Diapositivas Procesal Laboral

DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EL DERECHO SUSTANCIAL Y EL DERECHO PROCESAL GENERAL El Derecho Procesal es aquel conjunto de normas del Derecho objetivo que regula el proceso, es decir, que regula los requisitos, el desarrollo y los efectos del proceso. Así, el objeto del Derecho Procesal es el proceso.

 DERECHO PROCESAL: Regula la forma de la

actividad jurisdiccional. Es un derecho formal, instrumental. Es la mejor garantía del cumplimiento del principio de igualdad ante la ley. Es un freno eficaz contra la arbitrariedad.  DERECHO SUSTANCIAL: determina el contenido, la

materia, la sustancia, la finalidad de la actividad jurisdiccional.

 El DERECHO PROCESAL LABORAL se ha definido

como el conjunto de normas que enseña la forma o modo de ventilar y resolver los conflictos JURÍDICOS y ECONÓMICOS que se originan directa o indirectamente del contrato de trabajo y cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción del trabajo y a otros funcionarios instituidos por la ley.  De otro lado, el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo, que fue reformado por el artículo 1º de la ley 362 de 1997, dispone que la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos JURÍDICOS que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo.

DIVISIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO El Derecho del trabajo, comprende normas de carácter sustantivo y procedimental, lo que nos permite hacer una división general; EL DERECHO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, el cual se divide en Derecho individual y Derecho Procesal del Trabajo. El primero consagra los derechos y las obligaciones de empleadores y trabajadores; el segundo contiene las disposiciones que regulan los trámites que deben llevarse ante la jurisdicción para el reclamo y la efectividad de los derechos laborales, la competencia y los diferentes procedimientos a que deben someterse los conflictos jurídicos de naturaleza laboral.

AUTONOMÍA DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO  Posición Unitaria: Autónomo. Es uno solo. Tiene sus

propios principios y debe regularse de manera independiente. No existe, no es posible ni deseable.  Posición Integral: Reconoce existencia común entre

ramas jurídicas procesales, elementos esenciales, sin negar presencia de elementos diferenciales. No excluye posibilidad de Teoría General con principios comunes

LA APLICACIÓN ANALÓGICA En efecto el artículo 145 del código procesal del trabajo contempla la aplicación analógica de otras normas cuando no exista una regulación específica en el código procesal del trabajo, y en razón a ello es aplicable la prescripción que contempla el artículo 90 del código de procedimiento civil, que no es otra que la interrupción de la prescripción por la presentación de la demanda, de suerte que la interrupción de la prescripción puede ser provocada con la presentación de la demanda siempre que se presente antes de que se haya producido el fenómeno de la prescripción.

CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CIVIL EN EL PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO  ARTICULO 152. Conflictos de competencia.  D.L. 528/64

ARTICULO 13.- Corresponde a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, en la Sala Plena dirimir las colisiones de competencia que se susciten entre los jueces penales o laborales o entre los jueces civiles y laborales que actúen en el territorio de su jurisdicción. Parágrafo: Cuando la colisión se presente entre jueces de una misma rama, resolverá la Sala respectiva.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO PROCESAL Se definen como postulados político jurídicos que sientan las bases de la administración de justicia y del proceso. Son básicamente el respaldo que encuentra el derecho procesal en la constitución, y gracias a esto se convierten en precedente al momento de su aplicación. Su principal característica es su naturaleza absoluta, lo cual quiere decir que no admiten controversia de ningún tipo, obligando al legislador en el momento de tomar decisiones a no tomar posiciones eclécticas de ningún tipo. Estos fundamentos tienen un origen eminentemente constitucional, sin que con ello se quiera decir que en toda referencia procesal que haga la constitución se establezca un fundamento de tal naturaleza.

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Son una gran variedad de fundamentos constitucionales con los que cuenta el derecho procesal en Colombia, sin embargo al hacer referencia a algunos de mayor importancia, se habla de: EXCLUSIVIDAD Y OBLIGATORIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LIBRE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EL DEBIDO PROCESO PREVALENCIA CONSTITUCIONAL DERECHO DE DEFENSA INDEPENDENCIA DE JUEZ IGUALDAD DE PARTES COSA JUZGADA LA FAVORABILIDAD LA NO REFORMATO IN PEJUS

EXCLUSIVIDAD Y OBLIGATORIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Se entiende que la aplicación de la justicia en nuestro país es una facultad exclusiva del estado, quien por medio de los organismos jurisdiccionales se encargara de impartir justicia, para que sea entendido de otra manera este fundamento busca que la justicia sea aplicada por el estado y no por la mano del hombre.

EL LIBRE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: Nos dice que todos y cada uno de los ciudadanos colombianos, estamos facultados por la ley para accionar un proceso en el caso en que se vea vulnerado alguno de nuestros derechos.  EL DEBIDO PROCESO: Es una garantía con la que

contamos todos, nos asegura que en el momento de estar involucrados en un proceso cualquiera, este mismo será llevado a cabo dentro del marco del debido proceso, regulado por nuestra constitución, y de igual manera nuestros derechos serán respetados durante el tiempo en el cual transcurra dicho proceso.

EL DERECHO A LA DEFENSA: Surge como otra garantía, esta vez esa garantía va dirigida hacia la parte demandada, a la cual por ley le es permitido contradecir lo que la parte demandante alegue en su contra, es decir tienen la oportunidad de demostrar, ya sea con pruebas o con testigos, que los hechos que se están imputando en su contra no son ciertos.

PREVALENCIA CONSTITUCIONAL El ordenamiento jurídico colombiano supone una jerarquía normativa que emana de la propia Constitución. Si bien ella no contiene disposición expresa que determine dicho orden, de su articulado puede deducirse su existencia, así no siempre resulte sencilla esta tarea. En efecto, diversas disposiciones superiores se refieren a la sujeción de cierto rango de normas frente a otras.

 Además

de ser evidente que las normas constitucionales ocupan, sin discusión, el primer lugar dentro de la jerarquía del ordenamiento jurídico, dentro de la propia Carta, no todas las normas son igualmente prevalentes. Pero más allá de la supremacía constitucional, de la propia Carta también se desprende que las leyes expedidas por el Congreso dentro de la órbita de competencias que le asigna la Constitución, ocupan, en principio, una posición prevalente en la escala normativa frente al resto del ordenamiento jurídico.

INDEPENDENCIA DEL JUEZ La independencia se manifiesta en la imposibilidad jurídica de dirigir instrucciones o recomendaciones a los miembros del órgano en relación con su actividad jurisdiccional, ya que en la mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo entero, dichas conductas tipifican múltiples delitos.

LA NO REFORMATIO IN PEJUS O prohibición de reformar en peor, es una garantía constitucional que se le da al condenado cuando éste apela la sentencia condenatoria (valga la redundancia), para que el juez que haya de decidir sobre el recurso interpuesto por éste, sólo tenga competencia para conocer de los aspectos impugnados, y no la totalidad

de la sentencia, ya que como lo dice la Corte, "tratándose de apelante único, esto es, de un único interés (o de múltiples intereses no confrontados), no se puede empeorar la situación del apelante, pues al hacerlo se afectaría la parte favorable de la decisión impugnada, que no fue transferida para el conocimiento del superior funcional“.

EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD Constituye un elemento fundamental del debido proceso que no puede desconocerse. El carácter imperativo del inciso segundo del artículo 29 de la Carta no deja duda al respecto. Así, en el caso de sucesión de leyes en el tiempo, si la nueva ley es desfavorable en relación con la derogada, ésta será la que se siga aplicando a todos los hechos delictivos que se cometieron durante su vigencia, que es lo que la doctrina denomina ultractividad de la ley.

La retroactividad, por el contrario, significa que cuando la nueva ley contiene previsiones más favorables que las contempladas en la ley que deroga, la nueva ley se aplicará a los hechos delictivos ocurridos con anterioridad a su vigencia

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD vinculado con los procesos contenciosos, es según el que las partes, deben ser tratados de forma igualitaria, es decir, que todos los litigantes deben tener las mismas oportunidades de actuación dentro del proceso, sin que ninguno se encuentre en situación de inferioridad; porque la situación de partida no es idéntica ya que la parte activa (la que solicita la tutela de un derecho) está en una situación objetivamente más favorable que la parte pasiva. Pero una vez iniciado el proceso debe ser homogénea.

PRINCIPIOS GENERALES DERECHO PROCESAL

DEL

 Principio de autoridad: Este principio define los límites del aspecto jerárquico autoritario del

órgano jurisdiccional como poder del Estado político en el conflicto de los justiciables: el juez y su función en el derecho procesal. El poder de conducción o de dirección del proceso y el poder de esclarecer la verdad de los hechos del proceso, como poderes-deberes, son corolarios del principio de autoridad.

EL PRINCIPIO DEL FORMALISMO Es el desarrollo político legal de la norma de valuación constitucional que se conoce como la garantía del debido proceso. La regulación de las formas procésales imprime una cualidad especial al derecho procesal, ya que es un derecho formal.

 Cualquiera que sea el origen de las formas procesales

estas deben ser un medio para conseguir la certeza del derecho y este predicado impone la fijeza de las formas, vale decir, que se las presente claras e indiscutibles, adaptabilidad de ellas, sin, simplicidad también, pero definitivamente rigor formal, en un sentido teológico trascendente para sancionar el incumplimiento de aquellas cuya violación lesione fundamentalmente el principio de la bilateralidad de la audiencia. 

PRINCIPIO DE LA ECONOMÍA PROCESAL Doctrinariamente no es oficial determinar el ámbito de aplicación de ese principio, porque la economía no consiste solamente de la reducción de los costos procesales sino también en la solución del problema perenne de la lentitud del tramite y en general de la reducción de todo esfuerzo (no solamente económico) que no aguarde adecuada relación con la necesidad que se pretende satisfacer.

Se define como la aplicación de un criterio utilitario en la relación empírica del proceso como el menor desgaste posible de la actividad jurisdiccional. En este orden de ideas se considera el problema desde dos ángulos a) una economía financiera del proceso y b) una simplificación y facilidad de la actividad procesal. La duración del proceso y el costo de la actividad jurisdiccional

EL PRINCIPIO DE MORALIDAD Puede ser definido entonces como el conjunto de reglas de conducta, todos los sujetos del proceso (partes, apoderados, jueces, testigos, peritos personas que auxilian al juez o que suministran la prueba); a veces cuando se infringe el imperativo ético se incurre en el delito. Mediante el principio de moralidad se proscribe del proceso la malicia, la mala fe, la deshonestidad, que no son instrumentos adecuados para ganar pleitos. Las infracciones al principio tienen que acarrear consecuencias al infractor.

LAS REGLAS TÉCNICO PROCESALES  REGLA

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-

TÉCNICO PROCESAL DE LA EVENTUALIDAD: Se derivan de algunas normas procesales tales como. Oportunidad para pedir pruebas. Art. 25 y 31. Reglas para contestar la demanda. Art. 74. Oportunidad para adicionar y corregir la demanda. Art. 28. Oportunidad para interponer los recursos de reposición y apelación. Art.63 y 65.

REGLA TÉCNICA DE LA CONGRUENCIA Toda sentencia debe ser congruente con la demanda. El juez cuando falla tiene que pronunciarse, sobre todos los aspectos que contiene el acápite de las pretensiones de la demanda y por otra parte, no puede resolver extremos que no estén contenidos en la demanda, ni otorgar más de lo demandado.

PODERES ULTRAPETITA Y EXTRAPETITA DEL JUEZ LABORAL. Es la facultad del juez de desbordar los linderos de la demanda, el cual encuentra su fundamento en el principio del derecho laboral de la irrenunciabilidad.

