Temario Auxiliares Administrativos Junta De Andalucia (1)

TEMARIO AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.

PATANEGRA

TEMA 1 LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. VALORES SUPERIORES Y PRINCIPIOS INSPIRADORES. EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO. DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES. LAS LIBERTADES PÚBLICAS. GARANTÍAS Y RESTRICCIONES. EL PROCEDIMIENTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

1. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 1.1. CONCEPTO Una Constitución, se puede definir desde dos puntos de vista: formal y material. Desde el punto de vista formal, tratamos de definir su esencia tomando como referencia su manifestación normativa, así, la Constitución se define como la norma suprema del ordenamiento jurídico elaborada por el poder constituyente, el pueblo, en el ejercicio de su soberanía.

Desde el punto de vista material, la conceptualización de la Constitución se basa en su contenido, y no en su forma como en el caso anterior; según esta visión una Constitución establece los principios fundamentales que deben regir el orden social, político y económico de la sociedad en la que se aplica. Contiene pues, “las reglas de funcionamiento básicas” de una sociedad que se dota a sí misma de una norma superior bajo la que se articule toda la estructura política, social y económica. 1.2. CLASES DE CONSTITUCIONES Las clases de Constituciones se analizan desde diferentes puntos por la doctrina, sin que sea necesario un estudio pormenorizado de cada uno de ellos ya que todos ellos son válidos pero al mismo tiempo parciales, ya que sólo inciden en un aspecto de las mismas. Nosotros consideramos que las clasificaciones más relevantes son las siguientes: -

-

Constituciones según su origen: o

Pactadas: resultado de un pacto entre Monarca y Pueblo.

o

Otorgadas: concesión graciosa del Monarca al Pueblo.

o

Impuestas: imposición del Pueblo al Rey.

o

Populares: aprobadas por una Asamblea representativa popular.

Constituciones según su procedimiento de reforma: o

-

-

-

Rígidas o Flexibles: según cuenten o no con procedimientos especiales de reforma.

Constituciones según su forma externa: o

Codificadas o Abiertas: según el Texto constitucional se encuentre unificado o disperso.

o

Escritas o no Escritas

o

Extensas o Breves

Constituciones por la forma de gobierno: o

Monárquicas

o

Republicanas

Constituciones por la estructura territorial del poder: o

Federales

o

Unitarias

o

Autonómicas

1.2. ANTECEDENTES La historia del constitucionalismo español arranca en el año 1810 con la reunión de las Cortes de Cádiz que culminaría en la aprobación de la Constitución de 1812, primera norma constitucional española y también, texto constitucional más extenso de todos los aprobados en nuestro país. A lo largo de nuestra historia, han existido las siguientes Constituciones: -

1812

-

Estatuto Real de 1834

-

1837

-

1845

-

1869

-

1876

-

1931

La característica más sobresaliente a destacar es el “efecto péndulo”, predicable de las mismas, de modo que a una Constitución liberal le sucedía una Constitución conservadora y viceversa; de ese modo fueron liberales las Constituciones de 1812, 1837, 1869 y 1931; y conservadoras el Estatuto real de 1834, la de 1845 y 1876. Posteriormente, durante los años que abarcan desde 1936, comienzo de la guerra civil, hasta la muerte de F. Franco, en noviembre de 1975, no podemos establecer la existencia de una verdadera Constitución sino de normas estatales, denominadas “Leyes Fundamentales”, que establecían las bases de ordenación del Estado. 1.3. INFLUENCIAS Al margen de las influencias recibidas por los textos constitucionales españoles, ya analizados, no hemos de olvidar, como dice Sánchez Agesta, que la Constitución de 1978 “ ..se sitúa en el ámbito internacional dentro de las nuevas corrientes europeas que aparecen después de la segunda guerra mundial y se caracterizan por conjugar criterios sistemáticos centrados en lo que se ha denominado procesos de decisión o fenómenos que tienen su encaje en las nuevas realidades tratadas por los estudiosos del Derecho Constitucional y de la Teoría Política...”

Las principales influencias las sistematizamos de la siguiente forma: -

Constitución italiana de 1947. Influye en la configuración del Poder Judicial, la concepción del Estado regional o la posibilidad de aprobar leyes en comisión parlamentaria.

-

La ley fundamental de Bonn 1949 (texto constitucional de la República Federal Alemana), la zona máxima se encuentra en "El catálogo de Derechos y Libertades", lo que se ha dado en llamar el Iusnaturalismo renovado en el reconocimiento y garantía de derechos y libertades, es sin duda una influencia directa del texto constitucional alemán. Asimismo la calificación del estado español como Estado Social y Democrático de Derecho y las consecuencias que se derivan de ello provienen de la ley fundamental de Bonn. En el ámbito de la forma de Gobierno y en el ámbito de las relaciones entre el Gobierno y el parlamento, los constituyentes españoles se inspiraron en uno de los mecanismos de exigencia de la responsabilidad política del Gobierno: la moción de censura de carácter constructivo.

-

Constitución francesa de 1958 en materia de organización estatal.

-

Constitución portuguesa de 1976 que sobre todo, determina buena parte de los derechos y libertades fundamentales.

-

Las Constituciones de las Monarquías históricas europeas. De ellas el constituyente se nutrió para redactar el Título II de la Constitución, el correspondiente a la Corona.

-

Textos jurídicos internacionales, fundamentalmente del "Derecho Internacional de los tratados", "Derecho Internacional convencional". El legislador de la Constitución de 1978 se remite expresamente en varios de sus preceptos a ese Derecho internacional convencional, en particular por lo que respecta a la interpretación de los derechos fundamentales, los órganos jurisdiccionales españoles y por supuesto el Tribunal Constitucional, deben tener en cuenta a la hora de apurar e interpretar un derecho fundamental, deben tener en cuenta no sólo el derecho interno, la Constitución, sino también los convenios y tratados que en materia de derechos y libertades hayan sido suscritos, incluyendo la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales, Tribunal Internacional de Justicia y sobre todo en el ámbito europeo y en el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal europeo de los derechos humanos.

1.4. PROCESO CONSTITUYENTE El proceso de cambio desde el régimen anterior al actual régimen constitucional se realizó a través del periodo conocido con el nombre de “transición política”, que abrió el procedimiento de elaboración y aprobación posterior de la Constitución española de 1978. 1.5. LA TRANSICIÓN POLÍTICA

El proceso de transición política comienza con la muerte de F. Franco, el 20 de noviembre de 1975, y la posterior proclamación de D. Juan Carlos I como Rey de España, ante las Cortes el día 22 de noviembre de 1975. A partir de ese momento comienza en nuestro país un proceso histórico que culminó con la aprobación y entrada en vigor de la Constitución, como veremos más adelante, el 29 de diciembre de 1978. Fueron pues, más de tres años de continuos movimientos sociales de adaptación pero caracterizados por la voluntad de todas las fuerzas sociales de alcanzar un marco de convivencia para todos. Los hitos más importantes de este proceso fueron los siguientes: -

El 20 de noviembre de 1975, el denominado entonces ( hoy desaparecido) “ Consejo de Regencia”, asumió las funciones de la Jefatura del Estado, hasta el 22 de noviembre, fecha en la que, como hemos visto, es proclamado Rey ante las Cortes y el Consejo del Reino, su Majestad D. Juan Carlos I de Borbón.

-

El Rey confirmó en su puesto al Presidente del Gobierno del régimen franquista, Arias Navarro. La imposibilidad de que ese Presidente estuviera al mando de un proceso de cambio se manifiesta cuando presenta su dimisión al Rey, el día 1 de julio de 1976.

-

Es nombrado Presidente del Gobierno Adolfo Suárez, encargado de dirigir las conversaciones con los principales líderes de las diferentes fuerzas sociales y partidos políticos.

-

El 15 de diciembre de 1975, se celebró el Referéndum para la Reforma Política. Como resultado de su aprobación por el pueblo español, se promulga el 4 de enero de 1977, la Ley para la Reforma Política. Esta norma contenía la derogación tácita del sistema político franquista, en solo cinco artículos.

-

La aprobación de esta norma, abre paso a la celebración de elecciones democráticas por primera vez, elecciones que se celebraron el 15 de junio de 1977. A partir de ese momento comienza el proceso de redacción de la Constitución, que analizamos a continuación.

1.6. LA ELABORACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 La Constitución Española de 1978, debida a una iniciativa parlamentaria, fue elaborada y aprobada por las Cortes formadas como resultado de las Elecciones Generales del 15 de junio de 1977. Seguiremos en nuestra exposición, el criterio de desarrollar las funciones realizadas por los órganos activos del proceso junto con el criterio cronológico. 1.6.1. Congreso de los diputados •

26 de julio de 1977. Nombramiento de la Comisión Constitucional —después denominada Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas— del

Congreso de los Diputados. La Comisión encomendó a una Ponencia la redacción de un anteproyecto de Constitución. •

1 de agosto de 1977. La Ponencia comienza sus trabajos.

•

5 de enero de 1978. Se publica en el «Boletín Oficial de las Cortes» el Anteproyecto de Constitución junto con los votos particulares de los Ponentes.

•

17 de abril de 1978. Se publica en el «Boletín Oficial de las Cortes» el informe de la Ponencia sobre las enmiendas presentadas al Anteproyecto.

•

Del 5 de mayo al 20 de junio de 1978 se celebra el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas (24 sesiones).

•

1 de julio de 1978. Se publica en el «Boletín Oficial de las Cortes» el dictamen de la Comisión. Del 4 al 21 de julio de 1978. Se celebra el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados (12 sesiones). 21 de julio de 1978. El Pleno del Congreso de los Diputados aprueba por 258 votos a favor, dos en contra y 14 abstenciones el texto del Proyecto en su conjunto.

1.6.2. Senado •

Del 18 de agosto al 14 de septiembre de 1978 la Comisión de Constitución debate el Proyecto remitido por el Congreso de los Diputados (17 sesiones). Del 25 de septiembre al 5 de octubre de 1978 se celebra el debate en el Pleno del Senado (10 sesiones).

•

13 de octubre de 1978. Se publican en el «Boletín Oficial de las Cortes» las «Modificaciones al texto del Proyecto de Constitución» propuestas por el Senado.

1.6.3. Comisión mixta congreso-senado •

28 de octubre de 1978. Se publica en el «Boletín Oficial de las Cortes» el dictamen de la Comisión Mixta.

1.6.4. Congreso de los Diputados y Senado •

El 31 de octubre de 1978 fue sometido a la aprobación de cada una de las Cámaras, por separado, el dictamen de la Comisión Mixta. El Pleno del Congreso de los Diputados lo aprobó por 316 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones. El Pleno del Senado lo aprobó por 226 votos a favor, cinco en contra y ocho abstenciones.

•

El 6 de noviembre de 1978 se publica la declaración formal del Presidente de las Cortes de haber quedado aprobado el dictamen de la Comisión Mixta.

1.6.5. Referéndum

•

S. M. el Rey sometió a referéndum de la Nación el Proyecto de Constitución por Real Decreto 2560/1978, de 3 de noviembre, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviembre de 1978.

•

Celebrado el referéndum el día 6 de diciembre de 1978, la Constitución quedó sancionada con el siguiente resultado: de 26.632.180 ciudadanos con derecho a voto, votaron 17.873.301, de los cuales 15.706.078 lo hicieron a favor de la aprobación del Proyecto de Constitución; 1.400.505, en contra; 632.902, en blanco, y 133.786 papeletas nulas. (El resumen de la votación fue publicado por la Junta Electoral Central en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de diciembre de 1978.)

1.6.6. Promulgación •

La Constitución fue promulgada por S. M. el Rey al término de la sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado celebrada en el Palacio de las Cortes el día 27 de diciembre de 1978.

1.6.7. Publicación •

El texto de la Constitución fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 29 de diciembre de 1978, número 311.1. El mismo día, el «Boletín Oficial del Estado» publicó las versiones Balear, Catalana, Gallega, Valenciana y Euskera.

1.7. CARACTERÍSTICAS GENERALES Destacamos las notas en las que la doctrina jurídica ha realizado mayor hincapié. Son las siguientes: -

Define un régimen político democrático parlamentario clásico o democracia occidental.

-

Es una Constitución rígida en cuanto a su procedimiento de reforma.

-

Es una Constitución extensa, sólo superada por la de 1812, con 169 artículos y más de 17.000 palabras. Porque había una intención de incluir el mayor numero posible de temas para que quedaran blindados por la supremacía jerárquica de la Ce.

-

Es una Constitución inacabada y ambigua que se remite en demasiadas ocasiones a normas de desarrollo.

-

Posee aplicabilidad directa e inmediata.

-

Es fruto de la conciliación y el compromiso ideológico. No obstante todas las Constituciones democráticas son fruto de una conciliación o pacto previo. La característica en el caso español se concreta en que en la voluntad de esa negociación estuvo el hacer una nueva Constitución de nueva planta y no en reformas las leyes del régimen anterior; en aspectos concretos de la regulación contenida como la monarquía parlamentaria o la descentralización territorial y

por último, adoptó algunas formulas abiertas cuando no era posible seguir el consenso optándose por dejar el texto abierto. -

Es una Constitución derivada por las influencias recibidas en su redacción.

2. SISTEMÁTICA Y ESTRUCTURA 2.1.ESTRUCTURA La estructura de la Constitución española de 1978, consta de 169 artículos. Su estructura esquemática es la siguiente: Preámbulo ( sin fuerza jurídica) Título Preliminar 10 Títulos 4 Disposiciones Adicionales 9 Disposiciones Transitorias 1 Disposición Derogatoria 1 Disposición Final La doctrina jurídica, establece que esa estructura se ha ido consolidando en los textos constitucionales democrático- liberales, en los siguientes bloques: -

Preámbulo

-

Parte Dogmática: incluye el Título Preliminar, el Título Primero y la declaración de los valores primarios del Estado y de los derechos y libertades.

-

Parte Orgánica: abarca los Títulos del II al IX, dedicándolos a la organización de los poderes del Estado y la parte reformista del Título X, aunque hemos de advertir, que una parte de la doctrina considera que este último forma parte independiente de las demás

El contenido y estructura de cada uno de ellos, es el siguiente: -

Preámbulo: es la única parte de la Constitución que no tiene fuerza jurídica.

-

Título Preliminar- Art. 1 al 9

-

Título I- De los derechos y deberes fundamentales- Art. 10 a 55

-

Título II- De la Corona- Art. 56 a 65

-

Título III- De las Cortes Generales- Art. 66 a 96

-

Título IV- Del Gobierno y de la Administración. Art. 97 a 107.

-

Título V- De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales- Art. 108 a 116

-

Título VI- Del Poder Judicial- Art. 117 a 127

-

Título VII- Economía y Hacienda- Art. 128 a 136

-

Título VIII- De la Organización Territorial del Estado- Art- 137 a 158

-

Título IX- Del Tribunal Constitucional- Art. 159 a 165- Título X- De la Reforma Constitucional- Art. 166 a 169

-

4 Disposiciones Adicionales

-

9 Disposiciones Transitorias

-

1 Disposición Derogatoria

-

1 Disposición Final

3. VALORES SUPERIORES Y PRINCIPIOS INSPIRADORES. EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO. Se recogen en el Título Preliminar, artículos 1 al 9. Su contenido lo analizamos a continuación. 3.1. ESTADO SOCIAL, DEMOCRÁTICO Y DE DERECHO Contenido en el artículo 1. 1.. Según este artículo España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estado Social se define como aquel que garantiza a sus ciudadanos el ejercicio real de los derechos sociales, prestándole protección en determinados ámbitos como la vivienda, la enseñanza o la sanidad. Estado Democrático se define como aquel en el que el pueblo, depositario de la soberanía nacional, elige a sus representantes. Estado de Derecho se define como aquel que garantiza la supremacía del Derecho sobre los poderes públicos y los ciudadanos. 3.2. SOBERANÍA POPULAR Contenido en el artículo 1.2. estableciendo que la soberanía nacional reside en el pueblo español. 3.3. MONARQUÍA PARLAMENTARIA

Contenido en el artículo 1.3. estableciendo que la forma política del Estado español es la Monarquía Parlamentaria. El significado último de este principio se traduce en que nuestra Jefatura de Estado es hereditaria ( monarquía) y en que se atribuye un poder preferente a las Cortes Generales como representantes del pueblo español, además de añadir a la Monarquía un matiz: el Rey reina, pero no gobierna. 3.4. UNIDAD, AUTONOMÍA Y SOLIDARIDAD TERRITORIAL Estos tres principios se contienen en el artículo 2 en los siguientes términos: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. 3.5. OFICIALIDAD DEL CASTELLANO Y DEL RESTO DE LENGUAS ESPAÑOLAS Recogido en el artículo 3 de la Constitución, en los términos siguientes: 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüisticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. 3.6. OFICIALIDAD DE LA BANDERA Y DE LAS BANDERAS AUTONÓMICAS Recogido en el artículo 4 de nuestro Texto Constitucional, en los términos siguientes: 1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. 2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. 3.7. CAPITALIDAD DEL ESTADO Establecida en el artículo 5 de nuestra Constitución ( hacemos notar que es éste el artículo más corto de todo nuestro Texto Constitucional), en los siguientes términos: “La capital del Estado es la Villa de Madrid”. 3.8. RECONOCIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

En el artículo 6 de nuestra Constitución se indican las funciones de los partidos políticos, que son las siguientes: 1- Expresan el pluralismo político 2- Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular 3- Son instrumento fundamental para la participación política Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. 3.9. RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y DE LOS SINDICATOS Las fuerzas sociales se reconocen en el artículo 7 de nuestra Constitución. Su función, es la contribución a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. 3.10. FUERZAS ARMADAS Aparecen reguladas en el artículo 8 de nuestra Constitución. Están constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Sus funciones son: 1- Garantizar la soberanía e independencia de España 2- Defender su integridad territorial 3- Defender el ordenamiento constitucional Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la Constitución 3.11. OTROS PRINCIPIOS Se recogen en el artículo 9 de la Constitución. -

Principio de legalidad: artículo 9.1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

-

Corresponde a los poderes públicos:

1- Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas 2- Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud 3- Facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social -

Principio de jerarquía normativa: las normas de rango interior no pueden vulnerar lo establecido en una norma de carácter superior so pena de nulidad.

-

Principio de publicidad de las normas: las normas deben ser publicadas en un Diario Oficial para que puedan ser exigibles.

-

Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales: solamente pueden ser retroactivas las normas favorables.

-

Principio de seguridad jurídica: se traduce en las garantías que posee el ciudadano frente al ordenamiento jurídico.

-

Principio de responsabilidad de los poderes públicos: los poderes públicos son responsables de las actuaciones que realicen

4. DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES. LAS LIBERTADES PÚBLICAS. 4.1. ESTRUCTURA DEL TÍTULO I El Título I, (denominado “De los Derechos y Deberes Fundamentales”) de la Constitución española de 1978 comprende los artículos del 10 al 55, ambos incluidos. Su estructura interna es la siguiente: •

Artículo 10

•

Capítulo I- De los españoles y de los extranjeros-Artículos 11 al 13

•

Capítulo II- Derechos y Libertades- Artículos 14 al 38

•

Artículo 14

•

‰

Sección I- De los Derechos Fundamentales y las Libertades PúblicasArts. 15 a 29

‰

Sección II- De los Derechos y Deberes de los Ciudadanos- Arts. 30 a 38

Capítulo III- Principios rectores de la política social y económica- Arts. 39 a 52

•

Capítulo IV- De las garantías de las libertades y derechos fundamentales- Arts. 53 y 54

•

Capítulo V- Suspensión de los derechos y libertades- Art. 55

Procedemos a su estudio a continuación, siguiendo el mismo orden que el establecido en nuestro Texto Constitucional, no sin antes indicar que el artículo 10 actúa a modo de pórtico de todo el Título, ya que contiene: -

Los fundamentos del orden y paz social

-

Las normas de interpretación de los derechos contenidos en el Título I

-

En concreto, las normas más importantes de interpretación se contienen en los siguientes textos normativos: •

Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948.

•

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, en 1950.

•

Carta Social Europea en 1961.

•

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

4. 2. DE LOS ESPAÑOLES Y LOS EXTRANJEROS Contenidos en el Capítulo I del Título I de la Constitución, artículos 11 al 13 ambos incluidos. Es de resaltar que ha sido, hasta el momento, el único Capítulo afectado por una reforma constitucional, en el año 1992; en concreto la reforma afectó al artículo 13 que veremos posteriormente. 4.2.1. Nacionalidad española. Artículo 11. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. 4.2.2. Mayoría de edad. Artículo 12. Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años. 4.2.3. De las libertades que gozarán en España los extranjeros. Artículo 13.

Como indicábamos, hasta el momento ha sido el único artículo que ha sido objeto de una reforma constitucional. En particular, la reforma se produjo como consecuencia de la ratificación por España del Tratado de Maastricht. En concreto, la reforma se produjo el día 27 de agosto de 1992, consistiendo en la introducción de las palabras “y pasivo” en el apartado 2 de este artículo 13. Indica el artículo 13 que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, relativo al derecho de participación en los asuntos públicos, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradicción los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. 4. 3. DERECHOS Y LIBERTADES El estudio del Capítulo II se abre con el artículo 14, relativo al reconocimiento del Derecho a la igualdad jurídica de los españoles. Efectivamente, el art. 14 de nuestra Constitución declara solemnemente que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. La igualdad de las personas es una manifestación de su propia dignidad y es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. El art. 14 encierra un doble sentido, de una parte, una declaración general de igualdad ante la Ley y, de otra, una prohibición expresa de discriminación alguna por razón de ciertas circunstancias 4.3.1 Derechos fundamentales y libertades públicas Los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas se organizan en torno a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución, abarcando los artículos del 15 al 29 ambos incluidos. 4.3.1.1 Derecho a la vida. Art. 15 Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. 4.3.1.2. Libertad ideológica y religiosa. Art. 16

Este artículo establece la garantía de la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. El límite en sus manifestaciones, es solo el necesario para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. En cuanto a las repercusiones sobre el individuo indica que “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. Las repercusiones estatales se manifiestan en la afirmación de que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, por tanto, España es un Estado aconfesional. No obstante, termina diciendo este artículo que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. El desarrollo de este derecho se contiene en la Ley Orgánica 7/ 1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa. 4.3.1.3. Derecho a la libertad y a la seguridad. Art. 17 Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. En este artículo encontramos además el siguiente contenido: A) Detención preventiva La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. El art. 55.2 CE prevé que: “Una ley Orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en (el art. 17.2) pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. B) Derechos del detenido Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. C) Habeas Corpus La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

El desarrollo de esta garantía se contiene en la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, de Habeas Corpus, considera personas ilegalmente detenidas: •

Las que lo fueran sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las leyes

•

Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar

•

Las que lo estuviesen por plazo superior al señalado en las leyes, si transcurrido el mismo, no fueran puestas en libertad o entregadas al Juez

•

Las privadas de libertad a las que no se respetan los derechos que la Constitución o las leyes procesales les garantizan.

El procedimiento de habeas corpus no es propiamente un derecho fundamental, sino una garantía institucional derivada de la tutela judicial efectiva que tan sólo busca esclarecer la legalidad de la detención. 4.3.1.4. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Art. 18 El artículo 18 garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Establece asimismo la inviolabilidad del domicilio, blindando este extremo al indicar que las entradas o registros en domicilios solo podrá hacerse por: •

Consentimiento del titular

•

Resolución judicial

•

Flagrante delito.

De otro lado, se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. El desarrollo de estos derechos se contiene en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen 4.3.1.5. Libertad de circulación y residencia. Art. 19 Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

4.3.1.6. Libertad de expresión. Art. 20 En el artículo 20 de la Constitución, se reconocen y protegen los derechos: -

A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

-

A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

-

A la libertad de cátedra.

