Derechos Reales - Musto - Tomo 1

DERECHOS REALES

NÉSTOR JORGE MUSTO

Derechos reales Tomo 1

aDDü EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2000

© EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA SRL Lavalle 1208 - (C 1048 AAF) Ciudad de Buenos Aires ISBN: 950-508-536-2 Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723 I M P R E S O

EN

LA

A R G E N T I N A

ejemplo

de fortaleza

A mi madre, espiritual y moral.

PRÓLOGO Hace casi dos décadas me propuse publicar una obra que fuera una contribución para la enseñanza del derecho civil, en la especialidad de los derechos reales, cátedra que, en ese entonces se encontraba a mi cargo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral, la que continúo desempeñando desde 1985 como titular por concurso renovado en 1995. La obra no tenía la intención de ser un tratado, pero, según algunas opiniones recogidas, excedía en volumen lo que se designa como manual y podía ser útil también a los abogados y jueces. Esa fue la razón por la que se llamó simplemente "Derechos reales". El paso de los años, el acogimiento que recibió como texto de estudio en algunas facultades -especialmente en la Universidad Nacional de Córdoba y, por supuesto, en la Universidad Nacional del Litoral-, me han impulsado a redactar una nueva obra, con la finalidad específica de servir como texto de estudio para las facultades de derecho en la materia que nos ocupa. Mi primer objetivo, en consecuencia, es utilizar el lenguaje más claro y sencillo posible, sin renunciar por ello a la pretensión de que sea, a la vez, preciso y rigurosamente científico. El hombre de derecho en sus distintas situaciones o estamentos -como legislador, como juez, como abogado y también como autor de obras jurídicas, profesor o investigador- toma la mayoría de las palabras del lenguaje corriente y, a veces, las

X

PRÓLOGO

utiliza con el mismo significado que le atribuye el diccionario de la lengua española; otras les da un significado específico que difiere en mayor o menor grado del atribuido por el habla vulgar, y otras más tiene la necesidad de crear expresiones nuevas para designar actitudes, instituciones o actos para los cuales no encuentra adecuadas las existentes. Se compone así un lenguaje científico que necesita constantemente ser depurado y precisado para que en lo posible cada concepto jurídico tenga una representación oral o escrita que lo indique con certeza. Esa es una tarea ímproba y nunca acabada, semejante al martirio de Sísifo. Aparte de ello, se debe tener en cuenta que cada palabra adquiere una connotación distinta según el contexto en que se involucra. Se genera así lo que Wittgenstein llama un "juego de lenguaje" que adquiere su valor propio según la ciencia social en que se aplique. Por ejemplo, la palabra "propiedad" adquiere una connotación valorativamente distinta si se inserta en el lenguaje de la economía, del derecho o de la sociología, etcétera. La misma noción de propiedad cambia de matiz en el lenguaje del derecho si nos referimos a la propiedad del empresario o a la del sujeto que tiene ese derecho sobre su vivienda única. Pero como en un manual no podemos entrar en estas disquisiciones en forma permanente, aun a riesgo de caer en cierta actitud dogmática, a veces necesitamos fijar una terminología para que se comprenda claramente el concepto que apuntamos, aunque ese significado no sea pacíficamente aceptado por la doctrina. Por ejemplo, antes de tratar los derechos de garantía tratamos de determinar qué entendemos por obligación, o qué por débito o deuda, por incumplimiento, etcétera. Otro objetivo ha sido presentar un orden metodológico acorde con los programas universitarios, que generalmente parten de la explicación de conceptos doctrinarios que luego sirven como herramienta para estudiar nuestras normas positivas a la luz de tales principios. La sistematización del estudio de las instituciones exige mantener un orden en el tratamiento de la materia que respete el método del Código y de sus leyes complementarias.

PRÓLOGO

XI

Además, si bien no se debe abusar de una terminología de difícil comprensión, o que exija recurrir permanentemente a la consulta del diccionario, el estudiante de esta materia en la carrera de abogacía debe familiarizarse con esa terminología, al igual que con algunas sentencias o proloquios latinos que suelen representar una síntesis maravillosa de ideas. No en vano su elaboración ha llevado siglos a los jurisconsultos, glosadores y juristas. Diremos algo sobre el método interpretativo que es el campo de batalla donde pugnan una miríada de escuelas que pretenden imponer su tesitura. En este sentido, tratamos de actuar sin pre-juicios, pensando que no puede haber un camino único para la labor interpretativa, pues tampoco es uniforme el estilo o técnica empleados por el legislador que utiliza conceptos que sólo dan lugar a una subsunción exenta de criterios valorativos, aunque pueda referenciarse teleológicamente, otras veces desarrolla una tipología con rasgos o notas distintivas que pueden ser esenciales o no -y aquí la integración del tipo con dichos rasgos no puede quedar ajena a la valoración del intérprete-, y otras más acude a pautas de valoración como, por ejemplo, la buena fe o la justa causa, etcétera. Es en la materia que tratamos donde la tipología de cada derecho real, con sus caracteres y rasgos esenciales y naturales, tiende a circunscribir la esfera de cada derecho real, o el ámbito de cada acción real o posesoria, con clara expresión en el numerus clausus y en la particularización de cada defensa. También las pautas valorativas tienen amplia cabida y proyección; por ejemplo, la buena o mala fe en materia posesoria, en la que la determinación precisa tiene múltiples consecuencias prácticas, en los efectos de la posesión con referencia a los distintos rubros (frutos, productos, mejoras, etcétera). Encontramos, por supuesto, el camino desbrozado por más de un siglo de exégesis, pero no podemos prescindir del examen de la realidad social, cuya vorágine cambiante se acentúa día a día con el impacto tecnológico y la enorme incidencia de la llamada globalización y la comunicación ciberespacial.

XII

PRÓLOGO

Esta obra está dedicada a los estudiantes de derecho, especialmente a aquellos que demuestran verdadera vocación por la ciencia del derecho, a quienes, desde la perspectiva que dan más de cuatro décadas de experiencia, alternadas en la profesión de abogado y en la magistratura, pero siempre ejerciendo la docencia, exhorto a estudiar y trabajar con la mira puesta en los valores cardinales del derecho: la justicia, la equidad, el orden. NÉSTOR JORGE MUSTO

ÍNDICE GENERAL Tomo 1

Prólogo

IX

PARTE PRIMERA

NOCIONES GENERALES CAPÍTULO PRIMERO

CARACTERIZACIÓN Y METODOLOGÍA § § § §

1. 2. 3. 4.

Método del Código Método del Libro III del Código Civil Concepto de derechos reales Teorías. Su crítica a) Clásica b) Doctrinas monistas 1) Doctrina personalista u obligacionista 2) Teoría unitaria realista c) Teoría de la institución d) Teorías que aceptan la existencia de un sujeto pasivo determinado e) Otras teorías modernas

3 5 6 8 8 10 10 15 17 20 22

XIV

§ §

ÍNDICE GENERAL

5. 6.

Aspectos interno y externo de los derechos reales Nuestra posición

CAPÍTULO

25 28

II

U B I C A C I Ó N DE LOS D E R E C H O S R E A L E S E N LAS C L A S I F I C A C I O N E S D E LOS D E R E C H O S SUBJETIVOS A)

§ §

7. 8.

CONSIDERACIONES GENERALES

Introducción Clasificación lidad a) Derechos b) Derechos c) Derechos d) Derechos e) Derechos B)

31 por su contenido y grado de oponibi". de la personalidad de familia reales creditorios intelectuales

33 35 36 36 36 37

COMPARACIÓN ENTRE LOS DERECHOS REALES Y LOS PERSONALES

§ 9. Introducción § 10. Esencia § 11. Naturaleza § 12. Caracteres fundamentales. Régimen legal a) Enumeración b) Oponibilidad y eficacia c) Publicidad d) "Ius persequendi" o derecho de persecución .. e) "Ius preferendi" § 13. Estructura y elementos. Número a) El objeto b) Sujeto

38 38 40 41 42 43 44 44 44 45 45 46

ÍNDICE GENERAL

XV

§ 14.

46 46 47 47 47 48 48 50 50 51 52

Vicisitudes a) Constitución b) Permanencia y duración c) Forma de ejercicio d) Extinción § 15. Incidencia sobre el derecho real a) Ley aplicable b) Competencia c) Prescripción d) Muerte del titular § 16. Vínculos

CAPÍTULO

III

I N S T I T U T O S DE NATURALEZA CONTROVERTIDA Y P R E T E N S A S SITUACIONES INTERMEDIAS § 17.

Introducción

55 A)

§ § § § § § § § §

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Derechos de garantía en general Hipoteca Anticresis Locación. Derecho del locatario Privilegio Derecho de retención Derecho sobre partes del cuerpo humano Derecho sobre sepulcros La posesión B)

§ 27.

CONTROVERTIDOS

56 56 57 57 58 59 61 63 63

PRETENSAS SITUACIONES INTERMEDIAS

La cuestión

63

XVI § 28. § 29. § 30.

ÍNDICE GENERAL

"Ius ad rem" Derechos reales "in faciendo" Obligaciones reales o "propter rem" C)

64 65 66

DEFINICIÓN DEL DERECHO REAL

§ 31. Introducción § 32. Nuestras precisiones

CAPÍTULO

68 68

IV

RÉGIMEN LEGAL DE LOS DERECHOS REALES § § § §

33. 34. 35. 36.

§ 37.

§ 38. § 39. § 40.

Sistemas Creación y fuente. Distinción Enumeración Clasificación de los derechos reales a) Con relación a su carácter principal o accesorio b) Con relación a su duración c) En relación al objeto 1) Cosas muebles o inmuebles 2) Cosas fungibles y no fungibles d) En relación con su transmisibilidad Principales derechos reales prohibidos por el Código Civil a) Enfíteusis b) Superficie c) Vinculaciones Derechos reales restringidos. Censos y rentas ... Derechos reales constituidos con anterioridad a la sanción del Código y no admitidos por éste Adquisición, transferencia y pérdida de los derechos reales

71 74 77 80 81 81 81 82 82 82 82 83 83 84 85 87 87

XVII

ÍNDICE GENERAL

§ 41. Consecuencia de la creación o constitución de derechos reales no reconocidos. Conversión .... § 42. Convalidación

91 92

CAPÍTULO V

PANORAMA DE LOS DERECHOS REALES FUERA DEL CÓDIGO CIVIL § § § § § §

43. 44. 45. 46. 47. 48.

§ § § § §

49. 50. 51. 52. 53.

Introducción Propiedad horizontal Prehorizontalidad Hipoteca bancaria La preanotación hipotecaria y la anotación directa En el derecho comercial a) Prenda con desplazamiento b) Prenda sin desplazamiento c) Warrants d) Debentures Hipoteca naval Prenda naval Hipoteca aeronáutica Copropiedad naval Otros derechos reales o modalidades de los estudiados

CAPÍTULO

95 95 96 96 97 98 98 98 99 99 101 102 102 102 103

VI

COSAS A)

§ 54. Introducción II.

Musto, 1.

LlNEAMIENTOS GENERALES

105

XVIII

§ § § §

55. 56. 57. 58.

ÍNDICE GENERAL

Concepto Caracterización Concepto legal de bien Concepto de patrimonio B)

105 107 109 111

CLASIFICACIÓN DE LAS COSAS

§ 59. Muebles e inmuebles a) Criterio básico y subclasificación 1) Inmuebles por su naturaleza 2) Inmuebles por accesión a) Accesión física b) Accesión moral 3) Inmuebles por carácter representativo ... 4) Cosas muebles: por su naturaleza 5) Carácter representativo en materia de cosas muebles. Cuestiones al respecto .... b) Trascendencia e importancia práctica de la distinción 1) Ley aplicable 2) Competencia de los jueces 3) Derechos reales que se pueden constituir 4) Formas de instrumentación 5) Efectos de la posesión 6) Prescripción 7) Facultades de los representantes legales 8) Capacidad de derecho 9) Zonas de seguridad 10) La enajenación de inmuebles por el heredero § 60. Regímenes especiales § 61. Fungibles y no fungibles. Importancia de la distinción § 62. Consumibles y no consumibles § 63. Divisibles y no divisibles. Aplicaciones prácticas

112 112 113 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118 118 118 119 119 120 120 120 120 121 122 124

ÍNDICE GENERAL

XIX

§ 64. Principales y accesorias § 65. En el comercio y fuera del comercio § 66. Muebles registrables y no registrables

125 127 129

C) LAS COSAS CONSIDERADAS CON RELACIÓN A LAS PERSONAS A QUE PERTENECEN

§ 67. Introducción 129 § 68. Bienes del dominio público del Estado. Caracteres 130 § 69. Bienes del dominio privado del Estado o Estados 132 § 70. Cosas susceptibles de apropiación privada 134 § 71. Bienes municipales 135 § 72. Bienes de la Iglesia Católica 135 § 73. Bienes de iglesias no católicas 135 § 74. Cosas particulares 136

PARTE SEGUNDA

POSESIÓN Y TENENCIA CAPÍTULO

VII

LA POSESIÓN A)

§ § § §

75. 76. 77. 78.

Introducción Concepto Etimología Definiciones

CARACTERIZACIÓN

139 140 141 141

XX

ÍNDICE GENERAL

§ 79. Análisis de la definición del Código § 80. Terminología § 81. Relaciones de la persona con la cosa a) Yuxtaposición local o mero contacto b) Tenencia 1) Tenedores desinteresados 2) Tenedores interesados c) La posesión § 82. Funciones que cumple la posesión § 83. Doctrinas a) Teoría clásica b) Teoría objetiva c) Teoría de la causa. Crítica d) Nuestra posición § 84. Posesión y propiedad. Comparación § 85. Tenencia § 86. Interversión de título

B)

NATURALEZA DE LA POSESIÓN

§ 87. § 88.

Teorías Elementos de la posesión a) "Corpus" b) "Animus" § 89. Posición del Código § 90. Reformas introducidas por la ley 17.711

C)

167 170 171 172 174 174

CLASIFICACIÓN LEGAL DE LA POSESIÓN

§ 91. Introducción 1)

§ 92.

142 144 146 146 146 147 147 147 147 149 149 151 155 159 160 162 163

175

POSESIÓN LEGÍTIMA E ILEGÍTIMA

Importancia

176

GENERAL

§ 93. § 94.

Reforma al artículo 2355 La presunción de legitimidad: su inexistencia .... 2)

§ 95.

§ 96.

XXI

SUBCLASIFIC ACIÓN DE LA POSESIÓN LEGÍTIMA

Posesión de buena o mala fe a) Posesión de buena fe. El elemento subjetivo b) Elemento objetivo c) Presunción de buena fe d) Importancia práctica de la clasificación e) La buena fe y el título putativo f) La coposesión g) Corporaciones y sociedades Posesión de mala fe a) Mala fe simple b) Mala fe viciosa 1) Inmuebles a) Violencia b) Clandestinidad c) Abuso de confianza 2) Muebles a) Hurto b) Estelionato c) Abuso de confianza 3) Carácter de los vicios 4) Purga de los vicios de la posesión 5) Accesión de posesiones 3)

§ 97. § 98.

§ 99.

182 183 184 184 186 186 187 188 189 190 190 190 190 191 192 192 192 193 193 194 194 194

POSESIÓN PERFECTA O IMPERFECTA

Fuente Caracterización 4)

178 181

195 195

POSESIÓN EN SENTIDO ESTRICTO Y EN SENTIDO LATO

Bases de la distinción

196

XXII

ÍNDICE GENERAL

D)

ADQUISICIÓN DE LA POSESIÓN 1)

100. 101. 102.

Importancia Principio general Elementos de la adquisición 2)

103. 104. 105. 106. 107. 108.

Clasificación La ocupación La tradición "Traditio brevi manu" "Constituto possessorio" Adquisición de la posesión por medio de representante a) Capacidad para adquirir la posesión b) Capacidad o incapacidad del lepresentado y del representante

114. 115. 116.

201 201 203 209 210 211 213 213

OBJETO DE LA POSESIÓN

Requisitos. Individualización de la cosa Posesión fundada en título Exclusividad de la posesión Coposesión Posesión y cuasiposesión 4)

197 198 199

MODOS DE ADQUIRIR LA POSESIÓN

3)

109. 110. 111. 112. 113.

GENERALIDADES

214 216 217 218 219

CONSERVACIÓN Y PÉRDIDA DE LA POSESIÓN

Introducción Conservación Pérdida a) Por causa relativa al objeto

220 222 224 224

XXIII

ÍNDICE GENERAL

b) Por la voluntad del poseedor c) Por la acción de un tercero E)

§ 117.

§ § § § § § § § §

118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126.

229 230 231 233 233 234 234 235 236 236 238 239 239 241 242 243

EFECTOS DE LA POSESIÓN MIENTRAS SUBSISTE

Derechos que atribuye 3)

§ 128. § 129.

227

EFECTOS DE LA POSESIÓN DE COSAS MUEBLES

Caracterización Enunciación del principio Naturaleza jurídica Fundamentos de la norma Naturaleza de la presunción Título oneroso Requisitos Artículos complementarios Excepciones a) El artículo 2415 del Código Civil b) El Código de Comercio y leyes especiales ... 1) Buques 2) Aeronaves 3) Automotores 4) Equinos de pura sangre de carrera 5) Semovientes 2)

§ 127.

EFECTOS

Introducción 1)

225 226

245

EFECTOS DE LA POSESIÓN SUCEDIDA. LA REIVINDICACIÓN DE LA COSA

Introducción Precio pagado e indemnización

246 247

XXIV

ÍNDICE GENERAL

§ 130. Frutos a) Poseedor de buena fe b) Poseedor de buena fe que no la conserva ... c) Poseedor citado a juicio de reivindicación ... d) Poseedor de mala fe simple e) Poseedor de mala fe vicioso § 131. Productos § 132. Mejoras y gastos a) Poseedor de buena fe b) Poseedor de mala fe c) Poseedor de mala fe vicioso § 133. Destrucción o deterioro de la cosa a) Poseedor de buena fe b) Poseedor de buena fe notificado de la demanda c) Poseedores de mala fe § 134. Disposición de cosas muebles § 135. Sucesor 4)

248 250 251 251 252 253 253 253 254 255 257 257 257 258 258 258 259

D E LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS INHERENTES A LA POSESIÓN

§ 136. Concepto 259 § 137. Obligaciones 259 a) De restituir la cosa 259 b) De exhibir 260 c) Obligaciones de vecindad y respecto de terceros 261 d) Cargas reales 261 § 138. Derechos inherentes a la posesión 262 CAPÍTULO

VIII

LA TENENCIA § 139. Concepto

263

XXV

GENERAL

§ § § § §

140. 141. 142. 143. 144.

Tenencia y precariedad Clasificación Casos de tenencia Adquisición Efectos a) Obligaciones del tenedor 1) Conservar la cosa 2) Nombrar al poseedor 3) Restituir la cosa b) Derechos CAPÍTULO

266 266 267 268 268 268 268 269 269 269

IX

DEFENSA DE LA POSESIÓN Y DE LA TENENCIA A)

NOCIONES LUMINARES

§ 145. Caracterización § 146. Fundamento de la protección posesoria a) Teorías relativas 1) La interdicción de la violencia a) Savigny b) Posición de Rudorff 2) Posición de Thibaut 3) Presunción de probidad 4) En función de la protección de la propiedad a) Como propiedad probable o posible .. b) Propiedad que comienza c) La teoría de Ihering b) Teorías absolutas 1) Teorías de la voluntad 2) Teoría de Stahl 3) Teoría de Saleilles c) Nuestra posición

271 272 275 275 275 276 277 277 278 278 279 279 280 281 281 282 282

XXVI

ÍNDICE GENERAL

B) 1)

§ 147. § 148.

§ § § §

149. 150. 151. 152.

§ 153. 2)

§ § § § § § § § § §

A C C I O N E S POSESORIAS

CONSIDERACIONES GENERALES

Concepto Antecedentes históricos a) Derecho romano b) Derecho canónico c) Derecho medieval d) Derecho francés e) Derecho español f) Derecho patrio g) El "Esbogo" de Freitas Principios fundamentales Concepto de turbación Defensa extrajudicial Protección judicial de la posesión a) Caracterización b) Legitimación para obrar y efectos reipersecutorios. Distinción Relaciones entre el posesorio y el petitorio

285 288 288 291 293 293 294 294 295 295 298 299 301 302 304 307

REGLAS COMUNES AL EJERCICIO DE LAS ACCIONES POSESORIAS PROPIAMENTE DICHAS

154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163.

Introducción Posesión Anualidad Ausencia de vicios Pública Pacífica No precaria Continuidad No interrupción Objeto. Extensión a las cosas muebles

309 310 310 311 311 312 313 313 314 315

XXVII

ÍNDICE GENERAL

C)

§ 164.

L A S ACCIONES EN PARTICULAR

Introducción 1)

§ § § § §

165. 166. 167. 168. 169.

170. 171. 172. 173. 174.

Caracterización Objeto Presupuesto y legitimación activa. Legitimación pasiva Efecto reipersecutorio

Concepto a) De manutención 1) Legitimación activa 2) Legitimación pasiva b) De recobrar o despojo 1) Legitimación activa 2) Legitimación pasiva 3) Efecto reipersecutorio 4) Carácter del juicio

Introducción

Remisión ..

318 318 318 318 318

ACCIONES POLICIALES

4)

§ 176.

317 317 317 317 317

POSESORIA DE RECUPERAR

3)

§ 175.

POSESORIA DE MANTENER

Objeto Presupuestos Legitimación activa Legitimación pasiva Efecto reipersecutorio 2)

§ § § § §

317

319 319 320 320 320 321 321 321 322

D E OBRA NUEVA

322

XXVIII

ÍNDICE GENERAL

a) Obra nueva en terrenos del poseedor afectado 1) La legitimación activa 2) La legitimación pasiva 3) El objeto de la acción b) Obra nueva en terrenos que no son del poseedor 1) Legitimados activamente 2) Legitimados pasivamente 3) Objeto o finalidad de la acción 4) Procedimiento

323 323 324 324 324 325 325 325 325

5) DE DAÑO TEMIDO

§ § § § § §

177. 178. 179. 180. 181. 182.

Concepto Naturaleza Legitimación activa Legitimación pasiva Presupuestos Objeto y

PARTE

finalidad

326 328 328 329 .329 329

TERCERA

PROPIEDAD Y DOMINIO CAPÍTULO X

CARACTERIZACIÓN § 183. Importancia del estudio § 184. Terminología A)

333 335

DERECHO A LA PROPIEDAD

§ 185. Fundamentos y teorías

336

ÍNDICE GENERAL

XXIX

a) El individualismo 1) Contractualismo 2) Histórico 3) Legal b) Marxismo c) Socialismo c) Utopías e) Doctrina de Duguit f) Teoría de la institución g) La doctrina social de la Iglesia h) Nuestra posición § 186. Sistemas de propiedad a) Sistema romano b) Sistema feudal c) Propiedad individual d) Sistema socialista B)

§ § § §

187. 188. 189. 190.

§191.

338 338 339 339 340 342 342 343 344 344 350 351 352 353 355 356

D E L DOMINIO

Definición legal. Crítica Clases Dominio pleno o perfecto. Remisión Dominio menos pleno o imperfecto a) Revocable b) Fiduciario c) Desmembrado d) Otros casos de dominio imperfecto El fideicomiso y el dominio fiduciario. La ley 24.441 a) Antecedentes históricos 1) Roma 2) Derecho germánico 3) Derecho anglosajón b) Antecedentes nacionales de la ley 24.441 ... c) Definición legal d) Sujetos e) Formas de constitución f) Objeto

357 358 360 360 360 364 365 366 367 368 368 369 369 370 371 371 372 373

XXX

§ 192. § 193. § 194.

§ 195.

§ 196.

ÍNDICE GENERAL

g) El contrato constitutivo h) El fiduciante i) El fiduciario j) El beneficiario k) El fideicomisario Y) Efectos del fideicomiso 1) Propiedad fiduciaria 2) Patrimonio de afectación 3) Extinción del fideicomiso Propiedad sobre bienes inmateriales Propiedad y dominio del Estado a) El dominio eminente b) Dominio internacional Caracteres del dominio a) Carácter absoluto (exclusión) b) Carácter exclusivo c) Carácter perpetuo Contenido del derecho de dominio a) Actos materiales de uso y goce b) Derecho de poseer c) Derecho de usar o servirse d) Derecho de gozar la cosa e) Actos de disposición f) Facultades de exclusión y cerramiento g) Facultades de administración Extensión del dominio a) Regla general b) Presunciones c) Accesorios y frutos CAPÍTULO

373 375 375 378 379 379 379 380 382 382 383 386 387 388 388 389 391 392 392 394 394 394 395 395 396 396 397 398 399

XI

GARANTÍAS DEL DERECHO DE PROPIEDAD A)

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

§ 197. Estructura

401

ÍNDICE GENERAL

§ 198. § 199.

XXXI

Respecto de los particulares Respecto del poder público B)

§ § § § § § § § § § § § § § § §

402 402

EXPROPIACIÓN EN PARTICULAR

200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215.

Aclaración liminar Noción Antecedentes históricos Fundamento de la expropiación Naturaleza de la expropiación Concepto de utilidad pública Poder calificador Sujeto expropiante Sujeto expropiado Objeto de la expropiación Indemnización previa Noción del procedimiento expropiatorio Expropiación irregular Retrocesión Ocupación temporánea Reserva de inmuebles para planes de ejecución diferida § 216. Abandono de la expropiación

CAPÍTULO

403 404 404 407 411 412 414 415 416 416 419 423 425 429 433 435 436

XII

A D Q U I S I C I Ó N Y E X T I N C I Ó N DEL DOMINIO A)

MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO 1)

§ 217.

Título y modo

INTRODUCCIÓN

439

XXXII § 218. § 219. § 220.

ÍNDICE GENERAL

Enumeración Clasificación Inscripción registral. 2)

Remisión

APROPIACIÓN

§ 221.

Caracterización. Requisitos a) Idoneidad del objeto b) Capacidad del sujeto c) Aprehensión d) Ánimo de adquirir § 222. Caza y pesca § 223. Régimen de los tesoros a) Naturaleza de la adquisición b) Búsqueda o descubrimiento c) Derechos del descubridor d) Crítica a las soluciones del Código § 224. Régimen de las cosas perdidas. Método del Código. Remisión , 3)

§ 225. § 226.

§ 229. § 230.

443 443 444 444 444 446 449 452 452 453 454 454

ESPECIFICACIÓN O TRANSFORMACIÓN

Noción Distintos casos

454 455 4)

§ 227. § 228.

440 441 442

ACCESIÓN

Noción y generalidades Aluvión a) Cauce descubierto y abandono de lecho b) Aluvión en común Avulsión Edificación, siembra y plantación a) Empleo de materiales propios en fundo ajeno 1) De buena fe

457 459 461 462 462 464 464 464

XXXIII

ÍNDICE GENERAL

2) Mala fe 3) Mala fe de ambos b) Empleo de materiales ajenos en fundo propio 1) De buena fe 2) De mala fe c) Materiales ajenos en terreno ajeno § 231. Migración de animales § 232. Adjunción, mezcla y confusión 5)

TRADICIÓN TRASLATIVA DEL DOMINIO

§ 233. Naturaleza § 234. Requisitos a) Capacidad de las partes b) Título suficiente para transmitir la propiedad § 235. Efectos § 236. Tradición e inscripción § 237. Momento de la tradición § 238. Tradición y convalidación § 239. Otras excepciones § 240. Clases 6)

§ § § § § § § § §

III.

241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249.

Musto, 1.

465 465 466 466 466 466 468 469

472 476 476 477 477 478 480 481 481 482

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

Distinción Concepto Origen histórico Fundamento y utilidad práctica Definición legal Clases Sujetos de la usucapión Objeto Elementos comunes a las prescripciones adquisitivas a) La posesión b) Curso de la prescripción

482 484 484 486 488 488 489 490 493 493 495

XXXIV

ÍNDICE GENERAL

1) Iniciación del curso de la prescripción ... 2) Transcurso de la prescripción 3) Suspensión. Causales a) Matrimonio b) Tutela y cúratela c) Heredero beneficiario 4) Interrupción. Causales § 250. Prescripción de inmuebles a) Prescripción ordinaria o breve 1) Justo título 2) Justo título y registro 3) Título sujeto a condición 4) Nulidad relativa 5) La buena fe 6) Sucesión en los derechos 7) Plazo de la prescripción breve 8) La regularización dominial. Ley 24.374 .. b) Prescripción extraordinaria o larga 1) Consideración general 2) Plazo c) El juicio de prescripción adquisitiva 1) Antecedentes. Ley 14.159 y decreto ley 5756/58 2) Naturaleza y valor de la sentencia § 251. Prescripción de cosas muebles a) La norma del 4016 bis b) Poseedores de mala fe c) Excepciones B)

§ 252. § 253.

§ 254.

496 499 500 502 503 503 504 508 508 508 511 512 513 513 515 515 516 518 519 520 520 520 525 526 527 529 530

MODOS DE EXTINCIÓN DEL DOMINIO

Introducción Absolutos a) Destrucción de la cosa b) Cosas fuera del comercio c) Animales que recuperan su natural libertad .. d) Abandono Extinción relativa o transitiva

531 532 532 533 533 534 535

XXXV

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO

XIII

R É G I M E N D E LAS C O S A S P E R D I D A S § 255. Concepto § 256. Distintos supuestos § 2 5 7 . Derechos del hallador § 258. Procedimiento § 259. Cosa corruptible o de conservación dispendiosa § 260. Sanciones § 261. Monto de la recompensa

CAPÍTULO

537 538 539 540 541 541 542

XIV

R E S T R I C C I O N E S Y LÍMITES AL DOMINIO A)

CONSIDERACIONES GENERALES

§ § § §

262. Introducción 263. Restricción y limitación 264. Clasificación 265. Restricciones al dominio y servidumbre. Diferencias § 266. Restricciones administrativas y servidumbres administrativas. Comparación B)

§ 267. § 268. § 269.

545 546 546 547 549

RESTRICCIONES EN INTERÉS PÚBLICO

Introducción Administrativas Restricciones a la libre disponibilidad jurídica .. a) Cláusulas de inalienabilidad. El principio ...

549 550 552 552

XXXVI

ÍNDICE GENERAL

b) Las excepciones c) Efectos y alcance de la inalienabilidad § 270. Prohibición de constituir derechos reales no enumerados § 271. Prohibición de dividir horizontalmente la propiedad § 272. Camino de sirga C)

553 556 556 557 557

RESTRICCIONES EMERGENTES

DE LAS RELACIONES DE VECINDAD

§ 273. § 274.

Caracterización Fundamentos. Teorías a) Cuasicontrato b) Culpa y riesgo c) Abuso del derecho d) Servidumbre e) Conflictos de derechos f) Expropiación g) La inmisión h) Conclusión § 275. Caracteres comunes de las restricciones fundadas en vecindad a) Reciprocidad b) No indemnización c) Independencia d) Inmanencia e) Impreseriptibilidad f) Disponibilidad § 276. Restricciones en particular, ordenación y clasificación a) De prevención 1) De consolidación 2) De aislación 3) De distancia b) Prohibiciones c) Descarga de techos d) Permisión

559 560 560 560 562 562 563 563 563 564 565 565 565 565 566 566 566 566 567 567 567 567 569 571 572

ÍNDICE GENERAL

§ 277.

XXXVII

Inmisiones inmateriales a) El artículo 2618. Interpretación b) Las luces y vistas

CAPÍTULO

573 574 577

XV

D O M I N I O S O B R E LAS A G U A S § 278. § 279. § 280. § 281. § 282.

§ 283.

Introducción Naturaleza y competencia de la legislación de aguas Sistemas de gobierno y administración de aguas Naturaleza jurídica del agua Clasificación de las aguas a) Marítimas territoriales b) Marítimas interiores c) Corrientes d) Durmientes o lacustres e) Surgentes o vertientes f) Subterráneas g) Pluviales El libre escurrimiento de las aguas

CAPÍTULO

581 582 583 584 585 586 587 588 591 593 595 596 598

XVI

CONDOMINIO A)

§ 284. § 285. § 286.

E L CONDOMINIO EN GENERAL

Introducción Naturaleza jurídica Comunidad o condominio

603 603 605

XXXVIII

§ 287. § 288.

§ 289. § 290.

§ 291.

§ 292.

§ 293. § 294.

ÍNDICE GENERAL

Unidad o pluralidad de derechos Sistemas de condominio a) Romano b) Germánico Definición legal Elementos a) Sujetos b) Objeto c) Parte indivisa Comparación con otras figuras jurídicas a) Sociedad b) Comunidad hereditaria c) Propiedad horizontal d) Otros derechos reales 1) Usufructo 2) Servidumbre e) Sociedad conyugal Constitución del condominio. Fuentes a) Contrato b) Actos de última voluntad c) Disposición de la ley d) Prescripción adquisitiva e) Transformación de la comunidad hereditaria Modos de adquisición Clases de condominio B)

§ 295.

CONDOMINIO COMÚN O DE REPARTO

Introducción 1)

§ 296. § 297.

605 606 606 607 608 609 609 609 609 609 610 611 612 613 613 614 614 614 614 614 615 615 616 617 617

618

FACULTADES DE LOS CONDÓMINOS

Distinción Respecto de la parte indivisa a) Facultad de enajenar y facultades de los acreedores

618 619 619

XXXIX

ÍNDICE GENERAL

b) Hipotecar c) Constitución de usufructo d) Acciones 2)

§ § § § § §

§ § § §

304. 305. 306. 307.

308. Introducción 309. Designación de administrador 310. Arrendamiento de la cosa 311. Gestión de negocios

312. 313. 314. 315. 316. 317.

627 630 631 632

ADMINISTRACIÓN DE LA COSA COMÚN

5)

§ § § § § §

623 625 626 626 627 627

OBLIGACIONES DE LOS CONDÓMINOS

Contribución de gastos Obligaciones en pro de la comunidad Condómino insolvente Frutos y daños 4)

§ § § §

FACULTADES SOBRE LA COSA

298. Consideraciones generales 299. Actos jurídicos. Prohibición y excepciones 300. Enajenar 301. Servidumbres 302. Hipoteca 303. Locación y arrendamiento 3)

620 622 623

633 634 635 635

EXTINCIÓN DEL CONDOMINIO

Modos Partición en general Reglas sobre partición Partición provisional Efectos de la partición Naturaleza jurídica de la acción de división

636 636 637 638 638 640

XL

ÍNDICE GENERAL

C)

CONDOMINIO COMÚN O DE REPARTO 1)

NOCIONES GENERALES

§ 318. § 319.

Caracterización Fuentes a) Origen legal b) Decisión judicial c) Acuerdo entre los condominos d) Imposición del donante e) Imposición del testador al legatario f) Imposición del causante a sus herederos .... g) Imposición de la viuda o viudo § 320. Derechos y obligaciones de los condóminos 2)

§ 321.

641 642 642 644 645 645 646 646 647 648

CONDOMINIO DE MUROS, CERCOS Y FOSOS

Clasificación a) En cuanto a su ubicación o emplazamiento.. b) En cuanto a la titularidad del dominio § 322. Régimen de los muros separativos a) Facultad del vecino de asentar la mitad de la pared propia sobre el terreno contiguo b) Cerramiento. Facultad u obligación c) Facultad de quien edifica primero 1) Opinión de Tobal 2) Tesis de Salvat 3) Tesis de Lafaille 4) Tesis de Spota 5) Nuestra opinión d) Requerimiento previo y oportunidad de abandono e) Prescripción § 323. La pared contigua § 324. Adquisición de la medianería a) Naturaleza de la adquisición

649 650 650 652 652 653 654 657 658 659 659 660 661 661 662 664 665

XLI

ÍNDICE GENERAL

b) Personas legitimadas para adquirir 666 c) Prueba de la medianería 667 § 325. Valor de la medianería 670 § 326. Prescripción 672 § 327. Facultades y cargas emergentes de la medianería 673 a) Naturaleza de la acción 674 b) Medianería rural 676 c) Árboles medianeros 676 3)

CONDOMINIO POR CONFUSIÓN DE LÍMITES

§ 328. Solución legal 678 § 329. Acción de deslinde. Distinción con la acción reivindicatoría 679 § 330. Legitimación activa y legitimación pasiva 681

CAPÍTULO

XVII

NUEVAS FORMAS DE DOMINIO Y CONDOMINIO COMO PRETENSOS DERECHOS REALES § 331. Introducción § 332. Multipropiedad o tiempo compartido a) Terminologías b) Naturaleza jurídica c) Concepto d) Objeto e) Sujetos f) Modalidades § 333. Clubes de campo a) Antecedentes b) Modalidades § 334. Cementerios privados a) Modalidades

683 683 686 686 687 688 688 689 689 690 690 693 693

XLII

ÍNDICE GENERAL

b) Como derechos personales 1) Locación 2) Comodato 3) Sociedad 4) Contrato innominado c) Como derecho real 1) Dominio 2) Condominio 3) Usufructo, uso y habitación 4) Propiedad horizontal § 335. Centros de compras § 336. Parques industriales § 337. Barrios privados CAPÍTULO

693 694 694 694 695 695 696 696 697 697 698 699 700

XVIII

PROPIEDAD HORIZONTAL A) 1)

§ § § § § §

LA INSTITUCIÓN

CONSIDERACIONES GENERALES

338. 339. 340. 341. 342. 343.

Introducción Terminología Concepto Antecedentes históricos Antecedentes nacionales Importancia de la institución y ventajas que reporta § 344. La reglamentación 2)

NATURALEZA JURÍDICA.

§ 345. Introducción

701 702 703 704 706 708 710

DISTINTAS POSICIONES

710

XLIII

ÍNDICE GENERAL

§ § § § § § § § § §

346. Servidumbre 347. Usufructo 348. Superficie 349. Enfiteusis 350. Comunidad pro diviso 351. Condominio forzoso 352. Concepción mixta 353. Sociedad 354. Otras teorías 355. Derecho real autónomo

B)

1)

§ 356. § 357. 2)

§ § § §

§ § § § §

711 712 713 714 714 715 715 716 717 717

RÉGIMEN LEGAL

INTRODUCCIÓN

Nacimiento del derecho Modos de adquisición o constitución

719 721

E L REGLAMENTO DE COPROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN

358. Función 359. Formalidades constitutivas 360. Naturaleza jurídica del reglamento 361. Contenido a) Enumeración b) Contribuciones c) Otras exigencias 362. Cláusulas de estilo 363. Reforma del reglamento 364. Revisión judicial del reglamento 365. Forma 366. Requisitos para la inscripción del reglamento ...

723 724 724 726 726 727 727 728 728 729 730 730

XLIV

ÍNDICE GENERAL

3)

§ § § §

367. 368. 369. 370.

Caracterización Requisitos que debe reunir Parte exclusiva Las partes comunes a) El terreno b) Cimientos c) Muros maestros d) Techos e) Patios solares f) Pórticos, galerías y vestíbulos comunes g) Escaleras h) Jardines i) Locales e instalaciones de servicios centrales, como calefacción, agua caliente o fría, refrigeración, etcétera j) Locales para alojamiento del portero y portería k) Tabiques o muros divisorios de los distintos departamentos 1) Ascensores, montacargas, incineradores de residuos y en general todos los artefactos e instalaciones existentes para servicios de beneficio común m) Casos dudosos n) Posibilidades de conversión 4)

§ 371. § 372.

731 731 732 733 733 734 735 735 735 735 736 736 736 737 737

738 738 739

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Concepto Naturaleza jurídica 5)

§ 373.

OBJETO

740 740

ÓRGANOS DEL CONSORCIO

El administrador

742

GENERAL

§ 374.

6)

§ 375.

§ 376.

a) Funciones b) Representación enjuicio del consorcio Asambleas a) Clases b) Convocatoria c) Funcionamiento d) Régimen de mayorías 1) Unanimidad 2) Dos tercios o más 3) Mayoría absoluta e) Nulidad de la asamblea

744 745 747 747 748 749 750 750 751 751 752

CONTENIDO DEL DERECHO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Facultades a) En general b) Facultades jurídicas c) Facultades materiales d) Extensión material e) Prohibiciones f) Infracciones Cargas y obligaciones de los titulares a) Expensas comunes b) Expensas extraordinarias c) Ausencia del administrador y urgencias d) Naturaleza jurídica del crédito por expensas e) Procedimiento para el cobro de las expensas f) Privilegio y derecho de retención 7)

§ 377. § 378.

XLV

753 754 754 755 756 757 761 762 763 763 764 764 765 766

EXTINCIÓN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL

Modos en general Modos típicos a) Destrucción b) Vetustez c) Desafectación

766 767 767 768 768

XLVI

ÍNDICE GENERAL

C)

PREHORIZONTALIDAD

1)

GENERALIDADES

§ 379. Introducción § 380. Antecedentes de la ley 19.724 § 381. Concepto y terminología 2)

§ § § § § §

382. 383. 384. 385. 386. 387.

LA AFECTACIÓN

Naturaleza Requisitos Constancias de la escritura Recaudos de la escritura Efectos Publicidad de la afectación y deber de información 3)

769 770 772

773 775 776 777 778 778

L O S CONTRATOS DE ADQUISICIÓN

§ 388.

Normas sobre contenido y redacción de contratos § 389. Cesión de contratos § 390. Inscripción de los contratos 4)

§ 391.

RETRACCIÓN Y DESAFECTACIÓN

Casos

783 5)

§ 392. § 393.

780 782 782

Importancia Recaudos

HIPOTECAS

785 785

XLVII

ÍNDICE GENERAL

6)

§ 394. § 395.

Régimen legal Concursos 7)

§ 396. § 397. § 398.

CASOS DE EJECUCIÓN

787 788

TRANSICIÓN A LA PROPIEDAD HORIZONTAL

Administrador provisorio Preconsorcio Obras por administración 8)

§ 399.

Derogación

788 789 789

PENALIDADES

790

PARTE PRIMERA

NOCIONES GENERALES

1. Musto. 1.

CAPÍTULO PRIMERO

CARACTERIZACIÓN Y METODOLOGÍA § 1. MÉTODO DEL CÓDIGO. -Antes de comenzar el estudio específico de los derechos reales resultará útil hacer una breve referencia al plan general del Código Civil recordando que, en este aspecto, el codificador se apartó de su modelo, el Esbogo de Freitas. Este proyecto de Código Civil, elaborado para el entonces Imperio del Brasil (que no logró sanción legislativa), después de un título preliminar en que trata del lugar y del tiempo, desarrolla la parte general en el Libro I, bajo el Título "De los elementos", en que trata de las personas (Secc. I), de las cosas (Secc. II) y de los hechos (Secc. III). Al no prever una parte general que reuniera los elementos que son comunes a los derechos subjetivos (sujeto, objeto y causa), Vélez Sársfield se hizo pasible de las críticas de la doctrina civilista imperante, que advertía la tendencia -en el derecho comparado- a este modo de sistematización, que tuvo sus primeras manifestaciones legislativas en el inicio del presente siglo con el Código alemán (año 1900), al que siguieron numerosos códigos, entre ellos el Código brasileño de 1916, redactado por Clovis Bevilaqua y, entre nosotros, en proyectos legislativos como el de 1936, el de Bibiloni y el llamado proyecto Llambías de 1954.

4

NOCIONES GENERALES

Es claro que el esfuerzo sistemático desatado a partir de las corrientes partidarias de la codificación que prevalecían, no sin resistencias, en el siglo xix, no hubiera sido completo si no se hubieran implementado las partes generales de los códigos. Por eso dice De los Mozos que "las partes generales de muchos códigos modernos no serían imaginables sin la obra de sistematización que llevó a cabo el racionalismo"1. Pero ello, de manera alguna debe implicar una crítica a la obra de nuestro codificador que puede calificarse de avanzada en la medida en que, si bien no estructuró -como decimos- la parte general, trató los elementos del derecho de tal modo que es fácil reunirlos a los efectos de la enseñanza y, fundamentalmente, porque analizó en una sola sección lo referente a los hechos y actos jurídicos. En tal sentido, Moisset de Espanés expresa que "el Código Civil argentino -sancionado en 1869, y en vigencia desde el 1/1/871- es el primer Código Civil que legisla sobre todos los elementos constitutivos de la Parte General, sujetos (personas), en la Secc. Ia del Libro I; objeto (cosas y bienes), en el Título I del Libro III; y causa generadora (hechos y actos jurídicos), en la Secc. 2a del Libro II, aunque no los haya reunido en el primer libro del Código"2. Agrega el autor citado que la gran novedad introducida por Vélez Sársfield, que se inspiró en Freitas, es la de haber legislado sobre los "hechos y actos jurídicos", anticipándose en casi treinta años al Código Civil alemán, aunque por razones prácticas no los haya agrupado con los otros elementos, destacando que la distribución de las materias es similar a la que adoptara, cuarenta años después, el Código Civil suizo3. 1

De los Mozos, Metodología y ciencia del derecho privado, p. 12. Moisset de Espanés, Notas sobre el problema de la parte general y los libros preliminares en la legislación civil, JA, doctrina 1970-528 y siguientes. 3 Moisset de Espanés, Notas sobre el problema de la parte general y los libros preliminares en la legislación civil, JA, doctrina 1970-528. 2

CARACTERIZACIÓN Y METODOLOGÍA

5

Ello conduce a sostener que nuestro Código fue en su tiempo un verdadero ejemplo de transición, aunque modernamente la tendencia a que aludimos se ha debilitado, al punto que numerosos códigos modernos no han diseñado su plan al estilo del modelo alemán, comenzando por el suizo (1907), y siguiendo con México en su Distrito Federal (1928), Italia (1942), Venezuela (1942), Guatemala (1964), Bolivia (1975), Perú (1984), Paraguay (1987) y Quebec (1992). § 2.

MÉTODO DEL LIBRO III DEL CÓDIGO CIVIL. - El Li-

bro III del Código Civil, que trata de los derechos reales, no está dividido -como los demás- en secciones, sino directamente en títulos, en número de dieciséis. En los tres primeros se trata de las cosas (Tít. I), de la posesión (II) y de la protección posesoria (III), lo que anuncia la breve nota al Libro III cuando expresa: "Al tratar de las cosas y de la posesión antes que de los derechos reales, seguimos la opinión y el método de Mackeldey, porque las cosas y la posesión son los elementos de los derechos reales". Acotamos que las cosas son el elemento objetivo e inmediato de los derechos reales, pudiendo ser también objeto mediato de los derechos creditorios. La posesión -en cambio- tiene funciones distintas destacándose la de ser el contenido normal y forma de ejercicio de la mayoría de ellos. En el Tít. IV, que consta sólo de cuatro artículos (2502 a 2505), se establecen normas generales que constituirán así la base, muy reducida por cierto, para una teoría general de los derechos reales 4 . Recién el Tít. V trata del primer derecho real: el dominio, para continuar en el VI con las restricciones y límites al dominio, el dominio imperfecto (VII) y el condominio 4

Gatti, Teoría general de los derechos reales, p. 9.

6

NOCIONES GENERALES

(VIII). Después de tratados estos derechos reales sobre la cosa propia y antes de legislar los derechos reales sobre cosa no propia, en el Tít. IX el Código trata de las acciones reales. Esta ubicación ha sido criticada puesto que las acciones debieron reglarse al principio, antes de regular el primer derecho real, o al final del Libro III, ya que constituyen los medios de protección de todos los derechos reales y no solamente de los que recaen sobre cosa propia5. A partir del Tít. X, y siguiendo el orden del art. 2503, están regulados los demás derechos reales: usufructo (X), uso y habitación (XI), servidumbres (XII), servidumbres en particular (XIII), hipoteca (XIV), prenda (XV) y anticresis (XVI). Aparte de la crítica formulada en torno de la ubicación de las acciones reales, se puede añadir que: a) el Código dedica muy pocos artículos a sentar los principios generales en la materia, los que deben ser extraídos por el intérprete de normas dispersas en éste y otros libros; b) la reglamentación demasiado casuista de algunos derechos reales como las servidumbres, y c) la falta de armonía de algunas soluciones, originada frecuentemente en las diversas fuentes consultadas por el codificador. § 3. CONCEPTO DE DERECHOS REALES. - Resulta difícil dar un concepto del derecho real, sin oponerlo al del derecho personal, que constituye la otra especie principal dentro del género de los derechos patrimoniales. Tradicionalmente se ha concebido el derecho real como aquel que crea entre la persona y la cosa una relación directa e inmediata, de modo que el sujeto puede obtener provecho del objeto, sin intervención de otra persona. El 5

Allende, Panorama de derechos reales, p. 288. El proyecto de Bibiloni trata igualmente las acciones reales después del condominio, mientras que el de 1954 lo hace al final de la Secc. 1a del Libro V.

CARACTERIZACIÓN Y METODOLOGÍA

7

codificador6 en la nota al Tít. IV del Libro III, transcribe la definición de Demolombe que puede considerarse como el más acabado exponente de la doctrina clásica y según la cual "derecho real, es el que crea entre la persona y la cosa una relación directa e inmediata, de tal manera que no se encuentran en ella sino dos elementos, la persona que es el sujeto activo del derecho, y la cosa que es el objeto"; y corroborando lo expresado más arriba sigue diciendo la nota: "Se llama, al contrario, derecho personal, aquel que sólo crea una relación entre la persona a la cual el derecho pertenece, y otra persona que se obliga hacia ella, por razón de una cosa o de un hecho cualquiera, de modo que en esa relación se encuentran tres elementos, a saber: la persona que es el sujeto activo del derecho (el acreedor), la persona que es el sujeto pasivo (el deudor) y la cosa o el hecho que es el objeto". Antes había expresado Vélez Sársfield que, en la nota al art. 497, definía los derechos reales pero allí, en realidad, después de criticar a la doctrina francesa que habla de obligaciones reales, se limita a transcribir la definición de Ortolán, para quien: "Derecho personal es aquel en que una persona es individualmente sujeto pasivo del derecho. Derecho real es aquel en que ninguna persona es individualmente sujeto pasivo del derecho. O en términos más sencillos, un derecho personal es aquel que da la facultad de obligar individualmente a una persona a una prestación cualquiera, a dar, suministrar, a hacer o no hacer alguna cosa. Un derecho real es aquel que da la facultad de sacar de una cosa cualquiera un beneficio mayor o menor". Destacamos la palabra individualmente, en la noción de derecho personal, pues Ortolán revela conocer (o prea6 Cuando nos referimos a los conceptos vertidos en las notas decimos "el codificador", para destacar que es la opinión de Vélez Sársfield, mientras que al citar las disposiciones de los artículos y comentar sus soluciones, decimos "el Código" para resaltar su carácter normativo que -a nuestro juicio- no tienen las notas.

8

NOCIONES GENERALES

nuncia) la teoría monista personalista que -como veremoscontrapone, para los derechos reales, la noción del sujeto pasivo universal al sujeto pasivo individual. § 4. TEORÍAS. SU CRÍTICA. - Aparte de la teoría clásica, que encuentra una neta y sustancial diferencia entre los derechos reales y los personales, hallamos otras doctrinas que niegan la existencia de tales diferencias, o bien parten de otros criterios para efectuar la distinción entre ambas clases de derechos patrimoniales, que dan por resultado agrupamientos de éstos que no son totalmente coincidentes. Tratando de clasificar estas teorías tendríamos el siguiente cuadro sinóptico. Clásica

Teorías

No clásicas

¡

Personalista u obligacionista Unitaria realista

Institucionalista Existencia de un sujeto pasivo determinado Otras teorías modernas

Expondremos las principales, formulándoles la crítica. a) CLÁSICA. Llamada también dualista porque -como se ha expresado- encuentra una diferencia sustancial entre los derechos reales y los personales. Ya hemos transcripto anteriormente la opinión de Demolombe, como precipuo exponente de la doctrina clásica y que -para nosotros- reviste singular importancia porque a ella hace referencia el codificador, prestándole adhesión. Ver nota al Tít. IV donde se expresa: "Aunque en la nota al art. 497 definimos los derechos reales, tratando ahora especialmente de ellos, diremos con Demolombe, que derecho real ...".

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La principal crítica que se le formula a este autor es que, para efectuar la distinción, no utiliza un mismo criterio clasificatorio, pues mientras que para caracterizar al derecho real, pone el punto de mira en el aspecto económico, al hacerlo respecto del derecho personal, lo coloca en el aspecto jurídico7. También se ha dicho que es criticable la alusión que hace de "sujeto activo", cuando no menciona (como elemento) sujeto pasivo alguno, correlato que presupone la caracterización de activo. Otras críticas, como la formulada por la teoría personalista, nos parecen excesivas en la medida en que pierden de vista que, al definir una categoría de derechos subjetivos, se dan por supuestos todos los elementos que integran este concepto (el de derecho) y se pone el acento, o el énfasis, en las diferencias específicas o caracteres distintivos. Ésta es la base de toda definición conceptual rigurosa, o sea por determinación del género próximo y de la diferencia específica8. Cuando clasificamos lo animales en vertebrados e invertebrados presuponemos que ambos géneros participan de todos los caracteres del género animal y centramos la distinción en la presencia o ausencia de un elemento, despreocupándonos -por un momento- de otras notas distintivas que nos impedirían la generalización. Demolombe parte de dos pautas: a) la relación, que él no califica de "jurídica", y b~) el número de elementos. 7 Gatti dice: "A nuestro modo de ver la distinción que Demolombe presenta entre el derecho real y el derecho personal incurre en el pecado de no haber mantenido la unidad del fundamentum divisiones" (Teoría general de los derechos reales, p. 50). 8 En lógica se distinguen claramente las definiciones conceptuales de las verbales y de las reales. Las primeras, en su acepción rigurosa, consisten en determinar el género próximo y la diferencia que distingue esta especie de las otras correspondientes al mismo género (diferencia específica). Las verbales son seudodefiniciones y, en las reales, se agrega una determinación aunque sea mínima, que excede el contenido del concepto de modo que sobrepase el objeto formal (Romero - Pucciarelli, Lógica, p. 70).

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También es considerada clásica la definición dada por los autores franceses Aubry y Rau, para quienes: "Hay derecho real cuando una cosa se encuentra sometida, total o parcialmente al poder de una persona, en virtud de una relación inmediata oponible a toda otra persona"9. En esta definición se perfilan ya con claridad los dos aspectos del derecho real: interno y externo, y aparece la noción de oponibilidad, cuya importancia veremos más adelante. En síntesis, la doctrina clásica distingue al derecho real por su carácter absoluto en el sentido de que es oponible erga omnes, agregando que se puede hacer valer contra todos, mientras que el derecho personal sólo puede hacerse valer frente al deudor y sólo puede ser infringido por éste. b) DOCTRINAS MONISTAS. Llamamos "doctrinas monistas" a las que tienden a unificar en una sola categoría los derechos personales y los derechos reales, ya sea considerando que todos los derechos patrimoniales pueden ser refundidos en la primera de ellas (por eso denominamos a esta tesis "monista-personalista" o "monista-obligacionista"), ya sea que la fusión se opere sobre la base de la segunda categoría (tesis realista). O, en otras palabras, para la primera todos los derechos patrimoniales son personales o creditorios; para la segunda, todos son reales. Pasamos a hacer su exposición y crítica. 1) DOCTRINA PERSONALISTA U OBLIGACIONISTA. Aunque se suele sindicar a Planiol como uno de los iniciadores de esta teoría, cabe señalar que no sólo era conocida con anterioridad, sino que había sido refutada con firmeza por juristas de la talla de Savigny y Freitas. Pero se debe reconocer que Planiol y sus discípulos fueron quienes, formulando la más formidable crítica a la doctrina clásica, dieron difusión a esta doctrina y la expusieron con mayor sistematización, aunque -y esto también debe destacarse- más tarde advir9

Citados por Molinario, Derecho patrimonial y derecho real, p. 43.

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tieron que no era posible evitar la distinción entre los derechos reales y los personales, aceptando que existen importantes diferencias entre ambas clases de derechos10. Estas ideas parten de la observación hecha por Kant, en 1797, en sus Principios metqfísicos del derecho, según la cual es absurdo suponer la obligación de una persona respecto de una cosa y recíprocamente, aunque sea corriente hacer sensible una relación jurídica mediante esta imagen. No hay, propiamente hablando, ningún derecho (directo) a una cosa; pero se llama así lo que corresponde a uno respecto de una persona que está en comunidad de posesión (en estado de sociedad) con todas las demás. Explicitando esto diremos que el derecho sólo se da en sociedad (ubi societas ibi ius) y viceversa donde no hay sociedad no hay derecho (ubi non est societas ibi no potest esse ius). Si imaginamos un hombre completamente aislado sobre la tierra, respecto de él la existencia del derecho no tiene sentido11. La relación jurídica sólo se da entre personas y no entre una persona y una cosa. En este último caso podrá haber una relación de hecho pero no de derecho12. No existe -dice esta escuela- derecho respecto a los bienes, porque el derecho es la facultad de exigir a otro una conducta determinada en procura de la satisfacción del interés de su titular13. En la tesis de Planiol, que fue profundizada por algunos de sus discípulos, especialmente Michas, se destaca que la concepción clásica incurre en error al omitir la mención, en la relación real, del sujeto pasivo. Éste lo constituyen todas las personas que se encuentran obligadas a abstenerse de todo acto capaz de turbar la posesión pacífica, que la 10 Ver Ripert - Boulanger, Tratado de derecho civil. Parte general, t. I, p. 467 y siguientes. 11 Rigaud, El derecho real, p. 93, con cita de Kant. 12 Molinario, Derecho patrimonial y derecho real, p. 100. 13 Diez Picazo - Gullón, Sistema de derecho civil, vol. III, p. 41.

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ley quiere asegurar al titular de un derecho real. De tal manera que el derecho real viene a configurarse como una relación obligatoria, en la cual el sujeto activo es dicho titular y el pasivo comprende a todas las personas que integran la comunidad social, dentro de la cual se ejerce el derecho. En tal sentido, Ripert y Boulanger, siguiendo las enseñanzas de Planiol, dicen: "El derecho real debe concebirse entonces bajo la forma de una relación obligatoria, en la cual el sujeto activo es simple y está representado por una sola persona, mientras que el sujeto pasivo es ilimitado en número y comprende a todas las personas que entran en relación con el sujeto activo. Esta oponibilidad absoluta hace que el derecho real sea más complejo que el derecho de crédito, pero esta complejidad es puramente teórica. En efecto, se necesita que una persona oponga una pretensión contraria a la del titular del derecho para que pueda nacer una controversia. Y en este caso, el titular del derecho actúa contra quien violó su derecho debiendo respetarlo. En otros términos aparece en la acción judicial. El sujeto pasivo se determina a sí mismo al no respetar el derecho ajeno. En este momento se advierte que él ha infringido la obligación que le incumbía"14. No se justifica la inusitada repercusión que -en su momento- causó la teoría de la obligación pasiva universal atribuida a Planiol, si se tiene en cuenta -como bien lo señalan Gatti y Alterini- que ya Savigny, no sólo la había expuesto con claridad sino que la había calificado de errónea y censurable, en tanto oscurece la diferencia natural de las ideas jurídicas y emplea la expresión "obligación", en un sentido completamente extraño al que le asignaron tradicionalmente las fuentes romanas15. 14

Ripert - Boulanger, Tratado

de derecho

civil.

Parte general,

t. I,

p. 470. 15

p. 38.

Gatti - Alterini, El derecho real.

Elementos para una teoría

general,

CARACTERIZACIÓN Y METODOLOGÍA

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A su vez, Freitas, en la Consolidación de las leyes civiles, más de cuarenta años antes de Planiol, había expuesto y refutado con diafanidad este criterio y Vélez Sársfield hace referencia a la obligación pasiva general en la nota al art. 2507, al referirse y caracterizar el dominio internacional16. Allí expresa: "Hay otro dominio que se llama dominio internacional. Todo lo que antes hemos dicho de los derechos absolutos y de los derechos reales, es exactamente aplicable al dominio internacional, o propiedad de Estado a Estado. No consiste en una relación especial de acreedor y de deudor entre una nación y otra, sino en una obligación general de todas las naciones, obligación pasiva, como toda la que es relativa a los derechos reales, obligación de inercia, de respetar la acción de cada pueblo sobre su territorio, no turbarla, ni imponerle obstáculo alguno ...". En cuanto a la crítica de la teoría personalista, se ha expresado que en el concepto de derecho está ínsita la relación entre personas y, por lo tanto, ello es dado por supuesto en la doctrina clásica que de ningún modo sostiene -como parecen afirmarlo sus críticos- que es sobre la cosa que recaen las obligaciones. Esta teoría (la personalista) otorga una extensión a la palabra "obligación" que es ajena al concepto auténtico del término -como ya lo señaló Savigny- oscureciendo así, sus sostenedores, el prístino significado de la palabra y confundiéndolo con el deber genérico de respetar los derechos ajenos17. La obligación es ligazón (ligatio~), vínculo que conecta a dos sujetos y por el cual uno de ellos (sujeto pasivo) debe a otro (sujeto activo) una prestación. Ello no ocurre 16

Gatti - Alterirtí, El derecho real. Elementos para una teoría general,

17

Gatti, Teoría general de los derechos reales, p. 38.

p. 38.

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en los derechos reales. Así dispone el art. 497 del Cód. Civil: "A todo derecho personal corresponde una obligación personal. No hay obligación que corresponda a derechos reales". Tal aspecto se patentiza en la observación de que la obligación pasiva universal no figura -como deuda- en el pasivo del patrimonio de los supuestos obligados. Lacruz Berdejo coincide diciendo que "nadie incluye en el debe de sus libros de contabilidad la obligación de respetar la propiedad ajena"18. El mismo Planiol -se señaló- ha reconocido la insuficiencia del concepto de obligación pasiva universal para caracterizar el derecho real, advirtiendo la necesidad de tener en cuenta el derecho conferido al titular de conseguir determinadas ventajas sobre la cosa. En tal sentido, afirma Molinario que "se tiene que admitir forzosamente que el derecho real comporta una potestad sobre el bien objeto de él, con lo cual toda la pretendida novedad queda reducida a señalar la existencia de una obligación de respetar el derecho ajeno que, por ser común a todos los derechos, no puede ser erigida en nota característica de una categoría de ellos19. A esto se replica que los derechos personales y, en general, los relativos sólo pueden ser violados por las personas particularmente obligadas y no por los terceros, y que si éstos quisieran impedir el cumplimiento de la obligación del deudor, sólo podrían hacerlo llevando a cabo una acción contra la persona del deudor (o aun del acreedor) o contra la cosa objeto mediato del derecho creditorio, con lo cual siempre se vería violado un derecho absoluto y que, si en tal caso se lesiona el crédito, se lo lesiona como "propiedad", o sea como derecho absoluto y no relativo20. 18 19 20

Lacruz Berdejo, y otros, Derechos reales, p. 15. Molinario, Derecho patrimonial y derecho real, p. 100. Gatti, Teoría general de los derechos reales, p. 41 y 42.

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La objeción es seria pero relativa, pues los terceros pueden afectar la integridad del crédito directa o indirectamente, por ejemplo con el uso abusivo de medidas cautelares, o cuando se prescinde del concurso en caso de insolvencia del deudor, no siendo difícil imaginar, ante la complejidad de las transacciones en el mundo de hoy, otras hipótesis que tiendan al desbaratamiento del crédito. Además de poner algunos ejemplos, López de Zavalía nos recuerda el texto del art. 1075: "Todo derecho puede ser la materia de un delito ..." y señala también la norma del art. 1095 que contempla la situación del locatario, comodatario y depositario que, teniendo un derecho personal, pueden ser afectados directamente por el ilícito21. En segundo lugar, porque si bien es cierto que al derecho de crédito se lo puede contemplar en su aspecto absoluto, con ello precisamente se está confesando que la obligación pasiva universal existe también para los derechos personales y no únicamente para los derechos reales. Juzgamos con Molinario que esta doctrina, además de equivocada, es infecunda, por cuanto de ella no se derivan consecuencias prácticas y sus sostenedores -inmediatament e - sugieren otros criterios distintivos tendientes a sustituir la clasificación tradicional. Por último, y desde el punto de mira de la concepción actual del derecho de propiedad y su función social, tal como lo señala Lacruz Berdejo, esta doctrina olvida que el derecho subjetivo no sólo se compone de facultades sino también de deberes positivamente impuestos a los titulares y, en particular, a los propietarios22. 2) TEORÍA UNITARIA REALISTA. Sin alcanzar la trascendencia de la personalista, la tesis realista -como se ha expresa21 22

López de Zavalía, Derechos reales, t. 1, p. 72. Lacruz Berdejo, y otros, Derechos reales, p. 14.

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do- tiende a objetivar el concepto de obligación, fundiendo todos los derechos personales dentro de la categoría de derechos reales. Quienes sostienen esta posición parten de una interpretación de la concepción de Saleilles, jurista que, al pretender objetivizar la obligación dando prevalecencia al elemento prestación sobre el elemento personal, da pábulo a que se conciban los derechos creditorios como una relación entre patrimonios, lo que quedaría evidenciado en el proloquio según el cual "el patrimonio es la prenda común de los acreedores". Las expresiones de Saleilles fueron recogidas, ampliadas y generalizadas en forma excesiva por otros expositores que, conocidas a través de la obra de Rigaud -quien coincide con Bonnecase-, llegan a sostener que el derecho personal no es un derecho respecto de la persona, sino que constituye un ius ad rem, cuya única diferencia con el derecho real es que no recae primitivamente sobre una cosa determinada sino que afecta a todo el patrimonio (Gaudemet) o es concebido como un "derecho real indeterminado en cuanto al objeto material sobre el cual podrá recaer (Gazin)"23. El error fundamental de esta doctrina es que confunde el objeto de la obligación, que es la prestación, con los efectos que -sobre el patrimonio- apareja el incumplimiento. La diferencia se advierte diáfanamente si se tiene en cuenta que el incumplimiento puede conllevar consecuencias más amplias que la simple ejecución forzosa de la obligación o la indemnización sustitutiva del objeto principal, tales como los daños y perjuicios derivados de la falta de cumplimiento oportuno, las cláusulas penales, etcétera. Este error proviene de pretender determinar la naturaleza de una relación jurídica contemplándola en su momen23

Rigaud, El derecho real, p. 331 y siguientes.

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to anormal. Lo normal es que la obligación se cumpla in natura, sin comprometer para nada el patrimonio en su conjunto. Más aún, hay obligaciones que se establecen intuitu personas y en las que difícilmente se pueda ver un vínculo exclusivo entre patrimonios con prescindencia del elemento personal. Piénsese en el artista que se obliga a interpretar un concierto y se advertirá cuan difícil es concebir, en tal caso, la aplicación de esta teoría. Por último decimos que la locución: "El patrimonio es la prenda común de los acreedores", no pasa de ser una expresión cómoda para denotar que el conjunto de bienes de una persona sirve como respaldo del resultado de las obligaciones (es lo que llamamos "responsabilidad genérica universal"), pero de manera alguna se utiliza la palabra prenda en su sentido técnico, aparte de que la prenda no puede tener como objeto un patrimonio (universalidad de derecho) o parte alícuota de él24. c) TEORÍA DE LA INSTITUCIÓN. Esta teoría constituye un admirable esfuerzo de sistematización que excede el campo de los derechos reales, y aun el más amplio del derecho civil, como que -en realidad- tiene su origen en una concepción que "ha conquistado el derecho de citarse en filosofía del derecho. Se puede discutir su valor -dice Delosmas no se puede descuidarlo"25. Originada en el derecho público, por obra de Hauriou, se extiende la concepción a todo el derecho, principalmente mediante la obra de Renard y, en el campo de los derechos reales, es desarrollada especialmente por Rigaud. 24 Alsina Atienza, Las diferencias entre el derecho real y el derecho de crédito, JA, doctrina, 1956-11 y ss.; Molinario, Derecho patrimonial y derecho real, p. 110 y ss.; Gatti, Teoría general de los derechos reales, p. 44. 25 Délos, Teoría de la institución. La solución realista al problema de la personalidad moral y el derecho de fundamento objetivo, "Boletín de Seminario", Santa Fe, n° 4, 1953, p. 307.

2. Musto, 1.

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Precisamente el último de los nombrados es quien dice que Hauriou no rechaza de la definición del derecho real el elemento de la obligación pasiva universal, acuñado por Planiol. Por el contrario lo coloca en su lugar refiriéndolo al aspecto externo 26 . Tratando de sintetizar los lineamientos fundamentales de esta tesis diremos que, entre las dos manifestaciones extremas de la actividad jurídica, la del Estado, en virtud de la ley, y la del individuo, exteriorizada en el contrato, encuentra una tercera manifestación: la de los fenómenos institucionales. La institución no es presentada como una unidad sino como una gama infinita y no uniforme de fenómenos de densidad variable. Así como hay grados de desarrollo en la escala de los seres físicos, así los hay en los seres sociales. Las instituciones se escalonan, como los seres vivos en biología, sobre las diversas especies de una jerarquía ascendente. La institución es una idea de obra o de empresa que se realiza y dura jurídicamente en un medio social. Históricamente las instituciones precedieron, tanto al individuo como sujeto de derecho, como a la existencia del Estado y -en su génesis- surgieron como una situación que perdura por imposición de un poder del grupo, que es aceptada por los integrantes y que, por eso mismo, se hace duradera. Precisamente, Hauriou distingue la fuerza del poder que según él había confundido Rousseau, diciendo que "si la presión que se ejerce no llega a la violencia el asentimiento del sujeto es jurídicamente válido (coactus volui, se volui)"21. Distingue el autor entre las instituciones que se personifican y las que no se personifican sosteniendo que la regla de derecho, socialmente establecida, es del segundo ti26 Rigaud, El derecho 27

real, p . 246 y 2 5 9 .

Hauriou, La teoría de la institución,

p. 31.

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po por ser una idea que se propaga y vive en el medio social, pero no engendra una corporación28. Los derechos son clasificados por su mayor o menor contenido institucional, lo que determina a su vez la naturaleza de las normas que los protegen o garantizan. Para los de mayor contenido institucional se aplica el derecho disciplinario, mientras que para las de menor contenido institucional bastan las normas de carácter estatutario. El derecho estatutario difiere del derecho disciplinario por su fondo y por las formas que reviste su elaboración. En el fondo, el derecho estatutario procura definir los derechos de los individuos en el grupo y frente al poder, mientras que el derecho disciplinario impone medidas a los individuos o bien reprime excesos de conducta. En cuanto a las formas, el estatutario deriva de una colaboración entre el poder de dominación y los sujetos cuya adhesión se procura y el disciplinario emana directamente del poder. El primero es una regla consentida; el segundo, una norma de conducta impuesta que se obedece, o se resiste con todos los riesgos y peligros consecuentes. En esta escala, los derechos reales estarían ubicados en una categoría intermedia entre los derechos inherentes a la personalidad y los de familia (ambas categorías de alto contenido institucional) por una parte, y los creditorios (de menor contenido institucional), por la otra. Esta teoría no desconoce, por lo tanto, la distinción entre derechos reales y personales, sino que los examina desde otro punto de mira. No es incompatible tampoco con las doctrinas que preconizan esta distinción, sino que por el contrario nos da un elemento más para caracterizarla. 28

Hauriou, La teoría de la institución,

p. 39.

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La tesis institucionalista si bien importa, como se ha expresado, un admirable esfuerzo de sistematización, no responde a la pregunta sobre la esencia misma del derecho real, pues no se avanza en este sentido exponiendo cuál es el punto de la escala en que se ubican, del mismo modo que no se describe un ser vivo ubicándolo en la escala biológica (seguimos el ejemplo de Renard), pero no se puede negar que ello contribuye a su caracterización. No nos ocupamos -dado el carácter de esta obra- de las críticas que se le formulan a estas teorías desde el punto de vista ideológico29. d)

TEORÍAS QUE ACEPTAN LA EXISTENCIA DE UN SUJETO PASIVO DE-

A diferencia de la doctrina que encuentra un sujeto pasivo indeterminado en el ámbito de los derechos reales, una serie de autores, en su búsqueda de un sujeto pasivo, encuentran -independientemente o no del indeterminado- un sujeto pasivo determinado, identificándolo, especialmente en los derechos que tienen por objeto una cosa ajena, con el propietario de la misma. Así, el propietario del fundo sirviente sería el sujeto pasivo de la servidumbre, cuyo titular es el propietario del fundo dominante; el nudo propietario sería el sujeto pasivo determinado en el derecho de usufructo, etcétera. Entre los más conspicuos sostenedores de esta tesis contamos a Arangio Ruiz (Italia), De Buen (España), Ginossar (Francia), Atard (México) y Legón (Argentina). Este último llega a sostener que, en el dominio, el sujeto pasivo es el que transmitió la propiedad de la cosa, ya que se encuentra obligado por evicción. Para Atard, los sujetos pasivos serían -en cambio- aquellas personas que tienen maTERMINADO.

29 Laquis, Derechos reales, t. I, p. 28 y 29. En efecto, este autor, siguiendo las críticas formuladas por Friedmann, a quien transcribe, concluye que la teoría, a la que caracteriza como una doctrina neoescolástica del derecho natural, conduce fatalmente a un nuevo despotismo del Estado. Es obvio que no participamos de esta posición.

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yor proximidad física con el objeto sobre el cual se asienta el derecho real30. Esta tesis ha sido suficientemente rebatida, desde tiempo atrás, por distintos autores, tenidos especialmente en cuenta por nuestro codificador, entre los que se destacan Freitas y Marcado. El primero de ellos dice en la parte final de la nota al art. 868 del Esbogo: "La posición en que el poseedor de una cosa se halla para con el titular de un derecho real sobre esa cosa, como por ejemplo, en el caso de la servidumbre o de la hipoteca de bienes existentes en poder de un tercero, es la misma posición de cualquiera otra persona a quien se prohibe impedir el ejercicio de los derechos reales y no constituye por tanto la posición de un deudor. La posición de deudor en relación a los derechos reales no puede manifestarse, sino cuando éstos son violados, como se ha previsto en el art. 869". Y la citada norma del Esbogo dice: "Pero, si los derechos fueren violados, ya sean derechos personales o derechos reales, siempre hay una obligación que les corresponde ..."31. Por su parte, Vélez Sársfield expresa en la nota al art. 497: "Nosotros decimos que el derecho puede ser un derecho real, como la hipoteca; pero lá obligación del deudor es meramente personal con el accesorio de la hipoteca, pero ésta no es una obligación accesoria. Cuando la cosa sale del poder del que la obliga, y pasa a otro poseedor, éste se halla en la misma posición respecto del acreedor, que tiene un derecho real, que cualquiera otra persona, a quien se prohibe impedir el ejercicio de los derechos reales; pero no le constituye la posición del deudor. Marcadé dice respecto a esto: 'Cuando me habéis vendido vuestra casa, estáis obligados a no molestarme en el goce del inmueble; pero 30 Atard, Preliminar, en Nussbaum, "Tratado de derecho hipotecario", citado por Gatti, Teoría general de los derechos reales, p. 47; Legón, Tratado de los derechos reales en el Código y en la reforma, t. V, p. 67 y 68. 31 Freitas, Esbogo, p. 332.

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esto no es una obligación de no hacer, pues no os priváis de ningún derecho. Esta necesidad nada tiene que os sea personal: ella es común a todos; es para vos, como para los otros, la consecuencia y correlación a un derecho real, existente erga omnes. Esta necesidad general y común a todos, que corresponde a un derecho real, forma un deber que cada uno está, sin duda, en el caso de respetar, como una obligación personal, mas no constituye una obligación'". Participamos asimismo de la crítica que se formula a la opinión de Legón (ya referida), entendiendo que la garantía de evicción es una consecuencia de la responsabilidad del transmitente en virtud del acto que debió operar la transmisión, nace del contrato y no del derecho real, y la evicción funciona -precisamente- cuando dicha transmisión no se ha operado, o no se ha operado con la extensión que surge del título. En el primer caso, el derecho real no ha sido verdaderamente constituido, y en el segundo se evidencia su vinculación con el contrato, dado que la pretensión de evicción se deberá basar en la faz o porción no transmitida. En cuanto a la opinión de Atard, aparte de ser pasible de las mismas críticas que la doctrina monista personalista, el sujeto no aparece determinado sino en el momento en que la persona que tiene proximidad física se convierte en agresor del derecho, pretende violarlo o directamente lo viola. Ello es una consecuencia del carácter absoluto del derecho real y del deber de respetar el derecho de los demás, cualquiera que sea su naturaleza. La circunstancia de vecindad o proximidad con la cosa resulta irrelevante y poco científica32. e) OTRAS TEORÍAS MODERNAS. Con espíritu conciliador entre las teorías abiertamente opuestas y de mayor relevancia 32 Atard, Preliminar, en Nussbaum, "Tratado de derecho hipotecario", citado por Gatti, Teoría general de los derechos reales, p. 48.

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(clásica y monista-personalista) se ha buscado armonizarlas, destacando las falencias de ellas al contemplar el derecho real, cada una, en uno solo de sus aspectos. Así, la teoría clásica habría tenido en cuenta exclusivamente el aspecto interno del derecho real, mientras que la personalista, al centrar el objeto de su atención en la obligación pasiva universal, puso el acento en el aspecto externo, con olvido de la relación interna. Esta doctrina que se ha llamado "ecléctica" o "integralista" destaca al definir los derechos reales tanto el aspecto interno como el externo, pero tal tesitura no se puede considerar novedosa, si ya los autores franceses Aubry y Rau (en 1869) habían definido los derechos reales como los que "creando una relación inmediata y directa entre una cosa y la persona a cuyo poder ella se encuentra sometida, de una manera más o menos completa (hasta aquí el aspecto interno) son por lo mismo susceptibles de ser ejercidos, no solamente contra una persona determinada, sino contra todo el mundo" (aspecto externo). O más sintéticamente aún: "Hay derecho real cuando una cosa se encuentra sometida total o parcialmente, al poder de una persona, en virtud de una relación inmediata oponible a toda otra persona"33. En la misma línea de pensamiento se enrolan, si nos atenemos a las definiciones que se formulan, Barassi, en Italia; De Buen y Roca Sastre en España y, entre nosotros, Molinario y Allende34. En cambio, Gatti parte de la distinción entre poderes y facultades, entendiendo que esta diferencia atañe a la esencia de los derechos y reconoce fundamentos de orden ético, histórico, jurídico, sociológico, político, económico e institucional y, después de desarrollar cada uno de éstos y 33

Aubry- Rau, Cours de droit civil ¡raneáis d'aprés le méthode de Zacharios, p. 50. 34 Ver Molinario, Derecho patrimonial y derecho real, p. 43; Allende, Panorama de derechos reales, p. 19.

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caracterizar a ambas categorías, clasifica los poderes jurídicos del derecho civil en poderes jurídicos familiares y poderes jurídicos reales, señalando esquemáticamente sus diferencias35. Por su parte, López de Zavalía se ubica en la posición ecléctica, con tal aproximación a la concepción clásica que se declara neoclásico. Entiende este autor que existe una diferencia estructural entre los derechos reales y los personales y que de dicha diferencia derivan consecuencias de interés36. La concepción integral no difiere -a nuestro juicio- de la clásica y, ubicándose en el mismo plano teórico, completa la distinción con ingredientes que, en cierto modo, ya habían sido tenidos en cuenta por la doctrina, aunque no se especificaran los datos diferenciales en las definiciones. De cualquier modo no creemos que baste el análisis crítico de una definición para juzgar una doctrina. La posición de Gatti, cuyo excelente trabajo tenemos en cuenta frecuentemente al exponer la parte general de los derechos reales, y cuya lectura recomendamos sin ambages a quien desee profundizar en el tema, es rica en perspectivas de desarrollo, aun fuera del campo propio de nuestra disciplina. Modestamente, sin embargo, consideramos preferible reservar las categorías "poderes" y "facultades" para denominar a los aspectos positivos que cada relación jurídica exhibe en su desarrollo dinámico y cuyo núcleo constituye el derecho subjetivo, especialmente cuando éste es complejo, y el de "deberes" y "cargas" para el aspecto pasivo. A ellos se refiere el Código Civil cuando nos informa de derechos y obligaciones del usufructuario o del locador. Pensamos que esta distinción se patentiza en el proceso, donde el derecho es el fundamento de la pretensión, pero 35 36

Gatti, Teoría general de los derechos reales, p. 53 a 62. López de Zavalía, Derechos reales, t. 1, p. 88.

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en cuyo desarrollo se producen numerosas y diversas situaciones jurídicas en las que las partes ejercen poderes y facultades y cumplen (o no) deberes y cargas. El desarrollo de esta postura excede el objeto de esta obra. Por otra parte, la idea de "poder jurídico" vuelve a destacar el elemento interno del derecho real, en desmedro del de relación. Adviértase que Ripert y Boulanger, seguidores de Planiol, utilizan esta expresión para designar dicho elemento. Otros autores como Barbero y Giorgianni, en Italia, propugnan una división tripartita. Barbero clasifica las posiciones jurídicas activas en derechos, garantías y créditos, con lo cual reagrupa los derechos subjetivos. Al derecho lo considera una posibilidad de actuar directamente (facultas agendi), mientras que el crédito confiere al acreedor una expectativa sobre la conducta ajena. La garantía no es nada más que el reforzamiento de la expectativa37. Para Giorgianni existen dos criterios clasificatorios: según la estructura y según la vinculación de poder. Por el primero clasifica los derechos en derechos de obligación, de goce y de garantía; respecto del segundo se distinguen según la vinculación esté o no referida a una cosa determinada. Para el primer criterio no es posible -según este autor- establecer la categoría de derechos reales; para el segundo existe tal categoría que comprende también a las obligaciones propter remz%. § 5. REALES. -

ASPECTOS

INTERNO Y EXTERNO DE LOS DERECHOS

El derecho real se manifiesta como un poder que se ejerce sobre la cosa y frente a las demás personas, según la ley. Al poder de la persona sobre la cosa se lo de-

3? Barbero, Derecho privado, n° 53 y ss., citado por López de Zavalla, Derechos reales, t. 1, p. 81 y 82. 38 Giorgianni, La obligación, cap. I, n° 10, citado por López de Zavalía, Derecho reales, t. 1, p. 83.

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signa como "aspecto interno", mientras que a la relación que traduce el derecho real frente a los demás (oponibilidad erga omnes) se lo denomina "aspecto externo". Ello no significa que el elemento interno no se manifieste por signos exteriores, sino que con ello se denota el conjunto o la gama de facultades que el titular del derecho ejerce sobre la cosa, sin la necesaria intervención de otras personas. Este poder no es exclusivamente de hecho ni se agota en la posesión ni se explica sólo por ella, sino que se sintetiza en el conjunto de facultades, que pueden ser jurídicas o materiales, tendientes al aprovechamiento de la cosa. La extensión de este poder depende del contenido del derecho real de que se trata y sirve para determinarlo. Así, Messineo expresa que "el poder se manifiesta, o como disponibilidad o goce (pleno o parcial) del objeto del derecho y como exclusividad de tal poder (derecho de goce: se habla, a este respecto, de derechos que tienen por contenido un agere licere, o sea la posibilidad de utilización directa de una cosa), o como sujeción del objeto o satisfacer de manera exclusiva determinados derechos de crédito (derechos de garantía)" 39 . Por su parte, Del Vecchio, refiriéndose al derecho subjetivo en general, nos dice que tiene dos lados o facetas: uno es la posibilidad de hacer o querer, conforme al imperativo y dentro de sus límites, que puede llamarse elemento interno. El otro está constituido por la imposibilidad de todo impedimento ajeno y por la posibilidad correspondiente de reaccionar contra éste, según el mismo orden de imperativos del cual depende la primera delimitación. Se da, pues, una posibilidad de exigir de otros el respeto, elemento al cual podemos llamar externo, porque se desenvuelve frente a otros40. 39 40

Messineo, Derecha civil y comercial, t. II, p. 22. Del Vecchio, Los principios generales del derecho, p. 11 y siguientes.

CARACTERIZACIÓN Y METODOLOGÍA

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En este sentido, Castán Tobeñas, de quien tomamos la cita anterior, añade que "aunque siempre se encuentran en el derecho subjetivo los dos elementos de referencia, esto no obsta para que predomine o se haga más visible uno u otro de ellos, según las diversas categorías de derechos. En los derechos absolutos o erga omnes de los que son ejemplo los derechos reales, destaca el elemento interno o de señorío, aun cuando no falte en los mismos el elemento externo o de pretensión, constituido por la exigencia de respeto que puede invocarse contra todos. En los derechos relativos o de obligación sobresale el elemento de pretensión, que adquiere gran relieve, toda vez que se hacen valer aquéllos contra una persona determinada"41. El aspecto externo se manifiesta en el deber del resto de las personas que integran la comunidad, de no interferir en el ejercicio de estas facultades. No falta quien intenta definir, por ello, el derecho real desde el punto de vista de su contenido negativo, o sea, como el ámbito en el cual está vedado a todo integrante de la comunidad, ejercer poder alguno sobre la cosa, con excepción del titular del derecho real. En este sentido, Windscheid ve en la propiedad, no tanto la facultad del propietario de la cosa según su voluntad (tanto de hecho como jurídicamente) sino más bien la posibilidad de mantener alejados a los demás de esa cosa. O sea la propiedad como suma de pretensiones frente a potenciales perturbadores. Con ello, dice Larenz, no sólo se pierde la expresividad del concepto (como opina von Tuhr), sino que se manifiesta el vaciamiento de sentido del concepto de propiedad que no es el de hacer prevalecer una pretensión frente al perturbador, sino la posibilidad de que una persona se cree, con las cosas el ambiente apropiado, el espacio de existencia individual ade41

p. 26.

Castán Tobeflas, Derecho civil español común y Joral, t. I, vol. 2,

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NOCIONES GENERALES

cuado para manifestarse como persona, es decir como ser libre42. Si el aspecto interno está limitado a su vez por el contenido del derecho real de que se trata, el aspecto externo está condicionado al grado de oponibilidad. Tales condicionamientos no son uniformes: en el aspecto interno existen derechos reales de mínimo contenido material e incluso que no se ejercen por la posesión (v.gr., servidumbre, hipoteca), en el segundo aspecto hay derechos de oponibilidad limitada (derecho real -sobre inmueble- no inscripto). § 6. NUESTRA POSICIÓN. - A pesar de las críticas y de los esfuerzos doctrinarios por establecer otras pautas diferenciales, la doctrina clásica, con su básica y elemental distinción entre derechos reales y derechos personales, parece conservarse en toda su lozanía y sus fructíferas consecuencias prácticas. La mayor parte de las críticas que se le formulan son producto de una interpretación fragmentaria de la posición aludida, sobre la base de las definiciones propuestas por los autores, más que de un cabal análisis en profundidad de la doctrina. Por eso hemos expresado que la doctrina monista personalista, con su concepción de la obligación pasiva universal, que ya había sido conocida y refutada cuando fue difundida por Planiol y sus discípulos, no hizo más que destacar el aspecto externo de los derechos reales, para después reconocer -sus seguidores- que "como la obligación pasiva no basta para caracterizar el derecho, es el poder jurídico el que desempeña esta función". La tesis monista realista, elaborada y por espíritu de simetría, como dice Molinario, de manifestaciones más literarias que jurídicas, y de una distorsión en la interpretación de expresiones de Sálenles, no resiste a las críticas que se le formulan. Otras tesis se 42

Larenz, Metodología de la ciencia del derecho, p. 51 y 52.

CARACTERIZACIÓN Y METODOLOGÍA

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colocan en un punto de mira diferente y representan una real contribución al estudio de las instituciones, pero no son incompatibles con la distinción clásicamente formulada que -como decimos- resulta básica y elemental en el campo teórico y fructífera en el práctico. De lo expresado, sin embargo, no se debe deducir que adoptamos una posición meramente conservadora o seamos partidarios de una concepción estática, o que desestimemos los esfuerzos teóricos hechos con ánimo de enriquecer y profundizar los conocimientos jurídicos, pero sí podemos expresar con Molinario: "Se justificaría el destruir una clasificación si se demostrara su inutilidad, pero sustituir por sustituir es algo que no debe admitirse en el terreno doctrinario y mucho menos en el legislativo". Por ello, no dejamos de destacar una tendencia a ampliar el ámbito de los derechos reales, especialmente en la doctrina alemana, donde los autores se quejan de la limitación de su esfera de acción al ámbito de los objetos materiales, señalando tal limitación como uno de los defectos capitales del sistema. Existe una notoria tendencia a conferir trascendencia real a una serie de modalidades de contratación, que estudiaremos más adelante, analizando si pueden caracterizarse como "nuevas formas de dominio", según los denomina parte de la doctrina, tales como la multipropiedad, los sistemas de tiempo compartido, clubes de campo, cementerios privados, etc. (ver § 331 a 337).

