Monografia De Recurso De Apelacion

UNIVERSIDAD NACIONAL “JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN” ESCUELA DE POST GRADO MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN: CIENCIA CIVIL Y COMERCIAL

MONOGRAFÍA TEMA

: RECURSOS DE APELACIÓN

CURSO

: DERECHO PROCESAL CIVIL

DOCENTE

: Mg. MARCOS SALAZAR CULANTRES

CICLO

: II

INTEGRANTES : CHERO HIJAR, JOSE LUIS

HUACHO – PERÚ 2014

2

INTRODUCCIÓN El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio los medios de impugnación y el análisis del recurso de apelación en el nuestro ordenamiento jurídico del Código Procesal Civil de nuestro país, a través de una valoración que más que conceptual, es práctica. Se examina el contenido funcional del recurso y su papel como requisito de procedibilidad para recurrir a otra instancia superior, porque debe tenerse presente que para interponer un recurso de apelación debemos de encontrar el error de derecho y de hecho en nuestra sentencia o auto, es menester del demandado agotar las instancias superiores cuando crea que está vulnerando sus derechos como persona, o a una injusta decisión del juez en su debido proceso, y tal requisito de apelación debe cumplir con la presentación y formalidad del caso, para que instancias superiores eviten admisibilidad o casos de improcedencia. Atendiendo al hecho de que en la doctrina de nuestro ordenamiento jurídico se encuentra conceptualizado los recursos de apelación, pero pocos autores cuestionan acerca de la utilidad práctica de dicho recurso y más aún, no realizan un estudio que arroje cifras concretas que sirva de respaldo a nuestro marco investigativo y que permita mejorar el procedimiento; nos dimos a la tarea de investigar la forma como se resuelve hoy, el recurso de apelación, mecanismos prácticos. Y es con base en los resultados obtenidos en nuestra investigación que ponemos en consideración el siguiente trabajo con sus respectivas conclusiones y aportes, para que sirva como documento de ayuda a nuestro demás maestritas. La exposición de los temas, divide el estudio en una parte general que enuncia conceptos básicos y otra especial que analiza y valora los resultados del trabajo de campo. La parte general inicia con la historia del recurso de apelación, capítulo primero que sirve para introducir el tema y para ubicar el origen mismo del recurso de apelación. Posteriormente, se trabajan los capítulos de la función, relevante en la medida en que los actos jurídicos son la expresión principal y concreta de ésta; el recurso de apelación como concepto y finalmente su tramitación en esta vía. 3

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………

03

ÍNDICE……………………………………………………………………………….………….

05

CAPITULO I ANTECEDENTES HISTÓRICOS 1. CONCEPTOS DE RECURSO DE APELACIÓN………………………………… 1.1 2.

07

OTRAS DEFINICIONES DE VALORES JURÍDICOS

09

LA TEORÍA PURA Y LA VALORACIÓN

10

JURÍDICA………………………….……..

10

3.

11

VALORES

JURÍDICOS…………………………………………………………………...

12

4.

14

4.1.

LA JUSTICIA …………………………………………………………………………….. DIVERSAS

ACEPCIONES

DE

LA

JUSTICIA………………………………………. 4.2.

PRINCIPALES

17

TEORÍAS

ACERCA

DE

LA

JUSTICIA……………………………. 4.3.

16

18 18

CLASIFICACIÓN

DE

JUSTICIA…………………………………………………

LA

19 20 20

4

22 22

5.

LA

SEGURIDAD……………………………………………………………………….….. 5.1. IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD………………………………………….… 5.2.

COMPONENTES

DE

LA

SEGURIDAD……………………………………………. 5.3.

LA

SEGURIDAD

Y

EL

ORDEN

JURIDICO

POSITIVO………………………….. 6.

EL BIEN

COMUN………………………………………………….…………………….……. 6.1. CARACTERES………………………………………………………………..…………. 6.2. JUSTICIA Y EL BIEN COMUN……………………………………………………… 6.3. EL CONTENIDO DEL BIEN DOMÚN…………………………………………….. 6.4.

DIVERSAS CATEGORIAS DE LOS BIENES QUE COMPRENDE FL

BJEN COMÚN………………………………………………………………………………....

23

CONCLUSION Y APORTACIONES………………………………………………………….

24

BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………………...

26

5

CAPITULO I 1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

1.1. DEFINICIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN La Apelación constituye el más importante recurso de los ordinarios, teniendo por fin la revisión por el órgano judicial superior de la sentencia o auto del inferior. Etimológicamente la palabra apelación deriva de la voz latina “appellatio” que quiere decir citación o llamamiento y cuya raíz es “apello”, “appellare”, habiendo conservado dicho origen en la mayoría de los idiomas. Así, en francés se dice “appel”, en ingles “Appeal”, en italiano “Apello”, en alem{n “Appellation”, en portugués “apellacao”. Acerca de este recurso Rafael GALLINAL, apunta que: “...por apelación, palabra que viene de la latina appellatio, llamamiento o reclamación, es un recurso ordinario que entabla el que se cree perjudicado o agraviado por la resolución de un juez o tribunal, para ante el superior, con el fin de que la revoque o reforme”.

A partir del momento en que la función de administrar justicia comenzó a ser entendida como una actividad humana, antes que obra de los dioses y sacrosantos monarcas, el reconocimiento de la existencia de un más o menos relevante margen de error en el resultado de los procedimientos judiciales, se constituyó en una preocupación constante para la inmensa mayoría de los ordenamientos procesales. Es claro que la regulación de los recursos y en especial el de la apelación, sufrió distintas transformaciones en el tiempo, vinculadas con sus efectos, con el órgano competente para entender de ella, con los vicios o defectos contra los que se la autorizaba, con el número de veces que podía deducirse en un mismo juicio y a las

6

consecuencias patrimoniales y personales muchas veces exorbitantes que se derivaban de su desestimación por el apelante derrotado. Así por ejemplo, CONSTANTINO, impuso al apelante vencido la condena “accesoria” al destierro por dos años y adem{s la de confiscación de la mitad de sus bienes; y al litigante pobre, la de dos años de trabajos forzados. En la actualidad, en mayor o menor medida, todos los sistemas procesales permiten la revisión de las resoluciones más importantes sea que el examen se realice mediante la apelación o por otro recurso de similar alcance y contenido. El recurso de apelación, típico acto jurídico procesal de parte, calificado como el más importante y usual de los recursos ordinarios propio del principio de pluralidad de instancias ha sido objeto de innumerables definiciones. Prestigiosos autores como: PALACIOS ENRIQUE, entienden que se trata: “remedio procesal encaminado a lograr que un órgano judicial jerárquicamente superior con respecto al que dictó una resolución que se estima injusta, la revoque o reforme total o parcialmente”, FALCON ENRIQUE, lo define como: “el medio de impugnación que tiene la parte para atacar las resoluciones judiciales, con el objeto de que el superior las revoque total o parcialmente por haber incurrido el juez a quo en un error de juzgamiento”. HINOSTROZA MINGUEZ, es: “aquel recurso ordinario y vertical o de alzada formulado por quien se considera agraviado con una resolución judicial (auto o sentencia) que adolece de vicio o error y encaminada a lograr que el órgano jurisdiccional superior en grado al que la emitió la revise y proceda a anularla o revocarla, ya sea total o parcialmente dictando otra en su

7

lugar u ordenando al Juez a quo, que expida una nueva resolución de acuerdo a los considerandos de la decisión emanada del órgano revisor”. AGUSTÍN COSTA, asevera que la apelación es: “...remedio procesal que tiene por objeto el control de la función judicial y se funda en una aspiración de mejor justicia, remedio por el cual se faculta al litigante agraviado por una sentencia o interlocutora, a requerir un nuevo pronunciamiento de un tribunal jerárquicamente superior para que, con el material reunido en primera instancia y el que restringidamente se aporte en la alzada, examine en todo o en parte la decisión impugnada como erróneamente por falsa apreciación de los hechos o equivocada aplicación o interpretación del derecho, y la reforme o revoque en la medida de lo solicitado”. Constituye uno de los recursos de mayor incidencia en nuestro sistema procedimental y el que más se invoca, aun cuando por la naturaleza misma del recurso algunas veces corresponda a otro (nulidad o queja). El recurso de Apelación, es probablemente el más popular de todos los recursos, tanto que en el lenguaje común se ha convertido en sinónimo de medio impugnatorio. Esto se debe a que, sin duda alguna, es el más importante y utilizado de todos los recursos. A mérito de este recurso, el Tribunal o Sala Superior que conoce de la impugnación, luego de reexaminar la resolución del juez de primera instancia, decidirá si Confirma, Revoca o Modifica dicha resolución. En tal sentido, el Juez ad quem corrige los errores y enmienda injusticias cometidas por el Juez ad quo y de este modo mitiga, en lo posible, las dudas de los litigantes. En cuanto a la materia o su contenido, la apelación constituye una revisión del juicio anterior. De tal manera por un lado se establece que el órgano jurisdiccional revisor examinará la resolución que es materia del recurso; sólo se pronunciará sobre lo que es objeto del recurso y no sobre otros aspectos del proceso.

