, que se proyecta en los reinados de Carlos V (1516-1556) y Felipe II (1556-1598) en el siglo XVI; y en los de Felipe III (1598-1621). Felipe IV (1621-1665) y Carlos II (1665-1700) en el XVII. Tal período da cabida a un doble apogeo político y cultural, en etapas no estrictamente coincidentes, sino más bien sucesivas o envuelta la primera por la mayor amplitud de la segunda. La supremacía política se centra de modo principal en el XVI, percibiéndose ya hacia 1590 los síntomas de un declive producto de los contratiempos bélicos (derrota de la Armada Invencible) y del agotamiento económico. Pero todavía en esa fecha, pese al ya brillante florecimiento cultural, no habían nacido siquiera figuras como Calderón, Velázquez o Zurbarán; Quevedo era un niño, Lope de Vega tenía veintiocho años, y todavía faltaban tres lustros para que Cervantes publicara la primera parte del Quijote. De acuerdo con la pujanza y decadencia políticas de los siglos XVI y XVII, y considerando la briosa o menguante personalidad de los monarcas en uno u otro siglo, se ha hablado con frecuencia de unos Austrias mayores, los primeros, y menores, los segundos. Tal clasificación, válida en última instancia, no debe ser aceptada sin embargo de forma radical y sin matices. La capacidad y dedicación pública de algún minusvalorado monarca como Felipe IV, ha sido objeto de cierta rehabilitación por historiadores de hoy (Alcalá Zamora); e incluso Carlos II y su época, símbolos siempre del naufragio general, han visto mejorada su imagen a raíz de una importante revisión llevada a cabo por Kamen en 1980.

El reinado de Carlos V se caracteriza por la expansión territorial, por la crisis político-religiosa que la Reforma lleva consigo, por las convulsiones internas --Comunidades en Castilla, Germanías en Valencia y Mallorca-, y por la ordenación del aparato político-administrativo que ha de administrar el Imperio. En esa primera mitad del siglo XVI se descubren y conquistan dilatados territorios en América: Yucatán (1517), México (1520-1521), el Plata (1526), Perú (1527), Chile (1535), etc., anexionándose asimismo otros de Europa y algunos del norte de Africa. Carlos V, monarca dinámico y viajero, fue sucedido por un rey como Felipe 11, sedentario y burócrata, quien culmina la expansión territorial al incmporar Portugal y sus dominios (1580), lo que entre otras cosas supone la unidad política de la Península. Su reinado aparece marcado por el movimiento global de la Contrarreforma, las revueltas internas enAragón y las Alpujarras, los graves conflictos europeos (Flandes y el enfrentamiento con Inglaterra), y la consolidación de una Weltpolitik donde cristalizan intereses políticos y religiosos al amparo de la plena hegemonía mundial.

Monarcas de la Casa de Austria.

Austrias "m,zyon,s"

y "menores".

Carlos Vy Felipe D.

626

Declive p olítico

y p esimismo en el siglo XVII.

Crisis en Europa y p eculiarismo hispánico.

LA ESPAÑA MODERNA

El fracaso de la Armada y los desajustes económicos de los últimos años del XVI, debidos en buena medida a la merma en el aluvión de riquezas procedentes de América y a la convulsión :financiera que éstas antes habían producido, impidieron la prolongación de esa hegemonía política o Pax hispanica, cantada por el poeta Remando de Acufia en un famoso soneto dedicado a Felipe II, donde presagia en el orbe ''un monarca, un imperio y una espada". La crisis que asoma al término del siglo XVI se hará honda e incontenible en la centuria siguiente. Tensiones raciales y religiosas determinaron la expulsión de los moriscos en el reinado de Felipe ill, agravándose una depresión económica a la que los arbitristas intentaron hacer frente con diversos remedios. Los años centrales del siglo XVII, durante el reinado de Felipe IV, son testigos de sucesivos descalabros internacionales e internos. Las paces de Westfalia (1648) y de los Pirineos (1659) representan la pérdida del control de Europa y la consiguiente desmembración de territorios. En la Península la agitación anticentralista estalla en los cuatro puntos cardinales: norte (Aragón), sur (Andalucía), este (Cataluña) y oeste (Portugal). Especialmente graves fueron los levantamientos de los catalanes, quienes según Olivares querían organizar una rebelión como la de Holanda, y sobre todo de los portugueses, que lograron la independencia arrastrando consigo sus inmensas posesiones ultramarinas, entre ellas Brasil. Tan acusado declive, donde cualquier compromiso internacional en ese reinado y en el siguiente -Paz de Nimega (1678)- solía representar un quebranto en el patrimonio de la monarquía, no pudo ser remontado por la España del XVII, cuyos más egregios espíritus rezuman pesimismo, sarcasmo y desconsuelo. Todavía en la primera mitad de esa centuria, Quevedo evoca "los muros de la patria mía si un tiempo fuertes, ya desmoronados", mientras el hidalgo manchego, héroe de nuestra mejor novela, personifica en palabras de Ortega "la enorme capacidad del hombre para ser derrotado". ¿Fue la crisis del XVII un fenómeno exclusivamente español? Tal vez no. La peculiaridad hispana consistió más bien en la ineptitud para hacer frente al reto de la modernidad. Elliott ha llamado la atención sobre los agobios económicos de Francia e Inglaterra en la década 1620-1630, y los políticos en la de 1640-1650, destacando cómo a partir de estos años. cuando los países occidentales renuevan sus explotaciones económicas e introducen la ciencia y filosofia modernas, España sigue aferrada a un tradicionalismo inerte, sumido en la nostalgia, e incapaz de responder a las exigencias de los tiempos nuevos. Los aprietos financieros, la participación en ruinosas empresas bélicas, la mediocridad de las clases dirigentes y el atavismo de una sociedad tan sobrada de ideales como carente de sentido práctico, explican en fin esa crisis. Elliott la ha visto así:

LA MONARQUIA

627

''Por duras que fuesen las advertencias de los arbitristas, era dificil, para una sociedad educada en la guerra, hallar un sustitutivo de las glorias de la batalla en las tediosas dificultades de los libros de cuentas, o elevar a una posición de preeminencia el duro trabajo manual que había aprendido a despreciar. No era menos dificil inspirarse en las ideas y experimentos de los extranjeros, sobre todo cuando los extranjeros eran a menudo herejes, pues la desconfianz.a instintiva que Castilla sintió siempre ante el mundo exterior, se había visto muy reforzada por las revoluciones religiosas europeas del siglo XVI. Por toda una serie de trágicas circunstancias, la pureza de la fe llegó a identificarse, durante el reinado de Felipe II, con una hostilidad fundamental contra las ideas y los valores que ganaban terreno en algunos lugares de la Europa contemporánea Esta identificación provocó un aislamiento parcial de España respecto al mundo exterior, y este aislamiento contrajo el desarrollo de la nación. .." (La España imperial, 413-414).

C)

LA MONARQUIA DE LOS PRIMEROS BORBONES

La muerte sin descendencia de Carlos II trajo a España a la dinastía de Borbón, cuyo primer monarca, Felipe V (1700-1746), reinó tras derrotar en la Guerra de Sucesión al pretendiente austríaco que había sido apoyado por la Corona de Aragón. Entre ese conflicto bélico de principios del XVIII y la Guerra de la Independencia al iniciarse el XIX, gobiernan tras Felipe V -y tras la fugaz presencia de Luis 1, a lo largo de siete meses de 1724-, otros tres reyes: Fernando VI (1746-1759), Carlos III (1759-1788) y Carlos IV (1 788-1808). Con este último concluye el Antiguo Régimen. El siglo XVIII se caracteriza por una ambiciosa renovación ideológica, la Ilustración, que en realidad fue sólo efectiva en la segunda parte de esa centuria. Hasta el reinado de Carlos 111 persiste un tradicionalismo escasamente innovador, superado hacia 1760 por la ruptura de esa tradición y la aplicación de los esquemas difundidos en varios países de Europa. La Ilustración representó una revolución hecha desde arriba, de corte absoluto en lo político (despotismo ilustrado), acérrimamente centralista, y deudora en lo cultural de patrones renacentistas, de la filosofía racionalista y de los progresos de las ciencias experimentales, es decir, de cuanto por ser nuevo era tenido por no pocos como peligroso. Esas ideas no se difundirán en las Universidades, atadas al formalismo de planes caducos, sino a través de Academias y asociaciones, como las Sociedades Económicas de Amigos del País, que en reuniones y tertulias difunden cuanto llega de Europa y singularmente de Francia. En esta misma centuria aparecen las Reales Academias, fruto de la reacción a una enseñanza universitaria excesivamente anquilosada y teórica, de la inquietud por el conjunto de las ciencias (incluidas las físico-naturales) y del ejemplo de establecimientos semejantes en Europa. En síntesis de Juan Carlos Domínguez, las Reales Academias fueron "sociedades que se

Monarcas de la Casa de Borbón.

ilustración y absolutismo político.

Reales Academias.

628

LA ESPAÑA MODERNA

crearon en la Corte, dedicadas a la investigación y el progreso tanto de las ciencias prácticas como especulativas, mediante el análisis y la crítica de los trabajos de los académicos en el seno de la corporación". Una de estas Reales Academias, que más propiamente interesa aquí, es la de Jurisprudencia y Legislación, que ha sido objeto de un valioso estudio del profesor Domínguez. Según sabemos, la primera Academia jurídica fue la Real Academia de Práctica de Leyes y de Derecho Público de Santa Bárbara, reconocida en 1763. Sus orígenes se remontan a cierta Junta de Jurisprudencia Práctica que en 1730 se reunía en Madrid, en casa del abogado de los Reales Consejos. Juan Antonio Torremocha. PfJlírim ex,aifJr.

Polí1irn interior.

La política exterior dio un giro copemicano. Por de pronto, la paz de Utrecht, que puso fin a la Guerra de Sucesión, amputó las posesiones españolas en Europa e hizo desaparecer la antigua pesadilla de los Países Bajos. Poco antes, en 1704, España había perdido Gibraltar. A lo largo del siglo esa política fue fundamentalmente pro-francesa, reflejada en los Pactos de Familia, aunque en los últimos años se diera una oposición coyuntural a la Francia revolucionaria, y en el XIX tuviera ya lugar el gran choque de la Guerra de la Independencia. Con una presencia en Italia objeto de permanentes atenciones, el reverso de esta política fue la pugna con Inglaterra, cuya amenaza no quedó en la Península (Gibraltar y Menorca), sino que se proyectó incesantemente sobre las Indias, desde los territorios del norte a los meridionales (ocupación de las Malvinas). No será así extraño el decidido apoyo español al proceso de independencia de los Estados Unidos de América. En el interior registramos un alza demográfica y cierta recuperación financiera. Desde las perspectivas del derecho y la política, el enfrentamiento de la Corona de Aragón a Felipe V originó la supresión de su organización jurídico-pública, y la correlativa introducción de la de Castilla (Decretos de Nueva Planta). El régimen de gobierno sufrió profundas transformaciones en las esferas local, territorial y central, donde se articuló un sistema de ministerios servido con frecuencia por gentes de procedencia extranjera y singularmente por italianos. El regalismo borbónico simbolizó, en fin, el intervencionismo abusivo del Estado en materias eclesiásticas, mientras la Inquisición, muy activa en la etapa anterior, quedó casi exclusivamente convertida en el XVIII en un tribunal de censura de libros. 11. El proceso de integración territorial A)

CfJnqui.vrade Granada.

ESPAÑA

l. Conquista de Granada e incorporación de Navarra La toma de Granada, que puso fin a la larga presencia musulmana iniciada el siglo VIII, se gestó fundamentalmente en el trienio 1485-1487 so-

LA MONARQUIA

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bre tres campos de acción: Ronda y su serranía, Málaga y la costa, y la propia Vega granadina. Granada estaba ya teóricamente vencida en 1487, aunque las hostilidades se prolongaron por diversas circunstancias todavía cinco años más. La campaña que concluyó en 1492 supuso un alto coste económico, y los más de ochocientos millones de maravedises invertidos, exigieron arbitrar impuestos extraordinarios, retener el producto de la bula de la Cruzada y empeñar incluso parte del patrimonio regio. La conquista reportó un incremento de población y riqueza, respetando la capitulación a los vencidos la práctica de su culto y leyes, si bien los intentos de evangelización provocaron enseguida abundantes conflictos. La incorporación de Navarra en 1512 se realizó mediante conquista de Femando el Católico, con el apoyo jurídico de una bula del papa Julio II que amenazaba con la excomunión y pérdida de los reinos a quienes ayudaran a su enemigo el rey de Francia. El duque de Alba anexionó Navarra sin dificultades, entregándose Pamplona en condiciones que permitieron a la ciudad mantener sus fueros y costumbres, y a sus habitantes conservar oficios y bienes. Tras esa capitulación (24-VII-1512), en marzo del año siguiente juró ante las Cortes su cargo el primer virrey de Navarra. Fernando el Católico consideró desde luego fundada la legitimidad de la conquista en la donación papal. En su testamento evocaría la anexión del reino "por la notoria cisma conspirada contra la persona del Sumo Pontífice y Sede Apostólica", lo cual determinó que "requerido por nuestro muy santo padre Julio, de buena memoria, lo hubimos de conquistar y nos fue adjudicado".

Incorporación de Navarra.

Conmemorándose en 2012 los quinientos años de la incorporación de Navarra a la corona de Castilla, ha adquirido rango polémico en los medios políticos y de comunicación social la naturaleza de esa incorporación y el carácter, voluntario o forzoso, de su mantenimiento. En cualquier caso, como ha sefialado el profesor Rafael García Pérez, conviene tener en cuenta que el problema de esa incorpación no fue objeto de debate hasta fines del siglo XVIlI. Para un seguimiento de los textos jurídicos relativos a la incorporación de Navarra y a los ulteriores intentos de recuperación, es de consulta obligada la magnífica colección de Textos histórico-jurídicos navarros preparada por los profesores Momea! Zía y Jimeno Aranguren.

2.

Incorporación de las Canarias

Los intentos de ocupar las Canarias se legitimaron durante la Baja Edad Media considerando a sus habitantes, como infieles, carentes de personalidad jurídica. Cualquier príncipe cristiano con pretensiones evangelizadoras podía, en consecuencia, someterlos a su autoridad. Ello dio lugar a diversos conatos de apropiación durante el siglo xrv, como los de Alfonso IV de Portugal en 1341, del infante Luis de la Cerda tres años después, o del rey de Aragón en 1352; además de múltiples operaciones de salteo, consistentes en incursiones fugaces para obtener riquezas o cautivar indígenas y venderlos luego como esclavos.

Ocupaciones de las Islas en la Baja Edad Media.

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Las Alegaciones de Alonso de Cartagena.

LA ESPAÑA MODERNA

Fundándose en que "todos los hombres de las dichas Canarias son extraños a Cristo y al dominio de los cristianos", el papa Clemente VI concedió a Luis de la Cerda el dominio de esos territorios para construir en ellos el llamado Principado de la Fortuna. Al no llevarse a cabo la empresa, las islas fueron conquistadas a principios del siglo XV por particulares, quedando desde 1430 bajo el dominio de un tal Guillén de las Casas. Por entonces las pretensiones portuguesas chocaron con las castellanas en el Concilio de Basilea (1435), donde el obispo Alonso de Cartagena presentó por encargo de Juan II unas alegaciones en favor del mejor derecho de los reyes de Castilla En la disputa se hizo uso, por analogía, del supuesto de la insula in jlumine nata, contemplado por el derecho romano, que atnbuía la propiedad de la isla SUigida en el río al dueño de la ribera más cercana. Al plantearse como razón decisoria la proximidad de las Canarias a cualquiera de los dos reinos contendientes, lo que obviamente dirimía el litigio en favor de Portugal, este sagaz prelado adujo que las islas estaban todavía mucho más cerca de Africa, y en concreto de la Tingitania, territorio perteneciente a España -de la que había sido una provincia en las épocas romanas y visigoda (6, I, B, 2}-aunque por entonces eventualmente se encontrara ocupada por los musulmanes. «Si pues la Tingitania es provincia que pertenece a España-decía él-, también lo son, por consiguiente, estas islas que son parte de ellas».

Bula pontificia y Tratado de las Alcái;ovas.

La pugna luso-castellana de Basilea fue resuelta al año siguiente en favor de Castilla por la bula Dudum cum ad nos, del papa Eugenio IV, y su decisión asumida por el Tratado de las Alcáyovas (1479), que definió la proyección atlántica de Portugal y Castilla casi en vísperas del Descubrimiento. Castilla retuvo las Canarias y reconoció a Portugal el dominio de otras islas -Madera, Azores, Cabo Verde- y el del espacio «de las islas de Canarias para baxo contra Guinea». Por lo demás, el célebre Concilio de Basilea, con este frente luso-castellano a propósito del debate sobre la propiedad de las Canarias, tuvo otro frente anglo-castellano, referido al litigio de la precedencia entre Inglaterra y Castilla. El profesor Sánchez Domingo ha estudiado la participación de Alonso de Cartagena en ambas cuestiones, la última de las cuales ya había sido resuelta por el Concilio de Constam.a que reconoció la precedencia de Castilla sobre Inglaterra.

B)

LA INCORPORACION DE LAS INDIAS

En agosto de 1492 Cristóbal Colón y menos de un centenar de españoles se hicieron en tres naves a la mar, pretendiendo alcanzar las Indias navegando hacia occidente. El hallazgo de América dos meses después abrió el camino a una gigantesca incorporación de territorios, donde el genovés. a tenor de las Capitulaciones de Santa Fe firmadas en el mes de abril, recibió los títulos de almirante, virrey y gobernador, junto al diezmo de las riquezas que se obtuvieran. La trascendencia del Descubrimiento no tardó en ser valorada: «la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encamación y muerte del que lo crió», sentenciará López de Gómara al escribir la Historia general de las Indias.

LA MONARQUIA

631

El hecho mismo del Descubrimiento -sus antecedentes, preparativos, realización, la personalidad del protagonista y de sus colaboradores, etc.- ha planteado numerosos problemas. Un tema central es si el descubrimiento en realidad lo fue, o si Colón llegó a unas tierras previamente descubiertas. Dicho con más precisión: descontando los indudables asentamientos de vikingos en el litoral nordeste de la América septentrional a fines del siglo X, desaparecidos y olvidados en pocos años, ¿emprendió Colón el viaje en virtud de sus conocimientos o genial intuición, o siguió una ruta que le era conocida porque alguien la había hecho antes?. La más erudita y ardorosa defensa de esta tesis, que comporta la existencia de un predescubrimiento y de un predescubridor, ha sido desarrollada por el americanista Juan Manzano en un libro titulado Colón y su sec reto.

1.

Dexrubnfnit!nto y

Prede:;rnbrimienlo.

La concesión pontificia: bulas de Alejandro VI

A mediados del siglo XV Portugal es la gran potencia marítima del Atlántico, que comparte su hegemonía con el creciente auge de las expediciones castellanas. En tales circunstancias, y habida cuenta del poder temporal sobre los dominios de infieles que en la época se atribuye al papa, los portugueses recaban de Roma unas bulas que les garanticen la exclusividad de la navegación y el control de las costas de Africa.

Ln.r buiaI portuxue.'inJ.

Reciben así por entonces dos bulas: la Romanus Pontifex, dada por Nicolás Y en 1455, y la lnter cerera, de Calixto 111, al año siguiente. La primera les concede el monopolio marítimo desde los cabos Bajador y Num, navegando hacia el sur y hasta la India, con el dominio de cuanto descubran. La segunda les otorga ciertos derechos en la organización eclesiástica de las tierras descubiertas. Posteriormente, la bula Aeterni Regís, de Sixto IV, confirma en 1481 lo dicho en ellas. e incorpora asimismo los derechos marítimos de Portugal reconocidos por Castilla dos años antes en el Tratado de las Alcá~ovas.

El régimen jurídico de la expansión atlántica cuando Colón sale del puerto de Palos, tenía por tanto dos frentes: los derechos de Portugal derivados de las concesiones pontificias, y los derechos y obligaciones de Portugal y Castilla procedentes del tratado de las Alcár;:ovas; con lo que la expedición descubridora debía atenerse a esas prescripciones y no penetrar a lo largo de su ruta en la zona reservada a los portugueses. Realizada con éxito la empresa, cuando al regreso Colón visita en Portugal al rey Juan 11, éste le felicita del resultado pero entiende que según «la capitulación que había entre los Reyes Católicos y él, que aquella conquista le pertenecía» (Diario del primer viaje). Tal pretensión movió a los Reyes Católicos a solicitar del papa otras bulas que clarificaran la legitimidad de lo descubierto y de cuanto se descubriera, contrarrestando el contenido de los documentos recibidos por los portugueses. Resultado de esas gestiones fueron cuatro bulas otorgadas por Alejandro VI: lnter cetera y Eximie devotionis, de 3 de mayo de 1493; otra /nter cetera fechada el día siguiente, y la Dudum siquidem del 26 de septiembre del mismo año, documentos que por su importancia y

ln:; /Jutas ,·nstdlnnns.

632

Colllenido de lm buln.\· cn.\tellnnn.,.

LA ESPAÑA MODERNA

peculiar conyuntura han suscitado agudos problemas. Las bulas alejandrinas, sencillamente, repartieron el mundo. Fueron solicitadas y obtenidas por los monarcas españoles en un período muy breve de tiempo. El pontífice que las concedió era también español. En cuarenta y ocho horas aparecen fechadas tres bulas distintas, en buena parte coincidentes y reiterativas. Sobre tan extrañas circunstancias, investigadores de muy diversos países han polemizado acerca de cómo y por qué se gestionaron esos documentos, y cuál fue su contenido y alcance. Entre los españoles presentes en el debate, hay que destacar en una primera etapa a Giménez Fernández y sobre todo a García-Gallo, quien en 1958 sometió a examen la barahunda de enigmas planteados por las bulas castellanas -y también por las portuguesas-, ofreciendo una exhaustiva interpretación de conjunto. Recientemente Manzano ha discutido las conclusiones de uno y otro, formulando su propia explicación del problema. El contenido de las bulas castellanas es, con otro ámbito geográfico, paralelo al de las portuguesas. La lnter cetera I (3 de mayo), homologable con la Romanus Pontifex, es una bula de donación. Evoca el celo cristiano de los reyes de España; recuerda que Colón, navegando "por las partes occidentales" ha descubierto islas y tierra firme; y concede a Fernando e Isabel lo hallado y por hallar navegando hacia occidente, con la obligación de predicar el Evangelio. La Eximie devotionis, que se corresponde con la lnter cetera portuguesa, es una bula de concesión de privilegios. Según ella, cuantas gracias y exenciones se habían otorgado a los monarcas de Portugal en Africa y Guinea, corresponden ahora a los de Castilla en las nuevas tierras. La lnter cetera 11 (4 de mayo), paralela a la Aeterni Regís portuguesa, es una bula de demarcación y fija el reparto del orbe o divisio mundi mediante una raya imaginaria trazada del polo ártico al antártico, distante cien leguas al oeste de las islas Azores y Cabo Verde. Todo lo situado a occidente de esa raya corresponderá a Castilla, quedando la parte oriental para Portugal. En perjuicio de España, la línea de demarcación fue desplazada en el Tratado de Tordesillas (7· Yl-1494) a trescientas setenta leguas al oeste de las islas de Cabo Verde . Para valorar las pretensiones portuguesas y el clima previo a ese Tratado, es importante el llamado Memorial Portugués, de abril de 1494, recientemente descubierto y comentado por el profesor Szaszdi León-Borja.

Finalmente, la bula Dudum siquidem concedió a Fernando e Isabel el dominio de las tierras en zonas "orientales", es decir, en la India o regiones próximas que se descubrieran navegando hacia occidente y no estuviesen ocupadas por un príncipe cristiano, revocando cualquier donación allí hecha si no se mantenía entonces la posesión de esas tierras.

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Conocido el contenido, ¿cómo explicar la sospechosa superposición de fechas de las primeras bulas, la reiteración de textos, el apresuramiento y otras varias circunstancias extrañas?¿ Cómo aclarar esas anomalías que todavía son más graves si sabemos -porque lo demostró Vander Linden en 191&que las dos lnter cerera y la Eximie devotionis fueron en realidad despachadas en los meses de abril.junio y julio de 1493? ¿Qué ordenación lógica cabe hacer de elementos tan extravagantes? ¿Qué pasó en realidad? . _ . En interpretación de Vander Linden, profesor de la Universidad de Lieja: ia réplica de los Reyes Católicos a las pretensiones de Juan II dio Iugar a la primera lnter cetera de 3 de mayo. Queriendo asegurar luego con más precisión sus derechos, solicitaron una nueva bula, con lo que se corrigió la anterior y se otorgó en junio la lnter cetera segunda, con fecha antedatada de 4 de mayo. Al mes siguiente, en julio, se expidió la Eximie devotionis, que también fue fechada de modo arbitrario. Tras todo ello, al sospechar los reyes posibles riquezas en el Atlántico sur, desearon ampliar el ámbito señalado en la lnter cetera 11, con lo que en septiembre obtuvieron la Dudum siquidem. A su vez, el planteamiento de Giménez Fernández explica los hechos al amparo del clima carente de escrúpulos existente en la corte española y en la sede romana. Suponiendo que los Reyes Católicos habrían incurrido en excomunión, al transgredir el viaje descubridor los límites impuestos por el tratado de las Alcá~ovas y por la Aeterni Regís portuguesa, valora la primera bula castellana como producto del interés de los monarcas por liberarse de esa censura, así como por la misma simonía del pontífice quien deseaba casar a su hijo con una prima del rey Fernando. Resultando insatisfactoria la lnter cetera primera, los monarcas españoles obtuvieron mediante coacciones la segunda, que anuló a aquélla, reclamando luego otra bula -la Eximie devotionis- que al ser redactada por error sobre el texto de la lnter cetera /-ya abrogada- recibió retrospectivamente la misma fecha. A su vez, la Dudum siquidem enmendó y anuló a la lnter cerera segunda. En suma, según este autor, las tres bulas fueron concedidas sucesivamente anulando cada una de el las a la anterior.

Te.l'i.l'rle Vanrler Unrlen.

Te.l'i.1 rle Giménez F,mlvulez· rnn ctsián y rltn>·

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En esta explicación de Giménez Fernández sale ciertamente malparado Alejandro VI, mientras Portugal y sus embajadores parecen no enterarse de la trama urdida entre España y Roma. Otras interpretaciones, sin embargo, como las de Gottschalk y Staedler, acentúan la intervención de la diplomacia portuguesa -que ciertamente no pudo estar al margen de cuanto sucedía- y recortan, e incluso niegan, la intervención personal del pontífice.

La singularidad de la interpretación de García-Gallo estriba sobre todo en sostener que las tres primeras bulas castellanas -las dos lnter cetera y la Eximie devotionis- fueron solicitadas, concedidas y otorgadas simultáneamente, aunque su tramitación se efectuara luego en mo-

T~su de Gnrrfn-

Gallo. snlinlllrl

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11multánem; trnmitación no :rinrrónirn.

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Te.l'I.< de Mnn::.nno.

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mentas distintos. También en mostrar el paralelismo con las portuguesas en su génesis interna. Y también en negar la antedatación de los tres documentos, cuestión ésta que todos los autores admitían. Ello configura una tesis donde las bulas no se sustituyen, corrigen o amplían, sino que aparecen como resultado de un plan preconcebido y global. Veamos: Cuando se plantea la empresa descubridora, los Reyes Cátolicos prevén no sólo las dificultades técnicas, sino también las jurídicas derivadas de la regulación legal de la expansión atlántica entonces vigente (Alcác;:ovas y A eterni Regis portuguesa). Al conocer el éxito de Colón, solicitan unas bulas que equiparen sus derechos a los de los portugueses en cuanto se haya descubierto y descubra. En abril de 1493 queda acordada la concesión de las tres bulas. A la primera (/nter cetera !) se le adjudica fecha más tardía, quizás para datar en un día solemne de la Iglesia -3 de mayo, fiesta de la Invención de la Cruz- una bula como aquélla de donación de tierras en base a su evangelización. La Eximie devotionis, que otorga los privilegios, es redactada y fechada como si se hubiera concedido ese mismo día. Equiparados ya en derechos los reyes de Castilla con los de Portugal, el ajuste de la línea de demarcación tiene lugar mediante la lnter cetera 11. Y sólo más tarde, quizás en septiembre, cuando los reyes sospechan que en la zona del sur puedan existir islas ricas en oro, reclaman ellos otra bula de aclaración y ampliación de la línea trazada, la Dudum siquidem, que no alterará el reparto del Atlántico pero resultará en cambio decisiva para la proyección hispánica en el lejano Oriente. La tesis más reciente de Manzano vuelve a la interpretación tradicional de la concesión sucesiva de las bulas. Según él, cuando la lnter cetera l llega a poder de los Reyes Cátolicos, éstos, presumiéndola poco precisa ante las nuevas reclamaciones portuguesas, ya habían solicitado otras dos. La lnter cetera /1 fue a su vez una bula de donación-demarcación, porque recoge la concesión de dominio contenida en la anterior e incluye la línea divisoria de expansión en el Atlántico. Ahora bien , ¿deroga ésta a aquélla? Matizando lo expuesto por Giménez Fernández, que decía que sí, y frente a García-Gallo, que decía que no, Manzano sostiene que la derogó parcialmente. En concreto, la /. c. II habría anulado a la /. c. I sólo en lo relativo a la donación de tierras, lo que explicaría que al recoger esta última esa cuestión capital, aquel la bula quedase postergada y no fuera ya esgrimida ni alegada en los tiempos siguientes. En resumen, la lnter cetera segunda y la Eximie devotionis sustituyeron a la lnter cetera primera, y en función de esa sustitución fueron precisamente antedatadas, aunque por un lapsus recibieran fecha distinta.

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¿Y la Dudum siquidem? Para Manzano esta bula no derogó a la lnter cetera II --como sostenía Giménez Fernández-, pues ciertamente siguió vigente, ni tampoco se elaboró teniendo presente la Inter cetera I -según cree García-Gallo- pues ésta habría sido derogada por su homónima segunda en lo relativo a la donación de tierras. La Dudum siquidem fue simplemente una bula complementaria que amplió esa donación de la Inter cetera II. 2.

La integración de las Indias en la Corona de Castilla

Manteniendo la monarquía de los Reyes Católicos la estructura dual, de dos coronas, las Indias quedaron incorporadas a la de Castilla según consta en el testamento de la reina, conservándose luego el monopolio castellano en el panorama jurídico e institucional de América. Tal realidad contrasta sin embargo con algunos textos de la época, que mencionan a Fernando como copropietario, lo que llevó a ciertos autores tanto a poner en duda esa única vinculación, como a discutir cuándo tuvo lugar la incorporación a Castilla y por qué quedó excluido Aragón. Entre los textos aludidos destaca un pasaje del testamento de Fernando el Católico, otorgando a su hija Juana «la parte a Nos perteneciente en las Indias del mar Océano», así como una declaración de las Cortes de Monzón de 1528, donde se alude a «la mitad de las Indias que al dicho Rey Católico pertenecían», y a la que había renunciado en favor de Castilla en pago de cierta ayuda recibida.

Entre diversas afirmaciones y conjeturas, esta cuestión ha sido objeto de tres explicaciones principales, elaboradas por Manzano y Pérez-Embid en los años cuarenta, y por García-Gallo en 1950. Según Manzano, los Reyes Católicos solicitaron del papa la concesión de las Indias a título personal, decidiendo asimismo que luego se incorporaran a sus sucesores en Castilla, corona cuya constitución política permitiría un gobierno del rey casi sin limitaciones, a diferencia de Aragón, de régimen pactista y con una nobleza fuerte y privilegiada. Fernando, en suma, incorpora su parte a Castilla por un acto de liberalidad y visión política:

Tesis de

Manwno.

«Para un Rey como Fernando, inteligente y activo, ambicioso de la unidad y grandeza de España, venía muy bien la libertad de movimientos que tenía el Rey en Castilla; por el contrario, a la buena Reina Isabel, acostumbrada a mandar según el uso de la tierra de sus mayores, chocaba poderosamente la resistencia obstinada de las Cortes aragonesas, incluso a los proyectos más generosos y trascendentales concebidos por sus Reyes» (La incorporación de las lndia.1·, 345).

Para Pérez-Embid, en cambio, los Reyes Católicos reciben de Alejandro VI, como reyes de Castilla, el derecho por partes iguales a las Indias,

Tesi.,· de Pérez-Embid.

636

Texi.<de Gnn'Ín -Gnllo.

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que sin embargo sólo se incorporan a la corona castellana, muertos ya ambos monarcas, con ocasión de las Cortes de Valladolid de 1518. Presume este autor que tal incorporación debió quedar reflejada en algún texto de esas Cortes, que no ha llegado a nosotros, alegando en favor de ello ciertas provisiones de los años siguientes que a su parecer dan como verificada la incorporación en tal asamblea. No compartió García-Gallo ni una ni otra interpretación. Rechazó así tanto la tesis de Manzano de la adquisición a título personal, como el que las Indias hubieran sido incorporadas a Castilla en las Cortes de 1518, calificando de "imaginario" el texto vallisoletano invocado por Pérez-Embid. Frente a estas explicaciones más complejas, GarcíaGallo opta por otra bastante simple. Para él las reclamaciones del rey portugués Juan II iban dirigidas a Castilla, porque se basaban en la presunta transgresión del tratado de las Alcá¡;ovas que Castilla había firmado con Portugal. Por consiguiente la réplica debía basarse en oponer otra interpretación del texto del convenio, en esgrimir títulos distintos o en presentar, frente a las bulas portuguesas, otros documentos pontificios. En cualquier caso era Castilla la parte involucrada en la reclamación -y no Aragón, que estaba al margen-, lo que explica que las Indias fueran incorporadas a esa Corona. Además hizo García-Gallo notar que las Indias no pertenecieron de la misma forma a los Reyes Católicos y a sus sucesores, recordando la vieja distinción medieval entre reinos ganados y heredados (26, III, A). Para Fernando e Isabel, aquéllos fueron territorios ganados, es decir, obtenidos durante su reinado y de los que en consecuencia podían disponer. Para sus sucesores se convirtieron en heredados o de abolengo, formando parte así del indisoluble patrimonio regio. Recientemente el profesor Pérez Collados ha vuelto sobre estos temas, subrayando la tradición del arbitraje papal entre Castilla y Portugal, y el reparto geopolítico entre esas dos coronas, lo que necesariamente dejaba al margen a Aragón. En suma, que el contenido de las Bulas de donación de Alejandro VI era el único po.1·ible. A su vez, el profesor Sánchez Aranda estima que "la necesidad de legitimar y controlar los territorios indianos llevó a la decisión fernandina de su incorporación a Castilla, sin intención de excluir a Aragón del monopolio comercial, decisión meramente formal y aparente, cuya observancia se puede calificar de simbólica respecto de sus naturales".

C)

LA JUSTIFICACION DE LA CONQUISTA Y EL PROBLEMA DE LOS "JUSTOS TITULOS"

En los primeros años la polémica indiana es un litigio entre Castilla y Portugal sobre la pertenencia de las tierras descubiertas, y sobre la titularidad de zonas de expansión en el Atlántico. Se trata por consiguiente de un conflicto internacional, donde se discuten las cláusulas de convenios y

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bulas. Resuelto este problema, mientras los españoles someten a los indios de grado o por la fuerza, convirtiéndoles a veces en esclavos u obligándoles a trabajar como mano de obra, surge allí entre los colonizadores y luego en la metrópoli una grave cuestión. ¿Por qué estamos en las Indias y con qué autoridad? ¿Es justificable la sumisión de los indígenas? ¿En qué condiciones? Con independencia de la respuesta a tales interrogantes, hay que destacar que su planteamiento correspondió a los propios españoles. Se abre así una profunda reflexión nacional y una brillante polémica. Los inicios de esta revisión tienen que ver con la denuncia de los abusos de la conquista. Un domingo de diciembre de 1511, cierto fraile dominico, Antonio de Montesinos, dirige a sus fieles de Santo Domingo un apocalíptico sermón:

E/sermón de MonJesinos.

"Todos estais en pecado mortal y en él vivís y morís , por la crueldad y tiranía que usais con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia teneis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos indios? ¿Con qué autoridad habeis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas ... ? ¿Cómo los teneis tan opresos y fatigados , sin dalles de comer ni curallos en sus enfermedades, que, de los excesivos trabajos que les dais, incurren y se os mueren, y por mejor decir los matais, por sacar y adquirir oro cada día?¿ Y qué cuidado teneis de quien los doctrine y conozcan a su Dios y criador, sean baptizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos, no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amallos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendeis? ¿Esto no sentís?".

Los ecos de la denuncia producen un doble efecto. De un lado, la convocatoria en Burgos al año siguiente de una junta de teólogos y juristas para discutir el problema. De otro, la sensibilización especial de determinadas personas, una de las cuales, Bartolomé de las Casas, habrá de convertirse en el adalid de las críticas y que en su Historia de las Indias recogerá precisamente el sermón de Montesinos. La Junta de Burgos de 1512 reconoce que los indios son hombres libres, pero también su sometimiento a los reyes castellanos en virtud de las bulas. Teólogos y juristas convienen asimismo allí en que deben ser instruidos en la fe, que tengan casas y hacienda propia, y que trabajen a cambio de un salario conveni~nte. Y como la resistencia a los españoles puede derivarse -según se cree- de que ignoran la concesión del papa a los reyes de Castilla, ¿qué hay que hacer?; sencillamente, explicárselo. Surge así el llamado requerimiento, o declaración que debe leerse a los indios ilustrándoles de la existencia de Dios, de cómo Jesucristo concedió el primado al papa, de cómo uno de los pontífices hizo donación de aquellas tierras a los reyes españoles, y de que en consecuencia éstos son dueños de ellas. Tras semejante exordio, los indios eran conminados a aceptar a sus nue_vos señores; "Por ende, como mejor puedo vos ruego y requiero que entendais bien esto que os he dicho, y tomeis para entenderlo y deliberar sobre ello el tiempo que fuere justo, y

Ln Junta de Bur¡¡o., de /5/2.

El "requerimien10 ".

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LA ESPAÑA MODERNA

reconoscais a la Iglesia por señora y superiora del universo mundo y al Sumo Pontífice, llamado Papa, en su nombre, y al Rey y a la Reina nuestros señores, en su lugar, como a superiores e señores y reyes
Es harto dudoso que esta alocución, obra quizás de Palacios Rubios y que se entregó a Pedrarias Dávila, surtiera efectos adecuados. Cabe más bien suponer que la mención de títulos pontificios y reales, incluyendo nombres como "España", las "dos Sicilias" "Jerusalén", "Roma", etcétera, resultara de hecho ininteligible al indígena americano. l.

La. polémica Sepúlveda-La.s Casas

Cuando se celebró la Junta de Burgos y fue redactado el requerimiento, el dominico sevillano Bartolomé de las Casas rondaba los cuarenta años . Desde entonces, en América y en España, Las Casas fue beligerante hasta el radicalismo en la defensa de los indios y en la censura de los métodos colonizadores, llegando a cuestionar la legitimidad de la empresa americana tal como de hecho se desarrollaba. Al reprobar cualquier tipo de guerra, cree sólo en la evangelización pacífica --que ensaya incluso con desiguales resultados-, y sostiene en última instancia que la sumisión voluntaria de los indios es el único título justificativo de la incorporación de tierras americanas. Tales planteamientos chocaron frontalmente con las tesis de Ginés de Sepúlveda, defensor de los encomenderos de México. Para conciliar ambas posturas fue convocada en Valladolid una junta de juristas y teólogos -años 1550 y 1551-, ante la que polemizaron Sepúlveda y Las Casas sobre la cuestión americana, y sustancialmente sobre la posibilidad de la llamada guerra justa. Un personaje tan ilustre como Domingo de Soto, allí presente, resumió las razones de los adversarios: la ilicitud de la violencia y la admisión sólo de una "dulce y amorosa, evangélica predicación", por parte de Las Casas; y la justificación de la intervención española por la idolatría, antropofagia y pecados contra natura de aquellas gentes. por parte del cronista Sepúlveda. La Junta no llegó a pronunciarse, reiterando y extremando luego Las Casas sus posiciones en los últimos años. Valoración

de

L,1.1·

Cnsas.

La vida y obra de Las Casas ha sido objeto de permanente controversia y de las más bruscas interpretaciones. Para unos , fue un hombre fanático y sectario, ca usante entre

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otras cosas de la leyenda negra americana. Para otros, un ejemplo de espíritu genuinamente cristiano, protector de los oprimidos y defensor de los derechos humanos. Tras cierta erudita y encomiástica biografía de Giménez Fernández en 1960, Menéndez Pidal reabrió la polémica al hablar de la "doble personalidad" del dominico: la normal, de hombre emprendedor, asceta y proselitista; y la anormal de quien era presa de una auténtica paranoia: "Todo lo hecho en Indias por españoles es jurídicamente nulo, diabólico y debe deshacerse; toda justicia está de parte de los indios". Muchos de los juicios de Menéndez Pidal han sido luego impugnados o matizados por el gran hispanista francés Marcel Bataillon.

Más allá de la gran disputa doctrinal, ¿cuál fue el alcance de la denuncia lascasiana en las supremas instancias políticas?. En base a cierto texto, el anónimo de Yucay, diversos autores han creído que Carlos V llegó a considerar seriamente el abandono del Perú y su devolución a los incas, aunque hubo de desechar esa posibilidad ante la advertencia de Francisco de Vitoria de que en tal caso "se perdería la Cristiandad". Entre los radicalismos de unos y otros, Vitoria elabora una propuesta matizada, que al basarse en el derecho de gentes, es decir en el aplicable a todos los pueblos, le convierte en fundador del moderno Derecho Internacional.

Vitoria y el problema india· no.

En su reivindicación de Las Casas, Bataillon ha rechazado lo relativo al anónimo de Yucay y, en consecuencia, que Las Casas fuera responsable de un posible abandono del Perú por problemas de conciencia del Emperador. Aduce Bataillon que el único texto donde el dominico precisa su concepción de las relaciones entre la soberanía indígena y la española, es su Tratado comprobatorio, donde descarta tanto la renuncia al Perú como su expolio.

2.

Los títulos legítimos según el Padre Vitoria

Vitoria expuso el conjunto de sus tesis en una disertación universitaria, la Relectio de lndis, pronunciada en Salamanca el 18 de enero de 1539. Los fundamentos doctrinales de la incorporación de territorios de infieles habían sido hasta entonces objeto de un doble juicio: o bien se identificaba el derecho natural con la ley cristiana, con lo que quienes desconocían o conculcaban ésta podían ser sometidos al carecer de un título fidedigno de dominio; o bien, como había sostenido Santo Tomás, se trataba de dos realidades distintas y complementarias, legitimando ese derecho natural por sí mismo los propios derechos de los infieles, al margen de la ley cristiana. Partiendo de esta segunda interpretación, que descarta la validez de la donación pontificia por cuanto los infieles eran ya legítimos propietarios, Vitoria desarrolla ocho títulos que podrían justificar la presencia española. El primer título se basa en el derecho al libre tránsito y circulación por el orbe, que faculta a los españoles "a andar por aquellas provincias

Lo.\· ocho título.\· de Vitoria.

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y a permanecer allí", siendo inválida, por contraria al derecho natural, cualquier ley que impida el ejercicio de esa libertad. El segundo consiste en la obligación impuesta a los cristianos de predicar el Evangelio. Si éstos pueden desplazarse a tierras de infieles y comerciar con ellos, a tenor de lo dicho antes, nadie les puede impedir "enseñar la verdad a los que quieran oírla". De otra parte, si una vez convertidos esos infieles, sus príncipes les fuerzan a volver a la idolatría, los españoles se encuentran legitimados -tercer título- para hacer la guerra y deponer a los gobernantes indígenas, conforme a los principios de Jo que se entiende como guerra justa. Más todavía: aun no existiendo esa actitud violenta de los príncipes infieles, el mero hecho de que "una buena parte" de sus súbditos se hubiera convertido al cristianismo, facultaría al papa -cuarto título- en bien de la conservación de la religión a "darles un príncipe cristiano y quitarles los otros señores infieles". El quinto admite una legítima intervención de los españoles, al margen de la autoridad del pontífice, en el caso de existir un gobierno tiránico entre los indígenas o para evitar la antropofagia. El sexto -que parece obvio- remite a la elección voluntaria que los infieles pudieran hacer del rey de España como rey propio. Aquí hace uso además Vitoria de conceptos genuinamente democráticos, al precisar que tal elección no requeriría un consenso absoluto, sino meramente mayoritario, por cuanto "en lo que afecta al bien de la República, se observa lo que se establece por la mayor parte". El séptimo contempla la posibilidad de que en las guerras justas que hubiere entre indios, una de las partes llame en su ayuda a los españoles, quienes en consecuencia tendrían derecho a "compartir con ellos el premio de la victoria". Finalmente Vitoria aduce un octavo título de forma hipotética: pudiera suceder que los indígenas no tuvieran de hecho capacidad para gobernarse -lo que él ni afirma ni niega-, siendo lícito en tal caso, en función de la caridad y sólo en bien de ellos, deponer a sus príncipes y que los españoles les gobiernen. 3.

La solución final

¿Qué solución adoptó la política oficial ante tan dispares interpretaciones de la legitimidad de la empresa americana?. Para García-Gallo la polémica Sepúlveda-Las Casas fue infructuosa, tanto por no llegar a soluciones concretas corno por no haber logrado crear un estado general de opinión. De hecho, las tesis de Vitoria, coincidentes o no con la postura de fondo de Las Casas, según creen encontradamente Bataillon y GarcíaGallo, tampoco habían obtenido refrendo oficial. Reinó así en los años siguientes cierto escepticismo sobre la posibilidad de arbitrar un acuerdo, logrado al fin durante el reinado de Felipe 11, hacia 1570.

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Partiendo del reconocimiento de la libertad de los indios, se distingue entonces entre los territorios ya ocupados y aquellos otros todavía no descubiertos. En los primeros, la legitimidad ha de basarse en la sumisión voluntaria de los indígenas al tiempo de la conquista o con posterioridad a ella. En los segundos, a tenor del criterio que informa las Instrucciones y Ordenanzas para "nuevos descubrimientos y poblaciones" de 1556 y 1573, se interpreta la bula alejandrina de concesión de las Indias en el sentido de otorgar el dominio sobre las tierras, pero no sobre las gentes. Quiere ello decir que los indios pueden ser independientes en un territorio perteneciente a España, lo que en última instancia supone el reconocimiento de la tesis lascasiana de que sólo la sumisión voluntaria -sexto título de Vitoria- justifica el sometimiento de estos pueblos. Su hostilidad, en fin , sí puede autorizar una guerra defensiva, aunque sólo el reconocimiento voluntario constituirá título propio de soberanía. Tal solución puede ser considerada definitiva, por cuanto esas Ordenanzas de 1573 habrán de ser recogidas más de un siglo después en la Recopilación de Indias de 1680. 111.

La unificación jurídica y religiosa

A)

LA CASTELLANIZACION DE ESPAÑA

1.

La situación bajo los Austrias

La unión de las Coronas de Castilla y Aragón, y la subsiguiente incorporación de Navarra, habían dejado a salvo la peculiar organización política y jurídica de los diversos territorios. En consonancia con ello, los monarcas no se titularán reyes de España, sino reyes de los dominios que forman parte de ambas Coronas y de los que ulteriormente se incorporen. Veamos por ejemplo cómo aparece Carlos II en cierto documento de 1697, cuando han transcurrido más de dos siglos de la unidad nacional : " Don Carlos, por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las islas de Canaria, de las Indias orientales y occidentales, islas y tierra firme del mar océano, archiduque de Austria, duque de Borgoña, de Bravante y de Milán, conde de Abspurg, de Flandes, Ti rol y Barcelona, señor de Vizcaya y de Malina, etc."

La unidad de poder personal en la monarquía española de los siglos XVI y XVII, y su propio pluralismo interno, ocasionan un doble efecto. De un lado, se desvanece la entidad política de las Coronas y cobra en cambio relieve la de los reinos. De otro, el rey gobierna en esos reinos,

CnrorlerútirnJ de unn Monnr-

quín plumli.,tn.

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La propuesta de Olivares.

LA ESPAÑA MODERNA

señoríos y demás territorios con distinto título jurídico --en unos es propiamente rey, en otros señor, en otros conde o duque-y con diferente intensidad y poder. Por decirlo de modo gráfico, el monarca es la suprema autoridad en todos, pero manda más en unos territorios que en otros, según su título y sobre todo según la menor o mayor resistencia de cada unidad política a la imposición del poder regio. Al margen incluso de los territorios europeos, incorporados con distintas fórmulas, el rey puede gobernar con más facilidad en la unitaria Castilla que en la Corona de Aragón, donde entre otras razones existía una estructura organizativa tan dispar que ha llegado a ser comparada no sin razón con la moderna Commonwealth británica. Por lo demás, la incorporación de Navarra y Portugal a la monarquía hispánica, manteniendo sus peculiaridades jurídicas, dio lugar a una forma política que la historiografia ha venido llamando Estado compuesto. Ahora bien, según agudamente observó el profesor García Pérez, "la causa última de su grandeza, esto es, su capacidad para diferentes reinos mediante la fidelidad a un mismo rey en un proyecto político común, lo era al mismo tiempo de su debilidad. Como la historia se encargaría de demostrar, no resulta fácil mantener eses unidad singular o reducir las diferencias constitutivas de cada reino". Semejante fragmentación y pluralismo fueron vistos por los artífices del Estado absoluto como una grave rémora que convenía eliminar. Símbolo de las pretensiones unificadoras fue un famoso memorial de 1624, presentado por el Conde Duque de Olivares a Felipe rv, donde el valido requiere al monarca para que de una vez por todas se haga rey de España: "Tenga V. Majd. por el negocio más importante de su Monarquía el hacerse rey de España; quiero decir, señor, que no se contente V. Majd. con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y piense, con consejo maduro y secreto, por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla sin ninguna diferencia, que si V.M. lo alcanza será el príncipe más poderoso del mundo".

La castellanización de la monarquía, o, más precisamente, la reducción de su heterogéneo aparato legal y político al régimen castellano, no puede entenderse en Olivares bajo miras de un centralismo elemental y ni siquiera por un nacionalismo exacerbado ("No soy yo nacional, que es cosa de muchachos", había escrito el valido en cierta ocasión). Se trataba más bien, como Elliott ha puesto de relieve, del pensamiento de un estadista devoto de su rey, que trataba de asegurar el buen gobierno de la monarquía universal con las mismas leyes de aquel reino donde el príncipe gobernaba con mayor discrecionalidad y desenvoltura. En cualquier caso el programa del Conde Duque quedó en mero proyecto.

2. El uniformismo borbónico: los Decretos de Nueva Planta Lo que Olivares no pudo realizar como plan político en el siglo XVII, se logró por la fuerza en el XVIlI a raíz del enfrentamiento entre la Corona

LA MONARQUIA

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de Aragón y Felipe V Al vencer éste y convertirse en rey de esos territorios por derecho de conquista, suprimió su organización política y la reemplazó por la castellana mediante una serie de disposiciones, los Decretos de Nueva Planta, llamados así por dotar de organización o planta nueva a los organismos y tribunales --en especial, a las Audiencias- de esa Corona. En plena Guerra de Sucesión, pero cuando ya parecían dominados Aragón y Valencia, Felipe V dicta un primer decreto el 29 de junio de 1707, que explica, por la rebelión de sus súbditos, la abolición de los fueros y la consiguiente introducción del derecho castellano:

Arag6n y Valencia decreto de 29-VI-1 707.

"Considerando haber perdido los Reynos de Aragón y de Valencia y todos sus habitadores por el rebelión que cometieron - faltando enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como a su legítimo rey y señor- todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban...; y tocándome el domínío absoluto de los referidos Reynos de Aragón y de Valencia, pues a la circunstancia de ser comprendidos en los demás que tan legítimamente poseo en esta Monarquía, se añade ahora la del justo derecho de la conquista que de ellos han hecho últimamente mis armas con el motivo de su rebelión; y considerando también que uno de los principales atributos de la soberanía es la imposición y derogación de leyes ...; he juzgado por conveniente (así por esto como por mi deseo de reducir todos mis reynos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables y plausibles en todo el Universo), abolir y derogar enteramente, como desde luego doy por abolidos y derogados, todos los referidos fueros, privilegios, prácticas y costumbres, hasta aquí observadas en los referidos reynos de Aragón y Valencia; siendo mi voluntad que éstos se reduzcan a las leyes de Castilla y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene y ha tenido en ella y en sus tribunales, sin diferencia alguna en nada".

La medida fue mal acogida en Valencia, desde donde se elevó un memorial al rey negando que hubiera habido rebelión, mientras el valenciano Planes tildaba de "destructivas" a las mismas leyes castellanas calificadas por Felipe V de "loables y plausibles". Todo quedó en una protesta inútil. El derecho valenciano, público y privado, fue definitivamente derogado. En Aragón las cosas no fueron tan radicales y el reino salió mejor parado de tan rigurosa disposición. Como ha señalado Jesús Morales, el decreto de 1707 era excesivamente lacónico para la complejidad de la trama jurídica que prt}tendía abolir, por lo que sólo produjo efectos parciales, siendo en buena medida ignorado o impugnado. Al haber recurrido Felipe V a la derogación en bloque, según el análisis de este profesor, aumentó el nivel de ineficacia de su decreto. Tras diversas alternativas, otro decreto de 3 de abril de 1711 rehabilitó en parte el ordenamiento jurídico suprimido, al disponer que siguiera aplicándose el derecho civil aragonés, mientras se introducía la figura de un comandante gent}ral con plenos poderes políticos y quedaba organizada la audiencia conforme al modelo castellano. Aragón recuperó así su derecho privado. El decreto de 3 de abril fue seguido de otro de 27 de junio y de diversas disposiciones, que constituyen lo que cabe llamar reestntcturación técnica de esa rehabilitación política.

Arag6n decreto de 3-IV-1711.

644 Cnrnlwin: decrew de / 5- 1-/ 716.

El problema de In lengua rntalnnn.

ÚJ.\°

decreto.,

en Bnlenre,;.

Cerdeñn: decn,ro de 24-Xl -1717.

De In lolernndn ni nntisemitfamo.

LA ESPAÑA MODERNA

Todavía por entonces no había concluido la guerra, que persistió hasta 1713. Tampoco cesaron de dictarse decretos, que prosiguen desde esta fecha con una reglamentación más atenta a la reforma de la justicia y menos a las cuestiones militares, apareciendo sobre todo -fuera ya del fragor bélicercomo textos elaborados y maduros. En las nuevas circunstancias cobra especial significado el decreto de 15 de enero de 1716, destinado a Cataluña, desde donde ciertos personajes partidarios de Felipe V habían huido a Castilla en el curso de la confrontación, para volver después y sumarse a la reforma. Esa disposición, la Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña, promulgada en aquella fecha y hecha pública al día siguiente, situó al capitán general como representante del rey y dio paso al establecimiento de una Audiencia cuya estructura había sido largamente debatida en las supremas instancias del Consejo de Castilla. Como antes en Aragón, se respetó ahora la vigencia del derecho privado catalán. La lengua, en fin, surge como tema conflictivo. Ya el Consejo de Castilla había recomendado al rey una serie de medidas para restringir el uso del catalán, de las que el decreto de 17 J6 sólo sancionó que las causas ante la Audiencia se sustanciaran exclusivamente en castellano. No obstante, algunas instrucciones dirigidas a las autoridades fueron más allá, y en concreto se advirtió a los corregidores ese mismo año que procuraran "introducir la lengua castellana, a cuyo fin darán las providencias más templadas y simuladas para que se note el efecto sin que se note el cuidado". Tales medidas habrían de avivar un problema que ha llegado a nuestro tiempo. Con el mismo criterio de mantener el derecho privado propio y abolir la organización política, administrativa y judicial ; un decreto de 28 de noviembre de 1715, completado por otros en los años siguientes, introdujo la nueva planta en Mallorca, aunque parece ser, por lo que Piña explica, que aquella disposición certificó legalmente la defunción de unos organismos que desde hacía tiempo persistían carentes de vida y eficacia. Según se ha creído, ese decreto de 1715 fue adoptado en Menorca en 1781 al ser reconquistada la isla, pero, como el mismo Piña ha mostrado, una real orden de 1782 permitió el mantenimiento de su antiguo derecho e instituciones. A este elenco de disposiciones tradicionalmente conocidas, hay que añadir otro decreto de 24 de noviembre de 1717 para Cerdeña, que reproduce el modelo catalán. B)

LA UNIFICACION RELIGIOSA

1.

Expulsión de judíos y moriscos

La imagen de una convivencia idílica entre judíos, moros y cristianos , tal como había tenido Jugar en ciertos momentos de la España medie-

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val, era ya pura fantasía al constituirse el Estado moderno. En primer lugar por el auge del sentimiento antisemita, cuyo punto culminante se había alcanzado a fines del siglo XIV con las matanzas de judíos en importantes aljamas, y con la conversión más o menos forzosa de muchos de ellos. En segundo lugar porque la unidad de la fe llegó a ser considerada presupuesto básico de un Estado responsable de su tutela y vigilancia. El antisemitismo popular, receloso de aquellos judíos que habían alcanzado posiciones preeminentes en la vida política y financiera, coincidió así con el celo regio por fomentar las conversiones y por hacer frente al problema subsiguiente de los falsos conversos, es decir, de quienes formalmente se habían hecho cristianos pero que en la práctica continuaban fieles a su antigua religión. El establecimiento a estos efectos de la Inquisición no resolvió el problema, con lo que la expulsión de los judíos podía cumplir el doble fin de eliminar las fricciones entre ellos y los cristianos, y acabar con el foco de contaminación favorecedor del incremento de falsos conversos. Tras el júbilo religioso que siguió a la conquista de Granada, los Reyes Católicos firmaron el edicto de expulsión (30 de marzo de 1492), conminando a los judíos a abandonar España en cuatro meses. Aunque no conocemos bien el número (alrededor de 150.000), la salida masiva y repentina de la comunidad judía ocasionó muy serios conflictos. Muchos se hicieron cristianos a última hora para poder quedarse, lo que agudizó ese problema de los falsos conversos que precisamente se intentaba atajar. Sobre todo, el éxodo de aquellas gentes aplicadas al comercio y a las actividades mercantiles, supuso un duro golpe para la vida económica, y dejó tras de sí un vacío que trató de ser remediado con la atracción de inmigrantes genoveses y del norte de Europa.

Exp11/Jiú11de losjutfío.\.

La comunidad judía peninsular -ha escrito Suárez Bilbao- a diferencia de la europea "generó una intensa conciencia cultural nacional-religiosa, a la que conocemos como Sefardí. Sin duda fue aquélla, tan acendrada en todos los que se fueron, la que determinó que la expulsión de los judíos de la Península fuese un drama para Israel, una nueva diáspora, mucho más que las otras expulsiones llevadas a cabo en Europa, Sefarad era, sin duda, su patria o, al menos, su segunda patria, después de Jerusalén" (El Fuero Judiego, 124).

Apenas había transcurrido un siglo, cuando tuvo Jugar el segundo y definitivo fracaso de la convivencia religiosa en el seno de la monarquía hispánica. El 30 de enero de 1608 el Consejo de Estado votó por unanimidad la expulsión de los moriscos, resolviendo así el largo problema de una minoría racial de difícil asimilación. En los años siguientes, entre 1609 y 1614, salieron del país más de trescientas mil personas, cuyo destino fue principalmente Africa y en alguna medida Francia. Por las zonas donde preferentemente vivían, la medida afectó regularmente a Castilla, bastante a Aragón, y constituyó una auténtica catástrofe en Valencia, de donde hubo de emigrar la tercera parte de la población. El perjuicio económico

Expul
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de la expulsión, proporcional a la densidad dt; los moriscos en los distintos territorios, fue valorado por los arbitristas de la etapa siguiente como una de las causas de la ruina nacional. 2. Orígen ex de In lnqu l.\"it ión y j uirio.'i .w bre

ella.

Competendn.'i.

La Inquisición española.

Cuando ya se había extinguido en la Península la antigua Inquisición medieval (31, I,D,3), los problemas planteados por los falsos conversos llevaron a los Reyes Católicos a solicitar del papa el establecimiento de esa institución, pero ahora con nuevas características. El 1 de noviembre de 1478 Sixto IV otorgó una bula autorizando a los monarcas a designar tres inquisidores, expertos en teología o derecho canónico. Con ello nació la Inquisición española, cuya extraordinaria importancia y duración -fue abolida el 15 de julio de 1834- marcará la vida nacional en los tres siglos siguientes. Objeto de los más dispares y apasionados juicios, e incorporada como tema predilecto al conjunto de la leyenda negra, ha sido juzgada por muchos como algo inconciliable con el espíritu cristiano y causa al tiempo del aislamiento y atraso cultural de España. Para otros, en cambio, la Inquisición fue la feliz fórmula que garantizó la unidad religiosa y política, librando al país de las guerras religiosas que luego asolaron Europa. En los últimos años, numerosos investigadores se afanan por el estudio de esta institución en sus múltiples aspectos, huyendo de esas versiones extremistas y simples para tratar de ofrecer una imagen matizada y crítica de lo que la Inquisición fue. ¿Qué fue, pues, la Inquisición española y cuál la razón de su peculiaridad?. La Inquisición fue ante todo un tribunal -el Tribunal del Santo Oficio-, o por mejor decir, una serie de tribunales dependientes de un organismo central, el Consejo de la Inquisición o Suprema, a los que competía la vigilancia de la ortodoxia y la persecución de la herejía. La Inquisición por tanto no debía dirigirse contra gentes de otras religiones, judíos o musulmanes, sino exclusivamente contra los cristianos deformadores del dogma. Tuvo así tres frentes principales: los falsos conversos procedentes del judaísmo, los cristianos sospechosos de luteranismo, y los falsos conversos moriscos. Todo ello era en principio una cuestión religiosa. Ahora bien, al ser facultados los reyes para designar a los inquisidores, y depender toda la estructura de esa Suprema, que era al tiempo un órgano de la Administración central (39,II, A, 1), la Inquisición se estatalizó convirtiéndose también en un instrumento político . Todavía más: si la Inquisición se hubiera limitado a reprimir la herejía, esto es, la formulación explícita de discrepancias dogmáticas, su marco de actuación hubiera resultado más tolerable y restringido. Sin embargo entró en temas como la fornicación, bigamia, blasfemia, solicitación en

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confesión etc., que aparentemente nada tenían que ver con esa custodia del dogma. ¿ Y por qué lo hizo? Por entender que la comisión de determinados pecados podía entrañar una deformación de la recta doctrina enseñada por la Iglesia. Dicho más llanamente, a la Inquisición no le interesaba en sí mismo el hecho de que alguien fornicara o profiriese una blasfemia. Pero sí le interesaba saber si quien había practicado la unión carnal fuera del matrimonio, lo había hecho creyendo que aquello no era pecado, o si el blasfemo creía en lo que había dicho, supuestos ambos que entrañaban un quebrantamiento de la recta doctrina. Fácil es comprender que tan desmesurada ampliación de competencias, con el refrendo de la maquinaria estatal puesta a su servicio, convirtiera a la Inquisición en una institución omnipresente en la vida española de estos siglos. El Santo Oficio se instituyó en Castilla y fue luego introducido, tras dura resistencia, en la Corona de Aragón, pasando asimismo a las Indias y a otros territorios. En la cúspide de su organización figuraba el Inquisidor General, presidente de la Suprema; y en la base los distintos tribunales locales, compuestos por un nutrido personal -inquisidores, fiscal, calificadores, notarios, médico, capellán, carceleros, etc.- con el que colaboraron los llamados familiares, gente de la calle provista de armas y distinguida con privilegios, quienes operaban a modo de "quinta columna" del aparato inquisitorial. En los primeros años los tribunales iniciaron su actuación haciendo público un edicto de gracia, que exhortaba a la autodenuncia de los herejes, quienes eran así reconciliados sufriendo un castigo benigno. Desde el siglo XVI, sin embargo, el edicto de gracia desapareció para dar paso al edicto de fe, el cual, excluyendo ya ese período de gracia, amenazaba con la excomunión a quien no denunciara a cualquier hereje o herejía por él conocidos. Dadas las sólidas convicciones cristianas de aquella sociedad, tal medida supuso que de hecho cada ciudadano se convirtiera en un potencial agente de la Inquisición, desencadenándose una marea de denuncias que en ocasiones enfrentaron a parientes entre sí, y a veces fueron puro instrumento para ventilar rencillas personales. Con la denuncia tenía lugar el arresto del presunto hereje, a quien no se comunicaba quién le acusaba, para evitar posibles venganzas, n i de qué era acusado, con lo que el interrogatorio podía arrastrar tanto la confesión del objeto de la denuncia como cualquier otra irregularidad hasta entonces desconocida. La justicia inquisitorial seguía sus propias reglas, diferenciándose especialmente de la ordinaria -como observa la profesora Maqueda- en la fase final, desde la declaración de la sentencia hasta su ejecución. En el proceso, según explica Camino Fernández, hubo dos tipos de sentencias: las interlocutorias o incidentales sobre cuestiones diversas (v.gr. la sentencia de tormento) y las definitivas o finales. Estas

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648

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de In lnqu isidún espnñoln.

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últimas fueron absolutorias o condenatorias, con lo que, tras el juicio, el reo era absuelto -cosa de hecho infrecuente-, o condenado a penas diversas: destierro, confiscación de bienes, uso del sambenito o traje penitencial, cárcel, galeras o muerte en la hoguera. Esta última era ejecutada por la autoridad secular, a quien la Inquisición relajaba o entregaba la víctima. Conviene en todo caso advertir que muchos autos de fe fueron incruentos, celebrándose centenares, como ha recordado Kamen, "sin que hubiera necesidad de encender una gavilla de leña". No es fácil emitir un juicio global sobre esta controvertida institución, como no lo es juzgar otros fenómenos semejantes que por entonces acaecieron en Europa. Hay que decir en primer lugar que no fue lo mismo la Inquisición de unos y otros territorios, y sobre todo de unas y otras épocas. Poco tiene que ver así el celo y acritud de los primeros tiempos, con una Inquisición sosegada y libresca como la del siglo XVIII o la del primer tercio del siglo XIX. Junto a aspectos indefendibles y humillantes (la obligación de denuncia inherente al edicto de fe, la práctica presunción de culpabilidad, el secreto sobre el objeto de la acusación), y su secuela en la obsesión nacional por la "pureza de sangre", no dejaron de darse otros más benignos a tenor de los parámetros jurídicos y sociales que a la sazón regían en Europa. La Inquisición mantuvo en general un saludable escepticismo ante los fenómenos de brujería --cuando en el siglo XVII fueron ejecutadas en Alemania unas cien mil "brujas"-; practicó el entonces habitual tormento con ciertas garantías, y organizó un sistema penitenciario que debió ser mejor que el del Estado. Desde perspectivas culturales no es fácil atribuir a la Inquisición efectos realmente negativos, pues baste recordar que su apogeo coincidió con el Siglo de Oro de la cultura española. En cambio desde perspectivas estrictamente éticas y cristianas, sí resulta en verdad algo contradictorio y desconcertante. No hay que olvidar, como hemos escrito en cierta ocasión, que el mismo Dios a quien invocaban los celosos inquisidores, ordenó por boca de Jesucristo a sus discípulos que no juzgaran, y prometió la bienaventuranza a pacíficos y misericordiosos.

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34. ESTRUCTURA ECONOMICA l. La Ec:onomia mercantilista de los siglos XVI y XVII A)

CARACTERES GENERALES: LOS PROBLEMAS Y SUS SOLUCIONES

l.

Política económica y crisis

El proceso de fonnación de los Estados occidentales coincidió en Europa con el triunfo de una concepción económica de carácter autárquico, el mercantilismo, que partiendo del débil desarrollo del crédito y de la carencia de un sistema bancario, trató de lograr la prosperidad en función del intervencionismo, del papel principal de la moneda en metálico, y sobre todo de la acumulación de reservas de metales preciosos. Tal sistema, esencialmente proteccionista, fue seguido con rigor en varios países y constituyó la clave de la política iniciada por los Reyes Católicos. Aquí, sin embargo, la intromisión de los productos extranjeros en el mercado interno y en el comercio de ultramar, imposibilitó aplicar hasta el final esos patrones mercantilistas. A los graves problemas derivados de la afluencia masiva del oro y la plata de América, se agregaron otros característicos de la idiosincrasia nacional -abundancia de latifundios, crecido número de manos muertas o población laboral inactiva, desprecio por el trabajo, etc.-, que en conjunto configuran el panorama económico de la España de los Austrias .

Et Men-nn1ili,mo

Los teóricos de la economía liberal achacaron al sistema mercantilista una contradicción de fondo: la incongruencia de su dogma fundamental de una balanza comercial favorable o al menos equilibrada -tanto se vende , tanto se compra-, con sostener al tiempo una interpretación cuantitativa del movimiento de los precios. Modernamente Keynes dedicó el capítulo 23 de su célebre Teoría general del empleo, del interés y de la moneda, a justificar las tesis mercantilistas, aduciendo que al no poder los gobernantes controlar directamente las tasas de interés, la entrada de metales preciosos hubo de constituir un medio indirecto para rebajarlas y acrecentar la inversión .

La política mercantilista de los Reyes Católicos estuvo detenninada por cuatro medidas principales. En primer lugar, por el monopolio del oro y la plata, controlando la extracción de las minas y los puertos de embarque y

Polítira merrnn-

ti/i.
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SuJ defei ·toJ.

LA ESPAÑA MODERNA

desembarque, para prohibir con diversas medidas su exportación fuera de Castilla. En segundo lugar, por la protección de la ganadería lanar como fuente de riqueza, con el consiguiente fortalecimiento de la Mesta. De otra parte, por el fomento de la industria textil, consolidando las estructuras gremiales y prohibiendo al tiempo la importación de determinados tejidos. Finalmente, por la animación y estímulo del comercio, tanto del interior, con la mejora de la red de comunicaciones, como del exterior, a través de las leyes de navegación que prohibían embarcar mercancías en naves extranjeras mientras hubiera españolas disponibles. Esta política, según ha hecho notar Vázquez de Prada, tuvo como contrapartida graves deficiencias. El florecimiento comercial dejó desatendido al mundo agrícola, mientras el sistema económico tropezaba en la Península con las aduanas existentes entre los reinos. En su proyección exterior se bifurcó sobre las áreas propias de ambas Coronas: Aragón en el Mediterráneo, y Castilla en el Atlántico norte -con el eje Burgos-Bilbao- y sobre todo en el occidental, mediante la expansión americana controlada desde Sevilla. No existió así una política económica unificada y acorde para toda la monarquía, consolidándose privilegiadas instituciones mercantiles como la Casa de Contratación de Sevilla o el Consulado de Burgos , que, a costa de favorecer la centralización financiera, potenciaron la exportación en detrimento de la industria. En 2003 se han cumplido 500 anos de la fundación de la Casa de la Contratación, creada por orden de 20-1-1503. Sus primeros oficiales fueron el factor Francisco Pinelo, el tesorero Sancho de Matienzo y el escribano o contador Jimcno de Brivicsca.

t 'xpnn.\ ión. µolític ·n t'nJ11tJ111u·ny n ufeudnmtento.

Los primeros años de América reportan sólo regulares beneficios, pero desde 1521, con el descubrimiento de México, los metales preciosos llegan a la metrópoli en forma masiva . Ello provoca un éxodo de castellanos hacia esas tierras, hacia el Perú y hacia el resto del continente, de forma tal que casi una sola generación ocupa las gigantescas latitudes comprendidas entre el río Grande y la Tierra de Fuego. A la primera etapa de exploradores y navegantes, sigue ésta de los conquis tadores (1521-1550), que a su vez desemboca desde mediados del siglo XVI en el período propiamente colonial. La gran política de explotaciones mineras no se correspondió con planes sistemáticos que crearan en las Indias una economía complementaria de la peninsular, y facilitaran así la expansión de ésta, sino que junto a medidas proteccionistas de los intereses castellanos -como la prohibición de viñedos y olivares en Perú, para proteger los vinos y el aceite andaluces- se dieron otras contradictorias, según sucedió con el fomento de la industria textil mexicana que enseguida habría de resultar competitiva para la de la metrópoli. Ade-

ECONOMIA

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más, la primacía del comercio exterior y el fomento de la exportación de productos básicos, desabasteció el mercado nacional, originándose una creciente alza de precios, a lo que hay que sumar los cuantiosos dispendios fruto de empresas militares y de la ambiciosa política internacional. Progresivamente la economía imperial fue endeudándose con préstamos de banqueros alemanes, flamencos e italianos -genoveses, casi todos ellos-, dándose la paradoja de que el cénit político del siglo XVI coincida con aquellos años centrales de la centuria, 1552-1556, calificados desde la óptica económica por don Ramón Carande como unos "años aflictivos". El abandono de la agricultura y las insuficiencias de una industria que no podía competir con la montada al otro lado de los Pirineos, obligaron a la importación de granos y productos manufacturados. A los tres años de haberse descubierto las minas de Potosí, las Cortes de Valladolid de 1548 proponen una rectificación de la política económica, sobre la base de prohibir las exportaciones y permitir en cambio la importación de mercancías extranjeras, a fin de abaratar la producción nacional e impedir el alza de precios. El oro y la plata de las Indias afluyen en cantidades considerables, pero al llegar a Sevilla están ya empeñados por deudas y han de desviarse a Amberes, Augsburgo o Génova, para pagar a los acreedores del Emperador. Inmersa en las ensoñaciones imperiales, la sociedad española parece incapaz de reaccionar ante estos problemas pragmáticos, y la nobleza, como clase dirigente, permanece prácticamente al margen de la promoción industrial y comercial. Los grandes latifundios pertenecientes a esos magnates y a la Iglesia, apenas son objeto de mínima atención y siguen infrautilizados. Las crisis agrarias, epidemias, y adversidades financieras y políticas de fines del XVI, hacen sentir sus efectos cuando precisamente disminuye el volumen de la plata procedente de América. Desde 1599 Felipe III puso en circulación moneda de vellón, acuñada con cobre puro, con el fin de ahorrar plata, lo que originó que ésta y el oro desaparecieran del mercado monetario. Las ganancias de semejante operación fueron sin embargo ilusorias. Al ser recaudados los impuestos en moneda de vellón, afrontándose con plata los gastos militares en el exterior, el Estado resultó seriamente perjudicado. Mientras, la depreciación monetaria ocasionaba en el XVII una espiral de inflación, contenida esporádica y bruscamente por deflaciones repentinas que imposibilitaron una política económica armónica y congruente. En 1619 un célebre informe del Consejo de Castilla reconocía el lamentable estado del país, atribuyéndolo a la excesiva presión fiscal sobre Castilla y a la despoblación y abandono de las tierras. El agobio impositivo era a su vez consecuencia del incremento de beneficios y pensiones, de la proliferación burocrática y de la escalada de gastos suntuarios. Un año

Crüisen l'i si11/oXVl/ y li11~rn rrnt¡Hmci6n ~n t,~ último~ nñ,zs_

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LA ESPAÑA MODERNA

antes se había creado la Junta de Reformación, que durante el reinado de Felipe IV, a instancias de Olivares, llegó a dictar algunos decretos prohibiendo la importación de productos manufacturados. Con todo, la inflación resultó imparable, mientras los conflictos bélicos dentro de la Península y fuera de ella seguían detrayendo fondos y originando un déficit calificado por el mejor conocedor de estas cuestiones, Domínguez Ortiz, como pavoroso. Mediado el siglo, cierto clérigo llamado Barrionuevo, observando la situación, no necesitó de muchas palabras para describirla: "No hay un real, ni quien lo tenga". El descalabro económico tocó fondo entre los años 1676 y 1686, cuando tanto las inundaciones como las sequías llevaron a la agricultura a una situación límite, y el hambre y las epidemias azotaron la población. En las postrimerías del XVII tuvo lugar sin embargo un alentador proceso de recuperación. Al desconcierto que produjo la brutal devaluación del vellón en un 75 % el año 1680, siguió luego un período de estabilidad monetaria. En 1674 se creó para Aragón una Junta de Comercio, y un lustro después aparece en Castilla la importante Real y General Junta de Comercio, a cuya imagen surgen otras juntas locales en Granada, Sevilla, Valencia y Barcelona. En todo este proceso fue figura destacada el abogado barcelonés Narcís Feliu de la Penya, promotor del desarrollo de la industria textil en Cataluña. Al tiempo, el flujo de metales preciosos de las Indias remontó la depresión de años anteriores, alcanzando cotas estimables. Pese al desconcierto político, la Casa de Austria se despidió de la historia española con signos de recuperación económica. Henry Kamen sostiene incluso que el éxito logrado en estos campos durante el siglo XVIII, fue fruto de ese período renovador de la segunda mitad del XVII. 2. La Esmdnde Snlnmnm ·n.

Los arbitristas y sus proyectos de reforma

¿Qué opinión mereció de los contemporáneos tan largo proceso de declive económico? ¿Cuál fue el diagnóstico de los expertos? Ya en el reinado de Felipe 11, una serie de teóricos de la renombrada Escuela de Salamanca reflexionaron sobre la situación y propusieron medidas diversas. Entre ellos destacan Luis Ortiz y el navarro Martín de Azpilcueta. Ortiz, precursor del pensamiento mercantilista, propugnó la retención de las materias primas, que no debían ser exportadas, con lo que se lograría el fomento de la industria nacional, asegurada a su vez con una correlativa restricción de las importaciones de productos manufacturados. Defendió asimismo la potenciación de la agricultura, la revalorización social del trabajo manual y la retención de los metales preciosos, que, según él, habrían de contribuir incluso a abaratar los precios. Azpilcueta, por su parte, adelantó en el Comentario resolutorio de cambios (1556) algunos principios de la "teoría cuantitativista" de la moneda, desarrollada más tarde por el francés Jean Bodin, explicando la relación entre el encarecimiento de los precios y la abundancia de la moneda en mercado.

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A tono con el agravamiento de los problemas económicos en el XVII y con la lógica desazón reformista en las instancias de gobierno, proliferan en este siglo una pléyade de teóricos conocidos como arbitristas, es decir, como formuladores de arbitrios o remedios de todo tipo. Entre propuestas serias y razonables , no faltaron otras utópicas y pintorescas, que contribuyeron a que el arbitrista fuera a menudo visto como un pseudointelectual pertrechado de argumentos exóticos e inaplicables. Según Vázquez de Prada, el análisis formulado por esos primeros autores del XVII podría resumirse en los siguientes cuatro puntos: l . La recepción masiva del oro y la plata, lejos de enriquecer a la metrópoli había elevado los precios de nuestros productos que, en consecuencia, no podían competir en el mercado extranjero; 2. La importación de mercancías desplazaba a las españolas del mercado nacional, empobreciendo la agricultura, industria y comercio; 3. El gasto público había arruinado al Estado, mientras el remedio del alza de impuestos ahogaba la actividad productiva; 4. La excesiva circulación monetaria favorecía el lujo y los gastos suntuarios, propiciando el ocio y el abandono del trabajo. Entre un sinfín de opúsculos, memoriales y panfletos, donde muchos espontáneos aventuraban "soluciones" a la crisis nacional , otros arbitristas respetables incidieron en problemas muy concretos. González de Cellorigo llamó la atención sobre el desajuste de los gastos e inversiones, justificando aquéllos siempre que se emplearan en fomentar riqueza. El catedrático toledano Sancho de Moneada insistió en la conveniencia de prohibir la exportación de materias primas y la importación de productos manufacturados . El conquense Caja de Leruela fundamenta su obra, Restauración de la antigua abundancia de España (1631 ), en recuperar la riqueza ganadera. Casi a fines de siglo, Osorio y Redín fustiga en el Discurso Universal la maraña de burócratas, la especulación del trigo, los fraudes en el régimen fiscal y la incapacidad de las clases dirigentes. Tantas y tan disímiles quejas y propuestas -junto a otras muchas, menos dignas de ser tenidas en cuenta-, debieron producir honda perplejidad en los rectores de la vida política, incapaces de adoptar un criterio coherente y afrontar sus consecuencias. B) LAS FUENTES DE RIQUEZA

l.

Economía agropecuaria

La agricultura y la ganadería fueron sectores económicos complementarios, sobre todo en las tierras de secano, pero también realidades conflictivas. Los sistemas de cultivo de año y vez o de año y tercio, consistentes

Los a rbitriJttu y su pmKrnmn.

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LA ESPAÑA MODERNA

en alternar cada año el cultivo con el barbecho, o en obtener una cosecha trienal a costa de dejar dos años la tierra sin sembrar, permitían la armonía del Dispm·idones de desarrollo agrícola y ganadero. No obstante, la preocupación de los Reyes los Rryes Cnti',/icos Católicos por fomentar el comercio lanero y asegurar su monopolio, les llevó fnl'firn/Jfrs n In xmwderia. a dictar una serie de disposiciones en favor de la Mesta, que ocasionaron serios perjuicios al ramo agrícola. En tal política hay que situar la Defensa de las Cañadas, u ordenanza de 1489, que amplió los caminos del ganado y expulsó a los agricultores instalados en ellos, y sobre todo la Ley de arriendo del suelo de 1501, según la cual los ganaderos podían permanecer indefinidamente en las dehesas arrendadas, e incluso conservar las que se habían ocupado sin autorización de sus dueños, quienes se veían así forzados a cederlas a bajo precio. Se trataba, en fin, de acuerdo con Vicens Vives, de una presunción de usufructo en favor de la Mesta. ln pmdw ·,Uín Los cereales, y en especial el trigo, fueron el eje de la economía agrade rr(s,:o. ria. La producción triguera osciló en los distintos territorios peninsulares, correspondiendo el índice más alto a Castilla la Vieja, que en años favorables exportó los excedentes de sus cosechas, mientras Aragón alcanzaba a autoabastecerse y Cataluña y el País Vasco debían acudir a la importación. Contando sin embargo con sus posesiones en Italia -el Milanesado, Nápoles y sobre todo Sicilia-, España se convirtió en la primera mitad del siglo XVI en uno de los dos imperios trigueros del Mediterráneo, disputando al poder otomano y a sus ricos graneros en los Balcanes la primacía en la gran cuenca marítima. En esa etapa, como consecuencia de las relaciones comerciales con el exterior y singularmente con América, los productos agrícolas fueron objeto de creciente cotización. Ante una demanda en alza, subió el precio del trigo y todavía más los del vino y el aceite, con Jo que resultó ventajoso invertir en explotaciones cerealísticas, viñedos y olivares, que reportaban a veces exorbitantes beneficios. Tales perspectivas dieron lugar a una notable preocupación por roturar los campos, que afectó directamente a los "baldíos" y comunales, objeto de disputas entre la Corona y los concejos; y ello hasta tal punto que un relato de mediados de esa centuria destaca que "comenzaron a faltar los montes, que todo se rompía en Castilla para sembrar". El auge del movimiento roturador convirtió así a muchas de aquellas tierras en propiedad privada, facilitó la formación de grandes propiedades rústicas e hizo escasear los pastos. Los años centrales del XVI marcan el apogeo de la producción cerealística. Sin embargo, las excelentes cosechas del bienio 1555-1556 y de 1561 constituyen el pórtico de la decadencia. Por el monumental estudio de Braudel sobre el mundo mediterráneo, sabemos que el boom del trigo turco tuvo lugar precisamente por entonces, en el período 1548-1564, coinci-

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diendo a su vez con la crisis agrícola italiana y con los primeros síntomas del cambio en Portugal y Castilla. Llega ya por entonces a España el trigo del norte en barcas bretonas, presagiando un declive productivo que en la penúltima década del siglo arrastrará a la economía nacional en su conjunto: " Resulta evidente que la totalidad de la economía española hace un viraje a la altura de los años 1580-1590 y que la agricultura fue el primer sector que di<.> señales de ir por mal camino, sin que nosotros sepamos cómo ni por qué, ni cuándo exactamente, resultó claro que se había entrado en la vía de la recesión ... Hacia finales del siglo XVI la batalla estaba perdida". (Braudel, El Mediterráneo, 1, 780).

Desde 1502 los precios del trigo, el centeno y la cebada fueron objeto de tasación oficial. Tras múltiples oscilaciones entre el valor legal y el real de los cereales en el mercado, la tasa del trigo se mantuvo por lo común en la segunda mitad del XVI por encima del índice general de precios. Tal desajuste, el rigor impositivo y la falta de brazos, dieron lugar a la inversión de la coyuntura agraria, y a que en consecuencia la explotación de los cereales dejara de ser productiva. El alza de precios restó asimismo posibilidades de exportar lana, con lo que se retrajo la producción ganadera, aunque la legislación del siglo XVII optara por proteger los pastos a costa de las tierras de cultivo. Cercada por tantas dificultades, la agricultura acentuó su decadencia, agravándose al máximo la situación con las catástrofes meteorológicas acaecidas durante varios años del reinado de Carlos II. En 1677 los precios del grano alcanzaron su punto culminante. Siguieron tres años de sequía y llegó el fatídico 1680, en cuyo mes de septiembre -"memorable y lastimoso", según cierto texto de la época- un verdadero diluvio devastó Castilla y Andalucía. Regiones vitícolas del país fueron la Tierra de Campos, la Rioja, la ribera de Navarra, la comarca de Cariñena en Aragón, el litoral levantino y los feraces campos de Jerez y de la sierra de Córdoba en Andalucía. Aquí, como siempre, el olivo constituyó una fuente fundamental de riqueza. No hubo mejoras sustanciales en el régimen de regadíos, que siguieron siendo importantes en la cuenca del Ebro, en Andalucía y en Levante, si bien la expulsión de los moriscos supuso un duro golpe al cultivo de las huertas de esta última zona. 2.

Industria y comercio

La política proteccionista de los Reyes Católicos hizo posible un notable florecimiento industrial, al evitar la salida de materias primas y cerrar

Subida de prl'· do.\' tle los

cerenles y cn·si.\ ngrnrin.

Pmtfucrit)n vitfmln y rtl(ntfío.r.

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lnd11.1tria metalúrgi<·a.

Industria .'iedern.

/11du.1·1ria pnñ~ra.

LA ESPAÑA MODERNA

el comercio interior a los productos manufacturados europeos. La restricción de importaciones y el fomento industrial se aplicaron con especial empeño al mundo textil, donde la marcha de los conversos, que constituían la clase artesanal, trató de ser remediada atrayendo obreros de Flandes e Italia. No parece, en cualquier caso, que las actividades de orfebrería, cueros, cerámica, etc., dieran lugar a grandes establecimientos, limitándose más bien el desarrollo a industrias domésticas de alcance local. Sí alcanzó en cambio notable envergadura el trabajo metalúrgico en el norte, la producción de seda en Granada y, sobre todo, la industria pañera en Castilla, Aragón, Cataluña y Baleares. La industria metalúrgica se concentró principalmente en el País Vasco, donde a mediados del siglo XVI cabía contabilizar unos 300.000 quintales anuales en productos de hierro y acero. Parte del hierro era consumido por la propia industria de Guipúzcoa y Vizcaya, mientras a menudo el excedente salía de forma fraudulenta a Francia para compensar los gastos originados por la compra de granos. Desde 1573, la Fábrica Real de Placencia, en Guipúzcoa, dirigida por un veedor real, concentraba la fabricación de armamento, mientras la Real Fábrica de Toledo se aplicó a la producción de famosas espadas. El cobre era traído desde Suecia y Alemania, transformándose luego en las factorías de Valmaseda. Al decrecer la producción metalúrgica nacional, hubo que importar herramientas e incluso útiles de armamento, con lo que la todavía respetable potencia militar que era España entonces, se vio en la paradójica situación de complementar el pertrecho de sus ejércitos en los mercados de Inglaterra y Francia. La industria sedera alcanzó relieve en Almería, Málaga, y sobre todo en Granada. Los diversos trabajos de elaboración del producto agruparon a la población en gremios de hiladores, torcedores, tintoreros y tejedores, cuya prosperidad vino a menos cuando el comercio cayó baj o control de los banqueros genoveses. La calidad de la seda granadina fue defendida con disposiciones como la Ordenanza del plantío y arranque de morales ( 1520), que prohibió las nuevas plantaciones productoras de una seda peor. Extendida esta industria a otras zonas del país, como Toledo, Aragón, Valencia y Murcia, declinó toda ella en el siglo XVII. La Junta General de Comercio intentó recuperar el nivel técnico de las factorías sederas, y elaboró en 1684 unas ordenanzas generales en defensa de sus intereses. La industria de paños logró extraordinario auge en la primera mitad del siglo XVI, proyectándose tanto al tráfico interior de las grandes ferias Medina del Campo, sobre todo--, como a los mercados europeos, donde agentes castellanos inquirían información para planificar Juego la política

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exportadora. Burgos y Bilbao, como centros de la producción lanera y de la flota que había de transportarla, entraron en conflicto para asegurar el control de esa exportación. El próspero comercio de la lana fue controlado por grupos de mercaderes, quienes lo encauzaron en tres rutas principales: desde Burgos y Bilbao al norte de Europa y singularmente a los Países Bajos; desde Málaga a Italia; y desde Sevilla a América. La industria de paños fue importante en Aragón y Cataluña. En Castilla la calidad de los paños fue mejor en el sur, donde pequeñas ciudades como Chinchilla contaban, según sabemos por los estudios del profesor Cano, con una estimable industria cuidadosamente regulada. La fabricación de paños alcanzó especial auge en Segovia, Cuenca y Toledo, según se aprecia de lo que dicen las Cortes de 1552: " En estos lugares no había hombre ni mujer, por viejo e inúti I que fuese , muchacho o niña de ninguna edad, que no tuviese orden y manera con que ganar de comer y ayudarse unos a otros, tanto que era cosa notable caminar por toda la serranía de la tierra de Segovia y Cuenca y ver la ocupación que en ella había , sin que ninguno de ninguna edad, hombre ni mujer, holgase, entendiendo todos en la labor de la lana, unos en una cosa, otros en otra. Y que no pudiendo caber ya los telares en Toledo, se henchían de ellos los lugares circunvecinos, y los unos y los otros estaban llenos de gente ocupada, ejercitada, rica y contenta, y no sólo los naturales de las mismas tierras, pero infinito número de forasteros de la misma manera se sustentaban en ellas".

Tan optimista panorama ya lo fue menos al concluir el siglo XVI y entró en franca crisis durante la centuria siguiente. A tenor de los datos sistematizados por Lynch, cabe decir que, cuando menos, desaparecieron dos terceras partes de los telares, despoblándose de modo alarmante esos centros textiles, que perdieron la batalla del propio mercado nacional ante la competencia de las manufacturas de estambre inglesas. En la última década de los Austrias, los telares segovianos lograron sobreponerse a la postración general. El comercio exterior se proyectó en las tres grandes áreas de la Europa nórdico-occidental, el Mediterráneo y las Indias. Los principales productos de exportación fueron, junto a la lana, el aceite, la sal, los vinos, el hierro, los cueros, la cochinilla y el azúcar. Y los de importación, las telas finas, el papel, las herramientas y el grano. Las remesas de oro y plata, mientras se pudo disponer de ellas, sirvieron para equilibrar el déficit de la balanza de pagos. El comercio en el ámbito atlántico hubo de desenvolverse en un clima de confrontaciones bélicas, especialmente agudas con Inglaterra y con los Países Bajos, cuya rebelión de 1566 determinó que la ruta comercial directa Castilla-Flandes, con Amberes como metrópoli financiera, se desviara a través del Mediterráneo y ocasionase a la postre la decadencia económica de esa ciudad. A su vez, el comercio mediterráneo

Comerrio t.Utrior.

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El romerdo nm Amfrim: Sevilln y Cádi"

El monopolio r·o~ mttn ·inl nm ln.'i /mlim· y .,u rnsi.'i.

LA ESPAÑA MODERNA

propiamente dicho, facilitó la salida de la lana castellana desde Alicante a Italia.circunscribiéndose el tráfico catalán a las zonas marítimas occidentales . El comercio con América habría de convertir a Sevilla en centro neurálgico de la Europa del siglo XVI. Según explica Tomás de Mercado en su Suma de los tratos y contratos (1575), la gran ciudad andaluza mantenía entonces "contratación en todas las partes de la Cristiandad y aun en Berbería", mientras el monopolio con las Indias, por razones financieras y políticas , aseguraba a la Casa de Contratación el control de las flotas , del tráfico de metales preciosos y de las gentes que iban y venían . Tras el creciente ascenso a lo largo del siglo XVI, el comercio americano se estabilizó entre 1592 y 1622 , sufriendo luego una profunda depresión de la que habría de tardar en recuperarse . Durante el siglo XVII el monopolio sevillano se transformó en un más amplio monopolio andaluz, reflejado en la rivalidad del puerto interior de Sevilla y del marítimo de Cádiz. La empresa del comercio con las Indias, analizada en la ingente obra científica de Chaunu, partió del principio de vender en América productos de consumo a alto precio en un régimen no competitivo, obteniendo en consecuencia dinero abundante. El control comercial se aseguraba con el tráfico exclusivo de las mercancías en Nueva España y Perú , lo que reportó a México y Lima una situación de privilegio en ultramar, paralela a la que Sevilla disfrutaba aquí. Ello ciertamente tenía sentido en el contexto de que sólo España pudiera comerciar con las Indias, pero tal planteamiento, derivado de los títulos jurídicos de las bulas alejandrinas, fue impugnado por la vía de hecho por piratas y mercaderes extranjeros, e incluso teóricamente al abrirse paso las tesis del mar libre (mare liberum) en el que todos podían navegar. En la segun da mitad del siglo XVI los piratas asolaron las costas americanas mediante expediciones organizadas desde Francia e Inglaterra. Ello obligó a España a establecer un sistema de flotas, para que los barcos comerciales navegaran en convoy protegidos por navíos de escolta, dictándose desde entonces una copiosa serie de disposiciones a fin de regular ese tráfico marítimo. Al término del XVII, sumada ya la competencia de Holanda, son los extranjeros -genoveses, nórdicos y centroeuropeos- quienes en realidad se benefician de un comercio americano en el que los españoles desempeñan la función de meros intermediarios. Más grave fue desde luego el comercio directo de los contrabandistas, que podían situar en América mercancías a inferior precio, con un volumen tan alto de ventas que hacia 1686 representaba casi dos terceras partes del tráfico total en el mercado indiano.

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C)

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COYUNTURA ECONOMICA: LA REVOLUCION DE PRECIOS

Durante el siglo XVI los precios subieron ininterrumpidamente, alcanzando su punto culminante en 1601, con unas cifras cuatro veces superiores a las de comienzos de la centuria. En los primeros años del XVII se detiene el alza y tienen lugar luego diversas oscilaciones, manteniéndose por término medio el alto nivel alcanzado antes. Tal proceso de inflación fue atribuido por los contemporáneos a las maniobras especulativas, pero el canonista Azpilcueta apuntó certeramente a las remesas de oro y plata de América como causa de la sobreabundancia de un dinero que, según él decía, "vale más cuando escasea que cuando abunda". La tesis de que la revolución de precios dependió del metal importado de Indias, fue expuesta en 1934 por el economista norteamericano Hamilton en un trabajoso estudio que, según confesión del autor, llevó "no menos de tres millones de operaciones de cálculo". Hamilton intentó evaluar las cantidades exactas de oro y plata arribadas a España entre 1503 y 1660, determinando su incidencia sobre precios y salarios. Esos cálculos, junto a los de otros autores, permiten afirmar que en tal período llegaron a Sevilla unos dieciséis millones de kilos de plata y unos ciento ochenta y cinco mil de oro, lo que supuso el triple de las reservas totales de plata de la Europa de entonces, y una quinta parte de las de oro. Tan gigantesco impacto disparó los precios españoles, haciendo más tarde sentir su efecto en Francia, Inglaterra, y de alguna forma en toda Europa:

El alza de precios y JU vnlomrián

por los t'Ontem· poráneos.

Tesi., de Hnmiilon

"La estrecha correlación existente entre el aumento del volumen de las importaciones de caudales y el alza de precios de las mercancías durante el siglo XVI, particularmente de 1535 en adelante, demuestra sin lugar a dudas que las ricas minas de América fueron la causa principal de la revolución de los precios en España" (Hamilton, El te.wro americano y la revolución de /oJ precio.1·, 317).

Transcurrido más de medio siglo desde la publicación de esta obra, los datos y la interpretación de Hamilton han sido objeto de importantes correcciones. Se ha discutido así la exacta correlación entre el volumen de los metales traídos en las diversas etapas, y los tres períodos que ese autor señala en el alza de precios (1501-1550: incremento moderado; 1550-1600: culminación; 1601-1650: estancamiento); y ello en base a que Hamilton consideró sólo los registros oficiales y no pudo tener en cuenta las cargas fraudulentas --e importantes- de oro y plata que allí no constaban. También ha quedado en entredicho la naturaleza del proceso de aceleración de precios, al demostrar Nada) que el alza fue proporcionalmente mayor en la primera mitad del XVI que en la segunda, cuando precisamente en esta úl-

Crítica n In trsi.rrde

Hamilton.

662

Alw de pred o.1 y tnpitnJi.,·mo español.

Keyne~: pod~rpolíe mjlnnon.

/ ff(}

LA ESPAÑA MODERNA

tima creció la importación de plata tras el hallazgo de Potosí. Otras dudas se fundan en el hecho de que cierta parte de los metales fue transferida inmediatamente a banqueros extranjeros, para pagar deudas ya contraídas, sin que en ello incidiera el mecanismo de la economía española; o en la consideración de que cualquier proceso de precios depende no sólo del dinero en mercado, sino también de la oferta y demanda, lo que fuerza a tener en cuenta los factores de la producción agraria e industrial. Pierre Vilar ha insistido a su vez en que no debe valorarse únicamente la masa monetaria, sino además el conjunto de mercancías intercambiadas, el número de transacciones llevadas a cabo por medio de la moneda (velocidad de circulación), y la existencia de circuitos monetarios no metálicos (letras de cambio, compensaciones, etc.). De cualquier forma, sin perjuicio de todas estas rectificaciones, los puntos básicos de la tesis de Hamilton siguen en lo fundamental como un hito insoslayable. ¿Qué significó la escalada de los precios en la vida nacional? La inflación benefició a comerciantes y terratenientes, quienes se encontraron con unos productos agrícolas sobrevalorados, pero perjudicó a las clases inferiores, cuyos ingresos y pequeñas rentas habían perdido capacidad adquisitiva. Por otra parte, y habida cuenta de que el alza de precios fue seguida por un incremento de salarios, no hubo posibilidad según Hamilton de que se dieran grandes acumulaciones de beneficios, frustrándose a la postre las posibilidades de consolidar un capitalismo español. Sobre este análisis ' Keynes formuló una sugestiva puntualización: los períodos de grandeza y decadencia del país correspondieron a los de inflación (1520 a 1600) y deflación (1600 a 1630) en su coyuntura económica. 11. La Economía de la Ilustración A)

Ln FiJiocradn.

EL NUEVO ESPIRITU Y SUS INSTRUMENTOS : LAS SOCIEDADES ECONOMICAS DE AMIGOS DEL PAIS

Entrado el siglo XVIII se afirma en Europa una explicación científica de la vida económica, lafisiocracia, que reacciona contra los postulados mercantilistas antes en boga. Ideada por el francés Quesnay, cuyo Tableau économique (1758) constituye quizás la primera interpretación esquemática de la economía en su conjunto, los fisiócratas repudian el régimen proteccionista y de intervención característico del mercantilismo, y defienden en cambio el libre juego de las fuerzas económicas y la sola protección de la agricultura como fuente natural de riqueza. Tal interpretación coincidió con la difusión del nuevo espíritu del Despotismo

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ilustrado, cuyas medidas de gobierno propugnaron el fomento, esto es, el desarrollo de la administración, de la economía y la libertad de comercio. A mediados de siglo, un irlandés llamado Bernardo Ward visita por encargo de Femando VI diversos países, a fin de estudiar posibles remedios que estimulen la economía e industria españolas. Al regreso publica su Proyecto económico, donde se preocupa entre otros muchos temas de la mejora de la agricultura a través de abonos, de la promoción de la industria textil, etc., y llama la atención sobre la existencia en Suecia, Toscana, Francia e Irlanda, de una serie de sociedades de "celosos patricios" que promueven la prosperidad de sus respectivas naciones. Ward aconseja en 1762 que se imiten o adapten aquí esas asociaciones, y lo mismo hará en 1774 el Conde de Campomames, en una célebre circular de 18 de noviembre, al invitar a las autoridades locales a que promuevan sociedades económicas de gentes preocupadas por el progreso y desarrollo. La exhortación de Campomanes, sin embargo, ya no propone sólo -como la de Ward- seguir el modelo extranjero de la Sociedad de Dublín, sino el más próximo de la Sociedad Vascongada que se había constituido diez años antes y disfrutaba de notable reputación.

Lo., pmyet·tos de Wnnf y Cnmpo-

mane.'í.

La figura de Campomanes ha sido objeto de amplios y renovadores estudios por parte del joven catedrático asturiano José María Vallejo, quien ha dedicado a su paisano dos importantes libros. Como Vallejo señala, tras calificar a Campomanes de "ilustrado historiador, economista, jurista y político", él fue ante todo un hombre de Derecho. Campomanes sirvió a la Corona desde distintos puestos, desplegando una profusa actividad. Su figura (nació en 1723 y murió en 1802) puede considerarse vanguardia de aquella brillante generación de asturianos (Jovellanos, Argüelles, Martínez Marina, etc.) que habrá de liderar la vida política e intelectual de España entre los siglos XVIII y XIX.

La Sociedad Vascongada de Amigos del País surgió de unas tertulias nocturnas celebradas en Azcoitia por caballeros y clérigos inquietos, quienes se reunían para hablar y discutir de lo divino y lo humano. Estos caballeritos de Azcoitia, según se les conoce, transformaron la charla pueblerina en una verdadera junta académica, donde se ilustraba a los asistentes con novedades científicas de allende los Pirineos. Uno de los contertulios, el Conde de Peñaflorida, hombre viajero y emprendedor, funda en 1765 la Sociedad Vascongada, cuyo programa promovía el estudio de los problemas económicos, para introducir así adelantos técnicos en los diversos ramos de la producción. La entidad publica memorias y se reúne en juntas generales en Vitoria, Bilbao y Vergara, dando a conocer las experiencias y estudios en cuatro campos principales: agricultura, industria, comercio, e historia y buenas letras. El número de miembros--41 en 176fr-- alcanza el millar diez años más tarde, cuando la asociación promueve el establecimiento en Vergara del Real Seminario Patriótico Vasco, donde entre otras cosas se enseña química y metalurgia.

Ln Soriednd Vm-

nm~nda de Amigo.\'

del País.

664 Ln Sociedad de Madrid. Actividad de las Sociedades de Ami11os del País.

LA ESPAÑA MODERNA

Contando con este precedente, en 1775 aparece la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, que sirve de modelo, bajo los auspicios de Campomanes, a muchas otras formadas en los años siguientes. En juicio de Carande, fueron características comunes a todas ellas, el fomento de la laboriosidad, la lucha contra la mendicidad y el vagabundeo, la creación de riqueza, el incremento de puestos de trabajo y la mejora de la agricultura. Muchas sociedades se aplicaron a roturar tierras, crear regadíos, introducir cultivos o trazar caminos y canales. Otras, en fin, a la enseñanza profesional y al mundo de la industria. La vieja mentalidad de siglos anteriores, depreciadora del trabajo y de las tareas manuales, dio un verdadero vuelco ante la incorporación de la nobleza y el protagonismo de la burguesía en estas tareas reformistas. B) LAS FUENTES DE RIQUEZA

l. El pnnornmn nx rnrio.

Economía agropecuaria: legislación y Reforma Agraria

Durante el siglo XVIII no aumentó el rendimiento del suelo, cultivado todavía por el sistema de año y vez y con los mismos intrumentos de que se había hecho uso en épocas anteriores. Con un campo mal atendido y cosechas poco productivas, la postración del sector agrario, donde según cierto censo de 1787 trabajaba el 71 % de la población activa, repercutió hondamente en el panorama económico general. No obstante, desde el trienio 1763-1765 se experimentó una fase expansiva, producto quizás de la coyuntura alcista internacional, aunque las alternativas del campo fueran muy variables en los diversos territorios. A tenor del panorama reconstruido por Anes, en Castilla la Vieja predominó la producción de cereales, que ocupaba la práctica totalidad de la superficie en cultivo, junto a viñedos que en Medina, Aranda o Peñafiel producían caldos de reconocida calidad. La disminución de las cosechas de grano en Extremadura se habría debido al arriendo de campos para ganados trashumantes, mientras en Andalucía, rica en aceite y vino, sólo una tercera parte del suelo fue explotada y casi siempre arrendada por grandes terratenientes a campesinos. El cultivo del maíz, junto al trigo y el centeno, fue general en la cornisa cantábrica, aunque los rendimientos no resultaran satisfactorios por la poca fertilidad del suelo. El aumento de la población en el País Vasco y Santander llevó a la explotación de nuevas tierras, y lo mismo sucedió en Galicia, donde sin embargo al concluir el siglo sólo se cultivaba un 15% de la superficie total. En Cataluña fue llamativo el desfase entre la subida de precios agrícolas -sobre un 12% en la fase central del siglo-- y la de las rentas señoriales -hacia un 60%-, entrando en explotación algunas tierras fértiles del sec-

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tor occidental. La huerta levantina, siempre zona feraz, destacó ahora en plantaciones de moreras, base de la industria sedera, y en el cultivo a gran escala del arroz en la comarca de la Albufera. En Aragón, en fin, se cultivaron cereales en las tierras de Cinco Villas, fruta y cáñamo en Calatayud, y muy diversos productos en los lugares del Ebro próximos a Zaragoza. En conjunto, la economía agrícola del XVIII estuvo basada en el trigo, la cebada y el centeno; en el vino y aceite de Andalucía, Aragón y Cataluña; y en los frutales y en la seda de Leva..nte. El influjo de las concepciones fisiócratas hizo que el Estado asumiera la protección de la agricultura, promoviendo regadíos y canales, y que aceptara una de sus tesis fundamentales: la de la libertad del comercio de cereales. Una importante ley de 11 de ju) io de 1765 abolió el sistema de tasas y decretó la libre compraventa de granos. A su vez, las organizaciones ganaderas de la Mesta ( 18, II, C), en permanente conflicto con los agricultores, afianzaron o vieron mermados sus intereses en proporción inversa a la tutela que el Estado dispensó al campo. Durante la primera mitad del siglo, desatendido éste, la Mesta se fortaleció extendiendo su jurisdicción a la Corona de Aragón, mientras algunas disposiciones de Fernando VI reiteraban los viejos derechos de los ganaderos trashumantes. Mediada la centuria, en cambio, el alza de los productos agrícolas y de la ganadería estante, restringió el poder de los mesteños. La quiebra del proteccionismo a ultranza del Estado es perceptible en una real cédula de 1758, que suprimió el impuesto de montazgo, recaudado y pagado por la Mesta. Ya con Carlos III, el Consejo de Castilla se pronunció en favor de que los municipios dispusieran de sus tierras comunales, lo que provocó un agudo debate con la Mesta reflejado en dos informes de aquel organismo: uno de 1771, y otro más importante, obra de Campomanes, de 1783. El desenlace del conflicto se tradujo en una serie de medidas de los años siguientes: abolición del derecho de posesión y de la artificiosa fijación de los precios de los pastos por medio de tasas ( 1786); permiso para cercar las propiedades rústicas, y supresión del cargo de alcalde entregador de la Mesta, custodio hasta entonces de los privilegios ganaderos. Así, según comentará Klein, "con unos cuantos golpes certeros se derrumbaron las ya caducas pretensiones de poderío de la Mesta sobre la vida agraria castellana".

