Recurso De Proteccion

MATERIA

: RECURSO DE PROTECCIÓN

SECRETARÍA

: UNIDAD DE PROTECCIÓN

RECURRENTE

: LORENA DIAZ CONTRERAS RUT N° 18.957.688-0

ABOGADOS PATROCINANTES Y APODERADOS

: CESAR ANASTACIO ORIAS DONAIRE RUT Nº 18.880.193-5 ROMINA FROST VALDENEGRO RUT N° 19.004.808-K

RECURRIDA

: ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL COLEGIO ALEMÁN DE SANTIAGO

REPRESENTANTE LEGAL

: GRETE SCHNAUZER HOFFMAN RUT N° 10.204.217-4

__________________________________________________________________ En lo Principal: Interpone recurso de protección. Primer Otrosí: Acompaña documento. Segundo Otrosí: Solicita orden de no innovar. Tercer Otrosí: Personería. Cuarto Otrosí: Patrocinio y poder.

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago

CESAR ANASTACIO ORIAS DONAIRE, RUT N°18.880.193-5, de profesión abogado, domiciliado en calle Rodriguez 1220, comuna de Independencia, actuando en representación de doña LORENA DIAZ CONTRERAS a SS. Ilustrísima respetuosamente digo: Que por el presente acto, recurro de protección en contra del ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL COLEGIO ALEMAN DE SANTIAGO, representado legalmente por doña GRETE SCHNAUZER HOFMANN , ambos con domicilio en Avenida Apoquindo 1236, comuna de Las Condes por el acto arbitrario e ilegal, que a continuación expongo:

I.- LOS HECHOS:

En el contexto de las movilizaciones estudiantiles la alumna del Colegio Alemán de Santiago, un colegio privado, Lorena Diaz, quien tiene 18 años y cursa cuarto medio, convocó a sus compañeros a través de la página del Centro de Alumnos de la red social “Facebook”, a una asamblea de carácter informativo para el día 9 de noviembre de 2018, a las 9:15 am (horario de recreo) a desarrollarse en el patio del establecimiento. El objetivo de la convocatoria era dar cuenta de la discusión actual sobre la calidad y equidad en la educación, y que ha derivado en públicas manifestaciones en el país. El día señalado se llevó a cabo la reunión, logrando un alto nivel de convocatoria. Por espacio de 10 minutos la asamblea se realizó en forma pacífica y sin alterar el desarrollo normal de las actividades académicas y administrativas, la alumna abordó la importancia de la enseñanza pública y la abolición de las diferencias en materia educativa, incluyendo la enseñanza privada pagada. Transcurrido ese tiempo, la asamblea es interrumpida abruptamente por la subdirectora señora Grete Schnauzer, quien con una actitud amenazante instó a Lorena a acudir a su oficina, notificándole en forma verbal -a través de gritos- frente a todos los asistentes a la reunión, su expulsión del Colegio. Producto de esta increpación pública, Lorena concurre a la oficina de la recurrida, la cual insiste en la desvinculación del Colegio, omitiendo cualquier tipo de procedimiento ajustado a derecho, desconociendo incluso la propia reglamentación interna del Colegio contenida en al Manual de Convivencia Escolar. Acto seguido, y contra su voluntad, Lorena es conducida a la biblioteca del establecimiento, lugar en que estuvo retenida por espacio de 5 horas, bajo vigilancia, prohibiéndole ir al baño, almorzar, e incluso comunicarse con sus padres. Al día siguiente, los padres de Lorena acuden junto con ella al colegio, para ser informados con detalle de los hechos y sanciones aplicadas. Una vez allí se reúnen con la señora Grete, la que les comunica oficialmente el término unilateral del contrato de educación y les hace entrega de una notificación del término del contrato en la cual no consta que órgano tomó esta decisión. Entre las razones para justificar el término del contrato se incluye la infracción al Manual de Normas de Buena Convivencia dentro del establecimiento, las que consideran incorporadas en el contrato, en razón de haberse alterado el orden interno, usado las instalaciones del colegio sin autorización y efectuado declaraciones que atentaban contra el ideario del colegio. Lorena, desde el día de la asamblea se ha visto impedida de ingresar al establecimiento.

II. EL DERECHO II. 1. Requisitos de admisibilidad En primer lugar, es un requisito de admisibilidad de una acción de protección que los hechos descritos puedan significar la vulneración de algún derecho que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución, sea de aquellos que están tutelados por el recurso de protección. En este caso, existe una acción ilegal y arbitraría por parte del Colegio Alemán de Santiago, representado legalmente por sus subdirectora doña Grete Schnauzer, que implica la vulneración a las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, específicamente su numeral 12, esto es el derecho a la libertad de expresión o libertad de emitir opinión, numeral 13, esto es el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas, numeral 3, en lo que concierne al debido proceso en su dimensión de no ser juzgado por comisiones especiales y por último el derecho de propiedad consagrado en el numeral 24 del mencionado artículo 19. En segundo término, también se cumple el requisito del plazo de presentación, puesto que la presente acción de protección se interpone dentro del término que establece el auto acordado que regula esta materia en su N° 1, que refiere al respecto que se debe interponer " ... dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos". En este caso, el hecho que motiva la presente acción de protección ocurrió el 9 de noviembre, por lo cual me encuentro dentro de plazo para recurrir. De esta forma, se cumplen los dos únicos requisitos que se exigen en nuestro ordenamiento jurídico para que la acción constitucional de protección sea declarada admisible.