8

1.2. RECURSO DE APELACIÓN EN LA HISTORIA A partir de la época posterior a la Revolución Francesa, se comienzan a perfilar dos diferentes sistemas de apelación que van a coexistir en el Derecho comparado hasta nuestros días: el de la revisión total de la primera instancia y el que sólo admite que se reexamine la sentencia. - El primero que proviene del Derecho romano, es el verdaderamente puro, según se dice y se introduce a través del Derecho Francés, en la mayoría de los países de Europa a excepción de Austria primero y luego de la misma Francia. Se trata del sistema que autoriza en la segunda instancia la revisión total del proceso, pudiendo incorporarse nuevas excepciones (o pretensiones en general) y nuevas pruebas. - El otro sistema opuesto es el de Austria, de Revisión solamente de la sentencia, es el que pasa a España y a través de ésta a nuestros países latinoamericanos Al sostenerse que la apelación constituye una “renovación del proceso”, es decir, como un medio para reparar los errores cometidos en la instancia anterior; se sustenta en el entendimiento de que el tribunal superior tiene amplitud de facultades, no sólo para revisar lo que es objeto del recurso, sino de toda la causa, bajo el criterio de que todos los asuntos deben pasar por las dos instancias y por lo tanto se admiten pruebas y formulación de excepciones. Por otro lado también se sostiene que el recurso de apelación no da lugar a un nuevo juicio (novum iudicium) sino a un nuevo examen, por lo que el tribunal superior se encuentra limitado por el material fáctico y probatorio incorporado en la primera instancia, para el análisis del acierto de la resolución recurrida sobre la base de una constatación que parte y concluye en ella misma. No obstante, ese material puede ser ampliado en ciertos supuestos, admitiéndose de esa manera la alegación de hechos sucedidos o conocidos con posterioridad al plazo concedido para la apertura a prueba en la instancia inferior, la agregación de documentos posteriores o anteriores, pero conocidos con posterioridad, la producción

9

de pruebas indebidamente denegadas o respecto de las cuales hubiese mediado una equivocada declaración de negligencia en la instancia anterior. El problema mayor que surge, en cuanto a esta materia de la apelación, precisa el maestro DEL VALLE RANDICH, es el relativo a si se trata de un nuevo examen de la instancia anterior o tan sólo a una comprobación de la resolución expedida en la instancia inferior, en el primer caso señala que se llama novum iudicium , para lo cual se permite, como se suele decir, en el derecho alem{n “una primera segunda instancia”. Se permite todo de nuevo, con la excepción de una nueva demanda, admitiéndose nuevas pruebas, mientras que para la segunda la resolución apelada en casilla la pronunciación o revisión, pues la limita a la de la primera instancia. La primera orientación, continúa el acotado maestro, ha tenido sus seguidores en la legislación europea, mientras que la América Latina se ha inclinado por la segunda tendencia, siguiendo los lineamientos de la escuela española. La apelación aparece, en la mayoría de los sistemas, sólo como una revisión de la sentencia y no la renovación de todo el juicio; se admite por una sola vez (suprimiéndose la tercera instancia, sustituida por la casación en la mayoría de los países) Y se proclama el principio dispositivo que lleva a la abolición de la regla de los comuni remedii, estableciéndose el principio de la personalidad de la apelación. Y la regla de limitación de los poderes del tribunal a lo apelado por las partes (expresión de agravios, escritos de sustentación de la apelación). Nuestro sistema y la doctrina no precisan a cuál de estas dos posiciones se allana. Nos inclinamos a favor de la primera y admitimos la posibilidad de admisión de determinados elementos probatorios o nuevas argumentaciones orales para sustentar el planteamiento de las partes, pero siempre relacionados con lo que es objeto del recurso. La segunda posición haría del órgano jurisdiccional superior un controlador de todo lo que ocurra en la tramitación de la causa cada vez que conozca de un incidente promovido dentro de aquella, cuando la oportunidad procesal se presenta cuando tome conocimiento del proceso principal.

10

En cuanto se atribuye carácter de superior jerárquico al órgano judicial encargado de resolver el recurso, SANTIAGO TAWIL Guido, eleva su voz de protesta, señalando que dicho carácter estaba justificada en sistemas políticos en los cuales la facultad de resolver los conflictos correspondía en definitiva al monarca dado su origen divino, tal concepción, sostiene, debe reputarse, hoy en día inadecuado. En efecto señala que: “la relación existente entre los tribunales de distinto grado no es propiamente jerárquica pues no existe poder de supremacía ni deber de subordinación entre unos y otros en el ámbito del ejercicio de la función materialmente jurisdiccional- basándose la revisión judicial por otro tribunal exclusivamente en un control técnico ideado por el legislador. Errónea juzgamos, pues la calificación comúnmente efectuado por nuestros tribunales respecto a sus pares de inferior o superior, ya que ella resulta incompatible con aquel principio fundamental en nuestra organización jurídico política en virtud del cual tan juez es un magistrado de primera instancia como cualquier integrante de la Corte Suprema de Justicia. Desconocer ello, podría implicar cercenar peligrosamente la necesaria independencia de los jueces, olvidando que la revisión de las decisiones judiciales traduce tan sólo un examen técnico-típico del sistema de doble instancia elegido por el legislador ajeno a la idea de supremacía, propia de la relación jer{rquica”. Otro tema trascendente sobre este recurso es el de los efectos, en que es concedido. Tradicionalmente, la judicatura nacional ha hecho suyo un criterio clasificatorio según el cual el recurso de Apelación se concede “en un solo Efecto” y en “doble efecto”. MONROY GÁLVEZ, explica que: “Con este tratamiento numérico de los efectos de la apelación se enseña que hay dos: La apelación con efecto devolutivo y con efecto suspensivo. El primero significa que sólo aquello que ha sido apelado va al superior, mientras tanto lo demás continúa su trámite ante el Juez inferior. El segundo, por oposición, significa que todo el proceso pasa al superior, quedando suspendida la competencia del Juez inferior, de allí su nombre”. Asimismo el citado autor añade que:

11

“ si el efecto devolutivo significa que la apelación ha sido concedida “en un solo efecto”, entonces el suspensivo significa que ha sido concedida “en doble efecto”. Pero si esto es así, estamos afirmando que cuando una apelación ha sido concedida en doble efecto, debemos entender que ha sido concedida en efecto suspensivo y ¡ también en efecto devolutivo!. Sin embargo advertimos, que tal situación es un imposible jurídico, un juez no puede tener suspendida su competencia y tener competencia a la vez. En consecuencia, los conceptos “Un solo o doble efecto” son irreales, inadecuados y engañosos”. Concluye MONROY GÁLVEZ, asegurando que: “este criterio defectuoso se origina, creemos, en el error de considerar que los efectos de la apelación están ligados a la competencia del juez inferior. Nos parece que la competencia del Juez inferior no está en cuestión durante la tramitación de una apelación, lo que si está en disputa es la eficacia de la resolución apelada”. Lo importante de todo esto, es que cuando se interpone un recurso de apelación debe tenerse en cuenta si la admisión y procedencia del recurso va a determinar que la resolución se cumpla o se suspenda en su ejecución. Esta disyuntiva depende del efecto con el que se ha concedido el recurso de Apelación. Si un recurso de apelación es concedido con efecto suspensivo significa que la resolución no deberá cumplirse de inmediato, debido a que está suspendida su eficacia hasta que se resuelva en definitiva por el superior. En cambio, si el recurso de apelación ha sido concedido sin efecto suspensivo, significa que, con prescindencia de la tramitación del recurso, la decisión contenida en la resolución apelada, tiene plena eficacia y puede exigirse su cumplimiento. Al momento de concederse la apelación, debe precisarse por el Juez el efecto con el que se concede. Sin embargo, si el Código o el Monroy Gálvez, ibidem Juez no expresaran nada al respecto, se entenderá que el recurso ha sido concedido sin efecto suspensivo; así lo dispone el segundo párrafo del art. 372 del Código Procesal Civil.

12

Se suspende la eficacia de la resolución impugnada, es decir, no debe cumplirse o ejecutarse hasta que se resuelva el recurso por el superior. Se concede en los casos que sentencias y autos que dan por concluido el CON EFECTO

proceso o impidan su continuación. El A quo no puede modificar la

SUSPENSIVO

situación existente, y el cumplimiento de su decisión se sujeta a lo que resuelva el superior. La

eficacia

de

la

resolución

impugnada se mantiene, es decir, debe cumplirse o ejecutarse a pesar del recurso inter-puesto. Si se

confirma

lo

decidido,

la

ejecución de la resolución dejará de ser provisional y se convertirá en una actuación procesal firme, si por el contrario, se revoca lo SIN EFECTO SUSPENSIVO

resuelto,

se

actuado,

anulará

todo

retrotrayéndose

proceso

al

lo el

estado

inmediatamente anterior a su expedición.