CAPÍTULO

II

UBICACIÓN DE LOS DERECHOS REALES EN LAS CLASIFICACIONES DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS A)

CONSIDERACIONES GENERALES

§ 7. INTRODUCCIÓN. - Hablar de derechos subjetivos, presupone la distinción entre éstos y el derecho objetivo, lo que no es pacífico en doctrina, puesto que hay quienes -como Duguit y Kelsen- han negado fundamento a la aludida distinción. Dichos autores llegan a la conclusión de que no existen derechos subjetivos como entidades distintas o separadas del derecho objetivo1. Sin perjuicio de sostener la unidad del concepto del derecho, consideramos innegable la distinción entre los dos sentidos o aspectos del derecho que, lejos de oponerse, se integran y complementan. Del Vecchio se refiere por ello al derecho en sentido subjetivo y al derecho en sentido objetivo2, mientras Coviello destaca que "es evidente que estamos en presencia, no de dos conceptos distintos y contrapuestos, sino de dos aspectos de una única idea, que se presuponen el uno con el otro y se completan recíproca1 2

Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, t. I, vol. 2, p. 30. Ver, en general, Del Vecchio, Los principios generales de derecho.

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NOCIONES GENERALES

mente. La norma importa poder de actuar según la norma, y el poder de actuar presupone una norma que le fija los límites y lo garantiza"3. Efectuada esta aclaración y sin entrar a profundizar en el tema, que corresponde a la teoría general del derecho, nos proponemos ahora ubicar a los derechos reales, objeto de nuestro estudio, en la más amplia categoría de los derechos subjetivos. La mayor dificultad que se plantea, en este aspecto, es la discrepancia de los autores en cuanto a la forma de clasificación y de los criterios usados para efectuarla, al punto de que se podría expresar que hay tantas clasificaciones de derechos subjetivos como autores. De esta manera, Savigny, cuya importancia se destaca por la influencia que, tanto directa como indirectamente, ha ejercido sobre nuestro codificador, otorgaba un rol preponderante a la voluntad individual que actúa el derecho objetivo. Para aclarar esto digamos que el derecho objetivo está visto como una entidad en potencia. La voluntad individual lo actúa, o sea, lo pone en acto. Esta voluntad puede dirigirse hacia la propia persona, hacia la naturaleza no libre, o hacia otras personas. Savigny descarta los primeros, o sea, los derechos sobre la propia persona, por considerar que no son verdaderos derechos y, respecto a la naturaleza no libre, expresa que sólo puede ser objeto del derecho en porciones concretamente determinadas, a las que llama "cosas"; los derechos sobre las otras personas los clasifica, a su vez, según se refieran a personas aisladas o como integrantes de la comunidad, con las que se relacionan a través de individuos determinados. De lo expresado extrae tres categorías: a) dereSobre la posición de Coviello, ver su Doctrina general del derecho civil.

UBICACIÓN DE LOS DERECHOS REALES

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cho de familia; 5) derecho de cosas, y c) derecho de obligaciones. Por su parte, Freitas, que para nosotros tiene también fundamental importancia porque influyó directamente en el método del Código y en la clasificación adoptada por el codificador, siguiendo las ideas de Goschen, los clasifica en dos grandes ramas: los derechos reales y los derechos personales y, a estos últimos, los divide en derechos personales en las relaciones civiles y derechos personales en las relaciones de familia4. Gatti destaca la gravitación de esta clasificación en la elaboración del método del Código5. Basta examinar el plan de nuestro Código y los epígrafes de la Secc. 2a del Libro I, "De los derechos personales en las relaciones de familia", y el del Libro II, "De los derechos personales en las relaciones civiles", para comprobar la exactitud de esta afirmación. Con acierto se señala que las clasificaciones toman en cuenta diversos criterios y así lo hacen con relación a la oponibilidad, al contenido, al objeto, al interés protegido, al fin, etcétera. Nos limitaremos a una clasificación que se encuentra referida sólo a dos criterios: el de oponibilidad que consideramos que puede ser absoluta o relativa y respecto al contenido que puede ser, sólo desde este punto de vista, patrimonial o extrapatrimonial. § 8. CLASIFICACIÓN POR SU CONTENIDO Y GRADO DE OPONIBILIDAD. - Por su contenido, los derechos pueden ser cla-

sificados en patrimoniales y extrapatrimoniales. Los primeros son los que por su naturaleza son susceptibles ab initio de apreciación en dinero, siendo indiferente que esa 4 5

Allende, Panorama de los derechos reales, p. 41. Gatti, Teoría general de los derechos reales, p. 17 a 19.

3. Musto. 1.

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NOCIONES GENERALES

apreciación esté determinada en suma cierta o no. Los segundos son los que no son susceptibles de ser evaluados de esa forma, aunque su violación dé lugar a un resarcimiento que, en definitiva, se traduzca en una suma de dinero. En tal sentido es útil la lectura de la nota al art. 2312 del Cód. Civil. Este mismo criterio había sido expuesto por Freitas, citado por Vélez Sársfield (en la nota al art. 2311): "Aun más, además de los hechos de los derechos personales de familia que no son bienes, es menester distinguir los hechos objetivos de los otros derechos personales que igualmente no son bienes bajo el exclusivo punto de vista de estos derechos una vez que se los separa de los derechos reales. Tal es el pensamiento de nuestro art. 321, que coloca en la misma línea de los derechos de las relaciones de familia no concernientes a bienes, las facultades individuales y su ejercicio, declarando que no forma parte del patrimonio de las personas. En derecho civil este punto es fundamental, sobre él reposa todo el sistema del Proyecto ..."6. Por su oponibilidad, los derechos se clasifican en absolutos y relativos, según que se ejerzan frente a todas las personas o frente a personas determinadas. Messineo expresa que "según la concepción corriente, derechos absolutos son aquellos que atribuyen al sujeto un poder que puede ser hecho valer frente a todos los terceros {erga omnes) y una defensa, contra actos de violación, de quienquiera que provengan, relativos son los derechos que pueden hacerse valer frente a una persona (o frente a varias personas) determinada o determinable ..."7. El autor citado emplea como sinónimos las palabras eficacia y oponibilidad. Nosotros estimamos que existe 6 7

Freitas, Esbogo, nota al art. 317, t. I, p. 177. Messineo, Derecho civil y comercial, t. II, p. 21.

UBICACIÓN DE LOS DERECHOS REALES

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una gran diferencia. La eficacia puede predicarse tanto del derecho objetivo como del subjetivo. Un derecho es eficaz cuando se puede exigir su cumplimiento o sancionar su incumplimiento. La oponibilidad, en cambio puede ser absoluta o relativa, sin que esto último lleve a tildar al acto de ineficaz. Un derecho real puede se oponible por estar debidamente inscripto y resultar ineficaz ante el concurso del constituyente (p.ej., una hipoteca constituida en el período de sospecha, en garantía de una deuda anterior). A los efectos de la ubicación de los derechos en el marco de estas dos clasificaciones se los puede dividir en cinco categorías. a) DERECHOS DE LA PERSONALIDAD. También llamados "personalísimos" o "inherentes a las personas", como la vida, la integridad física, la libertad, el honor, la imagen, la intimidad. Como atributos de la personalidad se mencionan el nombre, el domicilio, la capacidad y el patrimonio8. Son inalienables e imprescriptibles. La protección de esta categoría se traduce en los llamados derechos de la personalidad, caracterizados como aquellos derechos que, a diferencia de los patrimoniales, "garantizan al sujeto el señorío sobre una parte esencial de la propia personalidad", según la expresión de Gierke, o siguiendo a De Castro: "aquellos que conceden un poder a las personas para proteger la esencia de su personalidad y sus más importantes cualidades"9. Existe un paralelo entre los derechos de la personalidad y los llamados "derechos humanos". La teoría de los derechos de la personalidad pertenece al derecho privado, res8

Llambías, Tratado. Parte general, t. I, p. 275. Citados por Castán Tobeñas, Derecho civil español común y foral, t. I, vol. 2, p. 355. 9

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NOCIONES GENERALES

ponde al propósito de que sean dotados de una protección por el derecho civil. La teoría de los derechos del hombre, consagrada especialmente en los tratados internacionales, se preocupa sobre todo de su tutela pública, aspirando a poner al individuo bajo la protección del derecho público10. Los llamados "derechos humanos" se encuentran protegidos por normas de jerarquía constitucional, especialmente después de la reforma de 1994 que receptó, con esa jerarquía, los tratados internacionales sobre la materia (art. 75, inc. 22, Const. nacional). b) DERECHOS DE FAMILIA. Muchos autores los dividen, a su vez, en puros y aplicados. Belluscio parte de la noción de estado de familia, después de caracterizar esta expresión, distingue los derechos emergentes en patrimoniales y no patrimoniales. "Los derechos no patrimoniales emergentes del estado de familia, dice el autor citado, son inalienables. Los patrimoniales son, en principio, alienables. La enajenabilidad sólo comprende los derechos puramente patrimoniales o pecuniarios mas no aquellos que, a pesar de serlo, están tan íntimamente unidos al estado de familia que no cabe separarlos de él"11. c) DERECHOS REALES. Son siempre de contenido patrimonial y oponibles erga omnes. Su estudio es el objeto de la obra, razón por la cual no nos explayamos en este acápite. d) DERECHOS CREDITORIOS. Llamados tradicionalmente "personales" (por oposición a los derechos reales). Son también de carácter patrimonial y de oponibilidad relativa. Preferimos llamarles creditorios u obligacionales, pero em10

Castán Tobeñas, Derecho civil español común y Joral, t. I, vol. 2, p. 357

y 358. 11

Belluscio, Derecho de familia, t. I, p. 60.

UBICACIÓN DE LOS DERECHOS REALES

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plearemos indistintamente la expresión "personales", pues así los designa el Código Civil. e) DERECHOS INTELECTUALES. Éstos reconocen dos aspectos bien definidos, un aspecto moral y un aspecto patrimonial. El aspecto moral está referido al derecho a la obra en sí, al derecho que cada autor o inventor tiene sobre su creación artística o intelectual. El derecho moral de autor es inalienable e imprescriptible. También se sostiene que es perpetuo. En este sentido se debe aclarar que el ejercicio de las facultades que le son inherentes son vitalicias para el autor y limitadas en el tiempo para los herederos. La ley 24.870 modificó la ley 11.723 y complementarias, extendiendo el plazo de cincuenta años, que ésta fijaba, a setenta años a contarse a partir del Io de enero del año siguiente a la muerte del autor y en las obras en colaboración a partir de la muerte del último colaborador. El aspecto patrimonial está relacionado con los beneficios económicos que pueden obtenerse ya sea con la enajenación de la obra (en su sustrato material), su difusión o publicación (edición, grabación o ejecución musical, representación teatral, exposición, etcétera). Actualmente ha cobrado trascendencia la necesidad de proteger el derecho intelectual contra las copias clandestinas de programas de computación, películas en videocintas, bases de datos en discos compactos, etcétera. La ley 25.036, de 1998, incorporó los programas de computación. Se debe tener en cuenta que protege dichos programas, así como también las compilaciones de datos o de otros materiales, incorporándolos a la ley 11.723. Asimismo admite, para quien tenga licencia de los autores para utilizar un programa, la reproducción de una copia de salvaguarda12. 12 Aclaramos que la ley 24.870 fue sancionada el 20/8/97, promulgada el 11/9/97 y publicada en el BO del 16/9/97. Por su parte, la ley 25.036 fue sancionada el 14/10/98, promulgada el 6/11/98 y publicada en el BO el 11/11/98.

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NOCIONES GENERALES

Derechos

Oponibilidad

Contenido

Absolutos

Extrapatrimoniales

Puros

Absolutos

Extrapatrimoniales

Aplicados

Relativos

Pueden tener o no contenido patrimonial

Reales

Absolutos

Patrimoniales

Creditorios

Relativos

Patrimoniales

Aspecto moral

Absolutos

Extrapatrimoniales

Aspecto económico

Absolutos

Patrimoniales

De la personalidad De familia

Intelectuales

B)

COMPARACIÓN ENTRE LOS DERECHOS REALES ¥ LOS PERSONALES

§ 9. INTRODUCCIÓN. - Como hemos visto anteriormente, ambas clases de derechos son, por su contenido, patrimoniales. Importa destacar entonces las diferencias y las vinculaciones que existen entre estas dos categorías. Estas diferencias se deben observar desde distintos puntos de vista, lo que permite un ensayo de clasificación. Así, por ejemplo, desde el punto de mira de su esencia, de su naturaleza, de su estructura y elementos fundamentales, de su contenido, etcétera. § 10. ESENCIA. - No ha resultado fácil a la doctrina encontrar una diferencia esencial entre los derechos reales y los personales. Si bien se mira, el catálogo de ellas que consignan la mayoría de los autores explicitan la serie de datos que permiten concretar la distinción, pero que no son sino proyecciones o secuelas de una diferencia de fondo o, para decirlo en otras palabras, de una diferencia que

UBICACIÓN DE LOS DERECHOS REALES

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cala profundamente en la esencia de ambas clases de derechos13. Esta dificultad teórica no es tan acentuada, paradójicamente, en la práctica donde (en la mayoría de los casos) aparece notoria. El hombre no versado en derecho percibe claramente que no es lo mismo tener la cosa bajo su poder en ejercicio de un derecho de propiedad o usufructo -por ejemplo- que ser acreedor. Pero la distinción teórica es necesaria, no sólo por su importancia científica y didáctica, sino también porque existen instituciones de naturaleza controvertida y casos dudosos. Zonas grises donde la agudeza del jurista se ve en dificultades, cuanto más se verá en ellas el criterio vulgar, aunque siempre intuitivo, del hombre corriente. Es entonces donde la distinción perfilada en el ámbito teórico puede echar luz sobre el problema práctico. La diferencia esencial consiste -a nuestro juicio- en que, en el derecho real la voluntad de la persona se dirige (o puede dirigirse) en forma directa al objeto y de ese modo actúa su derecho. En cambio, en el derecho creditorio, para su ejercicio debe participar otro sujeto que se encuentra constreñido a la prestación (objeto). Cuidamos de no decir que el derecho real se ejerce sin intermediario alguno, o sin intervención de otra persona, porque puede existir, pero -en tal caso- la persona actuará como un instrumento que posibilita o facilita el ejercicio del derecho. Así cuando el jardinero, a nuestro pedido, planta un rosal en nuestro predio, no está ejerciendo su derecho real, sino que nosotros estamos actuando el nuestro. Ello así, sin perjuicio de que, desde otro punto de vista, se haya constituido una relación contractual de la cual deriven derechos personales, por ejemplo una relación de empleo o de locación de obra. 13

Alterini, La supervivencia del dualismo: derechos reales y derechos personales, "Revista del Colegio de Abogados de la Plata", año VIII, n° 16, p. 123 y siguientes.

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NOCIONES GENERALES

Además, Moisset de Espanés nos recuerda que Pedro León basaba la distinción esencial en los conceptos de inmediatez y mediatez que juzga muy precisos, agregando que "la inmediatez es un rasgo característico del derecho real; el titular del derecho real está colocado frente a la cosa sobre la cual tiene derecho en una posición que es inmediata es decir no hay -en principio- intermediarios. La vinculación con la cosa no es a través de otro. En cambio, en la relación obligatoria la posición del sujeto, del acreedor, es mediata; hace falta la interposición de otro sujeto, el deudor, que sirve de intermediario entre el sujeto activo y las cosas"14. § 11. NATURALEZA. - E l derecho real es siempre complejolh, por lo mismo que la posibilidad de dirigir la voluntad sobre una cosa se materializa en un haz, en un conjunto o cúmulo de facultades. El titular del derecho real tiene -además- la posibilidad de dirigir su voluntad en forma positiva o negativa, sin que ello implique el no ejercicio del derecho. En cambio, en el derecho personal, la voluntad negativa supone el no ejercicio del derecho. El derecho real, por este motivo, puede representársenos como una relación estática, que permanece en el tiempo, aun ante la inactividad del titular, mientras que el derecho personal presenta siempre un aspecto dinámico. Consecuentemente el ejercicio del derecho real no lo afecta, por el contrario, lo reafirma. El derecho personal, en principio, se agota con su ejercicio. Cuando el acreedor cobra el crédito y obtiene el pago del deudor, se extingue el derecho personal. Aunque existen otras formas de extinción de las obligaciones (art. 724, Cód. Civil), el pago es la primera de las enumeradas y la forma natural de cumplimien14

Moisset de Espanés, Curso de obligaciones, p. 19. Empleamos la palabra "complejo" en el sentido de múltiple o abarcativo, no como sinónimo de complicado o difícil. 16

UBICACIÓN DE LOS DERECHOS REALES

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to (art. 725). Se reconoce, sin embargo, que hay ciertos derechos de contenido obligacional que tienden a la permanencia, como la locación o el comodato. § 12.

CARACTERES FUNDAMENTALES.

RÉGIMEN LEGAL. -

Como la voluntad de la persona, al dirigirse a la cosa no encuentra otra voluntad individual que pueda poner límites a su ejercicio, podría darse el caso de un titular que dispusiere de la cosa de un modo que contraríe los fines sociales o económicos del derecho, inmovilizando la riqueza o creando sistemas que traben temporaria o perpetuamente la circulación de los bienes. Ello y la importancia que representa, en el aspecto político, social y económico, la riqueza inmobiliaria y mobiliaria, lleva al legislador a establecer un régimen legal en el que se advierte la prevalecencia de normas de orden público, en contraposición al estatuto de los derechos personales donde campea el principio de la autonomía de la voluntad. Así tiene dicho la jurisprudencia que "... la importancia política, económica y social de los derechos reales determina que su regulación legal esté presidida por la acción del orden público, que viene a ser su connotación dominante. No hay duda que son de orden público las normas estatutarias, que hacen a la esencia del derecho real. Tales las que enumeran taxativamente las figuras tipos, como las que reglamentan su contenido"16. El número de los derechos reales está determinado por la ley y ella regula de manera más o menos precisa, sus formas de adquisición, atribuciones, deberes y facultades de sus titulares, limitaciones, restricciones, duración, formas de extinción, etcétera. Dijimos anteriormente que el derecho real se ejerce frente a todos, en otros términos que es oponible erga om16 Conf. CNCiv, Sala C, 6/12/83, ED, 109-133.

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NOCIONES GENERALES

nes, pero para ello deben tener conocimiento los demás de la existencia y contenido del derecho que se ejerce; por ello, la oponibilidad presupone la publicidad y -a su vezapareja el derecho de persecución y de preferencia (ius persequendi y ius preferendi), todos ellos son caracteres reconocidos de los derechos reales y pautas distintivas respecto de los derechos personales17. Queda -en consecuencia- reservada a la ley la tipificación, estructuración y regulación de los derechos reales; la autonomía de la voluntad sólo tiene cabida en la medida en que la ley lo admite, y esto ocurre cuando los principios de orden público no sufren detrimento por tal admisión. En los derechos personales -en cambio- prevalece, como hemos dicho, el principio de la autonomía de la voluntad, sin otros límites que el orden público, la moral, las buenas costumbres y la buena fe. El estudio del régimen legal constituye un tema central que será explicitado en un capítulo aparte (ver § 33 a 42). En este sentido, Leiva Fernández nos da un panorama de los casos en que el Código Civil admite la prevalecencia de la autonomía de la voluntad en los derechos reales18. a) ENUMERACIÓN. En el derecho comparado encontramos dos tendencias: las que limitan los tipos de derechos reales, haciendo una enumeración taxativa de ellos y las legislaciones que, por el contrario, a pesar de enumerar y regular la mayor parte de ellos, no impiden la creación, por los particulares, de otros derechos reales, no contemplados por la ley. El primer sistema, llamado de numerus clausus, es adoptado por nuestro legislador como principio axiológico (art. 2502, Cód. Civil) de modo que no se pueden consti17 CNCiv, Sala B, 30/10/80, JA, 1982-11-219. 18 Leiva Fernández, La autonomía de la voluntad oculta en el Código Civil, LL, 1996-E-882.

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tuir otros derechos reales que los establecidos en la ley. En cambio, en materia de derechos personales, la voluntad de las partes es libre para regular sus relaciones las que, salvo las limitaciones a que hicimos referencia (el orden público, la moral, etc.), son establecidas por aquéllas de acuerdo a su conveniencia. El número de las relaciones personales (en cuanto a tipificación) es ilimitado. b) OPONIBILIDAD Y EFICACIA. Al ubicar los derechos reales en el marco de los derechos subjetivos, hemos expresado que son absolutos en cuanto a su oponibilidad o, dicho en otros términos, se ejercen frente a todos (erga omines). Se debe aclarar, sin embargo, que para ser oponibles es requisito indispensable la publicidad. Ello explica que existan derechos reales que, a pesar de haber sido válidamente constituidos, no son oponibles a terceros, o sólo son oponibles a quienes intervinieron en el acto (ver art. 3135, parte Ia, Cód. Civil, y art. 20, ley 17.801). Los derechos personales son relativos. En cuanto a su eficacia, el legislador ha extremado la protección de los derechos reales amparándolos con acciones del mismo carácter, con efectos persecutorios erga omnes. Este principio, empero, reconoce importantes excepciones, ya que, tanto en materia mobiliaria como inmobiliaria, son varias las hipótesis en que la demanda petitoria carece de eficacia contra los terceros adquirentes de buena fe (v.gr., arts. 1051, 2412 y sus correlativos). Nos esmeramos en distinguir los conceptos de validez, oponibilidad y eficacia. Nada mejor que ejemplificar, para mayor claridad, y elegimos para ello el derecho real de hipoteca. La hipoteca puede ser nula o anulable por faltar requisitos de forma o de fondo (p.ej., nulidad de la escritura pública, falta de capacidad del constituyente, infracción al principio de especialidad). Ello afecta a la validez. Una hipoteca válidamente constituida puede ser inoponible por falta de inscripción o por la nulidad de la toma de razón

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NOCIONES GENERALES

(art. 3166). Por último, una hipoteca válidamente constituida e inscripta puede resultar ineficaz si, por ejemplo, es objetada en el concurso de acreedores por haberse efectuado en fraude de los restantes acreedores o en el período de sospecha (arts. 118 y 119, ley 24.522). c) PUBLICIDAD. La publicidad es presupuesto de la oponibilidad, aunque no lo sea en principio para la constitución del derecho real. Ello depende de si el modo de publicidad tiene carácter constitutivo o declarativo. Nos referiremos con mayor amplitud al tema de la publicidad en general y de la publicidad sistematizada en registros, destacando la importancia que tiene en lo referente a la seguridad del tráfico o seguridad dinámica (ver § 705 a 749). Los derechos personales son -también en principioajenos a la publicidad. d)

"Ius

PERSEQUENDI" o DERECHO DE PERSECUCIÓN.

Se

ca-

racteriza el derecho real por encontrarse, podría decirse, adherido a la cosa, de tal modo que su titular puede hacerlo valer a pesar de que ésta haya pasado a poder de un tercero. Este rasgo, que es corolario de una cualidad general de los derechos reales a la que se la llama "inherencia", implica el poder de perseguir la cosa en manos de quien se encuentre. El derecho de persecución, como veremos más adelante, no es ilimitado. Los derechos personales no gozan del ius persequendi. e) "Ius PREFERENDI". Un derecho real que ha tenido la debida publicidad y es oponible erga omnes, goza del ius preferendi, o sea que tiene preferencia respecto de cualquier otro derecho que, sobre la misma cosa, se constituya con posterioridad. Esto se expresa con el brocárdico latino prior in tempore potior in iure. El derecho de preferencia es la regla en materia de derechos reales y está relacionado estrechamente a la fecha de constitución (y publicidad).

UBICACIÓN DE LOS DERECHOS REALES

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En cambio, en materia de derechos personales no rige el principio citado y el primero en el tiempo no tiene preferencia en el derecho. No debe confundirse el ius preferendi con el privilegio. Los privilegios permiten, a determinados acreedores, cobrar sus créditos con prelación a otros (de privilegio inferior o quirografarios) y están establecidos sobre la base de la naturaleza de los créditos y no en función de la prioridad (en el tiempo) con que fueron constituidos. El privilegio es excepcional, surge siempre de la ley y es, por eso mismo, de interpretación restrictiva (nos ocuparemos de él al tratar las instituciones de naturaleza controvertida). Sin perjuicio de ello, hacemos notar que ciertos derechos reales llevan anejo el privilegio, tales como la hipoteca y la prenda. § 13. ESTRUCTURA Y ELEMENTOS. NÚMERO. - Clásicamente se ha dicho que mientras en los derechos personales hallamos tres elementos, a saber: sujeto activo (acreedor), sujeto pasivo (deudor) y objeto (prestación); en los derechos reales encontramos sólo dos: sujeto (titular del derecho) y objeto (en principio, la cosa). a) EL OBJETO. El objeto del derecho real es la cosa. Cuando excepcionalmente la ley permite derechos reales sobre créditos (usufructo o prenda) requiere que la deuda conste en un instrumento que es entregado al titular del derecho real. De este modo adquiere corporeidad, se cosifica (arts. 2838 y 3212, Cód. Civil). Los instrumentos en que constan derechos personales son cosas muebles (art. 2319 in fine). En cuanto al usufructo de universalidades (patrimonio o parte alícuota de él -art. 2827-), la mayoría de la doctrina se inclina en el sentido de que recae sobre las cosas que las integran. Nos ocupamos de ello al tratar del usufructo (ver § 406 a 474).

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El objeto de los derechos personales es la prestación, conducta del deudor consistente en dar, hacer o no hacer. En las obligaciones de dar, el objeto inmediato es siempre la conducta del deudor. La cosa constituye objeto mediato de la obligación. Por otra parte, en el derecho real la cosa debe ser determinada y existente; en el personal puede se indeterminada o futura19. b) SUJETO. Si bien, en principio, toda persona puede ser titular de derechos reales existen ciertos derechos de los cuales sólo pueden ser titulares las personas de existencia visible. Ejemplos: el usufructo de los padres sobre los bienes de sus hijos sometidos a la patria potestad, el derecho de habitación de la viuda y, según surge de las limitaciones de uso y goce, el uso y la habitación (arts. 287, 2948, 2954 y 2964, Cód. Civil). Los derechos personales admiten la pluralidad o concurrencia tanto en el sujeto activo como en el pasivo. Los derechos reales pueden admitirla en el sujeto titular, o no. En este último caso se dice que son exclusivos. § 14. VICISITUDES. - Pueden destacarse diferencias entre los derechos reales y los personales en orden a las vicisitudes que atañen a su existencia: su constitución, su duración o permanencia, sus formas de extinción, la influencia del tiempo, las consecuencias de la muerte del titular sobre el derecho, etcétera. a) CONSTITUCIÓN. En el derecho personal, el hecho o acto jurídico que es su causa-fuente basta -en principiopara dejarlo establecido. En el derecho real, además del título (vocablo empleado en el sentido de causa-fuente), se requiere el modo. Así, puede ser constitutivo (tradición, inscripción de automotores) o declarativo (registro inmobiliario) . 19

Cornejo, El objeto de los derechos reales, LL, 1989-D-985.

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b) PERMANENCIA Y DURACIÓN. LOS derechos reales se ejercen, en general, con permanencia en el tiempo; los derechos personales que -como lo hemos expresado- se extinguen normalmente con su ejercicio, tienen -también en principio- un carácter de instantaneidad. Hay excepciones, como la locación y el comodato, que son, por su naturaleza, durables. Los derechos personales son siempre temporarios, mientras que entre los derechos reales existen algunos eminentemente temporarios (v.gr., usufructo, uso, habitación y los de garantía por su accesoriedad al crédito), al paso que otros son, o pueden ser, perpetuos (dominio, propiedad horizontal, servidumbres). Perpetuo no quiere decir intransmisible, por el contrario, la regla en estos derechos es la transmisibilidad. Justamente derechos eminentemente temporarios como el usufructo, el uso y la habitación, no son transmisibles. El Código Civil admite que se transmita el ejercicio del usufructo, pero no el derecho en sí (art. 2870). c) FORMA DE EJERCICIO. LOS derechos reales se ejercen, en general, mediante la posesión que implica -a la vezsu contenido y forma de exteriorización. En los derechos reales sobre cosa ajena, muchos autores hablan de cuasiposesión, terminología de la que nos ocuparemos más adelante. La vinculación de la posesión con los derechos reales es notoria por ser -como dijimos- la forma de ejercicio, el contenido y la exteriorización del derecho real. Unida a otros elementos como el tiempo (usucapión larga); la buena fe (presunción de propiedad de cosas muebles); el tiempo, la buena fe y el justo título, en materia de inmuebles (usucapión corta), determinan la adquisición de ciertos derechos reales. Otros, como la hipoteca, son ajenos a la posesión o cuasiposesión. Los derechos personales son -en general- extraños a la posesión. d) EXTINCIÓN. La simple renuncia del titular extingue los derechos personales. En los derechos reales, si bien

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pueden extinguirse también por medio de la renuncia del titular, en la mayoría de los casos, esa renuncia debe tener la modalidad del abandono que, a semejanza de la constitución, requiere del modo que se materializa en el desprendimiento de la posesión que hace el titular. La extinción del derecho real puede beneficiar al dueño de la cosa (cuando es un derecho real sobre cosa ajena), puede no beneficiar a nadie (abandono de cosa mueble), puede beneficiar al Estado (abandono de cosas inmuebles), al condómino en la medianería (arts. 2723, 2724 y 2727), al propietario del fundo dominante (art. 3023). La renuncia del derecho personal beneficia siempre al deudor. Hay derechos reales que se extinguen con la muerte del titular, como el usufructo, el uso y la habitación y las servidumbres personales. Los derechos personales no se extinguen por la muerte del titular. Los derechos reales que no se extinguen con la muerte del titular pasan indivisos a los herederos; los personales se dividen de pleno derecho tanto en su aspecto activo (créditos) como pasivo (deudas). Los derechos se extinguen con la pérdida de la cosa si son reales. Los personales, en principio, subsisten aunque se pierda la cosa. Sin embargo, en las obligaciones de dar cosas ciertas, cuando la cosa se pierde sin culpa del deudor, la obligación se extingue por imposibilidad de cumplimiento (art. 890 y correlativos, Cód. Civil). § 15. INCIDENCIA SOBRE EL DERECHO REAL. - A S Í como es distinta la incidencia sobre los derechos reales, frente a los personales, de otros factores o contingencias, también es distinta la influencia de las categorías mencionadas en la determinación de las instituciones que los rigen o gobiernan. Así influyen en la determinación de la ley aplicable y de la competencia de los jueces. a) LEY APLICABLE. Como el derecho real recae sobre una cosa, la situación de ella juega un papel preponderante

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en la determinación de la ley aplicable, mientras que en el derecho personal prevalece para dicha determinación, o bien el lugar de celebración del contrato, el de cumplimiento de la obligación, o el domicilio de las partes; sin perjuicio de que, como en ellos predomina el principio de la autonomía de la voluntad, ésta pueda ser decisiva en la determinación del derecho aplicable, siempre que no se trate de normas imperativas. Una relación jurídica puede constituirse o desarrollarse de tal modo en el espacio, que aparezcan las legislaciones de dos o más países (o de dos o más Estados de un mismo país) con pretensiones de aplicación superpuesta, lo que crea el llamado "conflicto de leyes en el espacio" (el conflicto también puede ser negativo, o sea ninguna de las leyes atrapa la situación jurídica planteada). La solución de tal tipo de problemas compete al derecho internacional privado, pero el Código Civil contiene diversas normas que prevén este tipo de cuestiones. En este aspecto, los derechos reales cuyo objeto son inmuebles, o muebles que tengan situación permanente, se rigen por la ley de situación de la cosa (lex rei sitos), mientras que los muebles que el propietario acostumbra a llevar consigo, o que son de uso personal, estén o no en su domicilio, se rigen por la ley del domicilio del dueño (arts. 10 y 11, Cód. Civil). En los derechos personales se tiene en cuenta el lugar de celebración del contrato y aquél donde éste deba ser ejecutado o cumplida la obligación (ver arts. 1205, 1209 y 1210). Los contratos hechos en países extranjeros, para transferir derechos reales sobre inmuebles, situados en la República, deben constar -para tener eficacia- en instrumentos públicos y presentarse legalizados y si transfieren el dominio deben protocolizarse por orden del juez competente (arts. 1211 y 3129). Para los países signatarios del Tratado de Montevideo se deben tener presentes las normas allí acordadas. 4. Musto, 1.

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b) COMPETENCIA. NO debe confundirse con el problema tratado anteriormente. Aquí se trata de determinar el juez competente para conocer en el juicio que se ventile en torno a ambos tipos de derechos, con independencia de la legislación que corresponda aplicar. Los códigos procesales establecen normas precisas en lo atinente a la atribución de la competencia. El principio es que, tratándose de acciones reales, es competente el juez de la circunscripción donde la cosa está situada, especialmente si se trata de inmuebles. El domicilio del demandado puede tener importancia cuando los inmuebles demandados sean varios y estén situados en distintas circunscripciones y, también, cuando la pretensión verse sobre cosas muebles. En materia de derechos personales se debe tener en cuenta en primer término el lugar del cumplimiento, el domicilio del demandado o el lugar de celebración del contrato, siempre que allí tenga éste su domicilio, aunque sea accidentalmente. En las acciones derivadas de delitos o cuasidelitos se tiene en cuenta el lugar del hecho o el domicilio del demandado (ver art. 5o, Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación y sus modificatorias; disposiciones similares en los códigos provinciales)20. c) PRESCRIPCIÓN. El tiempo proyecta su incidencia tanto sobre los derechos reales como sobre los personales, pero lo hace en forma diversa. Unido a la posesión posibilita la adquisición de los derechos reales que se ejercen mediante ella (excluidos los de garantía). Se trata de la prescripción adquisitiva o usucapión. En cambio, por virtud de la prescripción llamada "liberatoria", extingue la acción en los derechos personales. 20 En cuanto a las concordancias con los códigos provinciales, ver, en general, Fenochietto, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales.

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Sin embargo, el no uso es causal de extinción de los derechos reales de goce o disfrute de la cosa ajena (arts. 2924 y 2969) y de las servidumbres activas (art. 3059 y siguientes). Esta especie de prescripción, que funciona como extintiva, beneficia al propietario y es una consecuencia de la elasticidad del dominio, cuya desmembración, perpetua o por largo tiempo, el legislador ha tratado con disfavor. d) MUERTE DEL TITULAR. Como se ha expresado al hablar sobre la extinción de los derechos reales, la muerte del titular puede tener incidencia sobre éstos. Los que no se extinguen por ella pasan indivisos a los herederos, mientras que los personales se dividen de pleno derecho, activa y pasivamente. CUADRO DE DIFERENCIAS ENTRE LOS DERECHOS REALES Y PERSONALES Esencia Naturaleza Enumeración Oponibilidad y eficacia Publicidad Ius persequendi Ius preferendi

Caracteres fundamentales

Estructura y elementos

Vicisitudes

Incidencia sobre el derecho real

( {

Número Objeto Sujeto Constitución Permanencia y duración Extinción Ley aplicable Competencia Prescripción Muerte del titular

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§ 16. VÍNCULOS. - Siguiendo a Alsina Atienza diremos que ni el derecho real, ni la obligación pura se presentan aislados en el mundo jurídico y, "si examinamos sin prejuicios el panorama del derecho viviente, descubrimos a cada paso la estrecha interdependencia entre aquellas dos grandes categorías; interdependencia impuesta por las más imperiosas necesidades de la vida social y económica"21. Cuando se celebra un contrato con el fin de transmitir un derecho real, el contrato (venta, donación) viene a convertirse en el título (causa) del derecho real que para quedar constituido requerirá del modo (en este caso la tradición). El enajenante cuando entrega la cosa cumple con la obligación de dar asumida. Se entiende que la entrega se realiza en función de pago (causa solvendi), pero cuando la tradición tiene carácter constitutivo, como en principio es en nuestro derecho, esta entrega, con aquella causa, provocará el desplazamiento patrimonial que las partes se habían propuesto realizar (transmisión del dominio). Se advierte la necesaria y estrecha relación que existe entre ambas categorías. En los derechos reales de garantía, éstos resultan accesorios de un derecho personal que opera su influjo proyectando sus mutaciones sobre aquéllos, por ejemplo, si se extingue la obligación, la hipoteca que la garantiza se extingue por vía de consecuencia. Puede ocurrir que un derecho personal acceda a un derecho real, como en el caso del art. 3023 que permite pactar que los gastos de conservación de la servidumbre sean a cargo de la heredad sirviente (o sea de quien resulte titular de ella) de los que se puede liberar abandonando el fundo en favor del propietario del dominante. En el derecho comercial, la relación se advierte con referencia a los títulos valores, ya que en tales casos entre el 21 Alsina Atienza, La caracterización de las obligaciones reales, JA, 1964-11, secc. doctrina, p. 63.

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título (documento) y el derecho creditorio existe tal vinculación que a este último se lo considera en cierto modo objetivado a través del documento, al punto de que al título se lo equipara a las cosas muebles. Esto último es extensible a todos los instrumentos donde consten derechos personales (art. 2319, Cód. Civil). La simple tradición de los papeles al portador transfiere -en principio- el crédito al legítimo tenedor. Por su parte, los títulos que no son al portador son reivindicables, aunque hubieren sido cedidos o endosados sin transferencia del dominio (art. 2760, Cód. Civil). Los títulos al portador no son reivindicables (art. 2762).

CAPÍTULO

III

INSTITUTOS DE NATURALEZA CONTROVERTIDA Y PRETENSAS SITUACIONES INTERMEDIAS § 17. INTRODUCCIÓN. - A pesar de los numerosos criterios diferenciales que la doctrina apunta entre los derechos reales y personales, ya hemos advertido que existen zonas grises, donde la diferencia parece esfumarse. En algunos casos se controvierte directamente si una institución pertenece a una u otra categoría; en otros -en cambio- se sostiene la existencia de una categoría intermedia que participa de los caracteres (o de ciertos caracteres) que ambas presentan. Algunos casos aparecen ora controvertidos, ora considerados categorías intermedias, según cómo se los presente 1 . En los casos controvertidos -acotamos- se respeta la dicotomía entre ambas categorías de derecho y se discute si uno determinado, por ejemplo el del locatario, es derecho real o personal; en cambio, al pretender crear una categoría intermedia se pregona la existencia de una o más categorías que vendrían a agregarse a la tradicional división, un tertius genus.

Gatti, Teoría general de los derechos reales, p. 79 y siguientes.

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Casos controvertidos

Derechos de garantía 4 ( Anticresis Locación Privilegio Derecho de retención Partes del cuerpo humano Sepulcros Posesión

Ius ad rem Categorías intermedias < Derechos reales in faciendo Obligaciones propter rem A)

CONTROVERTIDOS

§ 18. DERECHOS DE GARANTÍA EN GENERAL. - Se discute su naturaleza por su accesoriedad respecto del crédito, pues, según el principio de que lo accesorio sigue la suerte del principal, los derechos de garantía participarían de la naturaleza del crédito, por lo cual serían derechos personales. Se replica que siguen su suerte en cuanto a las vicisitudes, pero no participan de su naturaleza. Al tratar de estos derechos distinguiremos claramente el crédito de la garantía. § 19. HIPOTECA. - Respecto de la hipoteca en particular, se añade que ella, al no ejercerse por la posesión, carece de la inmediatez, que es característica fundamental de los derechos reales. Tal aseveración descuida la circunstancia de que la posesión, si bien es la relación directa más común, no excluye la existencia de otras formas de relacionarse la persona directamente con la cosa. En el derecho de hipoteca se evidencian, quizá como en ningún otro, los derechos de persecución y preferencia, y el ius distrahendi: derecho a ejecutar la cosa y cobrarse con el producido de la subasta.

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Doctrinariamente se podría controvertir la naturaleza de la hipoteca mas, en el plano legal, no hay lugar a dudas, pues está enumerado en el art. 2503 y definido en el 3108 como derecho real y -además- el titular de la hipoteca tiene, durante el curso del plazo de la obligación o hasta el cumplimiento de la condición, las facultades conservatorias (art. 3158 y ss.) y está dotado de acciones reales para la defensa de su derecho (art. 2796). § 20. ANTICRESIS. - Troplong argumentaba que no es un derecho real porque no recae sobre la cosa sino sobre los frutos, argumento al que responde Vélez Sársfield en la nota al art. 3239 expresando -en síntesis- que mientras los frutos no estén separados del fundo forman con él una sola cosa y existe una desmembración de la propiedad cuando los frutos futuros se dan en garantía de un crédito. Como en el caso de la hipoteca, la discusión es doctrinaria, pero la interpretación de nuestra ley no deja margen para dudas, puesto que el Código los enumera como derecho real en el art. 2503 y los define así en el art. 3239. § 21. LOCACIÓN. DERECHO DEL LOCATARIO. - La relación inmediata que el locatario adquiere respecto de la cosa y el hecho de que la venta de la finca locada no afecte la locación, que continúa con el adquirente, ha llevado a sostener a algunos autores la naturaleza real del derecho del locatario. Pese a que, por el conjunto de facultades que se tienen sobre la cosa, en el aspecto práctico se asemeja al derecho real de usufructo, el del locatario está concebido en nuestro Código como un derecho personal que tiene la correlativa obligación del locador de, aun después de entregada la cosa, conservarla en buen estado y mantener al locatario en el goce pacífico de ella por todo el tiempo de la locación, haciendo todos los actos necesarios a su objeto y absteniéndose de impedir, minorar o crear embarazos al

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goce del locatario (art. 1515). O sea que exige actos positivos por parte del locador, incompatibles con la existencia de un derecho real, cuyo contenido no puede consistir en un hacer (servitus in faciendo consistere nequit). Aparte de ello, el derecho del locatario difiere con las características del derecho real en lo siguiente: a) no tiene el ius persequendi ni el ius preferendi; b) sus derechos emergen exclusivamente del contrato y pueden ver variadas las condiciones por el acuerdo de las partes; c) no tiene acciones petitorias ni posesorias, aunque esté protegido como tenedor, y d) el locador está obligado a defender y, en su caso, a indemnizar al locatario, cuando éste sea demandado por terceros que reclamen sobre la cosa arrendada, derechos de propiedad, de servidumbre, o de uso y goce (art. 1527), etcétera. En cuanto al argumento de la subsistencia de la locación a pesar de la enajenación de la cosa locada, solución receptada por el Código Civil francés, que ha llevado a juristas como Troplong a afirmar el carácter real del derecho, mereció la réplica de Vélez Sársfield en la nota al art. 1498, al expresar que ese autor olvida que el contrato explícito no es la única fuente de las obligaciones y que éstas nacen de varias causas: el contrato tácito, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. Sin duda -dice Vélez Sársfield-, quien compra un inmueble que está arrendado contrae formalmente la obligación de respetar el arrendamiento, pues debe saber que por la ley no puede desalojar al locatario (nota al art. 1498). § 22. PRIVILEGIO. - En principio, los acreedores de un mismo deudor están en igualdad de condiciones para hacer efectivos sus créditos frente al patrimonio del deudor (par conditio creditorum), siendo indiferente la fecha en que las obligaciones hayan sido contraídas. En caso de insolvencia, los harán efectivos en proporción a su crédito (a prorrata).

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La ley, sin embargo, establece excepciones a este principio disponiendo que ciertos acreedores tengan prioridad sobre otros, en el cobro de sus créditos. Estas excepciones se llaman "privilegios" y pueden tener proyección sobre todo el patrimonio (generales) o sobre ciertos bienes (especiales). El privilegio no es un derecho creditorio en sí -aunque lo supone-, sino que es una calificación excepcionalmente establecida por la ley en favor de ciertos créditos en atención a sus causas. No es tampoco un derecho real porque no tiene efecto persecutorio ni reconoce inherencia sobre las cosas (salvo que sea por razón de existir un derecho real y por virtud de éste). Una excepción es el caso del locador que puede perseguir las cosas introducidas en el inmueble locado (art. 3885). En este caso, el efecto es muy limitado en el tiempo (dos meses). El privilegio adquiere sentido cuando hay concurrencia de acreedores de un mismo deudor y su importancia se advierte cuando hay una falencia patrimonial general, o relativa a determinados bienes, afectados a responder frente a las deudas concurrentes. Ya se ha expresado que sólo pueden tener origen en la ley. El deudor no puede crear privilegio a favor de ninguno de los acreedores (art. 3876) y que, por su carácter excepcional, son de interpretación restrictiva. § 23. DERECHO DE RETENCIÓN. - Caracterizado como una prerrogativa del acreedor de conservar la cosa, hasta que se le pague lo que se le debe en razón de la misma cosa, se parece más a un derecho real por su dependencia del poder de hecho sobre ella. Es una facultad tendiente a asegurar el pago, pero carece del ius persequendi y del ius preferendi, con relación al tiempo, aunque prevalece sobre los privilegios especiales -inclusive el hipotecario- si ha comenzado a ejercerse antes de nacer los créditos privilegiados, según el agregado introducido al art. 3946 por la ley 17.711.

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El derecho de retención no da lugar a acciones petitorias, aunque está protegido por las defensas concedidas al poseedor (art. 3944), pese a no ser -en rigor- un poseedor2. No es un derecho real pero puede estar vinculado a ellos como en la prenda (arts. 3220, 3221 y 3229) y en la anticresis (arts. 3251 y 3261). El derecho de retención no es un privilegio, aunque en un aspecto aparece como una causa de preferencia de un acreedor sobre los demás acreedores, median diferencias notorias, pues el privilegio se mantiene independientemente de la posesión y aunque la cosa haya sido vendida, en este caso sobre el precio, mientras que el derecho de retención, si la cosa se enajena, el adquirente, siendo sucesor singular está obligado igualmente a satisfacer el importe del crédito, pero si es el retentor quien la hace vender para cobrar su crédito, no tiene privilegio sobre el precio (ver nota al art. 3939)3. Son numerosas las aplicaciones del derecho de retención según la norma genérica, existiendo numerosas normas específicas, entre otras, en la locación de cosas (arts. 1547 y 1558), en el contrato de depósito (art. 2218)4, en materia posesoria (arts. 2428 y 2440), en la tenencia (art. 2466)B, 2 López de Zavalía lo caracteriza como "cuasi poseedor anómalo" {Derechos reales, t. 1, p. 138). 3 Leiva Fernández, Derecho de retención, ED, 50-276; Papaño, El derecho de retención y los privilegios especiales, LL, 1993-B-405; Do Campo - Forte, Derecho de retención y derecho a retener, LL, 1981-C-1072; Trigo Represas, Excepción de incumplimiento o derecho de retención, LL, 1983-B-440, y, del mismo autor, Ejercitación judicial del derecho de retención, LL, 1990E-195; Acuña, Dispares interpretaciones jurisprudenciales sobre el derecho de retención, LL, 1975-D-483; Decourgez, Derecho de retención y privilegio, LL, 149-927; Kemelmajer de Carlucci, Privilegios en materia de concursos, JA, 24-1974-216. 4 Do Campo - Forte, Derecho de retención y derecho a retener, LL, 1981-C1072; Vallespinos, El derecho de retención en el contrato de depósito, LL, 1979-D-669. 5 Andorno, Gastos necesarios efectuados por el poseedor de mala fe sucediendo la entrega de la cosa. Pago de prenda que pesaba sobre la mis-

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en el condominio (art. 2686), en la prenda tácita (art. 3218), en la anticresis (art. 3245); destacándose su importancia frente al concurso del deudor6, en la locación de obra, etc., no siendo esta enumeración exhaustiva, dada la naturaleza no limitativa de la norma7. § 24.

DERECHO SOBRE PARTES DEL CUERPO HUMANO. - El

cuerpo de un ser humano no puede ser objeto de un derecho real, ni sus partes, mientras estén unidas a él. Tanto la vida como la integridad física son inalienables atributos de la persona de existencia visible. Pueden ser -sin embargo- objeto, en el mismo sentido en que pueden reputarse cosas, las partes del cuerpo humano separadas o extraídas de él, como el cabello, la sangre, la leche materna, etc., y con motivo de los trasplantes de órganos éstos pueden ser objeto del derecho real, en la medida en que la legislación específica permite su ablación y trasplante entre personas vivas y la existencia de bancos donde se conserven los órganos. El cadáver tampoco puede ser, como tal, objeto de un derecho real, pero sus partes pueden serlo, aunque generalmente en forma transitoria y hasta la implantación en un ser humano. En nuestro país fue dictada la ley 21.541, llamada "ley de trasplantes" que regulaba la materia, fue reformada por la ley 23.464 y sustituida posteriormente por la ley 24.193, sancionada el 24 de marzo de 1993 y promulgada el 19 de abril del mismo año y reglamentada por el decr. 512/95. ma. Derecho de retención, LL, 1990-E-211; ver, también, Leiva Fernández, El derecho de retención, su aplicación y las relaciones reales que en él se establecen, ED, 50-276. 6 Argeri, El derecho de retención en la quiebra, LL, 1979-B-1184; Porcelli, El privilegio del retentar en la quiebra, LL, 1990-A-118. 7 CNCiv, Sala C, LL, 1992-B-427, con nota de Barbier, Contrato de locación de obra y derecho de retención.

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La ley vigente distingue entre los órganos y el material anatómico no renovable, por una parte, y los tejidos o materiales renovables, como el cabello, la leche, etc., que quedan excluidos expresamente de su régimen, por la otra. La ablación en vida de órganos sólo puede efectuarse con autorización del dador, previa información de los riesgos y las secuelas que pueda acarrear. No pueden ser extirpados, con fines de trasplante, los órganos de menores de dieciocho años. La jurisprudencia, con la ley anterior, había flexibilizado el requisito de la edad, con algunas disidencias, cuando faltaba escaso tiempo para cumplir la exigida8. En otros casos ha prevalecido la interpretación más rigurosa9. Con la ley 24.193 se impone esta última interpretación, dado que el criterio es más severo10. Sólo pueden autorizarse entre las personas que enumera el art. 15 de la ley, salvo el caso de médula ósea, en que no rige esta limitación, excepto para los menores de edad, cuyos representantes pueden autorizar la ablación, pero sólo con relación a los parientes enumerados en el artículo. Respecto del cadáver, la ley establece una serie de requisitos para el caso de que no se haya expresado la voluntad de donar por el causante y enumera las personas que, en forma excluyente, pueden autorizarla. En ningún caso, la dación de los órganos o tejidos anatómicos puede 8

CSJN, 6/11/80, LL, 1981-A-398, con nota de Méndez, Reflexiones iusfilosóficas en torno al trasplante de órganos, JA, 1981-11-61, y ED, 91-266. En LL, 1984-B-188, se registra un fallo de primera instancia de la ciudad de Rosario, con interesante nota de Bueres - Rivera Dación de órganos entre vivos. ¿Interpretación o apartamiento de la ley? 9 CNCiv, Sala A, 4/9/80, LL, 1980-D-435, con nota de Vidal Taquini, Ablación de órganos por menores de edad. io JuzgCrimCorr n° 3, Mar del Plata, 6/6/95, LLBA, 1995-847.

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estar sujeta a contraprestación alguna (art. 27, inc./, ley 24.193)11. § 25. DERECHO SOBRE SEPULCROS. - No existe dificultad cuando se trata de sepulcros ubicados en predios particulares o de entidades privadas. El derecho real, en tal caso, recae sobre la finca o predio donde esté ubicado el sepulcro. Los cementerios municipales, en cambio, por pertenecer al dominio público del municipio son incompatibles con la existencia de derechos reales sobre los sepulcros existentes en ellos. Ello no obsta a que el municipio otorgue sobre las parcelas destinadas a la construcción de sepulcros, panteones o mausoleos, derechos que son verdaderas concesiones administrativas. En los últimos años se han popularizado, por así decirlo, los cementerios privados, adoptando figuras jurídicas diversas. Las estudiaremos en un capítulo aparte como nuevas formas de derechos con trascendencia real (ver § 334). § 26. LA POSESIÓN. - De ella se ha dicho que es el instituto más controvertido y complejo. Hay quienes afirman que es un hecho, otros que es un derecho, algunos que es personal, otros real y otros mixto. Sobre su naturaleza nos ocuparemos más adelante por ser tema fundamental de nuestra materia (ver § 75 a 137). B)

PRETENSAS SITUACIONES INTERMEDIAS

§ 27. LA CUESTIÓN. - La existencia de institutos de naturaleza controvertida no afecta la tradicional dicotomía en11 Bustamante Alsina, Determinación del momento de la muerte y la presunción legal del consentimiento del dador en el trasplante cadavérico de órganos (según la nueva ley 24.193), LL, 1994-E-1338; Desimone, El concepto de muerte en la ley de trasplantes de órganos y el delito de homicidio, LL, 1994-E-952; Méndez, Reflexiones iusfilosóficas en torno al trasplante de órganos, LL, 1981-A-398.

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tre derechos reales y derechos patrimoniales, pero sí la posible existencia de instituciones que representarían un tercer género entre los derechos reales y los personales. § 28. "Ius AD REM". - Se trata de un aproximación al derecho real, o un derecho real en vías de concreción, pero que tiene tal fuerza que puede distinguirse ya como un derecho "a la cosa". Su origen no es claro y el uso de la expresión tampoco es unívoco. Como antecedentes se señalan la acción pauliana y el fideicomiso, pero sus expresiones más claras se dan en el derecho canónico y feudal. En el primero se llamaba así al derecho que ejercían los obispos coadjutores sobre los bienes correspondientes al obispado cuando su titular estaba impedido de ejercerlo. Se siguió usando cuando el obispo presentado o elegido, no había sido investido aún por la ceremonia respectiva, llamada colación, y en el derecho feudal cuando existía posesión pero no se había procedido a la investidura, relacionándose así con la teoría del título y el modo. A veces, la existencia del título y la concreción de una medida cautelar tendiente a asegurar la entrega de la cosa, brinda tal seguridad de obtener el derecho real que se podría hablar de un verdadero estado de transición hacia el derecho real, otro tanto cabría decir cuando se tiene un boleto de compraventa y se ha otorgado la posesión del inmueble (la adquisición así efectuada se considera legítima siendo de buena fe -art. 2355, Cód. Civil-), máxime si se ha demandado la escrituración, o se han trabado medidas cautelares tendientes a asegurarla. Entendemos que no se trata de un tertius genus sino más bien de la transición normal, que puede darse cuando se tiende a obtener un derecho. No justificamos pues la admisión de un género intermedio. En el mismo sentido dicen Diez Picazo y Gullón que "la teoría del ius ad rem como categoría intermedia entre el derecho personal y el derecho real no goza del favor de la doctrina", aunque re-

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conocen, citando a Puig Brutau, que el ius ad rem "es la protección de la esperanza", cuando el derecho no se ha perfeccionado por faltarle alguno de sus elementos12. § 29. DERECHOS REALES "IN FACIENDO". - Se denomina así a los derechos reales que, aparte de la relación de inmediatez con la cosa, exigen de una persona determinada un comportamiento positivo: un hacer. Tuvieron su apogeo en el derecho feudal, período en que la exigencia de servicios como consecuencia de la relación con la cosa era bastante generalizada, pero en los sistemas jurídicos de raíz romanista hablar de derechos reales in faciendo representa una contradicción terminológica y conceptual. Los romanos expresaban: servitus in faciendo consistere nequit, expresión con la que se denotaba que las servidumbres no pueden consistir nunca en un hacer, sino en un no hacer (non faciendo) o en permitir, en un dejar hacer (in batiendo). A pesar de ello se argumentaba con la servidumbre oneris ferendi, consistente en la posibilidad de apoyar la carga del edificio en la pared del predio contiguo y en la que corría por cuenta, del propietario del fundo sirviente, la conservación de la pared que soportaba dicha carga. En nuestro derecho no pueden establecerse servidumbres que consistan en una obligación de hacer, aunque sean temporarias y para utilidad de un inmueble. Las que así se constituyan sólo valen como simple obligación del deudor y sus herederos, pero no afectan a las heredades ni pasan a los demás poseedores (arts. 3010 y 3042). Ni siquiera se puede argumentar con referencia a la servidumbre mencionada {oneris ferendi), dado que -el Código- ha ido más allá que el derecho romano, poniendo a cargo del fundo dominante los gastos de conservación de la pared de carga (art. 3022 infine). 12

Diez Picazo - Gullón, Sistema de derecho civil, vol. III, p. 45.

5. Musto, 1.

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NOCIONES GENERALES

Ante estas disposiciones y la terminante del art. 497: "... No hay obligación que corresponda a derechos reales", cabe expresar que no se puede hablar de la existencia de esta supuesta categoría intermedia. § 30.

OBLIGACIONES

REALES

O "PROPTER

REM".

- Éstas

son las designaciones que cuentan con mayor arraigo en la doctrina y en la jurisprudencia, aunque también se han usado otras para referirse a aquellas obligaciones que corresponden a un sujeto por su relación con una cosa determinada y en la medida que esta relación subsista. El contenido es obligacional, lo que determina su naturaleza, aunque tengan asiento en una relación real de manera que el sujeto está vinculado obligacionalmente por su relación con la cosa. El contenido determina además que el deudor, mientras subsista la relación real básica, responde con todo su patrimonio, pero, en principio, puede desobligarse haciendo abandono de la cosa. Mientras el abandono no se opere, la responsabilidad patrimonial es amplia. En el aspecto activo se pueden dar cuando el derecho a exigir el cumplimiento de la prestación compete al acreedor sobre la base de la relación de señorío, o pasivamente, o -a la vez- activa y pasivamente. En su aspecto activo otorgan una pretensión personal contra el deudor y no una pretensión real. Tal pretensión, salvo disposición en contrario de la ley, no es oponible a la masa (como real) en caso de concurso, carece per se de privilegio y es susceptible de prescribir conforme a las reglas propias de las acciones personales. Dado así el concepto de obligación propter rem y a su sintética caracterización, cabe expresar que su existencia es innegable y la variedad de ellas dificulta su sistematización. Aparte de ello, la doctrina no es concordante respecto de una serie de obligaciones, que se pretende incluir en esta categoría.

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Como ejemplos de obligaciones propter rem se señalan las que emergen de la relación de vecindad, por ejemplo, la de cortar las ramas de los árboles que se extienden al fundo vecino (art. 2629), la recompensa que se debe a quien encontró la cosa mueble perdida (art. 2533), la de resarcir los gastos hechos por otro condómino (2685). Un ejemplo más brinda la obligación al pago de las expensas en la propiedad horizontal, aunque no participa de la característica de poder liberarse con el abandono de la cosa por parte del deudor (art. 8o, ley 13.512). Se deben distinguir las obligaciones propter rem: a) de las cargas o gravámenes reales, el propietario cuya cosa es objeto de un derecho real por parte de un tercero ve disminuido su derecho de dominio en su contenido normal; se dice así que sobre él recae un gravamen o carga, con ello se designa el aspecto pasivo de derechos reales como la servidumbre, el usufructo, la hipoteca, etc.; b) de las obligaciones de sujeto indeterminado, existen obligaciones que, en su origen, se relacionan con la propiedad o guarda de una cosa, pero que no son responsabilidades que emergen de esa titularidad o guarda. Esta relación sirve sí para determinar, en su momento, al sujeto responsable, pero no son obligaciones inherentes a la cosa ni se transmiten con ella. Por ejemplo, la responsabilidad por daños producidos por las cosas inanimadas o por los animales feroces (ver arts. 1113 y ss., y 1124 y siguientes). Adviértase que en tal caso el propietario no puede sustraerse de la obligación abandonando la cosa (ver norma del art. 1131); c) más dificultosa es la distinción de las obligaciones propter rem con las denominadas in rem scripta, caracterizadas estas últimas porque se produce una cesión ope legis del contrato. Como ejemplo se citan el arrendamiento cuando se enajena el inmueble arrendado (art. 1498), el supuesto de los contratos de trabajo cuando se produce la venta del fondo de comercio, entre otros. Un elemento básico para distinguirlas es la imposibilidad de liberarse con el abandono de la cosa.

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NOCIONES GENERALES

Las obligaciones inherentes a la posesión comprenden a las restricciones al dominio y demás derechos reales, y a las cargas reales, de modo que toda obligación real es inherente a la posesión, pero no a la inversa. C)

DEFINICIÓN DEL DERECHO REAL

§ 31. INTRODUCCIÓN. - H e m o s dado, al principio, un concepto del derecho real. Después de haberlo ubicado en el campo de los derechos subjetivos y diferenciado de la categoría de los derechos personales, destacando sus semejanzas, diferencias y vínculos, y estudiado sintéticamente la mayoría de los casos dudosos y categorías que pretendidamente se consideran un tercer género o categoría intermedia, estamos ahora en mejores condiciones para elaborar una definición del derecho real. § 32. NUESTRAS PRECISIONES. - Al examinar la doctrina clásica, hemos citado las definiciones que el codificador ha tenido en cuenta para caracterizar el derecho real y, al criticarlas, dijimos que dicha escuela descuidó, en cierto modo, su aspecto externo. Por eso destacamos la definición de los autores franceses Aubry y Rau quienes tuvieron muy en cuenta este aspecto: "Derechos reales son los que creando una relación inmediata y directa entre una cosa y la persona a cuyo poder ella se encuentra sometida, de una manera más o menos completa, son por lo mismo susceptibles de ser ejercidos, no solamente contra una persona determinada, sino contra todo el mundo"13. Por su parte, Molinario elabora una definición que pretende agotar todos los caracteres esenciales y naturales del derecho real. Dice que "es el derecho patrimonial que otorga a su titular una potestad exclusiva y directa, total o parAubry - Rau, Cours de droit civil Jrancais, t. II, p. 50.

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cial, sobre un bien actual y determinado, para cuyo ejercicio no es necesario el concurso de ningún otro sujeto; cuya existencia, plenitud y libertad puede ser opuesta a cualquiera que pretenda desconocerla o menoscabarla con el fin de obtener su restitución o la desaparición de los obstáculos que la afectan; en virtud de la cual puede utilizarse económicamente el bien en provecho propio, dentro del ámbito señalado por la ley, y que, en caso de concurrencia con otros derechos reales de igual o distinta naturaleza que tengan como asiento el mismo objeto, el primero en el tiempo prevalece sobre el posterior"14. Adviértese en esta definición que se sindica como objeto de los derechos reales a los bienes, congruentemente con lo expresado por el autor, en discrepancia con la generalidad de la doctrina. Las notas de exclusividad, plenitud y libertad, parecen aludir especialmente al dominio, sectorizando de este modo la definición que -por ser tal- debe cubrir todos los supuestos de derechos reales. Con mayor precisión, Allende señala que "el derecho real es un derecho absoluto, de contenido patrimonial, cuyas normas sustancialmente de orden público, establecen entre una persona (sujeto activo) y una cosa determinada (objeto) una relación inmediata, que previa publicidad obliga a la sociedad (sujeto pasivo) a abstenerse de realizar cualquier acto en su contra (obligación negativa), naciendo para el caso de violación una acción real y que otorga a sus titulares las ventajas inherentes al ius persequendi y al ius preferendi"15. Nótese, en esta definición, la influencia de la teoría personalista con la noción del sujeto pasivo universal y su obligación, lo que nosotros llamaremos "deber". Allende destaca que las normas son sustancialmente de orden púMolinario, Derecho patrimonial y derecho real, p. 43. Allende, Panorama de derechos reales, p. 19.

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NOCIONES GENERALES

blico y no exclusivamente de ese orden, como parece sostenerlo Molinario. La definición de Allende es adoptada por Mariani de Vidal16. Sin pretender dar una definición perfecta, y atento a las reflexiones a que nos conduce la lectura de las distintas posiciones decimos que derecho real es el derecho subjetivo de contenido patrimonial que permite a su titular obtener de una cosa un aprovechamiento directo, sin necesidad de intervención de otra persona, y que es oponible a todos los miembros de la sociedad que tienen el deber correlativo de respetarlo. Anteriormente calificamos al aprovechamiento de "económico", palabra que ahora suprimimos porque se interpretaba, especialmente por los estudiantes, como "lucrativo" cuando el sentido pretendido era más amplio. Creemos con ello precisar el concepto del derecho real, partiendo del género más amplio de los derechos subjetivos de contenido patrimonial, y destacando sus rasgos esenciales que son, en el aspecto interno, la posibilidad de aprovechamiento directo de la cosa, y en el aspecto externo, el de la oponibilidad, se entiende que previa publicidad y cualquiera que sea el sistema (de publicidad) elegido por el legislador. Hablamos de deber correlativo de respetarlo, en lugar de obligación, dado que esta última palabra tiene el sentido preciso del vínculo personal, entre acreedor y deudor. El deber, en cambio, es la consecuencia que al ciudadano o, más ampliamente, al integrante de la sociedad, le apareja la circunstancia de vivir en esa sociedad. El incumplimiento o la violación de los deberes puede acarrear sanciones de carácter penal, cuando se afectan valores fundamentales de la convivencia social.

16

Mariani de Vidal, Curso de derechos reales, t. I, p. 24.

CAPÍTULO

IV

RÉGIMEN LEGAL DE LOS DERECHOS REALES § 33. SISTEMAS. - Hemos expresado anteriormente que en los derechos personales predomina el principio de la autonomía de la voluntad, mientras que en los derechos reales su vigencia está restringida en función del interés público, cuya preponderancia ha hecho que el legislador se preocupara sensiblemente por su número, contenido y regulación. Pero, decir que están regidos principalmente por normas de orden público, que en principio no pueden ser dejadas sin efecto por los particulares, o que manifiestan un mayor contenido institucional, no es suficiente para explicar el porqué de las limitaciones puestas por el legislador en torno a la creación y regulación de los derechos reales. Es cierto que existen diferencias respecto de la tutela de ambas categorías de derechos, según los países y las épocas, en función de la mayor o menor gravitación política, social o económica que representen, pero no se puede negar una constante, que se manifiesta en la diferencia en el tratamiento que ha llevado, en el derecho comparado, a perfilar dos sistemas: el del número cerrado (clausus) y el del número abierto (apertus). El primero de los sistemas rige en Alemania, Suiza, Austria, entre los países más importantes; en Francia e Ita-

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NOCIONES GENERALES

lia se discute sobre la adopción del principio, aunque con la sanción del Código italiano de 1942, la doctrina es coincidente, en ese país, en favor de la vigencia de dicho principio; Japón, Finlandia, Holanda, Suecia y Portugal y, en general, todos los códigos que siguen al modelo alemán, se orientan igualmente en el mismo sistema1. El Código Civil argentino se puede considerar precursor, pues adoptó claramente el principio, en una época en que era sostenido por una minoría en la doctrina francesa, de notable influjo en el siglo xix. El codificador, en este aspecto, siguió a Demolombe, contra la doctrina mayoritaria, encabezada por Toullier (ver nota al art. 2502). Se advierte aquí la influencia de Freitas cuyo art. 3703 del Esbogo es fuente del art. 2502. Para Wolff, el principio se funda en la conveniencia de que la propiedad esté al resguardo de la multiplicación de gravámenes imposibles de prever y favorece la claridad y "abarcabilidad" de las relaciones jurídicas inmobiliarias. Este autor, en forma coincidente con la nota al art. 2502, expresa: "En el derecho romano, el número de los derechos limitados era cerrado: el ordenamiento jurídico había acuñado determinados tipos (enfiteusis, superficie, servidumbres, derechos de garantía) y no podían constituirse otros derechos. En cambio, los distintos ordenamientos jurídicos germánicos concedían la posibilidad de dar efecto real, mediante la gewere a cualquier obligación referida a una cosa determinada ..." y añade que el Código Civil alemán volvió al sistema romano del numerus clausus2. Para los Mazeaud, la razón no es de índole práctica sino dogmática, expresándose que como en el derecho real no hay una relación entre dos personas, sino entre una 1 Diez Picazo, Autonomía privada y derechos reales, "Revista Crítica de Derecho Inmobiliario", Madrid, 1976, n° 513, p. 273 y siguientes. 2 Enneccerus - Kipp - Wolff, Tratado. Derecho de cosas, vol. I, p. 7.

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persona y una cosa, sólo puede corresponder al legislador definir los poderes que aquélla tiene derecho a ejercer3. Además, Vélez Sársfield da razones de orden práctico y económico en la nota al art. 2502, de la que nos ocuparemos más adelante. En nuestra opinión, las razones de orden político, social y económico, que conllevan el mayor contenido institucional del derecho real tienen significativa relevancia en la adopción del principio, con dependencia de las circunstancias históricas de igual naturaleza. Pero la verdadera razón debe buscarse en la esencia de los derechos reales: éstos -por definición- son oponibles erga omnes, representan una esfera de acción en la cual está vedado a todos los miembros de la comunidad ejercer facultades, jurídicas o materiales, sobre una cosa, que sólo están reservadas a su titular. Siendo así, el derecho real tiene que estar definido claramente en sus contornos. Si todos debemos respetar un derecho es lógico que todos debamos conocer su contenido, alcance y limitaciones (es lo que Wolff llama "abarcabilidad"). Naturalmente que la posibilidad de crear derechos reales en número ilimitado conduciría a la imposibilidad de definirlos y determinar su contenido, y una situación de contenido difuso no puede tener como contrapartida un deber de respeto colectivo. Así como la oponibilidad tiene como presupuesto la publicidad, ésta tiene como necesidad la determinación precisa del contenido y alcance de la situación que se publica. Cuando el sistema no organiza registros, la adopción del número cerrado se justifica, con mayor razón, dado que no es posible para los terceros conocer los instrumentos donde consta la constitución de los derechos reales. Recordemos que el Código Civil argentino sólo determinó la 3

Citados por Diez Picazo, Autonomía privada y derechos reales, "Revista Crítica de Derecho Inmobiliario", Madrid, 1976, n° 513, p. 273 y siguientes.

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NOCIONES GENERALES

necesidad de registración para la hipoteca, hasta que la reforma de la ley 17.711 adoptó la inscripción como principio general para los derechos reales sobre inmuebles, al sustituir el art. 2505. La insuficiencia de la tradición como medio de publicidad resultaba paliada, en cierto modo, con la limitación numérica, definición y regulación precisa efectuada por la ley. Cuando se adopta el sistema de registro, éste, para ser eficaz, requiere, a su vez, la limitación de las situaciones con trascendencia real que puedan ser factibles de inscripción e impidan la constitución de cualquier relación jurídica inmobiliaria con el carácter y los efectos de un derecho real, aunque la legislación admita eí número abierto, como ocurre en España a través de la jurisprudencia de la Dirección General de los Registros. Las razones dadas por Vélez Sársfield en la nota del art. 2502, si bien se examinan, no están referidas tanto a la adopción del número cerrado o abierto, sino a la cantidad de derechos reales que se admitan, o a la variedad de éstos, y tienden a justificar la abolición de los derechos de enfiteusis, superficie, etc., pero destacamos que, tanto en la norma como en la nota, el codificador ha adoptado claramente la solución del numerus clausus. § 34. CREACIÓN Y FUENTE. DISTINCIÓN. - El principio del número cerrado, en efecto, está sentado en el art. 2502 que dice: "Los derechos reales sólo pueden ser creados por la ley. Todo contrato o disposición de última voluntad que constituyese otros derechos reales, o modificase los que por este Código se reconocen, valdrá sólo como constitución de derechos personales, si como tal pudiese valer". La nota dice: "Demolombe sostiene extensamente la resolución del artículo, contra muchos jurisconsultos franceses". Señala enseguida: "El derecho romano no reconoce al lado de la propiedad, sino un número pequeño de derechos reales, especialmente determinados,

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y era por lo tanto privada4 la creación arbitraria de nuevos derechos reales. Mas desde la Edad Media las leyes de casi todos los Estados de Europa crearon derechos reales por el arrendamiento o por el contrato de cultura perpetua, y por mil otros medios". Refiere luego las quejas de los autores españoles por la proliferación de estos gravámenes 5 y culmina diciendo: "La multiplicidad de derechos reales sobre unos mismos bienes es una fuente fecunda de complicaciones y pleitos, y puede perjudicar mucho a la explotación de esos bienes y la libre circulación de las propiedades, perpetuamente embarazadas, cuando por las leyes de sucesión esos derechos se dividen entre muchos herederos, sin poderse dividir la cosa asiento de ellos. Las propiedades se desmejoran y los pleitos nacen cuando el derecho real se aplica a una parte material de la cosa que no constituye, por decirlo así, una propiedad desprendida y distinta de la cosa misma; y cuando no constituye una copropiedad susceptible de dar lugar a la división entre los comuneros o a la licitación". Como se advierte, Vélez Sársfield argumenta con razones prácticas, como la proliferación de complicaciones y pleitos; económicas el perjuicio en la explotación de los bienes y su desmejoramiento, y políticoeconómicas, la traba en la libre circulación de los bienes. "Los derechos reales sólo pueden ser creados por la ley", dice la primera frase del art. 2502. Éste es el principio que resulta meridianamente claro en la solución que adopta, aunque la expresión "creados" exija la consideración que se formula a continuación. La palabra "crear" está empleada en un sentido abstracto y genérico. La ley -en principio- no establece o 4 La palabra "privada" está usada en el sentido de prohibida o vedada, acepción admitida por la lengua castellana. 5 Vélez Sársfield debió tomar como antecedente el Informe sobre la ley agraria que, aunque elaborado por Jovellanos, fue emitido por la Real Sociedad de Amigos del País y publicado en Madrid en 1795 (De los Mozos, El derecho de propiedad: crisis y retorno a la tradición jurídica).

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NOCIONES GENERALES

constituye derechos reales en un sentido concreto y particular. Lo que crea la ley es el derecho real típico y lo regula en cuanto a su contenido, forma de constitución, facultades y deberes de sus titulares, extinción, etcétera. En cambio, la voluntad de los sujetos tiene particular relevancia como fuente de los derechos reales, siempre dentro de los tipos creados por el legislador. El Código Civil no excluye la posibilidad de creación por otras leyes y efectivamente existen derechos creados por ellas, tanto en la órbita del derecho civil como fuera de ésta. Debemos pues distinguir claramente: lo que crea la ley, que es la figura tipo del derecho real, de la fuente de constitución que es normalmente la voluntad de las partes a través del contrato, la disposición de última voluntad y aun la voluntad unilateral, la decisión judicial y también -pero excepcionalmente- la ley. Ejemplos: usufructo legal (art. 287), derecho de habitación legal (art. 3573 bis, agregado por ley 20.798). Hay derechos reales que sólo pueden tener como fuente el contrato tales como la hipoteca, la prenda y la anticresis. Hemos dicho que la creación hecha por la ley es genérica y abstracta, pero el Código regula a veces el típico derecho real, con un contenido genérico, permitiendo una cierta atipicidad y sin perjuicio de la creación de subtipos o derechos reales con una tipicidad específica. Por ejemplo, las servidumbres tienen un contenido típico genérico: una determinada ventaja o utilidad de un inmueble sobre otro que soporta la restricción correlativa. En tal sentido expresa el art. 3000: "Se pueden constituir servidumbres cualquiera que sea la restricción a la libertad de otros derechos reales sobre los inmuebles ...". Por eso se dice que las servidumbres, en general, son atípicas (específicamente atípicas); el Código regula a su vez subtipos de servidumbres con tipicidad específica. Por ejemplo, servidumbres de tránsito, de acueducto, de sacar agua, etc., a las que llama, en el Tít. XIII, "Servi-

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¿Lumbres en particular". Otro tanto ocurre con ciertos subtipos de usufructos, como el de montes y el de rebaños (arts. 2873 y 2902). § 35. ENUMERACIÓN. - Adoptado el principio del numerus clausus es lógico que el Código proceda a la enumeración de los derechos reales, lo que hace en el art. 2503. Se ha discutido, sin embargo, si esta enumeración es taxativa o meramente enunciativa. Alimenta la discrepancia el hecho de que el codificador incluyó en otra norma, después de reafirmar la prohibición de constituir ciertos derechos, la permisión de constituir, aunque por tiempo limitado, otros derechos reales (art. 2614). Para Salvat, la enumeración es meramente enunciativa, aclarando luego que sólo la ley puede crear otros derechos reales6; en el mismo sentido opina Lafaille, quien agrega que de considerarse taxativa se estancaría la legislación o sería indispensable, cada vez, modificar los códigos7; Dassen y Vera Villalobos dicen que la discusión es ociosa8. Mariani de Vidal expresa que el planteamiento carece de sentido9, mientras que Alterini afirma que la cuestión se simplifica y clarifica si se plantea en sus verdaderos términos, es decir si los mencionados en el artículo son o no los únicos existentes. La respuesta negativa se impone10. Es claro que si se meditan estas opiniones no existirían enumeraciones legales taxativas en la medida en que la ley siempre puede ser modificada, ampliando la enumeración, por otra ley que de por sí, sería modificatoria del Código. Entonces, no cabe duda que existe una taxatividad legal. La enumeración del art. 2503 no excluye que, dentro 6

Salvat - Argañarás, Tratado. Derechos reales, t. I, p. 5. Lafaille, Tratado de los derechos reales, t. I, p. 33. 8 Dassen - Vera Villalobos, Manual de derechos reales, p. 24. 9 Manara de Vidal, Curso de derechos reales, t. I, p. 64. 10 Llambías - Alterini, Código Civil anotado, t. IV-A, p. 284. 7

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o fuera del Código, existan otros derechos reales siempre que tengan origen en la ley. En este sentido se puede afirmar que la enumeración es taxativa. El art. 2503 enumera como derechos reales: a) el dominio y el condominio; b) el usufructo; c) el uso y la habitación; d) las servidumbres activas; e) el derecho de hipoteca; / ) la prenda, y g) la anticresis. Pareciera que, después de haberse sentado el principio y realizado la enumeración, no sólo resulta innecesario sino también poco técnico que -el Código- haya prohibido expresamente ciertos derechos reales, pero he aquí que, al tratar de las restricciones al dominio, en el art. 2614 dice: "Los propietarios de bienes raíces no pueden constituir sobre ellos derechos enfitéuticos, ni de superficie, ni imponerles censos, ni rentas que se extiendan a mayor término que el de cinco años, cualquiera que sea el fin de la imposición; ni hacer en ellos vinculación alguna". Razones históricas pudieron dar lugar a esta norma a fin de reafirmar la prohibición de constituir ciertos derechos cuya inconveniencia ha sido puesta de relieve en la nota al art. 2502, ya transcripta, y al principio de la nota al 2503; pero la deficiente puntuación del artículo ha dado lugar -como veremos- a distintas interpretaciones. En efecto, desde la interpretación amplia que pretende que todos los derechos nombrados en el art. 2614 están permitidos por un lapso máximo de cinco años, excepto las vinculaciones sobre las que no cabe duda de su exclusión (Machado), hasta la que entiende que sólo están permitidas las rentas (Llerena) y aun éstas sólo como derechos personales (Legón), los juristas han ensayado las más diversas interpretaciones, siendo la predominante la que juzga que sólo están permitidos los censos y las rentas por un término no mayor de cinco años. Descartamos la interpretación amplia, pues no se justificaría que, tratándose de derechos cuya característica es la de ser perpetuos o de muy

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larga duración como la enfiteusis y la superficie, su permisión sea por un lapso tan breve como el de cinco años (menor que el término máximo de la locación), teniendo en cuenta también la afirmación del codificador al comenzar la nota al art. 2503: "No enumeramos el derecho del superficiario, ni la enfiteusis, porque por este Código no pueden tener lugar ...". La interpretación más restringida también es desechable en la medida en que deja totalmente sin sentido la norma. Segovia, Salvat, LafaiUe, Dassen, Allende, Gatti, Mariani de Vidal y Valiente Noailles coinciden en sostener la interpretación de que los derechos reales de enfiteusis y superficie están prohibidos, así como también -y sin ninguna duda- las vinculaciones; mientras que los censos y las rentas están permitidas por el término de cinco años11. La dificultad interpretativa deriva de que Vélez Sársfield colocó una coma después de la palabra "superficie", en lugar de un punto y coma, que hubiera separado más precisamente los períodos. Sin embargo, de la lectura del artículo se desprende, como bien lo señalara Dassen, que el Código se refiere a los derechos de enfiteusis y superficie usando el verbo constituir y utiliza en cambio imponerles al referirse a los censos y las rentas, para cerrar esta segunda oración con la frase "cualquiera sea el fin de la imposición'". Con lo que no queda lugar a dudas que ésta es la exégesis correcta. Nos sumamos pues a esta interpretación. 11 Machado, Exposición y comentario del Código Civil, t. VII, p. 12 y 13; Legón, Tratado de los derechos reales en el Código y la reforma, t. V, p. 103 y ss.; Segovia, El Código Civil de la República Argentina con su explicación y crítica bajo forma de notas, t. II, p. 113; Salvat - Argañarás, Tratado. Derechos reales, t. II, p. 337 y ss.; Lafaille, Tratado de los derechos reales, t. I, p. 47 y ss.; Dassen - Vera Villalobos, Manual de derechos reales, p. 24; Allende, Panorama de los derechos reales, p. 81 y ss.; Gatti, Teoría general de los derechos reales, p. 131; Mariani de Vidal, Curso de derechos reales, t. I, p. 57 y ss.; Valiente Noailles (h.), Derechos reales y privilegios, p. 15 y siguientes.

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NOCIONES GENERALES

Otros autores consideran anacrónica esta discusión y proponen la eliminación del artículo12. Tanto en el Proyecto de Unificación de 1987, como en el de 1993, desaparece el texto. La falta de regulación de estos derechos ha determinado que en la práctica no se establezcan, por lo cual nos limitaremos a dar una breve noción de ellos (ver § 37). A la enumeración del art. 2503, ya transcripta, habría que agregar -en consecuencia- los censos y las rentas, por un término no mayor de cinco años receptados en el art. 2614 según la interpretación aceptada, y la propiedad horizontal que -adelantamos- consideramos un derecho real autónomo. De los derechos reales creados en otras ramas del derecho o en leyes especiales, o como modalidades de los enumerados, nos ocuparemos más adelante (ver § 43 a 53). § 36. CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS REALES. - Aunque el Código no clasifica expresamente los derechos reales, a partir de la propia enumeración que hace el art. 2503 podría enunciarse la siguiente clasificación. Dominio Sobre cosa propia - Condominio Propiedad horizontal ' Usufructo Uso De goce Derechos reales . Habitación Servidumbres Sobre cosa ajena • Hipoteca De garantía • Prenda Anticresis , Censos >. ^ 12

Papaño - Kiper - Dillon - Causse, Derechos reales, t. I, p. 21.

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Se han ensayado otras clasificaciones, en función de distintas pautas, de las cuales mencionaremos las que consideramos más importantes. a)

CON RELACIÓN A SU CARÁCTER PRINCIPAL O ACCESORIO.

LOS

derechos de garantía son siempre accesorios de un crédito. Todos los demás, sean derechos reales sobre cosa propia o sobre cosa ajena, son principales. b) CON RELACIÓN A SU DURACIÓN. Se pueden clasificar en perpetuos y temporarios, y estos últimos en vitalicios y no vitalicios. Son perpetuos, en principio, el dominio, el condominio y la propiedad horizontal. En rigor, se podría decir que su duración es ilimitada, sin perjuicio de estar sujeto a alteraciones, modificaciones o aun, en el caso de no ser plenos o perfectos, a plazos. Las servidumbres reales pueden ser perpetuas o tener plazo determinado. El usufructo, el uso, la habitación y las servidumbres personales siempre son temporarios y no se transmiten a los herederos, pues se extinguen con la muerte del titular tengan o no plazo previsto, y en el primer caso (cuando tienen plazo), cuando haya vencido o no éste. Perpetuos

Dominio I Condominio Propiedad horizontal k Servidumbres

(

Derechos reales Temporarios -j

Usufructo Uso-habitación Servidumbres personales

[Hipoteca Prenda No vitalicios Anticresis Servidumbres a plazo kCensos

c) EN RELACIÓN AL OBJETO. La materia también admite la clasificación sobre la base de la naturaleza a condición de la cosa sobre la cual recae el derecho real. 6. Musto, 1

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NOCIONES GENERALES

1) COSAS MUEBLES O INMUEBLES. Hay derechos reales que pueden recaer sobre cosas muebles o inmuebles indistintamente, otros que pueden hacerlo sólo sobre muebles, y otros sobre inmuebles solamente. a) Recaen sobre muebles e inmuebles: el dominio, el condominio, el usufructo y el uso. £>) Recae sólo sobre muebles: la prenda. c) Recaen sólo sobre inmuebles: la hipoteca, la anticresis, las servidumbres, la propiedad horizontal, la habitación y los censos. 2) COSAS FUNGIBLES Y NO FUNGIBLES. Hay derechos que pueden reposar tanto sobre cosas fungibles como no fungibles; así el dominio, el condominio, la prenda. Los restantes tienen por objeto cosas no fungibles. El usufructo cuando recae sobre cosas fungibles se desnaturaliza llamándolo el Código "cuasiusufructo", pero en realidad, como lo expresa el art. 2811: "El cuasiusufructo transfiere al usufructuario la propiedad de las cosas sujetas a este usufructo". d) EN RELACIÓN CON SU TRANSMISIBILIDAD. Hay derechos reales transmisibles y otros que no lo son. Pueden transmitirse por actos entre vivos o mortis causa: el dominio, el condominio, la propiedad horizontal; son intransmisibles: el usufructo, el uso y la habitación, pero se puede ceder el ejercicio del derecho de usufructo (art. 2870) y el uso de los frutos de una cosa cuando el derecho real de uso ha sido constituido a título oneroso (art. 2959). § 37. PRINCIPALES DERECHOS REALES PROHIBIDOS POR EL CÓDIGO CIVIL. - Nos ocuparemos ahora de dar una noción

de aquellos derechos reales que, excluidos como consecuencia de la adopción del numerus clausus, al no ser enumerados ni regulados en el Código y, aun más, prohibida expresamente su constitución, pueden haber tenido al-

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guna importancia por haber sido objeto de aplicación, en el actual territorio argentino, mientras regía el derecho español o el período del derecho patrio, es decir desde la emancipación hasta la sanción del Código Civil. La importancia histórica y la posibilidad de su existencia a la época de la sanción del Código Civil y la posibilidad de su subsistencia una vez sancionado éste, justifican la inclusión de este tema. a) ENFITEUSIS. Derecho real por el cual el propietario de un inmueble rústico enajena su dominio útil, perpetuamente o por largo tiempo, a otra persona, a cambio de una pensión o canon, generalmente anual, cierto e invariable. Este derecho puede ser constituido por actos entre vivos o por disposición de última voluntad. El derecho del enfiteuta es transmisible a los herederos y por actos entre vivos. En este segundo caso, el propietario directo conserva el derecho de tanteo, o sea de adquirir por el mismo precio el derecho del enfiteuta con preferencia a terceros, y en caso de que no haga uso de este derecho, el de percibir un porcentaje del precio de la venta de la enfiteusis, llamado "laudemio". En el caso de que la venta se haya realizado sin dársele la oportunidad de ejercer el derecho de tanteo, el propietario puede dejarla sin efecto ejerciendo el derecho de retracto. En el derecho español, el derecho de tanteo y el de retracto es recíproco tanto para el censualista (propietario del dominio directo) como para el enfiteuta13. b) SUPERFICIE. En el derecho real de superficie no se enajena la totalidad del dominio útil como en la enfiteusis. Consiste el derecho del superficiario en sembrar, plantar o edificar en un inmueble ajeno pagando un estipendio, generalmente anual, llamado solarium, a su dueño. 13

Albaladejo, Derecho civil

Derecho de bienes, t. II, p. 169 y siguientes.