Prottcdán de la ngricuilum y Leylibemliwdom del comercio de grnnos.

Cri.
Las funciones del alcaúle de cuadrilla y del alcalde entregador (18, 11, C. 2) fueron asumidas, en parte en el primer caso y casi totalmente en el segundo, por funcionarios del Estado. Nina Mickun ha valorado tal fenómeno como "una fusión casi completa del aparato judicial de la Mesta con el del Estado, que obraba a su vez como aparato de opresión para defender los intereses de los miembros de la Mesta" (La Mesta au XVI/( siecle, 268).

En la pugna entre agricultores y ganaderos latía o'tro problema de más enjundia, cual era el precario estado de la agricultura misma y la necesidad de acometer su reforma. Ciertamente, en la segunda mitad del

Ln Reforma Agmrin.

666

El fnjiirme de Jove/lano.r.

LA ESPAÑA MODERNA

XVIII los precios agrícolas subieron, pero ello había beneficiado preferentemente a los terratenientes. Además la elevación de los salarios del campo fue muy inferior a la de los precios, y el arrendamiento de tierras solía comportar el pago de un alto canon. La miseria de los cultivadores y campesinos dio Jugar a disturbios, que desencadenaron un clima de inquietud social al que Carlos III intentó hacer frente con medidas parciales. Cierta pragmática de 2 de mayo de 1766 dispuso que los campos de los concejos extremeños fueran repartidos entre aquellos vecinos más necesitados. Era éste el prólogo de un gran tema -la Reforma Agrariaque como cuestión urgente y pendiente ha rodado hasta nuestros días. En 1777 Campomanes solicitó de la Sociedad Económica de Madrid un informe sobre el "expediente de Ley Agraria", compuesto por alegatos diversos acerca de la decadencia del campo y su posible remedio. De la redacción fue encargado Jovellanos, quien durante más de tres años preparó un texto que en 1795 fue presentado por la sociedad madrileña al Consejo de Castilla. Se trataba del célebre Informe sobre la Ley Agraria, de corte liberal y anti intervencionista, donde Jovellanos propugnaba la potenciación de la propiedad privada y el acceso de los particulares a la gran masa de tierras de baldíos y comunales, que eran causa, junto a los privilegios de los poderosos, de aquel estancamiento económico. Las tesis de Jovellanos habrían de repercutir en la legislación de las Cortes de Cádiz, pero hasta entonces no provocaron otro eco que el de alguna contienda doctrinal de escaso alcance. Al evocar Joaquín Costa a fines del XIX el Informe, en su obra sobre el colectivismo agrario, recordó el ulterior desengaño de Jovellanos ante la miseria producida en Asturias por la fragmentación de la propiedad. Ello, según Costa, habría quebrantado lo que él calificó como "fanatismo individualista" de Jovellanos.

2. El maquinismo y In Revolución Industrial.

Industria y comercio

La Revolución Industrial del siglo XVIII fue producto en Europa del desarrollo científico y técnico, y en concreto de la introducción y auge del maquinismo, principalmente aplicado a la industria textil. Tal proceso, liderado por Inglaterra, habría de encontrar en España obstáculos importantes que dificultaron su realización o la pospusieron a los últimos años de la centuria. Entre esos obstáculos, Voltes ha destacado cuatro: el escaso impulso de las ciencias aplicadas y su desfase con respecto a las especulativas; la reducida dimensión del mercado nacional de maquinaria por la resistencia a la industrialización de determinados sectores; la toma tardía de conciencia de las necesidades de mecanización; y finalmente, la precariedad de una industria metalúrgica carente de adecuado proteccionismo.

ECONOMlA

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Desde el reinado de Felipe V el Estado favoreció la fundación de centros de manufacturas, donde se atrajo a operarios extranjeros especializados. Así la Real Fábrica de tejidos de Guadalajara (1718) o la de estampados de algodón de Avila ( 1787), que no resultaron a la larga rentables, y las de tapices de Madrid y cristales de San Ildefonso. El escaso éxito de las manufacturas reales contrastó con la buena marcha de la producción textil catalana de carácter privado. El renacimiento industrial de Cataluña, paralizado por la Guerra de Sucesión, supuso un crecimiento de la población artesanal que a fines de siglo contaba en la industria algodonera con diez mil obreros en Barcelona, lográndose una importante producción de la que dos terceras partes era exportada a América. Las explotaciones mineras no fueron reactivadas y se mantuvo el nivel de la etapa anterior. El cinabrio de Almadén siguió bajo monopolio estatal, continuando con mejores perspectivas la extracción del cobre de Riotinto. El impulso al rearme naval promovido por Ensenada, repercutió favorablemente en las industrias de hierro colado, según sucedería por ejemplo en las fábricas de Liérganes y La Cavada, con el desarrollo asimismo de los arsenales de Cádiz, Cartagena y Ferrol. La reactivación del comercio interior tuvo dos causas fundamentales: la supresión de las aduanas internas, y la mejora y reformas de la red viaria. Tras la ocupación de Cataluña y la abolición de los fueros de Aragón y Valencia, una real cédula de 19 de noviembre de 1714 anuló los puertos secos o fielatos existentes entre esos territorios y Castilla; y otra real instrucción de 31 de agosto de 1717 suprimió las aduanas interiores en todo el país, si bien la reacción que en el 11orte de España provocó esta medida llevó al restablecimiento de una lfnea de control en la ribera del Ebro. Al desaparecer las trabas fronteri~·as, el tráfico comercial se hizo más fluido, resultando beneficiada Cataluña, cuyos comerciantes hicieron masivo acto de presencia en la vida económica castellana. Aquel mismo espíritu unificador y centralista se aplicó al fomento de la red de comunicaciones, articulada, conforme a un sistema radial con centro en Madrid, a partir de la ordenanza dictada por Felipe V en 1718. Las rutas y caminos españoles recibieron importante impulso con otra ordenanza de Carlos III, de 1767, reguladora de la inversión en estas obras públicas. Ya por entonces existía un servicio regular de viajeros desde Madrid a diversos puntos de la periferia, a cargo de la "Diligencia General de Coches", funcionando a partir de 1776 la Superintendencia de Correos y Postas. Desde antes de mediar el siglo, la Junta de Comercio, Moneda y Minas entendió de las cuestiones de comercio interior y exterior. El comercio exterior mantuvo la tradicional proyección hacia el norte de Europa, el Mediterráneo, y hacia el Atlántico de cara a las Indias, potenciado

Lnsfñúrim., de manufacturas

en Cmtillny Cn1nluñn.

Mina.,· e indu.wrin siderúrgica.

El comercio interior.

El romerrio eXJerior:

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LA ESPAÑA MODERNA

éste al ser decretada en 1778 la libertad de comercio con América. La desaparición del monopolio andaluz, o gaditano, reactivó el tráfico de otros muchos puertos, aunque el de Cádiz mantuvo una absoluta primacía. La liberación del tráfico comercial con Indias fue fruto del espíritu ilustrado, y como ha observado Coronas, el mundo de viejos valores de la conquista y la riqueza, típicos de la etapa anterior, se vio reemplazado por otro exaltador de la paz y el trabajo, encarnados en la figura del comerciante. C) R,Jormn r111xu,tnrin l!n d rl!mndo d, Cnrlm //.

Coyuntura ald.wn e i11Jlnf'iá11.

lo.,· vales renll!l

v

In Jundnci,ín del · Banco Nnd onnl de

San Cario.,.

LA COYUNTIJRA ECONOMICA

El signo de recuperación característico de la economía española con los primeros Borbones, hay que remitirlo en propiedad al año 1680. Entonces, tras un período de inflación alarmante, se acometió la audaz y drástica reforma. Un decreto de 10 de febrero redujo al 50% el valor nominal de la moneda de vellón, lo que ocasionó la caída en pareja proporción del nivel de los precios. En el mismo año fue retirado el cobre de la circulación, y en 1686 tuvo lugar una más discreta devaluación de la plata, con lo que en la Península -pero no en América- se acuñó el real de plata con un 20% menos de metal fino. Tan ásperas medidas convulsionaron la vida económica y dejaron a muchos en la ruina, pero consiguieron al fin la estabilidad monetaria. Bajo estos auspicios, la evolución económica del reinado de Felipe V contó además con una coyuntura internacional favorable, a la que contribuyó la presencia en el mercado, del oro brasileño, y con las propias circunstancias internas derivadas de la Guerra de Sucesión, que provocaron salarios altos y estables. Tras un período alcista en los años de Femando VI, coincidente con la especial elevadón de los precios agrícolas, el reinado de Carlos 111 registra un quinquenio de contracción al iniciarse la década de los setenta, seguido de un bienio (1774-1775) inflacionista donde los salarios suben en toda España, pero suben de modo especial en las zonas periféricas. Este será el momento, a tenor de la magistral síntesis de Vicens Vives, en que el centro de gravedad económico se desplaza desde Madrid a la regiones del litoral. Los conflictos bélicos con Inglaterra a partir de 1779, supondrán un nuevo cambio. Para hacer frente a los gastos se acude a sucesivas emi siones de vales reales. Pero como estos vales son puestos en mercado en cantidades exorbitantes, hay que procurar el mantenimiento de su cotización y para ello se crea en 1782 el Banco de San Carlos. La nueva entidad debe pagar en oro o en billetes los vales que se le presenten, con lo que éstos logran mantener algún tiempo su valor nominal. En los últimos años del siglo, sin

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embargo, el Banco no puede atender sus compromisos y sufre un verdadero colapso. La depreciación de los vales alcanza en fin su punto álgido al despuntar el siglo XIX. 111. Fuentes del Derecho Mercantil: las Ordenanzas de los Consulados

Hasta fines de siglo XV los Consulados habían sido una institución característica de la Corona de Aragón. A partir de entonces, las corporaciones de comerciantes castellanos reciben esa organización, y surgen los Consulados de Burgos (1494), Bilbao (1511), Sevilla (1538) o Madrid (1632) en la Península, y los de México y Lima en ultramar. Tras la declaración de la libertad de comercio con Indias en 1778, se crean otros en los puertos "habilitados" de la metrópoli, tales como los de La Coruña, Málaga y Santander en 1785, o los de Sanlúcar de Barrameda, Granada y Vigo en el siglo XIX. De esta forma el despliegue comercial es encauzado en lo jurídico por el desarrollo del derecho mercantil, cuya fuente principal son las ordenanzas de esos Consulados. Entre las varias ordenanzas consulares destacan las de Burgos de 1538, las de Sevilla de 1556, y las que se suceden en Bilbao hasta las más importantes de 1737. Las Ordenanzas del Consulado de Burgos son un conjunto de 90 capítulos, de los que casi la mitad regulan el seguro marítimo. Dentro del panorama, rico en afinidades, que caracteriza al derecho general de los mercaderes, Santos Coronas ha destacado la originalidad burgalesa de esos preceptos sobre el seguro. A su vez, las Ordenanzas de Sevilla de 1556 constan de diversos textos sobre la organización del ·Consülado y el comercio con América, dato éste congruente con el hecho de que el Consulado sevillano fuera creado en la Casa de Contratación, con la finalidad de sustanciar los pleitos comerciales con ultramar. El Consulado de Bilbao, en fin, dispuso de varios cuerpos de ordenanzas durante los siglos XVI y XVII. En el XVIII el tribunal decide refundirlas e incorporar parcialmente las Ordenanzas francesas que Luis XIV había dictado sobre el comercio, teniendo también en cuenta otras leyes mercantiles europeas como las dictadas por Victoria Amadeo II para el Piamonte y Sabaya. Fruto de esa tarea fueron las Ordenanzas de la Casa de Contratación de la muy noble y leal villa de Bilbao, de 1737, aplicadas al comercio terrestre y marítimo, que lograron notable difusión en la Península y en América. La vieja pugna entre Burgos y Bilbao se resolvió por fin en favor del puerto vasco. Como ha señalado Fernández-Guerra, con ocasión de estudiar el fletamento, el gran comercio burgalés se vio sustituido por un negocio naval más diversificado, que integró, junto a los linajes tradicionales, a

Lo.\· Consulado.\· y Jus orrlennnuu.

Ordenanzn.\· de Bur¡¡o.<. Sevilla y Bilbao.

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LA ESPAÑA MODERNA

modestos y medianos armadores, produciendo una eclosión conmercial; revitaliza el tráfico de productos férreos, fortalece la industria para las pesquerías en navegaciones de altura, y prolonga el tráfico hasta las villas marítimas nórdicas y bálticas:

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35. ESTRUCTURA SOCIAL l. La evolución demográ.-ca

Desde el reinado de los Reyes Católicos la población creció sin interrupción, alcanzando al iniciarse el siglo XVI entre seis y siete míllones de habitantes. Al concluir esa centuria se habían sobrepasado los ocho rriillones, con una densidad medía de 17 habitantes por km2 , que en cualquier caso estaba muy por bajo de la de otros países mediterráneos como Francia e Italia. Pese a la tasa de crecimiento, España era un país poco poblado, y no deja de ser significativo, según se ha hecho notar, que la gran epopeya cervantina nos presente a Don Quijote y a Sancho viajando de continuo por parajes casi siempre deshabitados. De ese volumen total de población correspondió a Castilla más del 80%, manteniendo, junto a su superior extensión territorial, una mayor densidad demográfica. A fines del XVI la Corona de Castilla contaba, incluyendo los territorios vascos, con unas 6.800.000 personas, frente a 1.170.000 de la Corona de Aragón y a 150.000 de Navarra. Desde entonces, y a lo largo del siglo XVII, la población española disminuye, y los ocho millones largos de fines del XVI quedarán convertidos en siete millones y medio a comienzos del XVIII. A la curva alcista del primer siglo de los Austrias debió contribuir la prosperidad económica de un país en expansión, que atrajo además a buen número de extranjeros. Fue sobre todo importante la emigración francesa a Cataluña, donde en tiempos de Felipe II una quinta parte de la población procedía del otro lado de los Pirineos; y significativa también, la afluencia de flamencos e italianos a Castilla, aunque más por su prestigio económico que por su puro número. Ta I incremento demográfico cambió de signo hacia 1590 como consecuencia de epidemias y pestes. Procedente de los Países Bajos, la primera epidemia importante penetró por Santander (que de 4.000 personas perdió a 2.500), propagándose desde allí al interior. Según Domínguez Ortiz, la enfermedad se llevó consigo a medio millón de personas. Todavía peor fue la plaga que asoló a Andalucía y a la España oriental a mediados del siglo XVII, calificada por ese mismo autor

úz poblncián de E.
Alui demo¡:rtí}im e inmigrnl'ifm.

Crisü tn el s i¡¡lo XVII: lm rptdemm<.

674

Crüis en el

siglo XVII: expu/;.¡ ián de los m1,ri,\n1s y em i¿:rnl'iún n América.

Renctivnf"irÍn en el XVIII.

LA ESPAÑA MODERNA

como la "mayor catástrofe que se abatió sobre España en los tiempos modernos". La enfermedad causó otro medio millón de víctimas, de las que 200.000 correspondieron a Andalucía. Ciudades como Sevilla perdieron la cuarta parte de su población, y en Barcelona murieron más de la mitad de los habitantes. Junto a estas y otras epidemias, que en conjunto arrastran un altísimo coste humano (alrededor de 1.250.000 víctimas), la expulsión de los moriscos y la emigración a América acentuaron el descenso de la curva demográfica en el siglo XVII. La pérdida de los moriscos (unos 275 .000) fue notable en número, y según dijimos afectó más a Aragón que a Castilla, y más todavía a Valencia. Muy difícil es en cambio estimar el volumen de la emigración a América, habida cuenta de que junto a la oficial y controlada, hay que considerar los muchos que cruzaron el mar sin licencia alguna. A los tradicionales emigrantes andaluces y extremeños, se incorporan ahora fuertes contingentes de gallegos, asturianos y vascos. Durante el siglo XVIII, en España, como en Europa en general, creció la población. A ello contribuyó, entre otros factores, la disminución de esas mortalidades catastróficas y hasta el descenso de la mortalidad ordinaria. Un acreditado censo de 1787, el llamado Censo de Floridablanca, arroja una cifra próxima a los diez millones y medio, que todavía se incrementa en el Censo de Godoy realizado en 1797. Como a esos datos hay que sumar la que se ha llamado población institucional (es decir, la radicada en conventos, hospitales, cárceles y cuarteles), el total correspondiente a finales de siglo puede estimarse en unos once millones y medio de personas. ¿Cómo era esa población que creció en el XVI, disminuyó en el XVII y se recuperó con creces en el XVIII?. La sociedad del Antiguo Régimen fue esencialmente una sociedad orgánica y jerárquica, diferenciada en estamentos de desigual rango y peso civil. Distinguimos en ella unas clases privilegiadas, las medias y las inferiores, junto a otros varios grupos marginados de naturaleza heterogénea. 11. Las clases sociales

Privilegio.\' de In nobleza .

A)

LAS CLASES PRIVILEGIADAS

l.

La nobleza

En la cúspide social, la nobleza aparece como una clase cerrada, arquetipo del sentimiento hispánico del honor, es decir, de la consideración y estima que se merece de los demás. Su notoriedad fue reflejo de

LA SOCIEDAD

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múltiples y variados privilegios. Entre otros, hay que destacar la inmunidad tributaria, reducida en el siglo XVII con el fomento de los impuestos indirectos, y la exención de los servicios y prestaciones personales. Salvo supuestos de excepción, los nobles no podían recibir tormento o ser castigados con penas infamantes, ni eran encarcelados por deudas a no ser que procedieran de rentas reales. En caso de prisión, la cumplían en su casa o en lugares separados, manteniendo como inembargables el caballo, la casa y el ajuar. A partir de la guerra de las Comunidades, la oligarquía desplazó en Castilla de los cargos públicos a la burguesía urbana, cuyas ansias de estima social empujaron a los plebeyos a querer convertirse en hidalgos, es decir, a integrarse en el escalón inferior y más accesible de esa nobleza a su vez jerarquizada. Los linajes fueron de notoria nobleza, obvios por su historial, o de nobleza de ejecutoria, obtenida tras una serie de litigios y pruebas que concluían con la sanción oficial. Muchas gentes de la clase media en ascenso pujaron en la España de los Austrias por lograr la hidalguía, utilizando un complejo sistema de probanzas, donde tanto cabía alegar padrones y registros parroquiales para justificar la ascendencia hidalga, como exhibir escudos o invocar la pertenencia a cofradías o a cualesquiera asociaciones de clases elevadas. La nobleza, de sangre o de privilegio, se articuló en tres grandes niveles: grandes y títulos, caballeros y simples hidalgos. En 1520 Carlos V reconoció oficialmente por vez primera a esos grandes (20 familias con 25 títulos), quienes a los privilegios tradicionales sumaron el de cubrirse ante el rey. Carlos V y Felipe II incorporaron la alta nobleza a menesteres bélicos y diplomáticos, pero la mantuvieron apartada de los resortes de la administración. En el siglo XVII creció en número y poder, adueñándose del Estado en el reinado de Carlos II cuando, de otra parte, la concesión de títulos por dinero llegó a alcanzar caracteres alarmantes. Los caballeros fueron una especie de clase media nobiliaria. A diferencia de los grandes y títulos, integrantes de la nobleza cortesana, esos caballeros ejercieron un gran poder en el ámbito local y fueron a menudo dueños de propiedades urbanas y rústicas. Muchos de ellos se convirtieron en caballeros de hábito, es decir, en poseedores de un hábito de las viejas Ordenes Militares, disfrutando a veces de señoríos territoriales llamados encomiendas, cuya jurisdicción y renta les pertenecían como comendadores. Algunas de estas encomiendas eran de escaso valor, pero otras como la "Encomienda Mayor de Castilla", o las de Socuéllamos, Caravaca y Azuaga, rentaban unos diez mil ducados al año. Entre las Ordenes Militares, la de Santiago era la poseedora de un mayor número de encomiendas, seguida a distancia por las de Calatrava y Alcántara. Los hidalgos de la época de los Austrias fueron nobles que, por no ostentar cargos públicos y carecer de medios de fortuna, ocuparon el es-

dt hidnlguín y "pmbnn~a, ".

Preten.'iione.\'

Altn nobl,u,: "xrnnde.,··· y tirulos.

Nob/eu, media: /o.< mbnl/erOf y su.r tnrom1tntfas.

Bnja nob/eu,: lo.\· hidniJ.:
676

ln noble:n en el XVIII: los /Ílu/os por méritos y Jtr vido., .

trato más bajo de las clases privilegiadas. La literatura del Siglo de Oro les inmortalizó como gentes tan poseídas de orgullo como de necesidad, cristal izando una imagen convencional que dejó también su huella en el refranero ("Hidalguía, hambre y fantasía"). ¿Fueron exactamente así los famosos hidalgos castellanos?. Junto a los hidalgos de sangre existieron otros de privilegio o executoria, que por lo común disfrutaron de mejor situación económica. En cualquier caso, al margen de la sátira, la figura real del hidalgo no debió corresponder tanto a la del personaje puntilloso y famélico, cuanto a la del hombre que lleva una vida sobria e incluso acomodada, que entretiene sus ocios con la lectura, la caza y la pesca, que reparte limosnas, es devoto de la amistad y tiene una visión profundamente religiosa de la vida. Con tales caracteres retrató Cervantes al hidalgo don Diego de Miranda (el Caballero del Verde Gabán), individuo "medianamente rico", ante quien Sancho Panza se postra con veneración "porque me parece vuesa merced el primer santo a la jineta que he visto en todos los días de mi vida" (Don Quijote, II, cap. XVI). En el siglo XVIII la nobleza mantuvo sus privilegios. Las capas medias estuvieron presentes en los puestos directivos de la administración, la estructura eclesiástica y el ejército, mientras las más elevadas desempeñaron cargos palatinos, manteniéndose de ordinario al margen de peripecias políticas. Se abre paso cierta concepción de la "función social" de la nobleza, como justificativa de los privilegios de una estructura estamental que en sí misma no se discute y, en base a esos planteamientos más pragmáticos, los títulos nobiliarios son concedidos por méritos o servicios (marquesados de la "Real Defensa", del "Real Tesoro", del "Real Transporte", etc.). En la nobleza catalana se mantuvo la diferenciación entte los sectores altos, que entroncaron a veces con los castellanos (así la casa de Cardona fue absorbida por la de Medinaceli), y la pequeña nobleza local, a cuyos privilegios se aproximó el sector más próspero del patriciado urbano. Hay que destacar en fin, según subrayó Abol-Brasón, que buena parte de los más destacados personajes de la Ilustración pertenecieron al estamento nobiliario. 2.

El d.:ronmw

tJtrnto .w d nl nbitnot inrlt· f eren d nrfo.

LA ESPAÑA MODERNA

El clero

El celibato sacerdotal hizo que el clero fuera una clase esencialmente abierta. A esa característica hay que sumar su cierta ambigüedad como estrato social diferenciado del mundo secular. El paso de seglar a eclesiástico era harto simple, y muchos tonsurados llevaban una vida corriente que en nada se diferenciaba de la de la gente de la calle. Domínguez Ortiz ha com-

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parado la tonsura en la España del siglo XVII, con el título de abogado en etapas más recientes de la vida del país: "algo que se buscaba porque capacitaba para muchas cosas, aunque, con frecuencia, no se ejerciera". Ciertamente, visto desde hoy, resulta insólito el caso de un Cardenal infante, político, militar y arzobispo de Toledo, que nunca dijo misa; o el del Conde Duque de Olivares, canónigo de Sevilla. No es menos cierto, sin embargo, que de esa multitud de gentes incorporadas al estamento religioso, surgió una plétora de santos eximios y de abnegados misioneros. El número de eclesiásticos fue muy elevado en el siglo XVI (un 5% de la población), y pese al declive demográfico creció en el XVII hasta alcanzar en algunos momentos la llamativa proporción del 10%. En el XVIII remitió, estabilizándose en unas cifras que suponían el 1,5% de la población total española. Los contemporáneos -a veces, los propios eclesiásticossolían lamentarse de ese excesivo número, y también del deficiente nivel intelectual y moral del clero. Carentes muchos de ellos de una adecuada formación, improvisada a veces en escuelas de gramática o en algún convento, y sin poseer otros vocación auténtica, coincidió el celo de todos ellos con el de los propios prelados, quienes no dudaron en llevar a cabo ordenaciones multitudinarias. Así, según cierta noticia, el cardenal Niño de Guevara ordenó en un solo día a más de cuatrocientos clérigos. El Concilio de Trento dispuso el establecimiento de seminarios, para eliminar los riesgos de las incorporaciones repentinas y asegurar la buena formación de los futuros sacerdotes, pero sus prescripciones muchas veces no fueron cumplidas. En esta copiosa fronda de eclesiásticos, cuna también de grandes fundadores de Ordenes religiosas, prelados y cabi Idos formaron el estrato superior de la Iglesia española. La mayor parte de los arzobispos y obispos pertenecían al clero secular, mientras el resto surgió del regular, y en especial de franciscanos y dominicos. Por lo general procedían de familias nobles, cosa no extraña si se tiene en cuenta la formación habitual en los grandes colegios mayores, que de por sí exigían pruebas rigurosas de nobleza. Propuestos por el rey y nombrados por Roma, solían ocupar de entrada una diócesis pobre, para ascender mediante frecuentes traslados a otras más ventajosas. Al alto clero pertenecían también los componentes de los cabildos catedralicios y colegiatas, quienes desempeñaban diversas dignidades que habían sido cubiertas por oposición. El bajoclero, a su vez, daba cabida a curas párrocos, beneficiados y capellanes. La distinción entre los dos niveles eclesiásticos debió ser más honorífica que económica, accediéndose a los puestos del clero inferior a través de la presentación que mantuvieron como derecho diversas corporaciones y particulares.

Lt1 poblnd(m

ede.\'iln ti,-n.

Airo y bajo d ero.

678 Pri,•ileKio.,· y diezmo ede· sühtico.

LA ESPAÑA MODER NA

Junto a su consideración social, el clero disfrutó de exención fiscal y tuvo jurisdicción propia. Los más importantes ingresos de la Iglesia procedían de las rentas de sus propiedades y del diezmo. Pese a las dificultades de evaluación, parece claro que el diezmo eclesiástico ascendió a cantidades muy respetables. Según Domínguez Ortiz, el total del diezmo pudo suponer en el siglo XVII unos diez millones de ducados . Vázquez de Prada estima que la Iglesia no llegó a percibir más de la mitad de esta cifra. habida cuenta de los importantes fraudes, de que muchos señores seglares recaudaron diezmos en su favor, y de lo que se llevaba el Estado mismo .

B) LAS CLASES MEDIAS Lo s labradore.<.

Honor .w d nl y poder local dt lo.< labrador..<.

La daxe m edia urbana: poder eronámií'o y p ro· ytcrión rnltural.

El sector intermedio estuvo compuesto por agricultores acomodados y por la burguesía urbana. Aquéllos crecieron en la fase expansiva del siglo XVI, al generalizarse la inversión en el campo de pequeños ahorros y aprovechar el alza de los precios agrícolas. En el mundo rural castellano surgió una clara diferenciación entre dos categorías de campesinos: los llamados labradores, o gentes que están al frente de explotaciones grandes y pequeñas, y aquellos otros trabajadores que nada poseen y viven de su trabajo. Los labradores o campesinos ricos constituyen as í un grupo social que se distingue por abajo de los trabajadores o jornaleros. y por arriba de los hidalgos. Estos agricultores pudientes fueron renteros o propietarios de tierras , y aproximadamente formaron la cuarta parte de la población rural. Conocidos como villanos ricos, se hacen presentes en el gobierno de los pequeños concejos donde blasonan -como Pedro Crespo en El Alcalde de Zalamea- de una altiva dignidad social. Su promoción tuvo a menudo lugar mediante el ingreso de los hijos en la vida eclesiástica o universitaria, y en conjunto, como sector de la sociedad rural, asumen el papel dirigente que antes había correspondido a los hidalgos de sangre. Según comentario de Noel Salomón, "los labradores adinerados , cada vez más numerosos, suplantaron en los pueblos a los caducos representantes de un pasado anacrónico ) superado por la marcha de la historia". La clase media urbana está representada en la España de los Austria por comerciantes y mercaderes, por letrados y funcionarios de una burocracia en auge, y por quienes ejercen las distintas profesiones liberales. En el siglo XVI familias enteras, como los Ru iz en Medina del Campo o los Espinosa en Sevilla, trafican y se enriquecen con el comercio interior, el europeo y el indiano. Estas gentes y muchas otras de recursos más modestos.

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proyectan a menudo a sus descendientes hacia los corregimientos, tribunales, secretarías regias, etc., y en general hacia los puestos de una administración pública fundamentalmente formada por hombres de extracción social media. Otras veces, ven convertidos a sus hijos en miembros activos del mundo cultural, e incluso en algunos casos (Cervantes, Fray Luis de León, Mateo Alemán) en figuras egregias de las letras hispánicas. En el siglo XVIII componen las clases medias los dedicados al comercio, los rentistas, funcionarios públicos, y aquellos que ejercen profesiones liberales, cuyo número y nivel retributivo fueron más bien bajos. La profesión médica tuvo escaso peso social, tanto por las reminiscencias antisemitas del antiguo monopolio judío, como por su propio retraso científico. Fue grande, en cambio, el prestigio de los militares, sobre todo a raíz del decidido apoyo que Ensenada les prestó en perjuicio de los legistas. Estos, a su vez, alcanzan un estimable rango social en la medida en que logran ocupar las magistraturas del Estado. Pese al flujo de las ideas rehabilitadoras de la dignidad del trabajo y de las profesiones manuales, la clase mercantil no creció demasiado. C)

LAS CLASES INFERIORES

l.

La población urbana y rural en la Península

El mundo artesanal y las gentes dedicadas a pequeños oficios forman la base urbana de la escala social. El desarrollo de los gremios que les agrupan, llevó consigo una acentuada gradación de las diversas actividades. En Castilla hubo así gremios mayores y menores, exponentes de una diferenciación económica que se trocó también luego en jerarquía social. De acuerdo con Vázquez de Prada, cabe señalar que determinadas profesiones como el comercio en la Lonja, merecieron una consideración preferente; que otras, ligadas al trabajo de materiales nobles (plateros, joyeros), les siguieron en estima social; mientras algunas ocupaciones como las de carniceros o curtidores de pieles fueron objeto de evidente menosprecio. En Cataluña aparece una clara diferenciación entre los tres gremios de mercaderes, artistas y menestrales. El corporativismo gremial facilitó la asistencia y ayuda de los afiliados, y tuvo como en la Baja Edad Media un significado religioso en torno a las cofradías de cada asociación, pero no alcanzó a integrar a todos los trabajadores, bien fuera por la aparición de oficios nuevos, o por el hecho de que ciertas profesiones fueran tenidas por deshonrosas. Todavía en el siglo XVIII el Consejo de Castilla hubo de ocuparse de las quejas de cocheros y zapateros, que clamaban por su reputación. Más curioso resulta que ese mismo organismo hubiera de atender en 1780 a los músicos de los teatros de Madrid, quienes solicitaron la declaración explícita de no estar incursos en ningún tipo de infamia legal.

Lns clt«e.1·media,· en el XVI//.

C,Jtnl!rd ntlle.\· y gremios.

680 l'ostmdlm de lo.< trabajadores dt'lmmpo.

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En el ámbito rural la situación de los trabajadores fue decorosa en la fase de despegue agrario del XVI. Pero al estar vinculada la expansión con un régimen de préstamos hipotecarios y censos consignativos, cuando se agravó la crisis esos campesinos quedaron oprimidos por el pago de intereses y rentas. Más de la mitad de la población rural -en algunos Jugares de Castilla la Nueva el 70%- estaba formada por jornaleros fijos o eventuales. Su penosa situación económica no mejoraría en el futuro, por cuanto las tasas de jornales apenas variaron desde 1680 a fines del XVIII. "¿Hay hoy gente más infeliz que los pobres labradores?", se preguntaba en este siglo Feijoo en su Teatro Crítico. Entre los cultivadores de tierras destaca el caso de la minoría morisca. Su discriminación legal dio lugar a una respuesta en defensa de sus rasgos culturales propios. Como ha señalado el profesor Garrido, "ante la presión asfixiante que soportaba la minoría morisca, se explican las salidas utilizadas para demorar primero la aplicación de normas represivas, (y) después los intentos por mantener clandestinamente usos y costumbres disfrazados con el cumplimiento de formas jurídicas dispares" .

2.

La
ContrtJ\'t'f'itn sobre In leK ttimidad de In enromtendn.

La población rural en Indias: el régimen de encomiendas

Las necesidades de explotación económica, de ordenar el trabajo de los indios y asegurar su instrucción, llevaron en América al establecimiento de encomiendas. Consistió la encomienda en la atribución al colono español (encomendero) de un grupo de indígenas, con la obligación de protegerles, educarles e instruirles en la religión cristiana, beneficiándose a cambio de su trabajo o del tributo que esos indígenas habían de satisfacer dada su condición de vasallos del rey. Hubo así "encomiendas de servicio personal" y "encomiendas de tributo", aunque estas últimas, según señala González de San Segundo, se tradujeran a veces en una prestación de servicios acorde con la supervivencia de prácticas prehispánicas. Los primeros repartos o repartimientos de indios tuvieron lugar poco después del descubrimiento, como consecuencia de la falta de mano de obra. Formando Jotes de cincuenta, cien o más personas, los indios eran asignados a los españoles para que trabajaran en el campo o en las minas de oro. Tras esa experiencia en las Antillas, el sistema fue llevado por Cortés a Nueva España y por Pizarro al Perú, mientras estallaba la controversia por conciliar el reconocimiento de la libertad de los indios, con la necesidad de que trabajaran y de satisfacer las exigencias de conquistadores y colonos. Teniendo como valedor al padre Las Casas, las tesis contrarias a la encomienda hacen mella en Carlos V, quien desde 1518 emprende una política prohibitiva que, debido a las protestas de los interesados, sufre no pocos retrocesos. Las Casas había acudido a Cuba en 1511, recibiendo él mismo una encomie nda a la que luego renunció. Tras su regreso a España seis años después , se ordena a Rodrigo de

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Figueroa que suprima las encomiendas de la Corona, del Almirante, de otros funcionarios y de los propietarios ausentes, concentrando a los indios en tres pueblos. Las Casas ensaya por su parte un nuevo plan de convivencia con los indios cerca de Cumaná (Venezuela). Ambos experimentos fracasan. Las Leyes de Burgos de 1512 establecieron una serie de medidas tutelares, cuyo indudable buen espíritu también se frustró en la práctica.

Las Leyes Nuevas de 1542, reconociendo que en el trato de los indios "se han seguido desórdenes", prohíben nuevas encomiendas, declaran a extinguir las entonces existentes y obligan a quienes hubieren maltratado a los indios, y a todos los eclesiásticos y funcionarios reales, a devolver las suyas. Tales disposiciones chocaron con el hecho de que ya se había reconocido la condición hereditaria de la encomienda por una generación, es decir, la legitimidad de la institución por dos vidas (la del encomendero y la de su inmediato descendiente). Surgió así una dura resistencia que paralizó la aplicación de esas leyes, primero, e hizo posible luego el definitivo restablecimiento de la encomienda, que quedó consolidada. Sus titulares lograron ampliar el disfrute de la concesión -hasta cuatro vidas, reconocidas en 1704- e intentaron incluso, sin éxito, hacerse dueños a perpetuidad. En el siglo XVII fueron suprimidos los servicios forzosos de los indios, instaurándose en cambio un régimen de servicios contratados, lo que sin embargo alteró poco el contenido de las prestaciones (González de San Segundo). A finales de esa centuria, diversas medidas restrictivas conducen a la desaparición del sistema de encomiendas. En 1687 se exigió de los encomenderos la entrega de la media anata, o mitad de la renta anual, por un período de tiempo, luego renovado. En 1701 quedan incorporadas a la Corona las pertenecientes a encomenderos que viven en España, y en 1718 se decreta que las encomiendas vacantes por muerte de su dueño sean administradas por el Estado. Tras una orden general de extinción en 1721, que tolera varias excepciones, las últimas encomienas fueron suprimidas en Chile por el general Higgins en 1789, aunque es posible que en zonas muy apartadas persistieran restos de ellas hasta el ocaso del régimen colonial. Su desaparición, a juicio de Haring, no llevó necesariamente consigo una mejora en la suerte de los indígenas. La figura del encomendero ha quedado en todo caso como uno de los prototipos del español en América, siendo a veces identificada con la del conquistador. García-Gallo ha subrayado que no existió un tipo de encomendero, sino varios, rechazando además esa generalización. Según él precisa, "ni todo encomendero era un conquistador, ni todo español era un encomendero". D) LOS GRUPOS SOCIALES MARGINADOS

Al margen de las clases jerarquizadas y definidas, otras muchas gentes viven en la abigarrada España del Antiguo Régimen y ocupan el subsuelo

Prohibidún de las tncomumdtu y rnnsolitlncián del sistema.

l" suprc·.'iifín de /ns em·omiendns.

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Los esclavos.

Los gitanos.

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social. Entre ellos hay que mencionar a los esclavos, a los gitanos, y al complejo mundo del hampa de la época: bandoleros, truhanes, vagos, pícaros, etc. Los esclavos procedieron de las guerras contra berberiscos y turcos, de la conquista de Canarias y Granada, y de las expediciones coloniales· y fueron vendidos en Valencia, Sevilla y sobre todo en Lisboa. Aplicados a duros trabajos en minas y obras públicas, o también - los negros, sobre todo-- al más llevadero servicio doméstico, su número pudo alcanzar a unos cincuenta mil a fines del siglo XVI, decreciendo luego hasta casi desaparecer en el XVIII. Por un auto acordado de 1712, Felipe V ordenó la expulsión de los moros libres y el mantenimiento de los esclavos. En Indias hubo esclavos negros y, excepcionalmente, indios convertidos en esclavos. Según observa Arvizu, diversas medidas trataron de remediar los abusos y excesos de sus dueños. Los gitanos debían formar ya grupos considerables en tiempos de los Reyes Católicos, siendo entonces llamados egipcianos por suponérseles procedentes de Egipto. Cierta pragmática de 1499 dispuso "que los de Egipto no anden por el reyno ... porque roban los campos y destruyen las heredades, y matan y hieren a quien se lo defiende, y en los poblados hurtan y engañan a los que con ellos tratan, y no tienen otra manera de vivienda" . La disposición fue reiterada en el siglo XVI; y en el XVII, durante el reinado de Felipe III, una real cédula de 1619 ordenó su expulsión que. por la dificultad de aprehenderles en la vida errabunda, apenas pudo ser llevada a la práctica. Otras muchas prescripciones siguieron en el XVIII, sin que la política de excepcional dureza que patrocinó Ensenada lograra tampoco resolver el problema. La pragmática de 19-IX-1783 se orientó en cambio por la integración de esta minoría, que debía abandonar su "traje. lengua o jerigonza" a fin de recibir acogida en los diversos oficios y gremios. Tal criterio no fue óbice para establecer severas penas a los gitanos contraventores, quienes eran marcados en la espalda con un hierro ardiente y en caso de reincidencia, ejecutados. Ante tan persuasivos argumentos, el éxito de la pragmática fue notorio, avecindándose la inmensa mayoría de los diez mil gitanos que entonces existían en Castilla y Aragón. El status jurídico de los gitanos en nuestra Edad Moderna, tema hasta ahora poco conocido, ha sido estudiado por el profesor granadino Alejandro Martínez Dhier en su tesis doctoral, La condición social y jurídica de los gitanos en la legislación histórica española.

Mendigos, bandoleros y pícaros.

Mucho más abundante que cualquiera de estos grupos sociales desfavorecidos, fue la muchedumbre de pícaros y vagabundos de toda laya. A fines del XVI un autor como Pérez de Herrera estimaba en ciento cincuenta mil las personas dedicadas a la mendicidad real o encubierta, o a

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tareas lindantes con la criminalidad misma. En la Cataluña del XVII alcanzó notoriedad el bandoler, depredador de los medios rurales desprotegidos. Más significativa fue sin embargo la figura del pícaro castellano, plasmada en un fastuoso género literario, que hormigueaba por los bajos fondos urbanos dedicado a todo género de quehaceres. El inframundo del Siglo de Oro dio así cabida a timadores, músicos improvisados, rameras, jugadores y tahures, pleitistas y estudiantes sin estudio, soldados desocupados, echadores de cartas y adivinos, embelecadores y soplones; gentes en fin con mucha hambre y mayor ingenio para remediarla. En la etapa de los Austrias los vagabundos fueron perseguidos por una serie de disposiciones, que les condenaban a azotes o a servir en galeras. Otras, del siglo XVIII, procuraron aplicarles a trabajos útiles o, en caso de tener edad para ello, integrarles en el ejército. En 1784 se dispuso que las fuerzas armadas que perseguían a forajidos y malhechores, aprehendieran también a los vagabundos, mientras diversas reales órdenes y bandos de los últimos años del siglo proveían la forma de retirar a los mendigos y dar socorro a los pobres. La institución del "abogado de pobres", existente en Españ.a, fue trasplantada a las Indias, siendo allí objeto los menesterosos de nuevas disposiciones de carácter tutelar. La asistencia a las clases sociales más desfavorecidas tuvo además que ver con la atención pública a los enfermos y a los problemas sanitarios de la población. A tal efecto fue constituido en Castilla el Real Tribunal del Protomedicato, que apareció a fines del siglo XV y se mantuvo hasta bien entrado el XIX. Por una monografía de la profesora María Soledad Campos, sabemos de las importantes reformas de la institución en el reinado de Felipe II y de su consolidación con Felipe III, cuando una pragmática de 1617 precisó las condiciones de formación de los médicos, el ejercicio profesional y las normas de visitas de boticas y preparación de los medicamentos. Por entonces se consolidan también, tanto en Castilla como en Aragón, importantes establecimientos sanitarios, destacando algunos como el Hospital de Nuestra Señora de Gracia en Zaragoza, donde fue pasionero --0 lector de las pasiones evangélicas a los moribundos- el clérigo e ilustre historiador del Derecho, Martínez Marina. En ese Hospital de Nuestra Señora de Gracia, junto a las enfermedades tradicionales, se prestó desde fechas tempranas asistencia psiquiátrica a los dementes, acreditando así la consideración, muy avanzada en el panorama científico de entonces, del loco como enfermo. El pionero papel de la capital aragonesa en estas cuestiones benéficas ha sido subrayado por Álvarez Aftafios al estudiar otra institución, la Santa y Real Hermandad del Refugio y Piedad de Zaragoza, fundada en 1642 y que fue distinguida por los papas con indulgencias y bulas. Compuesta de hermanos seglares y religiosos, se dedicó a dar albergue a los pobres, visitar enfermos, repartir limosnas y atender a las mujeres que daban a luz.

Medidas contra los vagabundos.

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36-37. LAS FUENTES DEL DERECHO:LAS RECOPILACIONES EN CASTILLA E INDIAS Con la consolidación del Estado moderno tiene lugar un proceso transformador de las fuentes jurídicas. Arrinconada desde antiguo la figura del rey-juez, creador de la norma al tiempo de aplicarla, se supera también la del poder político que simultáneamente reconoce el derecho producido por la sociedad y lo impone. Ahora el Estado mismo dicta las normas y posteriormente las lleva a la práctica, lo que facilita su propia sujeción a ellas y la formalización del sistema jurídico (Max Weber). De otro lado se acentúa la proliferación del derecho escrito, que es el que se considera adecuado ("legal es la justicia escrita", dirá Diego de Valera), y en consecuencia, dada la abundancia de normas, resulta difícil saber en un determinado momento cuál es la que procede aplicar. Por todo ello surge la necesidad de compilar el derecho escrito, eliminar los textos superfluos, completar los insuficientes y concordarlos todos como partes de un ordenamiento legal armónico. Tal necesidad provoca en los siglos XV y XVI múltiples reclamaciones de las Cortes, simbolizadas por ejemplo en la petición de los procuradores reunidos en Valladolid en 1544, de "que todas las leyes destos reynos se compilen e pongan en orden e se ynpriman". Se procede en consecuencia a reunir las normas jurídicas en una serie de recopilaciones, que de ordinario suelen agrupar los textos en un orden convencional: cuestiones eclesiásticas, político-administrativas, organización judicial, derecho procesal, privado y penal; y junto a ello, diversas y heterogéneas disposiciones que a veces constituyen el epílogo de la compilación, y otras se entremezclan con las normas anteriores.

Formulación dfl Dere,-ho en d Extndo Modemo.

Ne,-esidnd de los reropiln-

rirmes.

l. Recopilaciones castellanas A) EL ORDENAMIENTO DE MONTALVO Y EL LIBRO DE BULAS Y PRAGMATICAS DE JUAN RAMIREZ

La labor de recopilar con carácter pri vado las leyes de Cortes posteriores a las de Alcalá de 1348 (23, II), no había puesto remedio al de-

O rdennmiento

de Montnlvo.

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El Libro de 811/n.< y Prngmñ1icns de Junn Rnmfrez_

LA ESPAÑA MODERNA

sorden existente. A las constantes peticiones de la asamblea castellana, responden al fin los Reyes Católicos ordenando en Toledo en 1480 que se compilen las leyes, ordenanzas y pragmáticas. De tal tarea fue encargado un notable jurista, Alonso Díaz de Montalvo, quien cuatro años después dio a la imprenta las Ordenanzas Reales de Castilla, más conocidas en homenaje a su autor como Ordenamiento de Montalvo. El Ordenamiento consta de ocho libros que contienen las leyes de Cortes, pragmáticas y ordenanzas dictadas desde Alfonso XI, junto a algunas disposiciones del Fuero Real de Alfonso X. Pese al encargo regio, la obra no obtuvo explícita sanción oficial, aunque su reconocimiento se desprende de que los monarcas ordenaron a todas las villas y lugares que dispusieran del libro de Montalvo, y que por él se fallasen los pleitos. El abultado número de ediciones, fruto sin duda de ese mandato, no se correspondi ó con un adecuado rigor técnico; y ello tanto porque Montalvo no hizo una recopilación exhaustiva e incluyó sin embargo disposiciones derogadas. como porque además procedió a extractar sin fortuna algunas leyes, cuyo sentido quedó así oscuro. Años después, los Reyes Católicos ordenaron al Consejo de Castilla que compilara y corrigiese las pragmáticas y provisiones de sus antecesores. Del nuevo quehacer debió hacerse cargo un escribano llamado Juan Ramírez, quien figura citado y recompensado -es de suponer que como autor- al ser editada la obra en 1503 con el título de Libro de las Bulas y Pragmáticas, por contener tanto las pragmáticas requeridas como una serie de bulas sobre la jurisdicción regia. El Libro de Bulas y Pragmáticas fue promulgado mediante real provisión, con lo que tuvo carácter oficial. Es de hacer notar el carácter asistemático de esta obra, que ordena su contenido unas veces en función de las personas y otras en razón de la materia. B) LA NUEVA RECOPILACION

Lmuy, s de Toro.

El proseguir de la actividad legislativa y la confusión no disipada por las obras anteriores, reavivan el problema recopilador al iniciarse el siglo XVI. Por entonces, en 1505, se publican las famosas Leyes de Toro, redactadas por una comisión de juristas entre los que descuella Palacios Rubios. Esas leyes, ochenta y tres en total, ordenan el derecho civi l y reiteran el orden de prelación de fuentes establecido en el Ordenamiento de Alcalá. Un año antes había muerto Isabel la Católica, expresando en el codicilo de su testamento el deseo de que se llevara a cabo una nueva recopilación de leyes y pragmáticas. Desde entonces habrá de transcurrir más de medio siglo hasta la conclusión de la obra.

RECOPILACIONES DEL DERECHO

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La primera persona encargada de ello fue el consejero Lorenzo Ga- Jurüla., qut trabajan en la líndez de Carvajal, quien llegó a formar una recopilación que no fue pu- Nueva Recopiblicada, pese a que su autor, según las Cortes de Valladolid de 1544, /ac:ión. recogió más leyes y pragmáticas "que nadie puede juntar, por el cuidado que tuvo de las buscar todas". En el reinado de Carlos V se designa a un nuevo compilador, López de Alcocer, sustituido luego por el doctor Escudero y los licenciados López de Arrieta y Bartolomé de Atienza. Es de presumir que si los expertos hubieran podido actuar al unísono, la obra habría sido realizada con rapidez. Sucedió en cambio que cada uno-revisó lo he.-:- ~ cho por el anterior, prolongándose un trabajo que al fin ultimó Atienza en tiempos de Felipe II. La Recopilación de las leyes destos reynos, o, según se la conoce, la Contenitlo. Nueva Recopilación, fue promulgada por pragmática de 14 de marzo de 1567. Sobre la base del Ordenamiento de Montalvo, corregido y aumentado con las disposiciones ulteriores (entre ellas, las Leyes de Toro), el nuevo cuerpo legal consta de casi cuatro mil leyes dispuestas en nueve libros. Técnicamente no fue mucho más allá de la compilación de Montalvo. En las ediciones posteriores hechas desde el reinado de Felipe II, la Nueva Recopilación recoge las leyes que se van promulgando, insertas según su contenido en el libro y título correspondientes. Sucesivamente enriquecida, la Nueva Recopilación es el gran cuer- Vnlorndán y proyer/Os de po legal de los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, en la centuria de la arlidone.,·. Ilustración la vieja obra de 1567 resulta más y más anacrónica e insuficiente. Se apuntaba ya el despertar de las ideas codificadoras al estilo moderno, y era además tan patente desde una perspectiva práctica que la Nueva Recopilación debía ser reformada o completada, que los propios particulares ofrecieron para ello sugerencias y proyectos. Así por ejemplo, el abogado Rodríguez Fonseca propuso recopilar por separado las disposiciones vigentes y las derogadas o en desuso, mientras los autos acordados del Consejo de Castilla -que desde 1723 formaban un volumen aparte- quedarían redistribuidos por el conjunto del texto. Como sucedió con otros varios, el proyecto de Rodríguez Fonseca no fue aceptado. La tarea de completar la Nueva Recopilación resultó también pro- El "suplnn,nl"" movida-a fines del XVIII desde instancias oficiales. En la época de Car- dt lnnli:fiba/_ los III, el Consejo de Castilla comisionó al ilustre penalista Lardizábal para que formara un suplemento con las disposiciones dictadas desde 1745, fecha a la que alcanzaba la colección independiente de autos acordados. El propio Consejo organizó una junta para ocuparse de esas cuestiones. Entre las "observaciones y dudas" de la Junta de Recopilación, el trabajo de Lardizábal no llegó a ser aprobado.

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C) El plnnde Reguera Vnldelomar.

LA NOVISIMA RECOPILACION

La persistente necesidad de disponer de un cuerpo legal actualizado, llevó a Carlos IV a encargar a un nuevo experto, Reguera Valdelomar, la realización de otro suplemento a la Nueva Recopilación. Reguera emprendió el trabajo aprovechando los materiales de Lardizábal y los de la Junta de Recopilación, concluyendo su cometido en 1802. Ocurrió sin embargo que al presentar el suplemento, su autor ofreció también un proyecto distinto. Se trataba de cierto "plan para una Novísima Recopilación de las Leyes de España" que habría de constituir, según él, "un cuerpo metódico de legislación, con cuyo fácil estudio y el de las Siete Partidas, se adquiriese la ciencia necesaria para la administración de justicia". El plan fue aprobado y en poco más de dos años la obra quedó hecha. Una real cédula de 15 de julio de 1805 promulgaba la Novísima Recopilación de las Leyes de España, disponiendo además la edición de suplementos anuales que recogieran la legislación subsiguiente. De estos suplementos sólo llegó a publicarse uno. A la luz del expediente general sobre el arreglo de la Novúimn ( 1815-1820), así como de cieno informe emitido por Sarnaniego en tomo a la reimpresión de la Nueva ( 1747), el catedrático Galván 12. estudiado entre otras cuestiones, las motivaciones para el inicio del expediente de publicación de un segundo suplemento de la Novísinui, así como las razones de su fallida conclusión y el examen de las propuestas de arreglo formuladas por colegios de abogados, universidades y tribunales.

Contenido y vnlorndán .

E/juicio de

Mnrtinez. Marina.

La Novísima Recopilación consta de doce libros, divididos en títulos y leyes, con un amplio y útil índice final por materias y disposiciones. Curiosamente la obra no dio cabida a ninguna cláusula derogatoria, lo que significó. a pesar de que la Novísima reproducía en buena medida el texto de la Nueva Recopilación, que ésta siguiera vigente aplicándose en defecto de aquélla. No fue esto lo peor. En el fondo, el gran defecto de la Novísima Recopilación fue no estar a la altura de su tiempo, reiterando el tradicional sistema recopilador cuando ya se había publicado en Francia, con arreglo a modernos principios. el Código civil napoleónico. Además, en sí misma considerada, la Novísima abundó en insuficiencias y contradicciones: omitió algunas leyes, repitió otras, citó a los autores sin la debida exactitud, etc. De los deslices cometidos por aquel hombre "de pluma fácil y pron ta ocurrencia", como Bermejo llama hoy a Reguera Valdelomar, se convirtió en juez implacable don Francisco Martínez Marina, quien en su Ensayo histórico-crítico calificó a la Novísima Recopilación de "vasta mole levantada de escombros y ruinas antiguas; edificio monstruoso, compuesto de partes heterogéneas y órdenes inconciliables; hacinamiento de leyes antiguas y modernas", etc. Ante tales vituperios, Reguera presentó querella en el Consejo de Castilla, acusando a Martínez Marina de "criminal abuso de la libertad de imprenta". Ello dio pie a que éste justifi-

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cara y ampliara sus denuncias en una obra ad hoc: el Juicio crítico de la Novísima Recopilación, donde el ilustre canónigo y académico vierte todo lujo de anatemas, desde algunos más banales -como el reprobar la división de la Novísima en doce libros, tildándola de "arbitraria y que no está fundada en principios de buena lógica ni de filosofía legal"-, hasta otros de mayor enjundia y peso. Basta repasar el índice del Juicio crítico para percibir el despiadado alud de censuras que sus páginas contienen. Se catalogan en él "anacronismos, errores y falta de exactitud", "leyes forjadas de documentos contrarios y opuestos", "leyes anticuadas y de ningún uso", "confusa mezcla de leyes vivas y muertas, derogantes y derogadas", "leyes que no merecen este nombre", etc. Cualquier lector actual de esta obra de Martínez Marina, habrá de suponer, si conoce su innegable autoridad, que la Novísima Recopilación fue una especie de desecho carente de valor y utilidad. No es así. Su manejo hoy, con las debidas cautelas, sigue siendo imprescindible. El Ensayo histórico-crítico y el Juicio crítico, que probablemente encierran los más acerbos comentarios científicos hechos en la historia del derecho español por un autor de prestigio, merecen también su crítica por unilaterales y sectarios. Las observaciones técnicas de Martínez Marina son por Jo general eruditas y atinadas; pero él habla siempre de lo hecho mal y nunca de lo hecho bien. Sus juicios globales de valor resultan sencillamente inadmisibles. 11. Las Recopilaciones en los restantes territorios A) VASCONGADAS

Durante la Edad Moderna se procede en Ala va a recopilar las ordenanzas y textos relativos a la Hermandad de ciudades y villas. Se forma así un Qua-

derno de las leyes y ordenanzas de la Hermandad de Alava (1671), que contiene las ordenanzas de 1463, el "privilegio de contrato" de 1332, y otras varias céd.ulas y provisiones reales. La obra fue objeto de sucesivas ediciones, que recogen el nuevo materialjuódico, hasta la más tardía realizada en 1825. A fines del siglo XV los Reyes Católicos intentaron formar una recopilación de los fueros y cuadernos de la Hermandad de Guipúzcoa. Frustrado ese proyecto, hay que destacar en la segunda mitad del siglo XVI la preparación por el bachiller Martínez de Zaldivia, a instancia de las Juntas Generales, del llamado Libro Viejo de Guipúzcoa, texto que conocemos merced a una reciente edición del profesor Orella. Finalmente, en 1697, aparece la Nueva Recopilación de los fueros, privilegios, buenos usos y costumbres, leyes y ordenanzas de la muy leal provincia de Guipúzcoa, que contiene los preceptos reguladores de la Hermandad y algunos otros relativos a temas económicos y a derecho procesal y penal. En 1758 fue completada con un Suplemento.

Alnva: e/ Cundemo de 1671.

Guip~roo: /a

~nR~upilnrión d~ 1697.

692 Vi~myn: el Fuero de 1528.

LA ESPAÑA MODERNA

En Vizcaya las insuficiencias del Fuero Viejo conducen a que la Junta General del Señorío apruebe, en 1526, una nueva redacción del texto, el cual se publica dos años más tarde. Desde Felipe II hasta entrado el siglo XIX el Fuero fue confirmado en diversas ocasiones. Según el orden de prelación de fuentes del Fuero, privilegios, franquezas y libertades del Señorío de Vizcaya, habrán de aplicarse en primer Jugar sus propias leyes y subsidiariamente las de Castilla. B)

Arngá11: Fuero.\·,

Oú.H:rvnndn.,; y Aí'IOJ de Co rte.

Navnrra: el "Fuem reduddo" y /ru "Orrlmanw.,· Vie-

ja> " de Pmquier.

ARAGON Y NAVARRA

Como ha señalado Pérez Martín, autor de un valioso estudio de la legislación del Antiguo Régimen, la nota distintiva de las recopilaciones aragonesas fue la fidelidad a los textos, que en una primera etapa suelen ser recogidos por puro orden cronológico sin fragmentación ni fusiones. El proceso se inicia, probablemente en 1476, con la edición conjunta de las dos grandes fuentes de fueros y observancias. Aquéllos cubren el período comprendido entre 1247 y las Cortes de Zaragoza de 1467. Estas reproducen las Observancias de Díez de Aux (24, JI, D). La compilación se reedita hasta que en 1547 las Cortes de Monzón consideran insatisfactoria esa obra, conocida como volumen viejo, y ordenan elaborar un texto sistemático. Un lustro más tarde aparecen los Fueros y Observancias del reino de Aragón, catalogados en tres cuerpos distintos. El primero recoge los fueros viejos y nuevos que se consideran vigentes; el segundo repite las Observancias de Díez de Aux, y el tercero reúne los fueros en desuso. En las ediciones posteriores a 1576 esta compilación agrega los fueros promulgados en Cortes, por lo que completa su título llamándose Fueros, Observancias y Actos de Corte. En Navarra las recopilaciones o bien son hechas a instancia de las Cortes, o surgen de otra forma e incluyen disposiciones del rey. En 1528 las Cortes de Pamplona propusieron reunir o reducir en un solo volumen el derecho local y territorial del reino. Diversos expertos redactaron así un texto, el Fuero Reducido, que sirve hoy para interpretar el Fuero General, cuyo lenguaje moderniza. Las fuentes de ese Fuero Reducido han sido cuidadosamente estudiadas por la profesora Mercedes Galán. A mediados del siglo XVI el Consejo encargó a dos expertos, Balanza y Pasquier, la recopilación del derecho vigente. Este último asumió casi en exclusiva la tarea, publicando en 1557 las llamadas Ordenanzas viejas. Para facilitar el manejo de sus dos volúmenes, Ruiz de OtaIora preparó un Repertorio, donde incluía algunas disposiciones de Cortes posteriores; mientras el propio Pasquier, comisionado por Felipe 11, volvía a aplicarse al trabajo y publicaba en 1567 una segunda recopilación en tres libros que no fue aceptada por las Cortes del reino.

RECOPILACIONES DEL DERECHO

693

En el siglo XVII se forman en Navarra cuatro compilaciones que no logran carácter oficial, y una quinta que sí lo obtiene. Aquéllas fueron la Recopilación de Armendáriz, publicada en 1614 y seguida por unas adiciones tres años después; la Recopilación de los Síndicos, que apareció también en 1614 recogiendo la legislación del siglo transcurrido desde la incorporación a Castilla; las Ordenanzas de Martín de Eusa u Ordenanzas nuevas (1622), integradas sobre todo por legislación real; y finalmente el Repertorio de Sebastián de Irurzun (1666), que contiene extractos de los cuadernos de Cortes. Carácter oficial tuvo en cambio la Nueva Recopilación de Chavier, abogado que por encargo de las Cortes redujo a un cuerpo legal el Fuero General, el amejoramiento de 1330 y la legislación de las propias Cortes. Al iniciarse el siglo XVIII las Cortes navarras comisionaron a Joaquín Elizondo para que reuniera la legislación dictada por la asamblea con posterioridad a la Recopilación de los Síndicos. Elizondo, síndico a su vez y miembro luego del Consejo, presentó su trabajo ante las Cortes de 17241726, donde fue aprobado. Como Chavier había elaborado una anterior recopilación oficial llamada nueva, ésta fue conocida como Novísima Recopilación. Dividida en cinco libros y con casi dos mil leyes, la obra de Elizondo obtuvo notable difusión.

RecopilndoneJ

en el .l'ig/o XVII.

Ln "Novísima Recopilncii'm" de Elizondo.

C) CATALUÑA, MALLORCA Y VALENCIA

La historia del derecho público catalán alcanza propiamente en esta etapa hasta 1716, fecha en que el decreto de nueva planta suprime las Cortes e interrumpe en consecuencia el proceso jurídico autóctono (33, III, A, 2). Desde entonces se aplica en primer término ese texto, y en su defecto el derecho castellano. Sólo en las cuestiones de derecho privado, penal y mercantil entra en juego el ordenamiento catalán. Desde el siglo XV hasta la llegada de los Barbones tiene lugar un proceso de unificación de doble signo. Por un lado, la extensión de los derechos locales de unos lugares a otros origina cierta homogeneización en los ordenamientos de villas y ciudades. Por otro, la influencia y peso del derecho general de las Cortes (constitucións, capitols y actes de Cort), convertido a veces en norma supletoria, lo aproxima a la vida práctica y a ese derecho local que con el tiempo es menos diferente. En tal contexto, que a su vez permite una romanización del derecho catalán mediante la alegación del ius commune en los tribunales, se llevan a cabo tres distintas recopilaciones oficiales. La primera recopilación surge a instancias de una petición de las Cortes de Barcelona de 1413. Lo que los procuradores piden es que los Usatges,

('ata/uña: lm tre.\' recop iln-

cione.\·.

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constituciones y capítulos de Corte sean traducidos del latín al catalán, y que el texto quede ordenado de forma sistemática. Cuatro expertos cotejan los preceptos, los distribuyen en diez libros y los vierten a la lengua popular. Sin embargo la obra permanece inédita en el archivo palatino, hasta que en 1495 Femando el Católico la publica con el añadido de la legislación posterior de Cortes, de las Costumbres Generales de Cataluña y de las Commemoracions de Pere Albert (20, m, B, 2). La segunda recopilación aparece en el bienio 1588-1589 con el título de Constitucions i altres drets de Cathalunya. El arranque de esta nueva empresa se sitúa en un acuerdo de las Cortes de Monzón de 1553, reinando Carlos V. Con su hijo Felipe II, las Cortes de Barcelona de 1564 disponen que se nombre una comisión de tres personas, convertidas en seis al ser rehecha la junta unos años después. Esos nuevos técnicos elaboran una obra en tres libros: el primero incluye las conslituciones y los Usatges; el segundo se consagra al derecho regio y al municipal de Barcelona (Pragmáticas y a/tres drets de Cathalunya, es su título); y el tercero contiene disposiciones y materiales caídos en desuso. La tercera recopilación es en realidad una puesta al día de la anterior. Las Cortes de Barcelona de. 1702 ordenan que aquélla vuelva a editarse, completada con otros capítulos y constituciones. A tal efecto designan un comité compuesto por un eclesiástico, un ciudadano y un militar, quienes cumplimentan el encargo y hacen posible que en 1704 se publique una renovada edición, con el título también de Constitucions i altres drets de Cathalunya. Mnllorm: ln Recopilacián de

Cnn, t, Mesquidn y 'Znfort,w.

Lm "Orrlinnrions " d, Mo/1

En Mallorca se llevan a cabo desde fines del siglo XIII diversas compilaciones por mandato oficial o por iniciativa privada, si bien hasta mediados del XVII ninguna logra ver la luz y obtener el oportuno reconocimiento. Entre esas exposiciones inéditas destaca la Recopilació de les Franqueses i Dret municipal de Mallorca, de los doctores Pere Joan Canet, Antoni Mesquida y Jordi Zaforteza, que fue presentada a los jurados en 1622 y que ha sido recientemente editada y estudiada por el profesor Antonio Planas. El proceso de redacción del texto se inició en 1602, comisionándose a tres doctores (Salvá, Moll y Zaforteza), de los cuales fallecieron pronto los dos primeros para dar paso a Canet y Mesquida. La Recopilación consta de dos volúmenes: el primero, dividido en cinco libros y éstos en 85 títulos que dan cabida a 386 capítulos u ordinacions, y el segundo del que sólo se llegó a elaborar un índice. Como señala Planas, esta Recopilación no recoge todo el Derecho de Mallorca, debiendo acudirse para conocerlo no sólo a la fuente supletoria del derecho común, sino a otras del derecho municipal. La primera recopilación mallorquina autorizada fue obra de un notario y archivero, Antonio Moll, y se editó en 1663 con el título de Ordinacions

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y sumari deis privilegis, consuetuts y bon usos del regne de Mallorca. La obra de Moll agrupa una serie de textos bastante disímiles: desde preceptos medievales sobre pleitos, notarios o tráfico mercantil, hasta otros modernos relativos a ordenanzas de la Audiencia, sistema de gobierno del reino, aranceles de notarios y escribanos, etc. Entre finales del siglo XV y mediados del XVI contamos en Valencia con dos recopilaciones, de carácter cronológico y sistemático. La primera, realizada por Palmart sobre un manuscrito del notario Riucech, aparece en 1482 como Furs e ordinacionsfetes per los gloriosos reys de Aragó als regnicols del regne de Valencia, reuniendo los fueros desde 1283 a 1446. La segunda es obra de otro notario, Juan Pastor, y se edita en 1547 con el título de Forí regni Valentiae. Pastor ordena su libro por materias, con una distribución semejante a la del Código de Jaime I (25,IV,B,I); añade los fueros posteriores a la compilación precedente, e incluye un volumen de disposiciones extravagantes, es decir, de los fueros, actos de corte y pragmáticas que no encajaban en el plan anterior. Otros proyectos de recopilaciones, como el de Pedro Jerónimo de Tarazana, no llegaron a buen término. La legislación posterior de Cortes fue desde Juego impresa, pero no recopilada. En 1707 el derecho valenciano fue definitivamente abolido por Felipe V.

Vnl~nrin: /a, reropilndone:r crrmolágirn y sístem.lÍtirn.

111. Las Recopilaciones en Indias A) DERECHO CASTELLANO, DERECHO INDIANO Y DERECHO INDIGENA

La decisión de trasplantar el derecho castellano a Indias se adopta con anterioridad al propio Descubrimiento, al entenderse de lo dispuesto en las Capitulaciones de Santa Fe (17-IV-1492) que las tierras por descubrir recibirán la organización de Castilla. Los españoles que allí acuden son castellanos y se rigen por su propio derecho, y una real cédula de 1501 califica a los indios de vasallos libres como los labradores de Castilla, considerándoles de hecho sujetos al mismo ordenamiento juódico. No obstante, el proceso colonizador muestra hasta qué punto ese derecho castellano resulta inadecuado o insuficiente para regular las nuevas situaciones, con tma población de cultura muy distinta y en unos territorios de naturaleza diferente. Surge así la necesidad de producir un derecho propio para las Indias, es decir, un derecho indiano, el cual, dife- rendándose del ordenamiento "general" de Castilla, aparece como derecho "especial" o particular. Este derecho indiano se dicta desde España o desde América. En el primer caso, mediante leyes de las Cortes de Castilla, a través de pragmáticas o leyes dadas directamente por los monarcas, y sobre todo haciendo uso de mandamientos de gobernación en textos tales como provisiones, cédulas, instrucciones y cartas reales. En el segundo, el derecho indiano lo constituyen las disposiciones de las autoridades españolas

Trasplante del derech o

cn.,·tellnno.

Elduuho indiano.

Elderet-ho indígena.

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residentes en el Nuevo Mundo, que coexisten con el derecho consuetudinario que allí rige. El panorama jurídico se completa con los derechos indígenas de estirpe prehispánica, de muy desigual entidad según correspondan a pueblos de escaso desarrollo (recolectores y cazadores), medio (agricultores) o el superior de comunidades de alto nivel (incas, chibchas, mayas y aztecas). Normalmente ese complejo normativo prehispánico ha siclo referido a las costumbres indígenas, si bien un especialista como Gónzalez ele San Segundo considera más apropiado hablar de él en términos de derechos u ordenamientos jurídicos, con independencia de su modo de formulación. El den,cho en lapráctimy la net·e., idad de n,rnpilarlo.

En la aplicación de las normas tuvo carácter prioritario el propio derecho indiano, utilizándose en su defecto el derecho de Castilla. Hasta 1614 las leyes promulgadas en Castilla rigen automáticamente en ultramar, pero a partir de esa fecha se requiere una aprobación especial, y las disposiciones de los Consejos u órganos de gobierno central han de recibir el visto bueno de aquél que se ocupa directamente de América, es decir, del Consejo de Indias. Sin ese refrendo, las autoridades pueden acogerse a la fórmula de obedecer y no cumplir (27, II, D). Ahora bien, sobre las previsiones teóricas, en la práctica se hizo sentir un notorio desajuste entre lo que aquí se conocía de tales o cuales problemas -a efectos de proveer las disposiciones oportunas- y la realidad misma, lo que lógicamente revalorizó el modesto papel del derecho indiano criollo frente al dictado desde España para América, y por supuesto el de ambos con respecto al castellano "general". Sucedió además que por la magnitud del continente descubierto, esos problemas fueron muy distintos según los territorios y circunstancias, contribuyendo ello también a incrementar la actividad normativa de las autoridades de cada región y la misma tolerancia del derecho consuetudinario. Sucedió, por último, que no todas las disposiciones dadas aquí para las Indias fueron allí suficientemente conocidas, ni desde luego aplicadas; y que la profusión y despliegue de preceptos dictados por unas u otras instancias, debieron convertir en problemática la tarea de aplicar el derecho, agudizando en consecuencia la necesidad de coleccionar o recopilar las leyes y restantes normas. B) LOS PRIMEROS TRABAJOS RECOPILADORES

El "Cedularir," de Va.fl'o de Puga.

Mediado el siglo XVI, Francisco Fernández de Liébana, fiscal del consejo de Indias, hace presente a este organismo y al monarca la conveniencia de juntar e imprimir las distintas cédulas y provisiones. La positiva resolución regia es atendida en México por el virrey Velasco, quien encomienda el trabajo al oidor de la Audiencia, Vasco de Puga. Este prepara en el breve plazo de dos años un libro, aparecido en 1563, donde reúne las disposiciones referentes a Nueva España desde 1525 hasta esa fecha. El Cedulario de

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Vasco Puga es una mera colección que reproduce íntegros los textos por orden cronológico. Mientras esto se hace en América, la urgencia de una adecuada clarificación es sentida en el propio Consejo de Indias, cuya fertilidad normativa había producido ya entonces no poco embarullamiento y confusión. Se trata así de que el Consejo conozca y ordene las disposiciones dictadas por o a través de él, y que ello haga posible la localización y control de cualquier precepto. El Consejo encarga al oficial Juan López de Velasco que forme un índice o sumario a base de los registros. El trabajo de López de Velasco, iniciado hacia 1561, no llegó a ser impreso. De controvertido paradero, el tex~o no fue propiamente una recopilación, sino un repertorio de extractos de las disposiciones dictadas desde la fecha del Descubrimiento hasta la de la conclusión de la obra. C)

El sumario de U,pezd, Veiam,.

JUAN DE OVANDO Y SU PROYECTO DE CODIGO

Juan de Ovando fue un intelectual cacereño estrechamente familiarizado con los problemas indianos en los años centrales del siglo XVI. Descendiente indirecto de Nicolás de Ovando, antiguo gobernador de la Española, estudió en las aulas salmantinas cuando Vitoria explicaba sus Relectiones, y figuró luego como profesor allí y como provisor del arzobispado de Sevilla. Por su prestigio universitario y por su conocimiento de las cuestiones del Nuevo Mundo, Ovando es designado hacia 1566 para que visite el Consejo de Indias; es decir, para que haga una averiguación a fondo de la administración del mundo americano y del funcionamiento del propio organismo, y proponga luego los remedios que estime oportunos. Tras diversos interrogatorios, lectura de informes y examen de documentos, el visitador precisa "dos cosas muy averiguadas":

Vi.
"La una, que en el Consejo no se tiene ni puede tener noticia de las cosas de las Indias sobre que puede y debe caer la gobernación, en lo cual es necesario dar orden para que se tenga; la segunda, que ni en el Consejo ni en las Indias no se tiene noticia de las leyes y ordenanzas por donde se rigen y gobiernan todos aquellos Estados".

Tan desalentadoras conclusiones fueron expuestas por Ovando ante una Junta Magna constituida en 1568, de la que formaba parte aquel Fernández de Liébana que había promovido antes los trabajos recopiladores. Parecía claro, en consecuencia, que la tarea fundamental debía consistir en ordenar el marasmo normativo, sentando así las bases de un gobierno coherente y eficaz. Ello ya había sido advertido desde el principio por Ovando, quien asoció a sus indagaciones y trabajos a López de Velasco, autor como hemos dicho del primer libro-registro.

El tmbaj,,de

Ovand" y lópn de Ve/asco.

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En esta segunda etapa, López de Velasco trabaja para ordenar por materias los extractos formados antes. Sin modificar su redacción primitiva, el incansable oficial distribuye los sumarios en siete libros sobre gobernación espiritual, gobernación temporal, justicia, república de los españoles, república de los indios, hacienda, y navegación y contratación. La obra no se publicará hasta nuestro siglo y es hoy conocida como Copulata de leyes de Indias. El texto fue editado por Altolaguirre entre 1927 y 1932 con el título de Gobernación espiritual y temporal de las Indias. José de la Peña sugirió la denominación de Copulara, tomándola de una referencia de Juan de Ovando. ln "Copulntn de leyes de Indias" y .m nuwrfn.

El pm)'f!1·10 de Cádi¡¡nde Ovando.

¿Qué es pues la Copulara y quién fue concretamente su autor?. La obra no constituye una recopilación de las leyes de Indias, sino que es un índice sistemático de ellas, dividido en libros y títulos. Fue redactada en I 568 y completada luego con una reseña de las disposiciones del bienio siguiente. La autoría es desde luego confusa. Schafer atribuyó la Copulata a Ovando, aun reconociendo la colaboración material de sus dos secretarios (Ledesma y López de Velasco). Peña a su vez reivindicó el papel principal de López de Velasco, aun admitiendo la supervisión de Ovando o quizás de Fernández de Liébana. El profesor Juan Manzano, primera autoridad en todo lo relativo a recopilaciones indianas, se inclina a creer que quien concibió el plan y dio forma al trabajo fue Ovando, correspondiendo su ejecución material a Velasco. A partir de aquí, comienza la etapa propiamente recopiladora. Como explica Manzano, el material contenido en la Copulara iba a pasar por una nueva fase constructiva y depuradora. Ovando asume ahora el protagonismo en exclusiva, y elabora un proyecto de código a base de lo contenido en la obra anterior y de la experiencia acumulada en la visita. El código constará de otros siete libros, si bien con una ordenación diferente de materias. Redactados el primero-sobre la "gobernación espiritual"-y el segundo, aquél no obtuvo la aprobación papal ni la sanción regia, lo que dio al traste con la viabilidad de la obra. Algunos títulos se desgajan para ser promulgados como ordenanzas independientes. La muerte en 1575 de Juan de Ovando, quien en los últimos años se había convertido en presidente del Consejo de Indias, supuso el fin del proyecto. D) EL CEDULARIO DE ENCINAS

c,:n,,i,.

Con el fallecimiento de Ovando no desapareció la necesidad de realizar la empresa por él ideada. Desde perspectivas parciales algunos intentaron recopilar en América los textos correspondientes a distintos territorios, si bien tales propósitos no fueron de ordinario acompañados por el éxito.

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Pero el plan de Ovando respondía, como sabemos, a un planteamiento general cuyo primer beneficiario era el propio Estado y en concreto el Consejo de Indias. No es pues extraño que el Consejo volviera sobre el tema, comisionando en 1582 a un humilde oficial llamado Diego de Encinas. Sí en cambio es raro que para acometer esa tarea no se acudiera al acreditado experto López de Velasco, y que el encargo a Encinas se despachase al parecer sin intervención regia, con una mera orden del organismo interesado. Encinas trabajó sin interrupción más de doce años, y realizó una obra en cuatro volúmenes que vio la luz en 1596. Su Cedulario contiene en las dos terceras partes, reales cédulas y provisiones, copiadas íntegramente; y recoge además una larga serie de textos heterogéneos. Pese a no ser una compilación exhaustiva de la legislación del siglo XVI, resulta fundamental para el conocimiento del derecho indiano de esa centuria. No alcanzó ciertamente el nivel intelectual del malogrado proyecto de Ovando. Eso, ni el Consejo lo esperaba, ni Encinas lo pretendía. Logró ser lo que podía ser: una obra laboriosa y ardua, imprescindible a la postre, y digna en palabras del propio Consejo de Indias de "mucho premio".

Contenido y va/o. rnciún.

E) LA RECOPILACION DE 1680

Antecedentes, elaboración y contenido Los ochenta primeros años del siglo XVII dan cabida desde la óptica recopiladora a tres distintas etapas, cuyos hitos diferenciales los marca la presencia en esas tareas en 1624 del profesor de la Universidad de Lima, Antonio de León Pinelo, y su muerte acaecida en 1660. La primera registra el trabajo del abogado Diego de Zorrilla, los inicios de la actividad de Rodrigo de Aguiar, y el proyecto del oidor de la Audiencia limeña, Juan de Solórzano Pereira. La segunda se centra en el quehacer del propio León Pinelo, y en ella tiene también lugar la publicación de la obra de Aguiar. La tercera conduce, en fin, a la elaboración de la magna Recopilación de las leyes de Indias de 1680. l.

En 1603 el Consejo requiere el concurso de Diego de Zorrilla, antiguo estudiante de leyes en Salamanca y Sigüenza, y con larga experiencia indiana por los años vividos en Quito. Según referencia retrospectiva del propio organismo, el Consejo quiso que Zorrilla llevara a cabo "la enmienda de los libros de las leyes y cédulas de las Indias", por lo cual, y habida cuenta de que los libros disponibles por entonces no eran otros que los cuatro de Encinas, el profesor Manzano ha supuesto que lo que Zorrilla debía

lmtrese{(lpm rrcopilndorflJ.

Pnmrme{(lpn. El pmyrc1o de D1egodr

'Zt,rri/ln.

700

El proyecto d e

So/{)r,J mo.

Se}lunda etapa. El proyecto de

Pinelo y los "Sumnrim·" de Axuinr.

El "Crídi}IO

peruano" de E.\·calona.

Te rr~rn etnpn. Ln Reropilndán de /680.

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hacer era recomponer la colección de textos del Cedulario y transformarla en una recopilación rigurosa, es decir, exenta de cláusulas inútiles y con cierta articulación sistemática. Zorrilla elaboró su obra en nueve libros, pero el proyecto no fue aceptado. Este nuevo infortunio debió reducir las aspiraciones del Consejo de Indias a límites más modestos, contentándose quizás con que se realizaran sencillos sumarios en lugar de la ambiciosa obra. Un consejero, Aguiar, se aplica a esa tarea en ratos perdidos, por lo que pasan los años sin resultados concretos. Mientras tanto otro personaje, Juan de Solórzano, elabora en Perú un nuevo plan y redacta su primer libro. Al remitir estos materiales a España, Solórzano recibe una respuesta disuasoria: ya se está haciendo en el Consejo lo que él pretende realizar. Consecuentemente el oidor limeño detiene la tarea. En realidad lo que el Consejo hacía era lo que hacía Aguiar, pero lo que hacía Aguiar era dedicar a estas cuestiones el escaso tiempo libre que le dejaba su puesto de consejero. Al iniciarse el reinado de Felipe IV llega a España procedente del Perú, Antonio de León Pinelo, quien dirige al Consejo en 1623 un Discurso sobre la importancia, forma y disposición de la Recopilación de leyes de las Indias, texto que puede ser considerado como el jalón inicial del gran proceso recopilador que concluirá más de medio siglo después. Pinelo propone allí un ambicioso plan y da cuenta de los trabajos ya realizados por él en Lima. Bien acogido por Aguiar, quien le sitúa como ayudante suyo, la colaboración de ambos hace posible que Aguiar publique un lustro después la primera parte de sus Sumarios de la Recopilación, tras lo cual fallece. Ante esta circunstancia, León Pinelo, en lugar de ultimar el trabajo, vuelve sobre los planes del Discurso y formaliza su propia propuesta. El proyecto de Pinelo, quien actúa ya como único recopilador oficial, es revisado y perfeccionado por el ahora consejero Solórzano Pereira. Se entrega al Consejo de Indias en 1635 y el organismo lo aprueba al año siguiente. Sin embargo, esa importante obra, compuesta de nueve libros, no obtiene la sanción real ni llega a ser impresa. Así transcurre un cuarto de siglo hasta la muerte de su autor en 1660. Por la época en que Pinelo concluía la recopilación, un amigo y cond iscípulo suyo, Escalona y Agüero, prepara en Lima un Código peruano, del que redact ó la introducci ón y e l índice de c uatro libros . Se trata pue s de una recopilación de derecho indiano criollo, si bien de carácter muy espec ial. Y ello porque no con stituye una recopilación territori al sino personal, referida sólo a los indios de las provi ncias del Perú .

La desaparición de Pinelo actuó a modo de revulsivo sobre el Consejo, que entonces mismo eleva al monarca una apremiante consulta urgiendo concluir el proceso recopilador. A raíz de esto se constituye una junta,

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en la que desempeña un papel principal el relator Jiménez Paniagua. En los años siguientes este jurista asume el protagonismo de los trabajos, y en 1680 se promulga al fin la Recopilación de leyes de Indias. ¿A quién se debió principalmente la Recopilación de 1680? El propio Consejo habría de declarar que en la última etapa, desde la muerte de Pinelo, "se comenzó, prosiguió y acavó esta obra", lo que obviamente reporta a Paniagua y a la junta el monopolio del éxito. ¿No sirvió para nada, pues, cuanto había hecho Pinelo? ¿Se ajustó la Recopilación de 1680 a su proyecto, o fue más bien fruto, como aseguraba el Consejo, del trabajo de Paniagua? Tales preguntas, que durante mucho tiempo intrigaron a los americanistas, tenían sentido porque el proyecto de Pinelo se había perdido y era desconocido. Sin embargo, en 1986, el profesor Sánchez Bella logró descubrir una copia de ese texto, lo que posibilitó su cotejo con el de la Recopilación, tarea llevada a cabo por el propio Sánchez Bella y por sus discípulos Salcedo y Galán. ¿Cuál es, en fin, el resultado del cotejo y a quién debe atribuirse, en consecuencia, la paternidad de la Recopilación de 1680? Joaquín Salcedo constata que la obra de Pinelo fue la fuente fundamental. Mercedes Galán nos habla de una reproducción masiva de las leyes recogidas por Pinelo. El maestro Sánchez Bella sentencia la cuestión así:

A1110, 1a.

"La Recopilación de 1635 comprende 7.308 leyes . La de 1680 contiene 5.515 . De las 7.308 leyes de Pinelo, 5.723 pasaron a la Recopilación de 1680, es decir, nada menos que un 78,3 por ciento han pasado de una a otra Recopilación ... Puede, pues, afirmarse, que como nuestro cotejo ha demostrado, la Recopilación de León Pinelo de J635 fue la fuente fundamental de la Recopilación definitiva de /680 y que el mérito principal de la labor recopiladora corresponde al licenciado Antonio de León y no a Femando Jiménez Paniagua" (COlejo , 105-106).

La Recopilación de 1680 consta de nueve libros con más de cinco mil leyes, algunas de ellas redactadas de nuevo. Según demostró la investigadora Concepción García-Gallo, el número de leyes recopiladas, posteriores a 1660, es escasísimo. La Recopilación, en fin, se promulgó con carácter general, quedando abolidas aquellas leyes que no fueron compiladas. 2.

Los Comentarios

La Recopilación supuso contar con el ansiado cuerpo legal perseg uido durante tanto tiempo. Cierto es, sin embargo, como ha comentado Sánchez Bella, que este tipo de obras envejecen con rapidez a causa del derecho nuevo que se sigue promulgando; y así en el caso de las Indias, por la proliferación legislativa y por dictarse muchas disposiciones para destinata-

u, tnren d, m mpletnr/n R
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rios concretos, "el problema de la insuficiencia de la Recopilación debía plantearse muy pronto". Se planteó, en efecto, y los autores intentaron resolverlo por tres vías. De una parte, mediante comentarios y notas que recogieran las adiciones y concordaran o glosaran los textos. De otra, en los años centrales del siglo XVIII, intentando simplemente compilar en un libro distinto las disposiciones posteriores. Finalmente, y debido quizás al resultado insatisfactorio de una y otra empresa, algunos juristas acometen la realización de colecciones privadas. A este respecto resulta ejemplar el Teatro de la legislación universal de España e Indias, donde su autor, Pérez y López, extracta y reproduce al concluir aquel siglo los preceptos de la Recopilación y los de los cien años siguientes. CompiladoneJ

rriollns.

Úl.l' "Ob.<ervacione.<" del Mnrqués del Rürn.

[.¡¡,; ··comenJnrio,," de Corral.

A ello habría que agregar las compilaciones de derecho indiano criollo. Tomás Ballesteros imprime en 1685 las Ordenanzas peruanas, reuniendo las dictadas en la centuria anterior por el virrey Francisco de Toledo y otras posteriores. Por otro lado, Juan Francisco de Montemayor reedita los Sumarios de Aguiar y publica en 1678 olro volumen de Sumarios, cuya fortuna se malogró en parte por la aparición de la Recopilación dos años después . No obstante, los Sumarios de Montemayor debieron resultar de gran interés para los juristas mexicanos y permiten hoy compulsar las lagunas de la Recopilación. Prueba de aquel interés fue que otro hombre de leyes mexicano, Ventura Beleña, los reimprimiera y adicionara en 1787.

Los comentarios y glosas a la Recopilación se iniciaron casi inmediatamente, pues en 1685 el virrey del Perú ordenó a dos juristas (López y Frasso) que ilustraran las leyes recopiladas y en especial las relativas a temas eclesiásticos. El primero de ellos, Juan Luis López, Marqués del Risco, preparó unas Observaciones theopolíticas de muy vario contenido. Su valor como comentario es escaso, pues al decir de Sánchez Bella, historiador de todo este conjunto de trabajos, "más parece que la referencia al texto recopilado sirva de ilustración a la obra del Marqués que Jo contrario". A su vez, en Chile, ya entrado el siglo XVIII, un oidor de la Audiencia llamado Juan del Corral expone su propósito de dedicarse "al penoso trabajo de comentar todas las leyes de la Recopilación de Indias". Desde entonces Corral prepara bajo los auspicios del Consejo de Indias unos Comentarios, que prosigue y publica tras su muerte el protector de indios Tomás de Azúa. Sí resultó desde luego "penosa" la opinión del censor al editar la obra de Corral. pues estimó como lo más valioso de ella " las opiniones ajenas y el tema que el autor se propuso" .

En Nueva España el primer glosador de la Recopilación fue el oidor Prudencia Antonio de Palacios, el cual redactó unas Notas con fines prác-

RECOPILACIONES DEL DERECHO

703

ticos para facilitar la aplicación del derecho. Según observa la profesora Berna!, que ha editado y estudiado en profundidad las Notas de Palacios, el trabajo que éste realiza en cada ley consiste fundamentalmente en remisiones a la legislación o a la literatura jurídica, así como comentarios sobre la aplicación del derecho, a base de la práctica observada en tribunales o, en menor medida, de sus propias opiniones que contienen una interpretación o crítica de la ley en cuestión. Es muy posible, como Berna! supone, que las Notas fueran compuestas por su autor más con fines particulares de aprovecharlas en el ejercicio profesional, que con el propósito de su publicación. De las Notas de Palacios hizo uso después Manuel José de Ayala, panameño que trabajaba en España en la Secretaría del Despacho de Indias, quien en 1769 propone compilar y comentar las leyes: lo que él llama adiciones, exposición y glosa. Sin embargo, realizada la obra, al prohibir el real decreto de 9-V-1766 las glosas y comentarios legales, ella ha de publicarse con el título de Historia de las leyes de Indias. También en la segunda mitad del XVIII un abogado mexicano, José Lebrón, prepara unas Notas en las que da a conocer en extracto las leyes indianas, contrasta su concordancia con la Recopilación, a efectos de precisar qué textos siguen vigentes y cuáles han sido modificados o anulados, y procura en fin que su trabajo pueda ser útil en el ejercicio forense. F) EL PROYECTO DEL NUEVO CODIGO

La copiosa legislación posterior a 1680, que como hemos dicho dejó progresivamente anticuada a la Recopilación, movió al Consejo de Indias desde 1771 a solicitar de Carlos III la adición a ese cuerpo legal de los nuevos textos. Ante ello el monarca ordena en 1776 que dos juristas, Serrador y Ansótegui, formen un Nuevo Código de leyes de Indias, cuyos trabajos preparatorios debían pasar a examen de una Junta de Leyes y al ulterior dictamen del Consejo, para ser finalmente sometida la obra a la aprobación regia. Marginado Serrador, Juan Crisóstomo Ansótegui elabora un primer volumen sobre materias eclesiásticas, que el monarca remite a la Junta para que lo estudie y corrija. Con esto la Junta de Leyes asume una función activa y de hecho reconstruye y prepara ella ese primer libro, que Carlos IV promulga en 1792. Alberto de la Hera ha advertido tres períodos en la vida de la Junta de Leyes, desde que aparece ( 1776) hasta que se extingue ( 1790). En el primero fue un organismo intermedio entre el Consejo y Ansótegui. En el segundo realizó el examen del libro por él presentado. En el tercero trabajó ella misma como asamblea compiladora .

El trabajo de Ansótegui y In Junta de leye,.

704

Ultimo.'i intento.l'

en el sil(lo XIX.

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Interrumpida la tarea en los años siguientes, y tras el paréntesis ulterior de la Guerra de la Independencia, Femando VII vuelve sobre el proyecto y constituye en 1818 una comisión para que prosiga el trabajo. La comisión se reúne al año siguiente pero no realiza labor apreciable. La crisis política de 1820 y la supresión del Consejo de Indias arrinconan definitiv.amente este plan.

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38. MONARQUIA Y CORTES EN LA EDAD MODERNA l. Monarca y Estado A) EL ESTADO MODERNO

1. Naturaleza y fines del Estado

El Estado moderno es la estructura política que a partir del Renacimiento encarna la organización del poder en los países occidentales europeos. A diferencia del mundo medieval, donde, como señaló Otto Brunner, no había existido una entidad que exigiera el monopolio legítimo de la autoridad, dispersa ésta en múltiples instancias que reclaman y defienden la suya, el Estado del siglo XVI aparece como la institución que ostenta por antonomasia la exclusiva legitimidad del poder público. Según se ha convenido, ese Estado surge cuando concurren en la práctica una serie de factores (administración centralizada, sistema burocrático, proyección exterior mediante diplomacia estable, ejército permanente), mientras en el plano teórico se reconoce la supremacía de un monarca que recibe el poder directamente de Dios -o indirectamente a través del pueblo--, es fuente de ese poder hacia el interior del cuerpo social, y rechaza cualquier superioridad ajena al encarnar él mismo la plenitud de potestad. En su desarrollo histórico a lo largo del Antiguo Régimen, el Estado absoluto habría vivido en Europa tres etapas sucesivas; la de génesis y formación, desde los orígenes hasta la mitad del siglo XVI; la del absolutismo problematizado por controversias doctrinales, movimientos sociales y guerras religiosas, que se extiende desde aquella época hasta mediados del XVII; y finalmente el absolutismo maduro, durante la segunda mitad de esa centuria y todo el siglo XVIII, cuyo prototipo se encuentra en el apogeo centralista del Despotismo Ilustrado. Esta imagen del Estado moderno ha sido descrita por la profesora Regina Pérez Marcos de la siguiente forma: "Así se fueron configurando unas monarquías con amplia capacidad de acción gubernativa ... que desarrollaron una forma de Estado --el Estado Moderno- con marcada tendencia de absolutismo, y en las que se operó el desplazamiento de la idea del poder

Cnrnclere.,· yetnµmdel EJtado mr,d~rn,,.

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LA ESPAÑA MODERNA

personal del monarca (hasta entonces concebido teológicamente) para dar paso a una concepción impersonal del poder entendido como un servicio público .. . Como soporte de esta expansión se acuñó una ideología de Estado" (la imagen del Estado, 14). Poder real y ., ol.lt.'rmiín.

Fine., del Estado.

El Estado es una creación del monarca. Y en tanto en cuanto la "majestad" (maiestas) define la preeminencia del príncipe, la misma condición mayestática caracteriza al Estado. Esa supremacía -llamada mayoría por textos y autores castellanos (las Partidas, Covarrubias)- arranca de la interpretación del origen divino del poder real, explícito en varios pronunciamientos de las Cortes al alborear la Edad Moderna. Los reyes son vicarios de Dios para ejercer en el mundo su poder en la esfera temporal. Como ha mostrado Maravall, semejante tesis se convierte casi en tópico en el siglo XVI, cuando el obispo Guevara escribe que los príncipes "son dioses en la autoridad que tienen sobre las cosas temporales", y es objeto de una profunda elaboración en el pensamiento de Vitoria. Al constituirse la República o comunidad política, explica este autor, ningún miembro aventaja a otro en poder, que en consecuencia recae totalmente en la República misma. Al no poder ejercerlo ella por sí, lo transfiere al príncipe, quien en consecuencia recibe una potestad divina por cuanto es Dios quien ha creado ese poder al crear al hombre en sociedad. Tal planteamiento conduce a negar la supremacía de cualquier otro poder temporal; el rey, en consecuencia, no reconoce superior. Y es el monarca, por ello mismo, quien está facultado para declarar la guerra y quien puede impartir justicia entre los súbditos sometidos a su autoridad. En esta preeminencia estriba justamente la soberanía, siendo soberano aquel príncipe "que después de Dios no reconoce a nadie superior a sí mismo", según la clásica afirmación de Bodino en el libro primero de la República. El fin genérico del Estado es la consecución del bien común, lo que significa proteger la religión y la fe, hacer cumplir el derecho y mantener la paz. La defensa de lo religioso no sólo viene dada por el argumento doctrinal de que el poder y la misma existencia de la comunidad proceden de Dios, sino además por la convicción pragmática de que el buen orden social depende de su adecuación a la ética cristiana. En consecuencia, salvaguardar la ortodoxia constituye un objetivo primordial del Estado, que asegura así su propia supervivencia. Cierto adagio francés de la época (un roí, une foi, une loi) expresa el sentir generalizado de una sociedad que, destruida la unidad de la Cristiandad europea, quiere preservar a toda costa la unidad religiosa de los Estados nacionales. En España, en concreto, a la tutela y mantenimiento de la fe se supeditan de ordinario otros intereses políticos, y el Estado en cuanto tal se empeña en dispu tas, adopta decisiones y acomete empresas, ciertamente inexplicables si no es en razón de ese objetivo. La controversia sobre la licitud de la presencia hispánica en América, acompañada de medidas de todo orden, fue resultado

PODER REAL Y CORTES

709

de planteamientos religiosos. Lo mismo la política internacional de Carlos V en la Europa de la Refonna. o las inútiles guerras, desde cualquier otra óptica, que arruinaron a España en el siglo XVII. Ello ciertamente no impidió que los mismos principios religiosos fueran con frecuencia instrumentalizados en favor de intereses políticos, ni que la ortodoxia española llegara a convertirse en juez, e incluso en fiscal, de cuanto Roma debía hacer o había hecho. Al Estado corresponde gobernar con justicia y que el derecho sea respetado, por lo que el mismo monarca jura acatar las leyes y observar el ordenamiento jurídico de los reinos. El rey debe velar por la paz de la comunidad, tanto en la defensa ante posibles ataques, como haciendo uso de su derecho a declarar la guerra, que es así guerra justa, para exigir reparación de injurias o daños. A esos fines fundamentales, el Estado del XVIII añadirá otro más difuso y propio del espíritu de la época: la felicidad de los súbditos, es decir, convertir en objetivo político Jo que Bentham recogió en una expresiva máxima: lograr "la mayor felicidad del mayor número de personas" (the greatest happiness of the greatest number). Esa pretensión del Despotismo Ilustrado invirtió el signo del principio de no intervención del Estado (lai.uez-Jaire), para pergeñar en cambio un Estado-policía, calificado por Dilthey como el de "mayor intensidad y extensión de poder... desde Platón, y primer exponente a su vez de los ideales socialistas". La elaboración y desarrollo de esa tendencia llevó a que autores como Lamprecht identificaran el fin del Estado con formar unos ciudadanos "mejor educados, más sanos, más sabios, más felices y más seguros". Tan benéficos objetivos fueron a veces meras declaraciones de principios, pero otras llegaron a cristalizar en notables reformas económicas y sociales (34, 11).

2.

La "razón de Estado "

La unidad, el fortalecimiento y la imposición del Estado constituyen una razón suprema, la razón de Estado, a la que se subordinan todas las demás. Aunque conculque principios morales, compromisos contraídos, derechos adquiridos, etc ., ella se justifica por sí misma y debe informar el comportamiento del príncipe que quiera gobernar con fortuna. Tal es el mensaje político de Maquiavelo a principios del siglo XVI, fruto de sus reflexiones ante la deslumbrante ascensión de César Borgia y los éxitos de Fernando el Católico. Ortega describirá así el maquiavelismo como "el comentario intelectual de un italiano a los hechos de dos españoles". Las tesis del secretario florentino suscitaron agudas controversias en el pensamiento político europeo, y fueron condenadas en una profusa literatura antimaquiavélica. El Príncipe recibió en España la réplica moralizante del Príncipe cristiano del padre Ribadeneyra. Desprovista de connotaciones amorales, la expresión razón de Estado, que propiamente no es

Maquia ve/o y In "rnzán de

fatado ".

E.m en E..<µaña.

710

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de Maquiavelo aunque resuma su pensamiento, penetró en los teóricos españoles para simbolizar la racionalización de la conducta con fines exclusivamente políticos. En su Consejo y consejeros de Príncipes (1617) Ramírez de Prado la definió como el "conocimiento de medios que se alcanzan por el consejo, industriosamente guiados al buen gobierno". Se produje además una relativización de ese concepto, usado con frecuencia para designar simplemente el tipo de conducta pragmática y acomodada a los interese~ propios. Sin perjuicio de ello, el maquiavelismo propiamente dicho. como estrategia para lograr o conservar el poder a toda costa, fue objete de permanentes censuras por los pensadores de los siglos XVI y XVII, y todavía en el XVIII el padre Feijóo fustigará en su Teatro crítico la que él califica de "sed hidrópica de dominar". B) EL PODER REAL Y EL ACCESO AL TRONO

1. Elm,mnn-n y .'IU.'iujer iún

n lnx /eyrs.

Soberanía y absolutismo

La soberanía supone potestad absoluta y por consiguiente la inexistencia de cualquier poder superior. ¿Quiere ello decir, por tanto, que el monarca no está limitado por nada?. ¿No está sujeto, siquiera, por las leyes reguladoras de la comunidad que él dirige?. La respuesta afirmativa a esta segunda cuestión conduce a la figura del "príncipe desvinculado de las leyes" (prínceps legibus solutus), característica del absolutismo estricto. De todas formas la Escuela jurídica española del siglo XVI, arbitró desde Vitoria una solución conciliadora entre el absolutismo monárquico y el propio imperio de la ley, defendiendo la necesidad de que el príncipe se sujete a ella a fin de que el poder no degenere en tiranía. Las razones que justifican tal interpretación fueron fundamentalmente dos: pese a su supremacía, el monarca forma parte de la comunidad, por lo que la ley que rige a la república le vincula también a él; en segundo lugar, la ley es a su vez concreción de un orden superior que tiene a Dios como punto de referencia, y el monarca -aunque no reconozca superior en el plano terreno- sí depende de ese concierto trascendente que la ley refleja. En el tratado De iustitia et iure, Domingo de Soto llega a mayores precisiones Junto a esos argumentos, puntualiza él que los monarcas deben cumplir las leyes, pues en otro caso contravendrían el precepto divino que prohíbe querer para los demás lo que uno no quiere para sí mismo. Distingue de otro lado entre "fuerza directiva" y "fuerza coactiva" de la ley, lo cual significa que el príncipe debe acatar las normas pero no puede ser castigado por incumplirlas, habida cuenta de que no existe instancia superior capaz de proceder contra él coacti vamentc.

"Pote.,tnd nb.wlutn " y ".wbemnln ··.

La concepción rigurosa de la soberanía, tal como se desarrolla en Europa, lleva consigo la admisión de ese principio del prínceps solutus. Sánchez

PODER REAL Y CORTES

7ll

Agesta, ha destacado la diferenciación existente entre la potestad absoluta o extraordinaria, que desvincularía al monarca de las leyes en casos graves y excepcionales, y la soberanía propiamente dicha, que supone esa desvinculación con carácter normal y permanente. Por eso cuando el absolutismo se consolida, no se habla ya de potestad absoluta o extraordinaria, pues ciertamente lo que antes se daba como algo excepcional y distinto del poder común del rey, desaparece al quedar integrado en lo que es la soberanía misma. La soberanía entraña la potestad de gobernar, el poder declarar la guerra o asentar la paz, la potestad legislativa, la administración de justicia y la facultad o privilegio de dispensar del cumplimiento de las normas. Los juristas españoles aceptan esto último, siempre y cuando medie justa causa y la excepción tenga lugar en aras del bien común. 2.

La sucesión en la Corona: la Ley Sálica y la Pragmática Sanción

Hasta el siglo XVIII la sucesión a la Corona se rigió por las normas de derecho castellano fijadas en las Partidas, y que en 1504 fueron reconocidas por Isabel la Católica en su testamento. Según ellas la corona se transmite a los descendientes legítimos del monarca difunto, prefiriéndose los varones a las hembras y los de mayor a menor edad. En defecto de descendientes, heredan los padres, y si éstos no viven entran en juego por línea colateral los hermanos del rey que ha fallecido. Se admite el derecho de representación, es decir, la transmisión a los descendientes del derecho al trono del heredero que muere sin reinar, si bien no habrá lugar a que tal previsión se lleve a la práctica.

Si11lo., XV/ y XVII.

La sucesión de los Austrias se opera de modo regular hasta el último de ellos. Carlos 11 muere sin descendencia, no viviendo sus padres y habiendo muerto también sus dos hermanas: María Teresa (casada con Luis XIV) y Margarita (casada con Leopoldo 1). El monarca español designa heredero a José Femando de Baviera, nieto de Margarita; pero al morir él, Carlos (( vuelve a testar a favor de Felipe de Anjou, nieto de su hermana mayor, María Teresa, estableciendo al tiempo que la monarquía española no se una a la francesa. Tras realizarse la sucesión con arreglo a lo dispuesto en este último testamento, Luis XIV reconoció el derecho del heredero a la Corona de Francia. Ello dio lugar a la Guerra de Sucesión, donde se enfrentaron Felipe de Anjou -ya Felipe V- y el archiduque Carlos de Austria, quien figuraba en el testamento de Carlos II como posible heredero en defecto de Felipe y de su hel1Tl3ll0 menor, el duque de Berry.

El 10 de mayo de 1713, las Cortes promulgan a instancias de F~lipe V una ley, la llamada Ley sálica, que deroga el anterior régimen sucesorio. La disposición de las Cortes, que se calificó luego de auto acordado por haber sido publicada en un volumen que contenía este tipo de disposiciones, otorgó preferencia absoluta a la rama masculina, estableciendo un minucioso sistema sobre la base de los derechos de primogenitura y representación. Felipe V pergeña así una serie de líneas hereditarias, encabezadas por cada

Ln Ley Siílim rle/7 /3.

712

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uno de sus hijos y constituidas por ellos y sus descendientes, los cuales son a su vez punto de arranque de las ulteriores líneas o ramas. El orden sucesorio parte del llamamiento a todos los varones de cada línea filial (lujo, primer nieto, segundo nieto, etc.), pasándose sólo de una rama a otra de la misma línea, o de una línea a la siguiente, en defecto de herederos en las anteriores. Sólo si no existen herederos varones, suceden las mujeres de ese árbol descendente, hijas o hermanas del último varón reinante, y sus respectivas proles; rigiendo asimismo los derechos de primogenitura y representación. En antepenúltimo lugar suceden las propias hijas de Felipe V o sus descendientes; en penúltimo. otros parientes transversales, y en último término la Casa de Saboya. La Prn11mátim Sandtln dt 1789.

