El Recurso De Proteccion

  • Uploaded by: Jonathan Alexis Cisternas Espinoza
  • 0
  • 0
  • January 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View El Recurso De Proteccion as PDF for free.

More details

  • Words: 3,699
  • Pages: 12
Loading documents preview...
EL RECURSO DE PROTECCION 1.- REGLAMENTACION. El recurso de protección se encuentra regulado en el art. 20 de la Constitución Política y en el Auto Acordado de 24 de Junio de 1992 de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales a que se refiere el art. 20 de la Constitución, publicado en el Diario Oficial de 27 de Junio de 1992, modificado por Autoacordados publicados en el Diario Oficial de 9 de Abril y 9 de Junio de 1998. Y su última modificación publicada en el Diario Oficial el 8 de junio del 2007. 2.- CONCEPTO. “Es la acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores, a fin de solicitarle que adopten inmediatamente las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección, frente a un acto u omisión arbitraria o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.” 3.- CARACTERISTICAS. A.- ES UNA ACCIÓN CONSTITUCIONAL Y NO UN RECURSO. El "recurso de protección" no tiene por objeto impugnar una resolución judicial dictada dentro de un determinado proceso, sino que requerirá que se ponga en movimiento la jurisdicción a fin de conocer una acción u omisión ilegal o arbitraria que importa una amenaza, perturbación o amenaza a uno de los derechos que el constituyente establece. Además, ella se encuentra contemplada en nuestra Carta Fundamental, por lo que ningún acto legislativo y administrativo o convencional puede conducir a su desconocimiento o limitación sin infringir el ordenamiento constitucional. B.- ES UNA ACCIÓN CAUTELAR AUTONOMA. A través del recurso de protección, se ejerce una acción cautelar constitucional, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho privado, amenazado o perturbado, otorgando la debida protección al afectado. 1

Dicho requerimiento no se efectúa para la resolución definitiva del conflicto, puesto que el recurso de protección siempre deja a salvo los demás derechos que pueden hacerse valer ante la autoridad a los tribunales correspondientes. En el art. 19 de nuestra Carta Fundamental se enumeran los diversos derechos constitucionales que gozan los habitantes de la República de Chile. En consecuencia, resulta un deber para el Estado el respetar y promover la vigencia de todos y cada uno de los derechos constitucionales que se contemplan, tanto en nuestra Carta Fundamental, como en los diversos tratados internacionales ratificados y que se encuentren vigentes en nuestro país. La naturaleza jurisdiccional del recurso de protección, debemos dejar constancia que en nuestro país, se ha señalado que la acción de protección es de origen cautelar, lo que se desprendería de lo establecido en la propia Carta Fundamental, al señalar que ella se encuentra dirigida a "asegurar la protección del afectado". Creemos que lo señalado es efectivo, en la medida en que entendamos que nos encontramos ante un proceso cautelar autónomo o principal, que no está dirigido a obtener una protección en espera de una sentencia definitiva como ocurre con aquellos procedimientos que se injertan en forma accesoria dentro de un procedimiento principal, como ocurre por ejemplo con las medidas precautorias y la prisión preventiva, la que siempre revisten por ello un carácter instrumental en relación con la sentencia definitiva que se espera pronunciar. C.- ES UNA ACCIÓN QUE ES CONOCIDA POR LOS TRIBUNALES EN USO DE SUS FACULTADES CONSERVADORAS. El recurso de protección es una acción que es conocida por los tribunales en uso de sus facultades conservadoras, puesto que tiene como objetivo la adopción de las medidas necesarias para restablecer el imperio de los derechos constitucionales establecidos en nuestra Carta Fundamental que le hubieren sido ilegal o arbitrariamente amenazados, perturbados o desconocidos al recurrente. D.- LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN SÓLO SIRVE PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS QUE LA CONSTITUCIÓN ESPECIFICAMENTE SEÑALA. Para la protección de los derechos constitucionales, con el carácter de cautelar, el constituyente establece los siguientes recursos: 2