Con Calidad Diferida: Significa que el apelante no deberá realizar el trámite que implica la formación del incidente solicitando copias certificadas al especialista o secretario; ya que el proceso continúa como si no hubiera apelación. El trámite se reserva hasta que sea resuelta por el superior conjuntamente con la sentencia o con otra resolución que el Juez señale. Procede en los casos expresamente indicados en la ley. Sin Calidad Diferida: Significa que el apelante deberá

La

apelación solicitar copias certificadas de concedida sin efecto suspensivo determinadas piezas procesales al puede tener calidad diferida, en especialista o secretario de la causa virtud de la cual, el Juez ordena para formar el incidente o se reserve el trámite de esta cuadernillo de apelación, a fin de apelación, a fin de que sea que sea elevado al superior, para resuelta

por

Procede

en

el

superior que éste resuelva la apelación sin conjuntamente con la sentencia o afectar el trámite del expediente con otra resolución que él seña-le. principal. los

casos

expresamente señalados en la ley

13

1.3. CASOS PREVISTOS EXPRESAMENTE POR LA LEY a) En el procedimiento ordinario a.1.- En las cuestiones de prejudicialidad civil (art. 3º) a.2.- Contra el auto que desestima la solicitud de constitución en parte civil (art. 55º). a.3.- Contra el auto que resuelve la oposición a la constitución en parte civil (art. 56º). a.4.- Contra el auto que declara No Ha Lugar a abrir instrucción y contra el auto que resuelve devolver la denuncia por falta de requisito de procedibilidad (art. 77º). De lo que se infiere que el auto de resuelve abrir instrucción no es objeto de apelación, salvo algunos de sus extremos. a.5.- Contra las resoluciones que resuelvan incidentes (art. 90º) que pueden ser excepciones, cuestiones previas, prejudiciales y cualquier otra. a.6.- Contra el auto de embargo (art. 94º) a.7.- Contra el auto que resuelve prolongar la detención del inculpado (art. 148º del PCPP de 1995) a.8.- Contra el extremo del auto que resuelve la medida judicial de detención (art. 152º segundo párrafo del PCPP de 1995) a.9.- Contra el extremo del auto que dispone la comparecencia (art. 3º) a.10.- Contra el auto que resuelve la libertad provisional (art. 211º del PCPP de 1995 y art. 119º) b) En los procedimientos sumario y especiales b.1.- En el procedimiento sumario, contra la sentencia dictada por el Juez Penal. La ley establece que puede ser apelada en el acto mismo de su lectura o en el término de tres (3) días. Además agrega que las demás resoluciones que ponen fin a la instancia son apeladas dentro de dicho término (art. 7º del D. Leg. 124).

14

b.2.- En el procedimiento de querella (art. 314º). b.3.- En el procedimiento por faltas (art. 325º). 1.4. FUNDAMENTOS La institución de la apelación responde al principio fundamental del doble grado de jurisdicción, por el que la causa no está definitivamente terminada con la sentencia del primer Juez, sino que, a instancia de la parte condenada, debe recorrer un segundo estadio y sufrir un nuevo examen y una nueva decisión del Juez de apelación jerárquicamente superior al primero. La apelación, recuerda el maestro Couture, busca la Justicia, porque “el agravio es la injusticia, la ofensa, el perjuicio material y moral” El agravio supone la sucumbencia, el vencimiento, la insatisfacción total o parcial de cualquiera de las pretensiones, (principales o accesorias), oposiciones o simples peticiones formuladas en el proceso. El agravio o perjuicio es lo que mide el interés que se requiere como presupuesto para apelar. El cual debe ser actual y no eventual. CASARINO VITERBO, piensa con justa razón que: “...el recurso de apelación tiene fundamentos psicológicos y técnicos”. Psicológicos, porque es de la naturaleza humana rebelarse, alzarse, en contra de una solución que se estima injusta, y también el hecho de poner mayor cuidado en una labor que, se sabe de antemano, será revisada por una autoridad jerárquicamente superior; y técnicos, porque mediante la doble instancia, se consigue reparar los errores o las injusticias que pueden cometer los jueces inferiores, lográndose a la postre, una mejor y más eficiente administración de justicia. Es cierto que el fundamento reside en la aspiración de justicia, pero no lo es menos que este concepto importa una consideración subjetiva de acuerdo al fin que persigue quienes pretenden la revocación.

15

Obsérvese que desde la posición del impugnante, la búsqueda del derecho tiene como asiento la versión interesada de su calidad de parte procesal. La justicia para su ponderación personal tiene una coloración propia, que se desvirtúa si no es asistido de razón. Obviamente con el recurso no se persigue tutelar intereses individuales, aun cuando en los hechos sucede. En cambio al Estado le importa la perfección de la justicia y por esos admite la revisión de los actos no consentidos por las partes de un proceso. Esta es la verdadera dimensión del objeto. Como bien dice ALFREDO GOZAINI “la impugnación tiende a corregir la falibilidad del juzgador, y con ello, a lograr la eficacia del acto jurisdiccional”

1.5. CARACTERÍSTICAS El recurso de Apelación, se caracteriza por lo siguiente:  Es un recurso ordinario, devolutivo, suspensivo y no suspensivo.  Es un recurso ordinario, porque no se exigen causales especiales para su formulación y admisión.  Devolutivo entendido como puro y simple paso “de la cognición del procedimiento del juez a quo al juez ad quem”, se transfiere la cognitio causae a un juez de grado superior.  A criterio de CASARINO VITERBO, es un recurso por vía de reforma, o sea, es conocido por el Tribunal inmediatamente superior en grado jerárquico de aquel que pronunció la resolución recurrida.  Suspensivo en la medida en que algunas resoluciones (tratándose de sentencia o de auto que disponen la conclusión del proceso) quedan en suspenso su ejecución en tanto no sea resuelto el grado. Sin embargo últimamente en mayor número de resoluciones se concede la apelación sin efecto suspensivo ( Libertad Provisional, etc.). Su tramitación puede ser también diferida en las hipótesis expresamente establecidas en la ley ( Art.

16

221 Del C.de P.P87. apelación del auto de no ha lugar a Juicio oral y si ha lugar contra otros procesados)  Es

un

recurso

de

alzada,

pues

es

resuelto

por

el

órgano

jurisdiccional superior en grado a aquel que dictó la resolución recurrida.  Es un acto procesal sujeto a formalidades representadas por los requisitos de admisibilidad (como el pago de tasa judicial, presentación dentro del plazo de ley, etc.) y de procedencia (como la adecuación del recurso y la indicación del agravio así como del vicio o error que lo motiva).  Se presenta ante el Juez que emitió la resolución cuestionada y no directamente al superior jerárquico.  No

versa

sobre

cuestiones

nuevas

sino

que

está

referido

al

contenido de la resolución impugnada y a aquello que se debatió en el proceso.  Se dirige contra autos y sentencias siempre y cuando no haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada.  Procede por iniciativa de las partes o de los terceros legitimados.  Es un recurso

que

contiene intrínsecamente

la institución de la

nulidad, sólo si el vicio está referido a la formalidad de la resolución recurrida. 1.6. PROCEDENCIA El recurso de Apelación, procede contra las sentencias definitivas y también contra las interlocutorias o autos interlocutorios. A).- APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA

17

Como se sabe, mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes. DEVIS ECHANDIA, sostiene que: “toda sentencia, es una decisión y el resultado de un razonamiento o juicio del juez, en el cual existen las premisas y la conclusión. Pero al mismo tiempo contiene un mandato, pues tiene fuerza impositiva, ya que vincula y obliga. Es, por lo tanto, el instrumento para convertir la regla general contenida en la ley, en mandato concreto para el caso determinado...” Este recurso cuando está radicado en la sentencia, sostiene SAN MARTIN CASTRO, es el mecanismo procesal para conseguir el doble grado de jurisdicción (es el que configura la segunda instancia) a que hace referencia de modo amplio el art. 139.6 de la Constitución y desde una perspectiva más estricta los artículos 11 de la LOPJ y X del Título Preliminar del Código Procesal Civil. El recurso de apelación se encuentra específicamente previsto para las sentencias dictadas por los Jueces Especializados en lo Penal en los procedimientos sumarios o abreviados (Art. 7 del D.L. 124 y 305 del Código de 199189) y por los Jueces de Paz Letrados en los procedimientos por faltas (Art. 325 del Código de 1940, modificado por el Decreto Legislativo Nro. 126, y 389 del Código de 1991). En cuanto a la naturaleza del recurso, de apelación nacional contra las sentencias, es de puntualizar que en los dos códigos tiene la calidad de medio de gravamen y, por ende, buscan un nuevo conocimiento de la causa. En cambio, el modelo de apelación impuesto en el Proyecto de 1995, siguiendo la fuente española, tiene una naturaleza híbrida aunque más alineado a la naturaleza de medio de impugnación.