Tan complejo sistema no sirvió de nada y Felipe V fue el primero en incumplirlo. En 1789 las Cortes solicitaron la derogación del Auto acordado de 1713, al que los procuradores consideraban novedoso, y el correlativo restablecimiento de la ley de Partidas que se había observado, según decían ellos, "desde tiempo inmemorial". Carlos IV accedió, movido quizás por el deseo de asegurarse el trono de España, habida cuenta que él había nacido y se había educado en Nápoles, mientras la ley de Felipe V -aunque obsoleta- estatuía que los príncipes herederos debían nacer y educarse en España. Pero la Pragmática sanción de 1789, derogadora de la Ley sálica, no fue promulgada, y por orden de Carlos IV se guardó sobre ella absoluto secreto. Habría de transcurrir casi medio siglo hasta su publicación en 1830 y el ulterior alboroto de los sucesos de la Granja (43,I,B,3). 11. El poder y su ejercicio A)

Ln rondición d~ "tirano ".

LAS LIMITACIONES TEORICAS: TIRANIA Y DERECHO DE RESISTENCIA

El margen de discrecionalidad en el uso del poder es amplio pero no ilimitado. Los excesos y abusos pueden convertir al rey en tirano, justificándose así el derecho de resistencia a la opresión e incluso la posibilidad de dar muerte al déspota, lo que propiamente constituye el llamado tiranicidio. Como sucedió en otros tiempos, tirano puede ser quien se hace con el poder sin justo título y logra imponerse por la fuerza. Tal posibilidad es contemplada por los teóricos, pero apenas llega a hacerse real en la dinámica del Estado moderno. En éste es tirano sobre todo quien ejerce el poder abusivamente, y en consecuencia sojuzga a los súbditos. Los atropellos no consisten sólo en actos físicos inmoderados y vejatorios, sino primariamente en conculcar las leyes. Pero ¿acaso dictar las leyes, y a la postre mudarlas, no es algo que corresponda al príncipe? Aquí comienzan los distingos, cuidadosamente formulados por el padre Mariana en su De rege

PODER REAL Y CORTES

713

et regís institutione, obra considerada como el catecismo español de la resistencia al poder. Mariana distingue dos tipos de leyes. Unas corresponden a la competencia del monarca, quien en consecuencia puede alterarlas o revocarlas unilateralmente. Otras son fruto de la comunidad misma, no siendo así posible su mudanza sin el consentimiento de los súbditos. Si el rey vulnera estas últimas, las leyes sancionadas por la república (leges quas respublica sanxit), queda convertido en tirano.

El PndrrMn riana y .,·u dot'trinn del tirnniddio.

Guenther Lewy, investigador de la filosofía política del célebre jesuita, ha concretado en su obra a estos efectos la diferenciación de dos tipos de derecho: el estatuido directamente por el rey y el dictado de acuerdo con las Cortes.

Ante la opresión regia sobre la religión o esos derechos fundamentales, ¿qué pueden y deben hacer los súbditos?. Los autores responden con tres tipos de soluciones según su menor o mayor grado de beligerancia. Algunos consideran que el déspota representa el castigo divino a los pecados del pueblo, procediendo en consecuencia la resignación e impetrar perdón al Dios justamente airado. Otros patrocinan sencillamente incumplir lo que por torpe no debe ser cumplido, y a ser posible apelar a alguna instancia, como el papa, con autoridad moral para moderar al tirano. Por último, si la opresión resulta irremediable, ciertos autores defienden la legitimidad de la rebelión, e incluso, la de dar muerte al tirano. Esta es justamente la tesis de Mariana: "Primeramente se amonestará al princ1pe para que corrija sus excesos . Si consintiese en ello y satisficiese a la República, enmendando los errores de la vida anterior , juzgo que no se debe ir más adelante ni emplear remedios más graves. Pero si de tal modo despreciare los consejos, que no haya esperanza de que corrija su vida, entonces, pronunciada la sentencia, se permite en primer lugar a la República rechazar su imperio .. . Y si con esto no se consiguiere el objeto y no hubiere más oportuno medio de defensa, en virtud de ese mismo derecho de defensa propia, .l'e podrá quitar la vida al pr(ncipe al que .l'e ha declarado enemigo público" (Libro 1, cap. 6) .

La publicación del De rege no produjo especial conmoción en la España de 1599, recién llegado al trono Felipe III, tanto por coincidir sus conclusiones con las que habían sido mantenidas por un cierto sector doctrinal, como porque los juicios de Mariana debieron entenderse referidos principalmente a Francia, donde poco tiempo antes Enrique III había sido asesinado por un fraile. Durante el siglo XVII, sin embargo, fueron censurados varios de sus escritos, mientras en algunos acontecimientos como la conspiración de la pólvora en la Inglaterra de 1605, o la muerte de Enrique IV de Francia un lustro después, se veía la sombra de esas tesis justificadoras

E('()tleln obrad~ Mnrimw.

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LA ESPAÑA MODERNA

de la violencia. Incluso la Sorbona ordenó quemar la obra del jesuita español.

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ln intuprt'ln· l"irínddmovimiento.

B)

LA OPOSICION EN LA PRACTICA: MOVIMIENTOS POLITICOS Y SOCIALES

1.

Comunidad.es y Germanías

El movimiento de las Comunidades de Castilla, que estalló en 1520, fue resultado de muy diversas causas políticas y sociales. El agravio castellano por la prepotencia y venalidad de los personajes flamencos traídos por Carlos V, llegó al extremo cuando con ocasión de la salida de España del monarca ese año, fue designado regente el extranjero Adriano de Utrecht. Además Carlos V había sido elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como sucesor de su abuelo Maximiliano, con lo que los intereses imperiales se antepusieron a los propiamente castellanos , exigiéndose a la postre que Castilla financiara los cuantiosos gastos que esa política llevaba consigo . En tales circunstancias Toledo se erige en portavoz del descontento, rechaza como extraño el título imperial y pide que si, pese a ello, el monarca se ausenta, la regencia se organice "dando a los pueblos la parte que el derecho les da y Je dieron los reyes pasados en semejantes casos". La oposición toma cuerpo en las Cortes de Santiago y La Coruña, y tras la partida de Carlos V se organiza la llamada Junta Santa, compuesta por delegados de ciudades y villas, que considerándose una asamblea representativa defiende las pretensiones comuneras. La Junta se instala en Tordesillas, radicaliza sus posiciones -Jo que origina el apartamiento de los más moderados-, se enfrenta abiertamente al cardenal Adriano y estalla la guerra . En diciembre de 1520 la Junta es expulsada de Tordesillas por el ejército imperial, y en abril del año siguiente las huestes de las ciudades resultan abatidas en Villalar, donde son ejecutados tres de sus jefes principales: Padilla, Bravo y Maldonado. Al regresar Carlos V se consuman nuevas ejecuciones de otros comuneros presos, concluyendo la historia del levantamiento con un perdón casi general. ¿Qué significó la revolución de los comuneros y quiénes fueron ellos?. Para la historiografía liberal del siglo XIX, la guerra de las Comunidades fue un movimiento de los defensores de las libertades populares frente al absolutismo monárquico extranjerizante. El republicanismo federalista de Pi y Margall vio en la contienda la frustración histórica de las tendencias anticentralistas, con Jo que Villalar simbolizará no sólo la destrucción de las libertades castellanas, sino también la ruina futura de Aragón y Catalu-

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ña. En sentido opuesto, Menéndez Pelayo juzgó a los comuneros como unos reaccionarios de espíritu medieval, que luchaban contra las ideas modernas y centralistas de su tiempo; para él la guerra no fue "el despertar de la libertad moderna", sino "la última protesta del espíritu de la Edad Media contra el principio de unidad central". Tales opiniones, y otras muchas de variado signo, han sido revisadas en profundidad por recientes investigaciones, que analizan el problema comunero en una más amplia perspectiva. A la luz de ellas cabe resumir las siguientes líneas principales de interpretación: -Lo que sucedió en Castilla en 1520 no fue una mera revuelta o un movimiento difuso, sino una auténtica revolución política y tal vez la primera revolución moderna (Maravall). Resultó en todo caso prematura porque se intentó hacer con el poder una burguesía todavía débil. En la hora decisiva de Villalar, esos comuneros sólo pudieron formar un ejército de infantería, que inexorablemente pereció ante la caballería de la alta nobleza. -Desde un prisma social, las Comunidades agruparon a la burguesía industrial donde existía (Segovia, por ejemplo), frente a la burguesía mercantil y la nobleza, cuyos intereses eran complementarios por aprovecharse ambas del comercio lanero. Un sector campesino aprovechó la oportunidad para unirse y defender su liberación de las servidumbres señoriales (Joseph Pérez). -Geográficamente la revolución comunera representó el descontento del centro castellano (eje Valladolid-Burgos) frente a los territorios periféricos. -Políticamente las Comunidades pretendieron limitar los poderes del monarca y de la aristocracia, en beneficio de las ciudades y de su representación en Cortes. Se trató en suma de un intento de organizar el gobierno de las clases medias burguesas. -La revolución se inicia desde una plataforma urbana, con motivaciones fiscales y nacionalistas, pero desemboca luego en un vasto movimiento antiseñorial (Gutiérrez Nieto). La alta nobleza acepta el nacionalismo comunero y su pretensión de limitar los poderes regios, pero rechaza desde luego ese aliento antiseñorial que atenta a sus intereses, así como un proyecto político de gobierno rey-ciudades que directamente les margina. En Valencia y Mallorca, las contiendas de las Germanías, o hermandades de menestrales, aparecen como un movimiento estrictamente contemporáneo del comunero. En Valencia la lucha se plantea, de una parte, entre los artesanos agermanados y las élites gremiales, luchando aquéllos por el monopolio del mercado y por el proteccionismo municipal; y de

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716

lmerpretnciún

dtd movimiento.

otra, entre los campesinos oprimidos y la aristocracia terrateniente apoyada por los moriscos. Los agermanados reivindicaron y consiguieron un cierto poder municipal, creando luego un poder paralelo -la Junta de los Trece-, cuyas dos realizaciones concretas, la supresión de los impuestos y el bautismo forzoso de mudéjares, fueron en extremo fugaces. El líder de la Germanía, Juan Llorens, pretendía nada menos que instaurar una constitución republicana como las de Venecia y Génova. Tras adueñarse de Valencia, los agermanats fueron derrotados por el virrey Hurtado de Mendoza, concluyendo la revuelta no con ejecuciones formales al estilo de Villalar, sino con una verdadera masacre humana y el asesinato de cierto mítico personaje, "El Encubierto", quien aglutinó dos fuerzas tan contradictorias como la resistencia agermanada y el mesianismo judío (García Cárcel). Las Gennanías han merecido como las Comunidades un tratamiento historiográfico variable según los tiempos. También los republicanos federalistas se ocuparon de ellas, alimentándose de su espíritu los movimientos cantonales surgidos a fines del XIX. Como réplica, los historiadores de la Restauración despacharon con desprecio las pretensiones de Llorens y los agennanados, quienes en juicio de Danvila no fueron otra cosa que unos "idealistas torpes e inútiles". De otra parte, y ante la coincidencia en el tiempo, cabe preguntarse si hubo alguna relación de fondo entre comuneros y agermanados, o si en cambio se trató de dos movimientos inconexos y heterogénea;. Más bien parece lo segundo. Cierto es que, en uno y otro caso, las clases urbanas provocaron la insurrección, pero los objetivos fueron bastante distintos: más políticos en los comuneros y más sociales en los agermanados. Incluso las pretensiones políticas de estos últimos distaron mucho del programa de conservadurismo democrático de las Comunidades, en aras de organizar todo el reino sobre el poder de la burguesía ciudadana. En Valencia se procuró, más bien, instaurar un modelo revolucionario, bastante similar al existente entonces en las comunas italianas. 2.

ln.\ dos re belirme.,· y .\'lu r·nusns.

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Las rebeliones andaluzas

Las dos rebeliones andaluzas de las Alpujarras tuvieron un carácter fundamentalmente racial y religioso. La primera se produjo en las postrimerías del siglo XV (noviembre de 1499-marzo de 1500) y fue consecuencia del giro de agresividad que Cisneros imprimió a la política religiosa con los moros, quebrando así la etapa de tolerancia del arzobispo de Granada, Remando de Tala vera, quien había puesto en práctica el espíritu de respeto y concordia previsto en los acuerdos de capitulación de la ciudad. El desasosiego que provocaron las conversiones en masa, más o menos forzosas, fue desde luego acallado. Pero ni la pragmática de expul-

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sión de 1502, ni la anuencia a que se incumplieran ciertas disposiciones que en 1508 prohibían a los moriscos usar su vestimenta y practicar sus costumbres, consiguieron impedir un creciente resentimiento en los conversos. Esa animosidad estalló medio siglo más tarde en la segunda rebelión de 1568. A ella coadyuvaron factores económicos (el aumento de los impuestos sobre la seda, base de la industria morisca, así como la prohibición de exportar tejidos), la acritud de la Inquisición y, en última instancia, un decreto de 17 de noviembre de 1566 que impuso a los moriscos el aprendizaje del castellano, prohibiéndoles hablar, leer o escribir en árabe, y obligándoles a abandonar su indumentaria y costumbres tradicionales en un intento por evitar que esos usos sirvieran de cobertura a prácticas coránicas. El decreto en sí mismo no constituía gran novedad, pero lo que sí resultó nuevo fue que se llevara a la práctica. Con ello sobrevino la rebelión, que alcanzó preocupante resonancía nacional, por los intentos de conexión con los moriscos de Valencia, e incluso internacional, habida cuenta de las ayudas recibidas del norte de Africa y de la amenaza de intervención turca que no llegó a producirse. Dos años transcurrieron hasta ser sofocada la insurrección en 1570, resolviéndose episódicamente un problema cuyo término fue el decreto de expulsión (33,111,B, 1). 3.

La insurrección en Aragón

Poco tiempo después, también en el reinado de Felipe II, acaece el alzamiento de Aragón. Sobre un rescoldo de resentimiento anticastellano en las clases dirigentes, el conflicto aragonés tuvo dos claves principales: la pretensión del monarca de nombrar un virrey foráneo, y las peripecias del secretario Antonio Pérez. En el primer caso, si bien los Fueros parecían exigir que el representante regio fuera natural del reino, Felipe II llevó a cabo ciertas consultas que Je permitieron confiar en la legalidad de la designación de un no aragonés. Tropezó sin embargo con el rechazo de esas clases dirigentes, recelosas ante la amenaza de ver quebrantada la autonomía del reino, y el rechazo se convirtió en beligerante hostilidad cuando se supo el nombre del elegido: el marqués de Almenara, de la casa castellana de los Mendoza, quien a su escaso tacto añadía el inconveniente de ser pariente de otro personaje, el conde de Chinchón, reconocidamente hostil a la causa aragonesa. Tras unos primeros y desafortunados contactos, Almenara regresa a Aragón en 1590 y encama la figura del indeseable virrey extranjero cuyo nombramiento parece inminente. Pero entonces aparece en Zaragoza Antonio Pérez, quien tras su enfrentamiento con Felipe II consigue huir de la prisión en Madrid para acogerse al derecho aragonés de manifestación (31,1,B,2), e ingresar en aquella cárcel de manifestados que el propio Pé-

El nombrnmie11111 de un virrey foráneo.

E/m.
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rez calificaría de "prisión de la libertad". En tal situación, amparado el secretario por el poder legal del Justicia Mayor, y no pudiendo renunciar Felipe II a perder el control del prófugo, se recurre a una inverosímil estratagema: declarar hereje a Antonio Pérez, pudiendo así ser hecho prisionero por el tribunal de la Inquisición, cuya jurisdicción no reconocía trabas forales. La artificiosa atribución de herejía se fundó en dos causas. De un lado en que alguien testificó que Pérez quería escapar al extranjero atravesando la región protestante de Béarn, lo que implicaba su asociación con herejes. De otro en cierta frase airada del secretario, apostando su palabra contra la "nariz de Dios", frase que fue calificada de "proposición ... sospechosa de la herejía badiana, que dice que Dios es corpóreo y tiene miembros humanos".

El traslado de Pérez a la cárcel inquisitorial originó un verdadero tumulto, en el que la muchedumbre atacó el palacio de Almenara -quien luego murió de las heridas recibidas-, invadiendo también la cárcel de la Inquisición y rescatando al secretario. Ante esto el ejército regio penetró en Aragón y puso término al levantamiento. Pérez logró huir a Francia, pero el Justicia, Juan de Lanuza, fue decapitado. Las Cortes de Tarazona de 1592 modificaron los Fueros, concediendo al rey mayores poderes en el gobierno del reino. 4. El repano de la.,· r nr¡.:nJ jinanr ie-

ras y militares de In Monarquía.

El Corpmde San¡:n, yin Guerra de lo., Se¡:ndon,.<.

La rebelión de Cataluña

Si el trienio 1590-1592 fue un período clave en la historia aragonesa, el año 1640 lo fue en la catalana. Durante ese medio siglo crecieron las necesidades económicas y militares de la monarquía, poniéndose de manifiesto la inconveniencia e imposibilidad de que Castilla afrontara en solitario todas las cargas. La atención de los gobernantes se dirigió pues a las regiones periféricas, y en concreto a Cataluña, minada entonces por los problemas del bandolerismo. Durante el reinado de Felipe IV entra en acción la política centralizadora de Olivares, quien en 1624 propone entre otras cosas constituir la Unión de Armas, reserva militar de 140.000 hombres a la que Cataluña habría de contribuir con 16.000 (Castilla con 44.000), así como obtener en los años siguientes una mayor aportación financiera. Al celebrarse Cortes de la Corona en 1626, las de Aragón y Valencia negaron las tropas pero acordaron aportar dinero. Las de Cataluña rehusaron cualquier tipo de colaboración. De esta forma, la desavenencia entre la Corona de Aragón y Castilla dio paso al enfrentamiento directo de Cataluña y el monarca. La guerra con Francia llevó al Conde-Duque a instalar al ejército en Cataluña, lo que extremó las tensiones entre unas tropas consideradas extranjeras y la población civil , municipios y campesinos, que habían de subvenir a su alojamiento. Las revueltas campesinas fueron al comienzo de naturaleza anti señorial; pero la nobleza catalana supo desviar esos objetivos y sumarse a la protesta a través de un movimiento interclasista, que apuntaba a lapo-

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lítica de Madrid como causa de todos los males. La entrada en Barcelona de medio millar de segadores el 7 de junio de 1640, festividad del Corpus Christi, dio pie a terribles incidentes en ese Corpus de sangre que costó la vida al virrey, conde de Santa Coloma. A los gritos de "muira el mal gover", "muiren els traidors" y "visea la terra", los amotinados abrieron el primer capítulo de una guerra separatista -la llamada guerra dels segadors- que habría de durar hasta 1652. En un principio, siguiendo la iniciativa del clérigo barcelonés Pau Claris, máxima autoridad del Principado, Cataluña intentó constituirse en república independiente, pero la presión castellana obligó a los catalanes a requerir la protección de Francia, cuyo monarca se convirtió en Conde de Barcelona. La sustitución de Felipe IV por Luis XIII no sólo no resolvió el problema catalán, sino que las quejas que habían sido frecuentes ante Madrid, arreciaron ahora ante París al verse Cataluña explotada por el ejército y los comerciantes galos. La ayuda francesa fue escasa y ello facilitó la recuperación de Cataluña por Felipe IV, quien concedió una amnistía general y prometió respetar sus fueros y constituciones. 5.

Disturbios en la España ilustrada: el Motín de Esquilache

La principal revuelta popular del siglo XVIII, desarrollada en 1766, tuvo como justificación formal el rechazo a una real orden de 22 de enero que prohibía usar capa larga, sombrero redondo y embozo, a los empleados de los servicios y oficinas palaciegas; y sobre todo la repulsa a un bando de 10 de marzo con medidas más generales: "prohibición de usar capa larga, sombrero chambergo o redondo, montera calada y embozo en la corte y sitios reales". La algarada iniciada un domingo en las calles de Madrid tomó derroteros inusitados; y ello tanto porque los manifestantes exigieron la destitución del ministro Esquilache, a quien se atribuían esas decisiones, como por la extensión del alboroto a otras ciudades españolas y la insólita magnitud de los disturbios en la capital y provincias. Carlos III cesó al ministro, que a duras penas escapó con vida del tumulto y pudo embarcar para Italia mientras las turbas arrasaban su casa. Restablecida la paz, el monarca quedó consternado. Según un historiador de la época, ningún -acontecimiento afligió más a Carlos III que haber tenido que ceder ante el "populacho amotinado". ¿Fueron capaces por sí mismas esas medidas legales sobre la indumentaria de provocar tan graves resultados?. Indudablemente no. La explicación simplista de un motín popular, exacerbado de sentir tradicional, resulta insuficiente por más que al descontento de capas y sombreros hubiera que añadir una profunda insatisfacción por las dificultades económicas. Rodríguez Casado ha desechado así que aquello fuera un motín espontáneo, para explicar los acontecimientos en base a la conjura de

los hecho.\' externos.

Ln interpre/n· d,ín.

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los perjudicados por la política reformista del gobierno, es decir, de eclesiásticos y nobles, con la plebe como elemento de choque. Parece desde luego que en el motín de Esquilache se dieron cita múltiples factores: el descontento por la crisis económica; el apego atávico a formas tradicionales de indumentaria; la reacción ante ese y otros ministros, extranjeros de estirpe e inquietudes; la repulsa en provincias hacia los excesos del poder municipal, y la oposición, en fin, de los estamentos sociales privilegiados. Sea lo que fuere, el motín de Esquilache desbordó los caracteres de una mera algarada y adoptó un tono ciertamente revolucionario. Pierre Vilar lo ha calificado de hito precursor de la crisis global del Antiguo Régimen en Europa, y de preludio español a la Revolución Francesa que habrá de estallar no muchos años después. C)

LA LUCHA POR EL PODER DENTRO DEL ESTADO: LOS GRUPOS POLITICOS Y SUS INTERESES

En la monarquía absoluta el rey es la fuente única del poder, del que participan los súbditos en función de su proximidad e influencia. Conviene en consecuencia distinguir en las personas el rango teórico y el poder de hecho, que a veces coinciden y a veces no. Así, sin especial relevancia jerárquica en las estructuras políticas, tuvieron un enorme poder e influencia personas como los secretarios privados del monarca, o sus confesores y médicos. Resulta así de sumo interés en la dinámica funcional del Estado del Antiguo Régimen el estudio de estas gentes que, sin ocupar cargos de importancia en la estructura de Consejos y Ministerios, desempeñaron un papel político muy relevante. La profesora María Soledad Campos ha sido pionera en estudiar, desde la perpectiva de la historia jurídica, el tribunal del Protomedicato y el panorama de los médicos de Cámara. A su vez, Leandro Martínez Peñas trabaja en la elaboración de su tesis doctoral sobre el confesor del rey, figura clave de la vida política y cortesana.

Más allá de las personas, se constituyen y actúan grupos formados por relaciones de parentesco o de procedencia, opciones políticas o afinidad de intereses, cuya fisonomía cambia de los Austrias a los Barbones. l.

Siglos XVI y XVII

Con independencia de las críticas teóricas o de la oposición práctica y ocasional al poder regio, el Estado absoluto no fue una construcción estática e imperturbable, con un monarca monopolizador de la autoridad y un conjunto de súbditos espectadores. Antes bien, en la medida en que ese poder emana del rey, individuos y grupos intentan participar de él, tratan de lograr el favor del príncipe y se enfrentan intentando hacer prevalecer sus particulares puntos de vista sobre la vida pública. Hablamos así de grupos y partidos políticos en el Antiguo Régimen, aun a reservas de que esos

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partidos difieran sustancialmente de los formados a través de la representación popular en el Estado contemporáneo. En la España de Carlos V la lucha política se planteó en principio entre el grupo flamenco y sus protegidos, por un lado, y los españoles que lograron encumbrarse, por el otro. Del primer sector fueron representantes personajes como Gattinara o Granvela, y del segundo un secretario del rey, el andaluz Francisco de los Cobos, que disfrutó de franca supremacía en el segundo tercio del siglo XVI. Apartados los flamencos, las pugnas fueron frecuentes entre los propios sectores españoles, y el mismo emperador advertiría a su hijo Felipe en la instrucción secreta de 1543 de la rivalidad entre ese Cobos y el cardenal Tavera, por lo que "aunque son cabezas de dos bandos hostiles, con todo he decidido nombrarlos a ambos para que no quedaras a merced de ninguno de los dos". Por otra parte, la secuela de la guerra de las Comunidades, los desajustes financieros, la presencia agobiante de los flamencos y el afianzamiento de la Inquisición, desencadenaron un sentimiento de malestar político, que Braudel ha advertido en los últimos años de Carlos V y a lo largo del reinado siguiente. En diversas Cortes castellanas (Valladolid, 1523 y 1548; Toledo, 1538) es perceptible una corriente de oposición a la política económica, mientras la ortodoxia religiosa --es decir, por entonces, la ortodoxia política- era amenazada desde dentro con la penetración de las corrientes erasmistas, apoyadas por algunos colaboradores ilustrados del propio emperador, quienes por lo mismo aparecen como cabecillas de corrientes de oposición en el seno del aparato estatal. En el reinado de Felipe II se enfrentan dos principales grupos políticos, liderados por el Duque de Alba y por el Príncipe de Eboli. Ambos tratan de acaparar el favor regio y de colocar a los suyos en los múltiples cargos de una administración cada vez más tupida. Se enfrentan también, sin embargo, por una concepción discrepante de la estrategia política nacional. Los de Alba son belicistas, mientras el partido de Eboli, a quien con su muerte sucederá Antonio Pérez, opta por soluciones pacíficas y negociadas. Ambos sectores políticos colisionan en el problema aragonés, donde Alba preconiza el uso del ejército y el marqués de los Vélez defiende el respeto a los fueros; y sobre todo en la espinosa cuestión de Flandes. Aquí la lucha es ya frontal y de la mera dialéctica se pasa a los hechos, cuyo resumen es un crimen político --el asesinato de Juan de Escobedo-y la caída en desgracia de Antonio Pérez. Felipe II estimaba peligrosa la política que su hennanodon Juan de Austria seguía en los asuntos de Flandes. Antonio Pérez y la princesa de Eboli temían que Escobedo, secretario de don Juan, revelara las maniobras que ambos realizaban. El secretario persuadió al rey de que "el angel malo de don Juan era Escobedo, y que suprimiéndole desaparecerían la tentación y el pecado". Sugirió así y planeó el asesinato. Felipe II accedió y no ordenó (Marañón). Ante las denuncias de los enemigos de Pérez, el rey se vio obligado a perseguir a su colaborador y cómplice.

Reinado de úzrlox V: lucha por d podu y opo.,·id()n políticn.

Reinado de Feli-

pe 11: pn,.;fi.,w.,· contrn beliáJtns.

722

Fe/ipe l/1 y Felipe IV: bando., nobilinrios )' con· trol político.

Carlos /1: el populi.\·mo como

argumento en In lucha por el poder.

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Al margen de la rivalidad de estos grupos, calificados en nuestro tiempo por Marañón de conservadores y liberales, se percibe entonces la pugna de los secretarios de Estado y de los secretarios privados del monarca (39,II, B ). Estas gentes colocan a sus hijos y parientes en las oficinas reales, con lo que a veces los grupos familiares se convierten en la segunda mitad del siglo XVI en sucedáneo de los grupos políticos. En la España del XVII la lucha por el poder es la lucha por la privanza, es decir, por convertirse en privado o valido del monarca de turno. Lerma y Uceda, padre e hijo, acaudillan bandos en discordia en el reinado de Felipe III, mientras esas y otras facciones actúan como clanes nobiliarios a tenor de la condición de sus dirigentes. Pero la pugna política, una vez logrado el poder, se traduce en la estrategia de defenderlo ante los sectores que lo ambicionan. Sabemos así que Olivares dispuso de un cortejo de confidentes y espías, que acecharon incluso la cámara regia, intentando además controlar a quienes contra él escribían en las noticias y avisos de la Corte. Ello nos sitúa ante los balbuceos de la opinión pública y de la censura política. En los años de Carlos II la contienda toma nuevos derroteros, cuando don Juan José de Austria se enfrenta con el valido Nithard, quien a su privilegiada situación sumaba la influencia adicional propia de los confesores de los reyes. Aquí ya no luchan dos facciones nobiliarias, ni se trata de una pugna centralista y cortesana. Juan José de Austria se presenta de una parte como líder del pueblo. De otra, como representante de la Cataluña postergada. La insólita expedición de este personaje desde Cataluña, a través de Aragón, hacia Madrid, representa el primer intento en la España moderna de apoderarse desde la periferia del gobierno de la nación. Aboca además a lo que ha sido calificado de auténtico golpe de Estado y a que la manifestación popular se utilice como medio de presión política, pues efectivamente la reina madre, Mariana de Austria, destituye a Nithard debido a la pura necesidad y la violencia en aras de salvaguardar la quietud pública. 2.

Felipe V.· la alternativa intemnC'i<>· nnl c·omo /nt1or de oprirln poluim.

Siglo XVIII

En la etapa inicial de Felipe V la confrontación política se plantea entre el sector oficialista francés, obediente a Luis XIV y dirigido por el embajador de turno, y aquel otro, encabezado por la princesa de los Ursinos, que pretende organizar el gobierno sobre una base autónoma. Al consolidarse el sistema surgirá la opción de la política internacional -pro francesa, pro austriaca, pro inglesa etc.-, como factor diferencial de los partidos en la Corte, lo que convierte a los embajadores respectivos en agentes y tutores de las corrientes afines. El ministro Patiño patrocina así en la década 1726-

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1736 una política tributaria de Austria, con lo que la alternativa exterior define ya ese factor diferencial, presente a lo largo de la centuria, y que es propio de un país que ha perdido su condición hegemónica. Con Fernando VI la lucha por el poder se ciñe a la que protagonizan dos poderosos ministros, Ensenada y Carvajal, y sus respectivos partidarios. Ensenada controla él solo tres importantes departamentos (Guerra, Marina-Indias y Hacienda), pero Carvajal dirige el todavía más significativo y político de Estado (hoy Asuntos Exteriores), lo que en la práctica comporta un cierto equilibrio. A la muerte de Carvajal sigue la gran crisis política de 1754, en la que los grupos francés, austriaco e inglés luchan por el cargo vacante y, en última instancia, por el control del Estado. El triunfo de los anglófilos origina la caída de Ensenada, pese a lo cual, por los innumerables amigos colocados en toda la maraña de la administración, el ministro riojano, ya en el destierro, representa una fuerza poderosa que los ingleses llamaron el espíritu del Ensenadismo. La procedencia de Carlos 111 facilitó en la primera parte de su reinado la formación de un influyente núcleo italiano, alrededor de los ministros Grimaldi y Esquilache, que contará también con la correspondiente clientela española. Durante la década 1766-1776 la lucha política se centra entre los golillas o togados y el partido aragonés, es decir, entre los que han sido calificados de partidos "filosófico" y "militar", si bien ambos mantuvieron serios planteamientos sobre las nuevas ideas ilustradas y discrepantes actitudes en la cuestión internacional. El triunfo de los primeros convirtió a Floridablanca en la figura central del Estado, mientras el líder de los segundos, Aranda, dirigía la oposición desde su retiro en la embajada española en París. En connivencia con el Príncipe de Asturias -futuro Carlos IV- Aranda llegó a elaborar en 1781 un amplio documento, el Plan de gobierno. que constituía algo así como el programa político de esa oposición que finalmente logró hacerse con el poder. En los últimos años del XVIII las fuerzas en liza tienen un signo u otro según su actitud respecto a los revolucionarios franceses. La manifiesta hostilidad de Floridablanca contrastó con la postura más dialogante de Aranda. Aquél fue objeto de un atentado político en 1790, obra probablemente de un agente de los jacobinos, y tras haber presentado en vano su dimisión, se vio cesado por Carlos IV dos años más tarde. El Conde de Aranda, y con él el partido aragonés, alcanza el poder en 1792. El triunfo fue sin embargo efímero, porque poco después esa dialéctica política resultó barrida al entregar los reyes su confianza al último valido cortesano, Manuel Godoy. Las peripecias políticas, pretensiones reformistas e inquietud patriótica se reflejan ya en el moderno periodismQ español que nace en el siglo XVIII. Su figura principal fue Francisco Mariano Nipho, ~uya obra y papel precursor nos son conocidos por una valiosa

Fernando VI: el enfrenta· mientoEn-

sennda-Cnrvajnl.

Car/(ls 111: la lucha de los ¡:o· lilfm y el par· tido nrnxonis.

Car/(ls IV: la Rt!Voluri1m Jmn· ceJa nmdiritmn-

d(lra de la alineación polltim.

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monografía del profesor Luis Miguel Enciso. Esepersonajepublicóen l 758el primer diario español: el Diario noticioso, curiow-erudito y comercial, público y económico, promoviendo también otras publicaciones periodísticas de tinte acentuadamente políti co: el Correo general de España, el Murmurador imparcial, etc.

D) PODER REAL Y PODER SEÑORIAL

Mantenimiento del régim,n .lt!ñorial.

Oraso del rigim en ., eñorial.

Cabría en principio suponer que la consolidación del Estado absoluto llevó consigo el término y fin de aquel poder señorial que durante la Edad Media se había alzado frente al de los reyes (27, III). Y de hecho la historiografía tradicional dio por buena esta presunción, señalando que ya los Reyes Católicos no sólo no toleraron el establecimiento de nuevos señoríos, sino que además disminuyeron y debilitaron los entonces existentes. Tal interpretación peca de elemental. La más compleja realidad muestra la supervivencia de los señoríos y plantea el problema de las relaciones entre el poder real y el señorial , cuyo mantenimiento pudo llegar a cuestionar, en opinión de algunos, la existencia misma de un Estado propiamente absoluto. En los dos siglos de la monarquía de los Austrias, persistió por motivos fiscales el proceso desintegrador del realengo. Las prácticas enajenatorias reportaban un alivio al agobio económico de los reyes, y las protestas de las Cortes eran contestadas alegando la necesidad del "sustentamiento del Estado". Además los monarcas obtuvieron permiso de los papas para vender pueblos pertenecientes a las Ordenes Militares y a la Iglesia. a cambio de una indemnización mediante juros, cuyo importe se calculó capitalizando lo que esos pueblos pagaban a sus antiguos propietarios. Ello dio origen a nuevos señoríos, con titulares más predispuestos a obtener un fruto rentable de aquello que habían comprado. Al iniciarse el siglo XVII, dos terceras partes de las villas castellanas eran de señorío eclesiástico o secular, y en el mismo régimen figuraban la mitad de los lugares y aldeas y un 15 % de las ciudades. En algunas circunscripciones el señor era un mero propietario de las tierras sin facultades jurisdiccionales. En otras, las más, el titular era a la vez señor jurisdiccional y propietario. El poder de los señores fue especialmente fuerte en Aragón y Valencia . En el siglo XVIII se produjo el ocaso del régimen señorial. Salvo muy contadas excepciones no se crearon más señoríos, iniciándose la política de reducir los existentes a través de una Junta de Incorporación (1707-1717), creada por Felipe V para ,rescatar las rentas y propiedades de la Corona, y cuyas atribuciones pasaron luego al Consejo de Hacienda. En el reinado de Carlos III se planteó propiamente el problema de la reversión de los señoríos, y durante un lustro el Consejo de Castilla instruyó el oportuno expediente, sin que la moderación de sus conclusiones diera pie al monarca a adoptar medidas radicales. La única providencia

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tajante fue incorporar a la Corona las jurisdicciones de las mitras y otras dignidades eclesiásticas, por medio de un real decreto de 25 de febrero de 1805. En el caso canario, la profesora Sevilla González ha llamado la atención sobre los particularismos de la zona oriental: "Teniendo en cuenta que tanto en Castilla como enAragón, se trasplantan los principios organizativos de los municipios de realengo a las islas seftoriales, ¿existen diferencias en el seftorío oriental en cuanto a la tendencia a la participación de la población en la administración señorial, o bien el señor se sigue reservando la elección de las personas que integran los órganos de gobierno?. (Perspectivas investigadoras sobre el señorío canario-oriental).

Si, pues, el régimen señorial persistió bajo la monarquía del Antiguo Régimen, ¿cómo se concilió el poder de los señores con el absolutismo del Estado moderno?. Tal pregunta ha sido respondida en lo fundamental de tres formas distintas: 1. La pujanza del poder señorial imposibilitó la existencia del Estado propiamente dicho. O dicho de otra forma, mientras existió el régimen señorial no hubo en rigor Estado. Según Bartolomé Clavero, defensor de esta interpretación, "a la abolición del señorío... sigue históricamente la fundación del Estado". 2. La consolidación de la monarquía absoluta no fue incompatible con el auge del poder nobiliario, sino perfectamente congruente con él, porque lo que aquélla hizo fue garantizar políticamente la hegemonía social y económica de la nobleza. Esta tesis, propugnada por Valdeón, constituye el corolario de la interpretación amplia del feudalismo como sistema socio-económico que en su momento vimos (20, I, B). Persistió así en la Edad Moderna un régimen feudal y la monarquía se alió con él, resultando en consecuencia una especie de feudalismo centralizado. 3. Existió desde luego un Estado absoluto, sin que la perduración de los señoríos desvirtuara su naturaleza, aunque contribuyese a dotarlo de peculiar fisonomía. Así el profesor de la Universidad de Alcalá, Calderón Ortega, estudioso de la Casa de Alba, señala que la incapacidad de los grandes para construir una alternativa al poder monárquico, fue uno de los factores esenciales del triunfo del Estado moderno. En el seno de esta posición los autores han adoptado diversos modelos interpretativos, al poner el acento en unos u otros aspectos. Maravall valoró el absolutismo monárquico de los Austrias como una especie de absolutismo oligárquico, al compartir la Iglesia y la aristocracia el poder político, conformando en suma lo que él llama complejo monárquico-señorial. A su vez, Tomás y Valiente ha hablado de un Estado señorial, que fue "señorial" por admitir en su base a los estamentos privilegiados, pero que fue al tiempo "absolutista" al erigir un poder central, superador de los particularismos disolventes, y eliminar además el poder militar de los señores. En 1983, González Alonso ensayó una revisión global del problema, aportando juicios más que razonables. Frente a la hipotética incompatibi-

Interpretaciones sobre la coexistencia del poder real y del señorial.

726

LA ESPAÑA MODERNA

lidad del Estado con el régimen señorial, observa que dificilmente cabe plantear relaciones contradictorias entre ambos cuando uno de ellos --el Estado-no existe si se da el otro -los señoríos--, con lo que la tesis de Clavero no podría ser valorada como una respuesta al problema, sino como la negación del problema mismo. Discrepando asimismo de quienes creen en una especie de soberanía señorial (Noel Salomon) o de aquel feudalismo centralizado (Valdeón), González Alonso pone de relieve que las facultades jurisdiccionales, gubernativas y fiscales de los señores no entrañaron disfrute de soberanía alguna, "ni impedían el uso de la misma por parte de su único titular, que no era otro que el monarca". No habría habido tampoco connivencia entre el poder real y el señorial, sino que éste fue visto por aquél como una amenaza, percibiéndose la desconfianza como ''tónica constante". De hecho además, en los lugares de mayor densidad y fuerza señorial, la monarquía conservó siempre el control propio de la suprema instancia política. En suma: ''El gobierno sefiorial está subordinado de iure y de facto a la autoridad de la monarquía y resulta incomprensible si cortamos su nexo con el Estado. El gobierno sefiorial carece de autonomía en el sentido riguroso del vocablo; su relación con el gobierno real no nace de la similitud, sino de la dependencia. No es que el gobierno del sefiorío se asemeje al del realengo a causa del común empleo de determinados mecanismos institucionales; es que utiliza tales mecanismos porque deriva de la misma y única fuente de poder'' (Notas, 394).

Añadamos a esto una última consideración. El Estado existe no tanto en razón de la menor o mayor fortaleza de otros poderes fácticos -señorial, etc.- sino sobre todo por ostentar un poder de naturaleza distinta y rango supremo, la soberanía, aunque su ejercicio se vea mediatizado por la presión e intereses de aquéllos. Si el reconocimiento del Estado dependiera de la ausencia de poder en los grupos sociales (los señoriales, entonces; los llamados grupos de presión, hoy), dificilmente cabría admitir su existencia en buena parte de la sociedad contemporánea. E)

LA DELEGACION DEL PODER REGIO: PRIVADOS Y VALIDOS

Que el monarca conceda a determinadas personas cierta confianza y delegue en ellas parte del poder, fue un fenómeno ya advertido en la Edad Media (27,IY,A), y que, con el ejemplo antes mencionado de Godoy, cierra la historia del Antiguo Régimen. Ahora bien, lo que en esos períodos aparece como realidad esporádica y coyuntural, cobra en el siglo XVIl perfiles institucionales y es objeto de justificación por los teóricos de la política. Felipe m, Felipe IV y Carlos II gobiernan sucesivamente a través de un personaje principal, que aparece en principio como privado o valido y más tarde como una especie de primer ministro. Con Felipe III los beneficiarios fueron los duques de Lerma y Uceda. Con Felipe N, Baltasar de Zúñiga disfrutó en los primeros meses de una posición preeminente, si bien no tan destacada y clara como la de sus antecesores o como la de su sobrino y sucesor el Conde Duque de Olivares.

PODER REAL Y CORTES

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A éste le siguió en el favor regio Luis de Haro. Con Carlos II la serie de protagonistas cortesanos es más amplia: Nithard, Yalenzuela, Juan José de Austria,Medinaceli y Oropesa.

¿ Cuál es la razón de esta entrega del poder; qué diferencia al valido del individuo ocasionalmente poderoso, y cuándo y por qué los validos son reemplazados por primeros ministros?. Francisco Tomás y Valiente ha dedicado un libro muy original a interpretar en su conjunto ese fenómeno del valimiento, que por Jo demás no fue exclusivo de España. Según él, dos notas caracterizan y condicionan la existencia del valido: su amistad íntima con el monarca y la intervención directa en el gobierno de la monarquía. Aplicando ambos parámetros a la serie de influyentes y poderosos personajes que desfilan por la Corte española del siglo XVII, este profesor fija el catálogo de los validos en seis nombres: Lerma, Uceda, Olivares, Raro, Nithard y Valenzuela.

Carnrteriu,rión del valido.

En cuanto al cargo de Primer Ministro podemos decir que algunos personajes recibieron título como tal (caso de Medinaceli, en el reinado de Carlos 11), pero que también podría ser considerado primer ministro, sin título, el que es ministro principal, es decir, el Secretario del Despacho de Estado. Dionisia Perona, buen conocedor de estas cuestiones, va incluso más lejos y, refiriéndose al siglo XVIII, señala que "otra fórmula institucional para ser primer ministro... consistió en una concentración desorbitada de Secretarías en un mismo titular, lo que provocaba una aglutinación de funciones y de poder".

En el reinado de Felipe 111, los duques de Lerma y Uceda gozaron de la confianza regia y se aplicaron a los asuntos de gobierno. Tras un monarca· como Felipe 11, patológicamente receloso y que había repartido el poder entre muchos a fin de que nadie lo asumiera en demasía, su hijo abandonó las riendas del Estado en el Duque de Lerma, quien durante dos décadas gobernó en solitario, siendo tenidas sus órdenes como si lo fueran del rey. Lerma pierde el favor real en 1618, y en consecuencia pierde el valimiento que pasa a su hijo el Duque de Uceda. Ambos llegarán a firmar órdenes y documentos en nombre del monarca. La muerte de Felipe III lleva consigo la caída de su amigo Uceda. Al iniciarse el reinado de Felipe IV, Baltasar de Zúñiga se hace cargo de los negocios del Estado. La confianza que logra no es sin embargo absoluta, tanto por los escrúpulos de Felipe IV en abandonarse enteramente al favorito, como por la interposición de la estrella creciente de Olivares. Ello impide considerar a Zúñiga como un valido propiamente dicho, figura que en cambio representa paradigmáticamente su sobrino el Conde-Duque. Desde 1622 gobierna Olivares, cuya presencia política coincidirá -según comentario de su biógrafo Marañón- con la actitud típica del nacimiento de los gobiernos absolutos, es decir, con la persecución de los antiguos gobernantes so pretexto de la necesaria moralización de la vida pública: Lerma y Uceda fueron desterrados; el Duque

Lemiay

u,·eda.

Olivares y Hnro.

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Nirhnrd y Vn/enzue/n.

El l'nhdo en opinión de lo., rmrndl.l"rns.

de Osuna pasó a prisión; y el Marqués de Siete Iglesias, otro personaje importante de la etapa anterior, fue ejecutado ante la muchedumbre apiñada en la Plaza Mayor de Madrid. Las dificultades de la política europea, las todavía más agudas de la española, y la consiguiente crítica interna, hicieron dimitir a Olivares, convirtiéndose Luis de Haro en nuevo valido. Pese a su más discreta actuación y pese a las admoniciones de una religiosa -sor María de Agreda-, que recordaba al rey la obligación que tenía de gobernar, Haro desempeñó la privanza hasta su muerte en 1661. Desde entonces Felipe IV gobernó por sí mismo. En la minoridad de Carlos II, un jesuita extranjero, Nithard, obtiene el favor de la reina y se convierte en valido. Como dirá un texto de la época, "del favor pasó a la confidencia, de aquí a la arrogancia, y de todo junto al mando de este universal imperio". Desarbolado por las maniobras de Juan José de Austria, antes comentadas, Nithard perdió la privanza que pasará a Fernando de Valenzuela. La caída de éste en 1677 extinguió la serie de los validos. Ciertamente Juan José de Austria se hizo con el poder, pero no a través de la amistad con el rey sino por la pura fuerza. A su vez gobernaron después Medinaceli y Oropesa, pero tampoco mediante el patrocinio regio sino por la presión de partidos y camarillas. Estos personajes en consecuencia ya no son validos, sino otra cosa: Juan José de Austria una especie de dictador, y los Medinaceli y Oropesa unos primeros ministros más o menos institucionalizados. Cabe finalmente preguntarse cómo fue visto por los teóricos políticos el régimen del valimiento, es decir, no tal o cual valido sino la institución en sí misma. Según cabría esperar, unos estuvieron a favor y otros en contra. Pero la mayoría de aquellos autores -en el balance de Tomás y Valiente- la consideraron una institución necesaria o al menos tolerable. Esa literatura política, con sus propias palabras, "más que oponerse a que haya valido, se preocupó de limitar su poder y de reducirlo a sus justas dimensiones". Habría que decir, en fin, que el valimiento anticipa históricamente una realidad ulterior de las monarquías constitucionales: el principio de que el rey reina pero no gobierna. Reinan Felipe III, Felipe IV y Carlos 11. Gobiernan casi siempre los validos y quienes luego, sin serlo, según las razones expuestas, dirigen de hecho la maquinaria del Estado. 111.

Dulive de In.,·

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LA ESPAÑA MODERNA

Las Cortes

El despertar del absolutismo coincidió en Europa con un declive de las asambleas representativas. En Francia, por ejemplo, los Estados generales no fueron convocados ni una sola vez entre 1484 y 1560, reuniéndose entretanto en cambio el Parlement de París y los siete parlements provinciales,

PODER REAL Y CORTES

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lo que hizo sentir el peso de las tendencias disgregadoras regionalistas. Los monarcas gobiernan con asambleas cuyos poderes varían ostensiblemente de unos Estados a otros, aunque todas ellas -las Dietas alemanas, el Riksdag sueco (que junto a nobles, clero y burgueses, contaba con una cuarta cámara de campesinos), etc.-, desempeñarán un papel de cierto contrapeso frente a las pretensiones autocráticas de los príncipes. Mediado el siglo XVI esas asambleas fueron cámara de resonancia de un doble fenómeno: la insatisfacción y quejas de la aristocracia, y la oposición religiosa. Como Elliott ha señalado, la disidencia religiosa encontró en ellas una oportunidad para hacer fuertes sus pretensiones, según sucedió en Baviera y, sobre todo, en Inglaterra, donde Enrique VIlI había asociado el Parlamento a su intento de reforma de la Iglesia. En España las Cortes siguieron una trayectoria relativamente diferenciada. Desde que los estamentos privilegiados, nobles y clero, dejaron de acudir a ellas, su influencia fue sustituida por la de las oligarquías urbanas de donde procedían los procuradores de las ciudades. Asegurada además la unidad religiosa por otras vías, las precarias corrientes heterodoxas no cuajaron nunca en plataformas de oposición dentro de esas cámaras. Sí tuvieron en cambio las Cortes peninsulares, pese a la unidad de la monarquía, un nexo común de pluralismo con el mosaico asambleario europeo, en la medida en que la dialéctica poder del rey-poder de las Cortes fue de distinto signo hasta el siglo XVIII en las diversas unidades políticas constitutivas del Estado. A)

LAS CORTES BAJO LOS AUSTRIAS

l. Castilla

Al iniciarse el reinado de los Reyes Católicos, la historia de las Cortes castellanas alcanza un hito singular con las celebradas en Toledo en 1480, objeto de múltiples referencias historiográficas y recientemente de un valioso estudio de conjunto del profesor Suárez Bilbao. Efectivamente, en esas Cortes aparece el embrión del sistema de gobierno central que dará pie luego al régimen polisinodial o de Consejos; se lleva a cabo una reorganización de la justicia y de la hacienda; se precisan las relaciones con el estamento nobiliario, y arranca, en fin, el nuevo orden político de la modernidad. Función primordial de las Cortes fue también ahora la concesión de ayudas económicas y tributos demandados por el rey. Precisamente con este motivo tuvo lugar la gran quiebra institucional de la asamblea castellana, al negarse en 1538 los nobles en las Cortes de Toledo a conceder la sisa en los impuestos sobre el consumo (42,1,B,3). Desde entonces ellos y los eclesiásticos abandonan la cámara parlamentaria, que contará ya sólo con los representantes de las ciudades. ¿Qué causa determinó ese aparta-

Abandono de los nobles y eclesiásticos. Las Cortes como asamblea de procuradores de las ciudades.

730

Ciudades con voto en Cortes.

La crisis del parlamento castellano.

LA ESPAÑA MODERNA

miento tajante, que puso punto final a la política de abandono e inasistencia practicada desde mediados del siglo XV?. Piskorski señaló que las primeras ausencias, debidas a motivos casuales, se hicieron más y más frecuentes por las guerras, epidemias, carencia de seguridad y no penalización de las faltas. García-Gallo destacó a su vez que nobles y eclesiásticos dejaron de asistir porque las Cortes se centraron fundamentalmente en la aprobación de unos servicios económicos, que a ellos, como clases privilegiadas, no les interesaban por estar exentos de su pago. Pérez-Prendes ha atribuido el abandono a la pérdida creciente de poder político. Otros autores, en fin, ponen el acento en la irritación de Carlos V por lo sucedido en 1538, motivo determinante de que el emperador ya no les convocara más. Sólo dieciocho ciudades privilegiadas disfrutaron en principio de voto en Cortes, considerándolo ya como una especie de derecho adquirido (S. de Dios). La representación fue desproporcionada en favor de la zona central y en detrimento de la periferia. Amplias regiones como la costa cantábrica carecieron de voto; Extremadura hubo de ser oída a través de Salamanca, y Galicia mediante los procuradores de Zamora. Tras una tónica preliminar de desinterés, al iniciarse el siglo XVII ciertas ciudades que nunca habían tenido voto en Cortes, o que simplemente dejaron de ejercitar su derecho a ser convocadas, hacen lo posible por incorporarse. De hecho, a fines del reinado de Felipe rv, el número había aumentado a veintiuno, al lograr el voto Palencia y concurrir por turno representantes de ciudades gallegas y extremeñas. ¿Cuál fue la razón de esa apetencia tardía?. La misma que iba a originar la ruina de la institución parlamentaria. Como ha hecho notar Domínguez Ortiz, el cargo de procurador se había tomado ya por entonces en algo apetecible y lucrativo, al propiciar los reyes la voluntad de los representantes ciudadanos otorgándoles ayudas de costas, mercedes, hábitos de Ordenes y, sobre todo, un suculento 1,5 % de los servicios económicos que ellos mismos votaban: "Al hacerse partícipes de aquellos mismos impuestos cuya misión, como representantes populares, era negar o limitar, los procuradores perdieron toda autoridad moral y se atrajeron los más duros reproches, pero la ganancia era tan grande que, si nunca faltaron algunos caracteres íntegros, la mayoría se dejó arrastrar por la corriente, y en los cabildos se desarrollaron escandalosos pugilatos para conseguir las apetecidas «suertes de Corte»" (Concesiones de voto en Cortes, 177).

Pérdida, pues, de autoridad moral. El ánimo propicio de los procuradores a un cohecho más o menos encubierto, les dejó inermes ante las pretensiones regias. Los componentes de las Cortes de Castilla (dos por ciudad) conformaron así una cámara reducida en número; débil en poder; y sin siquiera el aliento político de representar al pueblo en cuyo nombre hablaban, por cuanto ellos mismos se sentían en realidad portavoces de unas minorías, dueñas de los cabildos, que habían llegado a repartirse por tumo las codiciadas procuraciones. No obstante, y pese a tan adversos

PODER REAL Y CORTES

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condicionamientos, las Cortes de Castilla no dejaron de enfrentarse en ocasiones a exigencias inmoderadas de los monarcas, y salieron en defensa del bien común. Consiguieron las ciudades resistir así el intento de Felipe II de que los procuradores no hubieran de atenerse estrictamente a las instrucciones que de ellas recibían, convirtiéndose el mandato más abierto de la época medieval, según observó Sarrión, en un auténtico mandato imperativo. Y dejaron también oir su voz en cuestiones que poco tenían que ver con intereses particularistas y económicos, interesándose activamente por los magnos problemas de Indias. Pese a esas esporádicas reacciones, el declive fue inexorable. Con Carlos II la Corona juzgó innecesario mantener lo que ya era poco más que una pura tramoya institucional; solicitó directamente a los cabildos la prórroga de los servicios, y no convocó las Cortes. Cesó así de reunirse la asamblea que, además, durante los siglos XVI y XVII, había dejado de ser presidida por el rey, asumiendo tal función el presidente del Consejo de Castilla. Es interesante poner de relieve -siguiendo al profesor David Torres- el papel de las Cortes castellanas en la creación del Derecho. Y ello no sólo por la propuesta de medidas legislativas y de gobierno, o por el control de la legislación regia, sino además, como señala ese profesor, por las disposiciones jurídicas de distinto carácter, obtenidas por el reino "en virtud del juego tácito o expreso del planteamiento pactista".

2.

Corona de Aragón

Las Cortes de la Corona de Aragón conservaron por lo general la presencia de la nobleza y el clero, y fueron asambleas más nutridas debido a que contaban con la representación de muchas pequeñas ciudades. Por estas razones y por su propia mecánica institucional, a la hora de exigir la reparación de agravios o greuges y votar los servicios (28, II, B), resultaron mucho menos manejables para el absolutismo regio, e incluso en ocasiones opusieron frontal resistencia a los designios de los monarcas. Desde las protestas de las Cortes aragonesas a fines del siglo XV ante la introducción de la Inquisición (Tarazana, 1484), a la pugna de las Cortes catalanas con Felipe IY, se percibe una linea constante de autonomía, insumisión y fortaleza. Y ello a pesar de que en otras Cortes aragonesas, las de Tarazana de 1592, tras ser acallada la rebelión que entonces tuvo lugar, fue suprimida en términos generales la tradicional exigencia de unanimidad dentro de cada brazo para que los cuatro pudieran adoptar acuerdos (28,III,C), reemplazándola por una simple mayoría que hubo de resultar más cómoda a los reyes: "Su Magestad de voluntad de la Corte y quatro brazos della, ordena y estatuye... que concurriendo los quatro brazos, la mayor parte de cada brazo haga brazo. De tal manera que siempre que se tratare, votare y concluyere una cosa, la mayor parte de los votos de cada un brazo (concurriendo los quatro brazos) sea como si todos en conformidad, nemine discrepante, lo huviesen tratado, votado y terminado".

La reforma de

las Cortes de Tarazonade 1592.

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Corlesparticulares Y Corles Generales.

La importancia de esta reforma fue grande, pese a que en la Edad Media se hubieran conocido ya, según vimos, algunas excepciones al requisito de unanimidad absoluta. La diferencia estriba en que entonces se arbitró excepcionalmente la mayoría, por tensiones en las propias Cortes, mientras que ahora venía impuesta, como regla general, por la voluntad de un monarca vencedor. A su vez durante la Edad Moderna se generalizó en las Cortes catalanas el procedimiento de insaculación para elegir a los síndicos, mientras fue novedad de las valencianas la desaparición de la nobleza en 1538. Las asambleas de la Corona se reunieron de dos formas. O bien por separado las de Aragón, Cataluña y Valencia, o en convocatorias generales a las que concurrían los tres parlamentos, aunque formalmente los procuradores se agruparan en razón del territorio de procedencia. 3.

Composición. Papel del virrey.

Agravios y servicio. Control indirecto de lo entrada en vigor de las leyes.

LA ESPAÑA MODERNA

Navarra

La anexión a Castilla en 1512 supuso que Navarra quedara sin rey propio, pero fortaleció en cambio la entidad de las Cortes. Como ha escrito Huici, investigadora de la historia moderna del parlamento navarro, la pérdida del monarca "fue un ganar para las Cortes". Las asambleas navarras estuvieron compuestas por los tres brazos: eclesiástico, menos numeroso y brillante que en la etapa medieval; el nobiliario, ausente de hecho en los últimos años; y el popular que llegó a alcanzar una representación de 38 miembros. En nombre del monarca, el virrey convoca a la cámara y disfruta de plenos poderes para reparar toda clase de agravios. Esa discrecionalidad del virrey fue legalmente reconocida en las Cortes de Sangüesa de 1561, y defendida en el siglo XVIII cuando se averiguó que el virrey consultaba a las autoridades centrales en detrimento de su autonomía. Objetivo prioritario de las Cortes fue la reparación de agravios y contrafueros, quedando subordinada a ella la concesión del servicio según se reconoce en repetidas leyes. El agobio centralista del XVIII ahogó su autonomía y vigor, debiendo conformarse a menudo la asamblea con alegar ante el rey sus derechos y protestar, mediante memoriales y representaciones, del absolutismo ministerial. Las Cortes pudieron impedir además la aplicación de determinadas leyes, utitizando el procedimiento, estudiado por Arvizu, de no someter su texto a la firma de la patente general que correspondía al virrey, requisito éste necesario para que entraran en vigor.

4. Intento de representación en las Corles de la metrópoli y congresos de ciudades.

Los Congresos de Ciudades en Indias

Pese al previsto endoso de las instituciones jurídicas castellanas a Indias, no hubo allí Cortes ni sus habitantes estuvieron representados en las de Castilla. Sí existieron, en cambio, en la primera mitad del siglo XVI, diversas juntas de ciudades en Cuba, México y Perú, en algunas de

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las cuales, como ha señalado la profesora Juanto, se solicitó la celebración de Cortes, pretendiendo incluso determinadas ciudades (México, en 1530; Cuzco, en 1540) obtener el papel relevante y principal que había gozado Burgos en las Cortes castellanas. A esas juntas de ciudades concurrían las más importantes de cada región para analizar problemas de interés común. En 1528 el cabildo de México comisionó a un regidor, el doctor Hojeda, para que en su viaje a España obtuviera de Carlos V la concesión a la ciudad de voz y voto en las Cortes castellanas. Dos años después la respuesta eludía esa pretensión, admitiendo en cambio que México tuviera el primer voto entre las ciudades y villas de Nueva España que se reunieran en congresos, siempre bajo previa autorización del monarca. Un privilegio paralelo fue otorgado en Perú a la ciudad de Cuzco en 1540. Pese a ello, no parece que tales reuniones llegaran a institucionalizarse ni que tuvieran lugar con el preceptivo permiso regio. Sí debieron ser frecuentes otras juntas, más o menos espontáneas, de vecinos y apoderados de importantes poblaciones, con el objeto de solicitar la revocación de disposiciones promulgadas en la metrópoli y que esas ciudades consideraban inadecuadas o perniciosas. B)

LAS CORTES EN EL SIGLO XVIII

Al suprimir los Decretos de Nueva Planta la organización jurídico pública de la Corona de Aragón, las Cortes de Cataluña, Aragón y Valencia quedaron extinguidas, y sus procuradores se incorporaron a las de Castilla. Estas se convirtieron así en asambleas cuasi nacionales, por persistir al margen las Cortes de Navarra. Las nuevas Cortes sólo se congregaron cinco veces en toda la centuria. A la primera asamblea, celebrada con inverosímil celeridad en un solo día -7 de abril-del año 1709, concurrieron los representantes castellanos y,junto a ellos, los de Aragón y Valencia. En esa reunión se puso ya de manifiesto lo que resultaría claro en las siguientes: no se trataba de unas Cortes mixtas o de carácter integrador, sino de las Cortes de Castilla con el aditamento de algunos procuradores de la periferia rebelde y vencida. Los diputados valencianos, por ejemplo, fueron instruidos para que "observen lo que las demás ciudades de Castilla, que pueden hacer ejemplar, ejecutan, y se gobiernen prudentemente según vieren". En el propio reinado de Felipe V se reúnen en otras dos ocasiones --en el bienio 1712-1713 y en 1724, con la concurrencia aquí de los catalanes-; ninguna en el de Femando VI, y sólo una bajo Carlos ID (1760) y otra con Carlos IV (1789). Todas tienen lugar en Madrid. Las Cortes del Setecientos no plantean reparación de agravios y su competencia se limita a las cuestiones relativas a la designación del monarca, y a una concesión de servicios que también puede obtenerse al margen de ellas. Se trata en todo caso de atribuciones meramente for-

Naturaleza y reuniones de las Cortes cuasi nacionales.

Competencias y ruina final.

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males, pues la sumisión al poder regio es absoluta. El anacronismo de la institución se hace perceptible en el hecho de que la Novísima Recopilación de 1805, ni siquiera recoja los preceptos sobre las Cortes contenidos en la Nueva Recopilación de 1567. Martínez Marina compuso por entonces el requiem de la asamblea "representativa" con estas palabras: "Mientras los literatos desacreditaban las Cortes, los reyes que las miraban con ceño dejaron de convocarlas. Los aduladores de los príncipes y enemigos de la libertad nacional y de los derechos del hombre, pudieron gloriarse y decir como decían a fines del siglo XVIII con tanta osadía como desvergüenza: «El fastuoso, vano y estéril aparato de las Cortes, cesó ea Castilla para siempre ... En nuestros días sólo se conocen las Cortes convocadas voluntariamente por los reyes para la solemne jura de los Príncipes de Asturias: juntas de más ostentación que utilidad, de pura ceremonia y cumplimiento. ¿ Y qué ventajas han resultado o puede prometerse la nación de esos ayuntamientos tumultuarios, de esos congresos en que un cierto número de ciudades y villas privilegiadas, atraídas y ganadas con esperanza segura del premio de su abatimiento, estaban prontas a condescender en cuanto se les propusiese? Nada pues importa echar en perpetuo olvido unas Cortes en que los representantes del pueblo no tenían más acción ni derecho que el de pedir y suplicar: congresos inútiles, infructuosos y que no han producido más que turbaciones y males»" (Teoría de las Cortes, 1, 108).

C) LA DIPUTACION DE CORTES : LAS NUEVAS DIPUTACIONES

En las Cortes de la Corona de Aragón persistieron las Diputaciones (Diputació del General en Cataluña, Diputación del Reino en Aragón y Diputació del Regne en Valencia), sobre la base en general de las funciones y competencias que les caracterizaron en la Baja Edad Media. Nuevas fueron en cambio en la Edad Moderna las Diputaciones de Cortes de Castilla y Navarra, aparecidas ambas al iniciarse el siglo XVI. l. Etapas y mrnrteres de In Diputncirín de Castilla.

Castilla

La Diputación de Castilla nace en 1525 y su historia atraviesa tres etapas principales. Una primera, durante el siglo XVI, en que el organismo administra las rentas procedentes del encabezamiento de tercias y alcabalas. La segunda, a lo largo del XVII, en que a esas funciones hay que sumar la gestión del servicio de millones. Desde 1694, en fin, la Diputación queda absorbida por la entidad específica -Cámara de Millones- encargada de tales cuestiones en el seno del Consejo de Hacienda. La mera enumeración de su cometido en los diferentes períodos, a tenor del esquema diseñado por Tomás y Valiente, denuncia la naturaleza esencialmente financiera de la Diputación castellana, vertida a la administración de esos tributos (42,1,B y D), en detrimento de otras funciones de mayor peso polí-

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tico. Más allá de tal diagnóstico de fondo, Tomás y Valiente señala los siguientes rasgos, no muy favorables por cierto, de la institución por él estudiada: -En consonancia con el declive de las Cortes, la Diputación de Castilla no sólo se ciñó casi en exclusiva a los temas fiscales, sino que además sus componentes actuaron sin altura de miras, con codicia y en provecho partidista de unos pocos. -La Diputación careció de libertad respecto a las Cortes, adoptando un aire rutinario y puramente ejecutor. Al caer además bajo la supervisión del Consejo Real, fue objeto del control de los monarcas, acentuándose en consecuencia su papel subalterno. -Al no ser siquiera técnicamente eficiente, perdió la oportunidad de consolidarse como institución fiscal, naufragando ante otros más expertos organismos que dirigieron el rumbo de la hacienda castellana. 2.

Navarra

La Diputación de Navarra cuenta con confusos precedentes en el siglo XV, y con ciertos escarceos preinstitucionales -v. gr. nombramientos esporádicos de diputados- hasta los años setenta del siglo XVI. Según Joaquín Salcedo, la Diputación como "órgano colegial y con una duración permanente" surge en 1576, compuesta por cinco miembros que luego se convertirán en siete. Con obligación de residencia en Pamplona, esos diputados eran elegidos por cada uno de los tres brazos entre sus propios componentes, aunque tal requisito toleró algunas excepciones. La presidencia no aparece vinculada a ninguna persona o cargo en especial, sino que recae en el diputado de mayor rango. Secretario de la Diputación es el mismo que el de las Cortes. A diferencia de lo advertido en Castilla, la Diputación constituye en Navarra un organismo capital de la vida del reino, con importantes y muy variadas competencias que pueden ser sistematizadas de la siguiente forma: -Defensa del derecho. La Diputación vela por la integridad del ordenamiento jurídico navarro y solicita del monarca la reparación de los agravios, cuya formalización alcanza el rango de ley de Cortes. Dada la amplitud de lo que se entiende por contrafuero - "añadir, mudar, quitar, modificar o declarar lo que por nuestras leyes estuviese dispuesto", según se estatuye en 1688-, las posibilidades de intervención de la Diputación son lógicamente enormes. La reparación del contrafuero compete al virrey. Pero es que además cualquier disposición regia, antes de ser ejecutada, debe obtener el visto bueno de las autoridades navarras a través del pase fo-

Orixen y ,·omµosi,·ián.

Competencias.

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ral. Las Cortes de Sangüesa de 1561 habían establecido el llamado derecho de sobrecarta, que implicaba un obligado control por el Consejo Real de esas disposiciones, sin el cual ellas serían "obedecidas pero no cumplidas" (27,11,D). En el siglo XVII surge el pase foral, o autorización previa por parte de la Diputación de las disposiciones reales antes de que el Consejo las sobrecartée. Elpmeforal fue una institución conocida en general en los territorios vascos, donde se desarrolló con normalidad bajo los Austrias, sufriendo en cambio luego el embate del centralismo borbónico. Un documentado libro del profesor Gómez Rivero ha puesto de relieve la peculiaridad de ese pase foral en Guipúzcoa durante el siglo XVIII, donde como consecuencia de los enfrentamientos con el corregidor, llegó a quedar en suspenso unos cuantos años.

-Cuestiones económicas. La Diputación actúa básicamente en la recaudación y reparto de impuestos y servicios, pero interviene también en otras cuestiones económicas como el apeo, o exacción de tributos domésticos, régimen aduanero, acuñación de moneda, comercio e industria, abono de sueldos y libranzas, etc. -Defensa militar, relaciones exteriores y educación. En los problemas relativos a la guerra y al reclutamiento del ejército, está presente la Diputación, que asimismo adquiere protagonismo en las relaciones con Francia, Roma (a propósito de temas religiosos), y con los restantes territorios peninsulares próximos (Castilla, Aragón, Alava y Guipúzcoa). La institución auspicia, en fin, los centros docentes del reino, y defiende los derechos de los colegiales navarros en las universidades de Castilla.

PODER REAL Y CORTES

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39.

LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA MONARQUIA HISPANICA

l. Caracteres generales: el oficio público A) OFICIO PUBLICO Y BUROCRACIA

La organización de un aparato burocrático especializado fue característica del Estado moderno. La estructura administrativa, relativamente simple en principio, se hizo más compleja al potenciar el Estado su propia actividad y aplicarla a campos diversos. Ello llevó consigo un crecimiento de organismos técnicos en lo central, territorial y local, donde se instala una pléyade de funcionarios cada vez más nutrida. Quienes están al frente de los oficios, esto es, los oficiales, Jo son según los tratadistas cuando han recibido un título que les acredita como tales, cuando además aceptan y toman posesión del cargo, y cuando por último entran en su ejercicio o desempeño (Tria requirwitur ut quis sit officialis: primum requiritur titulum, secundum acceptatio, tertium exercitium, escribió Alfaro). La forma de provisión de los oficios varía dentro de los territorios de la monarquía, predominando en Castilla el nombramiento regio o la elección popular, mientras en la Corona de Aragón es frecuente la designación por sorteo. Si el Estado medieval tuvo como fin primario la realización y el mantenimiento de la justicia (29,I), el moderno proyecta su actividad a otros varios frentes, aunque reductibles en el fondo a los de gobierno y justicia, necesitados ahora de diferenciación por cuanto a una pluralidad de objetivos correspondía lógicamente la delimitación de competencias de los órganos que habían de atenderlos. Tal tarea no fue nada simple, debido a la frecuencia con que unos mismos órganos estaban facultados para ocuparse de ambos tipos de asuntos. Como ha señalado Villapalos al estudiar este problema en Indias, la distinción entre gobierno y justicia era posible desde un plano conceptual, en razón de la naturaleza de las materias, o bien de forma casuística, enumerando las atribuciones de los órganos correspondientes. Al triunfar este último criterio la distinción perdió carácter técnico y se convirtió, según él, en "temible arma política que ponía en juego la eficacia del control judicial de los actos de los oficiales".

Requüito.,· pnrn serojidnl.

Ln rliferencindñn ,:o/J;emo· ju.' ítidn.

740

Las ventas de oficios.

Ventas de oficios en Indias.

LA ESPAÑA MODERNA

La concepción del oficio público como servicio en favor del Estado, cede a menudo ante su carácter de beneficio de quien lo recibe, y como algo en consecuencia deseable y que de hecho es codiciado. A ello contribuye la concesión a perpetuidad de ciertos oficios, retribuidos mediante un donativo por el beneficiario, y el hecho, general en Europa, de la enajenación y venta de determinados cargos públicos, y muy en especial de los municipales. Francisco Tomás y Valiente, principal estudioso de estas cuestiones en España, ha distinguido tres tipos de oficios en relación con su venta en la Edad Moderna. Por un lado los oficios de poder, es decir, aquellos apetecidos más en razón de la supremacía y autoridad que confieren, que por sus propias ventajas económicas. Este sería el caso principalmente de los regidores, y también del alférez mayor, jurados y procuradores municipales, etc. De otro, los oficios de pluma, representados por escribanos de toda clase, tanto el notario público como los que trabajan en oficinas de chancillerías, audiencias, juzgados, etc. Finalmente los oficios de dinero, cuyo ejercicio conlleva el manejo de fondos de particulares o de la Administración, y entre los que cabe contar con los fieles ejecutores, tesoreros, receptores de rentas, corredores de cambio, etc. La práctica de la venta de oficios, que lógicamente reportaba a la hacienda regia pingües beneficios, se hizo asimismo presente en Indias. Y de las tres posibilidades escalonadas de enajenación: venta al comprador de un cargo que a su muerte revierte a la Corona, venta por dos vidas -la del comprador y la del ulterior adquirente--, o enajenación perpetua "por juro de heredad", una importante cédula de 1606 sancionó esta última, al determinar que todos los oficios sujetos a venta fueran considerados perpetuamente renunciables. Tal medida, que financieramente puede parecer desventajosa al renunciar el Estado a los beneficios consiguientes a las ventas sucesivas, se justifica según Tomás y Valiente desde esa misma perspectiva por dos razones. En primer lugar porque, revalorizados los oficios por su enajenación perpetua, la hacienda percibe la mitad o el tercio del importe en cada una de las transmisiones. En segundo lugar, porque el incumplimiento de las obligaciones anejas a cada oficio en su transmisión, implica la reversión del mismo a la Corona, con lo que no todo lo que se enajena perpetuamente -mediante una ventajosa operación económica- queda de hecho perpetuamente enajenado.

B)

EL CONTROL DE LA GESTION: PESQUISAS, VISITAS Y JUICIO DE RESIDENCIA

En el sistema jurídico de la Edad Moderna nos encontramos, a efectos del desempeño de los oficios públicos, con una serie de penas privativas de derechos, tales como la inhabilitación, suspensión y pérdida del oficio, las cuales, como ha mostrado en sus estudios el profesor Aniceto Masferrer, alcanzarán luego un notable desarrollo a partir del proceso codificador. Prosigue, por otra parte, el control de la gestión de los oficios públicos, señalado para la etapa bajomedieval (29,I,B), tanto durante su desempeño, mediante pesquisas y visi-

ADMINISTRACION CENTRAL

741

tas, como al término de ellos a través del juicio de residencia Es de recordar no obstante que así como pesquisas y visitas eran procedimientos de inspección ocasionales, en función de presuntas negligencias o desarreglos, el juicio de residencia seguía con normalidad al cese en el cargo de los funcionarios, que quedaban obligados a hacer residencia durante un cierto tiempo para responder de cualesquiera imputaciones y someterse en suma a un juicio global, del que podían salir airosos o condenados. Es muy sensato suponer -<X>mo González Alonso supone-- que la regularidad, automatismo y carácter omnicomprensivo de los juicios de residencia, debieron limitar la frecuencia y aplicación de pesquisas y visitas, aunque estos mecanismos de inspección persistieran durante el Antiguo Régimen. En todo caso, por una serie de circunstancias -la lejanía de las Indias, las mayores posibilidades alli de descontrol, o la misma controversia sobre el balance de la colonización española--, los autores se han interesado más por la problemática de visitas y residencias en el mundo americano, que por la existente entonces en el marco peninsular. El juicio de residencia de los oficiales reales tuvo carácter público y corrió a cargo en ultramar de unos jueces seleccionados por el Consejo de Indias, mientras los funcionarios nombrados alli por las autoridades indianas eran residenciados por jueces elegidos por ellas. El periodo de sometimiento a examen de los primeros osciló entre un máximo de seis meses, previsto para el virrey, y los sesenta días sefialados a presidentes, oidores, corregidores y otros funcionarios de menor importancia De las sentencias correspondientes cabía apelar al Consejo de Indias, organismo que con frecuencia modificaba o revocaba el veredicto de sus comisionados. Dando por hecho, como al parecer así fue, que los juicios de residencia no quedaron en Indias en una previsión teórica, sino que tuvieron lugar con regularidad y rigor, ¿procede objetarles algún reparo?. Se ha dicho que esos juicios fueron a veces inoperantes, debido al testimonio incondicionalmente favorable de los amigos y al no menos tajante y adverso de los enemigos del residenciado. También algunos investigadores se han preguntado si la residencia pretendió en realidad garantizar un buen gobierno, o fue más bien algo estatuido para asegurar el control de los oficiales desde la Corte. El americanista Haring apuntó, en fin, una objeción más profunda: ese inevitable juicio final bien pudo ser un lastre que desalentara a virreyes y gobernadores a la hora de acometer empresas de las que habrían de responder al cesar en el cargo. Parece en todo caso que tal procedimiento fue garantía de recto gobierno, y antídoto de tentadores excesos en aquel mundo tan alejado de la metrópoli. La visita era por su propia naturaleza imprevisible. Podía limitarse a un funcionario o a cualquier organismo, o bien extenderse a todo un territorio. Como en los juicios de residencia, el visitador de funcionarios reales fue designado por el Consejo -o por el virrey en el caso de cargos inferiores- y

La visita en Indias

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LA ESPAÑA MODERNA

dispuso de amplios poderes para cualquier tipo de averiguaciones. Pese a la desemejanza entre juicios de residencia y visitas en lo relativo al momento de su realización, cierto es que entre ambas instituciones se aprecian no pocas analogías e interferencias. De acuerdo con el profesor Sánchez Bella, quien ha estudiado e impulsado el estudio de las visitas indianas a través de sus discípulos, las diferencias entre ellas y los juicios de residencia estriban en la pura cuestión procedimental, es decir, en el uso facultativo por parte de la Corona, según las circunstancias, de uno u otro sistema; en el hecho de que, a diferencia del momento final de sustanciación del juicio, la visita tiene lugar mientras el funcionario continúa desempeñando sus tareas; y finalmente en el carácter cerrado y secreto de la visita, donde además no existe, como en la residencia, posibilidades de suplicación. Entre las visitas a organismos -Casas de la Moneda, Cajas Reales , Universi dades, Consulados, etc .- revistieron especial importancia las realizadas a las Audiencias . Por la investigación de Pilar Arregui sobre la Audiencia de México, visitada seis veces durante los Austrias , sabemos que las irregularidades más frecuentes de estos tribunales fueron la dilación de las causas y la parcialidad de los jueces por parentesco o motivos económicos .

¿Cuál es el balance del régimen de visitas?. Al igual que con el juicio de residencia, no han faltado juicios de tono negativo, referidos en este caso al desconocimiento de la situación real de los problemas indianos en quienes llegaban desde España a entender de ellos, en su excesivo costo, larga duración, conflictos que suscitaron y parvedad de los resultados efectivamente obtenidos. La revisión de estas críticas ha permitido no obstante a Sánchez Bella reivindicar la eficacia de la visita en Indias. 11. La Aclministraci6n Central A) SIGLOS XVI Y XVII: EL REGIMEN DE CONSEJOS

Al unirse en la persona del monarca territorios que conservan su peculiar estructura política, surge en los albores del siglo XVI el problema de institucionalizar la monarquía, es decir, de que el Estado disponga de órganos propios y generales de administración y gobierno, distintos de los existentes hasta entonces en los diversos reinos, coordinando además aquéllos y éstos en un esquema armónico y solidario. Con otras palabras: es preciso que la monarquía cobre entidad administrativa autónoma, y sea por sí misma algo más que la persona del príncipe reinando aquí o allá con título jurídico distinto y poderes heterogéneos .

ADMINISTRACION CENTRAL

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La institucionalización se plasma en el llamado régimen polisinodial, que articula la administración central en una red de organismos colegiados, los Consejos, heredados algunos de la etapa anterior y creados otros de nueva planta. En lo fundamental, los Consejos están compuestos por un presidente, varios consejeros, secretarios y personal subalterno. Asesoran al rey en los asuntos de su competencia y disfrutan además, según los casos, de atribuciones legislativas, administrativas y judiciales. Con el tiempo, sin perjuicio de su entidad autónoma, quedan ordenados en un sistema trabado y jerárquico. De otra parte, para agilizar el régimen de despacho los reyes constituyen desde el siglo XVI numerosas Juntas, bien en razón de necesidades episódicas o por la importancia de determinados asuntos, que quedan así sustraídos a la competencia del correspondiente Consejo. A la ordenación del sistema de Consejos, que llegó a contar en el siglo XVII con quince corporaciones, se llegó por las siguientes vías. En primer lugar por el mantenimiento de los Consejos bajomedievales de los reinos, según fue el caso de los de Castilla, Aragón y Navarra. En segundo lugar por la segregación, como entidades autónomas, de lo que antes habían sido meras secciones más o menos especializadas de ellos. Así del de Aragón se desprende el de Italia, del de Castilla el de Indias, y de ambos, los Consejos de Cámara correspondientes. Finalmente por la creación de organismos nuevos para hacer frente a la expansión territorial de la monarquía (Consejos de Portugal y de Flandes), o por la conveniencia de tratar autónomamente determinadas materias en algún reino (v.gr. el Consejo de Ordenes) o en la totalidad del Estado (Consejos de Estado, Guerra e Inquisición). En general cabe advertir dos clases de Consejos a tenor de su competencia: material, en asuntos precisos, o territorial, con atribuciones globales en su marco geográfico, descontadas aquellas expresamente reservadas a los organismos anteriores. Sin embargo, habida cuenta del doble carácter de esos Consejos de competencia material, en función de su proyección a Castilla o a la totalidad de la monarquía, y dada la peculiar naturaleza de los Consejos de Cámara o del territorial de Navarra, parece oportuno clasificar el conjunto de ellos en cinco categorías distintas: los competentes sobre toda la monarquía, los de gobierno de distintos territorios, el de Navarra, los de Cámara, y los aplicados primariamente a la administración de la Corona de Castilla. Todos estos Consejos, excepto el de Navarra, tuvieron su residencia en la Corte y, según ha destacado Feliciano Barrios, desempeñaron un importante papel en la vida madrileña, tanto en la propiamente cortesana como en la de muchos institutos de carácter religioso y benéfico, de los cuales esos Consejos eran patronos .

El régimen po· lisi,wdinl o de CmHejoJ.

lnJ Juntas.

Ntímeroy cln...es de

Con.w!)o.,._

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LA ESPAÑA MODERNA

Con desigual duración, e¡¡istieron los siguientes Consejos: Estado, Guerra, Castilla, Cámara de Castilla, Indias , Cámara de Indias, Aragón, Navarra, Italia , Portugal , Flandes, Inquisición, Hacienda, Ordenes y Cruzada.

l.

Consejos con competencia sobre toda la Monarquía

Son los de Estado, Guerra e Inquisición. El Consejo de Estado es el organismo central de la monarquía, representa la institucionalización de esa nueva forma política y constituye el supremo órgano asesor del monarca, que es su presidente. Estuvo compuesto principalmente por nobles y prelados de alto rango. Como ha mostrado Feliciano Barrios, su competencia se centró en los más graves asuntos de interés común, entre ellos la política internacional, alcanzando también a otras cuestiones de índole económica, propuestas de oficios, conflictos entre Consejos, censura de libros, etc. Fue creado en 1521 a instancias del canciller Gattinara, sufriendo un profundo reajuste en Granada un lustro después. La reorganización de 1526 dio entrada y poder a los personajes castellanos, aunque habrá que esperar al reinado de Felipe II para que tenga Jugar la definitiva "españolización del organismo". Conse1odeGuerm . EJ Consejo de Guerra fue paralelo al de Estado y tuvo también como presidente al rey. Tal preeminencia, exclusiva de estos dos Consejos, les confirió un carácter muy especial respecto a todos los demás, con los cuales por su suprema dignidad "no concurrían", es decir, no entraban en problemas de precedencia o rango. Al Consejo de Guerra correspondió la propuesta de los mandos militares, construcción de fortificaciones, fabricación de armas, etc., y en general los asuntos bélicos de la monarquía, aunque el Consejo de Estado se ocupó también de las más importantes de estas cuestiones de paz y guerra. Contando con dos secretarías, de Mar y . Tierra, el Consejo de Guerra estuvo formado por los propios miembros del de Estado y algunos militares de alta graduación. Ocasionalmente ambos organismos se agruparon en un "Consejo pleno de Estado y Guerra". c,»1-.jodefa1nt10.

De lo dicho sobre su composición originaria cabría deducir que el Consejo de Guerra fue establecido con posterioridad al de Estado. Sin embargo, las investigaciones realizadas por el profesor Domínguez Nafría advierten la e¡¡istencia de un "Consejo de Guerra" en la segunda década del siglo XVI. Según este autor, que dedica al tema un informado libro, el Consejo "permaneció hasta el siglo XVII! prácticamente sin unas verdaderas normas reguladoras sobre sus competencias y funcionamiento" (El Real y Supremn Consejo de Guerra, 65). Consej(J de la t,u¡ui:i; i, ·iún.

El Consejo de la Inquisición, más conocido como la Suprema (por elípsis de su nombre completo: "Consejo de la Suprema y General Inquisición"), es el organismo central de gobierno del Santo Oficio, y representa, por su inserción en el aparato de la monarquía, la estatalización de la actividad inquisitorial. La Suprema surge, según creemos, en 1488, es decir, diez años más tarde del establecimiento de la Inquisición misma

ADMINISTRACION CENTRAL

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(33,IIl,B,2), lo que abona la tesis de que el Santo Oficio debió crearse con una finalidad estrictamente religiosa y sólo más tarde fue objeto de instrumentalización política. La importancia del Consejo fue inversamente proporcional a la de su presidente, el inquisidor general, difuminándose ante inquisidores autócratas y cobrando en cambio fuerza cuando ellos fueron débiles. En cualquier caso la Suprema ejerció un severo control sobre la estructura de todos los tribunales inquisitoriales inferiores. Según advierte Rodríguez Besné, estudioso de este organismo, los consejeros eran nombrados por el monarca entre la tema que para cada plaza proponía el inquisidor general. Este designaba directamente al fiscal del Consejo.

En la historia inquisitorial, el Inquisidor General fue primero y el Consejo vino después. El Inquisidor general era nombrado por el papa, mientras el Consejo era un órgano de gobierno de la monarquía. El Inquisidor General, era cabeza y representación de la Inquisición en su conjunto, de manera que sin él el propio tribunal dejaba de existir. Como ha señalado el profesor Galván en una modélica monografia, haciéndose eco de documentos de la época, el Inquisidor General era jefe de la Inquisición y un verdadero soberano.

2.

Consejos de gobierno de los diversos territorios

Son los de Castilla, Aragón, Indias, Italia, Portugal y Flandes. El Consejo de Castilla aparece como el Consejo Real por excelencia, ocupando un primer lugar en la escala jerárquica de los Consejos. Tras superar la animosidad de los comuneros, y pese a ver menguadas sus competencias por la creación del Consejo de Estado, el Consejo Real disfrutó de importantes funciones administrativas, judiciales --como tribunal supremo- y legislativas; estas últimas, tanto por vía indirecta, recogiendo las peticiones de las Cortes y redactando leyes, como por la vía directa de los autos acordados. Su presidente fue una figura central en la vida del Estado. El Consejo de Aragón, reorganizado en 1494, estuvo compuesto en el siglo XVI por siete personas: un vicecanciller como presidente, cinco consejeros llamados regentes, y otro que era el tesorero general de la Corona. El vicecanciller y los regentes debían ser letrados, figurando siempre entre ellos dos aragoneses, dos catalanes y dos valencianos. Siguió en rango al Consejo de Castilla, aunque ese segundo puesto le fue disputado por el Consejo de la Inquisición.

Consejo de Castilla.

Consejo de Aragón.

El Consejo de Aragón contó entre sus miembros con la figura peculiar del Protonotario, especie de supersecretario, que ha sido estudiado por el profesor Juan Francisco Baltar. El oficio de Protonotario estuvo adcrito inicialmente a una familia, la de los Clemente.

De los asuntos de América se encargaron al principio algunos miembros del Consejo de Castilla, pero en 1524 fue establecido un Consejo de Indias independiente. Su excepcional importancia, por la magnitud de los negocios a él confiados, menguó en el reinado de Felipe 11, o cuando la administración financiera de ultramar le fue sustraída en beneficio del Consejo de Hacienda. Formaron

Consejo de Indias.

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Consejo de Italia.

LA ESPAÑA MODERNA

parte de él consejeros togados y de "capa y espada", con un presidente tan destacado que a veces fue, como en el caso de Medinaceli, el propio primer ministro de la monarquía. El Consejo de Indias sufrió importantes reformas en los años finales del siglo XVII, y un decreto de 1691 fijó su plantilla en un presidente, ocho consejeros togados y dos de capa y espada, dos secretarios y un fiscal. De los asuntos italianos se hicieron cargo hasta mediados del siglo XVI determinados miembros del Consejo de Aragón, constituyéndose en 1555 un Consejo de Italia autónomo, con jurisdicción sobre los reinos de Nápoles y Sicilia, y el ducado de Milán. Compuesto por seis regentes, tres de ellos españoles y otros tres italianos (un napolitano, un siciliano y un milanés), contó al principio con una sola secretaria, que en 1595 fue dividida en tres, una para cada territorio. A mediados del siglo XVII se introdujo en el Consejo de Italia el oficio de Fiscal. Y ello, según el profesor Rodríguez Besné, para asegurar una eficaz administración de Justicia y amparar la Hacienda regia

Consejo de Portugal.

Consejo de Flandes.

El Consejo de Portugal fue instituido en 1582, a raíz de las reclamaciones presentadas a Felipe II por las Cortes de Thomar. Formaban parte de él seis personas, entre las que destacó el "veedor de hacienda", cargo de raigambre en la administración portuguesa. Para el gobierno de los Países Bajos se estableció en 1588 un Consejo de Flandes, el cual dejó de actuar al ser cedidos aquellos territorios al archiduque Alberto y a la infanta Isabel Clara Eugenia. En octubre de 1627 fue reorganizado, manteniéndose hasta que Felipe V lo suprimió en 1702.

3. Su sede.

Composición y atribuciones.

Un Consejo territorial atípico: el Consejo Real de Navarra

Todos los Consejos, de competencia territorial o material, residieron en la Corte. La única excepción fue el Consejo Real de Navarra, cuya antigua sede en Pamplona fue respetada por Fernando el Católico tras la incoiporación de Navarra a Castilla, probablemente a fin de granjearse la benevolencia de los naturales del reino. Reorganizado en 1525, el organismo se compuso de un presidente, seis consejeros y otro personal diverso (relatores, ejecutores, etc.). El virrey participó activamente en la dirección del Consejo, pero no fue en propiedad su presidente. Este cargo recayó en el regente, nombrado de ordinario por el monarca entre alguno de los castellanos presentes en la asamblea. Los consejeros fueron por lo general navarros. El Consejo Real de Navarra disfrutó de amplias atribuciones judiciales, gubernativas, e incluso, en menor medida, legislativas. Fue en primer lugar un tribunal supremo, tanto en lo civil como en lo criminal. Dispuso de abundantes facultades de gobierno, en especial en temas económicos. Intervino en las tareas legislativas que no fueran la promulgación de las propias leyes generales, obra de las Cortes, dictando autos acordados que representaban la voluntad del Consejo al margen del virrey.

ADMINISTRACION CENTRAL

4.

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Los Consejos de Cámara

De los Consejos de Castilla e Indias proceden los paralelos Consejos de Cámara, competentes en la propuesta de nombramientos, gracias y mercedes. Tales asuntos ya habían logrado en el siglo XV un despacho autónomo en Castilla, dado que su especial naturaleza no hacía necesaria la audiencia de parte, dependiendo sólo de la voluntad regia. El Consejo de Cámara de Castilla, fundado quizás en 1518, estuvo compuesto en los primeros años por el presidente del Consejo Real y tres consejeros. Su reorganización fundamental tuvo lugar en 1588, al ser estructurado en tres secretarías correspondientes a la triple actividad de gracia, patronato y justicia. Su paralelo para América fue el Consejo de Cámara de Indias, fundado en 1600 a instancias del Duque de Lerma, suprimido ocho años después y restablecido en 1644. Estos organismos aparecen en principio como comisiones desgajadas de los respectivos Consejos territoriales. No obstante, el volumen y entidad de nombramientos y mercedes convirtieron a ambos, y en especial al de la Cámara de Castilla, en corporaciones poderosas e influyentes. 5.

Consejo de Cá· mam de Casti· 1/n.

Cmuejo de Cá mara de /11díns.

Consejos de administración preferentemente castellana

En este último grupo figuran dos Consejos de regular entidad, los de Ordenes y Cruzada, y un tercero, el Consejo de Hacienda, de extremada importancia. El Consejo de Ordenes entendió de la gobernación y justicia en los territorios de las tres Ordenes Militares castellanas, de Alcántara, Calatrava y Santiago. Proponía al rey los oficios y beneficios, y controlaba la actividad de las autoridades. Al frente del Consejo, como representante del monarca, figura un lugarteniente general. El Consejo de Cruzada, erigido probablemente a principios del siglo XVI, se ocupó en Castilla y Aragón de Jo relativo a la concesión papal de la bula de la Cruzada y a la recaudación y administración de sus ingresos. Contó para ello con una contaduría propia y la suprema jurisdicción en los pleitos correspondientes. La crisis funcional del sistema de Contadurías Mayores (32,1,B,1) así como necesidades organizativas de más largo alcance, dieron lugar a la creación del Consejo de Hacienda. Ya en 1502 aparece una comisión al margen de las contadurías, que con toda probabilidad constituye el precedente de la necesidad de establecer un nuevo organismo que aglutine los esfuerzos dispersos. Tras diversas tentativas en los años siguientes, en 1523 se instituye el Consejo como órgano central de la hacienda castellana. Pese a que su fundación tuviera un cierto carácter de "reforma inadvertida"

Consejo de Ordenes.

Consejo de Cruu,dn .

Cmuejode Hacienda.

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(Carande), el Consejo adquiere relevancia creciente y desde mediados del siglo XVI aparece compuesto por un presidente, tres consejeros del de Castilla y los contadores mayores. El Consejo de Hacienda controló las rentas y subsidios, proponiendo planes y arbitrios para su incremento y mejor recaudación. El protagonismo de Castilla en el sostenimiento financiero del Estado confirió a este organismo una proyección universal. Ejerció asimismo funciones judiciales, conociendo como tribunal superior de los conflictos surgidos en la cobranza de rentas, si bien la intervención de las Audiencias en ciertas cuestiones fiscales habría de ocasionar no pocos conflictos entre ellas y los contadores mayores de Hacienda, resueltos en la instancia superior del Consejo de Castilla. B) LOS SECRETARIOS DEL REY

Los monarcas concedieron a muchas personas el título de secretario. Entre esos "secretarios del rey" se dan en lo fundamental tres tipos diferentes. De una parte, los que ostentan el título como una simple distinción retribuida u honorífica, que se sobreañade a su propio quehacer. De otra, los que siendo secretarios del rey lo son también de los Consejos, y muy señaladamente del Consejo de Estado. Por último, los que se incorporan al entorno inmediato del monarca y despachan con él como secretarios privados o particulares. Estas dos últimas clases de secretarios desempeñaron un papel de primer orden en la consolidación del aparato administrativo central.

l. Número y competendn.\· rle /ns JeclY!ln rinx rle

Estndo.

C1111.va.v del poder de /o., H't·retario.'i.

Los Secretarios de Estado

Los secretarios del Consejo de Estado son siempre secretarios del rey. En los primeros años del Consejo, la secretaría fue única, pero en 1567 Felipe II la dividió en dos cauces, Norte-Italia, despachándose por separado los asuntos de la Europa central y septentrional, y los del Mediterráneo e Italia. Las dos secretarías persistieron hasta el siglo XVIII, aunque a veces una y otra fueron confiadas a la misma persona. Entre los años 1630 y 1661 existió una tercera secretaría de Estado, de España, creada para atender los asuntos de la Península, Indias, costas de Africa y "todos los demás negocios mixtos e indiferentes". De cualquier forma ello no quiere decir que sólo en ese período los secretarios de Estado se ocuparan de los asuntos estrictamente españoles, al margen de la doble jurisdicción internacional, pues ellos -como el propio Consejo de Estado, del que formaban parte- entendieron siempre de cualquier grave asunto interno y de las más importantes cuestiones de interés general. El protagonismo y poder de los secretarios de Estado tuvo una causa muy concreta. Correspondiendo al rey, según vimos, la presidencia del

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Consejo, él no solía asistir a las reuniones, bien fuera por no coartar con su presencia el libre desenvolvimiento de los consejeros o, lo que es más pro-bable, por estar ocupado en otros menesteres o preferir un sistema de control indirecto. Al no acudir el monarca y mantener al tiempo un despacho privado con Ios secretarios de Estado, éstos representaron la invisible fiscalización de aquél en el supremo organismo de la monarquía. Desbordan así su específica función auxiliar de secretarios de un Consejo, para convertirse en personajes poderosos que controlan el centro neurálgico del Estado. El cénit institucional de estos secretarios coincide con el siglo XVI, y más específicamente con los años centrales de la centuria, cuando, consolidado el Consejo, existe un único secretario que monopoliza la confianza regia. Es la época del omnipotente Francisco de los Cobas. Con Felipe II, aun manteniendo la influencia y prestigio, decae su poder. Y ello tanto por el reparto de competencias consiguiente al fraccionamiento de la secretaría, como porque esos secretarios de Estado concurren con otros varios -personales o privados- en el núcleo de despacho de un monarca que además, por temperamento y hasta por ingratas experiencias (caso de Antonio Pérez, secretario de Estado de Italia), propende a no confiar excesivamente en nadie. El despacho de los secretarios de Estado con el monarca fue durante el siglo XVI un despacho a boca, es decir, una reunión del rey con el secretario, en la que éste informaba a aquél de los diversos asuntos y consultas necesitados de respuesta. Pero lógicamente la voluntad del monarca debía ser trasladada a los papeles -aunque Felipe II anotara él mismo los documentos con exasperante prolijidad-, y lo que se había decidido en esas entrevistas exigía un trabajo subsiguiente de comunicación a los organismos o personas afectados por los acuerdos. El despacho a boca requería además, como tarea previa, la elaboraci6n de resúmenes y dictámenes en los que el secretario extractaba, para información del rey, las tan a menudo farragosas consultas de los Consejos. El secretario mantenía, en fin, un copioso despacho por escrito con el mismo monarca, a través de cartas y billetes. Al aparecer los validos en la escena institucional del siglo XVII (38, II, F), ellos desplazaron a los secretarios en la comunicación verbal con el monarca y en el disfrute de su confianza, pero resulta fácilmente comprensible que no asumieran esa otra faceta, burocrática y trabajosa, que había sido típica del despacho. Se produjo en consecuencia una quiebra en el núcleo de gobierno del rey o del valido, a quien quedaron subordinados los secretarios de Estado, y esa quiebra debió ser tanto más grave cuanto afectaba de hecho al buen curso y expedición de los asuntos elevados al monarca, o lo que es lo mismo, a los más importantes de la vida del Estado.

Etapas de injluerwia.

Despacho "a lmm"ypor e.W'rito.

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2. Cln.m· y poder de /oJ .\·ec~tnrio.r privndox.

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Los secretarios privados y el Secretario del Despacho Universal

Llamamos secretarios privados a quienes, sin serlo de Estado, disfrutan de la confianza del rey y despachan directamente con él. En ciertos casos desempeñan también las secretarías de Consejos, pero ello resulta accesorio respecto a su función principal de asistencia al monarca. En el siglo XVI esos secretarios aparecen con frecuencia ocupándose de determinadas clases de asuntos, o despachando de forma indiferenciada aquello que se les encomienda. Su peso político fue grande antes de que los secretarios de Estado acapararan el favor regio, y también después cuando ese exclusivismo se desmorona. Fue así un secretario privado, Mateo Vázquez, quien alcanzó mayores cotas de poder en los últimos años del reinado de Felipe 11. En el siglo XVII, presentes los validos, los reyes dejan de tener un gabinete de secretarios privados . Pero como por entonces los secretarios de Estado han sido marginados, el derrumbe del staff burocrático adjunto al monarca se hace total , y en las dos primera décadas de la centuria tiene lugar un verdadero colapso de la administración central. Semejante problema se intentó remediar con la creación de otro tipo de secretario, el secretario del Despacho. Desde 1621 fue sistemáticamente escogido un secretario experto para que se ocupara de ese despacho central, que recibe y devuelve papeles de todos los Consejos. Con el tiempo se configura un oficio autónomo, proyectado a asuntos de cualquier especie, y cuyo titular por lo mismo es llamado secretario del Despacho Universal. Dependiente de validos y primeros ministros, este nuevo personaje es un individuo oscuro y sin significación política. Encerrado en la covachuela de palacio, hace frente durante los últimos ochenta años del siglo XVII a la barahunda de papeles de toda la monarquía, y viene a ser injustamente objeto del sarcasmo de quienes -motejándole de "plumífero", etc.- ridiculizan esa extenuante dedicación burocrática. En realidad, gracias a él, la lenta maquinaria del régimen polisinodial no llegó a pararse del todo. Por lo general los secretarios privados, y también los de Estado, fueron gentes de extracción social media . Adiestrados desde niños en ese "oficio de papeles", daban sus primeros pasos en las oficialías inferiores de la secretaría de cualquier Consejo, para ascender a las más elevadas, convertirse luego en secretarios y como tales proseguir una carrera administrativa por el vericueto jerárquico de las secretarías de los Consejos. Al llegar a la cúspide -secretarios de Estado, secretarios privados del monarca- eran ellos unos expertos tecnócratas, conocedores de todos los resortes de la maquinaria estatal, que adiestraban a sus hijos y parientes en un oficio basado en la experiencia y que por ello cobró contornos familiares muy precisos. Con los Reyes Católicos abundaron los secretarios aragoneses,

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protegidos por su paisano el monarca. Desde el reinado de Felipe II hubo un predominio general y notorio de los vascos, concorde con el fenómeno más amplio, subrayado por el profesor Monreal, de la masiva presencia de gente vizcaína en todos los resortes de la administración de la monarquía. C)

LAS JUNTAS

Junto a la red de Consejos existió otra, más fluctuante e imprecisa, de Juntas, que aparece en el siglo XVI y alcanza su mayor grado de complejidad en el XVII, en el reinado de Felipe IV. Constituidas por un reducido número de personas, las Juntas surgen para asesorar sobre problemas concretos (la viabilidad del proyecto colombino o la legitimidad de la conquista de América, por ejemplo), o sobre cuestiones que podían ser competencia de varios Consejos. Con el tiempo adquieren heterogeneidad y consistencia, y algunas se convierten en organismos estables de larga duración. Las Juntas fueron así creadas para todo tipo de problemas, grandes y pequeños, existiendo tanto Juntas breves y efímeras como otras que duraron siglos. En el XVII las Juntas se multiplicaron llamativamente, y ello quizás porque a los Validos les resultó más fácil y cómoda su creación y control a fin de marginar la intervención de los Consejos. Los estudiosos de este sistema de Juntas (señaladamente los profesores Dolores Sánchez y Francisco Baltar, quien dedica al tema una muy valiosa exposición de conjunto) han propuesto diversos criterios clasificatorios, problemáticos siempre por la profusa heterogeneidad de estos organismos. Con todo, sí parece clara una primera división a tenor de su gradación jerárquica en la estructura de la Administración central. Hay por una parte en el Antiguo Régimen ciertas Juntas supremas del gobierno general de la Monarquía, que están por encima de los Consejos, junto al rey, y que supervisan la totalidad de los asuntos, y otras muchas de rango inferior dedicadas a diversos temas, particulares y específicos. Las primeras fueron concretamente tres: la llamada Junta de Noche, en los últimos años del reinado de Felipe 11; la Junta de Gobierno instituida por Felipe IV para que actuase en la minoridad de Carlos 11, y la Junta Suprema de Estado en el reinado de Carlos III. Las Juntas particulares, a su vez, tuvieron muy diversa naturaleza y motivaciones. Hubo algunas de carácter palaciego y cortesano, como las Juntas de Reformación, y en concreto la Junta Grande de Reformación (1622), para atender lo que es digno de reforma en la Corte, o la Junta del Bureo, órgano de gobierno de Palacio y tribunal para juzgar los delitos cometidos en él o por los criados del monarca. Carácter económico y financiero tuvieron algunas Juntas importantes como la Junta de la Media Anata, formada por miembros de los distintos Consejos y que se ocupaba de la exacción de ese tributo (42, I, B, l); también las diversas Juntas de Comercio existentes en los reinados de Felipe IV y Carlos 11,

Lns Junta., de Cobienw.

lns Juntas partirolare.<.

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así como la Junta de Millones, ocupada en la administración y distribución del servicio de millones, o la Junta de Minas, creada en 1624. Especial relevancia tuvieron las Juntas de carácter militar proyectadas al mundo de Ultramar, según fue el caso de la Junta de la Armada del Mar Océano y la Junta de Guerra de Indias, que nace con el siglo XVII en orden a la provisión de oficios y levas de gente para Indias. Hubo, en fin, alguna Junta de marcado carácter religioso. como la Junta de la Inmaculada Concepción, creada en el reinado de Felipe III para velar por esa devoción que era oficial en la monarquía española. Cabe decir, en fin, que una de las Juntas más importantes y duraderas fue otra palaciega. la Real Junta de Obras y Bosques, encargada de palacios, jardines y parajes reales, lo que hoy día constituye el Patrimonio Nacional. Esta Junta de Obras J Bosques, creada según la generalidad de los autores en 1545, no debió en realidad constituirse hasta fines del siglo XVI. Su antecedente unipersonal fue el secretario de Obras y Bosques, de decisiva influencia en el reinado de Felipe II. D) EL REGIMEN MINISTERIAL BORBONICO Desrrrrliro del si.wemn po/ü ino· dial.

Felipe V inició su reinado con un sistema polisinodial de escasa eficiencia y mucho desprestigio. Los asuntos habían circulado en la etapa anterior con agobiante lentitud por la red de Consejos y secretarías real es. Las sesiones de cada Consejo no bastaban para atender con la fluidez deseable el acopio de consultas y documentos, cuyo examen se eternizaba con sutilezas legales propias de los letrados allí presentes, mientras los papeles eran a menudo reexpedidos a los interesados y otros tribunales para precisar cualquier extremo poco claro. Tanto en el caso de reyes trabajadores y burócratas como Felipe 11, obsesionado él mismo por examinar cada cuestión, como en el de los monarcas que abandonaron el despacho, el resultado fue el mismo dilación en resolver los asuntos, atrofia del aparato y progresivo descontento. Mientras los Consejos se enzarzaban en puntillosas y largas disputas por problemas de dignidad y rango, no fue infrecuente que quienes pretendían algo, o estaban a la espera de una determinada resolución, se trasladaran a la Corte para intentar localizar su expediente y agilizarlo por procedimientos más o menos lícitos. La insólita complejidad de toda aquella maquinaria venía de antiguo. Oigamos cierta reflexión de un contemporáneo sobre las peripecias de un asunto en la segunda mitad del siglo XVI: "¿En qué razón cabía el laberinto de Creta que había?. Que el negociante daba s. memorial a Juan Ruiz ; Juan Ruiz a Su Majestad o hacía relación el rey a Juan Ruiz; Jun Ruiz a Gasol ; Gasol a Villela; Villela para sacar la relación ; Villela a Gasol ; Gasol a 13 Junta: la Junta a Gasol ; Gasol a Juan Ruiz ; Juan Ruiz a Su Majestad ; Su Majestad a doCristóba l de Mora : don Cristóbal a Juan Rui z; Juan Ruiz a Gasol ; Gasol a la parte. ¡Que aun para referirlo es largo, cuanto más para pasar por ello 1" .