EXTRA PETITA. (Por fuera de) ULTRA PETITA. (Más allá)

PODERES ULTRAPETITA Y EXTRAPETITA DEL JUEZ LABORAL. ARTICULO 50 C.P.L.

Fallo extra petita. - Los hechos que originan la decisión deben haber sido debatidos en el juicio. - Estar debidamente probados.

FALLO ULTRA PETITA. - Que aparezca que la sumas demandadas son inferiores a las que correspondan al trabajador - Que no hayan sido pagadas.

JUECES AUTORIZADOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS FACULTADES EXTRA PETITA Y ULTRAPETITA. - De única instancia.

- De primera instancia. - Tribunales.

NO AUTORIZADOS. - Jueces de segunda instancia.

REGLA TECNICA DE LA INMEDIACIÓN. ARTICULO 52.

 Comunicación directa e inmediata entre el juez y

las partes y entre ellas mismas.  Comporta el contacto directo del juez con las pruebas.  Percepción y juicio.  Es una obligación no es una facultad.

CONCENTRACIÓN DEL PROCESO. - Aplicación del principio de economía. Efectividad

de la justicia. - Más resultados procesales con menos desgaste de

actividades procesales. Concentración – oralidad. Desconcentración escrito.

REGLA TÉCNICA DE LA GRATUIDAD. ARTICULO 39 C.P.L. - Se adelantará en papel común, No dará lugar a impuesto de timbre nacional ni a derechos de secretaría, Los expedientes, despachos, exhortos y demás actuaciones cursarán libres de porte por los correos nacionales.

REGLA TÉCNICA DE LA CELERIDAD. - Impulso oficioso del proceso.

- Velar por su rápido adelantamiento. ART 48 CPL. - La administración de justicia debe ser pronta y

cumplida y eficaz (Art 4 ley 270 de 1996.) - Términos procesales perentorios. (Art 4 ley 270 de 1996)

REGLA TÉCNICA DE IMPULSIÓN OFICIOSA DEL PROCESO IMPULSO PROCESAL CALAMANDREI.

DE

OFICIO.

PIERO

“Nadie obliga al particular, como se ha dicho, en lenguaje figurado, a subir sobre el la nave de la justicia, y si el mismo decide embarcarse en ella, a él solo le corresponde fijar el inicio y la meta del viaje; pero, una vez emprendida la navegación, el timón debe confiarse exclusivamente al juez, que tiene durante el viaje la responsabilidad de la derrota.”

REGLA TÉCNICA DE LA CONCILIACIÓN LABORAL. NATURALEZA JURÍDICA. Carácter de orden pùblico. Acuerdo de voluntades. Negocio jurídico unilateral.

Aprobación del estado por parte funcionario

competente

CONCILIACIÓN LABORAL. ELEMENTOS PARA SU EXISTENCIA Y VALIDEZ.  Capacidad de las partes. Consentimiento libre de vicios. Objeto y causa lícitos.

REGLA TÉCNICA DE LA CARGA DE LA PRUEBA Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho que consagra el efecto jurídico que ellas persiguen.

LA SANA CRITICA Es el arte de juzgar atendiendo a la bondad y verdad de los hechos, sin vicios ni error; mediante la lógica, la experiencia, la equidad y las ciencias y artes afines y auxiliares y la moral, para alcanzar y establecer, con expresión motivada, la certeza sobre la prueba que se produce en el proceso. Con el fin de determinar la responsabilidad o culpabilidad de una de las partes en el proceso y todo ello con base en el análisis de la prueba.

REGLA TÉCNICA DE LA CONTUMACIA ARTÍCULO 30 C.P.L. Procedimiento en caso de contumacia: Cuando notificada personalmente la demanda al demandado o a su representante, no fuere contestada o ninguno de estos compareciere a las audiencias, sin excusa debidamente comprobada, se continuará el proceso sin necesidad de nueva citación.

REGLA TÉCNICA DEL PROTECCIONISMO: En materia del proceso laboral se establece que las normas no son reguladas en un mismo plano de igualdad jurídica, es decir que el empleador será superior al trabajador. Teniendo en cuenta esto, cuando un trabajador accede al derecho de acción, el mismo proceso le genera un mayor proteccionismo al trabajador frente al empleador, es por esto que al aplicarse la carga dinámica de la prueba no se fortalecen las pretensiones de quien aporta la prueba sino del que la solicita, generando mayor protección al trabajador.

También se determinan los poderes que ostentan el juez para proferir fallos extra y ultra petita que deben enfocarse a la protección del trabajador.

REGLA TÉCNICA DE LA CONSONANCIA: Los procesos de primera instancia tienen la posibilidad de ser conocidos en segunda instancia mediante la interposición del recurso de apelación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Laboral. El recurso de apelación y su decisión deberá tener la resolución frente a la materia que fue objeto del recurso, esto es

 la interposición del recurso debe estar en consonancia con la petición que está contenida en el recurso de apelación, por lo tanto el juez de segunda instancia no podrá estar fallando ni extra ni ultra petita, sino que debe concentrarse en el asunto que se está tratando. En ese sentido el juez podrá pronunciarse respecto de los derechos afectados al trabajador, pero no habrá el rompimiento de la regla de la consonancia.

ACTIVIDADES PRE-PROCESALES Los mecanismos alternativos de solución de conflictos, son acciones diferentes a las ofrecidas por el sistema judicial oficial, que permite la solución de los conflictos a través de la intervención del Juez, que dirime el enfrentamiento entre las partes. Se pueden entender también, como las acciones que buscan la solución a los conflictos entre las partes, ya sea de forma directa entre ellas o mediante la intervención de un tercero imparcial.

Algunos ejemplos de lo anterior lo vemos en la mediación, la conciliación y el arbitraje. Los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos son posibilidades diversas al proceso judicial, en virtud de las cuales las personas pueden resolver sus conflictos, de una manera ágil, eficaz y eficiente.

“Los mecanismos alternativos de solución de conflictos fueron ideados por el legislador –en principio para descongestionar los despachos judiciales; sin embargo, con el tiempo fueron tomando especial importancia en la vida social y jurídica del país. La Corte Constitucional señaló que ellos “no deben ser interpretados solamente como una manera de descongestionar el aparato de justicia sino también, y principalmente, como una forma de participación de la sociedad civil en los asuntos que los afectan”.

Los MASC son mecanismos legales de justicia informal; lo cual no quiere decir que sean sustitutivos de la justicia formal, sino que se deben entender como complementarios a ella.” Podemos resumir algunas características de los MASC en: 1) Hacen posible la solución de conflictos al margen de los estrados judiciales. 2) Reducen el costo y el retraso en relación al proceso judicial.

3)Incrementa la calidad del resultado final de la resolución de conflicto. 4) Permiten el acceso de conflictos colectivos para que sean resueltos adecuadamente, así mismo permiten el tratamiento y solución de casos de los sectores populares, situación negada en la justicia institucional u ordinaria.  5) Promulgan una cultura de paz.  6) Pretenden disminuir la litigiosidad represada y por venir.

7) Fortalecen la democracia participativa como la vía mas adecuada para solucionar determinadas controversias. En general se destacan entre las ventajas que ofrecen los MASC, el mayor grado de confidencialidad, superior rapidez y neutralidad y el incremento de satisfacción que aportan en el resultado logrado, por ser resultado de la elaboración de una solución en la que participan los involucrados.

En general “uno de los elementos en los que reposa la mayor legitimidad de los estados de derecho modernos es la capacidad estatal de resolver los conflictos surgidos entre los particulares. Paralelamente, la finalidad primordial de cualquier sistema legal y jurídico es el establecimiento de reglas claras para hallar soluciones justas y equitativas a las disputas.” Los MASC surgen como complemento al sistema judicial y como un componente que se agrega a él, con

la misma intencionalidad del primero, como una forma de abrirse a la participación y la democratización. Estos mecanismo alternos pueden clasificarse de acuerdo a como se participa en la solución de los conflictos. Teniendo en cuenta esto, se habla de mecanismos Autocompositivos, en los cuales las partes llegan a un acuerdo por sí mismas, la para solución sus conflictos. Son las partes, quienes proponen y acuerdan fórmulas de arreglo, tales como la negociación o la transacción.

De otro lado se tienen los mecanismos Heterocompositivos, en los cuales las partes renuncian a resolver el conflicto por ellas mismas y ceden a un tercero imparcial, la capacidad de decidir la solución del mismo. Estos son la base de las decisiones judiciales y de la conciliación, el arbitramento y la amigable composición.

La Negociación Es un procedimiento en el cual dos partes de un conflicto intercambian opiniones sobre el mismo y se formulan propuestas mutuas de solución para llegar a un acuerdo. De todas las alternativas es la más simple y básica. No sobra recordar que en materia laboral la Negociación Colectiva es el mecanismo insigne para poner fin al llamado conflicto colectivo, que es aquel que se presenta cuando un sindicato presenta un pliego de peticiones a un empleador y se abre la etapa de arreglo directo para que se sienten a negociar y puedan termina el conflicto mediante la suscripción de la Convención Colectiva de Trabajo.

EL ARBITRAJE “El arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral”. (Art. 111, Ley 446 de 1998). Se aplica a conflictos en los cuales las partes en conflicto consideran pertinente la intervención de un tercero -tribunal de arbitramento- ya que no logran llegar a un acuerdo y delegan expresamente su solución en un tercero neutral denominado árbitro

cuya decisión -laudo arbitral-, resulta imperativa y vinculante para las partes. La decisión tiene los mismos efectos jurídicos de cosa juzgada y mérito ejecutivo, siendo de obligatorio cumplimiento para las partes.  En Materia Laboral encontramos el Tribunal de arbitramento pertinente en dos oportunidades:  1) Cuando el conflicto es de carácter Jurídico, las partes podrán resolverlo mediante un Tribunal de

Arbitramento que sólo puede convocarse a través de la convención colectiva de trabajo. Si el conflicto ya surgió, se podrá solucionar mediante este mecanismo, a través del denominado compromiso, y a surgido el trance jurídico.

LA TRANSACCIÓN Se define como: “un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual” (Código Civil, Art. 2469). En este tipo de mecanismo las partes ponen fin al litigio, sin la intervención de tercero alguno. “El contrato de transacción es ley para las partes y debe cumplirse de buena fe.  En materia laboral, la transacción tiene diferencias con la del derecho privado y se encuentra autorizada tanto en el artículo 53 de la Constitución, junto con la

conciliación, como en el artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo, siempre respetando el mínimo de derechos y garantías de los trabajadores y los derechos ciertos e indiscutibles. La Transacción en materia laboral no ha tenido la utilización, desarrollo y reglamentación, que en cambio ha tenido en el derecho privado. Existe un desconocimiento de esta figura, en lo laboral y una prevención en la aplicación de la misma, porque se le atribuye menos fortaleza que a la conciliación, por la

falta de participación de un tercero (el Ministerio de la Protección Social a través del Inspector de Trabajo, el Juez Ordinario Laboral o el Procurador Judicial). La Corte Constitucional se ha referido a la Transacción en la sentencia de Constitucionalidad C- 160 de 1999, planteando que es de estirpe estrictamente privada, lo que conduce a pensar que esta figura como Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos frente al derecho laboral administrativo, es inaplicable, por su estricta naturaleza.

LA CONCILIACIÓN El artículo 64 de la ley 446 de 1998 definía la conciliación como: “un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador”. Esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-114-99.

La Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 31 de Marzo de 1971, jurisprudencia reiterada con posterioridad , determinó las características de la conciliación así: “Acuerdo amigable celebrado entre las partes, con intervención de funcionario competente quien lo dirige, impulsa, controla y aprueba, que pone fin de manera total o parcial a una diferencia y tiene fuerza de cosa juzgada” .