18

SAN MARTIN CASTRO, explica que: “El recurso de apelación regulado para ambos fallos produce el efecto devolutivo. También tiene efecto suspensivo. Sobre el particular, el art. 336 del Código del 91, señala que “salvo disposición contraria de la ley, la resolución impugnada mediante recurso se ejecuta provisionalmente, dictando las disposiciones pertinentes si el caso lo requiere”. Por su parte, el Art. 293 del Código de 1940, precisa que la interposición del recurso de nulidad lo que se hace extensivo al recurso de apelación- no impide que se cumpla la sentencia expedida por el Tribunal, salvo el caso de la pena de expatriación (las demás penas infamantes de privación de libertad resultan inaplicables con la entrada en vigor del nuevo Código Penal)”. El recurso de apelación se interpone ante el Juez que emitió el fallo cuestionado, su concesión está condicionado a que el apelante haya cumplido con los requisitos objetivos y subjetivos establecidos en la ley. La apelación debe interponerse por escrito y presentarse dentro del plazo de ley. El Art. 7 del D.Leg. 124 establece que la sentencia emitida por el Juez penal, es apelable en el acto mismo de la lectura o en el término de tres días y de un día para sentencias por faltas. En materia penal, este recurso de apelación, se puede interponer actualmente sin que el recurrente deba explicarlas razones por las cuales estima gravosa la resolución apelada. Le basta sólo con manifestar su voluntad de que la decisión sea íntegramente revisada por el superior. En este extremo, creemos con BERNAL CUELLAR Y MONTE ALEGRE LYNETT, Eduardo, que la sustentación del recurso está orientado a impedir la inútil dilación de los procesos y a exigir del recurrente que señala, así sea someramente, las razones que lo llevan a impugnar la decisión y debe entenderse como la enumeración en forma clara y precisa de los fundamentos del disenso. El Código del 91 establece en tres días para apelar tanto de las sentencias del Juez de Paz como del Juez Especializado en lo Penal; y debe precisarse el agravio, el

19

vicio o el error que la motiva, pudiendo diferirse la fundamentación hasta el momento de alegatos que se llevará a cabo ante el órgano judicial funcionalmente competente para conocer la alzada. La alzada es un segundo grado jurisdiccional del mismo juicio que se dilata en el tiempo, pero sin ampliarse su primitiva esencia y contenido jurídicos, y en la cual la sentencia recurrida juega un papel fundamental, cuyo control, en hecho y en derecho, corresponderá realizar al juez superior. A través del recurso de apelación se pone en conocimiento del superior jerárquico la cuestión que ha sido materia de la resolución recurrida. El carácter de examen de segundo grado, o de nuevo examen que la apelación tiene por propia definición conduce a excluir que ella puede confiarse al mismo juez que ha pronunciado la sentencia impugnada: y la razón de carácter exclusivamente práctica, es que aquel juez difícilmente estaría dispuesto a reconocer el propio error. El conocimiento del recurso de apelación por parte del inmediato superior en grado jerárquico, es una consecuencia legítima y natural de la organización judicial, a base de jerarquía o gradación de inferior a superior. Elevado el proceso principal al Juez a quem , el procedimiento recursal en el caso del procedimiento sumario o abreviado importa la vista fiscal. Emitida ésta, que debe realizarse dentro del término de ocho días si hay reo en cárcel y de veinte días si no lo hay, el órgano jurisdiccional debe poner en conocimiento de las partes el dictamen fiscal y vencido este trámite debe señalar día y hora para la vista de la causa, en la cual es posible el informe oral de éstas. Producida la vista con o sin informe oral, el Tribunal debe emitir sentencia dentro de los quince días siguientes (Art. 8 del D.Leg. 124). En razón de la naturaleza devolutiva de la apelación el Juez Ad quem adquiere la potestad de revocación de la resolución impugnada dentro del marco del recurso. Puede entonces el órgano judicial revisor confirmar la resolución o

20

revocarla en todo o en parte o anularla, siempre que ello no entrañe modificación de la resolución impugnada en perjuicio del apelante y en la medida que sólo él haya interpuesto el recurso. La actuación de pruebas no está expresamente permitida, salvo el caso de la prueba documental. El originario procedimiento sumario o abreviado del Decreto Ley 17110 facultaba al Tribunal, en decisión inimpugnable, a derivar el conocimiento de la causa en juicio oral, en cuya virtud era del todo posible actuar pruebas en segunda instancia, sin ningún tipo de limitación derivada del grado. El modelo del proyecto de 1995, permite la actuación de nueva prueba en supuestos taxativamente contemplados y, por lo tanto, concibe la realización de una vista de la causa o audiencia de segunda instancia. La apelación según MONROY CABRA :

“no se trata de un nuevo juicio sino de un nuevo examen, y por tanto, en la apelación sólo se puede fallar sobre lo que es materia del recurso. Pero es claro que al revisar la sentencia el tribunal o Juez de apelación extiende su examen a los hechos y al derecho, actuando respecto de ellos con plena jurisdicción y competencia”. Queda claro, que el recurso de apelación no da lugar a un nuevo juicio (novum iudicium) sino a un nuevo examen, por lo que el tribunal superior se encuentra limitado por el material fáctico y probatico incorporado en la primera instancia, para el análisis del acierto de la resolución recurrida, sobre la base de una constatación que parte y concluye en ella misma En consecuencia, sentencia VESCOVI : “El órgano de apelación sólo puede actuar dentro de las pretensiones de las partes y el material fáctico de la primera instancia, salvo la prueba en la segunda. No existe en nuestro sistema el “novum iudicium”. Sin embargo VESCOVI, advierte que :

21

“La limitación no alcanza ni a los fundamentos de derecho, que pueden variarse tanto por las partes, como por el tribunal (iura novit curia) ni tampoco a aquellas cuestiones que habiendo sido articuladas en la primera instancia no han sido consideradas por el juez a quo en la sentencia(...) Resulta importante esta precisión para que la afirmación de que la revisión de la segunda instancia lo es sólo de la sentencia judicial impugnada, no implica encerrar el objeto de la segunda instancia dentro de lo decidido por el a quo, ya que el contenido de la sentencia no puede limitar el de la apelación. Además, el tribunal puede analizar las pruebas y los hechos de la primera instancia, puesto que, si no, el vencedor que no apela (no lo puede hacer, pues carece de interés por no haber sufrido agravio) quedaría desamparado en algunos casos. La única duda que se plantea en estos casos es que a veces si el tribunal de segundo grado juzga una cuestión no resuelta por el Juez a quo (aunque dentro de las pretensiones deducidas), de ese modo se saltea una instancia, y por ello, a veces, más por razones prácticas que teóricas, se prefiere anular el fallo y reenviar la decisión al inferior”. Por la apelación, el superior jerárquico que conoce el grado, se encuentra circunscripto por lo que ha sido objeto de apelación y de agravios; y para el conocimiento de aquello a que está habilitado por la apelación, el ad quem está limitado por lo que ha sido sometido a decisión del juez de primera instancia. No puede conocer de las cuestiones definitivamente juzgadas, es decir, que ha quedado firmes al haber precluído la posibilidad de impugnación. Pero están sometidos implícitamente a su consideración las defensas y argumentos planteados oportunamente por el apelado en la instancia en grado, que han sido rechazados o no considerados por el a quo y de los que no pudo apelar el interesado por haberle resultado en definitiva favorable la resolución impugnada. LOUTAYF, respecto a la amplitud de la facultad del órgano jurisdiccional superior dice lo siguiente:

22

“Al tener el tribunal de alzada la plenitud de jurisdicción , al igual que el Juez de primera instancia, para conocer de aquello que fue sometido por la apelación, puede examinar lo que ha sido materia de apelación en todos los aspectos; es decir, asume competencia plena sobre todo el material litigioso”.