-

A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

Asimismo, este artículo establece que: 1º- La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 2º- El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 3º- La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 4º- Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Estas libertades tienen su límite en: -

El respeto a los derechos reconocidos en el Título I

-

En los preceptos de las leyes que lo desarrollen

-

Especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

4.3.1.7. Derecho de reunión. Art. 21 Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Esta comunicación ha de ser escrita, cursada por los organizadores de aquéllas, y efectuada con una antelación de diez días naturales, plazo este recortable a veinticuatro

horas por motivos de urgencia. En el escrito de comunicación se harán constar, entre otros extremos, el objeto de la manifestación y el itinerario proyectado, cuando se prevea la circulación por las vías públicas. 4.3.1.8. Derecho de asociación. Art. 22. En el artículo 22 se reconoce el derecho de asociación. Se califican como asociaciones ilegales a aquellas asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. En cuanto a los requisitos de constitución, solo es exigible la inscripción en un registro a los solos efectos de publicidad. En cuanto a su disolución o suspensión en sus actividades sólo puede realizarse en virtud de resolución judicial motivada. Por último este artículo prohíbe las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. 4.3.1.9. Derecho de participación en los asuntos públicos. Art. 23. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. 4.3.1.10. Derecho a la tutela judicial efectiva. Art. 24. El art. 24 establece los derechos del individuo en relación con los Juzgados y Tribunales. Como primera afirmación se indica que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Asimismo, todos tienen derecho a: -

El Juez ordinario predeterminado por la ley

-

A la defensa y a la asistencia de letrado

-

A ser informados de la acusación formulada contra ellos

-

A un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías

-

A utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa

-

A no declarar contra sí mismo

-

A no confesarse culpables

-

A la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. 4.3.1.11. Principio de legalidad penal. Derechos del penado. Art. 25. El principio de legalidad penal se manifiesta en el apartado 1º del artículo 25 al indicar que “nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”. En relación con los derechos de los penados se indica que: -

Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.

-

Gozarán de los derechos fundamentales de este Capítulo a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria.

En todo caso, tendrán derecho a: -

Un trabajo remunerado

-

Los beneficios correspondientes de la Seguridad Social

-

El acceso a la cultura

-

El desarrollo integral de su personalidad.

Por último se indica que la Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad, ya que las penas privativas solo pueden venir impuestas en virtud de resolución judicial. 4.3.1.12. Prohibición de los Tribunales de Honor. Art. 26. En el artículo 26 se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. 4.3.1.13. Derecho a la educación. Art. 27. Se establece en el artículo 27 de la Constitución que “todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”. Asimismo se declara que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. En consonancia con esta declaración, los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones y el derecho de todos a la educación, mediante

una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. En la misma línea se atribuye a los poderes públicos la inspección y homologación del sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes y la obligación de ayuda a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Se reconoce asimismo, a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Se reconoce, por último, la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca. 4.3.1.14. Derecho de sindicación y derecho de huelga. Art. 28. La primera declaración de este artículo es “todos tienen derecho a sindicarse libremente” Sin embargo indica también que la Ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende: -

El derecho a fundar sindicatos

-

A afiliarse al de su elección

-

El derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas.

Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. 4.3.1.15. Derecho de petición. Art. 29. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. No obstante, los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. 4.4. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS

Como indicábamos, los derechos y deberes de los ciudadanos se contienen en la Sección 2ª, del Capítulo II, del Título I de la Constitución española de 1978, comprendiendo los artículos del 30 al 38, ambos incluidos. Procedemos a su estudio a continuación. 4.1.1. Deber y derecho de defensa Recogido en el artículo 30. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 4.1.2. Deber de contribución Recogido en el artículo 31. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. 4.1.3. Derecho al matrimonio Recogido en el artículo 32. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. 4.1.4. Derecho a la propiedad privada y a la herencia Recogido en el artículo 33. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. 4.1.5. Derecho de fundación Establecido en el artículo 34. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del Art. 22. 4.1.6. Derecho y deber de trabajar Establecido en el artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. 4.1.7. Colegios profesionales El régimen jurídico de los Colegios Profesionales, queda establecido en el artículo 36. La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos. 4.1.8. Derecho a la negociación colectiva laboral Recogido en el artículo 37. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. 4.1.9. Derecho a la libertad de empresa

En el artículo 38 de la Constitución, se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. 5. DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA Los principios rectores de la política social y económica, se recogen en el Capítulo III, del Título I de la Constitución española, abarcando los artículos 39 a 52, ambos incluidos. Resumimos su contenido a continuación, remitiendo al opositor a su lectura directa en el Texto Constitucional Art. 39. Protección de la familia y de los hijos. Art. 40.Progreso social y económico Art. 41.Seguridad Social Art. 42. Derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero. Art. 43.Derecho a la protección de la salud. Art. 44. Acceso a la cultura. Promoción de la ciencia y la investigación científica. Art. 45.Derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Art. 46. Conservación y promoción del enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España. Art. 47. Derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Art. 48. Participación de la juventud. Art. 49. Protección de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Art. 50. Protección de la tercera edad. Art. 51. Defensa de los consumidores y usuarios. Art. 52.Organizaciones profesionales. 6. GARANTÍAS Y RESTRICCIONES 6.1. GARANTÍAS

Se recogen en el Capítulo IV del Título I, artículo 53 de la Constitución española de 1978. Este articulo establece un triple sistema de protección, que analizamos a continuación. 1º- Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I: -

Vinculan a todos los poderes públicos.

-

Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades.

2º- Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el art. 14 y la Sección primera del Capítulo 2.º ante los Tribunales ordinarios por: -

Un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad

-

A través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el art. 30.

3º- El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo 3.º informará: -

La legislación positiva

-

La práctica judicial

-

La actuación de los poderes públicos.

Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. 6.2. SUSPENSIÓN Los derechos fundamentales pueden ser suspendidos en determinados casos, establecidos constitucional y legalmente, de forma tanto individual como colectiva. Para su estudio hay que poner en consonancia, los artículos 55 y 116 de la Constitución. 6.2.1. Suspensión general La declaración de suspensión general afecta a un colectivo de personas de manera general, en un ámbito territorial que puede ser tanto nacional como regional. Para ello, es necesario que se proceda a la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio, aunque destacamos desde este momento, que en el caso de la declaración del estado de alarma los derechos no son suspendidos sino solamente, limitados. Procederá la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes.

Las medidas a adoptar en los estados de alarma, excepción y sitio, así como la duración de los mismos, serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se realizará en forma proporcionada a las circunstancias. Finalizada la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio decaerán en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden a actuaciones preventivas correspondan a las Autoridades competentes, así como las concretas medidas adoptadas en base a éstas, salvo las que consistiesen en sanciones firmes. La declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado. Los derechos reconocidos en los Arts 17, 18, apartados 2 y 3, Arts 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, Arts 21, 28, apartado 2, y Art. 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del Art. 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción 6.2.1.1. Estado de excepción Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para establecerlo y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con el apartado 3 del art. 116 de la Constitución, podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción. El Congreso debatirá la solicitud de autorización remitida por el Gobierno, pudiendo aprobarla en sus propios términos o introducir modificaciones en la misma. El Gobierno, obtenida la autorización anterior, procederá a declarar el estado de excepción, acordando para ello en Consejo de Ministros un decreto con el contenido autorizado por el Congreso de los Diputados. El Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, podrá poner fin al estado de excepción antes de que finalice el período para el que fue declarado, dando cuenta de ello inmediatamente al Congreso de los Diputados. Si persistieran las circunstancias que dieron lugar a la declaración del estado de excepción, el Gobierno podrá solicitar del Congreso de los Diputados la prórroga de aquél, que no podrá exceder de treinta días. 6.2.1.2 Estado de Alarma El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2, de la Constitución, podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:

a)

Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.

b)

Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.

c)

Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo.

d)

Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

Cuando los supuestos anteriores afecten exclusivamente a todo o parte del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, el Presidente de la misma podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma. La declaración del estado de alarma se llevará a cabo mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. En el decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que no podrá exceder de quince días. Sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga. El Gobierno dará cuenta al Congreso de los Diputados de la declaración del estado de alarma y le suministrará la información que le sea requerida. El Gobierno también dará cuenta al Congreso de los Diputados de los decretos que dicte durante la vigencia del estado de alarma en relación con éste. Con independencia de lo anterior, el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes: •

Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

•

Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.

•

Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.

•

Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.

•

Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción afectados.

6.2.1.3. El estado de sitio

Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios, el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del art. 116 de la Constitución, podrá proponer al Congreso de los Diputados la declaración de estado de sitio. La correspondiente declaración determinará el ámbito territorial, duración y condiciones del estado de sitio. 3. La declaración podrá autorizar, además de lo previsto para los estados de alarma y excepción, la suspensión temporal de las garantías jurídicas del detenido que se reconocen en el apartado 3 del art. 17 de la Constitución. En virtud de la declaración del estado de sitio, el Gobierno, que dirige la política militar y de la defensa, de acuerdo con el art. 97 de la Constitución, asumirá todas las facultades extraordinarias previstas en el ordenamiento constitucional. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Gobierno designara la Autoridad militar que, bajo su dirección, haya de ejecutar las medidas que procedan en el territorio a que el estado de sitio se refiera. 6.2.2. Suspensión individual Es la suspensión que afecta a personas individualmente consideradas, relacionadas con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. El artículo 55.2. establece la posibilidad de que una ley orgánica determine los supuestos en los que puede ser objeto de suspensión individual el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y la duración máxima de la detención preventiva, que puede verse ampliada en 48 horas más sobre las 72 horas máximas de duración en supuestos de normalidad jurídica. 7. LA REFORMA CONSTITUCIONAL Al hablar de las características de la Constitución española de 1978, establecimos que se trata de una norma rígida, es decir, de una norma que cuenta con mecanismos de reforma especiales, para proteger su contenido frente a posibles alteraciones. Algunos autores afirman que su dificultad, sobre todo en el procedimiento extraordinario, hacen pensar que se diseñó para no ser utilizado nunca, pero lo cierto es que la idea de garantizar la pervivencia y supervivencia de la Constitución, pero también de adaptación a las sucesivas evoluciones sociales y políticas que el propio devenir histórico puede traer consigo, hacen necesario crear un mecanismo más agravado que el establecido para las normas legislativas ordinarias. Por tanto, la idea es que la Constitución, cualquier Constitución, tiene pretensiones de estabilidad, de forma que sus cambios se produzcan en circunstancias especiales pero sin impedir que se pueda producir la adaptación El procedimiento se recoge en el Título X de la Ce, arts, 166 a 169. 7.1. INICIATIVA

La iniciativa, regulada en el art. 166 que remite al art. 87 1 y 2, la podrán ejercer: -

El Gobierno

-

El Congreso de los Diputados

-

El Senado

-

Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas

Quedan expresamente excluida de la iniciativa para la reforma, la iniciativa popular, ni tampoco podrá ejercerse durante la vigencia de cualquiera de los estados de alarma, excepción o sitio, previstos en el art. 116 Ce. 7. 2. PROCEDIMIENTOS Los procedimientos se articulan en función de la materia a la que pudiera afectar la reforma, diferenciando entre un procedimiento general y un procedimiento extraordinario en los arts. 167 y 168 respectivamente. 7.2.1. Procedimiento general Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiere acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Este procedimiento se ha aplicado en la reforma del art. 13.2. como consecuencia de la ratificación por España del Tratado de Maastricht, que exigía en materia de ciudadanía europea que todos los ciudadanos de la Unión pudieran ejercer el derecho de sufragio, tanto activo como pasivo, en las elecciones municipales de los países miembros. La reforma fue aprobada por las Cortes Generales en Sesiones Plenarias del Congreso de los Diputados, de 22 de julio de 1992, y del Senado, de 30 de julio de 1992 y sancionada por S. M. El Rey, el 27 de agosto de 1992 7.2.2. Procedimiento extraordinario Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

TEMA 2 ÓRGANOS CONSTITUCIONALES

LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES. LA CORONA. LAS CORTES GENERALES. EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y EL SENADO: COMPOSICIÓN Y FUNCIONES. LA FUNCIÓN LEGISLATIVA. EL GOBIERNO DEL ESTADO. EL PODER JUDICIAL. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EL TRIBUNAL DE CUENTAS. EL DEFENSOR DEL PUEBLO

1. LA CORONA La regulación de la Corona se realiza en el Título II de la Constitución española de 1978, artículos 56 a 65, ambos incluidos. El artículo 56 de la Constitución enumera las características del Monarca indicando que: 1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia 2. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones 3. Asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica 4. Ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona. 1.1. FUNCIONES ESPECÍFICAS Las funciones específicas de la Corona, se recogen en el artículo 62 de la Constitución, y en artículos dispersos del Texto Constitucional. Son la siguientes: •

Sanciona y promulgar las leyes.

•

Convoca y disuelve las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.

•

Convoca elecciones generales

•

Convoca a referéndum en los casos previstos en la Constitución.

•

Propone el candidato a Presidente de Gobierno y, en su caso, lo nombra y pone fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.

•

Nombra y separa a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.

•

Expide los decretos acordados en el Consejo de Ministros

•

Confiere los empleos civiles y militares

•

Concede honores y distinciones con arreglo a las leyes.

•

Es informado de los asuntos de Estado y preside, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.

•

Ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas.

•

Ejerce el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.

•

El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

•

Nombra al Presidente y a los demás miembros del Tribunal Constitucional, al Fiscal General del Estado y a los Vocales del Consejo General del Poder Judicial.

•

Nombra a los Presidentes de las Comunidades Autónomas, con el refrendo del Presidente del Gobierno.

•

Sanciona los Estatutos de Autonomía

•

Convoca referéndum autonómico

1.2. FUNCIONES INTERNACIONALES En relación con las funciones internacionales del Monarca, recogidas en el artículo 63 de la Constitución, son las siguientes: •

El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él.

•

Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.

•

Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

1.3. LA SUCESIÓN La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica.

Las reglas de Sucesión a la Corona se establecen en el artículo 57 de la Constitución. Son las siguientes: 1º- La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación. 2º- Es preferida siempre la línea anterior a las posteriores. 3º- En la misma línea, es preferible el grado más próximo al más remoto 4º- En el mismo grado, es preferible el varón a la mujer 5º- En el mismo sexo, es preferible la persona de más edad a la de menos. Se añaden además las siguientes previsiones constitucionales: •

Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.

•

Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.

•

Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.

1.4. TUTELA

La tutela del Rey menor es un mecanismo que actúa en aquellos casos en los que el Rey es menor de edad; es decir, en aquellos casos en los que accede al Trono una persona que teniendo derecho a la Sucesión, es en esos momentos, menor de edad.

No debemos confundirla con la Regencia, que veremos en el apartado siguiente, pues mientras la tutela solo actúa en el ámbito de la esfera jurídica privada de la persona del Rey, la Regencia constituye un método de ejercicio de la Corona en nombre del Rey.

Su regulación la encontramos en el artículo 60 de la Constitución española de 1978.

ƒ

En primer lugar será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento.

ƒ

En caso de que el Rey difunto, no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos.

ƒ

Por último y en defecto del anterior, lo nombrarán las Cortes Generales

No podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.

El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política.

1.5. REGENCIA

La Regencia, como decíamos, actúa en los supuestos en los que existe Rey o Reina, pero no se encuentra en condiciones de ejercer las funciones asignadas a su cargo. Esta imposibilidad puede ser debida a dos causas, porque el Rey es menor de edad, o bien porque está inhabilitado para el ejercicio de su autoridad.

Su regulación se contiene en el artículo 59 de la Constitución española de 1978.

En cualquier caso, son requisitos imprescindibles para su ejercicio:

-

Ser español

-

Mayor de edad.

La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

Se produce como indicamos anteriormente, en dos casos:

a) Minoría de edad del Rey

b) Inhabilitación del Rey

1.5.1. Minoría de edad del Rey

El orden de llamamiento es el siguiente:

1. El padre o la madre del Rey

2. El pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución

En ambos casos, la persona designada entrará a ejercer inmediatamente la Regencia El tiempo de ejercicio coincidirá con el tiempo de la minoría de edad del Rey.

En caso de que no exista ninguna persona a quien corresponda el ejercicio de la Regencia, estaremos ante un supuesto de la denominada “regencia dátiva”, ( por contraposición a la anterior denominada “legítima”) en la que pueden ejercer el cargo de Regente, una, tres o cinco personas designadas por las Cortes Generales.

1.5.2. Inhabilitación del Rey

Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, debemos seguir el siguiente orden de llamamiento:

1. Entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad.

2. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el caso de la minoría de edad analizada anteriormente, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad.

Como en el caso anterior, también se prevé el supuesto de que no haya ninguna persona a quien corresponda la Regencia; en este caso también será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.

1.6. EL REFRENDO

La institución del refrendo forma parte del régimen jurídico predicable del Monarca, como Jefe del Estado. La idea de base es el principio de que el Jefe del Estado ostenta una serie de prerrogativas derivadas de la necesidad de proteger su figura, e implica, la imposibilidad de someter al Rey a un proceso judicial.

El refrendo es una de las consecuencias de esa situación jurídica. Si el Rey no tiene responsabilidad, si no se le puede exigir responsabilidad, debemos rodear sus actos de una serie de cautelas que impidan el ejercicio desmesurado del poder o la extralimitación de sus funciones.

De ahí que debamos trasladar esa responsabilidad a aquel órgano que le encomienda la realización de sus funciones.

Por ejemplo, como sabemos la disolución de las Cortes es una prerrogativa y función del Monarca, que solo él puede realizar. Sin embargo los supuestos de disolución están constitucionalmente determinados, de modo que no cabe que la pueda realizar de manera aleatoria o discrecional porque siempre, para poder realizar esa disolución, debe recibir la propuesta del Presidente del Gobierno, o en un caso excepcional y constitucionalmente regulado, por mandato constitucional y bajo el refrendo del Presidente del Congreso de los Diputados.

Por tanto, el refrendo actúa como un mecanismo de traslación de responsabilidad del Monarca al cargo o persona que refrende sus actos, que es, en último extremo, quien asume la responsabilidad del acto refrendado.

De forma inversa, podemos concluir que los actos reales realizados sin refrendo no tienen validez en nuestro ordenamiento, salvo aquellos que expresamente están excepcionados de este requisito.

Esta institución arranca de la Constitución española de 1812, que exigía la firma de uno de los denominados “Secretarios de Despacho” ( antecedente de los actuales Ministros” y los declaraba responsables. Fue regulado como acto de validez del Rey en el año 1837.

La regulación Constitucional se encuentra en los artículos 64 y 65 de la Constitución española de 1978. El artículo 64 establece que los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99 de la Constitución, serán refrendados por el Presidente del Congreso. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden. Como indicábamos existen una serie de actos regios en los que no es precisa la realización del refrendo. Se regulan en el artículo 65 de la Constitución y son los siguientes:

-

La distribución de los Presupuestos del Estado destinada al sostenimiento de su Familia y Casa

-

El nombramiento y relevo libre de los miembros civiles y militares de su Casa

2. LAS CORTES GENERALES. EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y EL SENADO: COMPOSICIÓN Y FUNCIONES. LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

La Constitución de 1978 recupera una denominación antigua para referirse al Poder Legislativo estatal, en vez de asumir el nombre de “Parlamento”, de clara influencia británica, optó por el de “Cortes Generales”.

El uso del sustantivo “Cortes” es reflejo de una tradición que se remonta en España a la época medieval. Se denominaban así por el emplazamiento donde se celebraban las deliberaciones, (donde estaba la Corte) y que, cuando tenían carácter extraordinario o solemne se llamaban “generales”.

Sin embargo, la expresión común en el constitucionalismo histórico español es la de “Cortes”, y no tanto la de “Cortes Generales” ante la conveniencia de reservar al parlamento de la nación un título diferenciador del que previsiblemente podrían utilizar alguna de las asambleas legislativas de las futuras Comunidades Autónomas, como podría ser el caso de las Cortes de Castilla y León.

El origen de la Institución, como la mayoría de los parlamentos europeos, tiene sus raíz en las asambleas medievales. Fue en el ámbito eclesiástico donde se construyó el principio representativo, tal y como fue entendido y desarrollado en la Edad Media; así, las primeras reuniones de los Comunes en Inglaterra se llevaron a cabo en la sala capitular de la abadía de Westminster, hacia 1285.

En los reinos de la España medieval, desde el siglo XIII, e incluso en el primer período de la monarquía absoluta, fue presidida por el Rey, y formada por los representantes de los diversos estamentos.

En la Constitución de 1978 las Cortes Generales desempeñan un papel fundamental en el régimen político de monarquía parlamentaria, ( artículo 1.2.) encarnando el principio representativo, esencia del Estado democrático de derecho ( artículo 1.1.)

2.1. REGULACIÓN NORMATIVA BÁSICA DE LAS CORTES GENERALES

La regulación constitucional de las Cortes Generales se recoge en el Título III de la misma, artículos 66 a 96, ambos incluidos. En este Título encontramos tres partes diferenciadas que responden a una estructura interna dedicada al tratamiento de los siguientes aspectos relacionados con la función legislativa:

•

Capítulo I- De las Cámaras. Artículos 66 a 80.

•

Capítulo II- De la elaboración de las leyes. Artículos 81 a 92.

•

Capítulo III-De los Tratados Internacionales. Artículos 93 a 96.

Mención aparte merecen los Reglamentos internos de ambas Cámaras, aprobados por ellas mismas en aplicación del artículo 72. 1. de la Constitución que establece “las Cámaras establecen sus propios Reglamentos”. Son los siguientes:

•

Reglamento del Congreso de los Diputados, aprobado el 10 de febrero de 1982

•

Reglamento del Senado, aprobado el 3 de mayo de 1994.

2.2. CARACTERÍSTICAS

Del análisis de la normativa anterior, cabe deducir las siguientes características predicables de las Cortes Generales:

a) Órgano constitucional del Estado y constitucionalmente limitado.

Las Cortes encarnan uno de los tres poderes clásicos del Estado, el poder legislativo. Aunque hayan perdido en la vida política diaria el carácter preeminente con que fueron concebidas inicialmente por el pensamiento liberal, su peso específico dimana de sus importantes funciones legislativas, financieras y de control del Gobierno, y sobre todo, de su naturaleza esencialmente representativa.

Según el artículo 66.1, “las Cortes Generales representan al pueblo español”, lo que es lo mismo que afirmar que sus miembros, los parlamentarios, son los representantes del pueblo. De ahí se deriva su condición de inviolables.

Tal como recoge el artículo 23, los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o a través de representantes, libremente elegidos, con lo cual se puede deducir que el órgano del Estado que por antonomasia representa al pueblo son las Cortes Generales.

b) Órgano representativo.

Son concebidas por la Constitución como un órgano cuya función primera es representar al pueblo español (artículo 66.1).

Se componen por elección popular directa, con la excepción de determinados escaños del Senado, y esta representatividad será fuente legitimidad de otros órganos del Estado y especialmente del Gobierno, cuyo presidente ha de superar una votación de investidura en el Congreso.

c) Órgano colegiado y deliberante.

Las Cortes son un órgano colegiado y su condición de órgano deliberante es connatural a todo parlamento y deriva de su condición de órgano representativo del pluralismo político.

d) Órgano dotado de publicidad.

La publicidad está conectada con su condición de órgano representativo y deliberante, puesto que de sus deliberaciones debe poder tener conocimiento el pueblo representado en Cortes.

La práctica de las sesiones de los plenos ha restringido mucho las sesiones plenarias secretas y casi han desaparecido del panorama parlamentario. En cuanto a las comisiones, se celebran normalmente sin presencia directa del público pero con la presencia de representantes de los medios de comunicación. Sin embargo, las Ponencias que designan las comisiones legislativas para informar sobre los proyectos de ley que remite el Gobierno, celebran sus sesiones de trabajo sin presencia de periodistas y sin

publicidad, para permitir el diálogo, la negociación y los compromisos entre los diversos grupos parlamentarios.

e) Órgano autónomo

Como reflejo del origen histórico de las Cortes que surgieron con antelación al movimiento constitucionalista: para el rey eran órganos de asesoramiento y apoyo, especialmente financiero, pero para los miembros de la asamblea resultaba necesario asegurar cierta autonomía frente a la voluntad regia.

Esta autonomía tiene dos expresiones en la actualidad:

•

Autonomía de autoorganización, jurídica y financiera

•

Estatuto especial de los miembros de las cámaras

f) Órgano permanente.

Las Cortes son un órgano con vocación de permanencia, aunque con un funcionamiento no continuo, tanto por los períodos entre las sesiones como por la situación que crea su disolución o la expiración de su mandato. Pero para tales supuestos, esta nota de permanencia se manifiesta en la función parlamentaria de desempeñar el control político de la acción del Gobierno encarnada por la Diputación Permanente, que existe en cada cámara.

g) Órgano inviolable.

El artículo 66.3 declara que “las Cortes Generales son inviolables”, lo que significa que las cámaras disponen de protección jurídico-penal frente a toda interferencia o coacción que pudieran sufrir en su actividad o en sus locales.

h) Órgano bicameral.

Es un órgano compuesto por el Congreso de los Diputados (también denominado Cámara Baja) y por el Senado (también denominado Cámara Alta).

No obstante las Cámaras actúan de forma conjunta en casos constitucionalmente establecidos, siendo presididas en estas ocasiones por el Presidente del Congreso de los Diputados.

