Demanda De Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho

Señores TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ (REPARTO) E. S. D. REF. MEDIO DE CONTROL ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. DEMANDANTE: LILIANA CABRERA GODOY DEMANDADO: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO JOSE ISRAEL TIRIA ROMERO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 80.400.972 de Chía, Cundinamarca y portador de la T.P. 232345 del C.S. de la J., y JESSID MARTINEZ CORTES mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 1.104.193.993 de Bogotá D.C, y portador de la T.P. 124453 del C.S. de la J.,obrando en mi condición de apoderada de la Señora LILIANA CABRERA GODOY persona mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía 1.105.304.076 de Bogotá D.C, actuando a nombre propio, acorde al poder que allego; comedidamente impretro a este Honorable Tribunal para promover ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO a que se refiere el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo omisión en sus deberes de en contra del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO representado por el DR. ALBERTO CARRASQUILLA o quien ejerza sus funciones, teniendo en cuenta los siguientes hechos. HECHOS PRIMERO: La hoja de vida laboral de la señora LILIANA CABRERA GODOY demostraba el cabal y fiel cumplimiento de sus deberes razón por la cual se inscribe en el escalafón de la carrera administrativa de la Comisión Nacional del Servicio Civil, por resolución N° 0564 de fecha 05 de febrero del 1999. SEGUNDO: El día 05 de Febrero de 1999 la señora LILIANA CABRERA GODOY había sido nombrada legalmente en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el cargo de profesional universitario Administradora de los Recursos Financieros del Estado, y por dicho cargo tenía un salario mensual por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000 M/L) TERCERO: Desde 05 de febrero del 1999, dia el cual fue debidamente posesionada la señora LILIANA CABRERA GODOY, ejerció su cargo con idoneidad, eficiencia, honestidad y el más alto criterio de servidor público, tal como lo consta el testimonio de su compañero de trabajo el señor VÍCTOR PEÑA identificado con cedula de ciudadania 5.568.388 de Bogotá D.C.

CUARTO: El día 05 de febrero 2019, fue notificada de la resolución ministerial N° 0564 del 03 de febrero 2019 mediante la cual fue declarada insubsistente por parte de la MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO que expide este acto administrativo, entidad que incurrió en protuberante desviación de sus atribuciones al interpretar erróneamente el texto del artículo 41 del decreto 2400 de 1968 argumentando una calificación no satisfactoria de su desempeño QUINTO: El señor ministro de Hacienda y Crédito Público (Alberto Carrasquilla Barrera) invoca facultades legales para tomar la decisión de separar del cargo a mi poderdante, pero el acto administrativo debió ser motivado, previo concepto de la comisión de personal. SEXTO: Mi mandante manifiesta que sus actividades realizadas cumplen con el con el procedimiento adecuado y siguen los parámetros establecidos por dicha entidad. SEPTIMO: Mi mandante al momento de presentada la demanda ha sufrido dificultades económicas debido a los hechos anteriormente descritos pues ya no tiene un ingreso mensual con el que contaba para llevar a cabo sus actividades OCTAVO: Mi mandante, para la fecha de la declaración de insubsistencia, devengaba un sueldo básico mensual de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS. (3.500.000), prima de Navidad, UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/cte. (1.750.000) prima de servicio, UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL M/cte.(1.750.000). NOVENO: Con la producción del acto demandado queda agotada la vía gubernativa, puesto que la declaratoria de insubsistencia de un nombramiento, como lo sostiene la jurisprudencia emanada del Consejo de Estado, no es susceptible de recurso alguno. DÉCIMO: El día 03 de Marzo del 2019 se llevó a cabo conciliación entre el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y la señora LILIANA CABRERA GODOY, sin que se llegara un acuerdo en el mismo. UNDÉCIMO: La señora LILIANA CABRERA GODOY, ha conferido poder especial, amplio y suficiente para el ejercicio de la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