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NOCIONES GENERALES

Cuando se concede el derecho de edificar, también se le llama "derecho de edificación" o "construcción". El superficiario tiene el derecho real sobre lo plantado o edificado, que disfruta o explota como un verdadero propietario por un lapso prolongado. El Proyecto de Unificación de 1987 incorporaba el derecho de superficie, con errónea ubicación, en el art. 2614, sustituyendo el polémico texto anterior. Recordemos que, sancionado por ambas cámaras, este proyecto fue vetado por el Poder Ejecutivo. El otro proyecto de unificación de 1993, con mejor técnica, dedica el Tít. XV, arts. 3153 a 3168, a regular este derecho. Este proyecto tiene sanción de la Cámara de Diputados y yace en las comisiones del Senado. c) VINCULACIONES. La unión o sujeción de determinados bienes, un patrimonio o una parte alícuota de él, a dominio perpetuo de una familia, estableciendo un determinado orden sucesorio con prohibición de enajenar y también ios gravámenes o cargas perpetuas que se imponen en algunas fundaciones, reciben el nombre genérico de vinculaciones. El mayorazgo es una institución por la cual se establece un orden sucesorio asegurando la inalienabilidad e indivisibilidad del bien. Hay diversos tipos según la línea de parentesco que se elija. Los más comunes son los que defieren la herencia al mayor de los varones de la familia (descendientes o colaterales), o al primogénito varón descendiente (y así sucesivamente), pudiendo darse otras variantes o combinaciones. Ésta es una institución de origen y raigambre aristocrática, que se justifica con la idea de conservar el patrimonio, o parte importante de él, a los fines de que acceda a un título nobiliario. Tal carácter y la desigualdad que crea entre los herederos, explica que haya sido abolido por la Asamblea del año 1813, en los albores de nuestra eman-

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cipación, y que el Código Civil reafirmara la prohibición en forma terminante en la parte final del art. 2614. Las capellanías, en cambio, constituyen un tipo de vinculación por la que se establece, con carácter real y generalmente a perpetuidad, una carga sobre un inmueble, con una finalidad pía. Por ejemplo, la de dar misas periódicamente en sufragio del alma del instituyente o fundador. El patrono es quien recibe el bien con derecho a gozar de él y con el deber de pagar al capellán, prior o sacerdote de la iglesia o capilla donde deben celebrarse los oficios, la pensión que, a manera de retribución, se establece por el cumplimiento de aquéllos. § 38.

DERECHOS REALES RESTRINGIDOS.

CENSOS Y REN-

TAS. - Las rentas pueden ser constituidas como derechos personales o como derechos reales. En el primer caso (ejemplo: el contrato de renta vitalicia) no hay afectación de un bien al cumplimiento. Hay renta real, según algunos autores llamada "censo", cuando la obligación asumida por el deudor de la renta se establece como carga de un bien inmueble y, por lo tanto, debe ser soportada por los sucesivos adquirentes. Vélez Sársfield, en las notas a los arts. 2070 y 2502, alude a los censos calificándolos de rentas perpetuas, por lo que sería contradictorio admitirlos sólo por cinco años como expresa en el art. 2614. En el derecho español se conocían varios tipos de censos, siendo éste un término que se usó con carácter también genérico, y así se habla de censo enfitéutico (enfiteusis), censo capellánico (capellanía). En forma restringida se puede considerar que, en el art. 2614, el censo está usado en el sentido de renta real con las modalidades de reservativo, cuando se enajena el dominio (útil y directo) y el adquirente se obliga a pagar la renta o pensión quedando afectado el inmueble. Es consignativo cuando, sin operarse transmisión de la propiedad, y como garantía de una deuda (ejemplo: un préstamo de dinero), se constituye un

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NOCIONES GENERALES

censo afectando el bien. Censualista es quien debe recibir el canon, renta o pensión y censatario el que lo paga14. Los censos y rentas sólo están permitidos por un plazo máximo de cinco años, a pesar de que en la nota al art. 2070 el codificador promete admitirlos por diez, y carecen de toda otra regulación lo que motiva que, en la práctica, no se constituya este derecho real. El Anteproyecto de Bibiloni los admitía y regulaba con un término máximo de cuarenta años. El anteproyecto de 1954 lo previo por el mismo término y con una regulación semejante (arts. 1735 a 1742)15. § 39.

DERECHOS

REALES

CONSTITUIDOS

A LA SANCIÓN DEL CÓDIGO Y NO ADMITIDOS

CON

ANTERIORIDAD

POR ÉSTE.

- LA SAN-

ción del Código Civil, adoptando el número cerrado y prohibiendo expresamente la constitución de ciertos derechos, debió incidir lógicamente sobre aquellas categorías de derechos a que hacemos mención en el epígrafe. Se debatió en doctrina si esta prohibición implicaba la abolición de los derechos reales existentes o si -por el contrario- subsistían por haber sido constituidos con anterioridad. El tema, si bien ha perdido actualidad, podría cobrarla en la medida en que se dictara una ley que suprimiera algún derecho real. La tesis que alienta la extinción lisa y llana del derecho real suprimido o prohibido argumenta con el carácter de orden público de las normas que deciden la supresión. Los que entienden que subsisten, parten de la base de la inviolabilidad de la propiedad (en sentido amplio) estable14 El concepto, variedades de censos y su significado económico, en el derecho español puede verse en Lacruz Berdejo - Sancho Rebullida - Luna Serrano Delgado Echeverría - Rivero Hernández - Ramos Albesa - Mendoza Olivan, Derechos reales t. II, p. 230, n° 258. 15 Allende, Panorama de derechos reales, p. 12 y 206.

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cida por la Constitución nacional (art. 17) y en la prohibición establecida por el propio Código que las leyes que se dicten afecten los derechos adquiridos (téngase en cuenta que la ley 17.711 derogó el art. 5o y modificó el art. 3 o del Código velezano). La solución que se impone, porque contempla el respeto a la garantía constitucional, es la que preconiza la expropiación de estos derechos o, lo que tiene efectos semejantes, su redención mediante una justa y previa indemnización. Esta solución fue adoptada por las leyes locales de redención de capellanías. Un interesante fallo sobre el tema con ilustrado voto ponente del doctor Greco adopta la tesitura apuntada. En el comentario de Allende se dice que "... todos estos derechos suprimidos por el Código, tengan o no ley de redención, son redimibles por el propietario del inmueble previa indemnización", agregando que en caso de no existir ley que establezca pautas para fijar el monto, éste deberá ser prudencialmente determinado por el juez16. § 40. ADQUISICIÓN, TRANSFERENCIA Y PÉRDIDA DE LOS DERECHOS REALES. - Para que se produzca una mutación en el

ámbito de los derechos reales es necesaria la concurrencia del título y el modo. La palabra "título" está empleada en el sentido de origen o fundamento del derecho y se vincula con su causafuente. Toda mutación o desplazamiento patrimonial supone la existencia de una causa jurídica eficiente que la determine: un hecho o un acto jurígeno, o sea un hecho o acto al cual el ordenamiento jurídico le atribuya relevancia 16

CNCiv, Sala G, 31/7/84, "Cincotta de Rebagliati, Angélica y otros c/Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires", LL, 1985-C-566, con comentario de Allende, Derechos reales suprimidos o restringidos por el Código Civil (artículo 2614).

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para provocar dicha mutación. El contrato, la disposición de última voluntad y aun la voluntad unilateral pueden tener esta relevancia según lo establezca el derecho positivo. Pero el título, por sí solo, es insuficiente para determinar y producir la mutación real. Es necesario el modo que es la manera de realizar la transmisión o constitución del derecho en función del título que le sirve de causa. El título determina la mutación real, el modo la efectiviza. El título da fundamento a la constitución o transmisión, el modo la actúa. El codificador se abstuvo, apartándose en esto de Freitas, de establecer normas generales para la adquisición y pérdida de los derechos reales y, siguiendo a Maynz, dice que será mejor que al tratar de cada uno de los derechos reales, se disponga sobre el modo de adquirirlos y las causas porque se pierden. La nota al art. 2505 está referida al texto sustituido por la ley 17.711. El art. 2505 contenía una disposición (ahora sustituida por la ley 17.711) aparentemente tautológica: "Los derechos reales se adquieren y se pierden, según las disposiciones de este Código, relativas a los hechos o a los actos, por medio de los cuales se hace la adquisición, o se causa la pérdida de ellos". Con ello, el Código, sin embargo, hacía una clara referencia a los hechos y actos enunciados como causa (eficiente) de los derechos reales (ver nota al art. 896). A pesar de lo expresado en la nota a que se ha hecho referencia anteriormente, es posible extraer principios generales, según los cuales Vélez Sársfield adoptó la exigencia del título y el modo como sistema para que se efectivicen o perfeccionen las mutaciones reales, lo que surge con extrema nitidez en lo que se refiere a la adquisición por tradición, según lo dispone al tratar de las obligaciones de dar cosas ciertas. El art. 577 dice: "Antes de la tradición de La cosa, el acreedor no adquiere sobre ella ningún

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derecho real", y en la nota al mismo critica al Código francés que permitía la transmisión de la propiedad por "sólo el consentimiento". Citando a Freitas dice que "se comprende desde el primer momento que el derecho real debe manifestarse por otros caracteres, por otros signos que no sean los del derecho personal, y que esos signos deben ser tan visibles y tan públicos cuanto sea posible. No se concibe que una sociedad esté obligada a respetar un derecho que no conoce". Como se advierte, a través de la lectura de esta nota, el modo se relaciona íntimamente con la publicidad y -ya lo hemos dicho- la publicidad es presupuesto de la oponibüidad, aunque es sabido que Vélez Sársfield quedó a mitad de camino en lo que respecta a publicidad pues sólo organizó el sistema de registro para la hipoteca, señalando en la larga nota que cierra el Tít. XIV, las razones por las cuales no se decidió a proponer un sistema registral general (nota final que en algunas ediciones figura a partir del párr. 3o de la nota al art. 3198)17. La reforma operada en 1968, por obra de la ley 17.711, estableció la necesidad de la inscripción de la transferencia de derechos reales sobre inmuebles a los fines de su oponibilidad (art. 2505) lo que fue complementado por la ley 17.801, que establece el régimen a que quedan sujetos los registros de la propiedad inmueble, existentes en las provincias y en la Capital Federal. El tema debe ser estudiado al tratar de los registros. Baste decir por ahora que el art. 2505 reformado asigna a la inscripción una función perfeccionadora de la adquisición o transmisión de los derechos reales, condicionada por la parte final de la norma a los efectos de la oponibilidad a terceros exclusivamente. El carácter declarativo de 17 Moisset de Espanés, Reflexiones sobre las notas al Código Civil argentino y la publicidad registral, JA, l'dll-ll-l'o'ó.

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la inscripción, en materia de inmuebles, está claramente establecido, además, en los arts. 2o y 20 de la ley 17.80118. Al referirnos a las cosas muebles registrables trataremos el carácter de las inscripciones, adelantando desde ya el carácter constitutivo que tiene la inscripción con referencia a los automotores (art. Io, decr. ley 6582/58, ratificado por ley 14.467)19. En la transmisión de los derechos reales por vía hereditaria, no se requiere del modo para la adquisición ya que, por una ficción legal el heredero continúa la persona del difunto, y tratándose de los designados en el art. 3410 (ascendientes, descendientes y cónyuge) entran en posesión de los bienes de la herencia, sin formalidad alguna, desde el día de la muerte del autor de la sucesión aunque ignorasen la apertura del juicio y su llamamiento a la herencia. Los demás parientes y los herederos testamentarios deben pedirla al juez, justificando sus títulos, pero una vez deferida tiene los mismos efectos con retroactividad a la muerte del causante (arts. 3412 y 3420). Sin embargo, la inscripción de las hijuelas en el Registro de la Propiedad, es necesaria a los fines de que opere el principio del tracto sucesivo o -en su caso- se acrediten las situaciones que dan lugar al tracto abreviado (ley 17.801, arts. 15 y 16).

18 En un reciente fallo, la Corte Suprema ha expresado que es virtualidad propia de los derechos reales su oponibilidad erga omnes agregando que "esta oponibilidad no se pierde por la existencia de una transmisión imperfecta por ausencia del asiento en el registro pertinente puesto que en nuestro orden jurídico tal inscripción es declarativa, sino que se debilita en relación a ciertos terceros que ostentan públicamente un interés particular" ("Panamericana Agropecuaria, S. de H. y otros s/quiebra c/Hernández o Hernández Diez y otros s/ordinario", "Jurisprudencia de Entre Ríos", t. 81, p. 72, donde lo comentamos). 19 El texto ordenado por el decr. 4560/73 fue modificado por las leyes 21.053, 21.338, 22.019, 22.130, 22.977, 23.077, 23.261, 24.673 y 24.721. Con fecha 24/10/97 se dictó el decr. 1114/97 que aprobó un nuevo texto ordenado, publicado en el BO del 29/10/97. Será objeto de análisis al tratar los sistemas regístrales (ver § 718 a 725).

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RÉGIMEN LEGAL DE LOS DERECHOS REALES §

41.

CONSECUENCIA

DE LA CREACIÓN

DERECHOS REALES NO RECONOCIDOS.

O CONSTITUCIÓN

DE

CONVERSIÓN. - El art. 18

del Cód. Civil expresa: "Los actos prohibidos por las leyes son de ningún valor, si la ley no designa otro efecto para el caso de contravención". Y aquí nos encontramos que, en caso de que por convención o por disposición de última voluntad, se pretendiere constituir un derecho real no reconocido por el Código o modificar los existentes, la ley no sanciona precisamente con la nulidad a tal constitución o modificación, sino que admite su conversión, sin reconocerle a la situación jurídica creada el carácter de real, pero admitiendo que subsista con contenido obligacional, siempre que pueda valer como tal. Así el art. 2502, después de sentar el principio ya enunciado de que los derechos reales sólo pueden ser creados por ley, dispone: "Todo contrato o disposición de última voluntad que constituyese otros derechos reales, o modificase los que por este Código se reconocen, valdrá sólo como constitución de derechos personales, si como tal pudiese valer". El codificador, en la parte final de la nota al artículo citado, ejemplifica diciendo: "Si se hace pues un contrato de enfiteusis, valdrá sólo como contrato de arrendamiento, ya que no puede valer como de usufructo y durará sólo por el tiempo que puede durar la locación". El ejemplo no es feliz, dado que el arrendamiento, a diferencia de la enfiteusis, presupone para el locador una serie de obligaciones de carácter personal y positivas, o de hacer, que las partes no han querido asumir al constituir el derecho real no previsto. En materia contractual prevalece el principio que da amplio juego a la autonomía de la voluntad, no existe inconveniente que la conversión se realice con contenidos obligacionales atípicos e innominados. Esta solución es acorde con lo dispuesto para las servidumbres por los arts. 3010, 3022 y 3042 del Cód. Civil. En todos estos casos, los compromisos que impliquen una obligación de hacer, asumidos por el propietario del predio sirviente, sólo valen

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en su contenido obligacional para el constituyente y sus herederos, pero no pasan a los sucesivos poseedores ni afectan a la heredad. § 42. CONVALIDACIÓN. - Principio general del derecho que lógicamente tiene aplicación también en el campo de los derechos reales, es que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que gozaba. Tal principio, que se expresaba en el proloquio latino: Nemo plus inris ad alium transferre potest, quam ipse haberet, y que ha tenido recepción en el art. 3270 de nuestro Código, reconoce sin embargo importantes excepciones que se fundan especialmente en la necesidad de preservar la seguridad de las transacciones y la buena fe de los adquirentes (arts. 2412 y 3271, para las cosas muebles, y 1051, reformado por ley 17.711, para inmuebles). En materia de derechos reales, el corolario del principio se refleja en el art. 2603, según el cual: "Los únicos derechos que pueden transmitirse por la tradición, son los que son propios del que la hace". Pero la importante excepción está dada por otra norma, erigida también como principio, en materia de derechos reales, que permite la convalidación de los actos realizados por quien, en el momento de transmitir el derecho, no tenía la calidad (de propietario, usufructuario, etc.) que lo legitimara para transmitirlo, pero que, posteriormente, la adquiere. Dice el art 2504: "Si el que transmitió o constituyó un derecho real que no tenía derecho a transmitir o constituir, lo adquiriese después, entiéndese que transmitió o constituyó un derecho real verdadero como si lo hubiera tenido al tiempo de la transmisión o constitución". Para dar un concepto de esta institución, diremos que es el efecto, producido por la adquisición posterior, de dar validez a los derechos reales constituidos o transmitidos por quien, al tiempo de hacerlo, no tenía derecho a ello. La

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convalidación se produce por la sola adquisición, sin que sea necesaria declaración o manifestación alguna de voluntad. La convalidación es pues una regla general en materia de derechos reales20. La excepción está dada por la hipoteca que exige, como condición de fondo, que el inmueble sea de propiedad del constituyente, sin que sea susceptible de validarse por la adquisición hecha con posterioridad, tal como lo dispone el art. 3126, sea que la adquisición tenga lugar por título singular o universal. El perfeccionamiento del sistema de registros y la exigencia de requerir certificados por parte de los escribanos antes de redactar las escrituras (art. 23, ley 17.801) respecto de los inmuebles, ha hecho perder importancia al principio de convalidación, especialmente en cuanto a esta categoría de cosas, ya que difícilmente un escribano autorice la constitución de derecho real si el constituyente no figura como titular. A su vez, ante el registro deberá cumplirse con el principio del tracto sucesivo (art. 15, ley 17.801) Señalamos algunas diferencias con otros institutos como la conversión, la confirmación y la ratificación, y el efecto retroactivo de la partición: a) La convalidación se diferencia de la conversión. En la primera se constituye un derecho real sin tener el derecho que se pretende transmitir o el derecho más amplio que permita constituirlo (ejemplos: persona que constituye un usufructo sin ser propietario; persona que constituye un derecho real de anticresis sin ser propietario o usufructuario). Si luego lo adquiere al derecho legitimante, el derecho constituido se convalida automáticamente. En la conversión -como se expresara- se constituye un derecho real no enumerado en el Código, el cual se convierte en derecho personal, si como tal puede valer (art. 2502). 20

López de Zavalía, Derechos reales, t. 1, p. 152.

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¿)) La convalidación se diferencia de la confirmación, pues en esta última se da validez a un acto propio, que al ser realizado adolecía de un vicio que determinaba su nulidad o anulabilidad, siendo el vicio de carácter relativo (por ejemplo, un acto otorgado por un incapaz de hecho puede ser confirmado por éste al cesar la incapacidad). O sea, en la confirmación, el constituyente es titular del derecho pero existe un vicio de la voluntad o una falta de la capacidad de hecho necesaria ab origine para transmitir el derecho (nulidad relativa). La nulidad absoluta es inconfirmable por ejemplo la que dimana de las incapacidades de derecho (arts. 1043, 1047 y 1160). c~) La convalidación se diferencia también de la ratificación. Si en la confirmación se daba validez a un acto propio, subsanando el vicio de que adolecía, en la ratificación se autoriza un acto realizado a nombre de una persona por un tercero, sin que mediara mandato (ejemplo típico: gestión de negocios, art. 2304) o si este fuere insuficiente. La ratificación tiene efecto retroactivo al momento en que la gestión se inició (art. 2304 in fine). La convalidación parte de la hipótesis de un acto otorgado a nombre propio, aunque falte una condición de fondo para disponer de la cosa, la que después se adquiere, subsanándose así la falta de legitimación aludida. En cambio, en la ratificación se obra en nombre e interés ajeno. El art. 1330, referido a la venta de cosa ajena, plantea en la primera oración un caso de ratificación y en la segunda un caso de convalidación. Siguiendo a López de Zavalía también distinguimos la convalidación del efecto retroactivo de la partición. En este último caso, por una ficción legal, se considera que el derecho sobre eí lote (parte de la cosa) se tuvo desde el origen de condominio (art. 2695)21. 21

López de Zavalía, Derechos reales, t. 1, p. 153.

CAPÍTULO V

PANORAMA DE LOS DERECHOS REALES FUERA DEL CÓDIGO CIVIL § 43. INTRODUCCIÓN. - Trazaremos un panorama de los principales derechos reales que se legislan fuera del Código Civil. Algunos de ellos permanecen -por su naturalezadentro del derecho civil, otros tienen más afinidad con el derecho comercial, cuestión que pierde importancia desde el punto de vista legislativo, ante la tendencia a la unificación de ambas ramas del derecho. También tenemos derechos reales legislados en el Código de Minería, Código Aeronáutico, ley de navegación y otras leyes especiales. § 44. PROPIEDAD HORIZONTAL. - El Código Civil había prohibido, en el art. 2617, la división horizontal de la propiedad, norma que ha sido dejada sin efecto en cuanto los inmuebles son sometidos al régimen de la ley de propiedad horizontal, siempre -claro está- que se den los presupuestos y se cumplan los requisitos establecidos en dicho régimen. Si consideramos el derecho de propiedad horizontal como un derecho real autónomo, baste ahora decir que es el derecho real que tiene dos proyecciones: como un dominio de una unidad funcional de un inmueble con facultades exclusivas, pero moderadas en función del conjunto y como un condominio forzoso -con características especiales- sobre las partes comunes.

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Como se verá, ni el dominio exclusivo tiene el mismo contenido y restricciones que el dominio común, ni el condominio forzoso iguales características que el legislado en el Código Civil. Por otra parte, estas dos proyecciones son inescindibles, lo que autoriza a sostener que se trata de un derecho real autónomo. § 45. PREHORIZONTALIDAD. - Hemos sostenido, en ponencia presentada en las VI Jornadas de Derecho Civil (Santa Fe, 1977) que el dominio afectado en los términos de la ley 19.724 es un derecho real, de constitución unilateral, distinto del dominio común, ya que no encaja en ninguno de los supuestos de dominio menos pleno o imperfecto. Otra tesis sostiene que la afectación constituye una restricción al dominio (sobre este punto, ver § 379 a 399). Hay propiedad prehorizontal o prepropiedad horizontal cuando la persona que se propone construir un edificio con el fin de someterlo al régimen de propiedad horizontal y enajenar las unidades a título oneroso, afecta el dominio con ese objeto. § 46. HIPOTECA BANCARIA. - El ideal socio-económico de que el mayor número de familias tengan posibilidades de ser propietarias de su vivienda, ha llevado a las instituciones financieras oficiales a canalizar fondos con destino a préstamos para la construcción o adquisición de casas o departamentos con dicho fin, los que se garantizan con hipoteca. La finalidad perseguida, el carácter de las instituciones prestamistas, la importancia de que los créditos alcancen el mayor número posible de interesados, la necesidad de que no se desnaturalice el fin perseguido y la construcción se realice de acuerdo a ciertas pautas, ha conducido a regular este tipo de hipoteca con diferencias de la hipoteca común. Los requisitos que debe reunir el sujeto y su familia, el objeto, las restricciones a la disposición del bien, la inembargabilidad posterior, la prohibición de cons-

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tituir otros gravámenes, la intervención del acreedor en los casos de transferencia, la forma de ejecución en caso de incumplimiento, etc., son algunos de los puntos en que se advierten diferencias. La ley 22.232 y su modificatoria 24.143 (t.o. decr. 540/93) aprobaron la carta orgánica del Banco Hipotecario que contenía numerosas disposiciones que regulan este tipo de hipoteca. La ley 24.855 declaró sujeto a privatización al Banco Hipotecario, derogó su carta orgánica y dejó subistente -por su art. 28-, por diez años, los arts. 24, inc. I, 33, 34, 36 a 41, 45, 47 a 49, 51, 54 y 55 de la ley 24.143. § 47. LA PREANOTACIÓN HIPOTECARIA Y LA ANOTACIÓN DIRECTA. - Aunque en realidad se trata en ambos casos de ano-

taciones directas de hipotecas que pueden realizar los bancos oficiales, bajo ciertos requisitos y con carácter transitorio, hasta tanto se efectivicen los créditos definitivos y se formalicen las hipotecas bancarias, se distinguen seguidamente. La preanotación hipotecaria tiene por finalidad garantizar los anticipos que los bancos oficiales conceden a los prestatarios, mientras se realizan los trámites para la obtención de los créditos. Origina una carga real sobre el inmueble con privilegio especial sobre éste por el anticipo, sus intereses y gastos. Tiene una validez de cuarenta y cinco días prorrogables a pedido del banco acreedor, por el mismo lapso, cuantas veces sea necesario, y su anotación la dispone la institución bancaria, formalizándola mediante oficio a los registros inmobiliarios. La caducidad se produce automáticamente por el vencimiento del término o de sus prórrogas, por el pago del anticipo, sus intereses y gastos, que se comunica por el acreedor directamente al registro, y por la inscripción de la escritura pública sobre el crédito principal. Puede ejecutarse como si se tratara de una hipoteca, según el grado que le corresponda y conforme a los proce7. Musto, 1.

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dimientos especiales de ejecución. Se aplica el decr. 15.348/ 46, ratificado por ley 12.962, t.o. por decr. 897/95, para los bancos oficiales de la Nación, y la ley 15.283 para los bancos provinciales. La llamada "anotación directa" se diferencia de la anterior en que tiene por finalidad el financiamiento de conjuntos habitacionales y no el de operaciones individuales; se otorga a las entidades intermedias, promotoras o constructoras de conjuntos, asociaciones civiles, gremiales, etcétera. Garantiza el crédito global, hasta tanto se adjudiquen y formalicen las hipotecas a los particulares propietarios de las viviendas a construir. Tiene similares efectos y formas de caducidad que la preanotación, pero el plazo de la inscripción es mayor (dos años), previéndose caducidades parciales a medida que se vayan inscribiendo las compraventas e hipotecas individuales (ley 18.307). Al tratar de la hipoteca, nos referiremos más ampliamente a estas instituciones (ver § 553 a 649). § 48. EN EL DERECHO COMERCIAL. - Son señalables los siguientes. a) PRENDA CON DESPLAZAMIENTO. Con alguna diferencia con la prenda civil, se constituye en seguridad de una operación comercial, no exige el Código de Comercio la fecha cierta, la tradición puede ser simbólica. Para la oponibilidad a terceros requiere la forma escrita, pero su falta no puede ser esgrimida por el deudor cuando ha mediado entrega de la cosa (arts. 580 a 588, Cód. de Comercio). b) PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO. El decr. ley 15.348/46, ratificado por la ley 12.962, t.o. por decr. 897/95, legisla la prenda con registro para garantizar el pago de una suma de dinero o el cumplimiento de cualquier clase de obligaciones quedando los bienes en poder del constituyente. Mantiene significativas diferencias con la prenda común (civil y comercial). De acuerdo a dicho régimen sólo po-

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dían revestir el carácter de acreedores prendarios las personas enumeradas en el art. 5 o del citado cuerpo legal. Sin embargo, el art. 5o fue sustituido en el nuevo texto ordenado (decr. 897/95), siendo su texto actual el siguiente: "La prenda con registro podrá constituirse a favor de cualquier persona física o jurídica, tenga o no domicilio en el país". Para justificar este cambio, el Poder Ejecutivo se basó en distintas leyes relacionadas con el sistema financiero (ley 23.696 y decr. 146/94), a la desregulación (decr. 2284/91, ratificado por ley 24.307) y ley de convertibilidad (23.928) y su reforma al art. 617 del Cód. Civil, que permite que la obligación sea en moneda extranjera, considerándose como de dar suma de dinero. El contrato debe ser hecho por escrito en los formularios que facilita la oficina del registro de prenda, en la cual debe ser inscripto. c) WARRANTS. Representa una variedad respecto de la prenda. Su objeto está constituido por los frutos o productos agrícolas, ganaderos, forestales, mineros o de manufacturas nacionales, que se depositan en almacenes autorizados, los que expiden certificados de depósito y warrants. El certificado de depósito acredita la propiedad de la mercadería, el warrant es constitutivo de la prenda sobre ésta. El depositante puede enajenar la mercadería depositada, endosando el certificado de depósito, u obtener crédito garantizando la operación con endosos del warrant. El primer endoso es nominativo y para su validez debe ser registrado en los libros de la empresa emisora dentro del término de seis días, los endosos subsiguientes no requieren inscripción y pueden hacerse en blanco. Para el retiro de la mercadería se requiere la presentación del certificado de depósito y del warrant simultáneamente (ley 9643). d) DEBENTURES. Las sociedades anónimas, incluidas las que tienen participación estatal mayoritaria y las en co-

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mandita por acciones, pueden contraer préstamos en forma pública o privada mediante la emisión de debentures, si las autorizan sus estatutos. El debenture es un título valor emitible por este tipo de sociedades a efectos de librarlos a la suscripción, que puede ser pública o no, a cuyo efecto debe celebrarse un contrato de fideicomiso con un banco autorizado. Según la ley de sociedades podían ser al portador o nominativos, pero a partir de 1995 deben ser nominativos no endosables (ley 24.587). Se clasifican según la garantía que para la emisión otorgue la sociedad. En efecto pueden ser con garantía común, con garantía flotante y con garantía especial. Los constituidos con garantía común no interesan para nuestra materia, puesto que no están estatuidos a la manera de derechos reales, sino que involucran una clase de obligaciones a largo vencimiento, a la que la sociedad recurre, en lugar de aumentar su capital accionario, pero sin afectar bienes o conjuntos de bienes determinados. Responde con todo el activo. En cambio, los emitidos con garantía flotante afectan los bienes muebles o inmuebles, presentes o futuros, o una parte de ellos, otorgando los privilegios que corresponden a la prenda, la hipoteca o la anticresis, según el caso, sin necesidad de que se cumplan, en la constitución, las formalidades correspondientes a estos derechos reales, bastando la manifestación inserta en el contrato de emisión y el cumplimiento del procedimiento e inscripciones establecidas en la ley (19.550, art. 327). Aclaramos aquí que la ley habla del privilegio de la anticresis, pero este derecho real no lo concede en el Código Civil, otorgando solamente el derecho de retención que, de acuerdo a la reforma de la ley 17.711, puede prevalecer sobre el privilegio. El debenture con garantía especial afecta un bien o bienes determinados de la sociedad, susceptibles de hipo-

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teca (inmuebles, buques de más de diez toneladas, aeronaves y minas). Debe constituirse con especificación de todos los requisitos exigidos para la constitución de la hipoteca y hacerse constar en el acta de emisión, que se inscribe en el registro respectivo. Le son aplicables todas las disposiciones que se refieren a este derecho real, pero su duración puede ser por el término de cuarenta años, al igual que los efectos de la inscripción (art. 333, ley 19.550). La ley de obligaciones negociables implemento un sistema mucho más flexible, otorgándole incentivos tributarios, régimen que ha desplazado al de emisión de debentures (ley 23.576). § 49. HIPOTECA NAVAL. - A pesar de que el buque es considerado una cosa mueble, cuando su porte es superior a las diez toneladas de arqueo total, puede constituirse sobre éste un derecho real de hipoteca, la que puede tener por objeto igualmente un buque en construcción. El acto constitutivo debe formalizarse en escritura pública o documento privado autenticado, con todos los requisitos establecidos en la ley y sólo tiene efecto respecto de terceros una vez inscripto en el Registro Nacional de Buques. También pueden hipotecarse otros artefactos navales que no son buques, definidos en el art. 2o de la ley 20.094. El art. 513 de la misma ley (ley de navegación) declara subsidiariamente aplicables a este derecho las disposiciones de la hipoteca común. El efecto persecutorio de la hipoteca está consagrado especialmente en el art. 509, que establece también el privilegio del acreedor hipotecario por el término de tres años el que se extingue al cabo de dicho lapso, salvo que se renueve o que el plazo de amortización sea mayor. La hipoteca cubre también los intereses de la obligación por dos años. El orden del privilegio de la hipoteca está fijado en el art. 511, siguiendo a los créditos establecidos en el art. 476 sobre buques, y los del 490 para los buques en construcción.

102 § 50. de arqueo da, según 499 de la regulan el

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PRENDA NAVAL. - Los buques de menor tonelaje total son susceptibles de ser gravados con prenel régimen respectivo. A ella se refiere el art. ley 20.094, haciendo remisión a las normas que contrato y el derecho real de prenda.

§ 51. HIPOTECA AERONÁUTICA. -Está legislada en el Cap. VI del Tít. IV del Código Aeronáutico (ley 17.285) que prevé la hipoteca de aeronaves y motores, debiendo ésta constituirse por instrumento público o privado debidamente autenticado e inscribirse en el Registro Nacional de Aeronaves, donde debe estar matriculada la aeronave respectiva. La inscripción confiere al acreedor derecho de preferencia según el orden en que se han efectuado y contiene privilegio en grado inmediato a los establecidos en el mismo Código con prelación a cualquier otro crédito con el privilegio general o especial. Se extingue de pleno derecho a los siete años de la fecha de su inscripción, si ésta no fuese renovada. Cuando el bien hipotecado es un motor, el deudor debe notificar al acreedor en qué aeronave será instalado y el uso que se hará de él, o de ellos si son varios. La hipoteca puede recaer también sobre partes indivisas de la aeronave y nada obsta a que sean distintos acreedores quienes mantengan el derecho real correspondiente a los motores, de quienes tengan la titularidad del que corresponda a la aeronave. § 52. COPROPIEDAD NAVAL. - Como una modalidad del condominio y con aplicación supletoria de las normas del condominio común, la ley de navegación (20.094) legisla sobre la copropiedad naval. Establece como diferencias fundamentales los derechos de las mayorías y minorías, que se computan de acuerdo al valor de las partes. En principio, la decisión de la mayoría obliga a la minoría.

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Cuando el buque, a juicio de la mayoría, necesita reparación, la minoría está obligada a aceptar la decisión, salvo el derecho de transferir su parte a los copropietarios al precio que se fije judicialmente, o a solicitar la venta en subasta pública. La minoría puede también imponer la reparación cuando así resulta del peritaje judicial. Existe el derecho de opción de compra de los copropietarios y la posibilidad de que la minoría pueda exigir, en caso de que la mayoría decida la venta del buque, que ésta se haga en subasta pública. La minoría también puede imponer la venta por innavegabilidad del buque o por otras razones graves o de urgencia, decidiendo el tribunal competente en caso de oposición de la mayoría. § 53. OTROS DERECHOS REALES O MODALIDADES DE LOS ESTUDIADOS. - En el derecho minero se habla de propiedad

de las minas, las que, aunque en principio son bienes privados de la Nación o de las provincias según el territorio en que se encuentren, pueden ser objeto de concesión en favor de los particulares. Los requisitos para el otorgamiento de la concesión, los derechos y obligaciones del concesionario, el pago del canon respectivo y las consecuencias que apareja el incumplimiento de estas obligaciones, la posibilidad de caducidad de la concesión, etc., están reguladas por dicho Código, en orden a las finalidades perseguidas en la industria minera y la importancia económica de esta actividad. La propiedad minera difiere en sus rasgos fundamentales de la propiedad común, pudiéndosela considerar un derecho real sui generis. El Código regula, a su vez, la posibilidad de constituir otros derechos reales con caracteres también específicos, como el usufructo minero, las servidumbres mineras, etcétera. La ley de reordenamiento minero y de creación del Consejo Federal de Minería ha introducido modificaciones al Código de Minería derogando la ley 21.593. Las leyes 24.498 y 24.585 reforman el viejo Código de Minería

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(ley 1919 y modificatorias). Posteriormente se dictó el decr. 456/97 que aprobó el texto ordenado. Su estudio corresponde a la rama correspondiente que tiene autonomía didáctica y legislativa, bastando estas nociones para completar el panorama de los derechos reales fuera del Código Civil.

CAPÍTULO

VI

COSAS A)

LlNEAMIENTOS GENERALES

§ 54. INTRODUCCIÓN. - La mayoría de los programas universitarios incluyen, en la parte general del estudio del derecho civil, el tema de las cosas, entendiendo que éstas no sólo son el objeto de los derechos reales, sino que también pueden ser objeto, aunque mediato, de los derechos personales. La razón decisiva se basa -en realidad- en que las nociones de patrimonio, bienes y cosas, como la de persona, hechos y actos, exceden el campo propio de una materia de derecho, por su generalidad, y tienen importancia no sólo en el derecho civil, sino también en otras ramas del derecho. Trataremos de las cosas como objeto de los derechos reales, su clasificación y el régimen de las distintas clases de bienes y, por último, de las cosas con relación a las personas a quienes pertenecen. § 55. CONCEPTO. - La significación de la palabra "cosa" del lenguaje común difiere de la del concepto jurídico, advirtiéndose asimismo notables variantes en el derecho comparado (histórico y actual).

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Confróntese la primera acepción del diccionario: "Todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta"; el mismo diccionario para el lenguaje forense reserva la acepción de "objeto de las relaciones jurídicas", en contraposición con las personas que son los sujetos de derecho. Decía Banchio que etimológicamente el término "cosa" proviene del vocablo "causa" y por una interesante transformación del lenguaje ha asumido después íntegro el significado de la voz res, palabra ésta tomada por los romanos de la expresión sánscrita rah que, con carácter sustantivo, denota "bien", "posesión", y tiene otras acepciones que enumera y que revelan la amplitud con que se usaba dicho vocablo1. El otro punto de la comparación está dado por el concepto del art. 2311, del que luego nos ocuparemos y que las define como "objetos materiales susceptibles de valor", noción mucho más restringida. El aire, el mar, el sol, que en un sentido vulgar son cosas, no lo son, desde el punto de vista técnico jurídico. El Código ha seguido la doctrina tradicional y, en su antigua redacción, definía las cosas como los objetos corporales susceptibles de tener un valor. El codificador se refiere al art. 317 del Esboco de Freitas, cuya larga nota comenta brevemente, destacando la confusión a que conduce la división de las cosas en corporales e incorporales (nota de Vélez Sársfield al art. 2311, Cód. Civil). En efecto, para el autor brasileño las cosas son corporales siempre, aunque el objeto del derecho pueda ser corporal o incorporal. Lo que ocurre es que, en cierto modo, al hablar del dominio se lo confunde con la cosa que es su objeto, ya que este derecho absorbe todas las facultades 1

Banchio, Nuevas categorías de cosas, p. 7 y siguientes.

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posibles sobre la cosa. Pero el derecho, en sí, es siempre incorporal, se trate del dominio o de un derecho sobre cosa ajena, o de un derecho creditorio. La terminología vulgar contribuye a la confusión, dado que -abreviando- no decimos "la finca de mi propiedad" sino "mi finca" con lo que, en cierto modo, objetivamos nuestra confusión2. No es contradictoria la nota de Vélez Sársfield al art. 2311, con el texto del artículo, ya que allí se expresa que "la palabra 'cosas', en la flexibilidad indefinida de sus acepciones, comprende en verdad todo lo que existe; no sólo los objetos que pueden ser la propiedad del hombre, sino todo lo que en la naturaleza escapa a esta apropiación exclusiva: el mar, el aire, el sol, etcétera. Mas como objeto de los derechos privados, debemos limitar la extensión de esta palabra a lo que puede tener un valor entre los bienes de los particulares", y agrega: "Así, todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes. La cosa es el género, el bien es una especie". El codificador nos habla aquí de las cosas, utilizando la palabra "en la flexibilidad indefinida de sus acepciones". Lo que nos quiere decir es que una cosa (en sentido amplio) es "cosa" (en sentido jurídico) en la medida en que es un bien (tiene valor). Por ello, en el lenguaje jurídico, a la inversa de lo dicho en la última frase de la nota, bien es el género y cosa es la especie. No es otro el criterio del texto del art. 2312. La noción de cosa, como concepto metajurídico, es sólo útil al derecho en la medida en que pueda ser objeto de él, en la medida en que pueda resultar un bien, tener valor jurídico y no sólo económico. § 56. CARACTERIZACIÓN. - El concepto que el Código de Vélez Sársfield vertió en el art. 2311, ha sido alterado 2

Freitas, Esbogo, art. 317, p. 175 y siguientes.

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por la reforma de la ley 17.711, cambiando el adjetivo "corporales" por "materiales" y agregando un segundo párrafo referido a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. La expresión "materiales" nos parece más precisa que la de "corporales". Hay cosas -y siempre en un sentido jurídico- como por ejemplo el gas, que difícilmente se pueden calificar de corpóreas, pero que innegablemente son materiales. Aparte de ello, la reforma resulta conveniente al guardar paralelismo con la expresión de objetos inmateriales a que se refiere el art. 2312. El jurista, entre la oposición: corporales e inmateriales, podría encontrar objetos que no fueran ni lo uno, ni lo otro. De este modo -en cambio- se despeja toda duda: lo que no es material, es inmaterial. El párrafo agregado por el reformador no incluye en el concepto mismo de cosas a la energía y a las fuerzas naturales, solamente declara aplicables a ellas las disposiciones referentes a las cosas. La reforma, en este sentido, tiende a solucionar problemas interpretativos en torno a la naturaleza de la energía y ello explica que legisle sobre ella por referencia, sin adoptar posición sobre su esencia. Pero se ha quedado a mitad de camino pues la energía debió ser objeto de una normativa específica, dentro del derecho civil, y sin perjuicio de los regímenes especiales que se dicten para la regulación de aspectos tan importantes del desarrollo, por ello nos referimos siempre al ámbito del derecho privado. Y se queda a mitad de camino porque difícilmente las disposiciones relacionadas con las cosas puedan aplicarse tan genéricamente a la energía, algunas fundamentales como la división en muebles e inmuebles, toda la materia posesoria, la posibilidad de establecer derechos reales sobre ella, etcétera. Ello sea dicho teniendo en cuenta que no se puede confundir la propiedad de la energía con la de la planta

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generadora, por ejemplo, o con el objeto que sirve para acumularla3. Por último, y sin pretensiones de agotar el tema, digamos que la ley parece referirse a la energía distinguiéndola de las fuerzas naturales, pero éstas se convierten en aquélla en la medida en que la actividad humana las utiliza, se las apropia. Más aun, podríamos decir que toda energía es fuerza natural que el hombre ha hecho aprovechable. Dicen los autores citados que "la subordinación del régimen de la energía a la normativa propia de los derechos reales conspira en gran medida contra el dinamismo ínsito en toda disciplina en formación que queda detenida en su evolución por las rígidas normas que caracterizan el derecho de cosas". En el Código anotado dirigido por Llambías, Alterini, después de criticar el agregado, ya que -dice- es difícil y a veces hasta imposible compaginar el régimen jurídico de las cosas con la esencia misma de la energía, afirma que "las llamativas peculiaridades de la energía mueven a pensar que ella excede la categorización de cosas y bienes (que no son cosas), para constituir una suerte de tercera agrupación conceptual en materia de objetos de derecho, que, por lo mismo, requiere un tratamiento específico"4. § 57. CONCEPTO LEGAL DE BIEN. - El Código da al concepto de bien una doble significación. Llama tales a los objetos inmateriales susceptibles de valor, e igualmente comprende en la categoría de bienes a las cosas. La palabra tiene, pues, un sentido genérico que comprende a todos los objetos que constituyen el patrimonio, 3 Ver, en general, Adrogué - Gutiérrez Zaldívar - Arraga Penido - Amuy, Temas de derechos reales, cap. I. 4 Llambías - Alterini, Código Civil anotado. Derechos reales, t. IV-A, p. 13 y 14.

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sean materiales o inmateriales, y también un sentido específico para designar a estos últimos. De no interpretarse así, tendríamos que convenir que los objetos inmateriales susceptibles de valor, carecen de denominación. Tendríamos, interpretando las normas en relación con la nota al art. 2311, a que hemos hecho mención, lo siguiente. Cosas (amplia expresión)

Bienes (lato sensú) Cosas inapropiables o sin valor

Bienes (lato sensú)

Bienes (stricto sensu) Cosas (sentido jurídico)

El concepto de bien está usado en el Código con relación exclusiva al patrimonio y en esto, sin duda, ha influido notablemente la nota del art. 317 del Esbogo de Freitas, aunque Vélez Sársfield no la cite en la del art. 2312. En ella, dice el codificador, después de mencionar a los autores franceses Duranton, Toullier y Marcadé, "hay derechos y los más importantes, que no son bienes, tales son ciertos derechos que tienen su origen en la existencia del individuo mismo a que pertenecen, como la libertad, el honor, el cuerpo de la persona, la patria potestad, etcétera". Sin duda, "la violación de estos derechos personales puede dar lugar a una reparación que constituye un bien, jurídicamente hablando ...", y agrega: "Si, pues, los derechos personales (se refiere a los de la personalidad y no a los creditorios) pueden venir a ser la causa o la ocasión de un bien, ellos no constituyen por sí mismos un bien in ture. Lo mismo se puede decir de las facultades del hombre, de su aptitud, de su inteligencia, de su trabajo. Bajo una relación económica, las facultades del hombre constituyen sin duda la riqueza: mas jurídicamente, ellas no hacen parte de sus bienes".

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Por lo tanto, los derechos creditorios son bienes, aun cuando no respondan a un interés pecuniario de su titular, o lo guíen móviles extrapatrimoniales, los derechos reales son también como tales, bienes, aunque su objeto sea una cosa. En rigor -y jurídicamente hablando- nuestro patrimonio está compuesto siempre por bienes propiamente dichos, por derechos. No hay cosas en el patrimonio sino derechos sobre ellas. § 58. CONCEPTO DE PATRIMONIO. - E l art. 2312 concluye expresando: "El conjunto de bienes de una persona constituye su 'patrimonio'"'. Y en la nota dice el codificador "que el 'patrimonio' es la universalidad jurídica de sus derechos reales y personales, bajo la relación de valor pecuniario, es decir, como bienes". Clásicamente se distinguen las universalidades de derecho (universitas iuris) y las de hecho (univ ersitas facti), según sean creadas por la ley o por la voluntad del propietario. El patrimonio es de la primera categoría, ejemplos de la segunda podría ser una colección de objetos, como monedas, sellos postales, etcétera. Tanto de la literalidad del artículo, como del contexto de la nota, parece indudable que el patrimonio está integrado sólo por derechos (reales o creditorios). Sin embargo, la generalidad de la doctrina entiende que en la universalidad está comprendido también el pasivo, o sea las deudas. Se aduce que, si fuera así, el proloquio según el cual "el patrimonio es la prenda común de los acreedores" carecería de sentido. Compartimos la opinión mayoritaria, puesto que en la práctica cuando se refiere a una situación patrimonial, tanto en el aspecto económico, como en el jurídico y en el impositivo, se tienen en cuenta tanto el activo como el pasivo del patrimonio y es justamente ese activo el que garantiza el pasivo.

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El conjunto de derechos, susceptibles de valor económico y de obligaciones de una persona, constituye su patrimonio5. B)

CLASIFICACIÓN DE LAS COSAS

§ 59. MUEBLES E INMUEBLES. - Antes de establecer el criterio distintivo, el Código expresa que las cosas son muebles e inmuebles por su naturaleza, o por accesión, o por su carácter representativo (art. 2313). Esta disposición se ha criticado porque los muebles no pueden serlo por accesión si no lo son - a su vez- por su naturaleza. Freitas, con mayor precisión, decía en el art. 387 del Esbogo: "Las cosas son muebles sólo por su naturaleza o por naturaleza y por su carácter representativo ..." y en el art. 395: "Las cosas son inmuebles, sólo por su naturaleza o por accesión o por su carácter representativo"; Vélez Sársfield, al refundir las dos normas, omitió una mayor separación por puntuación. a) CRITERIO BÁSICO Y SUBCLASIFICACIÓN. El criterio para distinguir los muebles e inmuebles por su naturaleza es, como lo preanuncia el vocablo, la posibilidad de que puedan moverse, sean por sí mismos (semovientes) o por impulso de una fuerza extraña, o que permanezcan inmovilizados. En el derecho romano, la categoría de los semovientes tenía particular importancia y aparecía como un tercer género en esta clasificación. Freitas los declara expresamente comprendidos en la categoría de muebles y los divide en tres categorías: animales salvajes, domésticos y domesticados, clasificación que Vélez Sársfield no recoge aquí, pero que más adelante tiene en cuenta al regular los modos de 5

p. 13.

Llambías - Alterini, Código Civil anotado.

Derechos reales, t. IV-A,

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adquisición del dominio (arts. 2540 y 2544 y también en el art. 2592). Sin embargo, el criterio de la movilidad, como distintivo, no es absoluto, pues cosas que son muebles por su naturaleza, pueden adquirir la condición de inmuebles por accesión, como los útiles de labranza (ejemplo puesto por la nota al art. 2316, entre otros). Los instrumentos públicos donde constan derechos reales sobre inmuebles (excepto hipoteca y anticresis), a pesar de su movilidad, se consideran inmuebles por su carácter representativo. La calidad de mueble o inmueble de una cosa no depende de la voluntad de las partes, aunque la ley tome en cuenta la intención del propietario (o, en su caso, de su representante o del usufructuario) para determinar tal calidad en los casos de accesión moral. Ateniéndonos a la subclasificación del Código tenemos: Muebles

• Por su naturaleza Por su naturaleza

Cosas Inmuebles

Por accesión

Física

Moral Por carácter representativo

1) INMUEBLES POR SU NATURALEZA. Están caracterizados por la directiva del art. 2314, que establece el carácter de inmovilización en sí misma, como "eí suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad". El Código agrega todo lo que está uincorporado al suelo de una manera orgánica", haciendo clara referencia a los vegetales que, por lo tanto, no entran en la categoría de inmuebles por accesión, sino que lo son por su naturaleza. Eso sí, deben estar efectivamente adheridos al suelo y no están comprendidas, por ende, las plantas de macetas o las que se encuentran incorporadas con carácter 8. Musto, 1.

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transitorio como los almacigos, o sea el lugar donde se siembra para después trasplantar (ver ejemplo de la nota al art. 2315). Por último, eí artículo hace referencia a todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el hecho del hombre. Esta condición negativa no excluye que las cosas soterradas, adquieran carácter de inmueble por accesión física, pero cosas que se depositan solamente para ocultarlas, como los tesoros, o los objetos que se encuentran en los sepulcros, no revisten el carácter de inmuebles. Es corriente que se enajene o se graven independientemente del suelo, frutos pendientes, como una cosecha en pie, o la madera de un bosque talar, a pesar de que constituyen cosas inmuebles por su naturaleza, por formar un todo con el inmueble mientras permanezcan unidos a él. El Código se refiere a ellas al determinar el momento de la adquisición de la posesión (art. 2376), designándolas como cosas muebles futuras, que deban separarse de los inmuebles. 2) INMUEBLES POR ACCESIÓN. Como lo hemos expresado, la accesión puede ser física o moral. Se trata de cosas muebles por su naturaleza que se convierten en inmuebles por una vinculación que las convierte en accesorias y, por tanto, siguen la suerte de la principal. Los inmuebles siempre revisten este carácter (principal). Por lo tanto, resulta impropio hablar de cosas muebles por accesión a otro mueble, pues -como lo vimos- ya lo son por su naturaleza. a) Accesión física. Es necesaria una adhesión física ai suelo y que ésta tenga carácter de perpetuidad (art. 2315). Una carpa, o las instalaciones de una feria, aunque estén efectivamente adheridas al suelo, no revisten el carácter de inmuebles por no tener el carácter de perpetuidad. Tampoco adquieren el carácter de inmuebles, aunque se hallen fijadas en un edificio, cuando las cosas estén

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adheridas en miras de la profesión del propietario (art. 2322). La norma agrega "o de una manera temporaria" lo que era innecesario, ya que ellas están excluidas por el art. 2315. En la accesión física resulta indiferente, salvo el caso de excepción mencionado en el párrafo anterior, quién ha producido la adhesión o cuáles fueron las causas de ella; no lo es en cambio -como veremos- en la accesión moral, donde tiene particular relevancia quién coloca intencionalmente la cosa mueble en el inmueble como accesoria de éste (art. 2316). b~) Accesión moral. En el caso anterior había dos requisitos: adhesión física y carácter de perpetuidad. En este caso, el requisito primero es negativo, o sea que la cosa no debe estar adherida al suelo o al edificio, sino simplemente colocada o puesta intencionalmente, como accesoria. La persona que revela la intención de colocarlas con ese carácter tiene aquí importancia. Sólo pueden tenerse en cuenta en este aspecto la intención del propietario (arts. 2316 y 2320), sus representantes o si son puestas por el arrendatario en ejecución del contrato de arrendamiento (art. 2320), o por el usufructuario, pero, en este último caso, sólo se consideran inmuebles mientras dura el usufructo (art. 2321). Los enseres y muebles de la casa (ajuar) deben ser considerados inmuebles por accesión moral, cuando son puestos por las personas aludidas en el parágrafo anterior. De lo contrario no se justificarían las excepciones que prevé la norma del art. 2323, cuyo contenido veremos al tratar de las cosas muebles (ver § 59 a 66). 3) INMUEBLES POR CARÁCTER REPRESENTATIVO. El art.

2317,

siguiendo en esto a Freitas, declara inmuebles por su carácter representativo a los instrumentos donde consten derechos reales sobre inmuebles, con exclusión de los derechos reales de hipoteca y anticresis.

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La excepción referida a los derechos reales de hipoteca y anticresis se explica pues, siendo derechos accesorios de un crédito, sus instrumentos acreditantes siguen la suerte del principal. Estos instrumentos, aunque el art. 2319 no los enumere, son cosas muebles, sobre la base de la exclusión antedicha. 4) COSAS MUEBLES: POR SU NATURALEZA. Están definidas en el art. 2318 como "las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas, sea que sólo se muevan por una fuerza externa ...". En esta categoría se encuentran pues comprendidos los semovientes sobre los cuales el Código se ocupa sólo incídentalmente pese a la importancia que el ganado tiene en el país. A su régimen nos referiremos más adelante. El Código, después de dar esta directiva general del art. 2318, en la misma norma excluye a las cosas accesorias de los inmuebles. Son muebles las construcciones levantadas con un carácter temporario (arts. 2315 y 2319), los tesoros al igual que las monedas; los materiales reunidos para la construcción de un edificio, mientras no hayan sido empleados (quiere decir fijados al suelo); los que provengan de la destrucción de los edificios, aunque los propietarios hubieran de reconstruirlos inmediatamente con los mismos materiales. Revisten el carácter de muebles por su naturaleza también las cosas que están fijadas en el inmueble en miras a la profesión del propietario (art. 2321) y las que el art. 2323 excluye de lo que conforma el ajuar de la casa: documentos, papeles, joyas, medallas, armas, etcétera. La enumeración del propio artículo no es limitativa. 5) CARÁCTER REPRESENTATIVO EN MATERIA DE COSAS MUEBLES. CUESTIONES AL RESPECTO. El Código no las contempla bajo

ese nombre, tal como lo hace con los inmuebles. La doctrina le asigna este carácter a las enumeradas en la última parte del art. 2319, "todos los instrumentos públicos o

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privados de donde constare la adquisición de derechos personales". El precepto no da lugar a que se sostenga que existe esta categoría, a pesar de lo cual la mayoría de la doctrina así lo considera. Sin embargo, parece poco lógico que, siendo ya por su naturaleza muebles, el codificador haya querido superponerles la calidad de tales por su carácter representativo. Es preferible interpretar el art. 2313, como lo hemos hecho anteriormente, significando que las categorías de "o por accesión, o por su carácter representativo" se refieren sólo a la palabra inmuebles, leyendo el artículo como si hubiera una coma después de la palabra "muebles", omisión que podría justificarse por la presencia de la conjunción copulativa. A estos instrumentos habría que agregar aquellos donde constan los derechos reales de hipoteca y anticresis y los que documentan los derechos reales sobre bienes muebles. Los primeros excluidos del art. 2317, y los segundos no enumerados por él, careciendo de sentido que se los considerara inmuebles. b)

TRASCENDENCIA

E IMPORTANCIA

PRÁCTICA

DE LA

DISTINCIÓN.

La distinción entre cosas inmuebles y muebles ha tenido diferente importancia en el curso de la historia. A pesar de que la movilidad o inmovilidad de las cosas, es una cualidad distintiva que parece espontáneamente destacarse a nuestra inteligencia, no siempre se tuvo en cuenta o no siempre se le dio suficiente relevancia. En nuestro Código, como en la mayoría de los códigos modernos, aparece como la división más importante de las cosas (summa rerum divisio). 1) LEY APLICABLE. Cuando se plantea un conflicto de leyes en el espacio (dos o más leyes tienden a regir una misma relación o situación jurídica -o el conflicto es negativo y ninguna lo contempla-), la decisión tiene importancia para determinar cuál es la ley aplicable, ya que en raa-

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NOCIONES GENERALES

teria de inmuebles rige la ley de situación (lex rei sitos), mientras que en materia de muebles depende si tienen localización o ubicación permanente (en cuyo caso también se aplica el mismo principio) o si son de los que el propietario acostumbra a llevar consigo o son de uso personal, los cuales son regidos por la ley del domicilio del propietario (arts. 10 y 11, Cód. Civil). 2) COMPETENCIA DE LOS JUECES. En principio es competente en materia de inmuebles el del lugar donde está situado, mientras que en materia de muebles, puede ser la situación de éstos o el domicilio del demandado. Los códigos procesales regulan esta materia, la que depende también de la naturaleza de la pretensión que se ejerza. 3) DERECHOS REALES QUE SE PUEDEN CONSTITUIR. Los

hay

que pueden recaer sobre ambas categorías de cosas, como el dominio, condominio, usufructo, etc., pero otros reposan sólo sobre inmuebles, como la hipoteca, la anticresis, las servidumbres y la propiedad horizontal. A ellos habría que agregar los censos. El derecho real de prenda solamente recae sobre muebles. 4) FORMAS DE INSTRUMENTACIÓN. De los derechos reales constituidos sobre inmuebles, se requiere la escritura pública y, para su oponibilidad, la inscripción en el Registro de Propiedad (arts. 1184, inc. Io, y 2505). Para los muebles, en principio, no es necesario este tipo de formalidades, aunque -como veremos- hay registros especiales para algunas categorías: buques, aeronaves, automotores, equinos de pura sangre. En materia de semovientes se registra la marca o señal (no las cosas). 5) EFECTOS DE LA POSESIÓN. La posesión de buena fe de una cosa mueble hace presumir la propiedad, salvo que la cosa fuera robada o perdida. En los inmuebles, no existe esta presunción de propiedad, aunque el art. 1051 deja a salvo los derechos de los terceros adquirentes de buena fe a título oneroso, cuando el título del enajenante hubiera

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sido anulado. Estudiaremos este tema al tratar las acciones reales. 6) PRESCRIPCIÓN. Los inmuebles pueden ser adquiridos por usucapión mediante la posesión continuada de diez o veinte años, según que medie justo título y buena fe, o no se reúnan estos requisitos. Para las cosas muebles robadas o perdidas, mediando buena fe, el plazo es de dos o tres años, según sea la cosa registrable o no, en materia de automotores la prescripción tenía un plazo de tres años; lo que fue modificado por la ley 22.977 (ver t.o. decr. 1114/ 97, art. 4 o ), que lo redujo a dos años para los automotores hurtados o robados, siempre que el poseedor fuere de buena fe y lo tuviera inscripto a su nombre. No es pacífica la doctrina respecto a la posibilidad de adquirir la propiedad de las cosas robadas o perdidas, cuando la posesión es de mala fe. El art. 4016 no distingue entre muebles e inmuebles, aunque originariamente se refería sólo a estos últimos, ya que el Código no trataba de la usucapión de las cosas muebles. Por ello, aplicando esta norma, la interpretación de que ella se aplica a las cosas muebles, aparece correcta, pues no habría razón en la distinción, en la medida en que -de lo contrario- se exigirían mayores recaudos para las cosas que el Código reputa menos importantes. 7) FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES. La enajenación de bienes inmuebles (o raíces, como también los llama el Código) está sujeta a restricciones, cuando pertenecen a menores u otros incapaces. A partir de la sanción de la ley 23.264, los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de sus hijos que están bajo la patria potestad, sin autorización judicial, no pueden constituir derechos reales sobre sus cosas ni transferir los derechos reales que pertenezcan a sus hijos sobre bienes de propiedad de terceros (art. 297, Cód. Civil, modificado por dicha ley). Los tutores y curadores la necesitan para la disposición de am-

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bas categorías de cosas, pero, en tal caso, son los jueces los que tienen limitaciones legales para otorgarlas (arts. 434 y 438). La venta en remate público está exigida para ambas categorías de modo que no implica una diferencia entre estas clases de cosas, pero la ley no la exige cuando los muebles son de escaso valor, a juicio del tutor y del juez (art. 441). 8) CAPACIDAD DE DERECHO. Los religiosos profesos no tienen capacidad de derecho para adquirir cosas inmuebles. Pueden adquirir cosas muebles, siempre que sea al contado (art. 1160). 9) ZONAS DE SEGURIDAD. Los inmuebles situados en zonas de seguridad y fronteras sólo pueden ser adquiridos constando la autorización de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad (decr. ley 15.385/44, leyes 12.913 y sus modificatorias, y 22.153). 10)

LA ENAJENACIÓN DE INMUEBLES POR EL HEREDERO.

Ha-

biendo aceptado la herencia con beneficio de inventario, la enajenación de inmuebles sólo puede efectuarse con licencia judicial y la venta deberá verificarse en remate público. La de los muebles requiere igualmente autorización, salvo que no puedan conservarse o que el difunto los hubiera tenido para venderlos, pero no mantienen la exigencia de la formalidad de la subasta para proceder a su venta (art. 3393). § 60. REGÍMENES ESPECIALES. - La importancia que ha adquirido en la sociedad moderna el tráfico de ciertas cosas muebles, como los automotores, las aeronaves, etc., y la que tienen para la riqueza, en general, estas cosas y otras como los semovientes, ha generado la necesidad de establecer regímenes especiales y organizar registros y matrículas, tema del que nos ocuparemos más adelante, al tratar del efecto de la posesión de cosas muebles y -en lo pertinente- al referirnos a las cosas registrables.

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§ 6 1 . FUNGIBLES Y NO FUNGIBLES. IMPORTANCIA DE LA DISTINCIÓN. - La norma del art. 2324 establece el criterio le-

gal distintivo entre estas categorías de cosas: "Son cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie, y que pueden sustituirse las unas por las otras de la misma calidad y en igual cantidad". Las cosas que en la práctica no se suelen calcular por piezas determinadas, sino por cantidades (quce pondere numero mensurave constante, o sea las que se trafican según medida, peso o número. En principio, el carácter de fungibilidad depende de los usos y costumbres comerciales y en segundo lugar de la voluntad de las partes. La distinción, mirada la cosa en sí misma, aparece relativa y depende no sólo de la intención de las partes, sino también de las circunstancias de hecho. Un libro que para el comerciante puede ser un objeto fungible, no lo es para la persona a quien se lo han obsequiado con una dedicatoria (por ejemplo). Hasta un automóvil puede revestir el carácter de fungible, mientras se encuentra en las terminales automotrices, o en las agencias de venta, especialmente si es cero kilómetro. No lo es cuando debidamente registrado está librado al uso y circulación. Son cosas naturalmente fungibles: los granos, los vinos, las telas, etcétera. Se entiende que siempre que sean de igual calidad o especie. En este sentido, la tipificación según criterios técnicos en la clasificación de granos, o de carnes, tiene un papel importante para asegurar la perfecta fungibilidad, al hacerlas intercambiables a las mercaderías por otras de la misma especie o tipo. Existen contratos que sólo pueden recaer sobre cosas no fungibles, como el comodato (préstamo de uso), que regula el art. 2255 del Cód. Civil; otros como el mutuo sólo pueden recaer sobre cosas fungibles, sean consumibles o

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no (art. 2240). El depósito regular sólo puede recaer sobre cosas no fungibles, de lo contrario existe pero se considera irregular (arts. 2188 y 2189). La distinción tiene también interés práctico en las obligaciones de dar. Siendo la cosa no fungible y estando ya determinada e individualizada si perece sin culpa del deudor, éste queda exonerado de la obligación (arts. 578 y 584). Si la cosa es fungible la obligación de entregar subsiste, ya que el género no perece (genus non perit). § 62. CONSUMIBLES Y NO CONSUMIBLES. - Se ha expresado, comentando el art. 2325 del Cód. Civil que, a semejanza de lo expresado respecto de las cosas fungibles, la directiva del Código para efectuar la distinción no es objetiva ni de esencia, ya que la misma no podría hallarse -con valor para todos los supuestos- ni en el aspecto o consistencia natural de las cosas, ni menos en su destino o valoración económica. Nosotros advertimos que en el art. 2325 no se establece un solo criterio sino dos pautas que operan sobre distintos aspectos o momentos de la cosa. En efecto, el art. 2325 dice: "Son cosas consumibles aquellas cuya existencia termina con el primer uso ...". Hasta aquí el criterio es objetivo, y la cualidad de consumible está ínsita en la naturaleza de la cosa, y no varía por el hecho de que se someta a transformación siempre que resulte otra cosa consumible: el trigo en harina, la harina en pan, etcétera. Excepcionalmente una cosa consumible puede ser transformada en no consumible pero ello no incide sobre el carácter de la pauta, ya que tendremos entonces una cosa nueva, con otras cualidades. La otra pauta: "... y las que terminan para quien deja de poseerlas por no distinguirse en su individualidad" no resulta tan clara, pero la nota al art. 2241 es suficientemente ilustrativa sobre el criterio del codificador. Allí se deja claramente sentado que "la calidad de consu-

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mirse o no consumirse depende de la naturaleza de las cosas, y no de la fantasía de las personas" y "que la fungibilidad, en lugar de depender de la naturaleza de las cosas como la calidad de consumirse por el primer uso, depende únicamente de la intención de las partes". La frase comentada en el parágrafo anterior debe ser interpretada, pues, en función de la parte primera, y con clara referencia al ejemplo puesto por el codificador en la nota al art. 2241, o sea la moneda. Para el codificador existe un consumo natural y un consumo civil. El caso del dinero es paradigmático, pues el dinero se consume cuando sale del patrimonio, su destino es circular, ser gastado, pero un libro, por más que para el librero se pierda en su individualidad cuando lo entrega como mercadería, no se torna consumible. Este ejemplo es puesto por Vélez Sársfield en la nota al art. 2241 citada (punto 4 o ). A nuestro juicio, no es posible tampoco asimilar las clasificaciones entre cosas fungibles y consumibles, pues si bien -como hemos dicho- todas las cosas consumibles son fungibles, no se da la alternativa inversa. El derecho real de usufructo (propiamente dicho) sólo puede recaer sobre cosas no consumibles, pues de lo contrario no se podría cumplir el principio de gozarla sin alterar su sustancia. Si recae en cosa consumible degenera en cuasiusufructo o también llamado usufructo imperfecto. Decimos "degenera", en el sentido de que pierde el género de tal, pues en el cuasiusufructo, en realidad, se transmite la propiedad de la cosa debiéndose, a su conclusión, devolver otro tanto de la misma especie o calidad, o el valor estimativo que se le haya dado en el inventario (ver arts. 2811 y 2871). Las cosas consumibles, por su naturaleza, no son susceptibles de ser objeto del contrato de comodato, salvo que sean prestadas como cosas no fungibles, es decir, para ser restituidas idénticamente (art. 2260). El ejemplo puesto

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en la nota: dinero prestado ad pompam vel ostentationem, o sea para hacer ostentación de él, es suficientemente ilustrativo. § 63. DIVISIBLES Y NO DIVISIBLES. TICAS. - En este caso, el Código sienta

APLICACIONES PRÁC-

un criterio natural y otro económico-jurídico en el art. 2326, con el agregado introducido por la ley 17.711. Dicha norma establece, en su párr. Io: "Son cosas divisibles, aquellas que sin ser destruidas enteramente pueden ser divididas en porciones reales, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a la cosa misma". El carácter de divisible, predicable a una cosa, no decae por el hecho de que esté sometida a indivisión forzosa, por ejemplo en los casos del art. 2715. No debe confundirse entonces indivisibilidad con indivisión. El párrafo agregado por la ley 17.711 al art. 2326, que impide la división de las cosas cuando convierta en antieconómico su uso o aprovechamiento, se ha criticado por su defectuosa ubicación, pues estando dirigido a la regulación del estado de la cosa, debió formar parte de las restricciones al dominio. Convenimos en ello, pero agregamos que, si ello es cierto, también lo es que plantea, en general, un principio de indivisión, más que uno de indivisibilidad. En particular, en lo que respecta a los inmuebles, y al margen de la crítica sobre la ubicación, la reforma es encomiable en la medida que contiene una directiva a los gobiernos provinciales a los efectos de que establezcan el sistema de la unidad económica. Siendo una división o clasificación de las cosas eminentemente práctica tiene consecuencias de la misma naturaleza, las que se advierten en las obligaciones de dar cosas, cuya divisibilidad (la de la obligación) puede depender de la divisibilidad de la cosa; en los casos de coposesión y

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condominio y en cuanto a la invocación de la suspensión de la prescripción (arts. 667, 2715, 3981, 3982 y sus correlativos) . § 64. PRINCIPALES Y ACCESORIAS. - La relación de subordinación de una cosa respecto de otra, de la cual depende, hace necesario distinguir entre las cosas principales y accesorias, siendo importante destacar la naturaleza de cada una de ellas en función del principio de que, en general, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. El Código define las cosas principales como aquellas "que pueden existir para sí mismas y por sí mismas" (art. 2327) y las accesorias como "aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa, de la cual dependen, o a la cual están adheridas" (art. 2328). Es principio sentado por el Código que el suelo es siempre la cosa principal, mientras que todas la cosas que, natural o artificialmente, estén adheridas a él se consideran accesorias del suelo (art. 2331) y también las cosas adheridas a otras adherentes al suelo, como los predios (utilizada la palabra en el sentido de edificios) rústicos o urbanos (art. 2332). La dificultad es mayor cuando la relación se da entre cosas muebles y ha sido motivo de especial preocupación por parte del legislador, que sienta la directiva básica en el art. 2333, expresando que "... serán cosas principales aquellas a que las otras no se hubiesen unido sino con el fin de uso, ornato, complemento o conservación". Del artículo, parcialmente transcripto surge: a) que debe haber adhesión de una cosa a la otra; b) que se puedan distinguir en su individualidad, o -para decirlo con la expresión del Código- que no se haya alterado su sustancia, y c) que la unión satisfaga uno de los fines que se establecen en la norma. Son ilustrativos los ejemplos puestos en la nota a los que podríamos agregar los siguientes: el marco de los an-

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teojos es accesorio de los cristales, pues está en función del uso, el capuchón de la lapicera (conservación), la pantalla respecto de la lámpara (complemento), siendo múltiples los ejemplos de ornato. Pero no siempre este criterio resulta suficiente para la determinación de la principalidad de la cosa y por ello la ley establece criterios subsidiarios. Si no es posible distinguir la accesoria de la principal, se tendrá por principal la de mayor valor. Si los valores son iguales, será la principal la de mayor volumen (art. 2334). Insistimos en que estos criterios operan en subsidio, o sea que primeramente la determinación se efectúa según la norma del art. 2333, sin tener en cuenta valor ni volumen. Sólo si no es posible lograr la determinación se recurre al valor, y sólo también ante la igualdad de estos valores se tienen en cuenta los volúmenes y, siendo los volúmenes iguales, no habrá cosa principal ni cosa accesoria (art. 2334). Por último, el Código consagra una solución para el caso de pinturas, esculturas, escritos e impresos que reputa siempre principales, cuando el arte tenga mayor valor e importancia que la materia sobre la que se ha ejercido, y como accesorios la tabla, el lienzo, papel, pergamino o piedra (art. 2335). En alguno de los supuestos no habrá en rigor dos cosas, por ejemplo en la escultura, ya que lo que existe es una transformación de la materia, transmutada en un objeto artístico. La principalidad del arte es la de un bien inmaterial que al agregar valor (mayor valor e importancia) a la materia se convierte en el bien principal. Ni siquiera en la pintura se podría reputar que hay adjunción, porque un cuadro no es una adjunción de pintura a un lienzo, sino que es obra de arte y, como tal, es considerada principal. El principio enunciado por Mackeldey, a quien el codificador sigue en los arts. 2327 y 2328, es que toda disposición de la cosa principal afecta también a la accesoria, salvo que se haya estipulado lo contrario.

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Aplicaciones de este principio son, entre otras, las normas de los arts. 575, según el cual la obligación de dar cosas ciertas comprende los accesorios de ésta, 2520, según el cual la propiedad de una cosa comprende la de sus accesorios, y 3110, que establece que la hipoteca se extiende a todos los accesorios mientras estén unidos al principal, etcétera. § 65. EN EL COMERCIO Y FUERA DEL COMERCIO. - El criterio distintivo usado por el Código es el de la enajenabilidad, el que no está exento de críticas, ya que no se funda en el carácter del dominio (público o privado) y comprende a todas las cosas sea que la prohibición u obstáculo para enajenarlas provenga de una norma de orden público o de una disposición unilateral del donante o testador, o -en fin- de una convención, en la medida en que están permitidas. En este aspecto, Vélez Sársfield se apartó de la clasificación romana y de los criterios por ella tomados en cuenta y establece dos categorías: la de cosas absolutamente inenajenables y la de cosas relativamente inenajenables, poniéndolas a ambas como fuera del comercio. El art. 2337, después de expresar que las cosas están fuera del comercio por su inenajenabilidad absoluta o por su inenajenabilidad relativa, declara: "Son absolutamente inenajenables: 1) Las cosas cuya venta o enajenación fuere expresamente prohibida por la ley". Debió decir venta u otra forma de enajenación, o simplemente toda forma de enajenación. El Código se refiere a la extracomercialidad de las cosas, pero esta clasificación es extensible a otros bienes que no son cosas. Entre las primeras, a que se refiere el inc. Io, podríamos citar las que corresponden al dominio público y la vivienda constituida en bien de familia; ambos ejemplos dados, sin perjuicio de su posible desafectación como

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tales; las indemnizaciones por accidentes de trabajo no pueden cederse, ni embargarse, lo mismo que los derechos a una pensión alimentaria. El inc. 2° del art. 2337 dice: "Las cosas cuya enajenación se hubiere prohibido por actos entre vivos o disposiciones de última voluntad, en cuanto este Código permita tales prohibiciones". El principio es que el derecho de disponer de la cosa no puede ser coartado, salvo que la ley prohiba o autorice tales prohibiciones. Así lo expresa el art. 1327 y lo reafirma el art. 1364 cuando prohibe la cláusula de no enajenar la cosa vendida a persona alguna, aunque lo admite respecto a persona determinada. El art. 2612 establece la prohibición al propietario de obligarse a no enajenarlos, pero el art. 2613 sienta una importante excepción, permitiendo a los donantes o testadores imponer, a los donatarios o legatarios que no enajenen los bienes donados o legados, prohibición limitada al plazo de diez años. El art. 2338 establece que son relativamente inenajenables las (cosas) que necesitan autorización previa para su enajenación. Compartimos la opinión de Spota para quien se debió distinguir entre las cosas pertenecientes al Estado y las del dominio de los particulares. Los bienes del dominio privado del Estado son susceptibles de enajenación una vez cumplidos los trámites administrativos correspondientes, por lo que "constituye un inútil exceso hablar de inenajenabilidad relativa allí donde sólo se presenta la necesidad de cumplir el debido proceso legal para ejecutar los actos de disposición sobre tales cosas"6. Los mismos comentarios podrían aplicarse a la enajenación de bienes de incapaces, sujetos a autorización judicial que, por aplicación del artículo, deben considerarse relativamente inalienables. 6

Spota, Tratado.

Parte general, t. I, vol. 3 1 (5), p. 446.

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§ 66.

MUEBLES REGISTRABLES Y NO REGISTRABLES. -

Los

buques, las aeronaves, los automotores y los caballos de carrera de pura sangre son registrables. Los semovientes comunes no son registrables como tales (cosas) sino que lo que se registra es la marca o señal, según lo dispone la ley 22.939. Del régimen de todas estas cosas nos ocuparemos más adelante, así como también del carácter de la inscripción registral, en cada caso. No nos referimos en este acápite a los inmuebles, que siempre son registrables. La distinción no está establecida en el capítulo de la clasificación de las cosas que vamos desarrollando, pero ha adquirido jerarquía legal a raíz de lo dispuesto en el art. 1277 que exige el asentimiento del cónyuge para disponer o gravar los bienes gananciales, entre otras cosas cuando se trate de bienes muebles "cuyo registro han impuesto las leyes en forma obligatoria". El art. 4016 bis también distingue entre cosas registrables al establecer distintos términos para la prescripción, usucapión de cosas muebles (robadas o perdidas) por parte del poseedor de buena fe. Agreguemos solamente que tanto la norma del art. 1277, en su actual redacción, como la del art. 4016 bis, fueron introducidas por la reforma de la ley 17.711. La importancia práctica de la distinción está dada por estos casos de aplicación y por la facilidad para constituir sobre las cosas registrables determinados derechos reales (prenda con registro). C)

LAS COSAS CONSIDERADAS CON RELACIÓN

A LAS PERSONAS A QUE PERTENECEN

§ 67. INTRODUCCIÓN. - En el Cap. Único del Tít. I del Libro III, el Código desarrolla una clasificación de las cosas en consideración a las personas a que pertenecen. Previo al estudio de esta clasificación debemos aclarar que no sólo es en función de las personas sino también del 9. Musto, 1.

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carácter del dominio que se ejerce y que, además, el capítulo no sólo se refiere a las cosas sino a otros bienes que no lo son. Así surge del art. 2339 y siguientes que hablan de bienes públicos o privados y no de cosas.

Bienes considerados en relación a las personas a que pertenecen

Públicos

Estado nacional Estados provinciales Municipios

Privados

De los Estados y municipios De la Iglesia Católica De las iglesias disidentes De los particulares

Susceptibles de apropiación (res nullius y res derelictos) § 68. BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DEL ESTADO. CARACTERES. - La principal clasificación es entre bienes del domi-

nio público y bienes del dominio privado del Estado nacional y de los Estados provinciales. Luego el Código establece como categoría independiente la de los bienes municipales, aunque se debe entender que también es susceptible de la distinción apuntada entre los que corresponden al dominio público municipal y los que corresponden a su dominio privado. Pasa a ocuparse después de los bienes de la Iglesia Católica que considera sujetos a distinto tratamiento que la de los otros cultos a los que llama "iglesias disidentes" y por último, por exclusión, determina que los bienes que no corresponden al Estado nacional o Estados particulares, a las municipalidades o a las iglesias, son bienes particulares sin distinción de las personas que sobre ellas tengan dominio aunque sean personas jurídicas (art. 2347). Evitamos la transcripción de los artículos que enumeran las distintas clases de bienes: art. 2340, para los bienes públicos; art. 2342, para los bienes privados de los Estados y el art. 2343 que enumera los que son susceptibles de

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apropiación privada. Efectuamos, eso sí, una síntesis de las reformas introducidas por la ley 17.711. El primero de los artículos ha sufrido sensibles modificaciones; en el inc. Io se eliminó la referencia a la legua marina para la determinación del mar territorial, defiriéndola a la legislación especial, lo que había sido objeto de tratamiento por la ley 17.094; en el inc. 3 o , extiende el carácter de dominio público a toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fundo de extraerlas, en la medida de su interés y con sujeción a la reglamentación; el inc. 4o fue alterado sensiblemente eliminando como requisito (para ser bien público) de las playas de los ríos, que éstos sean navegables, refiriéndose a las riberas internas; en el inc. 5o se suprime la referencia al tonelaje de los buques y se sustituye la palabra márgenes por lechos, y en el inc. 6o al establecer el carácter de bienes públicos de las islas, hace la salvedad de que no pertenezcan a los particulares, con lo que tiende a solucionar una serie de posibles conflictos que podían suscitarse frente a la propiedad secularmente ejercida por muchos particulares sobre estas tierras. Por último, la reforma agregó los incs. 8o y 9o que se refieren respectivamente a "los documentos oficiales de los poderes del Estado"; y a "las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico". Las reformas introducidas en este artículo, en general, son convenientes y siguen en sus líneas principales la opinión de los tratadistas de la materia. Especialmente la eliminación del anacrónico criterio de la legua marina, tomando como base el alcance estimado de una bala de cañón, sustituido por un sistema más dinámico, al dejarlo librado a la legislación especial; la inclusión del uso de las aguas subterráneas es en la actualidad un agregado de importancia. Es encomiable el agregado de los incs. 8o y 9o ya

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transcriptos. En cambio es criticable la eliminación de la referencia a las márgenes de los lagos y su sustitución por la de lechos, dado que el lecho forma parte del lago y las márgenes no7. Los bienes del dominio público del Estado nacional o de los Estados provinciales son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Estas características no están expresamente establecidas pero surgen claramente del juego armónico de normas como los arts. 2400, 3951, 3952 y 4019, inc. Io, y de la nota al art. 3952, donde se recoge la opinión de Troplong, así como también de la mención que hemos hecho al comentar los arts. 2336 y 2337, cosas fuera de comercio (ver § 65). Los bienes de uso público, como veremos más adelante al referirnos al dominio público (ver § 193 y ss.), en principio, están librados al uso general y pertenecen al Estado, aunque el dominio tiene características especiales. Estos bienes pueden ser cambiados en su condición de tales, si cesa la utilidad del uso general y son expresamente desafectados como bienes públicos, convirtiéndose entonces en bienes privados del Estado. El art. 2341 establece: "Las personas particulares tienen el uso y goce de los bienes públicos del Estado o de los Estados, pero estarán sujetas a las disposiciones de este Código y a las ordenanzas generales o locales". En toda esta materia, el derecho público, y especialmente la rama del derecho administrativo, tiene importancia y a ella corresponde el estudio profundo del tema. Téngase en cuenta que la breve referencia que hacemos aquí es en orden a la clasificación de las cosas establecidas por el Código Civil. § 69.

BIENES DEL DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO O ESTA-

DOS. - Son enumerados en el art. 2342 que, a diferencia del 7 Allende, Lagos navegables y no navegables. 131-1478 y siguientes.

Código y reforma, LL,

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art. 2340, no ha sufrido alteraciones por obra del legislador de 1968. En su inc. Io, el art. 2342 se refiere a las tierras situadas dentro del territorio que carecen de otro dueño. El dominio originariamente pertenece al Estado (nacional o provincial, de acuerdo a nuestro sistema federal), de modo que si nunca han sido objeto de otra propiedad responden a este dominio originario. También entrarían en esta categoría los inmuebles abandonados por sus dueños, pues los bienes de los que mueren sin dejar herederos están previstos en el inc. 3 o . El inc. 2o se refiere a las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas y sustancias fósiles, disposición cuya aplicación es muy limitada, pues sobre ellas legisla el Código de Minería y las leyes especiales sobre hidrocarburos. El inc. 3 o del art. 2342 se refiere a los bienes vacantes o mostrencos, y los de las personas que mueren sin dejar herederos. Los bienes vacantes son los inmuebles de propietario desconocido, y los mostrencos aquellos de los que tampoco se conoce el propietario y se les llama así porque en el derecho español aplicábase a los animales sin dueño, pertenecientes a la mesta o comunidad de pastores y que debían ser exhibidos (mostrados de allí mostrencos") por el pregonero. Las herencias vacantes son atendidas por el Estado por intermedio de los organismos que designan la Nación o las provincias, según el caso. El inc. 4o se refiere a los muros, plazas de guerra, puentes, ferrocarriles y toda otra construcción hecha por el Estado o por los Estados y los bienes adquiridos por ellos por cualquier título; por último, el inc. 5° se ocupa de las embarcaciones, fragmentos u objetos de embarcaciones enemigas o corsarias, que dieran en las costas de los mares o los ríos de la República. Las que pertenezcan a países aliados o neutrales pueden ser reclamadas por sus propietarios. La ley de navegación ha hecho una regulación en sus secciones tercera y cuarta sobre los naufragios, reflotamien-

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tos y recuperaciones; y sobre los hallazgos en aguas navegables, respectivamente (ley 20.094, art. 387 y siguientes). § 70.

COSAS SUSCEPTIBLES DE APROPIACIÓN PRIVADA. - La

enumeración del art. 2343 comprende -en general- a las cosas que nunca han tenido dueño, cosas de nadie (res nullius~) y a las cosas abandonadas (res derelictce) por sus dueños y que son susceptibles por tanto de adquirirse por apropiación (arts. 2525 y 2527). La adquisición de la posesión de estas cosas se efectúa por la mera aprehensión, según el art. 2375 con el ánimo requerido en el art. 2373 (intención de tenerla como suya). La enumeración del art. 2527 es paralela a la del art. 2343, salvo la referencia a los enjambres de abejas a que se refiere el inc. 2o de este último precepto, que no están incluidos en el art. 2527. En materia de peces se debe tener en cuenta la legislación especial. La ley 24.922 de pesca, que entró a regir en enero de 1998, declaró de dominio de las provincias, con litoral marítimo, los recursos vivos que poblaren las aguas interiores y mar territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las doce millas medidas desde las líneas de base que sean reconocidas por la legislación nacional pertinente. Sobre este espacio las provincias ejercen su jurisdicción en el marco de dicha ley (art. 3 o ). Se declaran de propiedad y jurisdicción exclusiva de la Nación, los recursos existentes en las aguas de la Zona Económica Exclusiva argentina y en la plataforma continental a partir de las doce millas. En lo que respecta a los tesoros abandonados, monedas, joyas, etc., que se encuentran sepultados o escondidos, sin que haya indicios o memoria de quien sea dueño, la posibilidad de apropiación está condicionada a las disposiciones del Código, a las que el inc. 5o del art. 2343 se remite (arts. 2550 al 2566), en las que está perfectamente regulada la materia. Nos ocuparemos de ello en el capítulo correspondiente (ver § 255 a 261).

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§ 71. BIENES MUNICIPALES. - El municipio, institución de honda raigambre en nuestro país, ha sido objeto de especial atención por el art. 5o de la Const. nacional, que exige de las provincias la organización del régimen municipal como condición para garantizar el ejercicio de las autonomías provinciales. El Código Civil les otorga el rango de personas jurídicas de carácter público (art. 33, inc. I o ) y las leyes orgánicas municipales dictadas por las provincias aseguran su derecho a percibir sus rentas por impuestos y tasas, o por sistemas de impuestos provinciales de los cuales coparticipan las municipalidades. El art. 2344 establece cuáles son los bienes municipales y defiere al Estado o Estados los modos y formas de enajenación, siéndoles aplicables, según el destino, la distinción entre los que corresponden al dominio público y los que corresponden al dominio privado del municipio. § 72. BIENES DE LA IGLESIA CATÓLICA. - También está reconocida la Iglesia Católica como persona jurídica de carácter público y sus bienes están sujetos a las disposiciones de los arts. 33 y 41, remitiéndose el Código a las leyes que rigen el patronato nacional. La remisión al art. 41, como bien lo señala Llambías, es inadecuada, pues este artículo se refiere a las personas jurídicas de carácter privado; y la efectuada a las leyes que rigen el patronato, cae en un vacío legislativo, ya que dichas leyes no han sido dictadas, rigiendo en consecuencia los acuerdos con la Santa Sede. El acuerdo aprobado por ley 17.032 admite el ejercicio de la jurisdicción en el ámbito de su competencia, para la realización de sus fines específicos (art. I infine). § 73. BIENES DE IGLESIAS NO CATÓLICAS. - Las iglesias que el Código llama "disidentes", están reconocidas como personas jurídicas, cuando cumplen con los requisitos establecidos por la ley para ello, y además el culto que practi-

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NOCIONES GENERALES

can debe ser objeto de inscripción en el Registro Nacional de Cultos, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para el reconocimiento de sus organizaciones8. El régimen para la enajenación de sus bienes depende de sus estatutos, de modo que están prácticamente equiparadas a las demás personas jurídicas. § 74. COSAS PARTICULARES. - Definidas por exclusión, como lo expresamos anteriormente (art. 2347), el Código agrega una norma especial sobre puentes y caminos construidos a expensas de particulares en terrenos que les pertenezcan, aclarando que son del dominio privado de aquéllos, aunque los dueños permitan su uso y goce de todos (art. 2348). La norma se justifica porque, de lo contrario, quedarían comprendidos los caminos en el inc. 7o del art. 2340, y los puentes en el inc. 4o del art. 2342. También confiere el uso y goce, pero no la propiedad, de los lagos que no son navegables y que pertenecen a los ribereños. En cuanto a las vertientes son de propiedad del dueño del fundo cuando nacen y mueren en él (arts. 2349 y 2350).

8 Este registro fue creado por la ley 21.745, sancionada el 10/2/78 y publicada en el BO, el 15/2/78, reglamentándosela por decr. 2037, del 23/8/79, previa prórroga del plazo establecido para la reglamentación, según ley 21.873.

PARTE SEGUNDA

POSESIÓN Y TENENCIA

CAPÍTULO

VII

LA POSESIÓN A)

CARACTERIZACIÓN

§ 75. INTRODUCCIÓN. - Las dificultades que el tema de la posesión presenta a su estudio y las controversias que ha suscitado son ya proverbiales en el campo del derecho y contrastan con la simplicidad de la noción vulgar. Siguiendo a Savigny, nos abstendremos de hacer notar estas dificultades1. Eso sí, destacamos que, a partir del concepto, la etimología de la palabra y el origen de la institución, pasando por sus elementos constitutivos, su naturaleza, el fundamento de su protección, hasta los efectos que de ella se derivan y las funciones que cumple; todo ha sido motivo de discrepancia entre los autores y de minuciosa lucubración teórica. En lo fundamental, la dificultad estriba en la circunstancia de que la institución excede del campo del derecho, y no se deja atrapar por los esquemas teóricos del jurista. Savigny expresa que, en principio, la noción y la palabra no pertenecen al dominio del derecho 2 . Ihering la califica de 1 2

Savigny, Traite de la possession en droit romain, p. 1 y 2. Savigny, Traite de la possession en droit romain, p. 2 y siguientes.