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A las alturas del XVIII tal sistema resultaba inviable, si bien no era fácil suprimirlo de raíz por su misma complejidad y hasta por sus connotaciones con un pasado glorioso. Felipe V y sus sucesores optaron por arbitrar una reforma paulatina. Consistió ésta en dejar en un segundo plano a los Consejos, vaciándolos de contenido, y construir progresivamente una estructura paralela de individuos responsables de materias idénticas. Y como frente al repudiado régimen de los Consejos, colegial y poco operativo, existía ya ese secretario del Despacho, unipersonal y eficiente, la solu~ión fue simple: potenciar al secretario del Despacho a costa de unos Consejos que subsisten cada vez con menores atribuciones, e ir dividiendo aquel único departamento hasta arbitrar un sistema de secretarios del Despacho que entiendan de los sectores de la administración antes encomendados a los Consejos. Ahora bien, dado el viejo prestigio de los secretarios de Estado y los oscuros antecedentes del secretario del Despacho, los sucesores de éste reciben el título de aquéllos, presentándose esos nuevos rectores de la administración central del XVIII como Secretarios de Estado y del Despacho. l.

Cn't~rio.'í re-

Jormi.
Las Secretarías de Estado y del Despacho.

La secretaría del Despacho Universal deja de serlo en 1705. Un decreto de 11 de julio de ese año la divide en dos, constituyéndose un departamento de Guerra y Hacienda, y otro encargado de "todo lo demás". Desde esa división inicial, que anuncia el futuro desglose, los hitos principales de la articulación del régimen ministerial hasta el siglo XIX son los siguientes: -1714. Los dos departamentos mencionados se convierten en cuatro: Estado, Guerra, Marina-Indias y Justicia. Las cuestiones financieras se independizan ya entonces, pero quedan a cargo de un veedor general y de un intendente universal. -1720. Cuatro departamentos con una nueva distribución: Estado, Guerra, Marina-Indias-Justicia y Hacienda. La secretaría del Despacho de Justicia corre con todo lo eclesiástico, incluido lo de Indias. -1721. Cinco departamentos: Estado, Guerra, Marina-Indias, Justicia y Hacienda. -1754. Seis departamentos: Estado, Guerra, Marina, Indias, Justicia y Hacienda. La gran novedad de esta reforma radica en la constitución de un ministerio autónomo para los asuntos de ultramar. -1787. Pese a la reforma de 1754, el enorme volumen de los asuntos de Indias hace prácticamente ingobernable este departamento. Para resolver el problema se presentan tres soluciones: fraccionarlo en razón de la materia, dividirlo por zonas geográficas, o suprimirlo repartiendo sus ne-

011:nni:.nrián y r,Jormm

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Ln "vín re:,¡ervndn".

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gocios entre las secretarías del Despacho de España. Al triunfar el primer criterio, se articula la estructura ministerial más amplia de todo el siglo: Estado, Guerra, Marina, Justicia, Hacienda, Gracia y Justicia de Indias, y Guerra-Hacienda-Comercio-Navegación de Indias. -1790. Fracasada la reforma anterior, se opta ahora por la última de las soluciones antes mencionadas. Desaparece en consecuencia la autonomía en la gestión de los asuntos de ultramar, y cada uno de los departamentos tradicionales asume lo correspondiente de Indias. Este esquema de las cinco secretarías del Despacho -Estado, Guerra, Marina, Justicia y Hacienda- persistirá hasta las transformaciones de la administración central efectuadas por las Cortes de Cádiz. ¿Cómo se llevó a efecto la operación de dotar de atribuciones a esas Secretarías de Estado y del Despacho, a costa de los Consejos homónimos?. Mediante dos procedimientos. Por un lado, reduciendo la estructura y capacidad de acción de los Consejos, o suprimiendo de hecho o de derecho a alguno de ellos. Por otro, mediante el establecimiento de la llamada vía reservada, consistente en ordenar que determinado tipo de asuntos fuera sustraído del cauce ordinario de los Consejos para pasar a la competencia directa de los ministros. En sentido estricto la reserva se justifica en función de algo que el rey debe conocer por sí mismo, pero que lógicamente despacha con el secretario o ministro correspondiente. Si se tiene en cuenta que tal calificación no fue aplicada sólo a negocios concretos, sino a sectores muy amplios de asuntos -todos los de tal o cual naturaleza-, no es extraño que con el tiempo los Consejos quedaran desprovistos de atribuciones. La prepotencia de los ministros del XVIII-los Alberoni , Patiño, Ensenada, Floridablanca, etc.- frente a unos Consejos carentes de fuerza política, hizo posible además que esa mudanza se llevara a cabo sin grandes fricciones ni resistencias. En los últimos años, un sector de historiadores del Derecho dedica su atención a la génesis de los diversos Ministerios en el XVIII. Isabel Martínez Navas, profesora de la Universidad de la Rioja. ha estudiado asf el Ministerio de Indias, poniendo de relieve los oscilantes y aun contradictorios criterios ensayados para la gestión de los asuntos de ultramar. A su vez, Beatriz Badorrey, ha reconstruído la historia del Ministeri o de Estado, antecedente del actual de Asuntos Exteriores, en un importante libro que, según ella advierte, tiene como inicio y término dos hitos claves: el Decreto de 30-XI-1714, creador de esta Secretaría del Despacho, y la abdicación de Carlos IV en 1808. Por lo demás, a través de la obra de Badorrey se filtra lo que fue la política exterior de España en el siglo de la Ilustración. Los orígenes del Ministerio de Marina nos son conocidos por la investigación del profesor de la Facultad de Derecho de Cuenca, Dionisio Perona, quien además presenta unos eruditos informes biográficos del personal del Ministerio entre 1714 y 1808. El catedrático Gómez Rivero, en fin, ha realizado un exhaustivo estudio del Ministerio de Justicia, que indirectamente aclara además la mecánica general de gobierno de los ministros ilustrados.

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2.

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Los orígenes del Consejo de Ministros: La Junta Suprema de Estado

Los Secretarios de Estado y del Despacho de los distintos ramos tratan por separado de sus asuntos con el rey. Además, desde que la Secretaría del Despacho Universal dio paso a un sistema de varios departamentos -es decir, desde 1714-, se realizaron intentos de reunir a los ministros en una especie de despacho colectivo. Hasta 1787 esos intentos cuajan sólo en reuniones esporádicas e inestables, bien de algunos ministros, o bien de todos pero con el añadido de otros personajes de la política y la administración. En esa fecha, en cambio, se ordena reunir una asamblea a la que asistirán todos los ministros y exclusivamente ellos, a fin de adoptar colegiadamente los acuerdos oportunos. Esa asamblea, la Junta Suprema de Estado, constituye de hecho el primer Consejo de Ministros de la historia española, y el precedente inmediato, en el Antiguo Régimen, de Jo que poco después aparecerá en el Estado Constitucional con tal preciso nombre (49,I,B , 1). La Junta Suprema, debida a la inspiración de Floridablanca, fue erigida por un decreto de 8 de julio con carácter de "ordinaria y perpetua", debiendo reunirse una vez por semana para entender de todos los asuntos de interés general. Careció en teoría de presidente, pero de hecho esa función fue desempeñada por el Secretario del Despacho de Estado, o ministro que, como encargado de los asuntos exteriores, disfrutó desde principios de siglo de un rango principal. La Junta recibió una instrucción, obra también de Floridablanca, de carácter reservado, en cuyos casi cuatrocientos capítulos se trataron los grandes problemas de la vida nacional. La instrucción fue así un gran programa de gobierno, al que los ministros debían acordar sus decisiones y propuestas. La Junta Suprema de Estado funcionó con absoluta regularidad desde que fue creada hasta 1792, fecha en que la caída de su promotor, Floridablanca, arrastró la supresión del organismo. Al ser establecida la Junta, quedó en suspenso el Consejo de Estado, el cual dejó de reunirse en esos cinco años y recobró su actividad con la extinción de aquélla. 3.

Persistencia y ocaso del régimen de Consejos

La primera década del siglo XVIII fue ya un anticipo del oscuro porvenir que aguardaba a los Consejos. En 1702 se suprime el de Flandes, que en realidad había persistido hasta entonces como sombra institucional del gobierno de unos territorios ya independientes. En 1707 desapareció el Consejo de Aragón en el naufragio de los decretos de Nueva Planta (33,ID,A,2). También por esas fechas el Consejo de Indias fue objeto de una drástica reforma que le arrebató a dos terceras partes de sus consejeros, con Jo que entra en vías de creciente de-

Cl'l'ncián d, In J unln Suprema

d, Es!ndo.

Compo.iición y nmurnlezn d, In Junta.

Exlinción.

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Lo:r decretos de JO-Xl-1713.

El deaeto de 9-Vl-171 5.

Redurrilín de In eJtrurwrn de lo.\'

Consejo.<.

Ornsodel Conujo de fatndo.

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clive. Como el profesor Medina Font ha escrito, la política reformista de Felipe V reportará al Consejo de Indias "una lenta pero continua erosión". Hubo sin embargo cierta reacción favorable a los viejos organismos, plasmada en un conjunto de decretos que llevan la fecha común de 10 de noviembre de 1713. El Consejo de Castilla organizó su actividad en cinco salas, desdobló la presidencia en cinco personas y llegó a contar con una treintena de individuos, entre consejeros, abogados y fiscales . Tal reforma, que acarreó también la suspensión del Consejo de Cámara, ha sido estudiada por la profesora Camino Fernández y se tradujo respecto al Consejo de Castilla en tres decretos de ese día 10 de noviembre. A su vez, el Consejo de Hacienda pasó a disponer de otras cinco salas ( consejo pleno, gobierno, justicia, millones y criminal), con otros tantos presidentes. El Consejo de Ordenes fue organizado en tres salas (consejo pleno, gobierno y justicia) y contó con dos presidentes. E incluso el Consejo de Indias, que se había enfrentado a Felipe V, pudo ordenar su funcionamiento en tres salas, similares a las anteriores, y dispuso de tres presidentes. Semejante reviva[, la inaudita multiplicación de presidencias, era excesivo para ser duradero. Y así, pese a que el Consejo de Guerra fue reformado también al año siguiente, en 1715 llegó la contrarreforma mediante un decreto de 9 de junio . Pese a restaurar el Consejo de Cámara de Castilla, ese decreto supuso la vuelta de los tribunales a su pie antiguo, es decir, a su precaria situación. No hay que olvidar que ya por entonces había tenido lugar el afianzamiento del régimen ministerial, mediante la importante reorganización de 1714. Desde ese momento, consolidado el esquema de las Secretarías de Estado y del Despacho, el declive de los Consejos fue irreversible. Los ministerios potenciaron su estructura mientras los Consejos veían perder la suya. Las dos tradicionales secretarías del Consejo de Estado se habían fundido ya en una única en 1706, y lo mismo sucedió en ese año con las dos del Consejo de Guerra. Pero en 1717 el proceso reductivo fue radical. Dos Consejos distintos aunque afines, como eran los de Estado y Guerra, dispusieron de una sola secretaría común, mientras por ejemplo el Consejo de Italia, que había llegado a contar con cuatro secretarías, se quedó con una única oficina para el despacho. Este proceso era por demás lógico. Los Consejos podían persistir como corporaciones más o menos brillantes u honoríficas, pero la sustracción de asuntos comportaba una correlativa reducción de su aparato funcional. La trayectoria del Consejo de Estado fue a tales efectos sintomática en esta etapa crepuscular. En su brillante estudio, el profesor Barrios nos habla de un Consejo marginado en el reinado de Felipe V, de otro inactivo con Femando VI, y del Consejo sin ejercicio en los años de Carlos III:

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"Aunque grande en dignidad y honores, la situación del organismo en esta época era de hecho calamitosa. En 1774 componían el Consejo doce ministros ... De los doce ministros, cinco permanecían asimismo ausentes ... En cuanto a los restantes, algunos de los más significados se hallaban inactivos ... Los demás rara vez eran consultados como tales consejero~ de Estado" (El Consejo de Estado, 189-190).

Sólo en los últimos años, tras la extinción de la Junta Suprema, el Consejo de Estado recuperó su actividad. Se aprecia así al tÚmino del XVIll y en los inicios del XIX un postrer intento de rehabilitar a los Consejos. Todavía en 1803 algunos otros Consejos, como los de Guerra y Hacienda, recibieron nueva planta para "restablecer su autoridad", mientras el de Castilla participa con espíritu belicoso en los conflictos de 1808. Era el canto del cisne. La crisis del Antiguo Régimen anunciaba la liquidación de los restos, reales o ficticios, del régimen polisinodial. Del panorama de decadencia general de los Consejos en el siglo XVIII, tal vez haya que exceptuar al de Indias. El profesor Rafael García Pérez ha aducido buenas razones para sostener, apartándose de la tesis tradicional, que el Consejo de Indias mantuvo y aun fortaleció hasta fines del XVIII su prestigio e influencia.

Ultima n,nrrilm yrrüisfinal.

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40. LA ADMINISTRACION TERRITORIAL Y LOCAL EN LA ESPAÑA MODERNA

l. La Administración Territorial A) EL SISTEMA BAJO LOS AUS1RIAS: VIRREINATOS Y "PROVINCIAS"

Apenas existió en Castilla un régimen de administración territorial propiamente dicho, que sí en cambio tuvo apreciable entidad en los territorios de la Corona de Aragón y Navarra, gobernados por virreyes. Entre el poder central y el local, o los señoríos en su caso, se da en Castilla un vacío casi absoluto, sólo atenuado por la existencia de ciertas demarcaciones o provincias, de naturaleza financiera, así como por la consolidación de los corregimientos municipales. Estos llegan a configurar un distrito de confuso alcance, más amplio que el estrictamente local y menor que las circunscripciones territoriales antes conocidas. Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca, Navarra y Galicia, en la Península, y Nápoles y Sicilia fuera de ella, forman otros tantos virreinatos, regidos por personajes que representan al monarca. El oficio de virrey, de carácter temporal, comporta funciones generales de gobierno y una suprema fiscalización de cuanto sucede en sus territorios, pero en principio no se traduce en atribuciones específicas y determinadas. Las legislativas y de gobernación las asume cuando es además nombrado gobernador; las judiciales, con su designación como presidente de la Audiencia, y las militares cuando al cargo de virrey se agrega el de capitán general. En la Corona de Aragón el afianzamiento del régimen virreinal tiene lugar como consecuencia del fracaso del antiguo sistema de "gobernación general" (27,IV,B) a fines del XV. Tal crisis llevó al rey a enviar a delegados suyos o lugartenientes con diversos cometidos y funciones. La propia dinámica de gobierno y el absentismo regio convertirán a esos individuos, como virreyes, en representantes permanentes del monarca con misión general de gobierno en cada uno de los territorios. Al ser además los virreyes presiden-

Elsi.
virreinnl.

762

LA ESPAÑA MODERNA

tes de un órgano colegiado como la Audiencia, se abre camino el llamado por Lalinde sistema virreino-senatorial. En Cataluña tiene lugar durante la Edad Moderna la transformación del lugarteniente general, representante supremo y general del monarca, en esta otra figura del virrey, que es ya un funcionario provincial de condición intermedia entre la Corte y los órganos locales La "virreinalización" se vio determinada, según el citado autor, por tres rasgos propios de la política institucional de Femando el Católico: la sumisión del virrey al voto mayoritario de la Audiencia en materias de justicia; su configuración militar al asumir el cargo de capitán general; y el propio sometimiento del virrey a la lugartenencia general, que se mantiene como instancia superior. las "provindnx "

ji.l<'ale.< en Castilla.

País Vn .H'o: Juntas

y DipUlncitme.\ .

En Castilla desaparecen en el siglo XVI las demarcaciones administrativas características de la etapa anterior. Surge en cambio en esa centuria una nueva división, de carácter fiscal, que según el censo de 1591 comprendía un total de cuarenta circunscripciones: de ellas, treinta y dos provincias nominales, y otras ocho que lo eran de hecho, con independencia de las Provincias Vascongadas que por no contribuir al servicio de millones quedan al margen de tal reparto. Los cuarenta distritos fueron agrupados en torno a las dieciocho ciudades con voto en Cortes. Algunas -Soria, Madrid, Granada, etc.- encabezaron su única provincia, mientras otras como Burgos, Zamora o Toledo, figuran al frente de provincias diversas. En el País Vasco, el gobierno de Alava y Guipúzcoa corrió a cargo de Juntas y Diputaciones. Las Juntas fueron generales o particulares. La Diputación guipúzcoana se creó para despachar los asuntos que la Junta General hubiera dejado pendientes, o bien otros nuevos que surgieran. La Diputación alavesa fue un órgano unipersonal. Juntas y Diputaciones disfrutaron de múltiples competencias y, entre ellas, de la concesión del pase foral. Las Juntas y Diputaciones de Guipúzcoa en el siglo XVI nos son hoy bien conocidas merced a la admirable edición de sus fuentes realizada por María Rosa Ayerbe, culminando la labor iniciada con su marido, el malogrado profesor Díez de Salazar.

En el señorío de Vizcaya la organización de la tierra llana se articula en merindades y anteiglesias, mientras la Encartación y el Duranguesado constituyen a modo de bloques periféricos. Al lado de la Junta General del señorío, figura el Regimiento como órgano delegado de aquélla. Junto al Regimiento general existió el particular, denominado Diputación General a partir de 1645. Según explica Monreal, primera autoridad en estas cuestiones, la emancipación de la Diputación respecto al Regimiento, tuvo lugar en la última década del siglo XVII.

ADMINISTRACION TERRITORIAL Y LOCAL

763

B) LAS REFORMAS BORBONICAS: CAPITANIAS GENERALES E INTENDENCIAS

La administración territorial del XVIII tuvo un signo cambiante en Castilla y muy distinto en la Corona de Aragón, donde como consecuencia de los decretos de Nueva Planta se introdujo una organización castellana que a su vez había sido modificada. En conjunto las reformas borbónicas significaron un aumento del número de provincias, donde figurarán nuevos capitanes generales y Audiencias, y sobre todo la aparición de los intendentes como magistratura clave del nuevo sistema. Navarra y las provincias vascas mantuvieron su régimen tradicional, a costa de abundantes tensiones con la administración del Estado. Los antiguos virreinatos fueron convertidos en provincias, nombrándose para cada territorio un capitán general como gobernador, el cual asumió la suprema autoridad política y militar. Este capitán general debía actuar en armonía con el órgano colegiado de la Audiencia, formando así, como se dijo entonces, una especie de "cuerpo místico" de gobierno. Al iniciarse la centuria, España aparece dividida en doce capitanías generales, que ahora se llaman de provincia, de las que siete corresponden a la Corona de Castilla (Andalucía, Canarias, Castilla la Vieja, Extremadura, Galicia, Costa de Granada y Guipúzcoa), cuatro a la de Aragón (Aragón, Cataluña, Mallorca y Valencia) y una a Navarra.

Capitanlas generales.

El Capitán General, como nueva figura de la administración territorial, hubo de afirmar su autoridad frente a la de otros organismos. La profesora Dolores Alamo, que ha estudiado la génesis histórica del Capitán General de Canarias, subraya los conflictos en que se vio inmerso frente al cabildo y la Audiencia.

Los capitanes generales fueron por lo común aristócratas dedicados a la milicia, abundando en proporciones llamativas el número de extranjeros. Su poder fue especialmente notable en la Corona de Aragón, donde la simbiosis con la Audiencia, de la que el capitán general era presidente, facilitó que ese gobierno de real acuerdo entre la autoridad militar-gubernativa y un tribunal de justicia que actuaba a modo también de consejo político, favoreciera en último término la afirmación autárquica del capitán general en aquellos territorios jurídicamente castellanizados. El profesor Francisco Baltar, que ha dedicado una monografia al poderoso capitán general de Aragón, lo ha retratado de la siguiente manera: "extranjero, perteneciente a la nobleza, poseedor de la más alta graduación dentro del ejército, de sólida formación militar, conocedor de varios idiomas y con experiencia laboral en el extranjero". La segunda gran reforma de la política centralista consistió en la introducción de los intendentes, figura de origen francés, con atribuciones militares, que aquí fue creada con esos y otros poderes -finanzas, policía y

Intendencias.

764

LA ESPAÑA MODERNA

justicia- para convertirse finalmente en una autoridad territorial como intendente de provincia. Tras varios ensayos en la primera mitad del siglo, la Real Ordenanza de 13 de octubre de l 749 dispuso la constitución de veintiocho intendencias o provincias, repartidas de la forma siguiente: cuatro de ejército o militares en los territorios de la Corona de Aragón, una en Navarra, otra en Canarias y veintidós en la Castilla peninsular. De estas últimas, dieciocho fueron propiamente de provincia, y cuatro de ejército para las zonas de Andalucía, Extremadura, Castilla la Vieja y Galicia. A la entrada del siglo XIX persistían las mismas intendencias, formando una red provincial que servirá de base para la elección a diputados en las Cortes de 18 l 2. Esas elecciones se realizaron sobre treinta y dos provincias . Como Martínez Díez ha señalado, tal número provenía de las veintiocho anteriores, con el añadido de las tres provincias vascas y de Asturias, la cual se había segregado de León. El in1enden1e mralán.

La presencia del intendente fue muy significativa en Cataluña. A su control de fortificaciones, cuarteles, industria militar y naval, sumó allí un intenso protagonismo en la política de abastos y en el fomento de la actividad comercial. Dotado de una excelente retribución, al acumular los poderes de los organismos reales y del Principado, el intendente catalán dispuso de una enorme capacidad financiera, figurando como la segunda personalidad de la región tras el capitán general y por encima del regente de la Audiencia. · C) LA ADMINISTRACION TERRITORIAL EN INDIAS

Lns Indias como cin ·unscripción

personal de Colún.

Cambi"-' de Jistema en la primera mitad del XVI.

A tenor de lo previsto en las Capitulaciones de Santa Fe, cuanto se descubriera en la expedición habría de quedar bajo la autoridad de Colón como almirante en la mar y como virrey y gobernador en las islas y tierra firme. Ello equivalía a constituir, si la empresa resultaba satisfactoria, una circunscripción peculiar afecta a su persona. Desde el descubrimiento de América hasta mediados del siglo XVI, la administración de los nuevos territorios pasó por numerosas vicisitudes y problemas. Y ello porque la atribución de esos títulos de virrey y gobernador se hizo con expresa referencia al panorama institucional de Castilla, donde tales oficios carecían de contenido preciso y del arraigo necesario. También, por los litigios surgidos con Colón y sus descendientes, y por la magnitud y complejidad de los territorios sucesivamente descubiertos. En consecuenc ia se intentó establecer un nuevo sistema que, a tenor de cuanto hoy día sabemos, atravesó en ese medio siglo cuatro sucesi vas etapas: la inicial de la primera década del XVI, en la que queda suspendida la autoridad del virrey y se trata de establecer cierto sistema plural de provincias y gobernadores; una segunda (15 ll-

ADMTNISTRACION TERRITORIAL Y LOCAL

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1523) que supone el retomo al sistema virreinal; una tercera (1524-1535) con la rehabilitación de las gobernaciones, donde se organizan diversas provincias en las que el gobernador recibe asimismo el título de capitán general; una cuarta, en fin, entre 1535 y 1560, en la que aparecen virreinatos y Audiencias gobernadoras, a modo de grandes distritos, y distintas provincias dentro de ellos. Consolidada la obra colonizadora al mediar la década de los sesenta, se aborda, tras estas experiencias, una reorganización global de la administración indiana. Su hilo conductor consiste en diferenciar la actividad administrativa propiamente dicha, de la correspondiente a cuestiones de justicia, guerra o hacienda. Se fijan así los cinco distritos de gobierno superior, por entonces existentes, y que corresponden a Nueva España, Perú, Santo Domingo, Guatemala y Nueva Granada, a los cuales se equipara en Extremo Oriente el de Filipinas. De ellos, dos, Nueva España y Perú, son regidos por un virrey, mientras la dirección de los restantes corresponde al presidente de la Audiencia con título de gobernador. Unos y otros, virreyes y presidentes, actúan en nombre del monarca. Dependientes de la autoridad de los dos virreyes y de los presidentes de Santo Domingo, Guatemala, Santa Fe y Manila, existen en sus respectivas circunscripciones otros distritos menores, que son las provincias o gobernaciones. En las provincias cuya sede coincide con la del distrito superior, su gobernador es el mismo virrey o presidente. Las restantes disponen de gobernadores propios. Este sistema perdurará hasta que, a mediados del siglo XVIII, repercutan en América las reformas efectuadas en la administración territorial de la metrópoli. En aquellas circunscripciones más amplias -donde se forma además un tercer virreinato de Nueva Granada-, los virreyes y presidentes son capitanes generales, título que por su superior carácter desplaza al de presidente, con lo que las presidencias aparecen ahora como capitanías generales, mientras los gobernadores de las provincias dependientes de ellas figuran con el título de comandantes generales. Las circunscripciones menores o provincias son asimismo objeto de reforma, aplicándoseles el régimen de intendencias. Sin embargo, tal transformación alcanza a unas provincias pero no a otras. Las que mantienen el sistema antiguo reciben la denominación de gobiernos políticos y militares, calificándose de intendencias a las provincias reformadas. Existe en consecuencia una doble organización territorial: la de las provincias regidas por un gobernador que es comandante general, y la de aquellas otras a cuyo frente figura un intendente, que acapara la suprema gestión de todas las materias de gobierno, justicia, hacienda y guerra.

Reorxnntuu·ión en la década /565-1575.

Di.,;tritos de ,:obiemo superior: virreinntoJ y prt:Jidencin.r.

ProvindnJ.

Los di.Wrilo:.. superiorex dexde mediadox del .,iglo XVIII: Virreinato.> y Capita-

nía.,· generales.

ln.r provinria, y sus drues.

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LA ESPAÑA MODERNA

11. La Administración Local A) EL MUNICIPIO EN LOS SIGLOS XVI Y XVII El poder soda/ ' n los l(mndrs nunicipios y en

Los pequeños puebfos.

Poder real y control de lo.,· mun,ripios.

Por debajo del poderoso pero lejano poder central, y dada la inconsistencia de las estructuras intermedias de gobierno, la vida política cotidiana se desarrolla en la España de los Austrias en el marco de las ciudades y villas que han impuesto su autoridad a las aldeas y territorio circundante. Prácticamente desaparecido el régimen de concejo abierto, y asentado ya el concejo cerrado (30, II, B), la dirección de los municipios cae en manos de oligarquías nobiliarias que se disputan de modo especial el control de las importantes ciudades con voto en Cortes. El monopolio logrado por la nobleza en el gobiernos de esos núcleos urbanos, trasladó la pugna real y más viva a las pequeñas localidades y pueblos. Como ha escrito Domínguez Ortiz, "había mucho que ganar y mucho que perder en aquellos microcosmos hirvientes de pasión que eran los pueblos de Castilla". Las modestas villas y aldeas tratan de defender su autonomía y permanecen ocasionalmente agrupadas en comunidades que defienden los intereses mútuos . A su vez el poder real no permanece impasible ante la consolidación de ese poder ciudadano y trata de controlarlo. Y lo hace mediante la concesión de oficios a gentes adeptas, premiando a los fieles en detrimento de quienes no lo son; atrayéndose a las minorías nobiliarias o a los procuradores designados por ellas, o a través en fin de una poi ítica centralizadora que tiene a los corregidores como punto principal de referencia, pero que también ensaya otras medidas de signo unificador. Así, un auto acordado de 161C dispuso que los municipios castellanos se agruparan en cinco partidos cuya inspección fue encomendada a otros tantos miembros de la sala de gobierno del Consejo Real. Y aunque tal medida cayó al parecer en la inobservancia, resulta sintomática respecto a las intenciones de la realeza de alinear a los municipios bajo un patrón manejable y común. La base de la estructura jurídica de los municipios fueron sus ordenanzas, reguladoras de las cuestiones fundamentales de la vida del concejo. Esas ordenanzas fijaban de ordinario por escrito antiguas constumbres ~ usos locales reguladores de la vida ciudadana en sus diversos aspectos, con lo que formaron parte de una trama, la del derecho municipal, compuesta además por el fuero de la localidad y los privilegios regios. En el estudio que precede a la edición de las ordenanzas de Logroño, la profesora !sabe Martínez Na vas subraya la importancia de esos textos y recuerda que la potestad de ordenanza municipal estuvo limitada tanto respecto al ámbito material y espacial de competencias del consejo, como en razón de la escala jerárquica de fuentes del Derecho castella A la relación entre ordenanzas y fuero municipal, antes mencionada, se refiere la doctcn. Isabel Ramos con ocasión de estudiar el concejo de Jaén. Según ella, "a medida que el fuero i

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cayendo en desuso ante la preponderancia adquirida por el derecho regio, la redacción de ordenanzas se consolidó como el único mecanismo capaz de fijar la regulación de cuestiones de carácter estrictamente municipal".

Cuestión clave del régimen local fue la financiación y sostenimiento del municipio, con un presupuesto en el que se contabilizan ingresos y gastos. Remedios Ferrero, que ha estudiado la hacienda municipal valenciana en la primera mitad del siglo XVI, diseña un esquema de ingresos en el que figuran los procedentes del patrimonio o propios, las rentas (derivadas de sisas o impuestos) y los préstamos o censales, con unos órganos de recaudación o claverias dirigidas por los respectivos clavarios. l.

Regimiento y jurados

El cabildo o ayuntamiento está compuesto de un número variable de regidores, elegidos o designados mediante sorteo, aunque de ordinario fueron nombrados por el rey con carácter vitalicio entre miembros de la nobleza ciudadana. Ya en el siglo XVI la práctica totalidad de los municipios importantes estaban dominados por los oligarcas locales. Contrapeso de esa asamblea nobiliaria pudo haber sido otra paralela, la de los jurados, elegidos por el pueblo para defender sus intereses y controlar la actuación de los regidores. Sin embargo los jurados se convirtieron en Castilla en oficios vitalicios y hereditarios, desdibujándose esa función representativa del gran sector social de las clases medias, y quedando ellos en cierta forma asimilados a los propios regidores. Unos y otros acaparan el poder ciudadano y concurren al consejo municipal que es presidido por el corregidor. La equiparación, de todas formas, no llegó a consumarse, pues los regidores disfrutaron siempre de un mayor poder social y económico, apreciándose así lo que la profesora Sevilla ha calificado de trascendencia del oficio de regidor. La venta de los oficios de regidores contribuyó en Castilla a que quedaran en manos de los poderosos capaces de adquirirlos, si bien es posible que su logro por dinero resquebrajara el hermetismo del control nobiliario, en la medida en que pudieron practicar idéntica operación los burgueses enriquecidos. ¿Significó ello un desplazamiento de la nobleza por la burguesía en el gobierno municipal?. No parece ciertamente que fuera así. Y ello tal vez porque los burgueses adquirieron muchas veces esos oficios a modo de trampolín propiciador de un deseado ennoblecimiento. En cualquier caso el fenómeno afe<;tó principalmente a los grandes núcleos urbanos, aunque en el siglo XVII llegaron a venderse cargos concejiles en localidades pequeñas hasta que tal práctica fue suprimida. En todo esto se dio un aleccionador fenómeno, gráficamente expresado por Domínguez Ortiz: la autentici-

Re!limiento y regidores.

Lm"juratfos.

Ventas de oficios

y contml oli11árquico.

768

Acceso a los oficios de las capas sociales.

Los oficios municipales.

LA ESPAÑA MODERNA

dad democrática de las asambleas municipales resultó ser inversamente proporcional a la demografia de los lugares respectivos. En las poblaciones de cierta entidad dominó la oligarquía de los propietarios de oficios. En las villas medianas se los repartieron nobles y plebeyos. En las menudas aldeas, en fin, persistieron algunas formas residuales de concejo abierto, y todos los vecinos pudieron hacer oír su voz y tal vez elegir a sus dirigentes. La aristocratización municipal fue un fenómeno principalmente castellano, que sólo se dio en la Corona de Aragón en escala muy limitada. Aquí existieron exclusivamente jurados, y no regidores, y los cargos concejiles no fueron objeto de venta ni se convirtieron en vitalicios. Oficios municipales fueron los de alcalde, alférez mayor (que porta el pendón de la ciudad), procurador general o síndico (con función de velar por los intereses de la comunidad), alguacil mayor,fieles ejecutores, contadores, mayordomos, escribanos, pregonero, porteros, etc. Correspondió su elección a los regidores y jurados. En cualquier caso resulta llamativa la proliferación de oficios en los concejos importantes, y sobre todo el de oficios concejiles que no forman estrictamente parte del cabildo. Así se advierte, por ejemplo, en el municipio de Granada, que a tenor de un sólido estudio del catedrático López Nevot contaba con los siguientes tipos de oficiales: de justicia, de gobierno de la ciudad y del término, de hacienda, de asesoramiento, profesionales, militares y otros. Especial significación tuvo el oficio de personero del concejo, creado como representante y defensor de los intereses de los vecinos. Como ha señalado la profesora Ramos Vázquez en su estudio del concejo de Jaén, este personero, elegido desde 1533 por sorteo bianual, hizo frente a las uswpaciones de bienes públicos hechas por regidores y jurados; veló por el justo reparto de las cargas fiscales; defendió los privilegios e intereses ciudadanos, y representó incluso a cualquier vecino que hubiera de comparecer ante el cabildo.

Reuniones.

El regimiento municipal celebró reuniones ordinarias y extraordinarias. Los profesores Juan Baró y Margarita Serna, al estudiar el concejo de Santander, han advertido tres tipos básicos de asambleas, que habrían de darse también en otras villas semejantes: el concejo abierto o la llamada al pueblo general, que afectó a toda la población; el regimiento ordinario, que se reunía automáticamente determinados días sin necesidad de previa convocatoria, y el extraordinario, objeto de convocatoria expresa. 2.

Control del rey y del Consejo de Castilla.

Los corregidores

El control regio de la vida municipal tuvo como pieza clave a los corregidores, heredados de la etapa bajomedieval (30,II,B, 1), que ahora sirven

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en Castilla a una política de corte unificador y diferenciada de la que los monarcas podían practicar en la Corona de Aragón, donde ellos disponen de menos poder y donde los bayles y vegueres se encuentran con concejos más vigorosos e insumisos. En el mundo castellano el fortalecimiento del corregidor se acentúa con una pragmática de 9 de julio de 1500, definidora de los nuevos rumbos: él va a ser un personaje independiente del municipio donde actúa, pero dependiente del rey que Je nombra y controla. Progresivamente el Consejo Real asume el papel de instancia intermedia, quedando los corregidores directamente ligados a las instrucciones de este organismo. Tal fue la pretensión del auto acordado de 1610, que antes citamos, por el que los consejeros de la sala de gobierno se convirtieron en inspectores de los corregimientos, y de otras disposiciones de fines del siglo XVII, que pretendieron revitalizar su espíritu consagrando la autoridad y supervisión directa del Consejo de Castilla. El corregidor lo es todo o casi todo. Es representante y delegado político del monarca, nombrado por cierto tiempo, que preside el ayuntamiento, actúa con poderes gubernativos como una especie de gobernador civil en el distrito de la ciudad, y disfruta de atribuciones judiciales y también a veces militares. Es así comisario regio e interlocutor del Consejo, autoridad castrense y máximo garante del orden público, ostenta poderes de control en abastecimientos y precios, e interviene en la administración económica municipal. Se hace presente también en cuestiones fiscales a la hora de recaudar las rentas regias. Es autoridad judicial en lo civil y en Jo penal. Convoca y dirige las reuniones del cabildo, y ejecuta luego los acuerdos adoptados.

Competencia., .

Esa versatilidad funcional del corregidor fue defendida por los reyes frente a otras altas instancias. La profesora Badorrey, estudiosa de la historia del derecho taurino, nos informa así de cierto enfrentamiento que se dio a mediados del siglo XVIII entre la Sala de Alcaldes de Casa y Corte del Consejo de Castilla y el corregidor de Madrid, por la construcción de una plaza de toros, conflicto que fue resuelto en favor del corregidor.

Tan profusas competencias son ejercidas en el corregimiento o demarcación geográfica que, con el municipio como centro, cae bajo su jurisdición. Ahora bien, ¿cuál fue exactamente su poder en el órgano capital del regimiento ciudadano?. O dicho de otro modo, ¿pudo él controlar las decisiones del cabildo?. Teóricamente los acuerdos se adoptaban por mayoría, y en principio el corregidor carecía de derecho a voto. ¿Fue pues un presidente nominal que Juego llevaba a la práctica lo que los regidores habían decidido? Desde luego que no. Nos consta que de hecho el corregidor dispuso de voto de calidad para deshacer los sufragios igualados; que su parecer era de singular importancia si se pretendían modificar las ordenanzas municipales; y sobre todo que podía enfrentarse a los regidores en los llamados "ne-

P,ider en el rtJnrt'jo.

770

Cla'ie.\ tle corn:gidorl!x y l'l!trib11t·ión

Apetenria.\ p or

d,·nrxo.

LA ESPAÑA MODERNA

gocios graves", lo que ciertamente, por la elasticidad del concepto, justificó un intervencionismo a ultranza. Los corregidores eran letrados o militares. Estos últimos, los de capa y espada, contaron con la asistencia de los alcaldes mayores, uno de los cuales Je ayudaba en los juicios civiles y otro en los penales. El cargo fue retribuido, a costa principalmente de la hacienda municipal, con las consiguientes diferencias de salario entre unas y otras localidades, y nunca se sometió a venta. Pese a que las dificultades económicas obligaron a los corregidores a dedicarse a veces a otros menesteres lucrativos, lo que dio pie a extralimitaciones y abusos, el cargo fue siempre apetecido. Según el testimonio de un experto de fines del siglo XVI, Castillo de Bovadilla, la Corte se hallaba plagada de esos pretendientes a corregimientos, entre los que ocuparon un lugar destacado los propios procuradores de Cortes o quienes, habiéndolo sido, veían en esa designación un premio a los servicios prestados. B) EL MUNICIPIO BORBONICO

l. Correximtt!nto.,· en la Corona dt! Arng,ín.

Corrt!,:idore., t! intendente.,· en

Cnstilln.

Generalización del municipio castellano: corregidores e intendentes

Los decretos de Nueva Planta llevan consigo la extensión a la Corona de Aragón del régimen municipal castellano. Los corregidores aparecen así en 1711 en Aragón y Valencia, y en 1716 en Cataluña, donde cada corregimiento suele abarcar una o dos de las antiguas veguerías. En 1718 el veguer de Palma se convierte en corregidor. La aplicación del sistema castellano uniformizó, y en cierta medida revistió de tintes aristocráticos, al esquema municipal catalán. En las localidades importantes los regidores --de ocho a veinticuatro- fueron nombrados por el rey entre gentes de alta alcurnia, si bien los pueblos pudieron proponer a la confirmación de la Audiencia sus propios regidores. Desapareció lo que quedaba del antiguo régimen de insaculación, hecho éste que habría de facilitar la gestión autárquica de unos corregidores que gobernaron dóciles ayuntamientos, convertidos ya en instrumentos de la acción del monarca. En la disyuntiva además de nombrar corregidores letrados o militares, se optó siempre -salvo en el caso de la "fidelísima" ciudad de Cervera-- por estos últimos. Todo ello condujo a una administración municipal monocorde, autoritaria y elitista. La figura del corregidor borbónico en Castilla o en los territorios de la Corona de Aragón, se complicó además con la presencia del intendente, cuyas atribuciones hicieron inevitable una confrontación institucional en la que aquél llevó la peor parte. Cierta ordenanza de 1749 sancionó la desaparición del corregidor en las ciudades cabeza de inten-

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dencia, pasando al intendente todas sus funciones. Surge así un tipo sincrético, el "intendente-corregidor", de desmedidas competencias, que durará tres lustros largos hasta las reformas de Carlos III. 2.

Las reformas de Carlos lll

La simbiosis intendente-corregidor se extingue en 1766, cuando Carlos III separa ambos cargos, confiando a los corregidores los asuntos de justicia y policía, y a los intendentes los de hacienda y guerra. Años después, en 1783, tiene lugar una profunda reforma de los corregimientos y de sus titulares. Aquéllos son ordenados en tres clases --de entrada, ascenso y término- y los antiguos corregidores políticos aparecen ahora a modo de funcionarios acomodados a ese escalafón. Estamos en suma ante un corregidor diferente. Como ha escrito su biógrafo institucional, el profesor González Alonso, el antiguo corregidor queda desplazado por este otro, "de carrera, profesionalizado e intercambiable". Un segundo y fundamental aspecto de las reformas afecta al propio regimiento, acaparado hasta entonces por grandes señores, quienes como regidores perpetuos ostentan cargos que a menudo sirven otras gentes en . cesión o arrendamiento. Tras los motines de 1766, un decreto de 5 de mayo de ese año proyecta sobre los concejos una bocanada de aire democrático y renovador. Se establece así que "todo el pueblo", dividido en parroquias o en barrios, elija a unos diputados del común -dos o cuatro, según el número de habitantes- y a un síndico personero. La competencia de aquéllos, limitada en principio a cuestiones de abastos, se extendió Juego a otras materias. El síndico personero sustituye a un antiguo oficial, el procurador general, que en muchos Jugares se había convertido en cargo perpetuo e inoperante, y es creado por ello sólo donde el oficio de procurador ha quedado adscrito a alguna familia sin ser renovado cada año; o más precisamente, allí donde el procurador carece de la confianza de la comunidad. Misión del síndico personero fue pedir y proponer lo conveniente al público en general, pero careció de voto en el ayuntamiento y de cualquier tipo de facultades resolutivas. Los historiadores han visto en él a un efectivo defensor de los intereses de la comunidad local, y el profesor Carlos Merchán le califica así de defensor del pueblo. En su estudio del cabildo de Tenerife en el siglo XVlll, la prof~ora María Carmen Sevilla ha analizado la significación que allí tuvieron los síndicos personeros, juzgándoles defensores de los intereses comunitarios isleños, "totalmente alejados de los del grupo oligárquico dominante". En otra destacada monografía, la de Eduardo Cebreiros sobre el municipio de Santiago de Compostela, el autor llega a la conclusión de que las reformas municipales carolinas, si bien no

Reforma de los corregidores.

Reforma del regimitnUJ.

Dipwadn.< del común.

Síndico per.wnem.

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LA ESPAÑA MODERNA

suponen una transformación en el municipio, sí "sirven para modificar, en parte, el poder absoluto de la oligarquía, abriendo un pequeño campo de actuación al común de los vecinos". Bnlnnce.

¿Qué acogida tuvieron esas reformas?. No muy brillante, por cierto. La masa ciudadana las contempló con indiferencia. Los regidores perpetuos con hostilidad. Y aquellos representantes del pueblo que venían a remediar los males de los regidores oligarcas y vitalicios, quisieron en seguida ser como ellos. Sabemos así de cierta curiosa peripecia acaecida en Palma de Mallorca, donde un tejedor, un calderero, un carpintero y un tonelero fueron elegidos diputados del común. Todos ellos se pertrecharon inmediatamente de espada, símbolo de hidalguía, y el tonelero usó desde entonces peluca. Como han observado los profesores Manuel Aranda y Aurelio Santana, en Canarias la Audiencia jugó un papel destacado en la aplicación de la legislación reformista de Carlos 111 . Según ellos, tuvo lugar un "realzamiento del carácter de la Real Audiencia de Canarias, como órgano defensor y representante de los intereses regios en las Islas".

C) EL MUNICIPIO INDIANO Pueblos expnño -

1,s y pu,blm de indio.<.

Ln ciudad eJpnñoln y s u réximen.

En América existieron pueblos o ciudades españolas y pueblos de indios. La ciudad colonial procedió a veces del desarrollo de una primitiva misión, de un establecimiento minero o de una guarnición militar, pero otras fue creada ex novo de acuerdo con un plan que, tras la fijación del lugar, determinaba la localización de la plaza mayor, la iglesia y la sede municipal, para diseñar luego las calles y distribuir los lotes entre los presentes, quienes firmaban el acta de fundación. Los pueblos de indios, a su vez, permanecían bajo la autoridad de los caciques, habida cuenta de que, como señala Díaz Rementería, el cacicazgo fue aceptado en el mundo americano como institución inmemorial nunca puesta en entredicho. Existieron allí alcaldes y regidores aborígenes, junto a una serie de oficiales semejantes a los que había en los pueblos de españoles. En las ciudades hispánicas fue implantado el régimen municipal castellano. El poder central recayó en el corregidor y alcalde mayor, figuras que confluyen en un solo cargo. El gobierno municipal corresponde a los alcaldes ordinarios, uno en las pequeñas localidades y dos en las mayores, así como al conjunto de regidores, cuyo número varió también según la importancia de los concejos: de cuatro a seis en los más reducidos, de ocho en las ciudades de cierta importancia, e incluso de doce o más en las urbes sobresalientes como México o Lima. Oficios municipales fueron también el alférez real, el alguacil mayor, el depositario general, el fiel ejecutor (encargado de abastos e inspector de pesas y medidas), y el receptor de penas, recaudador del importe de las multas. Estos cargos fueron elegidos por los regidores y muchas veces desempeñados por ellos mismos. Fuera del cabildo figuran también un síndico

ADMINISTRACION TERRITORIAL Y LOCAL

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o procurador general, el mayordomo que estaba a cargo de las propiedades municipales, los alcaldes de hermandad que custodiaban los distritos rurales, y el escribano que ejercía de secretario de la corporación. Los cabi Idos indianos disfrutaron de un variado régimen patrimonial, cuya base fueron los bienes de propios. Según sabemos por Bermúdez, tal denominación hacía referencia, en sentido amplio, al conjunto de bienes de titularidad concejil, y en senhdo estricto, al patrimonio inmobiliario, con independencia de dinero o rentas.

Excepcionalmente, para la discusión de graves asuntos, los ciudadanos notables, civiles y eclesiásticos, se reunían con el ayuntamiento en una especie de cabildo abierto. Estas asambleas -comparadas a veces impropiamente con las que tuvieron lugar en las villas anglosajonas de Nueva Inglaterra, a las que sí asistían todos los ciudadanos-, tuvieron carácter deliberativo y sus resoluciones no vincularon al cabildo normal. Tales "cabildos abiertos" habrán de desempeñar un importante papel en los disturbios independentistas del siglo XIX.

El "cabildo nbieno".

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LA ESPAÑA MODERNA

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41. ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y RELACIONES CON LA IGLESIA l. La Administrac:i6n de Justicia A) LA JURISDICCION ORDINARIA: LOS JUECES INFERIORES

La estructura judicial de la España moderna aparece integrada por los jueces inferiores, cuya figura más destacada es el corregidor; por los tribunales de Chancillerías y Audiencias, y en una suprema instancia por aquellos Consejos que tienen atribuido ese tipo de funciones. Al haber tratado ya de los Consejos con competencia judicial (39,11,A), examinaremos ahora lo relativo a los restantes jueces y tribunales. La profesora Consuelo Maqueda ha resumido así con claridad los tres niveles jerárquicos de la justicia. En la base, las instituciones municipales y una serie de jueces menores, de los que el más significativo fue el corregidor. Por encima, Chancillerías y Audiencias, como tribunales de apelación. Y en un nivel superior, el Consejo de Castilla como tribunal supremo del Reino. Por otra parte recuerda que la jurisdicción ordinaria se encuentra delegada de modo perpetuo, distinguiéndose así de la jurisdicción delegada de excepción (Conflictos juri.1-diccioru,les, 1569).

Con la consolidación del corregidor castellano, éste se convierte en juez único de su distrito, tanto en lo civil como en lo penal. En primera instancia imparte justicia por sí mismo o a través de sus tenientes. Es además juez de apelación en territorios como Vizcaya o Guipúzcoa de las sentencias dictadas por sus jueces propios en algunas cuestiones mercantiles, o también en lo juzgado por los alcaldes de sacas y por los de hermandad (es decir, los de la Santa Hermandad) hasta una determinada cuantía. De sus sentencias en causas civiles se podía recurrir en ciertos casos a los regidores municipales, reuniéndose entonces dos de ellos con un asesor para confirmar o revocar el fallo. En lo criminal quedan fuera de su competencia los casos de corte. En los territorios de la Corona de Aragón sigue la administración de justicia a cargo del veguer real o del bayle local, con el concurso de las asambleas municipales. Los señoríos castellanos y aragoneses mantienen su jurisdicción propia, más dura y reservada en estos últimos, pudiéndose

Castilla: el ,·orrexirlor ,·omo juez.

Corona tfe Ara,<ón: v~xuer y bayle.

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Siglo XVIII: corregidore.,· e intendenles.

LA ES PA ÑA MODERNA

impugnar en aquéllos las sentencias de los jueces ordinarios ante el merino designado por el señor. Al extenderse en el siglo XVIII el régimen de corregidores a la Corona de Aragón, desaparecen sus antiguos jueces. Además, con la creación por entonces de los intendentes, que administraban justicia auxiliados por un alcalde mayor para lo civil y otro para lo criminal, los corregidores quedan subordinados a ellos o desaparecen en las capitales de circunscripción donde la nueva figura tiene su sede. Es de señalar, en fin, que las instrucciones dadas en esta centuria a los corregidores, insisten, respecto a lo judicial, en que procuren lograr la avenencia de las partes sin entrar en pleitos; o que si tienen lugar se sustancien con la mayor brevedad . B) LA JURISDICCION ORDINARIA: CHANCILLERIAS Y AUDIENCIAS

1. Cnsti/ln: Chnncillerlns de Vnlln dolid y Gmnndn. y Audiennnx n:gionnles.

Ln Audiendn de Gnlicin.

Los tribunales con los Austrias

Al iniciarse el siglo XVI existen en Castilla las dos Chancillerías y Audiencias de Valladolid y Granada. Aquélla llevaba varias décadas en esa ciudad, mientras la de Granada era fruto del traslado en 1505 de la casi recién creada Audiencia y Chancillería de Ciudad Real, la cual, por problemas de insalubridad y dificultades de instalación, según ha puesto de relieve Coronas, no pudo permanecer en la ciudad manchega y hubo de ser ubcada en la andaluza. Compuestas una y otra de oidores y alcaldes del crimen, para lo civil y penal, fueron fundamentalmente tribunales de apelación, aunque también podían entender en primera instancia de los casos de corte. Debido no obstante a la extensión de sus demarcaciones, con los consiguientes problemas para el control de zonas alejadas, los Reyes Católicos habían emprendido ya una política superadora de este simple esquema. Nombraron así en Galicia a un gobernador y tres alcaldes mayores, quienes aparecen como embrión de un tribunal, la Audiencia de Galicia, que es la primera de un inédito sistema calificado por García-Gallo de Audiencias regionales. En él hay que incluir, junto a la citada, a las Audiencias de Sevilla y Canarias. La Audiencia de Galicia nace por una pragmática de 1479, en virtud de la cual el gobernador y los alcaldes deben recorrer el reino para ejercer justicia, tener audiencia todos los días no festivos y visitar las cárceles. El mismo texto fija los casos en que de sus sentencias se puede apelar a la Chancillería de Valladolid. Durante el reinado de Felipe II el tribunal sufrió importantes reajustes. Por un lado fue trasladada su sede de Santiago a La Coruña. Por otro, en 1566, un regente sustituyó al gobernador al frente del tribunal, rectificándose esa reforma dos décadas después, cuando, quizás como consecuencia del temor a ataques ingleses, reaparece el gobernador-capitán

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general como cabeza política del organismo, aunque el regente mantenga su competencia en las estrictas cuestiones judiciales. A principios del siglo XVIII el capitán general ostenta el título de presidente de la Audiencia. La Audiencia de Sevilla fue creada en 1525. A diferencia de la de Galicia, de la que como hemos visto formó parte el gobernador, aquélla está por encima del asistente que gobierna la ciudad y tierra. Tiene competencias judiciales, en lo civil y criminal, pero no de gobierno. Siempre actúa como tribunal de apelación y no conoce asuntos en primera instancia. A su vez la de Canarias se desarrolla a partir de los tres jueces de alzada, que entendían en apelación de las sentencias dictadas por el gobernador de las islas y presidente del cabildo. Esos jueces, radicados en Gran Canaria, amplían su jurisdicción al conocimiento en primera instancia de los casos de corte. Las sentencias de la Audiencia de Canarias se pueden recurrir en determinados casos ante la Chancillería de Granada y más tarde ante la Audiencia de Sevilla. En la Corona de Aragón, la Audiencia de Cataluña es reorganizada a fines del siglo XV con ocho "juristas solemnes", que entienden de asuntos civiles, y dos jutges de cort para los criminales. Al aumentar luego el número de aquéllos, quedan distribuidos en dos salas para lo civil, que indistintamente se aplican a Jo penal, con el añadido de los dosjutges de cort. De las sentencias de una sala cabe recurrir a la otra, y si el veredicto de esta última es discrepante, decide en última instancia el pleno. En 1564 las Cortes dispusieron la creación de un nuevo tribunal para asuntos penales (Consell reial perles negocis i causes criminals), sustituido más tarde por una tercera sala de Audiencia, en la que figuran seis magistrados y tres jueces de corte bajo la presidencia del regente de la cancillería. En Aragón las cortes promulgaron diversas disposiciones "sobre reparo de la Audiencia real", compuesta entonces por cuatro consejeros con sede en Zaragoza. En este reino, no obstante, la más importante jurisdicción recayó en el Justicia Mayor, quien juzga asistido de sus lugartenientes y con el concurso de un consejo asesor de letrados. Desde las Cortes de Tarazona de 1592, el Justicia y los lugartenientes quedan bajo la autoridad del monarca, perdiendo así autonomía y significación. En Valencia, Femando el Católico estableció en 1507 un Consell e Audiencia real, presidida por el portan! veus del gobernador general y luego por el virrey. Tras algunas alternativas, la Audiencia valenciana contó a principios del XVII con dos salas civiles, de cuatro oidores cada una, y otra criminal. La Audiencia de Mallorca, en fin, fue creada en fecha más tardía (1571). 2.

LnAudimf"ia de Sevilla.

LnAudienáa de Cnnnrim.

Audi1111rias en la ú,mnndeAm,:,•1.

Las Audiencias borbónicas

En el siglo XVIII se fundan en Castilla nuevas Audiencias. Durante el reinado de Felipe V, la sala de alcaldes de casa y corte pasa a ser Audiencia de Madrid. A su vez una real cédula de 1717 establece la Audiencia de

Cn.,·til/a: Audie11

cim- de Madrid. A.,turins y Exlll· madura.

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Aurlienrim rle Arngán y Vnlendn.

Aurliencim rle Cntalwin y Mn1/orrn.

Asturias, en razón de la dificultad de acudir a la Chancillería de Valladolid por "la distancia y aspereza del camino", compuesta de un regente, cuatro alcaldes mayores y un fiscal. Casi al término de la centuria, en 1790, aparece la Audiencia de Extremadura. La reorganización más importante afectó sin embargo a los tribunales de la Corona de Aragón, que debieron acomodarse al régimen castellano. El proceso se inicia con la transformación de las Audiencias de Aragón y Valencia en Chancillerías, según el modelo de las de Valladolid y Granada, y no debió resultar en absoluto fácil. Tras quedar en Aragón prácticamente disuelta, el decreto de 3 de abril de 1711 fijó una Audiencia con dos salas, una civil y otra criminal comenzando a aplicarse el derecho castellano, según subraya el profesor Morales, tanto en lo material como en lo procedimental. En Valencia, tras cierta pugna, la Chancillería fue reducida a la categoría de Audiencia, tal como se había hecho en Aragón, quedando completamente subordinada a la autoridad del capitán general, y con sede en su propio palacio. El prototipo aragonés influyó asimismo en Cataluña, donde en 1716 surge una Audiencia presidida por el capitán general, y también en Mallorca, cuyo tribunal tuvo la peculiaridad de constar de una única sala de cinco ministros, en la que los dos más modernos atendían las causas criminales. Con todo ello se consumó la estructura uniformista de las Audiencias de la Corona aragonesa, cuyos rasgos centrales fueron la presidencia del capitán general, el segundo lugar asignado al regente como cabeza propiamente judicial del organismo, la presidencia de oidores y alcaldes del crimen para lo civil y penal, y la figura del fiscal, uno en las Audiencias más simples (Aragón y Mallorca, entre 1711 y 1742) y dos, para lo civil y criminal, en Las más desarrolladas (Cataluña, Valencia y también Aragón desde aquella última fecha).

3. Doblt ptrnlinrirlarl rle In Audiencia indiana.

LA E.SPAÑA MODERNA

La Audiencia en Indias

En Indias el tribunal aparece con el mismo título de Audiencia y Chancillería Real, lo que no implica una absoluta identidad con el modelo peninsular. Y ello porque la Audiencia indiana fue ante todo un tribunal de justicia, con competencias en lo judicial superiores a las de la metrópoli, y con una organización distinta a ellas. Con los Austrias se establecen en ultramar numerosas Audiencias (Santo Domingo, México, Panamá, Lima, Guatemala, Nueva Galicia, Santa Fe, Charcas y Quito, en América; y Manila en Filipinas). En el siglo XVIII surgen las de Buenos Aires, Caracas y Cuzco, se suprime la de Panamá, y la de Santo Domingo pasa a Cuba.

El prrduminio dt lo jurlidnl.

La primera peculiaridad estriba en que así como las Audiencias españolas son órganos simultáneos y equilibrados de justicia y gobierno, las in-

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dianas tienen más atribuciones judiciales y menos gubernativas. Su potenciación judicial procede de que en ultramar la Audiencia no sólo falla pleitos, sino que además ejerce una actitud preventiva tutelando el cumplimiento de las leyes. Lo gubernativo, en cambio, es subsidiario. Las ordenanzas de esos tribunales no les reconocen tal tipo de facultades, aunque ciertamente de hecho, por vía de comisión, las Audiencias indianas actuaron como órganos de gobierno, asumiendo incluso la dirección del territorio en las interinidades de virreyes y presidentes, hecho éste destacado por Sánchez Bella para hablar en tales casos de unas "Audiencias gobernadoras". Es de todas formas claro que lo judicial prima sobre lo gubernativo. La singularidad de su organización consiste en que en la mayor parte de las Audiencias indianas no hay magistrados diferenciados para lo civil y penal, sino que los mismos oidores asumen la doble jurisdicción. Por lo demás, el cargo de presidente quedó configurado a imagen del castellano, imponiéndose lo que Bermúdez califica de "estricta colegiación" en las materias judiciales, es decir, la carencia de voto de calidad a la hora de unos acuerdos y fallos que se adoptan por mayoría simple. Con la creación del oficio de regente en 1776, a semejanza del que existía en los tribunales de España, la nueva figura, subordinada al presidente, pasó a ser la principal en la administración de justicia de la mayor parte de las Audiencias de Indias. Al estudiar estos regentes de ultramar, se ha observado el robustecimiento de sus competencias en la confrontación institucional con virreyes o presidentes, sin perjuicio del preferente rango de éstos. Tradicionalmente las Audiencias indianas han sido clasificadas en virreinales, donde el virrey preside y gobierna, pretoriales, con un presidente "de capa y espada" con mando militar y facultades de gobierno, y subordinadas o dependientes de otras. El alcance de esa distinción fue examinado no hace muchos años por García-Gallo, para destacar que ella no se tradujo en diferencias en la composición y atribuciones, limitándose sólo a la condición personal del presidente o a las posibilidades de actuación excepcional del tribunal en su ausencia.

Lox oirlore.'i ron

doble j uri.
dán.

Cln.1·e.1· de Audienrin.~·.

C) LAS JURISDICCIONES ESPECIALES

l.

Jurisdicciones palatina, eclesiástica e inquisitorial

Desde el reinado de Carlos V, existe en la Corte la Real Junta del Bureo, erigida por aquel monarca al introducir el orden de la Casa de Borgoña. Según sabemos por su estudioso Emilio de Benito, junto a funciones de go-

LIIR«1/Junln del Bureo.

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Lo.'i reru rso.'í defuer:_(l.

Lo., 1ribun"le.v d e la Nuntinlura y de la Rma.

Conjlicw .v dela

juriJdicci(m in· quiii1ori(ll: lm "roncordin!í ".

LA ESPAÑA MODERNA

biemo y administración, esta Junta se constituye como tribunal de justicia para conocer de los pleitos entre los criados de su majestad, soldados palatinos y proveedores de la Casa Real, entendiendo asimismo de los delitos cometidos en palacio, cualquiera que fuese el autor. En la Edad Moderna fueron frecuentes los conflictos entre la jurisdicción ordinaria o real, la eclesiástica propiamente dicha, esto es, la dependiente de los obispos, y la particular del Santo Oficio, que aunque eclesiástica de fachada tenía más bien un carácter mixto. En delitos corno la bigamia, concurrían el tribunal secular, en función principal del engaño y daños a la mujer; el episcopal en lo relativo a la validez o invalidez del matrimonio, y la Inquisición de cara a una posible práctica herética del sacramento. El uso y abuso de la jurisdicción eclesiástica, especialmente frecuente en Indias, fue recortado mediante el procedimiento de los recursos de fuerza. Consistían éstos en el derecho reconocido a los eclesiásticos de poder recurrir las sentencias dictadas por sus tribunales ante los del Estado (Audiencias, Consejos de Cámara o Consejo de Castilla). Con ello se aseguraba la supremacía de la jurisdicción secular y un pretendido remedio de la fuerza u opresión que los tribunales eclesiásticos hubieran podido ocasionar. Por encima de la jurisdicción episcopal, y a fin de entender de las apelaciones dirigidas a Roma, se constituye en 1537 un tribunal de la Nunciatura, dependiente del nuncio y compuesto por un auditor y seis protonotarios. Los recelos de las autoridades españolas e incluso de los propios obispos ante las extralimitaciones de este tribunal, y en concreto ante su pretensión de entender de asuntos en primera instancia, fueron fuente permanente de conflictos. Mediado el siglo XVII, al ser nombrado nuncio César Fachinetti y tras la clausura temporal del organismo, se logra cierto acuerdo duradero, la llamada concordia Fachinetti, que reorganizó su estructura y redujo sus atribuciones en beneficio tanto del Estado como de los propios obispos. Los abusos sólo fueron corregidos en parte, arrastrando el tribunal una azarosa existencia entre las acometidas regalistas de los últimos Austrias y, sobre todo, de los primeros Borbones. En 1771 el breve Administrandae justitiae transforma ese tribunal de la Nunciatura en el tribunal de la Rota, presidido por el nuncio y compuesto por seis jueces españoles nombrados por el papa. El tribunal de la Rota, que de hecho queda bajo el control del rey, disfrutó de amplias atribuciones en lo civil e incluso en Jo criminal, entendiendo de las apelaciones de metropolitanos y sufragáneos. La jurisdicción inquisitorial entró principalmente en conflicto con los tribunales ordinarios seculares y eclesiásticos, y también incluso con los del ejército y Ordenes Militares. Esos conflictos surgieron tanto por la desmedida ampliación de competencias del Santo Oficio en razón de la materia (33, III, B, 2), como por pretender que no sólo sus miembros es-

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trictos, sino también los familiares u otros colaboradores, pudieran acogerse al fuero inquisitorial. Las fricciones con los tribunales y organismos de los diversos reinos, se resolvieron mediante las llamadas concordias, o acuerdos que delimitaban las esferas de jurisdicción. Probablemente la más importante de ellas fue la Concordia de 1553 en Castilla, extendida un siglo después a Navarra, y que con independencia de su dudosa efectividad práctica, todavía permanecía vigente en el reinado de Carlos Ill. La jurisdicción episcopal estuvo menos protegida, por el mismo carácter pseudoestatal del Santo Oficio, y fueron frecuentes las intromisiones de los inquisidores en materias o personas tradicionalmente sujetas a la autoridad de los obispos. 2.

La jurisdicción mercantil

Los diversos Consulados que en España y América agrupan a las corporaciones de comerciantes, disfrutan de una jurisdicción propia en base a sus ordenanzas respectivas. El esquema jurisdiccional aparece ya perfilado en las ordenanzas burgalesas de 1538, y se completa luego con las que el mismo organismo recibe en 1572, así como con las de los restantes Consulados establecidos en la metrópoli y ultramar entre los siglos XVI y XVIII. La administración de justicia corresponde al prior y dos o tres cónsules, que juzgan en primera instancia los conflictos mercantiles. De sus sentencias cabe apelar al corregidor, quien resuelve el caso auxiliado por dos colegas mercaderes, elegidos por él, existiendo en ciertos Consulados como el de Burgos la posibilidad de una tercera instancia, en la que el mismo corregidor, con el concurso esta vez de dos nuevos mercaderes o recolegas, vuelve a fallar el pleito. En el siglo XVIII el juez de alzadas es el intendente. Aquellos tribunales, sin embargo, por el carácter temporal de los cónsules, no dan lugar a una judicatura profesional y estable. Enrique Gacto, al exponer el panorama global de la jurisdicción mercantil, lo explica así:

Miembm.,· de la ndminístraciún de ju.,tic:ia.

"No existe, por tanto, una jerarquía judicial consular, porque la judicatura mercantil no llega a profesionalizarse; mantiene en este sentido el carácter episódico típico del arbitraje, de donde procede, con la sola diferencia de que sus decisiones, por concesión legal, vinculan y se ejecutan como procedentes de un tribunal del rey" (Historia de la

jurisdicción mercantil, 51 ).

La competencia consular queda definida tanto por criterios materiales u objetivos, en razón de la naturaleza mercantil del acto, como subjetivos, al aplicarse a los pleitos entre mercaderes ("las diferencias e debates que obiere entre mercader e mercader, e sus compañeros e fatores", dirá el texto creador del Consulado burgalés). En el siglo XVIII debieron ampliarse sus competencias en razón de las personas, al admitir la jurisdicción consular no sólo a los mercaderes propiamente dichos, sino también a los dueños de fá-

Competencia y ronjlirtos de juri.e;dicdón.

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bricas y a los hacendados dedicados a actividades agropecuarias. Es explicable que tales parámetros, elásticos e imprecisos de por sí, plantearan desde el principio múltiples conflictos de jurisdicción en las dos vertientes mencionadas, material y personal. No era desde luego claro qué actos gozaban de la estricta consideración de mercantiles, para ser objeto de esta jurisdicción y no de la ordinaria; ni tampoco cuáles eran con exactitud las personas legitimadas para comparecer ante el prior y cónsules, sustrayéndose en consecuencia a la potestad de los jueces comunes. Las fricciones surgieron así desde la misma consolidación de los Consulados castellanos en el siglo XVI, y es significativo anotar que dos de ellos, los de Burgos y Bilbao, separados por lo que Coronas llama "áspera rivalidad", habrían de tener con respecto a la Chancillería de Valladolid idénticos problemas de competencias. Pese a que la creación de los Consulados solía ser seguida de una advertencia a los restantes tribunales para que respetaran su área jurisdiccional, el problema se planteaba no sólo en el forcejeo de las atribuciones otorgadas teóricamente por las ordenanzas en materias polémicas, según aconteció por ejemplo con la quiebra, sino sobre todo en la determinación de la competencia ad casum, tal y como tenía lugar en las múltiples coyunturas de la vida diaria. En Cataluña, la real cédula de 16-III-1758 dio nueva organización al Consulado de Comercio de Barcelona, y otra de 24-II-1763 estableció las ordenanzas de los tres Cuerpos de Comercio, herederos del antiguo Consulado de Mar. Como han señalado Sarrión y Espuny, los conflictos mercantiles fueron juzgados en primera instancia por los cónsules, y en segunda por el Juez de Apelaciones. En ese Tribunal de Alzadas figuraron unos Adjuntos, cuyo sistema de nombramiento y funciones fue modificado en 1797. 11. La Iglesia y el Estado A) REFORMA Y CONTRARREFORMA N«·e.,idnd de In n,Jormn edesüh"tiai.

Desde el inicio de su reinado los Reyes Católicos acometieron un programa renovador de la Iglesia española. Si bien la Cristiandad había mantenido, pese a las crisis bajomedievales, la unidad dogmática y la obediencia al primado del papa, cierto es que el panorama de la disciplina y costumbres dejaba mucho que desear. Las diferencias entre un alto clero, acaparador de los cabildos, y el clero inferior o parroquial, eran exageradas. Diversos autores del siglo XV habían denunciado la opulencia y boato de obispos y cabildos, fortificados tras sus privilegios; el régimen de vida a veces poco edificante de ese alto clero y también del inferior; los desarreglos de la vida monástica, y un debilitamiento moral contra el que también clama-

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ron algunos concilios como el de Aranda de 1473 o el de Sevilla de 1482. En el planteamiento del nuevo Estado, donde los intereses religiosos quedan asumidos, los monarcas se proponen así tres objetivos: la eliminación del paganismo, la erradicación de la herejía (lo que justifica el establecimiento de la Inquisición), y la reforma de la vida eclesiástica. Esto último es comprensible, con independencia de las inquietudes religiosas de los reyes, por el enorme peso del estamento clerical en la vida española y por los mismos excesos de la jurisdicción eclesiástica, con casos típicos como el de los clérigos coronados, que recibían la primera tonsura para sustraerse a la jurisdicción regia. Con respecto a los obispos y clero regular, la intervención de los Reyes Católicos se aplicó a excluir a extranjeros en favor de los eclesiásticos de sus reinos, y a velar por la observancia del celibato, procurando especialmente Isabel no promover en Castilla a las sedes episcopales a clérigos con hijos o de conducta licenciosa. En la reforma conventual y de las Ordenes religiosas, el gran protagonis.ta fue Cisneros. A raíz del otorgamiento de la bula Quanta in Dei Ecc/esia, autorizando en la España de 1493 la reforma jerárquica de los religiosos, y tras su designación como arzobispo de Toledo dos años más tarde, emprendió primero el reajuste disciplinar de los franciscanos, y luego el de otras Ordenes como carmelitas y agustinos. Especial resonancia tuvo la obra de Cisneros en los monasterios femeninos, sometidos desde entonces a las respectivas familias religiosas bajo la jurisdicción y control de los visitadores generales. Como contrapunto a la Reforma luterana, que al cuestionar aspectos dogmáticos convulsionó a Europa entera, prosigue en la España del siglo XVI ese movimiento de renovación eclesiástica. La bula Meditatio cordis nostri, de 1531, amplió la acción restauradora a otras Ordenes monásticas (benedictinos y cistercienses) y a las redentoras de cautivos (trinitarios y mercedarios), para autorizar en fin la centralizacion estatal de las reformas, dirigidas en el reinado de Carlos.V por el cardenal Tavera. Su desigual éxito queda en todo caso en segundo plano ante la magnitud y proyección universal de la Contrarreforma católica, centrada en el Concilio de Trento (1545-1563), donde los teólogos españoles desempeñaron un cimero papel. El Concilio de Trento, capital en la historia de la Iglesia, sancionó tanto una serie de decretos dogmáticos, en las cuestiones controvertidas con el protestantismo, como otros decretos de reforma, aplicados a la formación del clero y la disciplina eclesiástica. Sus prescripciones fueron promulgadas como ley civil en diversos países de Europa, y en España en concreto en 1564. En llevar a la práctica la renovación tridentina colaboró especialmente la Compañía de Jesús, sumándose asimismo la acción reformista de Santa Teresa.

lntervenr:1(,n

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Reformn lutem· na y Con1rnrreformn f'n.tiílicn.

E/Conl'ili" tfeTrtnto.

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Extralimitaciones de reyes y pontífices.

El derecho de presentación.

Patronato y vicaria/o.

LA ESPAÑA MODERNA

B)

RELACIONES ENTRE IGLESIA Y ESTADO

1.

El regalismo de los Austrias

La defensa de la fe en una época de hegemonía hispana, tuvo como contrapartida la permanente interferencia del Estado en las cuestiones propias de la Iglesia. En la medida en que aquél se atribuye una función providencial y protectora de lo religioso, los monarcas pretenden con frecuencia orientar las decisiones de Roma y supeditarlas a su criterio, o cuando menos reservar para sí una máxima autoridad de hecho en la vida de la Iglesia española. Con este sistema los personajes eclesiásticos adquieren también una dimensión política, y el confesor del rey, según ha puesto de relieve el profesor Martínez Peñas, se convierte en una figura clave de la Corte. Los reyes intentan condicionar la elección del papa en favor de cardenales adictos, someten a supervisión las disposiciones de los pontífices antes de que puedan aplicarse en los reinos de la monarquía, deciden en la práctica el nombramiento de obispos u otras dignidades eclesiásticas, y reúnen juntas de teólogos que a veces dictaminan en favor del monarca y en contra del papa. Si a todas estas extralimitaciones del poder civil, que en conjunto configuran el llamado regalismo, se añade el hecho, no menos cierto, de los excesos de un pontificado que con frecuencia se entromete en cuestiones temporales y actúa como una potencia política, es sencillo entender que las relaciones de los monarcas católicos con la Santa Sede no fueran en absoluto fáciles. Y lo fueron precisamente pésimas en el caso de Felipe 11, el más fervoroso de los reyes, cuyas desavenencias con Paulo IV, por su beligerancia antiespañola; con Pío V, por la prisión inquisitorial del arzobispo Carranza; y con Sixto V, por otras diversas razones, a punto estuvieron de provocar la ruptura con Roma. Ese regalismo, consistente en sentido estricto en los derechos que los reyes reclaman en el orden espiritual, comprende principalmente tres cosas: el derecho de presentación de los cargos eclesiásticos, el pase regio y los recursos de fuerza que antes comentamos. El derecho de presentación, relativo a obispados y otras varias dignidades, es la facultad de proponer a quienes han de desempeñar esos puestos. Propiamente tal derecho derivaba del de patronato, es decir, del que se había reconocido a patronos y fundadores de iglesias a la hora de proveer los clérigos titulares. De esta forma los reyes pretenden siempre probar su condición de patronos, a fin de ejercer luego el derecho de presentación. Y como ellos, según se razona, han fundado tantas iglesias y han sostenido las cargas de la expansión religiosa en España y ultramar, son acreedores a ese derecho de patronato, expresamente reconocido para Granada e Indias, que comporta la percepción de los diezmos a cambio de la evangelización; y en consecuencia son acreedores también al derecho de presentación. Incluso cuando los papas pretenden nombrar nuncios en América para dirigir directamente la Iglesia indiana, los reyes se interponen

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considerándose vicarios generales del pontífice en aquellos territorios. Junto al patronato aparece así el vicariato indiano. En un interesante artículo, la profesora Valentina Gómez Mampaso ha recordado cierta ley del Ordenamiento de Montalvo (l. VI , 2), donde se asegura como costumbre antigua que los reyes de Castilla consientan las elecciones que se han de hacer de los obispos, porque los reyes son patronos de la Iglesia . Según ella explica, "en esta disposición se encierran dos ideas fundamentales ... En primer lugar, que los reyes con.1·iente11 las elecciones; y en segundo término , que las consienten porque los reyes son patronos de la Iglesia, y, en consecuencia, podrían recabar para sí, si lo juzgaran oportuno y conveniente, la provisión de dichos cargos" (Un caw de conflicto, 305).

El pase regio es el derecho que se atribuyen los reyes de otorgar el placet o visto bueno a las bulas y documentos pontificios antes de su publica-

Etpaserr¡:io.

ción. A tal efecto, esas disposiciones deben ser examinadas por el Consejo de Castilla, organismo que las autoriza si no atentan a las regalías del monarca, o las retiene, en caso contrario. Roma lógicamente se opuso a esas prácticas. La bula In coena Domini, o bula del jueves santo, llamada así porque debía ser leída públicamente tal día en todas las iglesias, dió cabida a un diluvio de anatemas -incrementado desde la Edad Media en sucesivos pontificados- contra los usurpadores de la jurisdicción papal, y en concreto excomulgaba a quienes retuvieran las bulas. Pese a su dureza no amedrentó a los reyes: Carlos V mandó castigar al impresor que quiso editarla en Zaragoza, y Felipe II prohibió su publicación en España. 2.

El regalismo borbónico y los Concordatos

El intervencionismo estatal arrecia con los Borbones y degenera en una especie de "nacionalismo eclesiástico". Ello acaece tanto en España como en Indias, donde se mantiene el problema patronal y vicaria!, y donde los antiguos derechos de los monarcas derivados de los títulos del Descubrimiento, persisten ahora mediatizados por nuevas opiniones y teorías. La Inquisición conserva y extrema su carácter de órgano de acción del Estado. ¿Fue el regalismo borbónico algo sustancialmente distinto a lo que había sido el de los Austrias?. La doctrina tradicional ha estimado que sí. Según ella, Carlos V y sus sucesores se habrían extralimitado en función de una defensa de la religión que constituía el fin primordial del Estado, mientras que Felipe V y los restantes Borbones, sobre todo Carlos 111, instrumentalizaron lo religioso en exclusivo beneficio de los intereses políticos. Tal interpretación ha solido destacar la influencia en esa última etapa de la España del XVIII, de la herejía jansenista, el influjo volteriano, el despertar de la masonería, y en última instancia colorea al movimiento global de la Ilustración con acusados tintes de heterodoxia. Las tesis revisoras de

Regalismo borbónico y regnli.,·nw

nu.wrinco.

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este análisis califican de arbitraria la distinción, reivindican la figura de algunos celebres regalistas -Macanaz, Mayans, Campomanes etc.-, y destacan que ellos actuaron precisamente como católicos, en defensa de la legítima autonomía de Jo temporal reconocida en el mensaje evangelico. Al margen de estas cuestiones, y en base a sus propios efectos jurídicos, Ismael Sánchez Bella ha defendido una "clara continuidad" del regalismo de Austrias y Borbones. El adalid de las atribuciones heréticas al regalismo borbónico fue Menéndez Pe layo. En su Historia de los heterodoxos lo calificó de "herejía administrativa, la más odiosa y antipática de todas", tildando a los ministros ilustrados de "despóticos ejecutores de la revolución impía". La corriente rehabilitadora aparece representada por autores como Olaechea y Egido. Aquél aduce la justificación que un regalista como Azara hizo de su propia conducta: " Vendería mi conciencia, mi religión y la fe que de derecho divino o humano debo a mi rey y señor, si no defendiese la autoridad e independencia de su jurisdicción y de los derechos que Dios le ha dado sobre sus pueblos".

lm Concorrlnto,· dd737y/753.

Con independencia de la afinidad de fondo en los resultados, parece desde luego que ambos tipos de regalismo fueron de signo distinto. El de los Austrias fue fruto de una concepción providencialista, que deparaba a los monarcas la convicción de ser brazo armado de la Iglesia, y por añadidura mentores de ella; mientras que el borbónico, sobre todo desde Carlos 111, fue un regalismo de aire laicista y secularizado. Este último, entre otras cosas, provoca la expulsión de la Compañía de Jesús por su fidelidad al papa. Incluso un autor como Egido, partidario con razón de no diferenciar un regalismo bueno de otro malo, reconoce en el borbónico cierta peculiaridad de fondo: el "desplazamiento en el soporte jurídico de las pretensiones regalistas". Antes los monarcas fundaban sus derechos en concesiones pontificias o privilegios eclesiásticos, patronatos, vicariatos, etc. Ahora eso no importa. Ahora el rey reclama eso mismo como algo inherente a su soberanía. O dicho con palabras de otro acreditado especialista, Alberto de la Hera, la regalía no es ya "una intromisión real en materias eclesiásticas, sino un derecho inherente a la Corona de regular, en virtud del propio poder real, determinadas materias eclesiásticas". Las relaciones Iglesia-Estado fueron en el siglo XVIII dificultosas desde el principio. Por su posición favorable al pretendiente austríaco en la Guerra de Sucesión, Felipe V expulsó al nuncio en 1709. Tras un arreglo episódico ocho años más tarde, tuvo lugar una nueva ruptura en 1736, cuya recomposición dio lugar al Concordato de 1737, texto genérico, difuso y escasamente útil. Cuanto allí quedó pendiente fue sin embárgo abordado por el importante Concordato suscrito entre Benedicto XIV y Fernando VI en 1753. La esencia de este convenio radicó en reconocer a los reyes el de-

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recho universal de patronato, con lo que quedó en sus manos tanto el nombramiento de obispos como el sistema beneficia! de dignidades. Tal reconocimiento no fue sin embargo razonado en los derechos tradicionales de conquista o fundación, sino a modo de concesión gratuita de la Santa Sede que subrogaba al rey en unas atribuciones teóricamente suyas. En el aspecto económico, la Iglesia fue desprovista de diversos ingresos provenientes de sus oficios y dignidades, a cambio de recibir un capital de compensación. Con Carlos 111 hubo una alternativa de períodos de fricción y otros relativamente tranquilos, desenvolviéndose las relaciones a través de la embajada y el nuncio, y por las Agencias de Preces en Madrid y Roma. Entre los conflictos hay que registrar, junto a la expulsión de los jesuitas, los desencadenados por dos asuntos concretos, el Monitorio de Parma y la condenación del Catecismo de Messenguy, que justificaron la vuelta al control del pase regio por el Consejo de Castilla.

El "Monitorio " de Pnrmn yd Cnterúmo de Messen¡.:uy.

El Monitorio fue la respuesta de Roma a las reformas regalistas y desamortizadoras llevadas a cabo en el enclave borbónico de Parma. Ese texto, de 1768 declaró incursos a los reformistas parmesanos en las múltiples penas canónicas de la bula In coena Domini, provocando una dura reacción internacional contra el papa. La condena romana al Catecismo de Messenguy, fue publicada en España por una Inquisición animada entonces de espíritu antirregalista y obediente al Sumo Pontífice. Desterrado el inquisidor general en 1761 , el Tribunal claudicó y pidió perdón. En comentario de Menéndez Pelayo, "desde aquel día murió, desautorizado moralmente, el Santo Oficio".

La etapa final de Carlos IV estuvo marcada por las primeras medidas sistemáticas de desamortización de los bienes eclesiásticos, así como por el llamado cisma de Urquijo, relativo a un decreto dictado por este ministro en 1799, de contenido, y sobre todo de forma, terminantemente regalista. El decreto coincidió con una gravísima crisis de la Iglesia en cuanto institución poderosa en lo temporal, lo que llegó a sembrar la duda en espíritus pusilánimes sobre la misma supervivencia del papado. Pese a sus fatídicos síntomas -el papa deportado, los Estados Pontificios convertidos en República Romana-, aquello no era la hecatombe del Cristianismo, sino un estertor postrero en la agonía del Antiguo Régimen.

El .. ,;,nw de Urquijo".

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42. LA ADMINISTRACION DE LA HACIENDA Y EL EJERCITO

l. La Hacienda A) CARACTERES GENERALES. LA ADMINISTRACION FINANCIERA

Tres fueron las características principales de la hacienda del Antiguo Régimen. En primer lugar su diversidad, por cuanto cada uno de los antiguos reinos mantuvo un régimen propio. En segundo lugar el reconocimiento, junto al sistema fiscal ordinario, de otro singular y más beneficioso para las clases sociales privilegiadas. Finalmente la plétora de figuras impositivas, nuevas o heredadas de la época anterior, que coexisten y se multiplican para hacer frente a las necesidades de un Estado hegemónico, y por ello sometido a costosos dispendios. A todo esto hay que añadir el protagonismo de Castilla en el sustento de la monarquía, las secuelas del flujo de metales de ultramar, y la configuración, en fin, del peculiar régimen financiero de las Indias. En el capítulo de los ingresos ordinarios se desdibuja la tradicional distinción entre impuestos directos e indirectos, pues, corno ha señalado Miguel Artola, la hacienda estatal, descontadas las contribuciones eclesiásticas, descansa casi exclusivamente en estos últimos. La propia naturaleza del servicio votado en Cortes como ingreso extraordinario, resulta cuestionable, porque, a fuer de ser concedido con regularidad, se convierte de hecho en ordinario. Esas y otras razones aconsejan seguir a Artola, autor de un importante estudio de la hacienda del Antiguo Régimen, en su sistematización de los ingresos en cinco grandes categorías tributarias: los impuestos en general, las regalías o derechos financieros inherentes al poder soberano, las rentas procedentes de contribuciones eclesiásticas, los propios servicios, y un conjunto de ingresos extraordinarios donde destacan los préstamos que la Corona obtiene de banqueros, y los empréstitos de juros y vales reales que en una fase avanzada darán lugar a la deuda pública.

Carnctere.1 de la hacienda del Anti11110 Rél(imen.

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794 Gmtosy presupues to.

La nrlminü trn· c ián j innnr.iern en los .,i;:los XVI y XVII.

ln admmistra· rir)n financiera m el ,¡~Jo XVIII.

LA ESPAÑA MODERNA

Los gastos ordinarios correspondieron a la edificación, reparación y mantenimiento de las casas reales, vida cortesana, salarios de funcionarios y oficiales , coste del cuerpo diplomático permanente y de los enviados especiales, y, sobre todo, a cuanto la existencia del ejército y de frecuentes guerras llevaba consigo. A la vista de aquellos ingresos y de estos gastos, se formaron desde el principio presupuestos más o menos ponderados, que en ningún caso parecen haber sido un marco riguroso de lo que el poder público podía hacer o a lo que hubiera de ajustarse. Organo supremo de la administración financiera fue en Castilla el Consejo de Hacienda, donde se mantuvieron aquellas Contadurías Mayores de Hacienda y Cuentas aparecidas en la etapa anterior (32,I,B, 1). El insatisfactorio grado de centralización llevó Juego a establecer una Tesorería General bajo el control del Consejo. En los últimos años del reinado de Carlos II fue creada una Superintendencia General de Hacienda, nombrándose en 1691 diversos intendentes o superintendentes de rentas reales. En la Corona de Aragón la gestión hacendística siguió dependiendo del maestre racional, mientras el bayle general actuó en cada uno de los territorios como encargado de la recaudación de rentas. En Navarra persiste la Cámara de Comptos como órgano central de administración financiera. El recaudo y control de los servicios votados en Cortes corresponde a las diputaciones de los reinos (28, III, D) . Desde 1590, fecha en que se aprobó en Castilla el primer servicio en millones de ducados, su administración corrió a cargo de una pequeña junta de procuradores llamada Comisión de millones, la cual fue incorporada en 1658 al Consejo de Hacienda como una sala más del organismo o Cámara de millones. Ello ocasionó una extraña promiscuidad del comité parlamentario y de ese poderoso órgano de la administración central. En Navarra la existencia de la Cámara de Comptos, encargada de la cobranza y administración del servicio, deparó a la Diputación de Cortes un papel esencialmente fiscalizador del gasto público, dado que el monarca estaba obligado a invertir en el reino el producto de los impuestos. En la administración central borbónica los asuntos de hacienda corrieron a cargo desde 1714 de un veedor general y de un intendente universal. Desde 1715 existió una Secretaría de Estado y del Despacho para estas cuestiones, es decir, un Ministerio de Hacienda independiente , compatible, según vimos, con el mantenimiento de un Consejo devaluado durante toda la centuria. La administración financiera quedó en las provincias a cargo de los intendentes, y en los distritos municipales el corregidor acumuló las funciones de subde legado de rentas.

HACIENDA Y EJERCITO

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B) LOS IMPUESTOS

I.

Impuestos directos: lanzas y medias annatas

El carácter discriminatorio de un sistema fiscal soportado sólo por las clases pecheras, se atenuó a principios del siglo XVII con la introducción de los impuestos de lanzas y medias annatas. Aquél sustituía a las lanzas con que los grandes señores y títulos estaban obligados a servir en la guerra. En su establecimiento el año 1631, las lanzas fueron previstas para un sexenio, prorrogándose luego con la aceptación de los sujetos afectados. El importe de su recaudación, que quedó muy por bajo de las previsiones teóricas, fue destinado al pago de las guarniciones de los presidios. El impuesto de la media annata apareció el mismo año para gravar "todos los oficios, gracias, mercedes, honores y otras cosas". En el caso de los oficios o cargos públicos, la media annata supuso una detracción de la mitad del sueldo del primer año, aplicándose asimismo a los títulos nobiliarios con ocasión de su concesión o transmisión por herencia. Los datos de que disponemos sobre su rendimiento global, muestran desconcertantes oscilaciones. 2.

Lns lanza,.

wm,diaanna,a.

Impuestos indirectos: las alcabalas

La alcabala, heredada de la época bajomedieval como un gravamen sobre la circulación de bienes (32,I,D,4), fue el impuesto indirecto por excelencia y la figura contributiva más importante del Antiguo Régimen. Reportó al fisco un 10% del precio de las mercancías. Tuvo carácter universal por razón del objeto, las transacciones de bienes muebles e inmuebles, y en principio también por razón de las personas, al aplicarse a todos, aunque con el tiempo los monarcas concedieran buen número de exenciones. Figuras más o menos semejantes a ella existieron en distintos territorios de la Península.

Natumlew y cnrnrtere.,·.

En Cataluña se mantuvo durante la Edad Moderna el antiguo derecho de bolla. La crisis de las industrias gremiales ocasionó un descrédito de este impuesto, gravoso para el comercio, proponiéndose a mediados del siglo XVIII su sustitución por otras contribuciones . Tras el informe favorable de la Junta General de Comercio, Carlos III suprimió la bolla en 1770. En Granada fueron impuestos afines a la alcabala , la renta de la abuela y la renta de la Jeda, consistentes en un diezmo de las transacciones de materiales de construcción y tejidos .

La alcabala fue recaudada en su origen mediante agentes públicos y arrendatarios, pero desde fines del siglo XV se abrió paso el sistema de

Recaudación: lo.,· t'nt·nbeuunientos.

796

Los

"de1110.\ ".

los encabezamientos municipales, es decir, de la fijación de una cantidad global mediante acuerdo entre la Corona y los concejos. Al no imponerse tal procedimiento en la totalidad del reino, durante el primer tercio del XVI existió un régimen dualista, de municipios encabezados y de otros con exacción por arrendamiento, hasta que en 1536 se llegó al encabezamiento general, comprensivo tanto de estas alcabalas como de las tercias eclesiásticas. La petrificación de las alcabalas, consiguiente al encabezamiento, favoreció lógicamente a los poderosos traficantes, por cuanto al ir subiendo los precios ellos seguían pagando en las compras y ventas la cantidad fijada antes. Pero como a su vez la Corona necesitaba de nuevos recursos, lo que no se recibió por la subida de alcabalas hubo que suplirlo aumentando los servicios, con Jo que las clases inferiores, los pecheros, sufrieron la sobrecarga que los más pudientes habían eludido. Los diversos encabezamientos generales y prórrogas convirtieron a las alcabalas en rentas fijas hasta el siglo XVIII, si bien sufrieron durante el XVII el incremento de los llamados cientos, o recargos sucesivos del 1% sobre la tasa del impuesto. El primero de los cientos fue exigido en 1626, y el cuarto y último en 1664. Desde entonces se habla de alcabalas y cientos como una única contribución, a la que por cierto los economistas ilustrados, Jovellanos o Cabarrús, dedicarán severas críticas por juzgarla obstaculizadora del desarrollo económico.

3. Nnt um/e:n y cnrncures.

Recnudnción

LA ESPAÑA MODERNA

Impuestos indirectos: el servicio de millones

Los millones fueron un impuesto sobre el consumo de las cuatro especies (vino, carne, aceite y vinagre), surgido a fines del siglo XVI y que solía reportar dos millones de ducados anuales. El impuesto consistió inicialmente en un octavo del valor de la venta de esas mercancías, cuyo importe era pagado por el vendedor, quien lo repercutía sobre el comprador mediante la sisa o detracción del octavo del género. Es decir, tal como ya había sucedido con los antecedentes medievales de esta institución (32,I,E), el comprador recibía sólo siete octavos de esa unidad del producto que él abonaba completa. Con el tiempo aumentó la cuantía del gravamen y se extendió a otros géneros nuevos. El servicio de millones era votado en Cortes y quedaba luego concertado en escritura pública, con sus correspondientes cantidades y plazos. La recaudación del impuesto fue en extremo dificultosa, tanto por los problemas de ajuste de las nuevas medidas, como por la falta de colaboración de las corporaciones locales cuyo control era de hecho imprescindible. Fue objeto además de permanente animadversión, pues al gravar artículos de

HACIENDA Y EJERCITO

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primera necesidad su peso recavó sobre las gentes más pobres, encareciendo además los productos agrícolas. C) REGALIAS: ESTANCOS Y ADUANAS

Las regalías o derechos de la Corona justifican el estanco de ciertos géneros, o lo que es lo mismo, el monopolio de su producción y venta. El Estado en consecuencia trata de impedir el concurso competitivo de los ciudadanos y la introducción ilegal de este tipo de mercancías. Las minas fueron la regalía más lucrativa, y ello no tanto por lo que producían las de la Península -como Almadén o Guadalcanal- sino muy especialmente por la riqueza de las descubiertas en Indias. Pese al régimen de ceder su explotación a particulares, la Corona ingresó una cantidad considerable del valor extraído. Fue asimismo importante el monopolio de la sal, desde la incorporación de las salinas a la Corona en 1564, Jo que dio lugar a su aprovechamiento mediante concesiones en arriendo de los diversos distritos. El estanco de otra serie de productos configuró las llamadas siete rentillas, capítulo fiscal no bien conocido pero en el que en todo caso figuraban el azufre, el plomo, la pólvora y el azogue. En el siglo XVI se formalizó el estanco de los esclavos llevados a Indias. También el de los naipes, desde que en 1566 la Corona adjudicó a unos financieros genoveses el monopolio de la producción e importación de barajas. A lo largo de la centuria siguiente fue establecido a su vez el estanco del tabaco y del papel sellado, si bien este último más por garantizar la autenticidad de documentos que por razones estrictamente fiscales. Regalía singular y de rancio abolengo fue la acuñación de moneda, cuya cesión había dado lugar desde antiguo al tributo de la moneda forera en Castilla y del monedaje en la Corona de Aragón. Sabemos que su arriendo en Castilla significó, entrado el siglo XVII, unos ingresos de ocho millones y medio de maravedís, que fueron a menos con los años hasta la extinción del impuesto en 1724. El tránsito de mercancías por los puestos aduaneros fue objeto de diversos gravámenes, exigidos como antes tanto en los puertos de mar como en los terrestres o secos. A fines del siglo XVI existían medio centenar de puertos secos que jalonaban las fronteras de Castilla con los restantes territorios, a lo que había que agregar las aduanas en las líneas divisorias con Francia y Portugal, menos significativas éstas por las dificultades de transportar mercancías por tierra a larga distancia. Una pragmática de 1564 estableció el arancel de los puestos fronterizos, fijándolo en un 10% del "verdadero valor" de todas las mercancías exportadas e importadas. De todas formas la tasa debió variar de hecho

Minas. snl y ".,;iete ~nJilUL,· ".

Es,·lnvos, naipe.'i. tnbnrn y pnpd se/Indo.

M ont!dll.

Arnncele.\

aduaneros.

798

LA ESPAÑA MODERNA

según los géneros, existiendo además franquicias totales o parciales para determinadas localidades, corporaciones y personas. En los puertos de mar se llevó a cabo el control tributario del comercio exterior. En el sur, el comercio con Indias era sometido a los aranceles de los almojarifazgos de Sevilla y Cádiz. En el norte, los puertos cantábricos exigieron el pago del diezmo de la mar, que en Guipúzcoa era conocido como diezmo viejo. D) CON1RIBUCIONES ECLESIASTICAS

Lns terrins n,n/es.

BulndeinCru=in.

Los bienes eclesiásticos estuvieron en principio exentos de cargas fiscales. Y ello sin duda, como advierte Domínguez Ortiz, por el mismo carácter vejatorio que el tributo había adquirido. Pagarlo era propio, en palabras de ese autor, "de quienes no podían contribuir a las cargas sociales de otra manera más decorosa", defendiendo a la comunidad "con su espada o con sus oraciones". No obstante la Iglesia cooperó al sostenimiento de la hacienda pública mediante diversas aportaciones, entre las que destacan las tercias reales y las llamadas tres gracias, comprensivas de la bula de la Cruzada y de las rentas del subsidio y excusado. Las tercias reales consistían en dos novenas partes de los diezmos percibidos por las iglesias del reino, cobrados como antes sobre los cereales, vino y otros productos agrícolas . Su recaudación se efectuó conjuntamente con las alcabalas, si bien con un cierto desajuste debido a que las alcabalas eran exigidas por años naturales, mientras las tercias se ajustaban a la anualidad eclesiástica, de fechas variables, determinada por la fiesta de la Ascensión . El cobro estuvo veces a cargo de los cabildos catedralicios o de los señores en sus señoríos. La bula de la Cruzada correspondió al producto obtenido por limosnas para subvenir la guerra contra infieles, aportadas por los creyentes que a cambio se lucraban con indulgencias y otros beneficios espirituales. Al asumir el Estado la defensa de la fe, recibía por gracia pontificia ese socorro económico. Su administración estuvo en manos del Consejo de Cruzada, cuyo presidente actuaba como comisario general. Es de hacer notar que el oportuno otorgamiento de bulas sufrió diversas alternativas, llegando en ocasiones a ser revocado. Los reyes por su parte trataron de obtener el privilegio a perpetuidad, lo que no lograron de derecho, aunque sí de hecho por las renovaciones prácticamente ininterrumpidas. Su importe fue muy notable y los excesos no menores. En ocasiones la hacienda regia negociaba con los arrendatarios aun antes de que la bula fuera concedida, mientras las Cortes protestaban una vez y otra por las extorsiones producidas baj o pretextos espirituales.

HACIENDA Y EJERCITO

799

El subsidio fue una contribución directa sobre las rentas del clero, que los monarcas percibían por concesión papal a fin de sufragar gastos de la guerra contra infieles. Se llamó asimismo décima por evaluarse en la décima parte de esas rentas, y subsidio de galeras por aplicar principalmente sus fondos a la construcción y sostenimiento de ellas. Pese a su carácter de impuesto sobre la renta de los eclesiásticos, no se recaudó como tal sino a base de una cantidad alzada. El excusado consistió en el diezmo de la finca más rica de cada parroquia. Ulloa recuerda que la aparición de esta renta hay que relacionarla con cierto intento de Felipe II por obtener una contribución del clero al margen de concesiones pontificias. Al fracasar tal proyecto, Pio V autorizó el excusado en 1567 como compensación a su rechazo a otorgar entonces la bula de la Cruzada. Cuando un lustro después la hacienda real trató de cobrarlo, surgieron dificultades que ocasionaron en Castilla su subasta por obispados, y fuera de ella por reinos, concertándose el monto global a través de sucesivas concordias. Junto a estas contribuciones el fisco percibió otros ingresos eclesiásticos. Así los expolias y vacantes, consistentes en los bienes dejados a su muerte por los obispos y en las rentas de sedes episcopales pendientes de provisión. También los donativos, o ayudas extraordinarias que en algunos períodos, como en el reinado de Felipe IV, se sucedieron de forma bastante regular. A modo de juicio global y como resumen, cabe decir que la aportación eclesiástica representó un sustancioso capítulo de la hacienda del Antiguo Régimen.

El subsidia.

El exru.mdo.

Expolio.< y vacantes. Donativos.

E) LOS "SERVICIOS"

El servicio fue en principio, según sabemos, la contribución extraordinaria que a instancias del monarca conceden las Cortes en representación del reino. De cuantía variable al iniciarse la Edad Moderna, quedó desde las Cortes de Toledo de 1538 como ingreso ordinario en una cantidad fija -normalmente 300 millones de maravedís-, diferenciándose de otro servicio extraordinario, de 150 millones, votado asimismo por la asamblea. El servicio tuvo carácter personal. Gravó a los pecheros y quedaron exentos de él los nobles, eclesiásticos, y quienes disfrutaban de franquicia por cualesquiera privilegios. No fue satisfecho por los habitantes de las provincias vascas, dada su condición de hidalgos, ni se pagó tampoco en Granada y en algunas ciudades castellanas como Burgos y Toledo. Su distribución tuvo lugar mediante repartimiento, controlado por los contadores mayores. Base del repartimiento fue el censo de la población pechera en la totalidad del territorio del reino (repartimiento por mayor), con el corres-

Pecheros y ,:entes exentas.

800

LA ESPAÑA MODERNA

pondiente desglose por distritos (repartimiento por menor). Los señoríos jurisdiccionales quedaron desde luego incluidos a efectos tributarios. Mediante las llamadas cartas de receptoría se comunicaba a las diversas villas y lugares el importe de su contribución, distribuido luego por el concejo entre los vecinos. El servicio desempeñó un importante papel en el panorama fiscal del siglo XVI. En la centuria siguiente decayó por la devaluación monetaria y por la aparición de nuevas figuras impositivas, significando la entonces frecuente enajenación de esta renta su pérdida en la práctica para la Corona. F) ASIENTOS Y JUROS NeceJidnd de los préstamos.

Lo.v "asientos" y su ¡,:nrantín.

Los¡uro.< y SU.'i

dnse.,.

Las grandes y súbitas necesidades de la política imperial no pudieron ser con frecuencia atendidas con los ingresos más o menos normales hasta aquí expuestos. El importe de las contiendas bélicas y su misma urgencia, inconciliable a veces con los trámites de la petición y recaudación de servicios, exigían que los monarcas dispusieran en un tiempo mínimo de enormes sumas de dinero. En estas circunstancias, ante la falta de liquidez del tesoro público, tuvieron que acudir a préstamos de banqueros aun pagando por ello intereses desmesurados. Tras las primeras intervenciones de negociantes genoveses para financiar la elección imperial de Carlos V, otros banqueros italianos, flamencos y alemanes (los Welser, los Fugger, etc.) pasaron a ser principales agentes y fautores de la hacienda de la monarquía. Estas operaciones de préstamo, llamadas asientos, consistían tanto en el anticipo de dinero como en el abastecimiento de tropas o entrega de armas en un determinado lugar, a reintegrar o pagar luego en el plazo fijado. Ahora bien, habida cuenta que el prestamista asume los riesgos consiguientes a una posible o episódica insolvencia, al trasiego de fondos y al cambio de moneda entre países distintos, o bien a la más normal eventualidad de la dilación en el cobro, grava por de pronto su anticipo con un crecido interés -a veces de más de un 30%- y exige ciertas garantías. El crédito queda entonces asegurado, comprometiendo algún otro ingreso o renta habitual de la Corona, que adquiere así la condición de situado, es decir, sometido al derecho preferente del acreedor particular. Estamos con ello ante los juros. El juro es una especie de contrato entre la Corona y una persona físic a o jurídica, por el cual aquélla, como contraprestación del dinero recibido, concede una pensión anual en especie o metálico sobre determinada renta de la hacienda regia, bien sea de forma perpetua o temporal , con la devolución en este caso del importe del préstamo. Los juros fueron pues perpetuos o redimibles (juros al quitar), diferenciándose entre estos últimos los

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vitalicios (juros de por vida) de los transmisibles por herencia (juros de heredad). Procedentes los juros, como otras figuras financieras, de los siglos bajomedievales, alcanzaron con los Austrias un inusitado auge. Aun permaneciendo juros antiguos pagados en especie, la mayor parte de ellos fueron ahora percibidos en metálico. Sucedió sin embargo que a veces se depreciaba la renta gravada, o que se acumulaban en ella excesivos juros, resultando en consecuencia insuficiente su importe para responder al requerimiento de los poseedores de títulos. En tal caso éstos podían solicitar el traslado del juro a otra renta distinta. Pero al ser de ordinario desatendidas semejantes peticiones, la disyuntiva regia era prorratear el déficit o declarar un orden preferencial de los juros concurrentes, con lo que unos podían hacerse efectivos y otros en cambio no. No faltaron a su vez las operaciones especulativas de quienes compraban a particulares juros a muy bajo precio, por estar desvalorizados en esa escala, consiguiendo luego mediante influencias que el fisco les abonara la renta íntegra a su precio normal y superior. El crecimiento masivo de los juros y su acumulación en manos debanqueros y asentistas, tuvo que ver con la incapacidad de la Corona para hacer frente a una devolución de los préstamos por vía normal. Ya había sucedido en la época de Carlos V, según sabemos por la fundamental obra de Carande, que el importe de los asientos llegó a sobrepasar cuanto era posible recaudar por los servicios ordinarios y extraordinarios votados en Cortes, Jo que sencillamente llevó al Estado desde entonces a la misma suspensión de pagos. Estas bancarrotas de la monarquía provocaron concesiones desmesuradas de juros a los acreedores, con lo que su valor nominal aumentó sin cesar hasta el reinado de Carlos II, época en la que el poder público acometió una política restrictiva, severamente acentuada en el siglo XVIII mediante diversos descuentos y reducciones. Los juros representan una primera expresión, típicamente española, de lo que serán luego los títulos de la deuda pública, diferenciándose unos de otros en que la responsabilidad del fisco quedó limitada en aquéllos a la renta afectada, mientras en éstos reviste carácter general. En una fase cronológicamente intennedia encontrarnos el sistema de los vales reales, cuya primera emisión tuvo lugar mediante real cédula de 20 de septiembre de 1780. Los vales fueron tanto títulos de la deuda, amortizables en veinte años con un interés del 4% anual, corno medios de crédito, transmisibles por endoso; e incluso en cierta forma-para determinados pagos- moneda efectiva. Sus sucesivas emisiones en los últimos años del XVIII acarrearon la inevitable depreciación, con lo que los tenedores procuraron desprenderse de este papel moneda, a veces incluso con una merma del 75% de su valor. Al iniciarse el siglo XIX, la coyuntura internacional favoreció el proceso de consolidación de la deuda, cuyo hito

Problema.< de In ncumulnc:ión y deprrdnd(m dejuro.'i.

S1upemione.< de pago.< de la Co· f(Jn(l.

Juro.,. deuda plÍ· blirn y valore.,

rentes.

802

LA ESPAÑA MODERNA

principal fue la creación en 1800 de la llamada Caja de consolidación. Juros y vales persistirán así hasta las reformas financieras del Estado constitucional. G) LAS REFORMAS DEL SIGLO XVIII Y LA "UNICA CON1RIBUCION"

1.

El equ,valenIn contri-

l e.

bucilm únirn v la talla. •

El cata.,rm en Cataluña.