Los casos en los que la reunión de las Cámaras es conjunta, se recogen en la Constitución en los artículos siguientes:

•

57.3. Para proveer a la Sucesión de la Corona.

•

59.2. Para reconocer la inhabilitación del Rey.

•

59.3. Para nombrar Regente en caso de ausencia de regencia legítima.

•

61.1. Para recibir el juramento del Rey.

•

63.3. Para autorizar al Rey a declarar la guerra o hacer la paz.

i) Órgano legislador.

Es el órgano constitucional encargado de ejercer la función legislativa estatal.

2. 3. FUNCIONES Y COMPOSICIÓN

2.3.1. Funciones El artículo 66 de la Constitución española de 1978, señala como funciones genéricas de las Cortes Generales las siguientes: 1- Representar al pueblo español. 2- Ejercer la potestad legislativa del Estado.

3- Aprobar los Presupuestos Generales del Estado. 4- Controlar la acción del Gobierno. 5- Las demás competencias que les atribuya la Constitución. Las competencias específicas de las Cortes Generales, las podemos resumir de la siguiente forma:

-

Funciones jurídicas

-

Funciones políticas

-

Funciones Financieras

-

Funciones relacionadas con la Corona

-

Funciones internas

-

Otras funciones

2.3.1.1. Funciones jurídicas

Las funciones jurídicas se refieren a las que tienen por objeto tanto la producción directa de normas jurídicas como las que afectan a la modificación y actualización del ordenamiento jurídico del Estado.

Como hemos señalado anteriormente, el artículo 66.2 atribuye a las Cortes la potestad legislativa, que incluye:

1) La facultad de elaborar y aprobar leyes estatales (de carácter orgánico u ordinario)

2) Intervenir en la producción de normas estatales con rango de ley de origen gubernamental, es decir en aquellas normas dictadas por el Gobierno y que tienen fuerza de ley (Decretos legislativos y los Decretos-leyes)

3) Al margen de la elaboración de leyes, la Const. contempla la celebración de tratados internacionales, respecto de los cuales no cabe la prestación del consentimiento del Estado sin la previa autorización de las Cortes (artículo.94) 4) También se produce la intervención de las Cortes a fin de aprobar una supuesta reforma constitucional es la asunción de una función eminentemente jurídica.

Por tanto, son funciones capitales de las Cortes todas aquellas que contribuyen a dictar, modificar, ajustar o actualizar el ordenamiento jurídico del Estado.

2.3.1.2. Funciones políticas

Las Cortes Generales, como dijimos, son la representación política del pueblo, por tanto todas sus funciones tienen una dimensión política.

En lo concreto, el Parlamento ejerce funciones políticas en los casos en que ejerce como una instancia que controla o complementa decisiones políticas del Gobierno. La manifestación de esta acción se recoge en el artículo 66.2. de la Constitución al establecer que las cortes controlan la acción del Gobierno.

La manifestación de este poder se traduce en los siguientes artículos constitucionales:

•

Artículo 99: otorgar la confianza al candidato a la Presidencia del Gobierno

•

Artículo 111: someter a preguntas e interpelaciones al Gobierno sobre su actuación o intenciones

•

Artículo 112: pronunciamiento del Congreso sobre una cuestión de confianza planteada por el Presidente del Gobierno.

•

Artículo 113: exigencia de responsabilidad política al Gobierno, por el Congreso, mediante la interposición de una moción de censura

•

Artículo 116: control y autorización de la declaración de los estados excepcionales del artículo 116 ( excepción, alarma y sitio).

2.3.1.3. Funciones financieras

La Const. contempla como las principales funciones financieras de las Cortes la de prever y controlar la actividad económica del Estado. Esto Se traduce en una serie de competencias específicas que son:

•

Planificación por ley de la actividad económica general.

•

Ejercicio de la potestad tributaria, a través del principio de la reserva de ley en esta materia, de modo que solo pueden establecerse y exigirse tributos por medio de ley.

•

Examinar, enmendar y aprobar los presupuestos generales del Estado.

2.3.1.4. Funciones relacionadas con la Corona

En todas estas actuaciones, como ya indicamos, las cámaras estarán reunidas en sesión conjunta, como expresión de que la nación es una sola, y presididas por el Presidente del Congreso de los Diputados. Son las siguientes:

•

El artículo 57.3 de la Constitución prevé que, extinguidas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes proveerán a la sucesión en la Corona.

•

El artículo 57.4 excluye de la sucesión a quienes contrajeran matrimonio contra la expresa prohibición del rey y de las Cortes.

•

El artículo 59.2 faculta a las Cortes a reconocer que el rey ha quedado inhabilitado para el ejercicio de su autoridad.

•

El artículo 59.3 les permite nombrar la regencia.

•

El artículo 60.1 las autoriza para nombrar tutor del rey menor.

•

El artículo 61.1 dispone que la proclamación y el juramento del nuevo rey tendrá lugar ante las Cortes.

•

El artículo 61.2 establece que el príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, prestará el mismo juramento.

2.3.1.5. Funciones internas

En orden a garantizar la independencia y la soberanía de las Cámaras, ejercen las siguientes potestades de funcionamiento interno, establecidas en el artículo 72 de la Constitución:

•

Establecen sus propios Reglamentos

•

Aprueban sus presupuestos

•

De común acuerdo regulan el Estatuto del Personal de las Cámaras

•

Eligen a sus Mesas respectivas y a sus Presidentes

2.3.1.6. Otras funciones

Al margen de las ya señaladas, encontramos en el Texto Constitucional funciones dispersas. Son las siguientes:

•

Acusación por traición y delitos contra la seguridad del Estado cometidos por el presidente y los demás miembros del Gobierno: según dispone el articulo 102.2, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso.

Nombramientos. Nombra a los siguientes cargos constitucionales:

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Defensor del pueblo (artículo 54)

-

8 miembros (cuatro por cada cámara) del Consejo General del Poder Judicial (artículo 122.3)

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8 miembros (cuatro por cámara) del TC (artículo 159.1)

-

12 miembros (seis por cada Cámara) del consejo de administración de RTVE.

-

12 consejeros del Tribunal de cuentas

2.3.2. Composición

Como indicamos en su momento, las Cortes Generales son un órgano bicameral, formado por dos Cámaras. Estas Cámaras son el Congreso de los Diputados( también denominada “Camara Baja”) y el Senado( también denominada “Cámara Alta”). Analizamos sus respectivas composiciones a continuación.

2.3.2.1. El Congreso de los Diputados

La composición del Congreso de los Diputados viene recogida en el artículo 68 de la Constitución.

Se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. Esta ley es la Ley Orgánica 5/ 1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, que ha fijado el número en 350 Diputados.

En cuanto a la elección, destacamos los siguientes puntos:

•

La circunscripción electoral es la provincia.

•

Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado.

•

La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.

•

La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. Es decir aplicamos el sistema proporcional de asignación de escaños, también conocido como sistema D´Hondt, con un correctivo que establece que no serán tenidas en cuenta para la asignación de escaños aquellas candidaturas que no alcancen al menos el 3% de los votos en cada distrito. El sistema de listas de candidatos es bloqueado y cerrado de modo que el elector no tiene posibilidad de intervenir en su modificación.

•

Son electores y elegibles todos los españoles, mayores de edad, que se encuentren en pleno uso de sus derechos políticos.

No obstante lo establecido en el apartado anterior, el artículo 70 de la Constitución establece determinadas causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores. Comprenderán, en todo caso:

•

A los componentes del Tribunal Constitucional.

•

A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno.

•

Al Defensor del Pueblo.

•

A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.

•

A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo.

•

A los miembros de las Juntas Electorales.

2.3.2.2. El Senado

La composición del Senado se recoge en la Constitución en su artículo 69. Según este artículo:

•

El Senado es la Cámara de representación territorial.

•

En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los volantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica.

•

En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores -Gran Canaria, Mallorca y Tenerife- y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.

•

Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.

•

Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.

Señalar por último que el Senado es elegido por cuatro años. Por tanto, el mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

2.4. ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LAS CÁMARAS

Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.

Gozan asimismo de inmunidad, puesto que durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras.

Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.

2.5. FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS

El funcionamiento de las Cámaras se rige por el Reglamento interno de cada una de ellas. En este sentido es importante recordar que son los siguientes:

•

Reglamento del Congreso de los Diputados, aprobado el 10 de febrero de 1982

•

Reglamento del Senado, aprobado el 3 de mayo de 1994.

Esa previsión se contiene en la Constitución en su artículo 72.

“Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.”

Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.

Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado.

2.5.1. Órganos de las cámaras

Los órganos de las Cámaras se clasifican en tres tipos: -

Órganos administrativos

-

Órganos políticos

-

Órgano permanente

2.5.1.1. Órganos administrativos

Son órganos administrativos de las Cámaras: -

El Presidente de la Cámara

-

La Mesa de la Cámara

-

El Pleno

-

Las Comisiones

a) El Presidente

Funciones

El Presidente del Congreso ostenta la representación de la Cámara, asegura la buena marcha de los trabajos, dirige los debates, mantiene el orden de los mismos y ordena los pagos, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir.

Corresponde asimismo, al Presidente, cumplir y hacer cumplir el Reglamento, interpretándolo en los casos de duda y supliéndolo en los de omisión.

Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.

Elección

El Presidente del Congreso de los Diputados y el Presidente del Senado, se eligen por mayoría absoluta en primera votación. De no conseguirse, resultará elegido en segunda votación aquél más votado de entre los dos que más votos hubiera obtenido en la primera votación.

b) La Mesa

Concepto

La Mesa es el órgano rector de la Cámara y ostenta la representación colegiada de ésta en los actos a que asista.

Composición

La Mesa estará compuesta por el Presidente del Congreso, cuatro Vicepresidentes y cuatro Secretarios. El Presidente dirige y coordina la acción de la Mesa. Convocatoria La Mesa se reunirá a convocatoria del Presidente y estará asesorada por el Letrado Secretario General, que redactará el Acta de las sesiones y cuidará, bajo la dirección del Presidente, de la ejecución de los acuerdos. Funciones

Corresponden a la Mesa las siguientes funciones:

•

Adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la organización del trabajo y el régimen y gobierno interiores de la Cámara.

•

Elaborar el proyecto de Presupuesto del Congreso de los Diputados, dirigir y controlar su ejecución y presentar ante el Pleno de la Cámara, al final de cada ejercicio, un informe acerca de su cumplimiento.

•

Ordenar los gastos de la Cámara, sin perjuicio de las delegaciones que pueda acordar.

•

Calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos.

•

Decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de índole parlamentaria, de acuerdo con las normas establecidas en el Reglamento.

•

Programar las líneas generales de actuación de la Cámara, fijar el calendario de actividades del Pleno y de las Comisiones para cada período de sesiones y coordinar los trabajos de sus distintos órganos, todo ello previa audiencia de la Junta de Portavoces.

•

Cualesquiera otras que le encomiende el Reglamento y las que no estén atribuidas a un órgano específico.

Los Vicepresidentes Los Vicepresidentes, por su orden, sustituyen al Presidente, ejerciendo sus funciones en caso de vacante, ausencia o imposibilidad de éste. Desempeñan, además, cualesquiera otras funciones que les encomiende el Presidente o la Mesa. Los Secretarios

Los Secretarios supervisan y autorizan, con el visto bueno del Presidente, las Actas de las sesiones plenarias, de la Mesa y de la Junta de Portavoces, así como las certificaciones que hayan de expedirse, asisten al Presidente en las sesiones para asegurar el orden en los debates y la corrección en las votaciones; colaboran al normal desarrollo de los trabajos de la Cámara según las disposiciones del Presidente; ejercen, además, cualesquiera otras funciones que les encomiende el Presidente o la Mesa c) El Pleno Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones. El Pleno es la reunión de todos los miembros de la Cámara.

Los Parlamentarios tomarán asiento en el salón de sesiones conforme a su adscripción a Grupos Parlamentarios y ocuparán siempre el mismo escaño.

Habrá en el salón de sesiones, del Congreso de los Diputados, un banco especial destinado a los miembros del Gobierno.

Sólo tendrán acceso al salón de sesiones, además de las personas indicadas, los funcionarios de las Cortes en el ejercicio de su cargo y quienes estén expresamente autorizados por el Presidente.

Las sesiones del Pleno tienen carácter solemne, y los trabajos técnicos se realizan en las comisiones de la Cámara. Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.

Para su constitución no es necesaria la presencia mínima de miembros ( quórum), aunque si lo es para la realización de votaciones; en este caso deben estar presentes al menos la mitad más uno de los miembros de la Cámara.

d) Las Comisiones

Las Comisiones son secciones de las Cámaras a través de las que se realiza la división del trabajo parlamentario.

Están compuestas en función de los Grupos Parlamentarios, en proporción a su importancia numérica, pero todos los Grupos están representados en las mismas, al menos con un miembro.

Existen varias clases de comisiones:

•

Comisiones Legislativas Permanentes

•

Comisiones Permanentes no Legislativas

•

Comisiones no permanentes

•

Comisiones Mixtas

Además de las anteriores, el Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior:

•

La reforma constitucional

•

Las cuestiones internacionales

•

Las leyes orgánicas y de bases

•

Los Presupuestos Generales del Estado

2.5.1.2. Órganos políticos

Incluimos en este apartado, dos órganos diferentes:

-

La Junta de Portavoces

-

Los Grupos Parlamentarios

a) La Junta de Portavoces

Los portavoces de los Grupos Parlamentarios constituyen la Junta de Portavoces, que se reunirá bajo la presidencia del Presidente. Este la convocará a iniciativa propia o a petición de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara.

De las reuniones de la Junta se dará cuenta al Gobierno para que envíe, si lo estima oportuno, un representante, que podrá estar acompañado, en su caso, por persona que le asista.

A las reuniones de la Junta deberán asistir, al menos, un Vicepresidente, uno de los Secretarios de la Cámara y el Secretario General. Los portavoces o sus suplentes podrán estar acompañados por un miembro de su Grupo que no tendrá derecho a voto.

Las decisiones de la Junta de Portavoces se adoptarán siempre en función del criterio de voto ponderado.

b) Los Grupos Parlamentarios

Los Diputados, en número no inferior a quince, podrán constituirse en Grupo Parlamentario. Podrán también constituirse en Grupo Parlamentario los Diputados de

una o varias formaciones políticas que, aun sin reunir dicho mínimo, hubieren obtenido un número de escaños no inferior a cinco y, al menos, el quince por ciento de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura o el cinco por ciento de los emitidos en el conjunto de la Nación.

En el Senado el número mínimo de Senadores para formar Grupo Parlamentario es de 10.

En ningún caso pueden constituir Grupo Parlamentario separado Diputados o Senadores que pertenezcan a un mismo partido. Tampoco podrán formar Grupo Parlamentario separado los Diputados o Senadores que, al tiempo de las elecciones, pertenecieran a formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante el electorado.

Los parlamentarios que no quedaran integrados en un Grupo Parlamentario, en los plazos señalados, quedarán incorporados al Grupo Mixto.

Ningún Parlamentario podrá formar parte de más de un Grupo Parlamentario.

2.5.1.3. Órgano permanente

Concepto

El órgano permanente de cada una de las Cámaras que garantiza la permanencia y continuidad de las funciones asignadas a las Cortes Generales, es la Diputación Permanente.

Composición

En cada Cámara, por tanto, habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.

Funcionamiento

Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el articulo 73 de la Constitución, la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los articulos 86 y 116, de la Constitución en caso de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar por los poderes de las Cámaras, cuando éstas no estén reunidas.

Expirando el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.

Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.

2.6. LA FUNCIÓN LEGISLATIVA Las leyes son aquellas normas de origen parlamentario, subordinadas a la Constitución, e irresistibles e indiscutibles para los operadores jurídicos. Dentro de las leyes parlamentarias, además de las leyes ordinarias, que se aprueban por el procedimiento habitual y mayoría simple, la Constitución de 1978 ha introducido la categoría de leyes orgánicas. Estas leyes se refieren a materias de especial trascendencia y requieren mayoría absoluta del Congreso. Se refieren “al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución” (artículo 81 Constitución). También son leyes parlamentarias las leyes de las Comunidades Autónomas, es decir, las normas que aprueban sus órganos legislativos sobre materias que tiene atribuidas y sobre las cuales tiene el Tribunal Constitucional el control de su constitucionalidad. Las leyes de las Comunidades Autónomas están subordinadas, además de a la Constitución, a sus respectivos Estatutos de Autonomía. Esto significa que no están subordinadas a todas las leyes estatales con las cuales se relaciona a través del principio de competencia, en lugar del principio de jerarquía. Sin embargo, la Constitución ha previsto un conjunto de leyes estatales de conexión con los subsistemas autonómicos, que por su naturaleza se imponen jerárquicamente a las leyes de los Parlamentos de las CC.AA. y que son las siguientes:

¾ Los Estatutos de Autonomía, que son leyes orgánicas que se caracterizan, a partir de su objeto, en su sistema de elaboración y modificación. ¾ Las leyes-marco, a través de las cuales “las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar para sí mismas normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una Ley estatal” (artículo 150.1 Constitución). ¾ Las leyes de transferencia o delegación, por medio de las cuales “el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación” (artículo 150.2 Constitución). ¾ Las leyes de armonización, por medio de las cuales “el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las CC.AA., aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general” (artículo 150.3 Constitución). Como formas especiales de leyes parlamentarias están las siguientes: - Leyes refrendadas.- Son las sometidas a referéndum, si entendemos que el artículo 92 de la Constitución, al hablar, a propósito del referéndum, de “decisiones políticas de especial trascendencia” incluye a las leyes. - Leyes paccionadas.- Se utilizan para dar más autoridad a determinados contratos, protegiéndolos de posibles modificaciones unilaterales del poder ejecutivo. 2.6.1. El procedimiento legislativo ordinario Se regula en el Título III, Capítulo II de la Constitución española de 1978 (artículos del 81 al 92). El procedimiento se inicia con la iniciativa o presentación de proyectos o proposiciones de ley antes las Cámaras. La iniciativa legislativa puede ser ejercida por: -

El Gobierno.

Se concreta en los proyectos de ley. Una vez aprobados por el Consejo de Ministros, se remiten al Congreso de los Diputados, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios, para que éste pueda pronunciarse sobre ellos (artículos 87 y 88 de la Constitución) -

El Congreso de los Diputados y del Senado.

Se ejercita por medio de una proposición de ley que puede ser impulsada por los grupos parlamentarios o individualmente por 15 Diputados o 20 Senadores (artículo 87 de la Constitución). -

Las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.

Se realiza remitiendo a la Mesa del Congreso de los Diputados una proposición de ley y designando a tres de sus miembros como representantes para que se encarguen de su defensa (artículo 87.2 Constitución). -

El Pueblo.

Conocida como “iniciativa legislativa popular”. Se encuentra regulada por Ley Orgánica 3/1984, de 28 de marzo. Para su ejercicio se exige un mínimo de 500.000 firmas acreditadas, y no procede en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia (artículo 87.3 de la Constitución). Una vez ejercida la iniciativa, si se trata de una proposición de ley, la Mesa de la Cámara la remitirá al Gobierno para que pueda oponerse a su tramitación, para pasar después al Pleno de la Cámara, que se pronunciará sobre su toma en consideración. Este trámite no se aplica a los proyectos de ley. Tras la iniciativa tiene lugar la aprobación por el Congreso de los Diputados, siguiendo los trámites siguientes: -

Toma en consideración

-

Publicación

-

Presentación de enmiendas

-

Informe de una ponencia sobre el proyecto

-

Debate y votación artículo por artículo

-

Elaboración de un dictamen por la Comisión

-

Debate y votación final en el Pleno

Para que los proyectos sean aprobados basta la mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra, cualquiera que sea el número de abstenciones, salvo que la Constitución exija una mayoría cualificada. Si el Senado ha introducido enmiendas o ha puesto su veto el proyecto se devuelve al Congreso para su nueva consideración. Si se trata de enmiendas, el Congreso se pronunciará sobre ellas, admitiéndolas o no por mayoría simple. Si se trata de veto, el proyecto habrá de someterse a ratificación, que requerirá mayoría absoluta o, una vez transcurridos dos meses, mayoría simple.

El procedimiento legislativo concluye con la sanción por parte del Rey, en cumplimiento del artículo 91 de la Constitución de 1978 que señala que “el Rey sancionará, en el plazo de quince días, las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación”, que deberá hacerse en el BOE, según establece el artículo 2.1 Código Civil. 2.6.2. Leyes orgánicas y ordinarias Según el artículo 81 de la Constitución española de 1978, son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. La Constitución exige una mayoría cualificada tanto para su aprobación como para su modificación o derogación, mayoría que consiste en “la mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto”. Las leyes ordinarias son aprobadas, modificadas o derogadas, por las Cortes Generales por mayoría simple tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado y afectan a todas aquellas materias sobre las que no exista reserva de ley orgánica.

3. EL GOBIERNO DEL ESTADO El Gobierno se regula en la Ley 50 / 1997, de 27 de noviembre. Consta de 5 Títulos, 26 artículos, 2 disposiciones adicionales y una disposición derogatoria única. La Ley diseña el régimen jurídico del mismo, partiendo de tres principios que configuran el funcionamiento del Gobierno: •

El principio de la dirección presidencial, que otorga al Presidente del Gobierno la competencia para determinar las directrices políticas que deberá seguir el Gobierno y cada uno de los Departamentos

•

La colegialidad y consecuentemente la responsabilidad solidaria de sus miembros

•

El principio departamental que otorga al titular de cada Departamento una amplia autonomía y responsabilidad en el ámbito de su respectiva gestión.

Desde estos planteamientos, en el Título I se regula la posición constitucional del Gobierno, así como su composición, con la distinción entre órganos individuales y colegiados. Al propio tiempo, se destacan las funciones que, con especial relevancia, corresponden al Presidente y al Consejo de Ministros. Asimismo, se regula la creación, composición y funciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno, órganos con una aquilatada tradición en nuestro Derecho.

El texto regula, asimismo, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, con funciones preparatorias del consejo de Ministros, el Secretariado del Gobierno y los Gabinetes. El Título II se dedica a regular el estatuto de los miembros del Gobierno -cumpliendo el mandato contenido en el artículo 98.4 de la Constitución- y, en especial, los requisitos de acceso al cargo, su nombramiento y cese, el sistema de suplencias y el régimen de incompatibilidades. Igualmente se contienen las normas sobre nombramiento, cese, suplencia e incompatibilidades de los Secretarios de Estado; y el régimen de nombramiento y cese de los Directores de Gabinete. El Título III establece las reglas de funcionamiento del Gobierno, con especial atención al Consejo de Ministros y a los demás órganos del Gobierno y de colaboración y apoyo al mismo. También se incluye una referencia especial a la delegación de competencias, fijando con claridad sus límites, así como las materias que resultan indelegables. El Título IV se dedica a regular el Gobierno en funciones, con base en el principio de lealtad constitucional, delimitando su propia posición constitucional y entendiendo que el objetivo último de toda su actuación radica en la consecución de un normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno. Por último en el Título V se regula el procedimiento para el ejercicio por el Gobierno de la iniciativa legislativa que le corresponde, comprendiendo dos fases principales en las que interviene el Consejo de Ministros, asumiendo la iniciativa legislativa, en un primer momento, y culminando con la aprobación del proyecto de ley. Se regula asimismo el ejercicio de la potestad reglamentaria, con especial referencia al procedimiento de elaboración de los reglamentos y a la forma de las disposiciones y resoluciones del Gobierno, de sus miembros y de las Comisiones Delegadas. De este modo, el texto procede a una ordenación de las normas reglamentarias con base en los principios de jerarquía y de competencia, criterio este último que preside la relación entre los Reales Decretos del Consejo de Ministros y los Reales Decretos del Presidente del Gobierno, cuya parcela propia se sitúa en la materia funcional y operativa del órgano complejo que el Gobierno. Finalmente, se regulan diversas forma de control de los actos del Gobierno, de conformidad con lo establecido por nuestra Constitución y por nuestra jurisprudencia constitucional y ordinaria, con la finalidad de garantizar el control jurídico de toda la actividad del Gobierno en el ejercicio de sus funciones.

3.1. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO

3.1.1. Composición

El Gobierno se compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y de los Ministros, según indica el artículo 98 de la Constitución y el artículo 1.2. de la Ley 50/ 1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Destacamos por ello, que la existencia de los Vicepresidentes no es obligatoria en la composición del Gobierno, quedando a la elección del Presidente del Gobierno en cada caso concreto.

El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.

Incompatibilidades Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.

Será de aplicación, asimismo, a los miembros del Gobierno el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado.

Requisitos Para ser miembro del Gobierno se requiere:

• • • •

Ser español Mayor de edad Disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo No estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme.

Dejamos para más adelante el estudio de la figura del Presidente del Gobierno, para centrarnos ahora en el estudio de las figuras de los Vicepresidentes y de los Ministros.