PRETENSIONES

PRIMERO: Que se declare nulidad de la Resolución N° 0564, de fecha del 03 de febrero 2019, expedida por el señor ministro de Hacienda y Crédito Público ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA, mediante la cual se declaró la insubsistencia del nombramiento del señora LILIANA CABRERA GODOY, en el cargo de profesional universitario Administradora de los recursos financieros del estado, del citado Ministerio. SEGUNDO: Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el reintegro de mi poderdante al cargo que venía desempeñando, u otro empleo de superior categoría, de funciones y requisitos afines para su ejercicio, con retroactividad al día de 05 de febrero 2019 TERCERO: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público a reconocer y pagar al actor, o a quien represente sus derechos, todas las sumas correspondientes a sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos dejados de percibir, inherentes a su cargo, con efectividad a la fecha de la insubsistencia, hasta cuando sea reincorporado al servicio, incluyendo el valor de los aumentos que se hubieren decretado con posterioridad a la declaratoria de insubsistencia. CUARTO: La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 187 del C.P.A.C.A., aplicando los ajustes de valor (indexación) desde la fecha de la desvinculación hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso. QUINTO: Se disponga que para todos los efectos legales no hubo solución de continuidad en la prestación de los servicios por mi representado, desde cuando fue desvinculado hasta cuando sea efectivamente reintegrado. SEXTO: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dará cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 187 del C.P.A.C.A. SÉPTIMO: Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los intereses comerciales y moratorios como lo ordena el Código General del Proceso FUNDAMENTOS DE DERECHO Con la expedición de la resolución N° 0564, (Acto Administrativo) acusada en este libelo, se infringieron los siguientes preceptos: DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA ARTÍCULO 2: “ Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. A la señora LILIANA GODOY se desconocieron las obligaciones en ellas contenidas de dar protección al trabajo, como derecho fundamental del administrado. Los empleados públicos tienen derecho a exigir del Estado que tanto los nombramientos como las remociones de sus servidores se hagan con plena observancia de las normas que regulan la función pública, pues de lo contrario, se generan irregularidades y desviaciones como las acontecidas en el caso sub-Iite, en donde la autoridad nominadora no sujetó sus atribuciones a los cánones supralegales. ARTÍCULO 6: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. El actual ministro de HACIENDA PÚBLICA Y CRÉDITO PÚBLICO, ALBERTO CARRASQUILLA, se extralimitó en sus decisiones pues por indiscrecionalidad y sin debido fundamento retira del cargo a mi mandante, y de la cual nunca ha justificado tal decisión puesto que la señora LILIANA GODOY siempre cumplio sus funciones a cabalidad. ARTÍCULO 25: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” ARTÍCULO 29: “ El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas” Gozando el accionante de inamovilidad relativa, por la calidad de empleado inscrito en carrera administrativa -como se probará-, la competencia de la administración era reglada inequívocamente; y para poder prescindir de su servidor público tenía que sujetarse a las normas que regulan estas situaciones. Valga decir, el ente administrativo tenía que someterse a los procedimientos determinados en la ley; y como culminación de ellos, expedir el acto debidamente motivado, previo el agotamiento de haber sido escuchado en descargos y obtenerse el concepto de la comisión de personal; proceder que no acató el

órgano estatal, vulnerando, por consiguiente, la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 29 de la Carta Fundamental. Al expedirse el acto cuestionado se desconoció el justo equilibrio previsto entre los derechos del funcionario y los intereses de la administración, pues se declaró insubsistente el nombramiento de un empleado inscrito en carrera administrativa, dejando de lado de esta prerrogativa legal, y el órgano administrativo en su política equivocada de manejo de personal desatendió arbitrariamente las virtudes, talentos e idoneidad del demandante, sin acatar los procedimientos legales estatuidos, como fines sociales, para prescindir de su servicio y, consecuentemente, no respetándose la estabilidad en su empleo, pese a estar regladas las prohibiciones, los casos y procedimientos para ello en los decretos citados.. Cuando en un estatuto de carrera administrativa se establecen causales de remoción, ésta no puede hacerse libremente sino con sujeción a las normas de dicho ordenamiento. ARTÍCULO 125: “Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción”