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elástica3, otros autores desalientan su estudio o preconizan la inutilidad de éstos o de la institución misma, anunciando la desaparición -como tal- en el campo jurídico4. Para su estudio en las fuentes romanas, a estas dificultades generales se suman las derivadas de la imprecisión terminológica, los distintos sentidos con que se usa la palabra, las frecuentes interpolaciones en los textos, etc., y -en nuestro derecho- se agregan a estas dificultades la circunstancia de que el codificador abrevó en distintas fuentes para la redacción de los artículos y sus respectivas notas, con posiciones diversas y aun antagónicas. § 76. CONCEPTO. - La palabra "posesión", en su primera acepción castellana, significa "acto de poseer o tener una cosa corporal con ánimo de conservarla para sí o para otro; y por extensión se dice también de las cosas incorpóreas, las cuales en rigor no se poseen". Los sentidos en que la palabra se usa son, sin embargo, diversos aun en el mismo Código, y ello dificulta la precisión del concepto y muchas veces la interpretación de los preceptos legales en los que se usa el vocablo. En general se puede expresar que refleja la idea del ejercicio o posibilidad de un poder de una persona sobre la cosa, la que se encuentra sometida así a su voluntad, sea en forma directa, o por intermedio de otra persona. Casi siempre, la palabra posesión aparece asociada con la idea de pertenencia. La preposición inseparable per refuerza o aumenta la significación de las voces españolas simples. Pertenencia es pues algo más que tenencia. Es tener la cosa con una connotación superior. En una primera aproximación, y en un sentido amplio, la noción de posesión es la de una relación de la persona 3

Ihering, La posesión, p. 249 y siguientes. Ver, en general, Legón, Tratado de los derechos reales en el Código y en la reforma. 4

LA POSESIÓN

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con la cosa que le permite ejercer sobre ella actos materiales, por sí o por otro, con prescindencia de la existencia o no de la relación jurídica que pudiera justificarla o contenerla. Se señala acertadamente que la posesión tiene también una variedad de contenidos y de consecuencias. El término posesión refiere tanto a la tenencia física como a la apariencia respecto de la titularidad del derecho y las consecuencias van desde la protección de la posesión natural hasta al adquisición del dominio por el transcurso del tiempo. Más adelante iremos precisando el concepto en sus diversos usos técnicos. § 77. ETIMOLOGÍA. - El prefijo o partícula po unido a la palabra sedere, refuerza la acción que ésta expresa, de modo que siendo el significado de sedere, "sentarse", possidere significa tanto como insistir en sentarse, volver a sentarse, asentarse o establecerse en un lugar5. Otra corriente señala la posibilidad de que el prefijo pos provenga de pot o poti, derivada del sánscrito y que significan amo, señor o jefe, de modo que poseer significaría, según esta corriente, sentirse señor6. Por su parte, Vallet de Goytisolo opina que posesión parece que etimológicamente, contra lo que generalmente se ha dicho, deriva de posí sedere, o sea después de estar sentado, significación -dice- que presupone una noción de tiempo7. Como veremos más adelante, coincidiendo con este concepto, Sálenles, entre otros autores, se refiere a una situación estable, lo que también denota una noción de permanencia en el tiempo. § 78. DEFINICIONES. - La definición que se cita como más antigua es la de Labeón, mencionada en un pasaje 5 6 7

Martínez, La posesión, p. 21 y 22. Dassen - Vera Villalobos, Manual de derechos reales, p. 34. Vallet de Goytisolo, Panorama de derecho civil, p. 158.

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atribuido al jurisconsulto Paulo, del cual se conocen dos versiones. La de la vulgata: Possessio apellata est (ut Labeo ait) a pedibus quasi positio, quia naturaliter tenetur ab eo qui ei insistit, quam greci Katoxen dicunt, y la edición florentina que en lugar de la palabra "pedibus", consigna sedibus, variando así notablemente la etimología: "Se llama posesión (como dice Labeón), de sede, como si dijera posición, porque naturalmente es tenida por el que está en ella; a la cual los griegos llaman retención", sedibus proviene de sedes que quiere decir asiento, silla, pedibus, en cambio, proviene de pedis que en latín quiere decir pie8. La definición de la vulgata fue traducida para el Código de las Siete Partidas de Alfonso el Sabio así: "Posesión tanto quiere decir como ponimiento de pies (pedium positio'). Según dijeron los sabios antiguos, es tenencia derecha que ha orne en las cosas corporales, con ayuda del cuerpo e del entendimiento". Esta última parte es citada por Vélez Sársfield en la nota al art. 2351. § 79.

ANÁLISIS DE LA DEFINICIÓN DEL CÓDIGO. - El

art.

2351 define la posesión en su sentido técnico y estricto, tanto en lo que respecta al objeto como al elemento subjetivo, pero el codificador no ignora ni descarta la utilización del vocablo en otros sentidos y con referencia a otras situaciones, por eso es que expresa en el segundo parágrafo de la nota, después de aludir al Código francés que -según Troplong- toma la posesión en su sentido más general, y en su elemento más simple, el primer grado, que tiene por resultado poner al individuo en relación con la cosa: "Nosotros -dice- seguimos el orden inverso: definimos la posesión por la que tiene la mayor importancia jurídica, la que presenta todos los caracteres indispensables para los dereMartínez, La posesión, p. 22, n° 34.

LA POSESIÓN

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chos posesorios, la posesión que sirve para la prescripción, y la que da acciones posesorias adversus omnes, dejando para otro lugar tratar de la posesión que sólo sirve para los interdictos o acciones posesorias. La definición, pues, del Código francés no es contraria a la nuestra, pues él define lo que regularmente se llama posesión natural, y nosotros definimos la que por lo común se dice posesión civil". Formulada esta aclaración, se advierte en la definición del Código la influencia de Savigny, dado que se encuentran nítidamente distinguidos los dos elementos (objetivo y subjetivo) que integran la posesión. En efecto como bien lo gráfica Mariani de Vidal, el período de la frase "tenga una cosa bajo su poder" representa el elemento corpus, "la intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad" es una clara referencia al elemento subjetivo (animus domini o rera sibi habendi), mientras que las cosas son el objeto, el único objeto de la posesión en sentido estricto 9 . Para su mejor caracterización debemos correlacionar este artículo con los que definen la tenencia (arts. 2352 y 2461), situación en que la cosa se tiene efectivamente, pero reconociendo en otro la propiedad o -en otras palabrasque la posesión se ejerce en nombre de otro, según las distintas expresiones utilizadas por ambos artículos. El tenedor actúa así a guisa de representante del poseedor (art. 2352), aunque su tenencia repose en un derecho (p.ej., locatario, comodatario). Asimismo se señala que al hacer referencia la norma del art. 2351, que analizamos, a "un derecho de propiedad", no se refiere exclusivamente al derecho de dominio, sino que la posesión puede ser el ejercicio de otro derecho real (v.gr., usufructo, uso, habitación), según el art. 2355. 9

Mariani de Vidal, Curso de derechos reales, t. I, p. 108.

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Veremos que el vocablo "propiedad" se ha utilizado con distintas extensiones: una amplia, comprensiva de los derechos de contenido patrimonial y así se habla de la propiedad de un crédito; una intermedia, como sinónimo de derecho real, que se ejerce por la posesión, y una restringida, como sinónimo de dominio. El Código utiliza también la palabra "propiedad" para referirse a la cosa objeto de este derecho. § 80. TERMINOLOGÍA. - Hemos expresado con anterioridad que el término "posesión" es usado con diversas acepciones, y ello ocurre tanto en el lenguaje vulgar como en el jurídico. Se dice por ejemplo que una persona es poseedora de una finca significando con ello que es su dueña, asimilando en tal caso los términos propiedad y posesión; otras veces se habla de entregar la posesión al locatario (art. 1514), asimilándola en tal caso a la tenencia, instituciones que, como veremos, es necesario distinguir claramente de la posesión en sentido estricto. El Código suele referirse también a la posesión de créditos (art. 732) y a la posesión de herencia (tales como los arts. 3410 y su nota, 3412, 3413, 3414, 3415 y 3417), quedando claro que son distintos los criterios con que se usa la palabra "posesión" en estos casos y, en un sentido más amplio aún, para referirse a la posesión de un estado de familia (art. 256, reformado por ley 23.264), cuando se asume el papel que corresponde a un determinado emplazamiento en la relación jurídica familiar. Los titulares de derechos reales sobre cosa ajena que se ejercen por la posesión, son denominados "poseedores imperfectos" (influido por Freitas) y otras veces "cuasiposeedores" (ver arts. 2552 y 3961). El Código Civil llama tercer poseedor al adquirente de un inmueble hipotecado que no ha asumido la deuda, cuando en tal caso se exige algo más que la transmisión de la posesión, nada menos

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que el dominio. Aclara en algunos artículos que se debe ser propietario del inmueble10. También se utiliza el término "posesión" unido a un calificativo "simple posesión", aludiendo a la tenencia; "posesión civil", con influencia romanista, y "posesión precaria". La palabra "posesión" unida a los calificativos natural y corporal servía en el derecho romano para denotar la relación puramente natural o física por oposición, por un lado a la posesión protegida por los interdictos y, por otro lado, a la posesión civil, apta para usucapir y, a su vez, la posesión civil tenía un sentido más, cual es el caso en que el derecho admite su existencia a pesar de que falta la relación corporal (posesión sólo animo). El ius possessionis y el ius possidendi, el primero es el que emerge de la posesión misma y para cuya existencia la posesión es presupuesto indispensable, independientemente de que exista o no un derecho real, implica la posibilidad de invocar la protección posesoria por el hecho de tener la posesión, con los requisitos y en las condiciones establecidas por el derecho positivo. El segundo abarca -a nuestro juicio- tanto el derecho de poseer como el derecho a poseer que tienen los titulares de determinados derechos reales, sea que estén en pleno ejercicio de la posesión (en cuyo caso tendrán a la vez el ius possidendi y el ius possessionis'), sea que, privados del ejercicio, conserven la facultad de exigir, en virtud de él, que se los instale en la posesión o se los restituya en su ejercicio. 10 El epígrafe del Cap. V, Tít. XIV, del Código Civil dice: "De las relaciones que la hipoteca establece entre los acreedores hipotecarios y los terceros poseedores, propietarios de los inmuebles hipotecados". Del mismo modo en el art. 3164 y ello se desprende también del art. 3175. No efectúa esa aclaración llamándole simplemente "tercer poseedor" en los arts. 3163, 3164, 3166, 3167, 3170, 3171, 3172, 3176, 3177, 3178, 3182, 3184, 3185 y en el rótulo del Cap. VI.

10.

Musto, 1.

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§ 81. RELACIONES DE LA PERSONA CON LA COSA. - El hombre se encuentra en contacto permanente con las cosas, se sirve de ellas, las utiliza o las disfruta, las transforma y las recrea. La relación de la persona con la cosa puede ser más o menos compleja y va (de menor a mayor), desde el simple contacto con ella o yuxtaposición local (con escasa o nula relevancia en el derecho) hasta la relación posesoria propiamente dicha. a) YUXTAPOSICIÓN LOCAL o MERO CONTACTO. Es un contacto material desprovisto totalmente de voluntad, sea porque la persona carece de conciencia de ese contacto (persona dormida o carente de discernimiento), sea porque el contacto no se produce por su voluntad (se ejemplificaba con el prisionero con respecto a sus cadenas). Como se ha expresado, siendo el derecho destinado a regir conductas, y no representando la yuxtaposición sino una mera relación física desprovista de todo contenido voluntario, resulta jurídicamente irrelevante. b) TENENCIA. Caracterizada como el poder efectivo sobre la cosa, pero reconociendo que la posesión se ejerce en nombre de otro, admite distintos grados: i ) cuando se tiene la cosa en virtud de un vínculo de dependencia, como el obrero respecto de las herramientas de su principal o el encargado de un edificio, respecto del departamento para su vivienda y los muebles que se le suministran; 2~) en el contrato de hospedaje es la posición de quien se aloja en un hotel, por ejemplo, respecto de los muebles y útiles de la habitación, toallas, sábanas, etc., y 5) contacto con la cosa, con voluntad de utilizarla o servirse de ella en forma circunstancial. Por ejemplo, el invitado respecto de los utensilios que se ponen a su servicio. Son los denominados "servidores de la posesión" en el derecho alemán. El Código hace mención de estas categorías en el art. 2490 (reformado por la ley 17.711) para negarles legitimación activa en la acción de despojo. Dice así: "Correspon-

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de la acción de despojo a todo poseedor o tenedor, aun vicioso, sin obligación de producir título alguno contra el despojante, sucesores y cómplices, aunque fuere el dueño del bien", y agrega en lo que aquí nos interesa: "Exceptúase de esta disposición a quien es tenedor en interés ajeno o en razón de una relación de dependencia, hospedaje u hospitalidad". 1) TENEDORES DESINTERESADOS. LOS que tienen la cosa en interés ajeno sin facultades para utilizarla o servirse de ella en su provecho. El Código los menciona en el inc. 2o del art. 2462 (p.ej., el mandatario, el depositario). 2) TENEDORES INTERESADOS. Tienen la cosa reconociendo en otro la propiedad, pero con facultades de aprovechamiento (v.gr, el locatario, el comodatario), son mencionados en el inc. Io del art. 2462. En los casos 1 y 2, la tenencia puede ser consecuencia de un vínculo contractual y generalmente lo es. La amplitud de las facultades y responsabilidades dependerá en consecuencia de la relación contractual de que se trate. Oportunamente daremos la clasificación completa de la tenencia. c) LA POSESIÓN. Definida así por el art. 2351: "Habrá posesión de las cosas, cuando alguna persona, por sí o por otro, tenga una cosa bajo su poder, con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad". La intención de someter la cosa al ejercicio de un derecho real, es independiente de que éste exista o corresponda al poseedor. Esto da lugar a las clasificaciones de la posesión, que estudiaremos más adelante (ver § 91 a 99). § 82. FUNCIONES QUE CUMPLE LA POSESIÓN. - El codificador señala a la posesión como un elemento de los derechos reales en la breve nota al Libro III11, pero, más que un 11 El Libro III es el único que tiene una nota puesta al pie de su epígrafe, y dice: "Al tratar de las cosas y de la posesión antes que de los derechos reales,

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elemento, la posesión resulta ser el contenido o parte del contenido de la mayoría de los derechos reales, sin la posesión no sería posible el ejercicio pleno de las facultades que tales derechos atribuyen a su titular. Tenemos pues una primera función, cual es la de ser el contenido normal de los derechos reales (con excepción de la hipoteca y las servidumbres). En el conflicto entre quien alega la propiedad de una cosa y quien se mantiene en la posesión de ella, que se podrá dirimir ante el órgano judicial, la posesión tiene el efecto de, en primer lugar, determinar quién deberá asumir el rol de actor y quién el de demandado y, en segundo lugar, incidiendo fundamentalmente sobre la distribución de la carga de la prueba, será decisiva para determinar, en caso de insuficiencia de ella, la victoria del poseedor sobre el pretendido propietario. Por ello, decían Valdés y Orchansky que esta situación de hecho tiene, como fácilmente se comprende, un valor jurídico patrimonial nada despreciable12. En la fase de adquisición de los derechos reales, por sí sola o unida a otros elementos, posibilita que la adquisición se produzca. Así en las distintas formas de apropiación (art. 2525 y siguientes). En materia de cosas muebles, no robadas o perdidas, unida a la buena fe crea la presunción de propiedad (art. 2412). Siendo robadas o perdidas, mediando también buena fe y tiempo, posibilita su adquisición por prescripción (art. 4016 bis, incorporado por la ley 17.711). En materia de inmuebles, unida al tiempo, da lugar también a la adquisición por prescripción, variando el plazo según que existan los requisitos de buena fe y justo título seguimos la opinión y el método de Mackeldey, porque las cosas y la posesión son los elementos de los derechos reales". 12 Valdés - Orchansky, Lecciones de derechos reales, t. I, p. 43.

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(diez años), o que tales requisitos falten (veinte años) (arts. 3999 y 4015). La relación posesoria genera además derechos, obligaciones y responsabilidades, con relación a frutos, mejoras, gastos, riesgos y daños sufridos o provocados por la cosa, todo lo cual será estudiado oportunamente al tratar de los efectos de la posesión (ver § 117 a 138). Pero donde la posesión revela su aspecto más interesante a la consideración del estudioso, especialmente para quienes la consideramos un hecho, es en la medida en que el derecho le otorga protección, no sólo por vía de acciones judiciales, sino también estatuyendo en su favor la defensa extrajudicial (cuando concurren las circunstancias del art. 2470). § 83. DOCTRINAS. - Repasaremos las teorías básicas antes de concluir en nuestra posición. a) TEORÍA CLÁSICA. La sistematización del derecho romano, a través del estudio de sus fuentes, llevó a Savigny a elaborar su Tratado de la posesión, obra de su juventud que pronto concitó amplia aprobación13. Así, Molitor expresa de ella que, antes de su aparición, reinaba una confusión extrema en materia de posesión en derecho romano, agregando más adelante: "En su obra (la de Savigny), la posesión ha sido objeto de una revisión general". Señala que han sido corregidos errores aclarando puntos oscuros, fijándose definitivamente la terminología de los jurisconsultos, aunque juzga que no ha sido tan feliz en lo que se podría llamar la parte sistemática de la obra y respecto de la noción que asigna como fundamento de la posesión y la determinación de la naturaleza y de sus efec13

Savigny tenía veinticuatro años cuando publicó la obra mencionada en el texto, la que fue escrita en apenas seis semanas (Laquis, Derechos reales, t. I, p. 190).

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tos, que ha sido objeto de serias críticas por parte de distinguidos juristas, que cita, pero añade que el mérito de la obra de Savigny nos obliga a acordar a su teoría una atención particular14. Por su parte, Ihering dice: "Ninguna monografía sobre el derecho romano habrá despertado seguramente tanta admiración y aprobación de una parte, a la vez que oposición de la otra, como la de Savigny, acerca de la posesión: todo, a mi ver, con justicia" y agrega: "Tendrá siempre la gloria Savigny de haber restaurado en la dogmática del derecho civil el espíritu de la jurisprudencia romana, y sea cual fuere en definitiva el resultado práctico que de ello se obtenga, aquel mérito no sufrirá detrimento alguno ,.."15. Como se ha expresado, Savigny parte de una idea fundamental, que -según él- sirve de base a todas las definiciones de posesión, y que debe ser el punto de partida de toda investigación sobre la materia. Todas admiten que se está en posesión de una cosa cuando se tiene la facultad, no solamente de disponer físicamente de ella, sino también de defenderla de toda acción extraña. "Es así -añadeque el batelero posee su bote, pero no el agua sobre la que navega, aunque se sirve del uno y de la otra para lograr sus fines". Lo que él llama "detención" es la base de toda idea de posesión, pero no será por sí sola objeto de legislación. En su relación con la propiedad es que merece la atención del legislador, pues la detención aparece como el ejercicio del derecho de propiedad. Constituye un hecho que corresponde a ese derecho, pero advierte que él no se ocupará en su obra más que de los derechos que derivan de la posesión (tus possessionis) y no del derecho de poseer 14 Molitor, Cours de droit romain approfondi. La possession en droit romain, p. 1 y siguientes. 15 Ihering, Teoría y voluntad en la posesión, p. 1.

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(ius possidendi), pues es en la teoría de la propiedad que este último debe tener su lugar16. Para que exista posesión, según esta doctrina clásica, es necesaria la presencia de dos elementos: el objetivo (corpus') que es definido por Savigny como la posibilidad física de disponer de la cosa con exclusión de otra persona, y el elemento subjetivo (animus domini o animus rem sibi habendi) que el mismo autor caracteriza a lo largo de las sucesivas ediciones de su tratado, en tener la cosa para sí, sin reconocer en otra persona un derecho de propiedad, o sea en tratar las cosas como propias. La noción de animus para Savigny -dice Laquis- no sería otra cosa que la intención de ejercer el derecho de propiedad; animus que dejaría de existir cuando el poseedor reconociese la propiedad de la cosa que posee (rectius: detenta o tiene) en otro17. Ello no supone la convicción de quien posee de ser el propietario (eso hace a la buena o mala fe). Por eso puede ser considerado poseedor el ladrón tanto como el propietario, pero no el arrendatario porque no considera la cosa como suya. La concepción de la posesión en la forma expuesta por Savigny, que nosotros llamamos "clásica", era la dominante (hasta la aparición de la obra de Ihering) y fue por influencia directa y a través de la obra de Freitas receptada por el codificador, quien no conoció la obra de Ihering18. b) TEORÍA OBJETIVA. De Ihering partió la crítica más penetrante, en lo que pasó a considerarse una célebre polémica que versó principalmente en lo que respecta a la noción de la posesión, sus elementos, su naturaleza y el fundamento de la protección, estudiados a través de los textos romanos. 16

Molitor, Cours de droit romain approfondi. droit romain, p. 3. 17 Laquis, Derechos reales, t. I, p. 192. 18 Martínez, La posesión, p. 23.

La possession

en

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Además, Ihering es quien designa a la doctrina de Savigny doctrina subjetiva, o de la voluntad concreta, para oponerle finalmente la suya, a la que caracteriza como objetiva. En efecto, después de exponerla, dice: "Tal es, en sus rasgos capitales, la teoría imperante, teoría que designaré como teoría subjetiva o de la voluntad"19. No es posible exponer -dada la naturaleza de esta obraen toda su extensión las críticas que Ihering formula al más conspicuo representante de la escuela histórica, lo que por otra parte carecería de objeto y de actualidad, especialmente porque -como se ha expresado- esos estudios estaban referidos al derecho romano, en cuyas fuentes debían bucear incansablemente los autores en busca de apoyo para sus respectivas tesis. Nos limitaremos a expresar que Ihering, partiendo de la base de que el elemento animus possidendi sólo aparece en un texto del jurista Paulo, y tras sostener que la teoría subjetiva no es verdadera ni en la historia, ni en el procedimiento, ni en la legislación, ni en la enseñanza, añadiendo que el motivo real de la distinción romana entre posesión y detención es fundamentalmente práctico, lanza sus mayores embates contra la exigencia y caracterización del animus domini, el cual, por su difícil prueba, complica notablemente la aplicación y defensa de la posesión. En efecto, aunque Savigny y sus seguidores no lo digan, en principio -y no mediando presunciones legales- si la posesión tiene dos elementos, quien alega tenerla tendrá que demostrar la presencia de ambos. El elemento objetivo no ofrece dificultades pero no ocurre lo mismo con el elemento subjetivo, que no sólo resulta de difícil prueba, sino que puede variar sin que se manifieste en signos exteriores. Por ello, Ihering lo reputa inconciliable con la necesidad práctica que exige la prueba de la posesión. Ihering, La posesión, p. 22.

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En todo el campo del derecho, la valoración de los estados subjetivos adquiere relevancia, sin que los juristas se preocupen demasiado por las dificultades de la prueba, pero es que la protección posesoria debe instrumentarse -por el legislador- de manera que sea simple y fácil de probar en sus elementos, para que tenga efectos prácticos, de ahí la consistencia de la crítica. El derecho en general, en muchas ocasiones, pondera y amerita y los jueces deben, en múltiples oportunidades, apreciar y valorar elementos subjetivos, intenciones o estados de ánimo. Piénsese en el dolo, la malicia, la buena o mala fe en el derecho civil; la prueba del animus necandi en la tentativa de homicidio en el derecho penal, por ejemplo; o los elementos que presuponen la configuración de la real malicia en los supuestos de la responsabilidad de los medios informativos. Pero lo que ocurría con la posesión tenía, tanto para los estudiosos como para los juristas prácticos, una vital importancia en la determinación procesal previa a las acciones de fondo (acciones reales o petitorias) y por eso había que garantizar un sistema rápido y expeditivo, de fácil prueba, como podría decirse que ocurre en la acción de amparo en nuestro tiempo. La protección posesoria no es, en esencia, sino un amparo al poseedor, debidamente reglado por las normas legales y desvirtuado una y otra vez por la corruptela forense. Partiendo de esa base, y analizando la cuestión desde el punto de vista histórico, práctico y lógico, Ihering opone, en primer lugar, lo que él llama la teoría de la voluntad abstracta, según la cual, en lugar de que en cada caso sea necesario determinar y probar cuál es el ánimo o la intención del sujeto, para determinar si existe posesión o detención, basta establecerla en base a la naturaleza de la relación que le sirve de sustento o antecedente. No importa indagar si tal arrendatario tiene la cosa con ani-

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mus detinendi, porque ese ánimo existe en el arrendamiento tipo (en abstracto) y la ley no toma en cuenta la voluntad individual sino tal voluntad abstracta. Pero esta doctrina, como lo admite el propio Ihering, conduce a la investigación de la causa possessionis, por lo que -expresapodría denominarse "teoría de la causa". En el prólogo a su obra La posesión dice "por este tiempo, mi teoría no revestía la forma que más tarde he reconocido como verdadera; lo cual hace que no sienta haber tardado más de cuarenta años en publicarla. Entonces la denominaba Teoría de la causa y en esta obra, en el capítulo IX, va un examen crítico de ella desde el punto de vista de la prueba"20. Avanzando en su elaboración llega a sostener que la teoría posesoria, en el derecho romano, es de una sencillez extraordinaria en la que la voluntad del sujeto que posee no tiene importancia o es indiferente. En todos los casos en que se den las condiciones exteriores de la relación posesoria existe posesión, a menos que la ley le niegue la existencia por mediar una causa detentionis. La ventaja de esta teoría que él llama "objetiva", es que el poseedor no tiene que probar la causa de la posesión, ni tampoco el animus, ni prevalerse el legislador de un sistema de presunciones para facilitar su demostración. A él le basta probar la exterioridad de su posesión, el corpus, y quien debe demostrar la existencia de que existe una causa que la reduce a detención es el adversario, aquel que pretenda negarle el carácter de poseedor. Así dice Ihering: "Al que sostiene la existencia de semejante fundamento de exclusión de la posesión, compete probarla. Para demostrar que hay posesión basta demostrar la existencia exterior de la relación posesoria (el corpus), que, como tal, implica el animus, incumbiendo al Ihering, La posesión, p. 8.

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adversario mostrar la existencia del motivo especial de exclusión de la posesión"21. El autor cuya doctrina venimos analizando, pide licencia para volcar en fórmulas algebraicas la esencia de su posición, en contraposición con la de Savigny, y lo hace del siguiente modo: Para Savigny: x - c + a + A y =c + a O sea: posesión (x) es igual a corpus (c) más un mínimo de voluntad indispensable para que no sea un mero contacto o yuxtaposición local (a), más el animus domini (A), y tenencia (y) es c + a, con iguales valores, o sea falta el animus domini (A). Para Ihering: x =c + a y =c + a - n O sea: posesión (x) es igual a corpus (c), con ese mínimo indispensable de voluntad (a), y tenencia Qy) es la suma de esos mismos elementos y la presencia del elemento negativo (causa detentionis) (n) que convierte a la posesión en tenencia por disposición de la ley22. c) TEORÍA DE LA CAUSA. CRÍTICA. Dijimos anteriormente, que la doctrina de la voluntad abstracta, expuesta y desechada por Ihering, conducía lisa y llanamente a la investigación de la causa possessionis y por ello, según lo expresa claramente el anotador de Salvat, puede considerarse un complemento de la doctrina subjetiva en cuanto viene a obviar las dificultades de la prueba del animus. 21 22

Ihering, La posesión, p. 22. Ihering, La posesión, p. 60.

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Retoma esta concepción Saleilles, poniendo el acento en el aspecto económico de la relación posesoria; destaca la insuficiencia de los actos exteriores que constituyen el corpus posesorio para descubrir en ellos el animus domini y subraya la necesidad de relacionar la prueba de este animus con el título en virtud del cual se posee, lo que se ha denominado prueba de la causa possessionis23. Para este jurista, la naturaleza de la posesión puede explicarse desde dos puntos de vista: como una relación permanente y pública, como una afirmación interesada sobre la cosa que revela un vínculo de subordinación económica sin más calificación jurídica, o puede revelar la afirmación de un verdadero derecho, tal como la propiedad. La posesión es una relación real entre el hombre y la cosa, de tal naturaleza que nos descubra al dueño de ella, una relación "querida" -añade- sin la cual no pasaría de ser un accidente sin valor en el orden jurídico, y se muestra de acuerdo con Ihering, salvo en la variante que imprime a la descripción del corpus destacando que la posesión implica un elemento voluntario que recae sobre un hecho -y no sobre un derecho-, pero se aparta de él en la concepción del animus que no es -dice- el simple acto de tenencia y disfrute de la cosa; es el acto de señorío que debe ser tal que implique que no hay renuncia a este señorío y, por consiguiente, existe un animus possidendi distinto de la voluntad de retener y gozar la cosa y distinto, por lo tanto, del animus detinendi de que habla Ihering24. La síntesis de las posiciones doctrinarias deja inevitablemente claros en los cuales sería aparentemente fácil rebatir algunos conceptos. No ocurre lo mismo cuando se estudian estas obras monumentales que deslumbran con la 23 24

Salvat - Argañarás, Tratado. Derechos reales, t. I, p. 41, nota 36, a. Laquis, Derechos reales, t. I, p. 213 a 219.

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solidez de sus fundamentos y especialmente con la erudición que exhiben sus exponentes, familiarizados con el lenguaje y hasta con el estilo literario de los romanos. Así, Savigny, aparte del mérito ya señalado de haber puesto orden en las múltiples soluciones casuísticas que se extraen de los textos romanos, fijando la terminología en la materia, construyó un verdadero sistema de aspecto cerrado y de lógica admirable. Sin embargo, el escollo insalvable que presenta su doctrina está referido al hecho, que él mismo reconoce, que en algunos casos el derecho romano otorgaba defensas posesorias a ciertos detentadores que no tenían el animus domini, tales como el enfiteuta, el acreedor prendario, el depositario de la cosa embargada y el precarista (especie de concesionario de un predio perteneciente al ager publicus). Para explicar estas "anomalías", Savigny recurre a lo que él denomina la posesión derivada. En los casos del acreedor prendario y del depositario de la cosa embargada encuentra una explicación lógica, dado que si el poseedor conservara las defensas posesorias podría privar al deudor o embargante de su garantía con sólo ejercerlas. Para el enfiteuta y el precarista se limita a dar una explicación histórica. Estas explicaciones han sido juzgadas poco satisfactorias pero resultaban indispensables para dar a la teoría elaborada el aspecto concluso que exhibe. Transcripto por Laquis, González Vicen manifiesta: "De esta suerte y sobre el ejemplo concreto de una institución, Savigny ofrecía una construcción tan conclusa y de tal corrección lógica como no se conocía desde el derecho natural. Nada hay en esta construcción que no esté perfectamente fundado y deducido lógicamente, ninguna proposición que no pueda referirse en último término, a un núcleo conceptual superior"25. 25

Laquis, Derechos reales, t. I, p. 201 a 202, nota 90.

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En cuanto a la formidable crítica que le formula Ihering sobre las dificultades que ofrece su caracterización del animus domini, en la medida y en cuanto Savigny pudo conocerlas (la principal obra de Ihering sobre la posesión se publicó después de la muerte de Savigny), fueron relativizadas por las explicaciones que el sabio maestro adicionó en sus numerosas notas, donde este elemento se objetiviza de tal manera que ambas concepciones se acercan notablemente26. Así pone como ejemplo hipotético el caso en que una persona no se atribuya ningún derecho de propiedad sobre la cosa y tampoco lo atribuya a otra persona, limitándose a tener la cosa con el fin de beneficiarse con los frutos. En ese caso, quien detenta la cosa -dice- sin reconocer la propiedad en otra persona, tiene siempre el animus domini y, desde el punto de vista jurídico, poco importa saber con qué fin especial pretende esta propiedad. La teoría de Ihering -a su vez- ha sido impugnada desde el punto de vista dogmático, porque no responde estrictamente a los textos romanos que en numerosos pasajes hacen referencia al elemento animus como lo demuestra exhaustivamente Martínez, transcribiendo los textos respectivos27. Dice el autor citado: "si la teoría de Ihering es insostenible en el terreno dogmático, no lo es menos en el de la filosofía del derecho", y agrega que "aunque admitamos que la tenencia material de las cosas (corpus) hace presumir la intención de poseerla para sí (animus rem sibi habendi, animus sibi possidendi), de allí no se sigue que sea indiferente la voluntad que acompaña y califica el hecho físico, para saber si hay posesión o simple tenencia". Señala dicho autor que Ihering admite esta presunción como base Savigny, Traite de la possession en droit romain, p. 89, notas 1 y 3. Martínez, La posesión, p. 27 a 36.

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de su teoría y entonces su disidencia se reduce a una mera cuestión de palabras o -de lo contrario- su tesis es más trascendental y niega todo el valor al elemento intencional animus, para determinar la existencia y la naturaleza de la posesión, pero entonces, además de estar en oposición al derecho romano, va contra la recta razón filosófica28. Por su parte, Allende somete a dura crítica a la teoría de Ihering, destacando los puntos en que el autor deforma la teoría clásica y oscurece la comprensión de las propias fuentes29. Otros autores como Dassen y Vera Villalobos, sin adherirse totalmente a la doctrina objetiva, no dejan de destacar sus ventajas prácticas30. En la legislación comparada, la influencia de Ihering ha sido importante a tal punto que la mayoría de los códigos modernos no hacen referencia al elemento subjetivo. d) NUESTRA POSICIÓN. Debemos confesar que no nos han convencido las críticas que se dirigen contra la tesis de Savigny, cuya solidez no ha podido ser conmovida en lo fundamental y en la medida en que conserva prístina la interpretación de los textos romanos. Ello no impide que el legislador moderno recepte una doctrina que juzgue de mejores resultados prácticos. Mientras tanto -para nuestro derecho- la tesis savigniana conserva importante valor porque -como hemos expresado- el codificador la tuvo en cuenta y tiene clara recepción en el Código Civil. Hacemos nuestras las críticas que se le han formulado a la doctrina objetiva, en la medida en que pretende exponer el sistema romano pues no representa una exposición genuina con relación a las fuentes. 28 29 30

Martínez, La posesión, p. 37. Allende, Panorama de derechos reales, p. 11 y siguientes. Dassen-Vera Villalobos, Manual de derechos reales, p. 66 a 71.

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La teoría de Saleilles arroja luz sobre los elementos componentes del concepto de posesión, aunque su reducción al interés económico peca - a la vez- por exceso y por defecto. Así, el aspecto económico tiene fundamental importancia, se trate del hecho de la posesión o del derecho de propiedad y, por otra parte, la posesión puede carecer de motivación económica o desinteresarse de ella. Pero debe reconocerse en Saleilles la distinción fundamental que efectúa sobre las funciones de la posesión que, en sí, tiene un valor propio de contenido económico y social y, jurídicamente, tiene especial preponderancia en la determinación de los roles en el juicio de reivindicación (de actor y demandado), en la distribución de la carga probatoria y, en la usucapión, como elemento básico que, proyectado en el tiempo, conduce a la adquisición del dominio. § 84. POSESIÓN Y PROPIEDAD. COMPARACIÓN. - El vocablo "propiedad" ha sido usado en el Código con diversos alcances: a) en un sentido amplio, comprensivo de todo derecho patrimonial, aun de los creditorios; 5) en un sentido más restrictivo como equivalente al derecho de dominio, y c) también el Código lo usa como comprensivo de los derechos reales que se ejercen por la posesión (art. 2351). En rigor, pese a lo expresado en el epígrafe, de lo que nos ocupamos en este acápite es de la comparación entre dominio y posesión. El dominio es sin duda alguna un derecho real, es el derecho real por antonomasia, el que tiene la plenitud de facultades, a tal punto que se ha podido decir que los demás derechos reales no son otra cosa que sus desmembraciones. Como derecho que es, crea una relación de la persona con el resto de la sociedad, que tiene el deber correlativo de respetarlo, y tiene origen en un hecho o acto jurídico al que la ley da suficiente valor para darle nacimiento. La posesión, en cambio, puede tener origen en un vínculo jurídico o no tenerlo. En realidad, lo que ocurre fre-

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cuentemente es que las calidades de propietario y poseedor se reúnen en una misma persona, porque la posesión es el medio natural de ejercer las facultades que confiere el dominio e integra su contenido, pero ello no quiere decir que esta situación ocurra siempre ya que puede suceder que el titular del dominio no ejerza actos posesorios, porque no quiera, o porque no pueda, o porque otro los ejerza, sea con el concurso de la voluntad, ante su pasividad y aun contra su voluntad. La propiedad es el poder jurídico que el hombre adquiere sobre las cosas de conformidad con la voluntad general que es la ley. La posesión, por el contrario, es el poder jurídico que el hombre establece sobre las cosas de conformidad a su voluntad individual. Cuando ambos poderes se concentran en la misma persona, el hecho es conforme al derecho 31 . La posesión -aclaramos- se agota si desaparece el elemento de hecho, aunque la ley faculte a quien la ejercía a protegerse intentando las acciones tendientes a recuperarla, en ejercicio del ius possessionis. Los ataques o agresiones al derecho de propiedad se defienden mediante las respectiva acción petitoria (reivindicatoría, negatoria o confesoria), en juicio pleno y con efecto de cosa juzgada. La posesión se defiende o se recupera mediante las acciones posesorias o mediante los interdictos, donde no entra en debate el tema de la titularidad del derecho y, por lo tanto, la sentencia no hace cosa juzgada a este respecto. El trámite, como veremos más adelante, puede ser, según el caso, sumario (rectius: plenario abreviado) o sumarísimo (interdictos) Estas diferencias no ocultan la estrecha vinculación que existe entre ambas instituciones, que ya hemos señalado al referirnos a las funciones de la posesión. Ésta re31

11.

Valdés - Orchansky, Lecciones de derechos reales, t. I, p. 41.

Musto, 1.

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presenta el contenido, la forma natural de su ejercicio y, unido a otros factores, puede ser el medio de adquisición del dominio. § 85. TENENCIA. - Tanto al caracterizar la posesión como al exponer -sí que brevemente- las teorías sobre sus elementos y también al enumerar las relaciones posibles del hombre con la cosa, hemos avanzado en la tarea de fijar el concepto de tenencia. Para la escuela clásica, la tenencia es la detención de la cosa, o el poder de hecho sobre ella, pero reconociendo en otra persona la facultad de someterla al ejercicio de un derecho real, mientras que para la doctrina objetiva es el corpus posesorio cuando el legislador por motivos prácticos le niega protección. El Código Civil ha seguido la doctrina clásica y nos proporciona en dos normas distintas el concepto de tenencia. Son ellas el art. 2352 que dice: "El que tiene efectivamente una cosa, pero reconociendo en otro la propiedad, es simple tenedor de la cosa, y representante de la posesión del propietario, aunque la ocupación de la cosa repose sobre un derecho" y el art. 2461 que expresa: "Cuando alguno por sí o por otro se hallase en la posibilidad de ejercer actos de dominio sobre alguna cosa, pero sólo con la intención de poseer en nombre de otro, será también simple tenedor de la cosa". En la nota al art. 2352, el codificador aclara que "en el rigor de los principios, lo que otro tiene en mi nombre yo no lo poseo realmente, no lo tengo actualmente en mi poder, pues que él es quien lo tiene en el suyo. Mas, siendo la posesión precaria respecto de mí, las leyes me consideran como poseedor, como que ejercito la posesión por su ministerio, y a él, como que sólo está en una posesión ajena". Si bien, desde el punto de vista de la técnica legislativa, es criticable que el codificador haya definido un mismo instituto en dos normas diversas y con palabras distintas, en ambas se encuentran los elementos esenciales caracteri-

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zantes de la tenencia. La del art. 2352 es objetable en la medida en que utiliza la palabra "tiene" (en cierto modo definida), pero que ostenta la virtud de expresar que la situación se da "aunque la ocupación de la cosa repose en un derecho" (caso, por ejemplo, del locatario). El art. 2461 reproduce el inc. 2o del art. 3615 del Esbogo de Freitas. En realidad posesión y tenencia no se excluyen, puesto que el poseedor puede ser a la vez tenedor de la cosa, del mismo modo que el propietario puede ser a la vez poseedor y tenedor de la cosa. La relación más completa y perfecta no excluye las relaciones de jerarquía menor o más simples. Ello explica que el Código, cuando define la tenencia en ambas normas habla de "simple" tenedor y en el art. 2462 dice: "será también". Cuando las leyes penales, por ejemplo, castigan la tenencia de armas de guerra o la tenencia de estupefacientes, la incriminación va dirigida a la relación más simple, pero nadie podría pretender excusarse alegando que no era simple tenedor sino poseedor animus domini o propietario de la cosa. En este sentido es criticable también la tesis de Ihering que parece pronunciarse en el sentido de considerarlas excluyentes y porque, además, parte para definirla de lo que se concibe como una institución más compleja. § 86. INTERVERSIÓN DE TÍTULO. - Según un principio, que tiene raigambre romana, nadie puede cambiar por sí mismo la causa de la posesión. Este principio que se enuncia con el brocárdico latino nemo ipse sibi causara possessionis mutare potest, ha sido receptado en nuestro Código en el art. 2353, teniendo por corolario el art. 2354. La primera de las normas citadas dice: "Nadie puede cambiar por sí mismo, ni por el transcurso del tiempo, la causa de su posesión. El que comenzó a poseer por sí y como propietario de la cosa, continúa poseyendo como tal, mientras no se pruebe que ha comenzado a

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poseer por otro. El que ha comenzado a poseer por otro, se presume que continúa poseyendo por el mismo título, mientras no se pruebe lo contrario". Llama la atención que los romanos, con su espíritu práctico, idearan una regla que parece tautológica para prever el absurdo de que alguien pretendiera cambiar por sí solo, con trascendencia jurídica, la causa de su posesión. La explicación es histórica: a fin de impulsar al heredero a aceptar la herencia lo más pronto posible, con el objeto de que no faltase quien realizara los sacrificios religiosos en favor del difunto, exigidos por las creencias, se había establecido una usucapión brevísima (la usucapió pro herede) a favor de cualquiera que lograse poseer los bienes relictos por el término de un año. La aplicación de esta institución dio lugar a abusos cuando una persona, que habiendo accedido como poseedor natural, recibiendo la cosa en arrendamiento, depósito o comodato, luego, frente a la inacción del heredero, pretendía prevalerse de la usucapió pro herede, para obtener la propiedad, lo que llevó a establecer esta regla que permitía atacar de nulidad tal usucapión32. Tiempo después, abolida la usucapió pro herede, la regla se siguió aplicando con referencia a los simples cambios de ánimo, unilaterales y sin una exteriorización suficiente como para otorgarle la eficacia de un verdadero cambio de causa33. Otro caso es la usurreceptio, facultad de recuperar por el uso la cosa que se había enajenado fiduciariamente, o la concedida al deudor del Estado cuyos bienes habían sido vendidos, mediante el uso o posesión por un término breve y sin necesidad de justo título ni buena fe. Así, maliciosaSavigny, Traite de la possession en droit romain, p. 60 y 61. Valdés - Orchansky, Lecciones de derechos reales, t. I, p. 116 y 117.

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mente, un deudor prendario que entrara en el uso de la cosa, por vía de otro contrato con el acreedor que le permitiera ejercer tales facultades, podía alegar luego la readquisición de la propiedad. Para enervar tales efectos se aplica la regla mencionada. Pero la norma del Código no tiene un carácter absoluto. En primer lugar, la regla prohibe cambiar por sí mismo la causa de la posesión, pero nada impide que se llegue al cambio por un acuerdo de voluntades conforme al cual el propietario, que posee a título de tal, enajene la cosa y continúe teniéndola a título de arrendatario, por ejemplo, o viceversa, que el arrendatario, adquiriendo la cosa, continúe poseyéndola en adelante a título de dueño, lo que da lugar a las llamadas "tradiciones abreviadas" (traditio brevi manu y constituto possessorio~) que estudiaremos más adelante (ver § 106 y 107). Tampoco la disposición constituye obstáculo para que alguien que tenga la cosa por un título, exteriorizando claramente su voluntad de ocupar o usurpar la cosa, desconociendo los derechos del poseedor y en forma unilateral intervierta el título. En tal sentido, el art. 2458 expresa: "Se pierde la posesión cuando el que tiene la cosa a nombre del poseedor, manifiesta por actos exteriores la intención de privar al poseedor de disponer de la cosa, y cuando sus actos producen ese efecto". Estos actos y estas consecuencias son los que técnicamente se denominan "interversión del título". En este caso se produce una nueva causa de la posesión, que no será el anterior arrendamiento o comodato, sino la nueva ocupación o usurpación concluyentemente exteriorizadas. Así hemos expresado en una sentencia que "para que se produzca la interversión del título y se transforme la naturaleza de la ocupación, no obstante lo dispuesto por el art. 2353, es menester que el tenedor realice un acto positivo de voluntad que revele el propósito de contradecir la

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posesión de aquel en cuyo nombre tenía la cosa, de manera tal que no deje la más mínima duda sobre su intención de privarlo de la facultad de disponer de la misma"34. El art. 2353, ya transcripto, luego de sentar el principio, establece dos presunciones que, como se desprende del mismo texto, son iuris tantum, o sea que admiten prueba en contrario, y el art. 2354, que guarda estrecha relación con el anterior, impide cambiar por la propia voluntad o por el mero transcurso del tiempo las cualidades y los vicios de la posesión: "tal como ella comenzó -expresa en su parte final-, tal continúa siempre, mientras no se cree un nuevo título de adquisición". Pero esta norma tampoco tiene carácter absoluto, dado que el art. 3959 admite la posibilidad de purgar los vicios de la posesión y la norma del art. 2370 permite que una posesión pública en su origen se convierta en clandestina cuando el poseedor ha tomado precauciones para ocultar su continuación36. Para que exista interversión del título, no bastan las simples manifestaciones de la voluntad, como se desprende de la norma del art. 2447, sino que la actitud debe consistir en hechos exteriores que impliquen una verdadera contradicción a los derechos del propietario, un verdadero alzamiento contra su derecho, que puede revestir la forma judicial, aunque no es necesario que se plantee un litigio, o actos de fuerza que impidan al propietario el ejercicio de su derecho. Estos actos, por lo tanto, deben revestir un carácter ostensible e inequívoco para tener la consecuencia que la interversión apareja, cual es la de convertir la tenencia en posesión. 34 CCivCom Paraná, Sala I, JA, 25-1975-666, citado por Llambías - Alterini, Código Civil anotado. Derechos reales, t. IV-A, p. 83. 36 Garrido - Andorno, Código Civil. Derechos reales, t. I, p. 147 y siguientes.

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NATURALEZA DE LA POSESIÓN

§ 87. TEORÍAS. - Titulamos este capítulo "naturaleza de la posesión" y no "naturaleza jurídica de la posesión" porque, emplear el calificativo "jurídico", implica una toma de posición anticipada sobre el problema fundamental. En efecto, el meollo de la discusión estriba precisamente en desentrañar si se trata de un hecho o si se trata de un derecho. Para quienes sostienen que es un derecho, la polémica continúa acerca de la clase de derecho de que se trata (real o personal). Ya Papiniano decía que la posesión tiene muchísimo de hecho (possessio plurium facti habet) (libro IV, tít. VI, ley 19)36. Se ha repetido constantemente que Savigny sostiene que la posesión es un hecho. Sin embargo, la posición del maestro alemán no es tan terminante, a tal punto que titula su § 5, del cap. 1 "La posesión es a la vez un derecho y un hecho", expresando en el texto que es evidente que, en principio y considerada en sí misma, la posesión no es más que un simple hecho, pero, por otra parte, es también cierto que apareja consecuencias legales. Así ella es a la vez un hecho y un derecho; por sí misma es un hecho, pero por sus consecuencias semeja un derecho y, esta doble naturaleza, es infinitamente importante en todo lo que concierne a nuestra materia37. En cambio, Windscheid tiene una posición más terminante. Para este autor, la expresión possessio indica un hecho y nada más que un hecho. La circunstancia de que a este hecho el derecho le atribuya consecuencias jurídicas 36 Recordemos que Papiniano, de origen sirio, era uno de los cinco juristas que, en Roma, contaban con el ius respondendi, prevaleciendo su opinión cuando había discrepancia (y probable empate) entre los otros cuatro (Pablo, Ulpiano, Gaio y Modestino). 37 Savigny, Traite de la possession en droit romain, p. 20 y 21.

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no lo convierte en un derecho. De otro modo debieran considerarse también derechos el contrato y el testamento. Otros autores como Belime y Marcadé interpretan que, siendo un hecho en su origen, la posesión se convierte en un derecho cuando ha durado un año completo en las condiciones requeridas por la ley, y Molitor y Wodon afirman que en relación con su causa es un hecho y un derecho con relación a sus efectos38. Partiendo de su definición de derecho como un interés jurídicamente protegido, Ihering sostiene que la posesión es un derecho y, efectivamente -como él dice- si su definición fuera exacta, no cabría otra conclusión respecto de la posesión, porque evidentemente está protegida por el derecho objetivo39. La polémica se reproduce en la doctrina nacional, inclinándose en el sentido de considerarla un derecho autores de la talla de Segovia, Martínez, Lafaille, Salvat; otra corriente -no menos importante- considera que es un hecho, se afilian a ella: Machado, Pizarro, Allende, Legón, Gatti, Mariani de Vidal, Highton, Alterini, Papaño, Kiper, Dillón, Causse y López de Zavalía; dicen que es una situación jurídica de naturaleza provisional, Dassen y Vera Villalobos; Laquis expresa que el codificador sigue la doctrina de Savigny; Valdés, Orchansky y Peña Guzmán no se pronuncian claramente, y Molinario bifurca la opinión y dice que la posesión legítima es un derecho que integra el haz de facultades del dominio, mientras que la ilegítima es un hecho. La polémica es frondosa y encuentra mayor fundamento en la aparente contradicción entre los artículos del Código y las notas del codificador. No se debe olvidar -a este respecto- que Vélez Sársfield, al redactar sus notas, igno38

Citados por Martínez, La posesión, p. 50. Este criterio, expuesto en la obra de Ihering, El espíritu del derecho romano, se da por sentado en su obra fundamenta) sobre la posesión: Teoría de la posesión. El fundamento de la protección posesoria. 39

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raba que su proyecto se aprobaría a libro cerrado y menos aún imaginaba que las notas iban a formar parte de las ediciones oficiales del Código. Por lo tanto, en el texto proyectado plasmó la solución prevaleciente y conveniente a las necesidades reales para las cuales legislaba, mientras que en las notas vertió su opinión teórica. Para nuestra ley, pues, la posesión es -sin duda- un hecho, aunque, en el plano teórico, el codificador no oculta su adhesión a la posición de Molitor (ver nota al art. 2470 y parte final de la nota al art. 2351 que dicen, respectivamente: "para nosotros que juzgamos que la posesión es un derecho" y "Molitor ha combatido esta opinión -la de que la posesión es un hecho-, a nuestro juicio victoriosamente, demostrando que toda posesión es un derecho"). Adquieren relevancia los argumentos dados por Pizarro, completados por Allende, recogidos por Gatti y resumidos por Highton, según los cuales la posesión es un hecho por las siguientes razones: a) El Código lo dice expresamente en el art. 2470, que comienza: "El hecho de la posesión ...". 6) El art. 2363 dice: "El poseedor no tiene obligación de producir su título a la posesión ... Él posee porque posee". Todo derecho nace de un acto o de un hecho que le sirve de causa y esa es una de las acepciones con que se emplea la palabra "título". Quien alega un derecho tiene que invocar y probar la causa, tiene que producir su título; si el poseedor puede invocar su posesión sin producir su título, es porque la posesión es un hecho (o mejor dicho, un estado de hecho) y no un derecho. c) El Código se ocupa de la posesión antes de entrar a tratar de los derechos reales, y no entre ellos (nota "a" al Libro III) d) En la nota "a" al Libro III se dice que la posesión es un elemento de los derechos reales, y no puede ser un elemento de un derecho real y un derecho real a la vez.

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e) La posesión no está enumerada, como derecho real en el art. 2503. / ) En las definiciones de todos los derechos reales del Código figura la frase: "es el [o es un] derecho real" (arts. 2506, 2673, 2948, 2970, 3108 y 3239), lo que no acontece con la posesión. SO La sustitución de la palabra "posesión" en muchos artículos, por la palabra "derecho", conduce ciertamente a absurdos. Por ejemplo: "La posesión [derecho] será viciosa..." (art. 2364) "La posesión [derecho] es violenta ..." (art. 2365), etcétera. h) Si la posesión se considera un derecho y el derecho no puede ser concebido como una relación de una persona con la cosa, quienes la consideran un derecho pero la describen de este modo se hacen pasibles de todas las críticas, que, a la escuela clásica, le enrostró la doctrina unitaria personalista en cuanto a la definición de los derechos reales. Un derecho no puede ser una relación de una persona con una cosa. La posesión lo es y, por lo tanto, no puede ser un derecho. Es un hecho jurígeno, eso sí, en la medida en que engendra facultades y merece la protección del derecho {ius possessionis). § 88. ELEMENTOS DE LA POSESIÓN. -Los elementos (objetivo y subjetivo) de la posesión, corpus y animus, han sido tradicionalmente estudiados por separado, pero ello no implica que se den como elementos opuestos, sino que -por el contrario- resultan de tal modo complementarios que se puede afirmar que ni el corpus es relación puramente física, ni el animus es un fenómeno enteramente psicológico. Para utilizar expresiones ya acuñadas por la doctrina se podría expresar que están tan unidos y correlacionados como lo está la palabra con el pensamiento. Por eso hemos dicho con anterioridad que, en la noción de corpus de la doctrina clásica, se encuentra ínsito un mínimo de voluntad o de conciencia que impide consi-

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derar, a ese elemento objetivo, como un mero contacto físico con la cosa, de suyo irrelevante para el derecho. El animus -por su parte- tiene que tener una exteriorización tal que lo revele y, por lo tanto, no queda recluido en las lindes de la pura conciencia. Ambos elementos salen a la palestra de la realidad jurídica de tal modo imbricados que, en la relación posesoria, la presencia de uno de ellos presupone la existencia del otro. a) "CORPUS". La noción del corpus es distinta según la teoría que se adopte. Savigny expone la noción que dan los autores y que proviene de los glosadores (cita a Azon), según la cual el acto físico de la aprehensión para adquirir la posesión no admitía sino dos especies: la de tomar una cosa mueble con la mano y la de posar el pie sobre un inmueble, pero se propone demostrar que muchas veces la adquisición de la posesión se produce sin que promedie un contacto físico. Después de analizar varios ejemplos concluye que quien tiene la posibilidad de tomar una cosa colocada delante de él, está en la misma condición de quien realmente la hubiera asido, lo que explica las numerosas disposiciones especiales de las fuentes romanas. Para Ihering, sin embargo, la determinación del elemento corpus depende fundamentalmente de la naturaleza de las cosas y de la forma habitual u ordinaria en que el dueño se comporta frente a ellas, según su especie y según el destino económico que cumplan. Hay cosas que se guardan cuidadosamente en la casa, como las joyas o el dinero y otras que se dejan en el campo, y lo mismo ocurre con los inmuebles que pueden estar defendidos por obstáculos materiales o, por el contrario, estar abiertos y libres, de modo que no se trata de posibilidades físicas sobre las cosas y de exclusión, también física, de injerencia de extraños, sino más bien de las invisibles barreras creadas por el orden jurídico que hacen posible el uso económico de las cosas, en orden a la satisfacción de las necesidades humanas.

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b) "ANIMUS". La posesión requiere, además del elemento corpus, la presencia en el sujeto de una voluntad determinada, cual es la de tratar la cosa como si le perteneciera, como si fuera su dueño {animus domíni). Este animus domini, también llamado animus rem sibi habendi, no debe confundirse con la convicción de ser realmente el propietario (ppinio domini). Puede ser que -el poseedorno lo sea y que tenga conciencia de la ajenidad de la cosa (poseedor de mala fe, ladrón) y que -sin embargo- se conduzca y actúe como un verdadero dueño. Pero al lado del animus domini, que en principio siempre es exigido para determinar la existencia de la posesión, Savigny encuentra en las fuentes la posibilidad de transmitir la posesión independientemente de la propiedad y en tal caso no es el animus domini el que acompaña la aprehensión sino simplemente el animus possidendi (que muchos autores asimilan al animus domini) y que denota la voluntad de adquirir la posesión conforme a un acto jurídico distinto y que la presupone. Partiendo de este esquema, elabora la tesis de la posesión derivada. Los casos a que se refería Savigny eran: a) el enfiteuta, a quien se le transmitía el dominio útil, no así el dominio directo, razón por la cual no podía tener el animus domini; b) el acreedor prendario, que recibe la cosa del propietario, en garantía de un crédito; c) el depositario de la cosa embargada, cuando no se designa al propietario como tal, y d) el precarista, que recibía del Estado una porción del ager publicus con la obligación de devolverla al serle requerida. Por su parte, Savigny ponía énfasis en destacar que se trata de excepciones en las que no se transfiere la posesión jurídica y que en todas las situaciones en que se pretenda encontrar estas transferencias deben ser probadas40. Laquis, Derechos reales, t. I, p. 200.

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Para Ihering, el elemento animus está implicado siempre en el corpus, correspondiendo al adversario, o sea a quien alegue la falta de dicho elemento, demostrar la existencia de un motivo especial para excluirlo de la protección posesoria, establecida por la ley y, si se trata de tenencia relativa, la existencia de una de las causee detentiones con frecuencia citadas en las fuentes romanas41. Se patentiza claramente que el enfoque de Savigny examina la posesión desde un punto de vista del derecho en general, mientras que la concepción de Ihering le da importancia primordial al aspecto procesal o a las consecuencias de ésta en la esfera litigiosa, lo que sería admisible si se interpretara que la posesión sólo tenía una función procedimental entre las normas referentes a la acción reivindicatoría. Este origen procesal de la posesión ha sido sostenido por Ihering y Puchta, contra la opinión de Niebuhr, Maynz y Savigny. Además, Mayr sostiene que la possessio, como relación jurídica, sólo existe en esta época (se refiere a los orígenes del derecho romano) sobre los terrenos comunes {ager publicus), no como relación de derecho privado, sometida a la jurisdicción ordinaria, sino como derecho de disfrute de carácter público de que conocen las autoridades administrativas42. El ager publicus pertenecía al Estado. Eran normalmente tierras obtenidas por conquista, que podían ser otorgadas en explotación a los particulares, pero no de acuerdo al derecho civil sino como en una especie de concesión administrativa, no contando el beneficiado por ella; por lo tanto, con las acciones emergentes de la ley que correspon41

Ihering, La voluntad en la posesión, p. 206 y siguientes. Dice Ihering: "Si la doctrina dominante hubiera examinado su teoría desde el punto de vista del procedimiento, convencido estoy, de que ya hace mucho tiempo, que no se tendría confianza alguna en su exactitud" (La voluntad de la posesión, p. 25). En cuanto a la opinión de Mayr, ver su Historia del derecho romano, t. I, p. 181 y 182. 42

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dían al propietario quiritario. De allí la necesidad de acudir a otra forma de protección. § 89. POSICIÓN DEL CÓDIGO. - Nuestro Código adopta la doctrina de Savigny claramente en el art. 2374, cuya nota es suficientemente ilustrativa sobre la opinión del codificador. Dice la norma citada: "La aprehensión debe consistir en un acto que, cuando no sea un contacto personal, ponga a la persona en presencia de la cosa con la posibilidad física de tomarla". Y en la nota se expresa: "La posibilidad física de tomar la cosa o de disponer de ella, dice Savigny, puede existir sin el contacto; pues el que puede a cada momento poner su mano sobre una cosa que está delante de él, es sin duda tan dueño de ella como el que la ha tomado ...". Más adelante agrega: "La ley nos dice que para tomar la posesión de un fundo, no es preciso entrar en él; porque el que se encuentra próximo y lo abraza con la vista, tiene sobre ese fundo el mismo poder que el que hubiese entrado", transcribe los antecedentes romanos, también citados por Savigny, y como para no dejar dudas de la influencia del sabio alemán, corona su nota diciendo: "Savigny sigue demostrando la proposición con innumerables textos". Al elemento animus se refiere el citado art. 2351 cuando expresa "... con la intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad", y el art. 2373 que al referirse a los modos de adquisición de la posesión dice que ella se produce por la aprehensión de la cosa "... con la intención de tenerla como suya", citando la nota un texto romano que se puede traducir así: "Y adquirimos la posesión con el cuerpo y con el ánimo, y no solamente con el ánimo ni solamente con el cuerpo". § 90. REFORMAS INTRODUCIDAS POR LA LEY 17.711. - En el campo de la relación posesoria, la ley de reformas que entró en vigor en julio de 1968 (art. 7o) modificó algunos

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artículos. Reformas de las cuales nos ocuparemos al tratar cada uno de los temas específicos, sin perjuicio de que aquí procedamos a su enumeración y a la enunciación escueta de su contenido. a) Por un agregado en párrafo final al art. 2355 se establece que se considera legítima la adquisición de la posesión de inmuebles de buena fe, mediando boleto de compraventa. La crítica a esta reforma y a la ubicación de la norma se efectuará al tratar de las clases de posesión (ver § 91 a 99). fc) En materia de protección posesoria, las reformas son significativas, ya que se amplía el campo de la legitimación activa a los tenedores, en las acciones de manutención y despojo, también se modifica la legitimación pasiva (arts. 2469, 2490 y 2491) c) Se amplía la protección posesoria a las cosas muebles para lo cual se opera la reforma de los arts. 2487 y 2488. d) Por un agregado al art. 2499, se estatuye la llamada acción de daño temido o "acción de obra vieja o ruinosa". Tales tópicos se estudiarán al tratar el tema de la protección posesoria (ver § 750 a 805). C)

CLASIFICACIÓN LEGAL DE LA POSESIÓN

§ 91. INTRODUCCIÓN. - La variedad de situaciones a que da lugar la relación de la persona con las cosas, nos ha llevado a distinguirlas (v.gr., yuxtaposición, tenencia, posesión), pero a su vez la tenencia y la posesión admiten clasificaciones; algunas se han efectuado tradicionalmente en el derecho, algunas surgen claramente del ordenamiento positivo y otras son admitidas por el derecho moderno. En el segundo párrafo de la nota al art. 2351 tenemos un esbozo de clasificación que no tiene -posteriormente-

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clara recepción en el texto del Código. Se habla allí de la posesión que sirve para la prescripción y da lugar a las acciones posesorias adversus omnes (contra todos) y de otra posesión que sirve para los interdictos o acciones posesorias (sic). Se entiende, como veremos más adelante, que estas acciones posesorias últimamente nombradas, por contraposición a las que emergen de la posesión definida en el artículo, no serán adversus omnes, sino de efectos reipersecutorios más limitados. 1)

POSESIÓN LEGÍTIMA E ILEGÍTIMA

§ 92. IMPORTANCIA. - La clasificación surge del párr. Io del art. 2355 que dice: "La posesión será legítima, cuando sea el ejercicio de un derecho real, constituido en conformidad a las disposiciones de este Código ...". La legitimidad o ilegitimidad de la posesión no depende de la relación posesoria en sí, sino de su vinculación con el derecho real de cuyo contenido forma parte. Se ha señalado que esta clasificación no es frondosa en lo que se refiere a efectos prácticos. Sin embargo, su importancia es que sirve de punto de referencia para la determinación de la buena fe, ya que ésta sólo se tiene cuando se está persuadido de la legitimidad. Hemos destacado que la posesión legítima no es sino el contenido o parte del contenido del derecho real, pero ello no impide que el poseedor legítimo, agredido o lesionado en su posesión, la defienda autónomamente, o sea sin necesidad de invocar el derecho real que le sirve de base. Dice el art. 2355 que la posesión será ilegítima "cuando se tenga sin título, o por un título nulo, o fuere adquirida por un modo insuficiente para adquirir derechos reales, o cuando se adquiera del que no tenía derecho a poseer la cosa, o no lo tenía para transmitirla".

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Expusimos, al estudiar el régimen de los derechos reales, que éstos se adquieren por la conjunción de dos requisitos: título y modo. Si alguno de ellos falta o es deficiente (nulidad del título o insuficiencia del modo) y, a fortiori, si ambos faltan o son deficientes, el derecho real no estará constituido de conformidad con las disposiciones del Código y -por ende- la posesión carecerá de los presupuestos para ser considerada legítima, por no existir esa conformidad indispensable que debe haber entre el hecho y el derecho, para que éste torne legítimo a aquél. Puede ocurrir que el título y el modo se encuentren cumplidos, pero que la persona que transmitió no tuviera el derecho a poseer la cosa (p.ej., no era propietario) o no tuviera derecho a transmitirla (p.ej., cosa inalienable), en cuyo caso también se considera ilegítima. La enumeración de los casos de posesión ilegítima no puede considerarse exhaustiva. Laquis señala que en las hipótesis en las cuales el derecho real hubiese sido adquirido sin observar los requisitos que en cada caso preceptúa el Código Civil, en lo que respecta a la causa, a la capacidad, al objeto, a la forma, al modo, o a la publicidad, se estará en presencia de una posesión ilegítima43. Reputamos esta enumeración demasiado amplia, pues un defecto de forma o una falta de capacidad, por ejemplo, pueden ser causa de anulabilidad del título lo que -el mismo autor lo dice más adelante- no produce la ilegitimidad de la posesión mientras la nulidad no sea declarada. En cuanto a la falta de publicidad, sólo es exacta en la medida en que tenga carácter constitutivo. En materia de inmuebles, la publicidad registral es declarativa y, por tanto, la falta de inscripción no inflige la ilegitimidad de la posesión. La palabra "título" está empleada en el sentido de causa-fuente del derecho. Cuando el título falta, falta la cau43

12.

Laquis, Derechos reales, t. I, p. 299 a 301.

Musto, 1

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sa, o sea uno de los elementos esenciales para la constitución del derecho. Cuando el título es nulo, puede serlo por defectos de fondo o de forma. El derecho real que se pretende constituir puede requerir que la persona de quien se adquiere sea propietario, condómino, usufructuario, etcétera. Si el transmútente no tiene esa calidad, falta una condición de fondo, sin perjuicio de la posibilidad de convalidación (art. 2504). Los supuestos de nulidad de título por defectos de forma son múltiples; pero -sin embargo- no tornan ilegítima la posesión los defectos que aparejan la posibilidad de que el título sea anulable, máxime si la causal de nulidad es relativa, mientras ésta no sea declarada. Como ejemplo de título nulo pueden citarse los casos de incapacidad de derecho para comprar (art. 1361), como ejemplo de anulabilidad relativa, según nuestro criterio, la enajenación de inmueble sin el asentimiento conyugal (art. 1277). Los actos anulables se reputan válidos mientras la nulidad no sea declarada (art. 1046). En lo que se refiere al modo, el Código legisla minuciosamente los requisitos que se deben cumplimentar en cada caso. La tradición como modo derivado es la que puede ofrecer mayores dificultades, puesto que requiere no sólo la existencia de los actos materiales que la configuran, sino también los correspondientes a la capacidad y consentimiento del tradens (el que entrega la cosa) y del accipiens (el que la recibe) y su vinculación con el título traslativo (ver arts. 2601 y 2603 y correlativamente 2377 a 2391). Como ejemplo de modo insuficiente puede citarse una tradición hecha por simples declaraciones (art. 2378). § 93. REFORMA AL ARTÍCULO 2355. - L a ley 17.711 introdujo un agregado al art. 2355 del Código Civil que ha dado lugar a interpretaciones discordantes y también a justificadas críticas. Dice así: "Se considera legítima la ad-

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quisición de la posesión de inmuebles de buena fe, mediando boleto de compraventa". Según parte de la doctrina, se trata de un supuesto de posesión legítima. Para otro sector se trata de un modo de adquisición legítimo de la posesión que, sin embargo, no torna legítima la posesión adquirida; para un tercer sector la palabra "legítima" está empleada de una manera impropia o bien el artículo consagra una posesión limitadamente legítima. La redacción es poco feliz y cualquiera que sea la interpretación que se le dé, el agregado no está en armonía con el sistema del Código y no ha sido debidamente correlacionado con el resto de sus disposiciones. Al decir de López de Zavalía, es un enigma y tortura a la doctrina44. En efecto, si la palabra "título" está empleada -como se ha expresado- en el sentido de causa-fuente, cuando hay posesión "mediando boleto de compraventa", indudablemente la causa tiene que ser la compraventa, pero, según el art. 1185, mientras no se halle firmada y autorizada debidamente la escritura pública, la compraventa no se puede juzgar concluida, aunque se encuentren concluidos como contratos en que las partes se han obligado a hacer escritura pública. El legislador, ¿ha dado valor de título adquisitivo del dominio a un instrumento que sólo consagra una obligación de hacer? No es posible responder afirmativamente. En segundo lugar se introduce el elemento buena fe dentro del concepto y del artículo referido a la posesión legítima, cuando toda la doctrina es pacífica al sostener que la clasificación de la posesión según la buena o mala fe del poseedor, es ajena a la posesión legítima, pues ésta nunca puede ser de mala fe. El boleto de compraventa, por las mismas razones expresadas anteriormente, no ha sido conLópez de Zavalía, Derechos reales, t. 1, p. 412.

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siderado justo título y, por tanto, para que mediara buena fe, faltaría el elemento objetivo. La interpretación que sostiene que se trata de la legitimidad de la adquisición y no de la posesión adquirida, si bien se atiene a la literalidad del texto, no explica suficientemente cuáles son las consecuencias de la adquisición. No resulta fácil explicar tampoco la ubicación de la norma -en tal caso- en el art. 2355, en lugar de estarlo en el Cap. I, que se refiere a la adquisición de la posesión (a partir del art. 2373). Por otra parte, el momento de la adquisición es el que determina la naturaleza y cualidades de la posesión y siendo legítima la adquisición se teñiría de legitimidad la posesión misma. Hay quienes expresan que se trata de un nuevo derecho real, pero existiría una gran desarmonía, dado que, recayendo -por hipótesis- sobre inmuebles, el agregado no exige que el boleto de compraventa esté inscripto en el registro de la propiedad inmueble, de modo que la adquisición o transmisión tampoco se puede juzgar perfeccionada por este motivo, de acuerdo a lo que dispone a este respecto el art. 2505, también introducido por la ley de reforma. La finalidad del legislador, al introducir la norma que comentamos, es la de proteger al adquirente con boleto de compraventa, ante la posibilidad de que se desbaraten sus derechos por una enajenación posterior, efectuada esta última por medio de escritura pública, o a la de que se constituyan gravámenes que vayan en desmedro de sus derechos, objetivos a que apuntan también la ley 14.005 y su modificatoria (ley 23.266), la ley 19.724 al adquirente de unidades en edificios sometidos al régimen de dicha ley, la incorporación del art. 1185 bis, complementado por el art. 146 de la ley 24.522, que, a diferencia de la anterior ley de concursos, no exige el destino de vivienda.

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No creemos que se haya avanzado, con este injerto efectuado en la norma del art. 2355, en el camino de la protección del adquirente con boleto. Las dificultades interpretativas a que da lugar la norma son insoslayables y no solucionan los posibles conflictos que pueden darse entre el adquirente con escritura pública, aun en subasta pública, y el poseedor con boleto de compraventa. Aunque la reforma no lo exprese, se entiende que la transmisión por boleto debe provenir de quien tenía el derecho de constituir o transmitir el derecho real correspondiente. § 94.

LA PRESUNCIÓN

DE LEGITIMIDAD:

SU

INEXISTENCIA.

Se ha sostenido que se presume la legitimidad de la posesión y que, si bien el Código no consagra expresamente tal presunción, es dable extraerla de la norma del art. 2363 que establece: "El poseedor no tiene la obligación de producir su título a la posesión, sino en el caso que deba exhibirlo como obligación inherente a la posesión", y agrega: "Él posee porque posee". Pese a la autoridad de quienes sostienen la existencia de tal presunción, cábenos afirmar que ella no ha tenido recepción expresa en el Código, aunque la fuente del artículo, el 3715 del Esbogo, consagraba explícitamente la presunción en su primer parágrafo. Vélez Sársfield se apartó conscientemente del modelo y sólo redactó una norma que tiende a distinguir netamente la esfera posesoria de la de la titularidad del derecho del mismo modo que lo señala en el art. 2472 al expresar: "Fuera del caso del artículo anterior, la posesión nada tiene de común con el derecho de poseer ...". La presunción de probidad que surge del art. 2362 (la buena fe se presume) -dice Alterini- es invocable también para la presunción de legitimidad de la posesión que no importa más que suponer en base al derecho real del cual es

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su contenido y que "esa presunción de legitimidad de la posesión, explica convincentemente el éxito del demandado en el juicio reivindicatorío, que pese a su mera posesión vence al reivindicante que no acreditó su derecho a poseer (art. 2774)". En realidad -acotamos-, la norma aludida y el art. 2792, también citado por el prestigioso autor, ensamblan perfectamente en el sistema adoptado por Vélez Sársfield que distingue, sin desvincular totalmente, el ámbito posesorio del campo del derecho real. Es en este último, exclusivamente, donde se puede hablar de posesión legítima (en el sistema velezano). Si el demandado vence no es porque se presuma la legitimidad de su posesión, sino porque el actor no pudo probar su titularidad y, por ende, la legitimidad de la suya, o no lo hizo con la contundencia necesaria (art. 2792)45. No se debe confundir la regulación referente a la carga de la prueba en el juicio petitorio, con la alegada existencia de una presunción de legitimidad de la posesión que el Código de ninguna manera consagra y que no es dable inferir al intérprete, especialmente si se tiene en cuenta que cuando el codificador ha querido establecer una presunción lo ha hecho claramente como en el caso del art. 2362, acerca de la buena fe. 2)

SüBCLASIFICACIÓN DE LA POSESIÓN ILEGÍTIMA

§ 95. POSESIÓN DE BUENA O MALA FE. - La posesión ilegítima puede ser de buena fe o de mala fe. El Código define la primera quedando la segunda determinada por exclusión. Ambas categorías cubren por completo el campo de la posesión ilegítima por lo que se expresa que la posesión es simplemente de mala fe cuando no existe buena fe. 45

p. 102.

Llambías - Alterini, Código Civil anotado.

Derechos reales, t. IV-A,

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La posesión de mala fe se clasifica en simple y viciosa y esta última admite diversos supuestos según sea el vicio que la afecte, distinguiéndose entre la posesión de cosas muebles e inmuebles. &) POSESIÓN DE BUENA FE.

EL ELEMENTO SUBJETIVO. El

art.

2356 dice que la posesión es de buena fe, cuando el poseedor, por ignorancia o error de hecho, se persuadiere de su legitimidad. Se trata de la buena fe-creencia. Es la convicción de estar ejerciendo una posesión que sea el contenido de un derecho real verdadero. Tal convicción reposa en un error o ignorancia de hecho no imputable a la persona del poseedor (art. 929) y debe ser esencial (art. 924 y siguientes). Es el ejercicio de una posesión ilegítima con el convencimiento de ejercer una posesión legítima, en función de tal error o ignorancia. Si el convencimiento se fundamenta en un error o ignorancia de derecho, la buena fe no existe (arts. 20, 923 y siguientes). La fuente del artículo es el art. 3716 del Esbogo de Freitas. Dicho autor es más explícito y aclara -como lo entiende la doctrina- que "la posesión ilegítima puede ser de buena fe o de mala fe. Es posesión de buena fe, cuando el poseedor estuviere persuadido por ignorancia o error de la legitimidad de la misma en todos los casos; es decir, no sólo en cuanto a la existencia, calidad y validez de su título, sino en cuanto al modo de adquirir, y en relación al derecho del que se la transmitió, con tal que la ignorancia o el error sea de hecho y excusable", y remite a los arts. 454 y 466 de su proyecto, el primero de los cuales define la ignorancia y el error de hecho y el segundo dispone que éstos no aprovechan a sus agentes, siempre que de su parte haya habido negligencia o imprudencia. Dicho criterio es aplicable a nuestro sistema. A su vez, el art. 4006 establece que la buena fe requerida para la prescripción, es la creencia sin duda alguna del poseedor, de ser exclusivo señor de la cosa, y en su párr. 2°

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remite al título del Código referido a la posesión. Aunque este artículo se refiere a la buena fe necesaria para prescribir, como lo expresa claramente la norma y como lo denota su ubicación, la mayoría de la doctrina exige que la creencia sea sin duda alguna. Así se respeta la opinión de Vélez Sársfield que en la nota del art. 4006, después de citar las Leyes de Partida, transcribe un párrafo de Voet en el que se expresa que "no debe ser considerado en estado de buena fe, el que duda si su autor era o no señor de la cosa, y tenía o no el derecho de enajenarla, porque la duda es un término medio entre la buena y mala fe". Esta creencia "sin duda alguna", esta persuasión de legitimidad de la posesión, y la necesidad de que ella repose en un error o ignorancia de hecho esencial y no imputable al agente, constituyen el elemento subjetivo de la buena fe. La persona que posee cree, está convencida, está persuadida, de ser titular legítimo de un derecho real que le da derecho a poseer, pero está equivocado y el error es respecto a un elemento que hace a la esencia de su derecho. Por ejemplo, posee una cosa que recibió por legado, ignorando totalmente (y sin culpa) que el testamento había sido revocado. b) ELEMENTO OBJETIVO. La convicción a que aludimos anteriormente tiene que reposar, a su vez, en antecedentes objetivos. Salvat dice que es necesario que se tenga en virtud de un título apto para transmitir el derecho de propiedad, de usufructo o de uso, y expresa que esto es lo que se llama "el justo título", tomado esto en el sentido de causa generadora de un derecho. Lafaille sostiene -en cambio- que "tampoco el justo título entra en juego para determinar la aplicación del art. 2356". Entendemos que el título debe existir y es un requisito objetivo de la buena fe, pero, en general, basta con un título putativo (art. 2357). En particular, para la usucapión corta es necesario que revista los caracteres del justo

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título (arts. 2357, 4010 y 4011). Los vicios de forma del título hacen suponer mala fe en el poseedor (art. 4009). La concurrencia del elemento objetivo es independiente de la obligación, que puede existir o no, de exhibirlo o acreditarlo, en primer lugar por imperio del art. 2363 y en segundo lugar porque -como veremos- la buena fe se presume. c) PRESUNCIÓN DE BUENA FE. El art. 2362 dice: "Todo poseedor tiene para sí la presunción de la buena fe de su posesión, hasta que se pruebe lo contrario, salvo los casos en que la mala fe se presuma". Se trata de una presunción que ampara a todo poseedor, que tiene su fuente en la norma legal, pero que tiene carácter relativo, o inris tantum, ya que podría demostrarse la mala fe del poseedor, siendo admisibles en tal caso todos los medios de prueba. El art. 4008 reafirma el principio de que la buena fe se presume siempre; a su vez el art. 4009 expresa que el vicio de forma en el título de adquisición, hace suponer mala fe en el poseedor. Estas normas se refieren a inmuebles, lo que se desprende de la ubicación y secuencia del articulado. Hay casos en que se presume la mala fe, y entonces, lógicamente, y así lo expresa el artículo transcripto, esta presunción no rige, al ser desplazada por la presunción específica. Tal el caso del art. 2771 que considera poseedor de mala fe a quien ha comprado la cosa hurtada o perdida a persona sospechosa que no acostumbraba a vender cosas semejantes, o que no tenía capacidad o medios para adquirirla. El artículo se refiere a cosas muebles. En cambio, los anuncios de hurtos o de pérdidas no bastan para hacer presumir la mala fe. En ese caso debe probarse el conocimiento de ellos cuando se adquirieron las cosas (art. 2770). Es importante destacar que, para determinar la existencia de la buena fe, se debe estar -en principio- al mo-

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mentó en que tiene origen la posesión (arts. 2358 y 4008), salvo para los frutos, en que se requiere para cada acto de percepción (art. 2358). d) IMPORTANCIA PRÁCTICA DE LA CLASIFICACIÓN. La clasificación efectuada entre posesión de buena y de mala fe, tiene importantes proyecciones desde el punto de vista práctico, que más adelante veremos en detalle. Señalemos por ahora que en materia de cosas muebles, no robadas o perdidas, lleva la posesión de buena fe a la adquisición de la propiedad, por vía de la presunción del art. 2412. Tiene importancia en la adquisición de los frutos de la cosa poseída, en la indemnización por mejoras, resarcimientos de gastos, responsabilidad por pérdidas o deterioros y respecto del régimen de adquisición por usucapión, tanto de inmuebles como de muebles. También se señalan consecuencias en cuanto a la adquisición del dominio por especificación, edificación, siembra y plantación, sin perjuicio de las indemnizaciones que -en tales casos- correspondan y en la transmisión de derechos reales sobre inmuebles a título oneroso, conforme al reformado art. 1051 (ley 17.711). La buena fe -sin embargo- no es requerida para el ejercicio de las acciones posesorias (art. 2473). e) LA BUENA FE Y EL TÍTULO PUTATIVO. El Código contiene una norma especial relacionada con la buena fe fundada en el título putativo. Hemos expresado que el título es elemento objetivo de la buena fe y que éste debe revestir los elementos formales necesarios para su validez, pues -de lo contrario- hace presumir la mala fe pues, como dice la nota al art. 4009: "Las nulidades de forma privan al acto de su existencia legal, y hacen que el poseedor no pueda creerse propietario. Son vicios visibles y extrínsecos, y nadie debe ignorar la ley sobre las formas esenciales de los actos jurídicos". Pero un título así revestido de las formalidades extrínsecas, puede no tener existencia en virtud de

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otras circunstancias y, por tanto, sólo existir en la creencia del poseedor, o ser un título verdadero, pero no estar referido a la cosa poseída. Ejemplo: una persona se cree propietaria en virtud de tener un título fundado en un testamento declarado válido, ignorando que un testamento posterior lo había revocado. Otro ejemplo: una persona ha sido declarada heredera, pero luego aparece un heredero de grado preferente que lo desplaza, y que había sido preterido en la sucesión del causante. Un tercer ejemplo: se adquiere un lote de terreno y se comienza a poseer por error un lote vecino creyendo que se posee el mismo al que se refiere el título verdadero. Este concepto surge de la correlación de los arts. 2357 y 4011. El justo título debe estar referido a la cosa poseída y revestido de todas las formalidades extrínsecas, pero no es un título perfecto o verdadero porque le falta una condición de fondo, en razón de que el transmitente no tenía derecho o capacidad para transmitir. No se debe confundir, pues, el título putativo con el justo título, aunque este último dé lugar a la existencia de un derecho real putativo. El art. 3707 del Esbogo de Freitas autoriza esta distinción. Con lo expresado precedentemente creemos haber explicado la norma del art. 2357 cuando expresa: "El título putativo equivale a un título realmente existente, cuando el poseedor tiene razones suficientes para creer en la existencia de título a su favor, o para extender su título a la cosa poseída". f) LA COPOSESIÓN. Dos posesiones de igual naturaleza sobre la misma cosa no son posibles (art. 2401); sin embargo, dos o más personas pueden poseer en común una cosa, cada una por una parte indivisa, situación de coposesión que es el reflejo y puede ser el ejercicio del derecho real de condominio. Puede darse el caso de que, dependiendo de elementos subjetivos, uno de los coposeedores sea de

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buena fe y otro sea de mala fe. En tal caso cada uno responde de la buena o mala fe de su posesión (art. 2359). La fuente de este artículo es también el Esbogo que agrega: "El coposeedor de buena fe no sacará provecho de la mala fe de los demás coposeedores en perjuicio de terceros" (art. 3725). g) CORPORACIONES Y SOCIEDADES. En un artículo de redacción poco feliz (2360), el codificador intenta solucionar el problema creado en sociedades y corporaciones cuando la buena o mala fe de sus miembros o socios no es coincidente. No acierta la doctrina a determinar precisamente a qué sociedades o corporaciones se refiere, interpretando la mayoría que la norma trata de las personas colectivas que carecen de personería jurídica, mientras que las que la tienen deben atenerse al elemento subjetivo predominante entre sus directivos. La fuente del artículo es el art. 3726 del Esbogo de Freitas, pero el autor brasileño distinguía entre los miembros, a quienes se refiere en los tres primeros incisos, los representantes a que se refieren el 4o y 5o y los agentes y empleados, de que trata el inc. 6o. Las dificultades del tema están dadas no sólo por la poco clara redacción del artículo, sino por la variedad de formas que pueden adoptar, especialmente en el derecho moderno, las distintas sociedades y corporaciones. Piénsese en la diferencia que existe entre una sociedad colectiva, donde quizá todos o la mayoría de los socios tengan la conducción y representación de ella, y una sociedad anónima donde un reducido número de directores tiene la conducción y representación de la sociedad, que puede tener miles de accionistas, y en la que sería poco menos que imposible determinar si estos accionistas tienen -o n o - la convicción acerca de la legitimidad de la posesión de un inmueble, sobre cuya adquisición quizá no tienen siquiera noticia.

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Entendemos que la norma no autoriza a distinguir entre sociedades y corporaciones según tengan o no personería jurídica; aparte de que con esta distinción no se avanza. Lo importante es determinar si los socios participan directamente o no en la conducción de la entidad. La norma, según el caso, se aplicará a los miembros-socios o a los miembros-directivos para determinar -según la mayoría de ellos- la preeminencia de la buena o mala fe. Si el número de unos y otros es igual, se debe considerar la posesión de mala fe. Se trate de simples socios o de directivos, se computa el número de personas con abstracción del capital o de la jerarquía. Para computar la buena o mala fe, se tiene en cuenta el momento de la adquisición de la posesión, siendo irrelevante, en general, el cambio del elemento subjetivo, pero en lo que respecta a la percepción de los frutos se considera en el momento en que ella se realiza. Tal es la solución que surge del art. 2358, en armonía con lo dispuesto por el art. 4008. En materia de percepción de los frutos se tiene en cuenta también la buena o mala fe del poseedor, con abstracción de la del antecesor en la posesión y ello aunque se trate de sucesión universal, con mayor razón si se trata de sucesión a título singular (arts. 2432 y 2361). El caso de adquisición por representante lo trataremos más adelante (ver § 217 a 220). § 96. POSESIÓN DE MALA FE. - Como se ha expresado puede ser simple o viciosa. El Código no define la mala fe simple quedando circunscripta la especie por exclusión. Hay mala fe simple cuando no hay buena fe y no existen vicios en la posesión. Queda, en consecuencia, un ámbito residual que facilita la labor del intérprete, dado que si se excluye la buena fe y la existencia de vicios estaremos ante la mala fe simple.