a) El recurso de amparo, para proteger el derecho o la libertad personal y la seguridad individual consagrada en el art. 19 N° 7 de la C. P.R.; y b) El recurso de protección, para proteger los siguientes derechos establecidos en el art. 19 Nºs l, 2, 4, 5, 6, 9 inc final, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25 y 8. Si la acción u omisión arbitraria o ilegal no importa una amenaza, perturbación o privación de alguno de esos derechos, el recurso de protección deberá ser rechazado. E.- ES CONOCIDO EN SALA, EN PRIMERA INSTANCIA, POR LA CORTE DE APELACIONES Y EN SEGUNDA INSTANCIA, POR LA CORTE SUPREMA. F.- ES UN RECURSO INFORMAL, PUESTO QUE SE POSIBILITA SU INTERPOSICION NO SOLO POR EL AFECTADO, SINO QUE EN SU NOMBRE, POR CUALQUIER PERSONA CAPAZ DE PARECER EN JUICIO, AUN POR TELÉGRAFO O TÉLEX. G.TIENE PARA SU TRAMITACION CONTEMPLADO PROCEDIMIENTO CONCENTRADO E INQUISITIVO. H.- EL FORMAL, RECURSO DE LAS ANTE LA

UN

FALLO QUE LO RESUELVE PRODUCE COSA JUZGADA PUESTO QUE LAS MEDIDAS QUE SE ADOPTEN EN EL DE PROTECCION NO IMPIDEN EL EJERCICIO POSTERIOR ACCIONES PARA HACER VALER LOS DEMÁS DERECHOS AUTORIDAD O LOS TRIBUNALES CORRESPONDIENTES.

4.- CONTENIDO DE LA ACCION PROTECCION. La acción de protección protege sólo los derechos mencionados en el art. 20 del la Constitución Política del Estado. Se han excluido del recurso de protección los derechos que importan aspiraciones sociales y aquellos cuya atención están condicionadas a la capacidad económica del Estado en su momento determinado. 5.- SUJETO ACTIVO. El sujeto activo en el recurso de protección ("El que") comprende a las personas naturales y jurídicas y a entidades o grupos de personas que carecen de personalidad jurídica, como comunidades, asociaciones o agrupaciones. De acuerdo a lo previsto en el N° 2 del Autoacordado, "el recurso puede interponerse por el afectado o por cualquiera persona en su nombre, capaz 3

de parecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato especial". Debemos recordar que la exigencia del ius postulandi, esto es, de la constitución de patrocinio y/o poder no rige respecto de los recursos de amparo y protección de acuerdo a lo previsto en el inc. 11 del art. 2° de la Ley 18.120 sobre comparecencia en Juicio. 6.- SUJETO PASIVO. El recurso de protección es una acción autónoma, abstracta, pormenorizada manifestación del Derecho Constitucional de petición, que como consecuencia de la prohibición de autotutela impuesta en una sociedad jurídicamente organizada, se reconoce el individuo, dirigida al órgano jurisdiccional para estimular la actividad cautelar de la jurisdicción, por medio de la adopción de las providencias necesarias para realizar el imperio del Derecho y asegurar la debida protección al afectado y que se agota en el ejercicio. La acción de protección se dirige contra el Estado y frente al agresor si se le conoce. No es una pretensión hecha valer, no se persigue subordinar el interés ajeno al propio cual acontece ordinariamente. En el amparo de las garantías constitucionales sólo participan el Estado, vía órgano jurisdiccional y el afectado. No obstante, este criterio no ha sido siempre compartido por nuestra jurisprudencia, puesto que se han rechazado recursos de protección por no haber sido interpuesto en contra de la persona o autoridad causante del agravio; se ha resuelto que es necesario determinar con toda exactitud la persona del ofensor para acoger el recurso de protección; etc. La necesidad de determinar al agente de la acción ilegal o arbitraria se ha señalado que es tan paradojal, que "se antoja, como el médico que se niega a curar al herido por no saber quien lo lesionó" 7.- TRIBUNAL COMPETENTE. El tribunal competente para conocer en primera instancia es la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales" (art. 20 C.P.R. y N°1 A.A.) La Corte de Apelaciones conoce del recurso de protección en Sala y previa vista de la causa. En 2º instancia, el conocimiento del recurso de apelación en contra de la resolución que se pronuncia 4

