Plantillad Demanda Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho

Señor: JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGENA (REPARTO) E. S. D. REFERENCIA: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTE: JOHANE CARCAMO CANTILLO DEMANDADOS: MUNICIPIO DE TIQUISIO , E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE PUERTO RICO. Respetado Doctor(a): CESAR SOTOMAYOR XXXXXX , mayor de edad, con domicilio en la Ciudad de Cartagena de Indias, identificado con C.C. 73´133.572 de Cartagena, abogado TITULADO , tarjeta profesional número XXXXXX del C. S. J., obrando en mi condición de apoderado de JOHANE CARCAMO CANTILLO , quien, según mandato adjunto, acudo ante ustedes, previo cumplimiento del requisito de procedibilidad contemplado en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el cual pasó a ser el artículo 42A de la Ley 270 de 1990, con el fin de interponer ACCION NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO contra: A). MUNICIPIO DE TIQUISIO – , identificada con NIT.XXXXXXX, persona jurídica de derecho público con asiento principal en municipio de Tiquisio al Sur del Departamento de Bolívar , Representado Legalmente por su Alcalde, XXXXX xxxxxxx XXXXXX, y/o quien haga sus veces al momento de notificación, quien es persona mayor de edad, con domicilio y residencia en municipio de Tiquisio Bolivar ; B). E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE PUERTO RICO , representada legalmente por xxxxx xxxxxx xxxxxx, con asiento principal munipio de Tiquisio (Bolivar) , en ocasión a que existen hechos configurativos para el inicio de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, consagrada en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, en virtud de que las entidades demandadas son responsables patrimonialmente por daño antijurídico causado en la persona de JOHANE CARCAMO CANTILLO que derivó en ACTO ADMINISTRATIVO de carácter particular atribuibles a las accionadas, y como consecuencia de lo anterior, el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales y morales recibidos en la modalidad y en los términos que se precisan más adelante y de acuerdo con los siguientes:

FUNDAMENTOS DE HECHO: 1. El señor JOHANE CARCAMO CANTILLO, Identificado con la cédula de ciudadanía No. 9´167.341 expedida en Pinillo Bolívar, mediante resolución No. 003 de fecha 10 de Julio del 2008, suscrita por EDUARDO ARIAS MIRANDA, gerente E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE PUERTO RICO del municipio de Tiquisio, fue nombrado para la planta de personal de ese hospital para desempeñar el cargo de jefe de Estadística y facturación por un término definido del 10 de Julio del 2008 al 11 de octubre del 2008. 2. En la fecha primero (01) de Enero de 2014, el señor JOHANE CARCAMO CANTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9´167.341 expedida en pinillo Bolívar, mediante resolución No. FACEINF 01012014-1 DEL 01 DE ENERO DEL 2014, fue nombrado en forma provisional mientras se surte el concurso de mérito, para la planta de personal para desempeñar el cargo de jefe de facturación, Estadísticas e información con el código 006 de la ESE Hospital San Juan de Puerto Rico. 5. que el señor JOHANE CARCAMO CANTILLO en reiteradas ocasiones mediante varios escritos (los cuales se anexaran a la presente demanda) ha solicitado al nominador de la entidad que le cancelen sus vacaciones a que tiene derecho por haber laborado desde el 10 de Julio del 2008 y hasta la fecha de su despido año 2017, no le han reconocidos ninguna de estas. 5. En la fecha tres (03) Noviembre de 2017, mediante resolución No. 03112017004 se declara la insubsistencia del funcionario JOHANE CARCAMO CANTILLO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 9´167.341 de Pinillos Bolívar, en su condición de Jefe de facturación, estadísticas e información código 006 de la E.S.E HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE PUERTO RICO. 6. ante la novedad de su despido sin motivación alguna y ante las negativa de las solicitudes de sus vacaciones el señor JOHANE CARCAMO CANTILLO mediante oficio de fecha 09 de Noviembre del 2017 , dirigido al Gerente Hospital San Juan de Puerto Rico y al jefe de Talento Humando , solicita que le certifiquen los Siguiente: 1) Certificación Laboral de Enero del 2000 al 04 de Abril del 2003 2) Certificación Laboral de Julio del 2008 al 03 de Noviembre del 2017 3) Certificado salarial

