Demanda De Nulidad Colombia

SABEL REINERIO ARÉVALO ARÉVALO ABOGADO ESPECIALIZADO Universidad Externado de Colombia Celular: 3116349009 correo:[email protected] Edificio Torre Colseguros Calle 21 # 16-46 oficina 304 Armenia Quindío

Armenia Q., marzo de 2015 Señor Juez ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO (reparto) Armenia SABEL REINERIO ARÉVALO ARÉVALO, identificado con la cédula 7.530.224 de Armenia, ciudadano en ejercicio, abogado con tarjeta 58810

C.S.J., en

nombre propio y NESTOR FABIAN HERRERA HERNÁNDEZ identificado con la cédula 4.377.730, vecino de esta ciudad en la calle 17 carrera 18 esquina CAM en ejercicio de la acción constitucional de simple nulidad, con fundamento en el artículo 137 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, me permito promover CONTROL JUDICIAL DE NULIDAD, del acto administrativo contenido en el acuerdo 019 de septiembre 8 de 2014, emanado del Concejo municipal de Armenia, con el cometido de que se declare la nulidad del mismo. El Concejo Municipal está representado por su Presidente Juan Carlos Patiño Zambrano quien recibe notificaciones en la calle 17 carrera 18 esquina CAM.

HECHOS Y OMISIONES Primero; El acuerdo 05 de 2012 del 31 de mayo de 2012, es el acto administrativo con el cual se adoptó el plan de desarrollo del Municipio de Armenia, para el período 2012-2015.

Segundo: El referido acuerdo fue tramitado de conformidad con las normas sustantivas y procesales reguladores de la materia.

Tercero: El 14 de agosto de 2014, la señora Alcaldesa del Municipio de Armenia, presentó a consideración del Concejo Municipal, el proyecto de acuerdo 021, cuyo cometido era adicionar el citado acuerdo 05 de 2012.

Cuarto: En la exposición de motivos del referido proyecto, en su hoja 4 se expone que dicho proyecto de adición del plan de desarrollo de Armenia estructurado en el acuerdo 05 de 2012 se lee “El procedimiento que se debe adelantar para

introducir una modificación al plan de desarrollo Municipal, a la luz de la ley 152 de 1994, es igual al que se lleva a cabo para la formulación inicial, discusión y aprobación”.

Quinto: La señora Alcaldesa presentó el proyecto de acuerdo primeramente al Consejo Territorial de Planeación, conforme se desprende del escrito AM-PGG0307 del 11 de julio de 2014, anexo de esta demanda en copia autenticada, de cual claramente se desprende que se requería “para presentar el Proyecto de

Acuerdo mediante el cual se modifica y se hacen unos ajustes al plan de desarrollo del Municipio de Armenia 2012-1015” Sexto: Conforme al acta 03 del 14 de julio de 2014 del Consejo de Gobierno, en esa fecha se presentó ante dicho cuerpo colegiado el proyecto de modificación del plan de desarrollo 2012-2015, esto es, tres días después de haberlo presentado al Consejo Territorial de Planeación.

Séptimo: El Municipio de Armenia a través de su señora alcaldesa, no cumplió con la carga de concurrir de manera previa a la presentación del proyecto de acuerdo para su debate ante el Concejo, ante la autoridad ambiental, como se desprende de la constancia expedida por la Corporación Autónoma Regional del Quindío, en escrito 8564 del 29 de agosto de 2014, donde se expresa que no existe radicación de documentación relacionada con proyecto previo del acto administrativo que se demanda.

Octavo: La omisión legal de haber omitido concurrir ante la autoridad ambiental, es ratificada por el Municipio de Armenia en escrito DJ-PJU-2375 del 5 de septiembre de 2014, suscrito por el Director Departamento Administrativo Jurídico, donde se precisa que se omitió ese procedimiento por cuanto el proyecto “no tenía componente ambiental alguno”.

Noveno: El acto administrativo que se demanda tiene como cometido central, “formular y gestionar los proyectos de acuerdo necesarios para iniciar la ejecución del plan de obras a financiarse mediante la contribución de

valorización”, como se lee en el artículo 2º del acuerdo 019 de 8 de septiembre de 2014.