DECRETO 2400 de 1998, ARTÍCULO 26 : “Los nombramientos de empleados de carrera sólo podrán ser declarados insubsistentes por los motivos y mediante los procedimientos establecidos en la ley o reglamento que regule la respectiva a carrera...”. En definitiva, el acto de insubsistencia del nombramiento de los funcionarios de carrera debe ser motivado y oírse previamente el concepto de la comisión de personal; requisitos que no fueron cumplidos, no conformándose, por ello, el acto impugnado a las normas preexistentes. Así mismo, procede aseverar que, cuando la ley establece las razones que autorizan la expedición del acto administrativo, está limitando en doble aspecto al ente administrativo:, en primer lugar, le fija los únicos motivos que justifican la emisión de voluntad y, en segundo lugar, le impone la obligación de motivar su acto. Además, en jurisprudencia del Consejo de Estado, con reiterada solvencia

conceptual se ha sostenido que la facultad discrecional no es absoluta, sino que va encaminada al logro de buen servicio público. Las limitaciones, en el caso subjúdice, se imponen, como está demostrado con la violación de la Constitución y la ley. DECRETO 2400 de 1968 ARTÍCULO 41 “El Gobierno Nacional fijará las modalidades de aplicación del presente título conforme a los requerimientos de los diferentes sectores de la administración pública, para asegurar la eficiente prestación de los servicios y el mejoramiento progresivo del personal adscrito a ellos. Los decretos correspondientes serán expedidos previo concepto favorable del Consejo Superior del Servicio Civil y de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado” Vulneraron los derechos de mi mandante toda vez que al emitir la resolución ministerial N° 0564 del 03 de febrero 2019 la cual fue sin motivo alguno, que no tiene fundamentos claros para separar del cargo a la señor LILIANA GODOY, evitan que ella aun goce del ejercicio laboral en la administración pública y por ende su mejoramiento progresivo personal ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA A SEGUIR. Con fundamento en los hechos expuestos y previos los trámites preceptuados en el Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, promuevo ante esta Corporación la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplada en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011. COMPETENCIA Y CUANTÍA Es usted competente Tribunal Administrativo, en primera instancia, por la naturaleza de la acción, por razón del territorio donde el actor prestó sus últimos servicios, y por la cuantía que se deriva de aquélla, la cual no excede de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes

PRUEBAS 1. Poder legalmente conferido por el accionante para su representación y la actuación procesal. 2. Fotocopia sencilla de cédula de ciudadanía de la señora LILIANA GODOY 3. Fotocopia auténtica de la resolución número 0564, de fecha 05 de febrero de 1999, expedida por el señor ministro de Hacienda y Crédito Público, con su

constancia de comunicación. Por el cual fue nombrada la señora LILIANA GODOY. 4. Copia auténtica de la resolución N° 5743 de fecha 20 de febrero del 1999 originaria de la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante la cual se inscribió en el escalafón de carrera administrativa a mi poderdante. 5. Certificación del último sueldo básico mensual devengado y demás emolumentos que forman parte integral del salario. 6. Testimonio del señor VÍCTOR PEÑA identificado con cedula de ciudadania numero 5.568.388 de Bogotá D.C, que consta el buen trabajo ejercido por la señora LILIANA GODOY y el cumplimiento de sus funciones relativas al cargo

ANEXOS 1. Lo mencionado en el acápite de pruebas. 2. Poder debidamente conferido 2. Copia de la demanda y sus anexos para el traslado a los demandados y al Ministerio Público 3. Copia de la demanda para el archivo del juzgado.

NOTIFICACIONES

La demandante: La señora LILIANA GODOY las recibe personalmente en en Chía, Cundinamarca en Calle 17 #8 a 35 y correo electrónico [email protected] Los demandados: El MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, las recibe por intermedio del señor Ministro ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA o por quien haga sus veces en el momento de la notificación en Carrera 8 # 6 c 38, www.minhacienda.gov.co; [email protected] de la ciudad de Bogotá D.C. Del suscrito, recibo notificaciones en la Calle 8 # 12 a 15, Bogotá D.C. Correo electrónico [email protected] y [email protected]

Magistrados, De usted,

JOSE TIRIA ROMERO C.C. 80.400.792 de Chía T.P. 232345 C.S.J.

JESSID MARTINEZ CORTES C.C. 1.014.192.993 de Bogotá T.P. 124453 C.S.J.