4) Certificados de pagos o planillas de últimos tres meses 5) Meses adeudados 6) Certificados pagos de Cesantías 2016 7) Certificados pagos de Primas 2016 8) Historial de los pagos de Pensión de los periodos laborados 9) Certificados de las Vacaciones disfrutadas y/ o adeudadas 10) Certificación de viáticos adeudados año 2014 11) certificación de afiliación y aportes a la Caja de Compensación de los periodos laborados. En la fecha 07 de Diciembre de 2017, el señor JOHANE CARCAMO CANTILLO recibió oficio suscrito por el señor DARIO CASTRO FLEREZ, jefe talento humanos Hospital Local, la respuesta en forma negativa al derecho de petición anterior, ya que no fueron hallados en los archivos de la institución la información requerida, aduciendo que el anterior gerente no dejo los archivos para hallar dicha información, manifestando que lo haría el 22 de Enero del 2018 3. En la fecha 22 de Enero 2018, existe certificación suscrita por el jefe de la oficina de talento humano de la ese hospital san juan de puerto rico, señor DAIRO JOSE CASTRO FLEREZ, que el señor JOHANE CARCAMO CANTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9´167.341 de Pinillos Bolívar, laboró en esa institución como jefe de estadística y facturación, desde el 10 de Julio de 2010 hasta el 03 de noviembre de 2017, con una asignación mensual DOS MILLONES SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS (2´060.820.oo) M/L 4. En la fecha 22 de Enero 2018, existe certificación suscrita por el jefe de la oficina de talento humano de la ese hospital san juan de puerto rico, señor DAIRO JOSE CASTRO FLEREZ, que al señor JOHANE CARCAMO CANTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9´167.341 de Pinillos Bolívar, laboró en esa institución como jefe de estadística y facturación, desde el 10 de Julio de 2010 hasta el 03 de noviembre de 2017, se le adeudan los meses de Marzo, Abril y Mayo.

En Cuanto al acto administrativo demandado resolución No. 03112017-004 se declara la insubsistencia del funcionario JOHANE CARCAMO CANTILLO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 9´167.341 de Pinillos Bolívar, en su condición de Jefe de facturación, estadísticas e información código 006 de la E.S.E HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE PUERTO RICO, queda agotada la vía gubernativa puesto que la declaratoria de insubsistencia de un nombramiento como lo sostiene la jurisprudencia contenciosa administrativa no es susceptible de recurso alguno. El señor JOHANE CARCAMO CANTILLO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 9´167.341 de Pinillos Bolívar me ha conferido poder especial, amplio y suficiente, para el ejercicio de la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Con fundamento en los hechos expuesto y previo a los tramites del proceso ordinario contencioso administrativo consagrado en la ley 1437 del 2011, articulo 138. El nominador considera en su resolución, basándose en el artículo 107 del decreto 1950 de 1973: “que en cualquier momento podrá declararse insubsistente un nombramiento ordinario o provisional, sin motivar la providencia, de acuerdo con la facultad discrecional que tiene el representante de la entidad de remover libremente a sus empleados”; desconociendo este la sentencia 1083 del 2012 de la Corte Constitucional que en sus apartes dice: “La Corte Constitucional se refiere respecto a la aplicación del precedente judicial constitucional y a la necesidad de motivar los actos administrativos en los que se desvincula a un funcionario nombrado en provisionalidad en los siguientes términos: El Tribunal Administrativo de Santander SI incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido por esta Corte, en lo referente a la motivación del acto de desvinculación de un funcionario nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera, pues no tuvo en cuenta que esta Corporación en la sentencia SU-917 de 2010, reiteró la necesidad de motivar el acto de desvinculación de los funcionarios nombrados en provisionalidad y, de igual forma en la sentencia T-830 de 2012, se estableció como defecto autónomo el desconocimiento del precedente constitucional, lo que encuadra en el caso objeto de estudio en esta ocasión. En dicho pronunciamiento se manifestó: El defecto por desconocimiento del precedente constitucional se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia. Se presenta, por ejemplo, cuando la Corte establece el alcance de un derecho fundamental o señala la interpretación de un precepto que más se ajusta a la Carta, y luego el juez ordinario resuelve un caso limitando sustancialmente dicho alcance o apartándose de la interpretación fijada por el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional. En tales casos la tutela procede

como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado u otros mandatos de orden superior. Tal como se expuso en la parte considerativa de esta providencia, el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional tiene efectos vinculantes, razón por la cual incurre en arbitrariedad por desconocimiento de una disposición vinculante el funcionario judicial que toma una decisión por fuera de esa preceptiva.”