Corona de Aragón: equivalente, contribución única, talla y catastro

Frente a lo que cabría suponer, la nueva planta fiscal en los territorios de la Corona de Aragón no supuso la importación del sistema castellano, hecho explicable si se tiene en cuenta que por entonces ese mismo sistema estaba en cuarentena, sometido a revisión y críticas. Tuvo lugar en cambio el establecimiento de otro más moderno, de corte unitario, con lo que resulta bastante razonable afirmar que hasta la gran reforma de 1845 (52,I,B) los regímenes financieros de la Corona de Aragón y de Castilla fueron en realidad distintos. En Valencia, cuya hacienda municipal había dado signos de estabilidad en el siglo XVI, según ha puesto de relieve la profesora Ferrero, se introdujo en el siglo XVIII una nueva contribución llamada equivalente. En principio fue un importe que gravaba la riqueza de cada persona, pero desde 1716, como señala Correa, comenzó a recaudarse una parte en las puertas de la ciudad, convirtiéndose así en un impuesto indirecto sobre el consumo. A su vez en Aragón se implanta la contribución única, también como gravamen parejo de las mismas rentas. Tanto el equivalente como la contribución única fueron establecidos en la segunda década del siglo, provocando su exacción un serio rechazo, causa luego de diversos reajustes. En Mallorca el único impuesto fue la talla. La reforma se tradujo en Cataluña en la fijación en 1716 de un régimen de nuevo espíritu y notable perfección técnica, el catastro, que ha sido tenido como la novedad más importante de la historia tributaria del siglo XVIII (Vicens Vives). Consistió el catastro en la fijación de una suma anual a recaudar, gravando por una parte las fincas rústicas y urbanas, y por otra el trabajo personal y los beneficios comerciales y mercantiles. El carácter progresivo de la contribución radicó en que, si bien del catastro personal quedaban exentas las clases privilegiadas, el real alcanzó a todos y lógicamente en mayor medida a los grandes propietarios y terratenientes. No conviene en todo caso exagerar el "mito del catastro". Molas Ribalta ha recordado sus puntos débiles: no haber sido un impuesto estrictamente proporcional a la riqueza a causa de la fijación del cupo anual; falta de transparencia en su administración municipal, y rigidez, en fin , de una cantidad

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que no será modificada a lo largo del siglo, pese al incremento en la riqueza del Principado. 2.

Castilla: el Catastro de Ensenada

Tras el éxito de ese impuesto homogéneo en los territorios orientales, y singularmente del catastro en Cataluña, y como respuesta también a las corrientes doctrinales en boga, la cuestión que se plantea en la Castilla del siglo XVIII fue fundir las rentas provinciales en una contribución única, a modo de panacea financiera que podía resolver todos los males. Esa fue la meta ambicionada por el ministro de Hacienda, marqués de la Ensenada. En los años veinte de la centuria, rentas provinciales y catastro suponían casi la mitad de los ingresos totales. Seguía a continuación el capítulo de las rentas estancadas, y, con menor cuantía, las rentas generales, esto es, los impuestos que gravaban el comercio exterior. El incremento de las rentas provinciales en la etapa siguiente, previa a su vez al proyecto de Ensenada. es desde luego claro, pero discutible en su cuantificación. Los especialistas han ofrecido de él estimaciones no concordes.

La reforma de Ensenada, anticipada con alentadores ensayos en Murcia y Guadalajara durante el bienio 1745-1746, trató de lograr dos objetivos. En primer lugar "reducir a una sola contribución las de millones, alcabalas, cientos, servicio ordinario y sus agregados". De otra parte, transferir a la propiedad agraria la carga impositiva que venía gravando el consumo y las transacciones. Tres reales decretos promulgados en octubre de 1749, junto a una amplia instrucción, fueron los instrumentos legales de esa empresa, relanzada con Carlos III en 1760. Dificultades de toda índole hicieron que quedara en proyecto. ¿Significó aquello la derrota del ministro progresista a manos de una oligarquía terrateniente que pudo haber aprovechado además la realización del catastro de las fincas para legalizar situaciones dudosas?. Es posible. El Catastro de Ensenada, como obra de información técnica, constituye un documento de básica importancia para el conocimiento de la realidad socio-económica nacional en el ocaso del Antiguo Régimen. Por lo demás, los últimos intentos reformistas del XVIII volvieron con no mejor fortuna sobre esa aspiración del gran ministro.

Fine.,· de la ron/ riburilm únirn.

Frncn.w y validez del Cata.\'lm.

H) LA HACIENDA EN INDIAS

Característica principal de la hacienda indiana fue su condición de hacienda propia de la Corona, lo que reportó al monarca facultades omnímodas para su administración y gobierno, originando al tiempo cierta confusion entre los impuestos públicos y los derechos privados del rey. A ese

Camrtem.

804

Or,:mrn.,· de ¡.:obienw.

Di:,.tritos y ,!fida/e., .

El "quinto real ".

El tributo

indíxenn.

LA ESPAÑA MODERNA

rasgo matriz cabría añadir con el profesor Sánchez Bella, primera autoridad en el tema, otros varios peculiares: la centralización y autonomía de las regiones administrativas, la colegialidad de la gestión, y el predominio de un sistema basado en la administración directa de los recursos por parte de los funcionarios reales. Organos superiores de gobierno fueron el Consejo de Indias, que obtuvo y retuvo frente al Consejo de Hacienda, salvo en un breve paréntesis, el control de las finanzas. También en cierta medida el propio Consejo de Hacienda -en 1600 se creará una Junta con miembros de ambos Consejosy la Casa de la Contratación de Sevilla, instrumento de contabilidad y control de las remesas de oro y plata. En lo territorial existieron una serie de distritos fiscales o cajas, con el nombre de la localidad sede de los oficiales regios y de la caja real. Entre los oficios destacan el contador, el tesorero, el factor o gerente, y el veedor de funciones y rescates, cargos estos dos últimos con frecuencia acumulados en una misma persona. Los ingresos procedían principalmente del quinto de los metales preciosos, otras regalías, almojarifazgo y tributo indígena. La fuente más lucrativa fue sin duda el quinto real, que teóricamente gravó en esa cantidad a todos los minerales, aplicándose en la práctica al oro, plata, mercurio y piedras preciosas. El más peculiar de los ingresos fue el tributo indígena . Ensayado al iniciarse el siglo XVI en las Antillas, establecido con mayor fijeza luego en Nueva España y consolidado normativamente con las Leyes Nuevas de 1542, el tributo indígena fue pagado al rey, o a los encomenderos en su nombre, por todo indio adulto y varón. Consistió en una capitación o impuesto estrictamente personal, independiente por tanto de las propiedades o recursos del contribuyente, que unas veces fue exigido en plata y otras en moneda o especie. No faltaron sin embargo, al parecer, ciertos intentos por convertirlo en impuesto real, más acorde con las costumbres tributarias prehispánicas, que no llegaron a prosperar. González de San Segundo ha destacado la importancia del tributo indígena como factor de diferenciación social. Y ello no sólo porque la población española estaba exenta de una capitación que recaía exclusivamente en la comunidad indígena, sino además por el hecho de que entre la población autóctona, junto a la generalidad de los contribuyentes, existían también gentes fiscalmente liberadas (los caciques, indios principales, indios alcaldes en tanto ejercieran su cargo, etc.), y otras incluso en una situación tributaria ambigua e intermedia. Efectuada la tasación, procedía el reparto del tributo y ulterior cobro, operaciones éstas en que los caciques y las autoridades indígenas desempeñaron un importante papel. El alcance de la obligación recaudadora de los caciques no es del todo claro . El profesor Dfaz Rementería ha hablado de un doble sistema : aquél en que los varios caciques asumen una responsabilidad solidaria del montante que ellos deben obtener y

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liquidar ante la autoridad española, y un segundo, surgido como reacción al primero, según el cual cada cacique es responsable únicamente de los tributos propios de su jurisdicción.

11. El Ejército y su organización

La existencia de un ejército permanente como característica del Estado moderno, no debe ser entendida en sentido riguroso y actual, suponiendo un reclutamiento racionalizado y regular del conjunto de las tropas desde que ese Estado aparece a fines del siglo XV. La estabilidad de la milicia tiene que ver más bien con la fijación de sus estructuras organizativas; con la consolidación de unos cuadros de expertos, directores y mandos del ejército que se recluta; y con el establecimiento y ordinaria asistencia de las fábricas de productos bélicos, y de los medios de provisión y suministro de las tropas. Junto a ello se desarrolla un largo proceso donde surgen y toman cuerpo ciertos núcleos de huestes fijas, regularizándose poco a poco el sistema de milicias hasta la formación de un auténtico ejército nacional. La importancia del ejército en estos siglos es consecuencia de una Weltpolitik que mantuvo a España durante largos períodos en guerras casi continuas. Tras los conflictos con Francia y ya mediado el siglo XVI, tres grandes zonas --el Mediterráneo, los Países Bajos y el Atlántico--- fueron escenario habitual de las confrontaciones armadas. El ejercicio militar en el mundo moderno superó las concepciones que lo caracterizaron en el medieval. No se trata ya de la tradición caballeresca, modeladora del hombre de armas como leal al príncipe y espejo de virtudes morales. La guerra es ahora otra cosa. Sin perjuicio del valor y adiestramiento personal, la guerra es sobre todo una compleja técnica; muy costosa además y dependiente por tanto de adecuados medios de financiación. El nuevo arte bélico arranca de la generalización y variado aprovechamiento de la pólvora, y se aplica al uso en gran escala de armas de fuego portátiles y al empleo de las tácticas que lo hacen posible, aspectos ambos en que los españoles figuraron en vanguardia. Se desarrolló asimismo la construcción de fortificaciones como réplica a los nuevos ingenios de la artillería.

El ,jt!rdw

pt n11nnente. 1

Ln gut'rrn en

In Eumpnmodemn.

A) LA ADMINISTRACION MILITAR

En la cúpula de la administración militar durante los siglos XVI y XVII figura el Consejo de Guerra. Sus competencias, de preferente carácter técnico o de ordenación del personal castrense, se vieron limitadas de una parte por las superiores del Consejo de Estado, que asumía por ejemplo la declaración de guerra y paz; y de otra por las propias de algunos de los res-

El Comejo de Guerm y lnsjuntn.'i eJpecin/tJ.

806

Fundunnrios militares.

Ln Secrernrin del Despm·ho deG11effn .

LA ESPAÑA MODERNA

tantes Consejos como los de Hacienda e Indias. El Consejo de Guerra estuvo especialmente a merced del de Hacienda, debido a la necesaria financiación de cualquier empresa bélica y al correspondiente control de gastos. Reflejo de esa dependencia fue la atribución al Consejo de Hacienda en 1593 del nombramiento de los funcionarios encargados de las cuentas militares. La única secretaría del Consejo se desdobló en 1586 en dos, de Mar y Tierra, formalizándose así la administración diferenciada de los negocios del ejército y la marina. Durante el siglo XVI el Consejo aparece como un cuerpo cada vez más especializado, con consejeros y secretarios que acceden a sus puestos tras una apretada carrera militar. Además, la conveniencia de tratar por separado asuntos militares muy concretos, o bien aquellos conflictivos donde confluían los intereses del Consejo de Guerra y de los otros citados, dio Jugar a la creación de juntas con jurisdicción determinada. Este fue el caso de la Junta de Galeras, responsable de su administración y control, o de la Junta de Indias, para la defensa de los territorios de ultramar, que a fines del XVI fue reemplazada por la llamada Junta de Guerra de Indias. En la base, la administración militar contó con una serie de funcionarios que tenían a su cargo la distribución de armas, pertrechos y dinero. Entre ellos hay que mencionar al veedor, ocupado en altas funciones inspectoras, al contador o interventor de cuentas, al pagador y al tenedor de bastimentos. A veces existían también mayordomos, proveedores y contadores de artillería, cuerpo éste que gozó de notable autonomía, con sus propios comisarios, régimen financiero, abastecimiento y servicio hospitalario. Junto a los capitanes generales de ejército encontramos la figura del capitán general de artillería. En el siglo XVIII, aun manteniéndose el Consejo, las competencias centrales fueron progresivamente asumidas por la Secretaría del Despacho correspondiente. Los negocios de guerra lograron un temprano tratamiento autónomo cuando se dispuso en 1703 que, dentro de la unidad de la Secretaría del Despacho Universal, una persona se hiciera cargo de ellos. Con la bipartición del organismo en 1705 aparece la Secretaría del Despacho de Guerra y Hacienda -nuevo reflejo institucional de la conexión entre ambas materias-, y ya en 1714 surge una Secretaría del Despacho o Ministerio de Guerra independiente. A partir de entonces, las unidades orgánicas propias del despliegue ministerial aglutinan de forma oscilante los departamentos afines de Guerra y Marina con el de Ultramar (un Ministerio de Guerra y Marina entre 1715 y 1720, y otro de Guerra-Marina-Indias en ese último año), para diferenciarse definitivamente la Secretaría del Despacho de Guerra y la de Marina a partir de 1721.

HACIENDA Y EJERCITO

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A nivel territorial, los capitanes generales asumen en sus provincias, con el poder civil, la máxima autoridad castrense (40,l,B). En lo relativo a las jerarquías militares, Felipe V reformó el sistema, fijando definitivamente cuatro clases de oficiales generales: capitán general, que nada tiene que ver con el de provincia; teniente general, mariscal de campo y brigadier, cargo éste de imitación francesa. Existió ya en el mismo siglo una especie de Estado Mayor, en el conjunto de generales que formaban parte del relacionado como "Estado Militar de España" en la Guía de Forasteros de Madrid. Con la campaña de Portugal de 1801 aparece un jefe de Estado Mayor al frente de cada uno de los tres ejércitos. Estos son los precedentes del Cuerpo de Estado Mayor creado en 1810.

u,s 1ificiales y el precedente del Estado Mayor.

La significación del Capitán General en la centuria de la Ilustración nos es hoy mejor conocida gracias al estudio de esa figura llevado a cabo por la profesora canaria María Dolores Álamo. En el Archipiélago el Capitán General fue, en palabras suyas, una omnipotente magistratura que acumuló el cargo de gobernador-presidente de la Real Audiencia con el poder supremo en cuestiones de seguridad y defensa, y cabeza de la jurisdicción militar

B) LAS MILICIAS Y SU RECLUTAMIENTO

l.

Régimen bajo los Austrias

La guerra de Granada y los conflictos de orden público interno crearon condiciones propicias para que los Reyes Católicos hubieran formado en España, antes que en cualquier otro país de Europa, un ejército genuinamente nacional. El largo asedio al reducto musulmán exigió grandes movilizaciones de tropas, que al operar sobre terreno montañoso marginaron el uso de la caballería, potenciando en cambio la artillería e infantería, cuerpo éste que en las sierras del sur adquirió valiosas experiencias, aprovechadas luego en las campañas de Italia. Sin embargo, la infantería que puso término a la Reconquista estaba formada tanto por milicias reclutadas en Castilla y Andalucía, como por mercenarios y voluntarios procedentes de toda Europa. Los desórdenes internos, a su vez, sí dieron lugar a un cuerpo armado estable, la Santa H erma.ndad, pero su función de salvaguardar la paz pública la convirtió de hecho en una especie de policía rural que con el transcurso del tiempo cayó en decadencia. La Snntn Hermandad fue establecida en las Cortes de Madrigal de 1476. A tenor de las ordenanzas que recibió ese año y en 1485, la hueste se formó mediante la asociación de los concejos del reino que aportaban un hombre armado por cada cien vecinos. Su órgano de dirección fue el Comejo de la Hermandad, que se reunía anualmente, actuando las tropas en cuadrillas dirigidas por qundrilleros o caballeros armados. La propia institución dispuso de unos nlcnldes de Hermandad para juzgar los casos de Hermandad, esto es, los delitos contra la paz pública cometidos principalmente fuera del ámbito urbano. La custodia de sierras y montes de los concejos castellanos corrió también a cargo de los Caballeros de In Sierra, cuyo origen hay que situarlo, según Emilio de la Cruz, en la caballería no noble o villana. Estos caballeros, a modo de guardas forestales, imponían sanciones en dinero

lmµortandn de In infantería.

El orden interno y In Smun Humnndnd.

808

LA ESPAÑA MODERNA

o en especie, siendo remunerados, como explica el profesor Cano, con una asignación anual y parte del importe de las multas impuestas por ellos mismos. El reclutamirnto y la ji gura del capitán.

Tras el intento fallido de Cisneros por constituir con las Compañías de Ordenanza cierta especie de ejército territorial permanente, la expansión política de la monarquía no fue acompañada de una ordenación sistemática de las milicias y su reclutamiento, procediéndose más bien desde Carlos V de forma irregular y casuística. Realizada la estimación para cada empresa del número de hombres necesarios, el Consejo de Guerra establecía los distritos de reclutamiento, coincidentes a menudo con un corregimiento o comprensivos también de tierras señoriales, y designaba un capitán para cada uno de ellos. Este comparecía ante el concejo principal del distrito, acréditaba su condición, instalaba la sede para el alistamiento y procedía a "tocar caxa y enarbolar bandera", esto es, a pregonar el llamamiento a filas, cuyo éxito dependía tanto de su esfuerzo y capacidad persuasiva, como de las ventajas económicas que pudiera garantizar. El capitán era desde luego la figura clave del sistema. Como Thompson indica, al tener que alimentar, proveer de armas y remunerar a los soldados, sin contar muchas veces con la provisión ordinaria del pagador real, el capitán debía afrontar ocasionalmente los dispendios o adelantar el importe a costa de su propio patrimonio, con lo que de hecho resultó ser tanto un hombre de armas como un pequeño prestamista y comerciante. La selección de las tropas se efectuó por lo común en zonas próximas a los puntos de destino, teniéndose en cuenta para las expediciones marítimas la cercanía de los puertos de embarque. En el caso de traslado a lugares lejanos, criterios de seguridad, economía y orden, aconsejaron la formación de convoyes de varias compañías, bajo la autoridad y control general de un comisario. En 1663 las milicias fueron sustituidas por tercios permanentes, reclutados mediante levas forzosas . A fines del siglo XVII , sin embargo, un decreto de 21 de agosto de 1693 restableció el régimen de milicias voluntarias, tal como había existido en la etapa anterior.

Volumen y rnmpnm·íón de la.fuer-

~.\ nnnnrins.

Los lerdos.

La monarquía llegó a contar con la mayor fuerza armada de Europa: más de 100.000 hombres en algunos momentos del reinado de Felipe II. El ejército de Flandes sumó en ocasiones un total de 80.000 combatientes, extranjeros en su inmensa mayoría, y procedentes tanto de la infantería española, como de la alemana, borgoñona, valona, inglesa e italiana, con unidades de caballería ligera y pesada. La mayor parte de esas tropas fue organizada en regimientos, mientras los españoles quedaron encuadrados en los celebérrimos tercios, cuerpos castrenses que en la historia militar de Europa simbolizarán lo que los franceses llamaron "el triunfo del infante" (le triomphe dufantassin), verdadero arquetipo de la milicia hispánica. Los tercios constaban de un número variable de compañías (con fre cuencia doce), compuesta cada una de 250 soldados agrupados en diez es-

HACIENDA Y EJERCITO

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cuadras. Los oficiales superiores fueron el maestre de campo, jefe directo de la compañía principal que precede a las demás en el combate, y el sargento mayor. A su vez el capitán, el alférez o lugarteniente, los sargentos y los cabos --que están al frente de las escuadras- forman la línea jerárquica de cada compañía. Por encima de esta estructura elemental, el éxito de los tercios radicó tanto en el valor y adiestramiento de los soldados, como en su disposición sobre el terreno y en las depuradas tácticas de que hicieron uso en el combate. Los escuadrones estuvieron compuestos de piqueros, con un arma ventajosa para la lucha a distancia; soldados con cota y rodela, y arcabuceros. Su ordenación mejoró el entonces acreditado sistema suizo de distribuir las tropas en tres líneas, flexibilizando los cuadros macizos en unidades pequeílas y móviles. El propio sistema del escuadrón fue muy complejo y variado, disponiendo las tropas, según conveniencia, en el escuadrón quadro de gente, con idénticas filas en anchura y profundidad, como en otros tipos (quadro de terreno y gran frente) que respondían a cuidadosas prevenciones logísticas. Tácticamente los tercios combinaron las operaciones de emboscadas y encamisadas (guerrillas nocturnas contra campamentos enemigos), con un pulcro despliegue en la batalla convencional. Cierto personaje militar extranjero, Roland de Guyon, encomiaría así la precisión géomé· trique con que operaban aquellos soldados espaí!oles.

2.

Régimen en el siglo XVIII

La Guerra de Sucesión originó las primeras reformas militares borbónicas, creándose otros tercios llamados ahora regimientos, cuyos jefes dejaron de denominarse maestres de campo para pasar a ser coroneles. El inicio legal de los nuevos rumbos fue una cédula de 1704, la cual, al ordenar el reclutamiento de cien regimientos en Castilla, destacó el papel director que la nobleza debía asumir en el ejercicio castrense, señalando ya la obligatoriedad del servicio militar para todos los ciudadanos. Queda así previsto un sistema de quintas, mediante la incorporación de un mozo por sorteo entre cada cinco, con numerosas y pintorescas exenciones: menores de veinte años y mayores de cincuenta, gente noble que habría de ocupar directamente los puestos de mando, estudiantes, ciertos miembros de la Inquisición, notarios, oficiales reales, sacristanes, padres de cuatro hijos, algunos maestros, etc. La implantación del servicio obligatorio tropezó con tres dificultades. En primer Jugar con lo que significaba extender el criterio uniformista a los reinos de la Corona de Aragón. A tal efecto fueron sintomáticos los obstáculos surgidos en el reclutamiento provincial de las milicias, a raíz de una importante ordenanza de 1734, lo que originó que la mayor parte de las tropas tuvieran que ser enroladas en Castilla y sobre todo en Andalucía, mientras tal medida provocaba otras ordenanzas de milicias en Indias e im-

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810

Refonna., de Cario.,· 111.

LA ESPAÑA MODERNA

portantes reajustes como los llevados a cabo en Nueva España. En segundo lugar hubo que vencer la anquilosada mentalidad de unos funcionarios que no secundaban en la práctica las nuevas medidas. Finalmente fue ostensible la resistencia de los municipios, acostumbrados a proveer por sí mismos el cupo que tradicionalmente tenían asignado, bien fuera por medios ortodoxos o haciendo uso de cualquier ardid; como ha dicho Domínguez Ortíz, "desde pagar a un ganapán para que se enganche voluntario, hasta hacer gavilla de los pobres gallegos que bajaban de la sierra". Probablemente fue éste el peor escollo, y todavía en 1747 los ayuntamientos hubieron de ser autorizados a reclutar las tropas por el procedimiento que estimaran oportuno. Carlos III llevó a cabo importantes reformas y mejoras. Junto a la creación de la Academia de Artillería de Segovia y el fortalecimiento y reorganización de las milicias provinciales, el monarca implantó un régimen de quintas anuales, verdadero preludio del servicio militar obligatorio del Estado Constitucional. Sobre tod!), Carlos III ha pasado a la historia castrense por las famosas Ordenanzas para el régimen, disciplina, subordinación y servicio de sus ejércitos, compuestas por unas juntas de generales y que fueron aprobadas el 22 de octubre de 1768. Estas Ordenanzas, desde la óptica de la Historia del Derecho, fueron estudiadas por María del Carmen Bolaños. Posteriormente el catedrático Emiliano González ha analizado el proceso que condujo a ese cuerpo de disposiciones que, según él, "actualiza, renueva y plantea soluciones a las dudas, anacronismos y objeciones detectadas en la experiencia organizativa de los ejércitos de la Corona de España".

C) La Armada dt Gal.ras tn d Mtditeffi,neo.

La Annada del Mar Océano.

LAARMADA

A principios del siglo XVI la flota de galeras en el Mediterráneo era exigua. No obstante, la amenaza turca y el peligro de los corsarios norteafricanos hicieron que, mediada la centuria, hubiera ya cuatro escuadras para España, Nápoles, Sicilia y Génova, con un total de 60 bajeles pertenecientes tanto al monarca como a particulares. Felipe II intentó acentuar el control real, pero las dificultades financieras impidieron una adecuada reorganización de la flota. Según los casos, la administración de las naves corrió directamente a cargo de la Corona, o se estableció un régimen de asientos, como el concertado con la familia genovesa de los Doria que habría de persistir durante el siglo XVII. En las galeras servía un mundo variopinto de gentes, la llamada chusma, compuesta por cautivos y prisioneros de guerra, así como por los condenados a ellas en virtud de sentencia judicial. Todos compartían unas condiciones de vida sumamente precarias. En el Atlántico el problema no era el de las galeras, sino el de los galeones; es decir, la necesidad de disponer de buques para la guerra directa,

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para asegurar el tráfico indiano de las remesas de oro y plata, o para atender, en fin, la defensa de los territorios de ultramar ante el acoso de los piratas europeos. La constitución de una flota bélica permanente tuvo mucho que ver con el enfrentamiento y guerra con Inglaterra. Y ello quizás no tanto por los preparativos navales que condujeron a la organización de la Invencible, cuanto paradójicamente por su espectacular descalabro. Thompson ha sugerido que de no haber sido derrotada la Invencible, "quizás no hubiese existido ninguna marina permanente ni necesidad de que existiera". Partiendo casi de cero, Felipe II hubo de programar una flota bélica estable, cuyo primer capítulo fue la construcción de doce nuevos galeones, conocidos como los Doce Apóstoles. En el siglo XVII existió así una Armada del Mar Océano, de pomposo nombre pero insuficientemente pertrechada, junto a la Armada de Galeras que operaba en el Mediterráneo. A ello hay que añadir las flotas con que distintos territorios de la monarquía defendían sus intereses, como la de Cuatro Villas y la de Guipúzcoa, o la Armada de la Avería, con la que los comerciantes procuraban asegurar el comercio con Indias. En ultramar existieron además la Armada de Barlovento y la de Galeones de Tierra firme, que patrullaban en México y las Antillas, y la Escuadra del Mar del Sur, que lo hacía en el Pacífico meridional.

Con los Borbones tuvo lugar el verdadero fomento y reorganización de la marina de guerra. Felipe V fundó en 1714 la Real Armada, que aglutinaba buena parte de las fuerzas dispersas, y tres años después fue creada la Compañía de Caballeros Guardias Marinas, cuerpo que incorporó al oficio naval a la nobleza española, e incluso también a los aristócratas italianos y rusos que vinieron a formarse en ella. A partir de entonces, la historia de la armada del siglo XVIlI tuvo como hitos principales la gestión de los ministros Patiño y Ensenada, y las reformas llevadas a cabo los últimos años de la centuria por Carlos ID. Las reformas del ministro Patiño nos son bien conocidas hoy merced a una informada monografia del profesor Carlos Pérez Fernández-Turégano. Entre ellas destaca este autor el impulso de la marina, la construcción de arsenales, el fomento del comercio con América, la reorganización de la hacienda, la modernización del ejército e incluso sus gestiones de política internacional; amplia tarea, pues, que permite calificar al ministro de verdadero estadista. Por lo demás, en su época, en 1737, será restablecido en el plano institucional el Almirantazgo de Marina. La política de Ensenada tuvo a su vez como ejes el fomento de los astilleros, la ampliación de la flota y la mejora técnica de los buques, así como la ordenación jurídica de esta nueva marina de guerra. En el clima de la llamada "polémica de la espada y la pluma", es decir, de si el protagonismo de las reformas navales debía corresponder a militares o a letrados, Ensenada patrocina la formación de las Ordenanzas Generales de 1748, y suprime entonces el Almirantazgo establecido por su antecesor.

Las reformas borbónicas.

812

LA ESPAÑA MODERNA

La madurez reformista se alcanza con Carlos ID, en cuyo reinado la armada cuenta ya con un respetable volumen. En 1770 es creado el cuerpo de Ingenieros de Marina, disponiéndose que los tradicionales constructores, revestidos ahora de brillante título, entiendan no sólo de barcos y puertos, sino además de otras cuestiones complementarias y tan heterogéneas como el funcionamiento de los altos hornos, la conservación de montes, etc. Todo lo relativo al mantenimiento de las naves queda reglamentado por la Ordenanza de 1772. Finalmente, en 1776, una importante Ordenanza de Arsenales liquida en favor de "la espada" la polémica mencionada antes, constituyendo en cada departamento una junta rectora compuesta de seis militares y el intendente. Desde 1796, en el reinado de Carlos IV, se da la etapa última de desconcierto y decadencia. Al compás de los desastres marítimos (derrotas de San Vicente, 1797, y Trafalgar, 1805) proliferan nuevas ordenanzas e instrucciones. En 1807 reaparece el Almirantazgo. Para el fomento de la industria naval, Felipe II creó en la segunda mitad del siglo XVI la Superintendencia de fábrica de navíos y plantíos, institución presente en diversos territorios de la Corona durante el Antiguo Régimen. Por Gómez Rivero conocemos el arranque de esa Superintendencia en Guipúzcoa, competente en la conservación y fomento de los montes, así como en todo lo relativo a la construcción naval.

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vm.

EL ESTADO LIBERAL DEL SIGLO XIX: CONSTITUCIONALISMO Y CODIFICACION

817

43. LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX

La gran crisis política de marzo de 1808, con un motín popular contra el favorito Godoy, originó que Carlos IV abdicara en favor de su hijo Fernando y que éste fuera proclamado rey. Sin embargo, la intervención de Napoleón convirtió en problemática la legitimidad de uno y otro, debiendo acudir ambos a Bayona para dirimir el conflicto ante el emperador francés; mientras, en España queda una Junta Suprema de gobierno que actúa en nombre de Fernando. En Bayona éste devuelve el trono a su padre, y Carlos IV transmite sus derechos a Napoleón, acto con el que el propio Fernando se solidariza al concederle, él también, los que le corresponden como Príncipe de Asturias. 'AJ tiempo que padre e hijo disponen a su antojo de los destinos de la monarquía, la presencia de las tropas extranjeras y el traslado a Francia del resto de la familia real, hacen estallar el conflicto en España. Aquí tales peripecias son vistas como fruto de la maniobra urdida por Napoleón, y mayoritariamente se considera a Fernando VII monarca legítimo al juzgar su renuncia inválida como fruto de la coacción. En la mañana del dos de mayo de 1808 el pueblo de Madrid se arremolina ante el palacio real y trata de impedir la salida del infante Francisco de Paula. El estrépito callejero hará que cierto personaje notable, Alcalá Galiana, pregunte a su madre qué está pasando. La respuesta de aquella mujer resultó premonitoria: "Ya ha empezado". Efectivamente, como comentará algún autor, había empezado todo: la masiva revuelta popular, la Guerra de la Independencia, y en última instancia la revolución del siglo XIX y el advenimiento del mundo contemporáneo. Noventa años después, el 10 de diciembre de 1898, el Tratado de París certifica la liquidación del imperio colonial español, hundiendo al país en una hora dramática de la que rendirá cuenta aquella brillante familia intelectual conocida como generación del 98. Entre ambas fechas, punto de partida y epílogo, se desarrolla una centuria efervescente, cuyos avatares políticos, jurídicos, sociales y económicos, constituyen propiamente el umbral del tiempo que vivimos. En un panorama meramente descriptivo, las nueve décadas dan sucesivamente cabida a la Guerra de la Independencia (1808-1814); al reinado

Abdic·m·1,mes de Cnrlo.1' IV y Femnndo VII.

El Do..- d, Mnyo.

El 98.

Etnpn.< d,t si¡¡loXIX.

818

LA ESPAÑA DEL XIX

de Fernando VII (1814-1833); a los períodos de regencia durante la minoridad de Isabel 11 (1833-1843); al gobierno de ella entre 1843 y 1868; al sexenio 1868-1874, que se inicia con la Revolución de aquel año y es el marco del reinado de Amadeo de Saboya (1870-1873) y de la Primera República (18731874); y finalmente a la última etapa de la Restauración, con el reinado de Alfonso XII (1875-1885) y la regencia de María Cristina que alcanza ya al siglo XX. En razón sin embargo de su naturaleza y génesis interna, el siglo XIX español puede ser dividido en tres grandes períodos: uno primero en que se abre paso el nuevo espíritu, desarticulando las viejas estructuras; el segundo que sienta las bases del Estado liberal; y el terrero y último, ya en una sociedad industrial, en el que la burguesía conservadora consolida ese Estado mediante el juego más o menos "democrático" de los partidos políticos.

l. Presencia, rechazo y triunfo del Libdll'alismo politico A) EL DERRUMBAMIENTO DEL ANTIGUO REGIMEN, 1808-1814

Junta.'i µrovindale.,· y /un/a Central

La represión del Dos de Mayo dio lugar a un levantamiento general del país. En junio Napoleón había transferido la corona a su hermano José, convertido así en rey de España , mientras cierta asamblea convocada por aquél se reúne en Bayona, donde el 8 de julio jura una Constitución que regirá en nuestro país en las zonas de dominio francés. Entretanto, la inacción de la Junta de gobierno dejada por Fernando VII, así como sus exhortaciones pacifistas y las del Consejo de Castilla, ambas de espíritu profrancés, dan lugar a que el alcalde del pequeño pueblo de Móstoles reivindique revolucionariamente el poder, sublevándose en pocas semanas Asturias y las restantes regiones peninsulares. Al levantamiento, donde se depone o da muerte a las autoridades anteriores, sigue la constitución de unas Juntas supremas provinciales, las cuales, según se entiende, recuperan o reasumen la soberanía considerada vacante. En aras de una política de convergencia y coordinación, los representantes de esas juntas establecen en Aranjuez en septiembre del mismo año 1808 una Junta central suprema y gu bernativa de España e Indias, trasladada luego a Sevilla y finalmente a la isla de León, en el actual San Fernando. La Junta central resultó ser una asamblea endeble y de problemática autoridad. Compuesta por treinta y cinco miembros, y presidida por el anciano Conde de Floridablanca, hubo de hacer frente a la indocilidad de las juntas provinciales, que se consideraban representantes directas del pueblo, sufrir el acoso francés e incluso

EL MARCO POLITlCO

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las vejaciones de los patriotas gaditanos. Todo ello provocó su disolución en 1810 y el nacimiento entonces de un Consejo de Regencia, o "Regencia de los Cinco", presidido por el obispo de Orense, que recibió directamente el poder de la fenecida Junta Central. A instancias sucesivas de uno y otro organismo, se reunen las Cortes de Cádiz que en 1812 promulgan la primera Constitución nacional. La pugna bélica enfrentó a un ejército francés, superior en número y mejor organizado, con los cien mil hombres del ejército español, pero también y sobre todo con la obstinada resistencia del pueblo mismo en ciudades y pueblos. La confrontación en campo abierto registró el hito importante de Bailén Uulio de 1808), cuyo éxito habría de galvanizar la conciencia nacional. ¿Fue esa victoria un "azar afortunado", según creen algunos autores, por el error de Napoleón de confiar la conquista de España a unas tropas de reclutas bisoños; o fue más bien fruto, como piensan otros, de una cuidadosa estrategia castrense?. No importa mucho. El caso es que los españoles creyeron haber derrotado a los triunfadores de Austerlitz, mientras la exaltación patriótica daba lugar a la insólita reacción de Zaragoza y Gerona. Raymond Carr ha escrito que el sitio de Zaragoza asombró a aquella Europa acostumbrada a los asedios convencionales, ofreciendo el espectáculo de una guerra única con una moralidad única. Semejante espíritu de resistencia y el empleo de la guerra de guerrillas, hizo posible el triunfo final. Junto a los patriotas vencedores habrían de quedar los afrancesados, es decir, los colaboracionistas del poderoso intruso que había sido vencido. La crisis, por lo demás, tendrá un efecto expansivo en América. Como ha escrito el académico argentino Eduardo Martiré, "en 1808 la corona española había caído al arroyo y la actitud demostrada por quienes estaban llamados a sostenerla fue en América la estampida de una a va lancha que ya no tuvo contención".

B) LAS CONVULSIONES LIBERALES Y ABSOLUTISTAS, 1814-1833

l.

La restauración absolutista ( 1814-1820)

Expulsado el rey José y suscrito el tratado de Valen~ay (ll-XII-1813), Fernando VII vuelve a España, lo que lleva consigo que las juntas provinciales y el mismo Consejo de Regencia carezcan de sentido. Sin embargo las Cortes surgidas en Cádiz no representaban al monarca, sino al pueblo mismo considerado como soberano. De ahí que esas Cortes se atribuyan la soberanía nacional y dirijan una proclama al país, donde entre otras cosas vinculan el reconocimiento del rey a que éste acate y jure la Constitución. Pero también entonces, en 1814, con ocasión del triunfal regreso

El Consejo de Regencia.

Úl Guerra de In lndependenrin.

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El Mnnijiexto d,• lo\· Penas.

LA ESPAÑA DEL XIX

de Femando VII, un grupo de diputados le hacen presente un ampuloso documento, el Manifiesto de los Persas -llamado así por su frase inicial: "Señor: Era costumbre de los antiguos persas ... "-, donde impugnan la representatividad de las Cortes entonces existentes, sugieren formar otras y piden, en fin, la derogación de la Constitución. Los escasos escrúpulos del rey concluyen con el golpe de Estado del general Eguía, y un decreto de 4 de mayo sanciona la nueva situación, dejando sin efecto la Constitución y las Cortes. Muchos liberales fueron arrestados y otros huyeron como primeros exiliados políticos de la España contemporánea. 2.

Pm11um ·in1111ento

de Rfr,:r>.

Exnlrariún rrw>ludmwria e in1ervenrián dr In Snnrn Alinn:n.

El Trienio liberal ( 1820-1823)

La imposibilidad de recuperar la vía constitucional desde dentro del propio sistema, lleva a los liberales a reclamar el apoyo del ejército que actúa mediante pronunciamientos. El 1 de enero de 1820 el teniente coronel Rafael del Riego se subleva en Cabezas de San Juan (Sevilla), proclama la Constitución de Cádiz y restablece las autoridades constitucionales de la localidad. El éxito del pronunciam~nto obliga a Fernando VII a firmar un decreto el 7 de marzo, donde manifiesta que en razón de "la voluntad general del pueblo, me he decidido a jurar la Constitución promulgada por las Cortes generales y extraordinarias en el año 1812". Ahora los perseguidos son los persas mientras los afrancesados vuelven del exilio y dirigen la restauración constitucional. Estos liberales del año 20 pronto constituirán dos ramas: los moderados o doceañistas, partidarios de una prosecución razonable de las reformas iniciadas en 1812, y los exaltados o radicales, decididos a la demolición total de los restos del Antiguo Régimen. Ambos constituyen el embrión de los primeros partidos políticos decimonónicos. En la España del Trienio no todo quedó en las Cortes liberales. Buena parte de los revolucionarios más activos formaron Sociedades patrióticas, difusoras en cafés y tertulias del nuevo espíritu; especie de clubs juzgados por su estudioso Gil Novales como "cajas de resonancia de la vida pública nacional , en donde todo se habla y todo se discute". Los excesos de exaltados y anarquistas, junto al éxito mismo de la revolución española, provocaron la inquietud de los legitimistas europeos, trocada ya en grave preocupación ante la influencia en distintos países de cuanto aquí sucedía. La vida política de España y el texto de 1812 se convierten así en problema supranacional. Los emperadores de Rusia y Austria, junto a los reyes de Prusia y Francia y el propio Femando VII, forman una Santa Alianza que en el Congreso de Troppau (octubre de 1820) decide ya la intervención beligerante para liberar a las monarquías del acoso revolucionario. En otro Congreso, el de Verana, queda Francia encargada de acometer esa tarea en España. Un nutrido

EL MARCO POLITICO

821

ejército, el de los Cien mil hijos de San Luis, penetra en la Península, pone sitio a Cádiz (donde se había retirado la Corte) y hace capitular al gobierno constitucional. Femando VII declara nulos los actos llevados a cabo por ese gobierno y promete al tiempo una amnistía general que quedará incumplida. Riego es ahorcado y muchos liberales vuelven al exilio. 3.

La "Década Ominosa" ( 1823-1833)

El decreto de l de octubre de 1823 liquida la etapa anterior y abre una década de despotismo absolutista. En ella no faltan conspiraciones y golpes de signo liberal -como el de Torrijas, fusilado en Málaga-, pero lo más importante tiene que ver con la cuestión sucesoria y con la práctica consumación del proceso independentista colonial. En 1830, ante el embarazo de la cuarta esposa del rey, María Cristina de Barbón, y la eventualidad de una descendencia femenina, cierta disposición de 23 de marzo hace pública la Pragmática sanción de 1789, derogatoria de la ley sálica, que hasta entonces se había mantenido secreta (38,1,B,2). Al restablecerse así el orden sucesorio de las Partidas, con la consiguiente posibilidad de que en defecto de hijos varones ~ue no los había- reinaran las hembras, quedaban anuladas las expectativas del infante Carlos, hennano del rey. Ello habría de provocar un enfrentamiento, radicalizado desde que la reina dio a luz una niña (la futura Isabel 11), donde se mezcló la propia cuestión dinástica con el alineamiento político (liberal o conservador), y con una problemática jurídica extremadamente compleja. En el verano de 1832, estando la Corte en La Granja, Fernando VII cae en peligro de muerte. Ante la amenaza de guerra civil, tienen lugar unos controvertidos acontecimientos, los sucesos de la Granja, que dan lugar a un decreto derogador de la Pragmática Sanción, el cual en consecuencia restablecía la ley sálica. ¿Fue aquello fruto de intrigas y presiones, o actuó el rey libre y espontáneamente?. Suárez Verdeguer ha defendido en un acreditado estudio esta segunda explicación. En cualquier caso su efectividad sería nula. Restablecido Fernando VII, el último día de ese agitado año el rey hace pública en el mismo lugar una declaración anulatoria del decreto anterior, arguyendo haber sido objeto de engaño, con lo que queda revalidada la Pragmática sanción y por lo mismo el derecho de Isabel a heredar el trono. Convertida en reina al año siguiente tras el fallecimiento de su padre, la regencia de María Cristina se inicia con una honda escisión entre los partidarios de Isabel (isabelinos) y los de don Carlos (carlistas), cuya pretensión jurídica se basó no tanto en la dudosa validez de cuanto Fernando VII había hecho y deshecho, cuanto en un presunto derecho adquirido a reinar en defecto de hijos varones del monarca, al ha-

Ln ,·uestión ,liUCt'.\'Oria.

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Ln independenán de Aml!rirn.

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ber nacido cuando inequívocamente regía la ley sálica, es decir, antes del año 1789 en que se promulgó la Pragmática sanción. En todo caso la contienda de isabelinos y carlistas habría de desbordar la específica cuestión dinástica para desembocar en una doble y antagónica concepción de la vida nacional. En América, por otro lado, culmina en esta etapa el proceso emancipador iniciado años atrás. Al coincidir el conflicto en esos primeros años con la Guerra de la Independencia, las autoridades españolas de ul tramar hubieron de hacer frente a los insurrectos sin ayuda de la metrópoli. De ahí que se haya dicho, no sin razón, que aquella confrontación inicial fue una especie de guerra civil entre americanos. Al estudiar la figura del general Francisco de Miranda, Gómez Mampaso hace referencia a la independencia de Venezuela, proclamada el 5 de julio de 1811 , a lo que siguió una violenta reacción de vascos, catalanes y -especialmente- canarios. Pero de modo paralelo, como señala esa profesora, venezolanos y españoles realistas se levantaron frente a la naciente República. Estos episodios son ciertamente sintomáticos del magma independentista, que en cada sitio, además, tuvo connotaciones diversas .

A partir del Congre~o de Tucumán (1816), donde se ftjó la ruptura con España de las provincias del Plata, el movimiento insurreccional entra en una fase aguda y surge con O'Higgins la patria nueva en Chile, cuya independencia se declara en 1818, o tiene lugar la proclamación de la Gran Colombia (Venezuela, Nueva Granada y Ecuador) al año siguiente. Lograda durante el trienio la independencia de México, en 1821, tras rechazar las Cortes una oferta política (el Plan de Iguala) que hubiera podido situar al frente de ese país a un infante español, y consumada en el mismo año la liberación de los países de la América central, restaba el Perú como gran reducto de la resistencia hispana. El plan de ataque concertado en Guayaquil entre San Martín y Bolivar, a lo que se sumará el concurso de la escuadra inglesa, tuvo como epílogo en 1824 la batalla de Ayacucho, que puso fin a la lucha armada y donde participó cierto militar, Espartero, al que aguardaba un brillante futuro. De esta forma, en apenas tres lustros, cayó deshecho el Imperio. Como además había sido cedida la Florida a Estados Unidos a cambio de una compensación económica, al iniciarse los años treinta España sólo poseía en América la zona insular del Caribe, con Cuba y Puerto Rico. El gigantesco descalabro se había saldado entre la incompetencia de los políticos, la inhabilidad de los militares, las interferencias de unos y otros, y la inconsciencia de todos. No hubo siquiera por ello una gran crisis del sentir nacional. Sólo la pérdida de los restos del Imperio, al término del siglo, servirá como amargo revulsivo de la conciencia española.

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C)

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LA GUERRA CARLISTA Y LOS LIBERALES, 1833- 1840

Femando VII muere el 29 de septiembre de 1833. El 1 de octubre, don Carlos María Isidro publica el Manifiesto de Abrantes en defensa de sus derechos. Al asumir María Cristina las funciones de regente surgen los primeros levantamientos de voluntarios realistas, cuya alianza con los defensores del absolutismo tradicional tuvo como contrapartida la coalición de María Cristina con los liberales. La guerra, pues, como hemos dicho, enfrenta dos concepciones políticas, y es además una pugna entre el mundo urbano, predominantemente liberal, y el del campo, donde los principios carlistas logran arraigo. Por su trasfondo ideológico adquiere una resonancia europea, habiendo sido comparada con la guerra civil de 1936, por cuanto en aquélla, como en ésta, soldados, informadores de opinión pública y voluntarios más o menos idealistas del otro lado de los Pirineos, acuden a España persuadidos de que aquí se ventilan problemas que en última instancia afectan al conjunto de la civilización occidental. En el ideario carlista, cuyo primer ingrediente fue el absolutismo monárquico contrarrevolucionario, concurren otros dos factores de suma importancia. De una parte la cuestión religiosa, sobre todo a raíz de la política desamortizadora. De otra, por la preferente localización del movimiento en Vascongadas y Navarra, el problema foral. Frente a la amenaza laicista, el carlismo defiende una concepción religiosa tradicional y don Carlos se declara en sus proclamas "llamado por Dios para ocupar el trono español". Frente al uniformismo liberal, aunque no faltaran liberales vascos defensores del autonomismo, el carlismo se muestra decididamente foralista. La guerra, desarrollada en los dos frentes principales del país vasconavarro y del Maestrazgo, concluye con el Convenio de Vergara (1839) que significa el triunfo del liberalismo sobre el Antiguo Régimen. Su secuela jurídica, ya en la etapa siguiente, fue un decreto de 29 de octubre de 1841, que de hecho abolió el régimen foral vasco, aunque provisionalmente fuera restablecido tres años después. El artículo 8 de ese decreto establecía que las leyes, disposiciones del gobierno y providencias de los tribunales se ejecutarán en las provincias vacongadas como en las demás provincias del reino, lo que supuso la abolición del pase foral y en consecuencia, como precisa, Gómez Rivera, la pérdida de "todo mecanismo de defensa institucional". Con todo, la consecuencia jurídica más importante del Convenio de Vergara fue la Ley de Modificación de Fueros, o ley paccionada de 16 de agosto de 1841, que extendió a Navarra la organización política y judicial vigente en el resto de España, dejando sólo a salvo un sector de autonomía administrativa y :financiera. Por lo demás, y pese al nombre de paccionada con que es normalmente conocida, los autores has discrepado sobre la naturaleza jurídica de tan importante ley. En resumen de la profesora Galán, nos encontraríamos con tres

Resonancia ideológica de la Primera Guerra Carlista.

Religiosidad y foralismo.

El Decreto de 29-X-1841 y la Ley Paccionada de 16-VIII-1841.

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El motín de la Granja.

interpretaciones: la de los que le reconocen ese carácter de ley pactada; la de los que la consideran una ley ordinaria, y la intermedia de quienes la juzgan una ley de carácter especial. En cualquier caso, como ha escrito la citada autora, "a partir de 1841, Navarra perdió la condición de reino y pasó a ser una provincia, pero no una provincia más, dadas las especiales competencias que mantenía al amparo de la citada ley, especialmente en materia fiscal y administrativa, lo que ha supuesto que se haya calificado como provincia foral". Los liberales, a su vez, se habían desenvuelto en los primeros años en un clima de compromiso razonable, del que fue reflejo el texto conciliador del Estatuto Real de 1834. Sin embargo, tras el motín de la Granja, cuando dos años después otro pronunciamiento militar impuso por la fuerza un gobierno radical, el liberalismo quedó escindido en dos corrientes, avanzada y conservadora, o, traducido en términos políticos, en dos partidos: progresista y moderado. El triunfo del liberalismo radical, para el que ya no sirve el modelo gaditano, tendrá su arquetipo en la Constitución de 183 7. En el campo del reformismo económico-social y de las relaciones con la Iglesia, la acción de los progresistas se manifiesta a través de la campaña desamortizadora protagonizada por Mendizabal. 11.

De la c:onsolidac:ión liberal a la Revolución A)

Espartero y los progresistas.

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LAREGENCIADEESPARTERO, 1841-1843

Concluida la guerra carlista y asentado el régimen liberal, hubiera sido de esperar un gobierno en manos de la burguesía, según preconizaba el liberalismo doctrinario de la época. Pero tal como ha observado Palacio Atard, se produce entonces una aproximación de los políticos dirigentes a los militares de prestigio, en consonancia con el mito populista, entonces en boga, de exaltación del ejército. En esas circunstancias, un general de humilde cuna, Baldomero Espartero, aparece a modo de árbitro de las dificultades políticas que María Cristina atraviesa como regente en 1840, y el 10 de mayo del año siguiente se hace él mismo con la regencia que acumula a la presidencia del gabinete. La reina madre ha desaparecido de escena y se instala en Francia. Si María Cristina había conducido el país en alianza con los moderados, Espartero intentó hacerlo apoyándose en los progresistas. Tuvo así enfrente a un gran sector del ejército, receloso de esa connivencia con los radicales, a los propios moderados, a la burguesía catalana-por la política de aquél favorable a los tejidos ingleses--, e incluso a los sectores sociales más extremistas. Cuando el general perdió el respaldo de su propio partido, la conjunción de todos le hizo caer. Tras unas sublevaciones en Andalucía y Cataluña, Narváez entra victorioso en Madrid, y liquida el llamado cesarismo liberal de Espartero el mismo año 1843 en que Isabel 11, entonces mayor de edad, inicia efectivamente su reinado.

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B)

LA DECADA MODERADA (1844-1854) Y EL PRIMER CENTRISMO POLIDCO Cuando en 1844 Narváez disuelve las Cortes y convoca elecciones, su triunfo fue tan rotundo que sólo salió elegido un diputado liberal. No era sin embargo fácil que un frente tan amplio, vencedor de Espartero bajo el señuelo de la "reconciliación de los partidos", pudiera ofrecer una alternativa de gobierno homogénea y sólida. Las peripecias políticas habían llegado en cualquier caso a cansar al país, y el "disfrutar de tranquilidad y sosiego bajo el imperio de las leyes y a la sombra tutelar del trono", según rezaba el mensaje de la Corona a las Cortes de 1844, era algo en el fondo coincidente con la apetencia común. No faltaron desde luego resistencias marginales, como las de los carlistas dirigidos por el conde Montemolín, o los primeros movimientos republicanos, pero frente a las tensiones extremistas de derecha o izquierda se intentó y llevó a cabo el primer gran ensayo de centrismo político. La síntesis moderada tuvo, según su estudioso Carlos Seco, tres claves principales, dos de ellas consumadas y una tercera inconclusa. La primera fue el propio ordenamiento constitucional, es decir, la Constitución de 1845. La segunda, relativa a las problemáticas relaciones con Roma, se resolvió en el Concordato de 1851. La tercera fue la posibilidad, frustrada, de cerrar el pleito dinástico mediante el matrimonio de la reina con el conde de Montemolín, primogénito del pretendiente Don Carlos, proyecto defendido por el polígrafo catalan Jaime Balmes y que hubiera podido evitar la nueva guerra civil. Posiblemente, como dice Seco, ello constituía ya una "frontera insalvable para el asimilismo moderado". El régimen de Narváez construyó, mediante numerosas reformas, el andamiaje centralista del Estado contemporáneo. Basado constitucionalmente en la coexistencia de los dos grandes partidos, moderado y progresista, la acusada marginación de éste produjo su ruptura por el ala izquierda y el nacimiento del partido demócrata. A su vez el partido gobernante resultó minado por las discordias internas. El centrismo moderado se disolvió desde dentro por las desavenencias de los pequeños grupúsculos de puritanos, polacos, reaccionarios y neocatólicos, en una verdadera premonición de lo que habría de suceder en el futuro próximo o remoto a otras empresas políticas de contextura semejante. C) LA REVOLUCION Y EL BIENIO PROGRESISTA, 1854-1856 La Revolución de 1854 se inicia con un pronunciamiento de militares conservadores en Vicálvaro (28 de junio), como protesta por el desgobierno y la corrupción, para derivar luego a la alianza con las fuerzas progresistas. A la vicalvarada madrileña siguieron así una serie de sublevaciones durante el mes de julio en Barcelona, Valladolid, Zaragoza y Valencia, cuyo triunfo posibilitó el gobierno Espartero-O'Donnell y una coalición moderado-progresista que durante dos años retuvo el poder. La coalición con-

Claves del centrismo moderado.

Crisis y final.

La Vica/varada.

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Balnna tfelúiLnu,.

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currió a las elecciones constituyentes bajo el lema de Unión Liberal, elaborando una Constitución en 1856, precursora de la de 1869, que pese a su aprobación por las Cortes no llegó a ser promulgada. El bienio postrevolucionario contó en su haber, junto al citado texto constitucional, con algunas significadas reformas. Entre ellas cabe destacar la ley de desamortización general de Madoz, de 1 de mayo de 1855, y la de ferrocarriles, de 3 de junio del mismo año. A la ya habitual conflictividad política se sumó entonces la específica del movimiento obrero, que había participado en el alzamiento de Barcelona, y las agitaciones campesinas surgidas en Castilla. En julio de 1855 tuvo lugar en Barcelona una huelga general de alarmantes proporciones. Tras la caída de Espartero (julio de 1856) se adoptaron numerosas medidas contra el revolucionarismo obrero, que culminarán luego en la prohibición general de todo tipo de asociaciones (31 de marzo de 1857). D) LA UNION LIBERAL, 1856-1863

En 1856 O'Donnell asume el restablecimiento del régimen moderado que él mismo había contribuido a derrocar con su participación en la vicalvarada. Eje del nuevo sistema fue un segundo y ecléctico centrismo, la Unión Liberal, que aunque quizás ayuno de ideología propia, representó una positiva aportación a la estabilidad política. Con cierto talante de modernidad e integración, de la que quedaron fuera carlistas y republicanos como extraños al consenso, la Unión Liberal representó, en frase de Carr, "un intento de conseguir gobernar con la anuencia de los gobernados". Prólogo a la Unión liberal, cuyo nacimiento puede situarse en una circular electoral de 28 de noviembre de 1858, fue la breve etapa moderada del ministerio Narváez. En ella se promulgó la ley de Instrucción Pública de 1857, reguladora de la enseñanza universitaria durante más de un siglo. Según Alvarez de Morales, esa ley Moyano , conocida por el nombre de su autor, no introdujo novedades de fondo , limitándose a ordenar con rango legal lo que ya estaba dispuesto en normas inferiores.

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Bajo esta coalición electoral, de la que formaron parte gentes de la izquierda moderada y progresistas templados, tuvo lugar entre 1858 y 1863 el gobierno largo de O'Donnell, que fue el de mayor duración de todos los que existieron en el reinado de Isabel II. Entre sus realizaciones más notables hay que destacar la recuperación de la imagen internacional de un país hasta entonces enclaustrado (Guerra de Africa, expedición a la Cochinchina, episódica anexión de Santo Domingo e intervención en México), lo que despertó el optimismo nacional y revalorizó la imagen del ejército. Fue sobre todo espectacular el progreso económico en muy -diversos as-

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pectos: mejoras agrícolas, despegue industrial, construcción de la red ferroviaria, potenciación del comercio, etc. A pesar de todos los éxitos, y a pesar también de la mayoría parlamentaria y del apoyo del ejército, esta segunda experiencia centrista sucumbió por males muy semejantes a los que destruyeron la primera. Ríos Rosas, Alonso Martínez y Mon fueron algunos de los disidentes ilustres. La reina se negó a disolver las Cortes y O'Donnell hubo de dimitir el 27 de febrero de 1863. E) EL PRELUDIO DE LA REVOLUCION, 1863-1868

En los cinco años y medio que transcurren desde la caída de O'Donnell hasta que Isabel II pierde el trono, se suceden siete gobiernos. El problema de fondo es la marginación de los progresistas, el predominio de fugaces camarillas moderadas, la acentuada radicalización de los excluidos y la creciente soledad de la Corona. Apoyada ésta en la oligarquía palaciega, la desaparición de O'Donnell y Narváez, generales que habían presidido algunos de esos gobiernos, deja desguarnecido el trono. Tuvo lugar así un desviacionismo de las fuerzas políticas hacia posiciones extremas, acercando sus planteamientos a lo que pretendían los conspiradores revolucionarios y los activistas de sociedades secretas. El partido demócrata se orientó al republicanismo, mientras los progresistas desairados eran ya decididamente antidinásticos. Como ha destacado Fontana, para los demócratas sólo era posible alcanzar el poder por medio de la revolución, mientras los progresistas, que durante un tiempo confiaron en que cualquier pronunciamiento obligara a la reina a llamarles al poder, concluyeron por desengañarse de tal posibilidad. La "oligarquía constitucional" de Isabel II, donde en observación del citado profesor había más funcionarios que electores reales, no permitía albergar muchas esperanzas de lo que saliera de las urnas. A un clima político depresivo, que arrastró al exilio a personalidades progresistas y moderadas (Pi y Margall, Castelar, etc.), se sumó la crisis económica. Todo apuntaba al golpe de Estado. Prim fue el líder de la conspiración y en septiembre de 1868 la conspiración triunfa. Isabel II se refugia en Francia. F) EL SEXENIO REVOLUCIONARIO, 1868-1874

Al gobierno provisional , presidido primero por Serrano y luego por Prim, correspondió organizar el Estado salido de la Revolución. Formado el 8 de octubre, antes de finalizar el año convocaba Cortes constituyentes con un régimen de sufragio universal para los mayores de veinticinco años.

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El gran problema político era ahora la ordenación institucional de una victoria fruto de la concurrencia de muchos, pero no de todos. A ese problema se sumaron los conflictos surgidos con los secesionistas de Cuba, que obligaron a renunciar a dos promesas tan cacareadas como la abolición de quintas y la reducción de impuestos, y el aluvión de dificultades de orden público interno por la persistencia de las juntas revolucionarias y de unos contingentes milicianos, los voluntarios de la libertad, que finalmente fueron desarmados y disueltos. ¿Monarquía o República? Unionistas y progresistas constituían formalmente el bloque monárquico, mientras que en el partido demócrata existía un sector, los cimbrios, partidario también del trono, y otro de espíritu federalista que llegará a cuajar en el primer partido republicano de España. Las Cortes de 1869 hubieron de afrontar esta cuestión principal, resuelta, por la mayoría de aquéllos, en favor de la solución monárquica. Ahora bien, lo que esas Cortes decidieron tras largos y aparatosos discursos, en un momento estelar de la oratoria parlamentaria, era algo más complicado en la práctica que en la retórica. Debía haber monarquía, pero ¿quién iba a ser el rey?. Descartada Isabel 11, era preciso buscar otra persona. Semejante tarea, no poco artificiosa, resultó difícil y hubo de transcurrir más de un año desde que la monarquía reconocida en la Constitución de 1869 contara con el monarca. Tras diversos intentos, el duque de Aosta aceptó el trono. Amadeo de Sabaya vino a reinar a España en 1870 entre borrascosos presagios. Su candidatura había sido aprobada por las Cortes con casi un tercio de los votos en contra y bastantes abstenciones; y al desembarcar en Cartagena recibió la noticia del asesinato de Prim. Como rey de alguna forma prefabricado, no llegaría a disfrutar del fervor popular y ni siquiera suscitó grandes adhesiones cortesanas. Durante los dos años de su reinado, se sucedieron tres elecciones generales v seis gabinetes. Sin embargo, más allá del problema de una popularidad costosa de improvisar, la razón de su fracaso fue doble: sobre el basamento ideológico de la Revolución de Septiembre, republicano en el fondo, se había diseñado una monarquía ficticia; además la coalición triunfadora estaba practicamente deshecha y el mismo partido de Prim había quedado escindido en radicales y conservadores. Aquello era difícil que lo gobernara cualquiera y mucho más difícil que lo gobernara un rey. Amadeo hubo de abdicar. El mismo día 11 de febrero de 1873, en que renunció el monarca, se produjo la proclamación pacífica de la primera República. En los once meses escasos que tuvo de vida, fue presidida por cuatro personalidades tan ilustres como discordes: Figueras, organizador de un sistema de coalición; Pi y Margall, partidario de una república federal; Salmerón, paladín de la

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república radical y unitaria; y Castelar, que defendía la república conservadora. Esas desavenencias eran en último término reductibles a la eventual y polémica configuración de España como república federal, posibilidad defendida por el partido republicano y combatida por los radicales. En sí misma, como sistema político, la República que carecía de arraigo careció también de apoyos. En el exterior fue vista con recelo, siendo sólo reconocida por Estados Unidos y Suiza. Dentro del país sus únicos soportes fueron el sector político de la burguesía de izquierdas, algunos elementos obreros, y un núcleo muy heterogéneo de intelectuales que iba desde los federalistas margallianos a los profesores krausistas, con el refrendo conservador de la oratoria de Castelar. Todo aquello era minoritario y carecía de base popular. Palacio Atard ha sentenciado que "en España no había republicanos". La nueva guerra carlista aprovechó el desconcierto existente y añadió otras dificultades. Entretenido el ejército en ellas, surgieron las revueltas cantonales de Andalucía y Levante, cuya represión forzó a la República a adoptar un aire más conservador, e incluso, dada la situación límite, a que Castelar suspendiera las garantías constitucionales y gobernara por decreto. Ante la derrota parlamentaria de Castelar en la madrugada del 3 de enero de 1874, y la consiguiente amenaza federalista, el general Pavía envió sus tropas al Congreso y unos disparos al aire disolvieron a los diputados. Tras casi un año de transición, el 29 de diciembre Martínez Campos dio en Sagunto el grito de ¡Viva Alfonso XII!

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111. La Restauración y la convivencia canovista Pese al aluvión de ensayos políticos del sexenio, la realidad nacional había cambiado poco. De acuerdo con el análisis de Jover, hay que admitir que ni la Revolución de 1868, ni la monarquía de Amadeo, ni la República de 1873 habían mudado en lo sustancial la estructura socioeconémica.de la vieja España isabelina. La empresa restauradora contarf·alfora con él apoyo financiero de la alta burguesía, que ha de defender sus intereses comerciales y entre ellos los derivados del tráfico con las Antillas, y con el refrendo de un ejército que es monárquico y liberal, esto es, extraño a las soluciones absolutistas del carlismo y opuesto a reformas que pongan en peligro la integridad nacional. Se necesitará además y sobre todo un artífice que deseche las formulas agotadas de convivencia política, y pergeñe otras nuevas de cara al futuro. Esa persona, el malagueño Cánovas del Castillo, es consciente de tres cosas fundamentales: la Restauración no es posible en la personalidad amortizada de Isabel II y hay que buscarla en su hijo Alfonso; el mosaico poi ítico debe ser reducido a un bipartidismo estable; el poder civil debe primar

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y, en consecuencia, hay que apartar al ejército de los pronunciamientos hacia los que antes fue empujado por unos y por otros. La monarquía de Sagunto tuvo propiamente dos etapas. Una primera hasta 1898, en la que se inscribe el reinado de Alfonso XII, muerto en 1885, que es el gran período de la Restauración; y otra segunda, ya en el siglo XX, de signo revisionista y paulatina debilidad. En la inicial, que agota el marco cronológico que nos hemos propuesto, Cánovas consigue nada más y nada menos que la neutralidad del Estado. El, al frente de la derecha moderada, y el riojano Sagasta, al frente de la izquierda liberal, se alzan como las grandes figuras garantes al tiempo del pluralismo y la estabilidad. Mérito de Cánovas fue idear el sistema. Mérito de Sagasta, no menor, fue incorporar a la izquierda y rescatarla de los excesos revolucionarios; como dirá Pabón, convertir el "liberalismo de hoguera y antorcha" en un "liberalismo al baño María". El régimen de convivencia canovista se plasmó en la Constitución de 1876, que hubo de superar tanto el extremismo de las izquierdas como la intolerancia de los moderados, exacerbada ahora con la cuestión religiosa. Vencidos los carlistas en una última guerra, la ley de 21 de julio de 1876 extinguió definitivamente los fueros vascongados, logrando la unificación general del derecho público en España, con la única excepción de los particularismos que desde 1841 mantenía Navarra. Pese a las protestas de los ayuntamientos vascos a la hora de su aplicación -reclutamiento militar. impuestos, etc.-, Cánovas se mantuvo inflexible. Los antiguos organismos forales fueron sustituidos por diputaciones provinciales, que firmaron con el poder central los primeros conciertos económicos. Como el profesor Monreal resume, al comentar esta ley de 1876, "partiendo del supuesto de que las aduanas, el pase foral y !ajusticia habían sido legalmente derogadas, (Cánovas) da un decisivo paso adelante imponiendo en la ley la obligación del servicio militar y la del pago de impuestos". Los textos de la historia jurídica y política del País Vasco, desde el convenio de Vergara, han sido objeto de una cuidadosa edición por parte de Virginia y Carlos Tamayo. Esos textos constituyen las fuentes documentales y normativas del Estatuto de Guernica .

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El turno pacífico de los partidos quedó canonizado cuando, al mori r Alfonso XII, Cánovas aconsejó a la regente María Cristina, en el llamado Pacto de El Pardo, que para fortalecer a la monarquía, llamara a los liberales al poder. La ingente labor política de la Restauración tuvo sin duda algunas sombras, y seguramente entre ellas la desatención regional, el descuido de los problemas sociales y la escasa solicitud por el quehace r intelectual, reivindicado entonces por la Institución Libre de Enseñanza.

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Su gran contrapartida fue en todo caso el desastre colonial, si bien no es fácil imaginar que cualquier otro régimen, en la España de entonces, hubiera sido capaz de resolver con decoro semejante problema. La revolución de Martí y la intervención de Estados Unidos hicieron inviable la situación de Cuba y fueron el preludio del fin. Tras la guerra hispano-norteamericana, si cabe llamar así al despropósito del desigual enfrentamiento de ambas escuadras en el Pacífico y en el Caribe, España perdió lo que quedaba del Imperio: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Fue aquello un desastre económico, pero fue sobre todo un profundo desastre moral. ¿Qué juicio cabe hacer en suma de la Restauración?. Ortega desautorizó globalmente ese sistema político por considerarlo una especie de componenda artificiosa, alejada de los verdaderos problemas de la España real. Frente a la sentencia del filósofo -"La Restauración, señores, fue un panorama de fantasmas, y Cánovas el gran empresario de la fantasmagoría"- hay probablemente más verdad en el juicio de un historiador actual, José Luis Comellas, quien la valora como "el sistema político más completo, homogéneo y fecundo que ha edificado el liberalismo español".

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835

44.

ESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL DE LA ESPAÑA LIBERAL

l. Estructura Económica A) LA AGRICULTURA: DESARROLLO Y FUEN1ES DE RIQUEZA

El panorama agrícola de esta centuria comprende tres etapas principales. La primera, hasta 1837, es deudora de la situación y problemas del Antiguo Régimen, a los que se hace frente con una serie de medidas que conducen a la llamada revolución agraria. En la segunda, de 1837 a 1860, tiene lugar una fase de expansión de los terrenos de cultivo, que ocasionalmente contrasta con la mengua del rendimiento de determinados productos. La tercera, en las últimas cuatro décadas, es un período de reajuste, de signo inverso, con mayores índices de productividad y cierta disminución de esas superficies cultivadas. Si se tiene en cuenta la importancia de la agricultura en la vida económica del país, dado que al iniciarse el XIX dos terceras partes de la población trabajan en ella y más de la mitad de la renta nacional procede del campo, es muy comprensible la afirmación de Tortella de que esa revolución agraria fue requisito y punto de partida de la Revolución industrial, que propiamente caracteriza al siglo XIX en Europa y que a nosotros nos alcanza en los últimos años. Aquélla hizo posible a ésta en la medida en que los excedentes agrarios facilitaron el sostenimiento de populosos núcleos urbanos y su ulterior industrialización, al procurar un flujo emigratorio del campo a la ciudad, con lo que el agro genera el proletariado que acude a las fábricas, y al constituirse, cerrando el ciclo, como mercado de los propios productos que la industria elabora. La agricultura heredada del Antiguo Régimen arrastra una serie de lastres , a cuya eliminación se procede ahora . De un lado la prohibición de cerrar las heredades, a fin de que tras la cosecha pudiese pastar el ganado. Un decreto de 8 de junio de 1813 puso fin a esa traba, estableciendo la li bertad de cercamiento y arrendamiento de tierras. De otro, la prohibición de roturar baldíos y montes, suprimida con la abolición, en 1812 y 1836, de las leyes y ordenanzas correspondientes, así como con la reducción

Elde.l'flrmllo agrícola como pre.< upue.
Medidas liberadoras de la a¡¡nrulturn.

836

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del trixo.

Augt' ,·,Hcoln y otrnsfi"'lltt!,\ dt• ru¡ue: n.

LA ESPAÑA DEL XIX

durante esos años de los baldíos a propiedad particular. Finalmente, la sustracción de tierras al cultivo en beneficio de la ganadería, a tenor de las leyes que habían protegido el desarrollo de la Mesta, que la revolución liberal contrarresta con disposiciones de signo contrario, causantes del derrumbamiento de la célebre organización en 1839. La expansión agrícola fue asegurada, en fin, por la abolición de tasas y la libre circulación de los productos del campo, y sobre todo por la política de abolición de señoríos, desvinculación de mayorazgos y desamortización de bienes raíces, a la que nos referiremos a continuación. Tras la crisis de subsistencias provocada por la Guerra de la Independencia, que hizo subir el precio de los cereales y diezmó la ganadería, las leyes de 1820 y 1834 establecieron un sistema proteccionista prohibiendo la importación de trigo extranjero, medida sintomática de que por entonces la producción nacional era suficiente para abastecer la demanda interna. El monopolio del trigo castellano facilitó la extensión de su cultivo a otras zonas de la periferia, pero el crecimiento de la producción de cereales no fue desde entonces rectilíneo ni demasiado considerable. A salvo de algunos años en que las buenas cosechas permitieron la exportación de excedentes, el nivel medio se limitó a satisfacer el consumo nacional, cayendo desde los años setenta en una acelerada crisis que obligó a la importación. El viñedo sí progresó sin retrocesos, mediante una continua expansión de las zonas de cultivo desde la periferia al interior, convirtiéndose la producción de vinos y pasas en la primera partida de las exportaciones. El auge vitivinícola español de la segunda mitad del XIX, se benefició indirectamente de la plaga de filoxera que causó la ruina de los viñedos franceses, situándose España en la década 1882-1892 como primer productor mundial, aunque la ulterior extensión de esa calamidad a nuestros campos hizo cambiar el panorama de los vinos peninsulares a la entrada del siglo XX. El aceite mantuvo su tradicional papel de primer factor de la economía nacional, destacando la cre~i~pt_.ejmportancia adquirida por los productos frutales y el cultivo de regadío, base de una próspera industria alimenticia. Más difícil es en cambio valorar el proceso de la evolución ganadera, a tenor de las incongruentes cifras que presenta el censo llevado a cabo en 1865 con respecto a la situación anterior y a otras evaluaciones posteriores.

B) LA PROPIEDAD AGRARIA Y SUS REFORMAS

La nueva propiedad agraria, característica del Estado liberal, descansa fundamentalmente en tres grandes reformas: la disolución del régimen señorial , la desvinculación de los mayorazgos y la desamortización de los grandes dominios pertenecientes a las llamadas manos muertas.

ECONOMIA Y SOCIEDAD

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Esas tres reformas del derecho de propiedad servirán, con palabras del profesor Bedera, para destruir las bases de la sociedad estamental.

l.

Disolución del régimen. señorial

Los legisladores de Cádiz se enfrentaron ya al gigantesco problema del régimen señorial que, desde la Edad Media, había configurado el sistema de propiedad agraria. Su actitud negativa fue sin embargo una actitud matizada, en tanto en cuanto rehabilitaron la distinción, difusa por entonces, entre los señoríos jurisdiccionales y aquellos otros con una simple base territorial o solariega. En este sentido, un importante decreto de 6 de agosto de 1811, si bien dispuso la incorporación "a la nación" de los primeros, permitió que los segundos quedaran "en la clase de los demás derechos de propiedad particular". La ecléctica solución adoptada por el decreto de 1811 fue revisada en los años siguientes. Punto clave de la nueva política fue el problema de la presentación de títulos por parte de los señores, habida cuenta de que esos documentos permitirían diferenciar unos y otros señoríos, y justificar además adecuadamente el fundamento jurídico de los amplios dominios territoriales. Consecuencia de la política abolicionista del trienio liberal fue una ley de 3 de mayo de 1823, dictada para interpretar el problemático decreto, que estableció la necesidad de presentar esos títulos para garantizar que cualquier señorío no fuera de los incorporables. El término del proceso tuvo lugar con la ley de 26 de agosto de 1837. Respecto a la cuestión de los títulos se arbitró una fórmula de compromiso, consistente en eximir a los dueños de los señoríos solariegos de la obligación de presentarlos, y exigir en cambio el título de los señoríos jurisdiccionales objeto de incorporación. Cabe decir así que las leyes abolicionistas cumplieron el triple fin de suprimir lo jurisdiccional, recortar lo tributario y respetar lo territorial.

St•,;orío.,· j11ri.,·dicrhmnle.,· y .'io/ariego.oe

el decreto de 6-V/f/. /8// .

Lll Ley de 26- V/ll-/8J7.

El patrimonio señorial se vio afectado por la legislación liberal de forma muy distinta según territorios. En muchos casos las alteraciones fueron grandes. pero hubo también otros en que apenas se percibe modificación alguna. Este fu e el caso, por ejemplo, del señorío riojano de Baños. estudiado por la doctora Sáenz Berceo. Por otra parte, en lo que concierne a este señorío, se aprecia que el importante decreto de 1811 produjo repercusiones inmediatas. " El efecto del Decreto de 1811 , en el señorío - escribe esa profesora- es palpable en la pérdida por parte del señor del alcalde mayor y de los órganos de justicia, junto con la prerrogativa del nombramiento de cargos del concejo" (El régimen señorial, 352).

2.

Desvinculación de mayorazgos

El mayorazgo es una forma de propiedad característica de la nobleza señorial, que impide la enajenación de los bienes, preferentemente inmuebles, constitutivos del patrimonio o que su titular incorpora a él. Los bienes

Mnyornz,.:oy lntijundi.mw.

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ln Ley de II -X-1820.

LA ESPAÑA DEL XIX

de esta suerte quedan vinculados y por tanto sustraídos al libre comercio, pasando en bloque a un heredero preferente, que suele ser el "mayor" o primogénito. Tal institución supuso que el titular pudiera disponer de las rentas, aunque no de los bienes mismos, pero como por el contrario sí podía incrementar la masa patrimonial con nuevas adquisiciones, la vigencia secular del mayorazgo condujo al crecimiento incesante de las propiedades nobiliarias, y en concreto de la propiedad rústica, que a consecuencia de ello se acumuló progresivamente en manos de un reducido número de personas. Los perjuicios económicos de semejante fenómeno, llamaron ya la atención de los reformistas de la segunda mitad del XVIII, si bien estas gentes no dejaron de subrayar el respeto al derecho de propiedad e incluso el papel político de una nobleza así fortalecida. En los últimos años de esa centuria y en los primeros de la siguiente, se dictan diversas medidas de carácter corrector, con el objeto de hacer repercutir en la hacienda pública, depauperada entonces por las guerras, el beneficio de posibles y limitadas enajenaciones. Desde entonces el reformismo habrá de trocarse en la pura y simple abolición de mayorazgos, consagrada al iniciarse el trienio liberal por la Ley de 11 de octubre de 1820, que se presentó ante las Cortes como "protectora de la libre circulación de la riqueza nacional". Su artículo primero decía así: "Quedan suprimidos todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y cualquiera otra especie de vinculaciones de bienes raíces, muebles. semovientes, censos, juros, foros o de cualquiera otra naturaleza, los cuales se resútuyen desde ahora a la clase de absolutamente libres".

ln Ley de /9. Vlll-1841.

Esta desvinculación del mayorazgo significa sencillamente que los titulares pueden disponer de sus bienes, lo que por supuesto nada tiene que ver con la expropiación. La propiedad ha sido liberada. El dueño de fincas vinculadas, puede venderlas si quiere. O más precisamente, a tenor del mismo texto legal, puede vender el entonces titular la mitad de los bienes, y su sucesor el resto, siendo incluso liberado éste de las posibles deudas de aquél. En la templanza de esa medida ha visto Clavero lo que él llama transacción histórica entre la nobleza, propietaria de tierras, y la burguesía, que hasta entonces por la vinculación no podía comprarlas. La ley de 1820 fue abolida y restablecida luego, al compás de las convulsiones absolutistas y liberales. Al iniciarse la regencia de Espartero, el ministro de Gracia y Justicia presenta a las Cortes un nuevo proyecto, que en realidad resucita otro fracasado antes. Ese proyecto habrá de convertirse en la Ley de 19 de agosto de 1841 sobre vinculaciones y mayorazgos, capítulo último de esta cuestión. Pese a ciertos forcejeos ulteriores de la jurisprudencia y la doctrina, la desvinculación decretada en 1841 fue irreversible, quedando consagrada en el Código Civil una concepción amplia y sin trabas del derecho de propiedad (art. 348), así como la nulidad de cualquier norma que pu-

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diera prohibir la alienación perpetua de bienes, e incluso la temporal fuera del límite aceptado para las sustituciones fideicomisarias (art. 785). 3.

La Desamortización

La desamortización fue un vasto fenómeno jurídico, político y económico, consistente en sustraer la propiedad acumulada en manos muertas, es decir, en personas jurídicas como la Iglesia o municipios, titulares de activos que solían ser inalienables y que por lo mismo gozaban de un permanente incremento, restituyendo luego esos bienes al tráfico jurídico normal. Tal tarea fue realizada por el Estado mediante la incautación de los bienes privados (fincas rústicas, urbanas e incluso determinados derechos reales en cosa ajena) y su ulterior venta en pública subasta. A diferencia de la desvinculación, que libera a los bienes de sus propietarios, la desamortización se los arrebata mediante una compensación y los nacionaliza, para reprivatizarlos después y obtener con la venta unos beneficios. La desamortización en consecuencia respondió tanto a la preocupación por reordenar el régimen de propiedad, como al afán de obtener nuevos y cuantiosos ingresos para el Estado. En su vertiente principal de desamortización eclesiástica, fue fruto también de tendencias de signo secularizador o manifiestamente anticlericales. La complejidad de la obra desamortizadora, así como su controvertida naturaleza y resultados, derivan en buena parte del hecho de que no se realizara de forma compacta y unitaria, sino a través de un largo proceso, incoado a fines del XVIII y concluido al término del XIX. Siguiendo a T9más y Valiente, cabe señalar en ese proceso tres etapas principales: la preparatoria, montada entre ambas centurias, hasta la tarea acometida por Mendizábal en 1836; una segunda desde entonces hasta la Ley Madoz de 1855; y la tercera y última, a partir de tal fecha, que comprende la desamortización general llevada a cabo por ese ministro y sus consecuencias.

-Primera etapa. Durante el siglo XVIII la preocupación de los ilustrados ante la improductiva acumulación de bienes, fue de distinto signo según se tratara de tierras de los municipios o de la Iglesia. En cuanto a las primeras, sujetas a la jurisdicción regia, procedía hacerlas accesibles al usufructo de los campesinos. En cuanto a las segundas, evitar sencillamente su aumento. Rompiendo con este moderado criterio, y de forma unilateral, el Estado emprende con Godoy desde 1798 una desamortización eclesiástica y también municipal. El profesor norteamericano Richard Herr cree que esa medida fue respuesta a las necesidades financieras de la guerra, y al evaluar su cuantía económica la califica de "acontecimiento

La De.rnmorti· ~ndán y .\'U.'i cnu.mx.

Etnpm.

Ln desnmortÍ'Ul· rüín de Godoy.

840

LA ESPAÑA DEL XIX

capital en la transformación de la España del antiguo régimen a su estado contemporáneo". La desamortización de 1798 es deudora del célebre Informe sobre la Ley Agraria que Jovellanos había presentado sólo tres aflos antes. Para la profesora Friera, Jovellanos habría sistematizado y desarrollado las doctrinas sobre la desamortización eclesiástica formuladas hasta entonces, con lo que sentó las bases de lo que se pudo hacer después. Cortes de Cádiz.

La desamortización de Mendizábal.

La desamortización de Espartero.

La desamortización general deMadoz.

Balance de la Desamorti=.ación..

A raíz de una memoria de Canga Argüelles, las Cortes de Cádiz dictaron un decreto desamortizador el 13 de septiembre de 1813, en cuya virtud los bienes podrían ser luego adquiridos, parte en metálico y parte en títulos de deuda pública. Aunque la reacción absolutista del año siguiente impidió su aplicación, el decreto prefiguraba ya un tipo de desamortización más atenta a intereses fiscales que a la reforma de la propiedad agraria. -Segunda etapa. Consta de dos fases complementarias. La primera, la más famosa desamortización de Mendizábal, materializada en un decreto de 19 de febrero de 1836 y en una ley de 29 de julio del año siguiente, recayó en los bienes de las Ordenes religiosas extinguidas en 1835. Las ven- tas de 1836, que sirvieron para financiar la guerra contra los carlistas, habrían de representar el paradigma de la legislación anticlerical. Su promotor, ministro entonces y después de Hacienda, cobró así celebridad como hombre "de funesta recordación para la Iglesia". Lo que Mendizábal había hecho con los bienes del clero regular, lo hizo Espartero en 1841 con los pertenecientes al clero secular. La venta de unos y otros entre 1836 y 1844, afio en que se paralizó el proceso con la vuelta al poder de los moderados, representó nada menos que las tres quintas partes de los bienes totales de la Iglesia espafiola. -Tercera etapa. La desamortización decretada el 1 de mayo de 1855, mediante la llamada ley Madoz, fué la más importante de todas. A juzgar por los datos expuestos por Simón Segura, el volumen de sus ventas excedió con creces a la suma de lo desamortizado en 1798 y 1836. La ley de 1855, manteniendo la desamortización eclesiástica antes iniciada, la amplió a una desamortización general de todas las propiedades y bienes amortizados, pertenecientes tanto al Estado como a los municipios, en cuyos bienes comunes se produjo, según la profesora Serna, una verdadera desintegración. Con algunas alteraciones y paréntesis, esta ley de Madoz, entonces ministro de Hacienda y diputado por Lérida, rigió durante toda la segunda mitad del siglo XIX, y en lo relativo a los bienes llegó a estar vigente hasta el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo de 1924. Su alcance territorial, variable según provincias, fue en todo caso enorme. ¿Qué significó la desamortización y quiénes fueron sus beneficiarios?. ¿Fue acaso la gran reforma agraria que puso en manos de los oprimidos campesinos aquellos grandes dominios de instituciones prepotentes?. En absoluto. Con

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independencia de que fuera o no el instrumento de la revolución burguesa, creador de un tipo de propiedad específica, cuestión en la que los autores discrepan, parecen bastante seguras dos cosas. En primer lugar que las subastas al mejor postor exigieron que los adquirentes fueran gente rica o acomodada, grandes o medianos propietarios rurales, y no desde luego campesinos cultivadores de tierras ajenas, con lo que el sistema latifundista se incrementó o cuando menos no se redujo. Dicho con otras palabras: los latifundios cambiaron de manos, de las muertas a las más ''vivas", pero siguieron existiendo. En segundo lugar, la situación de los campesinos fue a peor, porque de cultivadores de la propiedad eclesiástica o comunal, con grandes márgenes de tolerancia y hasta de descontrol en los arrendamientos, pasaron a depender de señores latifundistas que lógicamente querían obtener un máximo aprovechamiento de sus tierras. La contrapartida positiva, de estricto carácter económico, fue obvia: mejoró el rendimiento de las tierras y se pusieron en explotación muchas que hasta entonces habían permanecido abandonadas. En el saldo negativo hay que registrar además la dispersión y consiguiente pérdida de buena parte del tesoro artístico custodiado hasta entonces por la Iglesia. C)

LA INDUSTRIA Y LA REVOLUCION INDUSTRIAL

Desde mediados del siglo XVIII a la Primera Guerra Mundial, la vida económica de Occidente sufre una honda transformación que en conjunto constituye lo que llamamos Revolución industrial. Iniciada en Inglaterra y extendida luego a la Europa continental y a los Estados Unidos, esa Revolución industrial consistió en una serie de innovaciones en la técnica y modos de producción, cuyas bases fueron la invención de la máquina de vapor alimentada por carbón, el descubrimiento y utilización de nuevos métodos de transformación de materias básicas (hierro, acero e industrias químicas), la organización racionalizada del trabajo en el proceso productivo, y el aprovechamiento de los avances tecnológicos en la agricultura y el transporte. Tal proceso se hará presente en España en tomo a la producción textil catalana y a los estímulos del mercado colonial, en la medida en que desde fines del XVIII se produce no sólo para consumir sino también para vender, pero su tardío desarrollo, desajustes e infortunios, llegan a justificar que se hable de un fracaso de la Revolución industrial en nuestro siglo XIX.

l.

La Revolución industrial.

Los sectores industriales

La abundancia de recursos mineros apenas fue aprovechada hasta las últimas décadas de la centuria. El intervencionismo y control estatal significaron en los primeros tiempos una dura rémora para la iniciativa de los concesionarios, produciéndose un estancamiento que habría de ser roto por las doctrinas librecambistas inspiradoras de la legislación posterior al rei-

La Ley de 29-XII-J 868

y las sociedades mineras.

842

El hierro y la tC'tmomín f!J · paño/a.

lnd11 ,1ria .11dnúrgirn y /,x/1/.

LA ESPAÑA DEL XIX

nado de Isabel II. La Ley de Bases sobre minas, de 29 de diciembre de 1868, inauguró la nueva etapa al simplificar las adjudicaciones y conceder las minas a perpetuidad mediante el pago de un cánon. Esa ley y otra complementaria del año siguiente, que permitía la libre creación de sociedades, entre ellas las mineras, supusieron algo así como la desamortización del subsuelo, provocando una presencia masiva de compañías extranjeras interesadas en su explotación. Ingleses y franceses se hicieron cargo del aprovechamiento del plomo en Córdoba y Jaén. Las minas de cobre de Tharsis quedaron en manos de una compañía francesa (la Compagnie des Mines de Cuivre d'Huelva), sustituida luego por un consorcio británico (la Tharsis Sulphur and Copper Company), mientras las de Riotinto eran controladas por otro consorcio internacional que, tras laboriosas obras de infraestructura, llegó a obtener pingües beneficios. La comercialización del mercurio de Almadén, pudo haber sido acometida ventajosamente en solitario por los propios agentes del gobierno, pero a la empresa quedaron sin embargo asociados los poderosos Rothschild. La tecnología del acero inglés, que exigía un hierro libre de fósforo, fue causa del auge del hierro español de la cuenca vasco-santanderina. Compañías británicas y españolas (Ybarra) concurrieron en la explotación de ese mineral, que en su inmensa mayor parte fue embarcado en Bilbao con destino a Inglaterra y otros países. España se convirtió en una de las grandes potencias productoras de hierro, tras el Reino Unido y Alemania, pero sobre todo llegó a ser el primer país en volumen de exportación. La más que probable sospecha de que los beneficios derivados de los distintos minerales favorecieran al capital internacional, y sólo en escasa medida incentivaran la economía española, tuvo en el hierro una afortunada excepción. Las exportaciones masivas produjeron en el norte grandes capitales y fueron factor clave de la industria siderúrgica y del desarrollo del país vasco. La industria siderúrgica, que contaba aquí con el hierro, no contó en cambio con una hulla adecuada, lo que le impuso notorias limitaciones. Instalada primero en Málaga, a base de un carbón vegetal de precio alto, se localizó luego en la cuenca asturiana y finalmente en Vizcaya, zonas ambas más accesibles a la importación del combustible británico, traído en los barcos que se llevaban el hierro. A su vez, la industria textil algodonera, surgida como hemos dicho en Cataluña, hubo de enfrentarse a no pocas dificultades. En primer lugar, a la misma desaparición del mercado colonial que en buena medida la había hecho posible. Además y sobre todo, a la baja calidad del carbón español, cuestión agravada por el mayor alejamiento de Cataluña de los centros productores del combustible, con la consiguiente carestía del transporte. Pese a esos y otros obstácu-

ECONOMlA Y SOCfEDAD

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los, el espíritu empresarial de gentes como los Güell, Muntadas, etc., fundadores de dinastías industriales, multiplicó el número de telares mecánicos y máquinas de hilar, concentrando en Barcelona una industria algodonera que, tras la crisis pro ocada por las medidas librecambistas (1869), alcanzó un notable desarrollo por la política de protección arancelaria de la última década del siglo. Otros sectores industriales tuvieron menor importancia. El lanero se mantuvo en Castilla la Vieja, limitado por el aislamiento de los mercados a un quehacer de índole artesanal, mientras crecía en Cataluña y ocupaba, tras el del algodón, un segundo lugar. En Valencia y Murcia la industria sedera fue a menos. Cierta notoriedad alcanzaron las industrias eléctricas, desde la creación de la Sociedad Española de Electricidad ( 1881 ), y químicas; y especialmente, dentro de éstas últimas, las de explosivos, a raíz del establecimiento en Galdácano de la Sociedad Española de la Dinamita en 1872.

2.

El fracaso de la Revolución Industrial

Pese a innegables logros parciales, el saldo conjunto de la modernización española -que en el XIX pasaba por fábricas, altos hornos, telares y vida fabril- no puede considerarse positivo. El historiador catalán Jordi Nada) ha diagnosticado así el fracaso de la Revolución Industrial en España, en un libro del mismo título cuyas conclusiones principales parecen gozar hoy de general crédito. ¿Por qué es posible pronunciarse en sentido tan negativo?. Nada) se ha remitido a un análisis general del alemán Hoffmann, quien clasificó en tres niveles el desarrollo de los países a tenor de su progreso, desde una industria de bienes de consumo, que caracteriza a los dos primeros, hasta el logro de la industria de bienes de capital, propia del último. Partiendo de que la industria moderna se inicia en España en la década 1831-1840, y del alto índice que la del algodón muestra al iniciarse el siglo XX, Nada! llega a dos conclusiones. De una parte constata el éxito de la industria algodonera frente a la de los bienes de equipo. De otra, al integrar los datos españoles en el esquema de Hoffmann, advierte que el despegue industrial, coincidente en el tiempo con el de otras naciones de la Europa occidental, perdió luego ritmo y concluyó en el fracaso. D) EL COMERCIO

l.

Otro.,· sectore.'i induJtria/eJ.

Caminos y ferrocarriles: la legislación ferroviaria

Los inventos ingleses del firme liso para los caminos y, sobre todo, de la locomotora de vapor, transformaron las posibilidades del comercio. Des-

Cnu.ms ddfrnca.to ,m Erpnñn de In Revoluriá11 industrial.

844

LA ESPAÑA DEL XIX

de entonces el desarrollo de cada país dependió en gran medida de su red de carreteras y de los nuevos ferrocarriles. Lmcarretems. ELimpulso en España a la construcción de carreteras tuvo lugar ya en el reinado de Carlos IV, época en la que también fue creado el cuerpo de Ingenieros de Caminos y Canales ( 1799), que debía ocuparse de planear y dirigir las obras públicas. Pese a algunas carreteras que entonces se construyeron, la expansión no pudo proseguir y ese sistema viario sufrió el deterioro consiguiente a la Guerra de la Independencia y a la primera guerra carlista. Sólo desde 1840 el ritmo de construcción de carreteras fue, si no espectacular, sí por lo menos razonable. Los 9.000 kilómetros existentes en aquella fecha, pasaron a ser 40.000 a fines de siglo. Con la Restauración , un plan general ordenó las vías en carreteras del Estado -clasificadas a su vez en tres categorías-, carreteras provinciales y caminos vecinales. El enlace entre los puntos de tráfico corrió a cargo de servicios de diligencias establecidos por diversas compañías. Elferrornml: tn R.O. La gran conmoción en el mundo del transporte y de las comunicaciones t1e.lI -XII-IB44 Y tu vo lugar sin embargo con la aparición del ferrocarril. Tras la cons'ªde Ley General 1855. trucción de tres tramos cortos a mediados de siglo (Barcelona-Matará, Madrid-Aranjuez y Langreo-Gijón), el primero de los cuales se inauguró en octubre de 1848 , la Ley General de Ferrocarriles de 1855 fue punto de partida de la construcción de la red a gran escala. El marco jurídico del nuevo sistema había sido con todo anticipado por una importante Real Orden de 31 de diciembre de 1844, la cual establecía tres disposiciones fundamentales: el rescate anticipado de las concesiones, la revisión periódica de tarifas, y un ancho de la vía superior en quince centímetros al europeo. Esta última medida , cuyas nefastas consecuencias para las relaciones con el extranjero padecemos todavía hoy, fue al parecer adoptada en función de la mayor comodidad y seguridad de los usuarios. La Real Orden sancionó además la posibil idad de otorgar concesiones provisionales a "sujetos de conocido arraigo", lo que dio lugar al abuso de que el propio ministro -José Salamanca- que dispensaba las subvenciones al ferrocarril Madrid-Aranjuez, las recibiera él mismo como director de la compañía explotadora. La Ley General de 1855 remedió muchos desajustes (excepto el de la anchura de la vía) y abrió una política de subvenciones y franquicias arancelarias. Esa ley, junto a otra de 1856, relativa a las Sociedades de Crédito y que reguló la creación de bancos de inversión, sirvió de cauce al gran desarrollo de los años siguientes. Al término del siglo la red constaba de más de trece mil kilómetros, de los que una sexta parte eran de vía estrecha. La explotación quedó en manos de dos sociedades principales: la del Norte ("Compañía de los Caminos de Hierro del Nor-

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te de España") y la MZA ("Compañía de los Caminos de Hierro de Madrid a Zaragoza y Alicante"). ¿Cuál es el balance económico de la construcción de los ferrocarriles en la España del XIX?. Se ha dicho con frecuencia que la orientación de los capitales españoles y extranjeros hacia este tipo de inversión, en detrimento de la que pudo haber tenido lugar en la agricultura y en otros sectores industriales, resultó perjudicial para la economía del país. Con otras palabras: se creó una infraestructura ferroviaria artificiosa, de la que esa débil economía apenas pudo beneficiarse; o cuando menos se primó excesivamente la inversión en los caminos de hierro a costa de la industrial, lo que produjo el efecto inducido de deprimir la demanda de transporte. No obstante, hace algunos años, Gómez Mendoza adujo buenas razones en defensa del papel del tendido ferroviario en el alza de los niveles de desarrollo, explicando la quiebra de esa demanda de transporte por la carencia de una política global de obras públicas, que al no construir carreteras y vías de enlace a las estaciones facilitó la postración del sector ferroviario . 2.

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Comercio exterior y política arancelaria

Durante la primera mitad del siglo el comercio exterior sufre un trágico colapso, producto de dos causas: la general de la contracción del mercado europeo por las guerras napoleónicas, y la específica de la pérdida del imperio colonial americano. Desde 1850 se suceden diversas fases de expansión, estabilidad y crisis, de las cuales, tal como han sido descritas por Vicens Vives, destaca la euforia de la década de los ochenta y el último bache de los años que cierran el siglo. El penúltimo decenio ha sido bautizado como el de "la fiebre del oro", y coincide con las grandes exportaciones de vino, minerales y tejidos, con la industrialización del país y con el despliegue de las grandes compañías de transporte marítimo que han sustituido la navegación a vela por el buque de vapor. Un santanderino establecido en Barcelona, el marqués de Comillas, funda allí en 1881 la Compañía Transatlántica, que mantiene líneas regulares con América y Filipinas, mientras las navieras vascas emprenden el transporte a gran escala de pasajeros y mercancías. Esa prosperidad habrá de tornarse en crisis con la guerra hispano-norteamericana y la liquidación de los restos del Imperio. La política económica se desenvolvió, a través del régimen de aranceles, en la dialéctica proteccionismo-librecambismo. Y ello debido a que el arancel, que es un impuesto sobre el comercio exterior, constituye por lo

Crisi.\· y expnn.,·itín.

La 'fiebre del oro .

El ré¡:imen de nranrt'les.

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LA ESPAÑA DEL XIX

mismo un instrumento ordenador de la política comercial. Tras el de 19 de octubre de 1825, que gravó ostensiblemente a los buques extranjeros sobre los nacionales, estableciendo otras medidas de signo proteccionista, los dictados en 1841 y 1849 fueron ya de corte moderado o de transición, anticipando así el triunfo librecambista del arancel de 1869, aprobado por ley de l de julio de ese año. Con él quedaron suprimidas cualquier tipo de restricciones para importar o exportar, desapareciendo también el derecho diferencial de bandera entre buques españoles y extranjeros. Los avatares posteriores, y sobre todo la fractura del bienestar económico de los años ochenta, hicieron retomar a un proteccionismo del que Cánovas se confesaría partidario decidido. Fruto de este proceso fue el arancel de 1891, que suprimió las franquicias comerciales y posibilitó el desarrollo de la industria textil y metalúrgica.

3.

LosBnncasde Snn Femando e Isabel 11. Crea l"ián del Banm de

E.,pa,ia.

La banca privada: bnnn>.\' de emisiún y .wnedades de t'rédiw .

El Banco de España y la Bolsa

El antiguo Banco Nacional de San Carlos, abatido por las dificultades financieras de los famosos vales reales (34,II,C) y por el desbarajuste de la Guerra de la Independencia, fue transformado por López Ballesteros en 1829 en el Banco Español de San Fernando. Coincidiendo con la etapa de prosperidad de que pudo disfrutar en los años siguientes, surgió en 1844 una nueva entidad, el Banco de Isabel II, preferentemente dirigido al crédito comercial e industrial y a la financiación de empresas ferroviarias, el cual pasó en brevísimo tiempo del éxito al fracaso. Para remediar su crisis, en 1847 se decretó la fusión de ambas corporaciones, apareciendo así un Nuevo Banco Español de San Femando que, abrumado por el pasivo del de Isabel II, llegó en seguida a una situación de virtual suspensión de pagos . La Ley de Bancos de Emisión, de enero de 1856, rebautizó a esa última entidad y le dio su definitivo nombre de Banco de España. Durante estos años tuvo asimismo lugar un notable auge de la banca privada. Tras el Banco de Barcelona, fundado en 1844, aparece en 1855 el Banco de Bilbao y dos años más tarde el de Santander. Desde entonces coexisten los bancos de emisión autorizados a producir billetes con arreglo a determinadas normas , y las sociedades financieras de crédito (Sociedad Española Mercantil e Industrial, Catalana Comercial de Crédito, etc.) que se dedican a otorgar esos créditos a diferentes negocios y muy en especial a los ferroviarios . El 19 de marzo de 1874, una ley de trascendental importancia concedió el monopolio de emisión de billetes al Banco de España, con lo que la mayor parte de la pléyade de bancos emisores surgidos hasta entonces, fueron anexionados por él o se convirtieron en sucursales suyas en provincias. Los pocos que resistieron,

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como esos citados de Barcelona, Bilbao y Santander, representarán el bastión de la futura banca privada. De otra parte, la labor del Banco de España fue complementada por el Banco Hipotecario, establecido en 1872, entidad que con fondos obtenidos de la emisión de obligaciones resultó ser al principio más un prestamista del Estado que de los propios particulares. Las Bolsas de Comercio surgen a su vez en la España del XIX al ser creada el 10 de septiembre de 1831 la Bolsa de Madrid, como fruto de la colaboración del ministro López Ballesteros y del mercantilista Sainz de Andino. El hecho se explica en función de la existencia de instituciones similares en París y Londres, pero también, según ha recordado Alejandre, por una tradición nacional rica en organismos (lonjas, casas de contratación, consulados) que aunque no habían practicado la negociación devalores, sí al menos encuadraron la actividad mercantil en un preciso marco jurídico. Tras dos décadas de fluctuaciones, la ley de 8 de febrero de 1854 abrió una etapa expansionista de la bolsa oficial y de ciertos establecimientos privados que, singularmente en Cataluña, actuaron en contacto con ella para negociar los valores industriales. Al finalizar la centuria, en 1890, fue fundada la Bolsa de Bilbao, y al iniciarse nuestro siglo, en 1915, se estableció la de Barcelona.

Ln Bofa".

11. Estructura Social A)

DEMOGRAFIA Y CLASES SOCIALES

Durante el siglo XIX la población española creció en proporciones relativamente semejantes a las del occidente europeo, con un mayor ritmo en la primera mitad de esa etapa y de forma más cansina en la segunda. Los once millones y medio de habitantes del año 1800 se convirtieron en dieciocho y medio en 1900. Esa tasa de natalidad tendió a estabilizarse e incluso a decrecer, mientras el retroceso comparativo de la segunda mitad del siglo fue condicionado además por la alta mortalidad y también por el flujo emigratorio a América. Las crisis demográficas coincidieron con las agrícolas, caracterizadas por el alza del precio de los productos del campo, singularmente de los cereales. Fueron fruto además de las grandes epidemias de cólera que, procedentes de países asiáticos, azotaron España, y de la fiebre amarilla que al iniciarse el siglo prendió en Andalucía. Junto a esas enfermedades extraordinarias, el deficiente nivel sanitario del país hizo posible que otras endémicas -en especial, la viruela, el tifus y la tuberculosis- causaran numerosas víctimas. Por su parte la emigración a América vivió esos años un creciente proceso de aceleración, proyectado inicialmente hacia Ar-

Coy1mturn

demogrñfim.

Lns crisi.'i y .,·us cau.ms.

848

El igunlitnrismo jurírlfro: el decTYlo d, 6-Xll-/868 y In unijicndún de Ji,enJJ.

LA ESPAÑA DEL XIX

gentina y Brasil, a raíz sobre todo de que la Constitución de 1853 abriera en aquel país las puertas a los inmigrantes. Aunque es muy difícil estimar el número de españoles que cruzaron el mar, habida cuenta que las estadísticas disponibles son tardías e insuficientes, contabilizando además sólo el embarque en puertos españoles, baste señalar que entre 1882 y 1914, según los datos que ofrece Nada!, el país perdió por ese conducto cerca de un millón de personas, lo que significa, en palabras del mismo autor, que la emigración deba ser valorada como el "factor demográfico más característico de la época". La estructura social sufrió hondas transformaciones. Desplazado su centro de gravedad de Castilla a la periferia, debido a las concentraciones de población en las nuevas áreas de desarrollo, el viejo esquema estamental quebró con el reconocimiento y proclamación de la igualdad de los súbditos ante la ley, y terminó siendo arrastrado por el empuje de la burguesía y la aparición del proletariado industrial. El régimen de estamentos, con su característico rango jurídico diferenciado, desaparece definitivamente por el decreto de unificación de fueros de 6 de diciembre de 1868, que consagra la existencia de un único fuero o status legal de todos los españoles. La sociedad estamental da paso así a una sociedad de clases, en función sólo de la influencia, poder o fortuna de las personas. Entre las clases privilegiadas de hecho, destaca ahora la aristocracia terrateniente, beneficiaria en buena medida de la desamortización, mientras del sector de las clases medias despega tanto la burguesía agraria, que se hace fuerte en Castilla con las compras de bienes comunales, como la burguesía industrial catalana, asturiana y vasca. En la base social emerge el proletariado fabril, con nueva conciencia de clase obrera, beligerante a través de asociaciones y movimientos de diverso tipo, en tanto los campesinos, desfavorecidos por lapolítica agraria y por la recién nacida opción industrial, protagonizan numerosas agitaciones y revueltas. B) LAS CLASES PRIVILEGIADAS

Cri.11s y ,rhabilitnciún t•Jporlu/it-n d, lm ,·/a.<eJ pri>·it.¡:wda.1·.

El derrumbamiento de los privilegios jurídicos de la aristocracia se inicia en las Cortes de Cádiz, donde quedan abolidas las pruebas de sangre para el acceso a determinadas profesiones y cargos, son suprimidos los derechos jurisdiccionales y se establece la igualdad civil y de fuero de todos los españoles. El poder latifundista de las ricas familias sufre a su vez el impacto de la desvinculación de los mayorazgos. Sin embargo, esa aristocracia es objeto de cierta rehabilitación política, cuando el Estatuto Real de 1834 sanciona la existencia de un estamento de próceres como cámara parlamentaria, de la que los grandes de España son miembros natos y a la

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que tienen acceso los títulos de Castilla; situación reconocida asimismo por la Constitución de 1845 y por la ley de 17 de julio de 1857, vigente hasta 1864. Las ventas de mayorazgos y de propiedades eclesiásticas desamortizadas, que pudieron ser adquiridos por los más poderosos, favorecieron la presencia a mediados de siglo de una alta nobleza latifundista. En la segunda mitad del XIX predomina en cambio la que Vicens Vives llama nobleza romántica, formada por el conjunto de políticos, militares y gentes de la banca, a los que la monarquía distingue con numerosos títulos. Surge así el espécimen de aristócrata de la Restauración, dueño a menudo de tierras, a veces próspero negociante o militar prestigioso, conservador en Jo social pero frecuentemente alineado en política con los liberales, que de una u otra forma se hace presente en las camarillas palaciegas de la época. El clero disfrutó de cierta notoriedad en los primeros años del siglo, y eclesiásticos fueron buena parte, casi un tercio, de los diputados reunidos en Cádiz. Desde mediados de la década de los treinta tiene Jugar, sin embargo, un giro radical. En 1835 es suprimida una vez más la Compañía de Jesús, mientras un decreto de 4 de julio del mismo año dispone la clausura de todas las casas de religiosos que no consten de un mínimo de doce miembros profesos, nacionalizando además todos sus bienes. Con independencia de la legislación desamortizadora, que culminará con la ley de 2 de septiembre de 1841, declarando bienes nacionales todos los del clero secular, iglesias y cofradías; la exclaustración forzosa de los religiosos coincide con la demagogia anticlerical, los desmanes y saqueos populares, y el alejamiento, en fin, del sector eclesiástico, diezmado y humillado, de ese pueblo con el que se identificó en siglos anteriores. En la segunda mitad de la centuria, tras el Concordato de 1851 que limitó a tres las congregaciones religiosas masculinas, se produjo una lenta pero ostensible recuperación del sentimiento católico, revalorizándose en consecuencia el papel de los religiosos y del clero secular. Al amparo de la Ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887 pudieron establecerse diversas comunidades religiosas, mientras cobraron fuerza los focos renovadores surgidos antes en el norte, Castilla la Vieja, Valencia y Cataluña, tanto en este último caso por el empuje doctrinal de autores como Balmes, como por las inquietudes pastorales y misioneras de San Antonio María Claret y sus seguidores. En el plano ideológico intentará abrirse camino el catolicismo liberal, que Balmés representa, pero debido a una serie de circunstancias puestas de relieve por el profesor Cuenca (marginación de análogas corrientes extranjeras, inexistencia de un Jaicado con formación adecuada, etc.), tal corriente tuvo un alcance muy limitado. En los últimos años del siglo las Ordenes religiosas -singularmente, jesuitas, dominicos y agusti-

Lti "nobleza romántil'a ".