 La misma corporación en sentencia del 4 de Marzo de 1994, radicación 6283, detalló el acuerdo

conciliatorio como un mecanismo habitual de desenlace de conflictos, ante un funcionario competente (juez o inspector de trabajo), que además tiene el efecto de acabar con la disputa, dado que el acuerdo conciliatorio sea extrajudicial o judicial hace tránsito a cosa juzgada.

 La Corte Constitucional en Sentencia C-226-96,

definió la Conciliación como “un medio no judicial de resolución de conflictos, mediante el cual las partes entre quienes existe una diferencia susceptible de transacción, con la presencia activa de un tercero conciliador, objetivo e imparcial, cuya función esencial consiste en impulsar las fórmulas de solución planteadas por las partes o por él mismo, buscan la forma de encontrar solución y superar el conflicto de intereses existente.

Teniendo en cuenta lo anterior, haremos referencia específica a la Conciliación como mecanismo exclusivo, en materia laboral, principalmente frente a los conflictos laborales presentados por las reclamaciones de los servidores públicos, no sin antes, precisar algunos aspectos que consideramos de suma importancia.

 Conciliación Prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación (Ley 1285 de 2009), que se

extiende no sólo a aspectos laborales, sino contractuales y extra contractuales, pero que en materia laboral influye poderosamente en las reclamaciones de los empleados públicos y afines como Requisito de Procedibilidad, para acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa.

LA CONCILIACIÓN COMO ÚNICO MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LO LABORAL EN COLOMBIA En conclusión podemos definir la Conciliación en materia laboral como el intento de un tercero para lograr el entendimiento entre las partes que están en contienda o juicio, que implica recíprocas concesiones para llegar a un acuerdo razonable para ambas. El tercero que interviene, que puede ser el Juez Laboral, el Inspector de Trabajo o el Procurador, debe ser imparcial y facilitar la comunicación entre las personas que se enfrentan y plantear propuestas de solución.

También se entiende como la función de composición que ejerce ese tercero, para ajustar los ánimos de los que están opuestos entre sí. Es acordar una solución entre las partes en discordia con la intervención de un funcionario que actúa como Conciliador o Amigable Componedor; arreglo que termina un litigio o prevé uno eventual, lo cual permite una rápida solución del conflicto.

NATURALEZA JURIDICA DE LA CONCILIACIÓN La conciliación”, desde su naturaleza jurídica, debe ser vista como un “instituto jurídico de derecho procesal”, y por lo mismo entonces, la conciliación pasa a tener la misma “naturaleza jurídica de derecho público” que tiene el proceso judicial común.

La Conciliación Laboral en derecho puede ser judicial o extrajudicial  Se puede intentar en cualquier tiempo, antes o después

de presentarse la demanda (art. 19 CPTSS).  En el primer evento, se realiza ante el juez del trabajo y de la seguridad social, en audiencia de conciliación obligatoria (art. 77 del CPTSS, modificado por el art. 39 de la Ley 712 de 2001); aunque también puede efectuarse en cualquiera de las instancias, siempre que las partes de común acuerdo lo soliciten (art. 22, CPTSS).

 En el segundo evento, el de la conciliación en asuntos

laborales, o también llamada conciliación administrativa en materia laboral, ésta puede ser adelantada ante los inspectores de trabajo, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público en materia laboral (procuradores judiciales delegados ante la jurisdicción laboral). A falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación puede ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales (art. 28, Ley 640 de 2001).

ASUNTOS CONCILIABLES  Son conciliables todos los asuntos susceptibles de

transacción, desistimiento y conciliación (artículo 19, Ley 640 de 2001). Por otra parte, se entienden como asuntos conciliables en materia laboral todos los conflictos jurídicos de trabajo que se tramitan como procesos ordinarios de única o de primera instancia (artículo 15, Decreto 2511 de 1998).

Funcionarios con Competencia Conciliar Extrajudicialmente

para

 Conciliadores competentes en laboral y seguridad

social: los inspectores de trabajo, delegados regionales y seccionales de la defensoría del pueblo, agentes del ministerio público en materia laboral. A falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales  Conciliadores competentes en contencioso administrativo: los procuradores judiciales asignados a esta jurisdicción.

Procedimiento Conciliatorio Extrajuducial  En materia laboral, el artículo 20 del Decreto 2511 de

1998 dice: "La solicitud de conciliación podrá formularse de manera verbal o escrita, señalando: a) La individualización de las partes y de sus representantes si fuere el caso; b) La indicación del lugar en que deban surtirse las notificaciones a las partes; c) La síntesis de los hechos; d) Las peticiones;

e) La estimación razonada de la cuantía en que se fundamenta la petición o peticiones; f) Relación de las pruebas o elementos de juicio que desee aportar".  En esta norma se hace expreso que la solicitud de conciliación puede ser verbal, la cual será atendida por el conciliador competente.  La solicitud de conciliación puede ser presentada por la parte o partes interesadas ante un operador de la conciliación.

Las reglas conciliación.

de

competencia

de

la

 La Ley 640 de 2001 establece quienes son los

conciliadores competentes de la siguiente manera:  Conciliadores competentes en laboral y seguridad social: los inspectores de trabajo, delegados regionales y seccionales de la defensoría del pueblo, agentes del ministerio público en materia laboral. A falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales.

 Conciliadores competentes en contencioso administrativo:

los procuradores judiciales asignados a esta jurisdicción[8]  Cuando la ley menciona a los conciliadores de los centros de conciliación se refiere a los abogados, estudiantes y judicantes. Podemos agrupar a los conciliadores por la entidad a la cual pertenecen y la materia que son competentes de la siguiente manera:  Toda vez que la competencia en conciliación es nacional el acta de conciliación es válida si se ha realizado ante un conciliador que cumpla los requisitos legales y que sea competente en la materia que se concilió. No existe ningún inconveniente en que las partes realicen una audiencia de conciliación en una ciudad diferente a su domicilio.

 en concepto de la Procuraduría General de la Nación

existe competencia por factor territorial, pero ellos mismos se encargan de remitirlo al que le corresponda. En mi opinión, esto viola el principio de autonomía de la voluntad de las partes ya que son ellas quienes deciden quién es el conciliador, el conciliador no es una imposición, es un acuerdo de voluntades.  En conclusión la solicitud de conciliación, la parte interesada la puede presentar ante cualquier conciliador competente en la materia sobre la cual versa el conflicto. No importa la ciudad, ni el tipo de conciliador.

 En ningún caso las constancias las expiden o firman

personas diferentes al conciliador. La ley no aclara si se entregan originales o copias a las partes y cuáles se guardan en el centro de conciliación, por ello, es mejor que se elaboren todos los documentos en original, uno para cada parte de la conciliación y otro para el centro de conciliación.  Posterior a la expedición de la constancia el conciliador debe solicitar al centro el control del documento y posteriormente se entregará a las partes interesadas la misma. El término para solicitar el control de la constancia es de tres días hábiles posterior a la expedición de la misma. El centro cuenta con tres días hábiles para realizar el control en el libro correspondiente.

 La ley 640 de 2001 ordena que en los casos que se

expida una constancia se devuelvan los documentos aportados por las partes al conciliador. Si las partes entregaron copias simples en su solicitud no es necesario hacer la devolución, toda vez que ellos conservan los originales. Es mejor guardar copia de lo presentado y actuado porque pueden servir como prueba y soporte de las decisiones y actuación del conciliador.

Citación a la audiencia de conciliación  Es obligación del conciliador citar a las partes del

conflicto y a quienes en su criterio deben asistir a la audiencia de conciliación, por el medio más expedito y eficaz. La anterior obligación es parte fundamental del procedimiento conciliatorio ya que el conciliador es responsable por la citación a las partes. No existe una referencia legal clara de cuál es el medio más expedito y eficaz ya que lo deja a criterio del conciliador. Por su parte el Ministerio del Interior y de Justicia recomienda que la citación se haga por escrito y se envíe por una empresa de correo certificado autorizada por el Ministerio de Comunicaciones para las citaciones judiciales.

Inasistencia a la audiencia de conciliación  Las partes invitadas a una audiencia de

conciliación pueden asistir si quieren, no están obligadas a hacerlo, las personas pueden enviar una justificación dentro de los tres días siguientes a la fecha de la audiencia y puede que en un eventual proceso judicial el juez decida no aplicar ninguna de las consecuencias por la inasistencia

EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN  En primer lugar hay que matizar que las conciliaciones

laborales se pueden llevar a cabo ante el inspector del ministerio de trabajo y ante un juez laboral, y cada una tiene efectos diferentes.  Para empezar veamos lo que dice el artículo 15 del código sustantivo del trabajo:  Validez de la transacción. Es válida la transacción en los asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles.

 Aquí vemos que en principio una conciliación opera

siempre que se trate de derechos inciertos y discutibles, y este artículo opera básicamente para conciliaciones “extrajudiciales”, es decir, aquellas llevadas a cabo ante una entidad o persona diferente al juez laboral competente, que es el caso de los inspectores del ministerio de Trabajo.  En este orden de ideas, una conciliación laboral en una oficina de trabajo puede ser válida siempre que no esté en contravía del artículo 15 del código sustantivo del trabajo, máxime si se tienen en cuenta que los funcionarios del ministerio de Trabajo no tienen facultad para declarar derechos y dirimir controversias que corresponden exclusivamente a los jueces laborales, como es el caso de los derechos ciertos e indiscutibles de que trata el artículo arriba referido.

 Vemos ahora lo que dice el artículo 78 del código

procesal del trabajo:  Acta de conciliación. En el día y hora señalados el Juez invitará a las partes a que, en su presencia y bajo su vigilancia, procuren conciliar su diferencia. Si se llegare a un acuerdo se dejará constancia de sus términos en el acta correspondiente, tendrá fuerza de cosa juzgada y su cumplimiento se llevará a cabo dentro del plazo que él señale. Si el acuerdo fuere parcial se ejecutará en la misma forma en lo pertinente, y las pretensiones pendientes se tramitarán por el procedimiento de instancia.

RECLAMACION ADMINISTRATIVA MATERIA LABORAL

EN

 Es un Requisito de procedibilidad para acudir ante

justicia ordinaria laboral  En el artículo 6º del C.P.L. se adoptó una modalidad especial de aseguramiento de la oportunidad para la autotutela administrativa, porque al señalarse que la reclamación administrativa cuyo agotamiento es presupuesto para ocurrir ante la justicia ordinaria laboral, consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, la sustrae del ámbito del agotamiento de la vía gubernativa previsto en el C.C.A. como requisito

 para que los particulares puedan acudir ante la

jurisdicción contencioso administrativa a demandar los actos administrativos unilaterales y definitivos de carácter particular y concreto, para someterla a una regulación más general y sencilla, conforme a la cual, en todos los eventos en que se pretenda demandar a una entidad pública ante la justicia ordinaria laboral, un presupuesto de procedibilidad de la acción es esa previa reclamación administrativa.  SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO-No satisface el derecho de petición. El silencio administrativo negativo no es equiparable a una respuesta, se trata de una ficción, para fines procesales

y establecida en beneficio del administrado, pero que no cumple con los presupuestos de una respuesta que de satisfacción a la petición elevada a la Administración.  SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVOOpciones que tiene el administrado cuando opera/ SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO FRENTE A RECLAMACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA LABORAL-No contabilización del término de prescripción o caducidad de la acción cuando administrado decide esperar respuesta a su solicitud.  En la medida en que la reclamación que el administrado presenta a la Administración como

presupuesto para agotar la vía gubernativa, no obstante su especial regulación legal, es una expresión del derecho de petición, la figura del silencio administrativo negativo, si bien habilita al administrado para dar por agotada la vía gubernativa y acudir directamente a la jurisdicción, no significa que la Administración pueda sustraerse de su obligación de dar una respuesta a la solicitud que le ha sido presentada. Esto significa que en los eventos de silencio administrativo negativo, el administrado puede optar por acudir a la jurisdicción o por esperar una respuesta efectiva de la Administración, sin que esta última opción, que es un desarrollo del derecho de

petición, pueda acarrearle consecuencias adversas, como sería la de que a partir del momento previsto para la operancia del silencio administrativo se contabilice el término de prescripción o de caducidad de la respectiva acción.  AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA - No sólo se compone de la interposición de los recursos de ley, sino también de la exposición y solicitud previa ante la administración de las pretensiones que posteriormente se ejercitarán en un proceso judicial.  Es requisito indispensable para demandar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa la nulidad de un acto administrativo particular y concreto.