PRETENSIONES: PRIMERO: Declarar que el DISTRITO DE CARTAGENA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD (DADIS), COOSALUD E.P.S. y EL NUEVO HOSPITAL DE BOCAGRANDE, es administrativamente responsable por FALLA EN EL SERVICIO MEDICO que derivó en el daño antijurídico que derivó en la muerte de quien en vida se llamaba ANNYS CAROLINA HERRERA HERRERA y a sus familiares JUDITH ROMERO HERRERA, quien a su vez representa a la menor ANNIS MILAGRO HERRERA HERRERA, ASTRID DEL CARMEN ISAZA HERRERA, quien a su vez representa a la menor LIDIS YOHANNIS HERRERA HERRERA, GERTRUDIZ MARIA HERRERA URRUCHURTU, quien a su vez representa a la menor KATTY VANESA HERRERA HERRERA, BETTY PADILLA HERRERA, RAMON EMIRO CANTELLON Y MERLY ESTER BATISTA HERRERA como consecuencia de los hechos ocurridos en las circunstancias descritas en el acápite anterior. SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, el DISTRITO DE CARTAGENA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD (DADIS), COOSALUD E.P.S. y EL NUEVO HOSPITAL DE BOCAGRANDE, sea condenada a pagar a los demandantes JUDITH ROMERO HERRERA, quien a su vez representa a la menor ANNIS MILAGRO HERRERA HERRERA, ASTRID DEL CARMEN ISAZA HERRERA, quien a su vez representa a la menor LIDIS YOHANNIS HERRERA HERRERA, GERTRUDIZ MARIA HERRERA URRUCHURTU, quien a su vez representa a la menor KATTY VANESA HERRERA HERRERA (hijas de la finada), la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M.CTE ($200.000.000.oo), indexados y lo demás que se establezca en el presente litigio, como

indemnización de los perjuicios materiales en su carácter de daño emergente y lucro cesante, conforme lo probado dentro del proceso. TERCERO: Que el DISTRITO DE CARTAGENA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD (DADIS), COOSALUD E.P.S. y EL NUEVO HOSPITAL DE BOCAGRANDE, pagará en favor de mis mandantes, JUDITH ROMERO HERRERA, quien a su vez representa a la menor ANNIS MILAGRO HERRERA HERRERA, ASTRID DEL CARMEN ISAZA HERRERA, quien a su vez representa a la menor LIDIS YOHANNIS HERRERA HERRERA, GERTRUDIZ MARIA HERRERA URRUCHURTU, quien a su vez representa a la menor KATTY VANESA HERRERA HERRERA, los intereses sobre la suma que se fije como indemnización, liquidados desde el momento mismo de los hechos generadores del daño y hasta el momento real y efectivo del pago de la obligación, de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A. CUARTO: Que el DISTRITO DE CARTAGENA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD (DADIS), COOSALUD E.P.S. y EL NUEVO HOSPITAL DE BOCAGRANDE, pagará igualmente a favor de cada uno de mis mandantes JUDITH ROMERO HERRERA, quien a su vez representa a la menor ANNIS MILAGRO HERRERA HERRERA, ASTRID DEL CARMEN ISAZA HERRERA, quien a su vez representa a la menor LIDIS YOHANNIS HERRERA HERRERA, GERTRUDIZ MARIA HERRERA URRUCHURTU, quien a su vez representa a la menor KATTY VANESA HERRERA HERRERA, BETTY PADILLA HERRERA, RAMON EMIRO CANTELLON Y MERLY ESTER BATISTA HERRERA, el equivalente a CIEN SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 SMLMV), como perjuicios morales ocasionados por daño sufrido. QUINTO: Que el DISTRITO DE CARTAGENA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD (DADIS), COOSALUD E.P.S. y EL NUEVO HOSPITAL DE BOCAGRANDE, pagará igualmente a favor de cada uno de mis mandantes JUDITH ROMERO HERRERA, quien a su vez representa a la menor ANNIS MILAGRO HERRERA HERRERA, ASTRID DEL CARMEN ISAZA HERRERA, quien a su vez representa a la menor LIDIS YOHANNIS HERRERA HERRERA, GERTRUDIZ MARIA HERRERA URRUCHURTU, quien a su vez representa a la menor KATTY VANESA HERRERA HERRERA, BETTY PADILLA HERRERA, RAMON EMIRO CANTELLON Y MERLY ESTER BATISTA HERRERA, el equivalente a