B).- APELACIÓN DE AUTOS: Conforme se ha mencionado el recurso de apelación procede tanto contra la sentencia final de una instancia del proceso como contra las resoluciones interlocutorias, que realizan la dirección del proceso. La impugnación de las resoluciones interlocutorias fue conocida desde la época del derecho germano, la misma que fue trasladada al derecho medioeval italiano, en el sentido de que todas las cuestiones derivadas de la tramitación del proceso, deberían ser consideradas como sentencias, ya sea en el sistema probatorio, carga o clase de pruebas a las que se les debía considerar como sentencias interlocutorias. El derecho romano consideraba como sentencias aquellas que desestimaban la acción. Nuestro ordenamiento ha considerado un sistema intermedio. Durante la investigación del proceso cabe la interposición de los medios de impugnación contra las resoluciones interlocutorias, pero este medio ya no se puede hacer valer durante el proceso oral. Durante la tramitación del proceso las apelaciones no interrumpen el normal desenvolvimiento del mismo, el que debe continuar y las diligencias que haga el Juez durante ese tiempo surten sus efectos legales hasta que el superior resuelva lo que crea a derecho. Durante el juicio oral no caben articulaciones ni recurso, sino los que expresamente conceden la ley. El Código de Procedimientos Penales de 1940, no

23

tiene una lista de resoluciones recurribles en apelación. Empero, SAN MARTIN CASTRO, siguiendo el modelo del procedimiento civil dice lo siguiente: “se entiende que son impugnables en apelación los autos, es decir, aquellas resoluciones que resuelven sobre el rechazo de la promoción de la acción penal (el subrrayado es nuestro), las formás de conclusión especial del proceso –cuestiones previas, excepciones y cuestiones prejudiciales, sobreseimiento- la admisión, improcedencia o modificación de las medidas limitativas de derechos, las “demás decisiones que requieran motivación para su pronunciamiento” (Art. 121, segundo párrafo), así como los autos que desestiman medios de prueba (art. 190 in fine del CPC)”. El proyecto de 1991, incluye los autos que declaran extinguida la acción penal o pongan fin al procedimiento o la instancia, así como aquellos que revoquen la condena condicional o la conversión de la pena (Arts. 340.2° y 341. 2°). El régimen de la apelabilidad objetiva, es, pues, en principio restrictivo y obliga a buscar la disposición que expresamente establezca como admisible el recurso de apelación. Sin embargo, pese a esta concepción limitativa de la procedencia de la apelación, el profesor SAN MARTIN CASTRO, hace notar que el artículo 343 del proyecto del 91 prescribe que “el recurso de apelación procede cuando,

sin

estar

específicamente

previsto,

deba

satisfacer

el

principio

constitucional de la instancia plural”, situación que posibilita la proliferación de impugnaciones en la fase sumarial, desnaturalizando su contenido, y que da a entender erróneamente que la instancia plural significa que toda decisión debe ser objeto de un recurso ordinario, cuando en puridad la alzada sólo procede frente a aquellas resoluciones que ocasionan a las partes un determinado gravamen irreparable. Es de tenerse en cuenta que de modo específico, el Código de Procedimientos Penales, prevé recurso de apelación expresamente en los siguientes casos:

24

A. Auto que declara no haber lugar a la apertura de instrucción, y contra el auto que resuelve devolver la denuncia por falta de requisito de procedibilidad (art. 77º). B. En las cuestiones de prejudicialidad civil (art. 3º) C. Contra el auto que desestima la solicitud de constitución en parte civil (art. 55º). D. Contra el auto que resuelve la oposición a la constitución en parte civil (art. 56º). E. Contra las resoluciones que resuelvan incidentes (art. 90º) que pueden ser excepciones, cuestiones previas, prejudiciales y cualquier otra. F. Contra el auto de embargo (art. 94º). G. Contra el auto que resuelve prolongar la detención del inculpado (art. 148º del PCPP de 1995) H. Contra el extremo del auto que resuelve la medida judicial de detención (art. 152º segundo párrafo del PCPP de 1995. I. Contra el extremo del auto que dispone la comparecencia (art. 3º). J.

Contra el auto que resuelve la libertad provisional (art. 211º del PCPP de 1995 y art. 119º).

K. En el procedimiento sumario, contra la sentencia dictada por el Juez Penal. La ley establece que puede ser apelada en el acto mismo de su lectura o en el término de tres (3) días. Además agrega que las demás resoluciones que ponen fin a la instancia son apeladas dentro de dicho término (art. 7º del D. Leg. 124). L).- En el procedimiento de querella (art. 314º). L. En el procedimiento por faltas (art. 325º)

25

1.7. LEGITIMACIÓN PARA RECURRIR a) La legitimación como requisito de admisibilidad de los recursos. El vocablo legitimación es empleado por numerosos autores aludiendo a los sujetos habilitados para la interposición de los diversos recursos que contemplan los ordenamientos procesales positivos. Y desde esta óptica, la legitimación constituye uno de los requisitos subjetivos de admisibilidad de los recursos, a la par del interés, la competencia del órgano y la personería del sujeto que interpone el remedio. En función del recaudo que nos ocupa, se admite sin disonancias que las partes se encuentran legitimadas para recurrir; los terceros extraños al proceso, sólo excepcionalmente.

b) Precisiones en torno de la legitimación para recurrir. El recurso de apelación, y los recursos en general constituyen actos procesales de impugnación destinados a rescindir, anular, complementar o modificar resoluciones judiciales; suponen un proceso ya iniciado y emanan de ciertos sujetos, distintos del órgano judicial, entre ellos, obviamente, las partes. Y parte es toda persona que en un proceso reclama en nombre propio, o en cuyo nombre se reclama la satisfacción de una pretensión, y aquélla frente a la cual se efectúa tal reclamo; es una noción ligada al proceso, que alude a quienes de hecho intervienen o figuran en la litis como sujeto activo o pasivo de la litis, con independencia de que se encuentren o no legitimados conforme el concepto suministrado en el capítulo anterior. Para demostrar la diferencia entre la legitimación procesal – requisito de admisibilidad de la acción – y la denominada legitimación para recurrir – recaudo de admisibilidad de recursos -, basta reparar que cuando una resolución judicial desestima la acción, declarando la falta de legitimación procesal de alguno de los sujetos, éste está habilitado para recurrir; de confundirse uno y otro concepto, la

26

parte afectada no estaría habilitada para impugnar la resolución que le niega legitimación. Desde luego, en la medida que se tenga en claro que la legitimación procesal – como requisito de admisibilidad de la acción – no guarda relación con la aptitud para interponer recursos, no vemos ningún inconveniente en denominar al recaudo de admisibilidad subjetivo que nos ocupa “legitimación para recurrir” Si bien el poder de recurrir concedido en abstracto a las partes como sujetos procesales, equivale a una capacidad procesal de contralor de las resoluciones jurisdiccionales, mirado en concreto ya no se presenta con la misma amplitud. La ley se encarga de ponerle límites para que su ejercicio no redunde en un entorpecimiento del proceso.

c) Otros requisitos de admisibilidad de los recursos. Interesa acá poner de relieve otros recaudos de admisibilidad, cuya consideración será indispensable para el desarrollo que nos proponemos. c.1. El interés procesal. Entre los requisitos subjetivos de admisibilidad de los recursos se encuentra el interés para recurrir; interés específico, determinado por el gravamen o perjuicio que la decisión recurrida ocasiona al recurrente. Y hay gravamen cuando media una diferencia perjudicial entre lo pedido por la parte y lo concedido por la resolución impugnada. Más, esta noción está ligada al concepto de parte. Bien puede suceder que una resolución judicial ocasione perjuicio a un tercero; es decir, a un sujeto que nada ha reclamado en el proceso y, a cuyo respecto tampoco se ha efectuado reclamo alguno. Por ello, en términos generales, el interés para recurrir se configura cuando un sujeto se encuentra en una situación más desfavorable de la que tenía antes del dictado de una resolución judicial. Ahora bien, en nuestro modo de ver, en función del examen de admisibilidad de los recursos, el interés para recurrir constituye el recaudo subjetivo

27

predominante. La calidad de parte no es suficiente a los fines de la admisibilidad de los recursos; es indispensable además que el sujeto ostente el interés específico para recurrir. Es evidente que si no existe interés, tal cual lo aprecia la Ley, la actividad impugnativa del sujeto carecería de un motivo que justifique una utilidad procesal y, como consecuencia, se entorpecería el normal desarrollo del proceso con una actividad inútil Resta añadir que se exige que ese interés sea directo. Con esta expresión se quiere significar el carácter procesal del interés, con abstracción de toda otra consideración meramente teórica, ética o doctrinaria.

c.2. El agravio. Principio de formalidad. Desde un punto de vista objetivo, para que exista un interés, la resolución que se ataca debe tener un contenido desfavorable para el impugnante, a los efectos del ordenamiento jurídico, concretamente, y no según su apreciación subjetiva. Es lo que se conoce por agravio o gravamen en el lenguaje procesal. El agravio se genera cuando una desventaja o perjuicio que provoca la resolución judicial que restringe un derecho o una libertad proviene de errores cometidos por el órgano. Y sabido es que los errores pueden ser inprocedendo, o de actividad, de juicio. A su turno, los primeros pueden afectar el trámite anterior al dictado de una resolución judicial o instalarse en ella; los segundos pueden cometerse en la determinación de los hechos, en la apreciación de la prueba, en la selección y valoración de las normas jurídicas o pueden consistir en meros errores materiales. Ahora bien, la demostración del agravio hace de la fundabilidad del recurso; pero como en materia recursiva rige el principio de formalidad, la elección del remedio idóneo en función del concreto error que se denuncia, concierne a la admisibilidad del recurso.