Décimo: Finalmente el acto administrativo que se ataca en el artículo 5º expuso “Autorizase a la señora alcaldesa del Municipio de Armenia a partir de la

publicación del presente acuerdo, para que a través de actos administrativos consolide las modificaciones realizadas para el cumplimiento del presente acuerdo”.

Décimo Primero: Para someter a debate el acuerdo municipal que se demanda la Señora Alcaldesa citó a sesiones extraordinarias con el decreto 075 del 13 de agosto de 2014, donde se precisaron que la convocatoria era de veinte días, corridos entre el 14 de agosto y el 2 de septiembre de 2014.

Décimo Segundo: El acto administrativo que se demanda fue aprobado durante la prórroga de las sesiones extraordinarias, dispuestas por el decreto 084 del 1º de septiembre de 2014.

PRETENSION Con Fundamento en los anteriores hechos, respetuosamente solicito declarar la nulidad del siguiente acto administrativo: Acuerdo 19 de septiembre de 2014, emanado del Concejo Municipal de Armenia, sancionado por la señora Alcaldesa del Municipio de Armenia el día 12 de septiembre de 2014 y publicado en la gaceta municipal 1687 del día 16 de septiembre de 2014.

Acto administrativo demandado: El mismo se allega con esta demanda, el que no se transcribe en forma integral, pero que en su parte pertinente es del siguiente contenido: “ACUERDO No. 19. Septiembre 8 de 2014 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 005 DE 2012 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015 Armenia un Paraíso para Invertir Vivir y Disfrutar-”

El Honorable Concejo Municipal de Armenia Quindío, en uso de las Atribuciones Constitucionales y Legales, y en especial las contenidas en los artículos 287, 313-2, 315-5, 339, 340, 342 y 352 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012; Ley 152 de 1994; Ley 358 de 1997, Ley 489 de 1998, Ley 617 de 2000, Ley 819 de 2003, Ley 970 de 2005, Ley 1450 de 2011, Ley 1483 de 2011, Decreto Ley 111 de 1996, Decreto 2767 de 2012; Acuerdos Municipales N° 05 de 1995, 019 de 2009, 05 de 2012, 017 de 2012 y Decreto Municipal 093 de 2010 y demás normas concordantes, ACUERDA ARTICULO 1º. Adiciónese un inciso al numeral 7.10 Componente ARMENIA CON MOVILIDAD, artículo 7° EJE TEMATICO “Armenia Competitiva”, del Acuerdo 005 de mayo 31 de 2012, el cual quedará así: 7.10. COMPONENTE ARMENIA CON MOVILIDAD: La Administración debe trabajar para que las condiciones de movilidad, tránsito y transporte permitan a la comunidad avanzar en su desarrollo económico y social; esforzándose en la consolidación de un sistema de movilidad seguro, que respete la vida y ayude a la construcción de una ciudad amable y una sociedad cada vez más humana. En desarrollo de este componente, el Municipio ha realizado un estudio para la Estructuración Técnica, Administrativa, Operativa, legal y Financiera de un Plan de Obras que se financiará a través de la Contribución de Valorización, proceso que establece un conjunto de obras viales de importancia estratégica en diferentes sectores de la ciudad articulando el Territorio Municipal por medio de los diferentes modos de transporte que constituyen el sistema de movilidad urbano con la plataforma territorial y los sistemas de equipamientos y de espacio público al servicio de la comunidad en general, garantizando que dicho plan, se ajusta a las condiciones y objetivos trazados en el Plan de Ordenamiento Territorial y la Dimensión Físico Territorial del Plan de Movilidad, generando un alto impacto en la estructura territorial del área urbana del Municipio de Armenia a través de la ampliación de la red vial y la articulación y la reactivación de la estructura vial existente, disminuyendo los tiempos en los flujos vehiculares y mejorando la velocidad promedio del sistema vial arterial. ARTICULO 2º. Ajústese la MATRIZ ESTRATEGICA PLAN DE DESARROLLO ARMENIA 2012-2015 adoptada en el artículo 10° del Acuerdo 005 de mayo 31 de 2012, modificando en el EJE TEMATICO 1. ARMENIA COMPETITIVA las metas de producto 157, 162, 174 y 177, incluyendo la Meta de Resultado 52A y la Meta de Producto 174A; eliminando del EJE TEMATICO 2. ARMENIA SOCIAL la Meta de Resultado 49 y las Metas de Producto 137 y 183, así: ……………………