acerca del recurso de protección corresponde a la Corte Suprema. En la Corte Suprema, la apelación en contra de la sentencia que se pronuncie acerca del recurso de protección se debe ver en cuenta. Excepcionalmente, procederá que la apelación se resuelva previa vista de la causa, en los casos siguientes: a.- Cuando la Sala lo estime conveniente; b.- Cuando se le solicite con fundamento plausible. En esos casos, procede que la Sala de la Corte Suprema ordene traer los autos en relación para oír los alegatos de los abogados de las partes, y deberá agregarse extraordinariamente el recurso a la tabla de la Tercera Sala o Sala Constitucional. 8.- PLAZO. El recurso de protección debe interponerse "dentro del plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución u ocurrencia de la omisión que causa privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de un derecho fundamental amparado por la acción constitucional” El plazo señalado se caracteriza por ser un plazo de días, continuo, legal, fatal, improrrogable, y no ampliable según la tabla de emplazamiento para contestar demandas del art. 259 del CºP.C. De acuerdo a lo establecido en ese precepto, en relación al instante a partir del cual comienza a computarse el plazo, se han distinguido las siguientes situaciones: a) Hecho Material. Se cuenta desde la ejecución del acto arbitrario. Si la perturbación es permanente, el acto se renueva y mantiene día a día, por lo que el plazo comienza a correr desde que se comete el último de ellos. b) Actos jurídicos que se ponen en conocimiento mediante su publicación o notificación. El plazo se cuenta desde la notificación o publicación. c) Actos jurídicos que no se notifican o publican. El plazo comienza a correr desde que el afectado tome conocimiento de ellos, lo que deberá acreditar.

5

9.- TRAMITACION DEL RECURSO DE PROTECCION. A.- TRAMITACION EN PRIMIERA INSTANCIA. 1. Presentación del recurso de protección. El recurso de protección no requiere mayor solemnidad en cuanto a la forma de presentación. De acuerdo a la previsto en el N° 1 del Autoacordado puede ser presentado "por escrito en papel simple y aún por telégrafo o télex". Los elementos que idealmente debería reunir el escrito en el cual, se presenta el recurso de protección son los siguientes: 1° La designación del tribunal ante quien se entabla, que será la Corte de Apelaciones respectiva; 2° La individualización del afectado y de la persona capaz de parecer en juicio que lo interporie en su nombre, aun cuando no tenga para ello mandato especial (N° 2 Autoacordado.) 3° La individualización del agente que ha realizado la acción o incurrido en la omisión ilegal o arbitraria si se supiere; 4° La indicación de los hechos que importen la acción u omisión arbitraria. 5° La forma como esos hechos importan perturbación o privación del derecho.

la

amenaza,

6° El derecho constitucional pertinente que se conculcado o perturbado en su legítimo ejercicio, y

ha

7° La indicación de las medidas que serían procedentes de adoptar por la Corte de Apelaciones para restablecer el imperio del derecho, las que en todo caso no revisten un carácter obligatorio para ellas. Además, en caso que respecto de un mismo acto u omisión se dedujeren dos o más recursos, aún por distintos afectados, y de los que corresponde conocer a una misma Corte de Apelaciones, se acumularán todos los recursos al que hubiere ingresado primero en el respectivo libro de la Secretaría del tribunal, formándose un sólo expediente para ser resueltos por una misma sentencia (N° 13 Autoacordado). 6

2.- Examen de Admisibilidad. De conformidad a lo previsto en la modificación introducida por el Auto Acordado de 9 de Junio de 1998, presentado el recurso el Tribunal examinará en cuenta si ha sido interpuesto en tiempo y con respecto a si si tiene fundamentos suficientes para acogerlo a tramitación, esto último fue modificado el 8 de junio del 2007 y solo en la actualidad se exige que se mencionen los hechos que puedan constituir una vulneración a algunos de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. 13. Informe a) Solicitud informe Interpuesto el recurso de protección y acogido éste a tramitación, la Corte de Apelaciones pedirá informe, por la vía que estime más rápida y efectiva a la persona o personas, funcionarios o autoridad que según el recurso o en concepto del Tribunal son los causantes del acto u omisión arbitraria o ilegal, que haya podido producir privación, perturbación o amenaza del libre ejercicio de los derechos que solicita proteger. (Autoacordado N° 3). Conjuntamente con el informe, se requerirá al obligado que remita al tribunal todos los antecedentes que existen en su poder sobre el asunto que haya motivado el recurso. b. Forma requerir el informe. Los oficios necesarios para el cumplimiento de las diligencias decretadas, entre los cuales se encuentra la petición de informe, se despacharán por comunicación directa, por correo o telegráficamente, a través de las oficinas del Estado o por intermedio de un Ministro de fe. c.- Plazo para informar. La Corte al requerir el informe, fijará un plazo breve y perentorio para que éste se emita. En la práctica, la Corte suele otorgar una breve prórroga respecto al plazo para informar cuando aquel a quien se ha requerido lo solicita haciendo valer antecedentes que lo justifican. En caso que no se evacuare el informe requerido, dentro del plazo señalado, la Corte de Apelaciones podrá imponer al renuente, oyéndolo o en su rebeldía, una o más de las sanciones que se establecen en el N° 15 del Autoacordado. 7