Elrluo y ln polítir·n m,fi.

d eri<-nl.

Elrntofiri..,mo

liberal.

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nos- protagonizan un proceso de renovación cultural, perceptible en la creación de institutos de formación (Seminario de Comillas), revistas ("La Ciudad de Dios") o en la revitalización del tomismo. A su vez el clero secular, debido al estímulo de un papa intelectual como León XIII y al reto de la pedagogía laica, se asoma a las aulas donde habrá de librarse la batalla de la enseñanza. C) Bury.:ueJ(a terrn· teniente e in· du.,·trinl.

La.,· da.«-' medwJ.

BURGUESIA Y CLASES MEDIAS

La acumulación de propiedades rústicas facilitó en el centro de la Península la formación de una burguesía terrateniente, mientras en la periferia aparece y se consolida la burguesía industrial. Estos propietarios de fábricas, negociantes e inversores de los nuevos establecimientos industriales, llamados burgueses por los obreros a partir de la Revolución de 1868, habían evolucionado como clase social desde unas posiciones de alianza a otras de enfrentamiento con el espíritu del Antiguo Régimen. Convertidos al mediar el siglo en un sector progresista, los acontecimientos revolucionarios y la presión obrera les obligaron a retornar a su primitiva actitud conservadora, definitivamente mantenida en la España de la Restauración. La crisis del 98 repercutió en los intereses comerciales de los sectores burgueses, resquebrajándose la mayoría y persistiendo como más fuertes los de Cataluña y el País Vasco. De otra parte, la alta burguesía, ennoblecida con títulos, llegará a convertirse en una nueva nobleza. Los dedicados a las profesiones liberales, pequeños comerciantes y artesanos, militares de regular graduación, funcionarios públicos y propietarios menores, forman el amplio espectro social de la burguesía baja, identificada con las clases medias. Destacan en este sector los grupos de abogados, los técnicos del cambio industrial, la oficialidad del ejército y los empleados de una administración pública que intenta ser racionalizada y que en 1842, según refiere Sarri6n, cuenta ya con el antecedente de una Escuela especial para la formación de funcionarios. Algunas de estas gentes logran consolidar su posición o mejorarla, pero la mayoría de ellas sufre lo que Vicens llama "deslizamiento ininterrumpido hacia la proletarización", concorde con la ampliación de la base social de las clases inferiores. D) EL PROLETARIADO INDUSTRIAL

l. Fonnadón y ('(Jtt· didones de vida del pmletnrindo indu.wrinl.

Situación social y primeras reivindicaciones

El desarrollo del maquinismo y la existencia de grandes fábricas, propiciaron la formación de un proletariado industrial con gentes que, procedentes del campo, se congregan en esos núcleos fabriles. Consagrada la

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libertad de establecer industrias, la de contratación y la competencia sin trabas en el mercado, quedan abiertas unas diferencias cada vez mayores entre el fabricante o amo, según era llamado, y los operarios u obreros. La búsqueda de mayores beneficios por parte de aquél, y la multiplicación de máquinas manejadas por un reducido número entre la masiva oferta de trabajadores, consolidaron la desigualdad de un sistema donde, a salvo de la mejor situación del operario especializado, los restantes, el peonaje compuesto por hombres, mujeres y aun niños, vivieron en condiciones de degradación y miseria. El intento de lograr o mantener un régimen productivo de bajos costes, con la consiguiente reducción de salarios, enfrentó en suma los intereses del capital y el trabajo. Las primeras reivindicaciones obreras fueron estrictamente laborales y sin contenido político. En los años del trienio constitucional se gestó el descontento obrero, patente ya en los conflictos de los asalariados textiles en la Cataluña de los años treinta. Patronos y obreros lucharon sin embargo juntos en numerosas ocasiones, defendiendo intereses comunes: el proteccionismo de la industria nacional frente a la importa~ión de productos textiles extranjeros, la política arancelaria, etc. Todavía en 1843 el peso de los valores tradicionales era tan fuerte, como para que la Sociedad de Tejedores de Barcelona celebrara con una misa el aniversario de su fundación. Sin embargo, la clase obrera se sintió instrumentalizada y desasistida en su alianza con los patronos, politizando las reclamaciones y la defensa de un asociacionismo hasta entonces perseguido. El fermento revolucionario hizó lo demás. Las diferencias se tradujeron en una confrontación ideológica y política, de la que fue adalid por los obreros el partido republicano, pasando el movimiento proletario a la lucha en la clandestinidad. 2.

Reivindirnf'iones de obrero.\' y patrrmo.'i.

AMamiento y politiznrián de ln."i reclnmndones

obrera.,·.

Movimientos obreros y sindicales: anarquismo y socialismo

Tras la Revolución de 1868 los dirigentes obreros españoles entran en contacto con los movimientos del exterior, y en concreto con la primera Asociación internacional de trabajadores (AIT), fundada por Marx y otros en Londres en 1864. Las dos grandes orientaciones fruto de la escisión producida en esa Primera Internacional, es decir, el socialismo ortodoxo liderado por el propio Marx, y el anarquismo que patrocina Bakunin, repercuten de inmediato en la Península. La AIT se había constituido como una amalgama de marxistas, sociedades proudhonianas francesas, sindicatos británicos y otras diversas entidades, entre las que destacaba la Alianza de la Democracia Socialista fundada por Bakunin. En el Congreso de Basilea de 1869 estalla el enfrentamiento entre los planteamientos y personas de Marx y Bakunin. Aquél defendía un comunismo de tono centralista,

ln "Primera In · temac:iona/"y JU

repen·u.\·ián

en fapaña.

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implantado por vías políticas. Este era partidario de la violencia revolucionaria como procedimiento, y de la autonomía federativa en lo relativo a organización . A tales diferencias , teóricas y de estrategia, se sumó un tajante antagonismo personal entre el Bakunin ruso , debelador de los alemanes, y el Marx alemán que recelaba de los eslavos y de "ese maldito ruso" . En el Congreso de La Haya de 1872, Marx propuso la expulsión de Bakunin , quien organizó en Saint-lmier su propia asamblea, consumándose así la escisión. Al año siguiente, tras celebrarse otro congreso de la AIT en Ginebra, la Primera lntemacio11al fue disuelta . Desde entonces, Marx promoverá partidos socialistas nacionales -reunidos en 1889 en la Segunda lntemacional- mientras Bakunin implanta su Alianza en diversos países.

El nnnrquümo y In CNT.

El :wdnli.mw

y in UGT.

La sección española de la Primera Internacional tuvo en principio un sello preferentemente bakunista, merced a las doctrinas predicadas aquí por su fundador, el italiano José Fanelli. Poco después se refugia en España el yerno de Marx, Paul Lafargue, quien funda la Nueva Federación Madrileña, tratando de restar fuerza a la corriente anarquista e imponer en cambio la socialista. Tal intento no llega a prosperar, asegurándose el predominio anarquista merced a su implantación en zonas geográficas dispersas, con los dos grandes centros de Cataluña y Andalucía. Tras la ruptura de La Haya de 1872, los grupos españoles quedaron fundamentalmente adscritos a la Alianza de Bakunin, y en 1881 esos residuos de la Primera Internacional se congregan en Barcelona como la Federación Regional de Trabajadores Españoles, de dominante signo anarquista. El anarquismo español tuvo como fundamentos doctrinales el repudio a la sociedad capitalista, a su sistema económico y estructuras de poder; el ateísmo y consiguiente rechazo a la Iglesia católica; y la crítica de los nacionalismos y de la organización militar. Todo ello de cara a lograr una especie de sociedad roussoniana, amorfa y antiorgánica. Si su primer cimiento filosófico tuvo que ver, según se ha dicho, con la creencia en la bondad natural del hombre y en una moral también natural e incluso puritana, su dialéctica real no fue otra que la violencia, con la que iba a inaugurar la nueva era del terrorismo sistemático, cuyos hitos principales fueron las bombas arrojadas en el Liceo y en la procesión del Corpus, y el asesinato de Cánovas. Proyectada la acción anarquista al mundo agrario andaluz, del que a continuación nos ocuparemos, y al proletariado industrial, sus objetivos sindicales cuajaron en 1911 con el establecimiento de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), organización que entre etapas de persecución y otras de tolerancia se hizo fuerte en el mundo laboral de los años siguientes. Los socialistas, a su vez, partiendo del antecedente de aquella Nueva Federación Madrileña, se desarrollan de forma menos espectacular bajo los auspicios ideológicos del marxismo francés. Constituido el Partido So-

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cialista (45,III,B,3), la implantación sindical tiene lugar al fundarse en Barcelona en agosto de 1888 la Unión General de Trabajadores (UGT), cuya sede central fue trasladada a Madrid.al año siguiente. Con un sustrato ideológico común al partido y a la organización obrera, la UGT se benefició en su consolidación del descontento reinante entre los trabajadores por la crisis industrial de fines de los ochenta. Sus efectivos principales se encontraron en las regiones del norte -Vizcaya, Asturias y Cataluña- y en Madrid. E) LAS CLASES RURALES

Los acontecimientos políticos y las reformas económicas de la primera mitad del XIX, tuvieron como denominador común el perjuicio para la gran masa de una población agraria tradicionalmente desfavorecida. La Guerra de la Independencia y las contiendas civiles llevaron a los campesinos a tomar las armas, desatendiendo la producción agrícola y su propia suerte en unos años de alza de precios, en tanto la reforma desamortizadora no beneficiaba a los pequeños propietarios y muchísimo menos, según hemos visto, a quienes como jornaleros cultivaban la tierra ajena. En un panorama social sumamente heterogéneo, contrastó la fragmentación de la propiedad agraria en el norte, que facilitaba cierta independencia a cambio de exiguos rendimientos, con la progresiva acumulación de ella en pocas manos en Andalucía y Extremadura, hecho éste que condujo a la práctica inexistencia· del pequeño propietario y a la presencia en cambio de multitud de peones, dependientes de latifundistas y mal retribuidos. En tal situación estallaron en Andalucía diversas agitaciones campesinas, motivadas muchas veces por decidir los jueces en favor de los dueños los pleitos presentados por arrendatarios y braceros. A mediados de la centuria arrecian esos movimientos, convertidos ya en un problema político y de orden público. ¿Se trataba de revueltas espontáneas y un tanto utópicas, o más bien de soluciones desesperadas tras haber agotado las vías legales o tras fracasar la ayuda que los campesinos esperaban recibir de la burguesía progresista?. Ninguna respuesta es segura. Si, como parece, la revuelta del verano de 1857 había sido cuidadosamente preparada, su saldo de casi cien muertos y la represión subsiguiente no hicieron otra cosa que extremar las tensiones y favorecer el radicalismo que luego presidirá la vida cotidiana. En cualquier caso la mística revolucionaria del bakunismo encontró allí un campo abonado. En 1868, a los pocos días de la Gloriosa, tienen lugar violentas ocupaciones de tierras que consiguen ser dominadas. A partir de los años ochenta entra en escena la asociación llamada Mano Negra, cuyos crímenes fueron reprimidos con dureza por los gobiernos de la Restauración,

Situndúny conlraste.,· de Las da.,·es ngrarin.'i.

Lns agitaciones

andaluz.ns.

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El n.w dndonümo nNrario.

LA ESPAÑA DEL XIX

y surgen otros grupos revolucionarios como aquél significativamente titulado "Asociación de pobres honrados contra los ricos tiranos". La pésima situación de arrendatarios y aparceros en Andalucía, o de los yunteros en Extremadura, favoreció en estas regiones un mayor clima de violencia y la solidaridad anarquista frente a los propietarios. El asociacionismo agrario, de defensa de intereses o reivindicaciones clasistas, apareció en otras zonas del norte y Levante. En Cataluña fue creada la Unión de Rabassaires (de rabassa, cepa) y en Galicia la Unión de campesinos. Con inspiración cristiana, merced al trabajo del jesuita Vicent, tienen lugar en las diócesis de Valencia y Tortosa, y más tarde en el resto del país, diversos ensayos sindicales o corporativos que probablemente influyeron en la creación de la Comisión de Reformas Sociales de 1883.

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857

45-46. EL ESTADO CONSTITUCIONAL: MONARQUIA, CORTES Y PARTIDOS POLITICOS l. Las Constituciones A)

INTRODUCCION

Las expresiones Constitución y constitucionalismo remontan su origen al pensamiento político griego y en especial a la obra de Aristóteles, quien hizo uso de la palabra "constitución" (politeia) en muy diversos sentidos, y clasificó las formas de gobierno en buenas "constituciones" (monarquía y república) y malas (tiranía, oligarquía y democracia), en la medida en que procuraban el bien de todos o sólo el de una parte de la comunidad política. Modernamente en cambio el término Constitución se utiliza con dos acepciones principales: una amplia, como la totalidad de normas que ordenan la vida de un país; y otra más estricta, que propiamente nos interesa, reducida a las disposiciones fundamentales, de rango superior a la ley ordinaria, articuladoras de los principios que rigen el Estado. Esas disposiciones fundamentales han quedado recogidas por escrito en todas las naciones de Occidente, con lo que la Constitución es el texto que las reúne, excepción hecha de Gran Bretaña que fue donde precisamente el constitucionalismo como tal surgió.

Ln Constitución y .w .1i11nifimdo.

El peculiarismo británico, que no alcanza a Estados Unidos ni a los países de la Commonwealth, se refleja humorísticamente en una obra literaria, Our.Mutua/ Friend, a través del diálogo de dos personajes, un inglés y un francés : "-Los ingleses. sir, estamos muy orgullosos de nuestra Constitución. Nos fue dada por la Providencia. Ningún otro país ha sido favorecido como éste ... -Y los demás países -dijo el caballero extranjero-, ¿cómo se las arreglan? -Los demás países. sir -replicó el señor Podsnap, sacudiendo gravemente su cabeza-, hacen, y lamento tener que decirlo, lo que pueden".

La aparición de las Constituciones en el mundo contemporáneo se explica por tres causas principales: por el establecimiento de una comunidad política como Estado independiente, lo que lleva a fijar las bases jurídicas de su autonomía y futuro; por la agregación de comunidades vecinas en un Estado único, según sucedió en los Estados Unidos, lo que a su vez exige preci-

Cnu.mJ de la apflriciún

delnsCon.'itituf'iones.

858

El {'()n.,titurionnlisnw e.,pnñol.

LA ESPAÑA DEL XIX

sar el marco normativo común; y finalmente porque una nación rompa en cierto modo con las formas de gobierno de su pasado, y pase a regirse políticamente por nuevos principios. Esto último es lo que sucedió en Francia en el siglo XVIII, en España en el XIX y en la Unión Soviética en el XX. La Revolución francesa y la primera Constitución de este país en 1791 significan el derrocamiento del absolutismo monárquico del Antiguo Régimen, sustituyéndolo por un Estado de Derecho donde los ciudadanos son titulares de la soberanía nacional. La Constitución es la ley suprema que ellos mismos elaboran a través de sus representantes; y esa ley superior o fundamental, según calificativo divulgado luego por la doctrina alemana (Grundgesetz), da amparo a la división de poderes característica del Estado de Derecho, donde existe un poder legislativo que dicta las leyes, el ejecutivo que las lleva a la práctica, y el judicial que dirime los conflictos y litigios. El constitucionalismo español surgió al compás del proceso que dio al traste con la monarquía absoluta e introdujo en su lugar la monarquía liberal y parlamentaria. Ahora bien, en la medida en que tal proceso no fue rectilíneo sino convulso, con avances liberales y retrocesos absolutistas en la gran marejada política de nuestro siglo XIX, contamos con una serie de Constituciones que responden a los principios dominantes de cada etapa, y que adolecen por lo común de inestabilidad y corto alcance. La rigidez de algunos de esos textos y su excesivo apego a lo impuesto en cada momento por quien tenía el poder o disfrutaba de la mayoría parlamentaria, en un clima de tensiones moderado-progresistas, acentuó la univocidad y el unilateralismo político de tales cuerpos de leyes fundamentales, carentes a menudo de la elasticidad precisa para dar cobijo a las pretensiones políticas de todos, o para ser simplemente modificados sin necesidad de ser una y otra vez sustituidos. La historia de nuestras Constituciones, que concluye por hoy con la vigente de 1978, comienza en rigor con la de Cádiz de 1812, a la que siguen en el siglo XIX las de 1837,1845, 1869 y 1876, y en el XX.junto a la citada, la de 1931. Limitándonos a la centuria anterior, habremos de considerar además el precedente espúreo del Estatuto de Bayona de 1808, y el Estatuto Real de 1834, de controvertida naturaleza. B)

EL ESTATUTO DE BAYONA

Pretendiendo legitimar su poder sobre España, Napoleón convoca el 24 de mayo de 1808 una Junta Nacional, a fin de que conozca e informe, entre otras cosas, el proyecto de Constitución que él mismo presenta. Sus intenciones reformistas quedan plasmadas en la proclama que dirige al día si-

EL ESTADO CONSTITUCIONAL

859

guiente: "Españoles: se ha hecho convocar una asamblea general de diputaciones de provincias y ciudades. Quiero asegurarme por mí mismo de vuestros deseos y necesidades. Depositaré entonces mis derechos y colocaré vuestra gloriosa corona sobre la cabeza de otro yo, garantizándoos una constitución que concilie la santa autoridad del soberano con las libertades y privilegios del pueblo". A la asamblea de Bayona debían acudir ciento cincuenta miembros, representantes por partes iguales del viejo orden estamental de la nobleza, clero y ciudades. Sin embargo al iniciarse las sesiones, el 15 de junio, sólo estaban presentes sesenta y cinco personas, convertidas al final en noventa y una por la inc01poración de ciertos españoles residentes en Francia. Tras recoger Napoleón algunas sugerencias a su borrador inicial, formuladas por una comisión preparatoria, presentó a esa junta un segundo proyecto en el que daba marcha atrás de las propuestas más progresistas como la abolición de la Inquisición, el establecimiento de la unidad contributiva y la supresión de privilegios con el consiguiente único fuero para todos los españoles. A partir de un retocado tercer proyecto, siempre sobre la base del inicial, que había sido redactado por un francés llamado Esmenard y revisado por Murat y el propio emperador, la asamblea aprobó el 7 de julio la llamada entonces Constitución de Bayona, que ciertamente no puede considerarse como tal al no haber sido redactada y aprobada por representantes de la nación española, sino impuesta, con matizaciones, por un soberano extranjero que no consolidó su opción al trono. El Estatuto de Bayona organiza el país como una monarquía hereditaria -la "Corona de las Españas y de las Indias", de la que es titular el rey José 1- y confesionalmente católica. Dotado de indudable aliento reformista logró el apoyo de algunos intelectuales pero no fue más allá. Rechazado por su signo extranjerizante y sin posibilidades reales de ser aplicado en un país en guerra, fue en suma una especie de carta otorgada, a la que quizás haya que reconocer el mérito de haber provocado o estimulado la elaboración de una Constitución alternativa por el sector nacional antifrancés. C)

LA CONSTITUCION DE CADIZ

1.

Proceso constituyente y valoración del texto

Las Cortes de Cádiz, elegidas por un sistema de sufragio censitario indirecto, se reúnen en la isla de León el 24 de septiembre de 1810, cuando la práctica totalidad del territorio está ocupado por los franceses. Entre las importantes novedades de ese día, hay que destacar --como ha subrayado la profesora Gómez Mampas
La asamblea y el proyecto de Constitución.

Naturaleza y valoración.

860

u,.,· diputados y sus dnxex.

Novedad y trndiC"ionn/1.,·mo.

LA ESPAÑA DEL XIX

madura, Muñoz Torrero, los ciento cuatro diputados inicialmente presentes, proceden a elaborar la que será la gran Constitución liberal del mundo hispanoamericano en el siglo XIX. El 19 de marzo de 1812, la Regencia del Reino, teniendo a Femando VII como ausente y cautivo, publica solemnemente la Constitución política de la Monarquía española que esas Cortes han sancionado. El número de los diputados gaditanos aumentó con el transcurso de las sesiones, firmando la Constitución un total de ciento ochenta y cuatro, y sobrepasando los dos centenares los que asisten a la disolución de las Cortes en 1813. Debido a suplencias y retrasos en la incorporación, esos diputados no fueron siempre los mismos. A tenor del recuento efectuado por Femández Almagro, predominaron con mucho los eclesiásticos, siguiéndoles los abogados, funcionarios, militares, catedráticos y otros miembros de la burguesía intelectual. Clasificados ulteriormente según un prisma político en liberales y serviles (por "ser viles" en la obediencia a los poderes del monarca), aunque en realidad existieran gentes de adscripción muy variable, unos y otros concurren en programar un texto que introduce innovaciones radicales, salvaguardándolas del recelo de lo revolucionario mediante la apelación a una tradición nacional que presuntamente las justifica. La gran novedad es sin duda la declaración del artículo 3 áe que "la soberanía reside esencialmente en la nación", a la que por tanto corresponde en exclusiva el poder dictar las leyes. Sin embargo el Discurso preliminar de la comisión redactora del proyecto, destacó que éste no daba cabida a nada "que no se halle consignado del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la legislación española", reconociendo sólo cambios en el método de ordenar y clasificar las materias; y la propia Constitución fue promulgada en el nombre de la Santísima Trinidad y de un Dios reconocido como "autor y supremo legislador de la sociedad". A la defensa de que la Constitución y las Cortes de Cádiz se ajustaban a esa tradición nacional, dedicó el historiador Martínez Marina su Teoría de las Cortes (28, I, A y

II,A). Vnlorncián: nmservadores, liúem le, y .\'t!rtor intermedio.

La Constitución de 1812 no fue el producto revolucionario de una minoría radical, según quisieron verla los más hirsutos conservadores, para quienes el liberalismo había sido traído por "la conspiración criminal de un puñado de facciosos" (Jiménez de Gregorio), pero rompió desde luego la línea de flotación del Antiguo Régimen . Los más conspicuos liberales fueron los diputados andaluces y extremeños , dirigidos por la oratoria del "divino" Arguelles, y también muchos de los suplentes que representaban a América y a los territorios ocupados, y que habían sido elegidos en el clima de exaltación gaditana. A su vez el peso moderado aumentó conforme

EL ESTADO CONSTITUCIONAL

861

se incorporaron a la asamblea los diputados procedentes de las zonas que iban siendo liberadas. Entre unos y otros, enfrentados por la cuestión central de si la soberanía era propia del rey o de las Cortes, surgió una posición intermedia e integradora (defendida por diputados como Inguanzo en base a las ideas de Jovellanos), que llegará a predominar a lo largo del siglo XIX. Al pronunciarse como hemos visto por la soberanía nacional, arropándola con subterfugios y concesiones tradicionalistas, la Constitución de Cádiz representa el gran triunfo del liberalismo bajo las apariencias de un cierto compromiso entre liberales y absolutistas. 2.

Principios y reformas. Proyección de la Constitución

Partiendo del rescate de la soberanía para el pueblo, la Constitución atribuye a las Cortes con el rey el ejercicio del poder legislativo (art. 15), al monarca el ejecutivo (art. 16), y a los tribunales la potestad judicial de resolver causas civiles y criminales (art. 17). En ese Estado de Derecho quedan reconocidos de forma dispersa los derechos individuales de los súbditos: la igualdad jurídica, inviolabilidad de domicilio, libertad de imprenta para expresar ideas políticas, educación, sufragio y una serie de garantías penales y procesales. Por su peso ideológico y construcción técnica, la Constitución de Cádiz puede ser comparada sin demérito con la norteamericana de 1787 o la francesa de 1791. A salvo de determinados preceptos utópicos o imprecisos, fruto de un sentido taumatúrgico de la panacea liberal, como los que establecen la obligación de que los españoles sean 'justos y benéficos" (art. 6) o fijan como objeto del gobierno "la felicidad de la nación" (art. 13), los 384 artículos forman un conjunto bien trabado en orden a la pretensión de racionalizar el poder. Su influencia fue realmente notable. Traducida pronto a las lenguas importantes de occidente, su mayor notoriedad se hizo sentir a raíz del impacto que produjo en Europa la revolución española de 1820. Con el pronunciamiento de Riego, la Constitución gaditana se convirtió en algo así como en el texto programático del liberalismo continental o, según ha escrito Ferrando, en "un mito político capaz de movilizar las élites europeas contra sus reyes". Especial incidencia tuvo en Portugal, donde inspiro la Constitución de 1822, y en Italia, donde por ejemplo la revolución piamontesa de 1821 llego a mezclar las aclamaciones a su país con las dirigidas a "la Constitución de España", y donde, como señala la profesora Alamo, todo el motín del bienio 1820-1821 "apela irresistiblemente al pensamiento y la vida política española". El eco de ella en América fue inmediato y duradero. Informó en buena medida los estatutos y constituciones de algunos países --como la del Perú de 1823-, tras haber sido quizás ella misma estímulo y formen-

División de poderes. y dere t·ho.'t del indivi. duo.

lmpannn<'ia f! influencia de In Constitud án de Cñdiz

862

LA ESPAÑA DEL XIX

to de la ideología independentista, por lo que ha merecido la calificación de "instrumento político nocivo para los intereses de España" (Stoetzer). D) EL ESTATUTO REAL

Cont~flido.

Nntumlew j urftfim.

En enero de 1834 fue destituido Cea Bermúdez de la presidencia del Consejo de Ministros, produciéndose la caída del sistema neoabsolutista encarnado por él. Para sucederle se designó a Martínez de la Rosa, quien debiendo dar respuesta a las exigencias de una Constitución reclamada por la opinión pública liberal, consideró inadecuado restablecer la de 1812 que, según afirmaba, había dejado un recuerdo funesto en la nación. Acometió por ello, con el concurso principal de Javier de Burgos, la redacción de un nuevo cuerpo político, presentado en el real decreto que lo promulgó como medio para "restablecer en su fuerza y vigor las leyes fundamentales de la Monarquía". Ese texto fue el Estatuto Real, sancionado por la reina gobernadora el 10 de abril de 1834. El Estatuto, reflejo de un documento constitucional francés -la Charte de 1814- dictado por la monarquía borbónica restaurada en el país vecino, configuraba una Corona de poderes limitados, mitigando así la herencia del absolutismo fernandino. Según él, el rey -de hecho, la reina regente- estaba facultado para convocar las Cortes, suspenderlas e incluso disolverlas, posibilidad ésta que por primera vez apareció en nuestro ordenamiento político. Sin embargo, la novedad más llamativa fue la introducción del sistema bicameral, con un estamento de próceres, hereditarios o de nombramiento real, y otro estamento de procuradores elegidos. Las leyes requieren la aprobación del monarca y de ambas cámaras, debiendo éstas reunirse en todo caso para jurar al sucesor, cuando ocurra algún negocio arduo y sean consultadas por el rey, y cada dos años para fijar los tributos y contribuciones. Las Cortes no pueden deliberar sobre ningún asunto que no les haya sido expresamente sometido mediante real decreto. Partiendo de la distinción entre Constitución, texto elaborado por una asamblea soberana, Constitución pactada, fruto del acuerdo entre la asamblea y el monarca, y carta otorgada, o concesión graciosa de éste, ¿qué fue en realidad el Estatuto de 1834 ?. La controversia sobre su naturaleza jurídica se produjo ya en los mismos años en que estuvo vigente. Algunos de sus adversarios optaron con acritud por adjudicarle ese último carácter, y un personaje como Avinareta llegaría a calificar el otorgamiento del Estatuto como "un verdadero insulto hecho a la soberanía nacional". Martínez de la Rosa, por el contrario, se negó a admitir la degradación constitucional de su obra, sosteniendo incluso que "nada se parece menos que el Estatuto Real a una Carta otorgada". Desde estos antecedentes polémicos, la doctri-

EL ESTADO CONSTITUCIONAL

863

na tradicional lo ha valorado generalmente como carta otorgada, rechazando en consecuencia considerarlo como verdadera Constitución. No obstante, en los últimos años, su mejor conocedor, el profesor Tomás Villarroya, ha hecho acopio de argumentos para apartarse de ese juicio, destacando, por ejemplo, las diferencias entre el tono absolutamente concesivo del preámbulo de la Carta francesa --que atribuye toda autoridad al rey-y el más ecléctico y dualista del Estatuto español. Para Tomás Villarroya, en fin, el Estatuto Real fue una Constitución otorgada, que cumplió los grandes objetivos de liquidar el régimen absolutista, conciliar el orden con la libertad, e introducir en nuestro país los mecanismos políticos existentes en las naciones más avanzadas. Sin perjuicio de reconocerle estos méritos, no parece sin embargo, por sus circunstancias y contenido, que el Estatuto Real merezca el rango de Constitución propiamente dicha. E) LA CONSTITUCION DE 1837

El triunfo progresista tras el motín de La Granja llevó a la reina gobernadora a dictar el decreto de 13 de agosto de 1836, restaurando la Constitución de 1812 "en el ínterin que reunida la nación en Cortes, manifieste expresamente su voluntad o dé otra Constitución conforme a las necesidades de la misma". Las Cortes constituyentes afrontaron así una reforma que, a tenor de los objetivos asumidos por la comisión encargada de ello, se propuso fundamentalmente introducir el bicameralismo, eliminar del texto aquellos preceptos propios de leyes de rango inferior, fortalecer la Corona e instituir un sistema de elección directa. Semejante tarea, presidida por el viejo líder gaditano Argüelles, concluyó con la redacción de una Constitución distinta, que en cierto modo representa el término medio entre la de 1812 y el Estatuto Real, integrando al tiempo aquellas instituciones beneficiosas del constitucionalismo extranjero que pudieran servir "para mantener la libertad". La exageración de este último propósito contribuyó a desvincular a la Constitución de 1837 de la tradición nacional, por cuanto sus principios, estructura y terminología fueron espigados de otras Constituciones europeas y americanas, así como del pensamiento de Bentham y de los doctrinarios franceses. La declaración de soberanía nacional pasó del articulado--
Si11niflmdo µ1JUtico.

tn.w irnd()n extranjera .

Contenido.

864

Vn/oraC'iún y t!.'il'fl.'in(lp/i ·

cndón.

LA ESPAÑA DEL XIX

pero los diputados, no sólo por las propias previsiones constitucionales o su mayor número, sino además, como observa el profesor Baró, por su extracción de capas sociales más populares, prevalecieron sobre los senadores. Los derechos individuales fueron objeto de un trato más sistemático (arts. 2 al 10), destacando el de libertad de imprenta, sin censura previa, con la intervención del jurado como tribunal para juzgar los delitos correspondientes. La presencia del tribunal popular significó la total impunidad de la prensa, contribuyendo al "desenfreno" del que se hablará dos años más tarde para justificar la modificación de la ley de imprenta. Técnicamente buena y de espíritu conciliador, la Constitución de 1837 fue constantemente infringida. Jaime Balmes llegó a comentar con razón unos años después: "La Constitución no se ha observado en tiempo de guerra ni en tiempo de paz, ni durante la regencia de la reina madre ni en la de Espartero, ni tampoco desde la declaración de la mayor edad de Isabel II". F) LA CONSTITUCION DE 1845

La Constitud(m

como texto de

un pamdo.

Estructura y l"011l t!llldO .

El acceso al poder de los moderados planteó la modificación de la Constitución de 1837, posibilidad rechazada por algunos de los más lúcidos vencedores, al advertir que entrar en semejante dinámica significaba convertir la ley fundamental en instrumento cambiante del partido de tumo. El gobierno de Narváez, no obstante, al disolver las Cortes por decreto de 4 de julio de 1844, decidió extender sus proyectos reformistas "a la misma Constitución del Estado respecto de aquellas partes que la experiencia ha demostrado de un modo palpable que ni están en consonancia con la verdadera índole del régimen representativo, ni tienen la flexibilidad necesaria para acomodarse a las variadas exigencias de esta clase de gobierno". Se acometía así una revisión de la Constitución progresista, y con ese carácter sancionó la corona el 23 de mayo la nueva Constitución de 1845. El texto conserva la estructura externa del anterior, reiterando la división en trece títulos y subsumiendo la mayor parte de sus 77 artículos en los 80 de que consta ahora. Más allá, sin embargo, de esta semejanza formal, la Constitución de 1845 introdujo importantes reformas. En primer lugar, y sobre todo, desapareció el reconocimiento de la soberanía nacional, tema que había sido objeto de una brillante discusión parlamentaria. Frente a la oposición de los menos, que alegaban su validez teórica, así como la acogida de tal principio en las Constituciones europeas y hasta su apoyo en la tradición histórica española, los promotores del cambio consideraron la declaración de soberanía como superflua, abstracta y hasta inadecuada en sus efectos con la realidad del país. "Hay un hecho notabilísimo en España --decía Mon a propósito de esa soberanía nacio-

EL ESTADO CONSTITUCIONAL

865

nal- que es de mucho peso, y es que cuando no ha estado consignado se ha llevado a efecto, y cuando lo ha estado no ha servido ni producido los fines que se deseaban. Por ejemplo, en el año 1808 no estaba consignado este principio en ninguna carta constitucional y se levantó el país en masa ejerciendo la soberanía nacional; por el contrario en el año 1823, estaba consignado en la Constitución de aquella época y los cien mil soldados franceses hicieron lo que quisieron". Junto a ello, fueron innovaciones destacables la nueva configuración del Senado, el distinto sistema de elección de los diputados al Congreso, y muy especialmente el suprimir la afirmación de la unidad de fuero de los españoles para mantener sólo la remisión a la vigencia de los mismos códigos. Es de señalar asimismo su declaración más explícita de confesionalidad religiosa y el sustraer del juicio de jurados la calificación de los delitos de imprenta. En lo relativo al procedimiento electoral se modificó la ley de 20- Vll-1837, promulgándose la de l 8-Ill-1846. Esta redujo el cuerpo electoral e introdujo un nuevo método en la formación de las listas, tratando de lograr, según advierte el profesor Estrada, un mayor control del gobierno a través de los jefes políticos de las provincias.

Al equiparar el preámbulo la Corona a las Cortes, se produjo una desmesurada ampliación de los poderes de aquélla. Ese exceso fue refrendado en el texto por la facultad reconocida al monarca de designar libremente a todos los senadores, con lo que controlaba absolutamente una de las dos cámaras, pudiendo además reunir, suspender o disolver la otra con muy escasas limitaciones. Si a todo esto se añaden las posibilidades de una mayor "orientación" del sufragio y una cierta restricción de la autonomía judicial, resulta comprensible que desde la óptica del parlamentarismo el balance de la Constitución de 1845 resulte francamente negativo. Su defecto político, ya apuntado, fue consagrar a ultranza las pretensiones de los moderados, o quizás mejor, de los menos "moderados" entre los moderados, con lo que la ley fundamental lo fue de un partido y hubo de ser derogada con el triunfo de los otros. Al estudiar la legislación electoral en la España de Isabel 11, y sus antecedentes, Estrada hace notar que progresistas y moderados coincidieron en tomar la provincia como circunscripción base, radicando las diferencias en adoptar un sistema de distritos plurinominales (los progresistas) o uninominales (los moderados).

G) LA CONSTITUCION DE 1869

Durante casi un cuarto de siglo, desde 1843 a 1868, y con el paréntesis del bienio progresista, los gobiernos moderados dirigieron la vida del país, presidiendo el texto de 1845 una buena parte del panorama consti-

va1omcián.

866

LA ESPAÑA DEL XIX

tucional de ese período, hasta que la Revolución de 1868 dio paso a la Constitución de 1869, de signo radicalmente contrario al de su predecesora. Ln C,m.\ lillll'iún frustrada de /856.

SuJm11io y ltbernli.mw mdwnl.

Pese a la brevedad del paréntesis del bienio impuesto por el pronunciamiento de 1854. hubo tiempo suficiente para convocar en noviembre unas Cortes Constituyentes y que éstas aprobaran dos años después la Constitución de 1856, que no fue promulgada. En la discusión del proyecto cobró especial relieve el tema religioso. siendo recogidas en el documento final las más importantes cuestiones -soberanía nacional, primacía de las Cortes, tolerancia religiosa, prensa sometida a jurados, ayuntamientos populares y milicia nacional- constitutivas del ideario progresista. Las turbulencias políticas y sociales, y quizás también el afan de supervivencia de las Cortes que la redactaron, malograron esta Constitución. El 15 de septiembre de 1856, el gobierno presidido por O'Donnell restableció la de 1845, si bien no en su integridad, dictándose en 1857 una ley constitucional de reforma que luego fue derogada.

Los revolucionarios de septiembre fijaron una nueva normativa para realizar las elecciones a Cortes Constituyentes, con la concesión de voto a los varones mayores de veinticinco años, lo que dio lugar a un censo de casi cuatro millones de personas, equivalente a la cuarta parte de la población total. Fonnada la asamblea, la comisión redactora del proyecto anunció su propósito de dar cima a una Constitución que fuera de todos, "no sólo de los que contribuyan a fonnarla, sino también de los que la combatan". Partiendo de ese sufragio universal masculino, la transfonnación de los principios del liberalismo doctrinario -presentes en el texto de 1837 y aun en el de 1845-en otros de talante radical, se hizo patente en la intensidad y amplitud con que fueron recogidos los más variados derechos individuales a lo largo de los 31 artículos constitutivos del título primero. Tal mudanza, empero, excedía la pura ampliación cuantitativa. Si el doctrinarismo había supuesto una concepción política transaccional y acomodable a la realidad histórica, el liberalismo radical perseguía unos postulados teóricos que había que llevar sin más a la práctica. Como Sánchez Agesta ha escrito: "El liberalismo radical tiene, por el contrario, una meta absoluta y simple, sin duda demasiado absoluta y demasiado simple, que identifica democracia con soberanía nacional, considera un postulado de esta soberanía el sufragio universal y la vinculación del Gobierno a las Cortes, y en el orden de los derechos individuales va a definirlos como derechos naturales, ab.rnlutos e ilegislables " (Hi.v wria del constitucionalismo español, 273) .

Cmuenufo.

Junto a los derechos ya presentes en Constituciones anteriores, aparecen ahora otros por vez primera: la inviolabilidad de la correspondencia, los de reunión y asociación, y la libertad de trabajo para los extranjeros, junto a una ostensible potenciación de todo lo relativo a la libertad de pensamiento. En el polémico artículo 21 quedó garantizada la libertad de cultos, con la obligación por parte del Estado de subvenir el de la religión católica. El rey, en fin, aparece como un verdadero monarca constitucional, que actúa a través de ministros responsables.

EL ESTADO CONSTITUOONAL

867

¿Cuál fue el destino de esta Constitución de 1869, que ha sido juzgada por algunos autores (Solé Tura, Aja) como la primera democrática de nuestra historia?. En pleno proceso constituyente, Castelar se preguntaba así sobre su valor y sobre su futuro:

Vnlorncirín y esrn.m npUcn-

rión.

"¿Esta Constitución es un progreso sobre las Constituciones anteriores y existentes en Europa?. ¿Esta Constitución corresponde al estado de la ciencia?. ¿Esta Constitución corresponde a los precedentes históricos de la nacionalidad española?. ¿Esta Constitución corresponde a sus precedentes parlamentarios? ... ¿Esta Constitución, por último. podrá ser respetada como un lábaro, como un arca de la alianza de la libertad por las generaciones venideras?".

Por desgracia no hizo falta que esas generaciones venideras procuraran respetarla, porque no fue respetada por la propia generación que la hizo. Pese a la legislación posterior, que pretendió ajustar las instituciones a sus principios (leyes electoral y de orden público, de 1870), la Constitución de 1869 fue suspendida y violada con idéntica o mayor frecuencia que lo habían sido las anteriores. Proclamada la República, se preparó en 1873 un proyecto de Constitución federal que las Cortes discutieron apresuradamente y no llegaron a aprobar. H) LA CONSTITUCION DE 1876

La clave de la consolidación de la monarquía proclamada en Sagunto debía ser un orden constitucional que armonizara las exigencias de los moderados intransigentes, partidarios de volver a la de 1845, con el sistema de libertades y derechos reconocidos en la de 1869. Bajo el impulso de Cánovas, una comisión de notables compuesta por treinta y nueve personas, afronta la tarea de "formular las bases de la legalidad común". Entre marzo y mayo de 1876 se discute en las Cortes el proyecto de una nueva Constitución, aprobada por las Cámaras y publicada el 2 de julio en la Gaceta de Madrid, que por persistir hasta su supresión por Primo de Rivera en 1923, resultará ser la más duradera de la España contemporánea. La justificación del texto se busca en la denominada constitución interna, es decir, en los principios jurídicos que, con independencia de tal o cual formulación escrita, constituyen la base del consenso social, cuestión que como vamos a ver entronca directamente con la debatida cuestión de la soberanía. Así se expresaba Cánovas en un debate parlamentario: "Invocando toda la historia de España, creí entonces, creo ahora, que deshechas como estaban por movimientos de fuerza sucesivos, todas nuestras Constituciones escritas, a la luz de la historia y a la luz de la realidad presente, sólo quedaban intactos en España dos principios: e/ principio monárquico, el principio hereditario profesado

E/nborntión.

Bme ideo/rígif'n: la "t·rms-

titucitJn ;nternn " .

868

LA ESPAÑA DEL XIX

próunda, sinceramente a mi juicio por la inmensa mayoría de los españoles, y de otra parte, la institución secular de las Cortes".

S11Jrn~io. dererho.,· imlfrufunle.,· y ruestiún rt'h,:io.m.

Ln teorín y In µráuim.

¿Qué quería decir el líder de la Restauración?. Algo tan diáfano como discutible. Que existía una legitimidad suprema de algo, o de algunas cosas, que estaba por encima -y por tanto debía quedar al margen- de los ocasionales plebiscitos y consultas que la nación pudiera plantearse en uno u otro momento. Una especie de legitimidad irreversible, y por lo mismo no cuestionable, que él hacía recaer en la institución monárquica y en la representación del pueblo en Cortes. En el seno de este hogar esencial, simbolizado por la Constitución, podría desarrollarse de tejas abajo cualquier clase de política y allí entrar en juego los diversos partidos. Esos dos principios son irrenunciables. En lo demás cabe cualquier concesión. Y en este campo de lo negociable, Cánovas transige en lo que Sánchez Agesta llama "tres piezas de la arquitectura constitucional": el sufragio universal, el régimen de libertades y la cuestión religiosa. El sufragio universal se da por bueno, pese a la aversión del político malagueño, al tratarse del procedimiento de elección al Congreso de los Diputados. Los derechos individuales fueron reconocidos, pero el artículo 14 remitió a leyes ulteriores -y por consiguiente modificables, según la mayoría en el poder- el procedimiento de su tutela, lo que, dicho sea de paso, facilitó Juego el gobierno de los liberales sin alterar la Constitución misma. Finalmente el tema religioso fue saldado en el artículo 11 con una declaración de confesionalidad del Estado y el respeto a cualquier culto y opiniones, no permitiéndose sin embargo "otras ceremonias ni manifestaciones públicas" que las católicas. Semejante precepto excluía que la unidad religiosa formara parte, con la monarquía y las Cortes, de esa constitución interna de España, y resultó lo suficientemente flexible como para que, interpretando distintamente lo que era o podía ser "la manifestación pública", se pudiera gobernar desde tendencias discrepantes. No resolvió desde luego el fondo de un gravísimo problema, ni más ni menos que el de las dos Españas, que estallará trágicamente sesenta años después. La Constitución aseguró el predominio del monarca mediante el nombramiento del gobierno y la posibil.idad de disolver las Cortes. Ahora bien, habida cuenta del sufragio censitario y de la corrupción electoral, que en la práctica aseguraban al gobierno el triunfo en las elecciones, la Corona acumuló el poder y el régimen parlamentario tuvo mucho de ficción. Algunas leyes posteriores (como la de imprenta de 1879 y la de reunión de 1880) completaron el ordenamiento constitucional , mientras la regulación de ciertos derechos, como el de asociación, no se llevó a efecto hasta 1887,

EL ESTADO CONSTITUCIONAL

869

con lo que transcurrieron bastantes años desde su reconocimiento teórico hasta que fue posible ejercerlos en la práctica.

11.

El Rey v las Cortes A) ELREY

Salvo la fugaz excepción de los meses de la primera República y de sus cuatro presidentes, el Estado liberal se articuló en forma de monarquía parlamentaria, con un rey cuyo peso institucional y poderes políticos fueron variables según las épocas. El monarca encarna el poder ejecutivo, que a menudo aparece limitado por las atribuciones de las Cortes, y comparte frecuentemente con ellas la potestad legislativa, sin que por tanto se dé de hecho una rigurosa división de poderes. El rey ostenta la máxima representación de la nación, declara la guerra y ratifica la paz, dando cuenta documentada a las Cortes; cuida de que en el reino se administre justicia; dirige las relaciones diplomáticas y comerciales con otros países; expide los decretos conducentes a la ejecución de las leyes; dispone de la fuerza armada distribuyéndola según convenga; decreta la inversión de los fondos aplicables a los diversos ramos de la administración; acuña moneda, y designa y separa libremente a los ministros. Le corresponde también la salvaguardia del orden público y el nombramiento de todos los funcionarios civiles y militares. Antes de contraer matrimonio deberá comunicarlo a las Cortes, a fin de que ellas aprueben las estipulaciones y contratos correspondientes. Necesita, en fin, de autorización especial para enajenar, ceder o permutar cualquier parte del territorio nacional, para admitir tropas extranjeras en el país, para ratificar los tratados y para abdicar la Corona. La sucesión se rige por los principios del derecho castellano, tal como habían sido restablecidos en la Pragmática sanción de 1789, hecha pública en 1830. En consecuencia el orden queda fijado por los derechos de primogenitura y representación, prefiriéndose la línea anterior a las posteriores, el grado más próximo al más remoto, los varones a las hembras y la mayor a la menor edad. El reconocimiento de la mayoría de edad del rey para gobernar, oscila entre los dieciocho años exigidos por la Constitución de Cádiz (art. 185) y los catorce prescritos por la Constitución de 1837 (art. 56). El establecimiento de la regencia durante la minoridad responde, según las Constituciones, a distintos criterios. Al margen de lo dispuesto en el texto de Cádiz, entonces no vigente, Femando VII designó a su mujer al testar como reina regente y gobernadora, pero tras su renuncia son las Cor-

Poderes del rey.

SuceJiríny

rexenci(l.\'.

870

LA ESPAÑA DEL XIX

tes quienes nombran regente a Espartero. La Constitución de 1876 hizo recaer la regencia en el padre o la madre del rey, y en su defecto en el pariente más próximo, lo que determinó que la reina viuda María Cristina gobernara antes del nacimiento de Alfonso XIII y durante su menor edad . B) LAS CORTES Y EL BICAMERALISMO

Las Cortes fueron definidas en la Constitución de Cádiz como "la reunión de todos los diputados que representan la nación, nombrados por los ciudadanos". Esos diputados, elegidos a través de juntas de parroquia, de partido y de provincia, formaron una asamblea única, siguiendo así el ejemplo de los Estados Generales reunidos en Francia en 1789. Tal sistema rompía por supuesto con la tradición del Antiguo Régimen, por cuanto del cuaderno de instrucciones del procurador ligado a unos concretos ciudadanos, se había pasado al mandato genérico que vincula a los diputados a la nación. Pero no era tampoco acorde con la doctrina de la división de poderes formulada por Montesquieu, la cual preconizaba un cuerpo legislativo compuesto de dos cámaras, "cada una de las cuales reprimirá a la otra por su mutua facultad de impedir", ni con el ejemplo británico que había inspirado al célebre teórico francés. En los años siguientes, la experiencia propia y la acumulada más allá de los Pirineos por los liberales huidos, aconsejaron superar el régimen unicarneral, sustituyéndolo por el bicarneralista con las dos asambleas del Congreso de los Diputados y el Senado. l. Los µrorurndores del E.
Apanti1ín del

Congrr.w.

El Congreso de Los Diputados

Al diferenciar el Estatuto Real el estamento de próceres del estamento de procuradores del reino, quedó éste compuesto por los naturales del reino o hijos de padres españoles, mayores de treinta años, que debían poseer una renta anual de doce mil reales y haber nacido, residido o ser titulares de algún predio o capital de censo en la provincia por la que fueren designados. Tiene lugar así una separación de cámaras, pero las precarias facultades de ambas. y en concreto de la popular, así como la nomenclatura añeja de procurador en lugar del diputado aparecido en Cádiz, restauran en buena medida el clima del Antiguo Régimen y abren un compás de espera a reformas ulteriores. Corno tal , el Congreso de los Diputados aparece en la Constitución de 1837 con la instauración de un sistema bicarneral, cuyo éxito histórico es patente por su vigencia todavía hoy. La Cámara baja recibió entonces ese nombre y, según sabemos por la investigación del profesor Juan Baró, sólo

EL ESTADO CONSTITUCIONAL

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un par de voces discordantes llegaron a proponer otras denominaciones alternativas. La asamblea quedó entonces configurada como un órgano colegislador; con atribuciones financieras que le confirieron la preeminencia sobre el Senado, y con capacidad asimismo para controlar al ejecutivo a través del examen del presupuesto, de las interpelaciones y de la posibilidad de exigir responsabilidad a los ministros. Para ser diputado se requirió la condición de español, mayor de edad o de veinticinco años (C. de 1837 y 1845), quedando imposibilitados de ordinario los eclesiásticos (excepto en la C. de 1869). Las mujeres no fueron elegibles durante el siglo XIX, discriminación que habrá de ser rota por la Constitución republicana de 1931. La duración del mandato parlamentario osciló en teoría entre los tres años previstos en las Constituciones de 1837 y 1869, y los cinco que introdujo la de 1845 y recogió la de 1876. En la práctica las frecuentes disoluciones de las Cortes interrumpieron esos períodos. Como ya previó un sensato diputado al oponerse en 1845 a la ampliación del plazo, "si hasta ahora las Cortes no han consumido su vida natural; si no han durado nunca los tres años, menos es de creer que duren cinco". La Constitución de Cádiz proclamó la inviolabilidad parlamentaria, instaurando un "tribunal de Cortes" para juzgar las causas criminales contra diputados. En su lugar, la de 1837, estableció sobre el mismo principio que diputados y senadores sólo pudieran ser procesados y arrestados con autorización de la cámara correspondiente. La Constitución de Cádiz había fijado, de otra parte, un severo régimen de incapacitación, declarando inelegibles en general a ministros y altos cargos, así como a los empleados públicos por la provincia concreta donde ejercieran su oficio. Tal sistema resultó modificado por la legislación electoral posterior y por la Constitución de 1837, al admitir que los ministros pudieran ser parlamentarios, si bien con el deber de concurrir a una reelección que en la práctica no revistió dificultades y de cuyo requisito fueron eximidos por la Constitución de 1845. En resumen, y a tenor del sólido estudio que Baró ha llevado a cabo de la Cámara baja, cabe decir que tras la transición apuntada por el Estatuto Real, el texto de 1837 configuró un Congreso de los Diputados que definitivamente se consolida en 1845. La semblanza institucional de sus miembros es pergeñada así por ese autor: "La condi ción del Diputado o Procurador adquiere significat ivas alteraciones en la época que estudiamos. El Diputado gaditano es considerado como representante de la Nación, e investido de plena libertad de actuación: sus poderes son ilimitados. A diferencia de éste, el Procurador del Estatuto, con sujección a los poderes expedidos al tiempo de su nombramiento, no hace sino rescatar el principio del mandato parlamen-

Lt,s tfiputntfos:

cond1dones de elegibilitfntf y tfurnciún tfe/ ('(lf>(O.

lnviolnbi/1tfnd pflrinmenwrin y

elegibilidntf de

lo.,· ministro.,·.

Fi .w nomía

,m,liturionnl del dipu1ntfo.

872

LA ESPAÑA DEL XIX

tario típico de nuestras Cortes tradicionales. El Diputado de las épocas constitucionales posteriores, al igual que el gaditano, no recibe unos poderes concretos de sus electores, sino que recibe una representación en términos genéricos, que le obliga a ejercer bien y fielmente el encargo que la Nación le ha encomendado" (El Congreso de los Diputados en España, 11,514).

2. Frustrnriún e11Cátfiz..

Lt,1 próreres del fatatuto Rt'al.

Aparid rín del Senado.

El Senado

Las Cortes de Cádiz habían proclamado su propósito de ajustarse a la tradición parlamentaria española, lo que les llevó a abordar el problema de la representación por separado de los estamentos privilegiados, que antes habían constituido brazos distintos. De esta suerte algún diputado como Inguanzo llegaría a admitir la posibilidad de dos cámaras, a fin de salvar ese sistema de representación tradicional. Ello no logró prosperar por cuanto la comisión valoró el sistema estamental de brazos como una "costumbre de incierto origen, que no estaba sujeta a regla alguna fija y conocida", aduciendo además que la presencia en las Cortes españolas de los prelados de ultramar supondría el abandono de las diócesis respectivas, así como la misma dificultad de separar a nobles y eclesiásticos del estamento popular. El Estatuto Real de 1834 estableció un estamento de próceres del reino de muy variada composición. Formaban parte de él arzobispos y obispos, grandes de España, títulos nobiliarios y gentes ilustres que hubieran prestado servicios de reconocida importancia -ministros, procuradores del reino, consejeros de Estado, diplomáticos, generales o miembros de los tribunales supremos-. También los propietarios territoriales y dueños de fábricas con una determinada renta y que ya hubiesen sido procuradores; y finalmente los individuos destacados en la enseñanza, ciencias o letras, siempre que contaran con ese mismo nivel de renta fijado en 60.000 reales . Tal mezcolanza nada tenía que ver con la antigua representación estamental. Aquí lo que se estableció fue una cámara aristocrática que, carente de iniciativa legislativa, poseía sólo el derecho de elevar peticiones al rey. Tras este precedente, el Senado aparece en la Constitución de 1837, y ya con el riguroso carácter de cámara colegisladora. Los senadores, en número igual a las tres quintas partes de diputados, eran nombrados por el rey a propuesta de los electores de las provincias, las cuales, contando al menos con uno, estarían representadas en función de su población . Para ser senador era preciso poseer la condición de español mayor de cuarenta años y reunir los requisitos previstos en la ley electoral , que sustancialmente exigía un cierto nivel de solvencia económica. A su vez, los hijos del rey y del heredero se convertían en senadores a los veinticinco años.

EL ESTADO CONSTITUCIONAL

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¿Cómo se justificó el establecimiento del Senado?. A tenor del estudio que Bertelsen ha llevado a cabo, por las siguientes razones: -Para recoger con mayor propiedad la opinión nacional y poder así legislar conforme a ella. El Senado evitaría los peligros de una cámara única, donde los "encantos de la oratoria" u otras circunstancias trastocaran ese sentir real en otro ficticio e inadecuado. -Para amortiguar la fuerza e hipotéticos extremismos del Congreso, actuando a modo de cuerpo intermedio o poder moderador. -A fin de garantizar la eficiencia de la actividad legislativa ejercida por la Cámara baja, efectuando una segunda tarea de revisión. -Para seguir un ejemplo que en el extranjero había dado buenos resultados. Como recordaba cierto diputado, "en todos los pueblos la combinación de estas dos cámaras hace la felicidad de las naciones". A partir de 1837 los sucesivos textos introdujeron continuas modificaciones en el procedimiento y requisitos para acceder al Senado. Según la Constitución de 1845 el rey nombraba un número ilimitado de parlamentarios, entre españoles de treinta años que reunieran determinadas condiciones. A su vez la Ley de 1857 diferenció dos tipos de ellos: los que lo eran por derecho propio -altos eclesiásticos y magistrados, capitanes generales (con carácter vitalicio) y grandes de España que disfrutaran de una alta renta (con carácter hereditario)-, y aquellos otros designados libremente por el rey. La Constitución de 1869 estableció a su vez un procedimiento de elección indirecta, según el cual cada distrito escogía por sufragio universal cierto número de compromisarios, quienes asociados con la Diputación provincial constituyen unas juntas electorales que eligen a cuatro senadores. Finalmente la Constitución de 1876 amplía el espectro y distingue tres tipos: los que lo son por derecho propio -semejantes a aquellos instituidos en 1857-, los senadores vitalicios nombrados por la Corona, y los elegidos por las corporaciones del Estado y los mayores contribuyentes. Estos senadores electivos serán 180, número que se fija como tope para la suma de los pertenecientes a las otras dos clases. La Cámara alta tuvo siempre iniciativa legislativa y, en este terreno, a salvo de lo advertido antes sobre contribuciones y crédito público, resultó equiparada al Congreso. Sus facultades judiciales variaron entre poder simplemente juzgar a los ministros acusados por el Congreso (C. de 1837, 1869 y 1876), o estar facultada además para conocer causas criminales de especial significación política y juzgar en lo penal a sus propios miembros (Estatuto Real y C. de 1845). En la práctica tuvo también facultades fiscalizadoras, si bien fueron sólo explícitamente reconocidas por la Constitución de 1869.

Ju.,rijiml'ián

polítirn tfe su estnblttdmiL nto. 1

lo.'i .\'t!nndore.L

Fnrnltntfe.< dd Senndo.

87 4

LA ESPAÑA DEL XIX

3. Reunión de In.,· Corles y poderes riel monarrn. .

Poder<.< de In.\· Cort~., .

Convocatoria, reunión y atribuciones de las Cortes

Las Cortes son convocadas por el rey y se reúnen cada año en Madrid . Tras el discurso o mensaje de la Corona, dirigido a ambas cámaras, que define las grandes directrices políticas, Congreso y Senado inician su vida parlamentaria independiente y paralela, manten iendo una específica organización bajo el control de sus respectivos presidentes. Las sesiones son públicas, sal vo decisión en contrario, y la adopción de acuerdos tiene lugar por pluralidad de votos. Al fijar este último extremo, las Cortes de Cádiz establecieron el requisito, mantenido después, de un quorum mínimo de la mitad más uno de diputados y senadores. El rey podía suspender las sesiones si lo estimaba necesario, aunque la Constitución de 1869 limitó esa atribución -que no requería consentimiento de las Cortes- a una sola vez por legislatura. El monarca disfruta asimismo, desde la Constitución de 1837, del derecho de disolver alguna de las cámaras o la totalidad de las Cortes. Al término del período de sesiones suele proceder a su clausura. Los poderes de las Cortes varían según los textos constitucionales, siendo máximos en Cádiz y mínimos con el Estatuto Real. Independientemente de algunas actuaciones excepcionales, como fue la de elegir rey a Amadeo de Saboya, o la de proclamar la República, sus competencias se centraron en las altas cuestiones concernientes a la soberanía y al trono. Intervinieron así en los problemas sucesorios, debiendo autorizar la abdicación del monarca, su matrimonio o cualquier ausencia del territorio nacional. Ante ellas debía prestar juramento el rey, el príncipe heredero y en su caso el regente, cuya designación también correspondía a las cámaras. De ordinario ejercieron la potestad legislativa juntamente con el monarca, aunque excepcionalmente la Constitución de 1869, al no mencionar al soberano en el título correspondiente, remitió a las Cortes en exclusiva esa potestad . Los proyectos podían ser presentados indistintamente ante cualquier cámara -excepto los financieros que son vistos primero en el Congreso-, pasando luego a la otra, para quedar en última instancia, de existir desacuerdo entre ambas, a merced de la definitiva resolución del rey. Las Cortes supervisaron, en fin, el poder ejecutivo, mediante el control de los ministros que debían, gozar de la confianza de la asamblea. 4.

La Diputación de Cortes

A semejanza de la tradicional Diputación de las Cortes del Antiguo Régimen, la Constitución de Cádiz estableció una Diputación permanente que habría de durar de unas Cortes ordinarias a otras. Quedó compuesta en-

EL ESTADO CONSTITUCIONA L

875

tonces por siete diputados (tres de Europa, es decir, peninsulares; tres de ultramar, y un séptimo por sorteo entre los de ambas procedencias). Pese a sus pretensiones de enlazar con el pasado histórico, según manifestó Arguelles en las Cortes, los objetivos y fines de la Diputación permanente resultaron ahora lógicamente distintos. Funciones suyas fueron así el velar por la observancia de la Constitución y de las leyes; convocar a Cortes extraordinarias si procediere; recibir a los nuevos diputados y actuar como junta preparatoria de las Cortes siguientes; pasar aviso a los diputados suplentes que hubieren de concurrir en lugar de los propietarios; y en caso de fallecimiento o imposibilidad de unos u otros, dictar las oportunas órdenes para que en la provincia correspondiente se procediese a nueva elección. A tenor de ello, y según el análisis de Baró, la naturaleza jurídica de la Diputación constitucional quedó configurada por los rasgos siguientes: -Se trata de una comisión de las Cortes que actúa en el período de vacancia, diferenciándose de cualesquiera otras comisiones cuya vida se desarrolla en el período parlamentario. -Es un órgano delegado, con competencias que provienen de lo que le atribuye el órgano o asamblea principal. -Constituye un instrumento que salvaguarda el principio de la división de poderes, al evitar que el ejecutivo, no existiendo las Cortes, asuma funciones propias del legislativo. Con ello se garantiza la observancia de los principios de la Constitución. -No es un Tribunal de Garantías Constitucionales, puesto que su competencia se reduce, en estos campos, a dar cuenta a las Cortes de las infracciones observadas. La Diputación permanente de Cortes fue suprimida en la Constitución de 1837 por entender la comisión de reforma que carecía de atribuciones bien determinadas, y era por tanto un organismo superfluo, o que podía usurpar, si efectivamente intervenía, las facultades del poder ejecutivo. Tuvo ocasión de haber reaparecido con la Constitución no promulgada de 1856, y fue restablecida por la de 1931. 111. Los Partidos Politicos A) PRIMERA ETAPA: AFIANZAMIENTO DEL SIS1EMA LIBERAL

l.

Doceañistas y radicales

La crisis de 1808 dividió a las minorías políticas, y luego al resto de la sociedad española, en dos bloques de ideología antagónica. De un

Funciones.

Natum/ew jurfdim.

Suprtsi(m.

876

Es('üitínrfrlo.,·

liberales m d Tnenio.

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lado los absolutistas, aferrados a los esquemas del Antiguo Régimen, defensores del poder absoluto del monarca y de la sociedad estamental. De otro los liberales, acordes con el nuevo rumbo de los tiempos, favorables a los principios de la soberanía nacional y partidarios de la división de poderes. Tal quiebra excedía con mucho la pura diferenciación de grupos o partidos políticos, encerrando en ella dos concepciones globales y enfrentadas de la vida nacional. Tras lo sucedido en Cádiz y el retorno del monarca, los absolutistas presentaron el Manifiesto de los persas, texto que constituye la declaración programática no de un partido político, entonces inexistente, pero sí al menos del grupo parlamentario por el que fue suscrito. En los años del Trienio se produce una honda escisión en el seno de los liberales, distinguiéndose entonces entre los doceañistas, o defensores moderados de la Constitución de Cádiz, y los radicales o exaltados que propugnan un programa revolucionario. La bipartición liberal, acrecida por las fracciones existentes entre los radicales, no se tradujo sin embargo en la formulación de programas políticos rigurosos y precisos, que en cambio se atisban a través de discursos parlamentarios, sociedades de distinto signo y artículos periodísticos, cuyo denominador común, de rechazo al absolutismo, oscureció las diferencias coyunturales existentes en el liberalismo radical. 2.

Modunr/o., y proxrexistnx.

Nnnmiento rle/Pnt11r/o.

El Partido Moderado

Tras el Estatuto Real y los sucesos de La Granja, el liberalismo español cristalizó políticamente en dos grandes sectores, moderado y progresista. Los primeros eran ideológicamente afines al liberalismo doctrinario, y en consecuencia afectos a la teoría de la doble representación que encarnaba la soberanía tanto en la Corona como en las Cortes. Los progresistas defendían un modelo radical, donde las Cortes asumían en exclusiva la soberanía nacional y donde se negaba a la Corona el poder moderador y sobre todo decisorio que aquéllos le adjudicaban. Desde la crisis de 1848 se llamó Partido Moderado al sector político que antes había aparecido como "monárquico-constitucional" y "conservador", y que lógicamente enlazaba con los doceañistas del trienio constitucional. El uso llegó a imponer aquel término, habida cuenta de las connotaciones negativas que, quizás por la permanencia en el poder, había adquirido Jo "conservador". En su Diccionario de lo.1· políticos, un moderado como Rico y Amat formuló por entonces la siguiente definición: "Con.l'ervador. Adjetivo que se aplica con exactitud al partido moderado por su habilidad en conservar lo que una vez adquiere. Merced a esta cualidad ha conservado el mando en España por espacio de muchos años".

EL ESTADO CONSTITUCIONAL

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El Partido Moderado fue una amalgama de elementos diversos, con un fondo común de respeto al orden y a la institución monárquica, reconciliación con la Iglesia y sentido de arbitraje entre el tradicionalismo y la revolución. En él cabe distinguir una corriente de centrismo rígido (Narváez), que rechaza el diálogo con los sectores maximalistas del carlismo y el progresismo, y dos alas diferenciadas por su afinidad mayor a unos u otros: la llamadafracción Viluma, proclive a un entendimiento con los carlistas, y los puritanos que propugnan eso mismo con los progresistas . El fracaso de los extremos dialogantes vertebró al partido moderado sobre la espina dorsal de un curioso centrismo, teóricamente liberal pero plasmado de hecho en la dictadura. Semejante incongruencia hará que el pensador tradicionalista Donoso Cortés, inste al gobierno Narváez en 1850 a que se defina: a que "si quiere la dictadura, la proclame y la pida .... pero señores, que se proclame, porque si no, estamos entre dos gobiernos a la vez; tendremos un gobierno de hecho, que será la dictadura, y otro de derecho que será la libertad; situación, señores, la más intolerable de todas, porque la libertad, en vez de servir entonces de escudo, sirve de celada". La constitución de la Unión Liberal en 1856 eclipsó por un tiempo al Partido Moderado, el cual dejó de participar en las elecciones siguientes, para reaparecer en las de 1871 extrañamente aliado con republicanos y carlistas. Mantuvo entonces la pretensión de restablecer la Constitución de 1845 e incluso reponer a Isabel II en el trono, logrando una aceptable implantación. El posterior auge de la tendencia alfonsina hará recaer la herencia moderada en el partido que Cánovas dirige con la Restauración . 3.

ldeolo11fn y f'o rrienl eJ in·

tema.,·.

Edip.ve.

El Partido Progresista

La tendencia más radical del liberalismo de los años treinta constituyó un Partido Progresista, encarnado en 1840 en la figura de Espartero. Herederos directos de los principios de Cádiz y del magma ideológico del Trienio, sus miembros no llegaron a definir un programa político homogéneo y consistente, lo que en buena parte explica la escisión por la izquierda en 1849 del sector que se convertirá en un nuevo partido, el demócrata. En los siete lustros que suman la regencia de María Cristina y el reinado de Isabel II, los progresistas fueron llamados al poder en breves y contados períodos. El partido defendió la igualdad jurídica de los ciudadanos, la extensión del derecho electoral, el fortalecimiento de los poderes locales y provinciales, la libertad de imprenta y la libertad de comercio. La mayor parte de estos principios apenas fueron sin embargo sistematizados en ocasiones esporádicas. Para Federico Suárez el aglutinante del progresismo era sólo el afán de cercenar los derechos de la Iglesia y del monarca, quedando todo

o,;/1,n.

M ,otoxrn.

878

LA ESPAÑA DEL XIX

lo demás en difusas generalizaciones. Comellas, a su vez, se ha ocupado de estos políticos que vivían "a expensas de vaguedades", asimilando su prototipo a la figura del juntero descrita así por Mesonero Romanos: "Este tipo es provincial, moderno, popular y socorrido. Abraza indistintamente todas las clases , comprende todas las edades; pero lo regular es hallarle entre la juventud y la edad provecta, entre la escasez y la ausencia completa de fortuna . Militares retirados, periodistas sin suscripciones, médicos sin enfermos, abogados sin pleitos, proyectistas y cesantes del pronunciamiento anterior... Su residencia ordinaria es el café más desastrado de la ciudad, y allí irá a buscarlo la masa popular cuando sienta su levadura ... Luego que llega a entrar por aquella investidura en la casa consistorial, saca de su bolsillo la proclama estereotípica de los derechos del hombre y del carro del despotismo, de la espada de la ley y de las c:adena.1· de la opresión... Y nuestro juntero, padre de la patria, lo primero que hace es suprimir las autoridades y declararse él y sus compañeros autoridad omnímoda, indepen diente, heroica y liberal" (El juntero, en Costumbrista.1· e.l'pañole.1', 1, 1346-1347). Cri.'li.'i y de.mµnridán.

Retraído del juego electoral, y habiendo sumado sus fuerzas a las de otros grupos para derribar la monarquía, el Partido Progresista quedó acéfalo al ser asesinado Prim en 1870. Tuvo lugar entonces un fraccionamiento en dos tendencias: el Partido radical de Ruiz Zorrilla y el liberal de Sagasta. Aquél obtuvo casi tres cuartas partes de los diputados en las elecciones de agosto de 1872, pero se inhibió en las de mayo de 1873. Este formará el segundo gran pilar del bipartidismo de la Restauración. El Partido Progresista, como tal, desapareció. 4.

Origme

ideología.

El Partido Demócrata Republicano

La preparación de la respuesta al discurso de la Corona en la legislatura iniciada en diciembre de 1848, dio lugar entre los progresistas a dos distintos textos, el segundo de los cuales se convertirá en el manifiesto de 6 de abril de 1849, carta programática del nuevo Partido Demócrata. Allí, tras un pretencioso exordio que lamenta las convulsiones políticas de España, se señalan los objetivos del partido y lo que en consencuencia permite diferenciarle del tronco progresista del que se desgaja. Entre la multitud de temas que el documento trata, Artola diferencia tres ejes doctrinales. En primer lugar, la declaración de los derechos del hombre, donde se integran explícitamente ahora la libertad de conciencia y los derechos de reunión, asociación e instrucción primaria gratuita. En segundo término, la transformación del sistema en base a la soberanía popular, lo que lleva consigo el sufragio universal, la representación en una cámara, el carácter electivo de ayuntamientos y diputaciones, y el juicio por jurados, dejando a la Corona el poder de ordenar la vida parlamentaria y sancionar las leyes. Por último, los demócratas propugnan un Estado intervencionista en cuestiones

EL ESTADO CONSTITUCIONAL

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sociales y en el régimen fiscal, lo que concretamente les aparta de la neutralidad consustancial al liberalismo clásico de los progresistas. El Partido Demócrata concurrió ya por separado a las elecciones de abril de J 851, cuando esas tesis intervencionistas le habían granjeado la simpatía de los primeros brotes del socialismo. En su seno crecían sin embargo dos corrientes discrepantes sobre la forma de gobierno, la democrático-monárquica y la republicana, dividida a su vez esta última entre los que optaban por una República unitaria y los que se inclinaban por el modelo federal que Pi y Margall patrocinó. En 1869 el partido mismo había sido organizado conforme a patrones federales, fácilmente acomodables a un Estado que se articulara de esa forma. Las peripecias electorales de los años siguientes, incluida la alianza con moderados y carlistas en 1871, mantuvieron la unidad bajo esa enseña del republicanismo federal. Pero al alcanzar la victoria en 1873 rebrotaron las querellas internas y se produjo la disgregación del partido.

El repuúlirnnismo fulernl.

'"Durante el primer período, la lucha contra demócratas y radicales había cerrado las filas republicanas, aunque dentro de ellas se había escuchado alguna voz unitaria. Asegurado el predominio federal en mayo, las Cortes constituyentes serán incapaces de hacerse con la situación por el despliegue particularizador que las mismas doctrinas federalistas habían sembrado, y que estuvieron en el origen de la general insurrección cantonal" (Martínez Cuadrado: Elecciones y partido.1· políth·os, l, 193).

B) SEGUNDA ETAPA: EL BIPARTIDISMO DE LA RESTAURACION

1.

El Partido Conservador

En 1875 Cánovas se erige en líder de un partido llamado "liberal-conservador", ambigüedad terminológica que quizás pretendía evitar una incómoda similitud con formaciones políticas de etapas precedentes. Formado en principio por gentes oriundas de los antiguos moderados y unionistas, pudo desprenderse en seguida de su primer calificativo, quepasará a adjetivar a la oposición, y protagonizar la vida política del último cuarto de siglo como Partido Conservador. Ciertamente, según se ha dicho, Cánovas tuvo el talento de cambiar algunas cosas para que en el fondo todo pudiera seguir siendo igual. Aliviado de ciertos lastres de los viejos moderados, el partido conservador surge como por ensalmo bajo la tutela del poder. Prácticamente sin organización, afiliados ni estructura, el apoyo gubernamental y la consiguiente malla de leales en las provincias, hacen posible su triunfo rotundo en las elecciones. En vísperas de ellas, el 9 de enero de 1876, cierto manifiesto de los notables desarrolla una serie de reflexiones que más tienen que ver con la filosofía general del sistema de la Restaura-

Origen.

la or¡¡nniz.ndún ,le.u/e el Poda

880

Apo)YI xm·inl y µm¡.:rnmrr f'r):t! · nerndrmi.,1a.

LA ESPAÑA DEL XIX

ción que con el programa político de un partido concreto. Se trata de asegurar la nueva legalidad monárquica que garantice y ponga al día el libre juego de instituciones y partidos políticos. Esa nueva legalidad abrirá el camino al bipartidismo, pero para ello habrá que esperar de hecho cinco años hasta que el Partido Liberal entre en lid en 1881. Entretanto los conservadores gobiernan solos, con la reserva ideológica de cuanto Cánovas dice en las Cortes, explica en el Ateneo o escribe en los periódicos. El Partido Conservador fue ante todo un partido de cuadros, con hombres reclutados entre la burguesía, aristocracia y altos funcionarios. Al apoyo fundamental de las clases oligárquicas del sur de España, se sumó luego el de las clases medias de otras zonas de la Península. En los últimos tres lustros del siglo, y ya en un régimen de alternancia, el partido atravesó serias dificultades debidas al autoritarismo de su creador, al retorno del sufragio universal en 1890 y a la disidencia de otro hombre importante, Silvela, dos años después. Tras el asesinato de Cánovas por un anarquista italiano (8-VIII-1897), en 1899 Silvela es promovido a la jefatura del gobierno. Lo que los conservadores propugnan ahora, al borde del fin de siglo, hundido el país por el desastre colonial que ha tenido lugar bajo el gobierno de sus oponentes, es un programa regeneracionista basado en promover los intereses económicos, eliminar el caciquismo, reformar la admi nistración y organizar la defensa y relaciones internacionales. 2.

o,;11 cn.

EL Partido Liberal

En el reinado de Amadeo I un grupo de gentes nominalmente dirigidas por el general Serrano y de hecho por Sagasta, se agrupan en el llamado Partido Constitucional. Compuesto por progresistas de derecha y unionistas de izquierda, defendieron la Constitución de 1869 --de ahí su nombre- y aceptaron desempeñar un papel de oposición a la legalidad representada unos años después por la Constitucíón de 1876. Tiene entonces lugar la escisión de un sector liderado por el jurista Alonso Martínez, quien entre los constitucionalistas y los conservadores forma el Partido Centralista, denominación que correspondió tanto a su emplazamiento ideológico en el espectro político, como a la propia instalación de sus diputados en el centro del hemiciclo parlamentario ("grupo del reloj"). En diciembre de 1878 aquel partido absorbe e éste y, restañada la fisura, el renacido Partido Constitucional se enfrenta a la tarea de integrar otras fuerzas que compartan un espíritu de oposición liberal y respetuosa con la monarquía. En mayo de 1880 se forma un directorio presidido por Sagasta, el cual logra lafusi6n con algunas personalidades y secciones parlamentarias de su derecha. Estamos así ante el núcleo del Partido Liberal-Fusio-

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881

nista, que inspira a Cánovas la suficiente confianza como para reconocerle su condición de alternativa en un sistema bipartidista consolidador de la Restauración. Ese partido alcanza el poder en febrero de 1881. En 1885 tiene lugar la definitiva institucionalización del Partido Liberal, cuya acta de nacimiento es la Ley de Garantías de 4 de junio, sobre la base de la unión del Partido Fusionista y de otra corriente, la Izquierda Dinástica, que defiende la revisión de la Constitución y la democratización del sufragio. El patrimonio programático de los liberales armoniza el respeto a la exigencia de Cánovas, de que la soberanía recaíga en las Cortes y el rey, con la pretensión de garantizar una serie de principios como el sufragio universal, los derechos individuales, la responsabilidad de los funcionarios o el juicio por jurados. Se trata así, en síntesis de Jover, de aceptar la Constitución del 76 e insuflarle los principios inspiradores de la del 69. Con la muerte de Alfonso XII en noviembre de aquel año 1885, el Pacto del Pardo consagra el acuerdo entre los dos líderes dinásticos que llevará al poder a Sagasta precisamente a instancias de Cánovas, quien proclama que "a un nuevo reinado como el que comenzó ayer le convienen ministros nuevos también". Tras un lustro de gobierno liberal --el parlamento largo- y diversas alternancias liberal-conservadoras en la última década del siglo, el partido se consolida bajo el personalismo en la cúspide de su líder, y la existencia, en la base, de unos comités que entran en acción a la hora de las elecciones. 3.

ln.'ititudona· liuidón e ideo· Jo,:ín.

Ultimo.'im1ox.

la aparición de los partidos políticos obreros: el PSOE

En el clima del asociacionismo obrero posterior a la Revolución de I 868 y a la proyección en España de la Primera Internacional (44,II,D,2), el 2 de mayo de 1879 veinticinco personas se reúnen en una fonda de la madrileña calle de Tetuán y fundan el primer partido específicamente clasista de nuestra historia política: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Obreros casi todos ellos (dieciseis tipógrafos, dos diamantistas, un marmolista, un zapatero, tres médicos, un estudiante de medicina y un doctor en Ciencias), aparecen dirigidos por un notable personaje, Pablo Iglesias, oriundo de Galicia y miembro, como la mayoría, de esa especie de aristocracia proletaria dedicada al "noble arte de imprimir". Iglesias fue hasta su muerte (1925) líder y presidente del partido, jefe frecuente de la central sindical UGT, y director incluso del periódico El Socialista que vio la luz en 1886. Por la precariedad de los comienzos y el nivel político de la España de entonces, un historiador socialista como Juan José Morato evo-

Cn·m iún.

882

Ideología.

LA ESPAÑA DEL XIX

cará a Pablo Iglesias como "director de un periódico sin lectores y presidente de un partido sin partidarios, en un país sin ciudadanos". En el modesto banquete fundacional fue constituida una comisión encargada de redactar el programa -que fue aprobado el 20 de julio- y articular la organización. Junto a diversas reivindicaciones laborales, ese programa, de neta inspiración marxista, daba cabida a tres pretensiones fundamentales: " Por todas estas razones , el partido socialista obrero español declara que su aspiración es : Abolición de clases, o sea, emancipación completa de los trabajadores . Transformación de la propiedad individual en propiedad social o de la sociedad entera. Posesión del poder político por la clase trabajadora".

El partido celebró un primer congreso en Barcelona, en 1888, donde se plantearon serios problemas entre el sector catalán y el madrileño, y donde se ratificó y amplió la clave ideológica. El manifiesto de los delegados allí reunidos, tras aludir a "los crueles tormentos y los horribles martirios que el régimen capitalista engendra", sintetiza sus propuestas de esta forma: " En suma: el ideal del Partido Socialista Obrero es la completa emancipaci ón de la clase trabajadora ; es decir, la abolición de toda s las clases sociales y su conversión en una sola de trabajadores , du e ños del fruto de su trabajo, libres, iguales. honrados e inteligentes". Or;:nni:nrián.

En cuanto a organización, el número de agrupaciones del PSOE creció en el XIX desde las 16 existentes en 1888 a las 70 que debieron contarse una década después. Por encima de esa base organizativa de las agrupaciones locales, se constituyó un Comité Nacional elegido por los afiliados de la ciudad donde radicaba su sede, es decir, por los de Madrid, lo que explica al tiempo una cierta tensión centralista y el predominio inicial de los obreros de la imprenta, captados por Iglesias y sus correligionarios en la capital de España. El Partido Socialista, que llegó a celebrar en el período que nos ocupa otros cuatro congresos (Bilbao, 1890; Valencia, 1892; Madrid, 1894 y 1899), concurrió por vez primera a las elecciones en febrero de 1891 presentando veinticuatro candidaturas, en seis de las cuales figuraba Pablo Iglesias. Ni en esas ni en las restantes elecciones generales celebradas hasta el término de la centuria, logró obtener el PSOE un solo escaño. Llevó a cabo, en cambio, una tenaz labor de implantación y propaganda, obtuvo puestos en los ayuntamientos, y colocó en fin los cimientos del futuro y poderoso despliegue que llevará a cabo en el siglo XX.

EL ESTADO CONSTITUCIONAL

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885

47-48.

LA CODIFICACION (I y 11)

l. lntroduc:c:ióa A) "CODIGO" Y "CODIFICACION"

Desde una perspectiva externa y formal se denomina código a cualquier tipo de manuscrito en forma de libro, con hojas cosidas en bloque compacto, según un sistema que en su origen reemplazó ventajosamente al más antiguo de los rollos de papiros y pergaminos. Desde un punto de vista jurídico y en razón del contenido, código es un libro de leyes. La primera acepción da cabida a cualquier tipo de textos, existiendo así "códigos" religiosos como el Codex Sinaiticus o el Codex Alexandrinus, correspondientes ambos a manuscritos de la Biblia. La segunda limita el concepto de código a un cuerpo legal, pero resulta con todo sumamente indeterminada. Dentro de ella cabe a su vez calificar de código a cualquier compilación de leyes procedentes de épocas distintas, según fue por ejemplo el caso del Codex Gregorianus y del Codex Hermogenianus, o bien, en sentido más restringido, circunscribir tal término al cuerpo legal extenso que se elabora de una vez mediante la redacción ex novo del derecho, y que resulta ordenado conforme a determinados criterios. A tenor de esta última interpretación, los Fueros de Aragón o la principal obra atribuida a Alfonso el Sabio . han venido siendo conocidos como Código de Huesca y Código de las Partidas. respectivamente. Hasta aquí, de una u otra forma, bien sea compilándolo o redactándolo de nuevo, el código recoge el derecho antiguo. En el siglo XVIII quiebra sin embargo esa concepción y, por influjo del racionalismo jurídico, se abre paso otra distinta, estricta y técnica, que llega a nuestros días. El código pasa a ser la regulación sistemática de una determinada rama del derecho, de acuerdo con los principios que sus redactores estiman oportunos, en un libro ordenado en capítulos y artículos, entre sí relacionados e interdependientes. Y si por "codificación" cabe entender de forma genérica la tarea de realizar cualquier tipo de "códigos", al haberse acometido en la Europa del XIX la elaboración en gran escala de esos cuerpos legales

El "nídixo " como1exto que rero,:e tlerecho antiguo.

El "cádi¡:o " <'Omoretlm·-

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cionnliwdo.

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LA ESPAÑA DEL XIX

más precisos y científicos, tal fenómeno concreto pasa a la historia jurídica como la Codificación por antonomasia. B) LA MOTIVACION IDEOLOGICA El racümnli.\·mo j urídico.

Wolff

Fuerza motriz de la Codificación fue el racionalismo jurídico y un espíritu ordenador de la sociedad que, con raíces en la Ilustración reformista, se aplica a vertebrar el mundo jurídico del nuevo Estado surgido tras la caída del Antiguo Régimen. Si los viejos códigos habían sido fruto ocasional de la madurez de la ciencia jurídica en determinados momentos, los que ahora se redactan responden a una cuidadosa planificación de aquello que la razón natural parece exigir y de lo que a la sociedad política conviene. No procede en consecuencia recopilar el derecho o reformarlo, sino construir un orden nuevo y justo, igual para todos y de alto rigor técnico. El racionalismo jurídico tiene como punto de partida el optimismo vital de los avances logrados en las ciencias físico-naturales, y se basa en la creencia en un Derecho natural objetivo e inmutable. Su médula es la confianza en la razón. Si el hombre ha logrado en aquellos campos, progresos espectaculares, aplicaudo un método de análisis científico que renueva la visión del cosmos; y si existe, según se cree, un orden jurídico supremo de principios inconmovibles, bastará aplicar aquí la razón para deducir un sistema de leyes positivas que resulten tan seguras como las que rigen esas ciencias experimentales recién descubiertas. A lo que, tras la revolución copernicana, hicieron Kepler o Newton en el ámbito de la astronomía, física y matemáticas, debe corresponder una tarea paralela en las ciencias del espíritu y concretamente en el Derecho. Los cuerpos legales habían surgido en épocas pretéritas, condicionados por circunstancias diversas -absolutismo regio, presiones estamentales, poderes dominantes, etc.- que les convirtieron en deudores de intereses episódicos y valores meramente contingentes. En la nueva coyuntura de la modernidad, el hombre, ufano de su condición racional, cree poder desligarse de tales ataduras y organizar sin trabas y mediante un ejercicio reflexivo la vida jurídica, utilizando la ley como instrumento. La concepción iusnaturalista despierta la convicción en unos principios o normas abstractas y fijas, de los que es posible deducir mediante el raciocinio otros varios más precisos y adecuados a situaciones concretas. Ello conduce a la estrategia racionalista de ordenar el Derecho como un sistema completo y cerrado, de perfiles geométricos y presunta validez intemporal. El gran precursor de ese método es Leibnitz (historiador, jurista, diplomático, lingüista, teólogo y físico), y quien lo divulga y lo hace explícito es un discípulo suyo, Christian Wolff. En este personaje, que sintomáticamente enseña matemáticas (entre otras co-

LA CODIFICACION

887

sas) en la Universidad de Halle, confluyen las dos grandes corrientes del Derecho natural de Grocio y del racionalismo matemático de Descartes. El será capaz de explicar lo que hay que hacer -inferir de los grandes principios, mediante el encadenamiento lógico, una serie de preceptos cada vez más y más concretos-, y tal tarea le convierte en mentor de la jurisprudencia de conceptos que dominará luego la ciencia pandectística del siglo XIX. Racionalismo jurídico, pues, pero además razones políticas. En el orto de la Codificación esa ciencia legal va a enlazar con el gran dogma de los derechos del hombre y de la igualdad cívica. En consecuencia, los códigos iusnaturalistas, producidos en Francia y en los Estados germánicos, aparecen de un lado como obra de comisiones ilustradas, de gentes con formación filosófica, política y jurídica; pero al mismo tiempo los poderes públicos exhortan al pueblo, según sucedió en Prusia, a que colabore con informes y sugerencias al buen fin del proyecto oficial. De esta suerte el código resulta ser, según la valoración de Wieacker, un "patrimonio político común de los ciudadanos". La pretensión de superar la desigualdad conduce a un intento de eliminar cualquier tipo de particularismos. El modelo uniforme de texto codificado entra así en colisión con el derecho consuetudinario, variable por su propia naturaleza, con las peculiaridades legales de unas u otras regiones, y con toda clase de diferencias existentes en la normativa privada, penal o procesal. Ahora bien, a la vista de lo que la Codificación origina o lleva consigo, cabe preguntarse si es siempre preferible un código, homogéneo, unitario y abstracto, a la manifestación de lo jurídico por otras vías quizás menos elaboradas, pero sin duda más elásticas, espontáneas y conformes con el distinto espíritu de los pueblos. Más concretamente, si es siempre conveniente un código con independencia de la situación específica del país que lo recibe. La respuesta a esta cuestión dio lugar en Alemania a una reputada polémica entre Savigny y Thibaut, de la que en su momento nos ocupamos al estudiar los orígenes de la Escuela Histórica del Derecho (2,II,A). Cuando tiene lugar la controversia, en 1814, se ha publicado ya el Code civil francés y los códigos prusiano y austriaco. Thibaut propugna un código para toda Alemania: "Yo opino ... que nuestro Derecho civil (por el que entenderé siempre aquí el Derecho privado y el penal , así como el procesal) necesita una rápida transforma ción y que los alemanes no podrán ser felices en sus relaciones civiles más que cuando todos los gobiernos alemanes traten de poner en vigor, uniendo sus fuerzas , un código promulgado para toda Alemania, sustraído al arbitrio de los gobiernos singulares ... Si contemplamos ahora la felicidad del ciudadano, no puede experimentarse ninguna duda de que un tal código sencillo para toda Alemania merece ser llamado el más hermoso regalo del cielo".

Rnwne.> po/írim ,·.

Polémir n .wJb re

In nmw:nienrtn de In Cod!firnt-itm.

888

LA ESPAÑA DEL XIX

Savigny no sólo no considera al hipotético código un "regalo del cielo", sino que, tras criticar las experiencias anteriores, niega a su época y a su país "vocación" para la codificación, afirma que constituye un obstáculo para el desarrollo orgánico del derecho, y sostiene en fin que el futuro del mundo jurídico depende más del genuino espíritu popular, del derecho consuetudinario, de la jurisprudencia y de la ciencia. Tras estos forcejeos especulativos, casi un siglo después, el gran Código civil alemán de 1900 -el Bürgerliches Gesetzbuch (B.G.B.)- constituirá en cierto modo una refutación póstuma de los vaticinios del genio de Frankfurt. C)

ARRANQUE DEL PROCESO CODIFICADOR EN EUROPA

El fenómeno de la Codificación, aplicado a cuatro fundamentales sectores jurídicos -civil, mercantil, penal y procesal (en sus vertientes civil y penal)-, aparece en la Europa del XVIII en Baviera, Prusia y Austria; se hace notar asimismo en los territorios italianos de Toscana y Lombardía, y toma carta de naturaleza al alborear el siglo XIX en la Francia que ya ha vivido la Revolución. Los textos de aquellos países fueron elaborados en el seno del Antiguo Régimen. Los franceses, en cambio, son fruto de un nuevo espíritu y por diversas razones habrán de resultar punto obligado de referencia de cuanto aquí se haga. Bnvfrrn. Prusin .

Awtrin e ltnlia.

A mediados del XVIII se codificó en Baviera el Derecho penal (Codex i11ris bavarici crimi11ali.1·), el civil (Codex Maximilia1111s bavaricus civilis) y el procesal civil (Codex i11ri.1· bavarici judicial is) . Aquel texto penal, que no recogía el espíritu de la Ilustración, fue desplazado en el XIX por otro de nuevo cuilo: el Código de 1813, de Feuerbach. En Prusia, bajo los auspicios de Federico el Grande, se acometió la codificación procesal, cuyo antecedente frustrado fue el Pruject des Corpori.1· Juris Fridericiani (sus dos primeras partes fueron publicadas en el trienio 1749-1751 ), y que al fin llegó a término con el Código procesal civil de 1781. Mayor importancia tuvo la codificación civil, a partir de un proyecto difundido en Europa para que colaborasen en él los "juristas filósofos", culminada con el "Derecho territorial general de los Estados reales prusianos " (Allgemeine.1· Lnndrecht far die Künigli.l'ch-Preu.u ischen Staaten) o Código civil de 1794. Durante el reinado de María Teresa se promulgó en Austria la Constit11tio crimi na/is Theresiana (1768), y con José II el Código procesal civil (Civilgericht.wrdnung) de 1781, el Código Penal (Allgemeine .1· Gesetz über Verbrechen und derselben Be.1·1rafu11g) de 1787, y el de procedimiento criminal (Krimi11algericht.wrdn11ng) de 1788. Tras diversas alternativas y un importante proyecto del profesor de Derecho Natural, Martini, el Código Civil (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch -A .B.G.B.-) fue promulgado en 1811. En Italia el hito principal lo representa el llamado "Código leopoldino" (Riforma della legislazione crimina{e toscana) de 1786, que ha sido calificado por Tarello como el primer código penal moderno. Posteriormente, y con espíritu más conservador, se intentó realizar

LA COD!FICACION

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otro en Lombardía. El texto lombardo, que a diferencia del toscano mantenía la pena de

muerte, no llegó a entrar en vigor.

La codificación francesa no tuvo así nada que ver con el absolutismo ilustrado, sino con el triunfo de la soberanía popular y con la figura misma de Napoleón. Su símbolo es el Código civil de 1804, cuyo núcleo inicial fue redactado por una comisión designada en 1800 por los cónsules, quedando luego sometido a las observaciones y sugerencias de los ciudadanos. Tras las discusiones del proyecto en el Consejo de Estado -donde el propio Napoleón intervino- el texto fue aprobado por la Asamblea Nacional como Code civil des franrais, denominación ocasionalmente sustituida durante el siglo XIX por la de Code Napoleon. El alto rango científico de este cuerpo legal y cuidado conceptismo literario, con cuya lectura pulió su estilo un escritor como Stendhal, explican la rápida propagación del movimiento codificador en Francia y en Europa. La promulgación allí del Code de commerce, del Code de procédure y del Code penal, convirtieron a ese país a la vuelta de pocos años en adalid de la nueva codificación burguesa en el mundo. El Code civil fue modelo principal, y a veces literal, de los elaborados por otros países durante el siglo XIX. Al iniciarse nuestra centuria, los grandes códigos germánicos -el B.G.G. alemán de 1900, sobre todo; y también el Z.G.B. suizo (Zivilgesetzbuch) de 1907-1911- ofrecerán una alternativa ideológica y técnica al texto francés, disputándole la primacía científica. En una situación intermedia y conciliadora entre ambas corrientes queda el Codice civile italiano de 1865, construido a imitación del francés pero donde incidirá también la tradición pandectística alemana.

La Co
La., Código., gennániclJ.\º y el itnUano.

D) CONSTITUCIONALISMO Y CODIFICACION

Las Declaraciones de Derechos del hombre, las Constituciones y los Códigos fueron en el fondo productos del idéntico espíritu que transformó el semblante jurídico de Occidente en las últimas décadas del XVIII y durante el siglo XIX. En cuanto fijación sistemática del derecho, Constituciones y Códigos responden a un mismo impulso racionalizador, uniformista e igualitario. No es así extraño que se haya llegado a hablar de la Codificación a modo de fenómeno global y totalizador, y que un especialista como el italiano Tarello distinga dentro de ella la codificación del derecho privado -es decir, lo que propiamente llamamos Codificación-, y lo que él denomina "codificación constitucional" (codificazione del diritto privato e codificazione constituzionale). Las Constituciones serían unos códigos políticos, al igual que los restantes Jo fueron de materias civil, mercantil, penal o procesal.

tdentidnd

890 Diferencias.

El mandato codificador de la Constiiución de Cádiz.

LA ESPAÑA DEL XIX

Aun reconociendo el parentesco ideológico, no parece que Constituciones y Códigos constituyan obras jurídicas sustantivamente afines, y es claro, desde luego, que no observan una cronología acompasada. Los textos constitucionales suelen anunciar el advenimiento de los códigos, como una garantía más de la buena nueva que anuncian al ciudadano, lo que de por sí denota el rango primordial de los primeros frente al adjetivo de los segundos. El color político, transparente desde luego en los artículos de un código (pensemos en la regulación del derecho de propiedad, sucesiones, pena de muerte o tráfico mercantil), aparece descarnado en la Constitución más anodina. La mayor complejidad técnica de los códigos, así como su más encubierta y tenue politización, les dota de mayor resistencia en el tiempo. Cualquier gran convulsión pública podrá pretender como tarea prioritaria reformar o sustituir de inmediato la Constitución de turno. Luego tal vez haya que revisar los códigos. Pero esta tarea, de ordinario subsiguiente a la reforma constitucional, se frustra a veces por un movimiento de signo contrario, o más sencillamente, porque una cosa es incluir o suprimir la soberanía popular o los derechos individuales en una Constitución de un centenar escaso de artículos, como en general lo fueron las españolas a partir de 183 7, y otra bien distinta rehacer todo el sistema del derecho de propiedad según se tenga una concepción liberal o socialista, o formalizar y coordinar el conjunto de las infracciones penales derivadas del simple conocimiento de unos principios básicos. Advertidas estas diferencias entre Constituciones y Códigos, procede reiterar lo común de su meollo espiritual; entronque de fondo que explica que la tarea codificadora aparezca en nuestro país como un mandato constitucional, según se aprecia en el artículo 258 del texto de Cádiz: "El Código Civil y Criminal, y el de Comercio, serán unos mismos para toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias podrán hacer las Cortes".

Debía pues regir un único cuerpo legal en cada uno de esos tres grandes sectores del Derecho. Ahora bien el precepto de 1812 no significaba que hubiera que reducir a la unidad un pluralismo de códigos, pues no existía ninguno. Había sencillamente que hacerlos. Y hacerlos con el nuevo aliento del nuevo siglo. La tarea ciertamente no fue fácil, según vamos a ver. La elaboración de los códigos quedó en manos de comisiones especiales. A tenor de las investigaciones de la profesora Sáenz de Santa María, experta en estos temas, así como en los períodos absolutistas de Femando VII las comisiones actuaron como órganos dependientes del monarca, en la etapa liberal fueros verdaderas comisiones parlamentarias. En el reinado de Isabel II la citada profesora advierte la existencia de cuatro comisiones de codificación, la última de las cuales dará paso en 1869 a una "comisión legislativa" cuya ocupación principal será preparar las reformas legislativas del gobierno.

LA CODIFICACION

11.

891

El Derecho Penal A)

INTRODUCCION

Las grandes líneas orientadoras de la codificación penal proceden de la renovación provocada por la Ilustración europea. A los principios que informaron el derecho penal del Antiguo Régimen, las mentes de vanguardia opusieron otros arraigados en el utilitarismo, en el humanitarismo y en las concepciones defensoras de la proporcionalidad de las penas. Utilitarismo quiere decir que la acción punitiva debe corresponderse con la utilidad social. El humanitarismo propugna a su vez un atemperamiento y corrección de excesos de cualquier tipo: los referidos al tradicional rigor de las penas, los propios del empleo de medios degradantes para inquirir la verdad en el proceso (tortura), o los relativos a la penosa situación en que a menudo se desenvolvía la vida en los establecimientos penitenciarios. Finalmente la teoría de la proporcionalidad dimana del principio de que toda pena debe ser proporcional a la culpa, lo que obliga a sistematizar las sanciones a tenor de los diferentes grados de ella. Esta revisión ideológica, que afecta según vemos al derecho penal en sí mismo, al proceso y por supuesto al régimen carcelario, tuvo en los autores europeos un doble punto de arranque. El anticipo reformista fue mérito de un aristócrata de Burdeos, Montesquieu, quien se ocupó de algunos de estos problemas, de forma incidental, en el seno de sus vastas reflexiones sobre las normas ordenadoras de la sociedad política. A su vez, la más temprana y lúcida sistematización de los principios del futuro derecho penal correspondió a otro noble, el milanés Beccaria, figura de la que propiamente depende todo el movimiento ulterior en pro de la reforma de la legislación y de la humanización de la justicia. Ese movimiento se generalizó en la Europa del siglo XVIIl, figurando en él anglosajones como Fielding, alemanes como Hommel, holandeses como el abate Mably, italianos como Pagano, etc. Los espíritus ilustrados de todas partes clamaron, en fin, por la reforma. Las primeras consideraciones penales de Montesquieu se encuentran en las Cartas persas (1721), pero su desarrollo tuvo lugar en El espíritu de las leyes (1748). Aquí se pregunta él, en términos de utilidad técnica, qué leyes penales convienen a un gobierno despótico, a la monarquía, a la república, o a aquellos Estados moderados que, con independencia de su forma política, pretendan asegurar la libertad de los ciudadanos. En estos últimos se necesitan leyes fijas que impidan el poder arbitrario, pero conviene que las penas no sean demasiado severas, debiendo ser rechazada una tortura que, por su propia naturaleza, no es necesaria. En términos generales, la aportación principal de Montesquieu consiste en reclamar unas leyes penales que garanticen la seguridad; unos tribunales independientes que, en conformidad con su clásica tesis de la división de poderes, aseguren la libertad del ciudadano; y un sistema, en fin, de proporcionalidad de penas para llevar a la práctica la equidad y la justicia.

Base ideológica.

Monresquieu.

892 Ben·nrin.

LA ESPAÑA DEL XIX

La difusión de estas reflexiones filosófico-jurídicas fue notable. Nuestro segundo personaje, Cesare Beccaria, confesará haberse "convertido a la filosofía" leyendo en 1761 las Cartas persas. Por entonces frecuenta Beccaria la tertulia ilustrada de la "Academia dei Pugni" y emprende la redacción de un opúsculo, De los delitos y las penas, cuyos cuarenta y siete breves capítulos ven la luz tres años más tarde. Esta pequeña obrita alcanza un éxito inmediato: su autor es requerido y solicitado por los enciclopedistas de la época, y ella es traducida en seguida a todas las lenguas de Occidente. ¿A qué se debió tal éxito?. ¿Qué se le había ocurrido a aquel joven marqués de veintiseis años?. Como suele acaecer en estos casos, a Beccaria se le ocurrieron media docena de cosas que hoy parecen casi obvias y que entonces no lo eran: -Las leyes deben fijar las penas y éstas no pueden quedar al arbitrio y voluntad del juez. La autoridad reside únicamente en el legislador, que representa a la sociedad. -Debe haber proporción entre delitos y penas, castigándose aquéllos en relación con el dailo que causen a la sociedad. -Las penas deben ser las mismas para todos los ciudadanos. -El fin de las penas no es atormentar ni afligir, ni "deshacer un delito ya cometido", sino "impedir al reo causar nuevos daños a sus ciudadanos y retraer a los demás de la comisión de otros iguales". -Un hombre no es reo antes de la sentencia del juez. En consecuencia debe ser abolida la tortura, que sólo puede servir para condenar al débil y absolver al fuerte. -La pena de muerte no es un derecho de la sociedad. Además no es útil ni necesaria.

Em en Espnñn.

En 1774 Dei delitti e delle pene fue traducida al castellano, suscitando el fervor de unos y el rechazo de otros, quienes por lo pronto lograron que la Inquisición prohibiese su lectura. La polémica sobre las nuevas ideas estaba al aire. Entre los defensores a ultranza de ellas figuró un tal Acevedo, abogado del Consejo de Castilla y académico, autor de un trabajo, De reorum, donde pretendía probar lo antinatural y antisocial del tormento. Entre los críticos radicales, Pedro de Castro, canónigo de Sevilla, autor de una Defensa de la tortura y leyes patrias, atacando al anterior y defendiendo lo que su título indica. En un sector intermedio, de progresismo más templado y sobre todo más científico, Manuel de Lardizábal, oriundo de México, quien probablemente se ocupó con Campomanes en aquel Madrid de los años setenta, de preparar un código penal que hubiera sido en Occidente la vanguardia legislativa de las nuevas ideas ("sería cosa graciosa comentó por entonces una revista francesa, los Annales politiques- que fuera el Manzanares el que diera el primer ejemplo de ello a Europa y aun a todo el mundo"). No dio tanto de sí el Manzanares, pero Lardizábal publicó en 1782 un importante Discurso sobre las penas, contrahido a las leyes criminales de España para facilitar su refomza, el cual, pese a defender

LA CODIFICACION

893

la pena de muerte, constituía una especie de exordio doctrinal a las reformas realizadas luego por la Codificación. Ahora bien, si, como decíamos al principio, las grandes líneas de la codificación penal arrancaron de la renovación llevada a cabo por la ilustración europea, ¿fue deudor en alguna medida este nuevo derecho codificado de la tradición penal española de los siglos anteriores?. La generalidad de la doctrina ha respondido a esta pregunta de modo negativo, considerando que ese derecho codificado rompió frontahnente con la tradición penal del Antiguo Régimen. Sin embargo, muy recientemente el profesor Aniceto Masferrer ha defendido una posición original y más matizada, al sostener que la Codificación penal no sólo propició la incorporación de nuevos elementos de la Ilustración reformista, sino que también mantuvo buena parte de la tradición y, en particular, del legado penal del ius commune. Más en concreto, Masferrer reconoce la ruptura con la tradición anterior en la vertiente teórica de los postulados jurídico penales, conexos con lo político, del pensamiento ilustrado. En cambio, en la reforma penal propiamente dicha, de corte científico, esa ruptura según él apenas existe, dándose en ocasiones un franco continuismo con la tradición del Derecho común. El mismo autor estima, en términos más generales, que el Derecho histórico permitió en España, dentro del panorama europeo, realizar una codificación que no llevara necesariamente consigo la completa unificación jurídica.

B)

LOS CODIGOS

1.

El Código Penal de 1822

Las Cortes liberales del Trienio fueron más fecundas en el quehacer legislativo y codificador que lo habían sido las de Cádiz. No es ello extraño si se tiene en cuenta que éstas tuvieron que afrontar la elaboración de una ambiciosa Constitución, que los legisladores de 1820 en cambio se encontraron hecha. El desequilibrio resulta además explicable, en observación de Peset, por otras razones estrictamente jurídicas, y concretamente por la feliz organización de comisiones en la segunda época, que trabajaron con rigor y celeridad. Tal eficiencia fue especiahnente significativa en el campo penal, e hizo posible la realización del primero de los códigos españoles: el Código Penal de 1822. En 1820 fue constituida la comisión al efecto, destacando entre sus componentes un ilustrado extremeño, José María Calatrava, militar, diputado, emigrante, fiscal y experto jurista. Calatrava y sus compañeros recabaron informes de universidades, tribunales, colegios de abogados y otras corporaciones, logrando presentar su proyecto a las Cortes en poco más de un año. Allí fue discutido entre noviembre de 1821 y febrero de 1822, siendo promulgado el 9 de julio. El Código consta de un título preliminar sobre cuestiones generales, y dos partes, dedicada la primera a los delitos contra la sociedad y la segunda a los delitos contra particulares.