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a) MALA FE SIMPLE. La distinción tiene importancia práctica porque el poseedor vicioso carece de las acciones posesorias propiamente dichas, aunque tal aseveración está supeditada al carácter relativo de los vicios de la posesión, carácter que estudiaremos después de enumerar y describir los distintos vicios. Tiene importancia también en la determinación de la responsabilidad por deterioros y pérdidas, y en la privación de ejercer el derecho de retención por las mejoras y gastos hechos sobre la cosa que tiene el poseedor vicioso. De acuerdo a la interpretación del art. 3959, el poseedor vicioso tampoco puede comenzar el curso de la prescripción hasta que no haya purgado el vicio de que adolece su posesión. Por último se destaca que no puede haber accesión de posesiones viciosas. b) MALA FE VICIOSA. El Código enumera los vicios de la posesión distinguiéndolos según la categoría de cosas. Así el art. 2364 expresa: "La posesión será viciosa cuando fuere de cosas muebles adquiridas por hurto, estelionato, o abuso de confianza; y siendo de inmuebles, cuando sea adquirido por violencia o clandestinidad; y siendo precaria, cuando se tuviese por un abuso de confianza". 1) INMUEBLES. Como ha quedado dicho, la violencia y la clandestinidad son los vicios a considerar en la especie, sin perjuicio del abuso de confianza en la posesión "precaria". a) Violencia. La violencia puede ser material (vis absoluta) o moral (vis compulsiva) y es indiferente que se ejerza por el propio poseedor o por sus agentes o que opere contra el dueño de la cosa o contra la persona que la tenga a su nombre. Pero sean las violencias materiales o morales, es necesario que existan vías de hecho tendientes a adquirir o a mantener la posesión tomada en ausencia del poseedor. El Código dice que es violenta cuando es "adquirida o teni-

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da por vías de hecho ...". Las soluciones expresadas surgen de los arts. 2365 a 2367, y del art. 2368 se desprende el ya expresado carácter relativo de este vicio. Esto quiere decir que si la posesión se obtuvo o mantuvo por violencia ejercida contra una persona (o su representante, o quien la tenía a su nombre) sólo ella puede alegar el vicio y no un tercero que haya tenido la posesión con anterioridad, por ejemplo. No se debe confundir el vicio en la posesión con el vicio de violencia que pueda afectar al contrato en virtud del cual se accediera a ella. Si se llega a adquirir la posesión a través de un contrato que está viciado de nulidad por causa de violencia, no por ello la posesión se considerará viciosa. Así dice el comienzo del segundo apartado de la nota al art. 2478: "El título, el contrato traslativo de la propiedad, puede ser viciado por la violencia sin que lo sea la posesión". 6) Clandestinidad. La posesión es clandestina cuando se toma furtiva u ocultamente. Así como la violencia se opone a la paz y, por lo tanto, la posesión violenta es opuesta a la pacífica, la posesión clandestina se opone a la posesión pública, pues cada vicio o defecto es correspondido por una cualidad y viceversa. El art. 2369 estatuye: "La posesión es clandestina, cuando los actos por los cuales se tomó o se continuó, fueron ocultos, o se tomó en ausencia del poseedor, o con precauciones para sustraerla al conocimiento de los que tenían derecho de oponerse", y el siguiente dice: "La posesión pública en su origen, es reputada clandestina cuando el poseedor ha tornado precauciones para ocultar su continuación". No todo desconocimiento del propietario o poseedor anterior convierte a la del agente en clandestina, pues no es necesario que el usurpado tenga conocimiento concreto de la ocupación sino que basta que haya tenido la posibili-

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dad de conocerla y, a su vez, los actos aunque no sean públicos, no producen este vicio si han sido conocidos por el poseedor (ver nota al art. 2479). Tal solución es congruente con el carácter relativo del vicio, que proclama el art. 2371 del Cód. Civil. c) Abuso de confianza. El art. 2364 en su última parte dice: "... y siendo precaria, cuando se tuviese por un abuso de confianza". La palabra "precaria" se usa con diversos sentidos. En rigor, es precaria la relación con la cosa cuando se tiene sin título por una tolerancia del dueño y -en un sentido más amplio- cuando se tiene por un título que produzca una obligación de devolver la cosa en el momento que lo requiera el dueño. Si se produce este requerimiento, y el precarista (que puede ser como tal legítimo) pretende continuar con su posesión y la continúa en los hechos, con actos exteriores que importan una verdadera interversión de su título, entonces la posesión tiene el vicio de precario, que el Código llama "abuso de confianza". 2) MUEBLES. Repasaremos los conceptos básicos que atañen a la caracterización de los vicios en la materia. a) Hurto. La palabra "hurto", como vicio de la posesión de mala fe, tiene un sentido más amplio que el de la figura descripta por el art. 162 del Cód. Penal, dado que es comprensiva del robo. A su vez, cuando el Código habla de cosa robada comprende también la que ha sido objeto de hurto. Así, el art. 2766 dice: "La calidad de cosa robada sólo es aplicable a la sustracción fraudulenta de la cosa ajena, y no a un abuso de confianza, violación de un depósito, ni a ningún acto de engaño o estafa que hubiese hecho salir la cosa del poder del propietario". En otras palabras, si el dueño de la cosa (o el poseedor) se desprende voluntariamente de ella, aunque esa voluntad esté viciada por error o dolo, no habrá hurto. Se considerará que hay vicio de hurto cuando hay sustracción o apo-

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deramiento de la cosa ajena, sea que medie violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas -robo- o que no concurran estas circunstancias -hurto propiamente dicho- (arts. 162 y 164, Cód. Penal). La importancia de lo expresado se proyecta, no sólo en cuanto a la caracterización del vicio descripto, sino en cuanto a la calificación de cosa robada, que tiene relación con la presunción del art. 2412 y con respecto a la reivindicación de cosas muebles. b) Estelionato. El estelionato es, en rigor, el hecho de contratar sobre cosas ajenas como si fueran propias o de enajenar como libres aquellas que estuviesen gravadas o prendadas. El Código Civil se refiere al estelionato en los arts. 1178 y 1179, pero no se comprende fácilmente cómo el autor del estelionato, que es quien contrata sobre la cosa en dichas condiciones, puede reputarse poseedor vicioso, puesto que si no hace tradición de ellas comete el estelionato y está obligado a indemnizar, pero el carácter de su posesión -de la que por hipótesis se desprende- dependerá de su origen o causa; si la entrega, el poseedor será el cocontratante, que por definición de los arts. 1178 y 1179 se supone de buena fe. Lo mismo surge del art. 173, inc. 9o, del Cód. Penal. Así, Freitas enumera el estelionato entre los vicios de la posesión aunque no lo define (arts. 3650 a 3653 y 3717, del Esbogo), dando a la palabra el sentido amplio que tenía en el derecho romano, receptado por las leyes españolas y que lo hacía comprensivo de todos los tipos de dolo que no constituían hurto o robo, pero que el magistrado consideraba situaciones dignas de protección. Así, por ejemplo, la adquisición a sabiendas de objetos gravados, prendados, litigiosos o ajenos. Éste es el sentido en que -a nuestro juicio- debe tomarse la palabra "estelionato". c) Abuso de confianza. Nos remitimos a lo expresado al tratar de este vicio sobre cosas inmuebles. 13. Musto, 1.

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3) CARÁCTER DE LOS VICIOS. Hemos dicho respecto a la violencia y a la clandestinidad que son vicios relativos, porque el Código así lo dispone en los arts. 2368 y 2371, pero la mayoría de la doctrina interpretativa sostiene que tal carácter es extensivo a los demás vicios, sea que se trate de cosas muebles o inmuebles, tesis que compartimos. Decir que los vicios tienen carácter relativo significa que sólo pueden ser alegados por la persona que los ha sufrido. El vicio de violencia por quien fue víctima de ella, el vicio de clandestinidad por la persona respecto de quien se tomaron las precauciones para el ocultamiento, etcétera. Por ejemplo: si A, dueño de un predio había permitido que B la poseyera pacíficamente y C, despoja a B, A, para recuperar la posesión no podría alegar la violencia cometida contra B, porque el vicio no existe a su respecto. 4) PURGA DE LOS VICIOS DE LA POSESIÓN. Resulta difícil armonizar las normas relativas a la posibilidad de purgar los vicios de la posesión, dado que el Código ha tomado disposiciones de distintas fuentes. Así la norma -ya analizadasegún la cual no se pueden cambiar por la propia voluntad, ni por el transcurso del tiempo, las cualidades ni los vicios de la posesión (art. 2354) contrasta con la del art. 3959 que admite la posibilidad de usucapir la cosa a partir del día en que se hubiere purgado el vicio de la posesión. Es evidente que, a pesar de la enfática aserción de la norma del art. 2354 citado, siendo estos vicios relativos y caducando o prescribiendo (según el caso) las defensas posesorias que podía esgrimir el anterior poseedor, el vicio quedará purgado, desde el momento en que, en virtud de la caducidad o prescripción, se vea imposibilitado o impedido de alegarlo -con éxito- el único a quien competía hacerlo. 5) ACCESIÓN DE POSESIONES. La accesión de posesiones es la posibilidad de unir o sumar la posesión que una persona ejerce o ha ejercido, con la del anterior o de los ante-

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riores poseedores. Si la sucesión es a título universal no es necesario recurrir a esta figura, ya que el heredero ocupa, respecto de los bienes, la misma posición que tenía el causante (arts. 2475, 3417 y 3418). En consecuencia se entiende que se trata de una misma posesión. Si la sucesión es a título singular pueden unirse las posesiones siempre que se reúnan los requisitos establecidos en el Código. Tal posibilidad es facultativa (parte final de la nota al art. 4005), ya que si se unen, la posesión posterior participará de las cualidades y de los vicios de la anterior y puede ocurrir que esto no convenga al nuevo poseedor. El interés en unirlas reside en la necesidad de aumentar el lapso por el cual se reputa poseedor, a los fines del ejercicio de las acciones posesorias propiamente dichas -anualidad- (art. 2474) o la de usucapir (ver art. 4005 y su nota). Para que dos posesiones puedan unirse es necesario: a) que ninguna de ellas sea viciosa; b) que no estén separadas por una posesión viciosa, y c) que la una derive de la otra, o sea que haya una transmisión de la posesión o entrega de la cosa. Estos requisitos están establecidos en los arts. 2475 y 2476 y quedan explicitados en la nota al art. 2476. 3)

P O S E S I Ó N PERFECTA O IMPERFECTA

§ 97. FUENTE. - Teniendo como fuente el Esbogo de Freitas, el Código hace mención de esta clasificación aunque sin desarrollarla plenamente, aludiendo a los poseedores imperfectos en los arts. 2552, que se refiere a quienes pueden buscar tesoros, y 2558, que regula el derecho de quien, siéndolo, ha hallado alguno. § 98. CARACTERIZACIÓN. - Si nos atenemos a la fuente, se es poseedor perfecto cuando se tiene la intención de ser dueño o condómino perfecto de la cosa. O sea cuando se ejerce la posesión con la intención de someterla a un dere-

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cho real sobre cosa propia (dominio, condominio y, podrá agregarse, propiedad horizontal, si se lo considera como un derecho real autónomo) y este derecho real es pleno o perfecto (ver arts. 2507 y 2661 y ss.), mientras que la posesión imperfecta reconocería dos modalidades o especies: cuando se trata de ejercer un derecho sobre cosa propia, pero imperfecto (revocable, fiduciario o desmembrado) o de ejercer sobre cosa ajena un derecho real de los que se ejercen por la posesión. Por ejemplo, una persona ejerce la posesión a título de nudo propietario y la otra de usufructuario. Ambos son poseedores imperfectos. El uno porque tiene intención de ejercer un dominio imperfecto, el otro porque entiende ejercer un derecho real sobre cosa ajena. A todos estos fines es indiferente que el derecho real exista verdaderamente. 4)

POSESIÓN EN SENTIDO ESTRICTO Y EN SENTIDO LATO

§ 99. BASES DE LA DISTINCIÓN. - El codificador hace mención de los dos sentidos en que se usa la palabra "posesión" en la nota al art. 2351. En el primer sentido, dice la nota mencionada, es cuando presenta todos los caracteres indispensables para que de ella deriven los derechos posesorios (ius possessionis). La posesión que sirve para la prescripción y la que da acciones posesorias adversus omnes. Al estudiar las acciones posesorias se advertirá la importancia que tiene la posesión, en sentido estricto o técnico, que se relaciona con la legitimación activa para el ejercicio de tales acciones y que debe revestir por tanto, los requisitos de anualidad, y los caracteres de pública, pacífica, inequívoca, continua y no interrumpida. Junto a ella se encuentra la posesión que, sin reunir todos los requisitos, sirve para los interdictos o acciones posesorias de oponibilidad limitada46. 46

Iiambías - Alterini, Código Civil anotado. Derechos reales, t. IV-A, p. 102.

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D)

ADQUISICIÓN DE LA POSESIÓN 1)

GENERALIDADES

§ 100. IMPORTANCIA. - Es indudable la importancia que tiene el momento en que se adquiere la posesión. Es en tal momento cuando se exteriorizan normalmente, con mayor intensidad, los elementos que la constituyen. Generalmente hay un hecho o acto, una exteriorización de voluntad que marca con nitidez el punto de arranque al cual se le atribuye el efecto de hacer adquirir la posesión. Es un momento dinámico, después del cual el hecho posesorio puede transcurrir en forma estática o sin claras manifestaciones. Es la ocasión, donde ordinariamente se revela la existencia y naturaleza de la causa possessionis, lo que determina el origen, las cualidades y los vicios que pueda tener. Asimismo, representa el punto de partida para determinar la anualidad en la posesión, presupuesto fundamental en la legitimación activa de las acciones posesorias propiamente dichas, y es -además- de singular importancia para fijar el inicio en el cómputo del plazo de la prescripción adquisitiva. En los derechos reales que se ejercen por la posesión, la adquisición de ésta, por la tradición que se hace de la cosa, tiene -en principio- valor constitutivo, con las consecuencias inherentes a la adquisición de todo derecho real, en función de las facultades y deberes que se generan, las responsabilidades y riesgos que se asumen y las prioridades referentes a la constitución de derechos reales posteriores, estas últimas en la medida en que no dependan -para su oponibilidad- de la inscripción registral. En materia de prueba, precisamente por la intensidad o nitidez con que se revelan los elementos en el acto de adquisición y también porque, con frecuencia, la causa o título por la que se accede a la posesión, aparece en relación más o menos cercana con la asunción del poder de hecho sobre la cosa, también se destaca la importancia del mo-

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mentó, especialmente cuando se trata de cosas que, por su naturaleza o forma de uso o aprovechamiento, no tendrán, más adelante, una exteriorización continua. Piénsese en una casa de fin de semana o de temporada, o en una fracción de campo que sólo se dedica a la explotación en determinadas épocas del año. § 101. PRINCIPIO GENERAL. - Al tratar de la naturaleza de la posesión hemos llegado a la conclusión de que se trata de un hecho, maguer las consecuencias jurídicas que este hecho apareja en virtud de las facultades y acciones que genera, y cuyo fundamento veremos al tratar de las razones que tiene el derecho para instrumentar su protección. Refiriéndonos a la adquisición de la posesión, tenemos que dejar claramente sentado que ésta sólo puede ser adquirida mediante actos o hechos que real, o simbólicamente, conduzcan a la manifestación de este poder de hecho de la persona sobre la cosa. Por eso, cuando se habla de transmitir la posesión, no se emplea una expresión técnicamente rigurosa, ya que no se puede transmitir un poder de hecho. Se transmiten los derechos y se entregan las cosas pero, la posesión en sí, no se transmite ni se entrega. El adquirente realiza actos materiales que revelan su voluntad, en presencia del anterior poseedor, o el que entrega la cosa realiza sus actos de desprendimiento con el asentimiento de quien la recibe. Reflejo de este criterio son, entre nosotros, las normas de los arts. 2379 y 2380. Así dice Argañarás, anotando a Salvat, que "conviene disipar un equívoco: lo que se transmite por la tradición, según el art. 2377, no es por cierto la posesión misma, sino la cosa poseída por el tradens; de modo que la tradición de la cosa, da nacimiento a la posesión del accipiens. Hay una posesión que concluye y otra que nace"47. 47 Salvat - Argañarás, Derecho civil argentino. 101, nota 27, a.

Derechos reales, t. I, p.

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Lo que exponemos debe correlacionarse con lo que estudiamos al tratar de la accesión de posesiones. Acotemos ahora, en abono de nuestra posición, que si el codificador entendiera que hay una verdadera transmisión de la posesión no se ocuparía de ésta en la forma en que lo hace (arts. 2475 y 2476). Sentado esto, queda claro que el principio general que rige en materia de adquisición de la posesión es que la posesión se adquiere cuando se asume el poder de hecho sobre la cosa con la intención de tenerla como suya. Dicha regla está expresada en el art. 2373 que, a la vez, excluye inmediatamente de tal regla general "... la adquisición de las cosas por sucesión" (se entiende que universal). En efecto, la adquisición de la posesión por los herederos no depende de acto material alguno, sino que ella se produce de pleno derecho por la muerte del causante, en virtud de la ficción según la cual los sucesores sustituyen al de cuius, obteniendo la posesión que, en este caso, se reputa como si fuera una sola, con todas sus ventajas y sus vicios (arts. 2475 y 3418). § 102. ELEMENTOS DE LA ADQUISICIÓN. - L a doctrina, en general, caracteriza a la aprehensión como uno de los modos de adquisición, cuando en realidad, en el sistema de nuestro Código, está expuesta más bien como uno de los elementos de la adquisición, que se encuentra presente en todos los modos que más adelante legisla el capítulo. Algunos autores asimilan la aprehensión a la ocupación, otros reservan esta palabra para denotar el modo de adquirir la posesión en cosas muebles, reservando el término "ocupación" para la de inmuebles, lo que contraría abiertamente la disposición del art. 2382. El vocablo "aprehensión" está usado con un estilo amplio y -aunque no parece el más adecuado para los inmuebles- resulta lo suficientemente gráfico para destacar cuál es el elemento material más simple del acto de adquisición,

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el que unido a la intención de tener la cosa como suya, convierte al autor en sujeto del hecho posesorio. Hemos dicho que es un elemento genérico y, por lo tanto, está presente en todos los modos, incluso en la tradición, aunque en cada uno de ellos ostente connotaciones propias. Pero debemos aclarar que la mera aprehensión no siempre es elemento de la adquisición posesoria sino que debe ir unida al elemento intencional antes expresado. Si hubiera otra dirección de la voluntad, como por ejemplo cuando tomo un bolígrafo prestado, para efectuar una anotación, no cabe duda de que estoy "aprehendiendo" la cosa con mis dedos pero, faltando el elemento subjetivo adecuado, no me convierto en poseedor, sino en mero tenedor de la cosa. No es óbice para la conclusión a que se llega que el Código exprese en el art. 2375 que respecto de cierta categoría de cosas la posesión se adquiere por "la mera aprehensión", porque el codificador ha partido en este caso de la manera más simple de ocupación, como veremos. "La aprehensión -dice el art. 2374- debe consistir en un acto que, cuando no sea un contacto personal, ponga a la persona en presencia de la cosa con la posibilidad física de tomarla". Es la clara recepción de la doctrina de Savigny referida al elemento corpus, a la que -por otra parte- hace referencia en la nota, centrando la atención -como lo hacía el maestro alemán- en la posibilidad física como hecho esencial de toda adquisición de la posesión. El resto de la nota respalda lo que anteriormente observamos respecto a la generalidad con que se emplea el vocablo "aprehensión", pues refiere el ejemplo de que "para tomar la posesión de un fundo, no es preciso entrar en él; porque el que se encuentra próximo y lo abraza con la vista, tiene sobre este fundo el mismo poder que el que hubiese entrado" y luego cita la parte pertinente del texto romano.

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M O D O S DE ADQUIRIR LA POSESIÓN

§ 103. CLASIFICACIÓN. - Los modos de adquirir la posesión se clasifican en originarios y derivados. Se los denomina, también, "unilaterales" y "bilaterales", respectivamente. Son originarios o unilaterales aquellos medios que prescinden de la existencia de una posesión anterior, sea que ella no haya existido {res nullius), sea porque no hay vinculación alguna respecto al anterior poseedor. En este último caso pueden darse distintos supuestos, según que la cosa hubiera sido abandonada o que ésta hubiera sido tomada contra la voluntad expresa o presunta del anterior poseedor. En los casos de posesión derivada o bilateral, la vinculación entre el tradente y el accipiente trae consecuencias importantes de las cuales se señalan fundamentalmente dos: a) en principio, la posesión del adquirente tiene los mismos alcances, extensión, ventajas y defectos que la anterior, y tí) sólo mediando esta vinculación es posible sumarlas y lograr, siempre que se cumplan los demás requisitos, que la accesión de posesiones se opere, a los fines de completar los plazos necesarios, sea para la anualidad, sea para la adquisición del dominio por usucapión. En la adquisición unilateral, por el contrario, teniendo en cuenta que se realiza mediante el acto de aprehensión, acompañado de la voluntad de la persona, sin depender del consentimiento de otra, la posesión no se encuentra teñida por ninguna de las cualidades de la posesión anterior, si es que la hubo. Es claro que, alegándose la originalidad de la posesión, no puede pretenderse la accesión con alguna relación posesoria anterior, pues sería una incongruencia. § 104. LA OCUPACIÓN. - Es un modo unilateral de adquirir la posesión. El Código Civil lo admite tanto para la adquisición de cosas inmuebles como muebles, distinguiendo varios supuestos.

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En primer lugar atiende a las cosas sin dueño y cuyo dominio es posible de adquirirse por la ocupación. Evidentemente se refiere aquí a las cosas sin dueño o abandonadas por su dueño y que están enumeradas en los arts. 2343 y 2527. No es fácilmente explicable por qué algunos autores reservan el término "ocupación" sólo para los inmuebles, cuando el Código, tan claramente en estos artículos, hace referencia a la ocupación de muebles, lo que por otra parte no está reñido con el lenguaje (ver Diccionario de la Real Academia Española, voz "ocupación", y cuarta acepción en su sentido forense). La posesión de estas cosas, según estatuye el mismo artículo, se adquiere por la mera aprehensión. Reiteramos que aunque el Código hable de mera aprehensión, ello no quiere decir que esté ausente, o que no sea necesaria la voluntad del sujeto. Las cosas que están en posesión de otra persona, o que tienen dueño, también pueden adquirirse por ocupación cuando se toman sin el consentimiento de éste, sean cosas muebles o inmuebles. Lógicamente que no mediando el consentimiento, y no estando permitido que alguien se constituya en poseedor por propia autoridad, la posesión así adquirida estará afectada de un vicio (principios de los arts. 2468 y 2469). En efecto, el art. 2382 se refiere en primer lugar a las cosas muebles expresando que, no consintiendo el actual poseedor la transmisión de ellas, se toma la posesión únicamente por el acto de la ocupación de la cosa, sea por hurto o estelionato. Luego se refiere a los inmuebles, aunque con menos claridad, pero para el mismo caso de falta de consentimiento del actual poseedor, por el ejercicio de actos posesorios, si fue violenta o clandestina. En ambos casos, el Código excluye como modo de adquisición por ocupación, la interversión del título que representa el otro caso de adquisición viciosa, caracterizada

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por el abuso de confianza y que está contemplada (no decimos permitida) en el art. 2458. Discrepamos con quienes sostienen que la posesión de los inmuebles no puede ser adquirida por ocupación porque nunca carecen de dueño ni son susceptibles de adquisición deí dominio por apropiación. Interpretamos que no están incluidos en la norma del art. 2375, como no lo están en el art. 2343 ni en el art. 2527. Por el contrario, este modo de adquirir el dominio está proscripto para ellos (arts. 2528 y 2342, inc. I o ), pero esto no quiere decir que no se pueda adquirir la posesión de un inmueble que "carezca de otro dueño". La posición con la que disentimos confunde la adquisición del dominio con la adquisición de la posesión, a lo que da pie la referencia que hace el Código en el art. 2375, pero además, conduciría al absurdo de que las cosas inmuebles que no pertenecen a particulares, y que por imperio de las normas citadas pertenecen al dominio privado del Estado, no podrían ser adquiridas por usucapión, en la medida en que su posesión no podría ser adquirida por ocupación, lo que no es exacto (art. 3951). En otras palabras, no hay para los inmuebles propiedad vacua, pero puede haber posesión vacua y, por ende, susceptible de adquirirse por ocupación. La prohibición de adquirir por prescripción el dominio de bienes inmuebles urbanos o rurales pertenecientes al Estado nacional, provincial o al erario municipal, rige en cambio para los que están situados en zonas de seguridad, según el art. 4° del decr. ley 15.385/44, ratificado por ley 12.913, según agregado introducido por la ley 22.153, art. Io. § 105. LA TRADICIÓN. - Es un modo bilateral, el único modo bilateral de adquirir la posesión. Aclaramos aquí que nos referimos a este instituto como modo de adquirir la posesión y no como modo de adquirir derechos reales, que también lo es, y sin perjuicio de que los principios aplica-

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bles no difieran, pero pueden ser distintos los efectos, según los casos. El principio está sentado en el art. 2377 que, después de expresar que la posesión se adquiere también por la tradición de las cosas, añade: "Habrá tradición, cuando una de las partes entregare voluntariamente una cosa, y la otra voluntariamente la recibiese". Como dijimos anteriormente lo que se entrega es la cosa y no la posesión. La presencia exigida de dos voluntades complementarias asigna a la tradición todo el aspecto de un acuerdo de voluntades, pero el acuerdo de voluntades por sí solo no basta, como no bastan las simples declaraciones. Es necesaria la entrega y en esa entrega, que el precepto exige que sea voluntaria, es donde reside el núcleo de la tradición (traditio quiere decir precisamente "entrega"). Pero este acto de entrega no siempre se exterioriza de la misma forma, pues la tradición no es un acto formal, pese a lo que podría interpretarse leyendo el art. 2378 cuando dice que "... se juzgará hecha, cuando se hiciere según alguna de las formas autorizadas por este Código". La naturaleza de la cosa, su situación y la relación jurídica que le da origen o fundamento pueden dar lugar a distintas situaciones. El Código se ocupa prolijamente de algunas de ellas. Primeramente expresa el Código, en la segunda parte del art. 2378, lo siguiente: "La sola declaración del tradente de darse por desposeído, o de dar al adquirente la posesión de la cosa, no suple las formas legales". Tal disposición tiene su origen en el art. 3753 del Esbogo, habiendo omitido el codificador la referencia al constituto possessorio, que la fuente efectúa en el siguiente apartado de dicho artículo. En este sentido, el Código se aparta del modelo francés, que admitía la transmisión por simples declaraciones, posición que tan acerbamente critica el codificador en la nota del art. 577.

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Los arts. 2379 y 2380 se refieren a la tradición de cosas inmuebles, describiendo las distintas maneras en que pueden llevarse a cabo los actos materiales. Éstos pueden ser realizados por ambas partes, tradente y adquirente, actos materiales del que entrega o tradente, con asentimiento del que recibe (accipiens), actos materiales del adquirente con asentimiento del que entrega o también desistiendo el poseedor de la posesión que tenía y realizando el adquirente actos materiales en presencia de él sin oposición alguna. Para que la tradición se opere, el art. 2383 exige además que, si el adquirente no se encontraba ya en la tenencia de la cosa con anterioridad, el inmueble se encuentre libre de toda otra posesión y sin contradictor a que el adquirente la tome. Se trata de lo que la doctrina llama la posesión vacua. Si el adquirente está en la tenencia de la cosa, la toma de posesión se materializa por una de las formas de tradición abreviada, que luego veremos (ver § 233 a 240). El art. 2384 enumera ejemplificativamente los actos que revelan la existencia de la posesión en materia de cosas inmuebles: su cultura (en el sentido de cultivo, cuidado, etc.), percepción de frutos, deslinde, construcción o reparación que en ellas se haga y, en general, su ocupación, de cualquier modo que se tenga, bastando hacerla en alguna de sus partes. La jurisprudencia ha ampliado esta nómina, respetando la directiva del Código referida a la necesidad de actos materiales y no meras declaraciones. La posesión de cosas muebles, dice el art. 2381, se toma únicamente por la tradición entre personas capaces, consintiendo el actual poseedor en la transmisión de la posesión. La palabra "únicamente" usada en este artículo, como el vocablo "sólo" del art. 2379, han sido objeto de críticas, ya que la tradición no es el único modo de adquirir la posesión, debiendo interpretarse que se refiere a que sólo por actos materiales se puede considerar realizada la tradición.

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Después de sentar este principio, el Código distingue varios supuestos según que las cosas muebles se encuentren presentes o no, y según se trate de cosas con valor en sí mismas o que sean representativas de valor. Si las dos partes intervinientes están presentes, la situación es clara y se aplica el principio del art. 2381, ya transcripto, siendo aún, por la naturaleza de la cosa, la exteriorización más simple que en materia de inmuebles. Pero la cosa, siendo mueble, puede no estar en presencia de las partes, o pueden los intervinientes encontrarse a distancia y ser necesario el traslado de ella, o puede estar en tránsito, o guardada en un depósito o caja cerrada, etcétera. Empezando por este último supuesto, el Código establece en el art. 2385 que bastará -en el caso- que el poseedor actual entregue la llave del lugar en que la cosa se halla guardada. No se trata de una tradición simbólica, como se ha pretendido, pues la entrega de la llave involucra la posibilidad física de acceder realmente a la cosa. La remisión de la cosa a un tercero designado por el adquirente o su colocación en un lugar que esté a su exclusiva disposición, está contemplada en el art. 2386. Tampoco se trata, en este supuesto, de una tradición simbólica, advirtiéndose que el codificador reúne dos casos completamente distintos. El primero -remisión a un tercero designado por el adquirente- cabe dentro de los modos de adquisición por representante. El segundo: "o la pone en un lugar que esté a la exclusiva disposición de éste" es una aplicación del principio de la custodia expuesto por Savigny, de lo cual se hace clara referencia en la nota: "Nosotros podemos, dice Savigny, adquirir la posesión de una cosa tan sólo porque haya sido puesta en nuestra casa, aun estando nosotros ausentes. Cada uno tiene sobre su casa un imperio más cierto que sobre cualquiera de sus bienes, y este imperio le da al mismo tiempo la custodia de todas las cosas encerradas en la casa ...".

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El art. 2388 se refiere a las cosas que no están presentes, cuya tradición se perfecciona por la entrega de los conocimientos, facturas, etc., según las disposiciones del Código de Comercio; o cuando fuesen remitidas por cuenta y orden de otro, desde que la persona que las remite las entrega al agente que deba transportarlas, con tal de que el comitente hubiese determinado o aprobado el modo de remisión. El art. 463 del Cód. de Comercio enumera varios casos que denomina de "tradición simbólica"; el inc. Io alude a la entrega de las llaves del almacén, tienda o caja en que se hallare la mercadería; el inc. 2° dice: "El hecho de poner el comprador su marca en los efectos comprados en presencia del vendedor o con su consentimiento", no se puede considerar un caso de tradición simbólica sino por el contrario real y claramente expresada. Es claro que por razones prácticas o de transporte las cosas así marcadas pueden quedar temporariamente en poder del vendedor o en sus depósitos, en cuyo caso se justificaría la previsión normativa. No olvidemos que los arts. 2379 y 2380 sólo se aplican a inmuebles y que el art. 2381 exige la transmisión de la posesión. Los incs. 3 o a 5o establecen claros ejemplos de tradición simbólica, que se materializan por la entrega de los conocimientos o cartas de porte, facturas, etc., cuando la mercadería viaja por cuenta del comprador y se ha puesto esta cláusula en dichos instrumentos, o está asentada en el libro o despacho de las oficinas públicas a favor del comprador. En materia de comercio y transporte, la multiplicidad de las transacciones a que da lugar el tráfico aludido, en las cuales es preciso determinar en forma efectiva el momento en que la tradición se produce, tiene consecuencias prácticas, en la medida en que genera responsabilidades, gastos, riesgos, etcétera. Las cláusulas varían según que

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el transporte sea terrestre, marítimo, fluvial o aéreo. Las empresas elaboran generalmente contratos tipos cuyas cláusulas imponen a sus cocontratantes, dando lugar a los llamados "contratos por adhesión". El seguro adquiere singular importancia en este tipo de transacciones y se exige o se pacta normalmente en contratos de características semejantes (por adhesión). Las normas del Código, en este aspecto, no reflejan la extrema complejidad de los problemas que se suscitan, pero ha hecho bien el legislador en efectuar la remisión al Código de Comercio. El art. 2376 hace referencia a las cosas muebles futuras. Las cosas futuras propiamente dichas no pueden ser objeto de tradición. En realidad debe interpretarse aquí no la futuridad de la cosa, sino la futuridad de la naturaleza mueble de la cosa, pues la cosa existe, pero al no estar separada del inmueble participa de esta naturaleza (hasta que se la separe), sea porque lo integre o porque se repute inmueble por accesión. Dice el art. 2376: "Tratándose de cosas muebles futuras, que deban separarse de los inmuebles, como tierra, madera, frutos pendientes, etc., se entiende que el adquirente ha tomado posesión de ellas desde que comenzó a sacarlas con permiso del poseedor del inmueble". Por ejemplo, se nos han vendido diez toneladas de canto rodado de una cantera y comenzamos su extracción en el día de la fecha, en presencia del vendedor o con su consentimiento, retirando una tonelada. Se entiende que se ha hecho la tradición de toda la cantidad antes expresada, sin que en adelante sea necesaria la presencia o el consentimiento del vendedor exigidos por la norma 2381, y en concordancia con la parte final del art. 2379. Los arts. 2390 y 2391 se refieren a la tradición de cosas representativas de valor, distinguiendo entre los instrumentos donde constan rentas nacionales o provinciales, las que corresponde se efectúen según la legislación que las ri-

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ja, y luego tres supuestos de conformidad con el tipo de acciones de que se trate: acciones nominativas, de acuerdo a los estatutos o contratos sociales; las endosables, por el simple endoso, y las acciones al portador por la simple tradición. En materia de sociedades comerciales se aplican las disposiciones de la ley 19.550, especialmente en su art. 207 y siguientes. El art. 2391 del Cód. Civil se refiere a los instrumentos de crédito que no son al portador o transmisibles por vía de endoso, y en los cuales la tradición no se juzgará hecha hasta que no fuese notificada al deudor o aceptada por él. En los transmisibles por vía de endoso, basta éste, y en los "al portador" es suficiente la entrega (art. 742, Cód. de Comercio). § 106. "TRADITIO BREVI MANU". - Cuando la cosa cuya posesión se tiende a adquirir se encuentra en poder del futuro adquirente por virtud de otra relación (p. ej.: tenencia), el Código, por razones prácticas y siguiendo los antecedentes romanos y de las Partidas, admite que se prescinda de la formalidad de la tradición. Así, si el adquirente era locatario del inmueble cuya transmisión se pretende operar en virtud de un acto jurídico, teóricamente el locatario tendría que devolver la cosa al locador en cumplimiento de las obligaciones de su contrato y éste hacerle nueva entrega a fin de instalarlo en la posesión de la cosa. El art. 2387 tiende a evitar esta doble transmisión previendo dos situaciones: a) caso en que la persona que va a adquirir, haya tenido ya la cosa a nombre del tradente y pasa, en virtud del acto jurídico a que alude la norma, a poseer por sí, y 6) caso en que la cosa sea tenida a nombre del tradente por un tercero (p.ej., locatario) y pase a poseerla en nombre de otro. El Código se refiere exclusivamente al dominio, pero concordamos con la generalidad de la doctrina, en que se aplica a cualquier transmisión de un derecho real que se ejerza por la posesión o que, por acuerdo de partes, el adquirente asuma sólo la calidad de poseedor. 14. Musto, 1.

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Como ejemplo pueden citarse del caso a, el arrendatario que haya comprado, o a quien se le ha donado el inmueble, en adelante será considerado poseedor animus domini; del caso b igualmente un inquilino, de un inmueble que ha cambiado de propietario, a quien se le notifica la transferencia, subsistiendo la relación locativa. El locatario que era representante de la posesión de una persona se transforma en representante de la posesión de otra, sin necesidad de otra formalidad. La traditio brevi manu ha sido admitida expresamente por el Código, pese a los inconvenientes que pudiera acarrear en torno a la ya deficiente forma de publicidad estructurada por el Código velezano, los que han perdido importancia con la modificación del art. 2505, por obra de la ley 17.711, que exige la inscripción registral a los fines de la oponibilidad. § 107.

"CONSTITUTO

POSSESSORIO".

- E l COnStÜUtO

pO-

ssessorio, a diferencia de la anterior, no fue receptado con tanta claridad por el codificador. Constituye otra de las formas de tradición abreviada, inversa a la anterior. Es decir, quien tenía la cosa como poseedor animus domini, se desprende de la posesión a favor de otra persona, pero conservando la tenencia de ella, por ejemplo a título de locatario, comodatario, depositario, etcétera. En tal caso, tampoco es necesario recurrir a una doble entrega. En opinión de algunos autores, el Código no habría admitido la figura y -al principio- cierta jurisprudencia desechaba su aplicación, pero actualmente es predominante la doctrina y jurisprudencia que se pronuncia por su admisión. Freitas la contemplaba expresamente, y nuestro Código se refiere a ella en el inc. 3 o del art. 2462 que considera tenedor al "que transmitió la propiedad de la cosa, y se constituyó poseedor a nombre del adquirente". Hasta las palabras "constituyó poseedor" parecen aludir claramente al nomen iuris del instituto.

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La doctrina, en general, exige para la exteriorización del constituto la existencia de dos actos. Uno por el cual el enajenante se desprende de la posesión y otro según el cual pasa a conservar la cosa como mero tenedor (p.ej., comodato). Sin embargo, bien puede suceder que este segundo acto no requiera la publicidad registral, por lo que no sería posible exigirla por vía de interpretación, pero a fin de proteger a los terceros, estos actos deben ser claros y la carga de la prueba corresponderá a quien alega su existencia. Al igual que en el caso de la traditio brevi manu, los peligros de la falta de tradición pierden importancia en los derechos sobre inmuebles que requieren, para su oponibilidad, la inscripción en el registro. § 108. ADQUISICIÓN DE LA POSESIÓN POR MEDIO DE REPRESENTANTE. - Si el Código considerara la posesión como

un derecho no tendrían razón de ser las normas referidas a la adquisición por medio de representante que pasamos a comentar, dado que, salvo excepciones, los derechos se pueden transferir por representante legal o voluntario, según el caso. El art. 2392 dice quiénes son incapaces de adquirir la posesión, pero -sin embargo- pueden adquirirla por medio de sus tutores o curadores. Luego la norma se refiere a la posibilidad que tienen las personas jurídicas de adquirir la posesión de las cosas por medio de sus síndicos o administradores para ocuparse más adelante de los casos de adquisición por representación voluntaria y por vía de gestión de negocios. Cuando hay mandato, la posesión se adquiere por la persona cuando el representante lo hace con tal intención, la que- se presume siempre que no haya una manifestación en contrario por acto exterior. Aun cuando esta última manifestación se produzca, ella es irrelevante y la posesión se adquiere para el comitente, cuando la voluntad del que

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transmite ha sido que la posesión sea adquirida por el representado (art. 2395). O sea que, en este caso, prevalece la voluntad de quien transmite, sobre la del mandatario que pretende adquirir para sí, en lugar de hacerlo para su mandante. Aclaramos que la norma está referida al mandato voluntario y especial para un negocio o conjunto de negocios jurídicos, y tiende a proteger al mandante frente a la posible mala fe del mandatario (art. 2395). Puede ocurrir que la exteriorización de la voluntad del adquirente por representante no coincida, en el tiempo, con el momento de la adquisición, lo que no quita valor a ésta (art. 2396). La norma del art. 2397 contempla la posibilidad de que no coincida el elemento subjetivo del representante con el del representado al adquirir la posesión. La determinación de cuál es la posición subjetiva que prevalece, tiene fundamental importancia, dado que en el acto de adquisición es cuando ello debe tenerse en cuenta y las consecuencias que tiene la aplicación del principio según el cual nadie puede cambiar unilateralmente la causa de su posesión, y su corolario, de que la posesión se conserva con sus cualidades y sus vicios, concordantes con la norma del art. 2358. El art. 2397 resuelve la cuestión dando prevalecencia a la buena o mala fe del representado al expresar: "La buena fe del representante que adquirió la posesión, no salva la mala fe del representado; ni la mala fe del representante excluye la buena fe del representado". Reiteramos que la norma se refiere a la representación voluntaria. Tanto en el caso de que no coincida la exteriorización de la voluntad con la toma de posesión, como en el caso de que la posesión sea adquirida por un tercero, sin mandato, en un acto de gestión de negocios, la posesión se juzga adquirida o retrotraída en sus efectos al momento de la efec-

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tiva tradición de la cosa, siempre que, en el segundo caso, sea ratificada por la persona a nombre de quien se adquirió (art. 2398). a) CAPACIDAD PARA ADQUIRIR LA POSESIÓN.

El Código la de-

termina -por exclusión- al expresar en el art. 2392, quiénes son incapaces para adquirir, en norma que se ha criticado por emplear una terminología que no ha tenido recepción en materia de incapaces al referirse a los "fatuos". Por tratarse de un hecho, la ley sólo exige la capacidad de discernimiento pero a diferencia de lo dispuesto en el art. 921, para los menores, establece como límite la edad de diez años que la norma citada prevé para los actos ilícitos, mientras que la adquisición de la posesión puede dimanar de un acto lícito. La doctrina y la jurisprudencia prevalecientes han distinguido según se trate de adquisición originaria y derivada, exigiendo -para esta última- la capacidad plena, por entender que se trata de un acto jurídico bilateral que puede acarrear serias consecuencias para sus participantes. La distinción, sin embargo, no está autorizada por la norma, y no es menos la responsabilidad que puede emerger de una adquisición por vía unilateral. Piénsese en la adquisición de la posesión de un animal silvestre y en los daños que éste pueda ocasionar a personas o cosas y se advertirá que la norma resulta igualmente criticable en este sentido. Por otra parte, la adquisición por tradición no deja de ser un hecho, sin perjuicio de que se exija la capacidad suficiente respecto de la relación substante, de la que la tradición es sólo una consecuencia. A pesar de que la norma no lo expresa, los dementes pueden adquirir en los intervalos lúcidos, aun cuando estuvieran declarados tales en juicio, porque se considera que en tales intervalos cuentan con discernimiento. b) CAPACIDAD O INCAPACIDAD DEL REPRESENTADO Y DEL REPRESENTANTE. El Código admite que se dé mandato a un inca-

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paz (art. 1897) en una disposición que contiene una verdadera excepción a la regla sobre la capacidad para contratar. Consecuentemente la adquisición de la posesión podría ser efectuada por un mandatario incapaz. Se ha juzgado que el art. 2399 contiene un error de imprenta, sosteniéndose que donde dice "mandatarios incapaces" debió decir "capaces". Pese a lo autorizado de esta opinión, coincidiendo con otros autores, sostenemos que tal error no existe. En efecto, el precepto se refiere, desde luego, a la representación voluntaria. En la representación legal la incapacidad del representado es la regla y la adquisición de la posesión puede tener lugar por el representante legal (padre, tutor o curador) rigiendo la norma del art. 2392. En la representación voluntaria, el mandato, como dijimos, puede ser dado a un incapaz y si éste es capaz de tener voluntad (rectius, discernimiento) la tradición no es nula cuando el mandante o los mandantes tienen la capacidad para otorgarla o aceptarla (art. 2399, última parte), pero si las personas entre quienes la transmisión se realiza son -a su vez- incapaces, la tradición carece de validez. La solución de la norma se explica en la medida en que los incapaces no pueden otorgar mandato por sí, aunque puedan ser mandatarios. 3) § 109.

OBJETO DE LA POSESIÓN

REQUISITOS.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA COSA. - El

objeto de la posesión es siempre la cosa, en el sentido en que la define el art. 2311 del Cód. Civil. Los bienes que no son cosas no pueden ser objeto -por lo tanto- de la posesión. La ley establece un requisito más, y es que se trate de cosas que estén en el comercio. Tal disposición no es congruente con la clasificación de cosas que hace el propio Código, pues entre aquellas cosas que sus normas consideran que no se encuentran en el comercio, ya sea por su

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inalienabilidad absoluta o relativa, hay categorías, como las que enumera el inc. 2 o del art. 2337, que lógicamente pueden ser objeto de la posesión. Por ejemplo, una persona que dona o lega una cosa con prohibición de enajenar por un término no mayor de diez años (arts. 2337 y 2612) convierte a la cosa en "inenajenable" en la expresión del Código, y, por lo tanto, la sustrae del comercio, pero ello no quiere decir que el donatario o legatario no la pueda hacer objeto de posesión. Por el contrario, ése es -generalment e - el fin querido, y obtenido de este modo, por el donante o testador: que el beneficiado tenga la cosa en posesión para sí, la disfrute y la use, impidiéndole su enajenación por el término limitado que establece la ley. La disposición se explica porque Vélez Sársfield, en este caso, abrevó en las fuentes romanas que tenían una clasificación mucho más amplia de las cosas in commercio y extra commercium. Lógicamente, la res divinas o la res publicas eran, en el derecho romano, insusceptibles de posesión. El art. 2402 dispone: "Si la cosa cuya posesión se va a adquirir se hallase confundida con otras, es indispensable... que sea separada, y designada distintamente". La norma, que ha sido reputada innecesaria, guarda relación con el art. 2389, que presume que las cosas han sido individualizadas si era cantidad o cosa incierta o, si la obligación era alternativa, que la opción ha sido hecha. En el caso del art. 2402 se requiere que la cosa sea perfectamente individualizada y separada para que la posesión sea adquirida, por ejemplo, cuando se trata de un animal que se encuentre en un rebaño. El Código se ocupa minuciosamente de la adquisición de cosas simples, partes de cosas simples, cosas compuestas y de la posesión de universalidades de hecho y de derecho, en la siguiente forma: a) Si la cosa forma un solo cuerpo, no se puede poseer una parte de él, sin poseer todo el cuerpo (art. 2405).

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b) La posesión de una cosa hace presumir la de las accesorias (art. 2403). c) Si la cosa es divisible, para poder tomar posesión de una parte de ella, es necesario que dicha parte esté material o intelectualmente determinada (art. 2410). La norma es criticable en cuanto, si la parte está materialmente determinada, la posesión se toma directamente sobre esa parte. Si la determinación es sólo intelectual (o ideal) se establece un caso de coposesión. d) En las universalidades de hecho se entiende que la posesión recae sobre cada una de las cosas componentes y no sobre el conjunto. El art. 2404 ejemplifica con el rebaño o la piara. La posesión recae sobre cada una de las cabezas de ganado ovino o porcino -respectivamente- que componen estos conjuntos. é) En las universalidades de derecho es necesario tomar la posesión de cada una de las cosas componentes. El precepto se refiere a la adquisición por tradición y no mortis causa. La doctrina ha criticado el precepto dado que es escasa su aplicación práctica. Sin embargo no se debe perder de vista que pueden darse casos de tradición de patrimonios independientes del dominio. Por ejemplo, cuando un menor hereda un patrimonio cuyo usufructo corresponderá a sus padres, mientras permanezca bajo la patria potestad, el padre no adquiere la posesión de pleno derecho por la muerte del causante de los bienes sujetos a usufructo, aunque el heredero adquiera la posesión de la herencia ministerio legis. f) Si la cosa es indivisible, y se pretende adquirir una parte, es necesario que ésta esté idealmente determinada (art. 2407). Estimamos, que igual en el caso c, se convierte en un supuesto de coposesión. § 110. POSESIÓN FUNDADA EN TÍTULO. - L a norma del art. 2411 que establece que la posesión fundada sobre un título sólo comprende la extensión del título, ha dado lugar

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a dificultades interpretativas, argumentándose sobre la regla del art. 2363 que exime al poseedor de la obligación de exhibir el título, salvo cuando exista una obligación a ello inherente a la posesión. Sin embargo, el artículo plantea un supuesto distinto. Es el caso en que lo que está en tela de juicio sea la extensión de la posesión y, como el capítulo se refiere a la adquisición de la posesión en general, la prueba del título o causa posesoria puede resultar definitoria para la solución del problema. Si el título no comprende toda la extensión pretendida, habrá que invocar y, en su caso, probar la adquisición, sobre la base de otra causa, de la diferencia no comprendida. § 111. EXCLUSIVIDAD DE LA POSESIÓN. - La exclusividad representa una nota característica de la posesión, conforme con su naturaleza, que guarda paralelismo con igual carácter del derecho de dominio, aunque no debe dar lugar a confusiones, pues -como hemos insistido- reconocen distintas esferas de influencia. La ley romana, que Vélez Sársfield cita en la nota del art. 2401, expresaba que "varios no pueden poseer solidariamente una misma cosa, porque es contra la naturaleza que cuando yo tengo una cosa se considere que tú también la tienes". El Código sienta el principio en el art. 2401, con meridiana claridad, al expresar: "Dos posesiones iguales y de la misma naturaleza, no pueden concurrir sobre la misma cosa". Pero tal principio no excluye los casos de coposesión y la posibilidad de que concurran posesiones de distinta naturaleza. En efecto, lo que la norma prescribe es la posibilidad de existencia de dos posesiones iguales sobre la totalidad de la cosa. La pretensión de ser poseedor total y absoluto de la cosa excluye la posibilidad de que otro pueda estar en idéntica situación de hecho. Parafraseando a la ley romana, podríamos expresar que ello sería como considerar

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que alguien pueda estar sentado, al mismo tiempo, en el lugar en que yo lo estoy. Cuando dos personas alegan la existencia de una posesión de la misma naturaleza sobre la misma cosa y con fundamentos diferentes o distintos títulos o causa, el juez no podría declarar la coexistencia de ambas, sin violentar este principio. Pero si alguien es poseedor como nudo propietario, resulta natural que sea otro el que posea como usufructuario. § 112. COPOSESIÓN. - L a regla antes expuesta no excluye la posibilidad de que dos personas ejerzan la posesión de una misma cosa, indivisible o indivisa, según partes intelectualmente determinadas. El contenido del derecho real de condominio tiene su reflejo, justamente con este tipo de posesión, en las que los sujetos se reconocen recíprocamente esta situación. Sin embargo, el tema no está exento de dificultades, porque quien tenga asignada una parte idealmente determinada sobre una cosa, no puede poseerla en abstracto. Su relación deberá recaer entonces sobre la totalidad de la cosa, con las limitaciones en cuanto a su uso o disfrute que son consecuencia de la propia situación de coposesión (art. 2409). El Código exige, para poder adquirir la posesión de la parte de una cosa indivisible, que la parte sea idealmente determinada, o sea, en su porción cuantitativa (un tercio, un quinto, etc.) (art. 2407). Pero quien adquiere la posesión de una parte de la cosa indivisible adquiere la posesión del todo (art. 2408). Si la cosa es divisible también es necesario, mientras permanezca indivisa, que esté determinada la parte ideal, pues no se puede poseer una parte incierta de una cosa (art. 2410). Se plantea la posibilidad de que las partes asignadas a cada poseedor no se encuentren determinadas, ejemplificándose con el caso de un legado a dos personas, dejando

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al azar la decisión de la proporción en que cada una de ellas recibirá la cosa. Savigny rechazaba la posibilidad de acceder en este caso a la posesión, pero la situación podría darse, en los hechos, cuando la determinación se defiere a operaciones o mediciones. La posibilidad de coposesión es innegable, en este caso, a pesar de lo dispuesto por el Código, pero la incertidumbre en la determinación de la cuota sólo puede revestir carácter transitorio. § 113. POSESIÓN Y CUASIPOSESIÓN. - E l principio de que dos personas no pueden tener sobre la misma cosa dos posesiones iguales y de la misma naturaleza, no excluye, como advertimos, que pueda haber dos posesiones de distinta naturaleza. Empleando el término "posesión" en un sentido amplio, comprensivo de lo que algunos autores llaman cuasiposesión, es innegable que pueden coexistir, sin superponerse, dos posesiones de distinta naturaleza, como por ejemplo el ya dado del nudo-propietario y el usufructuario. En tal caso, el usufructuario tendrá el poder de hecho sobre la cosa una vez que ha tomado la posesión de ella, o sea que se le ha entregado para uso y goce con las limitaciones emergentes de su derecho {salva rerum susbtantiá). El nudo-propietario conserva en cambio su posesión como propietario directo de la cosa, la que ejerce por intermedio del usufructuario. La diferencia se patentiza si se considera que el usufructuario, no siendo poseedor animus domini, no podría pretender usucapir la propiedad. Lo expresado respecto del usufructo es extensivo a los demás derechos reales que se ejercen mediante la posesión. El término "cuasiposesión" se ha aplicado en dos sentidos distintos: a) para distinguir la posesión {lato sensú) que ejercen los titulares de derechos reales sobre cosa ajena, o mejor dicho, cuando se ejerce la posesión con el ánimo de exteriorizar tales derechos y no con animus domin i, y 6) para calificar el hecho posesorio cuando no recae

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sobre cosas sino sobre bienes o derechos que, en rigor, no pueden ser susceptibles de posesión propiamente dicha (ver nota al art. 2400). No es pacífica la doctrina en cuanto a la admisión de la cuasiposesión dentro del Código. Para la tesis afirmativa, el argumento está dado por la referencia del art. 3961, que habla de la adquisición de la posesión o de la cuasiposesión. En otras normas se legisla sobre ella englobándola en la voz "posesión" que, en sentido lato, es comprensiva de la cuasiposesión. La tesis negativa es sostenida principalmente por Allende que destaca la amplitud que da el Código al término "posesión" con función de ejercicio y exteriorización de los derechos reales (que se ejercen por la posesión) y no sólo del dominio. Así, los arts. 2351 y 2355, a los que ya nos hemos referido; el art. 2462, inc. 4o, que se refiere al derecho de poseer la cosa del usufructuario, y otros preceptos como los arts. 2847, 2967 y 4015 que extienden la denominación "de poseedor" para los titulares de otros derechos reales. Preferimos denominar "poseedores" y no "cuasiposeedores" a los que detentan la cosa con el ánimo de ejercer derechos reales sobre cosa ajena (iura in re), pero reconocemos que es una mera cuestión terminológica. Razones de índole práctica aconsejan esta posición a efectos de evitar, en cada caso, la aclaración que determinadas acciones o facultades corresponden tanto a los poseedores (stricto sensu) como a los cuasiposeedores. 4)

CONSERVACIÓN Y PÉRDIDA DE LA POSESIÓN

§ 114. INTRODUCCIÓN. - Cabría afirmar que, si el hecho posesorio requiere de la presencia de los dos elementos que la teoría clásica considera indispensables para su existencia (corpus y animus), es lógico que la desapari-

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ción de uno de ellos, y con mayor razón la de ambos, determine la cesación de la relación posesoria. Los glosadores empleaban una expresión, aparentemente tautológica, según la cual "la posesión se retiene mientras no se pierde". Pero tal regla -como veremos- no carece de sentido en determinadas situaciones, pues expresa la idea de que, una vez adquirida la posesión (momento en que se manifiestan con mayor intensidad sus elementos), ésta se conserva, podríamos decir que por una especie de inercia, de modo que, para que se pierda, debe ocurrir un hecho o una manifestación de voluntad que, rompiendo esa inercia, revierta decisivamente la situación. La discrepancia doctrinaria de Ihering con Savigny, que se trasluce también en el tema, tiene arraigo en la interpretación de dos textos dispares atribuidos a los jurisconsultos Papiniano y Paulo, respectivamente, y versa sobre la necesidad de que deba concurrir la pérdida de los dos elementos o si basta la pérdida de uno de ellos para que se repute perdida la posesión o, en otras palabras, si la posesión puede conservarse "solo animo" o "solo corpore". En síntesis, Savigny sostiene que la posesión puede ser conservada por la simple voluntad de no abandonarla, tesis que encuentra respaldo en el texto de Paulo donde se alude al animus in contrarium actus, que denota la necesidad de una voluntad opuesta a la expresada al adquirirla. Mientras ella no se manifiesta, persisten las condiciones originarias. La teoría objetiva critica esta posición, sosteniendo que no es necesario indagar sobre la existencia de los elementos que pudieron tener importancia en el acto de adquisición, sino verificar si el poseedor continúa conduciéndose como lo haría un propietario respecto de cosas semejantes. El Código enuncia una serie de casos en que se conserva o se pierde la posesión, sobre la base de las fuentes romanas y teniendo en cuenta también las excepciones y

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reservas que Freitas estableció en el Esbogo a los principios de lógica jurídica que, de ser aplicados rígidamente, conducirían a soluciones prácticas desvaliosas. § 115. CONSERVACIÓN. - L a situación normal es que la posesión se conserve mientras se mantenga la situación en torno a los dos elementos constitutivos, pero ello nos lleva a formular ciertas aclaraciones sobre ambos. En cuanto al elemento corpus, una vez exteriorizado en el momento de adquisición, no requiere -para subsistir- que la persona continúe permanentemente en contacto material con la cosa ni que ésta esté continuamente a su alcance o disposición. La persona puede alejarse notoriamente de ella o hacer que se la traslade a un lugar lejano, sin que ello induzca a presumir la pérdida del corpus. Otro tanto cabe expresar del animus que no es una situación de continua intención de conservar la cosa en su poder, sino que basta la posibilidad de que esa intención se pueda reproducir en cualquier momento. De lo contrario, se llegaría al absurdo de sostener que la persona debiera estar continuamente pensando en las cosas que posee para retenerlas, lo que no es posible ni se corresponde con la realidad. Una persona puede estar en consecuencia alejada de la cosa, no tener presente la intención de poseerla, aun haber olvidado momentáneamente su relación con la cosa poseída o el lugar donde ella está situada. Esta aparente discontinuidad en la presencia de los elementos no configuran una discontinuidad en la posesión, porque, como dijimos, ésta se conserva por inercia y mientras no medie un acto de voluntad en contrario o una imposibilidad física definitiva de ejercerla, por pérdida de la cosa, porque ha comenzado a poseerla un tercero, etcétera. Casos que veremos inmediatamente. "La posesión -dice el art. 2445- se retiene y se conserva por la sola voluntad de continuar en ella, aunque el poseedor no tenga la cosa por sí o por otro. La

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voluntad de conservar la posesión se juzga que continúa mientras no se haya manifestado una voluntad contraria". El principio que la norma sienta es la recepción clara de la doctrina subjetiva de la necesidad de un animus in contrarium actus. Consecuencia de esta regla es que el poseedor conserva la posesión aunque haya perdido la cosa, mientras conserva la esperanza probable de encontrarla y mientras mantenga la voluntad de poseer (art. 2450) cuando la cosa permanece en el lugar donde el poseedor la guardó, aunque él no recuerde dónde la puso y aunque se trate de heredad ajena (art. 2457). Requiriéndose un acto de voluntad enderezada a desprenderse de la posesión para que ello ocurra por un acto propio y unilateral, es lógico que se exija capacidad suficiente. Por ello no se pierde tampoco la posesión cuando el poseedor se torna incapaz de adquirir la posesión. Tal incapacidad es un impedimento para que el animus in contrarium se produzca con relevancia jurídica (art. 2447). La conservación de la posesión puede tener lugar por medio de otras personas, las que pueden ejercerla por mandato o por representación legal, y subsiste aunque el mandatario o representante legal manifieste la voluntad de poseer en nombre propio (arts. 2446 y 2447) e igualmente aunque ellos abandonaren la cosa, fallecieren o se tornaran incapaces (art. 2447). Puede ocurrir que una persona que posee a nombre de un tercero tenga la cosa por medio de otra que la cree poseedora. Por ejemplo, me prestan un libro que es de una tercera persona, sin aclararme tal circunstancia, o alguien alquila una habitación, siendo -a su vez- locatario, pero callando tal relación. La posesión se conserva igualmente cuando fallecida la persona que poseía a nombre de un tercero, los herederos continúan en la posesión aunque creyeran que la propiedad y la posesión pertenecían al autor o causahabiente (arts. 2448 y 2449).

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§ 116. PÉRDIDA. - La pérdida de la posesión puede ser por causas absolutas o relativas. Se pierde en forma absoluta cuando el objeto se destruye o desaparece físicamente. Es relativa cuando se abandona la posesión o ésta pasa a ser ejercida por otra persona. La pérdida de la posesión puede derivar de causales relativas al objeto, por la voluntad de la persona que posee, o por la acción de un tercero. a) POR CAUSA RELATIVA AL OBJETO. Expresamos anteriormente que se trata de una causal de pérdida absoluta, cuando se opera la destrucción total de la cosa, o tratándose de una cosa animada, por la muerte del animal y por la transformación de la cosa en una de otra especie (art. 2451). Es claro que, destruida la cosa en forma total, desaparecido el objeto de la posesión, ésta carecerá de uno de sus elementos esenciales, pero en el caso en que la cosa se transforme, nacerá una nueva posesión en la cosa transformada. Lo mismo ocurre con el animal que muere, hay una nueva cosa, los restos del animal, que pueden tener valor o ser aprovechables y -en tal caso- tendremos otro objeto de la posesión. Se pierde también la posesión cuando hay una imposibilidad física de ejercer actos posesorios (art. 2452) o cuando hay una imposibilidad jurídica de ejercer la posesión por haberse tornado la cosa inidónea como objeto de ella. Tal el caso en que la cosa deja de estar en el comercio, requisito establecido en el art. 2400 y solución que plasma el art. 2459, sin perjuicio de la crítica que hemos formulado. Dijimos que la posesión sobre la cosa perdida se conserva cuando subsiste la esperanza de encontrarla, por la sola voluntad, y mientras esa expectativa sea probable. Por el contrario, cuando no existe ya esperanza de hallarla, la pérdida de la posesión es la consecuencia lógica. Es criticable la solución del Código en cuanto recurre a un elemento tan subjetivo como la esperanza. La fuente

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es el art. 4066 del Esbogo que, en su inc. 2°, utiliza el mismo vocablo. b) POR LA VOLUNTAD DEL POSEEDOR. En realidad, la voluntad del poseedor, aun manifiesta, no basta para que la posesión se pierda si no media un desprendimiento material del Corpus, al cual dicha manifestación de voluntad vaya unida. Este acto puede ser unilateral o bilateral. Cuando el acto es unilateral y el sujeto se desprende voluntariamente de la cosa, con intención de no poseerla en adelante, se produce el abandono de la posesión. El artículo recalca que el abandono sólo puede ser hecho por persona capaz (art. 2454). Están de acuerdo los autores en cuanto a que el abandono puede aplicarse tanto a muebles como a inmuebles, pero debe distinguirse entre el abandono de la propiedad y el abandono de la posesión, dado que las consecuencias son distintas especialmente tratándose de inmuebles, pues en tal caso el abandono de la propiedad revierte ésta al Estado. En todos los casos de abandono, la exteriorización de la voluntad debe ser clara. En caso de duda se presume que la cosa ha sido perdida y no abandonada por el dueño, si es de algún valor (art. 2530). Bilateralmente se pierde la posesión cuando se entrega la cosa a otra persona mediante la tradición, y cuando esta entrega no se efectúa con la intención de transmitir la mera tenencia. En este supuesto, transmitida sólo la tenencia, la posesión se mantiene por el sujeto, por medio del tenedor, casos del art. 2446 y siguientes. Lo expresado respecto de la tradición es aplicable, mutatis mutandi, a las formas abreviadas, o sea el constituto possessorio y la traditio brevi manu, sobre la cuales hemos expuesto. 15. Musto, 1.

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c) POR LA ACCIÓN DE UN TERCERO. Un tercero puede quitarnos la cosa, arrojarnos de nuestra posesión por medios violentos, usurparla en forma clandestina o puede -intervirtiendo el título- realizar actos exteriores que pongan de manifiesto su intención de convertir su tenencia en posesión, disponiendo de la cosa como si fuera señor de ella. En la medida en que obtenga ese efecto, nos privará de la posesión, porque dos posesiones iguales y de la misma naturaleza sobre una misma cosa, no pueden coexistir. Apenas la otra persona toma la posesión cesará (ipso Jacto) la posesión anterior. Lógicamente, estos actos no están permitidos por el Código, pero siendo la posesión un hecho, la ley los contempla determinando las consecuencias de estas actitudes, dado que -como hemos explicado- los vicios son relativos. Se tratará de una posesión viciosa, respecto de la anterior, pero será posesión al fin. El art. 2455 prevé el supuesto de que un tercero desposea al sujeto, sea que la cosa esté directamente en su poder, sea que otro la tenga en su nombre y el despojante actúe sobre él. Pero para que la desposesión se produzca, no basta que el tercero realice los hechos a que se refiere la norma, sino que debe actuar tomando la cosa con el ánimo de poseerla. La norma del artículo siguiente (2456) se refiere a la usurpación, pero no está en armonía con el resto del articulado, pues exige que el usurpador permanezca un año en poder de la cosa, confundiendo la pérdida de la posesión con la de la protección brindada al poseedor anual. Indudablemente que la posesión se pierde para el actual poseedor en el momento en que se lo desposee, pasando el usurpador a poseer la cosa, sin perjuicio de los derechos emergentes del ius possessionis. Por último, la posesión se pierde cuando la persona que poseía la cosa a nombre nuestro, es decir que era mero

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tenedor, como depositario, comodatario o locatario, se alza con la posesión cometiendo un abuso de confianza y realiza actos exteriores manifestando la intención de privarnos de ella. Es lo que describimos oportunamente como interversión del título (art. 2458). E)

EFECTOS

§ 117. INTRODUCCIÓN. - Nutrida es la polémica en cuanto a la enumeración de los efectos de la posesión y muy dispar la opinión de los autores con respecto al número de éstos. Desde autores que llevan la cifra a más de setenta, hasta quienes representan la tesis opuesta y niegan todo efecto al hecho posesorio como -entre nosotros- Legón48. Lo que ocurre es que la posesión en sí misma produce efectos muy limitados, pero ellos se multiplican cuando actúa en forma conjunta con otras instituciones que aparecen, por así decirlo, como concausa. Se advierte también que, algunos de los efectos, sólo tienen lugar respecto a determinadas clases de posesión y no son por lo tanto efectos de la posesión en general y -por ende- podría decirse que no son efectos de la posesión en sí misma. Sin embargo, la posesión nunca se da en forma pura en la realidad concreta ni tampoco en la especulación teórica, aunque en esta última se la deba aislar para su conceptuación. Posesión sin calificativo es una pura abstracción. Apenas la nombramos, debemos determinar si es legítima o ilegítima, si es de buena o de mala fe, si es viciosa o no lo es, etcétera. Savigny dedica largas páginas a demostrar que los efectos de la posesión son solamente dos y que los enumerados por otros autores no resultan ser sino el reflejo de otras 48 Legón, Tratado de los derechos reales en el Código y en la reforma, t. I, p. 91.

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instituciones que, incidiendo sobre el hecho posesorio, le dan singular relevancia. Para este autor, los únicos efectos son otorgar al poseedor el ejercicio de los interdictos y acciones posesorias, y ser condición indispensable para la adquisición del dominio por usucapión49. Otros autores lo reducen sólo al primero o consideran que el único efecto es el de hacer presumir la propiedad50. En general, nuestra doctrina, siguiendo a Salvat, añade a los dos efectos señalados y reconocidos por Savigny, otros dos de gran importancia: unido a la buena fe, crea a favor del poseedor de la cosa mueble (no robada o perdida) la presunción de propiedad, y confiere al poseedor de buena fe la propiedad de los frutos de la cosa poseída. No es difícil advertir que, en estos dos últimos casos, la posesión aparece unida al elemento buena fe61. Otros autores agregan el derecho a ser indemnizado por las mejoras introducidas en la cosa y el de retenerla hasta que se le pague tal indemnización al poseedor62. Pero se advierte de inmediato que tales derechos no emergen de la posesión en sí, sino de la realización de las mejoras o gastos hechos en beneficio de la cosa y tienen, por fundamento principal, evitar el enriquecimiento sin causa de una de las partes, en detrimento del poseedor que las efectuara a su costa, por la otra parte. Los derechos y obligaciones inherentes a la posesión, más que efectos de la posesión, mantienen una relación tan estrecha con ella que merecen el calificativo de "inherentes" que les asigna el Código en el epígrafe del Cap. III. En cuanto a los frutos, se ha observado con razón que la adquisición se produce por la percepción de ellos. Al 49 50 51 52

Savigny, Traite de la possession en droit romain, p. 5 a 25. Aubry - Rau, Cours de droit civil frangais, t. II, p. 104 y siguientes. Salvat - Argañarás, Tratado. Derechos reales, t. I, p. 204. Mariani de Vidal, Curso de derechos reales, t. I, p. 183.

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ser percibidos y tratarse de cosas muebles, a partir de ese momento, si la cosa fructífera es inmueble, el perceptor de buena fe se convierte en propietario por virtud del art. 2412, de modo que podrían aunarse la presunción de propiedad y de sus frutos, ya que la adquisición de la propiedad no será una consecuencia de la posesión de buena fe sobre el inmueble, sino de la que recae sobre el fruto, pero no se puede negar la influencia de la primera sobre la segunda, con lo cual la distinción aparece vana. En consecuencia, trataremos los efectos de la posesión mientras ella subsiste y cuando el poseedor es vencido por quien, alegando ser propietario de la cosa, triunfa en el juicio de reivindicación. 1)

E F E C T O S DE LA POSESIÓN DE COSAS MUEBLES

§ 118. CARACTERIZACIÓN. - E l legislador se ve constantemente en la necesidad de armonizar los intereses sociales con los particulares, los que facilitan el comercio o la seguridad de las transacciones con los meramente individuales, y es así como, frente a determinados principios de indudable lógica jurídica, como aquel según el cual "nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tenía por sí, o del que era titular" (de raigambre romanista), debe contemplar los que emergen de la tutela de otros valores que constituyen la base de nuestro sistema jurídico. El derecho romano, fiel al principio de lógica jurídica ya enunciado (nemo plus iuris ...), admitió la reivindicación de las cosas muebles cuando éstas habían sido enajenadas por quien no revestía la calidad de propietario. El propietario verdadero podía, pues, perseguir la cosa en manos de quien se encontrara, incluso del poseedor de buena fe, y obtener su restitución. Sin embargo, paliando los efectos que esta acción reipersecutoria podía acarrear, se estableció un sistema de usucapión breve, que varió en

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cuanto al término prescriptivo en las distintas etapas del derecho romano. En el derecho germánico, por el contrario, se contó con una regla Hand wahre Hand53, según la cual, en principio, no era posible la persecución o reivindicación de cosas muebles. Se ha sostenido que el derecho germánico influyó a través de las costumbres francas adoptándose el principio según el cual "las cosas muebles no gozan de persecución" (mobilia non habent sequelam). Por tal principio se admitía que una cosa que había sido robada o perdida resultara reivindicada por su propietario, pero tal acción no se acordaba cuando el titular se desprendía voluntariamente de la cosa por un acto de confianza. El principio fue receptado por el Código francés que en su art. 2279 expresa: "En materia de muebles, la posesión vale título. Sin embargo aquél que ha perdido o a quien ha sido robada una cosa, puede reivindicarla durante tres años, a contar desde el día de la pérdida o del robo, contra aquel en manos de quien se encuentra, salvo a éste su recurso contra aquel de quien la tuvo". § 119. ENUNCIACIÓN DEL PRINCIPIO. - E l art. 2412 sienta el principio siguiente: "La posesión de buena fe de una cosa mueble, crea a favor del poseedor la presunción de tener la propiedad de ella, y el poder de repeler cualquier acción de reivindicación, si la cosa no hubiese sido robada o perdida". La nota cita a los autores franceses Troplong, Marcado y Duranton, pero la principal fuente es la obra de Aubry y Rau, autores que son citados al principio y al final de la misma nota y de la cual han sido extraídas las soluciones del art. 2412 y los siguientes. 53 Expresión que puede traducirse "que la mano guarde la mano", lo que equivale a otra expresión que significa que se debe ir a buscar la confianza allí donde se la depositó.

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§ 120. NATURALEZA JURÍDICA. - Se ha discutido la naturaleza jurídica de esta institución pudiendo sistematizarse la de la doctrina en tres posiciones fundamentales: a) la de quienes aducen que se trata de una prescripción instantánea; 5) los que afirman que se trata de una atribución del dominio ministerio legis, o adquisición legal de la propiedad, y c) los que sostienen que es una presunción de propiedad. a) La deficiente ubicación del precepto dada por eí Código francés, entre los casos de prescripciones particulares, ha dado pie a los autores a sostener la tesis de la prescripción instantánea, lo que encierra en sí un contrasentido, teniendo en cuenta que el tiempo es uno de los elementos esenciales para la existencia de la prescripción. En efecto -como sabemos- la prescripción se funda en el transcurso del tiempo mediando una inacción del derechohabiente, que se expone -con su incuria- a perder el derecho. De allí que se prevean casos de interrupción, cuando tal inacción no se produce y el sujeto realiza alguna actividad tendiente a obtener el reconocimiento de su derecho, o la suspensión, cuando existe un obstáculo material o jurídico que impide dicha actividad. Esto en términos muy generales54. En el principio que estudiamos no se dan ni tales presupuestos, ni son posibles, de manera alguna, las presunciones de inacción que caracterizan el ámbito de la prescripción. Si estas razones son suficientes para rechazar la tesis en el Code (Código francés), con mayor razón en el nuestro, donde la ubicación de la norma es distinta: Cap. II del Tít. II, bajo el acápite de "Efectos de la posesión de cosas muebles". El codificador sigue la ubicación en el texto de Aubry y Rau, fuente del art. 2412. 54 Moisset de Espanés, El requerimiento notarial y su incidencia en el curso de la prescripción liberatoria, "Revista del Notariado", n° 734, cap. III.

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b) Atribución de dominio por la ley, la enfática expresión del art. 2412 de que el poseedor de buena fe puede repeler cualquier acción reivindicatoría, ha llevado a los autores a pensar que, siendo la acción citada emergente del derecho de propiedad, la posibilidad de repelerla significa tanto como atribuir directamente, por imperio de la norma, la propiedad al poseedor. Sin embargo, se debe hacer notar que el Código no siguió al pie de la letra el modelo francés que consagra el principio de que la posesión vale título. Principio que el codificador conocía perfectamente y lo tenía muy presente dado que lo cita en diversas notas (v.gr., nota a los arts. 2414, 2488 y 2594, en el Libro III, al ocuparse de los privilegios, en los arts. 3878, 3883, 3892 y 3909, y Libro IV, Secc. 2a, y en la Secc. 3 a , nota al art. 3948). Su insistencia no se refleja -en cambio- en la redacción de la norma que plasma la presunción de propiedad que, aunque se considere absoluta, no deja de ser tal, pese a las razones prácticas que la justifican. c) Presunción de propiedad, sin duda alguna, ésta es la doctrina seguida por el codificador. Lo revela en primer lugar el lenguaje utilizado, pues, a diferencia de su modelo, habla expresamente de "presunción de tener la propiedad". En segundo lugar porque, como expresamos anteriormente, cita a Aubry y Rau, únicos autores que consideran el principio al tratar de la posesión y, más precisamente aún, en el de los efectos de la posesión y no entre las prescripciones especiales como lo hace el Código Civil francés. En tercer lugar porque son estos autores quienes sostienen decididamente la tesis de la presunción de propiedad, quienes plantean la necesidad de la buena fe y distinguen también el abuso de confianza respecto a los delitos de hurto y robo.

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§ 121. FUNDAMENTOS DE LA NORMA. - Uno de los principales fundamentos que se dan para justificar la norma es el de la seguridad del tráfico comercial. Entre el propietario que ha confiado su objeto a un tercero y el adquirente de buena fe, la ley se inclina por la protección del adquirente, pero no solamente porque, como se ha expresado: "Donde hayas dejado tu confianza, allí la has de buscar", principio de origen germánico, sino porque el legislador ha optado por proteger a quien ha adquirido de buena fe, a quien creía propietario, frente al propietario que, con su entrega, ha creado una situación objetiva que, a falta de otra publicidad, genera una apariencia que justifica la mentada protección. Aparte de ello, entre la situación jurídica estática del anterior propietario, que reclama también la seguridad en el reconocimiento de su derecho, y la dinámica del adquirente, que ha hecho ingresar la cosa a su patrimonio, y que reclama en función de su seguridad, basada en aquella apariencia jurídica y en su buena fe, desde luego que no sin contemplar excepciones, la ley se inclina por estos últimos valores. § 122. NATURALEZA DE LA PRESUNCIÓN. - La presunción erigida por el art. 2412 es una presunción iuris et de iure, o sea que no admite prueba en contrario. Ello surge de la facultad que la ley otorga al poseedor de buena fe, de repeler toda acción reivindicatoría, siempre que la cosa no sea robada o perdida. Entiéndase bien que si la presunción es irrefragable, ello no obsta a que se exija la prueba de los presupuestos en que se funda. En tal sentido, el poseedor cuenta con dos ventajas: a) que la calidad de poseedor se presume, y 6) que la buena fe también se presume (art. 2362), pero estas dos presunciones son sólo iuris tantum, o sea que admiten la posibilidad de prueba en contrario.

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§ 123. TÍTULO ONEROSO. - La facultad de repeler la acción reivindicatoría no existe si la adquisición de la cosa se hizo a título gratuito y proviene directamente de un enajenante que estaba obligado a restituirla al reivindicante. El art. 2778 establece esta solución poniendo como ejemplo el caso del sucesor del comodatario que hubiese creído que la cosa era propia de su autor. El art. 2767, en armonía con el art. 2412, impide la reivindicación cuando el poseedor de buena fe hubiese pagado el precio a la persona a quien el demandante le hubiera confiado el objeto. Debe aclararse que quien no puede prevalerse de la presunción es el primer adquirente a título gratuito, que lo hace del enajenante que tiene obligación de restituir. No así si la cosa ha sido enajenada primeramente a título oneroso y tal adquirente la enajena a título gratuito, la reivindicación no procede en este caso, puesto que el primer adquirente había adquirido la propiedad. § 124. REQUISITOS. - Los requisitos que surgen del art. 2412 son tres: a) posesión; b) buena fe, y c) que la cosa no sea robada o perdida. A ellos habría que agregar el requisito referente a la onerosidad de la adquisición que surge de los arts. 2767 y 2778 del Cód. Civil. a) Posesión; se trata de la posesión en sentido estricto, es decir animus domini. No pueden invocar la presunción ni los titulares de derechos reales sobre cosa ajena como el usufructuario o el usuario, ni los tenedores. b~) Buena fe, definida en el art. 2356. Cuando el poseedor por un error o ignorancia de hecho no imputable, se persuadiere de la legitimidad de la posesión. Esta persuasión tiene que ser sin duda alguna (art. 4006). Se trata de la buena fe-creencia, y el poseedor goza a su favor de la presunción de tenerla (art. 2362), pero tal presunción -ya lo hemos dicho- es iuris tantum. c) Cosa no robada o perdida; en el término "robada" se comprende también la cosa hurtada y es aplicable, en el

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concepto del Código Civil, a toda "... sustracción fraudulenta de la cosa ajena, y no a un abuso de confianza, violación de un depósito, ni a ningún acto de engaño o estafa que hubiese hecho salir la cosa del poder del propietario" (art. 2766). 0 sea que si el propietario se desprende de la cosa y la entrega voluntariamente, aunque esa voluntad esté viciada, la cosa no se considera robada. Sobre las cosas perdidas se ocupa el Código en el art. 2530 y siguientes; el 2539 expresa: "Comete hurto el que se apropiare las cosas que hallare, y no procediese según las disposiciones de los artículos anteriores". En realidad, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Penal y la doctrina sobre la materia, el inc. Io del art. 175 dice "... encontrare perdida una cosa que no le pertenezca o un tesoro y se apropiare la cosa o la parte del tesoro correspondiente al propietario del suelo, sin observar las prescripciones del Código Civil", comete un tipo de defraudación menor, al igual que el que se apropiare de una cosa ajena, en cuya tenencia hubiere entrado a consecuencia de un error o caso fortuito (art. 175, incs. Io y 2o, Cód. Penal). § 125. ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS. - Los arts. 2413 y 2414 complementan lo dispuesto en el art. 2412. El primero de ellos establece que las acciones de resolución, nulidad o rescisión a que se halla sometido el precedente poseedor no pueden dirigirse contra el actual poseedor de buena fe. Las acciones a que se refiere la norma son de carácter personal y no pueden afectar al poseedor de buena fe que goza de la presunción de propiedad. La nulidad o resolución del título antecedente, no se podría invocar como fundamento de una acción reivindicatoría. Bastaría con la norma del art. 2412 para desechar tal pretensión por el adquirente de buena fe, pero el codificador ha querido reafirmar esta posición con la norma expresa del art. 2413. Tampoco la revocación del dominio sobre cosas muebles

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puede tener efecto contra terceros adquirentes o titulares de derechos reales, salvo que, por su mala fe, tuvieran obligación de restituir (art. 2671). El art. 2414 no consagra -como se ha pretendidouna excepción a la norma del art. 2412. El art. 2414 dice: "La presunción de propiedad no puede ser invocada por la persona que se encuentre en virtud de un contrato o de un acto lícito o ilícito, obligada a la restitución de la cosa". El que por el título tiene una obligación de restituir, no es en rigor poseedor de la cosa. Si la ha estado poseyendo como usufructuario o usuario, y ha cesado en el derecho, se ha convertido en tenedor de la cosa (art. 2462, inc. 4 o ), si por cualquier otro acto lícito o ilícito tiene obligación de restituir y continúa detentando la cosa sin derecho, pretendiendo tener su posesión, falta uno de los requisitos del art. 2412, cual es la buena fe. § 126. EXCEPCIONES. - Una excepción en relación con el objeto es la que contempla el Código en el art. 2415, referida a las cosas muebles pertenecientes al Estado nacional o a los Estados provinciales, otras son agregadas por leyes especiales. a) EL ARTÍCULO 2415 DEL CÓDIGO CIVIL. Se ha sostenido que el artículo se refiere solamente a las cosas muebles pertenecientes al dominio público de los Estados. De ser así la norma no tendría sentido alguno pues las cosas pertenecientes al dominio público están fuera del comercio por su inalienabilidad absoluta y, por lo tanto, no pueden ser, en principio, objeto de posesión (art. 2400). Aparte de ello la disposición no distingue y, por tal razón, no podríamos realizar una interpretación restrictiva que nos llevaría a una conclusión absurda. Otro supuesto que no importa una verdadera excepción lo constituye la parte segunda del art. 2415, que ex-

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presa que no puede ser invocada la presunción respecto de las cosas accesorias de un inmueble reivindicado. Las cosas accesorias de un inmueble no son muebles (aunque lo sean por su naturaleza) al haber perdido su condición de tal, convirtiéndose en inmuebles por accesión (arts. 2316, 2320, 2321 y correlativos). Su condición de accesorias, por otra parte, impide que sean reivindicadas independientemente de la cosa a que acceden, aunque lleguen a separarse de las principales. Se entiende que mientras no hayan perdido su condición de accesorias (art. 2762). La doctrina, siguiendo a Salvat, expresa que las cosas no pueden ser reivindicadas cuando son separadas indebidamente y correlaciona este artículo con el art. 2766. Se debe distinguir: si la separación indebida se materializa a través de hurto o robo, la presunción del art. 2412 no se aplica, no sólo por la excepción del art. 2415, sino porque ella (la presunción) no comprende las cosas robadas o perdidas. Si, por el contrario, se trata de un acto de abuso de confianza respecto de quien era tenedor del inmueble, como el locatario, la presunción funciona, ya que las cosas han recobrado su carácter de muebles. Quien no puede prevalerse de la presunción es el poseedor del inmueble reivindicado, vencido en la reivindicación, respecto de las cosas muebles, convertidas en inmuebles por accesión moral, alegando que entró a poseerlas de buena fe. Cuando el propietario de un fundo o edificio hipotecado enajena los muebles accesorios de él (y comprendidos por lo tanto en la garantía) y los entrega a un adquirente de buena fe, el acreedor hipotecario no puede perseguirlos, aunque la enajenación vaya en detrimento de su garantía, conservando -en tal caso- sólo las facultades de los arts. 3158 y 3159, extensión hecha por el art. 3160, pero se debe aclarar que no se trata de una enajenación y correlativa adquisición a non domino, puesto que -por hipótesis- el

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propietario del inmueble es también propietario de los accesorios, aunque reconozcan gravámenes. Otro tanto sucede con las cosas pertenecientes al locatario, y que se encuentran en la finca locada, sobre las cuales el locador tiene el privilegio que consagra el art. 3883 del Cód. Civil, con las modificaciones de la ley 12.296 y las excepciones allí previstas. La enajenación que efectúa el locatario no es a non domino, pues, también por hipótesis, lo hace como propietario de la cosa, pero a diferencia del caso del párrafo anterior, el acreedor privilegiado puede perseguir las cosas durante un mes, haciéndolas embargar en poder de quien se encuentren, aunque sea de buena fe. No se trata de una reivindicación de la cosa que haga a la propiedad, que ha sido transmitida realmente, sino de una carga real, pudiendo el poseedor de buena fe conservar la propiedad de la cosa libremente, si desinteresa al acreedor, abonando la deuda. b) EL CÓDIGO DE COMERCIO Y LEYES ESPECIALES. Han creado registros respecto de cosas o derechos siendo, en algunos casos, la inscripción obligatoria y, en otros, facultativa. La ley 17.711, aparte de exigir para la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, la inscripción en el registro a los fines de la oponibilidad, vino a reconocer también la existencia de cosas muebles registrables, y a darle distinto tratamiento en cuanto a los requisitos para su enajenación (art. 1277) y en cuanto al régimen de prescripción (4016 bis). Al ocuparnos de la clasificación de las cosas hemos hecho referencia a esta nueva categoría, que tiende a adquirir mayor importancia, en la medida en que la riqueza mobiliaria crece en función de la industrialización, la automatización, la informatización, etc., de su valor económico y de la generalización de su adquisición y transferencia a amplios sectores de la sociedad. La necesidad de garantizar las operaciones con esta clase de bienes ha contribuido funda-

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mentalmente a poner de relieve la conveniencia de estructurar los registros. El principio del art. 2412 pierde paulatinamente terreno en lo referente a estas categorías de cosas, aunque no siempre las leyes son claras al determinar la excepción. Nos referimos a las principales. 1) BUQUES. El art. 155 de la ley 20.094 establece que los buques son bienes registrables, sometidos al régimen jurídico que dicha ley consagra y el art. 156 establece que todos los actos constitutivos, traslativos o extintivos de la propiedad o de otros derechos reales de un buque de diez toneladas o más de arqueo total, o sobre una o más de sus partes en copropiedad naval, deben hacerse por escritura pública o por documento privado autenticado, bajo pena de nulidad. A su vez, el art. 159, para los buques de inferior tonelaje, establece la formalidad del instrumento privado con las firmas de los otorgantes certificadas y el deber de inscribirlo en el Registro Nacional de Buques. Tanto el art. 158 como el art. 159 establecen que tales actos sólo producen efectos con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el registro, dándole así a la inscripción, carácter declarativo. En las ventas de buques se puede celebrar el pacto de retroventa o de reventa (art. 161, ley 20.094). Establécense además las prescripciones de tres años con buena fe y justo título y de diez faltando dichos requisitos. Tales normas también son aplicables a otros artefactos navales, definidos por el art. 2o de la ley 20.094. La ley establece además las formas de individualización de los buques y de los artefactos navales (arts. 43 a 50), por su nombre, número, puerto de matrícula y tonelaje de arqueo, datos que también deben expresarse al constituir derechos reales de garantía. 2) AERONAVES. Las convenciones de París de 1919 y de Chicago de 1944, que la República Argentina ratificó

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oportunamente, previeron la organización de registros de inscripción y matriculación de aeronaves organizados sobre bases nacionales. El antiguo Código Aeronáutico (ley 14.307) organizó el Registro Nacional de Aeronaves, donde debían inscribirse las transferencias de dominio y los actos enumerados en su art. 38, sin cuyo requisito no quedaban perfeccionados entre las partes ni producían efectos contra terceros, es decir, con carácter constitutivo, aduciéndose en la discusión parlamentaria que ello era "consecuencia del carácter especial de este bien mueble que se aparta de las disposiciones comunes del Código Civil". El Código Aeronáutico vigente (ley 17.285, reformado por ley 22.390) organiza el registro en su Cap. IV, expresando que las aeronaves son cosas muebles registrables y establece la necesidad de inscribir los actos, contratos o resoluciones que acrediten la propiedad de la aeronave, la transfieran, modifiquen o extingan; las hipotecas sobre aeronaves y sobre motores; los embargos, medidas precautorias e interdicciones que pesen sobre ellas; las matrículas con las especificaciones adecuadas para individualizarlas y los certificados de aeronavegabilidad; los contratos de locación de aeronaves; los estatutos o contratos sociales de las entidades propietarias y el nombre de sus directores o administradores y, en general, cualquier acto jurídico que pueda alterar o se vincule a la situación jurídica de la aeronave. El registro es público y cualquier interesado puede obtener copia certificada de sus anotaciones (art. 47). Dicho Código estableció una importante modificación en cuanto al carácter de la inscripción que dejó de ser constitutiva para volver a ser declarativa ya que los actos o contratos a que se refieren los incs. Io, 2°, 6o y 8o del art. 47 no producirán efectos sobre terceros si no van seguidos de la inscripción. Los contratos y demás actos realizados en el país deben ser hechos por instrumento público o privado debida-

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mente autenticados. Los realizados en el extranjero y destinados a producir efectos en la República deberán ser hechos por escritura pública o ante la autoridad consular argentina (arts. 49 y 51). En cuanto al cambio al efecto declarativo de la inscripción, la exposición de motivos expresa que "se liberaliza el régimen, eliminándose el requisito de la inscripción en el registro para que los contratos se consideren perfeccionados entre las partes, puesto que en la práctica esta exigencia se reveló inoficiosa. Con ello se vuelve a la verdadera finalidad del registro; es decir, la publicidad con miras a resguardar los intereses de terceros". La ley 17.743 prevé la inscripción provisoria de las aeronaves que, siendo de propiedad de un organismo público internacional del que la Nación sea Estado miembro, sean facilitadas para uso de dependencias del Estado nacional, de los Estados provinciales o de las municipalidades. 3) AUTOMOTORES. Representan una importante categoría de cosas muebles registrables. El art. 5o enumera cuáles vehículos se consideran automotores a los efectos del decr. ley 6582/58, ratificado por ley 14.467 y modificado por leyes 22.977, 23.077 y 24.673. En octubre de 1997 se publicó un texto ordenado, según decr. 1114/97. El art. Io establece el carácter constitutivo de la inscripción. La transferencia de la propiedad no se opera hasta tanto ella no se produzca. La ley no exige para la celebración del contrato sino el instrumento privado, el que puede ser extendido en los formularios que provee el propio Registro, certificándose las firmas por los funcionarios que establezca el organismo de aplicación, cuando no se suscribieran ante el encargado del registro (art. 13). El art. 2o reafirma el carácter constitutivo estableciendo que la inscripción de buena fe de un automotor en el Registro, confiere al titular la propiedad del vehículo y el poder de repeler cualquier acción reivindicatoría si el auto16. Musto, 1.

