Ensayo Derecho Ambiental En El Marco Constitucional Y Legal Venezolano.docx

UNIVERSIDAD YACAMBÚ VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO DOCTORADO EN GERENCIA

DERECHO AMBIENTAL EN EL MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL VENEZOLANO

El tema ambiental en el mundo, ha adquirido significativa importancia precisamente en el momento en que las teorías del desarrollo prevaleciente a principio y mediado del siglo XX no consideraban al ambiente como factor de relevancia para que los países alcanzaran su desarrollo. Entre algunas teorías sobre el desarrollo se destacan, la del libre comercio de Adam Smith, teoría de la dependencia, teoría sobre la acumulación e industrialización, la visión política de Marx, las mismas se centraban en el aumento del capital físico y financiero, con acentuada subestimación de otra forma de capital como el natural y/o cultural. Ante la perspectiva de crecimiento y desarrollo adoptado por los países a nivel mundial, en el que el capital natural era poco relevante, surge el tema del desarrollo sustentable como una nueva alternativa, en donde se destacan temas proclives para ser analizados con profundidad, tales como: capital natural limitado, deterioro del ambiente por tecnologías inadecuadas, incremento de la pobreza y consideración de la ecología como una determinante para el desarrollo de los países. Es a partir de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano, celebrado en Estocolmo en 1972, en donde se pone de manifiesto la protección al ambiente. Estocolmo legitimó el ambiente como un tema de relaciones entre naciones y dio una dimensión más amplia de la Ley Internacional; sin embargo, es a partir de la 1ª Conferencia sobre ambiente y desarrollo de las Naciones Unidas, celebrada en Río de Janeiro en 1992, que se adopta la Agenda 21, documento detallado y contentivo de 40 capítulos que orienta o fija para todos los países las actividades que en materia ambiental deben cumplir para lograr alcanzar un desarrollo sustentable. La Organización de Naciones Unidas (ONU), reconoce el actual desarrollo del derecho ambiental, el cual está enfocado a funciones estratégicas que reflejan una realidad planetaria, expresa la voluntad política de los estados a la hora de firmar y

ratificar para contribuir a la preservación ecológica de la tierra, la vida y la especie humana, de tal forma de ser incorporados a las legislaciones internas que constituyen leyes para su cumplimiento obligatorio, Venezuela por su parte desde la perspectiva en el derecho ambiental, tomando en consideración que es por primera vez que el Estado Venezolano asume la obligación de garantizar a la población venezolana una mejor calidad de vida, para lo cual se deberán modificar las existentes leyes y sancionar otras normas que le permitan llevar a cabo una gestión ambiental exitosa en el cual la protección y preservación ambiental, sea el norte de la política ambiental venezolana. En relación a la Agenda 21, el Estado Venezolano antes de la Conferencia de Río venía desarrollando un trabajo exitoso en materia ambiental, tales como la creación en 1977 del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR), como un organismo público con políticas y acciones definidas en materia ambiental y de los recursos naturales, siendo por ello considerada como pionera en Latinoamérica, tal como lo afirma "Venezuela ha protegido sus bosques, su flora y su fauna, mejor que otros países tropicales. Fue pionera en la protección de las cuencas de los ríos y la creación de un organismo público de protección del entorno con la puesta en marcha del MARNR, en 1977". La evolución de las normas ambientales ha seguido diversas etapas. La primera, comprende los preceptos orientados en función de los usos de un recurso (riego, agua potable, navegación, etc.). La segunda, más evolucionada, encuadra la legislación en función de cada categoría o especie de recurso natural, coordinando los distintos usos (aguas, minerales, forestales, etc.). La tercera, orienta la normativa hacia el conjunto de los recursos naturales. Finalmente, la cuarta etapa toma en consideración el entorno como conjunto global y atiende a los ecosistemas. Esta última comprende las normas ambientales en sentido estricto. Estas etapas de la evolución legislativa, aunque sucesivas, no se excluyen unas a otras. El Derecho Ambiental se desarrolló como lógica respuesta a la necesidad de explotar los recursos naturales en un marco de racionalidad, aprovechamiento

