Modelo De Demanda De Habeas Corpus

EXPEDIENTE

:

SECRETARIO: SUMILLA:

Demanda

de

Habeas

Corpus SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO PENAL DE LA CIUDAD DE TRUJILLO FRANCISCO

BURGA

MALCA

identificado con DNI N° 16794291, con domicilio real en los Laureles N° 458, departamento N° 207 Urbanización California Trujillo departamento de La Libertad

y

señalando

CASILLA

ELECTRÓNICA N° 16172); a Ud., digo: I.

PETITORIO:

De conformidad con lo dispuesto en et artículo 200, inciso 1, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 2º, 25º, 26º, 27º y 28º del Código Procesal Constitucional, interpongo demanda de HÁBEAS CORPUS en favor de don FRANCISCO ENRIQUE BURGA TOLEDO (en adelante el favorecido), contra la sentencia emitida por el segundo juzgado penal colegiado supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fecha 28 de agosto de 2017 (Expediente 03320-2011), y contra la sentencia emitida por la segunda Sala Penal de apelaciones Corte Superior de Justicia de Arequipa de fecha 27 de noviembre de 2017 (Expediente

03320-2011),

por

la

vulneración

de

derechos

constitucionales del favorecido referidos a la libertad, consagrado en el inciso 24 del artículo 2 de la Constitución, en conexidad con

el derecho al debido proceso, previsto en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, en los extremos referidos a: a) Derecho

a

la debida

motivación de

las

resoluciones

judiciales. b) Principio de interdicción de la arbitrariedad. En tal sentido, SOLICITO se declare FUNDADA LA PRESENTE DEMANDA DE HÁBEAS CORPUS, declarándose en consecuencia: a) La NULIDAD de la sentencia emitida por el segundo juzgado penal colegiado supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fecha 28 de agosto de 2017, (en adelante Sentencia de primera instancia); que condena al favorecido como coautor del delito de Homicidio Calificado. b) La NULIDAD de la sentencia emitida por la segunda Sala Penal de apelaciones Corte Superior de Justicia de Arequipa de fecha 27 de noviembre de 2017, (en adelante Sentencia de segunda instancia), que confirmó la sentencia de primera instancia que condena al favorecido como coautor del delito de Homicidio Calificado. II.

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO A. INFRACCIÓN A LA DEVIDA MOTIVACIÓN DE

LAS

RESOLUCIONES JUDICIALES 1. El contenido del derecho a la debida motivación queda garantizado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. b) Falta de motivación interna del razonamiento.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. d) La motivación insuficiente. e) La motivación sustancialmente incongruente. f) Motivaciones cualificadas. 2. La debida motivación de las resoluciones judiciales es una exigencia constitucional1, y cuando las decisiones judiciales se refieran a la restricción de derechos de personas, como el derecho a la libertad, éstas deben ser suficientemente motivadas; en consecuencia, la resolución judicial (sentencia) que ordena la medida de privación de la libertad exige ser fundamentada acorde con la norma constitucional y los requisitos que la ley establece. 3. Si la debida motivación es una exigencia constitucional, ésta tiene que verse como tal, más aún si se trata de la restricción de la libertad de una persona; en ese sentido en las cuestionadas sentencias se ha vulnerado dicho principio dado que no expresa claramente las condiciones de hecho y de derecho, asimismo no existe una ponderación judicial en torno a todos los hechos imputados y los medios actuados en juicio oral ya que no basta el simple engranaje de los hechos en la norma sino que debe existir una congruencia lógica basada, no solo en el vínculo hecho-norma, sino que estos sean indubitables y no dejen lugar a incógnitas y no sentenciar en base a versiones parecidas o detalles oportunistas conforme señala la sentencia de primera instancia, la misma que presenta una doble dimensión en el sentido que, señala “respecto a las contradicciones hechas por los testigos en juicio, esta no 1

Artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Perú

acredita la contradicción ni la rechaza de plano”2, sin embargo al momento de sentenciar toma como cierto lo dicho por los testigos sin tomar en cuenta las contradicciones en las que cayeron desde el inicio de las investigaciones, dando diversas declaraciones las mismas contradictorias entre sí. 4. En las sentencias cuestionadas se ha vulnerado el derecho a la debida motivación, dado que existe una incongruencia entre lo actuado en juicio y las sentencias emitidas ya que no existe un elemento contundente que sustente la participación del favorecido en el delito de homicidio calificado, estando únicamente basados en conjeturas y conclusiones subjetivas, como indicar que el motivo del homicidio fue el hecho de que el favorecido y su hermano haya sido echado del local Santo Restobar, no logrando acreditar cual es en realidad el móvil del crimen y al no lograr hacerlo se infiere que existe un desprecio por la vida y por ese simple hecho se tramo el asesinato de una persona a la cual nunca conoció el favorecido. 5. No estamos afirmando que no se hizo una correcta valoración de las pruebas o que se argumentó mal la condena, pues estos aspectos corresponden a la jurisdicción ordinaria, lo que afirmamos es que, tenemos como acreditar que al favorecido se le condeno mediante la infracción del derecho a la debida motivación. 6. Por otro lado, nos encontramos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica, esto debido a que, se sentencia como autor del delito de homicidio calificado al favorecido, sin embargo, no se ha logrado acreditar que el disparo haya salido del arma asignada al favorecido, ya que, de acuerdo con las pericias N° 208-2011; 210-2011 y 212-2011, se