28

d. La legitimación para recurrir de terceros. Ya se adelantó que buena parte de la doctrina sostiene que, por principio, sólo las partes están habilitadas para interponer recursos; los terceros, excepcionalmente, si resultan perjudicados y no gozan de otra vía para reparar el gravamen En nuestro modo de ver, los terceros no plantean en materia recursiva un verdadero problema de legitimación y tampoco creemos que la facultad para recurrir sea excepcional; en todo caso, lo que escapa a la regla es que los terceros sufran perjuicios derivados de las resoluciones dictadas en un proceso al que resultan extraños. De ahí que toda la cuestión que suscitan los terceros se reduce a verificar si gozan de interés para impugnar y, en su caso, si concurren los restantes requisitos de admisibilidad comunes y específicos; fundamentalmente, si han acertado en la elección del medio de impugnación – principio de formalidad - en función de los agravios que en concreto formulen, lo cual, a la postre, depende de la regulación que hayan merecido los remedios de impugnación en cada ordenamiento positivo. Y desde esta óptica, podemos anticipar que la admisibilidad de los recursos son interpuestos por terceros no es residual.

1.8. QUIENES PUEDEN APELAR La ley no hace precisiones sobre los sujetos procesales que pueden interponer el recurso de apelación. La posibilidad es para todas los sujetos, con excepción del Juez, así:

a)

El imputado, pues de por medio están sus derechos afectados; la apelación puede ser interpuesto directamente o por su abogado defensor, según el acto y momento procesal (por ej., la notificación de un auto o la lectura de una sentencia en el procedimiento sumario; si el imputado tiene la condición de

29

ausente o contumaz, la posibilidad de apelar recae en el defensor).

b) El Ministerio Público.- Conforme ya se ha mencionado el Ministerio Público, tiene facultad impugnadora permanente por ser sujeto principal del proceso que actúa como perseguidor del delito y del delincuente, asi como ser el defensor de la legalidad, sin embargo su impugnación se halla sujeto a la formalidad que establece la ley para todos los intervinientes en un proceso. Puede apelar de las resoluciones que estime erróneas o injustas. Por ejemplo. contra el mandato de comparecencia, también puede impugnar el mandato de detención, los autos que resuelven las excepciones, cuestiones previas, prejudiciales, entre otras.

c)

La Parte Civil. El Código habla indistintamente de la víctima o del agraviado y de la Parte Civil. Sin embargo la diferencia existe y es necesario marcarla al darle participación efectiva en el proceso a quien tiene el más cierto interés en sus resultados. Para que la parte agraviada pueda participar en los actos del proceso e impugnar resoluciones es necesario que previamente se constituya como parte civil. No basta denunciar el hecho y considerarse agraviado con el delito, es necesario asumir expresamente la condición de parte civil y para ello es indispensable la solicitud escrita o verbal al Juzgado y la resolución expedida por el órgano jurisdiccional aceptando la solicitud.

d) El tercero Civil Desde el momento que es considerado como sujeto dentro del proceso penal tiene legitimación para actuar interponiendo el recurso de apelación en el extremo económico de la resolución judicial.

30

CAPÍTULO II 2. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN

2.1. INTERPOSICIÓN DEL RECURSO La interposición del recurso de apelación resulta ser la declaración expresa de voluntad de quien se siente perjudicado con alguna resolución dirigida a introducir el indicado medio impugnativo al proceso a fin de obtener la modificación de aquella. Dicho acto procesal de introducción del recurso, que adopta, por lo general, la forma, escrita, inicia, pues, el procedimiento de revisión de una resolución y se plantea ante el mismo órgano jurisdiccional que la expidió. En el recurso debe observar los requisitos de ley porque sino su interposición sería inútil al devenir en ineficaz dicho medio impugnatorio. El escrito que contiene un recurso de apelación debe comprender el pedido claro y expreso de revocación y/o anulación de una resolución judicial, así como la fundamentación de hecho y de derecho correspondiente, a no ser que la resolución recurrida se trate de un auto expedido en una audiencia, en cuyo caso la apelación interpone de inmediato, su motivación las demás requisitos pueden ser cumplido el momento posterior y por escrito. La apelación contra las sentencias se interpone dentro del plazo previsto en cada vía procedimental, contando desde el día siguiente a su notificación:  En los procesos de cocimiento el plazo para apelar la sentencia de diez días.  En los procesos abreviados el plazo para apelar la sentencia de cinco días.  En los procesos sumarísimos el plazo para apelar la sentencia de tres días.  En los procesos ejecución el plazo para apelar la sentencia de cinco días.  En los procesos no contenciosos el plazo para apelar la resolución final es de tres días. La apelación contra los autos a ser concedida con efecto suspensivo o sin él se interpone dentro de los siguientes plazos:  Tres días auto es pronunciado fuera de audiencia.

31

 En la misma audiencia, si el auto fuera expedido por ella, pero su fundamentación y demás requisitos serán cumplidos en el mismo plazo que el acápite anterior.

2.2. ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DEL RECURSO Admisibilidad y procedencia del recurso de apelación suponen el cumplimiento de la cuestión de los requisitos legales por parte del impugnante que hacen posible el conocimiento de la cuestión de fondo formulada en el recurso por el órgano superior en grado, quien deberá decidir si resulta fundado o infundado, la admisibilidad y procedencia del recurso de apelación están sujetas a la observancia de determinados requisitos o presupuestos como son: el pago de la tasa judicial respectiva, su interposición dentro del plazo legal o impugnación, que es la resolución pueda ser objeto de apelación, que dicha resolución haya causado agravio al recurrente, que quien planteo el recurso se encuentre facultado para hacerlo, que el recurso esté debidamente fundamentado y que contenga la petición concreta de anulación o reforma en todo o en parte- de la resolución de la impugnada. El artículo 367 del código procesal civil señala al respecto que: “La apelación se interpone dentro del plazo legal ante el juez que expidió la resolución impugnada, acompañando el recibo de la tasa judicial respectiva cuando ésta fuera exigible. La apelación se interpone o adhesión que no acompañen el recibo de la tasa, se interpongan fuera del plazo, que no tengan fundamento o no precisen el agravio, serán de plano declaradas inadmisibles o improcedentes, según sea el caso. Para los fines a que se refiere el artículo 357 C.P.C., referido a los requisitos de admisibilidad de los medios impugnatorios, se ordenará que el recurrente subsane en un plazo no mayor de cinco días, la omisión o defecto que se pudiera advertir en el recibo de pago de la tasa respectiva en las cédulas de notificación, en la autorización del recurso por el letrado colegiado o en la firma del recurrente , si

32

tiene domicilio en la ciudad sede del órgano jurisdiccional que conoce de la apelación. De no subsanarse la omisión o defecto, se rechazará el recurso y será declarado inadmisible. Si el recurrente no tuviera domicilio procesal en la ciudad sede del órgano jurisdiccional que conoce de la apelación, tramitara la causa de manera regular y será el juez quien ordene la correspondiente subsanación del error. El superior también puede declarar inadmisible o improcedendente la apelación, si advierte que no se hayan cumplido los requisitos para su concesión. En este caso, además, declarará nulo el concesorio”.

2.3. CONCESIÓN DEL RECURSO Si el recurso de apelación reúne los requisitos de admisibilidad y procedencia exigidos por el ordenamiento jurídico procesal, el juez quo expedirá el auto que lo concede precisando su efecto. En la hipótesis de aquel rechace el medio impugnatorio interpuesto puede el juez ad quem conceder el recurso de apelación si declara fundado el recurso de queja correspondiente, dirigido precisamente a lograr el reexamen y posterior revocación de la resolución que se pronunció sobre inadmisibilidad o improcedencia de la apelación. v Efectos en que se concede el recurso El recurso de apelación puede ser concedido:  Con efecto suspensivo.  Sin efecto suspensivo.  Sin efecto suspensivo y con calidad de diferido. El artículo 368 del C.P.C. versa precisamente sobre los efectos del recurso de apelación, estableciendo así lo siguiente: “El recurso de apelación de concede: a) Con efecto suspensivo, por lo que la eficacia de la resolución recurrida queda suspendida hasta la notificación de la que ordena se cumpla lo dispuesto por el superior.