sostenible y protección del ambiente. Su evolución ha sido rápida y progresiva, incorporándose paulatinamente en todas las ramas jurídicas y adquiriendo, a su vez, autonomía propia como disciplina vinculada con casi todas las ciencias. En Venezuela, la vocación ambiental ha sido evidente y reconocida a nivel latinoamericano, aun cuando la Constitución de la República de Venezuela no lo establecía como un derecho consagrado para los venezolanos; no obstante, esa vocación ambiental se hizo realidad con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en la cual se establecen por primera vez los derechos ambientales, los cuales textualmente expresan: Artículo 127. “Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y de mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado y la ley que se refiera a los principios bioéticas regulará la materia. Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”. Artículo 128. “El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento”. Artículo 129. “Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley

especial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas. En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que involucren los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultara alterado, en los términos que fije la ley." Estos artículos citados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresan de los deberes y derechos que debe tener la nueva generación de la población, con respectos a la protección del ambiente y su disfrute, así como también el deber que tiene el estado en relación a lo mismo, estos artículos constituyen una especie de declaración programática a favor de la conservación del ambiente y la diversidad biológica, la contaminación de nuestros espacios naturales a un ambiente libre de contaminación, donde estos sean especialmente protegidos. Así mismo, estos artículos definen una perspectiva en el derecho ambiental, tomando en consideración que es por primera vez que el Estado Venezolano asume la obligación de garantizar a la población venezolana una mejor calidad de vida, para lo cual se deberán modificar las existentes leyes y sancionar otras normas que le permitan llevar a cabo una gestión ambiental exitosa en el cual la protección y preservación ambiental, sea el norte de la política ambiental venezolana. Con relación al marco legal, es menester en este nuevo milenio que el Gobierno nacional haga cumplir las leyes inherentes al ambiente, tanto a nivel nacional, estatal y municipal; porque de nada sirve tener excelentes leyes ambientales y no se sancionan los delitos que cometen el propio Estado Venezolano y los entes privados en el desarrollo de sus actividades. Con respecto a la legislación ambiental comparada, en los ordenamientos jurídicos de los países de América Latina, se aprecia homogeneidad en cuanto a la consagración y desarrollo del derecho humano a un ambiente sano, a través de su

incorporación en los textos constitucionales y en leyes ambientales que incluyen pautas, principios y políticas de carácter general. Es preciso visualizar la importancia de la gestión ambiental como manejo de las actividades o conductas del hombre que influyen de manera relevante sobre el ambiente, haciendo énfasis en que la protección al ambiente no debe entenderse como función exclusiva del Estado, razón por la cual el derecho a la información y a la participación ciudadana es constitutivo del derecho a un ambiente sano. Po lo tanto, es preciso armonizar la protección ambiental con el contexto socio económico y cultural de la población para que a la par de la educación ambiental se haga más aplicable y efectiva la ejecución de las normas jurídicas ambientales. En este sentido, el derecho ambiental como fuente e instrumento de la política ambiental debe estimular la función ciudadana de la gestión ambiental. Con la entrada en vigencia de la nueva Constitución se ha reconocido, al más alto nivel del ordenamiento jurídico interno, la existencia de un valor social y bien jurídico de trascendencia para la vida, cual es la protección del ambiente. Se ha dado cabida, sin margen de dudas, a un orden público ambiental que debe respetarse. Ha habido una inclusión explícita del derecho humano a la conservación ambiental, dentro del elenco de derechos fundamentales. La Ley Orgánica del Ambiente fue la primera ley creada en Venezuela en 1976, con el propósito de proteger al ambiente. Cualquier actividad que pueda causar algún daño al ambiente, está sujeta a control gubernamental a través del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, en el caso de actividades de energía, minería y producción de hidrocarburos el control es ejercido por el Ministerio de Energía y Minas. Esta primera ley fue derogada según publicación en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.833 del 22 de Diciembre de 2006. Los Decretos son actos del Poder Ejecutivo estableciendo normas que regulan temas contenidos en las leyes formales. Son decisiones con fuerza de ley adoptadas por el Ejecutivo Nacional.