La meta de resultado del componente 1.10, modificado, es del siguiente tenor: Formular y gestionar los Proyectos de Acuerdo necesarios para iniciar la ejecución del Plan de Obras a financiarse mediante la Contribución de Valorización

ARTICULO 3º Modifíquese el PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012-2015 adoptado en el artículo 14° del Acuerdo 005 de Mayo 31 de 2012, en el componente 1.10 ARMENIA CON MOVILIDAD, programa 23 MOVILIDAD SOSTENIBLE, Subprograma Articulación en proyectos de movilidad para el aprovechamiento del espacio público, el cual quedará así: ……………………

ARTÍCULO 4º Los demás Artículos del Acuerdo 005 de mayo 31 de 2012 que no han sido modificados a través del presente Acuerdo, conservarán su vigencia. ARTICULO 5º Autorícese a la señora Alcaldesa del Municipio de Armenia a partir de la publicación del presente Acuerdo, para que a través de Actos Administrativos consolide las modificaciones realizadas para el cumplimiento del presente Acuerdo. ARTÍCULO 6º El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de publicación y deroga todas las disposiciones del orden municipal que le sean contrarias”.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN De la Constitución Nacional: Artículo 313, numerales 2 y 3. Artículo 339 inciso segundo. Disposiciones legales y reglamentarias: Ley 152 de 1994. Decreto reglamentario 2284 de 1994, artículo 10 en concordancia con el artículo 39 de la citada ley 152 y el artículo 3º del decreto 1865 de 1994. Todo en concordancia con los artículos 68 y 107 de la ley 99 de 1993. En iguales términos la ley 136 de 1984 art. 23 Las Normas Constitucionales Superiores invocadas, son del siguiente contenido: “Artículo 313. Corresponde a los concejos: ….. 2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas. 3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al concejo. Artículo 339: Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por

una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo. (Resaltado fuera del texto). De la lectura armónica de las dos normas ya transcritas, se desprende claramente que los Concejos Municipales, deben tienen, entre otras, facultad para elaborar el plan de desarrollado territorial, ajustado en un todo a las reglas establecidas al Gobierno Nacional para adoptar el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, en la elaboración o modificación de ese plan territorial de desarrollo, deben los entes territoriales, ajustarse de manera rigurosa e integral, al ordenamiento legal establecido para el Gobierno Nacional. La anterior conclusión se encuentra desarrollada por el legislador en la ley 152 de 1994, la que al establecer la competencia y potestad de los entes territoriales, para estructurar los planes de desarrollo, en su artículo 39, hizo la siguiente previsión:

Artículo 39º.- Elaboración. Para efecto de la elaboración del proyecto del plan, se observarán en cuanto sean compatibles las normas previstas para el Plan Nacional, sin embargo deberá tenerse especialmente en cuenta lo siguiente: 1. El Alcalde o Gobernador elegido impartirá las orientaciones para la elaboración de los planes de desarrollo conforme al programa de gobierno presentado al inscribirse como candidato. 2. Una vez elegido el Alcalde o Gobernador respectivo, todas las dependencias de la administración territorial y, en particular, las autoridades y organismos de planeación, le prestarán a los candidatos electos y a las personas que éstos designen para el efecto, todo el apoyo administrativo, técnico y de información que sea necesario para la elaboración del plan. Los programas y proyectos de cofinanciación de las entidades territoriales tendrán como prioridad el gasto público social y en su distribución territorial se deberá tener en cuenta el tamaño poblacional, el número de personas con necesidades básicas insatisfechas y la eficiencia fiscal y administrativa. 3. El Alcalde o Gobernador, presentará por conducto del secretario de planeación o jefe de la oficina que haga sus veces en la respectiva entidad territorial, a consideración del Consejo de Gobierno o el cuerpo que haga sus veces, el proyecto del plan en forma integral o por elementos o componentes del mismo. Dicho Consejo de Gobierno consolidará el documento que contenga la totalidad de las partes del plan, dentro de los dos (2) meses siguientes a la posesión del respectivo Alcalde o Gobernador conforme a la Constitución Política y a las disposiciones de la presente Ley. 4. Simultáneamente a la presentación del proyecto de plan a consideración del Consejo de Gobierno o el cuerpo que haga sus veces, la respectiva administración territorial convocará a constituirse al Consejo Territorial de Planeación.

