Historia Del Derecho Administrativo

HISTORIA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

Actualmente resulta menester conocer, analizar y racionalizar los acontecimientos que permitieron el surgimiento de aquel objeto que pretendemos estudiar, ya que con base en dichos hechos podremos comprender su razón de ser, e importancia en el presente y, además, éste proceso histórico arroja datos útiles que se deben tener en cuenta para el perfeccionamiento de nuestro objeto de estudio atendiendo a las necesidades actuales; Así pues, antes de iniciar el estudio del derecho administrativo es esencial realizar un recuento sobre los diversos factores que han dado origen a ésta rama del derecho. Los primeros antecedentes que vislumbraron la concepción del derecho administrativo se presentaron en la época de la monarquía, ya que en ese periodo existían algunos tribunales especializados en cuestiones administrativas; pero no se puede concebir la presencia del derecho administrativo allí debido que las actividades que ostentaban éstos organismos se encontraban sometidas al principio de “la soberanía del monarca” del cual hizo énfasis Luis XIV en su célebre frase “El Estado soy yo”, la cual quiere traducir que los intereses del Estado estaban sobre el monarca, lo que conllevaría a que dichos tribunales defenderían a la administración ya que los intereses de ésta eran los del rey. Posterior a ésta etapa se presenta un suceso histórico conocido como la “Revolución Francesa” de 1789, de la cual se derivan diversas consecuencias con impacto mundial entre las cuales encontramos la efectiva iniciación del derecho administrativo debido que la filosofía política y el concepto de Estado de Derecho fruto de dicha revolución constituyeron la fuente próxima de ésta rama del derecho, en el sentido de que éstos factores traducían la obligatoriedad de las normas jurídicas tanto para los gobernados como para los gobernantes y, en derivación de ello, las actividades administrativas se encontrarían sujetas a ciertas reglas jurídicas previamente establecidas las cuales deben de constituir un cuerpo sistematizado y ordenado que regulen la administración del Estado. Uno de los aportes más significativos de la revolución francesa fue la propuesta de la división del poder en 3 ramas separadas e independientes, cuya ideología llevó a pensar que los labores jurisdiccionales deberían ser ajenos a la administración, y por tal motivo se expidieron leyes que luego fueron elevadas al rango constitucional donde se les prohibía a los jueces entremeterse en las operaciones propias de dicha materia.

Asimismo, los ejecutores de las leyes atendiendo a la ideología de la revolución se percataron que ésta prohibición generaría graves inconvenientes ya que implicaba que la administración no tendría juez que juzgara su conducta, lo que conllevaría a la corrupción del sistema y a la arbitrariedad, lo cual iría en contravía con el principio de legalidad mediante el cual la administración debía de realizar las actividades que le competen bajo el marco jurídico estipulado. La solución que le dieron a éste conflicto fue la creación de la “administración-juez” mediante la cual, las reclamaciones contra la administración eran resueltas por ellas mismas, que fue complementada posteriormente con la creación de un órgano especial denominado “Consejo de Estado” el cual ostentaba 2 grandes facultades, la primera era de asesoría al ejecutivo en diversos aspectos, como redactar los proyectos de ley y solucionar las problemáticas que se despliegan en lo concerniente a la materia administrativa, y la segunda consistía en estudiar las reclamaciones que eran presentadas por los ciudadanos contra la administración del Estado y además, planteaba como solucionarlos. Remitiéndonos a la historia podemos constatar que el Consejo de Estado ha tenido una evolución lenta pero gradual, y en un momento dado de su crecimiento llegó a considerarse que en la práctica quien administraba justicia era éste órgano debido que el jefe ejecutivo únicamente se limitaba a adoptar aquellas soluciones que le brindaba ésta institución a pesar de tener el poder para alejarse de aquel consejo jurídico; Ésta situación ocasionó el reconocimiento legal del carácter jurisdiccional especial del Consejo de Estado en 1872, es decir, que éste órgano sería concebido como juez de la administración, pero a raíz de su propiedad “especial” y no “general” únicamente podría conocer de aquellos casos que la ley estipule, mientras que los restantes se encontraban sometidos a la disposición del sistema de la “administración-juez” Mediante el fallo Cadot de 1889 el Consejo de Estado demostró el poder jurídico que había ido adquiriendo en el transcurso del tiempo, lo cual concluyó con el otorgamiento de las competencias generales en materia de litigios de la administración. En cuanto a las normas sobre las cuales debe regirse la administración, el fallo Blanco de 1873 declaró que deben ser especiales, es decir, diferentes a las aplicables en las relaciones entre particulares, lo cual con otras palabras constituye la base de la existencia del derecho administrativo y por tal razón es considerado históricamente como el fallo que fue precursor de la creación de un área del derecho público autónoma como lo es ésta rama.

Ulterior a los fallos previamente mencionados el Consejo de Estado fue instituyendo sucesivamente los principios especiales aplicables al campo administrativo y de tal forma fue consolidándose y definiéndose la noción que hoy en día se tiene del derecho administrativo. En conclusión, podemos afirmar por lo expresado anteriormente que Francia es históricamente el pionero del derecho administrativo y también de los principios aplicables a éste; y con respecto a su evolución, éste campo del derecho ha tenido una formación parsimoniosa pero continua durante el transcurso del siglo XIX, pero posteriormente, en el siglo XX su crecimiento fue sustancialmente perceptible debido a la ampliación de su campo de acción, la cual depende proporcionalmente del intervencionismo estatal, que pasó de ser limitada por la ley a ilimitada en asuntos de litigios de la administración gracias a un fallo primordial para su crecimiento jurídico.

HUGO ANDRÉS HERNÁNDEZ ORTEGA GRUPO #2