El objetivo de cualquier decreto relacionado con el medio ambiente, es de controlar las actividades que afecten los recursos naturales renovables y de proveer lineamientos para definir los límites de contaminación aceptable. Existen muchas normativas y decretos que regulan la protección del medio ambiente, entre las más importantes se pueden mencionar: Ley Penal del Ambiente. Tiene por objeto tipificar como delitos, aquellos hechos que violen las disposiciones relativas a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y establece las sanciones penales correspondientes. Asimismo, determina las medidas precautelativas de restitución y de reparación a que haya lugar. Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 4.358 Extraordinario del 03 de enero de1992. Decreto No. 1.257 de fecha 13-03-96, por el cual se dictan las Normas sobre Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente. Ley Derogatoria de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio, del 22 de febrero de 2007. Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio publicada en la Gaceta Oficial N° 3.238 del 11 de agosto de 1983. Teniendo entre los objetivos, la protección del ambiente, y la conservación y racional aprovechamiento de las aguas, los suelos, el subsuelo, los recursos forestales y demás recursos naturales renovables y no renovables en función de la ordenación del territorio. Ley Orgánica de Ordenación Urbanística publicada en la Gaceta Oficial N° 33.868 del 16 de diciembre de 1987. Según el Art 1 esta Ley, tiene por objeto la ordenación del desarrollo urbanístico en todo el territorio nacional con el fin de procurar el crecimiento armónico de los centros poblados. El desarrollo urbanístico salvaguarda los recursos ambientales y la calidad de vida en los centros urbanos. En tal sentido, podemos apreciar que legislación ambiental venezolana prevé, dentro de sus principios rectores el principio precautorio, el principio de realidad, el principio de incorporación de la variable ambiental en la toma de decisiones, el

principio del nivel de acción más adecuado al espacio a proteger, el principio de participación, el principio "las autorizaciones administrativas se emiten sin perjuicio de los derechos de los terceros", el principio del mejor derecho del preocupante, el principio de objetivación de la responsabilidad, y el principio de cooperación internacional entre otros. Por tratarse el derecho a un ambiente sano de un derecho procedural debe fortalecerse el ejercicio de los derechos a la información, a la participación y al debido proceso, con criterio de equidad inter y transgeneracional. En materia de evaluación de impactos ambientales en Venezuela existe un excelente sistema de gestión territorial, pero se ha vuelto mucho más rígida la aplicación de los planes de ocupación territorial. Los planes de supervisión ambiental deben determinar las actividades que se van a supervisar y las medidas a aplicar, contemplando programas de seguimiento y mecanismos de control. En cuanto a infracciones y delitos ambientales, Venezuela se encuentra en los actuales momentos llevando a cabo una reforma en materia Penal Ambiental, mediante la creación del Código Orgánico del Ambiente, caracterizada entre otras cosas por la multiplicación de tipos penales e infracciones administrativas sin que exista una vinculación evidente entre esta proliferación típica y una política criminal razonada, énfasis en la responsabilidad penal de las personas jurídicas con ampliación de las posibilidades de ser juzgadas sin que exista articulación de este aspecto sustantivo con la normativa procesal vigente, existencia de normas que afectan el principio de legalidad y la seguridad jurídica, como por ejemplo, la posibilidad de la existencia del doble reenvío y la amplia discrecionalidad judicial al momento de aplicar las penas, la exuberancia típica aunada a la responsabilidad corporativa envía un mensaje de severidad al mundo empresarial que en nada contribuye a la creación de una conciencia ambiental en Venezuela o al resguardo del medio ambiente y que, por el contrario, puede tener consecuencias indeseables con efectos que desbordan hacia la economía.