5. El proyecto de plan como documento consolidado, será presentado por el Alcalde o Gobernador a consideración de los Consejos Territoriales de Planeación, a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de su posesión, para análisis y discusión del mismo y con el propósito de que rinda su concepto y formule las recomendaciones que considere convenientes. En la misma oportunidad, la máxima autoridad administrativa deberá enviar copia de esta información a la respectiva corporación de elección popular. 6. El respectivo Consejo Territorial de Planeación deberá realizar su labor antes de transcurrido un (1) mes contado desde la fecha en que haya presentado ante dicho Consejo el documento consolidado del respectivo plan. Si transcurriere dicho mes sin que el respectivo Consejo Territorial se hubiere reunido o pronunciado sobre la totalidad o parte del proyecto del plan, considerará surtido el requisito en esa fecha. Tanto los Consejos Territoriales de Planeación, como los Concejos y Asambleas, verificarán la correspondencia de los planes con los programas de gobierno que hayan sido registrados al momento de la inscripción como candidato por el Alcalde o Gobernador electo.

Para la administración Municipal de Armenia, en cabeza de su señora Alcaldesa es absolutamente claro que el plan de desarrollo territorial, que fuera adicionado con el acto administrativo que se demanda, debe ser sometido al procedimiento establecido en la ley 152 de 1994, y así expresamente lo expuso en el preámbulo de presentación del proyecto en los términos siguientes: “El procedimiento que se debe adelantar para introducir una modificación al plan de desarrollo Municipal, a la luz de la ley 152 de 1994, es igual al que se lleva a cabo para la formulación inicial, discusión y aprobación”. Ese procedimiento se torna en sustantivo por mandato constitucional contenido en el artículos 29, que hace relación al debido proceso, principio aplicable a todas actuaciones del Estado, así sean administrativas, como lo ha expuesto la jurisprudencia de la Corte Constitucional, aplicándose en este específico evento la regla establecida para la administración de justicia, que por no ser incompatible se torna en procedente, de que “los términos procesales se observaran con

diligencia y su incumplimiento será sancionado”. Términos que a la luz del debido proceso se torna en obligatorios, por cuanto entran a alterar el procedimiento establecido en la ley 152 de 1994, que se torna en obligatoria conforme al preámbulo del proyecto de acuerdo que dio lugar al acto administrativo que se demanda. El primer paso establecido por la ley en comento, que debió de haber agotado la señora alcaldesa, era presentar al Consejo de Gobierno “el proyecto del plan en

forma integral o por elementos o componentes del mismo”. Seguidamente o si

se quiere simultáneamente, convocará a la constitución del Consejo Territorial de Planeación. A este Consejo, presentará la autoridad municipal el respectivo proyecto del plan de desarrollo territorial. Se insiste, las reglas de procedimiento con absoluta claridad indican que la presentación del respectivo proyecto, primero se hará al consejo de gobierno y posteriormente, se hará al Consejo de Planeación Territorial. Ese es el orden o procedimiento establecido por la ley, sin que pueda modificarse, por cuanto es un asunto procedimental que se torna en sustantivo al tenor de los artículos 29 y 228 de la Carta Política. En el caso presente se desconoció ese procedimiento, puesto que conforme a la prueba documental que se aporta con esta acción, la señora alcaldesa primero presentó el proyecto del acuerdo que se demanda, al Consejo Territorial de Planeación y posteriormente lo presentó al Consejo de Gobierno. Esta circunstancia estructura la primera de las eventualidades previstas por el artículo 137 del Código Procesal y de lo Contencioso Administrativo para declarar la nulidad del acto administrativo que se demanda, esto es, “con infracción de las normas en que deberían fundarse”, que de contera conlleva a pregonar que el acto administrativo fue expedido en forma irregular. Pero en iguales condiciones se conculcaron las normas superiores inherentes al estatuto ambiental que es la ley 99 de 1993 y los decretos reglamentarios relacionados con el tema. Normas que son del siguiente contenido: Artículo 107º.- Utilidad Pública e Interés Social, Función Ecológica de la Propiedad. …. Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares.