3.1.1.1. El Vicepresidente o Vicepresidentes

Funciones

Al Vicepresidente o Vicepresidentes, cuando existan, les corresponderá el ejercicio de las funciones que les encomiende el Presidente.

El Vicepresidente que asuma la titularidad de un Departamento Ministerial, ostentará, además, la condición de Ministro.

En la actualidad existen dos Vicepresidencias del Gobierno.

Nombramiento y separación Son nombrados y separados por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno.

3.1.1.2. Los Ministros Concepto y funciones Los Ministros, como titulares de sus Departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación, y les corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: •

Desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su Departamento, de conformidad con los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros o con las directrices del Presidente del Gobierno.

•

Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.

•

Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones.

•

Refrendar, en su caso, los actos del Rey en materia de su competencia.

Además de los Ministros titulares de un Departamento, podrán existir Ministros sin cartera, ( es decir que no tienen a su cargo un Ministerio) a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales. Nombramiento y separación Serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente. Señalar por último que la separación de los Vicepresidentes del Gobierno y de los Ministros sin cartera llevará aparejada la extinción de dichos órganos.

3.2. EL CONSEJO DE MINISTROS Y COMISIONES DELEGADAS DEL GOBIERNO

Los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno. 3.2.1. El Consejo de Ministros Funciones Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde: •

Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.

•

Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

•

Aprobar los Reales Decretos-Leyes y los Reales Decretos Legislativos.

•

Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional.

•

Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 94 y 96.2 de la Constitución.

•

Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio.

•

Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una Ley.

•

Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan.

•

Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales.

•

Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado.

•

Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición.

Funcionamiento Destacamos los siguientes puntos relevantes referidos al Consejo de Ministros: •

A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los Secretarios de Estado cuando sean convocados.

•

Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas.

•

El Presidente del Gobierno convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros, actuando como Secretario el ministro de la Presidencia.

•

Las reuniones del Consejo de Ministros podrán tener carácter decisorio o deliberante.

•

El orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros se fijará por el Presidente del Gobierno.

•

De las sesiones del Consejo de Ministros se levantará acta en la que figurarán, exclusivamente, las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados.

3.2.2.Comisiones Delegadas del Gobierno Funciones Corresponde a las Comisiones Delegadas, como órganos colegiados del Gobierno: •

Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los Departamentos Ministeriales que integren la Comisión.

•

Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios, requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros.

•

Resolver los asuntos que afectando a más de un ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de ministros.

•

Ejercer cualquier otra atribución que les confiera el ordenamiento jurídico o que les delegue el Consejo de Ministros.

Funcionamiento Las deliberaciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno serán secretas.

No obstante podrán ser convocados a las reuniones de las Comisiones Delegadas los titulares de aquellos otros órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado que se estime conveniente. Creación, modificación y suspensión La creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas del Gobierno será acordada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno. El Real Decreto de creación de una Comisión Delegada deberá especificar, en todo caso: •

El miembro del Gobierno que asume la presidencia de la Comisión.

•

Los miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado que la integran.

•

Las funciones que se atribuyen a la Comisión.

•

El miembro de la Comisión al que corresponde la Secretaría de la misma.

3.3. FUNCIONES

Corresponde al Gobierno, a tenor de lo establecido en el artículo 97 de la Constitución:

• • • • •

Dirigir la política interior Dirigir la política exterior Dirigir la Administración civil Dirigir la Administración militar Dirigir la defensa del Estado

• •

Ejercer la función ejecutiva Ejercer la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes

3.4. DESIGNACIÓN, REMOCIÓN Y FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

3.4.1. Designación y nombramiento

El Presidente del Gobierno puede ser nombrado de dos formas, a las que denominaremos respectivamente “ordinaria” y “extraordinaria”. Su regulación constitucional se recoge en los artículos 99, 101 y 113 y 114.

3.4.1.1. Designación ordinaria

Se realiza en tres supuestos: -

Después de cada renovación del Congreso de los Diputados

-

Por pérdida de una cuestión de confianza

-

Por fallecimiento

En todos los casos citados el procedimiento de elección y nombramiento es el que esquematizamos a continuación:

1- El Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

2- El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.

3- Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.

Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.

Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

3.4.1.2. Extraordinaria

Procede en el caso de pérdida de una moción de censura. En la moción de censura debe incluirse un candidato a la Presidencia del Gobierno que será nombrado como tal por el Rey en caso de que prospere la moción, es decir, en caso de que la moción de censura sea aprobada por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. De ahí que la moción de censura en nuestro país tenga la característica de ser “constructiva”.

3.4.3. Nombramiento y juramento

El nombramiento del Presidente del Gobierno se realiza por el Rey con el refrendo del Presidente del Congreso de los Diputados.

El juramento se realiza ante el Rey, jurando o prometiendo cumplir fielmente las obligaciones del cargo, con lealtad al Rey, y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.( Real Decreto 707/ 1979, de 5 de abril)

3.4.4. Remoción

El Presidente del Gobierno cesa por las siguientes causas:

-

Dimisión voluntaria

-

Pérdida de la confianza parlamentaria, al no superar una moción de censura o una cuestión de confianza

-

Renovación del Congreso de los Diputados

-

Fallecimiento

3.4.5. Funciones

Según el artículo 98.2 de la Constitución, corresponde al Presidente del Gobierno -

Dirigir la acción del Gobierno

-

Coordinar las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.

Además de esas funciones genéricas corresponde al Presidente del Gobierno el ejercicio de las siguientes funciones específicas:

1. Representar al Gobierno 2. Establecer el programa político del Gobierno 3. Determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento 4. Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso de los Diputados, del Senado o de ambas Cámaras 5. Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza 6. Proponer al Rey la convocatoria de referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados 7. Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar 8. Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 62. g) de la Constitución

9. Refrendar, en su caso, los actos del Rey y someterle, para su sanción, las leyes y demás normas con rango de ley, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 91 de la Constitución 10. Interponer el recurso de inconstitucionalidad 11. Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, así como las Secretarías de Estado. Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno 12. Proponer al Rey el nombramiento y separación de los Vicepresidentes y de los Ministros 13. Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios 14. Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno 15. Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y las leyes.

3.5. RELACIONES DEL GOBIERNO CON LAS CORTES GENERALES

Las relaciones entre el gobierno y las cortes generales se regulan en el Título V de la Constitución española de 1978, artículos 108 a 116 incluidos.

3.5.1. Relaciones de control

Las relaciones de control establecidas sobre el Gobierno a favor de las Cámaras son las siguientes: 1. El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados 2. Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas 3. Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno 4. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos 5. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal

6. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición 3.5.2. Cuestión de confianza y moción de censura Se articulan como mecanismos extraordinarios de control sobre la acción de Gobierno, por parte del Congreso de los Diputados. Su regulación específica la indicamos a continuación. 3.5.2.1. Cuestión de confianza Regulada en el artículo 112 de la Constitución española de 1978. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados. 3.5.2.2. Moción de censura Regulada en el artículo 113 de la Constitución española de 1978. Es un mecanismo extraordinario de control que puede ser ejercido por el Congreso de los Diputados para exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. -

La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.

-

La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.

-

Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno. 3.6. RELACIONES DEL GOBIERNO RESPECTO A LAS CÁMARAS El ejercicio de control de las Cámaras respecto al Gobierno se traduce en un control inverso que puede ser ejercido por el Gobierno respecto de las mimas. Las reglas generales de este control son las siguientes:

-

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones.

-

La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura.

-

No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5 de la Constitución española de 1978.

3.7. RELACIONES EN LOS ESTADOS DE ALARMA, EXCEPCIÓN Y SITIO En las situaciones en las que se producen los estados de alarma, excepción y sitio es en las que se observa una especial coordinación y un marcado control de las Cortes hacia el Gobierno y viceversa, ya que actúan de manera paralela. Recordamos lo ya analizado con respecto a la declaración de estos estados. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados citados, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente. La declaración de los Estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes. 3.7.1. Estado de alarma El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. 3.7.2. Estado de excepción El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

3.7.3. Estado de sitio El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. 4. PODER JUDICIAL El Poder Judicial se regula en el Título VI de la Constitución española de 1978, artículos 117 a 127, y se desarrolla principalmente en las siguientes normas: -

Ley Orgánica 6/ 1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

-

Ley 38/ 1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial

4.1. REGULACIÓN CONSTITUCIONAL 4.1.1. Artículo 117. Principios generales La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes; inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por la ley en garantía de cualquier derecho. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. Se prohíben los Tribunales de excepción. 4.1.2. Artículo 118. Obligatoriedad de las resoluciones judiciales Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. 4.1.3. Artículo 119. Gratuidad de la justicia

La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. 4.1.4. Artículo 120. Publicidad de actuaciones judiciales Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. 4.1.5. Artículo 121. Responsabilidad judicial Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley. 4.1.6. Artículo 122. Consejo general del poder judicial La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. 4.1.7. Artículo 123. Tribunal supremo El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley. 4.1.8. Artículo 124. Ministerio fiscal El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos

de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. 4.1.9. Artículo 125. Participación popular Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales. 4.1.10. Artículo 126. Policía judicial La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca. 4.1.11. Artículo 127. Incompatibilidades Los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos. 4.1.12. Principios constitucionales De todo lo dicho hasta el momento, podemos concluir que los principios constitucionales predicables del Poder Judicial, y de la justicia, son los siguientes: -

Exclusividad jurisdiccional

-

Origen popular de la Justicia

-

Independencia de Jueces y Magistrados

-

Sometimiento al imperio de la Ley

-

Gratuidad

-

Publicidad de las actuaciones judiciales

-

Oralidad, especialmente en materia criminal

-

Responsabilidad

-

Unidad jurisdiccional

4.2. EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 4.2.1. Naturaleza El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. No es por tanto, un órgano jurisdiccional, no dicta sentencias, sino de control del funcionamiento del Poder Judicial, es decir, de la administración de Justicia. Por tanto, el Gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional, de acuerdo con la Constitución y lo previsto en Ley Orgánica del Poder Judicial. Con subordinación a él, las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia ejercerán las funciones que la ley les atribuye, sin perjuicio de las que correspondan a los Presidentes de dichos Tribunales y a los titulares de los restantes órganos jurisdiccionales. 4.2.2. Composición El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por un período de cinco años por el Rey, mediante Real Decreto refrendado por el Ministro de Justicia, previa propuesta formulada conforme a lo señalado a continuación. En este sentido, recordemos que la Constitución establecía que “el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”. Los doce miembros que conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución han de integrar el Consejo entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales serán propuestos para su nombramiento por el Rey de acuerdo con el siguiente procedimiento: 1. Podrán ser propuestos los Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales que se hallen en servicio activo y no sean miembros del Consejo saliente o presten servicios en los órganos técnicos del mismo.

2. La propuesta será formulada al Rey por el Congreso de los Diputados y el Senado, correspondiendo a cada Cámara proponer seis Vocales, por mayoría de tres quintos de sus respectivos miembros, entre los presentados a las Cámaras por los Jueces y Magistrados. 3. Los candidatos serán presentados, hasta un máximo del triple de los doce puestos a proponer, por las asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados o por un número de Jueces y Magistrados que represente, al menos, el 2 por 100 de todos los que se encuentren en servicio activo. La determinación del número máximo de candidatos que corresponde presentar a cada asociación y del número máximo de candidatos que pueden presentarse con las firmas de Jueces y Magistrados se ajustará a criterios estrictos de proporcionalidad, de acuerdo con las siguientes reglas: a) Los treinta y seis candidatos se distribuirán en proporción al número de afiliados de cada asociación y al número de no afiliados a asociación alguna, determinando este último el número máximo de candidatos que pueden ser presentados mediante firmas de otros Jueces y Magistrados no asociados, todo ello, de acuerdo con los datos obrantes en el Registro constituido en el Consejo General del Poder Judicial conforme a lo previsto en el artículo 401 de la presente Ley Orgánica y sin que ningún Juez o Magistrado pueda avalar con su firma más de un candidato. b) En el caso de que el número de Jueces y Magistrados presentados con el aval de firmas suficientes supere el máximo al que se refiere la letra a), sólo tendrán la consideración de candidatos los que, hasta dicho número máximo, vengan avalados por el mayor número de firmas. En el supuesto contrario de que el número de candidatos avalados mediante firmas no baste para cubrir el número total de treinta y seis, los restantes se proveerán por las asociaciones, en proporción al número de afiliados, a tal efecto y para evitar dilaciones, las asociaciones incluirán en su propuesta inicial, de forma diferenciada, una lista complementaria de candidatos. c) Cada asociación determinará, de acuerdo con lo que dispongan sus Estatutos, el sistema de elección de los candidatos que le corresponda presentar. 4. Entre los treinta y seis candidatos presentados, conforme a lo dispuesto en el número anterior, se elegirán en primer lugar seis Vocales por el Pleno del Congreso de los Diputados, y una vez elegidos estos seis Vocales, el Senado elegirá los otros seis entre los treinta candidatos restantes. 5. Los restantes ocho miembros que igualmente han de integrar el Consejo, elegidos por el Congreso de los Diputados y por el Senado, serán propuestos para su nombramiento por el Rey entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión, que no sean miembros del Consejo saliente ni presten servicios en los órganos técnicos del mismo. El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, computados desde la fecha de su constitución. A tal efecto, y con seis meses de antelación a la expiración del mandato del Consejo, su Presidente se dirigirá a los de las Cámaras, interesando que por éstas se proceda a la elección de los nuevos Vocales y

poniendo en su conocimiento los datos de escalafón y de Registro de asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados obrantes en dicha fecha en el Consejo, que serán los determinantes para la presentación de candidaturas. 4.2.3. Funciones El Consejo General del Poder Judicial tendrá competencias en las siguientes materias: ¾ Propuesta por mayoría de tres quintos para el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. ¾ Propuesta por mayoría de tres quintos para el nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional cuando así proceda. ¾ Inspección de Juzgados y Tribunales. ¾

Selección, formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados.

¾

Nombramiento mediante Orden de los Jueces y presentación a Real Decreto, refrendado por el Ministro de Justicia, de los nombramientos de Magistrados del Tribunal Supremo, Presidentes y Magistrados.

¾ Nombramiento de Secretario general y miembros de los Gabinetes o Servicios dependientes del mismo. ¾

Ejercicio de las competencias relativas al centro de selección y formación de Jueces y Magistrados que la ley le atribuye.

¾

Elaborar, dirigir la ejecución y controlar el cumplimiento del presupuesto del Consejo.

¾

Potestad reglamentaria en los términos previstos en el art. 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

¾ Publicación oficial de la colección de jurisprudencia del Tribunal Supremo. ¾ Aquellas otras que le atribuyan las leyes. Asimismo, el Consejo General del Poder Judicial deberá informar los anteproyectos de leyes y disposiciones generales del Estado y de las Comunidades Autónomas que afecten total o parcialmente a alguna de las siguientes materias: ¾ Determinación y modificación de demarcaciones judiciales y de su capitalidad en los términos del art. 35 de esta ley. ¾

Fijación y modificación de la plantilla orgánica de Jueces, Magistrados, Secretarios y personal que preste servicios en la Administración de Justicia.

¾ Estatuto orgánico de Jueces y Magistrados.

¾

Estatuto orgánico de los Secretarios y del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia.

¾

Normas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales y cualesquiera otras que afecten a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales.

¾ Leyes penales y normas sobre régimen penitenciario. ¾ Aquellas otras que le atribuyan las leyes. Otras funciones atribuidas al Consejo General del Poder Judicial son: ¾ Ser oído con carácter previo al nombramiento del Fiscal General del Estado. ¾

Elevar anualmente a las Cortes Generales una Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo y de los Juzgados y Tribunales de Justicia. Asimismo, incluirá las necesidades que, a su juicio, existan en materia de personal, instalaciones y de recursos, en general, para el correcto desempeño de las funciones que la Constitución y las leyes asignan al Poder Judicial.

4.2.4. Órganos El Consejo General del Poder Judicial se articula en los siguientes órganos: - Presidente. - Vicepresidente. - Pleno. - Comisión Permanente. - Comisión Disciplinaria. - Comisión de Calificación. 4.2.4.1. Presidente Es además Presidente del Tribunal Supremo. Será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial entre miembros de la Carrera Judicial o juristas de reconocida competencia, con más de 15 años de antigüedad en su carrera o en el ejercicio de su profesión. Podrá ser reelegido y nombrado por una sola vez para un nuevo mandato. La propuesta del Consejo General del Poder Judicial se adoptará por mayoría de tres quintos de sus miembros en la propia sesión constitutiva del mismo.

El nombramiento se llevará a cabo en Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno y prestará juramento o promesa ante el Rey y tomará posesión de su cargo ante los Plenos del Consejo General del Poder Judicial y de dicho Alto Tribunal en sesión conjunta. Será sustituido por el Vicepresidente en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legítimo. El Presidente del Consejo General del Poder Judicial tendrá las siguientes funciones: ¾ Ostentar la representación del Consejo General del Poder Judicial. ¾

Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, decidiendo los empates con voto de calidad.

¾ Fijar el orden del día de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente. ¾ Someter cuantas propuestas considere oportunas en materias de la competencia del Pleno o de la Comisión Permanente. ¾ Proponer el nombramiento de Ponencias para preparar la resolución o despacho de un asunto. ¾ Autorizar con su firma los acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente. ¾ Ejercer la superior dirección de la actividad de los órganos técnicos del Consejo. ¾ Las demás previstas en la ley. El Presidente cesará: ¾ Por haber expirado el término de su mandato, que se entenderá agotado en la misma fecha en que concluya el del Consejo General por el que hubiere sido propuesto. ¾ Por renuncia. ¾

A propuesta del Pleno del Consejo, por causa de notoria incapacidad, o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciada por tres quintos de sus miembros.

4.2.4.2. Vicepresidente El Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial será propuesto por el Pleno de éste entre sus Vocales, por mayoría de tres quintos de sus componentes, y nombrado por el Rey. El Vicepresidente sustituye al Presidente y desempeña las demás funciones que le atribuyen las leyes.

4.2.4.3.El Pleno Será de la competencia del Pleno del Consejo General del Poder Judicial: ¾ La propuesta de nombramiento por mayoría de tres quintos del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y del Vicepresidente de este último. ¾ La propuesta de nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional, que habrá de ser adoptada por mayoría de tres quintos de sus miembros. ¾

La propuesta de nombramiento de Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo y cualesquiera otros discrecionales.

¾ La propuesta de nombramiento de Presidente de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. ¾ Evacuar la audiencia prevista en el art. 124,4 CE sobre nombramiento del Fiscal General del Estado. ¾ Resolver los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos de la Comisión Permanente, de la Comisión Disciplinaria y de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y de los órganos de gobierno de los Tribunales y Juzgados. ¾

Resolver los expedientes de rehabilitación instruidos por la Comisión Disciplinaria.

¾

Evacuar los informes previstos en la ley y ejercer la potestad reglamentaria atribuida por la ley al Consejo General del Poder Judicial.

¾ Acordar, en los casos legalmente establecidos, la separación y jubilación de los Jueces y Magistrados en los supuestos no previstos en el art. 131,3. ¾ Elegir y nombrar los Vocales componentes de las Comisiones y Delegaciones. ¾ Aprobar la memoria anual que con motivo de la apertura del año judicial leerá su Presidente sobre el estado de la Administración de Justicia. ¾ Elaborar el presupuesto del Consejo General del Poder Judicial que se integrará en los Generales del Estado, en una sección independiente. ¾ Dirigir la ejecución del presupuesto del Consejo y controlar su cumplimiento. ¾

Cualesquiera otras funciones que correspondan al Consejo General del Poder Judicial y no se hallen expresamente atribuidas a otros órganos del mismo.

El Pleno se reunirá, previa convocatoria del Presidente, o en su caso, del Vicepresidente, en sesiones ordinarias y extraordinarias con arreglo a lo que se determine en el reglamento de Organización aprobado por el propio Consejo. En todo

caso, deberá celebrarse sesión extraordinaria, cuando lo soliciten cinco de sus miembros, incluyendo en el orden del día los asuntos que éstos hayan propuesto. El Pleno quedará válidamente constituido cuando se hallaren presentes un mínimo de catorce de sus miembros, con asistencia del Presidente o de quien legalmente le sustituya. 4.2.4.4. Comisión Permanente Anualmente el Pleno del Consejo General del Poder Judicial procederá a designar la Comisión Permanente, que estará compuesta por el Presidente del Consejo, que la presidirá, y cuatro Vocales elegidos por mayoría de tres quintos, por acuerdo del Pleno del Consejo General: dos pertenecientes a la Carrera Judicial y otros dos que no formen parte de la misma. Las reuniones de la Comisión Permanente sólo serán válidas con asistencia de tres, al menos, de sus componentes, entre los que deberá encontrarse el Presidente o quien legalmente le sustituya. El Presidente podrá delegar en el Vicepresidente, o en quien legalmente le sustituya, la presidencia de la Comisión Permanente para la resolución de los asuntos de su competencia. Compete a la Comisión Permanente: ¾ Preparar las sesiones del Pleno. ¾ Velar por la exacta ejecución de los acuerdos del Pleno del Consejo. ¾ Decidir aquellos nombramientos de Jueces y Magistrados que, por tener carácter íntegramente reglado, no sean de la competencia del Pleno, acordar la jubilación forzosa por edad de los mismos, resolver sobre su situación administrativa y disponer el cese de los Magistrados suplentes y de los Jueces sustitutos por el transcurso del plazo para el que fueron nombrados o por alcanzar la edad de 72 años. ¾

Resolver sobre la concesión de licencias a los Jueces y Magistrados, en los casos previstos en la ley.

¾ Autorizar el escalafón de la Carrera Judicial. ¾ Ejercer cuantas competencias le sean delegadas por el Pleno o atribuidas por la ley. 4.2.4.5. Comisión Disciplinaria El Pleno del Consejo General elegirá, anualmente, por mayoría de tres quintos, de entre sus Vocales, a los componentes de la Comisión Disciplinaria, que estará integrada por cinco miembros. Tres de ellos, elegidos entre los Vocales que pertenezcan a la Carrera Judicial, y los dos restantes, ajenos a ésta.

La Comisión Disciplinaria deberá actuar, en todo caso, con la asistencia de todos sus componentes y bajo la presidencia del miembro de la misma que sea elegido por mayoría. En caso de transitoria imposibilidad o ausencia justificada de alguno de los miembros, se procederá a su sustitución por otro Vocal del Consejo de idéntica procedencia, que será designado por la Comisión Permanente. A la Comisión Disciplinaria corresponde la competencia para la instrucción de expedientes e imposición de sanciones a Jueces y Magistrados. 4.2.4.6. Comisión de Calificación Anualmente, el Pleno del Consejo General procederá a designar los componentes de la Comisión de Calificación, que estará integrada por cinco miembros, elegidos en la misma forma establecida para la Comisión Disciplinaria. Será presidida y quedará válidamente constituida en los mismos términos previstos para la referida Comisión. Corresponderá a la Comisión de Calificación informar, en todo caso, sobre los nombramientos de la competencia del Pleno. Para la adecuada formación de los criterios de calificación de los Jueces y Magistrados, la Comisión podrá recabar información de los distintos órganos del Poder Judicial y, en todo caso, recibirá un informe anual elaborado por las correspondientes Salas de Gobierno de los órganos jurisdiccionales a que aquellos estuviesen adscritos, que deberá fundarse en criterios objetivos y suficientemente valorados y detallados. 4.3. ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA El ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los siguientes Juzgados y Tribunales: ¾ Juzgados de Paz. ¾

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Penal, de lo Contenciosoadministrativo, de lo Social, de lo Mercantil, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria.