 Al respecto, el artículo 135 del C.C.A. establece:

“ART. 135. Posibilidad de demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra actos particulares. La demanda para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a un proceso administrativo, y se restablezca el derecho del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo. El silencio negativo, en relación con la primera petición también agota la vía gubernativa. Sin embargo, si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, los interesados podrán demandar directamente los correspondientes actos.”

 La vía gubernativa constituye dentro de nuestro

ordenamiento jurídico, requisito indispensable para poder demandar ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa la nulidad de un acto administrativo de carácter particular y concreto y el respectivo restablecimiento del derecho en sus diversas modalidades bajo la acción de nulidad subjetiva consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo; lo anterior por cuanto por regla general la Administración Pública, a diferencia de los particulares, no puede ser llevada a juicio contencioso si previamente no se le ha solicitado por parte del administrado una decisión sobre la pretensión que se

desean ventilar ante el Juez. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico el presupuesto de acceso a la vía judicial, también denominado doctrinariamente decisión previa, surge a partir del momento en que el gobernado acude por escrito a elevar una pretensión de carácter subjetivo poniendo en marcha el aparato administrativo en procura de una respuesta, materializada en un acto administrativo que en muchas ocasiones basta para acceder a la vía judicial por disposición expresa del artículo 135 del C.C.A. En ese orden de ideas, la vía gubernativa se torna en el instrumento de comunicación e interacción entre la Administración Pública y sus Gobernados cuando media un conflicto de intereses, erigiéndose no solamente como una forzosa antesala que debe transitar quien pretende

resolver judicialmente un asunto de carácter particular y concreto sino un mecanismo de control previo al actuar de la Administración cuyo beneficio es de doble vía, pues constituye tanto la posibilidad de obtener en vía administrativa la satisfacción de una pretensión subjetiva como la oportunidad de ejercer un control de legalidad sobre las decisiones administrativas, a fin de que se tenga la oportunidad de revisar los puntos de hecho y de derecho frente a un asunto que posteriormente se ventilará dentro de un proceso judicial. Por tanto, se entiende que el agotamiento efectivo de la vía gubernativa, no solamente lo compone la interposición de los recursos de ley sino el fiel contenido de la misma de acuerdo a la finalidad de su previsión legal, lo que implica la reclamación ante la administración de las pretensiones que posteriormente se ventilaran en sede judicial . . . ”

PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS  TRES AÑOS PARA RECLAMAR  CUATRO MESES PARA DEMANDAR

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA  ¿Qué es jurisdicción? Es la soberanía del Estado, aplicada por conducto del órgano especial a la

función de administrar justicia, para la realización o garantía del derecho, y secundariamente para la composición de los litigios o para dar certeza jurídica a los derechos subjetivos, mediante la aplicación de la ley a casos concretos, de acuerdo con determinados procedimientos, y en forma obligatoria y definitiva.

¿Qué asuntos conoce la jurisdicción laboral? Asuntos:  Los conflictos jurídicos que se originen directa o

indirectamente en el contrato de trabajo.  Las acciones sobre fuero sindical, cualquiera que sea la naturaleza que sea la relación laboral.  La suspensión, liquidación, disolución de sindicatos y la cancelación del registro sindical.  Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleados y las entidades administrativas o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan.

 La ejecución de obligaciones emanadas de las relaciones de





 

trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad. Los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que La ejecución de las multas impuestas a favor del SENA, por incumplimiento de las cuotas establecidas sobre el número de aprendices, dictadas conforme al numeral 13 de la ley 119 de 1994. El recurso de anulación de laudos arbitrales. El recurso de revisión. La calificación de la suspensión o paro colectivo del trabajo.

¿Qué acciones conoce la jurisdicción laboral?  De la que se deriven de la relación de trabajo entre un

empleador particular y un trabajador del mismo carácter.  De las que se deriven de la relación de trabajo entre una entidad Estatal y un empleado oficial, (se requiere existencia de contrato de trabajo)  En el caso de los empleados públicos, conocerá la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

¿Qué es Competencia?  Aquella parte de jurisdicción que compete en concreto

a cada órgano jurisdiccional, según algunos criterios, a través de los cuales las normas procesales distribuyen la jurisdicción entre varios órganos ordinarios de la misma.  La competencia como la medida del poder de la jurisdicción, en el entendido, de la jurisdicción como el género y la competencia como la especie.

¿Cuáles son competencia?

los

factores

de

la

 Factor objetivo  Factor subjetivo

 Factor funcional  Factor territorial  Factor de conexión

¿Qué determina cada factor? Factor objetivo: dependerá de la naturaleza del asunto judicial, en el entendido de su naturaleza o materia o respecto a la cuantía o valor de las pretensiones.

 Factor subjetivo: hace referencia a la calidad de las

partes.  Factor funcional: obedece a la instancia del proceso y jerarquía del juez o magistrado. Corte, tribunal y juzgado.  Factor territorial: aplicará para el lugar donde debe iniciarse el proceso, es decir sitio de la ocurrencia de los hechos.  Factor de conexión: sucede en el fenómeno de las acumulaciones.

¿Cuál es la regla general determinar la competencia?

para

La competencia se determina por el último lugar en donde haya sido prestado el servicio, o por el domicilio del demandado, a elección del demandante.  FUERO ESPECIAL

¿Cuál será el juez competente en los procesos contra los establecimientos públicos? El del lugar del domicilio del demandado o el lugar donde se haya prestado el servicio, a elección del extremo actor.

¿Cuál será el juez competente en los procesos contra los Municipios? El juez laboral del circuito, donde se haya prestado el servicio, donde no hay juez laboral, conocerá el juez promiscuo del circuito. ¿Cuál será el juez competente en los procesos contra los Departamentos? El juez laboral del circuito del último lugar donde se haya prestado el servicio, dentro del respectivo departamento, o el de su capital, a elección del actor, cualquiera que sea su cuantía.

¿Cuál será el juez competente en los procesos contra la Nación?  El juez laboral del circuito del último lugar donde se

haya prestado el servicio, o el del domicilio del demandante, a elección de este, cualquiera que sea su cuantía. ¿Cuál es la competencia por razón de la cuantía?  Los jueces laborales del circuito, conocerán en única instancia, en los procesos cuya cuantía no exceda de veinte (20) S.M.M.L.V y en primera instancia en todos los demás.

 Donde existen jueces municipales de pequeñas causas

y competencia múltiple, conocerá de los procesos de única instancia  En los proceso sin cuantía conoce en primera instancia el juez laboral del circuito, salvo norma en contrario, donde no exista juez laboral, conocerá el juez civil del circuito.  Nota: cuando la demanda se dirija a varios demandados, con distintos domicilios, el extremo actor elegirá entre estos.

COMPETENCIA DE LA SALA LABORAL DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES ¿De qué acciones conoce la sala laboral de los tribunales superiores?  Del recurso de Apelación contra los autos expresamente señalados y contra las sentencias proferidas en primera instancia.  Del recurso de Anulación de los aludos arbítrales, que decidan conflictos de Carácter jurídico.  Del grado de consulta en los casos previstos en el código laboral.

 Del recurso de Queja, contra los autos que nieguen la

apelación o anulación.  De lo Conflictos de Competencia entre dos juzgados del mismo distrito judicial.  Del recurso de Revisión, contra las sentencias dictadas por los jueces de circuito laboral.  En primera instancia sobre la legalidad o ilegalidad de una suspensión o paro colectivo del trabajo (huelga) y está será tramitada mediante tramite preferente.

COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. ¿De qué acciones conoce la sala de casación laboral de la corte suprema de justicia?  Del recurso de Casación.  Del recurso de Anulación de los aludos arbítrales, que decidan conflictos colectivos de Carácter económico.  Del recurso de Queja, contra los autos que nieguen la Casación o Anulación.

 De los conflictos de competencia que se susciten entre

dos o más tribunales de distrito o juzgados y tribunal o dos o más juzgados de distinto distrito judicial.  Del recurso de Revisión, contra las sentencias dictadas por los tribunales superiores de distrito judicial.  Nota: cuando el conflicto de competencia se suscita

entre dos o más jurisdicciones, lo dirime el consejo superior de la judicatura. Art. 256. Atribución 6 de la constitución política.

CUANTIAS Son de mínima cuantía los que versen sobre pretensiones patrimoniales inferiores al equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales; son de menor cuantía los que versen sobre pretensiones patrimoniales comprendidas desde los quince (15) salarios mínimos legales mensuales, inclusive, hasta el equivalente a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales; son de mayor cuantía los que versen sobre pretensiones patrimoniales superiores a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales

LAS PARTES EN EL PROCESO LABORAL  Las partes se definen como sujetos del proceso

que pretenden la tutela jurisdiccional concretada al objeto mismo y aquellos contra los que se reclama la referida tutela.  LA PARTE DEMANDANTE aquella en la que a través de la demanda introduce su pretensión. LA PARTE DEMANDADA O DEMANDADO, es la parte contra quien se dirige la pretensión.

CAPACIDAD PARA SER PARTE  Es la aptitud para ser el Titular de los derechos, cargas

y obligaciones que se derivan del proceso.  Interés para obrar: Interés legalmente amparable. Es una condición objetiva de la acción, supone la alegación de la existencia de interés económico o moral en el sujeto procesal y la voluntad de lograrlos. Exonerados Ministerio Público, procurador oficioso, intereses difusos.  Legitimidad para obrar: Mientras el interés es una situación objetiva que justifica la acción, la

 legitimación es una situación subjetiva, una relación

de un determinado sujeto para obtener una sentencia de fondo. ¿Quién y frente a quién debe ejercitarse la pretensión?  * Ordinaria: Quienes deben ser parte en un proceso concreto para que se realice la actividad jurisdiccional con eficacia.  * Extraordinaria: No hay imputación de titularidad pero puede procederse a la actuación del derecho objetivo. Muy diversa

 Privadas: Se trata de proteger derechos de particulares

frente a otros derechos e intereses particulares. XE sucesión procesal.  Sociales: Cuando se ven implicados grupos más o menos numerosos de personas. XE Intereses difusos.  Públicas: Cuando el legislador estima que la controversia está influida por un interés público, se concede legitimación al Ministerio Público.

CAPACIDAD EN MATERIA LABORAL  Tiene capacidad para ser parte en el proceso toda persona

natural o jurídica, órgano o institución, sociedad conyugal, sucesión indivisa, y otras formas de patrimonio autónomo y en general toda persona que tenga o haya tenido la condición de: * Trabajador * Empleador  Capacidad de las Organizaciones Sindicales y Asociativas: Deben estar reconocidas de acuerdo a ley, tienen legitimación para defensa de derechos colectivos que le son propios.  Mediante sus dirigentes sindicales, con la representación debidamente conferida en asamblea general.