II.2. Procedencia de la Acción Constitucional de Protección Para que sea procedente el recurso de protección es necesario que se haya cometido un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, amenace o perturbe el legítimo ejercicio de los derechos protegidos por esta acción constitucional. En el presente caso hay un acto arbitrario e ilegal por parte de la subdirectora del establecimiento. Al no seguirse el reglamento del colegio en lo relativo a la expulsión y cancelación de matrícula, el acto del establecimiento educativo y de la subdirectora sería ilegal por no tener sustento normativo y también es arbitrario,

dado que la alumna fue expulsada injustificadamente, por mero capricho de la autoridad educativa. II.3. Derechos afectados Los hechos señalados vulneran las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, específicamente su numeral 12, esto es el derecho a la libertad de expresión o libertad de emitir opinión, numeral 13, esto es el derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas, numeral 3, en lo que concierne al debido proceso en su dimensión de no ser juzgado por comisiones especiales y por último el derecho de propiedad consagrado en el numeral 24 del mencionado artículo 19. II.3.1 Libertad de Expresión Art 19 N° 12 El artículo 19 N 12 de la Constitución Política de la República, consagra "La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio". La doctrina nacional casi unánimemente ha insistido, aunque con tratamientos distintos, en que el artículo 19 N° 12 reconoce dos libertades: la de opinión y la de información. Ambas se ha señalado- pueden cobijarse bajo el paraguas de la libertad de expresión, pero apuntan a diferentes objetivos. Verdugo, Pfeffer y Nogueira se acercan más a las teorías que han ganado adhesión en derecho comparado, donde la opinión se considera "una proyección de la autonomía de la persona humana ( ... ) que implica el derecho de expresar libremente, y sin autorización previa, opiniones políticas, filosóficas, científicas o religiosas, sea por la palabra, sea por la escritura"

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y sea -como dispone la propia Constitución- por

cualquier medio. En el mismo sentido, ha sostenido la Corte IDH que la libertad de expresión "no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios” Por otra parte, se ha señalado que "la libertad de expresión no solo merece ser tomada en cuenta como cualquier otro derecho afectado, sino que -mucho másrequiere de una atención privilegiada: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente el nervio principal del sistema democrático”.

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Verdugo, M., Pfeffer, E. y Nogueira, H., Derecho Constitucional, Tomo 1, Editorial

Jurídica de Chile, Santiago, 1999, p. 260 y 261.

Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la libertad de expresión constituye: "[ ... ] una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada” .Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. En relación al caso concreto, desarrollar una reunión donde se aborda la importancia de la enseñanza pública y la abolición de las diferencias en materia educativa, incluyendo la enseñanza privada pagada, es una manifestación del derecho humano de libertad de expresión. El hecho de que las declaraciones que realiza la alumna sean contrarias al ideario del colegio no es una razón válida constitucionalmente para censurarla, más si se considera que en tal asamblea se discutían temas atingentes a la comunidad educativa que eran esenciales para la formación de una opinión informada de los mismos alumnos acerca de la realidad del sistema educativo del país. La censura llevada a cabo por la subdirectora del establecimiento afecta no solo el derecho a la libertad de expresión de la alumna, sino también el proceso político al interior del colegio, actuando a modo de ejemplo represivo para futuros estudiantes que se atrevan a manifestar opiniones contrarias al ideario del colegio, afectando así la participación democrática al interior del mismo. Además, en el manual de convivencia del colegio no se establecen procedimientos formales para este tipo de convocatorias, a la vez que no se tipifica como falta la convocatoria a reuniones públicas en la normativa referente a los derechos y deberes en horario de recreo. II.3.2 Derecho de Reunión Art 19 N°13 “El derecho de reunión, llamado también de manifestación, es uno de los múltiples atributos públicos subjetivos inherentes a la convivencia o vida social de la persona humana”2 La reunión es la congregación transitoria de un grupo de personas, su encuentro por un lapso de tiempo corto o limitado. Generalmente, por lo tanto el derecho de reunión se refiere a una congregación de individuos convocados para ir, debatir o adoptar algún acuerdo propuesto por los invitados o quienes participan en ella. La Constitución establece requisitos para el ejercicio de este derecho, el primero es que la reunión sea pacífica y el segundo es que sea sin armas. Cumplidos estos requisitos, la carta magna asegura el derecho de reunirse sin permiso previo, sea con fines religiosos, políticos, culturales, etc.