¾ Audiencias Provinciales. ¾ Tribunales Superiores de Justicia. ¾ Audiencia Nacional. ¾ Tribunal Supremo. 4.3.1. Tribunal Supremo El Tribunal Supremo, con sede en la villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías

constitucionales. Tendrá jurisdicción en toda España y ningún otro podrá tener el título de Supremo. El Tribunal Supremo se compondrá de su Presidente, los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la ley para cada una de las Salas y, en su caso, Secciones en que las mismas puedan articularse. El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes Salas: ¾ Primera, de lo Civil. ¾ Segunda, de lo Penal. ¾ Tercera, de lo Contencioso-administrativo. ¾ Cuarta, de lo Social. ¾ Quinta, de lo Militar. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conocerá: 1º) De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia civil que establezca la ley. 2º) De las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, dirigidas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado, Defensor del Pueblo y Presidente y Consejeros de una Comunidad Autónoma, cuando así lo determine su Estatuto de Autonomía. 3º) De las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá: 1º) De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley. 2º) De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidentes de la

Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de las causas que en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía. 3º) De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conocerá: Primero. En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial y contra los actos y disposiciones de los órganos competentes del Congreso de los Diputados y del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo en los términos y materias que la Ley establezca y de aquellos otros recursos que excepcionalmente le atribuya la Ley. De los recursos de casación y revisión en los términos que establezca la Ley. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá de los recursos de casación y revisión y otros extraordinarios que establezca la ley en materias propias de este orden jurisdiccional. Conocerá además cada una de las Salas del Tribunal Supremo de las recusaciones que se interpusieren contra los Magistrados que las compongan, y de las cuestiones de competencia entre Juzgados o Tribunales del propio orden jurisdiccional que no tengan otro superior común. A estos efectos, los Magistrados recusados no formarán parte de la Sala. Una Sala formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas conocerá: 1º) De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo contencioso-administrativo de dicho Tribunal. 2º) De los incidentes de recusación del Presidente del Tribunal Supremo, o de los Presidentes de Sala, o de más de dos Magistrados de una Sala. En este caso, los afectados directamente por la recusación serán sustituidos por quienes corresponda. 3º) De las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra los Presidentes de Sala o contra todos o la mayor parte de los Magistrados de una Sala de dicho Tribunal por hechos realizados en el ejercicio de su cargo. 4º) De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los Presidentes de Sala o contra los Magistrados de una Sala, cuando sean juzgados todos o la mayor parte de los que la constituyen.

5º) Del conocimiento de las pretensiones de declaración de error judicial cuando éste se impute a una Sala del Tribunal Supremo. 4.3.2. Audiencia Nacional La Audiencia Nacional, con sede en la villa de Madrid, tiene jurisdicción en toda España. La Audiencia Nacional se compondrá de su Presidente, los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la ley para cada una de sus Salas y Secciones. El Presidente de la Audiencia Nacional, que tendrá la consideración de Presidente de Sala del Tribunal Supremo, es el Presidente nato de todas sus Salas. La Audiencia Nacional estará integrada por las siguientes Salas: -

De apelación.

-

De lo Penal.

-

De lo Contencioso-administrativo.

-

De lo Social.

En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse dos o más Secciones dentro de una Sala. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional conocerá de los recursos de esta clase que establezca la ley contra las resoluciones de la Sala de lo Penal. Cuando la sensible y continuada diferencia en el volumen de trabajo lo aconseje, los magistrados de esta Sala, con el acuerdo favorable de la Sala de Gobierno, previa propuesta del Presidente del Tribunal, podrán ser adscritos por el Consejo General del Poder Judicial, total o parcialmente, y sin que ello signifique incremento retributivo alguno, a otra Sala de diferente orden. Para la adscripción se valorarán la antigüedad en el escalafón y la especialidad o experiencia de los magistrados afectados y, a ser posible, sus preferencias. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá: 1º) Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal, de las causas por los siguientes delitos: a) Delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, Altos Organismos de la Nación y forma de Gobierno. b) Falsificación de moneda, delitos monetarios y relativos al control de cambios.

c) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia. d) Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias. e) Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles. En todo caso, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los delitos conexos con todos los anteriormente reseñados. 2º) De los procedimientos penales iniciados en el extranjero, de la ejecución de las sentencias dictadas por Tribunales extranjeros o del cumplimiento de pena de prisión impuesta por Tribunales extranjeros, cuando en virtud de un tratado internacional corresponda a España la continuación de un procedimiento penal iniciado en el extranjero, la ejecución de una sentencia penal extranjera o el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad. 3º) De las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivadas del cumplimiento de tratados internacionales en los que España sea parte. 4º) De los procedimientos judiciales de extradición pasiva, sea cual fuere el lugar de residencia o en que hubiese tenido lugar la detención del presunto extradicto. 5º) Del procedimiento para la ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega y de los procedimientos judiciales de extradición pasiva, sea cual fuere el lugar de residencia o en que hubiese tenido lugar la detención del afectado por el procedimiento. 6º) De los recursos establecidos en la Ley contra las sentencias y otras resoluciones de los Juzgados Centrales de lo Pena¡, de los Juzgados Centrales de Instrucción y del Juzgado Central de Menores. 7º) De los recursos contra las resoluciones dictadas por los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional quinta. 8º) De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional conocerá: 1º) En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos de los Ministros y Secretarios de Estado que la ley no atribuya a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. 2º) En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. Conocerá, asimismo, de la posible prórroga de los plazos que le plantee dicha Comisión

de Vigilancia respecto de las medidas previstas en los artículos 1 y 2 de la Ley 12/ 2003, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. 3º) De los recursos devolutivos que la ley establezca contra las resoluciones de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. 4º) De los recursos no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia en relación a los convenios entre las Administraciones públicas y a las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central. 5º) De las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo y de aquellos otros recursos que excepcionalmente le atribuya la ley. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia: 1º) De los procesos especiales de impugnación de convenios colectivos cuyo ámbito territorial de aplicación sea superior al territorio de una Comunidad Autónoma. 2º) De los procesos sobre conflictos colectivos cuya resolución haya de surtir efecto en un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma. Conocerá además cada una de las Salas de la Audiencia Nacional de las recusaciones que se interpusieren contra los Magistrados que las compongan. Una Sala formada por el Presidente de la Audiencia Nacional, los Presidentes de las Salas y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una, o aquel que, respectivamente, le sustituya, conocerá de los incidentes de recusación del Presidente, de los Presidentes de Sala o de más de dos Magistrados de una Sala. 4.3.3. Tribunales Superiores de Justicia El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma culminará la organización judicial en el ámbito territorial de aquélla, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia tomará el nombre de la Comunidad Autónoma y extenderá su jurisdicción al ámbito territorial de ésta. El Tribunal Superior de Justicia estará integrado por las siguientes Salas: de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-administrativo y de lo Social. Se compondrá de un Presidente, que lo será también de su Sala de lo Civil y Penal, y tendrá la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo mientras desempeñe el cargo; de los Presidentes de Sala y de los Magistrados que determine la ley para cada una de las Salas y, en su caso, de las Secciones que puedan dentro de ellas crearse. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá, como Sala de lo Civil:

a.

Del recurso de casación que establezca la ley contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, siempre que el recurso se funde en infracción de normas del derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución.

b.

Del recurso extraordinario de revisión que establezca la ley contra sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, en materia de derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad autónoma, si el correspondiente Estatuto de Autonomía ha previsto esta atribución.

Esta Sala conocerá igualmente: a.

En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma y contra los miembros de la Asamblea legislativa, cuando tal atribución no corresponda, según los Estatutos de Autonomía, al Tribunal Supremo.

b.

En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, contra todos o la mayor parte de los magistrados de una Audiencia Provincial o de cualesquiera de sus secciones.

c.

De las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma que no tenga otro superior común.

3. Como Sala de lo Penal, corresponde a esta Sala: a.

El conocimiento de las causas penales que los Estatutos de Autonomía reservan al conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia.

b.

La instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo.

c.

El conocimiento de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, así como el de todos aquellos previstos por las leyes.

d. La decisión de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden penal con sede en la comunidad autónoma que no tengan otro superior común. Para la instrucción de las causas a que se refieren los párrafos a y b del apartado anterior se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.

Le corresponde, igualmente, la decisión de las cuestiones de competencia entre Juzgados de Menores de distintas provincias de la comunidad autónoma. En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse una o más secciones e incluso Sala de lo Penal con su propia circunscripción territorial en aquellas capitales que ya sean sedes de otras Salas del Tribunal Superior, a los solos efectos de conocer los recursos de apelación a los que se refiere el párrafo c del apartado 3 de este artículo y aquellas otras apelaciones atribuidas por las leyes al Tribunal Superior. Los nombramientos para magistrados de estas Secciones, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, recaerán en aquellos magistrados que, habiendo permanecido durante los 10 años inmediatamente anteriores en el orden penal, ostenten mayor antigüedad escalafonal. Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán, en única instancia, de los recursos que se deduzcan en relación con: a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Contenciosoadministrativo. b) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales. c) Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial. d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico administrativa. e) Las resoluciones dictadas en alzada por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos. f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de Presidentes de Corporaciones locales en los términos de la legislación electoral. g) Los convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma. h) La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión. i) Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior a Ministro o Secretario de Estado, en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa.

j) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional. Conocerán, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los correspondientes recursos de queja. También les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta Ley, el conocimiento de los recursos de revisión contra las sentencias firmes de los Juzgados de lo Contenciosoadministrativo. Conocerán de las cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo Contenciosoadministrativo con sede en la Comunidad Autónoma. Conocerán del recurso de casación para la unificación de doctrina en los casos previstos en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Conocerán del recurso de casación en interés de la Ley en los casos previstos en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia conocerá: 1º) En única instancia, de los procesos que la ley establezca sobre controversias que afecten a intereses de los trabajadores y empresarios en ámbito superior al de un Juzgado de lo Social y no superior al de la Comunidad Autónoma. 2º) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de la comunidad autónoma, así como de los recursos de suplicación y los demás que prevé la ley contra las resoluciones de los juzgados de lo mercantil de la comunidad autónoma en materia laboral, y las que resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la misma materia. 3º) De las cuestiones de competencia que se susciten entre los Juzgados de lo Social de la Comunidad Autónoma. Cada una de las Salas del Tribunal Superior de Justicia conocerá de las recusaciones que se formulen contra sus Magistrados cuando la competencia no corresponda a la Sala a que se refiere el artículo siguiente. Una Sala constituida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, los Presidentes de Sala y el Magistrado más moderno de cada una de ellas conocerá de las recusaciones formuladas contra el Presidente, los Presidentes de Sala o de Audiencias Provinciales con sede en la Comunidad Autónoma o de dos o más Magistrados de una Sala o Sección o de una Audiencia Provincial. 4.3.4. Audiencias Provinciales Las Audiencias Provinciales, que tendrán su sede en la capital de la provincia, de la que tomarán su nombre, extenderán su jurisdicción a toda ella.

Podrán crearse Secciones de la Audiencia Provincial fuera de la capital de la provincia, a las que quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales. En todo caso, y previo informe de la correspondiente Sala de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial podrá acordar que el conocimiento de determinadas clases de asuntos se atribuya en exclusiva a una sección de la Audiencia Provincial, que extenderá siempre su competencia a todo su ámbito territorial aun cuando existieren secciones desplazadas. Este acuerdo se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Las Audiencias Provinciales se compondrán de un Presidente y dos o más magistrados. También podrán estar integradas por dos o más Secciones de la misma composición, en cuyo caso el Presidente de la Audiencia presidirá una de las Secciones que determinará al principio de su mandato. Cuando el escaso número de asuntos de que conozca una Audiencia Provincial lo aconseje, podrá constar su plantilla de uno a dos magistrados, incluido el Presidente. En este caso, la Audiencia Provincial se completará para el enjuiciamiento y fallo, y cuando la naturaleza de la resolución a dictar lo exija, con el número de magistrados que se precisen del Tribunal Superior de Justicia. A estos efectos, la Sala de Gobierno establecerá un turno para cada año judicial. Del mismo modo, cuando así lo aconseje la mejor Administración de Justicia, las Secciones de la Audiencia podrán estar formadas por cuatro magistrados. La adscripción de los magistrados a las distintas secciones tendrá carácter funcional cuando no estuvieren separadas por orden jurisdiccional o por especialidad. Si lo estuvieren, la adscripción será funcional exclusivamente dentro de las del mismo orden o especialidad. Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden penal: 1º) De las causas por delito, a excepción de las que la ley atribuye al conocimiento de los Juzgados de lo Penal o de otros Tribunales previstos en esta ley. 2º) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción y de lo Penal de la provincia. 3º) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, cuando la competencia no corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Las Audiencias Provinciales conocerán también de los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Menores con sede en la provincia y de las cuestiones de competencia entre los mismos. En el orden civil conocerán las Audiencias Provinciales de los recursos que establezca la ley contra resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de Primera Instancia de la provincia.

También conocerán de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los juzgados de lo mercantil, salvo las que se dicten en incidentes concursales que resuelvan cuestiones de materia laboral, debiendo especializarse a tal fin una o varias de sus Secciones. Asimismo, la Sección o Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante que se especialicen al amparo de lo previsto en el párrafo anterior conocerán, además, en segunda instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refiere el artículo 101 del Reglamento nº 40/94, del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y el Reglamento 6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional y a estos solos efectos se denominarán Tribunales de Marca Comunitaria. Corresponde igualmente a las Audiencias Provinciales el conocimiento: a) De las cuestiones de competencia en materia civil y penal que se susciten entre Juzgados de la provincia que no tengan otro superior común. b) De las recusaciones de sus Magistrados, cuando la competencia no esté atribuida a la Sala especial existente a estos efectos en los Tribunales Superiores de Justicia. El juicio del Jurado se celebrará en el ámbito de la Audiencia Provincial u otros Tribunales y en la forma que establezca la ley. 4.3.5. Juzgados Centrales En la Villa de Madrid podrá haber uno o más Juzgados Centrales de Instrucción, con jurisdicción en toda España, que instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los Juzgados Centrales de lo Penal y que tramitarán los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega, así como los expedientes de extradición pasiva, en los términos previstos en la Ley. En la villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria, y demás que señale la ley, en relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional. En todo caso, la competencia de estos Juzgados Centrales será preferente y excluyente cuando el penado cumpla también otras condenas que no hubiesen sido impuestas por la Audiencia Nacional. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios Juzgados Centrales de lo Penal que conocerán, en los casos en que así lo establezcan las leyes procesales, de las causas por los delitos a que se refiere el art. 65 y de los demás asuntos que señalen las leyes. En la villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo que conocerán, en primera o única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos emanados de autoridades,

organismos, órganos y entidades públicas con competencia en todo el territorio nacional, en los términos que la Ley establezca En la villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá un Juzgado Central de Menores, que conocerá de las causas que le atribuya la legislación reguladora de la responsabilidad pena¡ de los menores. 4.3.6. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción En cada partido habrá uno o más Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con sede en la capital de aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación del municipio de su sede. Los Juzgados de Primera Instancia conocerán en el orden civil: a) En primera instancia, de los juicios que no vengan atribuidos por esta ley a otros Juzgados o Tribunales. b) De los actos de jurisdicción voluntaria previstos en la ley. c) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Paz del partido. d) De las cuestiones de competencia en materia civil entre los Juzgados de Paz del partido. e) De las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales y arbitrales extranjeras, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro juzgado o tribunal. El Registro Civil estará a cargo de los Jueces de Primera Instancia y, por delegación de éstos, de los de Paz, de conformidad con lo que establezca la ley, sin perjuicio de lo que se disponga en ella para los demás Registros Civiles, en su caso. Los Juzgados de Instrucción conocerán, en el orden penal: a) De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de lo Penal. b) Del conocimiento y fallo de los juicios de faltas, salvo los de competencia de los Juzgados de Paz. c) De los procedimientos de "Habeas Corpus". d) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz del partido y de las cuestiones de competencia entre éstos. 4.3.7. Juzgados de lo Mercantil

Con carácter general, en cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o varios juzgados de lo mercantil. También podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando, atendidas la población, la existencia de núcleos industriales o mercantiles y la actividad económica, lo aconsejen, delimitándose en cada caso el ámbito de su jurisdicción. Podrán establecerse juzgados de lo mercantil que extiendan su jurisdicción a dos o más provincias de la misma comunidad autónoma. Los juzgados de lo mercantil de Alicante tendrán competencia, además, para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en los Reglamentos números 40/94, del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y 6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia dichos Juzgados extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán Juzgados de Marca Comunitaria. Los juzgados de lo mercantil conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los términos previstos en su Ley reguladora. En todo caso, la jurisdicción del juez del concurso será exclusiva y excluyente en las siguientes materias: 1.

Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores.

2.

Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral.

3.

Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado.

4. Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdicción en el número 1. 5. Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita.

6.

Las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento.

Los juzgados de lo mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de: a.

Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas.

b.

Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional.

c.

Aquellas pretensiones relativas a la aplicación del Derecho Marítimo.

d. Las acciones relativas a condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia. e.

Los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil.

f.

De los procedimientos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea y de su derecho derivado.

g.

De los asuntos atribuidos a los Juzgados de Primera Instancia en el artículo 8 de la Ley de Arbitraje cuando vengan referidos a materias contempladas en este apartado.

4.3.8. Juzgados de lo Penal En cada provincia, y con sede en su capital, habrá uno o varios Juzgados de lo Penal. Podrán establecerse Juzgados de lo Penal cuya jurisdicción se extienda a uno o varios partidos de la misma provincia, conforme a lo que disponga la legislación sobre demarcación y planta judicial, que fijará la ciudad donde tendrá su sede. Los Juzgados de lo Penal tomarán su denominación de la población donde tengan su sede. Los Juzgados de lo Penal enjuiciarán las causas por delito que la ley determine. 4.3.9. Juzgados de lo Contencioso Administrativo En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más Juzgados de lo Contencioso-administrativo. Cuando el volumen de asuntos lo requiera, se podrán establecer uno o más Juzgados de lo Contencioso-administrativo en las poblaciones que por ley se determine. Tomarán la denominación del municipio de su sede, y extenderán su jurisdicción al partido correspondiente.

También podrán crearse excepcionalmente Juzgados de lo Contencioso-administrativo que extiendan su jurisdicción a más de una provincia dentro de la misma Comunidad Autónoma. Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán, en primera o única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra actos que expresamente les atribuya la Ley. Corresponde también a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo autorizar, mediante auto, la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento del titular, cuando ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración. 4.3.10.Juzgados de lo Social En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más Juzgados de lo Social. También podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando las necesidades del servicio o la proximidad a determinados núcleos de trabajo lo aconsejen, delimitándose, en tal caso, el ámbito de su jurisdicción. Los Juzgados de lo Social podrán excepcionalmente extender su jurisdicción a dos o más provincias dentro de la misma Comunidad Autónoma. Los Juzgados de lo Social conocerán, en primera o única instancia, de los procesos sobre materias propias de este orden jurisdiccional que no estén atribuidos a órganos del mismo. 4.3.11. Juzgados de Vigilancia Penitenciaria En cada provincia, y dentro del orden jurisdiccional penal, habrá uno o varios Juzgados de Vigilancia penitenciaria, que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y demás que señale la ley. Podrán establecerse Juzgados de Vigilancia penitenciaria que extiendan su jurisdicción a dos o más provincias de la misma Comunidad Autónoma. También podrán crearse Juzgados de Vigilancia penitenciaria cuya jurisdicción no se extienda a toda la provincia. El cargo de Juez de Vigilancia penitenciaria será compatible con el desempeño de un órgano del orden jurisdiccional penal. El número de Juzgados de Vigilancia penitenciaria se determinará en la Ley de Planta, atendiendo principalmente a los establecimientos penitenciarios existentes y a la clase de éstos.

El Gobierno establecerá la sede de estos Juzgados, previa audiencia de la Comunidad Autónoma afectada y del Consejo General del Poder Judicial. 4.3.12. Juzgados de Menores En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más Juzgados de Menores. No obstante, cuando el volumen de trabajo lo aconseje, podrán establecerse Juzgados de Menores cuya jurisdicción se extienda o bien a un partido determinado o agrupación de partidos, o bien a dos o más provincias de la misma Comunidad Autónoma. Tomarán su nombre de la población donde radique su sede. Corresponde a los Jueces de Menores el ejercicio de las funciones que establezcan las leyes para con los menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la ley como delito o falta y aquellas otras que, en relación con los menores de edad, les atribuyan las leyes. 4.3.13. Juzgados de Paz En cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz. Podrá existir una sola Oficina judicial para varios juzgados Los Juzgados de Paz conocerán, en el orden civil, de la sustanciación en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos que la ley determine. Cumplirán también funciones de Registro Civil y las demás que la ley les atribuya. En el orden penal, conocerán en primera instancia de los procesos por faltas que les atribuya la ley. Podrán intervenir, igualmente, en actuaciones penales de prevención, o por delegación, y en aquellas otras que señalen las leyes. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados para un período de 4 años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. El nombramiento recaerá en las personas elegidas por el respectivo Ayuntamiento. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán elegidos por el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. Podrán ser nombrados Jueces de Paz, tanto titular como sustituto, quienes, aún no siendo licenciados en Derecho, reúnan los requisitos establecidos en esta ley para el ingreso en la Carrera Judicial, y no estén incursos en ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad previstas para el desempeño de las funciones judiciales, a excepción del ejercicio de actividades profesionales o mercantiles. Los Jueces de Paz serán retribuidos por el sistema y en la cuantía que legalmente se establezca, y tendrán, dentro de su circunscripción, el tratamiento y precedencia que se reconozcan en la suya a los Jueces de Primera Instancia e Instrucción.

Los Jueces de Paz y los sustitutos, en su caso, cesarán por el transcurso de su mandato y por las mismas causas que los Jueces de carrera en cuanto les sean de aplicación. 5. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional se regula en el Título IX de nuestra Constitución y se desarrolla en la Ley Orgánica 2/ 1979, de 3 de octubre. 5.1. COMPOSICIÓN El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil. En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años. 5.2. COMPETENCIAS El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el Art. 53,2, de la Constitución, en los casos y formas que la ley establezca. c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí. d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.

Están legitimados: a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. b)

Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

c)

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

5.3. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

6. EL TRIBUNAL DE CUENTAS

6.1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS

El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, sin perjuicio de su propia jurisdicción, de acuerdo con la Constitución y su Ley Orgánica. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, sin perjuicio de los órganos fiscalizadores de cuentas que para las Comunidades Autónomas puedan prever sus Estatutos.

Depende directamente de las Cortes Generales.

6.2. FUNCIONES Son funciones propias del Tribunal de Cuentas: a) La fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económicofinanciera del sector público. b) El enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se referirá al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia y economía. El Tribunal de Cuentas ejercerá su función en relación con la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos. El Tribunal de Cuentas, por delegación, de las Cortes Generales, procederá al examen y comprobación de la Cuenta General del Estado dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que se haya rendido. El Pleno, oído el Fiscal, dictará la declaración definitiva que le merezca para elevarla a las Cámaras con la oportuna propuesta, dando traslado al Gobierno. 6.3. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS Son órganos del Tribunal de Cuentas: a) El Presidente. b) El Pleno. c) La Comisión de Gobierno. d) La Sección de Fiscalización. e) La Sección de Enjuiciamiento.

f)

Los Consejeros de Cuentas.

g) La Fiscalía. h) La Secretaría General. 6.3.1. El Presidente Son atribuciones del Presidente: a) Representar al Tribunal. b) Convocar y presidir el Pleno y la Comisión de Gobierno así como decidir con voto de calidad en caso de empate c) Ejercer la jefatura superior del personal al servicio del mismo y las funciones relativas a su nombramiento, contratación, gobierno y administración en general. d)

Disponer los gastos propios del Tribunal y la contratación de obras, bienes, servicios, suministros y demás prestaciones necesarias para su funcionamiento.

e) Las demás que le reconozca la Ley. f)

Resolver las demás cuestiones de carácter gubernativo no asignadas a otros órganos del Tribunal.