POSTULACIÓN AL PROCESO  DEMANDA

 CONTESTACIÓN  CUEST. PROBATORIAS  EXCEPCIONES  DEFENSAS PREVIAS

PODER GENERAL  Cómo su nombre lo indica, el poder que se otorga es

para varias gestiones, incluso puede otorgarse para que lo represente simultáneamente en asuntos privados, administrativos y judiciales. Éste tipo de poder, es muy común cuando el otorgante por ejemplo, no está en el país, por lo que deja un poder amplio a otra persona, para que lo represente en toda clase de asuntos.  Por lo anterior y por ser un poder amplio (General), el otorgante debe otorgarlo mediante Escritura Pública.

PODER ESPECIAL  A diferencia del Poder General, en el Poder Especial, es

muy concreto el asunto que se delega a otro, pues sólo podrá ser para un tema específico y dirigido directamente ante el funcionario ante quien el apoderado hará las gestiones (Señor Juez; Señor Alcalde; Señores EPS, Asamblea de Propietarios, etc.)  Ejemplos: El que le otorgamos al abogado, para que nos defienda en un proceso específico “…proceso por alimentos que se adelanta en mi contra en el juzgado 7º de Familia del Círculo de Cali, bajo la radicación n. 12345 y demandante la Sra. Fulanita de Tal….”

 “Señores EPS… otorgo poder a Pepito Pérez para que en

mi nombre, reclame XY documento ante sus dependencias…”  Cómo se observa, el poder es para algo muy específico (único asunto), de tal manera que el otorgante lo puede hacer mediante un simple memorial (Una hoja), donde basta la simple firma y su huella (caso de las asambleas) o en algunos casos, simplemente hacerle presentación personal del documento ante Notario (Popularmente llamado “Autenticación de Firma”)

EL JUEZ LABORAL  La condición del juez como tercero, esto es, extraño a

los hechos y al objeto deducido en el proceso, es incompatible con la posibilidad misma que las normas le permitan asumir en el proceso funciones que son propias de las partes (iniciar el proceso, determinar o cambiar el objeto del proceso, apreciar de oficio la existencia de hechos no alegados por las partes). En esa condición de tercero no pueden darse diferencias entre los tipos de procesos (civil y penal), no pudiendo admitirse procesos que puedan calificarse de inquisitivos.

Además de tercero el juez debe ser imparcial, la imparcialidad, que es algo diferente aunque añadido a la condición de tercero, en sentido estricto supone que el juez no puede tener interés ni con la relación a las personas que son parte, ni respecto del objeto del proceso. Es necesario garantizar que en el caso concreto el juicio del juez está determinado sólo por el cumplimiento correcto de su función de tutela de los derechos e intereses de las partes. “La actividad judicial del Juez”– es la de garantizar los derechos; así se podría anunciar que las partes son llamadas a lograr la tutela de su “pretensión o excepción” cuando acuden a la vía judicial.

El proceso se circunscribe a dos actores y cuyo resultado solo le interesa a ellos, por ser un proceso de partes, posición en la cual se asimilaría el juez al ÁRBITRO que observa cómo las partes otorgan sus “mejores golpes” y que solo interviene para procurar el cumplimiento de las reglas básicas del pleito “¿procedimiento?”, con la convicción de que su decisión sea la más acertada.  Además de las pruebas pedidas, el juez podrá ordenar a costa de una de las partes, o ambas, según a quien o a quienes aproveche, la práctica de todas aquellas que a su juicio sean indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos.

FUNCIONARIOS CON CALIDAD DE JUEZ LABORAL  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (Casación sala

laboral)  Tribunales Superiores de Distrito Judicial (Apelación sala laboral)  Jueces Laborales y Civiles del Circuito En los proceso sin cuantía conoce en primera instancia el juez laboral del circuito, salvo norma en contrario, donde no exista juez laboral, conocerá el juez civil del circuito.  Jueces Civiles y Promiscuos Municipales.

Jueces de pequeñas causas y competencias múltiples  Ley 1395 de 2010 ley de descongestión judicial;

Artículo 14 A. Competencia de los jueces municipales de pequeñas causas y competencia múltiple. Los Jueces municipales de pequeñas causas y competencia múltiple conocen en única instancia de los siguientes asuntos: 1. De los procesos contenciosos de mínima cuantía. 2. De los procesos de sucesión de mínima cuantía. 3. De la celebración del matrimonio civil, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios.

Tribunales de Arbitramento  Cumplen funciones de Juez Laboral al momento de

proferir un Laudo arbitral.  EL MINISTERIO PÚBLICO: Decreto 2158 de 1948

ARTICULO 16. - Modificado por el art. 11, Ley 712 de 2001.: El Ministerio Público ante la jurisdicción del trabajo será ejercido por el Procurador General de la Nación y los personeros municipales.

El Ministerio Público y la Justicia Laboral Decreto 2158 de 1948 ARTICULO 16. C.P.T.  ARTICULO 17. - Derogado por el art. 53, Ley 712 de

2001. Intervención del Ministerio Público en favor de los incapaces. El Ministerio Público intervendrá en los juicios de trabajo en que sea parte un incapaz, cuando éste no tenga quien lo represente.  ARTICULO 18. - Derogado por el art. 53, Ley 712 de 2001. Intervención del Ministerio Público en nombre del Estado. El Ministerio Público intervendrá, en nombre del Estado y en guarda de la ley, cuando el Ministerio del Trabajo se lo solicite en los juicios relativos a asociaciones profesionales y a calificación de huelgas.

Porque interviene el Ministerio Público en los procesos laborales Los procesos laborales son de orden público, pues en ellos se tramitan no sólo los intereses de las partes sino también de la colectividad, quien también tiene interés en su resultado, razón por la cual los agentes del ministerio público, que son los representantes de la sociedad, intervienen en ellos, no como partes, sino como representantes de la colectividad.  Esta facultad de intervención del ministerio público en los procesos nace de la Carta Política, pues en su artículo 277 establece que el procurador general de la nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes,

 entre otras funciones, tendrá la de intervenir en los

procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario, en defensa del orden público, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales.  La misma Carta Política dispone en el artículo 118 que el ministerio público será ejercido por el procurador general de la nación, por el defensor del pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del ministerio público ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los funcionarios que determine la ley.  Al ministerio público le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas.

LA DEMANDA  Se entiende por DEMANDA la solicitud, súplica o

requerimiento que una persona hace a un funcionario en procura de la protección de un derecho que considera le pertenece y que le ha sido violado o no le ha sido reconocido.  En derecho laboral, la demanda puede ser verbal o escrita. La primera sólo puede darse en los procesos ordinarios de única instancia.  La demanda constituye el marco que limita la actuación del funcionario, es decir, por norma general no puede pronunciarse sobre temas distintos de los pedidos en ella. Por excepción se permite cuando el

juez hace uso de las facultades extra o ultra petita que le da la ley; eso sí cumpliendo estrictamente con los requisitos exigidos para ello.  La demanda es uno de los actos más importantes del proceso. Por eso se afirma que quien hace la demanda hace la sentencia.  La demanda debe ser redactada de tal manera que omita aspectos innecesarios, que lleve claridad al juez y que señale pautas en el proceso.

REQUISITOS FORMALES  La demanda debe reunir unos requisitos legales para

su admisión. Estos, de acuerdo con el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo, son:  a) Designación del juez a quien se dirige. La demanda deberá dirigirse al juez que deba conocer el proceso, teniendo en cuenta los factores de competencia ya estudiados. Si en el lugar hubieren varios jueces competentes, la demanda deberá dirigirse al juez que le corresponda por reparto, el cual lo efectúa la oficina judicial.

 Generalmente la demanda se dirige al juez laboral del

circuito del lugar, salvo que en dicho sitio no exista juez laboral; entonces se dirigirá al juez civil del circuito o municipal, dependiendo de la naturaleza del asunto, de la persona demandada o de la cuantía del asunto.  b) Nombres de las partes y el de sus representantes, si aquellas no comparecen o no pueden comparecer por si mismas. Las partes deben ser identificadas con claridad y precisión, tanto el demandante como el demandado.

 Si se actúa en nombre de otra persona, deberá

mencionarse esta circunstancia, con acompañamiento del respectivo poder.  Si la demandada es una persona jurídica, deberá mencionarse en forma precisa su razón social y el nombre de su representante legal. Es probable que la persona que ostente la representación legal de la empresa demandada ya no lo sea al momento de notificarse la demanda, por lo que se recomienda mencionar el nombre del representante legal de la persona que tenga dicha representación al momento de presentarse la demanda y solicitar la notificación de la persona que haga sus veces al momento de la diligencia de notificación.

 Ya se dijo que no hay necesidad de aportar la prueba

sobre la existencia y representación legal del demandado, a menos que este punto se debata como cuestión principal dentro del proceso.  Si se trata de persona jurídica de derecho público, deberá indicarse la persona que la representa.  Cuando el demandante es una persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal.  El menor autorizado para laborar, puede, llegado el caso, iniciar directamente las acciones legales pertinentes. Si no está autorizado para laborar, sus representantes legales deben iniciar las acciones procesales pertinentes; y a falta de éstos, al menor le

bastará con presentarse ante el juez respectivo y manifestar verbalmente su voluntad de demandar. Caso en el cual el juez, informado de los hechos, confirmará el nombramiento de curador que hiciere el menor, si el nombrado fuere idóneo, o, en su defecto, le dará un curador para la litis, de conformidad con el artículo 120 del Código Procesal del Trabajo.  c) Su vecindad o residencia y dirección, si es conocida, o la información de que se ignora la del demandado, ratificada bajo juramento. Este requisito es necesario cumplirlo respecto a las dos (2) partes.

 Si la dirección del demandado se ignora, el juez deberá

solicitar la ratificación bajo juramento de dicha afirmación, a diferencia del procedimiento civil, en el que el juramento se considera prestado con la sola afirmación, sin que sea necesario la diligencia posterior.  Este requisito es importante, ya que permite notificar el auto admisorio de la demanda.  Las personas jurídicas de derecho privado domiciliadas en Colombia deberán registrar en la oficina respectiva del lugar donde funciona su sede principal, sucursal o agencia, la dirección donde recibirán notificaciones judiciales, y en ella se surtirán las notificaciones personales.

 d) Lo que se demanda, expresando con claridad y

precisión los hechos y omisiones. Constituye el petitum o pretensiones, además de una relación de los hechos y omisiones en que se fundamentan las pretensiones.  Las pretensiones de la demanda deben ser elaboradas de manera clara y precisa, sin ambigüedades, es decir que no presente duda en lo que se reclama. Deben ser individuales, expresando claramente el concepto reclamado y su naturaleza.  En una misma demanda se pueden ACUMULAR VARIAS PRETENSIONES, aunque no sean conexas, siempre que:

 1)El juez sea competente para conocer de todas.  2)Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo

que se propongan como principales y subsidiarias. Y,  3) Que todas pueden tramitarse por el mismo procedimiento.  También podrán formularse en una demanda pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados, siempre que aquellas provengan de la misma causa, o versen sobre el mismo objeto, o se hallen entre sí en relación de dependencia, o deban servirse específicamente de unas mismas pruebas, aunque sea diferente el interés de unos y otros.