d. Forma del informe y efectos de éste. En el informe, deberá efectuarse una relación de todos los hechos conforme a la versión que de ellos posea el informante, remitiendo conjuntamente los antecedentes que le sirvan de fundamento. En la práctica, el informante procede en su informe no sólo a formular una relación de los hechos, sino que a efectuar su defensa, señalando todos los fundamentos en virtud de los cuales procedería rechazar el recurso por razones de admisibilidad o falta de requisitos de procedencia. Por el sólo hecho de informar no se transforma quien lo evacua en parte, sino que este deberá manifestar expresamente su intención en tal sentido de acuerdo con el N° 5 del Autoacordado. "Las personas, funcionarios u órganos del Estado afectados o recurridos, podrán hacerse parte en el recurso.” 4. Prueba en el recurso de protección. En el recurso de protección no existe un término probatorio, pero ello no impide que el recurrente como el afectado pueden rendirla desde la interposición hasta la vista de la causa. En el recurso de protección, dado el carácter concentradísimo de éste, sólo es procedente básicamente la rendición de prueba documental y de confesión espontánea, la que se contendría en el informe o en el escrito de presentación del recurso. Ello es sin perjuicio, que la Corte de Apelaciones para el mejor acierto del fallo pueda decretar todas las diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos (N° 5 Auto Acordado). La Corte apreciará de acuerdo con las reglas de la sana crítica los antecedentes que se acompañen al recurso y los demás que se agreguen durante su tramitación. (N° 5 Auto Acordado). 5. Orden de no innovar. En la actualidad, de acuerdo a lo previsto en el inciso final del N°3 del Auto Acordado, "el tribunal cuando lo juzgue conveniente para los fines del recurso, podrá decretar orden de no innovar”. En la especie, no se reglamentó mayormente la forma de conocerse la orden de no innovar y los efectos que genera su otorgarniento respecto de la posterior vista del recurso. 6. Agregación de la Causa en Tabla y Vista de la Causa. Recibido el informe y los antecedentes requeridos o sin ellos, el tribunal dispondrá traer los autos en 8

relación y ordenará agregar el recurso extraordinariamente a la Tabla del día subsiguiente, previo sorteo, en las Cortes de Apelaciones de más de una Sala. (N° 3 Autoacordado). Los alegatos tienen una duración de media hora ante ambos tribunales colegiados. 6. Fallo del recurso. La Corte de Apelaciones conociendo del recurso de protección puede: a. Acoger el recurso. La Corte de Apelaciones protección en la medida que:

acogerá

el

recurso

de

i) Este se hubiere interpuesto dentro del plazo ante el tribunal competente. ii) Se hubiere acreditado la existencia de una acción u omisión. iii) Se hubiere constatado que la acción u omisión es arbitraria o ilegal. iv) Se hubiere demostrado que la acción u ormisión importa una amenaza, perturbación o privación; y v) Se verifique que la acción u omisión afecta a uno de los derechos o garantías constitucionales que lo hacen precedente, cuya existencia pertenece al recurrente o a la persona por la cual éste recurre. En su resolución, la Corte deberá disponer las medidas que se requieran para dar la debida protección al afectado y restablecer el imperio del derecho que no necesariamente deben ser las solicitadas por el recurrente, puesto que el art. 20 de la C.P.R. entrega a la Corte de Apelaciones la adopción inmediata de las medidas que ella Juzgue necesarias. b.- Rechazar el recurso de protección. En la medida que no se acredite la existencia de alguno de los requisitos mencionados, la Corte de Apelaciones deberá rechazar el recurso de protección. Tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema, cuando lo estimen procedente, podrán imponer la condenación en costas de acuerdo a lo previsto en el N° 11 del Auto Acordado. El plazo para dictar la sentencia por los tribunales colegiados de primera y segunda instancia es dentro del quinto día hábil a contar desde que la causa quede en estado, salvo en las garantías N°s 1; 3 inc. 4, 12 y 13 del art. 19 en que el plazo es de dos días hábiles. ( N° 10 del Auto Acordado.) 9