Realización.

894 ldeolol(fa y vnlomc·i,ín.

LA ESPAÑA DEL XIX

Fuentes inspiradoras del Código fueron en cierto modo los textos nacionales y, de manera especial, los tratadistas y códigos extranjeros, o, como decía la comisión, "los códigos de mayor crédito y reputación en Europa". Pese al optimismo de alguno de los legisladores, la obra, un tanto ecléctica, recibió severas críticas. Paradójicamente uno de sus más desfavorables censores fue Jeremías Bentham, cuyas doctrinas habían pretendido seguir los redactores del texto, aunque es posible que el juicio de este autor estuviera condicionado por el despecho de sentirse preterido en una tarea que hubiera deseado realizar él mismo. Entre las estimaciones más ponderadas, cuenta la del penalista Pacheco, quien consciente de la confusa mezcolanza de antecedentes legales utilizados -"algo de Fuero Juzgo y de las Partidas, envuelto con el Código de Napoleón"-, valoró así el texto de 1822: "El Código de 1822 es un Código científico. La ciencia del derecho y la buena filosofía inspiran la mayor parte de sus disposiciones. Digno del siglo, mejoraba inmensamente la situación penal de la nación: transige demasiado con antiguas preocupaciones españolas ... ; es, por úlJimo, difuso, y sacrifica la claridad, la sencillez, el mérito legislati vo, a pretensiones artísticas y a un vanidoso aparato literario... De cualquier manera que sea, el gobierno liberal de España había cumplido animosa y vivamente con su deber".

¿Qué vigencia tuvo este Código promulgado el 9 de julio de 1822, cuando el l de octubre de 1823 fue liquidada la obra legislativa del Estado Liberal y se restableció el sistema jurídico del Antiguo Régimen? Para algunos (Alonso y Alonso) ni siquiera llegó a entrar en vigor. Para otros disfrutó de esa vida efímera de un año y tres meses, aplicándose de forma "breve, imperfecta y desigual" (Antón Oneca). Esto último debe ser lo cierto. Alicia Fiestas ha probado que el Código entró en vigor, alegando en favor de su aplicación real cierta cédula de Fernando VII por la que el monarca anulaba algunas actuaciones de los juzgados realizadas conforme a él. No obstante, la propia dificultad para espigar las pruebas de su vigencia, da a entender hasta qué punto fue precaria.

2. RenltZtldfÍn.

El Código Penal de 1848

La derogación en 1823 de la legislación del Trienio, con la correlativa supresión del primer código, significó un retomo al desbarajuste penal. De él se intentó salir en los años siguientes con diversos proyectos de nuevos cuerpos legislativos, ninguno de los cuales llegó a ser promulgado. Derribado Espartero, el gobierno moderado-progresista de Joaquín María López estableció en agosto de 1843 una Comisión de Codificación a fin de que preparara los textos relativos a derecho penal , civil y de enjuiciamiento. Dividida esa Comisión en secciones, para aplicarse cada una a un sector jurídico, la codificación penal quedó fundamental-

LA CODIFICACION

895

mente en manos de un abogado erudito, Manuel Seijas Lozano, quien ya había publicado algunos trabajos sobre estas cuestiones. El granadino Seijas redactó un anteproyecto que, discutido y modificado en el seno de la Comision, fue enviado al gobierno. Tras el ulterior debate en el Senado y el Congreso, se aprobó el texto de marzo de 1848 y entró en vigor el 1 de julio del año siguiente. El código aparece dividido en tres libros sobre disposiciones generales, delitos y faltas. Desde fines del XIX hasta mediada nuestra centuria, el Código Penal de 1848 fue atribuido en lo fundamental a Joaquín Francisco Pacheco, brillante penalista, orador, literato y político, a quien Cánovas, discípulo suyo, llegó a reconocer "el mayor talento de jurisconsulto que haya logrado España en este siglo". La publicación por Pacheco en fecha inmediatamente anterior al Código de unos Estudios de Derecho penal, y sobre todo la edición en el mismo año 1848 de EL Código penal concordado y comentado vincularon la autoría del texto a su persona. Sin embargo en 1965 el profesor Antón Oneca impugnó esa atribución, reivindicando el que parece indudable protagonismo de Seijas.

El Código de 1848 se inspira principalmente en el brasileño de 1830, del que Seijas hizo abundantes elogios con ocasión de las discusiones parlamentarias, y a la postre en la fuente común del Código penal francés de 181 O. Muy riguroso en el castigo de los delitos religiosos y en algunas otras cuestiones (v.gr. la inclusión de la pena de argolla como accesoria de la cadena perpetua), ha merecido sin embargo de los expertos un juicio decididamente favorable. Armonizó con depurada técnica los principios de retribución e intimidación, estableció un riguroso sistema de garantías penales, y fue quizás, pese a las contradicciones inherentes a su espíritu transaccional, lo mejor que se podía hacer entonces. La severidad del texto resultó acentuada por varios decretos dictados el año 1850, y en especial por uno de 30 de junio que, entre otras cosas, agravó las penas de los delitos políticos.

Papel de Pachet·o.

ldeolo¡¡{a y vnloracián.

La profesora Sánehez González defiende que el Código de 1850 debe ser considerado distinto del de 1848, ya que éste fue profusamente modificado en el bienio transcurrido entre ambos textos. Respecto a la autoría, y volviendo al terna mencionado antes de la atribución a Paeheco, estima esta profesora que, dado que la reforma de 1850 es la que alcanza notoriedad, y habida cuenta de la asociación desde principios del siglo XX de ambos códigos, se ha atribuido confusamente a Pacheco el Código de 1848, por extensión de su participación en la reforma de 1850.

3.

El Código Penal de 1870

El llamado Código Penal de 1870 fue en realidad una profunda reforma del de 1848, cuyas líneas fundamentales llegan hasta hoy, motivada por los insatisfactorios resultados de la corrección de 1850 y por la necesidad de adecuar el texto a los principios de la Constitución de 1869.

Realiwrión.

896

irleo/oglr1 y vnlorrwiún.

LA ESPAÑA DEL XIX

La Comisión de Codificación dió paso en 1869 a una Comisión Legislativa, cuya sección penal fue encomendada a Nicolás María Rivera. Sus ocupaciones políticas facilitaron la preponderancia de uno de los miembros más eruditos de ella, el magistrado Groizard, cuyos puntos de vista orientaron probablemente el rumbo de los trabajos. En mayo de 1870 el ministro de Gracia y Justicia, Montero Ríos, presentó un proyecto a las Cortes --que en hipótesis de Pérez-Prendes, pudo redactar él mismo-, proyecto que fue aprobado con carácter provisional, posponiéndose la discusión definitiva hasta después del verano. El Código se publicó sin embargo el 30 de agosto y fue corregido luego unilateralmente por el ministro mediante decreto de 1 de enero del año siguiente. Logró así fijeza este cuerpo legal, llamado por el diputado de la oposición Francisco Silvela, Código de verano, cuya vigencia (a salvo del breve paréntesis 1928-1931) habría de prolongarse durante más de medio siglo hasta la reforma penal de noviembre de 1932. El Código de 1870 se propuso fundamentalmente tres cosas: llevar a cabo una reforma consecuente con los nuevos principios políticos de la Constitución, mitigar el rigor del texto anterior, y corregir sus defectos técnicos. Entre las más importantes modificaciones, destaca la desaparición del título de "delitos contra la religión", en consonancia con la recién instaurada libertad de cultos, fijando en su lugar una sección sobre los relativos al "libre ejercicio de los cultos", dentro del título de los propios delitos contra la Constitución. Especial significación reviste el establecimiento de nuevas figuras penales para prevenir atentados contra las Cortes y el Consejo de Ministros, y sobre todo para tutelar por vez primera los derechos individuales reconocidos en la Constitución del 69. Es de subrayar asimismo la inclusión de los delitos de imprenta, regulados antes por leyes especiales. De otra parte, el texto de 1848, endurecido por la reforma de 1850, fue aliviado al limitar por ejemplo la punibilidad en los casos de conspiración y proposición, al regular de forma más suave la acumulación de penas por concurso de delitos, atenuar otras, etc. El Código recibió en principio elogios, pero no tardaron en llegar críticas, como las que le prodigó el catedrático madrileño Luis Silvela, hermano del político citado antes, quien puso de relieve sus incongruencias prácticas y escaso "sentido común". Pese a ello los autores parecen estar hoy bastante de acuerdo en que supuso un considerable avance en política penal y calidad técnica; y son unánimes en valorar el esmero y precisión de su lenguaje jurídico, elegante de un lado, pero también, como comenta Núñez Barbero, "castizo y sonoro". Amenazado por múltiples proyectos de reforma en las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del XX, el Código de 1870 permaneció incólume hasta que la dictadura de Primo de Rivera colocó en su lugar el Código de 1928, tras cuya anulación por la República volvió a entrar en vigor para desaparecer finalmente, según dijimos, en 1932.

LA CODIFICACION

897

111. El Derecho Mell'CantU

A) IN1RODUCCI0N

El Código civil francés de 1804 no había procedido a la unificación de la legislación civil y mercantil. Por razones de fondo -su singular naturalezay quizás también coyunturales, el ordenamiento mercantil quedó al margen, con lo que su actualización en la Francia del siglo XIX pudo haberse acometido mediante la simple reforma de los grandes textos del Antiguo Régimen (en concreto, de las Ordenanzas de Luis XIV), o emprendiendo la tarea de una codificación independiente. Pese a que quizás la idea de un Código de Comercio fue extraña a Napoleón, y pese también a que la dinámica mercantil, en una sociedad cambiante entonces a formas industriales, no parecía aconsejar la congelación de normas en un texto, el caso es que prosperó la segunda opción, dando lugar en aquel país al Código de Comercio de 1807. Con ello quedó abierta en Europa la codificación separada del Derecho mercantil. Su cierto carácter prematuro, por esa razón de fondo sobre la que en seguida volveremos, fue más ostensible en el caso español, reflejo de cuanto en Francia se hacía, porque aquí los Códigos de Comercio (1829 y 1885) aparecieron incluso antes que el propio Código civil (1889). Según sabemos, el Derecho mercantil había sido en sus orígenes el derecho especial de los mercaderes (ius mercatorum) es decir, un derecho gremial o de clase. Con el tiempo se abrió trabajosamente camino una concepción objetiva, que extendía ese ordenamiento a los actos de comercio cualesquiera que fueran los intervinientes. La filosofía jurídico-política derivada de la Revolución francesa, de temple esencialmente igualitario, no podía acoger un derecho privilegiado o clasista, y en consecuencia se adhirió a esa segunda interpretación del llamado acto objetivo de comercio, desligando al derecho mercantil del ejercicio profesional de las actividades comerciales. Ello dio lugar a un confuso fenómeno, bautizado por Garrigues como "volatilización de la esencia del Derecho mercantil", fruto en síntesis de la perplejidad inherente a estas tres preguntas: ¿qué es el acto de comercio?; ¿en qué se diferencia el acto comercial del acto jurídico civil?, y en consecuencia, ¿cuál es la peculiaridad del derecho mercantil respecto al tradicional derecho civil?. Semejante cuestión viene ocupando a los mercantilistas del siglo XX y, aun sin entrar en ella, debe ser mencionada aquí por cuanto tiene que ver con lo que fueron los Códigos de Comercio y con lo que pudieron haber sido. Un mercantilista alemán, Heck, señaló en 1902 que el objeto del Derecho mercantil consistía en los actos jurídicos realizados "en masa" y con espíritu profesional de ganancia duradera. Ahora bien, al realizarse de ordinario tales actos dentro de un marco organizativo, dentro de una empresa, el derecho

Cartkter µn·mnturn de la ('o
Evoludán y natu · del Derecho MerC'an11/. rnfr:y1

898

LA ESPAÑA DEL XIX

mercantil resulta ser el derecho de la empresa y de su tráfico, o más extensamente, como dicen los ingleses, el "derecho de los negocios" (business Law). Esta generalización del Derecho mercanúl será para algunos especialistas (Ascarelli) síntoma de su desaparición como ordenamiento genuino. y para otros (Garrigues) prueba de su pujanza. Por empresa podemos entender, en genérica definición de uno de los grandes teóricos de ese derecho mercantil, el profesor de Basilca, Karl Wieland, "el concurso de las fuerzas económicas a fin de obtener un gran incremento de bienes". Lo., CtJdi1:o-" de Comen·to.

c-uapos te,:nte.,· 111nm1µ/etos.

Ahora bien, los Códigos de comercio fueron hechos cuando históricamente no se había efectuado el desarrollo de la moderna empresa, empujada en fechas tardías por los aires del capitalismo industrial y financiero. Aconteció en consecuencia que si los Códigos del Comercio fueron necesarios en Europa porque el Código Civil francés se había centrado en el concepto de "propiedad", desatendiendo el de "empresa", cuando en España se promulga el Código de 1885 -y con mayor razón cuando surge el primero, de 1829-, sus redactores no alcanzan a sistematizar el derecho mercantil de la gran empresa industrial. De ahí que, como ha señalado Menéndez, tenga que abrirse camino al margen de esos textos un derecho mercantil descodificado: "Ese es el Derecho mercantil descodificado, que, en parte, se ha ido recogiendo en una legislación que acusa ciertas incoherencias e insuficiencias técnicas, y, en parte, se desarrolla en el ámbito de la autonomía privada. Ese es el Derecho vivo, el ordenamiento que responde a la economía y el tráfico de nuestro tiempo, una realidad que ha desbordado el marco de la codificación mercantil como codificación de la actividad comercial" (Código de Comercio y reforma de la Legi.vlación Mercantil, 50).

B) LOS CODIGOS

l. Rt•nli~1wtún.

EL Código de Comercio de 1829

La realización de un único Código de comercio para "España e Indias" había sido ya ordenada por el Estatuto de Bayona (art. 113) y lo fue Juego, según vimos, por la Constitución de Cádiz. En los tres lustros siguientes, pese a apoyos esporádicos como el de la Comisión de Comercio de la Diputación de Cataluña (la cual, según sabernos por Sarrión y Espuny, llegó a redactar parte de un proyecto), todo habría de quedar, sin embargo, en designar juntas inoperantes o escuchar peticiones al respecto, hasta que un doctor en leyes nacido en Alcalá de los Gazules, Pedro Sainz de Andino, se ofrece a Fernando VII en 1827 para realizar esa tarea. Aceptada la propuesta, fue constituida una comisión, con él como secretario, que en un período de quince meses celebra nada menos que ciento sesenta y cuatro sesiones. Concluido su trabajo, la comisión remite al monarca el texto resultante (del que Sainz de Andino era autor en la parte que le había correspondido), pero el jurista andaluz envía al tiempo otro anteproyecto redactado por él solo. Entre ambos, Feman-

LA CODIFICACION

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do VII elige este último, que le pareció mejor y que sin duda lo era, y promulgó el 30 de mayo de 1829 el primer Código de Comercio. Constaba de cinco libros sobre cuestiones generales, contratos, comercio marítimo, quiebras y administración de justicia. Conocemos hoy bien la rica personalidad de Sainz de Andino gracias a la biografía personal e institucional de la profesora Rosario García Giménez. Según ella, si don Pedro viviera en nuestro tiempo sería considerado como un lecnócrata experimentado en temas de Hacienda y un economi.Wa de primera línea.

Heredero ideológico de su homólogo francés, pero también en buena medida de los preceptos y doctrina de la tradición nacional, el Código de 1829, técnicamente laudable, arrinconó definitivamente la concepción del derecho mercantil como sistema propio de un sector profesional comerciante, para plasmar ese nuevo ordenamiento jurídico de los actos de comercio. En la jurisdicción mantuvo el régimen de consulados como tribunales en primera instancia, clasificándolos en dos clases según el volumen económico de sus operaciones, y atribuyó la segunda y tercera instancia a los tribunales ordinarios. El régimen procesal, no atendido en el texto, quedó pendiente de una ley específica. A tal efecto el 24 de julio de 1830 fue publicada la Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas del Comercio, reguladora del juicio mercantil ordinario y de los especiales, cuya principal preocupación fue aligerar el embrollo y pesadez de pruebas y trámites. El conjunto de la jurisdicción especial mercantil desapareció con el Decreto de unificación de fueros, de 6 de diciembre de 1868, siendo desde entonces sustituida por la jurisdicción ordinaria. 2.

Contenido.

ur L,,y de Enjuil'inmiento del Comen·io de /830.

El Código de Comercio de 1885

El ritmo de la vida mercantil parejo al despegue económico, el cambio político consiguiente a la salida de la década absolutista que había producido el texto de 1829, la advertencia de algunos defectos, y sin duda lamanía nacional de cambiar en seguida cualquier cosa, explican el hecho sorprendente de que a los cinco años de ser promulgado ese primer Código, en junio de 1834, nos encontremos con la existencia de una comisión para redactar otro nuevo. Se abre así una etapa revisionista, con otros proyectos, que va a durar medio siglo. Al tiempo tiene lugar la producción de aquel derecho descodificado a que antes nos referimos, es decir, la promulgación de leyes especiales sobre importantes materias, que lógicamente coadyuvan a la marginación de la obra de Sainz de Andino. Respecto a los distintos proyectos de Códigos de Comercio, fruto del trabajo de sucesivas comisiones, hay que reseñar el de 1837, elaborado por la citada comisión de 1834,

Nue11i1s pn1-

yec-to.<.

900

LA ESPAÑA DEL XIX

y los de 1838 y 1858. Además, un proyecto de ley de 1840, el cual , pese a sus modestas pretensiones de reformar unos cuantos artículos, no llegó tampoco a ser sancionado. Entre las leyes especiales destacan las creadoras de la Bolsa y establecimientos bancarios, a las que en su lugar nos referimos (44,1,D,3). así como la Ley de Sociedades Anónimas de 19 de octubre de 1869. Este importante texto -
Cmucr,ido y prr,bl~mns.

La Revolución de 1868 fue el preámbulo político al Código de 1885. La filosofía jurídica de la Gloriosa quedó plasmada en un decreto de 20 de noviembre de 1869 donde, tras apelar, entre otras cosas, a los principios del liberalismo económico, se anunciaba un nuevo Código a fin de "interpretar fielmente los nuevos usos y las nuevas costumbres del comercio", acomodándolos "a la vida moderna y magnífico espíritu industrial y de asociación". En consecuencia fue nombrada una comisión, cuya tarea habría de consistir en elaborar un texto informado por los principios de libertad de comercio y carencia de requisitos especiales para ejercerlo, mínimas exigencias en cuanto a formalidades de contratación o métodos de trabajo mercantil, apartamiento de monopolios y privilegios, y rechazo a colegios o agremiaciones forzosas. A ello se añadían diversas recomendaciones técnicas sobre tipos de sociedades, seguros y quiebras. Sobre tales pautas fue presentado un anteproyecto en 1875, que se publicó cinco años después y fue revisado por otra comisión. Finalmente Alonso Martínez hizo entrega del texto a las Cortes. promulgándose el Código en agosto de 1885 y entrando en vigor en enero del año siguiente. El Código de 1885 repite la estructura y líneas fundamentales del de 1829. La única gran diferencia formal es la desaparición del libro V, referente a la jurisdicción mercantil que ya había sido suprimida, por lo que el nuevo código consta sólo de cuatro libros aplicados a las materias enumeradas antes. Acentúa el carácter objetivo señalado por su predecesor y pretende, de otra parte, dotar de autonomía al derecho mercantil como derecho especial de obligaciones frente al derecho civil. Ahora bien, al no tratar de constituir un sector jurídico independiente, sino de afirmar la peculiaridad sosteniendo al tiempo su proyección general sobre el acto de comercio que cualquiera practique, da pie a la llamada comercialización del derecho civil, es decir, al desplazamiento del antiguo derecho civil patrimonial por este difusivo derecho mercantil, el cual gana tanto en ámbito de aplicación como pierde en singularidad y peculiarismo. Volvemos al problema de la "volatilización de la esencia" del derecho mercantil, señalado antes,

LA CODIFJCACJON

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y con ello a la intrincada posibilidad, defendida por algunos, de una unificación global cara al futuro de todo el derecho de obligaciones. El Código de 1885 no ha suscitado grandes entusiasmos, quizás porque su espíritu conservador le impidió apuntarse el éxito de cualquier audaz reforma, debiendo cargar en cambio con el lastre de las inevitables insuficiencias técnicas. Los mercantilistas, y el historiador del derecho Enrique Gacto con ellos, han puesto de relieve diversos defectos de sistemática y contenido. Su pecado de fondo fue el anacronismo: repetir más o menos a tres lustros del siglo XX, lo que había hecho Sainz de Andino en los ya lejanos y desfasados tiempos de Fernando VII.

vniomriún.

IV. El Derecho Procesal A)

IN1RODUCCI0N

El derecho procesal es el conjunto de normas reguladoras del proceso, es decir, del litigio jurídico que las partes sustancian ante los tribunales. Ahora bien, la actividad jurisdiccional se desarrolla con arreglo a unas prescripciones, que no pueden ser modificadas ni impuestas por los sujetos implicados en el procedimiento y ni siquiera por el titular del órgano jurisdiccional concreto. Ello es así porque el concepto mismo de jurisdicción se ha configurado en el mundo contemporáneo al amparo de los principios del derecho constitucional, de la teoría general del Estado, e incluso del derecho administrativo. Cuando alguien pone en marcha la acción procesal ejerce un derecho público o "derecho cívico" y excita la actividad jurisdiccional del Estado. Tras ese primer impulso se produce el juego de alegaciones y defensas ante el tribunal de justicia, cuya sentencia expresa la voluntad del Estado en el uso de su función jurisdiccional. Hablamos de proceso civil y penal y trataremos de la codificación de las normas relativas a uno y otro. No es clara, sin embargo, la diferencia esencial entre ambos tipos de proceso, y por ello los especialistas mantienen al respecto una pertinaz discrepancia. Los partidarios del dualismo ponen de relieve la heterogénea naturaleza de los sujetos, objeto y actividad técnica, en el proceso civil y en el penal, observando por ejemplo que mientras las partes concurren en aquél en absoluto plano de igualdad, en éste aparece el Estado titular del ius puniendi, como parte principal acusadora. Quienes defienden la tesis unitaria destacan que el derecho procesal es fundamentalmente uno; que la diferenciación entre proceso civil y penal se opera "no porque tengan raíces distintas sino porque son dos grandes ramas en que se bifurca, a una buena altura, un tronco único" (Carnelutti); y que ese papel prevalente del Estado -con que se

Juri.wfic,·uín

del Estndo.

Codijimf'iún pm,:e.mldvil y pennl. D11nJümo o ide1lli·

dnd.

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quiere diferenciar al proceso penal-aparece también en algunos procesos civiles (v.gr. el de incapacitación). Sea Jo que fuere, el caso es que la elaboración sistemática de ambas normativas procesales se realizó por separado, dando lugar a unos códigos de derecho procesal civil y derecho procesal penal, que sin embargo no recibieron ese nombre. El proyecto o la existencia de Códigos civil y penal, que daban cabida al derecho material, llevóprobablementeacalificardeleyes a estos otros códigos: Ley de Enjuiciamiento Civil al primero, y Ley de Enjuiciamiento Criminal al segundo. Haciendo uso de una sinécdoque, se designa como enjuiciamiento al conjunto de la actividad jurisdiccional. B) LA CODIFICACION PROCESAL CIVIL

l. Anteretfente., : In lnJtrurctón tf,I mnrq11i.1 tfeGeronn.

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La ley de Enjuiciamiento Civil de 1855

Hasta mediados de siglo, todo cuanto se había hecho en la codificación procesal civil, se reducía a la Ley de Enjuiciamiento del Comercio de 1830, a un Reglamento para la Administración de Justicia de 1835 (51,I,B,3), y a una Ley de 10 de enero de 1838 que pretendió remediar las lagunas del Reglamento desarrollando las normas correspondientes al juicio de menor cuantía. Aunque esta ley pudo haber tenido, según Fairén, muy importantes repercusiones, en la realidad no las tuvo. Pasaron unos cuantos años y en 1853 fue nombrado ministro de Gracia y Justicia, José de Castro y Orozco, marqués de Gerona. A los once días exactos de llegar al despacho, el 30 de septiembre, este animoso político publica una Instrucción del procedimiento civil con respecto a la real jurisdicción ordinaria, mediante la cual pretendía reform~r. inyectando principios renovadores, una práctica procesal que él había conocido como magistrado y de la que no debía tener muy gratas experiencias. La oposición de los políticos y la crítica anclada en lo tradicional de algunas corporaciones (sobre todo del Colegio de Abogados de Madrid) frustraron el éxito de la Instrucción, que hubo de ser derogada en mayo del año siguiente. En resumen, y como dice el profesor Alvarez Cora, la primera mitad del XIX será a estos efectos un período de reformas parciales o parches legislativos, frente a las reformas globales de la segunda. Por entonces se constituye una comisión para que acometa la elaboración de una ley única de Enjuiciamiento civil. Tras pocos meses concluye su trabajo, discutido rápidamente en Cortes y aprobado como Ley de Bases en mayo de 1855. Fruto de su revisión por una nueva junta, fue la Ley de Enjuiciamiento Civil, promulgada el 5 de octubre del mismo año, con casi millar y medio de artículos distribuidos en una primera parte, muy extensa, relativa a la jurisdicción contenciosa, y otra segunda, mucho más breve, de la jurisdic-

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ción voluntaria. Figura destacada de tcxlo este proceso fue el jurista y político liberal Pedro Gómez de la Serna, persona viajada por Europa, pero que en esta tarea se volcó con verdadero fervor, y con más fervor que acierto, en las fuentes clásicas del derecho histórico nacional. Pese a que en uno de los artículos de la Ley de Bases se estimulaba a introducir "las reformas que la ciencia y la experiencia aconsejan", el ánimo reformista fue escaso, y quizás el ejemplo de lo sucedido al marqués de Gerona frenó una renovación que hubiera resultado fecunda. Influida por tendencias civilísticas (Gómez de la Serna aparecerá también en la ccxlificación del Derecho civil), la Ley de 1855 ha sido objeto de acres juicios. Indulgentemente reconoce Fairén que si no fue capaz de delinear un proceso progresivo, al menos ordenó algo el panorama existente y clarificó muchas oscuras situaciones. 2.

La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881

Con algunos ligeros retoques, la ley de 1855 estuvo vigente un cuarto de siglo. En 1877 se intenta proceder a su reforma creando una comisión al efecto. Frustrado ese intento, al año siguiente el ministro de Gracia y Justicia encarga a la sección primera de la Comisión de Codificación, presidida por Alonso Martínez, que estudie "con la mayor actividad posible" las modificaciones a introducir en el texto antiguo. Se redacta así una Ley de Bases cuyo objeto es respetar la estructura general de la ley de 1855, introduciendo en ella las disposiciones dictadas ulteriormente y un procedimiento más abreviado y simple. La intención de llevar a cabo un mero reajuste es explícita en la última de las diecinueve bases, donde se ordena que cualquier reforma sea realizada "dentro del espíritu a que responden todos los mandatos anteriores". Sobre tales presupuestos aparece la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, aprobada por real decreto de 3 de febrero. La Ley de 1881, con sus 2.181 artículos repartidos en tres Iibros ( el segundo y el tercero destinados a la jurisdicción contenciosa y a la voluntaria, y el primero a disposiciones comunes a ambas), fue no sólo el más extenso de los cuerpos legales de España, sino incluso la más amplia ley de procedimiento civil de Europa. Esto último se explica por incluir esa jurisdicción voluntaria que, por su dudosa naturaleza, no solía figurar en las leyes procesales de otros países. Modificada hasta nuestro tiempo en numerosos aspectos, la Ley de 1881 responde en el fondo a lo dispuesto por su antecesora de 1855 . Guasp ha criticado en aquélla su espíritu "medieval'', carencia de principios y el hecho de que muchos de sus artículos no contengan una sola norma sino varias; a lo que Gómez Orbaneja ha sumado la censura inversa de que no raras veces una norma se encuentra dispersa y deshilachada en varios artículos .

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Contenido y vn/omcián.

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Contenido y 1•nlornt'uín.

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C)

LA CODIFICACION PROCESAL PENAL

1.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872

Pese a que la Constitución de Cádiz había ordenado arreglar la administración de justicia criminal -"de manera que el proceso sea formado con brevedad y sin vicios, a fin de que los delitos sean prontamente castigados" (art. 286}-; prohibido el tormento y los apremios, y establecidos otros principios racionalizadores del proceso y de la vida carcelaria, la codificación procesal hubo de esperar desde entonces nada menos que sesenta años. En tan largo período surgen algunos proyectos que no llegan a buen puerto, y rigen de forma aislada, ciertas orientaciones procesales contenidas en el Código Penal de 1848. Al fin la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 (51,1,E) dispuso en la primera de sus disposiciones transitorias, "reformar los procedimientos criminales" dictando al efecto una serie de reglas. Consecuencia directa de ello fue la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 22 de diciembre de 1872, que entró en vigor al año siguiente. Consta de un título preliminar sobre disposiciones generales, tres relativos al sumario, juicio oral y procedimiento sobre faltas, y un título final sobre el procedimiento de extradición. La Ley de 1872 introdujo el juicio oral y, haciéndose eco de lo dispuesto en aquella Ley Orgánica, dio entrada a la institución del jurado. Su aplicación resulto difícil, tanto por esas novedades como sobre todo por la inadecuada estructura judicial entonces existente. En 1879 se trató de remediar el desajuste encargando a la Comisión de Codificación que llevara a cabo una Compilación General del procedimiento criminal, obra promulgada ese mismo año y que por su insatisfactorio resultado provocará la redacción del siguiente código procesal. 2.

Re11/1wriá11 y contenido.

Vnlorndón.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882

El 22 de junio de 1882 fue promulgada una Ley de Bases para reformar el procedimiento criminal con arreglo a los principios de brevedad, publicidad, prisión reservada a los delitos graves, instancia única, creación de procesos especiales y aquellas otras modificaciones aconsejadas por " la ciencia y la experiencia". Los redactores llevaron a cabo su tarea y el 14 de septiembre del mismo año se publicó la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, con casi un millar de artículos repartidos en siete libros, inspirada en aquellos principios y también en algunos textos extranjeros como el Código austriaco de 1873. La Ley de 1882, como asegura su exposicion de motivos, fue en realidad un código procesal nuevo, de espíritu progresista y buena factura técnica. Entre sus logros más notables es de reseñar la sustitución de los dos grados de jurisdicción por la instancia única, el aseguramiento de la oralidad del juicio, y el establecimiento de procesos especiales y sumarios

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para los delitos in fraganti, injuria, calumnia y delitos de imprenta. Merece reconocimiento asimismo su sistema de garantías, especialmente notable en algunos temas, como la regulación de fianzas, directamente relacionados con la prisión preventiva y la tutela del inculpado. En semejante contexto de valoración positiva, los procesalistas no han dejado de ver algunas sombras; entre ellas, la separación de tribunales y jueces, insatisfactoriamente resuelta, o la propia de jueces de instrucción y jueces civiles, que la ley no desarrolla. V. El Derecho Civil A) LAS ETAPAS PREPARATORIAS: 1812-1880

1.

Introducción. Primeros intentos

A diferencia de lo sucedido en Francia, donde el Code civil precedió a los demás, el Código Civil no sólo no abrió en España el proceso codificador, sino que constituyó su último capítulo. Es así ciertamente curioso que aquí llegara a codificarse antes el Derecho adjetivo o procesal civil, que el sustantivo al que aquél debiera adaptarse. Tal anomalía ha solido ser explicada en función de las dificultades de reconducir a un molde común, la diversidad de derechos forales privados persistentes tras los decretos de Nueva Planta (33, III, A, 2). Por esa u otras causas, el mandato de la Constitución de Cádiz de que los españoles tuvieran un único Código Civil, tardó en ser cumplido setenta y siete años. El primer proyecto surge al iniciarse el Trienio Liberal, cuando las Cortes organizan una comisión de siete diputados encargada de realizar el Código. Sus miembros, entre los que destaca el jurista valenciano Nicolás María Garelly, no se anduvieron por las ramas, y por si era poca cosa elaborar el articulado del propio texto civil, pergeñaron una obra mucho más amplia y comprensiva de sectores que en la propia Constitución no tenían asignada codificación autónoma. En los casi quinientos artículos que se llegaron a redactar, correspondientes al título preliminar y a los dos primeros libros, reunieron junto a preceptos civiles, otros procesales y administrativos. El Proyecto de 1821, inconcluso, iba precedido de un discurso reivindicador de la tradición jurídica nacional, cuyas grandes obras influyen de hecho en la tarea de los diputados, quienes también tienen especialmente en cuenta los Códigos Civiles de Francia, Prusia y Austria. El Proyecto de 1821 resulta ciertamente un trabajo notable: "el intento legislativo más curioso y original de nuestros tiempos modernos", en juicio del profesor Federico de Castro. En los años siguientes hay que destacar dos proyectos privados· el de Pablo Gorosabel en 1832, y el de José María Fernández de la Hoz en 1843, ambos estudiados por Baró.

DijirnllndeJ.

El Pmyecto de 1821.

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La obra de Gorosabel, Redacción del Código civil de E.ipaña, esparcido en /0.1· diferentes cuerpos del derecho y leyes sueltas de esta Nación, recoge nuestro derecho histórico con el añadido de ciertas instituciones del derecho francés. Al parecer, su proyección fue muy escasa y limilada. El Código civil redactado con arreglo a la legislación, de Pemández de la Hoz, acusa asimismo influencia francesa y, entre los autores. destaca el peso de Jeremías Bentham. Su eco posterior tampoco es apreciable. Hubo asimismo otros proyectos oficiales, como el que inició Manuel Cambronero a instancias de Femando VII en 1833, y que a su muerte fue concluido por una comisión. A pesar de ser presentado a las Cortes y de su extensión y solidez, este proyecto no prosperó.

2.

El Proyecto y Gnrr"Ín Goyenn.

Rndirnlismo y rmllfomlidnd.

El Proyecto de Código Civil de 1851

Con la creación de la Comisión General de Codificación, por decreto de 19 de agosto de 1843, se inicia una segunda etapa calificada por Juan Baró, acreditado historiador del proceso codificador, de oficialización de la Codificación. Esa etapa, como el mismo autor observa, concide cronológicamente con la del moderantismo político. Al crearse la Comisión de Codificación en 1843 y ser luego reorganizada, la sección civil correspondiente reemprendió la tarea. Ello hizo posible la presentación en mayo de 1851 de un proyecto suscrito por cuatro juristas, García Goyena, Bravo Murillo, Luzuriaga y Sánchez Puig, de los que el primero puede ser considerado como inspirador y artífice principal. El Proyecto de 1851 constaba de casi dos mil artículos, agrupados en tres libros. Los precedentes de cada artículo, sus concordancias con el derecho antiguo nacional y con el extranjero, así como la razón de ser de los criterios adoptados, fueron objeto de explicación por el navarro García Goyena en un importante libro, Concordancias, motivos y comentarios del Código civil español, publicado al año siguiente. Tan trabajosa obra no tuvo ciertamente el gran destino de glosar y aclarar el Código, puesto que el proyecto no se convirtió en tal, pero por vía indirecta cumplió esa misión habida cuenta de la estrecha dependencia del futuro Código Civil de 1889 respecto al texto que ahora nos ocupa. El Proyecto de 1851 fue de corte centralizador y antiforal. El espíritu uniformista empapa el conjunto del articulado, pero es especialmente patente en algunos preceptos, como el que prohibe en la regulación económica del matrimonio que los esposos pacten un régimen de bienes conforme a fueros o costumbres (art. 1237). De forma taxativa, el último de los artículos deroga el conjunto del derecho foral y consuetudinario: "Quedan derogados todos los fueros , leyes, usos y costumbres anteriores a la promulgación de este Código, en todas las materias que son objeto de l mismo, y no tendrán fuerza de ley, aunque no sean contrarias a las disposiciones del presente Código" (art. 1992).

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Semejante radicalismo, desconocedor de la vitalidad y empuje de la legislación foral, y sus posiciones también tajantes en otras cuestiones que rozaron los principios e intereses de la Iglesia (a la que un artículo, el 608, negaba o limitaba su capacidad de adquirir bienes), impidieron que el Proyecto llegara a buen término. Con notable cautela, el gobierno ordenó su publicación en la revista El Derecho moderno, a fin de facilitar que fuera conocido por tribunales, colegios de abogados, universidades y particulares, y que cualquiera pudiese exponer lo que estimara oportuno antes de arriesgar una conflictiva aprobación. Esta no llegaría nunca. Pese a su indudable calidad técnica, que arropaba un cierto compromiso científico entre el antiguo derecho castellano y los adelantos del Código francés, el proyecto de 1851 fue incapaz de aniquilar el foralismo y desconocer, al tiempo, las pretensiones de aquella Iglesia con la que en el mismo año el Estado firmaba un Concordato. Era demasiado. No obstante, el esfuerzo de García Goyena y sus compañeros no resultó estéril y fue, según veremos, aprovechado treinta años más tarde. 3.

Las leyes civiles especiales

Mediada la década de los cincuenta, y a tenor de lo sucedido, parecían bastante claras dos cosas. La primera, que no era nada fácil instaurar un Código Civil de vigencia general, pues Jo mejor que se había hecho entraba definitivamente en vía muerta. La segunda, que era necesario regular de modo uniforme ciertas materias y que ello era además posible si se evitaba colisionar con los mismos obstáculos que hasta entonces habían hecho inviable el Código. Se procedió en consecuencia a elaborar una serie de leyes, especiales en cuanto a la materia, pero de aplicación general en todo el país. Cabe citar entre ellas la Ley Hipotecaria de 1861, la Ley del Notariado de 1862, las de Aguas de 1866 y 1879, y las leyes de Matrimonio Civil y Registro Civil de 1870. Todas repercutirán, de una u otra forma, en el Código Civil de 1889.

-Ley Hipotecaria. La Comisión General de Codificación redactó un Proyecto de Ley de Bases que, presentado por vez primera en 1857, sufrió diversas alternativas y quedó finalmente en desamparo. En el bienio 1860-186 l las Cortes discutieron un nuevo texto que Isabel II sancionó y fue publicado el 8 de febrero de ese último año. La Ley Hipotecaria de 1861 se completó a los cinco meses con un prolijo reglamento y fue refonnada en 1869. De ordinario se ha admitido que el régimen hipotecario que arranca de esa ley fue construido sobre los dos grandes principios de publicidad y especialidad, característicos del sistema germánico, aunque excepcionalmente se conservara el vestigio de algunas hipotecas tácitas y generales.

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Tal valoración arranca del espíritu reformista confesado al respecto por la larguísima exposición de motivos de la ley, y del juicio de un jurista de finales de siglo, Bienvenido Oliver, quien vio en ella el triunfo del sistema hipotecario alemán. Recientemente, sin embargo, el profesor Díez-Picazo ha puesto en entredicho el germanismo de la Ley Hipotecaria de 18611869, reivindicando la influencia francesa.

-ley del Notariado. En febrero de 1859 el ministro Fernández Negrete presentó un proyecto de ley "reformando las disposiciones sobre el notariado". Tras diversas peripecias y la correspondiente discusión en el Congreso y el Senado, una comisión mixta procedió a la redacción definitiva del texto, publicado el 28 de mayo de 1862. La Ley de 1862, definidora del notario como "funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales", sancionó la separación de la fe pública judicial y extrajudicial, estableció la unidad notarial al hacer desaparecer las diversas clases existentes de notarios y escribanos, y fijó finalmente el acceso mediante oposición ante las Audiencias. Este sistema de ingreso en las notarías, pese al precedente de haber sido cubiertas por oposición algunas plazas creadas en 1857 con ocasión del nacimiento de Alfonso XII, constituye la gran novedad de la ley, y el artículo correspondiente ha sido juzgado como el "más trascendental" de cuantos ella contiene. La ley abrió las puertas a la creación de Colegios de Notarios, entidades corporativas que habían sido precedidas por los montepíos de escribanos públicos existentes en algunas ciudades. En otras, en cambio, no habían prosperado los intentos de crear ese tipo de asociaciones. Tal fue el caso de Las Palmas, donde, según sabemos por el profesor Aranda Mendíaz, se frustró el proyecto de constituir un Colegio de Escribanos Públicos.

-leyes de Aguas. En abril de 1859 fue creada una comisión ministerial para redactar el proyecto de Ley de Aguas y lograr así la unificación del caótico panorama entonces existente: "La multitud de documentos legales que hoy rigen, excesivos por su número, incompletos en su contenido, diseminados entre las demás partes de la legislación patria, contradictorios a veces, con frecuencia confusos, faltos siempre de unidad, como procedentes de diversas épocas y de sistemas de gobierno y de civilizaciones radicalmente distintas" (R.D. 27-lY-1859).

Designado ponente Rodríguez de Cepeda, la comisión estudió durante 1861 el texto que él había redactado en Valencia con ayuda de algunos expertos (entre ellos, el historiador del derecho, Pérez Pujol). Tras diversos avatares y la discusión en las cámaras legislativas, el proyecto se convirtió en la primera Ley de Aguas, de 3 de agosto de 1866, calificada por Enterría como el monumento legal más prestigioso de la legislación administrativa del siglo XIX. Junto a sus numerosos aciertos técnicos, rigor de estructura y

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adopción de criterios progresistas, la ley integró cuidadosamente la experiencia del pasado. Según ha señalado su mejor conocedor, Sebastián Martín Retortillo, supuso una "revitalización decidida del derecho histórico existente". La Ley de 1866 intentó regular toda la materia y formar así una especie de Código General de las Aguas, con lo que se ocupó de las marítimas, aunque quedara fuera de su consideración el régimen de puertos, tema éste para el que se previó otra ley que tardaría en ser promulgada casi tres lustros (Ley de Puertos de 7 de mayo de 1880). Con todo, la Revolución de 1868 trajo consigo la publicación de nuevas disposiciones sobre aguas, discrepantes a veces de la normativa anterior, con lo que al advenimiento de la Restauración el sistema jurídico resultaba un tanto contradictorio. Para normalizar la situación se procedió a redactar un texto nuevo, la Ley de Aguas de 13 de junio de 1879, que ha estado vigente hasta 1985. La Ley de 1879 es básicamente la de 1866, excepto en la supresión del título relativo al uso de las aguas del mar y de sus playas (cuestión que pasará a la Ley de Puertos). y en algunas modificaciones y retoques de tono menor. Lo que Rodríguez de Cepeda escribió, ha perdurado así en lo fundamental hasta nuestros días. -Ley de Matrimonio Civil. A fines de 1869 fue presentado en las Cortes un proyecto de ley de matrimonio civil, atribuido por ciertos autores a Montero Ríos, por otros a Ruíz Zorrilla, y que bien pudo ser obra conjunta de diversas personalidades del partido progresista. El proyecto pasó a manos de una comisión especial, siendo discutido y aprobado por la asamblea legislativa en la primavera del año siguiente. El 18 de junio de 1870 fue publicada la ley, que, tras una curiosa proclamación de la indisolubilidad del matrimonio (art. 1), establecía la obligatoriedad del matrimonio civil, al negar a cualquier otro esos efectos civiles y someter a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de los conflictos. Rechazados sus principios por la jerarquía eclesiástica cuando todavía estaba en fase de elaboración (el cardenal de Santiago llegó a afirmar que el matrimonio civil arrojaría a la familia al "lodazal del paganismo, haciéndonos retroceder cerca de 2.000 años"), la Ley de 1870 atravesó múltiples dificultades en el lustro escaso en que estuvo vigente. Fue derogada, en la época de Cánovas, por decreto de 9 de febrero de 1875. Pese a su corta duración, la Ley de Matrimonio Civil tuvo una importancia considerable. Y ello porque, como ha puesto de relieve el profesor Roldán en una valiosa monografía, significa el primer intento de establecer en España el matrimonio civil obligatorio; constituye el antecedente de muchos preceptos incorporados luego al Código, y fue en suma una "carta negociable" con la autoridad eclesiástica a la hora de determinar el régimen matrimonial del propio Código Civil.

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-Ley de Registro Civil. El 17 de junio de 1870 fue promulgada la ley instauradora de un registro donde se hicieran constar los actos concernientes al estado civil de las personas. A la ley siguió en diciembre un reglamento, común a ella y a la Ley de Matrimonio Civil. Mediante esta normativa, los nacimientos, matrimonios y defunciones, antes inscritos en los registros parroquiales, pasaron a ser objeto de la verificación y control del Estado. Los redactores de la ley se encontraron con la alternativa de encomendar ese registro civil a los ayuntamientos o a los juzgados municipales. Probablemente la desconfianza hacia la administración local, junto al fracaso de ensayos anteriores, determinaron la adopción del segundo criterio. Eso significó, en frase de un moderno estudioso, Raluy, huir de Escila para caer en Caribdis, habida cuenta que "juzgados municipales y ayuntamientos se hallaban montados sobre idéntico vicioso patrón: un jefe de la oficina de carácter lego, más o menos político y esencialmente temporal, asistido por un secretario en no pocos casos tan lego como el jefe de la dependencia". Tal situación habría de quedar remediada muchos años después con la reforma de la Justicia Municipal en 1944. La colocación del registro bajo la salvaguardia de los tribunales, consiguiente al intento de evitar la presunta discrecionalidad y desconcierto de las oficinas parroquiales, prestó a la institución una excesiva rigidez, por cuanto según la ley cualquier reajuste o corrección de la inscripción registra! exigía la ejecutoria del tribunal competente, y según el reglamento no era posible la inscripción de un nacimiento pasados los tres días previstos, sino en virtud de sentencia. La Ley de 1870 fue explícitamente respetada por el Código Civil, en cuanto no entrara en contradicción con los escasos preceptos (arts. 325332) que él destina al tema. Juzgada por algunos autores (F. de Castro) con simpatía, otros, como el citado Raluy, la han hecho objeto de severa crítica, señalando que los aspectos positivos de su aplicación hay que atribuirlos no tanto al contenido del texto, cuanto a la interpretación doctrinal llevada a cabo por la Dirección General de Registros y del Notariado. Se mantuvo en vigor hasta el l de enero de 1959, fecha en que comenzó a regir la nueva Ley de Registro Civil de 8 de junio de 1957. B) EL CODIGO CIVIL DE 1889

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>' et nuevo e.-píritu.

El fin del largo proceso

Como ha señalado Baró, la etapa final de la codificación civil arranca de la nueva constitución de la Comisión General de Codificación, a raíz del decreto de 10 de mayo de 1875. Desde entonces, y ya en los años ochenta, la

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empresa codificadora adopta aires más realistas y en lugar de un texto radical y excluyente, parece buscar la solución armónica y flexible que respete el peculiarismo foral. Ciertamente esa posibilidad había quedado abierta desde que la Constitución de 1869, y luego la de 1876, moldearon el viejo y férreo lema de que el mismo código debía regir en toda la monarquía, herencia de Cádiz esculpida en la Constitución de 1845, con la fórmula más elástica del "sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias determinen las leyes". Las particulares circunstancias aconsejaron a un ministro con talento. Alvarez Bugallal, dictar el decreto de 2 de febrero de 1880 que, derrochando espíritu conciliador, integraba en la Comisión de Codificación a importantes juristas de Cataluña, Aragón, Baleares, Navarra, Galicia y Vascongadas. Estos expertos debían redactar una memoria sobre aquellas instituciones civiles de sus regiones que conviniera conservar. Los trabajos fueron hechos -algunos muy bien hechos- y aunque no se llegó a ningún resultado práctico, quedó la puerta entreabierta para el inmediato futuro. El paso siguiente y más decisivo fue obra de otro ministro de Gracia y Justicia, Alonso Martínez, quien en octubre de 1881 presentó a las Cortes un proyecto de Ley de Bases del Código Civil. En él se autorizaba al Gobierno para publicar el Proyecto de 1851 con las variaciones oportunas, disponiéndose que una ley especial mantuviera las instituciones sobre propiedad y familia de singular arraigo en los territorios forales. El proyecto de Alonso Martínez, que también preveía la vigencia general del Código Civil como supletorio en esas regiones, generó las añadidas suspicacias de quienes presagiaban el fin de su derecho supletorio romano-canónico. Las Cortes además no encontraron satisfactorio el sistema de Ley de Bases y solicitaron el texto íntegro del Código. Alonso Martínez llegó a presentar ante el Senado los dos primeros libros, pero un cambio político le dejó en la calle antes de poder concluir su obra. Su sucesor, Francisco Silvela, volvió sobre el mismo procedimiento presentando en enero de 1885 un segundo Proyecto de Ley de Bases, de talante más concesivo. Aprobado por las Cortes, se convirtió en la Ley de Bases de 11 de mayo de 1888, cuyos preceptos atendían tanto a la forma de realización del Código como a resolver el problema complementario de la heterogeneidad foral. En lo primero dispuso que la redacción tuviera como fundamento el Proyecto de 1851, "en cuanto se halla contenido en éste el sentido y capital pensamiento de las instituciones civiles del Derecho histórico patrio", resolviéndose las insuficiencias y nuevas necesidades con "soluciones que tengan un fundamento científico o un precedente autorizado en legislaciones propias o extrañas". En lo segundo estableció un criterio transaccional, ordenando que el Código fuera complementado con unos Apéndices que recogieran "las instituciones forales que conviene conservar", respecto a los cuales, en su respec-

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Publi,·aritJn del C6di![O.

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tivo ámbito de vigencia, el propio Código sería derecho supletorio. El Código Civil sí fue hecho, pero esa posibilidad un tanto ambigua de los suplementos sólo se materializó, mucho más tarde, en el Apéndice aragonés de 1925. Tras la Ley de Bases de 1888 las cosas fueron deprisa y sin duda demasiado deprisa. La Comisión de Codificación preparó el texto de forma precipitada, y lo que no se había hecho en muchos años hubo de ser concluido en pocos meses. El 6 de octubre de 1888, un decreto firmado por Manuel Alonso Martínez, quien para su gloria jurídica había vuelto a ser ministro, ordenaba publicar el Código en la Gaceta de Madrid. Tal publicación se realizó no de una vez sino de forma paulatina, mientras se introducían modificaciones a lo previsto y las Cortes discutían la concordancia de los preceptos con lo estatuido en la Ley de Bases. En diciembre de ese año 1888 había aparecido ya la totalidad del Código, pero los desajustes consiguientes al procedimiento utilizado llevaron a que la ley de 26 de mayo de 1889 ordenara realizar una segunda edición, corregida y completada. Por real decreto de 24 de julio de 1889 fue promulgada esta segunda edición, que constituye el texto definitivo. 2.

RffhnJ,.

Contenido y valoración

El Código Civil consta de un título preliminar y cuatro libros (por haber desdoblado en dos el tercero del Proyecto de 1851), con un total de 1.976 artículos (el último de los cuales contiene la claúsula general derogatoria), seguidos de una serie de disposiciones transitorias y otras adicionales, destinadas éstas a arbitrar el procedimiento de revisión del cuerpo legal. Dos terceras partes del articulado proceden directamente del Proyecto de 1851, y en ellas y en el resto la base fundamental de inspiración es el Código francés, bien a través de su manejo directo o por la utilización de otros códigos europeos influidos por él. Domina así una línea ideológica individualista, concorde con el viejo dogma de la autonomía de la voluntad, aunque su mismo proceso de elaboración, con hiatos en el tiempo y acarreo de elementos heterogéneos, haya dificultado una vertebración doctrinalmente unitaria. El Código Civil de 1889 fue acogido con frialdad y desencanto, cuando no con hostilidad manifiesta y más que severos juicios. Anticipo de esa actitud fue la propia valoración negativa de la Comisión del Senado encargada de su defensa, al expresar el "convencimiento de que el Código civil no coincide verdaderamente, en pocos o en muchos puntos, con los progresos del tiempo, con las necesidades sociales del día y con ciertas ineludibles previsiones que una ley de esta índole no debiera omitir''. A partir de ahí, nuestros clásicos y eximios civilistas no escatimaron críticas, asegurando Sánchez Román que

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el Código no solo no disminuía, sino que aumentaba, la pluralidad legislativa, y que más valiera no haberlo hecho. Para Valverde resultó un Código que, "siendo uno de los más modernos, es, sin duda, uno de los más defectuosos", y en juicio lapidario de Mucius Scaevola el texto representaba "el resumen de las contradicciones civiles". Un conocido historiador del derecho, Rafael de Ureña, sentenció irónicamente en 1902: "Se confeccionó un denominado Código civil de España, que no es tal ni puede merecer semejante calificación. No es Código, porque más que el desenvolvimiento vario y sistemático del interior contenido de un principio de unidad, presenta el aspecto de una informe acumulación de elementos heterogéneos y contradictorios. No es Código.civil, porque deja fuera de su contenido y entregadas a leyes especiales interesantes materias relativas al Derecho privado (por ejemplo, el régimen hipotecario). Y no es Código civil e.1pañol porque no sólo otorga nuevas condiciones de subsistencia a las legislaciooes regionales de Vizcaya, Navarra, Aragón, Cataluña y Mallorca, sino que crea otro territorio foral, el de Galicia, y da base legal para aspiraciones particularistas".

¿Es para tanto?. No, claro que no. Descontando el hecho, muy propio del talante celtibérico, de que el Código mereciera juicios más benevolentes fuera de España que dentro de ella, se ha abierto en nuestro país a lo largo de los últimos años una corriente rehabilitadora que, sin apoteosis de signo contrario, igualmente incorrectas, aporta un juicio de conjunto más equilibrado y justo. Especialistas tan prestigiosos como Hernández Gil, Lacruz o Federico de Castro, figuran dentro de ella. Concluyamos con lo que dice este último autor: "No es el Código la obra cumbre que correspondía a nuestra gloriosa tradición jurídica; pero, dentro de su consciente finalidad modesta, ha sido y sigue siendo útil; sus autores merecen respeto y agradecimiento, porque, a pesar de lo desfavorable de los tiempos y circunstancias en que se redactó, han sabido conservar la esencia tradicional de nuestro Derecho y hacer elegantemente, con los mínimos medios, una buena obra española" (Derecho civil de España, 210).

VI. La Codificación del Derecho Militar

La reforma de las Ordenanzas militares de Carlos III se inició a instancias de las Cortes, creándose diversas Juntas que no llegaron a concluir sus trabajos. Paralelamente el poder ejecutivo había iniciado también la adaptación del derecho militar a los principios constitucionales, constituyendo otras Juntas, como la de 1864, para acompasar el derecho anterior al espíritu de la época y mitigar las penas más severas. Tal labor se encomendó en 1867 al comandante Miguel de Sichar y Salas. Según sabemos por el profesor Alvarado, que ha estudiado y resumido estas cuestiones, en 1869 fue creada una Junta de Ordenanzas para estudiar el proyecto de Sichar. Pese a no llegar a resultados concretos, el contraste de las severas penas castrenses con las muy benignas del Código de 1848

Rehnbiliwitin.

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y luego del de 1870 llevaron al Ministerio de la Guerra a acelerar los trabajos codificadores, constituyéndose en 1880 la Comisión de Codificación militar que hará posible la promulgación del Código Penal del Ejército en 1884. A su vez el Ministerio de Marina, a través de otra Comisión de Codificación creada en 1884, promovió el Código Penal de la Marina de 1888. Ahora bien, habida cuenta de las diferencias de método y criterios de esas dos Comisiones de Codificación, de Guerra y Marina, se organizó una Comisión mixta que unificó la jurisdicción militar y reunió en un solo texto las leyes penal, procesal y de organización de los tribunales militares. Con ello llegamos al Código de Justicia Militar de 1890. VII. La Codific:ac:i6n del Derecho Ultramarino

Desde 1837 todas las Constituciones del XIX establecerán la no aplicación de sus preceptos a los territorios españoles de Ultramar (Cuba, Puerto Rico y Filipinas). Ello se debió, según explica Javier Alvarado, a que la anterior pérdida de territorios en América se había atribuido al abuso con que los criollos habían utilizado las libertades reconocidas en la Constitución de 1812 para luchar por su independencia. Ahora bien, tampoco era posible seguir aplicando a Ultramar el sistema constitucional mientras los políticos no se pusieran de acuerdo en abolir algo tan incompatible con la libertad como el régimen esclavista que persistía en las Antillas. Esta situación determinó que en los territorios ultramarinos no se aplicasen los diferentes Códigos peninsulares y que aquellos españoles continuaran rigiéndose por la legislación del Antiguo Régimen (Recopilación de las Leyes de Indias, Ordenanza de Intendentes, Novísima Recopilación, Partidas, etc.). La discriminación fue especialmente grave en materia penal, dado que, mientras en la Península el Código Penal de 1848 había consagrado la graduación de la pena en función de la gravedad del delito y de la responsabilidad del delincuente, en Ultramar seguía el sistema de discrecionalidad del juez y de penas arbitrarias. Sin embargo, y como señala el propio Alvarado, a partir de las quejas formuladas en este sentido por la Audiencia de la Habana, diversos ministros de Ultramar fueron ordenando la creación de comisiones de codificación ad hoc, encargadas de adaptar allí los códigos metropolitanos. Tales proyectos abocarán en 1874 a la creación de la Comisión de Codificación de las provincias de Ultramar, dependiente del Ministerio de Justicia, a la que se debe la elaboración del Código Penal de Cuba y Puerto Rico (1879), el Código Penal de Filipinas (1884), las Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal, el Código de Comercio, la Ley y Reglamento Hipotecario para

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los respectivos territorios, etc. La pérdida de las colonias, en fin, motivó en 1898 la disolución de esta Comisión. A su vez, desde una perspectiva iberoaméricana, hay que decir que la idea de la codificación se abrirá paso por lo general en los distintos países una vez consumada la independencia. Casos excepcionales fueron, como señala Guzmán Brito, Venezuela, cuyo Congreso Constituyente acordó en 1811 constituir una comisión para formar un código civil y criminal; en el mismo año, en la futura Argentina, un anónimo proyecto de Constitución para las provincias del Río de la Plata, hablaba ya de formar un código; y también en 1811, la Constitución de Cundinamarca, en lo que habría de ser Colombia, encargaba al poder legislativo la tarea de reforma del código. A partir de entonces, el arranque del proceso codificador autónomo puede situarse en los años veinte del siglo XIX en una serie de países (México, Chile, Colombia, Perú, El Salvador y Honduras), y en los años treinta en Honduras, Costa Rica y Uruguay.

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49-50. LA ADMINISTRACION CENTRAL, TERRITORIAL Y LOCAL l. La Administa'aei6n Centa'al A) LA ORGANIZACION MINISTERIAL

I.

El Estatuto de Bayona y la administración de José Bonaparte

Al iniciarse el siglo XIX el sistema ministerial estaba compuesto por los cinco departamentos de Estado, Guerra, Marina, Justicia y Hacienda. Esa estructura no fue respetada por el Estatuto de Bayona que proyectó modificaciones de fondo, ni tampoco por la Constitución de Cádiz, aunque en este caso la reforma, efectiva, fuese menor y tuviera algunas resonancias tradicionales. El Estatuto dispuso un régimen de nueve ministerios (Justicia, Negocios Eclesiásticos, Negocios Extranjeros, Hacienda, Guerra, Marina, Indias, Interior y Policía Genera[), facultando al rey cuando lo estimara conveniente para fusionar los dos primeros y los dos últimos. Los ministros eran responsables de la ejecución de las leyes y de las órdenes del monarca, no existiendo entre ellos otra prelación que la derivada de la antigüedad. Un secretario de Estado con la calidad de ministro debía refrendar todos los decretos. En esta regulación hay que hacer notar importantes novedades, como el establecimiento de departamentos hasta entonces desconocidos (Interior y Policía Genera[), cambios de la nomenclatura de otros (el antiguo de "Estado" se llama ahora de Negocios Extranjeros), y la sustitución del viejo término de "Secretario del Despacho" por el que ahora se usa de ministro. Tras su segunda entrada en Madrid (enero de 1809), José Bonaparte procedió a organizar la maquinaria gubernamental, regulando por un decreto de 6 de febrero las atribuciones de cada ministerio. Las personas designadas para desempeñarlos eran gentes cultas y afrancesadas. El más ambicioso de los nombramientos fue el de Jovellanos para Interior, pero el ilustre personaje no aceptó el cargo. Las propias características del gobierno de Bonaparte y la situación de guerra, impidieron que esta reorganización tuviera continuidad y trascendencia.

Régimen mi~ nisterial del fatatuto de Bayona.

Josi l.

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2. ÚJ.'i do.,· nuevos Mini.rrerios y su desnparidlJn.

El régimen ministerial de la Constitución de Cádiz

Manteniendo la denominación tradicional de Secretarios del Despacho, la Constitución de 1812 fijó un sistema de siete departamentos en el que, junto a los cinco conocidos, surgen como nuevos los de Gobernación para la Península e islas adyacentes y Gobernación para Ultramar. Las Cortes fueron autorizadas a variar este esquema si las circunstancias lo aconsejaban, y se dispuso que un reglamento posterior determinase los negocios propios de cada ministerio. Todos los Secretarios del Despacho deberían firmar las órdenes regias correspondientes a su ramo y formar el oportuno presupuesto. La aparición de los dos nuevos departamentos trataba en realidad de resolver con una fórmula inédita el viejo problema, tan discutido a fines del XVIII, de la autonomía de los asuntos de Indias (39,II,C,l). Ahora bien, la solución ministerial de Cádiz, fuese buena o no, estaba ligada a los avatares de la propia Constitución. Por ello al quedar ésta sin efecto, en mayo de 1814, desaparecieron ambos ministerios. Las materias del de Gobernación para la Península fueron redistribuidas con facilidad entre los departamentos restantes. Menos fácil resultó disponer qué se hacía con lo de Ultramar. Y lo que se hizo fue crear en junio de ese año un Ministerio Universal de Indias, y suprimirlo en septiembre del siguiente, cuando Fernando VII, que se persuadía con harta facilidad de las cosas más contradictorias según conviniera, se mostró "convencido íntimamente de las ventajas· y utilidades" que reportaba disolver la gestión americana entre los cinco departamentos españoles. Subsistieron en consecuencia desde entonces los de Estado, Guerra, Justicia, Marina y Hacienda. El retomo del régimen liberal en 1820 trajo consigo la reposición de la estructura gaditana, pero la vuelta de los absolutistas en 1823 volvió a anularla y el sistema de los cinco ministerios rigió durante la década siguiente. Antes de que concluyera, se produjo sin embargo la novedad importante de la creación del Ministerio de Fomento.

3. lA creación del Ministerio de Fomento (1830) Propu11s1,u .

Era en verdad anómalo que una estructura ministerial objeto de tantos reajustes, no hubiera dispuesto de un departamento destinado específicamente a la promoción y orden interior, desarrollo y bienestar. La necesidad debía ser obvia y tres importantes políticos, en tres años distintos, se encargaron de transmitírsela al rey. Javier de Burgos, en 1826, representó a Fernando VII la conveniencia de instituir un ministerio que

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sería, con sus propias palabras, "el taller de la prosperidad nacional". En 1829 el incansable Pedro Sainz de Andino redacta una exposición,en la que, tras recabar con tono melifluo la atención del monarca ("tutor celoso y solícito del bienestar de doce millones de criaturas que con los ojos levantados hacia el trono, aguardan del amor y de la sabiduría de V.M. el remedio de sus desdichas presentes"), propone como remedio el establecimiento de un Minis terio de la Administración civil o interior. En 1830 el titular de Hacienda Luis López Ballesteros insiste en lo mismo, abogando por ese departamento que lo "tienen ya todas las naciones cultas de Europa". Femando VII ordena que el tema sea estudiado por el Consejo de Ministros y el Consejo de Estado, y un decreto de 5 de noviembre de 1830 dispone finalmente la creación de la Secretaría de Estado y del Despacho del Fomento General del Reino. Este Ministerio de Fomento cambiará su nombre por el de Interior en 1834, rescatando así el ya utilizado en el Estatuto de Bayona, y por el de Gobernación (del Reino o de la Península, según los casos) a partir del año siguiente.

El R.O. 5-X/-/830 y lo.< nombre.,· .\'Ul"t.!ÍVO.\" del Ministerio.

Según ha puesto de relieve el profesor Santana, el conjunto de competencias del Ministerio de Fomento se encuentra prefigurado en las que disfrutó a fines del siglo XVII la Junta de Comercio y Moneda . Por lo demás, deslindados en el Estado liberal los ámbitos legislativo, judicial y ejecutivo, el nuevo Ministerio asumió buena parte de las competencias administraúvas de este último.

A los ojos de hoy, las competencias de este departamento resultan, por desmesuradas, casi increíbles: estadística, pesos y medidas, obras públicas, navegación interior, agricultura, ganadería, comercio, industria, universidades, escuelas, correos, ayuntamientos, sanidad, seguridad pública, moneda, minas, teatros, etc., etc. Un modesto político, Victoriano Encima y Piedra, que para colmo era al tiempo ministro de Hacienda, fue el primero con optimismo suficiente como para hacerse cargo de todo aquello. 4.

comperenf'in.,.

El período 1834-1863: nuevas reformas

Con ocasión de la gran reforma de los Consejos llevada a cabo en 1834, de la que Juego nos ocuparemos, Martínez de la Rosa crea en todos los departamentos la figura del subsecretario. Surge este cargo, con similares trazos a los que en la actualidad conserva, para ir "descargando a los ministros de los asuntos de leve cuantía, o que se reducen a meros trámites de instrucción de los expedientes, a fin de que puedan dedicarse a hacer en los diversos ramos de la administración las importantes reformas que se están planteando, y asistir a las sesiones de las Cortes generales del Reino con la frecuencia que el servicio del Estado reclame" (R.D. de 16 de junio). Los ministerios quedan además divididos en secciones o negociados

El Subserrerrio

y /ns ,\'e<·dones de lo:,¡ Ministerios.

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Rt/ormn., de /847 y /85/.

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generales, correspondiendo al subsecretario la presidencia de la junta de secciones o reunión de todos sus titulares. Las Constituciones de 1837 y 1845 no se pronuncian por una determinada estructura ministerial, limitándose en un brevísimo y repetido título (el IX en ambas) a ordenar que los ministros firmen las disposiciones regias y a permitirles ser diputados o senadores. Uno y otro texto hablan ya de ministros y no de Secretarios del Despacho, aunque esta denominación siga manteniendo carácter oficial. En enero de 1847 se crea la llamada Secretaría de Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción y Obras públicas, que absorbe buena parte de las competencias que hasta entonces tenía la de Gobernación. En 1851 aquélla pasa a denominarse de Fomento, nombre que como sabemos corresponde al que en su origen había tenido esta última. De tal forma, al mediar la centuria existían los siguientes siete ministerios: Estado, Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra, Marina, Gobernación y Fomento.

5. Restablecimiento y extinción del Ministerio de Ultramar (1863-1899)

Re., tnblecimienro: R.O. 20-V-/863.

Ext111r,/m R.D. 25-IV-/899.

El Ministerio de Indias había sido creado en 1754, dividido en dos en 1787, disuelto en 1790, rehabilitado en parte en 1812, restablecido en su integridad en 1814 y suprimido en 1815. Cabría suponer que a tan azarosa historia no habría ya nada importante que añadir, cuando, desde los años treinta, España sólo conservaba en América unos pocos restos del gran Imperio. No fue sin embargo así y un decreto de 20 de mayo de 1863 volvió a instituir un Ministerio de Ultramar que ni siquiera dispuso de competencias globales en los territorios subsistentes, habida cuenta de que Estado, Guerra y Marina se reservaron las que hasta entonces tenían en ellos. La profesora Emma Montanos ha estudiado con detalle las peripecias de este nuevo Ministerio de Ultramar, fruto entonces quizás más del voluntarismo político que de las necesidades reales. Sabemos sin embargo por ella de su prolífica actividad para adaptar a las provincias ultramarinas las muchas leyes especiales dictadas en la metrópoli, de las tareas económicas que desarrolló, y de otras varias atribuciones y competencias. Tras el desastre del 98 un decreto de 25 de abril de 1899 extinguió para siempre el departamento. 6. U/timos reajustes: el panorama ministerial a la entrada del siglo XX Dos fueron las reformas emprendidas durante la Restauración en los últimos años del XIX. Una de ellas -la referida supresión del departamento de Ultramar- resultó forzada por las circunstancias. La otra consistió en el desdoblamiento en 1886 del Ministerio de Fomento, con el voluntario

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objetivo de lograr un más eficiente despacho. Tales mudanzas pudieron ser hechas sin rozar el texto constitucional, pues, siguiendo el criterio iniciado antes, ni la Constitución de 1869, ni la que ahora nos importa de 1876, disponían nada sobre el número y denominación de los ministerios, limitándose a fijar breves normas relativas a las funciones y responsabilidad de los ministros. Un decreto de 7 de mayo de 1886 suprimió el Ministerio de Fomento y creó en su Jugar el de Instrucción Pública y de Ciencias, Letras y Bellas Artes, y el de Obras Públicas, Agricultura, Industria y Comercio. Según ha observado García Madaria, a quien debemos una completa exposición de los avatares del régimen ministerial decimonónico, el decreto condicionó al reajuste presupuestario la entrada en vigor de la reforma, que sólo llegó a cumplirse tras la Ley de Presupuestos de marzo de 1900. Un lustro después, el segundo de esos dos departamentos abandonó su largo nombre para llamarse de Fomento, término éste que, como hemos visto, fue sometido a un verdadero baile institucional. En suma, la estructura consolidada en 1905 dio cabida a los siguientes ocho departamentos: Estado, Guerra, Justicia, Marina, Hacienda, Gobernación, Instrucción Pública y Fomento.

De.wfoblnmiento del Mini.,terio de Fomento.

Los Depnnnmento.< ni entrar el .
B) EL CONSEJO DE MINISTROS

1.

Creación y antecedentes

El Consejo de Ministros aparece en España por un decreto de 19 de noviembre de 1823, dirigido al titular del departamento de Estado. En él, Fernando VII, tras señalar que las providencias de los ministros "serán más conformes al bien de mi servicio y al interés de mis pueblos, siendo dictadas de común acuerdo", ordena al destinatario "que vos, con los demás mis Secretarios de Estado y del Despacho... formeis un Consejo que se denominará Consejo de Ministros", a fin de proceder de la forma siguiente: " En él se tratarán todos los asuntos de utilidad general: cada ministro dará cuenta de los negocios correspondientes a la Secretaría de su cargo, recibirá mis resoluciones y cuidará de hacerlas ejecutar. Los acuerdos del Consejo se escribirán en un libro, expresando las razones que los motivaron. Cuando yo no asista presidireis vos, como mi primer Secretario de Estado, y el del Despacho de Gracia y Justicia asentará las deliberaciones teniendo a su cuidado el libro destinado para este objeto".

Este texto es la partida de nacimiento del Consejo de Ministros tal corno el organismo es conocido hoy, y contiene, según se ve, tres distintas prescripciones. La primera, que los ministros despachen juntos los asuntos de utilidad general. La segunda, sobreentendida la presidencia del rey, que en

Cn!ndán R.D. /9-Xl-/82.t.

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Antectdentes.

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su ausencia presida el ministro de Estado. La tercera, que el ministro de Justicia haga funciones de secretario y lleve el libro de acuerdos. ¿Quiere esto decir que ese 19 de noviembre se inventa una institución nueva, con la idea feliz de poner de acuerdo a unos ministros históricamente insolidarios?. Ciertamente no. No estaban los tiempos para muchas ideas felices, y el propio decreto reconoció con modestia que Jo que se pretendía hacer era lo que había hecho Felipe V en 1714, con un llamado Consejo de Despacho, y lo que posteriormente hizo Carlos III al establecer la Junta Suprema de Estado. Ahora bien, como aquel Consejo de Despacho fue de hecho una reunión de ministros y no ministros, y esta Junta, en cambio, una rigurosa asamblea ministerial, en su lugar nos pronunciamos por considerarla como propio antecedente del Consejo de Ministros (39, II, C, 2). Desde su fundación el Consejo debió reunirse con asiduidad. La primera de las actas hoy conocidas de este supremo organismo corresponde a una sesión de 3 de enero de 1824, y ha sido hallada y publicada por el profesor Fernando de Arvizu. 2. La Presidencia del Consejo

Presidencia del Ministm de Estndo.

ln Presidendn nutánomn.

En una primera etapa no existe presidencia del Consejo formalmente instituida. Al no concurrir el rey, hace cabeza y dirige las sesiones el ministro de mayor rango. Ese ministro había sido y seguía siendo el de Estado. Por ello, al igual que en la Junta Suprema había actuado como presidente de hecho Floridablanca, titular de tal departamento, en el nuevo Consejo de Ministros corresponde la presidencia efectiva al de Estado, quien desde 1824 queda autorizado a hacer uso del título de Presidente del Consejo de Ministros. El es, en suma, un primus inter pares, con título sobreañadido. Tal situación corresponde cronológicamente a la década 1823-1834, a cuyo término, como ha observado el profesor Fontes en una informada monografía, se opera cierto fortalecimiento del ejercicio efectivo de la presidencia, coincidiendo con el segundo mandato de Cea Bermúdez. I En la segunda etapa, 1834-1873, la presidencia del Consejo se configura como un cargo independiente. El proceso arranca del Estatuto Real, texto donde el presidente aparece ya, de una parte, diferenciado del rey, y de otra, con determinadas facultades especiales que directamente le son atribuidas (refrendar los decretos relativos a la apertura, cierre, suspensión y disolución de las Cortes). Se dibuja así con timidez el perfil autónomo y peculiar del presidente, si bien tal cargo suele seguir adscrito al Secretario del Despacho de Estado. Ya en la etapa anterior, no obstante, la presidencia

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había sido esporádicamente desempeñada por algun ministro de otro ramo, y los estudios de Fontes han mostrado que en fecha tan temprana como octubre de 1827 figuró un ministro que no era de Estado --el de Marinacomo presidente del Consejo de Ministros. Ahora ese fenómeno se repite y en 1840 accede al cargo un personaje, el general Espartero, que ya ni siquiera es ministro. Desde entonces el Presidente del Consejo es una figura orgánica distinta, representativa del partido político que ha alcanzado el poder, y a quien corresponde, tras ser nombrado por el monarca, la propuesta de designación del gabinete. En este proceso institucional concurre además otra circunstancia digna de ser tenida en cuenta: la atribución a la Presidencia del Gobierno de un capítulo presupuestario independiente. Ello sucede por vez primera en 1852 y plantea un problema de interés. ¿Constituye entonces esa Presidencia del Gobierno un departamento ministerial propiamente dicho, si bien de singular relevancia?. Un especialista como Adolfo Posada se refirió retrospectivamente a esta cuestión al publicar en 1897 su Tratado de Derecho Administrativo, recordando la habitual respuesta negativa de los autores a la que añadió la suya propia ("No lo es de un modo riguroso; pero todo nuestro régimen de la Administración central se mueve en relación con la Presidencia). Manejando ese y otros textos, González Mariñas ha defendido en sentido contrario que, en la segunda mitad del XIX, la citada Presidencia fue ya de hecho un departamento ministerial, con planta y funciones propias. Pese a los argumentos con que este joven administrativista se enfrenta con sus vetustos y célebres colegas decimonónicos, seguimos creyendo que lo de Presidencia fue entonces algo sustancialmente distinto. Un paso muy señalado hacia esa configuración estricta como departamento, lo dan, en efecto, los reglamentos de las cámaras legislativas a principios del siglo XX, creando comisiones de Presidencia parejas a las de cualquier otro ministerio. El paso definitivo tendrá lugar todavía más tarde, cuando haya un Ministro de Presidencia, según sucede hoy, distinto del Presidente del Gobierno. Pero este último paso encierra obviamente una falacia, porque cuando existe ~inisterio y Ministro de Presidencia, la Presidencia del Gobierno, con capíhllo presupaestario asignado, no es desde luego un ministerio. O dicho de otra forma· el Presidente del Gobierno no es un ministro

En una tercera etapa, desde 1873, la Presidencia es ya el órgano rector de la acción administrativa. Tras unos confusos meses en que, con ocasión de la primera República, se yuxtaponen los cargos de Jefe del Estado y Presidente del Consejo, restablecida la dualidad, este último asume la iniciativa política, es centro de decisión, árbitro y última instancia de los conflictos entre ministros y coordinador general de la actividad de gobierno y administración.

ln Presidencia ,·omodt!pnrtnmento mini.'ilerinl.

926

El Consejo rle Espnñn e Jnrlim.

ln ronfu.'iión ndmini.\·trntivn.

LA ESPAÑA DEL XIX

C)

EL DERRUMBE DEFINITIVO DE LOS VIEJOS CONSEJOS

1.

La reforma de 1834: supresión de Consejos y creación del Consejo Real de España e Indias

La marginación política de los Consejos, ostensible en la centuria anterior (39, II, C, 3), se hace ahora definitiva, y ya la Junta Central decreta el 25 de junio de 1809 la constitución de cierto único Consejo de España e Indias, compuesto por miembros procedentes de los tradicionales Consejos de Castilla, Indias, Ordenes y Hacienda, con tres salas destinadas a justicia, gobernación de la Península y de Indias. Ese organismo, recientemente estudiado por el profesor Puyo! Montero, fue efímero y desapareció por un decreto de 16 de septiembre de 1810, que restableció aquellos Consejos. Tras la Constitución de Cádiz, que establece en exclusiva un Consejo de Estado, el problema no fue --en los períodos en que el texto gaditano no rigió y en consecuencia los viejos Consejos "resucitaron"- que estos Consejos reclamaran competencias políticas monopolizadas ya por los ministros, sino el mantenimiento en ellos de una confusa amalgama de atribuciones judiciales y administrativas. Poco después de desaparecer Fernando VII, Martínez de la Rosa, siguiendo probablemente el mensaje reformista de Javier de Burgos, remite a la reina gobernadora en febrero de 1834 una memoria acompañada de seis importantes decretos . En ella dice: "Entre las varias causas que han producido en él (sistema admini.l"trativo) tanta difusión y desarreglo, pocas hay de mayor trascendencia y de influxo más pernicioso que la mezcla de atribuciones judiciales y administrativas en los mismos cuerpos y autoridades, resultando muchas veces de este vicioso origen, que mientras más providencias ha dictado el Gobierno para promover los varios ramos de la pública felicidad, mayores han sido las trabas que se han opuesto a su acrecentamiento y desarrollo" .

Suprt!.,·iún de los tuUiguos Con'ieJo.i,.

Se trata por tanto de remediar el desorden. O mejor dicho, con palabras de Sánchez Bella, de extraer las consecuencias de un principio de división de poderes, aceptado por el Gobierno, que exige la plena autonomía de los tribunales y la propia personalidad de la Administración . Pero como además aquel conjunto de corporaciones era visto como una incómoda herencia del Antiguo Régimen, esos decretos -fechados todos el 24 de marzo-- no entran en sutilezas ni distingos y llevan a cabo una reforma en profundidad. Extinguen así los Consejos de Castilla e Indias, con sus Cámaras respectivas, y crean el Tribunal Supremo de España e Indias. Suprimen asimismo los Consejos de Guerra y Hacienda, y establecen de un lado el Tribunal Supremo de Guerra y Mar, y de otro el Tribunal Supremo de Hacienda. Reforman además el Consejo de Ordenes, y

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927

proceden, en fin, a fundar un organismo nuevo, el Consejo Real de España e Indias, diferente del de parecido nombre mencionado antes. Todo ello, junto a las innovaciones introducidas entonces en los ministerios condujo a una radical mudanza en la estructura de la Administración central: "Lo importante es que el cuadro de la Administración Central ha quedado, después de la reforma, aclarado y simplificado. El poder ejecutivo y legislativo queda en manos de la reina y sus secretarios de Despacho que cuentan con un órgano técnico asesor: el Consejo Real ; el judicial, en los nuevos altos tribunales. Más adelante, en ese mismo año, la aparición de las Cortes del Estatuto y, después, la de una Constitución escrita, la de 1837, obligarían a un reajuste del ejercicio de los poderes ejecutivo y legislativo, pero subsistirá lo principal de la reforma: la desaparición de los viejos -y gloriosos- órganos consultivos y judiciales que fueron los Reales y Supremos Consejos de la etapa del gobierno personal de los reyes, y la autonomía de los órganos judiciales" (Sánchez Bella, Ln reforma de In Administración Central en /834, 675-676).

¿Qué fue ese Consejo que se creó cuando precisamente casi todos los demás eran suprimidos?. Algo singular y distinto que, pese a sus pretensiones, sólo duró dos años y medio. El Consejo Real de España e Indias fue un supremo órgano consultivo, sin atribuciones ejecutivas ni judiciales, con una estructura compuesta por la presidencia, secretaría general y siete secciones (Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Marina, Hacienda, Fomento e Indias) correspondientes a los respectivos ministerios, excepto la de Indias cuyo departamento entonces no existía. Su organización y funcionamiento quedaron regulados por el decreto fundacional -el último de los seis dados el 27 de febrero de 1834- y por dos reglamentos, de 9 de mayo y 20 de diciembre del mismo año. Cada uno de los ministros debía consultar con la respectiva sección aquellos negocios graves e importantes de su ramo, pudiendo dirigirse todos a la Indias para recibir asesoramiento en los asuntos relativos a ultramar. Orgánicamente el Consejo Real dependió del presidente del Consejo de Ministros, a quien correspondía la propuesta de las personas destinadas a ocupar la presidencia y secretaría general del organismo. El Consejo Real de España e Indias, en juicio de Fernando de Arvizu, funcionó con regularidad y eficacia, pudiendo ser valorada su labor de positiva. Fue suprimido por un decreto de 28 de septiembre de 1836, como consecuencia de que con el restablecimiento de la Constitución de Cádiz, ésta reconocía la exclusiva del alto quehacer asesor al Consejo de Estado. 2.

El Con.
de fapa11a e Indias.

La transformación del Consejo de Estado

La Constitución de Bayona había previsto un Consejo de estilo francés , colaborador en la tarea legislativa y árbitro en determinadas competencias

Ref ormn en

/8 / 2- / 8 /3.

928

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de jurisdicción. Réplica a esa figura fue el Consejo de Estado creado por las Cortes de Cádiz el 21 de enero de 1812, y reformado luego por la propia Constitución que ordenó un organismo de cuarenta individuos, nombrados por el rey a propuesta de las Cortes. Según el artículo 261, era "el único Consejo del rey que oirá su dictamen en los asuntos graves gubernativos y señaladamente para dar o negar la sanción a las leyes, declarar la guerra y hacer los tratados". El 8 de junio de 1813 fue aprobado su reglamento, que en una serie de normas (atribución de la presidencia al rey, sede en palacio, etc.), parecía querer entroncar con Jo que había sido la célebre corporación en el Antiguo Régimen. Desde el reinado de Fernando VII, los vaivenes constitucionales reportaron al Consejo una vida azarosa, lo que no impidió que, en juicio de su estudioso, Fernando Fontes, el organismo viviera durante el Trienio Constitucional la época de máximo esplendor: "Tanto por el número de las consultas emitidas, la regularidad de sus sesiones, la importancia de los asuntos tratados, la eficacia y coherencia en la renovación de jueces y dignidades eclesiásticas, como por la consolidación de sus órganos auxiliares (secretarías, archivo, etc .), el Consejo logró plasmar en la realidad -acaso fue la única institución que lo hizo- el diseño que del mismo se contenía en la Constitución" .

Ley de / 7-V/11/860.

Al iniciarse la década absolutista, el Consejo de Estado padeció cierto oscurecimiento. Más tarde, estando bajo el control del partido apostólico, se vio enfrentado por el propio monarca a un Consejo de Ministros con mayoría reformista. Finalmente fue dejado en suspenso, y de hecho suprimido, por el primero de aquellos seis decretos de 1834. En el bienio siguiente el Consejo Real de España e Indias fue, según sabemos, el supremo cuerpo consultivo. Pero al desaparecer en 1836 se produjo una década de vacío, hasta que en 1845, la ley de 6 de julio erige un nuevo Consejo Real que por decreto de 14 de julio de 1858 pasa a denominarse Consejo de Estado. El reglamento mantuvo la estructura con la que el "Consejo Real" se había organizado, en secciones acomodadas a los ministerios (más otra contenciosa), y encomendó al gobierno la presentación a las Cortes de un proyecto reorganizador del Consejo. Ese proyecto va a convertirse en la ley de 17 de agosto de 1860, hito decisorio en la historia del Consejo de Estado constitucional. A tenor de la ley de 1860, el Consejo de Estado es el "cuerpo consultivo supremo del gobierno en los asuntos de gobernación y administración, y en lo contencioso administrativo de la Península y Ultramar" (art. l). Se ordena así un organismo tanto consultivo, en Jo político y administrativo, como jurisdiccional en lo contencioso. Con rango jerárquico máximo, tras el Consejo de Ministros, queda compuesto por un presidente y treinta y dos consejeros, que actuan en plenario o por secciones. Debido a la especial envergadura

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de los problemas que abordó durante el decenio 1858-1868, esa época ha sido calificada por Cordero Torres como la edad de oro del renovado Consejo de Estado. En el último cuarto de siglo el Consejo sufrió numerosos cambios y reajustes, realizándose entonces una reforma muy importante, pórtico de su declive y decadencia final. Se trata de la ley de 13 de septiembre de 1888, que redujo al Consejo a lo meramente consultivo, atribuyendo lo contencioso a un tribunal independiente. Tal disposición, y otras varias menos destacables pero siempre de signo restrictivo, convirtieron en dramática su subsistencia, hasta que, entrado el siglo XX, tenga lugar la profunda reorganización de Silvela y Maura en 1904.

Dedivefinnl.

11. La Administración Territorial A)

LA DIVISION PROVINCIAL

l.

La.s primeras reformas

Como ha escrito Martínez Díez, España entró en el XIX con una división territorial llena de irracionalidad y arcaísmo, organizada en circunscripciones de índole fiscal, sin significación en lo gubernativo y judicial. De cara al futuro, por consiguiente, la tarea debía consistir tanto en reordenar el territorio, como en homogeneizar dentro de las mismas circunscripciones la acción del Estado: "Por lo tanto, las nuevas divisiones del siglo XIX no solo significaban una reorganización del territorio en busca de unos límites y proporciones más racionales, sino también una coincidencia de todas las actividades administrativas, gubernativas y judiciales en unas mismas unidades territoriales básicas que a su vez cubriesen uniformemente todo el territorio de la Monarquía. Este es el sentido de las nuevas divisiones provinciales del siglo XIX, que no se halla en las dieciochescas divisiones en intendencias o en corregimientos" (Géne.1·i.1· histórica de la.1· provincias e.1pnñolas, 558).

La primera reforma fue emprendida por José Bonaparte. Por razones no muy claras, quizás por evitar el proyecto napoleónico de segregar unilateralmente de la Corona la zona de la izquierda del Ebro (Mercader Riba), el caso es que el rey acepta una propuesta hecha por Llorente de dividir el país en circunscripciones --con su correspondiente universidad, audiencia y diócesis-, y por un real decreto de 17 de abril de 1810 articula el territorio nacional en 38 prefecturas y 111 subprefecturas. Cada unidad mayor daba cabida a tres de las menores, excepto en los casos de Ciudad Real , Cuenca, Madrid y Teruel, cuyas prefecturas contenían dos subprefecturas,

El p lnn p re fer·turnl de José Bonnµane.

930

LA ESPAÑA DEL XIX

y en Murcia donde había cuatro. Tal división era por completo revolucionaria -más que la francesa, en la que se inspiró- y nada tenía que ver con el régimen de gobierno territorial conocido hasta entonces (40,1). No sabemos hasta qué punto esa reforma pasó de los papeles a la práctica administrativa, la cual, en cualquier caso, dentro de su precariedad, no debió sentirse muy comprometida con un plan en verdad racional pero sumamente artificioso. Tras esta organización episódica, las Cortes de Cádiz ordenaron en el texto constitucional que una ley efectuase la división del territorio. El vuelco absolutista derogó la Constitución cuando esa ley no había sido hecha, y en consecuencia siguió rigiendo en los años siguientes el viejo sistema. La cuestión fue replanteada con el retomo liberal de 1820, constituyéndose a partir de entonces diversas comisiones, del Gobierno y de las Cortes, que dan lugar a un proyecto aprobado por la asamblea el 27 de enero de 1822. Con carácter provisional, España quedó dividida entonces en 52 provincias. Los diversos proyectos de organización provincial cambiaron a menudo sus criterios. Otras veces, sin embargo, los mantuvieron firmes. Esto fue lo que sucedió en las tierras levantinas, donde, como ha observado el profesor Pérez Juan, los trabajos de la comisión de Cortes mantuvieron siempre la separación de Alicante y Valencia. La reforma de 1822.

En el esquema dispuesto en 1822 se ha destacado su carácter ahistórico, ajeno a la antigua división de reinos y a la realizada en el XVIII. También la supresión de algunos enclaves y el mantenimiento de otros; ciertas repercusiones de lo hecho por José Bonaparte (la conservación de capitales de provincia como Huesca, Lérida, Vigo, Málaga y otras), y la creación de nuevas provincias que han persistido (v.gr. Badajoz y Logroño) o que luego desaparecieron (Calatayud, Játiva y Villafranca del Bierzo). A su vez, Sarrión califica a esa reforma de más geométrica y racionalista que la siguiente de Javier de Burgos. Con sus virtudes y defectos, la reforma fue yugulada. El decreto de 1 de octubre de 1823 actuó aquí, al igual que en otros muchos campos, como una guadaña. Era nulo todo lo hecho por el gobierno "llamado constitucional", y en consecuencia era nula esa reforma provincial que no había llegado a cumplir dos años.

La división de Javier de Burgos El 21 de octubre de 1833, el granadino Francisco Javier de Burgos accede al Ministerio de Fomento. Recibe entonces un nombramiento de la reina regente, donde ésta le encarga "que se dedique antes de todo a plantear y proponerme, con acuerdo del Consejo de Ministros, la división civil del territorio español, como base de la administración interior, y medio para obtener los beneficios que medito hacer a los pueblos". Burgos llega a un departamento descomunal donde casi todo debía estar por hacer, y se encuentra con que antes de todo ha de presentar el plan de organización de las provincias. No debía ser ciertamente apocado este hombre de Mo2.

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tril, que en cuarenta y ocho horas crea en todas las circunscripciones los Subdelegados de Fomento y ordena publicar el Diario de la Administración, y que en veinte días había remitido el proyecto solicitado. El 30 de noviembre del mismo año aparece un decreto con la nueva división provincial, vigente con algunos retoques nada menos que hasta hoy. Razonablemente supone Martínez Díez que una operación de esa magnitud, concluida en tan breve plazo, o estaba ya preparada o se hizo sobre elementos anteriores. Por muy Javier de Burgos que se fuera -y sin duda el personaje era un intelectual de primer orden, y un político y ejecutivo de no menor cuantía-, resulta inimaginable que en sus primeras tres semanas de ministro hubiera resuelto una cuestión tan compleja. Y el propio Martínez Díez se inclina, con toda lógica, por la segunda de las posibilidades expuestas. Ciertamente la reforma de 1823 opera sobre la de 1822 y la sigue en sus líneas básicas, aunque no dejan de apreciarse algunas diferencias. Entre ellas cabe destacar la mencionada desaparición de tres provincias (Calatayud, Játiva y Villafranca del Bierzo), con lo que el número total pasa de 52 a 49; dos cambios de capitales (Albacete en lugar de Chinchilla y Pontevedra en lugar de Vigo); el abandono de la relación alfabética de provincias para agruparlas en conexión con los antiguos reinos; y el que en general (excepto en las dos circunscripciones insulares, Navarra, Alava, Guipúzcoa y Vizcaya), las provincias adopten el nombre de sus capitales. Se mantienen o surgen, en fin, algunos enclaves: el más notable, el burgalés Condado de Treviño, situado en Alava. La reforma excedió además al puro marco de lo administrativo, por cuanto dispuso que quedaran ajustadas a ella las correspondientes demarcaciones militares, judiciales y financieras. La división de 1833 ha sido a veces tildada de artificiosa y geométrica, de desigual en el reparto (la provincia más extensa, Badajoz, es once veces mayor que la más pequeña, Guipúzcoa) y de algunas otras cosas. En todo caso la obra de Javier de Burgos se defiende sola, aunque nada más sea por el hecho de llevar a cuestas siglo y medio, y haber resistido en nuestros días el último gran embate del Estado de las Autonomías. Discrecional, desde luego, como cualquier reforma de este tipo, pero sólida, trabada, y con más sentido histórico que las que le precedieron. Mejorable, no faltaba más; pero razonable, que no es poco. Desde entonces hasta fines de siglo hubo algunos reajustes. Entre ellos cabe recordar el pintoresco y efímero de Espartero, quien, llevado de su amor a Logroño (de donde era su mujer), acrecentó el territorio de esta provincia en 1841, aunque sus límites fueron de nuevo recortados cuando el general perdió el poder. También el desgajamiento en 1851 de una parte de la provincia de Cuenca, adjudicada a Valencia. Con todo, la novedad prin-

Vn/ornn"ón de In reforma de Jmi er de Bur¡¡m. y últimos

renJuttes.

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cipal tendrá lugar mucho más tarde, en 1927, al ser dividida en dos la hasta entonces única provincia de Canarias. B) LOS ORGANOS: GOBIERNOS CIVILES Y DIPUTACIONES Plnn dtlmé I y rrfonnn.,· de Ctidi::.

En el plan prefectural de 1810 cada circunscripción mayor quedó a cargo de un prefecto, encargado del gobierno civil, administración de rentas y policía general. Este alto funcionario debía visitar durante un año las localidades de su demarcación, y era asistido por un secretario general que le sustituía en los casos de ausencia o vacante. En las circunscripciones inferiores, los subprefectos ejercieron idénticas funciones, sirviendo de enlace entre los prefectos y la autoridad municipal. La Constitución de Cádiz dispuso que el gobierno de las provincias corriera a cargo de un jefe superior o jefe político nombrado por el rey, constituyéndose en cada provincia una Diputación "para promover su prosperidad". La Diputación estaba compuesta por el presidente, que era aquel jefe político, el intendente y siete individuos electos. A tenor de las prescripciones constitucionales y de su ulterior desarrollo normativo, la competencia de la primera autoridad no se limitó al estricto gobierno político, sino que comprendió además todos los ramos de la administración pública. El jefe político aparece como conducto ordinario entre el Gobierno y la Diputación, y ésta como un organismo proyectado al gobierno económico y como instancia jerárquica superior a los ayuntamientos. En consecuencia, a tenor de la ley de 3 de febrero de 1823 (o Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias), y tal como fue vista por algunos clásicos estudiosos del XIX, la Diputación resultó ser entonces una especie de Ayuntamiento provincial. Según sabemos por Santana, los dos puntos neurálgicos del debate parlamentario fueron la actuación de los jefes político.V y el papel de las Diputaciones al resolver recursos electorales de los Ayuntamientos. El mismo autor hace notar que el te,cto se basa en cuatro elementos: "el alcalde y Je.fe político, de un lado, como órganos gubernativos y ejecutivos, y la Diputación y el Ayuntamiento, como órganos de carácter representativo y deliberante".

R,fonnn de Jnl'it'r d~ 811,xo.,·.

Ese sistema, propio del orden constitucional, estuvo vigente y dejó de estarlo, siguiendo las oscilaciones de la propia Constitución gaditana. En la etapa siguiente a la muerte de Femando VII, la reforma provincial de Javier de Burgos de 1833 atendió asimismo a la reestructuración de los órganos de gobierno. Un real decreto de 23 de octubre de ese año, había creado el subdelegado principal del Ministerio de Fomento como "autoridad superior administrativa" de la provincia, pasando el subdelegado a recibir el nombre de gobernador civil por otro decreto de 13 mayo de 1834.

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Siguiendo la clasificación de las provincias, hubo tres categorías de Subdelegados de Fomento, nombrados por la reina gobernadora a propuesta del ministro del ramo, y siempre, según rezaba cierta instrucción, en calidad de "empleados de ejecución", es decir, como simples agentes que debían atenerse a cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por el poder central, estudiar las necesidades locales, promover la felicidad pública y favorecer los intereses de todos. En 1833 las Cortes aprobaron un proyecto del ley del gobierno de Martínez de la Rosa, autoriz.ándose a regular el régimen de ayuntamientos y diputaciones. Fruto de ello fue el Decreto de 21 de septiembre sobre organización de las Diputaciones provinciales, de acusado espíritu uniformista, que se llevó por delante algunas instituciones históricas en distintos territorios, según fue el caso de la Junta del Principado de Asturias y su Diputación General. Como ha comentado la profesora Marta Friera en un exhaustivo estudio, recibido en Asturias ese decreto, a la Diputación General asturiana ''poco le quedaba por hacer''. La siguiente reforma tuvo lugar en el quinquenio 1845-1849, y su punto de partida fue la importante ley de 8 enero de 1845 sobre Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales (completada con otra de 2 de abril del mismo año, relativa a los Consejos Provinciales y Gobiernos políticos). Al frente de cada provincia vuelve a aparecer un jefe político, cuyas atribuciones, según Pérez de la Canal, pueden ser clasificadas en tres categorías, en función de que él actúe como representante de los intereses generales, como administrador de los peculiares de la provincia, o como agente de la jurisdicción administrativa. Los jefes políticos presiden las Diputaciones y, oído el Consejo Provincial, adoptan acuerdos en los conflictos y problemas electorales. Ahora bien, al existir también el intendente para la administración económica, se da de hecho en la cúpula provincial un confuso dualismo, provocando interferencias cuya solución fue reunir ambos cargos en uno solo. Por ello el decreto de 28 de diciembre de 1849 refundió las dos autoridades en una nueva figura, el Gobernador de provincia, poder supremo en la circunscripción e interlocutor directo de los distintos ministerios. Estos gobernadores, clasificados en cuatro categorías, heredaron las antiguas atribuciones de los ''jefes políticos" y las económicas de los intendentes. Tras diversas alternativas a raíz del alzamiento de Vicálvaro (1854) y durante los años siguientes, la Constitución de 1869 estableció una serie de directrices sobre la organización y atribuciones de las Diputaciones, cuando ya una ley del año anterior, en plena efervescencia revolucionaria, había suprimido los Consejos Provinciales, privando así a los gobernadores -miembros de ellos- de funciones de índole judicial. En 1870, la ley provincial de 20 de agosto redondeó el régimen jurídico vigente en el sexenio democrático, en buena parte adelantado por la de 1868. El gobernador es la suprema autoridad civil y política de la provincia, y el jefe de los funcionarios de los distintos ramos que trabajan en ella. Su nombramiento y remoción tiene lugar ahora en

Quinquenio 1845-1849: el Gobernador de provincia.

Leyes de 1868

y 1870.

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Ley de 29-Vlll1882.

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virtud de decreto acordado en Consejo de Ministros. Preside, sin voto, la Diputación Provincial, correspondiéndole asimismo diversas facultades para el control y buena marcha de los ayuntamientos de la provincia. Con la Restauración, el régimen de gobierno provincial quedó plasmado en la ley de 29 de agosto de 1882, donde se aprecia una concepción de la provincia como agrupación de partidos judiciales con fin electoral, así como un acusado sentido centralista. El gobernador preside con voz y voto la Diputación y la Comisión provincial, asegurando, en suma, un sistema rígido de enlace del poder central con el municipal. Por lo demás, como ha diagnosticado una experta autoridad como Santana, la ley de 1882 apenas representó variaciones respecto a la anterior de 1877. Su nota más característica, en juicio de ese profesor, fue la ambigüedad. Caso especial fue el de la Diputación provincial de Canarias, estudiado por el profesor Eduardo Galván en un documentado llbro. Alli, el Estado central se mostró incapaz de consolidar la división administrativa aplicada al resto del territorio nacional. El establecimiento en Canarias de una provincia única, rompe con toda una trayectoria de diversidad administrativa y jurídica reconocida en las islas, determinando con ello la aparición de fricciones y conflictos. Frente a estos problemas, el Estado central no pudo, no supo o no quiso dar una solución definitiva a dicha cuestión. Como Galván observa, tal actitud determinará a la larga la supresión de la propia Diputación provincial de Canarias en el Estatuto Provincial de 1925, provocando dos años más tarde la única variación sustancial del mapa provincial español desde 1833. Otra problemática fue la de las Diputaciones peninsulares afectadas por los conflictos bélicos del XIX, lo que les hizo cobrar una dimensión castrense. Caso paradigmático fue la Diputación de Tarragona, en la que el profesor Antoni Jorda aprecia un "sometimiento a la autoridad militar prácticamente sin discusión" .

111. A)

Creación de la municipalidad de Madrid.

La Administración Local EL SISTEMA MUNICIPAL DE CADIZ

l. Precedentes: la reforma de José I La obra municipal de José I se desarrolla en el bienio 1809-181 O. En aquel año, el decreto de 21 de agosto crea una municipalidad en Madrid, establece la composición del ayuntamiento y la separación de las tareas municipales y judiciales del corregidor, y supedita la administración local al poder del intendente de la provincia. En el conjunto de cargos del ayuntamiento (corregidor, regidores, procurador del común, sustituto de éste, y secretario), los regidores son elegidos por sufragio censitario mientras a su vez el corregidor representa el control del poder real y centralista. Tal reforma anticipa las claves de la concepción municipal del rey francés, basada en el doble juego del sometimiento efectivo de la municipalidad al corregidor y al intendente provincial, y en la admisión de esos regidores electos que numéricamente representan la mayoría de la corporación. Tras esta regulación específica de Madrid, se estableció la normativa general a través de dos decretos de 4 de septiembre de 1809 y 17 de abril

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de 1810. Aquél prescribió que las nuevas municipalidades o ayuntamientos fueran constituidas por un número de propietarios proporcionado a la población, elegidos entre quienes hubiesen acreditado mayor adhesión a la Constitución de Bayona. Las listas debían ser remitidas al Ministerio del Interior para la confirmación de los nombres, y los candidatos quedaban obligados a prestar juramento de fidelidad al soberano. Ese decreto, un tanto coyuntural y de emergencia, fue completado por el más amplio de 1810, que organizó ya el régimen de municipalidades como una pieza del sistema administrativo general, situando a los ayuntamientos bajo la dependencia inmediata de los prefectos provinciales. Base de la normativa de 1810 fue !ajunta municipal, nombrada en concejo abierto por los vecinos contribuyentes. En los pueblos más pequeños, la junta podía designar al corregidor y a los regidores, mientras que en los de tamaño intermedio (entre 2.000 y 5.000 habitantes) se limitaba a presentar los nombres al prefecto, quien llevaba a cabo el nombramiento. En las poblaciones mayores de 5.000 habitantes correspondía al rey, a propuesta del prefecto, designar esos cargos entre los componentes de la junta. El corregidor aparece en todo caso como pieza clave del gobierno local, subordinado al prefecto quien podía suspenderle provisionalmente del empleo- y en última instancia al rey, a quien se reservaba la facultad de sustituirle. No es de creer que esta reforma municipal lograra, en circunstancias tan conflictivas, una implantación efectiva y real. Parece difícil que en un país sometido a ocupación y conflictos militares, esa teórica normativa civil fuese impuesta o tolerada, con todas sus sutilezas, por los jefes del ejército. 2.

La Constitución de 1812 y el uniformismo municipal

El debate parlamentario de la Constitución de Cádiz no atendió de forma explícita a lo que representaba entonces en el régimen local la incorporación, decretada en 1811, de los señoríos jurisdiccionales a la nación (44,1,B,1). Es claro, sin embargo, que para la cuestión municipal revistió singular trascendencia, por cuanto ese acontecimiento hizo entrar en juego el derecho de más de la mitad de los pueblos españoles a darse ellos mismos sus magistrados y autoridades. Con las nuevas perspectivas, y debiendo organizar un sistema municipal común para toda la nación, aligerado ya de trabas señoriales, los legisladores tenían delante el modelo francés, que años atrás había consagrado la noción del "poder municipal" (pouvoir municipal), y el ejemplo no excesivamente alentador de los municipios castellanos. El problema era, en fin, decidirse o por un municipio autónomo, o por un ente mediatizado y controlado por el poder central. Y es en todo caso curioso señalar que, en el debate gaditano, fueron los diputados de ultramar quienes más se distinguieron en la defensa de la autono-

lmportn11án de In refomur mu·

ninpnl y doble modelon M!XUir:

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Elmunit'ipio ¡¡nditnno: debale .
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mía municipal, frente al criterio restrictivo de sus colegas peninsulares, quizás recelosos del peligro disgregador o federal que podía acarrear un municipio autónomo. En semejante disyuntiva, el texto constitucional configura un tipo de ayuntamiento uniforme y políticamente mediatizado, compuesto por el alcalde o alcaldes, regidores y procurador síndico, bajo la presidencia del jefe político. El ayuntamiento es así una corporación cuyos miembros conviene que sean elegidos por los vecinos en razón de la eficacia, pero donde es oportuno ese control de una autoridad política legitimada por la voluntad nacional. Resulta sumamente ilustrativo, respecto a esa polémica presidencia del jefe político, escuchar lo que decía en el debate un diputado costarricense llamado Castillo: "Si las Cortes representan a la nación, los cabildos representan un pueblo determinado; con que si se teme que el rey o sus ministros influyan en las Cortes, siendo este cuerpo tan numeroso, y cuyos individuos debemos suponer que están dotados de grandes virtudes, ¡con quanta más razón es de temer que los gefes éle las provincias que representan parte del poder executivo hayan de influir poderosamente en los Ayuntamientos!. Por tanto soy de opinión que absolutamente se prohiba que los jefes políticos presidan a los cabildos y que se conceda el honor de presidirlos exclusivamente a los alcaldes o regidor más antiguo".

Mayor interés tiene, con todo, oír los argumentos de la mayoría vencedora, a través de la réplica del conde de Toreno: "El señor preopinante ha fundado todo su discurso en un principio, a mi parecer equivocado, quando ha manifestado que los Ayuntamientos eran representantes de aquellos pueblos por quienes eran nombrados. Este es un error ; en la nación no hay más representación que la del Congreso nacional. .. Los Ayuntamientos no son más que unos agentes del poder executivo para el gobierno económico de los pueblos; pero ... se prefiere que estos agentes sean escogidos por sus propios vecinos , en la persuasión de que desempeñarán mejor su cargo y corresponderán a la confianza que los ha distinguido" . Nntum/e:,,¡

:.üu·rt'rirn.