 Las pretensiones de la demanda deben tener su

fundamento en los hechos y omisiones, como resultado de la aplicación del principio de la lealtad procesal.  Si la demanda no cumple con estos requisitos, podría llevar al juez a dictar sentencia inhibitoria.  e) Una relación de los medios de prueba que el actor pretenda hacer valer para establecer la verdad de sus afirmaciones. Teniendo en cuenta los lineamientos generales sobre la carga de la prueba, el actor debe formular una relación de los medios probatorios para demostrar la verdad de sus afirmaciones.

 Esta relación debe ser determinada y concreta, es decir,

no basta solicitar los testimonios de las personas que conocen los hechos sobre los cuales versará el proceso, sino que deben mencionarse los nombres y apellidos completos, sin lugar a equívocos.  f) La cuantía. Se hace mención de la cuantía en la demanda, cuando ella sea necesaria para determinar la competencia.  En los procesos de fuero sindical, suspensión, disolución y liquidación de sindicatos, procesos ejecutivos, procesos contra la Nación Colombiana y los departamentos, no es necesario establecer la cuantía ya que en estos casos ella no es factor determinante de la competencia.

 g) Razones y fundamentos de derecho en que se

apoya. El actor debe señalar no sólo las normas jurídicas en las cuales apoya sus pretensiones, sino que además debe exponer las razones por las cuales considera que el derecho le ha sido violado o no le ha sido reconocido.  Debe citar las normas de alcance nacional o regional, convencionales, contractuales o reglamentarias en que fundamente su reclamo.  El hecho de equivocarse en las citas de algunas normas, o de no hacerlas en forma completa, no es causal de rechazo de la demanda, ya que el juez debe ser experto en materia de leyes.

 Cuando el trabajador pueda litigar en causa propia, es

decir en las audiencias extraprocesales de conciliación y en los procesos de única instancia, no será necesario este requisito.  PRESENTACION DE LA DEMANDA. Las firmas de la demanda deberán autenticarse por quienes las suscriben mediante comparecencia personal ante el secretario de cualquier despacho judicial o ante notario de cualquier círculo. Para efectos procesales se considerará presentada el día en que se reciba en el despacho de su destino. También puede ser presentada personalmente en la oficina judicial, entidad que la someterá a la formalidades del reparto.

 COPIAS DE LA DEMANDA. Con la demanda deberán

presentarse tantas copias como sean los demandados. Dichas copias tendrán por objeto surtir simultáneamente los traslados y deberán ser autenticadas por el secretario.  En materia laboral no se exige copia de la demanda para el archivo del juzgado.  ANEXOS DE LA DEMANDA. Con la demanda deberán acompañarse los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandante.

 CONTROL DEL JUEZ SOBRE LA FORMA DE LA

DEMANDA. Hecho el reparto de la demanda, cuando hubiere lugar a él, el juez que le correspondió su trámite, antes de ordenar el traslado de la demanda, verificará que ésta cumpla con los requisitos formales del artículo 25 del Código Procesal del Trabajo. Si así fuere la admitirá y ordenará correr traslado al demandado o demandados del auto admisorio de la demanda. En el mismo auto, el cual es dictado por fuera de audiencia y, por lo tanto, notificado por estados, se reconoce personería al apoderado del demandante.

 Si la demanda no reúne los requisitos formales el juez

la inadmitirá.  La INADMISIÓN DE LA DEMANDA procede en los siguientes casos:  Porque no reúna los requisitos formales.  Cuando las pretensiones sean excluyentes.  Cuando no se hubiere presentado en forma legal.  Cuando el poder conferido no fuere suficiente.  Cuando el asunto en que el derecho de postulación procesal esté reservado por la ley a abogado, y el actor no tenga esta calidad y presente la demanda por sí mismo o por conducto de apoderado general o representante que tampoco la tenga.

 Cuando el demandante sea incapaz y no actúe por

conducto de su representante.  En los casos anteriores el juez señalará los defectos de que adolece la demanda para que el demandante los subsane en el término de cinco (5) días; si no lo hiciere la rechazará.  El RECHAZO DE LA DEMANDA procede de plano cuando el juez carezca de jurisdicción o de competencia. Si el rechazo se debe a falta de competencia, el juez la enviará con sus anexos al que considere competente dentro de la misma jurisdicción; en lo demás casos, al rechazar la demanda se ordenará devolver los anexos, sin necesidad de desglose.

 La apelación del auto que rechaza la demanda

comprende la de aquél que negó su admisión, y se concederá en el efecto suspensivo.  Si la demanda es rechazada, se considera como si nunca hubiere sido presentada, para efectos de interrupción de la prescripción.  CORRECCION DE LA DEMANDA . La demanda laboral podrá ser aclarada, corregida o enmendada dentro de la primera (1ª) audiencia de trámite o antes de realizarse tal audiencia.  La facultad que tiene el actor de corregir, aclarar o enmendar la demanda, es diferente a la oportunidad que el juez le brinda de subsanar antes de la admisión, los vacíos de forma de que adolece. En efecto, la

corrección, aclaración o adición, es un acto totalmente voluntario o espontáneo del actor, no impuesto por el funcionario. En cambio, la inadmisión conlleva una obligación para el actor, consistente en conformar el libelo atendiendo a los requisitos del artículo 25 del Código Procesal del Trabajo. Esto es tan cierto como que la doctrina enseña que la corrección de la demanda hecha por orden del juez, antes de su traslado al demandado, no impide al demandante ejercitar su derecho de corregirla, aclararla o enmendarla por su propia voluntad dentro de la primera (1ª) audiencia de trámite. Concluida tal audiencia, precluye para el demandante la posibilidad para aclarar o adicionar su demanda.

 Es

posible incluir o suprimir demandantes o demandados y peticiones o hechos, pero no en su totalidad y siempre que el litigio siga siendo en el fondo, el mismo. Igualmente, las correcciones , aclaraciones o enmiendas pueden versar sobre medios probatorios y redacción.  Si el demandado está presente en la primera (1ª) audiencia de trámite, se le corre traslado en la misma diligencia y éste puede contestarla en el acto o solicitar señalamiento de una nueva fecha para hacerlo, pedimento al cual debe acceder el juez.  Si se trata de incluir en la parte demandada a una persona no indicada como tal en la demanda

 primitiva, el juez no tiene camino diferente al de

admitir la corrección y ordenar la suspensión de la audiencia para que se haga la notificación y el traslado a ese nuevo demandado.  Si el demandado no se halla presente en la primera (1ª) audiencia de trámite, el juez debe admitir la corrección y suspender la audiencia, a efectos de que se haga el traslado de la corrección al demandado.

NOTIFICACION DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA.  El auto admisorio de la demanda se debe notificar

PERSONALMENTE al demandado, en la dirección anunciada en la demanda.  Pero pueden suceder dos (2) eventos: que el demandante ignore la residencia del demandado o que conociéndola, dicho accionado se oculte.  a) Si la residencia del demandado no es conocida, el demandante, al presentar su demanda, jurará ante el juez que la ignora, y en tal caso se le nombrará un curador para la litis.

 Una vez tomado el juramento al demandante y

admitida la demanda, el juez procede a nombrar un curador para la litis, el cual debe ser abogado y le notificará el auto admisorio de la demanda. Sin embargo, debe proceder al emplazamiento del demandado, de conformidad con el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil. El término del emplazamiento no suspende la actuación, vale decir, el proceso se sigue tramitando, pero, y ello es de importancia, no se dictará sentencia antes de que se haya cumplido el emplazamiento. En otras palabras, el emplazamiento se surte en forma simultánea con la tramitación del proceso. Es ésta una clara manifestación del principio de celeridad procesal.

 Para el emplazamiento se procederá así: a través de un

edicto se expresará la naturaleza del proceso y el nombre de las partes. El edicto se fijará en lugar visible de la secretaría del juzgado por el término de veinte (20) y se publicará por una (1) vez dentro del mismo término en un diario de amplia circulación en la localidad, a juicio del juez, y por medio de una radiodifusora del lugar si la hubiere, entre las siete (7) de la mañana y las diez (10) de la noche. La página del diario en que aparezca la publicación y una constancia auténtica del administrador de la emisora sobre su transmisión, se agregarán al expediente. Este aviso será firmado únicamente por el secretario. Transcurridos cinco (5) días a partir de la expiración del término del

emplazamiento sin que el emplazado haya comparecido a notificarse, el juez le designará un curador ad litem, con quien se surtirá la notificación.  El curador ad litem actuará en el proceso hasta cuando concurra a él la persona que represente, o un representante de ésta . Dicho curador está facultado para realizar todos los actos procesales que no estén reservados a la parte misma, así como para constituir apoderado judicial bajo su responsabilidad, pero no puede recibir ni disponer del derecho en litigio.  El curador ad litem no puede desistir de la demanda, a menos que previamente obtenga licencia judicial.

 Si se probare que el demandante, su representante o

apoderado, conocían el lugar donde hubiera podido encontrarse al demandado, se impondrá al responsable multa de veinte (20) salarios mínimos mensuales, y por trámite incidental, condena individual o solidaria, según el caso, a indemnizar los perjuicios que con su conducta haya ocasionado al demandado o a terceros, sin menoscabo de la nulidad por no haberse practicado en legal forma la notificación al accionado del auto que admite la demanda. Además, se enviará copia al funcionario penal competente para que adelante la correspondiente investigación.

 b) Si el demandado se oculta, el juez, previa

comprobación sumaria del hecho (el informe que rendirá el secretario sobre las diligencias adelantadas para la notificación del libelo), le nombrará curador ad litem y procederá al emplazamiento, de acuerdo con lo estudiado anteriormente, teniendo en cuenta el siguiente procedimiento:  Si el demandado no se hallare en la dirección indicada en la demanda, o cuando se impida la notificación del auto admisorio de ésta, el notificador entregará una aviso a cualquier persona que se encuentre en el lugar indicado y manifieste ser ese su sitio de trabajo o de habitación, aviso en el cual se informará al demandado que debe concurrir al despacho judicial dentro de los

diez (10) días siguientes al de su fijación para notificarle dicho auto y que si no lo hace se le designará curador ad litem y se procederá al emplazamiento, sin necesidad de auto que lo ordene, de conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.  Es importante resaltar las DIFERENCIAS que existen entre el procedimiento civil y el procedimiento laboral en cuanto al tratamiento que se da al caso de que se ignore el domicilio del demandado o de que éste no quiera concurrir al proceso:  Al paso que en materia civil el emplazamiento precede a la designación del curador, en laboral el nombramiento precede al emplazamiento.

CONTESTACION A LA DEMANDA. Una vez se le notifica al demandado el auto admisorio de la demanda, éste tiene la posibilidad de contestarla o no. En este último caso, ello no constituye un indicio grave en contra del accionado, como sí ocurre en el procedimiento civil porque el artículo 30 del Código Procesal del Trabajo regula expresamente las consecuencias de esta conducta en el sentido de que el juez adelantará la tramitación oficiosa del proceso, aún sin la presencia de las partes, pues en los procesos del trabajo está interesada toda la comunidad, por tratarse de las leyes sociales de orden público y tener interés también el Estado y la colectividad en que se conserve la paz social.

 Si el demandado opta por contestar la demanda, debe

ceñirse a las indicaciones que trae el artículo 31 del Código Procesal del Trabajo. Expresará cuáles hechos admite y cuáles rechaza o niega, e indicará los hechos y razones en que apoya su defensa, agregando una relación de los medios de prueba que pretenda hacer valer; tales medios probatorios deben ser específicos y detallados.  Si hay pluralidad de demandados, el traslado de la demanda se da por un término común de seis (6) días, lo cual significa que éste se entiende vencido solamente cuando ha quedado surtido con el último de los demandados que haya sido notificado.