La sentencia definitiva que se pronuncie por la Corte de Apelaciones será notificada por el Estado a la persona que hubiere deducido el recurso y a los recurridos que se hubieren hecho parte en él (N° 6 Auto Acordado). En contra de la sentencia que pronuncie la Corte de Apelaciones, ya sea que lo acoja, rechace o declare inadmisible, es procedente el recurso de apelación para ante la Corte Suprema (N°5 Auto Acordado). En el plazo de 5 días desde la notificación por el Estado de la sentencia que decide el recurso. En cuanto a la forma de interposición del recurso de apelación, la modificación introducida por al Auto Acordado de 9 de Junio de 1998, dispuso que ella deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formulen al Tribunal." "Si la apelación se interpusiese fuera de plazo o no es fundada o no contiene peticiones concretas el Tribunal la declarará inadmisible." ( N° 6 del Autoacordado) En contra de la sentencia que expide la Corte de Apelaciones fallando el recurso de protección no procederá el recurso de casación (N° 12 Auto Acordado). B. TRAMITACION EN SEGUNDA INSTANCIA Interpuesto el recurso de apelación y declarado éste admisible, deberán elevarse los autos a la Excma. Corte Suprema. Recibidos los autos en la Secretaría de la Corte Suprema, el Presidente del Tribunal ordenará dar cuenta preferente del recurso la Sala que correspondiere de acuerdo a la distribución geográfica que se ha efectuado entre ellas para su funcionamiento ordinario y extraordinario según la Corte de Apelaciones de la cual procede el recurso de apelación. Excepcionalmente, procederá que la apelación se resuelva previa vista de la causa y no en cuenta, en los casos siguientes: a.- Cuando la Sala lo estime conveniente; b.- Cuando se le solicite con fundamento plausible. La Corte Suprema para entrar al conocimiento del recurso o para el mejor acierto del fallo, podrá solicitar de cualquier autoridad o persona, los antecedentes que estime necesarios para la resolución del asunto. 10

Todas las notificaciones se efectuarán por el Estado Diario; salvo las que decreten diligencias las que cumplirán por oficio en la forma antes señalada. 10. EFECTOS Y CUMPLIMIENTO DEL FALLO. En relación con esta materia, es menester señalar que la sentencia que se pronuncia acerca del recurso de protección produce: A.- COSA JUZGADA SUBSTANCIAL. Produce cosa juzgada substancial respecto a los recursos de protección que con posterioridad pudieren deducirse basados en los mismos hechos por el titular de un derecho constitucional de los que establece la Constitución Política del Estado. B.- COSA JUZGADA FORMAL. Dado el carácter de emergencia que reviste el recurso de protección, que persigue sólo restablecer el imperio del derecho que ha sido afectado con carácter cautelar; el fallo de éste no impide que con posterioridad se ejerzan diversas acciones a través de los procedimientos ordinarios para el acabado y lato conocimiento y resolución del asunto. El cumplimiento del fallo del recurso de protección procede una vez firme el fallo de primera instancia por haber transcurrido el plazo para interponer el recurso de apelación, sin que este se hubiere deducido o dictado sentencia por la Corte Suprema fallando la apelación que se hubiere interpuesto. Para tal efecto, se transcribirá por la Corte de Apelaciones lo resuelto a la persona, funcionaria o autoridad cuyas actuaciones hubieren motivado el recurso de protección, por oficio directo o telegráficamente si el caso así lo requiere (Autoacordado N° 14). Si la persona, el funcionario o el representante o jefe del órgano del Estado, ya tenga éste la calidad de titular u otra, no diere cumplimiento a la sentencia dentro de los plazos que la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema ordenare, podrán éstos imponer al renuente, oyéndolo o en su rebeldía, alguno o alguna de las siguientes medidas: a) Amonestación privada; b) Censura por escrito; c) Multa o beneficio fiscal que no sea inferior a una unidad tributaria mensual ni exceda de cinco unidades tributarias mensuales y d) Suspensión funciones hasta 4 meses, tiempo durante el cual el funcionario gozará de medio sueldo. Además de la 11

responsabilidad penal en que pudieran incurrir dichas personas (N° 15 Auto Acordado).

12

Related Documents


More Documents from "Elvis Aroapaza Asqui"

El Recurso De Proteccion
January 2021 1
February 2021 3
January 2021 2
Sgs
February 2021 3
Interes Simple
March 2021 0