CIEN SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 SMLMV), como Daño a la Vida de Relación ocasionado por daño sufrido. SEXTO: Que el DISTRITO DE CARTAGENA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD (DADIS), COOSALUD E.P.S. y EL NUEVO HOSPITAL DE BOCAGRANDE, pagará, igualmente, los gastos y costas que se llegaren a causar en el presente proceso y dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187 y 188 de la Ley 1437 de 2011. FUNDAMENTOS DE DERECHO: Invoco como fundamentos de derecho los Artículos 2 y 90 de la Constitución Política; Artículo 140 de la Ley 1437, Artículos 2341 y 2347 y siguientes del C.C. y demás normas concordante y pertinente. EL DISTRITO DE CARTAGENA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD (DADIS), COOSALUD E.P.S. y EL NUEVO HOSPITAL DE BOCAGRANDE, incurrieron en responsabilidad, que se derivó en la falla médica presunta, toda vez que según los hechos narrados en la presente demanda no se tomaron las medidas necesarias tendientes a la atención diligente, si no que se incurrió en una mal praxis médica, lo cual desencadenó en el fallecimiento de la señora ANNYS CAROLINA HERRERA HERRERA. Si bien es cierto, en la mayoría de las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos médicos existe una cierta incertidumbre en cuanto a sus resultados y un riesgo que puede ocasionar un daño que deberá soportar el paciente, pues de ellos no puede hacerse responsable a quienes los realicen, puesto que mal podría pensarse que ellos estén garantizando el riesgo de la intervención o tratamiento. No es menos cierto, que cuando tales intervenciones o tratamientos no se acomodan a los requerimientos de diligencia y cuidado, y a los protocolos que para cada caso y en cada época recomiendan la ciencia de la medicina, es apenas natural que si un juez encuentra de las pruebas aportadas que esos requisitos faltaron y se produjo un daño, debe inferirse que tuvo como causa esa falta de acomodamiento y cuidado, como en el caso que nos ocupa, en el cual es evidente la falla del servicio médico que atendió a la joven ANNYS CAROLINA, quien llegó remitida al Nuevo Hospital de Bocagrande, y en la apertura de la epicrisis se consignó el antecedente de PLACENTA PREVIA a los seis meses, de lo cual debía tomar nota el cuerpo médico para aplicar los protocolos gineco-obstétricos establecidos, de conformidad como se explicó en los hechos.

Con respecto a la Falla Médica Presunta, la jurisprudencia del Consejo de Estado la ha tratado en diversas ocasiones, tal es el caso de la sentencia de 30 de julio de 1.992 (Proceso 6897 Actor: Gustavo Eduardo Ramírez) en donde con ponencia del Magistrado Daniel Suárez Hernández, logró unificarse la jurisprudencia en torno a las ideas que se exponen a Continuación: "Ahora bien, por norma general le corresponde al actor la demostración de los hechos y cargos relacionados en la demanda. Sin embargo, con mucha frecuencia se presentan situaciones que hace excesivamente difícil, cuando no imposible, las comprobaciones respectivas, tal el caso de las intervenciones médicas, especialmente quirúrgicas, que por su propia naturaleza, por su exclusividad, por la privacidad de las mismas, por encontrarse en juego intereses personales o institucionales etc., en un momento dado se constituyen en barreras infranqueables, para el paciente, para el ciudadano común obligado procesalmente a probar aspectos científicos o técnicos profesionales sobre los cuales se edifican los cargos que por imprudencia, negligencia o impericia formula en el ejercicio de una determinada acción judicial, contra una institución encargada de brindar servicios médicos u hospitalarios. "Sin duda, resultaría más beneficioso para la administración de justicia en general, resolver esta clase de conflictos, si en lugar de someter al paciente, normalmente el actor o sus familiares, a la demostración de las fallas en los servicios y técnicas científicas prestadas por especialistas, fueran éstos, los que por encontrarse en las mejores condiciones de conocimiento técnico y real por cuanto ejecutaron la respectiva conducta profesional, quienes satisficieran directamente las inquietudes y cuestionamientos que contra sus procedimientos se formulan. "Podrán así los médicos exonerarse de responsabilidad y con ello los centros clínicos oficiales que sirven al paciente, mediante la comprobación, que para ellos, se repite, es más fácil y práctica, de haber actuado con la eficacia, prudencia o idoneidad requeridas por las circunstancias propias al caso concreto, permitiéndole al juzgador un mejor conocimiento de las causas, procedimientos, técnicas y motivos que llevaron al profesional a asumir determinada conducta o tratamiento. "Esta, por lo demás, es la orientación moderna de algunas legislaciones, que pretenden en los casos de los profesionales liberales atribuir a éstos la carga de la prueba de haber cumplido una conducta carente de culpa." Precisamente, en relación con el tema comentado y su consagración en el "Proyecto de unificación de la legislación civil y comercial" de Argentina, el profesor Augusto M. Morello en su obra "La Prueba Tendencia Modernas", Editorial Platense - Abeledo Perrot, 1.991, páginas 84 y 85 escribe:

"" 1) En consonancia con las ideas hoy predominantes, se ha desplazado el eje de referencia hacia el consumidor jurídico - quien es el que recaba la tutela jurisdiccional - más que colocarlo en el vértice del operador (Juez o abogado) del fenómeno litigioso involucrado. "" 2) Responde solidariamente a la más conveniente función razonablemente posible, del lado del consumidor e, igualmente, del lado del profesional accionado, con los concurrentes beneficios para el órgano destinatario de la prueba. "Si como con acierto se ha puntualizado, en principio y como regla, no es otro que el médico y no el enfermo el que mejor conoce "cuál fue la situación al comienzo de la atención, qué terapia era la mas conveniente de acuerdo con el diagnóstico, qué dificultades se presentaron, con qué medios técnicos disponían, cuáles fueron las causas probables de la frustración, qué rol le cupo a la entidad sanatorial", la norma insinuada recoge esa evidencia de la situación real para reglamentarla en la asignación de un deber de cooperación (carga) que no significa, de por sí, atribuir culpa en el obrar del médico en el caso. "3) Las dos anteriores se enlazan, así mismo, con la incidencia económica que tanto CALABRESI, como ALPA en su contexto más global y reparando en la dimensión social que lleva hoy la mayoría de los fenómenos jurídicos, advierten con claridad..." Como se observa, la nueva jurisprudencia, que implica un trascendental avance en este campo, consagra en forma más técnica la noción de la falla presunta. Y aunque esta especie del genero falla del servicio se asemeja en cierta forma a la noción que se ha venido aplicando como tal con esa misma denominación (en los eventos de lesiones o muertes causadas por armas de dotación oficial o por vehículos automotores o líneas de conducción de energía), estima la sala que debe hacer algunas precisiones, porque entre una y otra existen matices diferenciales. Así: Mientras en el evento de la responsabilidad por falla del servicio médico oficial se presume dicha falla, es decir se presume uno de los tres supuestos de esa responsabilidad ( los otros, como se sabe, son el daño y la relación de causalidad), en el evento de los daños producidos por las cosas o actividades peligrosas, ya no juega la falla o la conducta irregular de la administración, sino sólo el daño antijurídico (artículo 90 de la C.N), produciéndose así mas que una presunción de falta, una de responsabilidad. Esta distinción permite entender que en los casos de falla presunta dicha presunción, por admitir prueba en contrario, permite a la parte que se le atribuye el daño demostrar la diligencia y cuidado en su actuación, es decir, que actuó dentro de los cánones de la mayor eficiencia posible, sin culpa. En otros términos, cuando