DEMANDA DE RECONVENCIÓN.  El demandado, dentro del término de traslado de la

demanda, podrá presentar demanda de reconvención en contra de uno o varios de los demandantes, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:  Que el juez tenga competencia para conocer del asunto.  Que el asunto se pueda tramitar por la vía ordinaria.  Que provenga de una misma causa que la de la demanda principal, es decir que sea la misma relación jurídico laboral planteada.

 La demanda de reconvención deberá reunir los

requisitos formales de toda demanda y se formulará en escrito separado del de la contestación. El poder para contestar la demanda habilita para demandar en reconvención.  De la demanda de reconvención se dará traslado común por tres (3) días al reconvenido, y de allí en adelante se sustanciarán bajo una misma cuerda y se decidirá en la sentencia.  El apoderado del demandante principal puede notificarse del auto admisorio de la demanda de reconvención y puede intervenir en su trámite, sin necesidad de un nuevo poder.

LAS EXCEPCIONES son los medios defensa que tiene el demandado para mejorar o sanear el procedimiento o para atacar el derecho pretendido.  Así como el demandante hace su ataque a través de la acción, el demandado se defiende a través de las excepciones.  Las excepciones deben ser declaradas de oficio por el juez, salvo las de PRESCRIPCIÓN, COMPENSACIÓN Y NULIDAD RELATIVA, toda vez que éstas necesariamente deben ser alegadas por el demandado, so pena de entenderse que ha renunciado a ellas.

CLASIFICACIÓN DE LAS EXCEPCIONES.  Las excepciones en materia laboral se clasifican en

previas o dilatorias y de fondo o perentorias. 1. EXCEPCIONES PREVIAS O DILATORIAS. Son aquellas encaminadas a atacar el procedimiento y su formulación propende por el mejoramiento de éste, de suerte que puede llegar a suspender o terminar el proceso.  Conforme al artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, se pueden proponer las siguientes excepciones previas: a) Falta de jurisdicción.

 Falta de competencia.

 Cláusula compromisoria o compromiso.  Inexistencia del demandante o del demandado.  Incapacidad

o indebida representación del demandante o del demandado.  No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado.  Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.  Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde.

 No comprender la demanda a todos los litisconsortes

necesarios.  Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.  No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar.  Haberse notificado la admisión de la demanda a persona distinta de la que fue demandada.  En el trámite de un proceso ordinario de primera (1ª) instancia, las excepciones previas podrán proponerse en la contestación de la demanda o en la primera (1ª) audiencia de trámite. El juez debe decidirlas en la primera (1ª) audiencia de trámite si el asunto fuere de

puro derecho. Si hubiere hechos que probar, deberán presentarse las pruebas y el juez resolverá allí mismo. Si el demandante solicitare la celebración de una nueva audiencia para contraprobar, el juez, si lo considera conveniente, podrá decretarla .  Las excepciones de COSA JUZGADA, TRANSACCIÓN Y CADUCIDAD de la acción en el procedimiento civil se pueden proponer como previas; no en el procedimiento laboral, por tener su propia reglamentación y regularse íntegramente la materia, de conformidad con reiteradas interpretaciones jurisprudenciales.

EXCEPCIONES DE FONDO O PERENTORIAS.  Son aquellas encaminadas a contradecir el nacimiento

del derecho pretendido, o para extinguirlo o para negar su exigibilidad, tales como el pago, la compensación, la prescripción, la transacción, la cosa juzgada, etcétera.  Tales excepciones de fondo podrán proponerse en la contestación de la demanda o en la primera (1ª) audiencia de trámite y podrá solicitarse la práctica de pruebas para demostrarlas. Serán resueltas en la sentencia.

REPRESENTACIÓN JUDICIAL  La Carta Política en su artículo 229 dispone como

norma general que para acceder a la administración de justicia se requiere ser abogado aunque, y por excepción, la ley podrá indicar cuándo se puede hacer sin la representación de abogado.  Al estudiar la figura de los presupuestos procesales se analizaron estas excepciones en materia laboral.  REPRESENTACION DE LAS PERSONAS JURIDICAS. Las personas jurídicas comparecerán a los procesos laborales por medio de sus representantes constitucionales, legales o convencionales, según el caso.

 Cabe

entonces diferenciar, al respecto, la representación de las personas jurídicas de derecho público y la de las personas jurídicas de derecho privado.  PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PUBLICO. Comparecen así:  LA NACIÓN COLOMBIANA, por medio de los ministros y directores de departamento administrativo; quienes pueden delegar tal función en subalternos con categoría superior a jefe de sección y pueden igualmente constituir apoderados especiales (Constitución Política, artículo 208 y Código de Procedimiento Civil, artículo 64).

 Los DEPARTAMENTOS comparecen por medio del

gobernador (Constitución Política, artículo 303).  Los MUNICIPIOS comparecen por medio del respectivo alcalde (Constitución Política, artículo 314).  Los ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, las EMPRESAS INDUSTRIALES y COMERCIALES del ESTADO (nacionales, departamentales y municipales) y las SOCIEDADES de ECONOMÍA MIXTA comparecen por medio de sus representantes legales.  PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO. Comparecen al proceso, así:  Las ASOCIACIONES y FUNDACIONES, por medio de la persona que de acuerdo con sus estatutos lleva la representación legal (Código Civil , artículo 639).

 Las

SOCIEDADES CIVILES y COMERCIALES por intermedio de las personas a quienes se haya dado la representación legal en el respectivo contrato de sociedad (Código de Comercio, artículo 196).  Las SOCIEDADES EXTRANJERAS, comparecerán por medio del apoderado especial constituído en el lugar donde tengan negocios (Código de Procedimiento Civil, artículo 48).  Los empleadores que tengan SUCURSALES o AGENCIAS dependientes de su establecimiento en otros municipios, distintos del domicilio principal, deben constituir públicamente un apoderado con la facultad de representarlos en procesos o controversias relacionados con los contratos de trabajo que se hayan ejecutado o deban ejecutarse en el respectivo municipio.

 PRUEBA DE LA PERSONERIA. Ya se explicó que en

derecho procesal laboral, a diferencia del procedimiento civil, el demandante no está obligado a presentar con la demanda la prueba de la existencia de la persona jurídica contra la cual va dirigida ni la de la calidad de su representante. Le bastará con designarlos, a menos que en el proceso se debata como cuestión principal este punto.  Lo anterior busca exonerar al trabajador demandante de los gastos que le representaría la consecución de la prueba sobre existencia y personería en caso de que su demandado sea una persona jurídica. De paso le evita, además, las dificultades que su logro implica.

 Desde luego, si quien actúa como DEMANDANTE es

una persona jurídica de DERECHO PRIVADO, sí está obligado a presentar con la demanda la prueba de su existencia y representación legal.  En cuanto a la relativa exoneración de pruebas que se hace en el artículo 36 del Código Procesal del Trabajo, es necesario observar que en la práctica resulta aconsejable para este tipo de demandas, contar desde un comienzo con la prueba sobre la existencia y representación de la entidad demandada, para así evitar fallos inhibitorios como también sentencias condenatorias contra personas inexistentes.

INCIDENTES  Puede

entenderse como INCIDENTES las controversias de carácter accesorias señaladas expresamente por el legislador, que se presentan en el trámite de un proceso o que tienen alguna incidencia o guardan relación con la cuestión principal objeto de la litis; por ejemplo los impedimentos y recusaciones, las nulidades, la acumulación de procesos, etcétera. Cuando tales controversias impiden la continuación del proceso, requieren previo pronunciamiento por parte del juez. En los demás casos deberán tramitarse en el curso del proceso, sin interrumpirlo y decidirse en la sentencia que ponga fin al mismo.

CLASIFICACION  En el procedimiento laboral no existe una clasificación

taxativa de los asuntos que deben tramitarse como incidente. Basta entonces ensayar un análisis para determinar si los incidentes que trae el Código de Procedimiento Civil, pueden tener cabida en los procesos laborales:  Conflictos de Competencia. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso, ordenará remitirlo al que estime competente dentro de la misma jurisdicción. Cuando el juez que reciba el

expediente se declare, a su vez, incompetente, solicitará que el conflicto se decida por la autoridad judicial que corresponda, a la que enviará la actuación. Estas decisiones son inapelables.  El juez que reciba el proceso no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jerárquico o por la Corte Suprema de Justicia. La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces.  b) Nulidades procesales . En los procesos laborales pueden presentarse las siguientes causales de nulidad: Las contempladas como tales en el Código de Procedimiento Civil.

 El adelantar la actuación sin cumplir con los principios

de oralidad y publicidad (Código Procesal del Trabajo, artículo 42). Y,  El omitir la etapa de conciliación en aquellos procesos en que es legalmente obligatoria.  Acumulación de procesos. El decreto 2651 de 1991, artículo 52, consagró esta figura de manera expresa en el procedimiento laboral .  El DEMANDANTE podrá acumular en UNA MISMA DEMANDA varias pretensiones contra el mismo demandado o demandados, aunque no sean conexas.

 En los procesos laborales también se permite en una

demanda, la acumulación de pretensiones de VARIOS DEMANDANTES contra el mismo o varios demandados, cuando se presente uno (1) de los siguientes eventos:  Que provengan de una misma causa.  Que se originen en una misma norma o fuente de derecho.  Que versen sobre el mismo objeto.  Que deban servirse de las mismas pruebas, aunque sea diferente el interés de unos y otros.

 El DEMANDADO podrá solicitar la acumulación de

procesos, siempre que concurran los siguientes requisitos:  Que el juez sea competente para conocer de ellos.  Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias. Y,  Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.  En los procesos laborales, en ningún caso procede la acumulación de procesos que cursen en distintos distritos judiciales

 Impedimentos

y recusaciones. Este incidente persigue que los procesos sean resueltos dentro de la mayor imparcialidad posible.  Las causales de impedimentos y recusaciones de jueces y magistrados, al igual que de los secretarios, están basadas principalmente en la amistad, la enemistad, el parentesco, etcétera, y están consagradas taxativamente en el Código de Procedimiento Civil.  Amparo de pobreza. Este incidente se concederá a quien no se halle en posibilidad de atender los gastos del proceso, sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando se pretenda hacer valer un derecho litigioso adquirido a título oneroso.

 El amparado por pobre no estará obligado a prestar

cauciones procesales ni a pagar expensas , honorarios de auxiliares de la justicia, u otros gastos de la actuación y no será condenado en costas.  Tacha de peritos y testigos. Son incidentes relativos a pruebas. Los peritos pueden ser recusados por las mismas causales de los jueces. Los testigos pueden ser tachados de sospechosos.  Interrupción y suspensión del proceso. Por el principio de la impulsión oficiosa, el proceso laboral no puede ser interrumpido ni suspendido, motivo por el cual este incidente no es de recibo en el procedimiento laboral.

 PROPOSICION Y SUSTANCIACION. De acuerdo con

el artículo 37 del Código Procesal del Trabajo, los incidentes sólo podrán proponerse en la primera (1ª) audiencia de trámite. Se sustanciarán sin interrumpir el curso del proceso y se decidirán en la sentencia definitiva, salvo aquellos que por su naturaleza o sus fines requieran una decisión previa.  No obstante los términos de la norma referida, ella podría ser violatoria del derecho de defensa, porque no es cierto que los incidentes sólo se podrán proponer en la primera (1ª) audiencia de trámite. También pueden proponerse en una audiencia posterior, si los hechos ocurrieron con posterioridad.