A pesar de la amplia legislación ambiental que existe en Venezuela se hace imprescindible que el Estado venezolano defina una política pública en materia de diversidad biológica, para instrumentar el conjunto de normas y herramientas jurídicas que existen en el ámbito de lo ambiental en general y de la biodiversidad en particular. La ley deberá definir y concretar los mecanismos de participación en materia ambiental. Existen disposiciones constitucionales y legales que prohíben el daño indiscriminado al medio ambiente. Estas disposiciones están fundamentadas en las evidencias científicas existentes en la actualidad y que demuestran como de manera progresiva cada uno de nosotros hemos contribuido a destruir lo que nuestro creador nos legó como hogar. Debemos recordar que no se trata de nuestro hogar solamente, sino el de nuestros hijos y el futuro de ellos depende de las acciones que tomemos en el presente para garantizarles un futuro más esperanzador. La indiferencia y la apatía hacia el tema ambiental, considero que debería ser lo principal a que debemos combatir, creando conciencia acerca de la magnitud del problema al que nos enfrentamos. En este sentido, es de gran importancia la toma de conciencia de la sociedad en general, sobre este grave problema, con el fin de contribuir al control de la contaminación de su medio ambiente, tomando las medidas necesarias para su protección. El estado es precisamente el responsable de esta protección ambiental, ya que es una garantía constitucional, por lo tanto, está obligado a preservar lo estableciendo un conjunto de leyes, e institutos que procuren el mantenimiento de políticas ambientales eficaces, con la finalidad de detener un poco el daño ambiental que se ha ocasionado al planeta. La protección al medio ambiente, se ha convertido en una preocupación que primero se presentó a nivel de los Organismos Internacionales, y poco a poco se ha

ido incorporando en tratados y convenciones internacionales, siendo retomado por el Derecho positivo de muchos países alrededor del mundo. La defensa del ambiente debe ser una responsabilidad compartida entre el ciudadano, la sociedad y el Estado; este último debe ser quien ejecute las políticas necesarias para la educación ambiental que genere una conciencia conservacionista a través de normas que regulen esta materia. El Gobierno venezolano, debe estudiar y analizar la trayectoria de nuestro país a lo largo de las tres últimas décadas, y reflexionar sobre su perspectiva ambiental en el contexto Latinoamericano y mundial, de tal forma que se alcance en el largo plazo el tan anhelado desarrollo sustentable.

FUENTES BIBLIOGRAFICAS

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.908 (Extraordinario), Febrero, 19, 1999. Ley Orgánica del Ambiente (2006). Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.833, Diciembre, 22, 2006. Ley Penal del Ambiente (1992). Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 4.358 (Extraordinario) Enero, 3, 1992. Normas sobre Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente. Decreto No. 1.257 Marzo, 13, 1996. Ley Derogatoria de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio. Febrero, 22, 2007. Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (1983). Gaceta Oficial N° 3.238. Agosto, 11,1983. Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (1987). Gaceta Oficial N° 33.868. Diciembre, 16, 1987

FUENTES ELECTRÓNICAS

Henrique, Meier. (2011). Introducción al Derecho Ambiental. [Documento en línea]. Caracas, Venezuela. Disponible: http://www.xiiiderechoambiental.eventos.usb.ve/sites/default/files/Introducci %C3%B3n%20al%20Derecho%20Ambiental_2.pdf [Consulta: 2015, octubre, 9] Derecho Ambiental en el Marco Constitucional y Legal Venezolano (2001). Revista de la Procuraduría General de la República. Caracas, Venezuela. [Documento en línea] Disponible: http://boards5.melodysoft.com/gerenciasustentable/resumen-iiiderecho-ambiental-en-10.html [Consulta: 2015, octubre, 9]