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motor no hubiese sido hurtado o robado. La reivindicación procede en este último caso con derecho de reembolso al que lo tiene inscripto a su favor de buena fe (art. 3 o ). A su vez el art. 27 sanciona la responsabilidad de la persona a cuyo nombre figura inscripto estableciendo una presunción a ese efecto, norma de gran importancia ante la frecuencia de los accidentes de tránsito y las responsabilidades que generan los daños que provocan a personas y cosas. Con la reforma introducida por la ley 22.977, el transmitente puede eximirse de responsabilidad comunicando al Registro que ha hecho tradición de la cosa, que opera la revocación de la autorización para circular y el eventual pedido de secuestro si la inscripción no se realiza en el plazo de treinta días. El art. 4° del t.o. por decr. 1114/97 establece la posibilidad de adquirir por prescripción la propiedad de un automóvil hurtado o robado por parte de quien lo tiene inscripto a su nombre y lo ha poseído de buena fe y en forma continua transcurridos dos años. La ley armonizó esta norma con la disposición del art. 4016 bis del Cód. Civil, agregado por la ley 17.711, en cuanto al plazo de la prescripción. Si el automotor no está inscripto a nombre del pretendido usucapiente, el término no corre y tampoco podría alegarse la buena fe. En esta materia no hay tampoco prescripción larga. 4) EQUINOS DE PURA SANGRE DE CARRERA. La ley 20.378 estableció la inscripción de tales equinos en los registros genealógicos reconocidos por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, a los fines de acreditar su origen como animales de pedigree y la propiedad a favor del titular. El carácter de la inscripción es constitutivo, según el art. 2° que establece que sólo se perfeccionará, entre las partes y respecto de terceros, la transmisión del dominio, mediante la inscripción de los respectivos actos en los registros mencionados, estando habilitados éstos para anotar

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también las medidas precautorias, gravámenes y otras restricciones al dominio convenidas entre las partes u ordenadas judicialmente. La misma ley declara inaplicables a este tipo de cosas la prohibición del pacto comisorio en la venta de cosas muebles (art. 1374) y la norma del art. 1429 que impedía pedir la resolución de la venta. 5) SEMOVIENTES. Al definir las cosas muebles, el art. 2318 involucra en ellas tanto a las que pueden moverse por sí mismas como a las que sólo se mueven por una fuerza externa. Los semovientes, animales en general, son entonces, como ya lo hemos precisado, cosas muebles. No se plantea problema respecto de los animales domésticos a los que llamaríamos "caseros", tales como perros, gatos, canarios; ni tampoco para otro tipo de animales que se crían con fines lucrativos: aves de corral, conejos, chinchillas, etcétera. Todos ellos son reputados cosas muebles a las cuales se les aplica lisa y llanamente la presunción del art. 2412. El ganado mayor: bovino, equino, mular; y el ganado menor: ovino, caprino, porcino, etc., han dado lugar en cambio a distintos problemas, en virtud de que, aun antes de la sanción del Código Civil, existía un sistema de marcas (para el ganado mayor) y señales (para el menor) que continuó siendo legislado por las provincias, haciéndolo por su parte igualmente el Congreso nacional, pero por ley con carácter local, de aplicación en los entonces territorios nacionales. El tema ha suscitado desde hace mucho tiempo la preocupación de los juristas, y no es para menos, dada la importancia que la ganadería tiene en el país. Llama poderosamente la atención que el codificador no haya hecho mención alguna del sistema de acreditación del dominio y demás derechos reales sobre ganados, cuando se preocupa de legislar, por ejemplo, el usufructo de esa especie.

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Los registros de marcas y señales que funcionaban sobre la base de los códigos rurales dictados por las provincias y que habían merecido la tacha de inconstitucionalidad, por parte de gran parte de la doctrina y la jurisprudencia, merecieron la atención del Gobierno nacional (de facto) que (en las postrimerías de su gestión) dictó la llamada ley "de marcas y señales del ganado". En efecto, en octubre de 1983, por ley que lleva el número 22.939 se dio el paso necesario para constitucionalizar un sistema que ya tenía -por cierto- hondo arraigo en todo el territorio de la Nación y, en lo que nos concierne, resolver el problema de fondo en cuanto a la atribución de propiedad del ganado. La ley citada da los conceptos de "marca" y "señal" en su art. Io diciendo: "La marca es la impresión que se efectúa sobre el animal de un dibujo o diseño, por medio de un hierro candente, de marcación en frío o de cualquier otro procedimiento que asegure la permanencia en forma clara e indeleble que autorice la Secretaría de Agricultura y Ganadería. La señal es un corte o incisión, o perforación, o grabación hecha a fuego, en la oreja del animal". Se consagra la obligación de todo propietario de hacienda de marcar el ganado mayor y señalar el ganado menor, exceptuándose los animales de raza en los que la marca o señal puede ser sustituida por tatuajes o reseñas, según su especie (art. 6o). Esta obligación deberá cumplirse en el ganado mayor dentro del primer año de vida y en el ganado menor antes de los seis meses de edad (art. 7o). La ley resuelve el problema de fondo, tan debatido hasta entonces, sobre la propiedad del ganado y su prueba estableciendo en el art. 9o: "Se presume, salvo prueba en contrario, y sin perjuicio de lo dispuesto en el título IV de la presente ley que el ganado mayor marcado y el ganado menor señalado, pertenecen a quien tiene registrado a su nombre el diseño de la marca o señal aplicada al animal".

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En el segundo párrafo establece igual presunción para las crías, mientras estén al pie de la madre respecto del propietario de éstas. Se establece que la propiedad de la hacienda orejana (es decir, sin marca) o con marca que no es suficientemente clara, queda sometida al régimen de propiedad común sobre cosas muebles y que la propiedad de los ejemplares de pura raza se probará por el certificado de inscripción en los registros genealógicos (art. 11), estableciendo que para que se perfeccione la transmisión del dominio el acuerdo de partes deberá inscribirse en dichos registros (art. 14). También regula la ley la forma de transmisión que debe instrumentarse por certificado de adquisición autenticado por la autoridad local competente y que deberá contener los recaudos establecidos en el art. 13 disponiendo asimismo que para el tránsito es obligatorio el uso de guías expedidas de acuerdo a las disposiciones locales (art. 16). La ley excluye expresamente los equinos de pura sangre, regidos, como expresamos en el acápite anterior, por la ley 20.378. 2)

E F E C T O S DE LA POSESIÓN MIENTRAS SUBSISTE

§ 127. DERECHOS QUE ATRIBUYE. - En primer lugar y, ante todo, la posesión atribuye al poseedor -aunque sea de mala fe- el derecho de continuar en la posesión (possideo quia possideo), mientras no recaiga sentencia de juez que le prive de ella. Ello puede ser, como veremos más adelante, a consecuencia de un juicio de reivindicación (petitorio) o de un juicio posesorio o interdicto. También mientras subsiste la posesión da al poseedor una serie de facultades, pero a su vez le asigna deberes y obligaciones, los que son consecuencia de su relación con la cosa. Los estudiaremos por separado.

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POSESIÓN Y TENENCIA 3)

E F E C T O S DE LA POSESIÓN SUCEDIDA. L A REIVINDICACIÓN DE LA COSA

§ 128. INTRODUCCIÓN. - Debemos ubicarnos en el supuesto de una persona que haya estado poseyendo una cosa (mueble o inmueble) y es demandada por reivindicación. Una vez sustanciado el juicio, lo que lógicamente insume un tiempo, recae sentencia que hace lugar a la demanda la que, una vez firme (por no haber sido recurrida) o ejecutoriada (por haberse agotado los recursos contra ella), hace cosa juzgada. En otras palabras, la pretensión reivindicatoría ha triunfado y deben resolverse múltiples cuestiones que ha generado la posesión, que la sentencia ha determinado ilegítima, dado que de lo contrario la demanda no hubiera prosperado. Esa situación ha generado -decimos- obligaciones y derechos para el poseedor vencido, frente al propietario vencedor. El Código distingue el período anterior al momento de la citación a juicio, del posterior a dicho acto, a los efectos de determinar: a) el derecho sobre los frutos; 5) el derecho al reembolso de las mejoras y gastos efectuados por el poseedor; c) la posibilidad de ejercer por tal acreencia el derecho de retención; ei) la responsabilidad por las pérdidas y deterioros sufridos por las cosas; e) el reembolso por disposición de cosas muebles accesorias, y / ) el reembolso de los productos extraídos de la cosa. Para ello tiene en cuenta: a) las cualidades de la posesión según la clasificación estudiada (buena fe, mala fe simple o mala fe viciosa); 6) el carácter de las mejoras (necesarias, útiles o voluptuarias); c) el de los gastos (útiles, necesarios o simplemente conservatorios); d) las causas de las pérdidas o deterioros sufridos por la cosa (por acto voluntario, culpable o por hecho debido a caso fortuito o de fuerza mayor), y e) si la cosa se hubiera deteriorado o perdido estando igualmente en poder del propietario.

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Todas estas pautas crean una gama de situaciones que el Código ha legislado prolijamente al graduar, en cada caso, los derechos y responsabilidades del poseedor en base a dichos parámetros. Lógicamente, el primer deber del vencido es restituir la cosa demandada con todos sus accesorios, pero el legislador no ha podido dejar de contemplar las circunstancias de que, mientras la cosa ha permanecido en poder del poseedor (antes de la citación a juicio) y mientras dura el proceso judicial que -como expresamos- puede ser largo (el trámite es ordinario), se retiran productos, se extraen frutos, se efectúan mejoras, se suscitan riesgos, se ocasionan pérdidas y deterioros, se realizan gastos, en fin, situaciones patrimoniales que generan acreencias por resarcimiento, compensaciones y la posibilidad de ejercer -según los casos- derecho de retención, y para lo cual no se debe perder de vista la aplicación de algunos principios como: a) el de evitar un enriquecimiento (o empobrecimiento) sin causa; fe) el disfavor que merece el poseedor de mala fe, y con mayor razón al poseedor vicioso, y c) que quien obtiene los frutos, lógicamente debe cargar con los gastos que origina su percepción. Armados de estas pautas y elementos, procederemos a analizar los distintos supuestos. § 129. PRECIO PAGADO E INDEMNIZACIÓN. - El poseedor de buena fe que ha adquirido la cosa de un tercero, a título oneroso, y sufre la reivindicación de ella, no tiene derecho a reclamar el precio pagado a quien se la vendió. Sin embargo, el art. 2422, que sienta este principio, establece también una excepción y es el caso del propietario que, de no haber mediado la adquisición por el reivindicado, difícilmente hubiera podido recuperar la cosa. Pero la norma tampoco estatuye el derecho a reclamar el precio sino sólo una indemnización proporcionada.

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El supuesto no es asimilable al caso de la obligación de dar cosas ciertas, regulados en los arts. 574 a 590 del Cód. Civil, en sus distintos aspectos. Tampoco tiene relación el caso con la recompensa debida a quien encuentra una cosa perdida (art. 2533). Como ejemplo cítase el caso de una persona que adquiere la cosa a quien se aprestaba a llevarla a un país extranjero. La excepción está fundada en motivos de equidad, pues corresponde tener en cuenta los gastos que -en tal casohubiera tenido que efectuar el propietario para recuperarla. Sólo puede referirse a cosas muebles robadas o perdidas, dado que en las demás, adquiridas a título oneroso, la reivindicación contra el poseedor de buena fe no procede, y el de mala fe está excluido de la excepción. Es prácticamente imposible que se dé el supuesto en materia de inmuebles, aunque el Código no distingue55. § 130. FRUTOS. - La nota al art. 2329 contiene un concepto de fruto y lo distingue claramente del producto. Según ella: "Frutos son los que la cosa regular y periódicamente produce sin alteración ni disminución de su sustancia"; por el contrario, dice: "... producto de la cosa son los objetos que se separan o se sacan de ella y que una vez separados, la cosa no los produce, y que no se pueden separar de ella sin disminuir o alterar su sustancia", citando como ejemplo de productos "... las piedras sacadas de una cantera o el mineral sacado de las minas". Mientras los frutos estén unidos a la cosa fructuaria forman un todo con ella y, según el Código, no se reputan accesorios de la cosa (art. 2329 y principio de la nota, también nota al art. 3239). 55 Highton, Derechos reales, vol. I, p. 177; Alterini, Obligaciones y derechos del poseedor de buena fe y de mala fe ante una reivindicación triunfante, en "Estudios en homenaje a Moisset de Espanés", p. 28 y 29.

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El Código distingue tres tipos de frutos: los naturales, los industriales y los civiles. En cuanto a las dos primeras clases, la división no tiene consecuencias prácticas importantes porque se les da un tratamiento semejante. Los primeros son -dice la norma- las producciones espontáneas de la naturaleza; los segundos, los que no se producen sino por la industria del hombre o por la cultura de la tierra. Los frutos civiles son las rentas que la cosa produce. El art. 2330 completa la idea de frutos civiles, cuando expresa que son los que provienen del uso y goce de la cosa que se ha concedido a otro (el interés de un préstamo en dinero, el monto del alquiler de un inmueble, etc.) y también los que provienen de la privación del uso de la cosa (p.ej., la indemnización debida por la imposibilidad de usar un automotor dañado por culpa de otro). Agrega también que son frutos civiles los salarios u honorarios del trabajo material o del inmaterial de las ciencias. También distingue la ley entre frutos percibidos y frutos pendientes. El fruto se considera percibido cuando se alza o separa de la cosa fructuaria. El acto de la percepción es juzgado por el Código como un modo de adquisición del dominio; luego veremos con qué alcance. En los frutos naturales o industriales, el art. 2425 no formula otra aclaración, pero respecto de los civiles, dice que se juzgarán percibidos cuando fueren cobrados y recibidos y no por días. O sea que si ha cesado el derecho a percibirlos y no se han percibido, aunque se encuentren devengados, no se consideran percibidos. Por ejemplo, he percibido el precio del alquiler de una finca correspondiente al mes pasado y ceso en el derecho de poseer a partir del 15 del actual; la renta devengada entre el uno y el quince del mes no se considera percibida, con las consecuencias prácticas que luego veremos. Una excepción la constituye el art. 2865 que asigna al usufructuario los frutos civiles "día por día... aunque no los hubiese percibido".

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En principio y, como es de toda lógica, el propietario de la cosa es el propietario de los frutos, cualquiera que sea su naturaleza. Lo era cuando estaban unidos a ella y lo sigue siendo cuando los extrae (art. 2522). Pero ello no es siempre así pues el propietario puede haber desmembrado su derecho, por ejemplo cuando ha dado la cosa en usufructo es el usufructuario quien percibe los frutos y legítimamente se convierte en propietario de ellos. Lo mismo ocurre en el uso, aunque el derecho a percibirlos sea limitado a las necesidades del usuario y su familia. En estos supuestos nos encontramos con una posesión ejercida legítimamente y con una extracción de los frutos también basada en derechos constituidos del mismo modo, y por ello, el acto de percepción da lugar también a un derecho indiscutible. Pero no ocurre lo mismo con los poseedores ilegítimos, donde la situación no aparece tan clara, pues nos encontramos ante un sujeto que posee la cosa y extrae los frutos y, aunque actúe de buena fe, lo hace sin derecho, frente a un propietario que -como tal- tiene, según el principio antes expuesto y según el orden natural de las cosas, el derecho a esos frutos. El legislador distingue las diversas situaciones: a) poseedor de buena fe; 5) poseedor de buena fe que no conserva la buena fe, por ejemplo por haberse enterado de la ilegitimidad de su posesión; c) poseedor de buena fe, después de la citación al juicio de reivindicación (si la demanda prospera); d) poseedor de mala fe simple, y e) poseedor de mala fe vicioso. El Código regula la materia atribuyendo, según el caso, la propiedad de los frutos u ordenando su restitución o reembolso, determinando a quién corresponde el pago de los gastos aplicados en su producción y estableciendo la responsabilidad por los frutos dejados de percibir. a) POSEEDOR DE BUENA FE. Hace suyos los frutos percibidos que correspondiesen al tiempo de su posesión (art.

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2423), son a su cargo los gastos para la simple conservación (art. 2430); aunque el Código dice que son compensables no se trata de una compensación verdaderamente sino de la aplicación de un principio de equidad. Si tiene el derecho de quedarse con los frutos, lógico es que pague los gastos conservatorios de la cosa. b) POSEEDOR DE BUENA FE QUE NO LA CONSERVA. Podríamos referirnos a él como a un poseedor de buena fe "malicioso", aunque aparente una contradicción. Pero ocurre que hay que atenerse al momento de la buena fe y es distinto -como ya expresamos- aquel que debe tomarse en cuenta a los fines de considerar la buena o mala fe en la posesión de la cosa en sí (p.ej., para la prescripción), bastando que exista en el momento de la adquisición de la posesión; en cambio, para la percepción de los frutos se toma en cuenta cada acto de percepción (ver art. 2358 y su nota). Por eso seguimos llamándolo poseedor de buena fe, aunque el elemento calificante haya variado, porque lo sigue siendo a otros efectos (art. 4008), pero el codificador le niega el derecho a quedarse con los frutos (art. 2423). Para el caso, la norma lo trata como si fuera un poseedor de mala fe. Las soluciones son las mismas en lo referente a gastos y responsabilidades. c) POSEEDOR CITADO A JUICIO DE REIVINDICACIÓN. El poseedor de buena fe que ha sido condenado a restituir la cosa, debe los frutos percibidos desde el día en que se le hizo saber la demanda. El Código no lo considera lisa y llanamente de mala fe cuando ha sido citado a juicio, pero tampoco puede considerarlo totalmente de buena fe en la medida en que ha tomado conocimiento del juicio y especialmente de los fundamentos de la pretensión del reivindicante, y máxime teniendo en cuenta que, por hipótesis, esa pretensión triunfa, pues éste es el supuesto contemplado. Al tener conocimiento -decimos- de los fundamentos de la

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pretensión, su buena fe ya no pudo quedar incólume, sino que alguna duda debió suscitar en su conciencia, o en su entendimiento, el fundamento de la pretensión incoada. Seguramente el reivindicante ha presentado títulos mejores, pues de lo contrario no habría prosperado la demanda56. Pero el tratamiento no es igual al de mala fe, porque éste debe los frutos que dejó de percibir por su negligencia y los que el demandante hubiera podido percibir; en cambio, el del supuesto que comentamos, no debe responder por estos últimos (comparar el art. 2433 con el 2439). Distinto también es el tratamiento por la responsabilidad por ruina o deterioro de la cosa (ver § 133). Aunque el Código no lo dice, si está obligado a restituir los frutos (o reembolsarlos), puede reclamar los gastos, solución que se aplica al de mala fe y, por lo tanto, a fortiori, al de buena fe notificado de la demanda. Nos referimos a los gastos de cultivo, cosecha, o extracción de los frutos, etc. (art. 2438). En resumen, debe restituir los frutos a partir de la citación a juicio y responder de los que dejó de percibir por su negligencia. No responde por los que el demandante hubiera dejado de percibir (estando la cosa en su poder) y puede reclamar los gastos. d) POSEEDOR DE MALA FE SIMPLE. Debe los frutos percibidos durante su posesión, o a partir del momento en que cesó la buena fe al tener conocimiento "del vicio de su posesión", dice el art. 2434, aunque debió decir de la ilegitimidad de su posesión, ya que puede ser que ésta no sea viciosa. Responde también por los frutos que, por su cul56 La doctrina predominante no equipara al poseedor de buena fe citado a juicio, con el de mala fe. Alterini cita la opinión discrepante de Molinario. Ver Alterini, Obligaciones y derechos del poseedor de buena fe y de mala fe ante una reivindicación triunfante, en "Estudios en homenaje a Moisset de Espanés".

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pa, hubiera dejado de percibir y aun más, por los frutos civiles que el propietario hubiera podido extraer de una cosa no fructífera (arts. 2438 y 2439). La norma del art. 2443 establece una presunción al aclarar que no siendo posible establecer el tiempo en que comenzó la mala fe se estará al día de la citación a juicio. Debe interpretarse que el artículo parte de la base de que ha sido probada la mala fe, y que no se puede precisar el comienzo o momento inicial de ella. Es un criterio supletorio ante la falta de prueba del comienzo de la mala fe. La citación a juicio no tiene otro efecto que el establecido en el art. 2433, al cual acabamos de referirnos. e) POSEEDOR DE MALA FE VICIOSO. En el rubro que tratamos tiene un tratamiento similar al poseedor de mala fe simple. No ocurre lo mismo en otros rubros. § 131. PRODUCTOS. - Ya hemos hecho la distinción entre frutos y productos. Siendo estos últimos objetos que se extraen de la cosa, disminuyéndola en su cantidad o alterándola en su sustancia, el poseedor debe restituirlos, sea de buena o de mala fe y con mayor razón, obviamente, si es vicioso (art. 2444). Cuando los productos no pueden restituirse por haberse dispuesto de ellos o haber sido consumidos, ante la imposibilidad de devolverlos in natura, deberán ser indemnizados en su valor. Sin embargo, la solución que da el art. 2431, para el poseedor de buena fe cuando ha dispuesto de objetos muebles (se entiende que accesorios del inmueble poseído) y que limita la indemnización al precio que hubiere percibido, hace aconsejable esta misma solución en igual caso (buena fe) para la enajenación de los productos. La cuestión tiene importancia pues el precio puede ser distinto que el valor. § 132. MEJORAS Y GASTOS. -Recordemos que el art. 591 clasifica las mejoras en necesarias, útiles y voluntarias. Las

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primeras son aquellas sin las cuales la cosa no podría ser conservada, las útiles las que sean de manifiesto provecho para cualquier poseedor de la cosa y las voluntarias (voluptuarias) son las de mero lujo o recreo o de exclusiva utilidad para quien las hizo. Sobre la base de esta clasificación, pero no siempre en armonía con las soluciones dadas por el Código al referirse a las obligaciones de dar, y apartándose de las fuentes romanas y del Esbogo de Freitas, autoriza a los poseedores, tanto de buena como de mala fe, a hacerse indemnizar de las mejoras necesarias y también de las útiles. a) POSEEDOR DE BUENA FE. Aquí no se hace la distinción entre los lapsos anterior y posterior a la notificación de la demanda. Siendo de buena fe el poseedor, es lógico que se le otorgue el derecho de ser reembolsado de las mejoras. Las consecuencias del error (o ignorancia) de quien está persuadido de la legitimidad de la posesión no pueden volverse en ventaja para el propietario y en perjuicio del poseedor. Las mejoras sólo se las considera reembolsables si existen al tiempo de la restitución de la cosa. Por ejemplo, el poseedor instaló en el campo poseído un molino (mejora útil) que fue arrasado por una tormenta. Al no subsistir la mejora a la fecha de la entrega, no es indemnizable (art. 2427). Entre otros, son gastos útiles los impuestos extraordinarios que soporta el inmueble, el pago de las hipotecas que lo gravaban cuando se entró en posesión, y los dineros y materiales empleados o invertidos en las mejoras necesarias o útiles que subsistieran al entregar la cosa (art. 2427). Se entiende que el pago de los impuestos ordinarios responde al rubro de gastos de conservación. La deuda del propietario por estas mejoras no puede ser compensada con el valor de los frutos percibidos por el poseedor de buena fe. Los frutos, en efecto, son adquiridos en propiedad y el poseedor nada debe por ellos, salvo

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que son a su cargo los gastos de cultivo o recolección. Y si nada debe, nada se puede compensar. En cambio, las mejoras pueden compensarse con el provecho que el poseedor hubiera obtenido de destrucciones parciales de la cosa (art. 2429), por ejemplo si se demolió una parte de un edificio y se vendió el material de demolición, o si se cortaron árboles y se vendió la madera o se la utilizó en provecho del poseedor. También son compensables con las deudas inherentes al inmueble correspondiente al tiempo de su posesión (art. 2429), por ejemplo los impuestos ordinarios. Las mejoras voluntarias no son reembolsables pero pueden ser retiradas por el poseedor de buena fe, siempre que su separación no dañe la cosa poseída. El Código no establece esta solución expresamente, pero se extrae a contrario sensu del art. 2427, en armonía con el art. 589 que niega el derecho a indemnización. Mientras que la posibilidad de llevarlas se obtiene por interpretación a fortiori del art. 2441, que otorga tal facultad al poseedor de mala fe, con mayor razón debe tenerla el de buena fe que -lógicamente- goza, respecto de aquél, de tratamiento preferente. La ley no sólo consagra el derecho de ser indemnizado por los gastos útiles y necesarios sino que acuerda al poseedor la facultad de retener la cosa hasta tanto le sean pagados tales gastos. A pesar de ello, la entrega de la cosa no hace presumir la renuncia al reembolso de los gastos, que continúan debiéndosele. Pero al entregarlo no puede hacer efectivo el derecho de retención con posterioridad ni los privilegios que pueden resultar inherentes a él (arts. 3943 y 3946, éste con los agregados de la ley 17.711, y art. 241, inc. Io, de la ley 24.522, de concursos y quiebras). b) POSEEDOR DE MALA FE. Los gastos necesarios, es decir aquellos sin los cuales la cosa no podría haber sido conservada, indudablemente deben ser resarcidos al poseedor de mala fe, porque la responsabilidad que podría emerger de

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la detención de la cosa, sabiendo que no se tiene derecho a ello, no implica que se le aplique una sanción, negándole el derecho de reembolso de tales gastos que el propietario hubiera tenido que hacer -imprescindiblemente- estando la cosa en su poder y que, de este modo, al hacer a su conservación, le benefician. Por otra parte, el poseedor de mala fe podría verse impulsado a no hacer gastos de conservación si no tiene perspectiva de que le sean reintegrados, con perjuicio para el propietario y también para la propiedad, en su función social. Esta solución también era admitida en el derecho romano y en el Esbogo de Freitas. Pero donde el Código se separa es cuando confiere al poseedor de mala fe el derecho de ser resarcido también por los gastos útiles, entendiéndose por tales los invertidos en las mejoras que se conservan al momento de la restitución (art. 2441 y su nota). Tal solución es criticable, en la medida en que esos gastos han sido hechos a sabiendas de que no se tenía derecho a ello, obligando al propietario a pagarlos en cuanto aumentan el valor de la cosa, sin consideración a sus posibilidades económicas. No olvidemos que eran gastos de los cuales se podía eventualmente prescindir. La norma instala una diferencia con el poseedor de buena fe. Éste tiene derecho a reclamar los dineros o materiales invertidos; el de mala fe también, pero con un límite: "hasta la concurrencia del mayor valor existente" (art. 2441). En este aspecto, la solución es correcta, dado que la inversión pudo ser mayor que el aumento en el valor de la cosa y es lógico entonces que se establezca este tope, cuando ei poseedor es de mala fe. Desde luego que las mejoras, al igual que en el caso del de buena fe, deben subsistir al tiempo de la restitución. Puede compensarlas con el valor de los frutos percibidos que debe restituir (art. 2441).

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También existe diferencia respecto del derecho de retención, que el poseedor de mala fe lo tiene en relación de los gastos necesarios, pero no de los útiles (art. 2440). En cuanto a las mejoras voluptuarias, no tiene derecho a resarcimiento pero puede retirarlas siempre que no perjudique la cosa; tal la solución que expresamente prevé la norma para el poseedor de mala fe (art. 2441). El derecho a ser indemnizado por las mejoras útiles no guarda armonía con lo expresado por el art. 589 que restringe la posibilidad de reclamo, sólo a las mejoras necesarias. En dicha norma, el codificador sigue al derecho romano y a Freitas, cita a las Partidas y al Código holandés, mientras que en la solución del art. 2441, recogiendo las opiniones de Aubry y Rau y de Demolombe, a quienes también cita en la nota, da prevalecencia al principio del enriquecimiento sin causa. c) POSEEDOR DE MALA FE VICIOSO. Tiene un tratamiento similar al poseedor de mala fe simple, pero no goza en ningún caso del derecho de retención (art. 2436). § 133.

DESTRUCCIÓN O DETERIORO DE LA COSA. - Las

co-

sas, se encuentren en poder de quien se encuentren, están siempre sujetas al riesgo de sufrir daños, destrucciones totales o parciales, sea por el hecho del propio poseedor, de un tercero, o por caso fortuito o de fuerza mayor. En este aspecto, el Código establece una perfecta gradación a partir del poseedor de buena fe hasta el poseedor vicioso, a quien, lógicamente -por su carácter- trata con sensible disfavor. a) POSEEDOR DE BUENA FE. El poseedor de buena fe no responde por los deterioros sufridos por la cosa aunque hubiesen sido causados por el hecho suyo, pero cuando ha obtenido un provecho de ellas, responde hasta la concurrencia de ese provecho. Prevalece aquí también la idea 17.

Musto, 1

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de evitar el enriquecimiento sin causa de uno, cuando existe detrimento para el otro (art. 2431). El poseedor -en consecuencia- devuelve la cosa (salvo el supuesto antedicho) en el estado en que se encuentre. Se ha comportado como si fuera propietario, persuadido de la legitimidad de su posesión. b) POSEEDOR DE BUENA FE NOTIFICADO DE LA DEMANDA.

El po-

seedor de buena fe, notificado de la demanda de reivindicación, responde por los deterioros que hubiera causado a la cosa, pero no por los que ésta sufriera a consecuencia de un hecho fortuito (art. 2433). El poseedor, en este caso, es tratado como si fuera un administrador y, por lo tanto, responde por sus hechos que hayan dañado o destruido la cosa. c) POSEEDORES DE MALA FE. El poseedor de mala fe simple responde por sus hechos y por los daños provocados por caso fortuito, pero en este último caso, si la cosa hubiere perecido igualmente estando en poder del propietario, no debe el resarcimiento. Aquí el Código emplea una pauta destinada a distinguir la situación de este poseedor y del vicioso que, por el contrario, responde por los deterioros sufridos por la cosa, aunque igualmente hubieran ocurrido estando en manos del propietario (arts. 2435 y 2436). § 134. DISPOSICIÓN DE COSAS MUEBLES. - Respecto de los poseedores de buena fe, ya se trate de inmuebles o de muebles que tengan accesorios, éstos, si son separados de los principales y enajenados, generan también un derecho a indemnización. En el caso del poseedor de buena fe, debe restituir el precio que obtuvo por la enajenación. El Código no distingue respecto del tiempo anterior y posterior a la citación a juicio (art. 2431). Los poseedores de mala fe, simple o viciosa, deben restituir el valor de la cosa, aunque el precio obtenido sea

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inferior, pero en este caso la norma se refiere sólo a los accesorios de inmuebles (art. 2437). § 135. SUCESOR. - Se debe tener en cuenta que, en todos los casos referidos a la percepción de los frutos, lo que cuenta es la buena fe en el acto de la percepción. Independientemente de que la posesión del antecesor sea de buena o de mala fe, a los efectos de la percepción de los frutos, se tiene en cuenta la buena fe o mala fe del sucesor, sea la sucesión a título singular o universal. Es la interpretación que fluye de los arts. 2361 y 2432. Respecto de la sucesión universal, la solución consagra una excepción al principio de que la posesión es una sola. Así, dice el art. 2432: "El heredero del poseedor de mala Je, hará suyos los frutos correspondiente a su posesión de buena fe". 4)

D E LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS INHERENTES A LA POSESIÓN

§ 136. CONCEPTO. - Bajo este epígrafe, el Código trata de una serie de obligaciones y derechos que sólo competen al poseedor en razón de su vinculación con la cosa; por eso se habla de inherencia con la posesión. Cuando nos referimos a las obligaciones propter rem, las distinguimos de las obligaciones inherentes a la posesión, por lo que basta expresar ahora que ellas son comprensivas tanto de las restricciones y límites al dominio, que marcan los confines normales de los derechos reales que se pretende ejercer, como a las cargas reales que constituyen limitaciones excepcionales al ejercicio de las facultades que ellos comprenden. § 137. OBLIGACIONES. - Estas obligaciones se resumen en las siguientes: a) DE RESTITUIR LA COSA. El art. 2416 da el concepto genérico de estas obligaciones expresando que son las con-

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cernientes a los bienes, y que no gravan a una o más personas determinadas, sino indeterminadamente al poseedor de una cosa determinada. La cita de la ley romana efectuada en la nota, nos conduce específicamente a la primera y principal obligación que tiene el que se encuentre en posesión de la cosa. Se trata de la obligación de restituirla a quien tiene el derecho de poseer, en virtud del carácter reipersecutorio adversus omnes de la acción real. Tenemos pues -en primer lugar- esta obligación que siempre pesa sobre el poseedor y deja de existir cuando cesa la posesión, salvo que se haya dejado de poseer la cosa con el fin de entorpecer la acción ejercida. Es el caso a que se refiere la ley de Partida que se cita en la primera parte de la nota, y supuesto previsto en el art. 2785 del Cód. Civil. b) DE EXHIBIR. Tratándose de cosas muebles, el poseedor está obligado a exhibirlas cuando el juez lo ordene, según lo que dispongan las leyes procesales (art. 2417). La necesidad de exhibirlas puede surgir de la conveniencia de determinar precisamente cuál es la cosa sobre la que debe recaer la acción y, fundamentalmente, la de comprobar su estado, y se obtiene mediante el ejercicio de medidas o diligencias preliminares. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prevé la situación en el art. 323, inc. 2o, al paso que el inc. 6o obliga a manifestar el título por el que se tiene la cosa. Disposiciones concordantes en los códigos adoptaron el modelo nacional: Buenos Aires, art. 323; Entre Ríos, art. 311; Chubut, art. 323; Misiones, art. 323, entre otros. A su vez, el Código Procesal de Santa Fe la prevé, como medida preparatoria, en el art. 390, inc. 3 o . Tales medidas son procedentes sin perjuicio de otras cautelares que se pueden tomar en caso de que hubiere motivos para temer que la cosa se pierda o se deteriore en manos del poseedor, autorizadas también por el Código de fondo (art. 2786).

LA POSESIÓN

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Todas estas medidas, como el nombre lo expresa, pueden ser intentadas antes de iniciar la demanda y tienen por finalidad asegurar a las partes la posibilidad de plantear sus pretensiones, excepciones y otras defensas de un modo eficaz y preciso. Los gastos de exhibición, dice el art. 2417, son a cargo de quien la pide. c)

OBLIGACIONES DE VECINDAD Y RESPECTO DE TERCEROS.

Al

estudiar el dominio, veremos que existen restricciones que pesan sobre la propiedad, en función del interés público y también en el interés de los vecinos. Pero estas restricciones, que conforman el estatuto normal del derecho de propiedad, tienen un sentido más amplio, pues pesan igualmente para aquellos titulares de derechos reales sobre cosa ajena que se ejercen por la posesión, tales como el usufructo, el uso, etcétera. Aquí el Código extiende también a los poseedores, cualquiera sea su carácter, las obligaciones que, respecto del propietario, prevé en el Tít. VI del Libro III. d) CARGAS REALES. El art. 2419 se ocupa de ejemplificar sobre otras obligaciones inherentes a la posesión, pero las que enumera son verdaderas cargas reales, en cuanto representan el aspecto pasivo de un derecho real, como la hipoteca, las servidumbres pasivas, etcétera. La norma se refiere específicamente a la obligación de restituir la cosa que tiene el acreedor anticresista. Se entiende que una vez satisfecho su crédito, pues de lo contrario mantiene el derecho de retención (arts. 3245, 3257 y correlativos). La obligación de restituir pesa también sobre otros titulares de derechos reales, cuando éstos se extinguen y ellos se convierten en meros tenedores (art. 2462, inc. 4 o ). El mismo art. 2419 se refiere a las cargas de dar, hacer o no hacer, impuestas por el poseedor precedente al nuevo poseedor. Ello no implica que puedan existir de-

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POSESIÓN Y TENENCIA

rechos reales in faciendo, sino que la ley se refiere, en realidad, a los cargos (que no a las cargas) que puede establecer el donante o el testador, pero la disposición sigue siendo criticable en cuanto tales obligaciones no derivan del hecho posesorio, aunque el poseedor pueda exonerarse devolviendo la cosa objeto de la liberalidad. § 138. DERECHOS INHERENTES A LA POSESIÓN. - Simétricamente el Código se ocupa en los arts. 2420 y 2421 de los derechos inherentes a la posesión, que son, como la primera de las normas citadas lo expresa, los que no competen a una o más personas determinadas, sino indeterminadamente al poseedor de una cosa determinada (sic). La segunda de las normas se refiere a las servidumbres activas. Comprende así a las servidumbres activas, aunque revistan el carácter de personales por haber sido establecidas en función de la persona del propietario del fundo dominante y no como una ventaja para el fundo en sí. Este tipo de servidumbres, a que hace referencia el art. 3003 y su complementario 3004, se extinguen con la muerte del titular y tienen una duración limitada si se trata de una persona jurídica (veinte años). La enumeración de estos derechos, como inherentes a la posesión, no es limitativa y comprende el ejercicio de las facultades de hacer valer sobre otros fundos las restricciones al dominio fundadas en el interés recíproco de los vecinos y también los emergentes de los derechos reales que tienen por contenido la posesión.

CAPÍTULO

VIII

LA TENENCIA § 139. CONCEPTO. - Al referirnos a las relaciones posibles entre la persona y la cosa, adelantamos ya un concepto de tenencia e hicimos una mención de sus variedades. Más adelante dimos un concepto de tenencia, criticando el Código porque contiene dos normas que, con variantes, definen el instituto, pero aclaramos también que en ambas se encuentran los elementos esenciales que la caracterizan. Al desarrollar las teorías referentes al concepto y los elementos de la posesión y, especialmente al esquematizar las doctrinas llamadas "subjetiva" y "objetiva", siguiendo a Ihering, comparamos la tenencia con la posesión, usando las fórmulas algebraicas de que se valiera el maestro para simplificar la comparación entre ambas doctrinas. La posibilidad de confusión y, por ende, la necesidad de insistir en su diferenciación, reside en que, en la práctica, se exteriorizan de un modo semejante. Cuando vemos una persona entrar en su domicilio, permanecer en las habitaciones que integran la casa o el departamento, guardar en ellas sus cosas y comportarse como si todo le perteneciera, no sabemos aún si se trata de un propietario que posee el inmueble, o un poseedor que posee a título de propietario o simplemente un tenedor que -como el locatario- utiliza la propiedad sin otras cortapisas que las que

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POSESIÓN Y TENENCIA

emergen de su derecho de tal, o de acuerdo a las cláusulas de su contrato de locación, que pueden ser más o menos amplias. Añadamos aún que podemos encontrarnos asimismo con un usufructuario, un titular del derecho real de habitación o simplemente un comodatario. El corpus, la relación de la persona con la cosa en forma directa, y aun a veces la autonomía y facultades con que se desenvuelve la actividad sobre ella, no nos da base suficiente para determinar qué tipo de relación existe. Habrá que recurrir entonces a los otros elementos o examinar el título que ostenta la persona, para determinar eficazmente cuál es la naturaleza de la relación. Por ello, el art. 2461, después de expresar que cuando uno se encuentra en la posibilidad de ejercer actos de dominio sobre una cosa, pero con la intención de poseer a nombre de otro, dice "será también simple tenedor de la cosa", y el art. 2352 habla de quien, reconociendo en otro la propiedad, tiene efectivamente la cosa con intención de poseer a nombre de otro, o reconociendo que la propiedad corresponde a otro. Es el ánimo opuesto al del poseedor, caracterizado como el que tiene la cosa para sí, o sin reconocer en otro la calidad de propietario. Se ha señalado como fuente del art. 2461, al 3615 del Esbogo de Freitas, lo que es cierto si se compara la redacción de ambas normas y la expresión "ejercer actos de dominio sobre alguna cosa" que utiliza el modelo, pero, como bien lo señala Molinario, no se debe perder de vista que nuestro codificador adoptó un sistema distinto, ya que el autor brasileño contempló a la tenencia en el Libro II, y no en el III que está referido a los derechos reales. En efecto, bajo la rúbrica "De la simple tenencia", el Cap. III forma parte del Tít. IV rotulado "De las obligaciones que nacen de hechos que no son actos"1. 1

Molinario, De las relaciones reales, p. 184.

LA TENENCIA

265

¿Qué significa "ejercer actos de dominio"? Naturalmente que no podemos interpretar esta locución de una manera literal, pues el tenedor, si por definición está reconociendo la limitación de su situación frente a la cosa, no podrá desde luego, sin desnaturalizar o intervertir su título, realizar actos que sólo están reservados al propietario, tales como disponer de la cosa. El principal problema se plantea respecto a los titulares de derechos reales sobre cosa ajena, y cuyo ejercicio se realiza por el uso y goce, o simplemente por el uso, o aun con la tenencia efectiva aunque no se tengan facultades de usar (como la prenda). ¿Se trata de poseedores, de cuasiposeedores o de simples tenedores? El Código no ha empleado una terminología precisa, ni en el articulado ni en las notas, a lo que se suma la diferencia de fuentes tenidas en cuenta en la redacción. Hemos considerado que la palabra "poseedor", la emplea el codificador para designar a todo el que detenta la cosa con el ánimo de ejercer un derecho real (o de propiedad en sentido amplio), sea sobre cosa propia o sobre cosa ajena e independientemente de que el derecho exista o no, lo cual, a los fines de la relación posesoria, es indiferente2. En la tenencia ocurre lo mismo, pero con elemento subjetivo diferente. Y aquí nos referimos a la simple tenencia, porque ya hemos dicho que normalmente el propietario y el poseedor también son tenedores cuando mantienen esa relación efectiva con la cosa. El simple o mero tenedor, independientemente también de que su relación sobre la cosa repose o no en un derecho (lo dice expresamente el art. 2352), es el que está reconociendo, admitiendo y -fundamentalmente- respetando la vinculación superior en grado, sea posesión o propiedad. 2

p. 100.

Molinario Romero, Ideas para una revisión de la teoría posesoria,

266

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Así el locatario ocupa la vivienda reconociendo en el locador el carácter de poseedor o propietario. § 140. TENENCIA Y PRECARIEDAD. - Se debe distinguir la tenencia de la precariedad. La tenencia puede ser precaria o no serlo. En el derecho romano, el "precarium era una especie de colonato (hoy diríamos arrendamiento) revocable en todo momento por voluntad del concedente". En el derecho español tenía un sentido semejante, y de ello es reflejo el lenguaje, ya que, en su acepción forense, el diccionario de la lengua le asigna el significado de aquello que se tiene por tolerancia o por inadvertencia del dueño. La tenencia puede tener origen en un contrato que otorgue un derecho personal con estabilidad en el tiempo. La precariedad implica precisamente la inestabilidad, o posibilidad de revocación unilateral ad nutum, o sea a voluntad de quien ha concedido o tolerado la tenencia. Al referirnos a los vicios de la posesión, creemos haber precisado claramente en qué caso el Código entiende que existe el llamado "vicio de precario", por lo que nos remitimos a lo allí expresado (ver § 96). § 141. CLASIFICACIÓN. - Partiendo de la clasificación romana de las cosas, Ihering desarrolló una clasificación de la tenencia, distinguiendo entre la tenencia absoluta y la tenencia relativa. Es absoluta cuando se descarta, precisamente por la naturaleza de la cosa, que exista posesión alguna, ya que las cosas extra comraercium no son susceptibles de ser poseídas, y es relativa, cuando el tenedor no desconoce la existencia de un poseedor y la cosa es susceptible de ser poseída. Nuestros autores siguiendo esta corriente clasifican la tenencia en absoluta y relativa, aunque reconociendo que el Código se ocupa solamente de la segunda3. 3

Salvat - Argañarás, Tratado. Derecho reales, t. I, p. 281.

LA TENENCIA

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A la tenencia absoluta, que generalmente está referida a las cosas que pertenecen al dominio público del Estado nacional, de los Estados provinciales y de los municipios, la reclasifican según que ellas estén libradas al uso común o si están afectadas a un uso especial. Tales los casos de permiso de uso o concesión de uso. El estudio de la tenencia absoluta y la variedad de matices que puede adquirir, corresponde hacerlo en derecho administrativo. La tenencia relativa puede subdividirse en tenencia interesada y desinteresada o por procuración; a estas categorías nos hemos referido al tratar de las relaciones de las personas con la cosa, distinguiéndoselas en las posibilidades de uso o aprovechamiento del tenedor respecto de la cosa (ver § 67 a 74). El locatario y el comodatario conservan estas facultades, pero no corresponden al depositario y al mandatario que tienen la cosa en interés del poseedor, razón por la cual también se la llama "por procuración". § 142. CASOS DE TENENCIA. - El art. 2462 del Cód. Civil, cuya enumeración debe considerarse meramente enunciativa, no agota los supuestos posibles que pueden comprenderse en la definición, que fluye de los arts. 2352 y 2461, y por la misma expresión que emplea en el párrafo inicial de dicho art. 2462: "Quedan comprendidos en la clase del artículo anterior", nos releva de otros comentarios sobre el carácter enunciativo indicado. En el inc. Io hace referencia a los tenedores interesados, como el locatario y el comodatario; en el inc. 2 o se refiere a los desinteresados, y en el 3 o recepta el constüuto possessorio, al admitir que una persona transmita su derecho de propiedad, pero continúe en poder de la cosa, constituyéndose en poseedor pero a nombre del adquirente. Los tres últimos incisos hacen referencia a quienes ostentaban el carácter de poseedores, pero han dejado de serlo, en virtud de haberse extinguido el derecho a poseer la

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POSESIÓN Y TENENCIA

cosa (inc. 4 o ), o porque ese derecho le ha sido negado por una sentencia que ha declarado nulo su título (inc. 5o), o porque el mismo poseedor ha reconocido que el derecho de poseer corresponde a otro (inc. 6o). § 143. ADQUISICIÓN. - El Código en el art. 2460 señala a la tradición -aparentemente- como único modo de adquirir la tenencia cuando ésta se hace por la voluntad del poseedor o del simple tenedor. La entrega de la cosa al tenedor no requiere de formalidad alguna, pero como muchas veces responde a las obligaciones asumidas en un contrato, las condiciones de entrega, normalmente, estarán expresadas en él. Pero aparte de la tradición, y de las formas abreviadas que consagra el art. 2462, cuando el tenedor estaba antes -por otra causa- en posesión de la cosa, las variedades de adquisición pueden ser muchas, especialmente respecto de las res nullius, cuando no se toman con ánimo de poseerlas. Cuando se encuentra una cosa perdida, la persona que la halla -si la toma- se convierte en depositario y, por lo tanto, en tenedor de la cosa (art. 2531, Cód. Civil). § 144. EFECTOS. - Se traducen en los derechos y las obligaciones emergentes. a) OBLIGACIONES DEL TENEDOR. Los arts. 2463 al 2465 establecen las tres obligaciones fundamentales del tenedor: i ) conservar la cosa; 2") nombrar la persona a cuyo nombre posee si fuese demandado por un tercero en razón de la cosa, y 3) restituirla cuando le sea exigida de acuerdo a la causa que lo hizo tenedor. 1) CONSERVAR LA COSA. La norma se remite, para la determinación de este deber, a la causa que dio origen a la tenencia, de ella dependerá la responsabilidad del tenedor.

LA TENENCIA

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No es idéntica la obligación del locatario y la responsabilidad que de ella emerge (art. 1561 y siguientes) que la del depositario que "está obligado a poner las mismas diligencias en la guarda de la cosa depositada, que en las suyas propias" (art. 2202 y siguientes). 2) NOMBRAR AL POSEEDOR. Dos requisitos establece la norma del art. 2464 al establecer este deber del tenedor: haber sido demandado por un tercero y que esta demanda lo sea en razón de la cosa. El caso típico es el del tercero, que no sabiendo la naturaleza de la relación existente, demanda por reivindicación al tenedor. El art. 2782 establece expresamente que la reivindicación puede dirigirse contra el que posee la cosa a nombre de otro. El demandado no está obligado a responder la acción, siempre que declare el nombre y la residencia de la persona a cuyo nombre la tiene. Cuando así lo haga, la acción debe dirigirse contra el verdadero poseedor de la cosa. Si no lo hace, la sanción que prevé el art. 2464 es la de no poder hacer responsable por la evicción al poseedor, y en el caso de la reivindicación debe, si ha actuado de mala fe, indemnizar al reivindicante de cualquier perjuicio resultante (art. 2784). 3) RESTITUIR LA COSA. La obligación de restituir la cosa emerge de la naturaleza del contrato o de las cláusulas establecidas por las partes. La restitución debe hacerse a la persona de quien se recibió, o a su representante aunque otro la reclame pretendiendo derechos sobre ella, pero, en este caso, corresponde la citación, antes de la devolución, al tercero que la pretende (art. 2467). b) DERECHOS. El deber de conservar la cosa puede poner al tenedor en situación de efectuar gastos con dicho fin. El Código no sólo le da el derecho de reclamarlos, cuando se tratara de gastos o mejoras necesarias, sino también a retener la cosa hasta ser indemnizado. El tenedor

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POSESIÓN Y TENENCIA

no tiene derecho, dejando a salvo siempre las estipulaciones contractuales, a realizar otro tipo de mejoras o gastos, por lo que -en principio- tampoco le compete el derecho de retención en este último caso.

CAPÍTULO

IX

DEFENSA DE LA POSESIÓN Y DE LA TENENCIA A)

NOCIONES LIMINARES

§ 145. CARACTERIZACIÓN. - Decimos en el título defensa de la posesión y de la tenencia, porque nos ocuparemos, no sólo de su protección judicial, a través de los interdictos y acciones posesorias, sino porque también lo haremos sobre la defensa extrajudicial que el Código, con carácter excepcional, permite esgrimir a quien se encuentre en poder de la cosa (sea poseedor o tenedor). La palabra defensa es amplia y comprende todo tipo de acción o excepción judicial y la defensa extrajudicial (art. 2470) y, en segundo lugar, incluimos la tenencia porque, pese a que el epígrafe del Tít. III se refiere a las acciones posesorias, la protección que éste brinda excede el campo de la posesión y cubre otras relaciones de hecho con la cosa, como es precisamente la tenencia, más claramente aun después de la reforma operada en 1968 por virtud de la ley 17.711. Estudiaremos, en primer lugar, respondiendo a una pregunta que los juristas se repiten constantemente. El porqué de la protección legal de la posesión, o sea el tema del fundamento de su protección, sintetizando las posiciones más destacadas sobre este aspecto, discrepancias a que ya

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POSESIÓN Y TENENCIA

nos hemos referido en cuanto a su origen, alcance y desenvolvimiento, luego daremos una breve noción histórica respecto de las acciones posesorias y trataremos después de sistematizar el conjunto de las defensas que la ley arbitra, en función de las distintas lesiones que la relación puede sufrir, para -por último- estudiarlas individualmente en orden a los requisitos para su procedencia, legitimaciones activas y pasivas, y efectos. Liminarmente también, y a los fines de que nos sirva como punto de partida en nuestro estudio, debemos hacer mención de las dos lesiones que, en principio, resultan posibles respecto del poder de hecho sobre la cosa. El ataque puede estar dirigido a turbar, inquietar o molestar al poseedor (en sentido amplio), sin excluirlo de la relación (aplicable también a la tenencia) o bien puede estar enderezado a la exclusión absoluta del sujeto de su relación con la cosa. Estas dos especies de lesiones se reproducen en cualquiera de las relaciones reales y generan, paralelamente, dos tipos de acciones o remedios. Esta parificación nos ayudará en la sistematización y nos facilitará, aun desde el punto de vista histórico, la comprensión de los distintos temas. No quedan excluidas de ella ni la simple defensa extrajudicial, ni deja de ser útil el criterio en el estudio de las acciones que se derivan, ya no de la posesión, sino de los derechos reales (petitorias). En otras palabras: al poseedor o tenedor se lo puede excluir absolutamente de su relación con la cosa (quitándosela o usurpándosela) o se lo puede inquietar, o turbar. En el primer caso, el remedio tendrá que tender a la recuperación de la relación perdida, en el segundo, al mantenimiento pacífico de la relación, haciéndose cesar la molestia o perturbación. A la desposesión se responde con el remedio recuperatorio, a la turbación con el de mantener. § 146.

FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN POSESORIA. - Ar-

dua ha sido la polémica respecto del fundamento de la pro-

DEFENSA DE LA POSESIÓN Y DE LA TENENCIA

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tección posesoria y abundante la literatura sobre el tema. Antes de exponer sus lincamientos, sucintamente debemos expresar el porqué del planteo del tema y en qué medida tiene sentido tal planteamiento. En principio, la violación de todo derecho apareja una consecuencia desvaliosa para su autor. Si el derecho tiene como misión asegurar la convivencia social, preservando los valores sobre la que ésta se asienta, el ataque a estos valores por el desconocimiento o violación de las normas jurídicas que los efectivizan, debe tener una consecuencia que será tanto más grave, cuando más importante o fundamental sea el bien jurídico tutelado. Ello hace a la eficacia de un ordenamiento jurídico positivo determinado. Preguntarse por qué se protege un derecho, carece de sentido, porque es de su esencia el ser protegido. Se puede inquirir sí por el fundamento del derecho, pero no por el fundamento de su protección. El derecho se encuentra protegido precisamente por serlo. En cambio, respecto de la posesión, la pregunta tiene sentido, en la medida en que consideramos que se trata de un hecho. ¿Por qué, en determinadas circunstancias o condiciones, o cumplidos ciertos requisitos, el derecho se ocupa de dar protección a este hecho? Cuando estudiamos el dominio, que innegablemente es un derecho, tratamos de los fundamentos del dominio, pero no de los fundamentos de su protección. Tratando de la posesión, desarrollamos el fundamento de la protección y no los de la posesión. Por eso llama la atención la posición de Ihering, que define el derecho subjetivo como el interés jurídicamente protegido y sosteniendo, como sostiene en diversos pasajes, que la posesión es un derecho, pasa luego a ocuparse -en lo que modestamente consideramos una incongruencia- de los fundamentos de la protección posesoria. Es precisamente el autor citado quien le asigna al tema gran importancia dogmática, ya que -dice- su solución 18.

Musto, 1

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POSESIÓN Y TENENCIA

exacta es no sólo la primera condición para la buena inteligencia de la teoría posesoria toda, sino también conduce a resultados prácticos importantes 1 . Siguiendo sus enseñanzas clasificamos a las teorías en absolutas y relativas. Las absolutas son aquellas que encuentran el fundamento de la protección posesoria en la posesión misma, las relativas las que lo encuentran en otras instituciones. Sistematizamos el tema en el siguiente cuadro.

Teorías

Teorías

1

relativas

1) Interdicción de la violencia. a) Pone el acento en el aspecto jurídico privado (Savigny). b~) Preserva la paz y el orden público al impedir que el particular haga justicia por sí mismo (Rudorff). 2) Nadie puede vencer jurídicamente a otro, si no tiene motivos preponderantes en los cuales fundar su prerrogativa (Thibaut). S) Presunción de probidad que asiste al poseedor hasta que se prueba lo contrario (Róder y Ahrens). 4) En la propiedad. a) Como probable o posible (opinión antigua: Troplong, Aubry y Rau). 6) Como propiedad que comienza (Gans). c) Como complemento necesario de su protección (Ihering).

absolutas

i ) Voluntad en su encarnación real (Puchta, Bruns y Gans). 2) Sirve, como la propiedad, al destino universal del patrimonio que es la satisfacción de las necesidades humanas por medio de las cosas (Stahl). 3) Factor real de la situación económica y social de quien la ejerce (Saleilles).

Ihering, Teoría de la posesión, p. 33.

DEFENSA DE LA POSESIÓN Y DE LA TENENCIA

275

La exposición y crítica de estas teorías, y el examen de las corrientes de opinión modernas sobre la cuestión, nos insumiría un espacio con el que no contamos, dada la naturaleza de esta obra, por lo que nos contentaremos con dar los principales fundamentos y críticas, sin perder de vista que autores como Savigny, Ihering, Thibaut, etc., se basaban en los textos romanos y buscaban el fundamento dentro del sistema romanista. a) TEORÍAS RELATIVAS. En la forma antedicha, pues, intentaremos aquí con somero repaso de las posiciones que recurren a los principios de otras instituciones. Y) LA INTERDICCIÓN DE LA VIOLENCIA. Como adelantamos, se apoya en las elaboraciones de Savigny y Rudorff. a) Savigny. Expresa Savigny que no siendo la posesión un derecho, el ataque contra ella dirigido no constituye -en rigor- un acto contrario al derecho, pero puede llegar a serlo si, a la vez, se vulnera un derecho cualquiera. La turbación de la posesión supone un acto de violencia dirigido contra la persona del que posee y toda violencia contra la persona es contraria al derecho, y en esa ilegitimidad es donde el maestro alemán encuentra el motivo de la ley para la protección. Es la persona, como tal, la que debe estar al abrigo de toda violencia, puesto que a su respecto la violencia es siempre contraria a derecho 2 . La primera y principal crítica que se le formula a esta teoría es que contradice el sistema romano de protección posesoria, dado que éste la acordaba solamente al poseedor y no al mero tenedor, por lo que la doctrina fallaría por su base puesto que la acción contra el tenedor (el acto de violencia) justificaría del mismo modo su protección. A ello contestaba Savigny que, o bien el tenedor está de 2

Savigny, Traite de la possession

en droit romain, p. 33.

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POSESIÓN Y TENENCIA

acuerdo con el poseedor, y puede recurrir a él en demanda d<e protección, sobre la base del vínculo entre ellos existente (p.ej. locatario), o bien está en oposición al poseedor y -en tal caso- no merece protección alguna. Dentro del sistema romano, las críticas de Ihering apuntan a demostrar que Savigny atribuye al pretor la creación de acciones penales superfluas, destacando que hay personas a las que no se les concedía la protección posesoria, a pesar de que el fundamento sería el mismo (esclavos, hijos de familia, etc.) y, asimismo, que existían cosas respecto de las cuales tampoco funcionaba protección, por ejemplo las que estaban fuera del comercio3. En efecto, no se comprende que siendo en la tesis de Savigny la posesión subordinada a la protección de la persona, el detentador no pueda invocar un amparo que es principalmente personal. 5) Posición de Rudorff. Discípulo de Savigny, siguió sus lineamientos, pero encuentra en el ataque al orden público y en la alteración de la paz social, que la pretensión de hacerse justicia por sí mismo implica, la razón por la cual se protege al poseedor. El propio Savigny refuta esta teoría expresando que en las tres especies de interdictos posesorios (vi, clara y precario') hay un ataque a la persona, pero sólo en uno (unde vi) está interesado el orden público. En segundo lugar, el acto de hacerse justicia por sí mismo, supone la existencia de un derecho irregularmente ejercido, lo que no está en juego en la contienda posesoria4. Aparte de que esta doctrina es pasible de las mismas críticas que la del maestro, el criterio de hacerse justicia por mano propia es muy estrecho, pues no siempre el usurpador tiene ese objetivo. 3 4

Benedetti, La posesión, p. 11 y siguientes. Savigny, Traite de la possession en droit romain, p. 40 y siguientes.

DEFENSA DE LA POSESIÓN Y DE LA TENENCIA

277

2) POSICIÓN DE THIBAUT. A lo que adelantamos al enumerar las teorías, agregamos aquí que es en virtud del principio enunciado, según el cual nadie puede vencer a otro si no tiene un motivo preponderante en que fundar su prerrogativa, que un estado de hecho adquiere relevancia en la medida en que, todo aquel que ejerce de hecho un derecho, debe ser mantenido en ese estado de hecho, hasta tanto se demuestre por otro un derecho mejor. La crítica de Ihering responde a su concepción sobre la naturaleza de la posesión, sosteniendo que si es un estado de hecho, no es preciso un derecho preeminente para hacerlo cesar y añade que la argumentación que se agita dentro de la esfera física, no puede salir de ella para sus resultados. Acota el traductor y anotador de Ihering, en la edición española, que no hay derechos mejores o peores sino que se tienen o no se tienen, y en la contienda que se plantea, debe triunfar quien tiene el derecho 5 . 3) PRESUNCIÓN DE PROBIDAD. Sostenida por Roder y Ahrens, con algunas variantes, implica la necesidad de admitir que todo aquel que se encuentra ejerciendo un poder sobre la cosa, goza de la presunción de que su comportamiento es acorde con el derecho objetivo, de acuerdo con el principio de que todo hombre debe ser considerado honrado y probo, mientras no se demuestre lo contrario. La principal crítica que se le dirige a esta teoría es que desplaza toda la consideración de la relación a una cualidad del sujeto y, entonces, bastaría demostrar que éste carece de probidad u honradez, para privar de fundamento a la protección que impetra, aparte de que, en el sistema romano, la protección no se brindaba al tenedor pese a que podría argüir igualmente la misma presunción. La imposibilidad de oponer como excepción el vicio de la posesión, 5

Posada, nota en Ihering, Teoría de la posesión, p. 28.

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en muchos supuestos, es también un argumento contra esta teoría, pues el poseedor vicioso es el menos indicado para invocar una presunción de probidad. Esta teoría serviría, según Ihering, para explicar por qué en el proceso reivindicatorío el poseedor está exento de la prueba, pero no explica por qué en el posesorio se excluye el debate sobre el derecho. Es allí -dice- donde la teoría posesoria revela su mérito6. 4)

EN FUNCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD.

Admite

ésta una consecuente subclasificación. a) Como propiedad probable o posible. Es la más antigua de las teorías, sostenida por juristas de la talla de Troplong, Aubry y Rau y aun -en sus primeros tiemposSavigny, encuentra el fundamento en la presunción de propiedad que surge de la posesión. Después al desecharla, Savigny la refuta argumentando que no hay mayor razón para presumir la propiedad en favor del poseedor que en hacerlo respecto de cualquier otra persona, mientras que Ihering le reconoce acierto a la doctrina, en cuanto considera a la posesión como una prueba especial y más fácil de la propiedad, pero considera erróneo que tome a la estadística como fundamento, en lugar de emplearlo como mero apoyo en la concepción. "Para nosotros -dice- la teoría de la propiedad probable encierra una parte de verdad. Creemos que el hecho de que en la generalidad de los casos, los poseedores sean propietarios de las cosas, es uno de los motivos principales que ha tenido en cuenta el legislador para conceder la protección posesoria, pero -al criticarla- destaca que es una regla que la existencia de todo derecho debe ser demostrada, sin que se advierta la razón por la cual esa regla no se cumpla en el caso del derecho de propiedad"7. 6 7

Ihering, Teoría de la posesión, p. 30. Ihering, Teoría de la posesión, p. 34.

DEFENSA DE LA POSESIÓN Y DE LA TENENCIA

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De las mismas críticas a que se hace pasible la teoría de la propiedad probable, participa la variante que le asigna a la posesión el carácter de propiedad posible, expresándose que el salto de la simple posibilidad a la protección de la posesión, es aun mayor que aquel que parte de la probabilidad, preguntándose Ihering, por qué -en verdad- debe ser protegida una simple posibilidad. b) Propiedad que comienza. Esta posición encuentra claro fundamento en el derecho romano en la acción publiciana, según la cual, por una ficción, se consideraba que aquel que se encontraba a punto de usucapir, pero faltándole aún el cumplimiento del plazo legal, tenía acción, tal como si hubiera adquirido ya la cosa, contra todos excepto contra el verdadero propietario. Pero lo que es predicable respecto de la posesión ad usucapionem no explica la protección del poseedor de mala fe que -en el mismo sistema- por mucho tiempo que hubiera durado su posesión, no lo conducía a la adquisición de la propiedad. En nuestro derecho -en cambio- es posible la usucapión (larga) sin justo título ni buena fe8. c) La teoría de Ihering. Después de lanzar sus críticas a las diversas teorías en torno al fundamento de la protección posesoria, Ihering desarrolla su posición sobre la base de considerar que la protección de la posesión la brinda la ley como complemento de la protección de la propiedad. La posesión es normalmente la forma más común de exteriorizar la propiedad. Su protección no se realiza en consideración a ella sino en función de esa exterioridad. Con ello se facilita la defensa al evitar que el propietario, en cada caso, tenga que producir la prueba de su derecho. Es claro que esto trae como consecuencia la protección también de quien no es propietario, lo que explica el autor citado, expresando que éste es un "fin no querido por la 8

Benedetti, La posesión, p. 10; Ihering, Teoría de la posesión, p. 35.

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ley", inconveniente inevitable que debe, sin embargo, tolerarse en razón de las considerables ventajas que apareja el sistema9. Se ha dicho con razón que "Ihering condena la teoría de la propiedad presunta, y sin embargo, no es otro el fundamento que la suya asigna a la posesión. ¿Qué otra cosa que una presunción de propiedad son la exterioridad del dominio y la facilidad de su prueba?", y se agrega convincentemente: "Si sólo se protegiera la exterioridad, no podría salirse de este dilema: o se protegería la posesión como apariencia de un derecho que no existe, o se la ampararía como un estado de hecho que hace presumir el derecho de propiedad. Lo primero sería inadmisible, y lo segundo importaría caer en la teoría de la propiedad presunta, contra la cual el autor dirige sus más formidables tiros", y por otra parte es difícil explicar por qué se protege la exterioridad de un derecho independientemente de este mismo y aun adversamente a él. El debate terminaría apenas se produzca la prueba del derecho de propiedad, pero ello no es admisible en el juicio posesorio10. Se advierte que la doctrina de Ihering es susceptible de muchas de las críticas que él mismo dirige a otras doctrinas, especialmente a la de la propiedad probable. No se explica, por ejemplo, por qué si la posesión precede en el tiempo a la propiedad y si, según el mismo autor, podría suponerse un Estado donde la propiedad no se protegiera, pero no una sociedad donde la posesión no estuviera protegida, cómo puede hallar, antes de la existencia de la propiedad, el fundamento en la exteriorización de un derecho inexistente11. b) TEORÍAS ABSOLUTAS. Son -recordamos- las que fundamentan el instituto en la posesión misma. 9

Ihering, Teoría de la posesión, p. 57. Martínez, La posesión, p. 70 y 71. 11 Benedetti, La posesión, p. 31. 10

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1) TEORÍAS DE LA VOLUNTAD. Sostenidas con algunas variantes por Gans, Puchta y especialmente por Bruns, toman como base la voluntad del sujeto que consideran debe ser protegida aun antes de haberse afirmado como justa. Además, Gans sostiene que la detención de la cosa puede hallarse en armonía con la voluntad general, expresada en la ley, entonces tenemos la propiedad, o estar acorde solamente con la voluntad "particular", en cuyo caso tenemos la posesión. El motivo por el cual debe protegerse esta última reside en que la voluntad, en sí misma, es un elemento sustancial que reclama protección. La voluntad es por sí libre, y es en función de esa libertad, que constituye la base de todo sistema jurídico, que debe ser protegida. La coacción y la violencia ejercidas contra la voluntad de una persona jurídicamente capaz, al afectar la libertad del individuo, constituyen injusticias respecto de las cuales la voluntad debe ser protegida. Se replica que la voluntad encuentra sus límites en la ley y merece la protección del orden jurídico dentro de esos límites. Si el derecho le brindara protección fuera de esos límites, entraría en abierta contradicción consigo mismo. Esta teoría aparece fecunda en su aplicación, si bien se le atribuye el error de pretender erigir a la sola voluntad subjetiva en único y exclusivo argumento ideológico de su amparo, y en haber generalizado en demasía la protección de la voluntad12. 2) TEORÍA DE STAHL. La conveniencia de que la posesión sea protegida surge de que ella sirve -según esta posición- a la satisfacción de las necesidades humanas, destino universal que se asigna al patrimonio. Pero reconociendo el sostenedor de esta posición que la posesión es un estado de hecho, no es suficientemente 12

Benedetti, La posesión, p. 33.

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satisfactoria su explicación, o por lo menos no es clara; en primer lugar, porque hay otras situaciones que igualmente sirven a esos fines pero no se encuentran protegidas, y en segundo lugar porque, si responde a los mismos fines que los demás derechos patrimoniales, tendría que reconocérsele igual jerarquía, o sea considerarla un derecho13. 3) TEORÍA DE SALEILLES. Este prestigioso autor desarrolla su posición dentro de los lincamientos de toda su teoría posesoria, considerando a la relación de este tipo como un complejo de elementos integrantes de la situación económica y social de quien la ejerce, la que es protegida aun antes de que se estatuya su legitimidad, porque todo el que usa, en paz y como dueño, de los bienes de este mundo, llena una función útil en sí, buena para él y para el grupo social a que pertenece. La principal crítica que se le puede endilgar a esta posición, como a la anterior, es la de poner el acento exclusivamente en los valores económicos y sociales con cierta despreocupación de los valores ético-jurídicos y -por otra parte- que la posesión es protegida con independencia de que cumpla esa función de utilidad económica que le asigna esta teoría. c) NUESTRA POSICIÓN. El afán de determinar el fundamento de la protección posesoria, con la destacada importancia que tiene tanto desde el punto de vista filosófico como dogmático, no carece de sentido en la medida en que se centre el problema en sus debidas dimensiones y -especialmente- se abandone un prurito racionalista, que pretenda construir todo el andamiaje del derecho en un juego de principios o reducirlo a una pura lógica jurídica. El derecho, como objeto cultural que es, se nutre de realidades humanas que las normas no hacen más que 3

Benedetti, La posesión, p. 38 y siguientes.

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recoger, dándoles sentido, ordenándolas, orientándolas según los valores fundamentales sobre los que se asienta la sociedad, influyendo decisivamente sobre aquella realidad pero enriqueciéndose constantemente con su influencia de retorno, en una integración dialéctica característica de toda manifestación de cultura. El legislador, como el escultor, debe arrancar sus figuras ateniéndose a la realidad, como éste a la materia que esculpe. Esa realidad puede ser más o menos maleable, pero nunca se puede dejar de tener en cuenta. La tendencia del hombre a ejercer un señorío sobre las cosas es una realidad de orden universal. Es más, para la tradición judeo-cristiana es un mandato divino incorporado en el Génesis y esa realidad es independiente de la regulación jurídica. En el derecho, como en el orden físico, hay una realidad estática y hay fuerzas dinámicas que tienden a modificarla. La realidad no puede ser modificada en tanto y en cuanto no haya una razón suficiente para ello. Esto no se refleja solamente en el hecho posesorio sino en la generalidad de las relaciones humanas. Por eso -en nuestra modesta opinión- los que más se acercan a dar un fundamento certero a la protección posesoria son quienes -como Thibaut- la encuentran en el principio según el cual nadie puede vencer jurídicamente a otro si no tiene motivos preponderantes en que fundar su prerrogativa. La objeción reside en que el autor citado saca a la posesión de su verdadero campo para confrontarla en el jurídico. Creemos que en ello reside el error. En efecto, si fuera así, la posesión debiera ceder inmediatamente apenas se enfrente con la propiedad, que es obviamente un motivo preponderante en que fundar el derecho, pero ya hemos repetido que mientras se debate el tema posesorio -en principio- no es admisible la demostración del título o, mejor dicho, carece de eficacia.

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La ley protege la relación de hecho, la estática, la realidad de la que siempre partió el derecho, y la preserva de ataques, mientras no haya una razón suficiente, dentro de la propia realidad fáctica y con independencia de los derechos subjetivos, pero necesariamente esta protección debe ser provisional, característica que viene siendo reconocida desde Huberus14. El respeto de la voluntad humana, como manifestación de su libertad, el principio de la interdicción de la violencia y el orden público interesado en preservar la paz social y evitar la justicia por mano propia, inciden necesariamente en todas las relaciones sociales, pero no explican satisfactoriamente por qué se da protección a la relación de hecho con independencia de la relación jurídica, y aun contra el derecho del propietario. En cambio, si se parte de la base de que una relación determinada de hecho, no puede ser modificada arbitrariamente, o sea sin una razón suficiente, de la misma naturaleza, que incida sobre ella, se puede encontrar el fundamento siempre que se den estas dos condiciones: a) que el debate se mantenga dentro del campo de esa realidad fáctica, al menos en principio, y 5) que la protección que el orden jurídico brinde a esta situación de hecho, revista carácter provisional. Terminado el debate, restablecida la situación anterior, satisfechas las condenaciones a que ha dado lugar el posesorio, entonces sí se podrá iniciar el debate sobre el derecho a poseer. El derecho en general, aun el derecho internacional, está plagado de ejemplos donde la situación de hecho es preservada por los ordenamientos jurídicos, o donde situaciones de apariencia jurídica logran la misma protección, hasta tanto se diluciden, en un debate más profundo, las cuestiones que atañen al derecho de las partes. Benedetti, La posesión, p. 64.

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Hasta aquí, y brevemente expuesto, si se quiere a título de ensayo, un fundamento realista del amparo posesorio, sin dejar de reconocer que el análisis del ordenamiento positivo nos conduce a admitir el carácter complejo que puede tener la gama de la protección. B) 1)

ACCIONES POSESORIAS

CONSIDERACIONES

GENERALES

§ 147. CONCEPTO. - No es posible dar un concepto de acción posesoria sin antes formular, al menos en forma elemental, una precisión respecto de lo que significa la palabra "acción", y del sentido con que la utiliza el Código. En el derecho procesal, la noción de acción ha sido objeto de una atención especial por constituir, en cierto modo, el eje sobre el cual gira todo el sistema procesal. La evolución experimentada en el campo de esta ciencia tiene fundamental importancia en la depuración del concepto, pero -adelantamos- no es con esa precisión que el codificador, siguiendo tendencias doctrinarias predominantes en la época, ha empleado el vocablo aludido. Aclaramos además que el sentido en que se emplea la palabra "acción", está muy lejos de ser unívoco en nuestros días y que, incluso, cuando la empleamos para referirnos a la acción, como modo de excitar el órgano judicial, adquiere matices diferentes según la escuela procesal en la que nos ubiquemos. Clásicamente se consideró a la acción como la faz dinámica del derecho. Un elemento inseparable y dependiente de él. La acción no era otra cosa que el derecho en movimiento, un derecho -por así decirlo- en estado de beligerancia. En el derecho romano, la asimilación entre acción y derecho era tal que no se concebía el segundo sin la primera y se ha llegado a definir el derecho romano como

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un sistema de acciones. Celso caracterizaba la acción como "el derecho de perseguir en juicio lo que a uno se le debe" y, en la misma línea de ideas, los comentaristas españoles clásicos la definían como el medio de ejercitar en juicio el derecho que nos compete, agregándose que no puede haber acción sin la existencia previa del derecho que por ella se reclama: la acción es el medio, el derecho el fin15. En la misma corriente, Savigny decía que la acción es un derecho nuevo, que nace de la violación del derecho subjetivo material y tiene como contenido la obligación -del adversario- de hacer cesar la violación16. En nuestra doctrina, Podetti sostenía que "la acción es el elemento activo del derecho material y -en consecuencia- corresponde al titular del derecho para defenderlo o esclarecerlo"17. Claro está que, con esta concepción, no es fácil explicar cómo es posible que se intenten miles de acciones, que originan otros tantos procesos, acabados los cuales, al obtenerse sentencia desfavorable, queda revelado que el derecho subjetivo que sirvió de fundamento a la acción (rectius: pretensión) no existía, o que el accionante no era el titular, o -en fin- que no estaba legitimado para actuar. Costó mucho esfuerzo a la doctrina desvincular la acción del derecho subjetivo concibiéndola como un derecho de la personalidad (Kohler), ya como un derecho subjetivo público (Muther y Wach), o como un derecho potestativo, autónomo y privado (Chiovenda) y más modernamente como un derecho abstracto de la persona a obtener la intervención del Estado, mediante el órgano jurisdiccional, para lograr una declaración referida a una pretensión concreta atinente a nuestros derechos (es interesante en este senti15 Manresa y Navarro, Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil reformada, t. I, p. 290; Devls Echandía, Nociones generales de derecho procesal civil, p. 157; Palacio, Derecho procesal civil, t. I, p. 377 y siguientes. 16 Savigny, Sistema de derecho romano actual, p. 11 y siguientes. 17 Podetti, Teoría y técnica del proceso civil, p. 290.

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do ver las posiciones de Garnelutti, Calamandrei, Couture, Aliono, Rosenberg, Redenti, Ugo Rocco, Fairén Guillen, Devis Echandía, Guasp, Capeletti, Montero Aroca, etcétera) 18 . La posibilidad de provocar la actividad del órgano judicial para obtener la intervención del Estado referida a una pretensión concreta, o a su satisfacción coactiva, es una facultad que el ordenamiento jurídico debe reconocer a toda persona. Este es el sentido genérico con que se usa la palabra acción. La acción se ejercita generalmente mediante una demanda que contiene a la pretensión. Esta pretensión debe estar fundada en derecho. Si el órgano jurisdiccional, a través de sus sucesivas instancias, comprueba que la pretensión no se encuentra suficientemente fundada, la pretensión se rechaza. La acción -en tal caso- ha sido ejercitada en plenitud, independientemente de la existencia del derecho. Pero, como ya adelantamos, el Código usa la palabra acción tomándola en un sentido sustancial que presupone la existencia del derecho, partiendo de la base de que quien tiene el derecho tendrá la acción. Por ejemplo, el art. 2758 dice: "La acción de reivindicación es una acción que nace del dominio ..."; el art. 2757 expresa: "Las acciones reales que nacen del derecho de propiedad, son ..."; el art. 2774 que la niega: "La acción no compete al que no tenga el derecho de poseer la cosa ...". En el mismo sentido se expresa cuando se refiere a las acciones posesorias. Sin embargo, el concepto de acción acuñado por la doctrina procesal y su distinción del derecho y de la pretensión, nos será útil para caracterizar a la acción posesoria, partiendo de la tesis de que la posesión es un hecho, como creemos se ha demostrado por gran parte de la doctrina (a 18

Devis Echandía, Nociones generales del derecho procesal civil, p. 157 a 159; Chiovenda, Principios de derecho procesal, p. 55; Fairén Guillen, Sistema general del derecho procesal, p. 77 y siguientes.

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la que nos adherimos). En efecto, dijimos que la pretensión debía fundarse en derecho, lo que no importa afirmar que necesariamente deba tener como sustento un derecho subjetivo material y autónomo. Existen pretensiones cautelares, de amparo o preventivas, que pueden fundarse en el ordenamiento procesal, aunque tengan como presupuesto el ejercicio de una acción independiente. Siendo la posesión un hecho, el ordenamiento positivo otorga, a quien la ejerce, el derecho de permanecer en ella y de protegerse contra los ataques inferidos, sea que tiendan a excluirlo de ella o a turbarla en su goce pacífico. La persistencia del ius possessionis, independientemente de que se tenga, o no, el derecho a poseer (ius possidendi), es lo que puede dar fundamento a la pretensión que se exterioriza ante el órgano judicial, mediante el ejercicio de las llamadas "acciones posesorias" (en sentido genérico). Las acciones posesorias son los medios de activar el órgano jurisdiccional, a los fines de obtener la protección del Estado, para mantener o recobrar una posesión que se ejerce o se ha ejercido, independientemente del derecho de poseer. Expresado este concepto, cabe señalar -como ya anticipamos- que la protección de la posesión no se agota en las acciones, sino que la ley prevé casos de defensa extrajudicial, lo que analizaremos después de hacer una breve referencia histórica sobre los remedios posesorios. § 148. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. - Una visión de los antecedentes nos permite adentrarnos en el conocimiento de estas acciones. a) DERECHO ROMANO. Dos tendencias se perfilan en torno al origen de la protección posesoria. La clásica, sostenida por Niebuhr, seguido por Savigny y otros autores, que encuentran las primeras manifestaciones en la protección brindada a los ocupantes del ager publicus, y la de Ihering que las encuentra en el procedimiento de las legis actionis

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en las que el magistrado, por medio de la vindicice, tenía la facultad de acordar provisionalmente la cosa litigiosa a una de las partes, durante la tramitación del juicio petitorio. Probablemente ambas posiciones no son incompatibles, pero no debe escapar a nuestra reflexión que la posición de Ihering es una manifestación más de su afán de sostener sus otras posiciones teóricas, pues en el caso del ocupante del ager publicus no puede haber vinculación alguna con la protección de la propiedad, pues tal tipo de cosas no eran susceptibles de ser objeto de este derecho. Recordemos que el autor sindica a la propiedad como fundamento de la protección posesoria. En efecto, en Roma, en los primeros tiempos, hubo una sola clase de propiedad (de ture quiritiurri), la que estaba protegida por las acciones petitorias (especialmente la reivindicatió). Los fundos itálicos, por ejemplo, podían ser objeto de propiedad y respecto de ellos competía el ejercicio de estas acciones. Los territorios provinciales, las tierras de conquista, pertenecían sólo al Estado que, por razones de conveniencia, podía adjudicarlas a particulares para su explotación, pero sin otorgarles la propiedad. Estos particulares que normalmente las hacían cultivar, podían ser inquietados en su ocupación y -en tal caso- no podían recurrir a las acciones directas, que sólo competían a quienes alegaban derechos civiles. Para proteger estas ocupaciones se confirieron acciones útiles, otorgadas por el pretor, que vienen a dar nacimiento a este tipo de protección19. Más adelante, la omisión de las ceremonias exigidas por la ley para transmitir la propiedad (mancipatio e in iure cessio) dio lugar a que, paralelamente a la propiedad civil (o quiritaria), apareciera una especie de propiedad protegida por acciones útiles (propiedad bonitaria). Tal tipo 19 Petit, Tratado elemental de derecho romano, p. 243; Savigny, Traite de la possession en droit romain, p. 177 y siguientes.

19.

Musto, 1.

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de protección tiene su razón de ser en la necesidad de arbitrar medidas para no dejar inerme a este tipo de adquirentes frente a la acción del propio vendedor, o de terceros que pretendieran excluirlo de la posesión del bien adquirido, o inquietarlo en ella. En torno a su origen procesal, puede señalarse que, al lado del procedimiento ordinario o formulario, se desarrolló, desde las primeras épocas, un sistema de tutela dada por el pretor mediante órdenes que no revestían el carácter de sentencias sino de decretos o decisiones de carácter administrativo. El procedimiento ordinario se desenvolvía en dos fases. La primera ante el magistrado (in iure), la segunda ante el juez (in indicio'). Normalmente la primera etapa, fase sumarial que se desarrollaba ante el pretor (magistrado) culminaba con la expedición de una fórmula dirigida al juez, ante quien se desarrollaba la segunda etapa con un juego de acciones, excepciones, réplicas y duplicas. Pero a veces los procesos terminaban en la primera fase con la expedición de un decretum o un interdictum (los primeros ordenaban, los segundos prohibían), que podían tener carácter permanente, pero generalmente era de carácter temporal. Debe aclararse que si la orden del pretor tenía carácter general (reglamentario) se llamaba edictura, y cuando estaba referida a un caso determinado entre las partes interesadas se llamaba interdictum. La palabra "interdicto" se utiliza entonces en dos sentidos, en un aspecto por oposición a edicto. Definimos el interdicto como una orden basada en una causa, personal a las partes, generalmente de carácter prohibitivo, dictada por el magistrado en virtud de su imperium, a solicitud de parte interesada, para hacer cesar un acto dañoso ejecutado en perjuicio del solicitante20. 20

Cuenca, Proceso civil romano, p. 323.

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Los interdictos, así concebidos, tienen por fundamento la posesión y por finalidad protegerla, por eso no está incluido entre ellos el interdicto de adquirir Qadipiscendce possessionis), dado que presupone la inexistencia de una posesión anterior, de lo contrario sería de recobrar. En el derecho clásico los interdictos podían clasificarse según eí siguiente cuadro. Retinencias

utrubi (muebles) uti possicletis (inmuebles)

Recupéremelas

armata (con armas) quotidiana (común) clara (clandestina) de precario

Interdicta

unde vi

El primer grupo, como su nombre lo indica, está destinado a mantener una posesión que ha sido turbada; el segundo, en cambio, contiene remedios tendientes a recuperar una posesión perdida. Justiniano introdujo importantes modificaciones, pero -según Savigny- los viejos interdictos conservaron su vigencia. En cambio, en la Edad Media, por influencia del derecho germánico y del derecho canónico, las transformaciones experimentadas fueron más importantes. Entre las modificaciones introducidas por Justiniano, se pueden citar especialmente la unificación de los interdictos, suprimiendo -a su vez- la distinción entre los de vi armata y los de vi quotidiana, y también la supresión de la defensa posesoria respecto de las cosas muebles. b) DERECHO CANÓNICO. En la Edad Media surgió un nuevo remedio procesal en virtud de la evolución del derecho canónico, teniendo como origen una recopilación cuya fuente es tildada de espuria y, por eso mismo, conocida como Las falsas decretales de Isidoro Mercator (siglo ix).

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El conflicto que se producía muchas veces entre el poder temporal y los obispos, cuando estos últimos eran sometidos a juicio y despojados de sus bienes, hacía que el enjuiciado tuviera escasas posibilidades de defensa frente al embate de príncipes poderosos (y a veces faltos de escrúpulos) o motivaba que los procesos se dilataran sine die, prolongando así el despojo de los bienes y el consiguiente usufructo de las rentas por parte del titular del poder temporal21. La compilación citada dispuso que ningún obispo expulsado de su sede y despojado de sus bienes, podría ser llevado ante el sínodo, a los fines del proceso criminal, sin que antes se les restituyeran tales bienes. En su primera etapa, el remedio se configura entonces como una excepción destinada a paralizar la causa {exceptio spolii), o sea de mero efecto dilatorio, pero que no procuraba la restitución de la cosa, por lo que debió haber sido considerada insuficiente complementándose con la actio spolii que aparece en la compilación de Graciano (hacia 1150) como demanda de restitución autónoma. Resumiendo, el obispo enjuiciado y despojado podía oponer ante el sínodo la exceptio spolii, como dilatoria. El sínodo suspendía los procedimientos referidos al enjuiciamiento y emplazaba al excepcionante a intentar la restitución ante la vía correspondiente. Producida la restitución continuaba el enjuiciamiento. Más adelante estos remedios se amplían -por una parteextendiéndose también a las causas civiles, y se generalizan -por la otra- de modo que pueden invocarlos también los particulares poseedores, y aun los simples tenedores. La importancia de estos antecedentes es que son el germen de la acción de despojo, articulada por nuestro Código. Laquis, Derechos reales, t. I, p. 501.

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En efecto, la actio spolii fue receptada por el derecho francés bajo el nombre de réintegrande (que deriva del canon que consagraba la actio spolii: "redintegranda sunt ante omnia exspoliatio"), la que se otorgaba a los poseedores y tenedores, tanto de muebles como de inmuebles contra las desposesiones o turbaciones violentas, y que venía a complementar a la típica defensa posesoria del derecho francés (la cornplainte') otorgada sólo a los poseedores anuales de inmuebles, en los demás casos, o sea no mediando violencia. c) DERECHO MEDIEVAL. No olvidemos que en esta época, con marcada influencia del derecho germánico, tuvo recepción el derecho romano, pero ello no impidió que numerosas situaciones fueran regidas por el derecho canónico, al que hemos hecho referencia, en torno a este tema, en el acápite anterior. En tal mosaico de legislación aparece, en el siglo xm, el possessorium summariissimum, que se difunde en toda Europa, adoptando diversas denominaciones, pero que -en esencia- no es más que un procedimiento incidental destinado a determinar en forma sumaria, es decir con rapidez y con conocimiento y prueba restringidos, cuál de las partes debía ser mantenida en la posesión mientras duraba el ordinario. Tendíase a demostrar así, mediante una breve instrucción, quién era el poseedor actual22. d) DERECHO FRANCÉS. Tres son las acciones sobre las que se organiza el sistema: a) la cornplainte, acción posesoria propiamente dicha que sólo ampara a los verdaderos poseedores de inmuebles y que, a los requisitos de ser exenta de vicios, pública, pacífica, continua, inequívoca y no interrumpida, agregaba el de la anualidad (un año y un día), recogido por nuestro codificador. La cornplainte puede ser 22

Benedetti, La posesión, p. 154.