33

Sin perjuicio de la suspensión, el juez que expidió la resolución impugnada puede seguir conociendo las cuestiones que se tramitan en cuaderno aparte. Asimismo, puede, a pedido de parte y en decisión debidamente motivada, disponer medidas cautelares que eviten que la suspensión produzca agravio irreparable. b) Sin efecto suspensivo, por lo que la eficacia de la resolución impugnada se mantiene, incluso para el cumplimiento de ésta.” Al conceder la apelación, el juez precisará el efecto en que concede el recurso y si es diferida y preceptúa que: “Adem{s de los casos en que este código lo disponga, de oficio o a pedido de parte, el juez puede ordenar que se reserve el trámite de una apelación sin efecto suspensivo, a fin de que sea resuelta por el superior conjuntamente con la sentencia u otra resolución que el juez señale. La decisión motivada del juez es inimpugnable. La falta de apelación de la sentencia o de la resolución señala o de la resolución señalada por el juez determina la ineficacia de la apelación diferida”. Procede la apelación con efecto suspensivo contra las sentencias y autos que dan por concluido el proceso e impiden su continuación; y en los demás casos previstos en el C.P.C. advertiremos sin embargo, que en el caso de la sentencia expedida en el proceso sumarísimo de alimentos la apelación es concedida sin efectos suspensivos. Ello se desprende del primer párrafo del artículo 566 del código adjetivo el cual dispone que “la pensión de alimentos que fije la sentencia debe pagarse por periodo adelantado y se ejecuta aunque haya apelación. En este caso, se formar{ cuaderno separado<”. Las apelaciones sin efecto suspensivo proceden en los casos expresamente establecidos en la ley y en aquellos en que no procede la apelación con efecto suspensivo. Cuando el C.P.C. no haga referencia al efecto o calidad en que es apelable una resolución, ésta es sin efecto suspensivo y sin calidad de diferida.

34

Una vez concebida con efecto suspensivo la apelación contra la sentencia, se elevara el expediente dentro de un plazo no mayor de veinte días, contando desde la concesión del recurso, salvo disposición distinta del C.P.C., esta actividad es de responsabilidad del Auxiliar jurisdiccional. Apenas sea concebida con efecto suspensivo la apelación contra algún auto, el secretario del juzgado enviará el expediente al superior dentro de cinco días de concedida la apelación o la adhesión, en su caso, bajo responsabilidad. Concedida sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida la apelación contra algún auto, en la misma resolución concesoría el juez precisará a los actuados que deben ser enviados al superior, considerando los propuestos por el recurrente al apelar. Dentro del día de notificado el concesorio, la otra parte puede adherirse a la apelación y, de considerarlo, pedir al juez que agregue al cuaderno de apelación los actuados que estime conveniente, previo pago de la tasa respectiva. El auxiliar jurisdiccional, dentro de cinco días de notificador el concesorio, bajo responsabilidad, remitirá al superior, por facsímil u otro medio, copia completa y legible de las piezas indicadas por el juez, además del oficio de remisión firmado por éste, agregando el original al expediente principal, y dejando constancia de la fecha del envío. Así lo establece del artículo 377 primero, segundo y tercer párrafos del código procesal civil. El concesorio del recurso de apelación que fija un efecto distinto al solicitarlo por el recurrente puede ser impugnado través del recurso de queja a fin de que el superior jerárquico conceda el recurso, con el efecto pedido por el apelante. Ello de acuerdo a lo previsto en la parte final del artículo 401 del código procesal civil.

35

2.4. PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA El procedimiento de apelación en segunda instancia se desarrolla según el código procesal civil de la siguiente manera: -

El examen de concesorio por el juez ad quem

-

Recibido los actuados por el superior jerárquico, éste, al igual que el inferior en grado, puede declarar inadmisible o improcedente la apelación, si advierte que no se han cumplido los requisitos para su concesión. En este caso, además declarará nulo el concesorio.

2.4.1. Apelación de sentencias en los procesos de conocimiento y abreviados  En los procesos de conocimiento y abreviados, el superior conferirá traslado del escrito de apelación por un plazo de diez días.  Al contestar el traslado, la otra parte podrá adherirse al recurso, fundamentando sus agravios, de lo que se conferirá traslado al apelante por diez días.  Con la absolución a la otra parte o el apelante si hubo adhesión, el proceso queda expedito para ser resuelto, con la declaración del juez superior en tal sentido, señalando día y hora para la vista de la causal.  La designación de la fecha para la vista de la causa se notifica a las partes diez días antes de su realización.  Dentro del tercer día de notificada la fecha de la vista, el abogado que desee informar lo comunicará por escrito, indicando si la parte informará sobre hechos. La comunicación se considera aceptada por el solo hecho de su presentación, sin que se requiera citación complementaria. No se admite aplazamiento.  Contra la sentencia de segunda instancia sólo proceden el pedido de aclaración o corrección y el recurso de casación.

36

 Resuelta la apelación, se devolverá el expediente al juez de la demanda, dentro de diez días de notificada la resolución, bajo responsabilidad del auxiliar de justicia respectivo. 2.4.2. Apelación de sentencias en los procesos sumarísimos, de ejecución y no contenciosos  En el proceso sumarísimo, de ejecución y no contencioso el trámite de la apelación de sentencias se sujeta a lo dispuesto en el artículo 376 del código procesal civil, referido al plazo y tramite de la apelación de autos con efecto suspensivo.  Dentro de cinco días de recibido, el superior comunicará a las partes que los autos están expeditos par ser resueltos y señalará día y hora para la vista de la causa.  Es inadmisible la alegación de hechos nuevos.  La designación para la fecha para la vista de la causa se notifica a las partes con anticipación de cinco días.  Dentro del tercer día de notificada la fecha de la vista, el abogado que desee informar lo comunicará por escrito, indicando si la parte informará sobre hechos. La comunicación se considera aceptada por el solo hecho de su presentación, sin que requiera citación complementaria. No se admite aplazamiento. Es de subrayar que el proceso sumarísimo no preceden los informes sobre hechos, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 559 inciso 2.  La resolución definitiva se expedirá dentro de los cinco días siguientes a la vista de la causa.  Resuelta la apelación, se devolverá el expediente al juez de la demanda, dentro del diez días de notificada la resolución, bajo responsabilidad del auxiliar de justicia respectivo.

37

2.4.3. Apelación de autos con efecto suspensivo 

En toda clase de proceso, tratándose de apelación de autos con efecto suspensivo, dentro de cinco días de recibido, el superior comunicará a las partes que los autos están expeditos para ser resuelto y señalará día y hora para la vista de la causa.



Es inadmisible la alegación de hechos nuevos.



En los procesos de conocimiento y abreviado, la designación de la fecha para la vista de la causa se notifica a las partes diez días antes de su realización. En los demás procesos, se notifica con anticipación de cinco días.



Dentro del tercer día de notificada la fecha de la vista, el abogado que desee informar lo comunicará por escrito, indicando si la parte informará sobre hechos. La comunicación se considerará aceptada por el solo hecho de que su presentación, sin que se requiera citación complementaria. No te admite aplazamiento. En los procesos sumarísimos no proceden los informes sobre hechos, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 559 Inciso 2.



La resolución definitiva se expedirá dentro de los cinco días siguientes a la vista de la causa.

2.4.4. Apelación de autos sin efecto suspensivo 

En toda clase de proceso, tratándose de apelación de autos sin efecto suspensivo, una vez el cuaderno ante el superior, éste comunicará a las partes que los autos están expeditos para ser resueltos. En este trámite no procede informe oral, ni ninguna otra actividad procesal. Sin perjuicio de ello, el superior podrá de oficio citar a los abogados a fin que informen o correspondan sobre cuestiones específicas contenidas en la resolución apelada.

38



Resuelta la apelación, el secretario del superior notifica la resolución a las partes dentro del tercer día de expedida. En el mismo plazo, bajo responsabilidad, remite al juez de la demanda copia de lo resuelto, por facsímil o por el medio más rápido posible. El cuaderno de apelación con el original de la resolución respectiva, se conserva en el archivo del superior, devolviéndose con el principal sólo cuando se resuelva la apelación que ponga fin al proceso.

La prueba en segunda instancia La prueba en segunda instancia se encuentra regulada en el artículo 374 del código procesal civil, referidos a los medios probatorios en la apelación de sentencias, el cual preceptúa que: “Solo en los proceso de conocimiento y abreviados las partes y terceros legitimados pueden ofrecer medios probatorios en el escrito de formulación de la apelación o en la absolución de agravios, y únicamente en los siguientes casos: 

Cuando los medios probatorios este referidos a la concurrencia de hechos relevantes para el derecho o interés discutido, pero acaecidos después de concluida la etapa de postulación de proceso;



Cuando se traten de documentos expedidos con fecha posterior al inicio del proceso, o que comprobadamente no hayan podido conocer y obtener con anterioridad.