Con absoluta certeza y sin lugar a dubitación la ley del medio ambiente señala en la transcripción que esas disposiciones son de utilidad pública e interés social, razón por la cual son irrenunciables por parte de las autoridades públicas o los particulares, como tampoco serán objeto de transacción.

El componente

ambiental se torna en obligatorio para las entidades territoriales, de manera particular debe de ser vinculado a los planes y programas de desarrollo, tal como lo manda el artículo 68, en los términos siguientes: “Artículo 68º.- De la Planificación Ambiental de las Entidades Territoriales. Para garantizar la planificación integral por parte del Estado, del manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución

Nacional, los planes ambientales de las entidades territoriales estarán sujetos a las reglas de armonización de que trata el presente artículo. Los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, elaborarán sus planes, programas y proyectos de desarrollo, en lo relacionado con el medio ambiente, los recursos naturales renovables, con la asesoría y bajo la coordinación de las Corporaciones Autónomas Regionales a cuya jurisdicción pertenezcan, las cuales se encargarán de armonizarlos”. Ese componente ambiental que debe incorporarse a los planes y programas de desarrollo, fue reglamentado por el artículo 3º del decreto 1865 de 1994, en los términos siguientes: “Artículo 3º. Para la armonización de la planificación en la gestión ambiental de los Departamentos, Distritos y Municipios, se seguirá el siguiente procedimiento: 1. El proceso de preparación de los Planes de Desarrollo departamentales, distritales y municipales en lo relacionado con la gestión ambiental a que se refieren los numerales 1, 2 y 3 del artículo 39 de la Ley 152 de 1994, se adelantará con la asesoría de las Corporaciones, las cuales deberán suministrar los datos relacionados con los recursos de inversión disponibles en cada departamento, distrito o municipio, atendiendo los términos establecidos en la precitada ley. 2. Simultáneamente a la presentación del proyecto de plan al Consejo de Gobierno o cuerpo que haga sus veces a que se refiere el numeral 4 del artículo 39 de la Ley 152 de 1994 se enviará copia del proyecto a la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible con jurisdicción en las respectivas entidades territoriales. 3. La Corporación dispondrá de un término no superior a quince (15) días para que los revise técnicamente y constate su armonización con los demás planes de la región; término dentro del cual deberá remitir el plan con el concepto respectivo. 4. Recibido el concepto emitido por la Corporación, el Consejo de Gobierno las considerará y enviará copia de las mismas al Consejo Territorial de Planeación, el cual en el caso de no acogerlas enviará copia a las asambleas departamentales o consejos municipales respectivos para que lo consideren en el trámite siguiente”. No existe prueba alguna que la autoridad ambiental fuera vinculada para el desarrollo del estudio del proyecto que dio lugar al acto administrativo que se demanda, sí existe prueba documental en contrario emanada de la CRQ, donde se dice que nunca se le vinculó. Es decir el acto administrativo cuya nulidad se demanda no solo fue expedido de manera irregular sino infringiendo las normas en que se debía de fundar. Tal cual lo manda el artículo 209 de la Carta la función administrativa está al servicio de los intereses generales, pero que en este caso es claro que la administración del Municipio de Armenia, no está al servicio de la comunidad, aunque sí es evidente que está al servicio de sus propios intereses particulares con un único y exclusivo

cometido: “financiarse mediante la contribución de valorización”, como se desprende de uno de los apartes del acto administrativo que se demanda. En ese afán monetarista y nunca social, se saltó o desconoció la existencia misma de la autoridad ambiental con el falso argumento de que el proyecto de acuerdo finalmente convertido en acto administrativo “no tenía componente

ambiental alguno”. Es todo un despropósito jurídico semejante ligereza, por cuanto la ejecución de obras de valorización por sí en sí tienen componente ambiental, pero si en gracia de discusión se aceptara tal absurda tesis, no meno cierto, es que la ley y concretamente la ley marco del medio ambiente y su decreto reglamentario ya citado, ordenan la intervención de la autoridad ambiental en el trámite o reforma del plan de ordenamiento territorial. En los anteriores términos estructurado el segundo elemento que suficientemente edifica los argumentos para sacar del mundo jurídico el acto administrativo demandado, por darse dos de los eventos previstos por el artículo 137 del Código Procesal y de lo Contencioso Administrativo. Como tercer elemento para sustentar la acción de nulidad no puede pasarse por alto que el acto administrativo que se demanda otorga amplias, indefinidas y etéreas facultades a la señora alcaldesa en los términos siguientes: “Autorícese a la señora Alcaldesa del Municipio de Armenia a partir de la publicación del presente Acuerdo, para que a través de Actos Administrativos consolide las modificaciones realizadas para el cumplimiento del presente Acuerdo”. Ese zafarrancho literario no alcanza a ser galimatías. En efecto, el artículo 313 de la Carta Política, establece como una de las facultades del Concejo Municipal: “Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas

funciones de las que corresponden al concejo”. La norma constitucional no es de dificultad alguna si de interpretarse se tratara, la inteligencia de la misma es básica, en cuanto a las atribuciones de un cuerpo colegiado como es el Concejo. Sí puede delegar en el Alcalde las funciones que por ley le corresponden, tal como ocurre de manera permanente entre el Congreso y el Gobierno Central. Pero es bien sabido que las mismas se otorgan por un tiempo determinado, es decir, esa facultad está delimitada en el tiempo, no puede ser indefinida como se hace en el acto administrativo que se demanda, menos infinitas como se pretende, porque esas facultades deben estar identificadas e igualmente delimitadas en cuanto a su materia.

Son faltas de estructura administrativa y política, la materia reglada en el acto administrativo que se demanda, que se otorgan facultades a la señora alcaldesa con el cometido de que “consolide las modificaciones realizadas”?. Facultades para qué? Par reglamentar?. Es muy posible. Pero dentro de qué límites?. Por cuánto tiempo se otorgan esas facultades?. Por el tiempo necesario. Cuál es?. Tantos interrogantes, son tantas dudas, que evidencian que no existe claridad ni transparencia en esas facultades, porque en concreto no se sabe para que serán. Lo que conlleva a pregonar que se tiene estructurado el tercer elemento para anular y dejar fuera del mundo jurídico el acto administrativo que se demanda. Finalmente como cuarto elemento o componente para dejar sin efectos el acto administrativo que se demanda, es protuberante falencia de procedimiento en la expedición del acuerdo municipal demandado, puesto que el mismo se aprobó durante la prórroga de las sesiones extraordinarias, para las cuales inicialmente fue convocado el Concejo Municipal de Armenia. El artículo 23 de la ley 136 de 1994, regula lo relacionado con las sesiones de los Concejos Municipales expresamente el parágrafo segundo de la norma en cita precisa: “Los alcaldes podrán convocarlos a sesiones extraordinarias en

oportunidades diferentes, para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que se sometan a su consideración”. Previamente el parágrafo primero de la misma norma expone: “Cada período

ordinario podrá ser prorrogado por diez días calendario más, a voluntad del respectivo Concejo”. Es decir, no existe problema alguno en lo que toca con la prórroga de las sesiones ordinarias del Concejo Municipal, más no ocurre lo mismo para las sesiones extraordinarias. En efecto, la ley 136 de 1994, regló lo relacionado con la posibilidad de prórroga de las sesiones ordinarias del Concejo Municipal, pero el legislador no dijo nada con respecto a la posibilidad de prórroga de las sesiones extraordinarias, lo que es equivalente a decir, que no existe tal posibilidad y que cualquier determinación adoptada en esas condiciones se torna en inexiste por falta de competencia. Lo acabado de exponer nos ubica en la cuarta causal de anulación del acto administrativo por uno de los eventos previstos por el legislador en el artículo 137 del Código Procesal y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto el mismo fue expedido “sin competencia”.

La competencia para el desarrollo de las atribuciones que la Constitución y la Ley otorgan a los Concejos Municipales, se debe desarrollar dentro de precisos límites, esto es, dentro de los términos en que la ley les adscribe la competencia para actuar, cuales son los determinados por la ley 136 de 1994 en su artículo 23. Cualquier actuación fuera de los períodos indicados por el legislador, se tiene ejecutada sin competencia, por no estar facultado para sesionar y adoptar decisiones válidas. Para abundar en razones sobre la prohibición en comento, acudimos al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 16 de julio de 2009, 250002315000 - 2008 - 00700 – 01, donde en evento donde se trató el tema de la prórroga de las sesiones extras del Concejo Municipal de Tenjo expuso: “Anualmente los concejales del municipio de Tenjo,