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ejercida aun contra el tercer poseedor de buena fe; b) la réintegrande, destinada a proteger a quien ha sido despojado con violencia, tiene ancha franja de legitimación activa, pudiendo ser invocada por el poseedor actual, aun vicioso y por el tenedor, contra el despojante, sus herederos universales, o el sucesor particular de mala fe, pero no prejuzga respecto de la existencia de posesión anual ni -desde luego- sobre la propiedad, y c) la denuncia de obra nueva, discutida en la doctrina francesa su existencia como acción autónoma, o si está comprendida en la complainte, la jurisprudencia distingue según que la obra se lleve a cabo en terrenos del poseedor, o no, y si está concluida o no la obra. e) DERECHO ESPAÑOL. Organiza un complejo sistema que ha sido receptado por nuestros principales códigos de procedimientos a través de la ley española de 1855 y el proyecto de Código de Procedimientos para la Provincia de Buenos Aires. Los cuatro interdictos: i ) de adquirir; 2~) de retener; 3) de recuperar, y 4) de obra nueva tenían procedimiento sumario, de conocimiento restringido y sin fuerza de cosa juzgada material. A éstos se agregaba el de obra vieja o ruinosa. Independientemente de ellos podía intentarse el plenario posesorio reservado para los poseedores anuales no viciosos, con amplios efectos reipersecutorios. Concluidos estos remedios aún podía debatirse el derecho de poseer en el respectivo juicio petitorio. f) DERECHO PATRIO. El derecho patrio es el conjunto de normas vigentes en la República hasta la sanción del Código Civil. Molinario le asigna las siguientes características: 1) Amparaba a poseedores y cuasiposeedores tanto de muebles como de inmuebles, siempre que la posesión fuere quieta y pacífica. 2~) Los interdictos estaban estructurados como procedimientos rápidos que podía intentar el poseedor actual sólo contra el despojante.

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5) Si la desposesión había sido violenta o clandestina el poseedor desposeído en tal forma podía acudir a la acción de despojo, con efecto erga omnes. 4) Ni los interdictos ni la acción de despojo tenían fuerza de cosa juzgada material por lo que, una vez concluidos, el poseedor podía aún intentar el plenario posesorio. 5) Como característica saliente puede señalarse que podían acumularse los juicios posesorio y petitorio, lo que no está permitido en el Código Civil. g) EL "ESBOQO" DE FREITAS. En el Esbogo, la protección de la posesión está limitada a los inmuebles. Se protegía sólo al poseedor {stricto sensu) y se estructuraban dos acciones: a) la de despojo (esbulho) que comprende a los casos de desposesión violenta, clandestina y mediante abuso de confianza, y compete al poseedor, aun vicioso, contra el despojante, sus herederos y cómplices, pero no contra los terceros adquirentes aunque fueran de mala fe, si no la hubieron directamente del despojante, y b) la de manutención dada al poseedor no vicioso respecto de quien realiza actos de turbación. En el Esbogo, el requisito de anualidad no está previsto, se protege la posesión actual, como en el derecho romano23. § 149. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. - Es un principio general del derecho que nadie puede hacerse justicia por mano propia o, en otras palabras, que el Estado conserva el monopolio de la justicia y, por tanto, declara proscripta la posibilidad de justicia privada. En tal sentido, tenemos dos normas fundamentales, en materia posesoria, en el Código Civil; la primera de ellas el art. 2468 que expresa que un título válido no da sino un derecho a la posesión de la cosa, 23

guientes.

Allende, La posesión, p. 57 a 102; Benedetti, La posesión, p. 181 y si-

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y no la posesión misma, agregando: "El que no tiene sino un derecho a la posesión no puede, en caso de oposición, tomar la posesión de la cosa: debe demandarla por las vías legales", a su vez, el art. 2469, en su primitiva redacción decía: "Cualquiera que sea la naturaleza de la posesión, nadie puede turbarla arbitrariamente". La ley 17.711 modificó este artículo quedando así: "La posesión, cualquiera sea su naturaleza, y la tenencia, no pueden ser turbadas arbitrariamente". En primer lugar, cabe hacer notar que la norma del art. 2468 recoge un principio general y no crea ni regula una acción particular para adquirir, remitiéndose a las "vías legales". Evita así la norma introducir, dentro de los remedios posesorios, una pretensión que no tendría por fundamento la posesión, porque -por hipótesis- no se ha adquirido con anterioridad y que, por el contrario, se basa en el título que, como lo destaca el art. 2472, en principio, nada tiene que ver con el juicio posesorio salvo el caso del art. 2471. La palabra "título" está empleada en el sentido de causa-fuente del derecho y no en sentido instrumental24. Aunque reputamos ajeno al tema posesorio lo relativo a explicitar cuáles son las vías legales a las que remite el Código, consideramos oportuno expresar que, con carácter extraposesorio, o si se quiere preposesorio, encontraremos las acciones emergentes del propio título y que tienen carácter personal. Por ejemplo, he adquirido por compraventa una finca pero no se me ha hecho tradición de la cosa. Tengo acción contra el vendedor para que, en cumplimiento del contrato, me la entregue. Puede ocurrir sin embargo que la cosa esté en poder de un tercero que se oponga a la entrega y -en tal caso- la vía legal dependerá del derecho que alegue el tercero al oponerse. La vía del interdicto de adquirir, estructurado por algunos códigos procesaLlambías - Alterini, Código Civil anotado. Derechos reales, p. 220.

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les, es inidónea en este caso e innecesaria cuando no media oposición, a tenor de lo que surge del propio art. 2468. La inutilidad del interdicto queda de relieve si tenemos en cuenta que -como lo expresa Benedetti- el caso típico de su ejercicio feliz es el de la entrega de una posesión vacua de un inmueble por falta de un tradens para regularizar una adquisición, pero -agregamos nosotros- que, interpretando a contrario sensu el art. 2468, cuando no media oposición, quien tiene un derecho a poseer puede tomar la cosa sin necesidad de demandarla, ya que el artículo establece esa necesidad "en caso de oposición"25. La norma se refiere a un título "válido", debiendo interpretarse a fortiori que un título nulo tampoco puede dar lugar a la adquisición sin intentar las vías legales26. Al tratar de las acciones reales, estudiaremos la posibilidad de ejercicio de la acción reivindicatoría por el adquirente a quien no se le ha hecho tradición de la cosa, y las dificultades interpretativas a que ha dado lugar el caso, al entenderse que, por no haberse efectuado la tradición de la cosa, no se ha adquirido la propiedad y, por tanto, no se tendría derecho a ejercer una acción que deriva de ella. Otra dificultad interpretativa es la derivada de la utilización en el art. 2469 del adverbio "arbitrariamente". Según alguna doctrina, el Código admitiría y aun alentaría turbaciones que no fueran arbitrarias, por ejemplo para impedir la prescripción o la consolidación de la posesión por la anualidad. Entendemos que toda turbación que se realice de propia autoridad, resulta arbitraria, de lo contrario estaríamos extendiendo el campo de la defensa privada del art. 2470, cuyo carácter excepcional presupone una inter25

Benedetti, La posesión, p. 200; Llambías - Alterini, Código Civil anotado. Derechos reales, t. IV-A, p. 220. 26 Llambías - Alterini, Código Civil anotado. Derechos reales, t. IV-A, p. 220.

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pretación restrictiva. El hecho de que normas como los arts. 2456, 2477 y 2478, reglen los efectos interruptivos de las turbaciones no implica que el Código las considere legítimas, o que las aliente. Simplemente, frente a un hecho, la ley establece sus efectos. § 150. CONCEPTO DE TURBACIÓN. - Desde el punto de vista de la protección posesoria, no toda molestia que se provoque respecto de la cosa poseída representa una turbación. Para que exista una verdadera turbación es necesario que el agente tenga propósitos de poseer o de limitar la posesión. Si realiza actos que signifiquen un daño o un desmedro de la posesión, pero que no tienen aquella finalidad, la vía indicada es invocar una acción personal de daños y perjuicios y no la acción posesoria, ya que la posesión no ha sido afectada (art. 2497). A su vez, esos actos, para que sean turbatorios, requieren -en cuanto a su extensión- un efecto limitado, en el sentido de que no deben tener el de excluir al titular en forma absoluta, pues de lo contrario involucrarían una desposesión, variando en entidad la lesión y, por lo tanto, el remedio posesorio invocable (art. 2496). El artículo exige además que los actos sean realizados contra la voluntad del poseedor, requisito que resulta obvio. Exclusión absoluta no significa exclusión total respecto de la posesión de la cosa. La exclusión puede ser absoluta y parcial. Por ejemplo, poseo una extensión de veinte hectáreas y alguien me excluye en forma absoluta de una porción menor (v.gr., dos hectáreas, las cuales ocupa, cerca, labora). En tal caso, existe desposesión absoluta y parcial. Pero si se limita a ejercer actos posesorios sobre el terreno, usándolo o ejerciendo actos que importen el ejercicio de una servidumbre (p.ej., sacar agua, derivar aguas servidas, hacer pasar el ganado), tales actos constituyen mera turbación, en la medida que no impiden al poseedor continuar ejerciendo su posesión.

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Se descartan también como turbaciones aquellas motivadas en un estado de necesidad transitorio, como -por ejemplo- si extraigo agua del fundo vecino para apagar un incendio. § 151. DEFENSA EXTRAJUDICIAL. - L a defensa extrajudicial de la posesión no es sino la aplicación en el campo posesorio, del principio de la legítima defensa por la persona que sufre una agresión, y exige similares presupuestos. Siendo la violencia una actitud perjudicial para la paz social y el orden, corresponde al Estado la protección de los derechos de los particulares, razón por la cual a éstos les está vedado -en principio- hacerse justicia por mano propia. Y decimos "en principio" porque, a pesar del grado de civilización alcanzado, la posibilidad de los particulares de actuar de propia autoridad, no ha sido suprimida totalmente, pero debe distinguirse entre la violencia defensiva, mediante la cual se tiende a conservar un estado de cosas existentes, frente a una agresión, y la violencia ofensiva, aunque se ejerza con miras a lograr un estado de hecho que sea conforme al derecho. La primera, bajo ciertas condiciones, está permitida, mientras que la segunda se encuentra proscripta. No vamos a entrar aquí a dar los fundamentos de la legítima defensa, genéricamente considerados, respecto de la persona y los derechos. Sólo nos cabe hacer notar que en este caso se autoriza a defenderse, o se legitima la defensa, de un estado de hecho, y así lo expresa el art. 2470 cuando se refiere al "hecho de la posesión'". Si no fuera así, si no se defendiera el hecho de la posesión, interpretándose que es el corpus posesorio, la defensa extrajudicial sería totalmente ineficaz. El art. 2470 dice: "El hecho de la posesión da el derecho de protegerse en la posesión propia, y repulsar la fuerza con el empleo de una fuerza suficiente, en los casos en que los auxilios de la justicia llegarían deraa-

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siado tarde; y el que fuese desposeído podrá recobrarla de propia autoridad sin intervalo de tiempo, con tal que no exceda los límites de la propia defensa". Se perfilan perfectamente las dos agresiones posibles: hasta las palabras "demasiado tarde", el Código contempla a quien no ha sido aún desposeído y después del punto y coma, a quien, ya desposeído, se apresta a recobrar la cosa. Se advierte además que, en el primer caso, se presupone la existencia de una fuerza al expresar la norma la posibilidad de "repulsar la fuerza", en cambio en el segundo caso, este elemento no se puede extraer de la norma y, aun cuando la mayoría de la doctrina no distingue, entendemos que no siempre la existencia de fuerza es requisito indispensable. Por ejemplo, una persona, aprovechando un descuido, toma una revista de un quiosco e intenta huir. La posibilidad de intentar recobrarla por parte del dueño es innegable aunque no medie fuerza. En cambio, es difícil ejemplificar cuando no media desposesión y se trata de arrebatar la cosa, mientras no se lo logre, seguramente estarán mediando actos de violencia con la consecuente repulsa. Formulada esta aclaración pasamos a ocuparnos de los requisitos que establece la norma. a) El ejercicio de la defensa extrajudicial está concedido a todo poseedor, aun vicioso, y tenedor, interesado o desinteresado, como también a quienes tengan la cosa por un vínculo de dependencia, hospedaje u hospitalidad. 6) La norma no exige que la agresión sea ilegítima, pero debe serlo en el sentido de que la ley prohibe hacerse justicia por mano propia (recordemos el principio del art. 2469), de lo contrario, un propietario podría invocar la "legitimidad" de su agresión fundada en el derecho de dominio. Se podría decir que, en tal aspecto, toda agresión es ilegítima en materia posesoria. La orden judicial de lanzamiento con que ejemplifican algunos autores no merece el

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nombre de "agresión" y si se emplea la fuerza pública, lo es como consecuencia del ejercicio natural de la potestad judicial. Eso es lo que el derecho quiere y -por lo tanto- la norma se refiere al ejercicio de la fuerza por los particulares y no al legítimo empleo de la fuerza por el Estado. c) La racionalidad o proporcionalidad de los medios defensivos surge claramente, en el caso de la repulsa de la fuerza, del calificativo "suficiente" que emplea la norma para denotar la intensidad con que debe repelerse la agresión. Es un término más flexible que "necesario", e importa la adopción y el uso de todos los medios requeridos para impedir que el agresor logre sus propósitos, pero evitando que quien se defiende se convierta -a su vez- en agresor. d) La racionalidad, en el caso de desposesión, surge de la parte final del artículo "con tal que no exceda los límites de la propia defensa". Si se exceden esos límites la defensa no deja de ser legítima en su origen, pero el que se defiende de este modo, debe responder por las consecuencias de su exceso. e) Por último, la ley sólo autoriza a defenderse cuando la protección del Estado no puede llegar con la celeridad suficiente para impedir la consumación del despojo en el primer caso, de allí que se imponga la condición de que "tos auxilios de la justicia" (se alude genéricamente a la autoridad) lleguen demasiado tarde; y en el segundo caso cuando es obvio que no han llegado para impedir la consumación, entonces se exige que no medie intervalo de tiempo. Mejor diríamos que no haya solución de continuidad entre la desposesión y la recuperación; mientras se prosiga la persecución (en el ejemplo dado) se cumple el requisito. La significación precisa de la palabra "intervalo" así lo indica. § 152. PROTECCIÓN JUDICIAL DE LA POSESIÓN. - Consideramos necesario efectuar una breve introducción, antes de tratar el tema de las acciones posesorias, sus requisitos comunes y los referidos a cada acción en particular.

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a) CARACTERIZACIÓN. El derecho, en general, apunta a la realización de ciertos valores, entre los que es precipuo el de la justicia. Es un ideal al que se apunta esencialmente y sin el cual el derecho carecería de sentido. Un ordenamiento positivo puede contener alguna norma injusta, pero el derecho no puede renegar de su fin primordial, que es la justicia, sin dejar de ser derecho. Sin embargo, este valor principal no excluye a otros también importantes, sin los cuales la convivencia social sería imposible: el orden, la paz social, la seguridad, entre otros. Muchas veces, el ordenamiento jurídico positivo se ve en la necesidad de preservar estos valores, las más de ellas con premura, adoptando soluciones que no siempre responden adecuadamente a aquel fin precipuo. Pero, en tales casos, cuando el apartamiento de la solución justa, o el desmedro del valor justicia se produce, las soluciones que el ordenamiento jurídico da, rara vez tienen efecto definitivo y encuentran entonces mejor justificación en la necesidad de proteger, aunque sea provisionalmente, estos otros valores. En materia posesoria esta característica normativa aparece con nitidez, apenas nos adentramos en el estudio de su protección. Partamos de la base de las constantes que se dan, en general: i ) en el juego de la legitimación para obrar (tanto activa como pasiva); 2) con relación a los efectos reipersecutorios; 5) en el ámbito de conocimiento del juez, y amplitud de debate y prueba, y 4) en relación a la extensión de la cosa juzgada. En primer lugar, a una legitimación activa más restringida corresponde un efecto reipersecutorio más amplio y viceversa, cuando más ancha es la base de la legitimación activa, más restringido es el efecto reipersecutorio. En segundo lugar, el conocimiento del juez en el proceso puede encontrarse limitado o restringidos también los medios de prueba de que puedan valerse las partes, o las defensas o excepciones que puedan esgrimir. En tal caso,

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a un mayor ámbito de conocimiento y amplitud de debate y prueba, corresponde un más amplio efecto de la cosa juzgada material Quicios plenarios). En cambio cuando el ámbito de conocimiento del juez, la defensa o la prueba se encuentran restringidos Quicios sumarios propiamente dichos), es también restringido el efecto de la cosa juzgada o desaparece, posibilitando el replanteo en un juicio pleno. Sobre la base de estas constantes nos será más fácil estudiar las acciones posesorias y los interdictos o defensas policiales. Relacionado con lo expresado anteriormente es posible adelantar que las acciones o defensas llamadas "policiales" apuntan a preservar los valores que atañen a la convivencia social: orden, paz, seguridad, prohibición de la violencia y de la justicia de propia autoridad, etcétera. Ante las constantes referidas es posible también apuntar que mientras en las acciones posesorias propiamente dichas la legitimación activa es restringida y el efecto reipersecutorio erga omnes, en las acciones policiales, la legitimación activa es amplia y limitado el efecto reipersecutorio. A su vez, la limitación en el conocimiento del juez permite que se replanteen las cuestiones en ulteriores juicios según una escala de mayor ámbito. Así, quien es vencido en una acción policial podrá plantear el posesorio o el petitorio, según el caso; quien es vencido en el posesorio tendrá expedita la vía del petitorio. Combinando estos factores con los dos tipos de lesiones que la posesión puede sufrir en manos de su titular, podemos llegar a sistematizar así el tema de la protección judicial. i ) Una acción posesoria (técnica o propiamente dicha) de mantener, destinada a proteger al poseedor astricto sensu) contra turbaciones que no importen excluirlo de la posesión. 2) Una acción posesoria (en el mismo sentido) de recuperar que ampara al poseedor (stricto sensu) contra actos de desposesión absoluta (aunque sea parcial, respecto de la cosa).

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3) Una acción policial, o interdicto de retener, que ampara al poseedor (o tenedor) contra turbaciones. •4) Una acción policial de recobrar, o interdicto, que ampara al poseedor (o tenedor) contra actos de desposesión absoluta (total o parcial). Paralelamente a ellas se legisla la acción de obra nueva que podrá tener carácter autónomo, si las obras se realizan en terrenos que no son del poseedor, o se asimilará a la de recuperar o recobrar si las obras se están realizando en terrenos que pertenecen al poseedor que ejercita la acción. Completando el cuadro, aunque excediendo el marco del sistema, tenemos que mencionar, en primer lugar, el interdicto de adquirir, que no es posesorio porque -como hemos dicho- no tiene por fundamento la posesión sino por finalidad adquirirla; y en último término la acción llamada "de obra vieja", o de daño temido que, al menos en nuestro derecho, puede ser ejercida también por quienes puedan sufrir un perjuicio independientemente de que tengan, o no, una relación con la cosa. b) LEGITIMACIÓN PARA OBRAR Y EFECTO REIPERSECUTORIO. TINCIÓN. La legitimación para obrar, tanto activa como

DIS-

pasiva, debe estudiarse en el derecho procesal, pero el uso de estos conceptos se suele asimilar o confundir con los efectos reipersecutorios lo que nos obliga a efectuar ciertas precisiones. La legitimación para obrar es la calidad del sujeto que lo habilita a intervenir en la litis asumiendo el rol de actor (legitimación activa) o de demandado (pasiva), y representa un presupuesto para la consideración de la pretensión en la sentencia de fondo o mérito. Si la calidad alegada o afirmada por el sujeto procesal no lo habilita para tales fines, el proceso podrá desarrollarse en la medida en que se den otros presupuestos, pero no podrá dictarse una sentencia sobre el fondo de ia cuestión.

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La legitimación para obrar {legitimatio ad causam) no se debe confundir con las cuestiones referidas a la acreditación de la personería o a la capacidad de hecho para litigar; éstas hacen a la legitimación procesal {ad processurn). No se debe confundir tampoco con la titularidad del derecho que será lo que determine la sentencia de fondo o mérito, siempre que se dé el presupuesto de legitimación. Si alguien afirma ser propietario -por ejemplo- y demanda por reivindicación, estará legitimado activamente para obrar. Si no prueba dicha condición con títulos suficientes, la sentencia podrá serle adversa, lo que implica tanto como afirmar que no era titular del derecho. Si, por el contrario, alguien demanda por reivindicación afirmando ser tenedor, o tener un derecho personal, como el locatario, no podrá recaer sentencia sobre la pretensión real ejercida, por faltar la legitimación para obrar activa. Por último, y sólo para completar los ejemplos, si alguien se presenta en nombre de un tercero, sin acreditar mandato o representación legal suficiente, estaremos ante una falta de legitimación procesal, comúnmente llamada "falta de personería" o "de personalidad". El efecto reipersecutorio -en cambio- es la posibilidad de perseguir la cosa en manos de quien se encuentre, si es amplio (adversus omnes), o en manos de las personas que determine la ley, en forma restringida. Un ejemplo extraído del propio ámbito posesorio nos ayudará a comprender la diferencia. En las acciones técnicas o propiamente dichas, la legitimación pasiva corresponde, si se trata de la acción posesoria de recuperar, al poseedor actual. Quien no sea poseedor de la cosa no podrá revestir el carácter de demandado, pues si es tenedor podrá excepcionar denunciando el nombre de la persona por quien posee. El efecto reipersecutorio atañe a la posibilidad de perseguir la cosa, independientemente de que la persona haya tenido relación alguna con el demandante, o que haya realizado ella, o sus agentes, actos tendientes a la 20. Musto, 1.

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desposesión. En la acción de despojo, la legitimación pasiva corresponderá a quien detente la cosa, pero ya no se podrá perseguirla en manos de quien se encuentre, sino sólo respecto de las personas enumeradas en el art. 2490, o sea el despojante, sus sucesores (universales) y cómplices. Ya veremos que el efecto reipersecutorio de las acciones posesorias (propiamente dichas) no es (después de la reforma) tan amplio. Ello surge del juego de los arts. 2491, 1051, 2412, 2488, etcétera. Efectuadas estas precisiones, que hemos creído necesarias para la mejor comprensión del tema y para aventar cierta anarquía terminológica, y aclarando que la ardua polémica entre quienes sostenían el dualismo entre las acciones posesorias y de despojo, estructuradas por el Código Civil, por una parte, y los interdictos normados por las leyes procesales, por la otra, y quienes sostenían que estos últimos no eran sino la regulación de los primeros, ha perdido actualidad merced a la reforma de la ley 17.711 y las disposiciones procesales que siguen la orientación del Código Procesal Civil y Comercial nacional (ley 17.454 y su reformatoria 22.434), podemos elaborar el siguiente cuadro. Extrajudicial - para mantener o recobrar (art. 2470) Técnicas o propiamente dichas

de mantener (arts. 2487 y 2495) de recuperar (art. 2487)

Policiales

de mantener (art. 2469) de recuperar (art. 2490)

Posesorias •

Defensas-

r

Acciones < Obra nueva

terrenos que no son del poseedor (art. 2499) - sobre terrenos del poseedor se juzga como despojo (art. 2498) k

Extraposesorias: de obra v

o daño temido (art.

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§ 153.

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RELACIONES ENTRE EL POSESORIO Y EL PETITORIO.

Ya hemos repetido que en principio, dentro del tema posesorio, la existencia del título referido al derecho de poseer sólo tiene atingencia para calificar de legítima a la posesión y como punto de referencia para determinar la buena fe, pero ni el título, ni siquiera la buena fe, son exigibles para intentar las acciones posesorias (art. 2473 infiné). Aun a riesgo de pecar de iterativos, recordamos la independencia que marca el art. 2472 cuando expresa que la posesión nada tiene de común con el derecho de poseer y será inútil la prueba en las acciones posesorias del derecho de poseer por parte del demandante o demandado. Congruente con esta posición, el legislador, en el art. 2482, establece el principio de que el juicio petitorio y el posesorio no son acumulables. La disposición expresa: "El que tuviere derecho de poseer y fuere turbado o despojado en su posesión, puede intentar la acción real que le competa, o servirse de las acciones posesorias, pero no podrá acumular el petitorio y el posesorio ...", y agrega: "Si intentase acción real, perderá el derecho a intentar las acciones posesorias; pero si usase de las acciones posesorias, podrá usar después de la acción real". No se trata en realidad de una opción que tenga el titular del derecho, que a su vez tiene el ius possessionis, sino de la posibilidad de ejercer dos tipos de defensas que tienen distintos presupuestos y también diferentes finalidades y fundamentos, pero la acumulación de ambas acciones introduciría la confusión en torno a los diversos ámbitos de las distintas acciones. La improcedencia en la acumulación de los juicios se justifica no sólo por razones procesales (tramitan por procedimientos distintos), sino también por motivos sustanciales: a) quien demanda por reivindicación está reconociendo que no es poseedor, y b) por el distinto efecto que tienen los juicios.

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Ello no impide que el juez, sin acumular los procesos, pueda tomar en el petitorio las medidas relativas a la guarda y conservación de la cosa (art. 2483). Consecuencia de esta separación entre uno y otro juicio son las que siguen. a) Establecido el posesorio, el juicio petitorio no puede tener lugar hasta que la instancia posesoria haya terminado (art. 2484). b) El demandante en el juicio petitorio no puede usar de acciones posesorias por turbaciones anteriores a la introducción de la demanda (art. 2485). c) El demandado -en cambio- puede usar de acciones por perturbaciones anteriores a la demanda (art. 2485). Lo contrario sería excluirlo de la defensa posesoria por tales turbaciones. d) El demandado vencido en el posesorio no puede comenzar el juicio petitorio, sino después de haber satisfecho plenamente las condenaciones pronunciadas contra él (art. 2486). Estas condenaciones incluyen la de restitución de la cosa, las costas y honorarios del juicio, etcétera. Como corolario de lo expuesto cabe afirmar que el demandante en juicio petitorio puede accionar por turbaciones posteriores a la demanda, supuesto que no podría darse en la reivindicación, pero sí en las acciones negatoria y confesoria. Otra cuestión que se plantea es que el art. 2486 exige solamente al demandado cumplir con las condenaciones del posesorio, antes de iniciar el petitorio. El Código ha contemplado el problema desde el punto de vista de la condenación principal, que para el caso del demandado es la restitución de la cosa. Si es vencido el demandante, las accesorias como costas y honorarios deberán también ser satisfechas antes de iniciar el juicio petitorio. Pero la consecuencia más importante, y que revela la relación estrecha que existe entre ambos juicios, es que

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quien intenta la acción real pierde el derecho de intentar las acciones posesorias, salvo lo que se ha expresado respecto de las turbaciones posteriores. Diversos fundamentos se han dado para justificar esta solución; rechazamos la que recurre al principio según el cual "electa una vía no se puede volver a la otra", pues no se trata de una verdadera opción, lo que corrobora el hecho de que se puede elegir la posesoria y luego intentar la petitoria. Se dan otros fundamentos: que la iniciación del petitorio implica la renuncia del posesorio y que importa también el reconocimiento de la posesión en manos del reivindicado. La primera no explica por qué entonces se permite la acción posesoria por turbaciones posteriores a la iniciación del juicio y la segunda sólo es aplicable al juicio de reivindicación. La verdadera razón debe encontrarse en que -como hemos dicho- las acciones posesorias siempre tienen carácter provisional, mientras que las petitorias lo tienen definitivo y, por lo tanto, quien escoge el remedio definitivo no podría luego intentar la revisión a través del remedio provisional. La sentencia que recae en el juicio petitorio es siempre irrevisable, una vez firme y hace cosa juzgada material. Autorizar su revisión a través del posesorio sería ir nada menos que contra el principio de la intangibilidad de la cosa juzgada que presupone dicho tipo de pronunciamiento. 2)

REGLAS COMUNES AL EJERCICIO DE LAS ACCIONES POSESORIAS PROPIAMENTE DICHAS

§ 154. INTRODUCCIÓN. - Los presupuestos para el ejercicio de las acciones posesorias en sentido técnico, o propiamente dichas, tanto para la de manutención como para la de recuperación de la posesión, surgen de los arts. 2473 y 2481 que expresan respectivamente: "El poseedor de la cosa no puede entablar acciones posesorias, si su pose-

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sión no tuviere a lo menos, el tiempo de un año sin los vicios de ser precaria, violenta o clandestina"; agregando: "La buena fe no es requerida para las acciones posesorias", y el segundo de los artículos mencionados: "La posesión anual para dar derecho a las acciones posesorias, debe ser continua y no interrumpida". § 155. POSESIÓN. - En primer lugar, la legitimación activa corresponde únicamente a los poseedores en sentido estricto, es decir aquellos que tienen la cosa con la intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad, acorde con la precisión establecida en el art. 2351 y conforme con el alcance asignado a la expresión "un derecho de propiedad", comprensiva de los derechos reales (que se ejercen por la posesión) y no sólo del dominio27. Como lo expresa el art. 2473, la buena fe no es requerida para el ejercicio de las acciones posesorias, pero como veremos más adelante, si fuere de mala fe, los caracteres que debe reunir la posesión implican la necesidad de que ella no sea viciosa. Cuando se dice que la posesión debe ser con ánimo o a título de dueño, no se expresa de modo alguno la necesidad de aportar el título, dado que, fuera del caso del art. 2471, la posesión nada tiene de común con el derecho de poseer, y será inútil la prueba de él en las acciones posesorias (art. 2472). § 156. ANUALIDAD. - Este requisito, que no era exigido por el derecho romano, reconoce su origen en el antiguo derecho francés, que exigía la posesión de un año y un día, para suplir la ceremonia medieval de la investidura. Para computar el año que exige la norma del art. 2473, el poseedor actual puede unir su posesión al anterior cuan27 Lafaille, Tratado de los derechos reales, t. I, p. 259; Benedetti, La posesión, p. 277 y siguientes.

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do se dan las condiciones para que proceda la accesión de posesiones, una de las ventajas que hemos señalado al estudiar esta institución (arts. 2475 y 2476). Este extremo no se cumple cuando la posesión es carente de continuidad o cuando ha existido una interrupción, situaciones que veremos al tratar de estos requisitos. El art. 2477 expresa: uLa posesión no tiene necesidad de ser anual, cuando es turbada por el que no es un poseedor anual, y que no tiene sobre la cosa ningún derecho de posesión". Parte del artículo se encuentra explicada en la nota del codificador, que anuncia que "una posesión actual ... es siempre respetable: nadie puede turbarla, ni despojar al que la tiene, a no ser que el mismo tenga una posesión más antigua que no haya sido interrumpida durante un año ...". La norma no plantea aquí un problema de legitimación activa, sino que determina que, ante una posesión actual y una posesión anual, en la acción posesoria propiamente dicha, triunfa la posesión anual. Si ninguna de las posesiones tiene la antigüedad de un año, la anualidad -como presupuesto- pierde total relevancia, dado que ninguna de las partes podrá esgrimirla. La disposición hace una referencia a que se tenga un derecho a la posesión, debiendo interpretarse que se refiere a los que emergen del ius possessionis y no a los que derivan del título o del mejor derecho de poseer {ius possidendí). § 157. A USENCIA DE VICIOS. - El ya transcripto art. 2473 exige que la posesión no tenga los vicios de ser precaria, violenta o clandestina. § 158. PÚBLICA. - Al tratar de los vicios de la posesión opusimos al de clandestinidad, la cualidad de pública de la posesión. Ahora podemos relacionar la norma del art. 2473, que exige que la posesión no sea clandestina,

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con la del art. 2479 que establece: "Para que la posesión dé lugar a las acciones posesorias debe ser pública", y su nota aclaratoria donde Vélez Sársfield expresa: "Exigir la publicidad de la posesión, no es exigir que sea conocida del propietario, basta que sea tal que el propietario haya podido conocerla"; agregando: "Los actos aunque no sean públicos pueden constituir una posesión válida, si hubiesen sido conocidos del propietario, porque la publicidad requerida no tiene por objeto sino establecer la presunción de que los actos han sido conocidos por él ...". Como vemos, la exigencia de la publicidad es también relativa en la medida en que es suficiente que sea tal que haya podido llegar a conocimiento del propietario, aunque no haya llegado efectivamente, y pudo ser de tal modo que, aunque restringida, haya el propietario tenido real conocimiento y, en ese caso, también resulta eficaz a su respecto. Cuando la nota se refiere al propietario utiliza el término en sentido amplio, comprensivo no sólo del titular del derecho de dominio, sino de quien puede alegar un derecho a la posesión o un derecho de posesión. En este aspecto es fundamental la actitud del poseedor tendiente a ocultar la posesión, ya que una posesión pública en su origen es reputada clandestina cuando el poseedor ha tomado precauciones para ocultar su continuación (art. 2370). § 159. PACÍFICA. - Del mismo modo que en el caso anterior, correlacionamos el art. 2473 con el art. 2478, oponiendo la cualidad de pacífica, al vicio de violencia. La norma citada en segundo término dice: "Para que la posesión dé acciones posesorias, debe haber sido adquirida sin violencia; y aunque no haya sido violenta en su principio, no haber sido turbada durante el año en que se adquirió por violencias reiteradas". Es aplicable aquí lo dicho sobre la importancia que tiene el momento de adquisición para determinar las cualida-

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des y vicios de la posesión, así como también lo referido a la posibilidad de purgar sus vicios. Dijimos allí que tiene especial gravitación la posibilidad de purgar los vicios, dado que, pasado un año sin interrupciones, la persona que podría alegar los vicios de la posesión se encontraría con que se ha operado la caducidad respecto de esta alegación. He aquí la razón por la cual el artículo se refiere a las turbaciones que tienen la virtualidad de impedir que se opere dicha caducidad. Evitando transcribir la nota del art. 2478 sólo diremos que en ella se aclara que ¡a violencia puede ser física o moral y se destaca que se no debe confundir la violencia como vicio del título con la que vicia la posesión. Ejemplo: una persona firma un contrato de compraventa bajo amenazas (vis compulsiva) y luego sobre la base de dicho contrato entrega la posesión (sin que medie violencia). La posesión no es viciosa, aunque el contrato sea impugnable por el vicio que lo afecta. § 160. No PRECARIA. - E n primer lugar ya hemos expresado que las acciones se confieren a los poseedores estrictamente considerados, o sea a título de dueños. El art. 2480 reafirma este concepto y en la nota se da una interpretación del sentido de la palabra "precario". La precariedad, explicamos anteriormente, no es un vicio en sí, pero el precarista que, intervirtiendo el título, se alza con la posesión, es un poseedor vicioso por abuso de confianza. El vicio es entonces el abuso de confianza. De la correlación de la norma del art. 2473 y la del art. 2480 tenemos que se debe tratar de un verdadero poseedor y no debe tener el vicio de abuso de confianza. § 161. CONTINUIDAD. - Dijimos anteriormente que la posesión debe ser continua y no interrumpida, condiciones que, aunque se relacionan estrechamente, no significan lo mismo. En tal sentido, la nota al art. 2481 dice: "Es preci-

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so no confundir la discontinuidad de la posesión, con la interrupción de la posesión. Sin duda -agrega- que una posesión es discontinua, cuando ha sido interrumpida, pero una posesión puede ser discontinua sin haber sido interrumpida. La discontinuidad tiene por causa la omisión del que posee, mientras que la interrupción supone un hecho positivo, sea el hecho del poseedor, por ejemplo, el reconocimiento que hiciese del derecho del propietario, sea el hecho de un tercero, como una desposesión o una citación a juicio". No es estrictamente necesario, como pretenden algunos autores, que se cumplan todos los actos sucesivos referidos a la explotación de la cosa poseída. Ello significaría confundir la continuidad en la posesión con la permanencia en la explotación económica, la que pudo ser interrumpida o descuidada por otros motivos. Lo importante, a los efectos de la continuidad, es que medien actos que la exterioricen y no existan otros que impliquen abandono de la posesión, o circunstancias que autoricen a presumirlo. § 162. No INTERRUPCIÓN. - Como lo expresa magistralmente el codificador en la nota citada en el parágrafo anterior, la interrupción puede emanar de actos del propio poseedor, o de un tercero. La interrupción puede ser de carácter civil o natural y, sin que por ello deban confundirse con las que interrumpen la prescripción adquisitiva, pueden trazarse paralelos entre ambas figuras. Las interrupciones naturales son aquellos hechos turbatorios o de desposesión que sufre el poseedor, mientras que la interrupción civil existe cuando media reconocimiento, compromiso arbitral o demanda judicial. Asimismo se debe precisar que la posesión que no cumple el requisito de la anualidad, puede ser interrumpida en forma natural por cualquier hecho que importe desposesión o turbación, aunque sea un acto aislado, siempre que se

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realice con el ánimo de poseer (sobre el "concepto de turbación", ver § 150). Si la posesión es anual -en cambio- para que la interrupción se produzca, eí hecho posesorio interruptor debe durar, por lo menos, un año, con todas las condiciones necesarias para ganar las acciones posesorias. Esto es una consecuencia del principio según el cual dos posesiones iguales y de la misma naturaleza no pueden coexistir (art. 2401). Así expresa la nota al art. 2481, en su segundo párrafo: "La posesión que ha durado un año no puede ser interrumpida por actos aislados; puede serlo solamente por una posesión de un año igualmente no interrumpida. La posesión que no cuenta un año es interrumpida, al contrario, por actos que impidan al poseedor gozar de la cosa, y que son ejecutados con esa intención". Resumiendo: a) en la contienda posesoria debe triunfar el poseedor anual; b) si ninguno alcanza la anualidad será preferido el poseedor actual, siempre que su posesión no sea viciosa, respecto del adversario; c) siendo dudoso el último estado de la posesión, quien demuestre una posesión más antigua, y d) si no se puede demostrar cuál es la posesión más antigua se juzga que poseía el que tiene derecho de poseer o mejor derecho de poseer (art. 2471)28. § 163.

OBJETO.

EXTENSIÓN A LAS COSAS MUEBLES. - El

Código velezano sólo concedía ía protección a los poseedores de inmuebles; respecto de los muebles confería la acción de despojo solamente cuando el poseedor hubiera sido despojado de ellos juntamente con el inmueble. El fundamento de la exclusión en la protección de las cosas muebles era dado por la nota al art. 2488 que dice: 28

Valdés - Orchansky, Lecciones de derechos reales, t. I, p. 170.

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"Respecto a los muebles, no puede haber acción posesoria desde que la posesión de ellos vale por el título: siempre será indispensable entablar acción de dominio". Las críticas que suscitaba esta solución indujeron al legislador de 1968 a sustituir los artículos que restringían la protección ampliándola a las cosas muebles. Así la sustitución del art. 2487 que establecía la citada limitación, refiriéndose solamente a los poseedores de inmuebles, el art. 2490, que contenía igual referencia y -especialmente- el art. 2488 que, modificado por la ley 17.711 fue, a su vez, corregido por la ley 17.940 quedando redactado del siguiente modo: "Las cosas muebles pueden ser objeto de acciones posesorias, salvo contra el sucesor particular poseedor de buena fe de cosas que no sean robadas o perdidas". Esta última limitación armoniza con el art. 2412 y sus correlativos, puesto que, de lo contrario, la acción posesoria tendría mayor alcance reipersecutorio que la propia acción de reivindicación y podría obtenerse por vía de la protección posesoria un resultado enervante del principio allí sentado. El art. 2491, al referirse al efecto de la acción de despojo, también elimina la restricción que existía respecto de las cosas muebles. La reforma, aunque sigue las orientaciones modernas y lo propiciado por los proyectos anteriores, contiene señaladas incongruencias con el régimen general del Código y -por otra parte- no ha sido prolija para determinar las soluciones y no ha podido tampoco superar las diferencias o dificultades interpretativas. Un ejemplo es el subsistente art. 2473 que sólo enumera los vicios referidos a inmuebles. Respecto de la legitimación pasiva y el efecto reipersecutorio, nos referiremos al tratar cada acción en particular (ver § 164 a 182).

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C)

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LAS ACCIONES EN PARTICULAR

§ 164. INTRODUCCIÓN. - Estimamos que después de las explicaciones dadas nos será más fácil esquematizar cada una de las aciones en particular. Veremos en cada caso el objeto, los presupuestos, la legitimación (activa y pasiva) y el efecto reipersecutorio. 1)

P O S E S O R I A DE MANTENER

§ 165. OBJETO. - Mantener la posesión en su plenitud y libertad contra actos de turbación realizados, contra la voluntad del poseedor, por un tercero, con intención de poseer y de los que no resulta una exclusión absoluta del poseedor. Se aplica tanto a la posesión de muebles como de inmuebles. § 166. PRESUPUESTOS. - Debe haber posesión, anual, pública, pacífica, continua y no interrumpida, sin vicios frente al adversario. La anualidad no es necesaria en el caso en que el turbador no es poseedor anual. § 167. LEGITIMACIÓN ACTIVA. - L a tiene el poseedor anual, salvo que el turbador no sea anual. El propietario, el usufructuario y, en general, los titulares de los derechos reales están legitimados en la medida en que tengan el ius possessionis. § 168. LEGITIMACIÓN PASIVA. - La acción procede contra el autor de la turbación. Los sucesores, universales o singulares, son legitimados pasivos en la medida en que prosigan o insistan en los actos de turbación. § 169. EFECTO REIPERSECUTORIO. - En materia de acciones conservatorias o de manutención, se parte de la hipótesis de que el accionante no ha sido excluido de la pose-

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POSESIÓN Y TENENCIA

sión y por ello no es propio hablar del efecto reipersecutorio, dado que la cosa permanece en su poder29. 2)

POSESORIA DE RECUPERAR

§ 170. CARACTERIZACIÓN. - En cuanto a la lesión debe consistir en una desposesión, o sea una exclusión absoluta del poseedor respecto de la cosa poseída. Ya hemos aclarado que puede ser absoluta pero parcial, por ejemplo cuando se excluye al poseedor de parte de un inmueble. § 171. OBJETO. - Recobrar la posesión perdida, se trate de muebles o de inmuebles. § 172.

PRESUPUESTOS Y LEGITIMACIÓN ACTIVA.

REMISIÓN.

Los mencionados en la acción de mantener (§ 165 a 169). § 173. LEGITIMACIÓN PASIVA. - Quien detente la cosa con ánimo de poseer para sí estará legitimado pasivamente. Si posee a nombre de otro, como el locatario, deberá indicar sus datos para que la acción se entienda con la persona a nombre de quien posee. Si tiene la cosa a nombre del demandante y, por lo tanto, se considera mero tenedor podrá oponer su falta de legitimación, sin perjuicio del derecho a la tenencia. § 174. EFECTO REIPERSECUTORIO. - E s amplio pero ya no se puede decir adversus omnes, como expresaba el codificador (nota al art. 2351), pues se detiene ante el sucesor particular de buena fe en la posesión de cosas muebles no robadas o perdidas, y ante los sucesores particulares de buena fe de inmuebles (arts. 2488 y 2491). La cosa puede ser perseguida, en consecuencia, contra el autor de la despose29

Highton, Derechos reales. Posesión, p. 260 y siguientes.

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sión, sus sucesores universales, sean de buena o de mala fe, sus sucesores particulares de mala fe y los sucesores particulares en la de las cosas robadas o perdidas, sean de buena o de mala fe30. 3)

ACCIONES POLICIALES

§ 175. CONCEPTO. - Llamadas así porque constituyen remedios rápidos, destinados a preservar la paz y el orden público, protegiendo al corpus posesorio, ya sea contra turbaciones arbitrarias o despojos, aunque emanen de quien sea poseedor (stricto sensú) o propietario. Su base y fundamento se encuentra en el principio que proscribe la justicia por mano propia. Por el carácter sumario, o mejor dicho sumarísimo, del procedimiento, con restricción en la alegación y prueba que limitan -a su vez- el conocimiento del juez, son de carácter provisional sin efectos de cosa juzgada material, pudiendo ser revisada la decisión que resulte por vía del plenario posesorio o del juicio petitorio, en su caso. A pesar de lo que su nombre pudiera sugerir, son verdaderas acciones judiciales que se deben plantear ante el órgano jurisdiccional competente, estando reguladas en los códigos procesales bajo el nombre de "interdictos posesorios". Al igual que las acciones posesorias responden a los dos tipos de lesión que pueda registrar la relación real (posesión o tenencia) o sea: contra actos de turbación, compete la acción policial de mantener y contra actos de despojo, la de recobrar. a) DE MANUTENCIÓN. SU objeto es proteger a la posesión y la tenencia interesada, frente a turbaciones arbitra30 Adrogué, La protección posesoria en la reforma civil, en "Temas de derechos reales", p. 44 y siguientes.

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rias, aunque emanen de quien sea titular de un derecho real o de un derecho emergente de la posesión. Se encuentra receptada por el art. 2469 que, después de la reforma de la ley 17.711 expresa: "La posesión, cualquiera sea su naturaleza, y la tenencia, no pueden ser turbadas arbitrariamente. Si ello ocurriere, el afectado tendrá acción judicial para ser mantenido en ellas, la que tramitará sumariamente en la forma que determinen las leyes procesales". El reformador acogió el criterio sustentado por Alsina Atienza quien destaca que tal acción aparecería ya en el Código de Vélez Sársfield, de acuerdo a sus antecedentes, aunque con carácter innominado31. La protección ampara, como hemos dicho, tanto la posesión, aun viciosa, como la tenencia interesada y se extiende a las cosas, sean muebles o inmuebles. 1) LEGITIMACIÓN ACTIVA. Incluye a todos los que tengan una relación con la cosa, excepto los tenedores desinteresados, puesto que si el art. 2490 no los faculta respecto de la lesión mayor, debe interpretarse que tampoco están legitimados en la menor. Tampoco se encuentran legitimados quienes detentan la cosa por un vínculo de dependencia, hospedaje u hospitalidad (servidores de la posesión). 2) LEGITIMACIÓN PASIVA. Compete la acción contra el autor de la turbación y sus sucesores, mientras persistan en sus actos turbatorios. b) DE RECOBRAR O DESPOJO. Tiene por objeto la restitución de la cosa, de cuya relación se ha excluido al titular por un acto de despojo, que en un concepto restringido, sólo comprende a la desposesión violenta. La violencia, eso sí, puede ser material o moral y ejercerse tanto para 31 Alsina Atienza, La acción policial, innominada, la tenencia, LL, 119-1104.

de manutención

en

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efectuar la desposesión como para mantenerse en ella una vez operada. "La posesión es violenta -dice el art. 2365cuando es adquirida o tenida por vías de hecho, acompañadas de violencias materiales o morales, o por amenazas de fuerza, sea por el mismo que causa la violencia sea por sus agentes". La protección comprende a la posesión, aunque sea viciosa, y la tenencia interesada, pero no la tenencia desinteresada o la de quienes la tienen por un vínculo de dependencia, hospedaje u hospitalidad. 1) LEGITIMACIÓN ACTIVA. Resulta de lo expresado en el párrafo, concorde con lo dispuesto en el art. 2490 que, en su parte primera, dispone: "Corresponde la acción de despojo a todo poseedor o tenedor, aun vicioso, sin obligación de producir título alguno ...". La falta de necesidad de producir título alguno, es común a todas las acciones posesorias, pero debe entenderse que la expresión está dirigida a eliminar la necesidad del título del tenedor, adquiriendo así sentido la frase. Si no sería una mera repetición -con otras palabras- de la norma del art. 2472. 2) LEGITIMACIÓN PASIVA. El que detente la cosa con ánimo de poseerla o tenerla para sí, pero dada su vinculación con el hecho del despojo, si no es el propio despojante, o sus sucesores a título universal, debe haber actuado como cómplice en dicho hecho. En el concepto de complicidad no se comprende al adquirente de mala fe, salvo que haya mediado promesa anterior al delito. El derecho penal distingue perfectamente entre los roles de cómplices (primario y secundario) y encubridores. Demás está decir que los coautores del despojo están comprendidos en la norma. 3) EFECTO REIPERSECUTORIO. Como expresamos en el párrafo anterior, en la práctica no tiene efecto reipersecutorio, pues está restringido a quienes actuaron en el hecho, salvo el caso de sucesión universal, en el cual se entiende que el heredero sustituye al causante en su persona y bienes. 21. Musto, 1.

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4) CARÁCTER DEL JUICIO. El interdicto de despojo, de acuerdo a lo normado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tramita por el procedimiento del juicio sumarísimo. Una vez sustanciado, a quien se crea con derecho a poseer, le quedan a salvo las acciones plenarias posesorias, que tramitan en el mismo ordenamiento por el llamado "proceso sumario" y las acciones petitorias (juicio ordinario). Sin embargo, el Código mencionado contiene, en el art. 623, una disposición que interpretada literalmente, conduce a un resultado erróneo, pues establece: "... Deducida la acción posesoria o el interdicto, posteriormente sólo podrá promoverse acción real". El ordenamiento procesal contiene así una sanción contra el despojante o sus cómplices y sucesores, ya que, aunque tuvieran un derecho de posesión en sentido estricto, se les daría por perdido el plenario posesorio y tendrían que recurrir directamente a la acción petitoria. Por loable que este propósito parezca, entendemos que no encuentra apoyo en las normas del Código Civil. El Código Procesal de la Provincia de Santa Fe remite al proceso oral y en cuanto al alcance de la sentencia a las disposiciones de la ley de fondo (arts. 534 y 536). 4)

D E OBRA NUEVA

§ 176. INTRODUCCIÓN. - La primera cuestión que se plantea es si esta acción es una acción autónoma o, por el contrario, si representa una variedad de las ya estudiadas de mantener y recuperar. Entendemos que se trata de una acción autónoma, aunque el Código legisla por referencia, haciendo remisión, según el caso de que se trate, a la acción de mantener o a la de despojo. Nos fundamos principalmente en que no siempre la obra nueva hecha en terrenos que no correspon-

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den al poseedor, se realiza con el ánimo exigido en el art. 2496 para la turbación, y cuando la obra se realiza en terrenos del poseedor accionante, no por ello tendrá siempre el alcance de excluir en forma absoluta al poseedor, por lo que no se dan los supuestos de una y otra lesión32. La acción de obra nueva, en sus dos variantes, está legislada en los arts. 2498, parte primera, y 2500, habiéndose interpolado por obra del legislador de 1968, en el segundo apartado del art. 2499, la acción de daño temido que estudiaremos más adelante (ver § 177 a 182). La interpolación aludida dejó distante la alusión que el art. 2500 hace al párr. Io del art. 2499 y no al segundo, como parece indicarlo la expresión "en tal caso ...". a) OBRA MUEVA EN TERRENOS DEL POSEEDOR AFECTADO.

Si la

obra nueva se realiza en terrenos del poseedor accionante, ello implica, desde luego, una intromisión en su propiedad o posesión, y es por ello que el Código asimila esta variante a la acción de despojo, aunque la intromisión no tenga por efecto excluir en forma absoluta al titular. La obra nueva puede consistir tanto en construcción comenzada en terrenos e inmuebles del poseedor, según lo establece el art. 2498, como en destrucción de las obras existentes. A diferencia de las acciones comunes, el objeto puede versar sobre inmuebles y, para el caso de esta acción, es irrelevante que se cause un perjuicio al poseedor o que la obra implique un beneficio para el innovador. Quedan determinados de la siguiente manera. 1) LA LEGITIMACIÓN ACTIVA. Corresponde al poseedor de un inmueble, pudiendo -lógicamente- si es legítimo, ser propietario, copropietario, usufructuario, etcétera. 32 Alsina, Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, t. VI, p. 333.

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2) LA LEGITIMACIÓN PASIVA. Corresponde a la persona que ha comenzado la obra o destruido la existente. 3) EL OBJETO DE LA ACCIÓN. ES el restablecimiento de las cosas al estado anterior. b)

OBRA NUEVA EN TERRENOS QUE NO SON DEL POSEEDOR.

La

situación es completamente distinta al caso estudiado anteriormente. Aquí el autor de la obra nueva puede estar realizando en su propio terreno una construcción o destrucción que afecte la posesión ajena, causándole un perjuicio. El art. 2499 establece: "Habrá turbación de la posesión, cuando por una obra nueva que se comenzara a hacer en inmuebles que no fuesen del poseedor, sean de la clase que fueren, la posesión de éste sufriere un menoscabo que cediese en beneficio del que ejecuta la obra nueva". Los requisitos que se señalan para la procedencia de esta acción son: 7) que se trate de una obra iniciada pero no terminada; 2~) que se realice en inmuebles que no sean del accionante, pudiendo serlo del innovador o de un tercero; 3) que resulte un perjuicio o menoscabo para la posesión, y 4~) que implique un beneficio para el agente. Con la salvedad del requisito enumerado en 4, sobre el cual haremos una reflexión, los demás pueden considerarse innegables, pues están establecidos por el Código y surgen de la naturaleza misma de esta acción. La jurisprudencia es conteste en exigir que la obra sea comenzada y no terminada, interpretándose que si la obra se encuentra concluida, la acción pertinente es la de mantener. El requisito 2 surge también de la norma transcripta y de su correlación con el art. 2498, pues, de no ser así, estaríamos ante un caso que se juzga como despojo de acuerdo a lo dicho bajo el acápite anterior. El requisito del perjuicio (
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En cambio, el hecho de que la obra ''cediese en beneficio del que la ejecuta ..." no es a nuestro juicio indispensable dado que de faltar, estaríamos ante lo que la doctrina llama "actos de emulación" o de exclusivo animus nocendi, casos en que con mayor razón procedería la acción pues importaría un verdadero ejercicio abusivo del derecho que proscribe el art. 1071 del Cód. Civil, según la reforma de la ley 17.711. Una interpretación distinta conduciría al absurdo de que quien realizara la obra sin beneficio para sí, estaría en mejor condición que aquel que persigue una utilidad. Se debe partir dei principio de que el derecho sólo concede protección a las acciones humanas que tengan cierta utilidad. Malitia hominum non est indulgendum (la malicia humana no tiene indulgencia) decían los romanos, mitigando la fuerza de aquel otro proloquio latino neminem laedit qui iure suo utitur (no perjudica quien usa su derecho). 1) LEGITIMADOS ACTIVAMENTE. Son las mismas personas que se han señalado en el caso anterior. 2) LEGITIMADO PASIVAMENTE. Es el autor de la obra, sea o no poseedor del terreno donde se ejecuta ella. 3) OBJETO O FINALIDAD DE LA ACCIÓN. Está dado por el art. 2500 que expresa: "La acción posesoria en tal caso tiene el objeto de que la obra se suspenda durante el juicio, y que a su terminación se mande deshacer lo hecho". En la primera parte de la norma, estamos ante una verdadera medida cautelar procesal, cuyos efectos se extienden mientras dure el juicio y recaiga sentencia firme o ejecutoriada (independientemente del alcance de la cosa juzgada material). La última frase del artículo presupone que la acción haya prosperado o, mejor dicho -utilizando un lenguaje técnico- que la pretensión haya sido acogida por la sentencia. 4) PROCEDIMIENTO. Las acciones posesorias de obra nueva pueden adoptar el carácter de las defensas ordinarias

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posesorias, o pueden sustanciarse como acciones policiales según el caso. La referencia que hace el art. 2496 a la acción de despojo no es excluyente de la acción plenaria de recuperar la posesión, cuando se dan los requisitos para su procedencia. 5)

D E DAÑO TEMIDO

§ 177. CONCEPTO. - Hemos expresado que esta acción ha sido interpolada en el párr. 2° del art. 2499 por la ley 17.711 que dice: "Quien tema que de un edificio o de otra cosa derive un daño a sus bienes, puede denunciar ese hecho al juez a fin de que se adopten las oportunas medidas cautelares". La figura tiene su claro antecedente en la cautio damni infecti del derecho romano. Solución dada por el pretor consistente en una estipulación compulsiva que debía otorgar el propietario de la obra ruinosa, dando caución por los daños probables. En defecto de ella, el pretor entregaba la posesión de la obra ruinosa a la posible víctima. Tuvo recepción en nuestro derecho a través de las Partidas y fue regulada por la ley 50, cuyo antecedente inmediato es la ley española de enjuiciamiento. La ley 50, como se sabe, legislaba sobre el procedimiento en materia federal, hasta que fue derogada por la ley 17.454 que sancionó el Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación y unificó el procedimiento de los tribunales ordinarios de la Capital, y de los entonces territorios nacionales, con los del fuero federal (art. 820), pero las disposiciones referentes al interdicto de obra vieja o ruinosa, resultaban ya inaplicables en función de lo dispuesto en el art. 1132 del Cód. Civil, posterior a la mentada ley 50. La deficiente técnica de la ley 17.711 ha omitido armonizar las disposiciones del Código reformado con los agregados introducidos por el reformador pues, si bien es admisi-

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ble que una ley posterior derogue tácitamente disposiciones de una anterior, aunque siempre es preferible la derogación expresa, es acerbamente criticable que esa armonización de disposiciones no se produzca cuando la nueva ley viene a integrarse con la normativa de todo un sistema o de un código33. En efecto, el art. 1132, que ha quedado intacto después de la reforma, dice: "El propietario de una heredad contigua a un edificio que amenace ruina, no puede pedir al dueño de éste garantía alguna por el perjuicio eventual que podrá causarle su ruina. Tampoco puede exigirle que repare o haga demoler el edificio", pero el art. 2499 autoriza ahora a denunciar el hecho a fin de que se adopten oportunas medidas cautelares. La doctrina no se ha puesto de acuerdo: a) sobre el carácter y naturaleza de ía acción (si es posesoria o extraposesoria); b) sobre el procedimiento adecuado para ejercitarla (si es sumario o sumarísimo), si es posible la adopción de medidas inaudita parte o si es necesaria la citación del propietario o poseedor de la obra ruinosa; c) respecto de la legitimación activa, y d) respecto de la cosa de la que se pueda temer el daño. La reforma no es precisa tampoco sobre si el daño debe ser inminente, ni sobre su posible importancia. El artículo tampoco es totalmente contradictorio con el art. 1132 como para preconizar una interpretación en pro de su desaparición lisa y llana, pues varía en su redacción. Mientras el art. 1132 se refiere al propietario de una heredad contigua, el art. 2499, segundo párrafo, utiliza la amplia expresión "Quien tema ..." y en tanto la primera de las normas citadas sólo se refiere a un edificio que amenace ruina, la segunda utiliza la expresión edificio para agregar, vagamente: "o de otra cosa ...". 33 Llambías, Estudio

de la reforma del Código Civil, p. 429.

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Pero lo más grave del caso -en nuestra opinión- es que se haya autorizado una medida cautelar, sin estructurar una acción tendiente a resolver la situación en definitiva, dado que -como vimos- los presupuestos de la acción de obra nueva son distintos y también lo son los de las acciones posesorias de mantener. Nos preguntamos: ¿Qué ocurre después de obtenidas las "oportunas medidas cautelares"? ¿Quedan establecidas sine die? ¿Pueden ser ordenadas sin contracautela adecuada? No es fácil dar respuestas a tantos interrogantes como plantea la deficiente técnica legislativa de la reforma. Trataremos, sin embargo, de caracterizar la naturaleza de la acción, sus presupuestos, sujetos legitimados y objeto, como lo hemos hecho con las otras acciones. § 178. NATURALEZA. - S e trata de una acción extraposesoria, puesto que su ejercicio no depende, en su aspecto activo, de una relación con la cosa. Desde el punto de vista pasivo adquiere el carácter de una carga inherente a la posesión respecto de la cosa que amenace el daño. Desde otro punto de vista es una acción cautelar y por ese mismo carácter no puede tener otro efecto que el provisional. Se dejan libradas al juez las medidas cautelares a adoptar, las que podrán ser materiales o jurídicas. Ejemplo de las primeras, un apuntalamiento de la edificación, colocación de elementos protectores, etc.; entre las segundas, embargo, afianzamiento por los posibles daños, intervención de la obra, entre otros. El Código no exige contracautela por parte del peticionario de la medida y -como hemos dicho- tampoco establece el momento del cese o caducidad de la medida, ni el plazo para interponerla, ni tampoco el proceso subsiguiente en el cual se puede debatir el derecho en forma definitiva, por ejemplo, a la destrucción de la cosa que amenace ruina. § 179. LEGITIMACIÓN ACTIVA. - E s amplia y compete a todo el que tema un daño a sus bienes. La palabra "bie-

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nes" debe ser entendida en sentido amplio comprensiva de todos los derechos, patrimoniales o no, pero tratándose de una acción de carácter subsidiario, no debe ser ejercida cuando encuentra remedio por otra vía, por ejemplo las que regulan las restricciones del dominio referidas al interés recíproco de los vecinos. Téngase en cuenta especialmente lo dispuesto en el art. 2616 que dice: "Todo propietario debe mantener su edificio de manera que la caída, o los materiales que de ellos se desprendan no puedan dañar a los vecinos o transeúntes, bajo la pena de satisfacer los daños e intereses que por su negligencia les causare". § 180. LEGITIMACIÓN PASIVA. - Corresponde al propietario o poseedor de la cosa que amenace ruina o daño y, siendo una carga inherente a la posesión, sigue a la cosa en manos de quien se encuentre. § 181. PRESUPUESTOS. - El daño que se tema no debe ser hipotético, el temor no puede ser un sentimiento fundado en apreciaciones puramente subjetivas. El riesgo debe ser grave y probable, aunque entendemos que no es necesario que sea inminente. El daño no debe haberse producido, de lo contrario la acción correspondiente es la de daños y perjuicios derivados de las cosas. § 182. OBJETO. FINALIDAD. - La cosa que amenace ruina o daño, según la mayoría de la doctrina debe ser un inmueble. Sin embargo, el Código reformado, después de citar al edificio se refiere a "otra cosa" sin hacer distinción. No vemos inconveniente en que una persona que tema que un animal feroz le provoque daño pida la adopción de medidas cautelares indispensables para evitarlo (ver art. 1124 y siguientes). En cambio no se discute que el objeto es más amplio que el previsto en el art. 1132, puede referirse a árboles, antenas, edificaciones de todo tipo, instalaciones eléctricas

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POSESIÓN Y TENENCIA

o telefónicas, postes, etcétera. No se requiere tampoco que la cosa sea vetusta o ruinosa. Puede ser una construcción de reciente data y que igualmente represente un peligro (se podrían citar numerosos ejemplos de edificios nuevos que se han derrumbado, mientras que muchos antiguos permanecen enhiestos). Las cosas sobre las que puede recaer el daño pueden ser muebles o inmuebles, y aun otros bienes o atributos de la persona, como la salud o la integridad física. En cuanto a la finalidad, como expresamos, es de naturaleza cautelar, provisional y subsidiaria y, por lo tanto, debe cesar apenas el peligro o riesgo desaparezca o se instaure la acción correspondiente, según el carácter de la turbación que se provoque. Puede ser decretada inaudita parte, cuando se trate de medidas jurídicas o materiales que no importen destrucción o menoscabo de la construcción existente. Entendemos que, en este caso, los jueces deben acordar las medidas estrictamente indispensables, pudiendo exigir contracautela de acuerdo a las normas procesales, sin perjuicio de la posibilidad de rever la medida en caso de promoverse el incidente respectivo y de los recursos que correspondan teniendo en cuenta que, por tratarse de una medida cautelar, no causa estado. El juicio debe ser de trámite sumarísimo en caso de que se dé traslado a la contraparte antes de decretar la medida.

PARTE TERCERA

PROPIEDAD Y DOMINIO

CAPÍTULO

X

CARACTERIZACIÓN § 183. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. - Comenzando el estudio de los derechos reales en particular, debemos en primer término, tanto por su importancia y por razones metodológicas, cuanto porque lo impone el orden establecido en el Código, referirnos al dominio. Pero antes de ocuparnos del problema terminológico respecto de los vocablos "propiedad" y "dominio", vamos a destacar la importancia que tiene el estudio del tema, que excede del campo de lo jurídico por su trascendencia social y económica, factores que -por cierto- no pueden ser indiferentes al punto de mira del legislador. El reconocimiento o desconocimiento del derecho a la propiedad privada, el mayor o menor contenido o extensión que se le asigne, las limitaciones que existan al interés individual frente a los intereses colectivos, así como también el tema de la distribución de la riqueza, con la posibilidad de que ella se concentre en pocas manos, constituyéndose en factor de poder político, cuando no de explotación del hombre por el hombre, han sido y seguirán siendo -secularmente- fuente de conflictos y de perturbaciones sociales. Podemos decir, sin riesgo de caer en exageración, que muchas de las revoluciones sucedidas en el mundo han tenido por fin, ostensible o encubierto, produ-

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PROPIEDAD Y DOMINIO

cir cambios o modificaciones en orden a la titularidad de la propiedad o de su distribución. Se debe hacer notar también que el régimen de la propiedad está vinculado estrechamente con el sistema jurídico-político imperante, razón por la cual no resulta comprensible integralmente en la concepción que de la propiedad se tenga, en las variaciones de su contenido a través del tiempo y aun en los aspectos formales de su regulación, si no se atiende permanentemente a la vinculación a que se alude. Vemos, por ejemplo, la diferencia entre el derecho romano clásico y el sistema imperante en la época medieval (con la mayor parte de la propiedad feudalizada), distintos completamente -a su vez- del que naciera por influencia de la Revolución Francesa de 1789. Estas diferencias, que se señalan en el tiempo, no dejan de ser también significativas -por cierto- en el espacio, constituyendo uno de los antagonismos esenciales entre las tendencias que predominan en el Oriente, en los países del área socialista, y las que responden -en Occidente- al sistema catalogado como capitalista; antagonismo que gira en torno a la existencia y extensión de la propiedad privada; aunque la situación ha variado en los últimos años, subsisten grandes diferencias en los sistemas. Estas diferencias se hicieron muy palpables en el proceso de unificación de Alemania y en la disolución de la ex Unión Soviética. Al margen de estas vinculaciones y de la importancia política, económica y social de la propiedad, aun restringiéndonos al ámbito exclusivamente jurídico, la noción del dominio y la importancia de este derecho en esta esfera es cardinal, en la medida en que, al comprender el mayor número de facultades posibles sobre una cosa, constituye el derecho real por excelencia y se puede afirmar que los demás, de contenido limitado, no son otra cosa que desprendimientos o desmembraciones (como se ha usado llamarles) del derecho del dominio.

CARACTERIZACIÓN

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§ 184. TERMINOLOGÍA. - Los términos "propiedad" y "dominio" se usan a menudo en el lenguaje corriente como sinónimos. El Código Civil argentino suele hacer también uso indistinto de ellos para designar al dominio, lo que ha llevado a decir a Salvat que la palabra "dominio" ha sido empleada por nuestro codificador en el sentido de propiedad, palabra que le parece a este autor la más apropiada y la que debió usar el Código, "porque -expresa- las disposiciones que constituyen los distintos títulos destinados a la materia que estudiamos, nos dan la teoría general del derecho de propiedad, aplicable en principio a toda clase de propiedades, salvo las limitaciones que corresponden especialmente a cada una de ellas"1. La mayoría de los autores, aunque reconocen que el Código usa los términos como sinónimos en diversas ocasiones, están de acuerdo en asignar a la palabra "propiedad" un sentido más amplio, reservando para el del "dominio" el estricto sentido de derecho real que recae sobre las cosas. El dominio es propiedad de cosas, al decir de Freitas. En conceptos con los que coincidimos, afirma Gatti, que "es evidente que el Código Civil emplea ambas expresiones como sinónimas al legislar el derecho de que tratamos; pero el Código utiliza también el término propiedad en un sentido más amplio, al hablar de propiedad de la deuda (art. 732) y de propiedad del crédito (arts. 1457 y 1459)"2. De ello, y del uso del término propiedad para designar también el objeto, que atañe el propio Código, concluye que el término "dominio" tiene un alcance más restringido y es el más adecuado para designar al derecho real cuyo estudio encaramos en este capítulo. Agregamos que el término propiedad tiene un sentido constitucional (arts. 14 y 17, Const. nacional) que no debe1 2

Salvat - Argañarás, Tratado. Derechos reales, t. II, p. 23. Gatti, Propiedad y dominio, p. 26 y siguientes.

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PROPIEDAD Y DOMINIO

mos perder de vista, y cuya amplitud ha sido puesta de relieve por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, intérprete final de la Constitución. En tal sentido ha dicho el alto tribunal que "... es jurisprudencia de esta Corte, que el término propiedad empleado en los arts. 14 y 17 de la Const. nacional ampara a todo el patrimonio incluyendo derechos reales o personales, bienes materiales o inmateriales y, en general, todos los intereses apreciables que un hombre pueda poseer, fuera de sí mismo y de su vida y libertad ..."3. En resumen, el término "propiedad" tiene un sentido más amplio o -por lo menos- puede ser usado en ese sentido. Al vocablo "dominio" -en cambio- no es posible emplearlo con igual latitud, y de allí la conveniencia de reservarlo para designar técnicamente al derecho real en sentido estricto. A)

DERECHO A LA PROPIEDAD

§ 185. FUNDAMENTOS Y TEORÍAS. -Nos referimos al fundamento del derecho de propiedad, en toda su amplitud, por hallarse en el centro de la concepción económica y social, siendo su dimensión jurídica sólo una perspectiva, que es la que aquí nos interesa. El tema puede ser expuesto desde el punto de vista filosófico, sociológico, económico o jurídico. La concepción que se adopte, desde cualquiera de estos ángulos, necesariamente incidirá en los demás, por la interacción o recíproca influencia que ejercen entre sí. Por ello, aunque se puede expresar que el fundamento de la propiedad corresponde darlo a la filosofía del derecho, la gravitación a que aludimos nos impide soslayar to3

CSJN, "Ventura c/Banco Central s/amparo", Fallos, 294:152.

CARACTERIZACIÓN

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talmente el tema, por lo que nos dedicaremos -aunque en apretada síntesis- a su tratamiento. Cuando nos ocupamos del fundamento de la propiedad nos referimos al de la propiedad privada individual, incluyendo la propiedad que pueda corresponder a sociedades, colectividades o comunidades. En tal aspecto es preciso no confundir propiedad individual con propiedad individualista, o propiedad social con propiedad socialista o socializada. "Individualismo" y "socialismo" son términos que significan adhesión a una u otra doctrina y a los fundamentos, positivos o negativos, extremos o no, a que haremos referencia. Aunque reconociendo que en la actualidad, y salvo algún ideólogo trasnochado, las posiciones extremas no son sostenibles, a los efectos didácticos las consignamos en un cuadro sinóptico que, como todo esquema, necesariamente prescinde de matices o combinaciones a los que da lugar este complejo tema. Individualistas Afirmativas Transpersonalistas

Históricas Contractualista Legalista Función social

Institucionalista Personalista - cristiana

Teorías

Negativas

Marxismo - comunismo Utopías Socialismo

Desde otro punto de vista, atendiendo más a la justificación por el origen de la propiedad individual que al fundamento teórico de su existencia, se exponen criterios utilitarios que pueden compatibilizarse con la mayoría de las teorías afirmativas, tales como la ocupación, el trabajo, etcétera. 22. Musto, 1.

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PROPIEDAD Y DOMINIO

Llamamos "teorías afirmativas" a las que sostienen la necesidad de la existencia de la propiedad y "negativas" a las que, de una u otra manera, propugnan su desaparición, no reconociéndole fundamento válido. Esta negatividad puede ser absoluta o sólo parcial, en lo que respecta a ciertas formas de propiedad privada. Comenzando esta breve exposición de las teorías nos referiremos primeramente al individualismo, en su más pura y genuina expresión del liberalismo, mencionando algunas de sus variantes y manifestaciones actuales, para pasar luego a sintetizar, entre las negativas, a la tesis marxista y culminar con la posición cristiana, expuesta en virtud de la doctrina de la Iglesia Católica, cuya línea de pensamiento es dable extraer de los documentos conciliares y encíclicas, que reflejan la constante y actualizada respuesta de la Iglesia a los problemas temporales de la persona humana. a) EL INDIVIDUALISMO. Pertenece, como ha quedado dicho, al género de las teorías afirmativas. 1) CONTRACTUALISMO. Esta corriente tiene sus raíces en la reforma protestante y se desarrolla a partir de los siglos XVII y XVIII, institucionalizándose después de acaecida la Revolución Francesa de 1789, a través del Código Civil francés y de los que recibieron su influencia. Reconoce como sus más conspicuos expositores a Locke y a Rousseau, cuyas obras alcanzaron inusitada repersecución en su época. El liberalismo presenta a los derechos subjetivos como una especie de entes metafísicos, que corresponden a un orden superior y anterior a todo ordenamiento jurídico positivo. Las leyes humanas, ateniéndose a ello, no pueden hacer otra cosa que reconocerlos y brindarles protección, regulando sólo los aspectos formales que legitiman su adquisición, conservación o pérdida. En este orden de ideas, es fácil advertir que el derecho de propiedad tiene, en la posición individualista, una

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connotación superior que lo hace intangible y sacralizado con carácter absoluto y como un fin en sí mismo. "El mayor y principal fin que se proponen los hombres -dice Lockecuando se juntan en comunidad y se someten a un gobierno, consiste en mantener sus propiedades" 4 . Para fundamentar la propiedad, Rousseau recurre a la doctrina del contrato social. En su tesis -no siempre bien leída y comprendida- no sostiene la existencia de un contrato social, real y cronológicamente celebrado, sino que ella consiste en una vuelta espiritual y permanente a la esencia de la ley fundamental de la comunidad societaria5. 2) HISTÓRICO. Planiol, en cambio, sostiene que la propiedad individual es un hecho histórico, cuya lenta evolución le ha dado una fuerza social equiparable a la de la familia y el matrimonio. Este hecho histórico se impone, en virtud de tal fuerza social, al legislador, que no tiene otra alternativa que reconocerlo y regularlo. 3) LEGAL. También con criterio liberal se ha buscado en la ley el fundamento de la propiedad. La ley y la propiedad nacen juntas como único modo de hacer desaparecer la situación de beligerancia o conflicto perpetuo que se suscita constantemente entre los hombres cuando no existe la ley. Modernamente Kelsen sostiene que la posibilidad jurídica de gozar de la cosa propia, no consiste sino en la norma que sanciona los actos de disposición y goce de la cosa ajena y en la posibilidad del propietario de provocar la consecuencia jurídica contra el infractor. Después de esta referencia, resumimos el concepto individualista de la propiedad: a) Derecho absoluto, considerado como un fin en sí mismo, con una existencia y jerarquía anterior y superior al 4 Fleitas Ortiz de Rozas, Doctrina cristiana y tercera posición frente al derecho de propiedad, LL, 1975-A-1234. 5 Legón, Tratado de los derechos reales, t. VI, p. 163.

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derecho positivo, sin otra limitación que la que impone la propiedad ajena y sin otra excepción que la expropiación por causa de utilidad pública, declarada por ley y previa justa indemnización. b) El derecho positivo puede regular las formas de adquisición, transmisión o pérdida de la propiedad, pero no su contenido. Una concepción tal de la propiedad, al negar toda injerencia al Estado, debía desembocar necesariamente en un sistema en el que la distribución de la riqueza llegó, por virtud de la concentración en pocas manos, a situaciones de extremada injusticia, de abuso y de explotación del hombre por el hombre, hasta provocar reacciones también extremas. b) MARXISMO. Desde luego que la naturaleza de esta obra no brinda la posibilidad de exponer una teoría tan amplia y tan debatida (hasta entre sus mismos sostenedores). Ello recargaría inusitadamente el tema y nos desviaría de nuestro cometido. Para Marx, la propiedad primitiva, basada en el trabajo personal desaparece, junto con el artesanado, al advenir la era industrial. Al alcanzar la producción de mercaderías un determinado grado se convierte en capital. El dinero lanzado a la circulación capitalista "crece" y precisamente ese crecimiento lo convierte en capital. Lo que Marx llama plusvalía no puede generarse en la mera circulación de mercaderías pues es un intercambio de equivalentes, por ello dice: para obtener la plusvalía el dueño del dinero necesita una mercadería cuyo valor de uso posea la propiedad peculiar de ser -además- fuente de valor, una mercancía cuyo proceso de uso sea, a la vez, proceso de creación de valor. Esa mercancía es la fuerza del trabajo del hombre que crea valor. El dueño del dinero compra la fuerza del trabajo a un precio determinado (lo necesario para cubrir las necesidades del hombre), pero, por ejemplo, si en cinco horas el obrero produce lo suficiente para

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cubrir ese costo, lo que trabaja en tiempo adicional, es la plusvalía, que no es retribuida por el capitalista. Desde el punto de vista del proceso de producción hay que distinguir entonces el capital constante, invertido en medios de producción (máquinas, herramientas, materia prima), que se transfiere al producto terminado, y el capital variable invertido en la fuerza del trabajo. El valor de este último no permanece invariable sino que se acrecienta en el proceso del trabajo, generando la plusvalía que queda en poder del capitalista. El grado de explotación de la fuerza del trabajo estará dado por la comparación de la plusvalía sólo con el capital variable y no con todo el capital. Hay -según el marxismo-leninismo- dos métodos para aumentar la plusvalía: prolongar la jornada de trabajo (plusvalía absoluta) o reducir el tiempo necesario para obtener el producto (relativa). Todo esto es analizado con minuciosidad en la principal obra de Marx y fuente de debate entre sus seeguidores6. Además, Marx afirma que la propiedad privada conduce, ella misma, por su simple movimiento económico, a su propia supresión, generando al proletariado. El poder del proletariado, poder al que conduce la lucha de clases que la teoría propugna, lo llevará a adueñarse de los medios de producción cuya propiedad pasará, en una primera etapa, al Estado, y al extinguirse éste como lo promete el marxismo (de allí su caracterización como extrema izquierda) se llegará a la verdadera sociedad comunista, con la extinción, no sólo de la propiedad privada, sino de toda forma jurídica7. En cuanto a nuestro tema concierne, esta teoría, lejos de dar fundamentos para la existencia de la propiedad pri6

Lerún, Obras escogidas, t. I, p. 30 y siguientes. Fleitas Ortiz de Rozas, Doctrina cristiana y tercera posición frente al derecho de propiedad, LL, 1975-A-1234. 7

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vada individual, propugna su desaparición, de allí el calificativo de negativista. c) SOCIALISMO. Sobre la base de la tesis marxista se perfilaron tendencias que intentaron moderar sus conclusiones, como algunas formas de socialismo que propugnan la desaparición de la propiedad, pero sólo en ciertas formas, a diferencia de los regímenes comunistas que, en un principio, propendieron a la abolición total del régimen de la propiedad. d) UTOPÍAS. Sin tener la trascendencia de las anteriores, que brindan a través de su método y de su construcción científica, una verdadera cosmovisión que disputa en pie de igualdad, al menos en potencialidad económica y bélica, con el capitalismo, las utopías han sido sostenidas en todas las épocas. A su turno Thomas Moro, Esteban Cabet, Tomás Campanella, para no citar sino a los más difundidos, propugnaron sistemas de comunidad imaginando una suerte de paraísos terrenales donde el ser humano se sentiría en un estado de felicidad pleno y logro de su desarrollo espiritual y material. Sin embargo, la importancia de los utópicos reside en que inspiraron directa o indirectamente a otros ideólogos, entre ellos a los precursores del marxismo. El renacimiento de las "utopías", que pretenden resolver el problema político de las sociedades modernas mejor que las ideologías, ha sido puesto de relieve por Pablo VI en su documento Octogésima adveniens al expresar: "La apelación a la utopía es con frecuencia un cómodo pretexto para quien desea rehuir las tareas concretas refugiándose en un mundo imaginario. Vivir en un futuro hipotético es una coartada fácil para deponer responsabilidades inmediatas"8. Octogésima adveniens, "Ocho grandes mensajes", cap. 37, p. 51.

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e) DOCTRINA DE DUGUIT. Reconociendo haberse inspirado en la obra de Augusto Comte, León Duguit concibe a la propiedad como una función social. Tratamos de explicar qué significa esto partiendo de la base de la crítica que formula a la concepción clásica de la propiedad como un derecho subjetivo, expresando que en realidad es una institución jurídica que responde a una necesidad económica de las sociedades modernas. El propietario, por el hecho de serlo, tiene una misión que cumplir ante la sociedad, determinada por la interdependencia cada vez más estrecha de los elementos sociales. Está pues obligado a cumplir con esa función y sólo es protegido en la medida que la cumple. Para Comte todo ciudadano era un funcionario público, para Duguit el propietario lo es por excelencia. En este sentido, y no en el sentido en que lo emplean las doctrinas colectivistas, se podría decir que la propiedad se socializa, es una función social cuya delimitación comprende el primer deber del propietario de cumplirla y, sólo en tal medida, el derecho de reclamar su protección. Se destaca que no propugna esta tesis la desaparición de la propiedad individual, sino que por el contrario persiste en su protección incluso contra los atentados del poder público, pero siempre subordinada al cumplimiento de su función. La influencia que ha tenido esta concepción en los juristas modernos e incluso en la consagración constitucional o legislativa de su expresión, denotan su importancia, pero su raíz positivista conlleva la negación de los derechos subjetivos y la de los fines individuales propios de la persona humana, que se subordinan a los sociales9. La propiedad no es -a nuestro juicio- una función social, aunque indudablemente tiene una función social. 9

Legón, Tratado de los derechos reales, t. IV, p. 196.

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f) TEORÍA DE LA INSTITUCIÓN. Al distinguir esta teoría (Hauriou) entre las instituciones-grupos y las instituciones-cosas, considera a la propiedad como una de éstas. La institución está subordinada a la idea y, por lo tanto, es inferior al individuo que es sujeto de derecho capacitado (la institución no lo es) para proyectarse en todos los planos posibles10. A diferencia de la teoría de la función social, la institución se funda en el derecho natural, habiéndosela intentado compatibilizar con la doctrina cristiana. g) LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. La posición de la Iglesia Católica acerca de la propiedad ha sido objeto de profunda meditación, desde los albores del cristianismo, y su milenaria doctrina ha llevado a un proceso de decantación del cual son testimonio vivo los últimos documentos conciliares y pontificios. El primer interrogante que se plantea es por qué, siendo la misión primordial de la Iglesia esencialmente salvífica, su doctrina somete a consideración y examen los problemas terrenales del hombre y trata de responder a ellos con la autoridad de su más alto magisterio. En efecto, el Concilio Vaticano II, en uno de sus documentos, ha dicho: "La misión de la Iglesia tiene como fin la salvación de los hombres, la cual hay que conseguir con la fe en Cristo y con su gracia. Por tanto, el apostolado de la Iglesia y de todos sus miembros se ordena en primer lugar a manifestar al mundo con palabras y obras el mensaje de Cristo y a comunicar su gracia"11; habiendo expresado con anterioridad también claramente: "La Iglesia ha nacido con este fin: propagar el reino de Cristo en toda la tierra para gloria de Dios Padre, y hacer así a todos los hom10

Renard, La théoria d'ius institution, p. 1 y siguientes. Decreto sobre apostolado de seglares, "Documentos del Concilio Vaticano", n° 6, p. 434. 11

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bres partícipes de la redención salvadora y por medio de ellos ordenar realmente todo el universo hacia Cristo"12. Pero paralela a esa misión, que calificamos de esencial, como dice con belleza el proemio de la Gaudium et spes: "Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo", y agrega: "Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón"13. "Para cumplir esta misión, es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura y sobre la mutua relación entre ambas"14. Por eso, a pesar de que la misión de la Iglesia no es de orden político, económico o social, no se desentiende de estos problemas15. Ya lo decía Juan XXIII, en su Mater et magistra, "... aunque tiene como misión principal santificar las almas y hacerlas partícipes de los bienes sobrenaturales, se preocupa, sin embargo, de las necesidades que la vida diaria plantea a los hombres, no sólo de las que afectan a su decoroso sustento, sino de las relativas a su interés y prosperidad, sin exceptuar bien alguno y a lo largo de las diferentes épocas"16, y más adelante, citando a sus predecesores León XIII y Pío XII, "reivindica para la Iglesia la indiscutible competencia de juzgar si las bases del orden 12 Decreto sobre apostolado de seglares, "Documentos del Concilio Vaticano", p. 429. 13 Gaudium et spes, proemio, cap. 1, "Ocho grandes mensajes", p. 389. 14 Gaudium et spes, cap. 4, "Ocho grandes mensajes", p. 391. 15 Gaudium et spes, cap. 42, "Ocho grandes mensajes", p. 428. 16 Mater et magistra, proemio, cap. 3, "Ocho grandes mensajes", p. 131.

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social existente están de acuerdo con el orden inmutable que Dios, Creador y Redentor, ha promulgado por medio del derecho natural y de la revelación ...", y destaca la vitalidad de su doctrina sobre "tres cuestiones fundamentales de la vida social y de la realidad económica, a saber: el uso de los bienes materiales, el trabajo y la familia, cuestiones todas que por estar mutuamente entrelazadas y unidas, se apoyan unas a otras"17. Esta línea de pensamiento ha sido reiterada en numerosos párrafos de documentos posteriores y ratificada por la constante preocupación de la jerarquía eclesiástica sobre las cuestiones sociales y económicas18. La encíclica de Juan Pablo II, Laborera excercens, recuerda y confirma la doctrina de la Iglesia sobre el derecho a la propiedad privada, incluso cuando se trata de los medios de producción, y reafirma que la Iglesia enseña que este principio "se aparta radicalmente del programa del colectivismo", proclamado por el marxismo y realizado en diversos países del mundo en los decenios siguientes a la época de la encíclica de León XIII. Tal principio -agrega- "se diferencia al mismo tiempo, del programa del capitalismo, practicado por el liberalismo y por los sistemas políticos, que se refieren a él. En este segundo caso, la diferencia consiste en el modo de entender el derecho mismo de propiedad. La tradición cristiana no ha sostenido nunca este derecho como absoluto e intocable. Al contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la entera creación: el derecho a la propiedad privada como subordinado al derecho, al uso común, al destino universal de los bienes"19. 17

Mater et magistra, proemio, cap. 42, "Ocho grandes mensajes", p. 140. La evangelización en el presente y en el futuro de América latina, Documentos finales de Medellin. Documento de Puebla. 19 Laborem exercens, cap. 5. 18

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Juan Pablo II avanza aun más en la concepción y califica de inaceptable la postura del "rígido" capitalismo, que defiende el derecho exclusivo a la propiedad privada de los medios de producción, como un "dogma" intocable en la vida económica y propicia que esta posición sea sometida continuamente a revisión con vistas a una reforma bajo los aspectos de los derechos del hombre, entendidos en el sentido más amplio y en conexión con su trabajo, pero advierte que "estas múltiples y tan deseadas reformas no pueden llevarse a cabo mediante la eliminación apriorística de la propiedad privada de los medios de producción"; es así que la encíclica señala los peligros de que la propiedad pase a grupos o sectores sociales o dirigentes que, aunque no sean propietarios, dispongan mal de la propiedad y no retrocedan aun ante la ofensa a los derechos fundamentales del hombre20. Si tuviéramos que resumir en pocas palabras la posición de la Iglesia en materia de propiedad, lo que haremos sin perjuicio de abonar nuestras aserciones con textos y citas extraídas de los principales documentos, deberíamos destacar en primer término que se aleja tanto de la posición marxista como de la individualista. De la primera porque la posición cristiana admite el derecho de propiedad, incluso sobre los medios de producción, considerándola como un derecho natural, mientras que el marxismo le niega fundamento a su existencia. De la segunda, porque no lo considera un derecho absoluto e ilimitado y, además y fundamentalmente, porque no representa para ella un fin en sí mismo sino un medio para la realización de los fines del hombre: el desarrollo material y espiritual de la persona y de su familia. Esa finalidad y función de la propiedad reclama la posibilidad de acceso a la propiedad para todos los hombres, 20

Laborern exercens, cap. 14.