se habla de falla presunta se entiende que la responsabilidad sigue organizada sobre la noción de falla o falta del servicio como en el evento de la falla del servicio ordinaria, con la única diferencia de que el actor no tendrá que demostrar la conducta omisiva o irregular de la administración porque ésta se presume. En cambio, cuando se habla de la responsabilidad por los daños producidos por las cosas o actividades peligrosas, en las que no juega ya la noción de falla, ni la probada ni la presunta, le incumbe a la demandada demostrar, para exculparse, la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o el hecho de tercero, también exclusivo y determinante. Y por eso mismo se entiende que en estos casos no se pueda exonerar la administración demostrando la diligencia y cuidado. En otras palabras, estos eventos encuentran ahora en el derecho colombiano respaldo inequívoco en el artículo 90 de la Constitución. La exoneración de carga de la prueba que implica la noción de falla presunta es apenas relativa, porque al actor le incumbe en tales casos probar como mínimo los supuestos que permiten la operancia de la presunción. Así, en el caso de que alguien alegare que resultó lesionado por una intervención quirúrgica inadecuada, deberá probar, en términos generales, que se le prestó el servicio en tal fecha y que sufrió el daño cuya indemnización pretende. En este sentido, probados los supuestos o antecedentes de hecho que permiten la operancia de la presunción, el actor sacará avante sus pretensiones si la demandada no logra demostrar que actuó con toda la diligencia y el cuidado que la ciencia médica recomendaba para el caso, dentro de las mejores condiciones posibles que el servicio permitía razonablemente. En cambio, en los eventos de responsabilidad por el hecho de las cosas o de las actividades peligrosas al actor sólo le incumbe probar el perjuicio sufrido por la conducta oficial, o sea el daño y la relación causal; quedándole a la parte demandada, para exonerarse, únicamente la prueba de la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o el hecho exclusivo del tercero. En otras palabras, no se exonera con la prueba de la diligencia y cuidado. Se justifica esa diferencia de trato entre la falla presunta en los servicios médicos y la que puede desprenderse de las actividades o cosas peligrosas, porque si bien el ejercicio de la medicina en sí no puede calificarse como una actividad peligrosa, sí puede representar un gran riesgo para los pacientes por los imponderables que la rodean, por lo que significa para la integridad física y mental de las personas usuarias del servicio y porque, además, dichos pacientes no estarán en la mayoría de los casos en condición de evidenciar las fallas que puedan presentarse durante el proceso operatorio. En cambio, cuando la responsabilidad se presume por el ejercicio o la utilización de cosas peligrosas o que en sí mismas representan un gran riesgo para los demás, como sucede, por ejemplo, con la utilización de vehículos automotores, armas oficiales de dotación, redes de conducción de energía etc., el que las utiliza o ejerce para

provecho o beneficio suyo le impone a los demás una carga excepcional que no tienen porque soportar y si los daña debe resarcirlos (restablecimiento que se impone como una solución de equidad). De allí que en estos eventos se mire mas al daño antijurídico producido que a la irregularidad o no de la conducta oficial. Se aplica a estas situaciones el principio constitucional de la igualdad (art.13 de la Carta), cuyo rompimiento da lugar a la responsabilidad por esa clase de daño, sea lícita o no la actividad cumplida por el ente público. En el presente caso se observó: a) Que el servicio medico funcionó tardía o irregularmente porque no se prestó atendiendo responsablemente a los procedimientos establecidos en el protocolo gineco-obstétrico para los casos de Placenta Previa, de conformidad con los antecedentes de la paciente certificados en la evolución de su embarazo, b) Que la conducta así cumplida u omitida causó un daño a la usuaria del servicio de salud pública y comprometió la responsabilidad del ente estatal a cuyo cargo estaba el servicio; y c) Que entre aquélla y éste existió una relación de causalidad. PRUEBAS: DOCUMENTALES: Acompaño a la presente solicitud, los siguientes documentos: - Copia de la historia clínica Expedida por el Nuevo Hospital de Bocagrande. - Copia carné de COOSALUD EPS-S, a nombre de ANNYS CAROLINA HERRERA. - Copia de informe ecográfico emitido por la ESE CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO. - Copia de la Remisión de Coosalud EPS-S al Nuevo Hospital de Bocagrande - Copia del certificado de defunción de ANNYS CAROLINA HERRERA. - Documento técnico de Protocolo gineco-obstétrico. - Copia de los Registros Civiles y demás documentos que acreditan el parentesco de mis poderdantes con ANNYS CAROLINA HERRERA. - Copia de las Custodias Provisionales de las menores ANNIS MILAGRO, LIDIS YOHANNIS y KATTY VANESA HERRERA HERRERA.