por ser éste catalogado en Categoría Quinta, pueden celebrar hasta 12 sesiones extraordinarias. En ningún momento las normas se refieren a prórroga de este tipo de sesiones, sencillamente porque éstas no tienen fechas fijas, como sí las ordinarias y tienen un tope de 12 sesiones al año”, de donde se colige, que efectivamente las sesiones extraordinarias no pueden ser prorrogadas, por no estar permitidas por la ley. En estos términos queda estructurada la

cuarta causal para anular el acto

administrativo demandado, solicitando que en término así se proceda, previa declaratoria de suspensión provisional del acto demandado, que se presenta en el mismo cuerpo de esta demanda, por estar autorizado por la ley. MEDIDAS CAUTELARES: Con soporte en el artículo 238 de la Carta Política, en concordancia con los

artículos 229 y 230 del Código Procesal y de lo

Contencioso Administrativo, solicito como medida cautelar previa a la resolución sobre la admisión de la demanda, decretar la suspensión provisional del acto administrativo demandado.

Sustentación de la medida: Para la prosperidad de la medida cautelar solicitada, como lo ha establecido la ley y la jurisprudencia sobre su procedibilidad, basta una simple lectura del acto administrativo que se demanda con las disposiciones constitucionales y legales invocadas, para sin elucubración jurídica alguna establecer la violación de la norma superior frente al acto administrativo demandado.

Conforme a la previsión del artículo 231 del Código Procesal y de lo Contencioso Administrativo la procedibilidad de la medida cautelar, no solo se deduce de la confrontación normativa indicada como conculcada, sino de la prueba allegada con la demanda o la solicitud que se haga por separado. Tanto acto administrativo como normas invocadas se encuentran arriba transcritas en lo pertinente.

Como ya se expuso, el acto administrativo

demandado fue expedido con infracción de las normas en que debería fundarse. Las groseras infracciones que se agotaron en la expedición del acuerdo 19 de septiembre de 2014, emanado del Concejo Municipal de Armenia son las siguientes: 1.- El artículo 39 de la ley 152 de 1994, arriba transcrito por lo que a ello me remito, establece en su introducción que para la elaboración del proyecto del plan de desarrollo se observaran las normas previstas para el Plan Nacional. El procedimiento para el efecto es el siguiente: 1.1. La autoridad territorial, en este caso la Alcaldesa de Armenia, primeramente presentará el proyecto al Consejo de Gobierno y el mismo deberá estar conforme al programa de gobierno presentado al inscribirse como candidato. 1.2. Posteriormente, la Alcaldesa de Armenia debió haber convocado el Consejo Territorial de Planeación, para presentarle el proyecto ya presentado al Consejo de Gobierno. 1.3. Conforme al certificado adjunto con esta acción, la señora Alcaldesa de Armenia, violentó el procedimiento antes referido como el establecido por la ley 152 de 1994, puesto que primero ante Consejo Territorial de Planeación el día once de julio de 2014, envío documento para posteriormente presentar proyecto de acuerdo que generó el acto administrativo que se demanda. 1.4. Posteriormente el día 14 de julio de 2014, ante el Consejo de Gobierno, presentó el proyecto del acto administrativo que se demanda. 2.- El mismo proyecto debió de haber sido presentado a la autoridad ambiental del Departamento que lo es la CRQ, puesto que la ley ambiental que lo es la 99 de 1993, establece en su artículo 68, que arriba fuera transcrito y al mismo me remito, que los planes y programas de desarrollo de las autoridades territoriales se “elaboraran con la asesoría y bajo la coordinación de las Corporaciones

Autónomas Regionales a cuya jurisdicción pertenezcan”. Disposición que es perentoria y de obligatoria cumplimiento por cuanto “Las normas ambientales son