Es inimpugnable la resolución por la que el superior declara inadmisibles los medios probatorios ofrecidos. Si fueran admitidos, se fijara fecha para la audiencia respectiva, la que será dirigida por Juez menos antiguo, y la superior es un órgano colegiado”. El citado numeral es concordante 559 inciso 3 y 761 del código procesal civil que versan sobra la improcedencia del ofrecimiento de medios probatorios en

39

segunda instancia en los procesos sumarísimos y en los no contenciosos, respectivamente. La decisión de segunda instancia La decisión de la segunda instancia debe contener: a. La mención del lugar y fecha; b. La referencia a las partes del litigio; c. Las relaciones de las cuestiones que representan el objeto del procedimiento de revisión; d. La fundamentación del caso – fáctica y jurídica – respecto de lo que es materia del recurso y decisión adoptada; e. La solución expresa y precisa del recurso; f. El pronunciamiento sobre la condena en costas y costos; y g. La firma o firmas del juez o jueces que emiten la decisión de segunda instancia. El órgano judicial revisor al resolver no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que la otra parte también haya apelado o se haya adherido. Sin embargo, puede integrar la resolución apelada en la parte decisoria, sin la fundamentación aparece en la parte considerativa. Si la apelación fuese de un auto, la decisión de segunda instancia estará referida sólo a él y su tramitación, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 370 del código procesal civil. Hacemos notar que la nulidad o revocación de una resolución apelada sin efecto suspensivo, determina la ineficacia de todo lo actuado sobre el base de su vigencia debiendo el juez de la demanda precisar las actuaciones que queden sin efecto, atendiendo a lo resuelto por el superior. Contra las sentencias de segunda instancia solo preceden el pedido de aclaración o corrección y al recurso de casación, siempre que se cumplan los requisitos de

40

forma y fondo para su admisión. Ello de acuerdo a lo previsto en el artículo 378 del código procesal civil. Consentida la sentencia de segunda instancia que contiene un mandato y, devuelto el expediente al juez de la demanda, la sentencia adquiere la calidad de título de ejecución judicial, procediendo conforme a lo regulado en el capítulo V, título V de la sección quinta del código procesal civil. Por último, no podemos dejar de mencionar cuando la sentencia de segunda instancia confirma íntegramente la de primera, se condenara al apelante con las costas y costos. En lo demás, se fijara la condena en atención a los términos de la revocatoria y la conducta de las partes en segunda instancia. La condena en costas y costos, dicho sea, se establece por cada instancia, pero si la resolución de la segunda revocar la de primera, la parte vencida pagará las costas de ambas.

41

CONCLUSIONES Y APORTACIONES

Analizando nuestro ordenamiento jurídico hemos podido visualizar que los recursos de apelación son utilizados por alguien que alega haber sido lesionado por una sentencia, por ante la jurisdicción inmediatamente superior, que procura reformar, revocar o anular la decisión impugnada. Existen condiciones las cuales debemos cumplir antes de interponer un recurso de apelación, y estas son de fondo y forma, luego de cumplir estas condiciones se produce un efecto ya sea suspensivo o devolutivo. Cuando un juez o corte de segundo grado apoderado de la apelación de sentencias rendidas en primer grado, que se le permite estatuir sobre la apelación y el fondo del proceso, por medio de una sola y misma sentencia a esto le llamamos “Avocación”.

42

1.

2.

BIBLIOGRAFÍA

ACOSTA ROMERO, Miguel. Compendio de Derecho Administrativo, Parte General, México, 2006.

3.

ALTAMIRA, Pedro Guillermo. Curso de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 2001.

4.

ARMIENTA HERNÁNDEZ, Gonzalo. Tratado Teórico Práctico de los Recursos Administrativos, Editorial Porrúa, México, 2009.

5.

BERROCAL GUERRERO, Luís Enrique. Manual del Acto Administrativo, Editorial Librería del Profesional, Bogotá, 2011.

6.

BRAIBANT, G., CABALLERO SIERRA, G., y otros. La protección jurídica de

7.

los Administrados. Ediciones Rosaristas, Bogotá, 2013.

8.

BETANCUR JARAMILLO, Carlos. Derecho Procesal Administrativo, Señal

9.

Editora, Medellín, 2002.

10. CASSAGNE, Juan Carlos. El acto administrativo. Abeledo – Perrot. Buenos 11. Aires. 1981. 12. D’ALESSIO. tomo 1; citado por MARINENHOFF, Miguel. tomo 1, Tratado de 13. Derecho Administrativo, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1982. 14. DIEZ, Manuel. Derecho Administrativo. Tomo 2; citado por ARMIENTA, 15. Gonzalo. Tratado teórico práctico de los recursos administrativos. México. 16. Editorial Porrúa.1996. 17. DROMI, José Roberto. Derecho Administrativo Tomo 1, Buenos Aires, 18. Editorial Astrea. 1992. 19. FRAGA, Gabino. Derecho Administrativo. México. Editorial Porrúa. 1944. 20. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. Curso de 21. Derecho Administrativo, Cívitas-Revista de Occidente, Madrid, 1998. 22. GARCÍA-HERREROS, Orlando. Lecciones de Derecho Administrativo, 23. Bogotá, Sergio Arboleda, 1997. 24. GÓMEZ, Gustavo Eduardo. Principios de Derecho Administrativo, Bogotá,

43

25. ABC Editores Librería, 2002. 26. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Miguel. Derecho Procesal Administrativo. Tomo II, 27. Colegio Mayor del Rosario Bogotá, 1986. 28. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Miguel. Derecho Procesal Administrativo, 29. Ediciones Jurìdicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2002. 30. GORDILLO, A. Agustín. Introducción al Derecho Administrativo, Buenos 31. Aires, Abeledo Perrot, 1996. 32. HURTADO, Inés Sofía. Apuntes de Clase, Postgrado en Derecho 33. Administrativo, Pontificia Universidad Javeriana, Módulo de Procedimiento 34. Administrativo, 2003. 35. Manual de Procedimiento Administrativo, Centro de Formación y 36. Perfeccionamiento de Funcionarios, Madrid 1960. 37. MARINENHOFF, Miguel. tomo 1, Tratado de Derecho Administrativo, Buenos 38. Aires, Abeledo Perrot, 1982. 39. PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. Derecho Procesal Administrativo, 40. Medellín, Librería Jurídica Sánchez, 1999. 41. PAREJO ALFONSO, L., JIMÉNEZ-BLANCO, A. , ORTEGA ALVAREZ, L. 42. Manual de Derecho Administrativo, Volumen I,.Editorial Ariel, 1998. 43. PENAGOS, Gustavo. El acto administrativo, Bogotá, Ediciones Librería del 44. Profesional, 1981. 45. PENAGOS, Gustavo. Fundamentos del Acto y del Derecho Administrativo 46. según los sistemas políticos, Bogotá, Ediciones Librería del Profesional, 47. 2001. 48. ROJAS ARBELÀEZ, Gabriel. El Espíritu del Derecho Administrativo, Bogotá, 49. Temis, 1985. 50. RODRÍGUEZ, Gustavo Humberto. Procesos Contenciosos Administrativos. 51. Bogotá. Editorial Wilches. 1994. 52. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Libardo. Derecho Administrativo General 53. Colombiano, Duodécima Edición, Bogotá, Temis, 2001.

44

54. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Libardo. Comentarios al Código Contencioso 55. Administrativo, La Vía Gubernativa, Medellín, Editorial Colegas,1985. 56. SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel. El Acto Administrativo Teoría General, 57. Bogotá, Legis. 1998. 58. SANTOFIMIO, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo, Bogotá, 59. Universidad Externado de Colombia, tomo I, 2002. 60. SANTOFIMIO, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo, Bogotá, 61. Universidad Externado de Colombia, tomo II, 2003. 62. SAYAGUÉS LASO, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo, Montevideo, 63. Martín Bianchi, 1953. 64. TOBÓN ARBELÁEZ, Diego. Principios fundamentales de derecho 65. administrativo, Medellín. 66. VÉLEZ GARCÍA, Jorge. Los dos sistemas de Derecho Administrativo, 67. Bogotá, Institución Universitaria Sergio Arboleda, 1996. 68. VIDAL PERDOMO, Jaime. Derecho Administrativo, Bogotá, Temis, 1997. 69. WALINE, Marcel, Droit Administratif. Citado por VELEZ GARCIA, Jorge. Los 70. dos sistemas de Derecho Administrativo, Bogotá, Institución Universitaria 71. Sergio Arboleda, 1996. 72. ZANOBINI, Guido, tomo 1; citado por MARINENHOFF, Miguel. tomo 1, 73. Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1982. 74. ZANOBINI, Guido, Corso di Dritto Administrativo, tomo 1, 8ª edición, Milán, 75. 1958; citado por GORDILLO, A. Agustín. Introducción al Derecho Administrativo, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1996.

45