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por lo que no sólo debe hablarse de un derecho de propiedad sino también de un derecho a la propiedad. Destaca el pontífice la vinculación que existe entre el trabajo y la propiedad al expresar que "para hacer servir para sí y para los demás los recursos escondidos en la naturaleza, el hombre tiene como único medio su trabajo. Y para hacer fructificar estos recursos por medio del trabajo, el hombre se apropia en pequeñas partes, de las diversas riquezas de la naturaleza: del subsuelo, del mar, de la tierra, del espacio. De todo esto se apropia él convirtiéndolo en su puesto de trabajo". En la encíclica Centesimus annus (15 de mayo de 1991), promulgada al cumplirse el centenario de Rerum novarum (15 de mayo de 1891), el papa recuerda estas enseñanzas y replantea la cuestión acerca del origen de los bienes para reiterar que "en los comienzos de toda sociedad humana encontramos siempre estos dos factores, el trabajo y la tierra ..."; reconociendo que no siempre existe entre ellos la misma relación, destaca que, en nuestro tiempo, es cada vez más importante el papel del trabajo humano en cuanto factor productivo de riquezas inmateriales y materiales; por otra parte, es evidente que el trabajo de un hombre se conecta naturalmente con el de otros hombres. "Hoy más que nunca -dice-, trabajar es trabajar con otros y trabajar para otros ..."21. Así, Juan Pablo II retoma estos conceptos para resaltar que hay otra forma de propiedad, no menos importante que es la propiedad del conocimiento, de la técnica y del saber. En este tipo de propiedad, más que en los recursos naturales, se funda la riqueza de las naciones industrializadas, para agregar -más adelante-: "es un trabajo disciplinado, en solidaria colaboración, el que permite la creación de comunidades de trabajo", para luego caracterizar la moderna 21

Centesimus

annus,

cap. IV, p. 42 y 43.

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economía de empresa y analizar los aspectos negativos del proceso de transformación con la consecuente marginación tanto en los países del tercer mundo, como en los países desarrollados, "donde la transformación incesante de los modos de producción y de consumo devalúa ciertos conocimientos ya adquiridos y profesionalidades consolidadas, exigiendo un esfuerzo continuo de recalificación y de puesta al día. Los que no logran ir al compás de los tiempos pueden quedar fácilmente marginados ..."22. Resumimos la posición cristiana en la forma siguiente. 2) La propiedad privada individual es un derecho natural de la persona humana.
Centesimus annus, cap. IV, p. 43 y 45.

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do como un dogma intangible, debiendo la posición rígida ser sometida a constante revisión desde el punto de vista de los derechos del hombre. 8) La propiedad privada tiene una función social. h) NUESTRA POSICIÓN. NO sólo por formación intelectual sino también por convicción profunda, coincidimos esencialmente con la posición cristiana en su formulación actual a través de los documentos conciliares, encíclicas, cartas pastorales y declaraciones episcopales, fieles intérpretes del Evangelio, bajo cuya luz escrutan los signos de los tiempos y, como atentos observadores de la realidad humana, dan respuesta a sus permanentes interrogantes. La índole de la obra no nos permite tampoco hacer un estudio detallado de todas las cuestiones que suscita el régimen de la propiedad. No podemos dejar de apuntar, sin embargo, algunas reflexiones sobre los criterios diferenciales que deben tenerse en cuenta al estudiar los fundamentos de la propiedad. El derecho de propiedad es un derecho natural de la persona humana, sin desconocer el hecho de que las personas jurídicas pueden ser titulares de este derecho y en la realidad lo son en mayor proporción que las personas de existencia visible. Es conveniente acentuar las diferencias de tratamiento, dado que las personas jurídicas, especialmente las de carácter privado, deben tener, en cuanto al uso y goce de sus bienes, una doble faz configurativa de su extensión. Por una parte (y esto compete a la regulación de las asociaciones, fundaciones y sociedades) en cuanto a su objeto que -siendo determinado- debe delimitar asimismo su extensión y, por otra parte, los fines de la comunidad social que, si tienen relevancia frente a la persona individual (que no deben ceder sino en caso de utilidad o necesidad pública), no pueden ser subordinados, en cambio, a los intereses o fines de las personas jurídicas de carácter privado en la medida en que únicamente un fin, no

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sólo lícito sino de conveniencia pública, justifica la existencia de este tipo de personas. En tal sentido nos hacemos eco de las palabras de Gaudiurn et spes: "Las instituciones humanas, privadas o públicas, esfuércense por ponerse al servicio de la dignidad y del fin del hombre. Luchen con energía contra cualquier esclavitud social o política y respeten, bajo cualquier régimen político, los derechos fundamentales del hombre. Más aún, estas instituciones deben ir respondiendo cada vez más a las realidades espirituales, que son las más profundas de todas, aunque es necesario todavía largo plazo de tiempo para llegar al final deseado"23. Dijo posteriormente Juan Pablo II que "... la finalidad de la empresa no es simplemente la producción de beneficio, sino más bien la existencia misma de la empresa como comunidad de hombres que, de diversas maneras, buscan la satisfacción de sus necesidades fundamentales y constituyen un grupo particular al servicio de la sociedad entera. Los beneficios son un elemento regulador de la vida de la empresa, pero no el único; junto con ellos hay que considerar otros factores humanos morales que, a largo plazo, son por lo menos igualmente esenciales para la vida de la empresa"24. § 186. SISTEMAS DE PROPIEDAD. - La gravitación del liberalismo racionalista y su concepción de la propiedad con influencia en el movimiento de codificación han llevado al hombre occidental a restringir su noción del derecho de propiedad hasta hacerle suponer que no existe sino un solo sistema, pero no cabe duda de que, tanto en el tiempo como en el espacio, es dable reconocer una pluralidad de formas de propiedad y, aun dentro de los sistemas que 2

3 Gaudiurn

24

Centesimus

et spes, annus,

c a p . 29, "Ocho g r a n d e s mensajes", p . 415 y 416. cap. IV, p. 46 y 47.

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enunciaremos, advertir diversos matices diferenciales según la época, el lugar y el régimen jurídico, social o económico. La mayoría de los autores señalan una evolución de la propiedad que parte de la comunitaria o de grupo, para después hacerse familiar y recién, en tiempo muy posterior, convertirse en propiedad individual. Si bien esta evolución no es uniforme en todos los pueblos, se advierten ciertas constantes, como señala Hedemann, expresando que, aun en el derecho romano donde la propiedad tiene apariencia individualista ya que todo poder se concentra en la cúspide, en el pater familice, se debe tener en cuenta que éste no actúa como individuo independiente sino como representante y cabeza rectora de su linaje25. a) SISTEMA ROMANO. Según la leyenda de la fundación de Roma, Rómulo habría hecho una distribución de parcelas entre los pobladores iniciales, lo que debe encerrar algo de verdad pues del mismo modo se procedía en Grecia al fundar las ciudades. El heredium, nombre que tomó esta fracción destinada a la construcción de la vivienda familiar, sus patios y jardines o huertas, muy pronto resultó insuficiente para atender a las necesidades de las familias afincadas, por lo que debieron hacerse otras adjudicaciones en las afueras de la ciudad. Este tipo de propiedad era común de la gens. En tanto -es de suponer- que los terrenos no cultivados o los conquistados al enemigo, en la Roma primitiva, estuvieron a disposición de todos los miembros de la sociedad, sólo podían hacer uso y acrecentar su posesión aquellos que tenían los medios necesarios para la explotación (esclavos, ganados, útiles de labranza y dinero para pagar la concesión). Hedemann, Tratado de derecho civil. Derechos reales, vol. II, p. 16.

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Al afirmarse el poder de la aristocracia surgió el dominio quiritario (de los quirites o patricios) que requería determinadas condiciones tanto en el sujeto como en el objeto. En efecto, sólo los ciudadanos romanos podían ser titulares del dominio de iure quiritium y sólo las res mancipi (fundos itálicos, esclavos, bestias de carga o tiro) podían ser su objeto26. Si no se daban estos requisitos esenciales no existía propiedad o dominio en sentido estricto. Si no se realizaba la ceremonia exigida ad solemnitatem para la transferencia (mancipatio o in iure eessio'), la propiedad no podía considerarse adquirida y, en tal caso, el anterior propietario seguía siendo reputado titular y tenía el ejercicio de la reivindicatio. La propiedad de los fundos provinciales o la atribuida a los peregrinos (al menos hasta que se les otorgó el ius commercium) no podía considerarse propiedad civil o quintaría. Tampoco cuando no se habían cumplido las formas de transmisión. En estos supuestos se decía que la persona tenía la cosa entre sus bienes (in bonis esse), situación que, con el tiempo, pasó a ser protegida por el pretor, quien ideó para el caso excepciones y acciones que desembocaron en un sistema que -poco a poco- se generalizó, hasta que Justiniano abolió la distinción entre res mancipi y nec mancipi. b) SISTEMA FEUDAL. Cuando nos referimos a este sistema lo hacemos generalmente tomando como prototipo el que imperó en la Edad Media en Europa, pero sin desconocer que otras civilizaciones conocieron regímenes feudales, así China, Egipto y Japón, por cierto con diferencias, tuvieron en su momento sistemas en que la propiedad inmobiliaria se encontraba feudalizada. En la época medieval se produce un deterioro del poder monárquico y una paralela incrementación del poder de 26 Ponsa de la Vega de Miguens, Manual de los derechos reales en Roma, p. 71.

23. Musto, 1.

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los príncipes y señores; éstos, responsables de la tributación y de la protección de sus vasallos y detentadores de los privilegios, dan lugar a un régimen donde la propiedad inmobiliaria pasa a ser principal factor de poder político, y expresión territorial del título de nobleza hasta confundirse con él en la designación. Un noble podía tener en propiedad grandes extensiones de tierra, que explotaban sus vasallos que, a su vez, y dependiendo ello de la extensión de su fundo servil, podían delegar su explotación en otros vasallos de menos importancia, respecto de los cuales se consideraban señores, y así sucesivamente hasta llegar al siervo de gleba, último eslabón de la cadena, adscripto en cierto modo a la tierra, en una situación semejante. En lo que respecta al dominio se distinguía el dominio directo del señor, del dominio útil del vasallo, quien explotaba la tierra, pero debía pagar a aquél una serie de gabelas, a cambio de su protección. A la par existían otras tierras cuyos propietarios eran libres y que no estaban sometidas al régimen, llamadas alodiales, pero era frecuente que sus propietarios, ante la competencia desleal o ante la imposibilidad de defenderlas, se resignaran a feudalizarlas. En esta época se distinguen entonces de la propiedad feudalizada (feudal o servil), la alodial, propiedad plena de origen romano, sin desmembramientos; la comunal, perteneciente a municipios o corporaciones (universidades, gremios, órdenes religiosas, etc.); beneficiaría, nacida de concesiones hechas por los reyes a nobles o plebeyos, y censal, correspondiente a un hombre libre que paga un canon al señor27. El más duro golpe que recibiera el régimen feudal, que había subsistido durante siglos a pesar de que la monarquía había recuperado el poder político, fue asestado por la Montejano (h.), Justicia

y propiedad,

p. 13.

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Revolución Francesa, en momentos en que el monto de las gabelas impuestas por los señores se tornó insoportable para los vasallos, y la protección brindada por parte de éstos era escasa o nula. Esta injusta situación desembocó en una rebelión de los campesinos, que obligó a los nobles a renunciar a sus privilegios, en Francia por decreto de la Asamblea constituyente, en la noche del 4 de agosto de 1789. Las propuestas revolucionarias lograron la abolición del testamento, la sucesión entre los colaterales y la confiscación de bienes del clero, de los nobles y de los emigrados. Estas reformas, sin embargo, duran hasta que se restaura el equilibrio concibiéndose una propiedad libre y exenta de gabelas28. c) PROPIEDAD INDIVIDUAL. El sistema de la propiedad individual o más precisamente el de la propiedad privada individual, coexiste con el de la propiedad pública, estatal o municipal. En su versión liberal e individualista la hemos caracterizado al examinar los fundamentos de la propiedad, pero no se debe perder de vista que la propiedad individual no sólo puede coexistir con otras formas de propiedad, sino que a ella puede dársele un sentido y alcance completamente distinto al del sistema individualista y capitalista. Ya nos hemos referido a la concepción cristiana de la propiedad que, no por quitarle el carácter de absoluto y condicionarla a los fines del hombre y de la sociedad, deja de merecer el calificativo de individual. Nuestro Código, que ha seguido al modelo francés, ha legislado sobre la propiedad individual o particular como única forma de propiedad privada, a la que sólo opone la propiedad pública y privada del Estado nacional y de los 28 Peña Guzmán, Derecho civil. Derechos reales, t. II, p. 10; Salvat Argañarás, Tratado. Derechos reales, t. II, p. 11; Mazeaud, Lecciones de derecho civil, parte segunda, vol. IV, p. 16.

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Estados provinciales, la de los bienes de la Iglesia Católica, de las iglesias que llama "disidentes" y de los municipios. Sin embargo, se advierte una tendencia legislativa a constituir nuevas formas de propiedad, como la del bien de familia, la regulación de la unidad económica, etc., pero -como dice Moisset de Espanés- las excepciones no hacen más que confirmar la regla de que en Occidente -en general- la única forma de propiedad es la individual29. Más adelante, al examinar los caracteres y extensión del dominio, nos ocuparemos de precisar los perfiles de la propiedad individual, ya que -como expresamos- el dominio está regulado bajo la influencia de este sistema. d) SISTEMA SOCIALISTA. NOS referimos a los países socialistas, ya que el comunismo puro no ha sido adoptado bajo ningún régimen político. La influencia de Marx se advierte, en primer lugar, en la distinción entre bienes de consumo, o de uso personal, y bienes de producción. Respecto de los bienes de producción, la propiedad se encuentra socializada, perteneciendo al Estado o a otras comunidades de grado menor. Sólo excepcionalmente se permite una propiedad personal sobre bienes de producción como, por ejemplo, respecto de herramientas artesanales o pequeñas parcelas cultivables. Los bienes de consumo o de uso personal se encuentran socializados mientras están en la fase de producción o comercialización, pudiendo ser de propiedad personal para quien los tenga con fines de uso o aprovechamiento. A partir de la caída del muro de Berlín con la consecuente unificación de Alemania y de los cambios producidos con la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas 29 Moisset de Espanés, El derecho de propiedad y las constituciones de la República Socialista de Rumania (1965) y de la República de Bulgaria (1971), ED, 54-587 y siguientes.

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Soviéticas (URSS), el sistema parece batirse en retirada. Incluso en China se están produciendo cambios estructurales de modernización e inversión que presagian el fin de la era comunista. B)

DEL DOMINIO

§ 187. DEFINICIÓN LEGAL. CRÍTICA. - La definición legal del dominio está contenida en el art. 2506 que dice: "i?i dominio es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona". En la nota, el codificador, después de transcribir la definición dada por las Partidas y hacer referencia al art. 544 del Código francés y alusión a la fórmula empírica que empleaban los romanos, en su último parágrafo, reconoce como fuente la definición de los jurisconsultos Aubry y Rau30. Pero, como lo ha observado la generalidad de la doctrina, al traducir el texto de los autores nombrados, Vélez Sársfield evitó la frase (después de la palabra "sometida") "de una manera absoluta y exclusiva" con que los juristas franceses caracterizan la sumisión de la cosa a la persona. Al omitir dicha frase, la definición peca por defecto en la medida en que no contiene un criterio distintivo de otros derechos reales, que también autorizan a someter la cosa a la voluntad y acción de una persona (usufructo, uso, etc.), debiendo destacarse que la diferencia está en que, en el dominio, ese sometimiento es el más completo o pleno posible. Pero el dominio no es una simple suma de tales facultades, sino que su contenido es algo más y distinto a la suma de ellas. En efecto, en el núcleo del dominio queda un poder residual y elástico que subyace aun cuando la posibi30

Aubry-Rau, Cours de droit civil francaise, t. 2, p. 170.

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lidad de usar y gozar de la cosa haya sido cedida o se haya debilitado (p.ej., constitución de usufructo, uso, o por la existencia de servidumbres) o el poder de disposición se halle enervado, condicionado, o suspendido momentáneamente (embargos, bien de familia, prohibición de enajenar en la medida en que se encuentra permitida, entre otros). El dominio subsiste y la mayor prueba de ello es que, apenas cesadas las circunstancias obstativas del ejercicio de los poderes o facultades, éstos revierten inmediatamente hacia el propietario por virtud de lo que llamaríamos la "fuerza expansiva" o "elasticidad" del dominio, que no es otra cosa que la tendencia a la plenitud e integralidad de este derecho. Del mismo modo que la persona es reconocida en libertad, o se presume libre mientras no existan motivos para que esa libertad se le restrinja, y la recobra apenas cesan los motivos de cualquier restricción; el dominio, que es proyección de esa libertad ejercida sobre las cosas de acuerdo a su destino universal, tiende a ser libre de cargas o gravámenes. Así definimos el dominio como el derecho real por el cual se atribuye al titular un poder básico complejo y genérico, lo más amplio posible respecto de una cosa, que es su objeto y que, en principio, es pleno, exclusivo y perpetuo y con tendencia a recuperar estos caracteres apenas cesan los motivos que los afectan. § 188. CLASES. - El art. 2507 nos da una clasificación legal del dominio, expresando que se llama "pleno o perfecto, cuando es perpetuo, y la cosa no está gravada con ningún derecho real hacia otras personas". Para agregar seguidamente: "Se llama menos pleno, o imperfecto, cuando debe resolverse al fin de un cierto tiempo o al advenimiento de una condición, o si la cosa que forma su objeto es un inmueble, gravado respecto de terceros con un derecho real, como servidumbre, usufructo, etcétera".

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A su vez el art. 2661 expresa: "Dominio imperfecto es el derecho real revocable o fiduciario de una sola persona sobre una cosa propia, mueble o inmueble, o el reservado por el dueño perfecto de una cosa que enajena solamente su dominio útil". Del juego de estas normas, y sin perjuicio de las críticas que merecen las disposiciones citadas, surge lo siguiente. Pleno o perfecto Dominio Menos pleno o imperfecto

Revocable Fiduciario Desmembrado

En primer lugar, la norma del art. 2507 es criticable en cuanto restringe a los inmuebles la categoría de dominio imperfecto por desmembración, y entonces cabe preguntarse: ¿qué clase de dominio es -por ejemplo- el de la cosa mueble sujeta a usufructo? No cabe duda que también en este caso se trata de un dominio desmembrado31. En segundo lugar los ejemplos citados por el codificador en la parte final oscurecen, en vez de aclarar, el concepto de dominio desmembrado al no poder determinarse el alcance de la palabra "etcétera". ¿Es comprensiva de todos los derechos reales sobre cosa ajena, como parece apuntar la frase "gravado respecto de terceros con un derecho real"? y entonces, ¿comprende también al dominio gravado con hipoteca o anticresis? ¿O sólo comprende a aquellos derechos reales en que, en mayor o menor medida, se enajena el "dominio útil"? Es lo que expresa el art. 2661 en su parte final, con terminología inadecuada. Al tratar del dominio imperfecto nos proponemos responder a estos interrogantes (ver § 190). 31

Lafaille, Tratado de derechos reales, t. 1, p. 369.

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§ 189.

DOMINIO PLENO O PERFECTO. REMISIÓN. - El

do-

minio pleno o perfecto es el estado normal de este derecho. Cuando los caracteres de perpetuidad o exclusividad se encuentran afectados o debilitados, y el dominio deviene entonces menos pleno, se configura una situación de excepción, casi siempre temporaria, en la que tiene incidencia la expresada tendencia a la plenitud (también llamada "elasticidad") del derecho de dominio. Ejemplos: si se extingue una servidumbre por renuncia, o por el no uso, o se cancela una hipoteca, etc., el propietario recobra las facultades de las cuales estaba privado debido a estas cargas. Continuaremos el estudio del dominio pleno después de una breve referencia a los casos de dominio menos pleno para completar la clasificación. § 190. DOMINIO MENOS PLENO O IMPERFECTO. - Analizaremos, pues, la ya mentada caracterización del art. 2661. a) REVOCABLE. El dominio revocable es el que está sujeto a una condición o plazo resolutorio, o que ha sido transmitido en virtud de un título revocable a voluntad del transmitente o puede serlo por una causa inherente al título. Podemos enumerar los siguientes casos de dominio revocable. i ) Cuando por una cláusula contractual, el dominio queda sujeto a revocación por voluntad del transmitente. Por ejemplo, venta con pacto de retroventa (art. 1366) o con cláusula de poder arrepentirse (art. 1373). Está previsto en el art. 2663 y la revocación se opera por la manifestación de dicha voluntad (art. 2665). 2) Cuando la revocación está sujeta al cumplimiento de una cláusula legal que conste en el acto jurídico que transmitió el dominio (art. 2668). Por ejemplo, caso de supernacencia de hijos, causal legal que debe estar expresamente estipulada como condición (art. 1868).

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3) Cuando la sujeción es a una condición resolutiva o plazo resolutivo (art. 2668). Probado el cumplimiento de la condición o cumplido el plazo, en su caso, la revocación se produce de pleno derecho. 4) Cuando la causal de revocación está ínsita en el propio título (art. 2663). En este caso no es necesario que conste en el acto de transmisión; por ejemplo, revocación por ingratitud del donatario o legatario o por inejecución de los cargos que se les impusieron (art. 2667). La revocación no puede operarse sino en virtud del juicio que la declare, cuando las partes no están de acuerdo en la existencia de los hechos de que dependía (art. 2667 en correlación con los arts. 1850, 1852 y 2666). La revocación por inejecución de cargos se aplica a los legados (arts. 2667, 3841 y 3842) y también los casos de ingratitud del legatario (art. 3843). La excepción prevista en el art. 2666, respecto al pacto comisorio, ha perdido virtualidad jurídica por obra de la reforma de la ley 17.711, que estableció la posibilidad de actuar el pacto comisorio sin necesidad de juicio. Lamentablemente, no se armonizó este texto con la disposición referida y, por lo tanto, sus efectos, aunque minorados, subsisten en los casos en que sea necesario el juicio de resolución. El Código no expresa que en los casos 2 y 3 la revocación se produce ipso iure, pero ello se desprende del art. 2668 que expresa que se extingue el dominio revocable por el cumplimiento de la cláusula legal. En cambio, la manifestación de voluntad es siempre necesaria en el caso de revocación de las donaciones entre cónyuges en los supuestos de los arts. 1233, 1234 y 1236, lo que surge de la última parte del art. 1234. Cuando la revocación se produce en virtud de una cláusula contractual, como el pacto de retroventa o de reventa, o el de mejor comprador, la manifestación de volun-

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tad debe ir unida a otras circunstancias, como la restitución de la cosa o el precio, o la oferta mayor. Sólo en contados supuestos puede hablarse de revocación ad nutum en forma pura (p.ej., art. 1365). En todos los casos nos referimos a la existencia de condición resolutoria, destacando que, si la condición fuere suspensiva, no puede hablarse de transmisión del dominio hasta tanto ella se cumpla y, por tanto, no hay dominio ni perfecto ni imperfecto (ver lo dispuesto por el art. 1370). En caso de duda, la transmisión se reputa hecha bajo condición resolutoria, siempre que, antes del cumplimiento, el vendedor hubiere hecho tradición de la cosa al vendedor. Por su parte, el art. 2664 dice: "El dominio no se juzga revocado cuando el que posee la cosa a título de propietario es condenado a entregarla en virtud de una acción de nulidad, o de rescisión, o por una acción contra un hecho fraudulento, o por restitución del pago indebido. En estos casos se juzga que el dominio no había sido transmitido sino de una manera interina". El artículo ha sido criticado porque incurre en varios errores terminológicos, pero la solución es correcta en cuanto ninguno de los casos enumerados importan supuestos de revocación. Cuando el acto de transmisión es nulo, y el adquirente se ve obligado a restituir la cosa, tal restitución es el efecto propio de la nulidad y, por tanto, la transmisión no se operó válidamente; en cambio, en la revocación hubo transmisión efectiva de la propiedad. Otro tanto ocurre con la transmisión hecha en virtud de un acto fraudulento y con la restitución del pago indebido, por la ineficacia de la transmisión en el primer caso y la falta de causa en el segundo. El caso de rescisión ha sido objeto especial de críticas, porque -técnicamente- ésta sólo se produce mediando acuerdo de partes y, en tal caso, si la transmisión no tenía ab initio la condición resolutoria, opera como una nueva

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transmisión o reversión del dominio, pero juzgándose que antes el derecho real era perfecto32. La parte final del artículo al expresar que, en estos casos, se juzga que el dominio no había sido transmitido sino de una manera interina, comporta un grave error, dado que el Código no ha previsto esta suerte de transmisión (de manera interina). La norma, como bien lo señala Lafaille, tiene su fuente en Aubry y Rau, y el error proviene de una deficiente traducción del texto francés que expresa lo contrario, pues dice: "la propiedad no debe considerarse revocada; pero como si jamás hubiera sido transmitida, siquiera de un modo interino". Recordemos que, en materia de revocación de los actos en general, sus efectos se pueden producir o considerarse producidos a partir de la constitución misma del derecho revocado o, lo que es lo mismo, con retroactividad a la fecha de constitución, de tal modo que, con las salvedades a que nos referimos, es como si el acto no se hubiere producido. Éste es el caso del efecto ex tune. Si, en cambio, la revocación sólo produce efectos una vez sucedida y no con retroactividad, es dable hablar del efecto ex

nunc. El codificador se ha referido a estos dos tipos de efectos en la nota al art. 2669, y da solución a la cuestión que podría suscitarse estableciendo -como regla- que "la revocación del dominio tendrá siempre efecto retroactivo al día en que se adquirió, si no hubiera en la ley o en los actos jurídicos que la establecieron, disposición expresa en contrario" (art. 2669)33. La cuestión tiene importancia porque el titular del dominio objeto de la revocación puede haber realizado enajenaciones o gravado el inmueble con servidumbres, hipote32 33

Borda, Tratado. Derechos reales, t. I, p. 246. Lafaille, Tratado de derechos reales, t. II, p. 139.

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cas, etc., y, en tales casos, si el efecto es retroactivo, el propietario originario tiene derecho a exigir que el inmueble se le entregue libre de esos gravámenes, respetando -eso sí- los actos de administración tales como alquileres (art. 2670). En cambio, si la revocación tiene efecto ex nunc, los actos de disposición realizados quedan también subsistentes (art. 2672). Con mayor razón -en tal supuest o - perviven los actos de administración. Para que la revocación se juzgue perfeccionada se requiere la tradición de la cosa al propietario enajenante por el titular del dominio revocado y, tratándose de inmuebles, la inscripción en el registro (arts. 577, 3265 y 2505). La más importante excepción la establece el art. 2671 que le niega a la revocación del dominio sobre cosas muebles efecto contra los terceros adquirentes, usufructuarios o acreedores pignoraticios, salvo cuando ellos, por razón de su mala fe, tuvieren obligación personal de restituir la cosa. b) FIDUCIARIO. LOS negocios fiduciarios tenían amplio campo de aplicación en Roma y actualmente han adquirido gran importancia en el derecho comparado. El fideicomiso, una de sus especies, se aplicaba frecuentemente en caso de sucesión mortis causa, cuando el testador quería favorecer a persona a la cual no le era posible hacerlo por medio del testamento. En tal caso debía confiar en que el heredero cumpliera su voluntad (de allí: fides o jideicomitio), pues no constituía en principio una obligación civil sino un acto de conciencia y de buena fe del heredero fiduciario. El fideicomiso podía ser universal o singular. El primero, cuando tenía por objeto la totalidad o una cuotaparte de una herencia, y el segundo, cuando comprendía una o varias cosas determinadas. Hay sustitución vulgar cuando el testador designa, además del heredero o legatario, otra u otras personas para

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que lo subroguen en el caso que el designado no quisiere o no pudiere aceptar la herencia. En la sustitución fideicomisaria -en cambio-, el heredero o legatario tienen obligación de conservar los bienes para que a su muerte pasen al heredero o legatario que lo sustituye. El Código prohibe esta última clase de sustituciones, se trate de herederos (art. 3724) o de legatarios (art. 3731), admitiendo sólo la sustitución vulgar (ver nota al art. 3724). Sin embargo, había previsto en el art. 2662 -antes de la ley 17.711- el dominio fiduciario al que definía como "el que se adquiere en un fideicomiso singular, subordinado a durar solamente hasta el cumplimiento de una condición resolutiva, o hasta el vencimiento de un plazo resolutivo, para el efecto de restituir la cosa a un tercero". Las mentadas prohibiciones y lo limitado del campo de aplicación de la figura, determinaron su ineficacia práctica. Está situación resultó modificada por la ley 24.441, cuyo comentario haremos en acápite especial. En lo que aquí corresponde, sólo diremos que dicha ley modificó el citado art. 2662, que dispone: "Dominio fiduciario es el que se adquiere en razón de un fideicomiso constituido por contrato o por testamento, y está sometido a durar solamente hasta la extinción del fideicomiso, para el efecto de entregar la cosa a quien corresponda según el contrato, el testamento o la ley". A su vez, modificó el art. 2670 agregándole un segundo párrafo: "Quedan a salvo los actos de disposición realizados por el fiduciario de conformidad con lo previsto en la legislación especial". c) DESMEMBRADO. Hemos expresado ya con anterioridad que el Código trata con disfavor la desmembración del dominio, respondiendo a la tendencia natural de este derecho a la plenitud y libertad. Pero ello no es óbice para que, al reconocer derechos reales sobre cosa ajena, éstos representen -como es obvio- una disyunción de las facultades que

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pasan a pertenecer en parte al titular del derecho constituido, mientras otras quedan reservadas al titular del dominio. En el usufructo, por ejemplo, al desprenderse el propietario de las facultades de uso y goce, restringe su derecho de tal modo -se ha podido decir- que se enajena el dominio útil, mientras que se conserva el dominio directo o nuda propiedad (del latín nudus, desnudo). En los demás derechos reales sobre cosa ajena, la escala de facultades es variable llegándose a la hipoteca, en la que el propietario conserva la casi totalidad de los poderes que corresponden al dominio, incluso el de disponer de la cosa mientras no se afecte la garantía hipotecaria (art. 3157). Al tratar de cada uno de los derechos reales, mencionaremos las facultades del propietario y del titular del derecho real sobre la cosa ajena. d) OTROS CASOS DE DOMINIO IMPERFECTO. Se han señalado, como casos de dominio imperfecto, el dominio sobre las aguas y la propiedad minera. En el primer caso, si se trata de aguas que pertenecen a los particulares, no difiere del dominio común, y si corresponden al dominio público, su estatuto o régimen jurídico se relaciona con él y tampoco tiene por qué asimilarse a un dominio imperfecto. Respecto a la propiedad minera, cuando por su categoría la mina corresponde al Estado, los particulares sólo pueden explotarla por concesión, o sea que no se trata de un verdadero derecho de propiedad. Lo que quedaría imperfecto es el dominio común del titular del predio donde está la mina, que tiene que soportar las limitaciones a la propiedad que involucra la explotación de los yacimientos. Pero hay otros casos donde la calidad de dominio imperfecto también aparece con claridad, como en el del bien de familia en que el titular, que afecta el inmueble a ese fin, restringe sus facultades (art. 34 y ss., ley 14.394). Otro caso que se ha señalado como dominio imperfecto es el que mantiene el propietario de un inmueble que lo ha

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afectado al régimen de prehorizontalidad. En realidad no encaja en ninguno de los supuestos de dominio imperfecto, dado que no hay una verdadera desmembración ni atribución de facultades a un tercero, al menos hasta la suscripción de los boletos de venta. Las tierras públicas, al prever la adjudicación a los particulares, someten al dominio a una serie de condiciones que, no cumplidas por el particular, pueden aparejar la caducidad del derecho. Otro tanto ocurre con las tierras correspondientes a las reservaciones indígenas. Cuando el Estado nacional o los Estados provinciales declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación bienes de particulares suelen, en virtud de las leyes sobre la materia, restringir las facultades de los propietarios, hasta tanto se materialice la expropiación. A su vez, adquirida por el sujeto expropiante la propiedad del bien, existe una condición ínsita en la expropiación, cual es la de darle el destino de utilidad pública que sirvió de base a la expropiación. Si ello no ocurre, el anterior titular tiene la acción de retrocesión, lo que lleva a concluir que es un dominio revocable34. Excluimos de considerar como dominio imperfecto todos aquellos casos en que existen derechos administrativos de concesión, uso, etc., sobre bienes del dominio público del Estado, porque -en tales casos- se está excediendo del campo de los derechos reales y, más ampliamente, del derecho privado. § 191.

EL FIDEICOMISO Y EL DOMINIO FIDUCIARIO.

LA

LEY 24-441. - Dada la índole de esta obra y, a pesar de la importancia que ha adquirido el tema en los últimos tiem34 CFed Paraná, 7/12/78, JA, 1979-IV-643, con nota de Mazzuco Barthe, Retrocesión, y LL, 1979-C-438, con nota de Canasi, La prescripción adquisitiva en la retrocesión expropiatoria.

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pos, sólo daremos una breve explicación sobre los antecedentes y principios fundamentales. Prometimos al tratar las clases de dominio imperfecto, referirnos a la ley 24.441, que tuvo sanción el 22 de diciembre de 1994, siendo promulgada el 9 de enero de 1995 y publicada en el BO del 16 de enero de 1995. a) ANTECEDENTES HISTÓRICOS. Comenzaremos con una noción de los antecedentes, para luego hacer un comentario sobre la ley mencionada. 1) ROMA. La rigidez de la Ley de las XII Tablas debió agudizar la imaginación de los romanos, que deseaban efectuar transacciones no contempladas en sus escuetas regulaciones. Por otra parte, las inhabilidades para heredar, que impedían beneficiar mortis causa a algunas personas, motivaron que se recurriera a un tercero, que actuaba sobre la base de la confianza en él depositada, para transmitir la cosa al verdadero destinatario del beneficio. Estas situaciones dieron lugar al nacimiento de los negocios fiduciarios y el fideicomiso, que tienen su base exclusivamente en la confianza, de ahí sus nombres (defides, confianza). El fideicomiso testamentario consistía en designar un legatario a fin de que, a la muerte del testador, transmitiera -a su vez- el bien a un tercero (beneficiario) quien, por hipótesis, no podía ser instituido heredero o designado legatario. Por actos entre vivos, el negocio fiduciario tuvo dos aspectos: el primero con origen en la necesidad de garantizar créditos. A tal fin el propietario transmitía por alguno de los modos solemnes (mancipatio o in iure cessio) la propiedad de una cosa, la que debía ser restituida en la misma forma, una vez pagado el crédito (fiducia cum creditoré). Paralelamente a ella se gestó otro tipo de negocios fiduciarios de variable contenido, por el cual el propietario

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de los bienes los enajenaba a una persona de confianza para que realizara con ellos -como si fuera el propietariocierto tipo de negocios o inversiones, generalmente con fines determinados (fiducia cum amico), en beneficio del fideicomitente (o fiduciante) o de un tercero. El propietario, que sólo conservaba un derecho personal respecto del fiduciario basado -en un comienzo- sólo en la confianza y luego protegido por una acción, carecía de posibilidad de persecución -frente a terceros- sobre los bienes, en caso de incumplimiento del pactum fiducial, lo que implicaba un riesgo, característica de la institución. Este riesgo, emanado de la desproporción existente entre los fines perseguidos por las partes y las facultades ilimitadas dadas al fiduciario, relegaron este contrato, sustituyéndolo por otras garantías, como la hypotheca y el pignus, en un caso (cum creditore) y en el otro por el mandato, la administración o el albaceazgo. 2) DERECHO GERMÁNICO. En el derecho germánico, los derechos del fiduciario no eran ilimitados, por estar condicionados resolutoriamente con oponibilidad a terceros, razón por la cual, en el caso de violación de lo pactado, el fiduciante (o sus herederos) podía reivindicar los bienes, incluso contra los terceros adquirentes, disipando así la posibilidad de abuso por parte del fiduciario. En ello cobra particular importancia la diferencia entre los sistemas de publicidad. Esto constituye la gran diferencia entre uno y otro derecho histórico. 3) DERECHO ANGLOSAJÓN. La importancia de los antecedentes sajones reside, en el caso de la ley 24.441, en que ésta ha seguido más los lineamientos del trust inglés que los del fideicomiso de raíz romana, pero con distintos matices que tienen su vinculación con la abismal diferencia que existe entre el derecho del Reino Unido y el nuestro, de origen europeo continental. 24.

Musto, 1.

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Además, para comprender mínimamente el trust se debe recordar que existen en Inglaterra dos tipos de tribunales: los de derecho estricto (cornrnon law) y los de equidad (equity). En el trust, el settlor, equivalente al fideicomitente, transmitía al trustee (fiduciante), la titularidad de la propiedad de los bienes que a la conclusión del plazo debía transmitirlo al beneficiario (cestui que trust o beneficiary). El trustee es considerado el propietario legal y, en consecuencia, los tribunales del common law rechazarán cualquier pretensión o reclamo del beneficiario sobre los bienes transmitidos por el settlor, pero, sin embargo, el tribunal de la Cancillería aceptará que existe un derecho de carácter equitativo (equity} y obligará al trustee a cumplir todas las obligaciones, pactadas en confianza, que emergen del trust. Una abundante y afinada jurisprudencia brinda precedentes adaptables a las más variadas exigencias, en los distintos negocios realizables por esta vía. Mientras subsisten dos formas de propiedad sobre una misma cosa, dado que la propiedad formal se transmite por título legítimo {legal tule} al fiduciario, subsiste el pacto para que sea administrada por éste y se entreguen los réditos al beneficiario. b) ANTECEDENTES NACIONALES DE LA LEY 24.441. Se destacan como antecedentes, en el orden nacional, el proyecto de Guillermo Michelson (1961), que es la primera tentativa de regular orgánicamente la institución. Elevado al Ministerio de Justicia en 1967, el Gobierno (de facto) no lo sancionó. Tampoco tuvo sanción legislativa un proyecto, que sigue los lineamientos del anterior, enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo en 1986. Se refieren al fideicomiso pero para negocios específicos, la ley 19.550 y sus reformas, al regular los debentures la ley 23.576, de obligaciones ne-

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gociables; la ley 23.696, de reforma del Estado, y la ley 24.083, de fondos comunes de inversión. El proyecto de ley, en lo que atañe al fideicomiso, tiene como antecedentes el anterior de 1986 y el proyecto de reformas al Código Civil elaborado por la comisión designada por el Poder Ejecutivo por decr. 468/92, el que, a su vez, tuvo como fuente el Código de Comercio de Colombia, leyes de México, Panamá y, muy especialmente, el Código Civil de la Provincia de Quebec, Canadá, sancionado en 1991. También tuvo presente la ley 19.301 de Chile. Adquieren así importancia fundamental, para el estudio de la figura, los antecedentes latinoamericanos, que no habían sido estudiados con anterioridad por nuestros juristas, en forma profunda. c) DEFINICIÓN LEGAL. El art. Io dice: "Habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario". Se advierte que en la estructura interna del fideicomiso, a diferencia del Código Civil, existen cuatro sujetos: i ) fiduciante (o fideicomitente); 2) fiduciario; 3j beneficiario, y 4) fideicomisario. Estos tres últimos roles, o dos de ellos, pueden estar concentrados en una misma persona. Una misma persona no puede ser fiduciante y fiduciario a la vez. d) SUJETOS. Los sujetos del contrato de constitución del fideicomiso, o sea de la relación jurídica que le da origen son: i ) el fiduciante o fideicomitente quien, en su carácter de propietario constituye el fideicomiso, desprendiéndose de su derecho de dominio que transmite al fiduciario, y 2~) el fiduciario adquiere la cosa en propiedad, .aunque su dominio es menos pleno o imperfecto de acuerdo a lo que establece el propio Código Civil (art. 2661) y tiene el po-

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der de administrarla en su beneficio o en el de otra persona que entonces desempeña el rol de beneficiario. El fideicomisario, en cambio, es aquel que debe recibir la cosa una vez finalizado el fideicomiso, o sea al vencimiento del plazo o al cumplimiento de la condición (art. 26). Podría decirse así que el fideicomisario es un beneficiario residual de los bienes objeto del fideicomiso. Coincidiendo con Kiper expresamos que desde el punto de vista del derecho real, no hay partes sino que en la relación real -dominio fiduciario, categoría de dominio imperfecto- sólo hay sujeto (fiduciario) y objeto (la cosa o bien fideicometidos)35. No hay derecho real en cabeza del beneficiario. El derecho real del titular del dominio fiduciario es oponible a terceros una vez cumplidos los requisitos que se relacionan a la publicidad según la naturaleza de los bienes (art. 12). e) FORMAS DE CONSTITUCIÓN. El fideicomiso puede constituirse por contrato o por disposición de última voluntad. El hecho de que se pueda constituir el fideicomiso por testamento no significa que se haya derogado la prohibición de la sustitución fideicomisaria36. O sea que son válidos los testamentos que instituyen fideicomisos cuando los plazos o condiciones a los que está sujeta la transmisión definitiva al fideicomisario no están referidos a la muerte del heredero o legatario (fiduciario), sino a otros acontecimientos. Como sabemos las sustituciones están prohibidas en nuestro Código Civil, o sea cuando se llama a suceder a un tercero (por el todo o parte) de lo que reste de la herencia, al morir el heredero instituido (art. 3732 y su nota). Esta norma es aplicable a los legatarios (art. 3731). 35

Kiper, Régimen jurídico del dominio fiduciario, p. 133. Guastavino, Fideicomisos, "leasing", letras hipotecarias y otros aspectos de la ley 24.441, LL, 1995-B-1061. 36

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Con respecto a los negocios fiduciarios, Guastavino dice que la mera, fiducia mortis causa, entendiendo por tal una manifestación de voluntad informal, secreta y oral, dictada paralelamente a la manifestación formal y escrita (solemne, agregamos) por la que el heredero recibe el encargo de revelarla o cumplirla después de la muerte del testador, sigue prohibida en el derecho argentino. Señala que ello es incompatible con un sistema que no admite el testamento nuncupativo, que exige la certeza de la persona instituida como heredera o legataria, que no admite la imposición de plazo en la institución de heredero, que no acepta la sustitución fideicomisaria y que rechaza en general los pactos sucesorios. f) OBJETO. El objeto del fideicomiso puede recaer en cosas, muebles o inmuebles, o bienes componentes de un patrimonio o de una parte alícuota de un patrimonio, siempre que estén debidamente individualizados (art. 4o). Pueden comprender derechos intelectuales, patentes de invención, etcétera. No es pacífica la doctrina en lo que respecta a si el objeto puede ser una universalidad de derecho. La eliminación de la palabra "singular" que contenía el art. 2662 del Cód. Civil, alienta la postura afirmativa, pero la exigencia del inc. a del art. 4o de la ley de individualización de los bienes objeto del contrato, posibilita una posición restringida en cuanto al objeto. Nos pronunciamos por la posición más amplia, dado que se compadece mejor con el espíritu de la ley y el de su fuente que expresamente prevé la posibilidad de que el fideicomiso recaiga sobre un patrimonio o parte de él (art. 1260, Cód. Civil de Quebec). g) EL CONTRATO CONSTITUTIVO. Hemos expresado que el fideicomiso puede ser constituido por contrato o por disposición de última voluntad. Entendemos que no puede serlo por voluntad unilateral, lo que aventa también la posibilidad de que el fiduciante y el fiduciario sean una misma

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persona, pues en tal caso no habría contrato y la ley contiene clara referencia a la fuente contractual (arts. Io y 4 o ). Pero nada se opone a que el fiduciante sea a la vez beneficiario y fideicomisario. El contrato es bilateral, oneroso (entre el fiduciante y fiduciario), consensual, dado que se perfecciona por solo consenso (art. 1140, Cód. Civil), aunque la entrega de los bienes sea necesaria para el nacimiento del derecho real (fideicomiso y dominio fiduciario). En cuanto a la forma puede ser extendido en instrumento público o privado, según la naturaleza de los bienes. Si se trata de cosas inmuebles o bienes registrables deben ser redactados en escritura pública o en los instrumentos aptos para acceder a los registros. El contenido del contrato está fijado en el art. 4o que dice: "El contrato también deberá contener: a) La individualización de los bienes objeto del contrato. En caso de no resultar posible tal individualización a la fecha de la celebración del fideicomiso, constará la descripción de los requisitos y características que deberán reunir los bienes. b) La determinación del modo en que otros bienes podrán ser incorporados al fideicomiso. c) El plazo o condición a que se sujeta el dominio fiduciario, el que nunca podrá durar más de treinta años desde su constitución, salvo que el beneficiario fuere un incapaz, caso en el que podrá durar hasta su muerte o el cese de su incapacidad. d) El destino de los bienes a la finalización del fideicomiso. e) Los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo si cesare". Conforme al inc. b no es imprescindible se sometan, ab initio, todos los bienes, basta con que se determine el modo de incorporarlos.

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El inc. c alude a plazo o condición, pero luego establece un límite temporal que sólo puede estar referido al plazo, que no puede ser superior a treinta años, salvo que el beneficiario sea un incapaz, caso en que puede durar hasta que cese la incapacidad o muera. h) EL FIDUCIANTE. Llamado también "fideicomitente", es la persona que constituye el fideicomiso. Puede serlo cualquier persona física o jurídica. El fiduciante puede asumir concomitantemente el rol de beneficiario o fideicomisario, mas no el de fiduciario. Al constituir el fideicomiso puede reservarse facultades, incluso la de revocar el fideicomiso (art. 25, inc. ¿>), con la salvedad de que la revocación no tendrá efecto retroactivo. En caso de incumplimiento de las obligaciones del fiduciario puede pedir su remoción por vía judicial. Así dice el art. 9o, inc. a, que el fiduciario cesará por "remoción judicial por incumplimiento de sus obligaciones, a instancia del fiduciante ...". En el caso de que la remoción sea pedida por el beneficiario debe ser citado al juicio el fiduciante (art. 9o, inc. a

in fine). Con autorización judicial puede ejercer acciones en defensa de los bienes cuando el fiduciario sea remiso en llevarlas a cabo. Así dice el art. 18, párr. 2°: "El juez podrá autorizar al fiduciante o al beneficiario a ejercer acciones en sustitución del fiduciario, cuando éste no lo hiciere sin motivo suficiente". i) EL FIDUCIARIO. El art. 5o dispone: "El fiduciario podrá ser cualquier persona física o jurídica. Sólo podrán ofrecerse al público para actuar como fiduciarios las entidades financieras autorizadas a funcionar como tales sujetas a las disposiciones de la ley respectiva y las personas jurídicas que autorice la Comisión Nacional de Valores quien establecerá los requisitos que deban cumplir".

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El proyecto del Poder Ejecutivo fue modificado por moción del diputado Arias, cambiando la atribución que se asignaba al PE hacia la Comisión Nacional de Valores. La ley adopta una amplia legitimación para ser fiduciario, pero ella se restringe cuando existe la oferta pública a las entidades financieras y otras personas jurídicas que autorice la citada Comisión. La categoría de entidad financiera se encuentra minuciosamente regulada por la ley respectiva y sujeta a control por el Estado, a través del Banco Central. Parece innecesario, pues, que la ley repita que se deba cumplir con el requisito de autorización. El art. 6o de la ley dice: "El fiduciario deberá cumplir las obligaciones impuestas por la ley o la convención con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios que actúa sobre la base de la confianza depositada en él". Reminiscencia del derecho romano, sólo faltó decir que debe actuar como un buen padre de familia. Creemos que la disposición ha establecido una pauta que es excesivamente vaga. Sin embargo, se ha señalado que ello es revelativo de que el fiduciario debe administrar los bienes consciente de que su dominio no es absoluto. Ello atañe a la esencia de su derecho y revela que no sólo está limitado en el tiempo sino también en lo que refiere al fin del fideicomiso. Ello se complementa con el art. 7o que establece la obligación del fiduciario de rendir cuentas de la que no puede ser dispensado. Dice así: "El contrato no podrá dispensar al fiduciario de la obligación de rendir cuentas, la que podrá ser solicitada por el beneficiario conforme las previsiones contractuales ni de la culpa o dolo en que pudieren incurrir él o sus dependientes, ni de la prohibición de adquirir para sí los bienes fideicomitidos. En todos los casos los fiduciarios deberán rendir cuentas a los beneficiarios con una periodicidad no mayor a un año".

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Esta norma es de orden público y contiene dos restricciones fundamentales. La obligación de rendir cuenta por parte del fiduciario al beneficiario, que no puede ser dispensada y la prohibición de adquirir para sí los bienes objeto del fideicomiso. Tampoco se pueden incluir en el contrato de constitución cláusulas exonerativas de responsabilidad por culpa o dolo del fiduciario o sus dependientes. El fiduciario tiene derecho a una retribución que, en el caso de no haber sido establecida en el contrato, podrá fijarse judicialmente (art. 8o). Por ello hemos dicho que entre fiduciante y fiduciario el contrato es oneroso. Las causas de cesación en sus funciones están establecidas en el art. 9o, cuyo inc. a ya hemos transcripto parcialmente al señalar las facultades del fiduciante. Además de la remoción judicial aludida la ley establece que cesará: "&) por muerte o incapacidad judicialmente declarada si fuera una persona física; c) por disolución si fuere una persona jurídica; d) por quiebra o liquidación; é) por renuncia si en el contrato se hubiese autorizado expresamente esta causa. La renuncia tendrá efecto después de la transferencia del patrimonio objeto del fideicomiso al fiduciario sustituto". El proyecto del PE, en el inc. e, tenía una norma abierta, diciendo: "Por las demás causales establecidas en el contrato". El texto aprobado se refiere a la renuncia, que debe estar expresamente autorizada y que sólo tiene efecto una vez que el sustituto haya recibido la transferencia. Ello quiere decir que, una vez aceptado el fideicomiso, no debe haber solución de continuidad en el ejercicio del dominio fiduciario, lo que se justifica pues los bienes no deben quedar en ningún caso abandonados o desamparados. La norma guarda congruencia con el artículo siguiente que prevé el caso de que no exista previsión acerca del sustituto o que habiéndola, éste no acepte.

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Dice así el art. 10: "Producida una causa de cesación del fiduciario, será reemplazado por el sustituto designado en el contrato o de acuerdo al procedimiento previsto por él. Si no lo hubiere o no aceptare, el juez designará como fiduciario a una de las entidades autorizadas de acuerdo a lo previsto en el art. 19. Los bienes fideicomitidos serán transmitidos al nuevo fiduciario". La ley prevé el reemplazo por cesación por cualquiera de las causales. Si el contrato designa sustituto o prevé un procedimiento para designarlo, el reemplazo se produce según estuviere previsto. Si no hay previsión al respecto o el sustituto no aceptare, el juez designará como fiduciario a una de las entidades autorizadas por el art. 19 (fideicomiso financiero). La solución que daba el proyecto del Poder Ejecutivo era más amplia, dado que, en el caso del fideicomiso común (no financiero), facultaba al juez a designar una de las entidades autorizadas para la oferta pública (art. 5o) y no sólo las que están autorizadas para el fideicomiso financiero (art. 19). La intervención de una entidad financiera no siempre se justifica y es inexplicable que no se prevea la intervención del fiduciante en la sustitución del fiduciario, pero nada obsta a que el contrato fije un procedimiento con su intervención o -el juez- se la otorgue antes de designar al sustituto (art. 10). j) EL BENEFICIARIO. El beneficiario debe estar individualizado, aunque no exista al tiempo de la constitución del fideicomiso y puede ser una persona física o jurídica y puede designarse más de un beneficiario conjuntamente, o bien beneficiarios sustitutos para el caso en que no haya aceptación, renuncie o muera el primer beneficiario. Si se han designado dos o más beneficiarios participan por partes iguales, salvo que se disponga lo contrario en el contrato. El derecho del beneficiario puede transmitirse salvo que el fiduciante manifieste lo contrario. Este dere-

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cho es obligacional y recae sobre el fiduciario que responde con los bienes objeto del fideicomiso. También el beneficiario tiene la legitimación, con autorización judicial, cuando el fiduciario fuere remiso en intentar las acciones en defensa de los bienes fideicomitidos (art. 18). k) EL FIDEICOMISARIO. El fideicomisario es la persona llamada a recibir los bienes al finalizar el fideicomiso (art. 26). Es el destinatario final o -como hemos dicho- residual y por ello tiene interés legítimo y es extraño que la ley no lo legitime, en el art. 18, para ejercer las acciones, tal como lo hace con el fiduciante y beneficiario. Respecto de fideicomisario, el fideicomiso puede ser oneroso o gratuito. 1) EFECTOS DEL FIDEICOMISO. Destacamos los siguientes efectos. 1) PROPIEDAD FIDUCIARIA. "Sobre los bienes fideicomitidos se constituye una propiedad fiduciaria que se rige por lo dispuesto en el Tít. VII del Libro III del Código Civil y las disposiciones de la presente ley cuando se trate de cosas, o las que correspondieren a la naturaleza de los bienes cuando éstos no sean cosas" (art. 11). La norma es clara en su remisión e indudablemente el dominio fiduciario es una de las tres especies de dominio menos pleno o imperfecto. La ley emplea el vocablo "propiedad fiduciaria" lo que se explica pues el fideicomiso, como lo reitera la última parte del artículo, se puede referir a bienes que no sean cosas. La remisión al Código Civil está en relación sólo al fideicomiso de cosas. El art. 12, en cambio, habla de dominio fiduciario al expresar: "El carácter fiduciario del dominio tendrá efecto frente a terceros desde el momento en que se cumplan las formalidades exigibles de acuerdo a la naturaleza de los bienes respectivos".

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Pareciera que la norma se ocupa de las formalidades atinentes a la transferencia en sí. Entendemos, sin embargo, que se refiere a la publicidad que es presupuesto lógico de la oponibilidad a terceros, pero dada la amplitud de los objetos sobre los que pueda recaer, en muchos casos, la única publicidad es la posesoria, que resulta equívoca. Lo expresado se corrobora con la norma del art. 13, parte primera, que reafirma que, cuando se trate de bienes registrables, los registros correspondientes deberán tomar razón de la transferencia fiduciaria de la propiedad a nombre del fiduciario. Igualmente deben inscribirse los bienes (en sentido amplio) que se adquieran con los frutos de los que son objeto del fideicomiso (art. 13 infiné). 2) PATRIMONIO DE AFECTACIÓN. El art. 2312 define al patrimonio como el conjunto de bienes de una persona. El Código adopta la doctrina según la cual el patrimonio es una universalidad de derecho, corresponde a toda persona y es único, pero tanto la doctrina extranjera como la nuestra habían virado a la concepción que admite la constitución de patrimonios especiales o de afectación. El art. 14 de la ley, aceptando esta tendencia, expresa: "Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio del separado del patrimonio fiduciario y del Aducíante". Éste es el principal efecto que tiene la constitución del fideicomiso, conforme a la ley que comentamos La adopción de este principio tiene importantes consecuencias dado que: a) los bienes fideicometidos quedan exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario; b) tampoco podrán agredir los bienes fideicomitidos los acreedores del fiduciante, quedando a salvo la acción de fraude (art. 15); c) los bienes del fiduciario no responden por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que sólo serán atendidas con los bienes fideicometidos (art. 16); d) el fiduciario podrá disponer o gravar los bienes fideicomitidos cuando lo requieran los fines

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del fideicomiso, sin que para ello sea necesario el consentimiento del fiduciante o del beneficiario, a menos que se hubiere pactado lo contrario (art. 17), y e) el fiduciario se halla legitimado para ejercer todas las acciones que correspondan para la defensa de los bienes fideicomitidos, tanto contra terceros como contra el beneficiario (art. 18). El patrimonio especial no puede ser declarado en quiebra: "La insuficiencia de los bienes fideicomitidos para atender a estas obligaciones, no dará lugar a la declaración de su quiebra. En tal supuesto y a falta de otros recursos provistos por el fiduciante o el beneficiario según previsiones contractuales, procederá a su liquidación, la que estará a cargo del fiduciario, quien deberá enajenar los bienes que lo integren y entregará el producido a los acreedores conforme al orden de privilegios previstos para la quiebra" (art. 16). Se cohonesta la solución de este artículo con lo dispuesto en el anterior. La novedad es que se trata en el caso de un patrimonio de afectación que no puede caer en quiebra. En este aspecto, la disposición, al prever otra forma de liquidación sin quiebra, pero respetando los privilegios previstos para los concursos, asegura una economía de tiempo y gastos. Respecto del fideicomiso financiero se remite al art. 24 que regula distintas alternativas de solución por parte de la asamblea que prevé el art. 23. La quiebra del fiduciario no involucra la del patrimonio fideicometido, aunque acarrea la cesación de éste como fiduciante (art. 9o, inc. d). La quiebra del fiduciante no incide sobre los bienes fideicometidos, pero en el caso en que el fideicomiso haya sido constituido en el período de sospecha, podrá atacarse como cualquier otra disposición de bienes conforme a la ley de concursos (ley 24.522, art. 116). Los actos realizados por el deudor en dicho período, que sean perjudiciales

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para los acreedores, pueden ser declarados ineficaces; si son a título gratuito, son ineficaces de pleno derecho. 3) EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO. El art. 25 dice: "El fideicomiso se extinguirá por: a) El cumplimiento del plazo o la condición a que se hubiere sometido o el vencimiento del plazo máximo legal. 6) La revocación del fiduciante si se hubiere reservado expresamente esa facultad; la revocación no tendrá efecto retroactivo. c) Cualquier otra causal prevista en el contrato". Recordemos que, según lo dispuesto en el art. 4o, inc. c, el plazo no puede ser superior a los treinta años, salvo que el beneficiario sea incapaz, en cuyo caso puede prolongarse hasta la muerte de éste o hasta que cese su incapacidad. El supuesto de revocación sólo se da cuando se haya reservado el fiduciante, en el contrato constitutivo, dicha facultad. La revocación no tiene efecto retroactivo (art. 25, ley 24.441, y art. 2672, Cód. Civil). Producida la extinción del fideicomiso, el fiduciario estará obligado a entregar los bienes al fideicomisario o a sus sucesores (art. 26). § 192. PROPIEDAD SOBRE BIENES INMATERIALES. -Hemos dicho que el término "dominio" queda reservado al derecho real que recae específicamente sobre cosas. Sería pues una contradicción hablar de dominio sobre bienes inmateriales, pero, en cambio, muchos autores aceptan referirse a la propiedad sobre derechos tales como los derechos de autor o de inventor, propiedad sobre marcas, emblemas o signos distintivos de fábrica, etcétera. En un concepto amplio de propiedad, tal como se interpreta dicho vocablo en el empleo que de él hace la Constitución nacional, es indudable que dicha terminología es aceptable.

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Sin embargo, hemos preferido ubicar a los derechos intelectuales en una categoría distinta e independiente de los derechos reales, especialmente porque, en lo que atañe a su aspecto moral, que es el principal, no revisten carácter patrimonial, siendo -en principio- inalienables e imprescriptibles, sin perjuicio de que la ley limite las facultades transcurrido un tiempo después del fallecimiento del autor o inventor. La ley 24.870 reformó la ley 11.723 y amplió ese plazo a setenta años. El derecho intelectual, sin embargo, subsiste y pasa al dominio público del Estado. Por otra parte, el derecho a la propiedad científica y artística se enriquece día a día con nuevas manifestaciones o derechos conexos que reclaman también protección y que por lo mismo requieren un tratamiento especializado y autónomo. Por ejemplo, a la par de los derechos autoraíes, se cuentan también los derechos actorales. La forma de interpretación o adaptación de obra de teatro puede ser tal que implique una labor creativa, y ello es extensivo a casi todas las ramas del arte. Un invento puede ser objeto de explotación pero pueden variar los métodos o procedimientos de fabricación, en tal forma que reclamen también protección. La combinación de distintos inventos, los sistemas y procedimientos, el diseño, la tecnología, etc. son obras de la inteligencia y del trabajo humano, cuyos frutos exigen protección. En lo relativo a la industria, y a los derechos a la propiedad industrial, el tema está más alejado de nuestra materia, y es digno de consideración por el derecho comercial, el derecho industrial y en el derecho internacional, que se deben ocupar de las distintas facetas de estos derechos. Rige la ley 24.481, modificada por la ley 24.572 y complementada por ley 24.766, sobre patentes de invención, y la ley 22.362, sobre marcas y designaciones. § 193. PROPIEDAD Y DOMINIO DEL ESTADO. - E l Estado, como los particulares y como persona jurídica de carácter

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público (art. 33) que es, puede ser titular del dominio común o, lo que es lo mismo, ser propietario de sus bienes privados (art. 2342). Pero, paralelamente a esta forma de dominio normal, que no deja de ser tal por el hecho de que para la disposición de sus bienes los organismos del Estado requieran de procedimientos administrativos especiales, coexisten otras formas en que se exterioriza el poder del Estado o de los Estados sobre su territorio, los bienes que en él se encuentren y los que de una u otra forma se hallen sometidos a su jurisdicción. Distingue la doctrina entre el dominio público del Estado, el dominio eminente y el dominio internacional. Lafaille sostenía: "No vacilamos en juzgar también como extraño a nuestro estudio -el dominio público del Estado- que no tiene de dominio más que el nombre, por obra del prurito de transportar a otras disciplinas jurídicas la terminología de las constituidas con anterioridad ..."37. Por su parte, Salvat, después de hacer referencia al debate doctrinario, se inclina a favor de la doctrina que lo considera un verdadero derecho de propiedad, aunque indica que está sometido a ciertas reglas especiales38. La mayoría de los administrativistas se inclina por la tesis de que el Estado es el titular del dominio de los bienes públicos, aunque la concepción de este tipo de propiedad corresponde al derecho público y es por lo tanto ajena a la que corresponde al derecho civil (Villegas Basavilbaso, Sarria y Diez, entre otros). Bielsa sostiene que aun cuando el Estado adquiere los bienes del dominio público por los mismos medios jurídicos que se adquiere la propiedad, con sólo destinarlos al uso público, ya dejan de formar parte de su patrimonio. Posición criticable dado que no siempre 3 7 Lafaüle, Tratado

de los derechos

38 Salvat - Argañarás, Tratado.

reales,

Derechos

t. I, p . 370. reales,

t. II, p . 27.

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el Estado adquiere por los mismos medios que la propiedad común (p.ej., aguas de mares y ríos navegables) y, por otra parte, porque el hecho de que se liberen al uso público no es óbice para que continúen en su patrimonio. En este sentido, Marienhoff sostiene que la propiedad no pertenece al Estado sino al pueblo, pero es dable señalar que en nuestro régimen jurídico el pueblo carece de los atributos de la personalidad debiendo distinguirse, como dice Fiorini, el uso y goce o el destino, con la titularidad del dominio39. Este último autor sostiene que la distinción entre bienes del dominio público y privado del Estado, ha sido superada, pero admite que los bienes del dominio público forman parte del patrimonio del Estado. Así, Diez, después de demostrar que este tipo de bienes no son res nullius, y que ningún particular puede ser titular de ellos, sostiene que los bienes del dominio público son de propiedad del Estado40. La revista de las opiniones y su crítica excedería los límites de nuestra obra, por lo que, habiendo referido las principales posiciones, sólo nos resta expresar nuestra adhesión a la tesis de que la titularidad del dominio público pertenece al Estado nacional o a los Estados provinciales, según el caso. En suma, el dominio público es, en primer lugar y por sobre todo, dominio y sólo es público en función de los fines que persigue el Estado cuando le atribuye ese carácter. La inclusión de los bienes en el patrimonio del Estado es un presupuesto esencial del dominio público y prueba de ello lo da el hecho de que, cuando se quiere afectar el bien de un particular, es necesario recurrir a la compra o a la 39 Marienhoff, Tratado del dominio público, p. 55; Fiorini, Manual derecho administrativo, t. II, p. 945. 40 Diez, Derecho administrativo, t. IV, p. 379. 25.

Musto, 1.

de

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expropiación, y otra prueba concluyente es que, cuando han cesado los fines a que estaba destinado el bien y producida la desafectación, pasa a pertenecer al Estado como integrante de su patrimonio privado. En el dominio público, hay un dominio del Estado subyacente y básico sin el cual la afectación a los fines públicos que, por otra parte, son los fines del Estado, sería imposible. Por su parte, Mariani de Vidal recoge una distinción entre dominio público natural y artificial. El primero es considerado así por estar sometido de acuerdo a como se presenta en la naturaleza, por ejemplo el mar territorial; el dominio artificial es aquél que se declara expresamente por el Estado, como una plaza. Esta distinción, discutida en doctrina, no tiene -a nuestro juicio- mayor relevancia. Lo que importa -en cambio- es que algunas cosas son genéricamente consideradas del dominio público y otras, para tener ese carácter, deben ser concretamente afectadas por el Estado (nacional o provincial en su caso)41. a) EL DOMINIO EMINENTE. NO se debe confundir el dominio eminente con el dominio público ya que presenta diferencias esenciales. A este respecto, Marienhoff dice que el dominio eminente es un poder supremo sobre el territorio y se vincula con la noción de soberanía, se ejerce potencialmente sobre todos los bienes situados en el territorio, sean de propiedad pública o privada, constituye una manifestación de la soberanía interna y se exterioriza por los poderes que ejerce el Estado de legislar sobre ellos, de imponerles restricciones y tributos, de someterlos a expropiación, etcétera 42 . No es en verdad un derecho real y nada tiene que ver con el concepto civil del dominio. Ya lo decía el codificador en la parte primera de la nota al art. 2507: "Muchos au41 42

Mariani de Vidal, Curso de derechos reales, t. I, p.. 272. Marienhoff, Tratado del dominio público, p. 37.

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tores dividen la propiedad, en propiedad soberana del Estado y en propiedad del derecho civil, en otros términos dominio eminente y dominio civil", y agregaba: "La Nación tiene el derecho a reglamentar las condiciones y las cargas públicas de la propiedad privada. El ser colectivo que se llama Estado tiene, respecto a los bienes que están en el territorio, un poder, un derecho superior de legislación, de jurisdicción y de contribución, que aplicado a los inmuebles, no es otra cosa que una parte de la soberanía territorial interior. A este derecho del Estado, que no es un verdadero derecho de propiedad o dominio, corresponde sólo el deber de los propietarios de someter sus derechos a las restricciones necesarias al interés general, y de contribuir a los gastos necesarios a la existencia, o al mayor bien del Estado". b) DOMINIO INTERNACIONAL. En la misma nota a que nos referimos en el acápite anterior el codificador se refiere al (mal llamado) dominio internacional. En realidad, como lo dice la nota, se trata de poner énfasis en las relaciones entre los Estados y el respeto que todos deben tener por la esfera territorial de cada uno. Vélez Sársfield, en una extensión inusitada del criterio privatístico, pretende extender el carácter de los derechos reales a la propiedad internacional expresando: "Todo lo que antes hemos dicho de los derechos absolutos y de los derechos reales es exactamente aplicable al dominio internacional, o propiedad de Estado a Estado". El resto de la nota tiene el mérito de haber puesto en evidencia, el conocimiento del codificador sobre el concepto de la obligación pasiva general en los derechos reales, como ya lo hemos destacado al tratar de la tesis monista-personalista. Queda claro, en consecuencia, que tampoco en este caso se trata de un derecho real, pues de lo contrario sobre las mismas cosas podrían reposar dos derechos reales de dominio (el de la Nación y el del particular), lo que le

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quitaría a éste el carácter de exclusivo. Sólo por encontrar un paralelismo, en actitud propia de los juristas de la época, demasiado influidos por su formación privatística, se puede considerar que "la Nación considerada en su conjunto, tiene respecto a las otras naciones los derechos de un propietario". § 194. CARACTERES DEL DOMINIO. - Tradicionalmente se han enumerado tres caracteres fundamentales del dominio: absoluto, perpetuo y exclusivo. a) CARÁCTER ABSOLUTO (EXCLUSIÓN). - La palabra "absoluto" se usa frecuentemente en dos sentidos: en el sentido de oponibilidad erga omnes y como carente de otro límite que los derechos de terceros. En el primer sentido es predicable a todos los derechos reales, en el segundo se lo ha atribuido tradicionalmente al dominio, expresado como un derecho ilimitado. El carácter de absoluto no estaba expresado en el Código, pero se desprendía de los arts. 2513 a 2515, en su anterior redacción. La circunstancia de que no esté enunciado y la tendencia desfavorable a considerar absoluto el dominio, autorizan, con mayores razones de las que impulsaron a la doctrina, a desechar su tratamiento, especialmente después de la reforma operada por la ley 17.711 a las dos primeras normas citadas. Si se pretendiera insistir en la existencia de este carácter, sólo puede entendérselo como el que otorga al titular el mayor número posible de facultades, o como dice Lafaille: "El dominio encarna el summum de facultades reconocidas al individuo sobre el objeto"43. Nosotros ya hemos afirmado el carácter relativo del derecho de propiedad, que -como todo derecho- está suje43

Lafaüle, Tratado de los derechos reales, t. I, p. 372.

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to a las leyes que reglamentan su ejercicio. También sobre la base de la concepción cristiana de la propiedad, como derecho natural secundario con función social. b) CARÁCTER EXCLUSIVO. El art. 2508 establece: "El dominio es exclusivo. Dos personas no pueden tener cada una en el todo el dominio de una cosa; mas pueden ser propietarios en común de la misma cosa, por la parte que cada una pueda tener". ¿Qué significa esta nota de exclusividad? Pareciera que el codificador, a juzgar por las expresiones de la nota al 2508, ha reunido en el carácter de exclusivo tanto a la imposibilidad de coexistencia de dos derechos de dominio sobre una misma cosa, como al derecho de exclusión que tiene su propietario al respecto y frente a terceros. Y así, en el párr. Io de la mentada nota, después de destacar la diferencia de los derechos reales con los creditorios, dice: "La razón es, porque es imposible que lo que me pertenece en el todo, pertenezca al mismo tiempo a otro; pero nada impide que la misma cosa que me es debida, sea también debida a otro". En el parr. 2o expresa: "Decimos que el derecho de propiedad es exclusivo. El propietario puede impedir a cualquiera disponer de la cosa que le pertenece ...", en una clara referencia al derecho de exclusión, luego hace mención de la posibilidad de modificar este poder con desmembraciones del dominio, cuando en realidad ellas no alteran el carácter de exclusividad como parece entenderlo el mismo Vélez Sársfield en la parte final del párrafo aludido: "Pero estas desmembraciones no hacen partícipe al que las obtiene de la propiedad de la cosa, ni el propietario es privado por ellas de disponer de su propiedad". Por otra parte, en el último apartado, al pretender caracterizar la exclusividad, se dirige al aspecto absoluto, en un párrafo que denota un claro sentido del concepto de propiedad y de su función social: "Cuando establecemos -dice- que el dominio es exclusivo, es con la reserva que

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no existe con este carácter, sino en los límites y bajo las condiciones determinadas por la ley, por una consideración esencial a la sociedad: el predominio, para el mayor bien de todos y de cada uno, del interés general y colectivo sobre el interés individual". Distinguimos pues el carácter exclusivo del dominio del derecho de exclusión o, si se quiere designarlo así, del carácter excluyente (que por otra parte es predicable de todos los derechos reales en el ámbito de las facultades que otorga cada uno). Corolario del principio de la exclusividad es el art. 2509 que señala: "El que una vez ha adquirido la propiedad de una cosa por un titulo, no puede en adelante adquirirla por otro, si no es por lo que le faltase al titulo por el cual la habia adquirido". Es lógico que así sea porque, de lo contrario, se estaría admitiendo que se puede adquirir un derecho exclusivo por más de un título, pero la norma no impide que quien tiene la nuda propiedad -por ejemplo- pueda, adquiriendo el usufructo, completar su derecho haciéndolo pleno, o a la inversa, quien tiene el usufructo adquiera la nuda propiedad {consolidación). En cambio, el art. 2516, que algunos autores señalan como derivación del carácter exclusivo, consagra claramente la facultad de excluir a terceros del uso y goce o disposición de la cosa, la de prohibir que en sus inmuebles se ponga cualquier cosa ajena o que se entre o pase por ella, la facultad de cerramiento y la de remover las cosas puestas en su terreno sin previo aviso, consagrada en el art. 2517, sin necesidad de acción judicial. Tampoco consideramos que es una consecuencia de la exclusividad la presunción de libre, absoluto y exclusivo que tiene el dominio, lo que apareja que, en caso de alegarse un gravamen o servidumbre, competa a quien lo alega la carga de la prueba (arts. 2523 y 2805 y nota al 2805). Ta-

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les disposiciones -las de los arts. 2523 y 2805- son lógica consecuencia del principio de que el dominio se presume libre de cargas, pero ya expresamos que las desmembraciones no afectan a la exclusividad, que es un carácter (el único) de la esencia del dominio. c) CARÁCTER PERPETUO. Está consagrado por el art. 2510 que dispone: "El dominio es perpetuo, y subsiste independiente del ejercicio que se pueda hacer de él. El propietario no deja de serlo, aunque no ejerza ningún acto de propiedad, aunque esté en la imposibilidad de hacerlo, y aunque un tercero los ejerza con su voluntad o contra ella, a no ser que deje poseer la cosa por otro, durante el tiempo requerido para que éste pueda adquirir la propiedad por la prescripción". La perpetuidad atañe a la naturaleza de la propiedad, pero no a su esencia. En efecto, este carácter puede faltar sin que el dominio deje de ser tal, en el caso en que esté sujeto a plazo o condición resolutorios (dominio revocable) o se trate de propiedad fiduciaria. Una persona puede dejar de poseer la cosa por muy largo tiempo, incluso un plazo mayor que el necesario para la prescripción, sea por su voluntad, por imposibilidad, o contra su voluntad, pero mientras otra persona no haya adquirido por prescripción, seguirá siendo propietario. Por ejemplo, un fundo fue poseído sucesivamente por tres personas por un término de ocho años cada una, sin que haya mediado accesión de posesiones. Han pasado veinticuatro años en que el propietario verdadero ha estado desposeído, pero ninguno de los otros tres logró la adquisición por prescripción. El propietario podría entonces reivindicar con éxito el ejercicio de su derecho de dominio. En cambio, si una persona poseyó durante el tiempo necesario para prescribir, la solución de la parte final del artículo se justifica dado que no pueden coexistir dos derechos de dominio (carácter exclusivo), es decir que apenas

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el poseedor logró usucapir, el anterior propietario perdió ipso iure su dominio. La sentencia que haga lugar a la prescripción tiene efecto declarativo, pues el derecho existe desde el cumplimiento del plazo. De este modo se concillan perfectamente el carácter perpetuo del dominio y el instituto de la prescripción. La perpetuidad del dominio tiene el sentido de que éste, como consecuencia de ella, no se pierde por el no uso, como podría acontecer con las servidumbres y con el usufructo. § 195. CONTENIDO DEL DERECHO DE DOMINIO. - Hemos expresado ya que el dominio -siendo pleno- encierra el mayor número de facultades posibles que una persona pueda tener sobre una cosa. La enumeración de estas facultades pareciera pues un ejercicio ocioso, siendo más práctico determinar su contenido por la vía negativa. O sea, qué es lo que el propietario no puede hacer. A pesar de ello, tradicionalmente se dio al dominio un carácter descriptivo señalándolo como comprensivo del ius utendi, ius fruendi e ius abutendi, a los que habría que agregar el ius possidendi que posibilita -en la práctica- el ejercicio de los demás. Con mayor rigor científico, los autores modernos adoptan la división entre facultades materiales y jurídicas del dominio, pero el criterio anteriormente expuesto también nos será útil para apreciar el contenido de las desmembraciones, especialmente cuando estudiemos los derechos de usufructo, uso y habitación. a) ACTOS MATERIALES DE USO Y GOCE. El texto originario del art. 2513 contenía una enumeración de los poderes y facultades del dueño de la cosa que incluían la de desnaturalizarla, degradarla o destruirla; a lo que agregaba el art. 2514 -antes de ser reformado- que: "El ejercicio de estas facultades no puede serle restringido porque tuviera por

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resultado privar a un tercero de alguna ventaja, comodidad o placer, o traerle algunos inconvenientes, con tal que no ataque su derecho de propiedad". Estas disposiciones consagraban, como lo pone de relieve la nota al art. 2513, la recepción de los dogmas individualistas, en cuanto al dominio se refieren y fueron objeto de duras críticas al influjo de corrientes más moderadas, hasta que -en el año 1968se reformaron en su redacción, con una fórmula que consideramos poco precisa. Así, el art. 2513, modificado por la ley 17.711, estatuye: "Es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, disponer o servirse de ella, usarla y gozarla conforme a un ejercicio regular". Según la Real Academia Española, "regular" significa "ajustado y conforme a regla", y también "ajustado, medido, arreglado en las acciones y modo de vivir". Ello implica que la reforma no hizo más que poner las cosas en su lugar, pues el dominio es un derecho, pero nada más, aunque tampoco nada menos que un derecho. Y el ejercicio de todo derecho importa tener, al lado de las facultades que lo conforman, un conjunto de responsabilidades y deberes que constituyen su contorno. El dominio no es una excepción, aunque con el énfasis puesto por el Código al determinar los poderes del propietario, parecía serlo. A su vez el art. 2514 (también reformado) expresa: "El ejercicio de estas facultades no puede ser restringido en tanto no fuere abusivo, aunque privare a terceros de ventajas o comodidades". Lo que debe correlacionarse con el art. 1071, que consagró legislativamente la llamada "doctrina del abuso del derecho"; y para interpretar qué significa abusivo, nada mejor que recurrir al texto del art. 1071 que en su párr. 2o (agregado por la reforma) dice: "La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que aquélla

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tuvo en mira al reconocerlos o al que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres". Los siguientes artículos del Código a partir del art. 2515, que no han sido objeto de retoques por el legislador de 1968, contienen la tradicional enumeración de las diversas facultades. b) DERECHO A POSEER. Nos referimos aquí al ius possidendi, no al derecho de posesión, que puede o no tenerlo el propietario. Si la cosa está en poder de un tercero el titular del ius possidendi no puede obtenerla de propia autoridad y, en caso de oposición, debe reclamarla por las vías legales (art. 2468). Ya hemos dicho que la posesión posibilita el ejercicio de las otras facultades materiales y facilita -en rigor- también el de las facultades jurídicas, pues la posesión es requisito para la adquisición de la propiedad (art. 577 y correlativos). c) DERECHO DE USAR o SERVIRSE. El ejercicio regular comprende la facultad de uso, que es la más limitada, pues -si se tuviera aislada- impediría recoger los frutos y con mayor razón alterar la sustancia. Para el caso del propietario (que tiene todas las demás facultades) estas limitaciones carecen de sentido. d) DERECHO DE GOZAR LA COSA. Comprende lo que los glosadores llamaban el ius fruendi, o derecho de extraer los frutos de la cosa. Cabe formular las mismas aclaraciones que en el caso anterior. Usando de las facultades jurídicas, por ejemplo de locar, comprende el derecho de percibir las rentas que la cosa produce (frutos civiles). Aclaramos, siguiendo a Lafaille, que el propietario no adquiere los frutos por el acto de la percepción. El propietario -a diferencia del usufructuario o del poseedor de buena fe- es dueño de los frutos de antemano, aunque es-

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ten pendientes, pues siendo dueño de la cosa fructuosa, le pertenecen como accesorios (arts. 2520 y 2522)44. e) ACTOS DE DISPOSICIÓN. El poder de disponer de la cosa, de enajenarla a título oneroso o gratuito, de constituir sobre ella servidumbres o hipotecas, de darla en usufructo, uso o habitación, y aun el de abandonar la cosa, o de consumirla si su naturaleza lo permite, es lo que caracteriza al propietario y corresponde al derecho de dominio en su núcleo mismo. Al enumerar las facultades que tradicionalmente se le asignaban mencionamos el ius abutendi, que muchas veces ha sido traducido, siguiendo su raíz latina, como el derecho de abusar de la propiedad. Sin embargo no es éste el sentido genuino que los romanos daban a estos términos, sino que con ello significaban precisamente el poder de disposición a que hemos hecho referencia. Se ha señalado, con acierto, que el abuso jamás puede constituirse en un derecho sin encerrar una contradicción, ya que abusar no significa otra cosa que usar mal, excesiva o injustamente. f) FACULTADES DE EXCLUSIÓN Y CERRAMIENTO. Hemos hecho referencia a la facultad de exclusión al comentar el carácter exclusivo del dominio. El art. 2516 dice: "El propietario tiene la facultad de excluir a terceros del uso o goce, o disposición de la cosa, y de tomar a este respecto todas las medidas que encuentre convenientes. Puede prohibir que en sus inmuebles se ponga cualquier cosa ajena; que se entre o pase por ella. Puede encerrar sus heredades con paredes, fosos, o cercos, sujetándose a los reglamentos policiales". Cuando la ley se refiere a los reglamentos policiales alude a los que emanan del poder de policía que conservan 44

Lafaille, Tratado de los derechos reales, t. I, p. 382.

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los gobiernos provinciales o los municipios, según el lugar donde estén los inmuebles. La facultad de encerramiento, se ha convertido en una obligación, en la mayoría de los casos, merced a estos reglamentos. El ejercicio de estas facultades y la posibilidad de determinar las prohibiciones que señala el artículo, no implican que el propietario del inmueble sobre el que pesan gravámenes o servidumbres, y aun derechos personales como el del locatario, vea restringidas las posibilidades de ejercerlas por virtud de estos derechos asignados a terceros. El art. 2517, en su parte primera, reafirma el derecho de exclusión: ''Poniéndose alguna cosa en terreno o predio ajeno, el dueño de éste tiene el derecho para removerla sin previo aviso, si no hubiese prestado su consentimiento'"; agregando: "Si hubiese prestado el consentimiento para un fin determinado, no tendrá derecho a removerla antes de llenado el fin". La última parte transcripta resulta sobreabundante ya que prestado el consentimiento para un fin determinado, la cuestión debe resolverse según el acuerdo de voluntades. g) FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN. Aunque la distinción entre actos de disposición y de administración pueda tener importancia en numerosas situaciones jurídicas: representación necesaria, mandato, administración de herencia, etc., en el caso del propietario que tiene facultades en conjunto, la distinción apuntada pierde relevancia. El art. 2515 enumera desordenadamente una serie de actos, algunos de los cuales pueden caer dentro de los llamados "actos de administración", como la facultad de arrendar o alquilar siendo por un lapso breve, y también cuando se refiere en general a "todos los actos jurídicos de que ella es legalmente susceptible". § 196. EXTENSIÓN DEL DOMINIO. - Con referencia a los inmuebles el Código se ocupa de determinar la extensión material del dominio.

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a) REGLA GENERAL. ES claro que si el propietario del suelo se limitara a tener derecho solamente sobre la superficie, su dominio sería poco menos que inútil, pues carecería del derecho de elevar construcciones, utilizar el subsuelo y aun sembrar y plantar. Pero la latitud que el Código otorga al dominio, siguiendo una fórmula de los prácticos, alejada incluso del derecho romano clásico, es excesiva y no se corresponde con los usos que se dan, tanto al espacio aéreo como al subsuelo. El art. 2518 dice: "La propiedad del suelo se extiende a toda su profundidad, y al espacio aéreo sobre el suelo en líneas perpendiculares". O sea que no pone límites ni en la profundidad, ni en la altura, lo que llevaría a sostener que el propietario podría impedir que se vuele por sobre su terreno a cualquier altura, lo que actualmente no es sostenible ni en la teoría ni en la práctica. No tiene sentido extender el dominio más allá del espacio en el que el propietario pueda obtener, actual o potencialmente, una utilidad económica y salvo que la utilización del espacio le produjera perjuicio. En lo relativo al subsuelo, el Código expresa que la propiedad comprende todos los objetos que se encuentren bajo el suelo, como los tesoros y las minas, salvo las modificaciones dispuestas por las leyes especiales sobre ambos objetos. Respecto de los tesoros el propio Código se ocupa de los derechos del dueño al legislar sobre el tema (arts. 2556 y 2566) y, en lo referente a determinadas minas, legisla en el art. 2342 y establece que son bienes privados del Estado. La remisión del art. 2518 a las leyes especiales implica una referencia al Código de Minería. Un problema interesante lo ha planteado la necesidad de utilizar el subsuelo, a una profundidad relativamente grande, para la construcción de subterráneos para el transporte urbano, debatiéndose la posibilidad de expropiar el subsuelo o parte de él, con independencia del suelo. En tal sentido, las leyes que autorizaron la expropiación del

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subsuelo para la construcción de los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, alteraron los principios del art. 251845. Este precepto continúa diciendo: "El propietario es dueño exclusivo del espacio aéreo; puede extender en él sus construcciones, aunque quiten al vecino la luz, las vistas, u otras ventajas; y puede también demandar la demolición de las obras del vecino que a cualquiera altura avancen sobre ese espacio". La norma se refiere a los voladizos, balcones u ornamentos que el propietario de una finca podría haber construido avanzando sobre el espacio aéreo correspondiente a un fundo vecino y autoriza al dueño de éste a demandar su demolición. La norma es clara y, si bien alguna jurisprudencia aislada ha desestimado la pretensión de hacer demoler ornamentos, cuando el avance es de unos pocos centímetros, no creemos que el juzgador se pueda apartar de ella invocando principios tales como el ejercicio abusivo del derecho por quien demanda la demolición por invasión de su espacio, cuando las reglas de la construcción moderna pueden evitar estos avances en forma meticulosa, respetando además las disposiciones municipales sobre la materia. b) PRESUNCIONES. El art. 2519 establece: "Todas las construcciones, plantaciones y obras existentes en la superficie o en el interior de un terreno, se presumen hechas por el propietario del terreno, y que a él le pertenecen, si no se probare lo contrario. Esta prueba puede ser dada por testigos, cualquiera sea el valor de los trabajos". Se señalan dos presunciones dimanadas de este artículo: que las obras han sido hechas por el propietario, o sea que, si un tercero alega haber construido o plantado en terreno ajeno, a él le incumbe la carga de la prueba, siendo admisible la testimonial (parte final del artículo). La se4

5 Garrido - Andorno, Código Civil. Derechos reales, t. II, p. 78.

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gunda presunción no es tal sino una consecuencia del principio de accesoriedad. Dice el Código que (se presume) a él le pertenecen y en realidad si están adheridas o plantadas en su terreno directamente le pertenecen sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran corresponder y la facultad de demandar la demolición de la obra y la reposición de las cosas a su estado primitivo, a costa del edificante, sembrador o plantador, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 2588 y 2589. El art. 2521, por su parte, niega la existencia de presunciones cuando se ha utilizado el espacio aéreo o el subsuelo. Estas construcciones no crean al propietario o edificador de ellas una presunción de propiedad del suelo. c) ACCESORIOS Y FRUTOS. El principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, tiene recepción -en este tema- en el art. 2520 que expresa: "La propiedad de una cosa comprende simultáneamente la de los accesorios que se encuentran en ella, natural o artificialmente unidos". Al referirnos a las cosas, tratamos la clasificación de éstas en principales y accesorias, destacando de qué manera se determina la subordinación y enunciamos como consecuencia práctica de la clasificación la norma transcripta. Debemos distinguir aquí el principio que consagra la extensión de la propiedad a los accesorios, de acuerdo a lo expresado anteriormente (al tratar de las facultades materiales de usar y gozar), de la accesión como modo de adquirir el dominio, tal como lo destaca el codificador en la nota al art. 2571. En la extensión del dominio a los accesorios no hay una adquisición del dominio sino que éstos pertenecen al propietario. Otro tanto ocurre con los frutos que la cosa produce, a los que se refiere el art. 2522. Mientras están unidos a la cosa forman un todo con ella (art. 2329) y ello es extensible también a los frutos industriales. Lo que no es fácil-

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mente explicable es la aplicación del precepto a los frutos civiles, ya que las rentas que pueden obtenerse de la cosa no forman un todo con ella y el propietario sólo tiene el derecho de percibirlas. El principio del art. 2522 es también aplicable a los productos teniendo en cuenta que el propietario, que tiene amplias facultades de disposición sobre la cosa, puede extraerlos o no. En tal sentido, es atinada la cita de la nota al art. 2329 en la parte que dice: "Ninguna distinción hay que hacer entre frutos y productos en cuanto al derecho del propietario". La parte final del art. 2522 consagra las excepciones a la facultad del propietario de extender su dominio a los frutos, citando el caso del tercero que tenga el derecho de gozar de la cosa (usufructuario y usuario con los límites de este derecho) y al poseedor de buena fe. Pero aquí la norma se refiere sólo a frutos (no a los productos) en armonía también con la parte final de la nota al art. 2329 que concluye "... pero sí en cuanto al derecho del usufructuario, como en adelante veremos".