de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su

aplicación por las autoridades o por los particulares”, conforme lo establece el artículo 107 de la ley ambiental. 2.1. Conforme a la certificación expedida por la autoridad ambiental, esto es, la CRQ, el proyecto que dio lugar al acto administrativo que se demanda nunca fue presentado ante dicha autoridad ambiental, esto es, se violentó el procedimiento establecido por la ley para la sola aprobación del proyecto que fuera presentado para su debate ante el Concejo Municipal de Armenia. 3.- Dentro del acto administrativo que se demanda, se otorgaron facultades a la señora alcaldesa de Armenia, sin que dicha autorización cumpla con las condiciones de precisas y determinada facultades para ser ejecutadas en un tiempo determinado. Esa intemporalidad e indefinición en las facultades que se le conceden a la primera autoridad del Municipio de Armenia, abiertamente desconocen el contenido del artículo 313 de la Carta Política, arriba transcrito, puesto que no se determina la materia en la cual se otorgan esas facultades, como tampoco se delimita el tiempo en que las mismas serán utilizadas. 4.- El acto administrativo que se pretende quede fuera del mundo jurídico fue finalmente expedido en prórroga de sesiones extraordinarias, a las cuales había citado Concejo Municipal de Armenia, por lo que no tenía facultades para emitir el acuerdo 19 de septiembre de 2014, esto es, no tenía competencia para expedir tal acto administrativo, puesto que la misma ya la había perdido, al vencer el período de las sesiones extras, sin que se hubiera producido acuerdo municipal alguno. Dicha situación conlleva a la pérdida de competencia por parte del Concejo Municipal de Armenia, como lo prevé el parágrafo segundo del artículo 23 de la ley 136 de 1994.

Efectos que se buscan proteger. El acto administrativo que se demanda, en caso de ejecutarse generaría como perjuicio a la comunidad residente en la ciudad de Armenia eminente perjuicio patrimonial que debe ser evitado con la medida cautelar que se solicita, en atención que el único cometido del mismo es la financiación del Municipio de Armenia “mediante la contribución de valorización”. Evidente y notorio es el efecto dañino que se busca proteger con la medida preventiva solicitada, la cual por sí sola se justifica, razón por la que solicitamos que con los anteriores razonamientos se proceda al decreto de la misma.

Capítulo Probatorio: Para ser valorado en su momento, nos permitimos allegar:

1.- Me permito presentar el acto administrativo que se demanda, entre folios 1 y 13. Debidamente autenticado y constancia de publicación en la gaceta municipal 1686 del 12 de septiembre de 2014. 2.- Proyecto del acuerdo 021 que generó el acto administrativo que se demanda, entre folios 14 y 31. Del mismo se desprende a folio 17 que en la exposición de motivos la Alcaldesa advierte que a dicho proyecto se debe imprimir el procediendo propio de la ley 152 de 1994. En folio 25 aparece el objetivo del proyecto que es la imposición de la contribución de valorización. A folio 28 se observa el acta 03 del 14 de julio de 2014, del Consejo de Gobierno, es decir, es la prueba de presentación y aprobación del Consejo de Gobierno como consta a folio 30. 3.- Oficio DJ-PJU-2292 emanado del Director del Departamento Jurídico del Municipio de Armenia, donde señala que entregó copia de oficio AM-PGG-307 del 11 de julio de 2014, dirigido al Presidente del Consejo Territorial, es decir, esta es la prueba de que la Alcaldesa Municipal consultó primero el Consejo Territorial y luego al Consejo de Gobierno. Folios 33 a 36. 4.- Certificación de CRQ visible a folio 37 donde indica que el Municipio de Armenia no radicó documento alguno relacionado con el proyecto de acuerdo que terminó con el acto administrativo que se demanda. 5.- Respuesta del Jefe del Departamento Jurídico del Municipio de Armenia, visible a folios 38 a 40. Se desprende que el día 11 de julio de 2014 se remitió documento al Consejo de Territorial y que no se consultó con la CRQ porque el proyecto de acuerdo que dio lugar al acto que se demanda, no tenía componente ambiental. 6.-Los decretos relacionados con las extras, visible a folios 41 a 47. El último de los folios hace referencia al decreto que prorroga las sesiones extraordinarias.

Notificaciones y Direcciones: Las partes recibimos notificaciones en las direcciones que aparecen en el encabezado de esta demanda y en especial al correo electrónico referenciado.

Copias y anexos: Nos permitimos presentar copia de la demanda y sus anexos para traslado a la parte demandada, copia para traslado al Municipio de Armenia, copia para el Ministerio Público y copia en medio digital.

Cordialmente,

SABEL REINERIO ARÉVALO A. Cédula 7.530.224 Tarjeta 58810

NESTOR FABIAN HERRERA HERNÁNDEZ Cédula 4.377.730