2

Apartado 6.3.1 acápite b) sobre credibilidad de los testigos.

concluye que la pistola serie G24103-Z guarda relación con los casquillos y proyectiles encontrados en la escena del crimen, pero sin embargo estas pericias señalan que ésta arma no presenta signos de haber sido utilizada, asimismo no presenta signos de lubricante de limpieza (hechos que harían suponer una presunta alteración de la evidencia) y mucho menos se la acreditado que el favorecido haya sido el que efectuó los disparos, resulta sorprendente que de todos los testigos, únicamente el señor Charlie Roger Alejandro Cáceres reconoce que el favorecido conducía la camioneta, sin embargo en su relato señala que otra persona “saca la mitad de su cuerpo por la ventana y empieza a disparar. En ese momento salió Luis, Richard, Vania y pareja” es decir antes de que las victimas salieran éste comenzó a disparar, a simple vista observamos una falta de lógica en su relato, pero sin embargo para los jueces de primera y segunda instancia este relato es contundente, cuando carece de verosimilitud y lógica. 7. Asimismo, se señala que el favorecido es culpable del delito de homicidio calificado toda vez que “el acusado tuvo el arma que los peritos han determinado fue con la que se realizaron los disparos”, sin embargo, lo que la pericia señala es que hubo una relación entre los proyectiles encontrados en la escena del crimen con la pistola serie G24103-Z, no puede ser que los peritos

señalen

un

conjunto

de

hechos

que

no

son

completamente ciertos (existe una duda razonable) y en las cuestionadas sentencias, esto sea considerado como cien por ciento valido, no se ha señalado en ningún momento que tipo de relación existía entre el arma y los proyectiles, en ese sentido vale hacernos la pregunta ¿es lógico condenar a una persona porque existe una relación (no precisada) entre un proyectil encontrado en la escena del crimen y un arma que no presenta

signos de haber sido disparada? La respuesta es no, pues no sería lógico condenar a una persona por presunciones subjetivas,

como

las

encontradas

en

las

sentencias

cuestionadas. 8. Por otro lado las cuestionadas sentencias señalan que “…los disparos efectuados en contra de los agraviados, que causaron la muerte de uno de ellos, carecía de motivo directo…”, sin embargo en el considerando sexto sobre el análisis y valoración de la prueba se nota que tomaron como valido los testimonios de los testigos quienes manifiestan que el motivo habría sido el hecho de que presuntamente el favorecido conjuntamente con su hermano habría sido retirados del local denominado el “Santo Restobar” y que por esa razón cobraron venganza; en ese sentido nos encontramos frente a una incoherencia narrativa que se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de trasmitir de modo coherente las rezones en las que se apoya la decisión, más aun si en otra parte de la sentencia se señala que ese no era el motivo. 9. En el considerando 6.3.3.1 de la sentencia de primera instancia sobre el reconocimiento del imputado y su coautor hecho por los testigos presenciales, señala que “en audiencia varios testigos han hecho reconocimiento directo del acusado como partícipe del altercado en el Santo Restobar y dentro de la camioneta Nissan Frontier de donde salieron los disparos, esta; aquí nos encontramos frente a una falta de confrontación y análisis respecto de la validez de los testimonios, ya que resulta contradictorio, puesto que, varios de los testigos en audiencia solamente escucharon disparos y no vieron de donde salieron éstos,

lo

evidencian

la

incongruencia

motivación de las sentencias cuestionadas.

y

la

insuficiente

10.

¿entonces que sustenta la condena contra el favorecido?,

lo único que sustenta la condena es su condición de miembro de la Policía Nacional del Perú y propietario del arma, la pistola serie G24103-Z, pero una condición personal no sustenta o no es motivación suficiente para afirmar la condición de un delito y sostener lo contrario es ir en contra de los principios constitucionales del derecho penal, más aún si la pericia señala que dicha arma no presenta signos de haber sido disparada. 11.

Al favorecido no se le atribuye la comisión directa de un

hecho

jurídicamente

relevante,

lo

que

sustenta

la

responsabilidad penal según las sentencias que lo condenan es el hecho de haber sido echado del local Santo Restobar y presuntamente haber conducido la camioneta de donde salieron los disparos y para poder sostener esto se confeccionó una teoría ad hoc sobre la coautoría aplicable al caso del favorecido. 12.