6.3.2. El Pleno El Tribunal en Pleno estará integrado por doce Consejeros de Cuentas, uno de los cuales será el Presidente, y el Fiscal. El quórum para la válida constitución del Pleno será el de dos tercios de sus componentes y sus acuerdos serán adoptados por mayoría de asistentes Corresponde al Pleno: a) Ejercer la función fiscalizadora. b)

Plantear los conflictos que afecten a las competencias o atribuciones del Tribunal.

c)

Conocer de los recursos de alzada contra las resoluciones administrativas dictadas por órganos del Tribunal.

d)

Las demás funciones que se determinen en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

6.3.3. La Comisión de Gobierno

La Comisión de Gobierno quedará constituida por el Presidente y los Consejeros de Cuentas Presidentes de Sección. Corresponde a la Comisión de Gobierno: a) Establecer el régimen de trabajo del personal. b) Ejercer la potestad disciplinaria en los casos de faltas muy graves respecto del personal al servicio del Tribunal. c) Distribuir los asuntos entre las Secciones. d) Nombrar los Delegados instructores. e) Las demás facultades que le atribuye la Ley de Funcionamiento del Tribunal. 6.3.4. La Sección de Fiscalización A la Sección de Fiscalización corresponde la verificación de la contabilidad de las Entidades del sector público y el examen y comprobación de las cuentas que han de someterse a la fiscalización del Tribunal. La Sección de Fiscalización se organizará en departamentos sectoriales y territoriales al frente de cada uno de los cuales estará un Consejero de Cuentas. El Fiscal del Tribunal designará los Abogados Fiscales adscritos al Departamento. 6.3.5. La Sección de Enjuiciamiento La Sección de Enjuiciamiento se organizará en Salas integradas por un Presidente y dos Consejeros de Cuentas, y asistidas por uno o más Secretarios. Las Salas conocerán de las apelaciones contra las resoluciones en primera instancia dictadas por los Consejeros de Cuentas en los juicios de cuentas, los procedimientos de reintegro por alcance y los expedientes de cancelación de fianzas; y en instancia o por vía de recurso, de los asuntos que determine la Ley de Funcionamiento del Tribunal. 6.3.6. La Fiscalía La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, dependiente funcionalmente del Fiscal general del Estado, quedará integrada por el Fiscal y los Abogados Fiscales. 6.3.7. La Secretaría General La Secretaría General desempeñará las funciones conducentes al adecuado ejercicio de las competencias gubernativas del Presidente, del Pleno y de la Comisión de Gobierno en todo lo relativo al régimen interior del Tribunal de Cuentas. 7. EL DEFENSOR DEL PUEBLO

El Defensor del Pueblo, es el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. El origen de esta Institución se encuentra en el “Ombudsman” de los países nórdicos. Su regulación jurídica se contiene en el artículo 54 de la Constitución y en la Ley Orgánica 3/ 1981, de 6 de abril. 7.1. ELECCIÓN, NOMBRAMIENTO Y MANDATO El Defensor del Pueblo será elegido por las Cortes Generales para un periodo de cinco años, y se dirigirá a las mismas a través de los Presidentes del Congreso y del Senado, respectivamente. El procedimiento de propuesta y elección es el siguiente: a) La Comisión Mixta Congreso- Senado para Relaciones con el Defensor del Pueblo propondrá a los plenos de las Cámaras el candidato o candidatos a Defensor del Pueblo. Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría simple. b) Propuesto el candidato o candidatos, se convocará en término no inferior a diez días al Pleno del Congreso para que proceda a su elección. Será designado quien obtuviese una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de veinte días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado. c)

Caso de no alcanzarse las mencionadas mayorías, se procederá en nueva sesión de la Comisión y en el plazo máximo de un mes, a formular sucesivas propuestas en tales casos, una vez conseguida la mayoría de los tres quintos en el Congreso, la designación quedará realizada al alcanzarse la mayoría absoluta del Senado.

d)

Designado el Defensor del Pueblo se reunirá de nuevo la comisión mixta Congreso - Senado para otorgar su conformidad previa al nombramiento de los adjuntos que le sean propuestos por aquel. Señalar asimismo que podrá ser elegido Defensor del Pueblo cualquier español mayor de edad que se encuentre en el Pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos.

e) Los Presidentes del Congreso y del Senado acreditarán conjuntamente con sus firmas el nombramiento del Defensor del Pueblo, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. f)

El Defensor del Pueblo tomará posesión de su cargo ante las mesas de ambas cámaras reunidas conjuntamente, prestando juramento o promesa de fiel desempeño de su función.

7.2. CESE Y SUSTITUCIÓN

El Defensor del Pueblo cesará por alguna de las siguientes causas : a) Por renuncia. b) Por expansión del plazo de su nombramiento. c) Por muerte o por incapacidad sobrevenida. d)

Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo.

e) Por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso. La vacante en el cargo se declarará por el Presidente del Congreso en los casos de muerte, renuncia y expiración del plazo del mandato. En los demás casos se decidirá, por mayoría de las tres quintas partes de los componentes de cada cámara, mediante debate y previa audiencia del interesado. Vacante el cargo se iniciará el procedimiento para el nombramiento de nuevo Defensor del Pueblo en plazo no superior a un mes En los casos de muerte, cese o incapacidad temporal o definitiva del Defensor del Pueblo y en tanto no procedan las Cortes Generales a una nueva designación, desempeñarán sus funciones, interinamente, en su propio orden, los adjuntos al Defensor del Pueblo 7.3.PRERROGATIVAS E INCOMPATIBILIDADES 7.3.1. Prerrogativas El Defensor del Pueblo no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio. El Defensor del Pueblo gozará de inviolabilidad. No podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las opiniones que formule o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo. En los demás casos, y mientras permanezca en el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pueblo no podrá ser detenido ni retenido, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo la decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Las anteriores reglas serán aplicables a los adjuntos del Defensor del Pueblo en el cumplimiento de sus funciones. 7.3.2. Incompatibilidades La condición de Defensor del Pueblo es incompatible:

a) Con todo mandato representativo b) Con todo cargo político o actividad de propaganda política c)

Con la permanencia en el servicio activo de cualquier Administración pública

d)

Con la afiliación a un partido político o el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, asociación o fundación, y con el empleo al servicio de los mismos

e) Con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal f)

Con cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral

El Defensor del Pueblo deberá cesar, dentro de los diez días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión, en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarle, entendiéndose en caso contrario que no acepta el nombramiento. Si la incompatibilidad fuere sobrevenida una vez posesionado del cargo, se entenderá que renuncia al mismo en la fecha en que aquella se hubiere producido 7.4. LOS ADJUNTOS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. El Defensor del Pueblo estará auxiliado por un adjunto primero y un adjunto segundo, en los que podrá delegar sus funciones y que le sustituirán por su orden, en el ejercicio de las mismas, en los supuestos de imposibilidad temporal y en los de cese. El Defensor del Pueblo nombrará y separará a sus adjuntos previa conformidad de las Cámaras en la forma que determinen sus reglamentos. El nombramiento de los adjuntos será publicado en el Boletín Oficial del Estado.

TEMA 3 COMUNIDADES AUTÓNOMAS. ADMINISTRACIÓN LOCAL

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA. DELIMITACIÓN DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL ESTADO Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. TIPOLOGÍA DE LOS ENTES LOCALES

1. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN

La regulación constitucional de la organización territorial del Estado se regula en el Título VIII, artículos 137 a 158, ambos incluidos.

El artículo 137 establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Señala asimismo que todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

En relación con la autonomía, hemos de establecer también el principio general derivado del artículo 2 de la Constitución. Este artículo establece que:

“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

Partiendo de esta afirmación, en la que aparecen los principios de unidad nacional, autonomía y solidaridad territoriales, el Título VIII construye lo que se ha dado en llamar “ Estado de las Autonomías”, una fórmula intermedia entre el denominado “ Estado centralizado” y el “Estado federal”. La explicación de esta opción realizada por el constituyente tiene principalmente, las siguientes causas.

a) Históricas. A raíz de la aprobación de la Constitución española de 1931 se estableció un sistema autonómico que no pudo desarrollarse como consecuencia de la Guerra Civil española de 1936, pero que dio sus frutos en la aprobación de los Estatutos de Autonomía de las actualmente denominadas “comunidades históricas”, Cataluña, País Vasco y Galicia. Por tanto, en la Constitución de 1978 se trató de recuperar ese proceso abortado. b) Políticas. Si es cierto que España fue el primer Reino unificado de Europa, no es menos cierto que las diferencias entre los pueblos que la integran crearon, a lo largo de la historia, profundas e importantes divergencias en torno al grado de poder que conservaban éstos frente al poder central. La solución vino por la creación de esta formula mixta donde se establece el principio de unidad, pero al mismo tiempo, se reconoce el principio de autonomía de nacionalidades y regiones.

En relación con la Administración Local, como veremos, el grado de autonomía se aplica solo en lo referente a la gestión de sus propios intereses, pero no participa del grado analizado anteriormente al citar el artículo 2 de la Constitución.

El Título VIII de la Constitución establece además los principios básicos de la organización territorial reiterando en su artículo 138 el principio de solidaridad y lo matiza en relación con los ciudadanos, en su artículo 139 al establecer el principio de igualdad en materia de derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio.

El contenido exacto de estos artículos es el siguiente:

Artículo 138 -

-

El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el Art. 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Artículo 139 -

Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

De todo lo anterior, extraemos las siguientes consecuencias sobre el estado de las autonomías:

1. Se trata de un reconocimiento constitucional, es decir recogido en la Constitución.

2. Los sujetos autonómicos son múltiples.

3. Las entidades que son sujeto de autonomía no se hallan relacionadas entre sí en base al principio de jerarquía o subordinación, sino que están estructuradas en base a los principios de independencia, coordinación y competencia.

4. El proceso autonómico español se caracteriza por ser de naturaleza abierta.

Hemos de entender que las diferencias entre las Comunidades Autónomas y los Municipios y las Provincias, a pesar de estar enunciados todos ellos como sujetos de la autonomía son profundamente divergentes. A modo de resumen diremos que:

Las Comunidades Autónomas tienen personalidad jurídica propia independiente del Estado siendo auténticas entidades de derecho público y no simples órganos del estado o de su administración.

Ello se concreta en:

-

Autonomía política. Pueden asumir y ejecutar decisiones políticas propias y diferentes a las del Estado. Es una autonomía superior a la de las entidades provinciales y municipales, va más allá de una autonomía meramente administrativa, con potestades legislativas y de gobierno.

-

Autonomía normativa. Tienen potestad normativa, es decir capacidad legislativa.

-

Autonomía institucional y de gobierno. Tienen competencias para configurar y estructuras de ordenación institucional y de gobierno.

-

Autonomía administrativa. Además de aprobar sus propias normas de ordenación normativa sobre materias de su competencia, están habilitadas para proceder a su ejecución.

-

Autonomía financiera. Gozan de esta autonomía para satisfacer sus competencias, asignándoles la constitución los recursos necesarios para la gestión de sus intereses, en coordinación con la hacienda estatal y con la aplicación del principio de solidaridad con el resto de los españoles.

Los municipios y provincias también tienen autonomía para la satisfacción de sus fines, pero diferencia de las comunidades autónomas tan sólo se trata de autonomía administrativa y financiera.

2. LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA. DELIMITACIÓN DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL ESTADO Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

2.1. PRINCIPIOS GENERALES

El estado autonómico se caracteriza en nuestro Derecho por una serie de principios.

Como hemos señalado, el artículo 2 de la Constitución establece los principios de unidad, autonomía y solidaridad. Otros han sido formulados por la doctrina en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Destacamos los siguientes:

2.1.1. Principio de constitucionalidad

La Constitución, artículo 9.1, establece que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al ordenamiento jurídico”.

Las autonomías por tanto también están sujetas a la Constitución. Sus normas que respetar el principio de jerarquía normativa debido a la constitución, las relaciones entre Estado y las comunidades autónomas también deben someterse a la ordenación de la constitución, quedando derogadas todas aquellas disposiciones que se opongan a ella. De este modo, como veremos, cuando una comunidad autónoma incumpla las obligaciones que la Constitución y otras normas les impongan, el gobierno podrá acordar las medidas necesarias para el cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del interés general.

2.1.2. Principio de unidad

Es el principio más básico de los que informan el estado autonómico. Nuestro constituyente enunció una única soberanía, la indisoluble unidad de la Nación, que se atribuye sólo al pueblo español.

2.1.3. Principio de autonomía

La autonomía supone la atribución de una serie de competencias a favor de ciertos entes, con carácter general, para la gestión de sus respectivos intereses.

El Tribunal Constitucional reitera que “la autonomía es una potestad dentro del Estado, de naturaleza política y no simplemente administrativa, pero diferente a la noción de soberanía”.

2.1.4. Principio de solidaridad

Se articula entre las distintas nacionalidades y regiones, así como entre éstas y la Nación española.

El principio de solidaridad va unido al de unidad y de autonomía. Es un factor de equilibrio entre las nacionalidades y regiones y la unidad de la nación española y tiene por finalidad evitar los desequilibrios en el desarrollo autonómico.

2.1.5. Principio de igualdad

Recogido en el artículo 1.1 y 14 de la Constitución y reiterado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es uno de los principios esenciales de nuestro sistema autonómico.

Se traduce en:

-

Igualdad jurídica básica de los ciudadanos

-

Igualdad jurídica básica de las Comunidades Autónomas

2.1.6. Principio de cooperación

A diferencia del principio de solidaridad con el que se halla íntimamente relacionado, el de cooperación no se menciona expresamente en la Constitución, ni se recoge tampoco de forma unánime por toda la doctrina. El Tribunal Constitucional argumenta que se encuentra implícito en la misma esencia de la organización territorial del Estado.

2.1.7. Principio de no federabilidad

El artículo 145.1 de la Constitución establece que “en ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas”.

Si se permite lógicamente la potestad de suscribir convenios entre ellas. Pueden ser de dos tipos:

-

Los convenios para la gestión y prestación de servicios propios de las comunidades autónomas, que deben ser comunicados a las Cortes Generales.

-

Los convenios específicos de cooperación, más relevantes, que imponen una previa autorización de las Cortes.

2.1. 8. Principios predicables de las Comunidades Autónomas

-

Las comunidades autónomas son corporaciones públicas de base territorial y de naturaleza política

-

Tienen personalidad jurídica propia

-

Son entidades territoriales que gozan de autonomía política mayor que la que gozan los municipios y provincias

-

Gozan de potestad legislativa y ejecutiva

-

Son órganos constitucionales

2.2. PROCESO DE CREACIÓN

2.2.1. Características del proceso autonómico

Los caracteres del proceso autonómico son:

a) Proceso general y voluntario: tiene naturaleza general porque la constitución en su artículo 143. 1 de la Constitución, asigna a toda las provincias con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica, su posible configuración en comunidades autónomas.

El carácter voluntario viene dado porque a la constitución entiende la autonomía no como una obligación sino por el contrario, como un auténtico derecho dejándolo a la disponibilidad de los sujetos implicados.

b) Proceso unánime: el carácter voluntario no ha provocado diferencias ya que todas las regiones han optado por asumir la autonomía política máxima prevista constitucionalmente.

c) Proceso no uniforme: como consecuencia del principio de voluntariedad, existen varios modos de acceso a la autonomía

d) Proceso periódico: se ha construido de una manera gradual.

e) Proceso flexible: las competencias asumidas por las comunidades autónomas no conforman una lista cerrada

2.2.2. Territorios habilitados

Los territorios que pudieron ejercer el derecho a constituirse en Comunidades Autónomas se establecen en el artículo 143 de la Constitución. De este modo pudo ser ejercitado por: -

Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes Los territorios insulares Las provincias con entidad regional histórica

Además se establece, en el artículo 144, la posibilidad de que territorios que no cuenten con ninguna de esas características ( como es el caso de Madrid) se constituyan en Comunidades Autónomas previa autorización de las Cortes Generales:

Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional: -

Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del Art. 143.

-

Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial.

2.2.3. Vías de acceso a la autonomía

La Constitución establece dos vías de acceso denominadas:

-

Vía común o lenta

-

Vía especial o rápida

La consecuencia final de la opción ejercida por los territorios, es decir, las consecuencias de optar por una u otra vía, se traducen en el nivel de competencias que pudieron alcanzar las recién constituidas Comunidades Autónomas. Si la vía de acceso era la vía rápida la Comunidad podía acceder a las competencias establecidas en el artículo 148 de la Constitución y también a competencias establecidas en el artículo 149. Si por el contrario la opción se ejercía sobre la vía lenta, las competencias adoptadas del artículo 148, solo podrían ampliarse una vez hubieran transcurrido cinco años y previa reforma del Estatuto de Autonomía.

a) Vía Común o general

En este caso la iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.

Estos requisitos deberían ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.

La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podría reiterarse pasados cinco años.

La Disposición transitoria 1ª de la Constitución permitía que en los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, sustituyeran la iniciativa de las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes.

En el caso de Navarra, la iniciativa correspondía al órgano Foral competente, el cual adoptaría su decisión por mayoría de los miembros que lo componían. Para la validez de dicha iniciativa era preciso, además, que la decisión del órgano Foral competente fuera ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. Por último, y en relación con Ceuta y Melilla, la Disposición Transitoria 5ª de la Constitución estableció que podrían constituirse en Comunidades Autónomas si así lo decidían sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de miembros y así lo autorizaban las Cortes Generales, mediante una ley orgánica. Una vez ejercida la iniciativa, el siguiente paso era la elaboración de un proyecto de Estatuto de Autonomía. En este punto, establece el artículo 146 que “el proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley”.

Por tanto, tras la aprobación del proyecto de Estatuto, debía remitirse éste a las Cortes Generales para su aprobación como ley orgánica, con lo que quedaba completado el proceso.

b) Vía especial

En este caso la iniciativa aparece recogida en el artículo 151 de la Constitución en los siguientes términos.

La iniciativa del proceso autonómico debe ser adoptada, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los Municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.

El procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente:

-

El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.

-

Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.

-

Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.

-

Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los Plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley.

-

De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2.º de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior.

3. ORGANIZACIÓN BÁSICA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La Constitución establece, en relación con la organización básica de las Comunidades Autónomas, en el artículo 152,1 tres clases de órganos: -

Asamblea legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional, y con funciones legislativas y de control.

-

Consejo de Gobierno, con funciones ejecutivas y administrativas.

-

Presidente del Consejo, elegido por la Asamblea de entre sus miembros, a quien incumbe la dirección del Consejo de Gobierno, la representación máxima de la comunidad autónoma y la ordinaria del Estado en ella.

Aunque en principio esta organización establece para aquellas comunidades de régimen especial, ha terminado imponiéndose en todas y cada una de nuestras comunidades autónomas, con independencia de si estamos ante comunidades que han accedido a la autonomía por la vía especial o por la del artículo 143.

3.1. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Todas las comunidades autónomas gozan de potestad legislativa y de una Asamblea al margen de cómo hayan accedido a dicha autonomía, salvo los casos peculiares de Ceuta y Melilla.

El artículo 152.1 de la Constitución señala una “Asamblea Legislativa” es decir un parlamento autonómico unicameral. Este modelo a sido adoptado por todas las comunidades autónomas.

La asamblea legislativa se denomina de diferentes maneras en los respectivos estatutos autonomía. Así reciben la denominación de “Cortes” en Aragón, Castilla la Mancha, Castilla León, Navarra y comunidad valenciana. Se denomina “Parlamento” en Cataluña, País Vasco, Andalucía, Galicia, Baleares y Canarias. En Asturias recibe el nombre de “Junta general”. En La Rioja se denomina “Diputación general” y por último se denomina “Asamblea” en Cantabria, Extremadura, Madrid, Murcia, Ceuta y Melilla.

3.1.1. Características comunes

a) El sufragio para la elección de sus miembros es universal. La circunscripción electoral es la provincial, en aquellas comunidades que sean uniprovinciales. El sistema electoral vigente en todas ellas es el sistema D´Hondt.

b) Al igual que en el Congreso de los Diputados, se ha establecido en los estatutos una barrera legal, aunque varía su porcentaje. Murcia en la comunidad valenciana requieren 15%, mientras que en Canarias, se exige un 3% de los votos válidos o un 20% de los votos en cada una de sus islas.

c) Es una competencia del Presidente de la comunidad autónoma. Desde 1991 se celebran el último domingo de mayo cada cuatro años, pero Cataluña, País Vasco, Andalucía y Galicia tienen regulaciones especiales.

d)

Los escaños se distribuyen según las poblaciones respectivas en sus circunscripciones electorales. En el País Vasco sus territorios disfrutan de un mismo número de diputados con independencia de su población.

e) Autonomía reglamentaria.

f)

Mandato parlamentario de los diputados autonómicos es de cuatro años.

g) Periodos de sesiones de septiembre a diciembre y de febrero a junio.

h)

Los parlamentarios autonómicos disfrutan del denominado fuero especial, donde no cabe la detención salvo en los casos de flagrante delito; el goce de una asignación económica que puede ser una cantidad fija y dietas y de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo no gozan de inmunidad.

i)

Las funciones de las asambleas parlamentarias autonómicas son semejantes a las de las cortes generales y podemos diferenciar las siguientes:

-

Función presupuestaria

-

Función legislativa

-

Función de control del Ejecutivo autonómico

-

Función de elección del Gobierno y del Presidente del Ejecutivo autonómico

-

Función de participación en la reforma de la Constitución

-

Función de participación en el control de constitucionalidad de la ley y sí disposiciones normativas con fuerza de ley

-

Función de participación en la composición del Senado

3.2. ÓRGANOS EJECUTIVOS.

Como indicábamos, el artículo 152.1 de la Constitución señala que la organización institucional básica será un consejo de gobierno con funciones ejecutivas, administrativas, y un presidente, elegido por la asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del consejo de gobierno, la suprema representación de la respectiva comunidad autónoma y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del consejo de gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea.

3.2.1. El Presidente

El presidente es el órgano más relevante del ejecutivo autonómico.

Será elegido por la Asamblea de entre sus miembros, siendo nombrado por el Rey, pudiendo resaltar las siguientes fases:

a) Propuesta del candidato. b)

Presentación del programa de gobierno. Defensa y debate ante la Asamblea.

c) Votación del candidato. Se requiere la obtención en primera votación, de la mayoría absoluta y en segunda bastará con la mayoría simple. Si no se lograse la investidura de un candidato en el plazo máximo de dos meses se procederá a la disolución del Parlamento Autonómico y a la correspondiente convocatoria de elecciones políticas. d) Nombramiento del candidato por el Rey debidamente refrendado.

Le corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquella.

3.2.2. El Consejo de Gobierno

Las funciones que desempeña el consejo de gobierno son plurales pudiéndose clasificar en dos grupos:

-

Funciones recogidas en la propia constitución

-

Funciones recogidas en sus respectivos estatutos de autonomía y leyes de gobierno.

Los estatutos de autonomía reglamentan la responsabilidad civil y penal de los miembros del consejo de gobierno que se instrumenta ante el Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad Autónoma.

En cuanto al control político y mecanismos de exigencia de responsabilidad política todos los reglamentos parlamentarios de las Comunidades Autónomas pormenorizan los mecanismos por los que se encauza el control del ejecutivo: preguntas, interpelaciones, comisiones investigación, al igual que en el sistema establecido en las Cortes Generales con respecto al control del Gobierno estatal.

Los instrumentos utilizados son los clásicos de cuestión de confianza y moción de censura.

1. Cuestión de confianza. Su legitimación se atribuye al presidente del consejo de gobierno. Su objeto no es el mismo en todas las comunidades. Su tramitación parlamentaria recoge varias fases.

2. Moción de censura. Consta de diversas fases: la presentación de un candidato alternativo, el respaldo de un número mínimo de parlamentarios autonómicos, un periodo de enfriamiento desde su debate y votación, el respaldo de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.

3.3. EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Las Comunidades Autónomas no gozan de un poder judicial autónomo y diferenciado. El poder judicial es un atributo exclusivo del Estado, que se extiende a todo su territorio.

La organización judicial autonómica costa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.

Sus características las resumimos del siguiente modo:

-

Se estructura en tres salas: de lo civil y penal, de lo contencioso-administrativo y de lo social.

-

Sus competencias están delimitadas en el artículo 152.1 de la Constitución, siendo las más sobresalientes del conocimiento de los recursos de casación, revisión y actos extraordinarios de supuestos de derecho común en el ámbito de la comunidad.

-

En cuanto a su composición, tendrá un presidente y tendrá la consideración de magistrado del Tribunal Supremo mientras desempeña su cargo.

-

Constará además de los Presidentes de Sala y de los Magistrados que determine la ley para cada una de las salas y en su caso de las acciones que puedan crearse dentro de ellas.

3.4. DELIMITACIÓN DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL ESTADO Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

3.4.1. El artículo 148 de la Constitución Según el artículo 148 de la Constitución, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: 1. Organización de sus instituciones de autogobierno.

2. Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local. 3. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 4. Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio. 5. Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable. 6. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales. 7. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. 8. Los montes y aprovechamientos forestales. 9. La gestión en materia de protección del medio ambiente. 10. Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales. 11. La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial. 12. Ferias interiores. 13. El fenómeno de desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional. 14. La artesanía. 15. Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma. 16. Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma. 17. El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma. 18. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 19. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. 20. Asistencia social. 21. Sanidad e higiene.

22. La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149 Ce. 3.4.2. El artículo 149 de la Constitución El artículo 149 establece las competencias del Estado. Según el citado artículo el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 2. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 3. Relaciones internacionales. 4. Defensa y Fuerzas Armadas. 5. Administración de Justicia. 6. Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. 7. Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas. 8. Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial. 9. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 10. Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. 11. Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros. 12. Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial. 13. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

14. Hacienda general y Deuda del Estado. 15. Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 16. Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. 17. Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. 18. Las bases de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas. 19. Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas. 20. Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves. 21. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos de motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. 22. La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. 23. Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. 24. Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. 25. Bases de régimen minero y energético. 26. Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. 27. Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.

28. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas. 29. Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica. 30. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 31. Estadística para fines estatales. 32. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas. La materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas. 3.4.3. El artículo 150 de la Constitución Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por la ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

4. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. TIPOLOGÍA DE LOS ENTES LOCALES

4.1. ENTIDADES Las Entidades que forman la Administración Local, se clasifican en la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local en entidades locales territoriales y no territoriales. Son Entidades locales territoriales: 1. El Municipio •

Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades.

2. La Provincia. 3. La Isla en los archipiélagos balear y canario. •

La Provincia y, en su caso, la Isla gozan, asimismo, de idéntica autonomía para la gestión de los intereses respectivos.

Gozan, asimismo, de la condición de Entidades locales: 1. Las Entidades de ámbito territorial inferior al municipal, instituidas o reconocidas por las Comunidades Autónomas 2.

Las Comarcas u otras Entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía

3. Las Áreas Metropolitanas 4. Las Mancomunidades de Municipios 4.2.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y REGULACIÓN NORMATIVA

4.2.1. Principios constitucionales

La Administración Local se regula constitucionalmente en el Capítulo II, Título VIII, artículos 140, 141 y 142.

Su contenido en es siguiente. Artículo 140 La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto. Art. 141 1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. 2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. 3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos. Art. 142 Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. 4.2.2. Potestades En su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los Municipios, las Provincias y las Islas: •

Las potestades reglamentaria y de autoorganización.

•

Las potestades tributaria y financiera.

•

La potestad de programación o planificación.

•

Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.

•

La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.

•

Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.

•

La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.

•

Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de las comunidades autónomas; así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes.

Lo dispuesto anteriormente podrá ser de aplicación a las entidades territoriales de ámbito inferior al municipal y, asimismo, a las comarcas, áreas metropolitanas y demás entidades locales, debiendo las leyes de las comunidades autónomas concretar cuáles de aquellas potestades serán de aplicación, excepto en el supuesto de las mancomunidades, que se rigen por lo dispuesto en el apartado siguiente. Corresponden a las mancomunidades de municipios, para la prestación de los servicios o la ejecución de las obras de su competencia, las potestades anteriores que determinen sus Estatutos. En defecto de previsión estatutaria, les corresponderán todas las potestades enumeradas en dicho apartado, siempre que sean precisas para el cumplimiento de su finalidad, y de acuerdo con la legislación aplicable a cada una de dichas potestades, en ambos casos. 4.2.3. Capacidad jurídica Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las Entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes. 4.3.3. Funciones y control Las Entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Los Tribunales ejercen el control de legalidad de los acuerdos y actos de las Entidades locales. 4.3.4. Competencias Las competencias de las Entidades locales son propias o atribuidas por delegación. Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley.

Las competencias propias se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas. Las competencias atribuidas se ejercen en los términos de la delegación, que puede prever técnicas de dirección y control de oportunidad que, en todo caso, habrán de respetar la potestad de autoorganización de los servicios de la Entidad local. Las Provincias y las Islas podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica, de conformidad con los Estatutos de Autonomía y la legislación de las Comunidades Autónomas. 4.3.5. Principios de relación La Administración Local y las demás Administraciones Públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. Procederá la coordinación de las competencias de las entidades locales entre sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones Públicas, cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes Entidades, incidan o condicionen relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de éstas. Las funciones de coordinación no afectaran en ningún caso a la autonomía de las entidades locales

4.3.6. Regulación normativa

La normativa estatal principal en materia de Administración Local es la siguiente:

•

Ley 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local

•

Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

•

Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local

•

Ley 39/1988, reguladora de las haciendas locales de 28 de diciembre de 1988.

•

Real decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el reglamento de bienes de las entidades locales.

•

Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales.

•

Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el reglamento de servicios de las corporaciones locales

5. ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos Municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo abierto, corresponde al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales. Los Concejales son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y el Alcalde es elegido por los Concejales o por los vecinos; todo ello en los términos que establezca la legislación electoral general. La organización municipal responde a las siguientes reglas: a.

El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos.

b.

La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.

c.

En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en

dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno. d. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título X de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico. Por tanto la organización municipal responde a la existencia de órganos necesarios y órganos complementarios. Los órganos necesarios son por tanto: -

El Alcalde

-

Los Tenientes de Alcalde

-

El Pleno

-

La Junta de Gobierno Local en aquellos municipios que cuenten con una población superior a 5.000 habitantes y en aquellos otros de población menor, en los que se establezca mediante el Reglamento Orgánico o se apruebe por el Pleno

-

Las Comisiones Informativas, establecidas como obligatorias en los Municipios que cuenten con una población superior a 5.000 habitantes y en aquellos en los que lo establezca su Reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa

Son órganos complementarios, entre otros: -

Concejales delegados

-

Juntas Municipales de Distrito

-

Consejos Sectoriales

-

Representantes personales del Alcalde en poblados y barriadas

-

Comisión Especial de Cuentas

-

Órganos desconcentrados y descentralizados

Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre el régimen local podrán establecer una organización municipal complementaria a la prevista anteriormente. Los propios municipios, en los Reglamentos orgánicos, podrán establecer y regular otros órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en este artículo y en las leyes de las Comunidades Autónomas.

5.1. EL ALCALDE: ELECCIÓN Y DESTITUCIÓN Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones. A tal fin, se constituye una Mesa de Edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad, presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea de la Corporación. La Mesa comprueba las credenciales presentadas, o acreditaciones de la personalidad de los electos con base a las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral de Zona. Realizada la operación anterior, la Mesa declarará constituida la Corporación si concurren la mayoría absoluta de los Concejales electos. En caso contrario, se celebrará sesión dos días después, quedando constituida la Corporación cualquiera que fuere el número de concejales presentes. 5.1.1. Elección de Alcalde A) Régimen General En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 1. Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas. 2. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado electo. 3. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente Municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo. B) Municipios de entre 100 y 250 habitantes En los municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes pueden ser candidatos a Alcalde todos los concejales; si alguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales, es proclamado electo; si ninguno obtuviese dicha mayoría, será proclamado Alcalde el Concejal que hubiere obtenido más votos populares en las elecciones de Concejales. C) Concejo Abierto El régimen electoral de los órganos de las entidades locales de ámbito territorial inferior al Municipio será el que establezcan las leyes de las Comunidades Autónomas que las instituyan o reconozcan, que, en todo caso, deberán respetar lo dispuesto en la Ley reguladora de las bases del régimen local, en su defecto, será el previsto a continuación.

Los Alcaldes Pedáneos son elegidos directamente por los vecinos de la correspondiente entidad local por sistema mayoritario mediante la presentación de candidatos por los distintos partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores. Las Juntas Vecinales de las entidades locales menores están formadas por el Alcalde Pedáneo que las preside y dos Vocales en los núcleos de población inferior a 250 residentes y por cuatro en los de población superior a dicha cifra, siempre que el número de Vocales no supere el tercio del de Concejales que integran el Ayuntamiento, en cuyo caso el número de vocales será de dos. 5.1.2. Destitución de Alcalde El Alcalde cesa, además de por las causas generales establecidas ( finalización del mandato, renuncia por escrito presentada ante el Pleno, incapacidad o fallecimiento) por la pérdida de la votación realizada sobre una moción de censura o de una cuestión de confianza. Ambos procedimientos los estudiamos a continuación. Moción de censura A) Proposición La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier concejal, cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la moción. B) Características del escrito de interposición El escrito en el que se proponga la moción de censura deberá incluir las firmas debidamente autenticadas por Notario o por el Secretario general de la Corporación y deberá presentarse ante éste por cualquiera de sus firmantes. El Secretario general comprobará que la moción de censura reúne los requisitos exigidos en este artículo y extenderá en el mismo acto la correspondiente diligencia acreditativa. C) Presentación El documento así diligenciado se presentará en el Registro General de la Corporación por cualquiera de los firmantes de la moción, quedando el Pleno automáticamente convocado para las doce horas del décimo día hábil siguiente al de su registro. El Secretario de la Corporación deberá remitir notificación indicativa de tal circunstancia a todos los miembros de la misma en el plazo máximo de un día, a contar desde la presentación del documento en el Registro, a los efectos de su asistencia a la sesión, especificando la fecha y hora de la misma. D) Celebración de la sesión El Pleno será presidido por una Mesa de edad, integrada por los concejales de mayor y menor edad de los presentes, excluidos el Alcalde y el candidato a la Alcaldía, actuando como Secretario el que lo sea de la Corporación, quien acreditará tal circunstancia.

E) Procedimiento La Mesa se limitará a dar lectura a la moción de censura, a conceder la palabra durante un tiempo breve, si estuvieren presentes, al candidato a la Alcaldía, al Alcalde y a los portavoces de los grupos municipales, y a someter a votación la moción de censura. F) Votación El candidato incluido en la moción de censura quedará proclamado Alcalde si ésta prosperase con el voto favorable de la mayoría absoluta del número de concejales que legalmente componen la Corporación. G) Otras reglas generales A las normas anteriores hemos de añadir, las siguientes específicas: 1.

Ningún concejal puede firmar durante su mandato más de una moción de censura. A dichos efectos no se tomarán en consideración aquellas mociones que no hubiesen sido tramitadas por no reunir los requisitos establecidos legalmente.

2. La dimisión sobrevenida del Alcalde no suspenderá la tramitación y votación de la moción de censura. H) Especialidades en el sistema de Concejo Abierto En los municipios en los que se aplique el régimen de concejo abierto, la moción de censura se regulará por las normas anteriores, con las siguientes especialidades: a)

Las referencias hechas a los concejales a efectos de firma, presentación y votación de la moción de censura, así como a la constitución de la Mesa de edad, se entenderán efectuadas a los electores incluidos en el censo electoral del municipio, vigente en la fecha de presentación de la moción de censura.

b) Podrá ser candidato cualquier elector residente en el municipio con derecho de sufragio pasivo. c) Las referencias hechas al Pleno se entenderán efectuadas a la Asamblea vecinal. d)

La notificación por el Secretario a los concejales del día y hora de la sesión plenaria se sustituirá por un anuncio a los vecinos de tal circunstancia, efectuado de la forma localmente usada para las convocatorias de la Asamblea vecinal.

e) La Mesa de edad concederá la palabra solamente al candidato a la Alcaldía y al Alcalde. El Alcalde, en el ejercicio de sus competencias, está obligado a impedir cualquier acto que perturbe, obstaculice o impida el derecho de los miembros de la Corporación a asistir a la sesión plenaria en que se vote la moción de censura y a ejercer su derecho al voto en la misma. En especial, no son de aplicación a la moción de censura las causas de abstención y recusación previstas en la legislación de procedimiento administrativo.

Los cambios de Alcalde como consecuencia de una moción de censura en los municipios en los que se aplique el sistema de concejo abierto no tendrán incidencia en la composición de las Diputaciones Provinciales. Cuestión de confianza A) Presentación El Alcalde podrá plantear al Pleno una cuestión de confianza, vinculada a la aprobación o modificación de cualquiera de los siguientes asuntos: -

Los presupuestos anuales.

-

El reglamento orgánico.

-

Las ordenanzas fiscales.

-

La aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de planeamiento general de ámbito municipal.

La presentación de la cuestión de confianza vinculada al acuerdo sobre alguno de los asuntos señalados en el número anterior figurará expresamente en el correspondiente punto del orden del día del Pleno, requiriéndose para la adopción de dichos acuerdos el "quórum" de votación exigido en la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, para cada uno de ellos. Para la presentación de la cuestión de confianza será requisito previo que el acuerdo correspondiente haya sido debatido en el Pleno y que éste no hubiera obtenido la mayoría necesaria para su aprobación. B) Procedimiento La votación se efectuará, en todo caso, mediante el sistema nominal de llamamiento público. En el caso de que la cuestión de confianza no obtuviera el número necesario de votos favorables para la aprobación del acuerdo, el Alcalde cesará automáticamente, quedando en funciones hasta la toma de posesión de quien hubiere de sucederle en el cargo. C) Consecuencias La elección del nuevo Alcalde se realizará en sesión plenaria convocada automáticamente para las doce horas del décimo día hábil siguiente al de la votación del acuerdo al que se vinculase la cuestión de confianza. Las especialidades de esta nueva elección de Alcalde son las siguientes: -

En los municipios de más de 250 habitantes, el Alcalde cesante quedará excluido de la cabeza de lista a efectos de la elección, ocupando su lugar el

segundo de la misma, tanto a efectos de la presentación de candidaturas a la Alcaldía como de designación automática del Alcalde, en caso de pertenecer a la lista más votada y no obtener ningún candidato el voto de la mayoría absoluta del número legal de concejales. -

En los municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes, el Alcalde cesante no podrá ser candidato a la Alcaldía ni proclamado Alcalde en defecto de un candidato que obtenga el voto en la mayoría absoluta del número legal de concejales. Si ningún candidato obtuviese esa mayoría, será proclamado Alcalde el concejal que hubiere obtenido más votos populares en las elecciones de concejales, excluido el Alcalde cesante.

La previsión anterior no será aplicable cuando la cuestión de confianza se vincule a la aprobación o modificación de los presupuestos anuales. En este caso se entenderá otorgada la confianza y aprobado el proyecto si en el plazo de un mes desde que se votara el rechazo de la cuestión de confianza no se presenta una moción de censura con candidato alternativo a Alcalde, o si ésta no prospera. C) Reglas Generales Cada Alcalde no podrá plantear más de una cuestión de confianza en cada año, contando desde el inicio de su mandato, ni más de dos durante la duración total del mismo. No se podrá plantear una cuestión de confianza en el último año de mandato de cada Corporación. No se podrá plantear una cuestión de confianza desde la presentación de una moción de censura hasta la votación de esta última. Los concejales que votasen a favor de la aprobación de un asunto al que se hubiese vinculado una cuestión de confianza no podrán firmar una moción de censura contra el Alcalde que lo hubiese planteado hasta que transcurra un plazo de seis meses, contado a partir de la fecha de votación del mismo. Asimismo, durante el indicado plazo, tampoco dichos concejales podrán emitir un voto contrario al asunto al que se hubiese vinculado la cuestión de confianza, siempre que sea sometido a votación en los mismos términos que en tal ocasión. Caso de emitir dicho voto contrario, éste será considerado nulo. 5.1.3. Funciones El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, las siguientes atribuciones: a. Dirigir el gobierno y la administración municipal. b. Representar al ayuntamiento. c. Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en esta ley y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno Local, y de cualesquiera otros órganos municipales cuando así se establezca en disposición legal o reglamentaria, y decidir los empates con voto de calidad.

d. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. e. Dictar bandos. f. El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/ 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 % de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 % de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. g. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. h. Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 99.1 y 3 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril. i. Ejercer la jefatura de la Policía Municipal. j. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. k. El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. l. La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía. m. Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno. n. Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos. ñ. Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los seis millones de

euros incluidas las de carácter plurianual, cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. o. La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. p. La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni los tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio que no supere el porcentaje ni la cuantía indicados en los siguientes supuestos: -

La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el presupuesto.

-

La de bienes muebles, salvo los declarados de valor histórico o artístico cuya enajenación no se encuentre prevista en el presupuesto.

q. El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local. r. Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento. s. Las demás que expresamente le atribuyan la leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales. Corresponde asimismo al Alcalde el nombramiento de los Tenientes de Alcalde. El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a, e, j, k, l y m del apartado 1 de este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el párrafo j. 5.2. EL PLENO: COMPOSICIÓN Y FUNCIONES El Pleno, integrado por todos los concejales, es presidido por el Alcalde. Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes atribuciones: Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes atribuciones: a. El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. b. Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del término municipal; creación o supresión de municipios y de las entidades

a que se refiere el artículo 45 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas entidades y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. c. La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística. d. La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas. e. La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y modificación de los presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. f. La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización. g. La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas. h. El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás Administraciones públicas. i. La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual. j. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria. k. La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. l. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. m. La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 % de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior- todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. n. Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe supere el 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto y, en cualquier caso, los seis millones de euros, así como los contratos y concesiones plurianuales cuando su duración sea superior a cuatro años y los plurianuales de menor duración cuando el importe acumulado de todas sus anualidades supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio y, en todo caso, cuando sea superior a la cuantía señalada en esta letra.

ñ. La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos. o. La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto y, en todo caso, cuando sea superior a tres millones de euros, así como las enajenaciones patrimoniales en los siguientes supuestos: -

Cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles que estén declarados de valor histórico o artístico, y no estén previstas en el Presupuesto.

-

Cuando estando previstas en el Presupuesto, superen los mismos porcentajes y cuantías indicados para las adquisiciones de bienes.

p. Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial. q. Las demás que expresamente le confieran las leyes. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Alcalde y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, salvo las enunciadas en el apartado 2, párrafos a, b, c, d, e, f, g, h, i, l y p. El acuerdo plenario por el que se produzca la delegación, que se adoptará por mayoría simple, surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Estas reglas también serán de aplicación a las modificaciones posteriores de dicho acuerdo. El acuerdo de delegación contendrá el ámbito de los asuntos a que la misma se refiera y las facultades concretas que se delegan, así como las condiciones específicas de ejercicio de las mismas en la medida en que se concreten o aparten del régimen general previsto en este reglamento. Las delegaciones del Pleno en materia de gestión financiera podrán asimismo conferirse a través de las bases de ejecución del presupuesto. 5.3. LOS CONCEJALES 5.3.1. Derecho de sufragio activo Tienen derecho de sufragio activo los españoles, mayores de edad, en plenitud de derechos políticos.

Asimismo, gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales todas las personas residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española: a) Tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea según lo previsto en el párrafo 2 del apartado 1 del artículo 8 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. b) Reúnan los requisitos para ser elector exigidos en esta Ley para los españoles y hayan manifestado su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo en España. 5.3.2. Derecho de sufragio pasivo Son elegibles en las elecciones municipales todas las personas residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española: -

Tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea según lo previsto en el párrafo 2 del apartado 1 del artículo 8 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, o bien, sean nacionales de países que otorguen a los ciudadanos españoles el derecho de sufragio pasivo en sus elecciones municipales en los términos de un tratado.

-

Reúnan los requisitos para ser elegibles exigidos para los españoles.

-

No hayan sido desposeídos del derecho de sufragio pasivo en su Estado de origen.

Son inelegibles para el cargo de Alcalde o Concejal quienes incurran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, los deudores directos o subsidiarios de la correspondiente Corporación Local contra quienes se hubiera expedido mandamiento de apremio por resolución judicial. 5.3.3. Causas de incompatibilidad Además de las personas que incurran en causas de inelegibilidad, son incompatibles para el acceso a la condición de Concejal y por tanto para ser candidatos en las elecciones municipales o para permanecer en el cargo, los siguientes: -

Los Abogados y Procuradores que dirijan o representen a partes en procedimientos judiciales o administrativos contra la Corporación

-

Los Directores de Servicios, funcionarios o restante personal en activo del respectivo Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de él.

-

Los Directores generales o asimilado de las Cajas de Ahorro Provinciales y Locales que actúen en el término municipal.

-

Los contratistas o subcontratistas de contratos, cuya financiación total o parcial corra a cargo de la Corporación Municipal o de establecimientos de ella dependientes.

Cuando se produzca una situación de incompatibilidad los afectados deberán optar entre la renuncia a la condición de Concejal o el abandono de la situación que, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior dé origen a la referida incompatibilidad. 5.3.4. Sistema electoral Cada término municipal constituye una circunscripción en la que se elige el número de concejales que resulte de la aplicación de la siguiente escala: La escala prevista no se aplica a los municipios que, de acuerdo con la legislación sobre Hasta 250 residentes

5

De 251 a 1.000

7

De 1.001 a 2.000

9

De 2.001 a 5.000

11

De 5.001 a 10.000

13

De 10.001 a 20.000

17

De 20.001 a 50.000

21

De 50.001 a 100.000

25

un Concejal más por cada 100.000 residentes o De 100.001 en adelante, fracción, añadiéndose uno más cuando el resultado sea un número par Régimen Local, funcionan en régimen de Concejo Abierto. En estos municipios, como hemos indicado anteriormente, los electores eligen directamente al Alcalde por sistema mayoritario. La atribución de los puestos de Concejales en cada Ayuntamiento se realiza siguiendo el sistema proporcional, con la única salvedad de que no son tenidas en cuenta aquellas candidaturas que no obtengan, por lo menos, el 5 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción. En el supuesto de que en alguna circunscripción no se presenten candidaturas, se procede en el plazo de seis meses a la celebración de elecciones parciales en dicha circunscripción. Si en esta nueva convocatoria tampoco se presenta candidatura alguna, se procede según lo previsto a continuación. 5.3.5. Fallecimiento, incapacidad o renuncia de Concejales En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un Concejal, el escaño se atribuirá al candidato, o en su caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación.

En el caso de que, de acuerdo con el procedimiento anterior, no quedasen más posibles candidatos o suplentes a nombrar, los quórum de asistencia y votación previstos en la legislación vigente se entenderán automáticamente referidos al número de hecho de miembros de la Corporación subsistente. Sólo en el caso de que tal número de hecho llegase a ser inferior a los dos tercios del número legal de miembros de la Corporación se constituirá una Comisión Gestora integrada por todos los miembros de la Corporación que continúen y las personas de adecuada idoneidad o arraigo que, teniendo en cuenta los resultados de la última elección municipal, designe la Diputación Provincial o, en su caso, el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, para completar el número legal de miembros de la Corporación. 5.3.6. Disolución de las Corporaciones Locales por el Consejo de Ministros En los supuestos de disolución de Corporaciones Locales por acuerdo del Consejo de Ministros, previstos en la legislación básica de régimen local, deberá procederse a la convocatoria de elecciones parciales para la constitución de una nueva Corporación dentro del plazo de tres meses, salvo que por la fecha en que ésta debiera constituirse, el mandato de la misma hubiese de resultar inferior a un año. Mientras se constituye la nueva Corporación o expira el mandato de la disuelta, la administración ordinaria de sus asuntos corresponderá a una Comisión Gestora designada por la Diputación Provincial o, en su caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, cuyo número de miembros no excederá del número legal de miembros de la Corporación. Ejercerá las funciones de Alcalde o Presidente aquel Vocal que resulte elegido por mayoría de votos entre todos los miembros de la Comisión. 5.3.7. Elección en los Municipios con población entre 100 y 250 habitantes Los Concejales de los municipios que tengan una población comprendida entre 100 y 250 habitantes, son elegidos de acuerdo con el siguiente procedimiento: -

Cada partido, coalición, federación o agrupación podrá presentar una lista, con un máximo de cinco nombres.

-

Cada elector podrá dar su voto a un máximo de cuatro entre los candidatos, proclamados en el distrito.

-

Se efectuará el recuento de votos obtenidos por cada candidato en el distrito, ordenándose en una columna las cantidades representativas de mayor a menor.

-

Serán proclamados electos aquellos candidatos que mayor número de votos obtengan hasta completar el número de cinco Concejales.

-

Los casos de empate se resolverán por sorteo.

-

En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un Concejal, la vacante será atribuida al candidato siguiente que más votos haya obtenido.

5.3.8. Convocatoria de las elecciones municipales El Real Decreto de convocatoria es acordado en Consejo de Ministros a propuesta de los Ministerios del Interior y de Administraciones Públicas. 5.4. LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y LOS TENIENTES DE ALCALDE 5.4.1. La Junta de Gobierno Local La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. Corresponde a la Junta de Gobierno Local: -

La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

-

Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes.