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J.L Cea E. Derecho Constitucional. Tomo II. Pp 423

En este caso, la reunión se llevaba a cabo con fines políticos, para discutir temas relativos a educación a nivel país, por otra parte, se cumplen los requisitos constitucionales para llevar a cabo el ejercicio de este derecho, por lo que la terminación abrupta de la reunión por parte de la subdirectora del establecimiento, implica una vulneración a esta garantía constitucional. La carta magna asegura el derecho a reunirse sin permiso previo, por lo que no es exigible a la alumna que haya pedido permiso a la dirección para llevar a cabo la reunión. Cabe destacar que la reunión se llevó a cabo en horario de recreo y que no existe en el Manual prohibición alguna a realizar este tipo de actividades durante el tiempo que dure éste. II.3.3 Debido Proceso Art 19 N° 3 El artículo 19 N°3 contiene derechos de carácter procesal, tales como lo que Bordalí denomina derecho a la tutela judicial y el derecho global al debido proceso, que incluye entre otros el derecho a ser juzgado por un juez natural, contemplado en el inciso cuarto de este artículo en lo relativo a la prohibición de ser juzgado por una comisión especial. El inciso establece que el órgano que ejerce jurisdicción debe estar legalmente establecido con anterioridad a la perpetración del hecho. El procedimiento establecido en el reglamento del colegio establece que quien tome la decisión de expulsar al estudiante del establecimiento, será una comisión integrada por dos profesores y un representante de los alumnos, los cuales están facultados previamente para actuar en tal caso. Tal procedimiento no se siguió en el caso de la expulsión de la alumna Lorena Diaz, quien tomó la decisión fue la subdirectora, doña Grete Schnauzer, ejerciendo autoridad de facto. Por tanto la alumna fue juzgada por una comisión especial, es decir, por una persona que no tenía la autoridad o facultades para hacerlo y no estaba constituida con anterioridad al hecho que motiva la expulsión. Al no seguirse el reglamento en lo relativo a la expulsión o cancelación de matricula, el acto del establecimiento educativo y de la subdirectora sería ilegal por no tener sustento normativo o no ajustarse al existente y también es arbitrario ya que fue expulsada injustificadamente o por mero capricho de la autoridad educativa.

II.3.4 Derecho de Propiedad Art 19 N°24 Con respecto a la privación del derecho de propiedad adquirida sobre bienes corporales o incorporales se tiene que, al suscribirse el contrato de prestación de servicios educativos con el colegio, se incorpora al patrimonio del estudiante, el derecho a serle reconocida la calidad de estudiante regular, lo cual es un derecho personal que consiste en un bien incorporal.

Al expulsar a Lorena Diaz ilegal y arbitrariamente, como se dijo anteriormente, se la está privando de su derecho a la propiedad protegida en este artículo. PRIMER OTROSÍ: Solicitamos a S.S. Iltma. tener por acompañados los siguientes documentos, con citación:

1. Manual de Convivencia Escolar del Colegio Alemán de Santiago 2. Notificación de término de contrato educacional 3. Reglamento del Colegio Alemán de Santiago

POR TANTO, A S.S. ILTMA. RESPETUOSAMENTE PEDIMOS: Tener por acompañados los documentos antes singularizados, con citación.

SEGUNDO OTROSÍ: Solicitamos a S.S. Iltma. decretar orden de no innovar con el objeto de que, en tanto se tramita el presente recurso de protección, se ordene a la recurrida reincorporar a la estudiante al establecimiento educacional

y

abstenerse de ejecutar actos que tengan por objeto privar, perturbar y/o amenazar de manera alguna sus derechos de libertad de expresión, reunión, debido proceso o propiedad adquirida. Esta solicitud persigue obtener un amparo transitorio, mientras se tramita el recurso, para evitar las graves consecuencias que se ocasionarían a la afectada, la cual corre el riesgo de perder el año escolar que cursa actualmente. En concreto, resulta indispensable que se acoja la orden de no innovar solicitada, atendida la gravedad del acto ilegal y arbitrario que da origen a esta acción constitucional. Cabe destacar que acoger esta orden de no innovar no causa perjuicio alguno a la recurrida. Por el contrario, de no ser acogida ,la afectada podría sufrir serios perjuicios por pérdida del año escolar. Por último, acceder a la orden de no innovar solicitada no implica prejuzgar, pues la Iltma. Corte de Apelaciones podría resolver en definitiva lo que estime procedente conforme a derecho. En este sentido, resulta absolutamente indispensable que se decrete la orden de no innovar solicitada, mientras dure la tramitación del presente recurso, en cuanto constituye un amparo básico y urgente para nuestra representada.

POR TANTO, A S.S. ILTMA. RESPETUOSAMENTE PEDIMOS: Decretar orden de no innovar en los términos solicitados, o bien, en aquéllos que S.S. Iltma. estime pertinente conforme a derecho.

TERCER OTROSÍ: Solicitamos a S.S. Iltma. tenga por acompañada, con citación, copia de personería para actuar en representación de Lorena Diaz Contreras, la que consta de escritura pública otorgada el 11 de julio de 2018, Repertorio N° 13.476-2018, en la Notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello.

CUARTO OTROSÍ: Solicitamos a S.S. Iltma. tenga presente que, en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, vengo en asumir el patrocinio y poder en esta causa.