Para poner en evidencia lo anteriormente dicho veamos

los hechos en concreto: el favorecido conjuntamente con su hermano fueron echados del local Santo Restobar y como represalia el favorecido condujo la camioneta Nissan Frontier, de la cual salieron los disparos que causaron la muerte de una persona ¿se podría acreditar que el móvil del crimen fue la venganza cuando los hechos suscedieron en otro lugar y con otras personas? la respuesta es no, porque puede equivocarse de persona o confundirla, pero no confundir un lugar, en ese sentido no se puede sostener automáticamente que el hecho de haber sido echado del local Santo Restobar para la comisión del delito por el cual el favorecido fue sentenciado de manera arbitraria y con una seria deficiencia de motivación jurídica, desafían las reglas de la lógica y la razón.

B. INFRACCION

ALPRINCIPIO

DE

INTERDICCION

DE

ARBITRARIEDAD “Al reconocerse en los artículos 3º y 43º de la Constitución Política del Perú el Estado Social y Democrático de Derecho, se ha incorporado el principio de interdicción o prohibición de todo poder ejercido en forma arbitraria e injusta. Este principio tiene un doble significado: (i) en un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho; (ii) en un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva, lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo”3 13.

Las sentencias cuestionadas realizan una valoración

contradictoria de los testigos, esto en el sentido que en un primer instante en la valoración de las testimoniales señalan que el móvil aparente seria el hecho de que el favorecido habría cobrado venganza por haber sido echado del santo Restobar, sin embargo, en el considerando 6.3.3.5 acápite a) señala que ese posible

motivo

resulta

deleznable

y

claramente

desproporcionado, este hecho constituye una arbitrariedad y un claro atropello del derecho a la debida motivación de las resoluciones que han quitado la libertad al favorecido mediante sentencias contrarias al derecho y a la lógica jurídica. III.

CONCLUSIONES

La acusación penal contra el favorecido por el delito de homicidio agravado por ferocidad y alevosía ha permitido que se

3

Exp. Nº 0090-2004-AA/TC

le imponga una condena de 35 años de pena privativa de libertad, cuyo proceso ha desencadenado en una sentencia carente de motivación y una clara vulneración al principio de interdicción de la arbitrariedad, toda vez que esta condena es incongruente y contradictoria pues no expone de manera clara y con lógica jurídica los fundamentos de hecho y de derecho que justifican tal decisión, y sin tomar en cuenta que el derecho a la motivación es un presupuesto fundamental para el adecuado y constitucional ejercicio del derecho a la tutela procesal efectiva; el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado sobre el derecho a la debida motivación, tal es el caso del expediente Nº 1230-2002-HC/TC, donde se precisó “que lo garantizado por el derecho es que la decisión expresada en el fallo o resolución sea consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica”. Asimismo, en la sentencia recaída en los Expedientes No 0791-2002-HC/TC y N° 1091-2002-HC/TC, se afirmó, entre otras cosas, que la motivación debe ser tanto suficiente (debe expresar por sí misma las condiciones que sirven para dictarla y mantenerla) como razonada (debe observar la ponderación judicial en torno a la concurrencia de todos los factores que justifiquen la adopción de esta medida cautelar)” situación que no ha ocurrido en las cuestionadas sentencias. Señor Juez Constitucional, no estamos ante la expresión de un galimatías judicial, mucho menos ante un debate teórico. Las sentencias condenatorias contra el favorecido son la expresión de vicios constitucionales, de serios defectos de motivación y de razonamientos arbitrarios que han afectado y siguen afectando su derecho a la libertad personal.

POR TODO LO EXPUESTO: Solícito a usted señor Juez se sirva ADMITIR a trámite la presente

demanda

y

en

su

oportunidad,

la DECLARE

FUNDADA y ordene la inmediata libertad del favorecido, conforme a nuestra Constitución Política y la Ley. PRIMER OTROSÍ DIGO: Que, de conformidad con el inciso 14 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, en ejercicio del derecho de defensa, se designa al señor abogado ANDY ROBERTO ROJAS GUEVARA identificado con registro CALL N° 8250, para que patrocine el presente Hábeas Corpus. SEGUNDO OTROSÍ OIGO: Fijo domicilio procesal en la casilla electrónica SINOE Nº 16172. TERCERO

OTROSÍ

DIGO: Adjunto

copia simple de

mi

Documento Nacional de Identidad (DNI). CUARTO OTROSÍ DIGO: Solicito se sirva oficiar a la Corte Superior de Justicia de Arequipa a efectos de que remitan copias certificadas de las sentencias de primera y segunda instancia emitidas en el Expediente 03320. 2011, si es que la presente judicatura lo considera necesario. QUINTO OTROSÍ DIGO: Adjuntamos copias suficientes para notificar a los magistrados emisores de las sentencias cuestionadas, así como al Procurador Público del Poder Judicial.

SEXTO OTROSÍ DIGO: Solicito al Juez constitucional que, declarada fundada esta demanda, exhorte al INPE para que trámite con la mayor celeridad la libertad del favorecido.

Trujillo, setiembre de 2018