El régimen municipal de la Constitución de 1812, desarrollado al año siguiente, construye un municipio sometido al poder ejecutivo. El sistema es deudor tanto de la normativa tradicional castellana como del influjo francés. En opinión de los expertos nos encontramos con una especie de municipio sincrético, heredero de lo nacional en algunos aspectos (como la regulación de las competencias municipales o la figura del alcalde), e imitador del país vecino en otros como la tan discutida innovación del jefe político. B) LA CONSOLIDACION DEL MUNICIPIO CONSffiUCIONAL

La Instrucción para el gobierno de las provincias de 1823 consolida aspectos del régimen municipal previstos antes, reforma otros, y sienta, en

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fin, las bases de la estructura que ha de perdurar. Se precisan allí las competencias del ayuntamiento (sanidad, vías públicas, montes comunales, etc.) y su dependencia respecto a la Diputación, así como las propias atribuciones de un alcalde subordinado al jefe político. La Instrucción reafirma la línea centralista, que se verá luego asegurada por un decreto de 23 de julio de 1835 "para el arreglo provisional de los ayuntamientos del reino"; texto que mantiene la supresión de los oficios perpetuos, introduce la gran novedad del sufragio censitarío (restringido a quienes posean cierta riqueza o ejerzan profesión que exija título), y acentúa la intervención del poder central, dejando al alcalde sujeto al gobernador civil. La dialéctica centralización-descentralización, autoritarismo-autonomía, había sido y seguirá siendo el eje de todas las alternativas programáticas del régimen local. En el período 1836-1843, restablecido en lo que aquí interesa el sistema gaditano, los municipios logran recuperar una cierta libertad y el centralismo resulta menos acusado. Hito principal de esa etapa fue la Ley de Ayuntamientos de 1840, promulgada y suspendida el mismo año. Con su rehabilitación por un decreto de 1843, tiene lugar un nuevo giro conservador que reduce las atribuciones de la corporación municipal, a la que se prohibe intervenir en "negocios políticos", e institucionaliza un alcalde a quien corresponde la formación del censo electoral y que puede ser suspendido, como el ayuntamiento en su conjunto, por el jefe político. La restauración centralista se hace más ostensible con la Ley de Ayuntamientos de 8 de enero de 1845, de corte claramente autoritario y que deja a los municipios en manos del poder centrar y de las minorías oligárquicas locales. El alcalde es nombrado entre los concejales por el rey o el jefe político, quien ejerce una función de supervisión y controla el ejercicio presupuestario. Subordinado el alcalde al jefe político, aquél a su vez maneja el censo electoral, donde el sufragio censitario permite que sólo sean electores los mayores contribuyentes y que sólo sean elegibles la mitad de ellos. La preocupación autonomista rebrota en la legislación de la etapa abierta con la Revolución de 1868, que según Posada dio cabida al esquema "más sistemático y definido del régimen local en el período constitucional de nuestra historia"; y en concreto en la ley municipal de 20 de agosto de 1870, donde se pretende aumentar la presencia popular, extender el derecho de sufragio y hacer intervenir a los electores en el estudio de los presupuestos. Finalmente, con la Restauración, la ley municipal de 3 de octubre de 1877 impone un nuevo modelo que en Jo fundamental habrá de mantenerse hasta fin de siglo. Sus rasgos más característicos son los siguientes. En primer Jugar, la restricción del sufragio, al poder ser únicamente electores los cabezas de familia con dos años de residencia y que acrediten sólida posición económica, em-

Lns leyes de Ayuntamiento.\' de / 840 y / 845.

Ln Ley de 1877 y :w cnrllrt,:r r entrnli.'ita.

938

CndquiJmo y polftirn .

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pleo civil o capacidad profesional y académica; y elegibles sólo aquéllos que dispongan de determinada riqueza. En segundo lugar, el diseño de la figura del alcalde como delegado del Gobierno, presidente del ayuntamiento y jefe de la administración municipal. El rey nombra al alcalde discrecionalmente en Madrid, y, entre los concejales, en las capitales de provincia y cabezas de partido con población superior a 6.000 habitantes. En lo relativo a la competencia de los ayuntamientos, se les atribuye "el gobierno y la dirección de los intereses peculiares de los pueblos", esto es, lo relativo al fomento, beneficencia, administración de bienes, policía urbana y rural, etc. En la cuestión clave de la autonomía municipal, la ley es sumamente restrictiva. El profesor Martín Retortillo ha evaluado su nivel autonómico a la luz de cuatro parámetros, que arrojan un saldo más que deficiente: sistema de tutela, que sí existió al exigirse la aprobación de la autoridad superior para que determinados actos de los ayuntamientos se conviertan en ejecutivos; sistema de suspensión de acuerdos municipales, reconocido al alcalde, de oficio o a instancia de parte, y cuyo ejercicio queda en todo caso bajo el control de las autoridades superiores; sistema de recursos, existente ante el gobierno civil en las materias de competencia del ayuntamiento; y finalmente posibilidad de suspensión y separación de alcaldes y concejales, reconocida asimismo a los gobernadores civiles. Por lo demás, en los asuntos cuya competencia no había sido atribuida directamente a las corporaciones locales, el principio de jerarquía y subordinación fue inequívocamente afirmado en el artículo 179: "el Ministro de la Gobernación es el Jefe superior de los Ayuntamientos". La Ley de 1877, como las reformas anteriores y posteriores, se proyectó sobre una vida local dominada por el caciquismo. Hubo que sumar así, a la excesiva intromisión del poder central, sancionada en el texto, la fuerza de los hechos en el acontecer cotidiano, es decir, la pura y simple imposición de esos caciques, quienes no sólo condicionaron la actividad de alcaldes y ayuntamientos, sino que rindieron además la voluntad de los gobernadores de tumo. La politización electoralista, en connivencia con tales intereses caciquiles, convirtieron con lamentable frecuencia a los ayuntamientos en meros instrumentos de acción de los partidos. En las ocasiones precisas, el gobernador dictaba instrucciones a los alcaldes que, de no ser seguidas, podían acarrear la suspensión de la asamblea municipal. Bastaba para ello utilizar la letra de la ley. "No hay Ayuntamiento, por recta y honrada que sea su administración --comentará luego el conde de Romanones-, capaz de resistir una buena visita de inspección". Sabemos que de hecho cierta insumisa corporación fue suspendida en período electoral por no haber encendido todas las luces que debía.

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A la ley local de 1877, y a la provincial de 1882 (que amplió el derecho de sufragio), sucedieron múltiples proyectos de reforma que, sin resultado positivo, intentaron llevar a la práctica nuevas fórmulas descentralizadoras. Los más importantes de esos proyectos fueron el preparado en 1891 por el entonces subsecretario de Gobernación, Sánchez Toca, y sobre todo el propuesto en 1899 por Silvela. ¿Qué podemos decir, como balance, del municipio constitucional?. Algo no muy positivo, en lo que coinciden un historiador preocupado por la Administración y un administrativista preocupado por la Historia. Sánchez-Arcilla, tras estudiar lo que pasó en Guadalajara, sentencia que "el cambio es un mito, porque en la vida municipal no ha cambiado nada". Gallego Anabitarte no es menos explícito: "Origen e historia del régimen local español no parece estar en el poder municipal. .. sino más bien en la permanencia y anquilosamiento del poder socio-económico del Antiguo Régimen, consolidado por unas precipitadas desamortizaciones, con la consiguiente ruina de los pueblos, por la traumática experiencia de un Ayuntamiento revolucionario y con ejércitos populares, por el absoluto desprestigio de las elecciones ante el falseamiento caciquil, por la ruptura de toda evolución democrática y liberal, con la intervención de la Corona en los nombramientos de las autoridades locales" (Now.1· hi.w,írico jurídica.1· sobre régimen local español, 541 ).

Ultimo.> pmyei1o.<.

Balance del munidpio ron.,·titudonnl.

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r

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51. LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y RELACIONES CON LA IGLESIA l. La Administrac:i6n de fustic:ia A) CARACTERES GENERALES

Dos rasgos principales caracterizan a la administración de justicia en el siglo XIX. De una parte, la diferenciación de esa función judicial de la legislativa y ejecutiva, en conformidad con el principio de separación de poderes. La Constitución de Cádiz estableció ya que las causas civiles y criminales correspondiesen exclusivamente a los tribunales, prohibiendo al rey o a las Cortes cualquier intromisión en lo judicial (arts. 242 y 243). De otra, la reducción de las jurisdicciones especiales conocidas antes.que ahora persistirán formando parte de lo que un autor como Martínez Pérez ha llamado Justicia extravagante. Al ser suprimida definitivamente la Inquisición en 1834, desapareció su jurisdicción específica. La mercantil y las correspondientes a tribunales especiales, fueron extinguidas por el Decreto de unificación de fueros de 6 de diciembre de 1868, texto que asimismo puso fin a los juzgados especiales de Hacienda. Desde entonces se mantuvo exclusivamente la jurisdicción eclesiástica, con unos tribunales competentes para las causas sacramentales, beneficiales, delitos eclesiásticos y cuestiones matrimoniales, así como la de Guerra y Marina para los delitos y faltas contemplados en las ordenanzas militares. Al haber hecho ya referencia a esa jurisdicción inquisitorial (41,I,C,l), que persistió más teórica que prácticamente durante el primer tercio de la centuria, y al haber tratado también de la jurisdicción mercantil mantenida por el Código de Comercio de 1829 (47,III,B,l), es oportuno examinar ahora la organización de los tribunales ordinarios y seguir el proceso de su desarrollo. En él cabe apreciar una primera fase, con el conjunto de las disposiciones fijadas en Cádiz; una segunda centrada en las reformas del bienio 1834-1835; una tercera relativa a los proyectos ulteriores, y la cuarta y última en torno a la importante Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870.

Sepnrarirín de funf'iones y supresión de jurisdi<:dones eJpednles.

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B)

Tribunal Supremo.

Audiencias y Juzgados.

LA ESPAÑA DEL XIX

EL PLANTEAMIENTO REFORMISTA DE CADIZ

La Constitución de 1812 dedicó a la organización judicial su título V-"De los Tribunales y de la Administración de Justicia en lo Civil y Criminal"-, que habría de sobrevivir a la propia Constitución al ser rehabilitado por un decreto de 16 de septiembre de 1837 como ley ordinaria, en tanto fueran aprobados los reglamentos de organización de tribunales. A tenor de lo previsto en el texto de Cádiz, los órganos judiciales quedaron jerárquicamente escalonados en un Tribunal Supremo, las Audiencias y los Juzgados de partido. Al Supremo Tribunal de Justicia correspondía dirimir los conflictos entre las Audiencias y oír sus dudas sobre la inteligencia de las leyes; juzgar a los ministros cuando las Cortes decretaren haber lugar a la formación de causa; conocer de la separación y suspensión de los consejeros de Estado y de los magistrados de las Audiencias; así como, entre otras cosas, decidir los recursos de fuerza de los tribunales eclesiásticos y los de nulidad relativos a las sentencias de las Audiencias. Las Audiencias, por su parte, conocían en apelación de todas las causas civiles y criminales de los juzgados inferiores, resolviendo las cuestiones de competencia surgidas entre los jueces subalternos de su circunscripción, y también los recursos de fuerza en ella promovidos. A los jueces de partido se otorgaban, en fin, las atribuciones que les señalaran las leyes. Magistrados y jueces debían jurar la Constitución al tomar posesión de sus plazas, así como observar las leyes y administrar imparcialmente justicia. Cabe preguntarse hasta qué punto afectó a la judicatura el vaivén liberal-absolutista del reinado de Femando VII. Según Gómez Rivero, conocedor de estas cuestiones y especialista del Trienio, aproximadamente la mitad de los jueces pasaron del régimen absolutista al constitucional y de nuevo al absolutista.

Los Reglamentos de 1812 Y isu

Las normas constitucionales fueron desarrolladas por dos decretos. Uno, de 9 de octubre de 1812, aprobó el Reglamento de las Audiencias y Juzgados; y otro, de 13 de marzo de 1814, sancionó a su vez el Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia. Este último apenas pudo entrar en vigor debido a la restauración absolutista, pero sirvió de antecedente y orientación al que luego habría de dictarse en 1835. El primero reorganizó la planta de tribunales, esbozó las normas aseguradoras de su independencia, previó los criterios para llevar a cabo las demarcaciones territoriales, y, dejó, en fin, sentadas las competencias de los jueces. Este Reglamento de 1812 dispuso asimismo la creación de una Audiencia más en ultramar (Saltillo) y de cuatro en la Península (Madrid, Valladolid, Granada y Pamplona), que habrían de reemplazar a los antiguos tribunales. Todas las Audiencias tuvieron idéntico rango, ordenándose su autonomía jurisdiccional y que no interfirieran en los asuntos gubernativos y económicos. Se estableció también que las Diputaciones provinciales fijaran, de acuerdo con las Audiencias, una dis-

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tribución provisional de los partidos judiciales, regulándose al tiempo las atribuciones de los jueces de primera instancia en lo civil y en lo penal. C)

ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES EN EL TRIENIO 1834-1836

l.

Demarcación de Audiencias y partidos judiciales en 1834

Según señalamos, la reforma provincial de Javier de Burgos de 1833 había establecido que se ajustaran al nuevo plan las demarcaciones judiciales. Fruto de tal previsión fue un decreto de 26 de enero de 1834, dictado para ''uniformar la demarcación judicial con la administrativa y hacer una distribución proporcionada de territorio en las Audiencias y Chancillerías". Se perseguía con ello, además, un triple y complementario objetivo: facilitar el acceso de los pueblos a los tribunales superiores; hacer posible una mejor vigilancia de los jueces por los altos magistrados, y acelerar, en fin, el despacho de las causas criminales. El territorio nacional fue dividido en quince Audiencias, cuya jurisdicción comprendía una o varias provincias. Todas figuraban con el título de la capital designada como sede, excepto la de Pamplona que mantuvo el tradicional nombre de Consejo Real de Navarra. Pese a su igualdad jerárquica, la de Madrid era considerada de ascenso para aquellos magistrados que hubiesen acreditado especiales méritos. Como complemento de ese decreto, otro de 21 de abril del mismo año procedió a la subdivisión de las provincias en partidos judiciales, partidos que por otra parte iban a servir de circunscripción para elegir a los procuradores del reino previstos en el Estatuto Real.

La creación de los Tribunales Supremos en 1834 Debido a los vaivenes políticos que redujeron la vigencia de la Constitución de Cádiz, el Supremo Tribunal de Justicia creado en ella no logró tener arraigo real, restableciéndose en consecuencia el Consejo de Castilla con sus añejas competencias judiciales. Con la reorganización de la administración central llevada a cabo en 1834 (49, I, C, 1), ese Consejo y el de Indias fueron sustituidos por un Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo de España e Indias quedó compuesto de un presidente, quince ministros y tres fiscales, distribuidos en tres salas; dos de ellas para los negocios peninsulares y de las islas adyacentes, y la tercera para los de las provincias de ultramar. Entre sus competencias figuraron el conocer, como última instancia, de los recursos de nulidad sobre procedimientos de los tribunales superiores, de aquellos otros de injusticia notoria y de los llamados de "mil y quinientas"; además, juzgar a los altos magistrados y a los empleados de elevada jerarquía, así como conocer de los negocios contenciosos del Real Patronato, de los recursos de fuerza de la Nunciatura y de

El decreto de 26 de enero.

2.

El THbzmal Supremo de España e Indias.

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El Tribunal Supremo de Guerm. Ma rinn y de e.rtrmzjerffL

El Tribunal Supremo de Hacienda.

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los negocios judiciales en que entendía la Cámara como tribunal especial. A la supresión del Consejo de Guerra siguió el establecimiento del Tribunal Supremo de Guerra y Marina y de extranjería. Dirigido por un presidente, constó de dos salas, una llamada de generales, para la revisión de los procesos militares y de las decisiones de los consejos de oficiales generales, y otra de ministros togados, competente en los negocios contenciosos del fuero de guerra, de marina y de extranjería. Finalmente el Consejo de Hacienda fue sustituido por un Tribunal Supremo de Hacienda, compuesto por un presidente, diez ministros togados repartidos en dos salas y un fiscal. Este tribunal debía entender en apelación de todos los asuntos judiciales de su ramo, así como de los contenciosos de la Real Caja de Amortización (52,1,A,4). 3.

El Re!ilnmento de 26-IX -1835.

El Reglamento para la Administración de Justicia

En los últimos meses de 1835 se dictan tres disposiciones organizando el régimen y funciones de los tribunales del reino: el Reglamento para la Administración de Justicia en la jurisdicción ordinaria, de 26 de septiembre; el Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia, de 17 de octubre, y la Ordenanza para todas las Audiencias de la Península e islas adyacentes, de 20 de diciembre. El primero de estos textos fue, con mucho, el de mayores pretensiones y trascendencia. Como ha señalado el profesor Sainz Guerra, autor de un documentado libro sobre la administración de justicia en el XIX, este Reglamento para la administración de justicia -que él califica de norma trascendentalconstituye en muchos aspectos un precedente inmediato de la ulterior Ley orgánica de 1870. Al haber sido elaborado en momentos de agitación política, reiteró con leves modificaciones las competencias jurisdiccionales de los alcaldes. El Reglamento, tras ordenar en su capítulo primero una serie de principios procesales y normas de garantía (libre acceso a los tribunales, gratuidad de la justicia penal, toma de declaración al reo en las veinticuatro horas siguientes a la privación de libertad, prohibición de tortura, etc.), se ocupa en los siguientes de los jueces y juicios de paz, de los jueces letrados y de primera instancia, de las Audiencias y del Tribunal Supremo de España e Indias. Entre sus disposiciones más destacables cabe reseñar el mantenimiento de los tres tipos de proceso Uuicio verbal para las reclamaciones inferiores, de mayor cuantía con apelación a la Audiencia, y el declarativo para reclamaciones de cuantía media) en que debían entender los jueces letrados y de primera instancia; la atribución a las Audiencias de la segunda y tercera instancia,

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y de los recursos de nulidad; y la remisión al Tribunal Supremo de los recursos de nulidad de sentencias dictadas por las Audiencias, y los de injusticia notoria y segunda suplicación. 4.

El Tribunal Supremo

El 13 de agosto de 1836 se restableció la Constitución de Cádiz, lo que podría hacer suponer la recuperación de la vieja planta del Tribunal dispuesta el 17 de abril de 1812. Pero ello, como razonablemente opina Luis Moreno, no debió ser así. En todo caso se produjo la extinción del Tribunal Supremo de España e Indias y la vuelta al Supremo Tribunal de Justicia. Este apenas sufrió cambios en su composición, pues pese a haber sido sometidos a purificación el presidente, magistrados y fiscales, todos ellos fueron declarados aptos para seguir en sus empleos. D) REFORMAS Y PROYECTOS TRAS LAS CONSTITUCIONES DE 1837 Y 1845

La Constitución de 1837 no afectó al Tribunal supremo, que ni siquiera era mencionado en el título correspondiente Del poder judicial, pero un decreto de 4 de noviembre de 1838 resultó en cambio decisivo, al convertir al Tribunal Supremo en órgano de control de la casación, ya que su pronunciamiento sobre las sentencias de los tribunales inferiores le concedió un supremo papel arbitral en la interpretación y unificación del derecho. El profesor Moreno, estudioso de la evolución del Tribunal, ha visto así el significado de ese decreto: "Pero la novedad más trascendente, la que preparaba el terreno para la implantación de la casación, y por tanto para configurar el Tribunal en su sentido competencia! moderno, se produjo con la promulgación del decreto de 4 de noviembre de 1838, en el que apareció formulada por primera vez la noción de doctrina legal, así como la posibilidad de fundar el recurso de nulidad por la doble vía de la infracción de ley (clara y terminante) y de la doctrina legal, lo que en definitiva suponía abrir la puerta a la formación de la jurisprudencia del Tribunal" (Lo.~ orígenes del Tribunal Supremo, 360).

La Constitución de 1837 determinó además que las leyes fijaran los tribunales y juzgados convenientes, su organización y facultades, así como "las calidades" que debían acreditar sus individuos. En el mismo año se produce el cese de un magistrado del Tribunal Supremo, sustituido casi inmediatamente por quien era Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia. Aquel mandato constitucional precedio en tres meses al restablecimiento, por el antes citado decreto de 16 de septiembre, de la organización judicial contenida en la Constitución de Cádiz. La separación del

Problema.< de or>:nniJidiín e inmnovilidnd

judicial.

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magistrado, a su vez, puso sobre la mesa el muy grave problema de la inamovilidad judicial. En los años siguientes se suceden así una serie de proyectos que pretenden tanto estructurar la administración de justicia, como asegurar esa inamovilidad y responsabilidad de jueces y magistrados, principios ambos que, pese a ser teóricamente pretendidos, nunca constituirán, según afirma Sainz Guerra, una realidad en la justicia decimonónica española. Se dictan asimismo algunas disposiciones concretas, entre las que destaca el Reglamento de los Juzgados de Primera Instancia, aprobado por decreto de 1 de mayo de 1844. El Reglamento se ocupa de los jueces, promotores fiscales, secretarios, escribanos, abogados , procuradores, alcaides de las cárceles de partido y alguaciles, prescribiendo las audiencias públicas todos los días, así como unas visitas semanales a las cárceles a fin de poder escuchar las reclamaciones y peticiones de los presos . Tmbajm tlela Comi.'ii(m de Crxlijirncir'm .

Otro,'i pmye<'to.,·.

Con el establecimiento de la Comisión de Codificación en agosto de 1843, se dispuso que las dos secciones encargadas de elaborar los códigos procesales civil y penal , acometieran también, con carácter prioritario, la redacción de un "Proyecto de Organización de los Tribunales". En abril del año siguiente fue presentado al gobierno el texto, obra al parecer del vocal José de la Peña Aguayo. La cosa queda sin embargo ahí porque, en razón de las alternativas políticas , el nuevo gobierno prohibe en mayo de 1845 que la Comisión de Codificación haga públicos los trabajos realizados. En ese mismo mes la nueva Constitución reitera lo dispuesto por la del 37, es decir, que se organicen los tribunales y juzgados, y la Comisión de Codificación ultima en junio de 1846 un Proyecto de Ley constitutiva de los Tribunales, basado en lo hecho por Peña Aguayo y en otro plan complementario de García Gallardo, que tampoco habrá de ser llevado a la práctica. Sirve sólo para inspirar un nuevo texto que la Comisión aprueba en diciembre de 1847, el Proyecto de ley de organización, competencia y facultades de los Tribunales del Fuero general, y que pese a ser publicado al año siguiente para aprovechar las observaciones de particulares, corporaciones y tribunales, queda también en los buenos deseos de sus redactores . En las dos décadas comprendidas entre 1848 y la Constitución de 1869 prosigue el forcejeo por institucionalizar la administración de justicia. Entre los múltiples proyectos de carácter general, acompañados por cédulas y reglamentos que se dictan para cuestiones concretas de forma no siempre congruente, hay que citar el preparado por el marqués de Gerona en 1853, que dio lugar al Proyecto de Ley constitutiva de Tribunales delfaero común (1854); el Proyecto de Ley Orgánica de Tribunales y Juzgados, presentado a las Cortes en octubre de 1855; el de Bases para la organización de Tribunales y enjuiciamiento criminal, visto y dictaminado favorablemente en el Senado el año

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1863; y un último proyecto que, tras la unificación de fueros dispuesta en 1868, intentó organizar las bases de esos tribunales ordinarios que entonces disfrutaban de más amplias competencias. E) LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE 1870

l.

Génesis y propósito del texto

La Constitución de 1869 había declarado la exclusiva competencia de los tribunales en los juicios civiles y criminales; la unidad del fuero para todos los españoles; el establecimiento del jurado para los delitos políticos y para los comunes que determinara la ley; la inamovilidad de los jueces; y el ingreso, en fin, en la carrera judicial por oposición, aunque reservando al rey la posibilidad de nombrar, oído el Consejo de Estado, hasta una cuarta parte de los magistrados de las Audiencias y del Tribunal Supremo. Junto a esas medidas, contenidas en el título VII, la última de las disposiciones transitorias autorizaba al Gobierno a que, hasta que fuera promulgada la ley orgánica de los Tribunales, dictase las disposiciones oportunas para aplicar en lo posible algunas de las prescripciones de la Constitución. Formada la Comisión Legislativa (octubre de 1869) en lugar de la antigua Comisión de Codificación, y contando con los varios proyectos de organización de tribunales, elaborados antes, el ministro de Gracia y Justicia, Montero Ríos, confiesa a la asamblea legislativa en mayo de 1870 su propósito de presentar lo antes posible un nuevo texto, en el que él "trabaja noche y día, haciendo lo que puede y no puede". En junio acude con su proyecto que, tras el estudio de una Comisión especial, es sometido a la discusión parlamentaria y se convierte en la Ley Orgánica del Poder Judicial, promulgada con carácter "provisional" el 15 de septiembre de 1870 y que, pese a ello, ha regido hasta nuestros días. En una muy extensa exposición de motivos, se valoraba así su necesidad e importancia: " Entre todas las reformas que reclama la Administración de Justicia, ninguna más necesaria y urgente que la de organizar los Tribunales. para que éstos respondan de una manera cumplida al fin altísimo de su institución y satisfagan las nuevas y crecientes exigencias de la sociedad, para que se hallen en armonía con la ley política fundamental que la nación se ha dado haciendo uso del legítimo y soberano derecho que a los pueblos corresponde... Resuelto el Gobierno a llevar a cabo la obra de la reforma, tantas veces comenzada y por desgracia poco después perdida en el olvido, presenta hoy la Ley Orgánica del Poder Judicial, precursora de las grandes y utilísimas reformas que se practicarán muy en breve ... La cuestión más árdua que el Gobierno resuelve en este proyecto de Ley es referente al número de Tribunales y Juzgados que debe haber en nuestro territorio, cuestión difícil

Anteredente., inmediatos.

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y erizada de escollos, resuelta varias veces en distintos y opueslos sentidos por las Comisiones dignísimas que se dedicaron a la reforma de las instituciones judiciales, y acerca de la cual no se ha formulado toda vía un proyecto que mereciese el aplauso de la opinión pública ... "

2.

ÚI.I"

tribuna/es.

Conduúmt!.'i pnra .'itl'JUfZ o mn,:tJtrado. ln innmov,Udnd.

Contenido

La LOPJ contiene, además del preliminar, veintitrés títulos, con un total de 932 artículos y 18 disposiciones transitorias. El territorio nacional es dividido en una serie de distritos, y éstos en partidos, que a su vez comprenden unas circunscripciones fraccionadas en términos municipales. En cada término municipal debe haber uno o varios jueces municipales; en cada circunscripción, un juez de instrucción; en cada partido, al menos un Tribunal de partido; en cada distrito una Audiencia, y en la capital de la nación el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo se compone de un presidente, cuatro presidentes de sala y veintiocho magistrados, organizados en una sala de gobierno y cuatro de justicia (civil, admisión en lo criminal, casación en lo criminal y recursos contra la Administración). Las Audiencias son quince (Albacete, Barcelona, Burgos, Cáceres, La Coruña, Granada, Madrid, Las Palmas, Oviedo, Palma, Pamplona, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza), todas ellas, excepto Madrid, de igual categoría, con una sala de gobierno y dos o tres de justicia. Los Tribunales de partido constan de tres jueces, uno de los cuales es designado presidente, y pueden ser tribunales de ingreso o de ascenso. En cada una de las dos circunscripciones de cada partido judicial ejercen su jurisdicción los jueces de instrucción, y en cada término los jueces municipales cuyo cargo es bienal y obligatorio. La ley determina asimismo las condiciones para formar parte de las distintas escalas; desde los jueces municipales, que deben saber leer y escribir y estar avecindados en el pueblo, hasta un presidente del Tribunal Supremo, nombrado entre quienes hayan desempeñado altos cargos. Se precisan los requisitos básicos para ser juez o magistrado (español, seglar, mayor de veinticinco años), fijándose las incapacidades de orden físico, jurídico o moral (v.gr. el tener "vicios vergonzosos"), así como el sistema de acceso a la judicatura y el régimen de ascensos. El tan discutido tema de la inamovilidad judicial queda consagrado en el artículo 9: "No podrá el gobierno destituir, trasladar de sus cargos, ni jubilar a los jueces y magistrados. sino en los casos y en la forma que establecen la Constitución de la Monarquía y °las leyes ... En ningún caso podrá suspenderlos".

Otrns tf1sposi-

n,111r.,.

Estas disposiciones son en todo caso una mínima parte del frondoso arbol normativo de la Ley de 1870, que atiende además a sentar los princi-

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pios básicos de la administración de justicia (en el título preliminar), a los problemas de juramento y toma de posesión de jueces y magistrados, a su responsabilidad criminal, honores e indumentaria, cuestiones de antigüedad y precedencia, traslados, jubilación, atribuciones y competencias, recusaciones, régimen del personal auxiliar, etc., etc. Una verdadera avalancha de preceptos, en fin, con excelente ropaje técnico e incluso literario, anticipado éste en los giros y retruécanos de la exposición de motivos donde, por ejemplo, se habla de configurar una carrera judicial donde tengan cabida "no los aptos, sino los más aptos; no los dignos, sino los más dignos". 3.

Desarrollo ulterior: la Ley Adicional de 1882

La puesta en práctica de la Ley de 1870, por su complejidad y las reformas que llevaba consigo, no fue desde luego fácil. Y ello hasta el punto de que una real orden de 17 de octubre del año siguiente hubo de acotar su aplicación "a aquello cuya observancia sea posible". Cabría en todo caso suponer que a un cuerpo legal tan prolífico y detallista, hubiera debido seguir una etapa de asimilación, reposo y silencio. No fue así. Quizás por la condición de provisionalidad con que se presentó la obra de 1870, por el frenesí legislativo de la etapa siguiente (donde por fin aparece el Código Civil), o por cualesquiera otros motivos, la cuestión es que en las tres últimas décadas del siglo surgen otros varios proyectos para reorganizar la administración de justicia. Frontera divisoria de esos años fue el restablecimiento de la Comisión de Codificación en 1875.

Revüiónde lnLOPJ.

Con anterioridad a tal fec ha, hay que recordar un proyecto de ley para la organización del jurado, en 1872; ciertos decretos dictados en la Primera República para extinguir los restos de supervisión del poder ejecutivo sobre el judicial (a través de los informes que emitía el Consejo de Estado respecto a los cambios de situación de los funcionarios , y que pasaron a ser evacuados por el Tribunal Supremo) ; y un proyecto de Ley de Organi zación de Tribunales que el ministro de Gracia y Justicia, Eduardo Alonso Colmenares, redactó sin mayores consecuencias.

Constituida de nuevo la Comisión de Codificación, se presentó como tarea urgente la reforma de la LOPJ en algunos aspectos como los relativos a los Tribunales de partido. Ello dio pie a nuevos proyectos frustrados. La promulgación de la Constitución de 1876 no introdujo novedades, siguiéndose desde entonces un Proyecto de Bases hecho por el ministro Aurioles en 1879; otro, de su sucesor en el departamento, Alvarez Bugallal, relativo a los tribunales colegiados; y un tercero de Manuel Danvila, vocal de la Comisión, quien en 1880 propuso crear 200 tribunales colegiados permanentes y suprimir la sección criminal de las Audiencias. Al fin, teniendo en consideración estos

Gt!ne.,-i.,· de In Ley Adicionnl.

952

Contt nido.

Valorndón.

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últimos planes, en junio de 1882 fueron aprobadas las bases para redactar una ley complementaria; y el 14 de octubre de 1882 se publicó la Ley Adicional a la orgánica del Poder Judicial, compuesta de una disposición preliminar, cuatro títulos y veinte disposiciones transitorias. La Ley Adicional establece 95 tribunales colegiados para entender en única instancia, y en juicio oral y público, de las causas por delitos. En casi todas las Audiencias territoriales -excepto Pamplona, Palma y Las Palmasse constituye la sala de lo criminal, que forma, con la de lo civil, un único tribunal. Los jueces de primera instancia desempeñan la función de jueces de instrucción, reorganizándose además las categorías de los fiscales que quedan equiparadas a las de los jueces. El texto procede asimismo a una reforma de las condiciones de ingreso y ascenso, determinando las disposiciones transitorias un régimen acusadamente discrecional en el nombramiento de las autoridades judiciales. Como recuerda la Crónica de la Codificación española, fuente básica en la historia de la organización de los tribunales, la ley Adicional merece la crítica de que dejó de hecho en manos del ministro de turno la posibilidad de introducir o promocionar en los escalafones judiciales a quien quisiera, habida cuenta de que, tras los tumos de oposición o antigüedad , solía establecerse otro subsidiario, donde el Gobierno se reservaba la facultad de nombrar a cualquier abogado que reuniera unos mínimos requisitos. F) LA LEY DEL JURADO

Cread(my .m.\·pensilm d,A j urndo.

Gén , ., ;., dt la

uy dt 20-/V-1888.

El establecimiento del tribunal del jurado había sido previsto para los delitos comunes por la Constitución de 1869, reiterado por la Ley Orgánica del Poder Judicial , acogido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 1872, y suspendido, tras una encuesta entre las Audiencias, por real decreto de 3 de enero de 1875. En el intermedio de este recorrido, el ministro de Gracia y Justicia, Romero Girón, presenta en 1883 un proyecto de ley para organizar el jurado en materia criminal, y a su término, en 1886, el titular del mismo departamento, Alonso Martínez, vuelve sobre el tema con una nueva propuesta. ¿Por qué se suspendió el jurado y cuáles fueron las razones alegadas por este ministro que pretendió y consiguió rehabili tarlo? Por un serio estudio del profesor Alejandre sabemos que aquella consulta a las Audiencias tuvo lugar en un clima polémico; con resonancias en la opinión pública, en el mundo político y en alguna publicación especializada, como la Revista general de legislación y Jurisprudencia, de ordinario adversa a una institución acusada de populismo barato, de lenidad en sus valoracio-

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nes, impuntualidad, carencia de celo, desarreglo en el régimen económico, etc. Alonso Martínez promovió las encuestas que caldearon el ambiente favorable a la supresión, pero este mismo político había prometido restablecer el jurado cuando las circunstancias lo aconsejaran. Al recuperar el ministerio en 1886, Alonso Martínez recuerda el compromiso y estima llegado el momento de atenderlo. Y ello porque en su opinión ya existe suficiente madurez social; porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal de septiembre de 1882 ha introducido la oralidad del juicio, con el examen público de procesados y testigos; y porque las Audiencias y salas de lo criminal habían ajustado su funcionamiento a tales principios, contándose entonces también con la Ley Adicional a la Orgánica del Poder Judicial, de octubre del mismo año. De ahí su propuesta de restablecer el jurado como un tribunal de doce miembros (a quienes compete pronunciarse sobre la culpabilidad del acusado y sobre la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad), más tres magistrados y dos jueces suplentes a los que incumbe la calificación jurídica de los hechos que aquellos consideren probados. Este proyecto, basado en el de Romero Girón, pero que otorga mayores atribuciones al tribunal popular, superó el debate parlamentario y, con algunas reformas, fue aprobado por ley de 20 de abril de 1888. ¿Cuál fue el destino del tribunal popular en los inmediatos años siguientes? Por lo que nos cuenta Alejandre, no brillante ni alentador. El ciudadano medio no debió sentir especial entusiasmo por formar parte de una asamblea gratuita que le ocasionaba más trastornos que beneficios. En ocasiones resultó difícil reunir a sus miembros, y a menudo las reuniones se celebraron con retrasos o resultaron interrumpidas. La indigencia económica al uso, causa de irregularidades en el pago de dietas y gastos, pudo propiciar la aceptación de cantidades a cambio de un voto que declarara la inocencia. El nivel cultural de los jurados, por las exigencias mínimas previstas en la ley, no fue desde luego aceptable. Y así, según alguien dijo, figuraron gentes apenas capaces de "deletrear con dificultad la letra de imprenta, siendo para ellos la manuscrita jeroglífico absolutamente indescifrable", y aparecieron en los tribunales, en frase de otro, individuos "silvestres como espárragos". Hubo todavía aspectos peores: la politización de los jurados, causa de que el sectarismo y la pasión forzaran como veredictos del pueblo reivindicaciones partidistas o resentimientos mezquinos. Así estaban las cosas. Y con las cosas así, la institución entró en crisis en los últimos años del XIX y en los primeros del XX: suspensiones parciales de 1907 y 1920, y suspensión general en toda España con Primo de Rivera. El último capítulo del jurado, que episódicamente reaparece con la Segunda República, se abre con su restablecimiento a tra-

Ln exp eriencia

deljumdo.

954

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vés del artículo 125 de la Constitución de 1978. Ese último capítulo pertenece al futuro y no deja de ser por demás incierto. 11. La Iglesia y el Estado

Reinndode

Jo si l yGuerm de In ln dependenC'in.

A)

LA IGLESIA ANTE LA QUIEBRA DEL ANTIGUO REGIMEN, 1808-1833

1.

Liberalismo y alianza Trono-Altar

El régimen bonapartista hizo acto de presencia estrechamente asociado a la Iglesia. El Estatuto de Bayona declaró a la religión católica como "religión del rey y de la nación", diseñó las Cortes con un estamento eclesiástico compuesto de veinticinco arzobispos y obispos, y el propio José I fue aclamado por algunos como protector de la Iglesia en términos del más puro absolutismo teocrático. La Guerra de la Independencia atrajo sin embargo a la mayor parte de la jerarquía y clero a la causa popular, transformándose la contienda en una verdadera guerra justa o guerra santa, alentada por sermones, pastorales y hasta por algunos curiosos catecismos que exhortaban a la lucha contra los franceses como una verdadera obligación religiosa. El escritor F. Díaz Plaja (La Hütoria de E.vpaña en su.1· documentos . El siglo XIX, 71-73) recoge uno de ellos donde , tras afirmar que Napoleón tenía dos naturalezas (diabólica y humana) , se responde así a la pregunta de si es peca do

asesinar a un francés: "No, padre; se hace una obra meritoria librando a la Patria de estos violentos opresores" . ln..'i tendtncia., opuestas t'n el reform famo de

Cád,z.

La Constitución de 1812 invoca a la Santísima Trinidad y reconoce a la religión católica, "unica verdadera", como propia del Estado. No obstante, la legislación de las Cortes de Cádiz impuso de hecho, manteniendo esos principios, una serie de medidas en las que el poder temporal se enfrentó a la Iglesia, invadiendo a veces el campo estrictamente religioso en una nueva versión regalista, ahora acompañada de excesos anticlericales. Se dio así en el reformismo gaditano lo que alguien ha llamado "síntesis de tendencias opuestas", que a su vez constituye el punto de partida del enfrentamiento entre los liberales y los absolutistas, cuyo sector más radical contempló todo aquello como una auténtica conjura de jansenistas. masones y librepensadores para demoler a la Iglesia. Desde entonces, a tenor de los vaivenes del régimen constitucional, la cuestión religiosa se perfila como factor principal de diferenciación política. Los liberales suprimen en las primeras Cortes del trienio la Compañía de Jesús , que había sido restablecida en 1815, y tras ella disuelven por decreto de 25 de octubre de 1820 las Ordenes monacales y reforman el régimen de las demás, obligando a cerrar aquellos conventos que

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no cuenten con un número detenninado de religiosos. Los absolutistas, a su vez, proclaman por boca del padre Vélez que "el Trono y el Altar gravitan sobre unas mismas bases" y que "poco importa que una mano quiera sostener aquél, sí con la otra derriba el apoyo en que se sostienen los dos". De esta forma, al ser abolido de nuevo el régimen constitucional en 1823, una serie de disposiciones anulan las anteriores y restablecen el panorama eclesiástico tradicional. En resumen, si grave fue el sectarismo de los liberales, no resultaron más tolerantes los absolutistas a lo largo de la decada siguiente. Estos valoraron la labor de aquéllos como un mero conjunto de "sacrílegos crímenes y desacatos que la impiedad osó cometer contra el supremo Hacedor del universo", y obligaron a los prelados liberales a renunciar a sus sedes para sustituirles por eclesiásticos extremistas, entre ellos por el propio Vélez que así se convirtió en obispo. La jerarquía eclesiástica, en fin, no supo o no pudo estar por encima de la refriega política, y quedó de hecho alineada con los restauradores del absolutismo. 2.

La supresión de la Inquisición

Tras alguna peripecia de menor interés con ocasión del reinado de José I, quien abolió fonnalmente la Inquisición aunque de hecho ella siguió existiendo, la cuestión del Santo Oficio se convirtió en tema central de los debates de Cádiz. Sin que se alzara una sola voz contra la unidad católica de España, sus detractores abogaron por suprimirla en base a tres razones principales: a) no era una institución esencial a la vida de la Iglesia, sino algo accesorio surgido en fechas tardías; b) el juicio sobre las materias de fe y moral correspondía a los obispos; c) la Inquisición, tal como había quedado configurada, era contraria a la Constitución misma. Quienes la defendían, hicieron hincapié en que su establecimiento no había sido fruto de la potestad regia sino de la pontificia, por lo que resultaba improcedente suprimirla de forma unilateral. Tras ásperas discusiones, en las que lógicamente unos y otros defendieron contrarios puntos de vista sobre el papel desempeñado en España por el controvertido tribunal (33, III, B, 2), 90 votos contra 60 decidían que efectivamente el Santo Oficio era inconciliable con la carta constitucional;· procediendo en consecuencia la extinción que llevó a cabo un decreto de 22 de febrero de 1813. Con el retomo absolutista la Inquisición fue restaurada en 1814, siendo de nuevo suprimida por los liberales al hacerse con el poder en 1820. Cuando tres años más tarde, presentes otra vez los absolutistas, fue declarada nula la labor legislativa del Trienio, debía en buena lógica entenderse que el Santo Oficio quedaba rehabilitado. Aunque teóricamente fuera así, los tribunales se mantuvieron aletargados y la virulencia anterior dio paso

lnpolémica de Clrdiz_

956 Decreto de nbolidlJn dejinitiva

de In ltu¡uisidón: /5-V/1-/834.

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al conformismo, la indiferencia y el silencio. En tal situación, al iniciarse la regencia de María Cristina, un decreto de 15 de julio de 1834 puso punto final a la historia y abolió definitivamente el Santo Oficio. He aquí, en el texto de ese decreto, el epitafio legal de la Inquisición española: " 1. Se declara suprimido definitivamente el Tribunal de la Inquisición. 2. Los predios rústicos y urbanos, censos u otros bienes con que le había dotado la piedad soberana, o cuya adquisición le proporcionó por medio de leyes dictadas para su protección, se adjudican a la extinción de la deuda pública. 3. Las ciento una canongías que estaban agregadas a la Inquisición se aplican al mismo objeto, con sujección a mi real decreto de 9 de marzo último, y por el tiempo que expresan las bulas apostólicas sobre la materia. 4 . Los empleados de dicho Tribunal y sus dependientes que posean prebendas eclesiásticas u obtengan cargos civiles de cualquiera clase con sueldo, no tendrán derecho a percibir el que les corresponda sobre los fondos del mismo Tribunal , cuando servían en él sus dest inos . 5. Todos los demás empleados, mientras no se les proporcione otra colocación, percibirán exactamente de la Caja de Amortización el sueldo que les corresponda, según clasificación que solicitarán ante la junta creada al efecto".

¿Hubo alguna convulsión última al ser extinguida aquella Inquisición omnipresente durante tres siglos y medio? Parece que no. Su estudioso Henry Kamen comenta que "el antes poderoso y temido tribunal, se desvaneció sin un murmullo, tragado por los feroces conflictos del siglo XIX, sin que le prestara ayuda 1~ clase que había presidido su institución, y abandonado por el clero y el pueblo, para los cuales su existencia había sido una vez sinónimo de la existencia de la propia Cristiandad". B) IGLESIA Y ESTADO LIBERAL, 1833-1868

l. Tenxión religio.m entl'f i.mbeUnoJ y cnrlfatns.

La legislación antieclesiástica

Al desaparecer Fernando VII, las relaciones Iglesia-Estado se vieron agravadas por el problema de la división entre isabelinos y carlistas. La figura del cura guerrillero. aparecida durante la Guerra de la Independencia, rebrota ahora con fuerza, destacando especialmente en los medios rurales aquellos clérigos que, como el burgalés Jerónimo Merino, presentan la causa de Don Carlos como la misma causa de Dios. En más altas instancias, el primado de Toledo, cardenal lnguanzo, resiste obstinadamente a su obligación de jurar fidelidad a Isabel II, haciéndolo en fin sin perjuicio de quien tuviera mejores derechos (meliora et potiora iura). Ello le valdrá ser retratado por el profesor Cuenca como el "último Primado del Antiguo Régimen".

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A la dificultad de las relaciones Nunciatura-Corte en esas circunstancias, va a sumarse la legislación anticlerical de mediados los años treinta. Tras haber sido prohibidas el 1 de julio de 1835 las juntas de fe, especie de tribunales eclesiásticos constituidos por los obispos como sucedáneo de la Inquisición, la Compañía de Jesús vuelve a ser suprimida en julio de ese año, siendo asimismo clausurados otra vez los conventos y monasterios con menos de doce religiosos profesos. El clima anticlerical del gabinete Toreno, acompañado de quemas y saqueos de iglesias y conventos, que llevó incluso a que Roma retirase al nuncio, se acentuó hasta el límite en el gabinete Mendizábal, cuya política de desamortización eclesiástica (44,I,B,3) fue acompañada por otras medidas de insólito alcance. Se reiteró la supresión de las Ordenes monacales, cerrando también los conventos de canónigos regulares de San Benito, así como los de San Agustín y los premonstratenses, con independencia ya del número de religiosos que tuvieran. Un decreto de 8 de marzo de 1836 dispuso, en fin, la supresión de "todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas de comunidad o de instituciones religiosas de varones, incluso las de clérigos regulares y las de las cuatro órdenes militares y San Juan de Jerusalén, existentes en la·Península, islas adyacentes y posesiones de España en Africa". Esa orden general de exclaustración de los religiosos, que causó graves problemas y repercutió también en parte en las monjas, fue precedida de algunas otras disposiciones tan sectarias como estrafalarias: el prohibir a los obispos la colación de órdenes sagradas hasta que las Cortes concluyesen su plan de reforma, o el ordenar a los gobernadores civiles que impidieran confesar y predicar a los sacerdotes que no fuesen afectos al régimen. Roma no permaneció impasible. En un consistorio de 1 de febrero de 1836, Gregario XVI denunció estos excesos. Su agravamiento, con el decreto citado, llevó en octubre del mismo año a la ruptura de relaciones. Según manifestaba Lambruschini, cardenal secretario de Estado, "Su Santidad no puede abstenerse de declarar que no podrá reconocer por más tiempo ante sí un representante diplomático del actual Gobierno de España". 2.

Le¡.:i.\'lndfín de

los xnbinele.\~ Toreno y Mendiuibal.

Renl'l'iónde

Roma.

El Concordato de 1851

Tras el Convenio de Vergara, que aplacó esas tensiones religiosas de isabelinos y carlistas, y sobre todo a raíz de la llegada en 1844 de los moderados al poder, la situación mejora y en abril del año siguiente un convenio restablece las relaciones diplomáticas entre España y Roma. La política moderada había suspendido la venta --derivada de la aesa-

Génesis.

958

Conttnido y nnturnlezn.

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mortización- de monasterios y conventos, y en la Santa Sede Gregario XVI había sido sucedido por un papa, Pio IX, de talante más conciliador y flexible. La nueva atmósfera propicia una negociación que dará lugar al Concordato de 1851, jalón central -junto al anterior de 1753 (entre Benedicto XIV y Femando VI) y el postrero de 1953 (entre Pio XII y el general Franco)- de esos tres grandes acuerdos Iglesia-Estado confesional de los tiempos modernos. El Concordato de 1851 fue firmado, tras siete años de gestiones, el 16 de marzo, recién ascendido a la jefatura del gobierno Bravo Murillo, siendo promulgado en España por ley de 17 de octubre. El texto decretó la unidad confesional del país, garantizando la enseñanza católica en escuelas y universidades. El Estado asumió la protección de la Iglesia y admitió el libre ejercicio de la jurisdicción de los obispos en sus diócesis. La Iglesia, a su vez, reconoció el régimen político de Isabel II e hizo dos concesiones principales: la renovación del patronato regio en términos semejantes a los previstos en el Concordato de 1753 ( 41,II,B,2); y la aceptación, como hechos consumados, de la política desamortizadora. Debido a este último aspecto, esencialmente innovador, el profesor Pérez Alhama ha calificado de Concordato económico al acuerdo de 1851, por el que la Iglesia reconoció la pérdida de sus bienes y de su propia independencia en el orden material. El Concordato, desde luego, no satisfizo las aspiraciones maximalistas de una y otra parte, pero logró una feliz fórmula de conciliación. C) LA IGLESIA EN EL SEXENIO 1868-1874

Ln t·uestián del Sy//abu.,-.

Alinencuín deln 1¡:ltsin , ·011 l.rnbel 11 y n111iderim /i.\mo.

Las relaciones del Estado con la Iglesia se desarrollaron con abundantes problemas desde 1868. En ese período el acontecimiento teóricamente más espinoso fue la publicación por Pío IX de la encíclica Quanta cura y del Syllabus, documento que en diciembre de 1864 condenó entre otras cosas cualquier tipo de regalismo, y muy en concreto el "pase regio" y los "recursos de fuerza" (41,II,B). Tras ciertos forcejeos, el problema quedó resuelto al año siguiente. El Estado concedió el exequatur a la encíclica y, pese a que trató de impedirlo, poco pudo. hacer por evitar la difusión del Syllabus, que ya había sido dado a conocer por la mayoría de los obispos. Muy distinto fue lo que sucedió con la Revolución de 1868, coyuntura en la que Roma había mostrado claras simpatías hacia la reina destronada, y en la que las juntas revolucionarias cometieron toda clase de excesos, desde destruir templos hasta obligar a algún prelado a conceder la dispensa de los impedimentos matrimoniales. Mientras desde arriba, en las supremas instancias del Estado, se proclamaba la catolicidad de España, parte

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del pueblo daba rienda suelta a manifestaciones anticlericales. Y es que, como ha escrito Cárcel Ortí, "gran parte de los habitantes de la católica España sabía demostrar, una vez más --como habían hecho sus antepasados y harían sus descendientes-, la compatibilidad entre un extraño espíritu religioso, mezcla de fanatismo, superstición y paganismo, con el más desenfrenado anticlericalismo". El gobierno revolucionario de 1868 hizo públicas una serie de medidas directamente dirigidas contra la Iglesia: prohibición a las comunidades religiosas de poseer y adquirir bienes; extinción de monasterios, casas de religiosos, congregaciones y colegios; incautación de sus bienes, etc. La enseñanza religiosa desapareció de los planes de estudio. Sin embargo, el reconocimiento del derecho de reunión facilitó que fuera creada la Asociación de Católicos, cuyos miembros pidieron a las Cortes Constituyentes el mantenimiento de la confesionalidad del Estado. Al impacto que produjo el reconocimiento de la libertad de cultos en la Constitución de 1869, se sumó el no menor del matrimonio civil de 1870. En este bienio, convulsivo para principios mantenidos durante siglos, tuvo lugar el Concilio Vaticano I, donde se definió la infalibilidad del papa y donde los obispos españoles no sobrepasaron el nivel de una discreta actuación . La Primera República, de prosperar el proyecto de Constitución de 1873, hubiera consumado la definitiva separación de la Iglesia y el Estado. No sucedió así. No hubo tampoco especiales relaciones entre ambos poderes, pero el vacío y distanciamiento fue menos perceptible por la propia brevedad de la nueva experiencia política, y también por el aislamiento general a que la República española fue sometida en el concierto europeo.

Medidnsantiedesiástiras.

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blim.

D) LA IGLESIA EN LA RESTAURACION, 1874-1900

Las relaciones Iglesia-Estado en este primer período de la Restauración que corresponde al siglo XIX, aparecen presididas por el signo del equilibrio y la normalidad. Una normalidad tal vez excesivamente normal para quienes esperaban que la proclamación de Alfonso XII trajese consigo tajantes confesionalismos y, tal vez, añoradas intolerancias. Sin embargo, como ha señalado José Manuel Cuenca, excelente conocedor de los entresijos de nuestra historia eclesiástica decimonónica, Cánovas del Castillo supo imponer también en estas cuestiones el espíritu de tolerancia y compromiso característicos de su gestión pública. La Constitución de 1876 dispuso que la religión católica fuera la oficial del Estado, y la única a la que se permitía culto público, pero

El equilibrio cmwviJtn.

960

Llz riuficnliuwión

antic/encnl.

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reconoció el respeto a otras creencias y el ejercicio de sus cultos respectivos. A tres lustros del siglo XX aquello era sin duda demasiado poco; pero desde luego iba más allá de lo convenido en el Concordato entonces vigente, y no dejó de suscitar serios recelos en Roma y entre nuestros obispos. Sólo al término de la centuria se radicalizaron las cosas y hubo un nuevo sarpullido del endémico anticlericalismo hispánico. Reaparece, en fin, la cuestión religiosa. Y reaparece asistida por fenómenos ideológicos de alto rango (positivismo, republicanismo), pero debido también a la concatenación de otros sucesos de menor cuantía: la política excesivamente rígida en la implantación de la enseñanza religiosa, que genera una reacción de signo adverso; los conflictos de orden público por las procesiones del jubileo concedido por León XIII; y hasta el estreno por Galdós de su obra Electra, que al desarrollar los problemas de una vocación religiosa, remedaba cierto caso real (el de una señorita llamada Ubao) aireado por la prensa de entonces. Pequeñas minucias de un gran problema. Y el problema fue que Sagasta echó mano del anticlericalismo como bandera política. Entramos así en el siglo XX.

JUSTICIA E IGLESIA

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52. LA ADMINSTRACION DE LA HACIENDA Y EL EJERCITO l. La Hacienda A) CRISIS FINANCIERA E INTENTOS REFORMISTAS

l.

Primeros proyectos: la "contribución directa" de las Cortes de Cáá.iz

A la entrada del siglo XIX la situación financiera nacional era extremadamente grave. Las guerras con Francia e Inglaterra habían debilitado los recursos y hecho crecer los gastos, de tal forma que, de acuerdo con las estimaciones de Fontana, si estos últimos se duplicaron en el período 17981807 respecto al quinquenio 1785-1790, los ingresos permanecieron estables y el aumento de los caudales de Indias no llegó a compensar, con mucho, tamaña diferencia. Para hacer frente a las dificultades se había procedido a la emisión de vales reales, pero al reiterarse el recurso y no poder pagar el Estado los intereses, el papel fue depreciándose y la fórmula quedó en entredicho. Godoy acudió entonces a las desamortizaciones eclesiásticas como medio para procurar una inyección económica y amortizar los vales. Sin embargo, los ingresos obtenidos se aplicaron a remediar el déficit público, con lo que la deuda aumentó. "Hacia 1808 -observa aquel autor- resultaba claro que la Hacienda española no podía hacer frente al enorme volumen de los compromisos contraídos en menos de treinta años". De tan precaria situación fueron conscientes los dos bandos beligerantes en la Guerra de la Independencia. Tanto en el régimen de José Bonaparte como en el nacional dirigido por la Junta Central, el diagnóstico era el mismo: urgía acometer una reforma tributaria. José I mantuvo los antiguos impuestos, pero introdujo novedades importantes. Entre ellas la contribución de patentes industriales, imitada de Francia, que obligaba a quienes ejercían la industria o el comercio al pago de una licencia, convertida de hecho en un impuesto anual. También impuso ciertas contribuciones

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del xi~lo XIX.

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LA ESPAÑA DEL XIX

extraordinarias sobre casas de juego y alquileres, así como el abono de aportaciones en especie. La Junta Central, a su vez, decretó en 1809 la supresión de las rentas provinciales, que quedarían abolidas cuando fuese establecido e implantado un nuevo sistema que reemplazara a aquel antiguo de las alcabalas, cientos y millones (42, l,B). El panorama era malo pero todavía, con la crisis bélica, susceptible de empeorar. Al término de ella, la deuda reconocida ascendía a 13.000 millones de reales, cantidad inabordable para un Estado económicamente exhausto, políticamente desvertebrado, y con la amenaza de los intereses que inexorablemente se iban a acumular. Durante el conflicto fue establecida cierta "contribución extraordinaria de guerra", primero sobre los capitales y rentas, y luego sobre los réditos y productos líquidos de fincas, comercio e industria, que por dificultades técnicas no pudo ser recaudada. También entonces las Cortes de Cádiz promulgan un decreto, fechado el 22 de marzo de 1811, disponiendo la formación de "una lista o presupuesto general de los desembolsos correspondientes a las obligaciones de cada ramo, para proporcionar al Ministerio de Hacienda datos fijos y hacer que todos se contengan en sus justos límites". Especialistas antiguos (Piernas Hurtado) y modernos (Villar Palasí, López Escobar), han visto en el citado decreto el más temprano texto de derecho positivo que directamente ordena un presupuesto y sienta las bases del procedimiento de gastos. El primer proyecto serio de reforma fue acometido por los diputados gaditanos en 1813, retomando la vieja aspiración de la única contribución. Se trataba así de hacer efectiva la supresión, prevista cuatro años antes, de las rentas provinciales, e instaurar en su lugar un impuesto unitario y global. En julio de ese año, la comisión correspondiente presenta el plan que pone fin a las rentas provinciales y estancadas, y establece una contribución directa en razón de la fortuna de los contribuyentes, con cupos por provincia valorados según la riqueza reconocida a cada circunscripción por el Censo de frutos y manufacturas hecho público en 1803. Tras áspera polémica, en septiembre de 1813 se dio a conocer el Nuevo plan de contribuciones públicas, con una "instrucción" dirigida a las diputaciones provinciales. A estas disposiciones siguió el señalamiento de los cupos, donde repercutieron, como se había previsto en el debate parlamentario, los errores y desajustes contenidos en el Censo utilizado como base. Teóricamente el cobro de esa contribución única debía iniciarse en 1814, pero la involución absolutista de mayo de ese año derribó el sistema constitucional e impuso el retorno al régimen antiguo. . . . . ........ . ,,

HACIENDA Y EJERCITO

2.

965

La "contribución general" de Martín de Garay

Abolida la contribución directa, la situación financiera en 1815 arrojaba un déficit de 500 millones de reales, mientras la deuda pública ascendía a unos 12.000. En tales circunstancias se plantea la urgencia de preparar de nuevo al ejército, ante la eventualidad de otra confrontación con Francia, lo que comportaba allegar sumas de dinero que el Estado no tenía, inasequibles además mediante una deuda pública en la que nadie confiaba, y que tampoco podían ya recibirse de América. Es creada así una Junta para "precaver los males que de resultas de la invasión de Francia por el sanguinario usurpador Bonaparte, amenazan a España", cuyo portavoz, un canónigo llamado Escoiquiz, presenta cierto plan consistente en la desamortización civil de los bienes comunales, para tratar de arreglar el problema de la deuda, y la emisión de "billetes de caja", garantizados por un empréstito y por los intereses de esa operación desamortizadora. Con razón observa Fontana que si la primera parte del plan de Escoiquiz era sensata, lo demás era un puro dislate que no debió ser tomado en serio. Menos mal que Waterloo alejó el peligro de la guerra y todo se redujo al problema estrictamente doméstico, si bien nada pequeño, de arreglar las finanzas del país. A principios de 1816 se forma una Junta de Hacienda, presidida por José de !barra, que intenta poner orden en los ingresos y gastos de cada ministerio, y a fines del mismo año tiene lugar un acontecimiento más importante: el acceso al departamento de Hacienda de un clarividente político llamado Martín de Garay. En 1817 Garay somete al rey una Memoria en la que, enlazando con lo hecho por la Junta de Hacienda, presenta la alternativa de "grandes economías o grandes contribuciones". En términos más precisos, el sistema hacendístico sólo le parecía susceptible de arreglo, bien fuera sustituyendo las rentas provinciales castellanas y sus equivalentes en la Corona de Aragón por otro sistema, o recargando el existente con una fuerte contribución extraordinaria. El ministro propugna la primera solución, que se traduce en una contribución general a pagar por los ciudadanos en proporción a su riqueza, y que en las capitales de provincia y puertos sería sustituida por el "derecho de puertas", o pago de un determinado arancel por la introducción de mercancías. Tras el debate de los miembros del Gobierno y el dictamen del Consejo de Estado, el plan de Garay fue sancionado por Femando VII mediante un decreto de 30 de mayo de 1817, que fijaba "el nuevo establecimiento del sistema de Real Hacienda, instrucción para el repartimiento y cobranza de la contribución del Reino y bulas dadas por el Santísimo Padre Pío VII". La reforma redujo los gastos en los departamentos ministeriales, ordenando que cada uno de ellos sometiera a aprobación su presupuesto, fuera

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del cual no sería abonada ninguna partida. No obstante, el punto neurálgico del plan de Garay, la contribución general, tropezó con la dificultad de que no existía base fiable para estimar la riqueza en los distintos pueblos, por lo que el Gobierno hubo de arbitrar unas reglas, cuya complejidad las hizo de muy difícil aplicación práctica. Destituido Garay, todavía se intentó sacar adelante el proyecto, pero nadie pudo salvar a la contribución general, muy semejante a la directa ensayada antes, de aquel gran lastre de fondo que era el vacío de infraestructura; es decir, de unas rigurosas bases del reparto real de la riqueza que sirvieran para evaluar la carga impositiva. El ensayo ya no se repetirá de la misma manera. Perduraron sin embargo los "derechos de puertas" previstos para la introducción de mercancías. Como ha señalado Martínez Neira, esta medida repercutió en la ciudades, cuyos arbitrios pasaron a ser administrados por los empleados de la hacienda regia . En el caso de Madrid -una de las ciudades que se sintió perjudicada y protestó- hubo de dictarse en 1818 cierta lmtrucciónpara la dirección, rernudación e intervención de los derecho.1· de puerta.\". La administración de ellas se encargaba a la Real Hacienda, su fiscalización al municipio, y la dirección a una Junta compuesta por miembros de ambos.

3. Refo rma.'i ~n la Adminütmción.

El réKimen ji.,mt.

LA Hacienda en el Trienio Constitucional

La política financiera de los tres años de gobierno constitucional se aplicó a organizar el aparato administrativo y a los tradicionales problemas del saneamiento del erario público y de la exacción de impuestos. En lo primero, la estructura general dependiente del Ministerio de Hacienda fue completada, por decreto de 29 de junio de 1821, con el establecimiento de las Direcciones de Hacienda en cada capital de provincia, dotadas de intendentes y subdelegados, así como con la organizació¡1 de un sistema contable por partida doble, a cargo de un cuerpo de funcionarios especializados. Tuvo también lugar una drástica reducción de los empleados de la administración financiera, aunque el reconocimiento de sus sueldos y pensiones impidió un verdadero alivio del gasto público. En el sistema hacendístico se mantuvo en principio lo dispuesto en la etapa absolutista, pero la gente entendió que el cambio de régimen político debía ser también un cambio de régimen fiscal, con lo que espontáneamente se desestancó la venta del tabaco, dejó de pagarse la contribución general y muchas capitales renunciaron a aquellos "derechos de puertas" previstos antes. Hubo así una distonía entre el sentir popular, refractario al régimen impositivo heredado de los años anteriores, y el empeño oficial por mantenerlo en tanto no se proveyera otro. El resultado fue el fracaso de la rec audación. En 1821 las Cortes aprobaron un sistema mixto, de contribuciones directas e indirectas. Entre aquéllas las principales eran la territorial , rústica

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y urbana, y la de patentes. Entre éstas, la renta de aduanas, el estanco del tabaco y de la sal, el derecho de registro público, y las que recaían sobre el consumo de cinco importantes artículos (vino, vinagre, licores, aceite y carne). Los impuestos sobre el consumo no fueron proporcionales a la cantidad efectiva de género, sino que el monto a recaudar fue distribuido en las distintas localidades con la asignación de cuotas fijas. 4.

La reorganización de López Ballesteros

Fracasada la reforma de Martín de Garay y sin haberse logrado mejoras apreciables con los reajustes financieros del Trienio, la organización de la hacienda española quedó en manos desde 1823 del nuevo titular del departamento, Luis López Ballesteros. Con dos graves hipotecas políticas -tener que pergeñar un sistema tributario sin reformas alarmantes, y no poder reconocer los empréstitos constitucionales-, el ministro hizo frente mediante varios decretos dictados en 1824 a una triple tarea: reordenar el aparato administrativo, concertar el sistema de rentas y recomponer el régimen del crédito público. Todo ello sobre una filosofía básica de acomodar gastos a ingresos, situando así al presupuesto como pieza clave de la política fiscal. En lo relativo a la organización financiera, ya un decreto de 18 de diciembre de 1823 deshizo la confusión hasta entonces reinante entre la recaudación y administración de rentas, y la distribución de sus productos, separando aquéllas de ésta, Jo que naturalmente clarificó cuánto se obtenía y a qué podía aplicarse. Posteriormente otro decreto de 5 de enero y una instrucción de 3 de julio de 1824, consolidaron esa distinción entre las operaciones de administración y recaudación (propias de la Dirección General de Valores), y aquellas otras de distribución de los productos líquidos que quedaban a cargo de la Tesorería General del Reino. El sistema de rentas se reformó con el restablecimiento de las antiguas rentas provinciales de Castilla y las propias de Aragón ~quivalente, contribución única, talla y catastro (42,1, G)-, instaurando de nuevo los "derechos de puertas" y la contribución por aguardientes y licores, y fijando nuevos precios para las rentas estancadas de tabaco, sal y papel sellado. Aparecieron otras figuras impositivas, como los frutos civiles y la paja y utensilios, de vieja nomenclatura pero de contenido ahora diferente, y surgieron como novedades absolutas el subsidio de comercio y la renta del bacalao, esta última en calidad de renta estancada. Se ordenó, en fin, el pago por Navarra del servicio voluntario y el del donativo por las Vascongadas. En cuanto a la deuda, fue suprimido el establecimiento del crédito público, creándose (o recreándose, pues el organismo había aparecido en

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1798) la Real Caja de Amortización. Con la Caja se pretendía constituir un gran fondo de reserva, mediante arbitrios que escaparan al alcance de la Tesorería general, a fin de atender la antigua deuda y, sobre todo, afrontar los nuevos préstamos que eran necesarios para el arreglo financiero de la monarquía. Como medida complementaria, se constituye el l de septiembre de 1828 una Junta especial, presidida por López Pinilla, para que examine el estado de la Hacienda y de la Caja de Amortización y proponga lo que estime oportuno. Tras el importante informe de esa Junta, hecho público pocos meses después, se crea un impuesto denominado Derecho de hipoteca por R.D. de 31 de diciembre de 1829. Como ha puesto de relieve la profesora Margarita Serna, se trata de un impuesto que grava la riqueza de modo mediato a través de determinados actos de contratación (ventas, permutas, donaciones y contratos que impliquen traslación de dominio de bienes inmuebles), como requisito previo a su acceso al registro.

5. Drsnnwrti:nc·ión y eferws jinn11drro."i.

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Las refonnas de Mendizábal

Las disposiciones de López Ballesteros, cuyo último objetivo era lograr un presupuesto equilibrado de ingresos y gastos, fueron efectivas a Jo largo de un quinquenio, entrando en barrena hacia 1830 cuando el incremento de gasto público hizo estallar ese ajuste. Tras unos años de desconcierto, la llegada al poder de Mendizabal, en 1835, impuso nuevos derroteros. La notoriedad de este personaje por su papel estelar en la desamortización eclesiástica, ha oscurecido la significación que sin duda tuvo como estricto reformista financiero, aunque sus planteamientos en tal campo sean a la vez acreedores y deudores del fenómeno desamortizador. A este respecto es de señalar, con Fontana, que la desamortización pudo haber significado dos cosas. En primer lugar, al ser aceptados los títulos de la deuda como pago de las fincas puestas en subasta, habría disminuido para el Estado la carga que padecía, siendo en el futuro más fácil abonar los intereses de la restante. En segundo lugar, la propia euforia desamortizadora, con el Estado como protagonista, devolvería al fisco solvencia y confianza, facilitando nuevas operaciones de crédito. No sucedió sin embargo, así, entre otras cosas porque no hubo demasiadas razones para la euforia y porque el valor de lo subastado no alcanzó ni a la quinta parte del montante de la deuda. En el ambiente poco propicio de la primera guerra carlista, Mendizábal creó un impuesto sobre el servicio militar, por el que los no combatientes debían pagar cierta cantidad (de mil a cuatro mil reales, según fortuna) , además de contribuir con un caballo. Levantó por otra parte empréstitos, a base de hipotecar futuros ingresos de ultramar y de las minas de Alma-

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dén. Consolidó la deuda flotante en otra al cinco por ciento, y emprendió, en fin, una extraña y fracasada operación financiera con Inglaterra, país que prestaría a España dos millones de libras, a cambio de la autorización para que pudieran ser importados sus tejidos de algodón. B) LA REFORMA TRIBUTARIA DE 1845

1.

Introducción

El 3 de mayo de 1844 el asturiano Alejandro Mon toma posesión del Ministerio de Hacienda en el gabinete Narváez. Menos de un año después, el 8 de enero de 1845, presenta un proyecto de reforma tributaria llamado a ser, por su importancia y duración, la piedra angular de la renovación hacendística del siglo XIX. Conocida de ordinario como la reforma Mon, por haber sido atribuida en exclusiva al abogado ovetense, los estudios recientes han venido a demostrar que en realidad fue resultado final de una obra colectiva del equipo moderado, que Mon asumió, reelaboró, defendió e hizo aprobar en su etapa de ministro. En tal obra colaboró decisivamente otro personaje, Ramón de Santillán. De ahí que hablemos en general de la reforma de 1845 o tal vez, si se quiere, de la reforma Mon-Santillán.

Autorfn rle In reformn rle /845.

Los estudios citados son fundamentalmente dos. En primer lugar una monografía de Fabián Estapé, l..n reforma tributnrin de 1845, que aunque vio la luz en 1971 había sido elaborada, como tesis doctoral del autor, dieciocho años atrás. Allí Estapé sostenía, entre otras cosas, la importancia de los trabaJos precedentes y la activa participación en ellos de Ramón de Santillán. En segundo lugar, la publicación por Ana María Berazaluce de las Memorim de Santillán. Además de suministrar una muy valiosa información, las Memorim prueban el decisivo concurso de su autor en la reforma tributaria. En la introducción a esas Memorim, el profesor Federico Suárez reivindica el indudable protagonismo de Santillán.

Los antecedentes inmediatos arrancan del nombramiento de una comisión en 1843, de la que Ramón de Santillán fue ponente principal. Esa comisión estudió las bases de una nueva ordenación de los impuestos, entregando su dictamen a Mon en agosto de 1844. Según el propio Santillán, los objetivos a cumplir eran establecer una sola contribución territorial; otra única industrial; otra general sobre el consumo de especies determinadas; instituir un sistema hipotecario preferentemente dirigido a dar firmeza a las garantías de la propiedad inmueble; y conservar, en último término, los demás impuestos entonces existentes para acometer luego las reformas que pareciesen oportunas. Sobre ese dictamen de la comisión trabajó Mon, con el concurso inicial de Santillán, dando forma a su propio proyecto. A la presentación del texto en enero de 1845 siguió un enconado debate parlamentario. El 23 de mayo de

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23-V-1845.

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ese año fue promulgada la nueva Ley de Presupuestos, seguida por las protestas de la oposición, el rechazo de los sectores sociales más afectados, y hasta por verdaderos tumultos y motines , como el que estalló en Madrid el mes de agosto, en un postrer esfuerzo por evitar que las nuevas medidas se llevaran a la práctica. 2.

Contenido

La Ley de Presupuestos de Mon mantuvo aproximadamente una mitad del sistema tributario tradicional y renovó la otra, con el establecimiento de nuevas figuras impositivas. Estas fueron: - Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería. Fue la clave del conjunto de la reforma y sintetizó en una única contribución territorial la serie de las entonces vigentes (paja y utensilios, frutos civiles, culto y clero, catastro, equivalente y talla de Aragón, servicio de Navarra, donativo de Vascongadas, y manda pía forzosa). Los impuestos suprimidos producían un total de 193 millones de reales. Alejandro Mon estimó el cupo de esa contribución global en 350 millones, que al final, tras el debate en la comisión, quedaron reducidos a 300. En tanto el Estado no realizara un catastro general, la distribución del cupo sobre el producto líquido de los bienes inmuebles, del cultivo y de la ganadería, habría de efectuarse provisionalmente sobre los cálculos de los ayuntamientos. Tal provisionalidad duró un siglo. - Subsidio industrial y de comercio. Aunque sin resultados efectivos, fue otra de las innovaciones fundamentales . Siguiendo pautas francesas -y en contra del modelo británico, que gravaba directamente las utilidades de la industria y el comercio-, los reformadores pretendieron establecer el pago de un cánon fijo, según el tipo de actividad y el volumen de la población donde ella se desarrollara, y de otro proporcional al alquiler del correspondiente local de negoc ios. Al no conseguirse este último, se produjo el fracaso global de una contribución que sólo reportó exiguos ingresos . Flores de Lemus explicaría ese fracaso como consecuencia de la dificultad de adoptar un régimen impositivo basado en los signos externos. - Impuesto sobre el consumo de especies determinadas. Consistió en el mantenimiento de los "derechos de puertas", generalizados ahora a todo el país, limitando la tributación sobre el consumo a nueve artículos de un total de veinte que Mon había propuesto. La recaudación subió moderadamente. Al afectar no obstante a productos básicos, este impuesto, sustitutivo de las rentas provinciales, habría de resultar más que impopular. - Contribución sobre los inquilinatos. Introducida al parecer a instancias y en virtud del empeño personal de Mon, esta contribución tropezó desde el principio con la dificultad del procedimiento recaudatorio, por lo

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que fue suprimida por un decreto de 27 de marzo de 1846. No llegó así a ser aplicada, constituyendo probablemente el mayor fracaso de la reforma. Algún autor como Sardá ha visto en ella un remoto antecedente del ulterior impuesto de contribución sobre la renta. - Derecho de hipotecas. Gravaba las traslaciones de dominio de bienes inmuebles, así como la creación, extinción, modificación o transmisión de derechos reales, y los contratos de arriendo y subarriendo, todo ello siguiendo la línea iniciada en 1829. En el régimen sucesorio quedaron exentas las transmisiones de bienes muebles y las de inmuebles de padres a hijos. Surgieron múltiples dificultades al exigir el impuesto, en cuya consolidación se interfirió luego la Ley Hipotecaria. La reforma, en su conjunto, tuvo en consecuencia dos pilares: la contribución sobre la propiedad rústica e inmuebles, y la aplicada al consumo. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, aportó grandes novedades. La principal, sin duda, como ha señalado Fuentes Quintana, fue introducir el principio de la realidad del gravamen, es decir, aplicarlo a rentas reales o sectoriales y no a la genérica renta personal. Se hizo uso asimismo del principio de capacidad de pago en función del acceso a los bienes de consumo. Desde una perspectiva política y social su valoración es más comprometida. Un investigador de la historia financiera, José María Tallada, puso de relieve que las dos grandes reformas tributarias del XIX de carácter liberal --ésta y la de Villaverde- fueron realizadas paradójicamente por hombres de filiación conservadora. Fontana ha señalado a su vez que la inexistencia de un catastro, con las estimaciones hechas por los ayuntamientos, permitieron que la contribución territorial y de la riqueza agraria recayera principalmente sobre los pequeños campesinos, al tiempo que las clases populares se veían perjudicadas por el otro impuesto, sobre el consumo, que afectaba a alimentos básicos. Resulta claro, en cualquier caso, que de la reforma Mon-Santillán arranca propiamente la historia del sistema tributario español contemporáneo. C) LOS REAJUSTES POSTERIORES: DE MON A VILLAVERDE

Durante la segunda mitad del siglo, hasta la reforma de Villaverde en 1899, se efectúan diversos reajustes en la estructura financiera dispuesta en 1845. Ellos tienen que ver con la situación de la deuda pública, con el cuadro de los impuestos y con el régimen presupuestario. Los problemas de la deuda no habían sido abordados por la reforma anterior, quedando como asunto pendiente. Sustancialmente dichos problemas consistían en el agobiante volumen de la deuda pública,

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LA ESPAÑA DEL XIX

en sus diversas modalidades, y en la necesidad de consolidarla. En 1851 Bravo Murillo procede a crear una deuda perpetua diferida, llamada así porque el pago de sus intereses se aplazaba en cuatro años, que unificó los diversos tipos entonces en vigor. La nueva deuda rebajó los intereses al 3%, respecto a las consolidadas que lo tenían al 4 y al 5, y redujo a la mitad el valor de los cupones correspondientes a intereses que llevaban quince años sin ser pagados. Se creó además una deuda amortizable, a la que se aplicaban los bienes de la desamortización. Tan drásticas medidas sanearon el panorama, pero lógicamente resultaron un fiasco para los acreedores. Posteriormente aparecieron la deuda especial de Obras Públicas y las obligaciones del Estado para ferrocarriles, así como las cédulas hipotecarias del Banco de España y, en 1868, los bonos del Tesoro. En lo relativo a impuestos, el antiguo derecho de hipotecas pasó a ser con el ministro Echegaray, en 1872, un impuesto sobre derechos reales y transmisión de bienes, con un incremento de tarifas, y extensivo además ahora a los bienes muebles y herencias por línea directa. A su vez, tras la Revolución de 1868, el titular del departamento, Laureano Figuerola, intentó sustituir el impuesto sobre el consumo por otro de carácter personal y directo, pero el proyecto no llegó a prosperar. La contribución territorial sufrió sólo ligeros retoques , separándose en los últimos años la rústicopecuaria y la urbana. Pese al incremento de ingresos, los alborotos internos y los costosos planes de política internacional (v.gr. las expediciones a México y Cochinchina en 1861-1862) multiplicaron los gastos y desequilibraron unos presupuestos que, en estos años, fueron cerrados casi siempre con déficit. La guerra colonial , al término del siglo, fue también, desde el punto de vista financiero, una catástrofe. D) LA REFORMA DE FERNANDEZ VILLAVERDE

El Presuµuesw .

La crisis económica del 98 , con las deudas de guerra y la interrupción del flujo de recursos por la pérdida de las colonias, cayó sobre los hombros de un político madrileño, Raimundo Fernández Villa verde, quien en marzo de 1899 se hizo cargo de la cartera de Hac ienda en el gabinete presidido por Silvela. Sólo tres meses después, Villaverde sometió a las Cortes la Ley de Presupuestos, discutida, hasta entrado el año 1900, juntamente con otras leyes complementarias y relativas a la reforma del régimen de impuestos. Dimitió en el mes de julio, con Jo que su gestión ministerial no llegó a durar año y medio. Según su declaración ante el Congreso, el plan financiero por él presentado pretendió sólo llevar a cabo una "mera reconstitución de

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la Hacienda". Ello no debe entenderse, sin embargo, como un puro arreglo estabilizador, habida cuenta que tras la nivelación del presupuesto, el ministro trataba de reactivar las fuerzas económicas y efectuar, en fin, una revisión de los criterios tributarios. En cuanto al presupuesto, la gran aportación de Villa verde consistió en lograr el ajuste de ingresos y gastos, presentando un texto muy simplificado, de solo 22 artículos, que dejaba fuera cuestiones que no correspondían de modo estricto al presupuesto, pero que invariablemente habían venido siendo incluidas en los anteriores. Por la consecución de ese equilibrio ingresos-gastos, el de 1900 fue un presupuesto nivelado ("condición de vida y de independencia para las naciones", según su autor), pero antes que nada, como ha subrayado Solé Villalonga, fue un presupuesto de liquidación, en tanto en cuanto resolvió el desfase de los trescientos millones de pesetas que, en números redondos, separaban los gastos de los ingresos. La pe.1·eta se había convertido en moneda nacional por un decreto de 19 de octubre de 1868. Su introducción estuvo determinada por razones políticas (borrar los vestigios de la monarquía borbónica en las piezas al uso) y económicas, a fin de alinear el sistema con el de las naciones de la Unión Monetaria Latina, constituida tres años antes.

Al margen de ese presupuesto en sentido estricto, una serie de leyes se ocuparon de los distintos conceptos tributarios. Sin llegar a plantear una transformación global del fuste teórico de la de 1845, Villa verde acometió dos objetivos prácticos sumamente importantes: consolidar en lo posible los recargos implantados antes con ocasión de las guerras, refundiéndolos en nuevos tipos impositivos, y reformar parcialmente el sistema tributario creando el impuesto de utilidades de la riqueza mobiliaria. Esta contribución, la más significativa y que luego alcanzó mayor desarrollo, comprendía tres tarifas: la primera, referente a los productos de trabajo personal; la segunda sobre los productos del capital y valores mobiliarios; y la tercera relativa a los beneficios netos de las sociedades. Otras reformas fueron la implantación de un impuesto sobre el azúcar; la modernización del antiguo de derechos reales y transmisión de bienes (donde Villaverde fracasó en su intento de hacer progresivas las tarifas según el volumen de las herencias); la puesta al día de la Ley del Timbre a fin de aumentar los ingresos; y ciertas disposiciones sobre el catastro y registro fiscal, tendentes a evitar la ocultación de riqueza. La reforma de Villaverde fue, pues, muy positiva y con ella cambió de hecho el signo evolutivo de las finanzas públicas. Un especialista tan acreditado como el profesor Calvo Ortega, la ha valorado así: "Del déficit se pasa al superavit. Los ingresos e11traordinarios, prácticamente, desaparecen. Los ordinarios se robustecen. El crédito público recobra el prestigio

Impuestos.

v111orndón.

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perdido. El fantasma de la bancarrota se ahuyenta . El sistema tributario se perfecciona. La administración financiera se vigoriza y reclama para sí la gestión directa de los tríbulos . El incremento del servicio de la deuda pública se contiene. El aumento recaudatorio permite atender las nuevas funciones que inexorable e irreversiblemente empiezan a caer sobre el Estado" (la reforma tributaria de Femández Villaverde, l, 5) .

11. El Ejercito A) LOS MILITARES EN LA ESPAÑA DEL XIX

1. Ej érciw populnr y .wbernnín nnt'ionnl.

Ejército pt'rmi-

mnnt!nle y

lldn., .

Ojicin/e.v y tmpn.

Reinado de Fernando VII

El gran movimiento insurrecciona! de 1808, secundado de buen grado o por la fuerza por las autoridades militares, fue obra de un auténtico ejército popular, del pueblo en armas, cuyo espíritu poco tenía que ver con el que había caracterizado a las tropas mercenarias de la antigua monarquía absoluta. Ello constituyó una señalada novedad en el panorama castrense de la Europa del XIX, no siendo así de extrañar que cuando pocos años después se proceda a la reorganización del ejército prusiano (reglamento para el Landsturm de 1813), el caso español aparezca como modelo; no en los aspectos técnicos, organizativos o estratégicos, sino por haber logrado identificar al ejército con el "espíritu nacional". En semejante proceso, que llevó a la milicia a colocarse al lado de la causa popular, fueron los soldados y oficiales jóvenes quienes protagonizaron el cambio de rumbo, manteniéndose ellos en permanente contacto con los cabecillas civiles del levantamiento. Concluida la guerra el problema era doble. De una parte había que organizar un ejército que, lejos de mantenerse subordinado según costumbre a la voluntad del monarca, defendiera la nueva soberanía nacional encarnada en los representantes del pueblo. Ese ejército podía estar constituido por tropas enroladas de forma estable, pero también por milicias populares que concurriesen en circunstancias especiales. El caso es que, bien fuera porrazones de conveniencia castrense y agobio financiero, o debido al éxito populista de la experiencia contra los franceses , la Constitución de Cádiz ordenó las fuerzas militares en dos grandes clases: las tropas de continuo servicio, o ejército permanente para la defensa exterior y la conservación del orden interno, y las milicias nacionales, reclutadas esporádicamente en provincias según su población y circunstancias, y a las que no era asignada una misión concreta. El segundo problema era institucionalizar en la paz a las tropas que habían salido victoriosas de la guerra, tropas que en puridad no constituían un ejército

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sino dos: los soldados y cuadros militares propiamente dichos, y el aluvión de paisanos que, tras años de refriega, se habían militarizado de hecho, con comerciantes y labradores convertidos en mariscales de campo o comisarios de guerra. Al término del conflicto las huestes nacionales contaban con unos efectivos aproximados de doscientos mil hombres, de los que dieciseis mil eran oficiales, de muy diversa extracción y procedencia. Se ha distinguido entre esos oficiales cuatro grandes grupos: los provenientes del Antiguo Régimen, proclives al absolutismo; los que habían iniciado.su carrera antes de la invasión francesa , ascendiendo vertiginosamente por méritos de guerra, y que por lo común simpatizaban con un liberalismo templado; aquellos otros que durante la campaña fueron hechos prisioneros y llevados a Francia, que habían asimilado posturas liberales de tono radical; y finalmente esos paisanos convertidos en guerrilleros. Ejemplos conocidos de los cuatro tipos de oficiales fueron Castaños, Morillo, Riego, y Espoz y Mina.

En el período absolutista de 1814-1820, Fernando VII redujo la tropa regular a sesenta mil hombres y la oficialidad a seis mil. La drástica aminoración de los cuadros de mando se hizo en perjuicio de los oficiales no aristócratas o sospechosos de tendencias liberales, organizándose así un ejército ideológicamente reaccionario que en buena parte hace comprensible la réplica de los pronunciamientos militares, encabezados por oficiales marginados que pretenden restablecer la legalidad constitucional. Tras el paréntesis del trienio impuesto por la sublevación de Riego, la nueva recaída absolutista vuelve a incidir en el ejército. Por entonces sucede además algo curioso. Riego y los militares liberales habían capitulado ante las divisiones del duque de Angulema, en acción combinada con los continuos alzamientos de pueblos realistas. Una vez aquí, ya restablecido el absolutismo, nadie parecía desear la marcha de los militares franceses. Los absolutistas veían en ellos la garantía de su permanencia en el poder. Los liberales, la garantía de no padecer duras represalias. Un político inglés, George Canning, comentó así tan paradójica situación:

Reacdonarismo militar y µresendnfrance.rn.

"Los franceses entraron en el país para defender al partido fanático contra los constitucionalistas: y ahora están protegiendo al partido constitucional, de los fanáticos".

En la década 1823-1833, tras la depuración del ejército constitucional, se intentó reconstruir primero una especie de milicia conservadora (durante el ministerio de José de la Cruz), para proceder luego al sistema de las purificaciones, consistente en exigir determinadas pruebas de afecto y lealtad al rey, a quienes, habiendo servido durante el trienio, desearan reincorporarse al ejército. Luego la intransigencia cedió algo y otro ministro, el marqués de Zambrano, patrocinará una cierta apertura y apoli-

Lm "purificaciones ··.

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ticismo que permitieron recomponer la milicia sobre criterios más profesionales. 2.

Cm,.,n.1· del lidera~¡.:o po/ítit·o de

los xenernle.,;.

El conflicto dinástico subsiguiente a la muerte de Femando VII convirtió al ejército en árbitro y moderador de la situación política. Las reformas anteriores habían perfilado unos cuadros de oficiales que, en su inmensa mayoría, se alinearon en favor de Isabel II, quedando sólo al lado de don Carlos los generales depurados tras los sucesos de La Granja y la personalidad ciertamente singular de Zumalacárregui. Se abre así un largo período, tendido entre el Convenio de Vergara (1839) y la Revolución de 1868, donde el ejército asume un papel singular y los generales dirigen la vida política. Los protagonistas principales son Espartero, Narváez, O' Donnell y Prim. ¿Cuál fue la razón de que los militares pasaran al poder, sucediéndose en él hasta consolidar el llamado por Pabón régimen político de los generales, característico de la época isabelina? A explicaciones más o menos tópicas, basadas en la pura dialéctica cívico-militar o en la acción de unos oficiales ambiciosos, el ilustre historiador ha opuesto otra más profunda y rigurosa. La causa inmediata de ese régimen habría sido la contienda desplegada en el período antecedente, entre 1833 y 1839, y que destacó en la opinión pública nacional a los jefes vencedores. La causa mediata, también la guerra en un sentido más amplio: es decir, el clima de confrontación y falta de paz en que vivía el país desde los sucesos de 1808. Ello habría generalizado la convicción de que, en tanto no tuviera Jugar una profunda mudanza que normalizara las cosas, la dirección del gobierno estaría mejor en manos de un militar de prestigio. Por último, una tercera razón de índole política: estos generales isabelinos no trataban de suplantar con las armas el ordenamiento legal, sino muy al contrario, pretendían defenderlo. Eran , en fin , generales liberales o constitucionalistas.

3.

Pmytt'to.,· ti, In Rep1iblim.

La época isabelina y el "régimen de los generales"

El sexenio democrático

En los escasos meses que transcurren desde la Revolución de septiembre de 1868 a la promulgación de la Constitución en abril de 1869, culmina, con las figuras de Serrano y Prim, ese régimen de los generales. Tras la etapa de transición de Amadeo I, el sistema militar se enfrenta a la más difícil prueba de la República, cuyo Directorio había adelantado en un Manifiesto de 1872 algunos preocupantes objetivos del programa republicano-federal. Entre ellos destacaba la previsión de licenciar a soldados y

HACIENDA Y F.JERCITO

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cabos de los diferentes institutos, el armamento de la milicia nacional, la creación de los "voluntarios federales", y la ocupación por los consejos revolucionarios de todos los efectos de guerra pertenecientes al Estado o a los particulares. A su vez, proclamada la República, el proyecto de Constitución federal (17-VII-1873) pretendió el establecimiento de un ejército nacional, cuya organización tendría lugar por "poderes federales", y que iba a ser distribuido según las necesidades del servicio (art. 111). La idea federalista puso en cuestión la integridad tradicional del Estado. Junto a la violencia social desatada en el sur, en Cataluña se produjeron brotes secesionistas e incluso graves actos de desgobierno y anarquía en sectores estrictamente castrenses, factores ambos que, como Seco advierte, el Ejército no podía asimilar. La no reconducción de un proceso republicano encaminado por tales derroteros, hizo posible el acto de fuerza de otro general, Pavía, el 3 de enero de 1874. No se trataba ahora de un pronunciamiento al estilo de los sucedidos en la época isabelina. El general gaditano no era un hombre de partido, ni lanzó a los soldados al Congreso para sustituir tal formación política por otra, y mucho menos para encumbrarse él. Contando por vez primera con el respaldo unánime del ejército, Pavía acometió un acto de fuerza para detener la que él creía ruina inminente del orden político. Se trataba en suma de un golpe de Estado, cuya motivación fue recordada así por su autor:

Reauiñn militar: el golpe de Estado de Pavia.

"En el reducido gabinete de mi casa, yo solo, porque no consulté con nadie absolutamente, reflexioné lo que iba a ocurrir si el señor Castelar caía del poder y era sustituido por un gabinete cantonal o por la anarquía: esto úl ti mo era para mí indudable, puesto que por más esfuerzos que hice no pude saber quién era el que le iba a sustituir, y los mismos diputados amigos míos me aseguraban que no podían ponerse de acuerdo para la sustitución" (Fernández Almagro, Historia política de la España contemporánea, I, 208).

4.

La Restauración

La Restauración había sido preparada por el proyecto político de Cánovas, pero tuvo lugar tras el episodio castrense de Sagunto. Fuera o no cierto que Cánovas calificó de botaratada la sublevación del general Martínez Campos, o qtfo viera más bien la Restauración como una empresa civil, aunque necesitada de algún tipo de concurso militar, es claro que el estadista malagueño intentó desde entonces apartar al ejército de la política, tarea que resultó fácil por la muerte o decadencia biológica de los viejos caudillos isabelinos. La nueva generación de generales -Pavía, el propio

Papel del ején:ito.

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Crisi.< del 98.

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Martínez Campos, etc.- había asistido al fracaso del proyecto revolucionario del 68, pasando a convertirse de adalides de la izquierda en custodios del orden conservador. Ese ejército más profesional, ahormado por las reformas militares a que luego haremos referencia, sufrió un último sobresalto con la crisis del 98. El desastre colonial, con unas tropas saturadas de oficialidad (casi 500 generales y más de 23.000 oficiales para 80.000 hombres), dio pie a que en el seno del pensamiento regeneracionista se oyeran voces que exigían la reforma del ejército. Los mismos políticos fustigaron acremente a las tropas derrotadas, o más bien a sus dirigentes, y un senador como el conde de las Almenas llegó a pedir en cierta sesión de la Cámara alta, "arrancar de los pechos muchas cruces y subir muchos fajines desde la cintura al cuello". Algunas reformas se llevaron a cabo en los años siguientes. La reducción de la oficialidad, empero, hubo de aguardar más de tres décadas hasta la célebre ley del retiro de Azaña. B)

ORGANIZACION

l.

Las Leyes Constitutivas del Ejército

Estas leyes desarrollan los grandes principios sobre el ejército contenidos en las Constituciones, y aparecen con rango intermedio entre ellas y las puras leyes ordinarias referentes a materia militar. Durante el siglo XIX hubo tres importantes Leyes Constitutivas: la de 9 de junio de 1821, cuyo punto de referencia fue la Constitución de Cádiz, y las de 29 de noviembre de 1878 y 19 de julio de 1889, que desenvuelven lo previsto en ta Constitución de 1876. -Ley de 9-Vl-1821. La Constitución de Cádiz había señalado entre las facultades de las Cortes, la de dar ordenanzas al ejército, armada y milicia nacional, tratando ellas de todo lo relativo a su constitución, disciplina, ascensos, administración y sueldos (arts . 131 y 359). Por las especiales circunstancias que rodearon la promulgación del texto gaditano (la guerra y, luego, el retorno absolutista), las Cortes no pudieron acometer entonces esa tarea, que sí fue en cambio abordada por sus sucesoras del Trienio. Reunida la asamblea el·9 de julio de 1820, pocos días después fue públicamente debatida la conveniencia de realizar una Constitución militar, no en el sentido de cuerpo jurídico paralelo al de la Constitución política, sino en el de ley que diera cabida a la organización militar en su conjunto. Formada inmediatamente la "Comisión de Organización de fuerza armada", ésta presentó aquel mismo año una "Ley constitutiva del ejército per-

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manente", cuyo texto fue remitido a los institutos militares, corporaciones e incluso particulares, a fin de que aportasen las sugerencias oportunas. Debatido el proyecto en la segunda legislatura, fue aprobado y publicado como Ley Constitutiva del Ejército. Con un total de nueve capítulos y ciento sesenta y nueve artículos, la ley definió a la fuerza militar nacional como "el conjunto de todos los españoles que arma la Patria para su defensa", distinguiendo las tropas terrestres de las marítimas y, entre aquéllas, de acuerdo con la Constitución, las de continuo servicio y las milicias nacionales, articuladas a su vez en "milicia activa" y "milicia local". El texto se ocupaba de los problemas de reclutamiento, con un número, según las armas, que fijarían las Cortes anualmente; de la organización en comandancias o distritos militares; del régimen de ascensos según un sistema mixto de antigüedad y elección, donde constituía mérito especial la adhesión a la Constitución; de la fijeza en el empleo, que no se podía perder sino por sentencia tras juicio; del fuero militar, reducido a casos excepcionales en un personal castrense cuyos derechos civiles eran idénticos al del resto de los ciudadanos, etc., etc. Especialmente problemática resultó, en ese contexto reconocedor de los derechos civiles, la cuestión de la obediencia militar, piedra de toque de los controvertidos juicios que luego ha merecido la ley.

Conttnidn y vnlomción.

Alabada sin reservas por autores como Tuñón de Lara y Gil Novales, en razón de su naturaleza "liberal", o más moderadamente por quienes, como Christiansen, vieron en ella un intento de aproximación de los intereses militares con los civiles, ha sido juzgada con severidad por Comellas como ejemplo "del utopismo liberal y de la inflación política del momento". Con una dureza sin concesiones, Alonso Baquer le atribuye haber sentado "las bases de la indisciplina legal".

- Ley de 29-Xl-1878. La Constitución de 1876 había establecido la obligatoriedad de todos los españoles de concurrir con las armas a la defensa de la Patria, encargando a las Cortes fijar cada año, a propuesta del rey, la fuerza militar permanente de mar y tierra (arts. 3 y 88). Dos años después, con Francisco de Cevallos como ministro de la Guerra, Alfonso XII aprobó el 29 de noviembre una nueva Ley Constitutiva del Ejercito, que Busquets ha calificado de "magnífica". En solo treinta y ocho artículos reorganiza la estructura castrense, derechos y deberes de los militares, edades de retiro, etc. Respecto al desarrollo de di versas materias, el texto anunció la publicación de otras leyes posteriores. A ello respondería, por ejemplo, la Ley de Reclutamiento y Reemplazo de 10 de julio de 1885. - Ley de /9-Vl/-1889. Entre los diversos generales que en la década de los ochenta ocuparon el Ministerio de la Guerra con afanes reformistas,

Elpmye,10 deCns.wln.

980

Ln ley"·

Chim:hilln.

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destaca la figura de Manuel Cassola, titular del departamento en el gobierno liberal de Sagasta. En abril de 1887 Cassola sometió a las Cortes un proyecto de reestructuración del ejército, cuyos puntos más importantes eran la obligatoriedad general del servicio militar, el sistema de ascensos hasta el grado de coronel por riguroso orden de antigüedad, y la supresión de la dualidad de empleos. Fracasado ese proyecto, quizás por sus pretensiones maximalistas, el general Chinchilla, sucesor de Cassola, aprovechó parte de lo hecho por éste, y consiguió ver aprobada la tercera Ley Constitutiva del Ejército el 19 de julio de 1889. Este texto mantuvo en líneas generales el de la ley precedente, introdujo el criterio innovador de la antigüedad como único para reglar los ascensos, según Cassola había previsto, y condicionó el accéso a la oficialidad al ingreso y aprobación de estudios en la Academia General Militar.

2. Rey, Mini.,1rr1 y Junta., .

Cn¡,itnním x~nernles.

Organización y Armas

A la cabeza de la organización castrense figura el rey, a quien ya la Constitución de Cádiz atribuyó el mando de los ejércitos y la provisión de todos los empleos militares. Por debajo de él, como responsable directo del ramo, se encuentra el Ministro de la Guerra, cargo que en el XIX fue extremadamente inestable (entre 1814 y 1899 hubo 189 ministros, es decir, una media de más de dos por año). Dependiendo del titular del departamento, y para coordinar la política a seguir, existieron diversas comisiones de generales, entre las que cabe destacar la Junta Consultiva de Guerra, fundada en 1854, la Junta Consultiva Superior de Guerra, que se crea en 1875, y la Junta Superior para la Defensa del Reino, organizada en 1881. Cada una de las Armas contaba con su propio director general. En lo territorial la unidad básica fue la capitanía general. El número de capitanías, bastante estable, llegó a ser de catorce con la ley de 1878. La tradicional adaptación de esas circunscripciones a las regiones históricas, quebró en 1893 con la reforma llevada a cabo por López Domínguez, a raíz de la cual España quedó dividida en siete regiones militares (Castilla la Nueva-Extremadura, Andalucía, Valencia, Cataluña, Aragón, BurgosNavarra-Vascongadas y Castilla la Vieja-Galicia), dos capitanías generales (Baleares y Canarias) y dos comandancias militares (Ceuta y Melilla). En 1896 volvió a generalizarse la denominación de capitanía general, añadiéndose la demarcación de Galicia. En ultramar se mantuvieron las tres capitanías coloniales de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Al frente de las capitanías figuraron capitanes generales que de ordinario tenían el grado de

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teniente general, o incluso el de general de división o mariscal de campo. Cada provincia de la capitanía era regida por un gobernador militar. Las Armas fueron generales o facultativas. Aquéllas estaban compuestas por Infantería y Caballería. Estas por Artillería, Ingenieros y Estado Mayor, cuerpo que contando con algunos precedentes (42,II,A) fue establecido en 1810 para que se consagrara al estudio de tácticas, estrategias y evaluación de las fuerzas extranjeras. Hasta 1833 la enseñanza militar se impartió en las diversas Academias que venían funcionando desde el siglo XVIII, pero en aquel año fueron clausuradas por temor a su actividad difusora de las nuevas ideas. Las Academias de Armas Generales habían funcionado en San Fernando, Santiago y Valencia. La de Artillería permaneció con algunos altibajos en Segovia, y la de Ingenieros quedó establecida desde 1833 en Guadalajara. La conveniencia de unificar los grados básicos de enseñanza llevó en 1882 a la creación de la Academia General Militar, con sede en Toledo. Este centro desapareció en 1893, pero fue luego restablecido por Primo de Rivera, con nueva sede en Zaragoza, a través de un decreto de 20 de febrero de 1927. 3.

Armn.
Las milicias y la Guardia Civil

Junto al ejército profesional y estable, las milicias populares cobraron gran importancia en el siglo XIX. Surgidas en los años de la Guerra de la Independencia, y sancionadas según vimos por la Constitución de 1812, las antiguas milicias provinciales y urbanas dieron paso durante el trienio liberal a la Milicia Nacional, ocupada preferentemente del orden y seguridad interna, mientras el ejército parecía quedar preferentemente configurado como una fuerza que en caso necesario pudiese actuar hacia el exterior. En 1844, durante el ministerio conservador de González Bravo, aparece la Guardia Civil, cuya organización fue encomendada al general Francisco Javier Girón, duque de Ahumada. Un decreto de 28 de marzo dibujó la fisonomía del nuevo cuerpo frente al carácter urbano de la Milicia Nacional, cuya existencia era además discontinua, y otro de 13 de mayo -que Martínez Ruiz considera el verdadero documento fundacional- confió a la Guardia Civil el "proveer al buen orden, a la seguridad pública, y a la protección de las personas y de las propiedades, fuera y dentro de las poblaciones". Con unos efectivos crecientes, reclutados de forma selectiva, asumió esas funciones de orden público en aquellos difíciles momentos de transición del "bandolerismo romántico" al "bandolerismo organizado", llevando además a cabo numerosas tareas humanitarias y de beneficencia. Según el autor citado, las notas más características que diferenciaron a la Guardia Civil de otros institutos armados, fueron la dispersión de sus efectivos, el asentamiento en la casa-cuartel

Fundación de In Gunrdin Civil. CnmcterísticnJ

de/Cuerpo.

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como simbiosis del cuartel militar y de la casa de vecinos, la metódica instrucción que sus miembros recibieron, y un tipo de servicio estimulador del individualismo y de la capacidad de iniciativa. Suprimida la Milicia Nacional, resurgieron en la segunda mitad de la centuria diversos tipos de milicias regionales, como los migueletes y miñones en Vascongadas, los somatenes y mozos de escuadro catalanes, o las milicias canarias.

C) LA ARMADA P<>Jtrnd6n en

d primtr /trf'io dtl siglo XIX: In uy 0T)lñnic:n de lnAnnadn.

Ln tlnpn siguitntt: rractivaritln. crisis y hundimitnto jinnl.

Tras la derrota de Trafalgar la Armada española cayó en una profunda postración. A las alturas de 1834 sus efectivos alcanzaban sólo a 3 navíos, 5 fragatas y otros 27 barcos de distinta especie, justo en los momentos en que la revolución tecnológica europea había llevado a cabo una qonda mudanza en los procedimientos de propulsión y sistemas ofensivo-defensivos de las naves. En ese primer tercio del siglo, los reformistas del trienio se plantearon reactivar la marina de guerra, abandonando el modelo francés para adoptar el británico, bien conocido por la Comisión de Marina de las Cortes a través de una memoria presentada por el general Espinosa como fruto de sus estancias y observaciones en Inglaterra. También por entonces, a modo de contrapunto de la Ley Constitutiva del Ejército, fue elaborada la Ley Orgánica de la Armada, que recibió sanción oficial el 27 de diciembre de 1821. Objetivos prioritarios de la Ley Orgánica fueron la consolidación del Almirantazgo, institución que tras su episódica copia del prototipo inglés en la centuria anterior, había reaparecido en 1807 (42, II, C), y el intento de asegurar una jurisdicción especial que hubo de quedar subsumida en la militar tolerada por la Constitución de Cádiz. Entre sus innovaciones destacan la exigencia de oposición para el ingreso como guardia marina, la reducción de empleos en las escalas de oficiales, la refundición en un cuerpo de las tropas de infantería y artillería, y otras cuestiones menores de carácter técnico. La situación de la Armada mejoró apreciablemente durante el reinado de Isabel II. En parte por la adquisición de algunos buques de vapor para evitar la posible ayuda de las potencias absolutistas a los carlistas, y en parte también por los condicionamientos de la política internacional. Más importante pudo haber sido el esfuerzo renovador que, tras la Revolución de 1868, llevó a cabo el ministro de Marina, almirante Topete, frustrado en buena parte por el desbarajuste político del sexenio siguiente, época en la que, por ejemplo, una parte de los buques de guerra quedaron en manos de los cantonalistas rebeldes de Cartagena. Al concluir el siglo, el almirante Cervera trató desesperadamente de reorganizar la Armada de cara. a un posible, y luego efectivo, enfrentamiento con los Estados Unidos. La guerra

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hispano-norteamericana diezmó nuestros vetustos efectivos y liquidó, en la práctica, la marina de guerra española. Allí se perdieron los buques, feneció la moral de quienes habían combatido y lograron supervivir, y se hundió también la confianza del pueblo. Baste recordar, como símbolo de esa desmoralización general, que Joaquín Costa llegó a pedir la supresión del Ministerio de.Marina. En cuanto a organización territorial, los tres departamentos de Cádiz, Ferro) y Cartagena dieron cabida a treinta y dos comandancias marítimas, junto a las dos coloniales de Cuba y Filipinas. Como órgano consultivo y de especialización técnica, fue creado al finalizar la centuria el Estado Mayor de la Armada. Todo se colapsó. sin embargo, con el desastre del 98. La marina de guerra sólo comenzaría a recobrar el pulso, entrado nuestro siglo, con las reformas de Sánchez de Toca, quien en 1902 reorganizó el Estado Mayor y en los años siguientes acometió unos modestos proyectos de reconstrucción naval.

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LA ESPAÑA DEL XIX

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Este libro se acabó de imprimir en los Talleres de Solana e Hijos, A.G., S., de Madrid, el 29 de julio de 2012.