- Copia de denuncia presentada a la Fiscalía General de la Nación el día 26 de abril de 2011 y que correspondió por reparto a la Fiscalía Seccional 47 de Cartagena. - Copia de queja por la muerte de ANNYS CAROLINA, ante el DADIS, recibida con fecha 26 de abril de 2011. TESTIMONIALES: Solicito se reciban testimonios a las siguientes personas: - EUSEBIA PADILLA, persona cercana a los familiares de la occisa, y quien estuvo pendiente de los trámites de hospitalización y funeraria. Puede ser citada por intermedio del suscrito. - A todo el personal médico del Nuevo Hospital de Bocagrande, que atendió el caso de la finada ANNYS CAROLINA, en especial a los Doctores ANDRES LOPEZ, HERNANDO VERGARA SEGRERA y KENY PIEDAD ARCINIEGAS MORENO. Todos ellos pueden ser notificados por intermedio del Jefe de Recursos Humanos del Hospital de Bocagrande. - A los Doctores JAIME BARRIOS N., Ginecólogo Ecografista, Registro 131044 y JORGE E. RAMIREZ, Ginecólogo Obstetra, Registro 034, de la ESE Clínica Maternidad Rafael Calvo, quien certificó que la paciente ANNYS CAROLINA observaba Placenta Previa. Éste puede ser citado en la Clínica Maternidad Rafael Calvo ubicada en María Auxiliadora. OFICIOSAS: - Solicito que se oficie al Fiscal 47 Seccional para que certifique estado del proceso penal radicado con el número 130016001128201104849, en virtud a denuncia presentada por la señora JUDITH ROMERO HERRERA, el 26 de abril de 2011, en ocasión a los hechos que rodearon la muerte de su hermana ANNYS CAROLINA. - Solicito que se oficie al Departamento Administrativo Distrital de Salud – DADIS para que rinda informe relacionado con la queja presentada por la señora JUDITH ROMERO HERRERA el día 26 de abril de 2011 en ocasión a los hechos que rodearon la muerte de su hermana ANNYS CAROLINA. INSPECCION:

- Solicito se haga inspección sobre la Historia Clínica expedida por el Nuevo Hospital de Bocagrande, de la paciente ANNYS CAROLINA HERRERA con número 143618-2 y con fecha de ingreso 11-1-2011, hora 7:16, cuya copia, firmada electrónicamente allegamos en el cuaderno original de esta demanda, a fin de determinar que no se hallan hecho cambios o alteraciones que obstruyan la construcción de la verdad procesal. - Solicito se haga inspección sobre la Historia Clínica expedida por la Clínica Maternidad Rafael Calvo, de la paciente ANNYS CAROLINA HERRERA sin número y con fecha de ingreso por urgencia 18-11-2010, hora 10:15, cuya copia, firmada por el Doctor JORGE E. RAMIREZ, Ginecólogo Obstetra, Registro 034, allegamos en el cuaderno original de esta demanda, a fin de determinar que no se hallan hecho cambios o alteraciones que obstruyan la construcción de la verdad procesal. ANEXOS: Acompaño los siguientes documentos: - Acta de No Conciliación expedido por el Procurador Judicial 22 para Asuntos Administrativos - Poder debidamente conferido al suscrito. - Los documentos mencionados en el acápite de las pruebas. - copia de la solicitud y sus anexos para archivo del juzgado, notificación a las partes, al Ministerio público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con la Ley 1564 de 2012, art. 199, inc. 6 y 7. NOTIFICACIONES: - Al demandado DISTRITO DE CARTAGENA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD (DADIS), las recibirá en Cartagena Calle Larga, Cra. 10B # 25 - 10, teléfono 6501096. - Al demandado COOSALUD E.P.S. las recibirá por intermedio de su Gerente y a su vez Representante Legal Señor JAIME MIGUEL GONZALEZ MONTAÑO y/o quien haga sus veces en Crespo Cra. 5ª Calle 67 #66-91, edificio Eliana de Cartagena, toda vez, que manifiesto bajo la gravedad de juramento que desconocemos la ubicación actual de sus oficinas.

- EL NUEVO HOSPITAL DE BOCAGRANDE, las recibirá a través de su representante Legal en el Barrio Bocagrande, al lado del Campito se softbol. - Mis mandantes las recibirán en Barrio Camino del Medio Calle 31 D #40-53 Cartagena. - El suscrito apoderado de la parte actora las recibirá en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de Abogado ubicada en la Matuna, E