 La norma general es que los incidentes deben

resolverse antes de la sentencia, con excepción de la tacha de testigo, que es lo contrario a lo que dice la norma.  AUDIENCIA Y FALLO. Propuesto en tiempo un incidente, el juez, dentro de la misma audiencia resolverá si lo admite o rechaza. Si hubiere hechos que probar y no se hubieren presentado las pruebas en el acto, se señalará el día y la hora para una nueva audiencia, con el fin de practicar las pedidas y decretadas, y se decidirá allí mismo o en la sentencia, según corresponda.

NOTIFICACIONES  “Notificar” es aquel acto real o presunto por medio

del cual se pone en conocimiento de las partes, y en algunos casos de funcionarios públicos o de terceros, las decisiones que se dicten en un proceso judicial. Puede también entenderse como sinónimo de “informar” o “comunicar”.  La importancia de las notificaciones radica en que por norma general, ninguna decisión produce efectos antes de ser comunicada a quien interese.

 FORMAS

DE NOTIFICACION. Las formas de notificación de las providencias judiciales son, de manera general:  Personal.  En estrados.  Por estados  Por edicto. Y,  Por conducta concluyente.  A pesar de que el legislador quiso restringirlas en el caso del proceso laboral, a las personales, en estrados y por estados, lo cierto es que, por vacíos en el procedimiento laboral y por analogía, se acepta en este procedimiento la notificación por edicto y por conducta concluyente.

 NOTIFICACION PERSONAL. Es la notificación por

excelencia, la cual se practica así: el secretario, el notificador o quien la ley disponga, pondrá en conocimiento del interesado la providencia respectiva en cualquier día y hora, hábil o no. De ello se extenderá un acta en la que se expresará en letras la fecha en que se practique, el nombre del notificado y la providencia que se notifica; acta que deberá firmarse por éste y el empleado que haga la notificación. Si al notificador no se le permite tener acceso a quien deba ser notificado, por causa distinta de acto de autoridad, se procederá a entregarle un aviso a cualquier persona que se encuentre allí y manifieste que habita o trabaja en ese

lugar, en el cual se expresará el proceso de que se trata, la orden de comparecer y el objeto de la comparecencia, así como el lugar, fecha y hora en que deba surtirse la diligencia para la cual se cita o el término de que disponga para comparecer, según fuere el caso. El secretario deberá firmar el aviso.  La persona que reciba el aviso deberá firmar la copia que conserve el notificador, la cual se agregará al expediente; si se niega a hacerlo, se dejará constancia de ello.  El aviso se fijará en la puerta de acceso a dicho lugar, salvo que se impida, al notificador, fijarlo. La notificación se considerará efectuada al finalizar el día siguiente al de la fijación del aviso o a aquél en que debía hacerse ésta.

 Copia del aviso se remitirá a la misma dirección por

correo, de lo cual dejará constancia el secretario en el expediente.  En la misma fecha en que se practique la diligencia para la notificación personal, el notificador rendirá informe por escrito de los motivos que le hayan impedido efectuarla o dar cumplimiento a lo dispuesto anteriormente. Este informe se considerará rendido bajo juramento.  Cuando se trata de notificar el AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA o el que libra MANDAMIENTO EJECUTIVO, en el aviso se informará al demandado que debe concurrir al despacho judicial dentro de los

diez (10) días siguientes al de su fijación, para notificarle dicho auto y que se si no lo hace se le designará curador ad litem y se le emplazará. Si transcurre este término sin que el citado comparezca, el secretario dejará constancia de ello y se procederá al emplazamiento sin auto que lo ordene.  Cuando la notificación personal deba practicarse por comisionado, el comitente designará el curador ad litem y luego comisionará para los emplazamientos.  Este trámite es procedente en el procedimiento laboral cuando quien deba ser notificado no es hallado en la dirección que aparece en la demanda. Cuando se oculta para impedir la notificación, se deberá proceder

al emplazamiento conforme al artículo 29 del Código de Procesal del Trabajo.  Si el notificado no sabe, no puede o no quiere firmar, el notificador expresará esta circunstancia en el acta; el informe del notificador se considerará rendido bajo juramento, que se entenderá prestado con la firma del acta.  Al notificado no se le admitirán otras manifestaciones que la de asentimiento a lo resuelto, la convalidación de lo actuado, el nombramiento prevenido en la providencia y la interposición de los recursos del caso.  Los secretarios y notificadores sólo podrán hacer estas notificaciones dentro del territorio donde tiene competencia el juez a cuyo servicio se encuentran.

 La notificación que se haga a funcionarios públicos se

surtirá sin dejarles el expediente en su poder, salvo norma en contrario.  Cuando quien deba ser notificado personalmente se halle en otro lugar, la notificación se hará por juez comisionado. Si se encontrare en el exterior, se hará a través del cónsul colombiano o de una autoridad judicial del país, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores.  De conformidad con el artículo 41 del Código Procesal del Trabajo, deben notificarse personalmente los siguientes actos:

 Al demandado, la del auto que le confiere traslado de

la demanda y, en general, la que tenga por objeto hacerle saber la primera (1ª) providencia que se dicte.  La primera (1ª) que se haga a los empleados públicos en su carácter de tales.  La primera (1ª) que se haga a terceros; por ejemplo, en los casos de llamamiento en garantía.  El mandamiento de pago.  Al ejecutado, el auto que deniega el mandamiento de pago, cuando es apelado.  Notificaciones a las entidades públicas. La ley 446 de 1998 en su artículo 23 determinó que en todas las jurisdicciones y respecto a “entidades públicas” opera

una particular forma de notificación personal, tratándose del AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA. Tales entidades pueden ser del orden central como del descentralizado, ya desde el punto de vista territorial ora del funcional. El procedimiento es el siguiente:  Por regla general, el auto admisorio de la demanda que se dirija contra una entidad pública se notificará a su representante legal o a quien éste haya delegado esa función.  Si esas personas, por cualquier motivo, no pudieren recibir la notificación o no fuesen encontradas por el notificador judicial, aquélla se realizará mediante la

entrega que el mencionado empleado haga al servidor público que lo atienda o reciba, de copia auténtica de la demanda, sus anexos, del auto admisorio y del aviso de citación.  De estos hechos se debe dejar constancia en el expediente en diligencia que deben suscribir el notificador y quien reciba.  Las dos (2) posibilidades anteriores tendrán ocurrencia cuando el demandante haga uso de su derecho de solicitar que se adelante la notificación por medio de funcionario comisionado para cuando no se demanda en la sede de la demandada.

 Puede suceder también que la demanda se incoe en

lugar diferente a la sede de la entidad pública y el demandante no solicite notificarse el auto admisorio por medio de comisionado ubicado en ella. En este caso y siempre y cuando se trate de asuntos nacionales, mas no territoriales (departamentales, municipales, distritales) por cuanto éstos necesariamente deben cumplir los pasos señalados anteriormente, la notificación se cumplirá por medio del funcionario de la institución nacional demandada de mayor categoría en la seccional.  Si no existiere funcionario alguno que a nivel seccional cumpla las labores para la accionada, la notificación se consumará por medio del gobernador o el alcalde

correspondiente, quien so pena de caer en falta disciplinaria, deberá comunicar lo ocurrido, al día siguiente de la notificación, al representante legal de la demandada. En este caso, la notificación se tendrá por realizada cinco (5) días después de aquél en que se surtió la diligencia respectiva que deberá firmar el notificador y el respectivo funcionario.  NOTIFICACION EN ESTRADOS. El fundamento de este sistema se encuentra en el hecho de que la mayoría de los actos del proceso se practican dentro de la audiencia pública. Al autorizarse esta modalidad, se busca aligerar la notificación de las providencias que se dicten dentro de las audiencias. Se entenderán surtidos los efectos de estas notificaciones desde su pronunciamiento.

 Como el artículo 41 del Código Procesal del Trabajo

habla genéricamente de “providencias”, ha de entenderse entonces que comprende los autos de sustanciación, los autos interlocutorios y las sentencias.  El referido artículo tampoco distingue si la notificación en estrados tiene efectos tanto para las partes presentes en la audiencia, como para las ausentes de ella. Al respecto, cabe explicar lo siguiente: si el mismo artículo establece que por estados se notificarán los autos de sustanciación y los interlocutorios cuando no se hubiere notificado en estrados a las partes o a alguna de ellas, es forzoso

 deducir que si se trata de autos (no de sentencias)

dictados en audiencia, sólo opera la notificación en estrados para la parte que haya asistido a la audiencia.  Sobra advertir que si ambas partes concurren a la audiencia, por el sólo hecho de pronunciamiento del auto dentro de ella se surte la notificación en forma plena y no es necesario notificarlo por estados. Si asistió una, sola para la ausente debe acudirse a la notificación por estados.

NOTIFICACION POR ESTADOS  El “ESTADO” es una lista que elabora el secretario del

juzgado, la cual se fijará al día siguiente al del pronunciamiento del auto respectivo y permanecerá fijada un (1) día, vencido el cual se entenderán surtidos sus efectos.  En dicha lista debe constar:  La determinación de cada proceso por su clase (ordinario, especial, sumario).  Los nombres del demandante y el demandado o de las personas interesadas en el proceso o diligencia. Si

varias personas integran una parte, bastará la designación de la primera (1ª) de ellas, añadiendo la expresión “y otros”.  La fecha del auto.  La fecha del estado.  La firma del secretario.  El estado se fijará en un lugar visible de la secretaría y permanecerá allí durante las horas de trabajo del respectivo día.  De las notificaciones hechas por estados, el secretario dejará testimonio con su firma al pie de la providencia notificada.

 SE NOTIFICAN POR ESTADOS:  Los autos de sustanciación y los interlocutorios,

cuando no se hubieren efectuado en estrados a las partes o a alguna de ellas.  Las del primer (1er) auto de sustanciación que se dicte en la segunda (2ª) instancia y en casación, así como la del auto en que se cite a las partes para la primera (1ª) audiencia de cualquier instancia. Es entendido que sólo estas providencias podrán dictarse por fuera de audiencia.

NOTIFICACION POR EDICTO  El Código Procesal del Trabajo no consagra esta forma

de notificación. Pero por desarrollo jurisprudencial ha venido aplicándose para la SENTENCIA de casación y la de homologación.  En efecto, si no es posible proferir la sentencia dentro de audiencia, no puede hablarse de que quede notificada “en estrados”. El estado sólo está autorizado para la notificación de autos, no para las sentencias. Existiría entonces la posibilidad de notificarla personalmente, guardando las reglas generales del derecho procesal. Y si las partes acuden

voluntariamente, no cabe duda de que debe notificárseles personalmente. Pero puede suceder que una (1) de las partes o las dos (2) no concurran a la secretaría y como la providencia no adquiere firmeza hasta tanto sea notificada y el proceso no puede quedar indefinidamente paralizado, no hay otro remedio que proceder a la notificación por edicto, la cual debe hacerse conforme a lo dispuesto por la ley procesal civil.  El edicto deberá contener:  La palabra “edicto” en su parte superior.  La determinación del proceso de que se trata.  Los nombres del demandante y del demandado.

 La fecha de la sentencia.  La firma del secretario.  El edicto se fijará en lugar visible de la secretaría por

tres (3) días y en él anotará el secretario las fechas y horas de fijación y desfijación. El original se agregará al expediente y una copia se conservará en el archivo en orden riguroso de fechas.  La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

NOTIFICACION POR CONDUCTA CONCLUYENTE.  Se puede presentar cuando una parte o un tercero

manifiesta que conoce determinada providencia o la menciona en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia. Si queda constancia en el acta, se considerará notificada personalmente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la audiencia o diligencia .  La jurisprudencia considera que la simple presentación del poder no puede interpretarse como que el demandado se da por notificado por conducta concluyente del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, ya que la norma procesal civil exige que la parte manifieste que conoce la providencia de que se trata.