5.4.2. Los tenientes de alcalde Los Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados y cesados por el Alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno local y, donde ésta no exista, de entre los concejales. Los nombramientos y los ceses se harán mediante resolución del Alcalde de la que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, además, personalmente a los designados, y se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde, si en ella no se dispusiera otra cosa. En los Municipios con Junta de Gobierno local, el número de Tenientes de Alcalde no podrá exceder del número de miembros de aquélla. En aquellos otros en que no exista tal Comisión, el número de Tenientes de Alcalde no podrá exceder del tercio del número legal de miembros de la Corporación. A los efectos del cómputo no se tendrán en cuenta los decimales que resulten de dividir por tres el número total de concejales. La condición de Teniente de Alcalde se pierde, además de por el cese, por renuncia expresa manifiesta por escrito y por pérdida de la condición de miembro de la Junta de Gobierno local. En los Ayuntamientos que no tengan Junta de Gobierno local podrán ser objeto de una sola resolución del Alcalde, el nombramiento como Teniente de Alcalde y la delegación de atribuciones. Corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones,

así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde. En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones del Alcalde no podrán ser asumidas por el Teniente de Alcalde a quien corresponda sin expresa delegación. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el Alcalde se ausente del término municipal por más de veinticuatro horas, sin haber conferido la delegación, o cuando por causa imprevista le hubiere resultado imposible otorgarla, le sustituirá, en la totalidad de sus funciones, el Teniente de Alcalde a quien corresponda, dando cuenta al resto de la Corporación. Igualmente, cuando durante la celebración de una sesión hubiere de abstenerse de intervenir, en relación con algún punto concreto de la misma, el Presidente, le sustituirá automáticamente en la presidencia de la misma el Teniente de Alcalde a quien corresponda. En los supuestos de sustitución del Alcalde, por razones de ausencia o enfermedad, el Teniente de Alcalde que asuma sus funciones no podrá revocar las delegaciones que hubiera otorgado el primero en virtud de lo dispuesto en el artículo 43. 5.5. COMISIONES INFORMATIVAS Las comisiones informativas, integradas exclusivamente por miembros de la Corporación, son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno de la Junta de Gobierno Local cuando esta actúe con competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes. Igualmente informarán aquellos asuntos de la competencia propia de la Junta de Gobierno Local, y del Alcalde o Presidente, que les sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de aquellos. 5.5.1. Clases Las comisiones informativas pueden ser permanentes y especiales. Son comisiones informativas permanentes las que se constituyen con carácter general, distribuyendo entre ellas las materias que han de someterse al Pleno. Su número y denominación iniciales, así como cualquier variación de las mismas durante el mandato corporativo, se decidirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno a propuesta del Alcalde o Presidente, procurando, en lo posible, su correspondencia con el número y denominación de las grandes áreas en que se estructuren los servicios corporativos. Son comisiones informativas especiales las que el Pleno acuerde constituir para un asunto concreto, en consideración a sus características especiales de cualquier tipo.

Estas comisiones se extinguen automáticamente una vez que hayan dictaminado o informado sobre el asunto que constituye su objeto, salvo que el acuerdo plenario que las creo dispusiera otra cosa. 5.5.2. Composición En el acuerdo de creación de las comisiones informativas se determinará la composición concreta de las mismas, teniendo en cuenta las siguientes reglas: a.

El Alcalde o Presidente de la Corporación, es el Presidente nato de todas ellas; sin embargo, la Presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la correspondiente elección efectuada en su seno.

b. Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación. c.

La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban formar parte de la misma en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito del portavoz del mismo dirigido al Alcalde o Presidente, y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual forma, un suplente por cada titular.

5.5.3. Dictámenes Los dictámenes de las comisiones informativas tienen carácter preceptivo y no vinculante. En supuestos de urgencia, el Pleno o la Junta de Gobierno Local, podrá adoptar acuerdos sobre asuntos no dictaminados por la correspondiente Comisión informativa, pero, en estos casos, del acuerdo adoptado deberá darse cuenta a la Comisión informativa en la primera sesión que se celebre. A propuesta de cualquiera de los miembros de la Comisión informativa, el asunto deberá ser incluido en el orden del día del siguiente Pleno con objeto de que éste delibere sobre la urgencia acordada, en ejercicio de sus atribuciones de control y fiscalización. 5.6. ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS Son órganos complementarios de las entidades locales territoriales: En todas ellas: a.

Los Concejales delegados ( Diputados delegados en el ámbito provincial)

b. La Comisión especial de cuentas. c.

Los Consejos sectoriales.

d. Los órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión de servicios.

En los Municipios, además, a.

Los representantes personales del Alcalde en los poblados y barriadas.

b. Las Juntas municipales de distrito. 5.6.1. Concejales Delegados Los Concejales-delegados son aquellos Concejales que ostentan algunas de las delegaciones de atribuciones del Alcalde o Presidente. Se pierde la condición de concejal-delegado o de diputado-delegado: a.

Por renuncia expresa, que habrá de ser formalizada por escrito ante la Alcaldía o Presidencia.

b.

Por revocación de la delegación, adopta por el Alcalde o Presidente con las mismas formalidades previstas para otorgarla.

c.

Por pérdida de la condición de miembro de la Junta de Gobierno Local o en aquellos Municipios donde ésta no exista, de la de Teniente de Alcalde

Los Concejales-delegados y los Diputados-delegados tendrán las atribuciones que se especifiquen en el respectivo Decreto de delegación, y las ejercerán de acuerdo con lo que en el se prevea, en función de los distintos tipos. Si la resolución o acuerdo de delegación se refiere genéricamente a una materia o sector de actividad sin especificación de potestades, se entenderá que comprende todas aquellas facultades, derechos y deberes referidos a la materia delegada que corresponden al órgano que tiene asignadas originariamente las atribuciones con la sola excepción de las que según la Ley 7-1985, de 2 de abril, no sean delegables. 5.6.2. Representantes del Alcalde En cada uno de los poblados y barriadas separados del casco urbano y que no constituyan entidad local, el Alcalde podrá nombrar un representante personal entre los vecinos residentes en los mismos. También podrá nombrar el Alcalde dichos representantes en aquellas ciudades en el que el desenvolvimiento de los servicios así lo aconseje. El representante habrá de estar avecindado en el propio núcleo en el que ejerza sus funciones. La duración del cargo estará sujeta a la del mandato del Alcalde que lo nombró, quien podrá removerlo cuando lo juzgue oportuno. Los representantes tendrán carácter de autoridad en el cumplimiento de sus cometidos municipales, en cuanto representantes del Alcalde que les nombró. 5.6.3. Comisión especial de cuentas

La Comisión especial de cuentas es de existencia preceptiva, según dispone el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y su constitución, composición e integración y funcionamiento se ajusta a lo establecido para las demás comisiones informativas. Corresponde a la Comisión especial de cuentas el examen, estudio e informe de todas las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la contabilidad de las entidades locales. Bien a través del reglamento orgánico o mediante acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, la Comisión especial de cuentas podrá actuar como Comisión informativa permanente para los asuntos relativos a Economía y Hacienda de la entidad. 5.6.4. Juntas municipales de distrito El Pleno del Ayuntamiento podrá acordar la creación de Juntas Municipales de Distrito, que tendrán el carácter de órganos territoriales de gestión desconcentrada y cuya finalidad será la mejor gestión de los asuntos de la competencia municipal y facilitar la participación ciudadana en el respectivo ámbito territorial. La composición, organización y ámbito territorial de las Juntas serán establecidas en el correspondiente reglamento regulador aprobado por el Pleno. El reglamento de las Juntas determinará asimismo las funciones administrativas que, en relación a las competencias municipales, se deleguen o puedan ser delegadas en las mismas, dejando a salvo la unidad de gestión del municipio. El reglamento de las Juntas municipales de distrito se considerará, a todos los efectos, parte integrante del reglamento orgánico. 5.6.4. Consejos sectoriales El Pleno de la Corporación podrá acordar el establecimiento de Consejos sectoriales, cuya finalidad será la de canalizar la participación de los ciudadanos y de sus asociaciones en los asuntos municipales. Los Consejos sectoriales desarrollarán exclusivamente funciones de informe y, en su caso, propuesta, en relación con las iniciativas municipales relativas al sector de actividad al que corresponda cada Consejo. La composición, organización y ámbito de actuación de los Consejos sectoriales serán establecidos en el correspondiente acuerdo plenario. En todo caso, cada Consejo estará presidido por un miembro de la Corporación, nombrado y separado libremente por el Alcalde o Presidente, que actuará como enlace entre aquélla y el Consejo. El ámbito territorial de actuación de los Consejos sectoriales podrá coincidir con el de las Juntas de distrito, en el caso de que existan, en cuyo supuesto su Presidencia recaerá

en un miembro de la Junta correspondiente y su actuación de informe y propuesta estará en relación con el ámbito de actuación de la misma. 5.6.5. Órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión de los servicios El Pleno podrá establecer órganos desconcentrados, distintos de los enumerados en las secciones anteriores. Asimismo el Pleno, podrá acordar el establecimiento de entes descentralizados con personalidad jurídica propia, cuando así lo aconsejen la necesidad de una mayor eficacia en la gestión, la complejidad de la misma, la agilización de los procedimientos, la expectativa de aumentar o mejorar la financiación o la conveniencia de obtener un mayor grado de participación ciudadana en la actividad de prestación de los servicios. El establecimiento de los órganos y entes a que se refiere el artículo anterior se rige, en su caso, por lo dispuesto en la legislación de régimen local relativa a las formas de gestión de servicios, y en todo caso, se inspirará en el principio de economía organizativa, de manera que su número sea el menos posible en atención a la correcta prestación de los mismos. 6. ORGANIZACIÓN PROVINCIAL 6.1. CONCEPTO La Provincia es una Entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. El Territorio de la Nación española se divide en cincuenta provincias con los límites, denominación y capitales que tienen actualmente. Sólo mediante Ley aprobada por las Cortes Generales puede modificarse la denominación y capitalidad de las provincias. Cualquier alteración de sus límites requerirá Ley Orgánica. Son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en particular: -

Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal.

-

Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado.

El Gobierno y la administración autónoma de la Provincia corresponden a la Diputación u otras Corporaciones de carácter representativo. Así, y respecto a formas especiales de organización provincial, en las Comunidades Autónomas uniprovinciales las competencias de la Diputación son asumidas por las propias Comunidades. En las Islas Baleares el gobierno está encomendado a los

Consejos Insulares mientras que en las Islas Canarias, corresponde a los Cabildos. Por último existen regímenes especiales en el País Vasco y Navarra. 6.2. ORGANIZACIÓN En la organización provincial nos encontramos la misma estructura establecida en los Ayuntamientos, y que hemos visto en los temas anteriores. Por una parte existen órganos necesarios y de otra parte, órganos complementarios. Son órganos necesarios en todas las Diputaciones, los siguientes: -

El Presidente

-

Los Vicepresidentes

-

La Junta de Gobierno Local

-

El Pleno

-

Comisiones Informativas

El resto de los órganos complementarios de los anteriores se establece y regula por las propias Diputaciones. No obstante, las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local podrán establecer una organización provincial complementaria de la prevista en este texto legal. 6.3. COMPETENCIAS Son competencias propias de la Diputación las que les atribuyan, en este concepto, las Leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción publica y, en todo caso: -

La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada de los mismos.

-

La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.

-

La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal.

-

En general, el fomento y la administración de los intereses peculiares de la Provincia.

A los efectos de las dos primeras funciones, la Diputación: -

Aprueba anualmente un Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben participar los Municipios de la Provincia.

-

Asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y la mayor eficacia y economicidad en la prestación de éstos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación

6.4. ÓRGANOS DE GOBIERNO PROVINCIALES: COMPOSICIÓN, ELECCIÓN, CESE Y FUNCIONES 6.4.1. El Pleno Elección A) Derecho de sufragio pasivo Además de quienes incurran en alguno de los supuestos generales son inelegibles para el cargo de Diputado Provincial los deudores directos o subsidiarios de la correspondiente Corporación contra quienes se hubiera expedido mandamiento de apremio por resolución judicial. B) Incompatibilidades Las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidades para el ejercicio del cargo de Diputado Provincial. Son también incompatibles: -

Los abogados y procuradores que dirijan o representen a partes en procedimientos judiciales o administrativos contra la Corporación, con excepción de las acciones a que se refiere el artículo 63.1.b) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

-

Los Directores de Servicios, funcionarios o restante personal en activo al servicio de la respectiva Diputación y de las entidades y establecimientos dependientes de él.

-

Los Directores Generales o asimilados de las Cajas de Ahorro Provinciales y Locales que actúen en la provincia.

-

Los contratistas o subcontratistas de contratos, cuya financiación total o parcial corra a cargo de la Corporación o de establecimientos de ella dependientes.

Cuando se produzca una situación de incompatibilidad, los afectados deberán optar entre la renuncia al puesto de Diputado Provincial o el abandono de la situación que, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, dé origen a la referida incompatibilidad. Cuando la causa de incompatibilidad sea la contenida en el punto b) del apartado 1, el funcionario o empleado que optare por el cargo de Diputado Provincial pasará a la situación de servicios especiales o subsidiariamente la prevista en sus respectivos convenios, que en todo caso ha de suponer reserva de su puesto de trabajo.

C) Procedimiento electoral El número de Diputados correspondiente a cada Diputación Provincial se determina, según el número de residentes de cada provincia, conforme al siguiente baremo: Diputados Hasta 500.000 residentes 25 De 500.001 a 1.000.000 27 De 1.000.001 a 3.500.000 31 De 3.500.001 en adelante 51 Las Juntas Electorales Provinciales reparten, proporcionalmente y atendiendo al número de residentes, los puestos correspondientes a cada partido judicial, en el décimo día posterior a la convocatoria de elecciones atendiendo a la siguiente reglas: -

Todos los partidos judiciales cuentan, al menos, con un Diputado.

-

Ningún partido judicial puede contar con más de tres quintos del número total de Diputados Provinciales.

-

Las fracciones iguales o superiores a 0,50 que resulten del reparto proporcional se corrigen por exceso y las inferiores por defecto.

-

Si como consecuencia de las operaciones anteriores resultase un número total que no coincida, por exceso, con el número de Diputados correspondientes a la provincia, se sustraen los puestos necesarios a los partidos judiciales cuyo número de residentes por Diputado sea menor. Si, por el contrario, el número no coincide por defecto se añaden puestos a los partidos judiciales cuyo número de residentes por Diputado sea mayor.

Constituidos todos los Ayuntamientos de la respectiva Provincia, la Junta Electoral de Zona procede inmediatamente a formar una relación de todos los partidos políticos, coaliciones, federaciones y de cada una de las agrupaciones de electores que hayan obtenido algún Concejal dentro de cada partido judicial, ordenándolos en orden decreciente al de los votos obtenidos por cada uno de ellos. En los municipios de menos de 250 habitantes, el número de votos a tener en cuenta por cada candidatura se obtiene dividiendo la suma de los votos obtenidos por cada uno de sus componentes entre el número de candidatos que formaban la correspondiente lista hasta un máximo de cuatro. Se corrigen por defecto las fracciones resultantes. Realizada esta operación la Junta procede a distribuir los puestos que corresponden a los partidos, coaliciones, federaciones y a cada una de las agrupaciones de electores en cada partido judicial, según el número de votos obtenidos por cada grupo político o cada agrupación de electores. Si se produjera coincidencia de cocientes entre distintos partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones, la vacante se atribuye al que mayor número de votos ha obtenido, y en caso de empate, al de mayor número de Concejales en el partido judicial. Subsidiariamente se resolverá el empate por sorteo. D) Atribución de puestos

Realizada la asignación de puestos de Diputados, conforme a los artículos anteriores, la Junta Electoral convocará por separado dentro de los cinco días siguientes, a los Concejales de los partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones, que hayan obtenido puestos de Diputados, para que elijan de entre las listas de candidatos avaladas, al menos, por un tercio de dichos Concejales a quienes hayan de ser proclamados Diputados, eligiendo, además, tres suplentes, para cubrir por su orden las eventuales vacantes. Efectuada la elección, la Junta de Zona proclama los Diputados electos y los suplentes, expide las credenciales correspondientes y remite a la Junta Provincial y a la Diputación certificaciones de los Diputados electos en el partido judicial. E) Vacantes En caso de fallecimiento, incapacidad, renuncia o pérdida de la condición de Concejal de un Diputado Provincial, su vacante se cubrirá ocupando su puesto uno de los suplentes elegidos en el partido judicial correspondiente conforme al orden establecido entre ellos. En el supuesto de que no fuera posible cubrir alguna vacante por haber pasado a ocupar vacantes anteriores los tres suplentes elegidos en el partido judicial, se procederá a una nueva elección de Diputados correspondientes al partido judicial. 6.4.2. Composición El Pleno de la Diputación está constituido por el Presidente y los Diputados. 6.4.3. Funciones Corresponde en todo caso al Pleno: a) La organización de la Diputación. b) La aprobación de las ordenanzas. c)

La aprobación y modificación de los Presupuestos, la disposición de gastos dentro de los límites de su competencia y la aprobación provisional de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

d) La aprobación de los planes de carácter provincial. e) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. f)

La aprobación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y, periódicas de los funcionarios, y el número y régimen del personal eventual.

g) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.

h)

El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y demás Administraciones públicas.

i)

El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria.

j)

La declaración de lesividad de los actos de la Diputación.

k)

La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada en el ejercicio económico exceda del 10 % de los recursos ordinarios, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 % de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

l)

Las contrataciones y concesiones de todo tipo, cuando su importe supere el 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto y, en todo caso, los 1.000.000.000 de pesetas, ( 6.010.121, 24 euros) así como los contratos y concesiones plurianuales cuando su duración sea superior a cuatro años en todo caso, y los plurianuales de duración inferior cuando su importe acumulado supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios de Presupuesto del primer ejercicio, y en todo caso, cuando sea superior a la cuantía señalada en esta letra.

m) La aprobación de los proyectos de obra y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y cuando aún no estén previstos en los Presupuestos. n)

La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere el 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto y, en todo caso, cuando sea superior a 3.005.060, 52 euros, así como las enajenaciones patrimoniales en los siguientes supuestos: cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles, que estén declarados de valor histórico o artístico y no estén previstas en el Presupuesto; cuando estando previstas en el Presupuesto, superen el porcentaje y la cuantía que se indican para las adquisiciones de bienes.

o) Atribuciones que exijan para su aprobación una mayoría especial, así como las demás que expresamente la atribuyan las leyes. p)

La votación sobre la moción de censura al presidente y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo.

6.5. EL PRESIDENTE 3.5.1. Elección La elección del Presidente de la Diputación tiene lugar en la sesión constitutiva presidida por una Mesa de Edad, integrada por los Diputados de mayor y menor edad presentes en el acto, y actuando como Secretario el que lo sea de la Corporación para elegir al Presidente de entre sus miembros.

Para la elección de Presidente el candidato debe obtener mayoría absoluta en la primera votación y simple en la segunda. 6.5.2. Moción de censura El Presidente puede ser destituido de su cargo mediante moción de censura. Puede ser candidato al cargo de Presidente cualquiera de los Diputados Provinciales. A) Propuesta La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Presidencia, pudiendo serlo cualquier diputado, cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la moción. B) Escrito El escrito en el que se proponga la moción de censura deberá incluir la firmas debidamente autenticadas por Notario o por el Secretario general de la Corporación y deberá presentarse ante éste por cualquiera de sus firmantes. El Secretario general comprobará que la moción de censura reúne los requisitos exigidos en este artículo y extenderá en el mismo acto la correspondiente diligencia acreditativa. C) Presentación El documento así diligenciado se presentará en el Registro General de la Corporación por cualquiera de los firmantes de la moción, quedando el Pleno automáticamente convocado para las doce horas del décimo día hábil siguiente al de su registro. El Secretario de la Corporación deberá remitir notificación indicativa de tal circunstancia a todos los miembros de la misma en el plazo máximo de un día, a contar desde la presentación del documento en el Registro, a los efectos de su asistencia a la sesión, especificando la fecha y hora de la misma. D) Celebración de la sesión El Pleno será presidido por una Mesa de edad, integrada por los diputados de mayor y menor edad de los presentes, excluidos el Presidente y el candidato a la Presidencia, actuando como Secretario el que lo sea de la Corporación, quien acreditará tal circunstancia. La Mesa se limitará a dar lectura a la moción de censura, a conceder la palabra durante un tiempo breve, si estuvieren presentes, al candidato a la Presidencia, al Presidente y a los portavoces de los grupos municipales, y a someter a votación la moción de censura. E) Votación El candidato incluido en la moción de censura quedará proclamado Presidente si ésta prosperase con el voto favorable de la mayoría absoluta del número de Diputados que legalmente componen la Corporación.

F) Reglas específicas Destacamos las siguientes reglas a tener en cuenta: ƒ

Ningún Diputado puede firmar durante su mandato más de una moción de censura. A dichos efectos no se tomarán en consideración aquellas mociones que no hubiesen sido tramitadas por no reunir los requisitos previstos.

ƒ

La dimisión sobrevenida del Presidente no suspenderá la tramitación y votación de la moción de censura.

ƒ

El Presidente, en el ejercicio de sus competencias, está obligado a impedir cualquier acto que perturbe, obstaculice o impida el derecho de los miembros de la Corporación a asistir a la sesión plenaria en que se vote la moción de censura y a ejercer su derecho al voto en la misma. En especial, no son de aplicación a la moción de censura las causas de abstención y recusación previstas en la legislación de procedimiento administrativo.

ƒ

Los cambios de Presidente como consecuencia de una moción de censura en los diputaciones en los que se aplique el sistema de concejo abierto no tendrán incidencia en la composición de las Diputaciones Provinciales.

6.5.3. Cuestión de confianza Asimismo, el Presidente de la Diputación podrá cesar mediante la pérdida de una cuestión de confianza por él planteada ante el Pleno de la Corporación, vinculada a la aprobación o modificación de cualquiera de los siguientes asuntos: -

Los presupuestos anuales.

-

El reglamento orgánico.

-

El plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal.

En caso de no obtenerse la confianza, el nuevo Presidente se elegirá de acuerdo con el sistema previsto para la elección de los Alcaldes de municipios de más de 250 habitantes. A) Presentación La presentación de la cuestión de confianza vinculada al acuerdo sobre alguno de los asuntos señalados figurará expresamente en el correspondiente punto del orden del día del Pleno, requiriéndose para la adopción de dichos acuerdos el "quórum" de votación exigido en la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, para cada uno de ellos. La votación se efectuará, en todo caso, mediante el sistema nominal de llamamiento público.

Para la presentación de la cuestión de confianza será requisito previo que el acuerdo correspondiente haya sido debatido en el Pleno y que éste no hubiera obtenido la mayoría necesaria para su aprobación. En el caso de que la cuestión de confianza no obtuviera el número necesario de votos favorables para la aprobación del acuerdo, el Presidente cesará automáticamente, quedando en funciones hasta la toma de posesión de quien hubiere de sucederle en el cargo. B) Celebración de la sesión La elección del nuevo Presidente se realizará en sesión plenaria convocada automáticamente para las doce horas del décimo día hábil siguiente al de la votación del acuerdo al que se vinculase la cuestión de confianza. Cuando la cuestión de confianza se vincule a la aprobación o modificación de los presupuestos anuales. En este caso se entenderá otorgada la confianza y aprobado el proyecto si en el plazo de un mes desde que se votara el rechazo de la cuestión de confianza no se presenta una moción de censura con candidato alternativo a Presidente, o si ésta no prospera. C) Reglas específicas Cada Presidente no podrá plantear más de una cuestión de confianza en cada año, contando desde el inicio de su mandato, ni más de dos durante la duración total del mismo. No se podrá plantear una cuestión de confianza en el último año de mandato de cada Corporación. No se podrá plantear una cuestión de confianza desde la presentación de una moción de censura hasta la votación de esta última. Los Diputados que votasen a favor de la aprobación de un asunto al que se hubiese vinculado una cuestión de confianza no podrán firmar una moción de censura contra el Presidente que lo hubiese planteado hasta que transcurra un plazo de seis meses, contado a partir de la fecha de votación del mismo. Asimismo, durante el indicado plazo, tampoco dichos Diputados podrán emitir un voto contrario al asunto al que se hubiese vinculado la cuestión de confianza, siempre que sea sometido a votación en los mismos términos que en tal ocasión. Caso de emitir dicho voto contrario, éste será considerado nulo. 6.5.4. Funciones Corresponde en todo caso al Presidente de la Diputación. a) Dirigir el gobierno y la administración de la provincia. b) Representar a la Diputación. c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la presente Ley y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno Local

y cualquier otro órgano de la Diputación, y decidir los empates con voto de calidad. d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titularidad o ejercicio corresponde a la Diputación Provincial. e) Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a la Diputación. f)

El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 % de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 % de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas.

g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. i)

El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Diputación en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este último supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.

j)

La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materia de la competencia del Presidente.

k) Las contrataciones y concesiones de toda clase, cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los 6. 010.121, 04 euros, incluidas las de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios de Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. l)

La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto.

m) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni los tres millones de euros, así como la

enajenación de patrimonio que no supere el porcentaje y la cuantía indicados en los siguientes supuestos:

n)

ƒ

La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el presupuesto.

ƒ

La de bienes muebles, salvo los declarados de valor histórico o artístico cuya enajenación no se encuentre prevista en el presupuesto.

Ordenar la publicación y ejecución y hacer cumplir los acuerdos de la Diputación.

o) Las demás que expresamente les atribuyan las leyes. p) El ejercicio de aquellas otras atribuciones que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asigne a la Diputación y no estén expresamente atribuidas a otros órganos. q) Corresponde, asimismo, al Presidente el nombramiento de los Vicepresidentes. 6.5.5. Delegaciones El Presidente puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo la de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, concertar operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los apartados a), i) y j) del apartado anterior. 6.6. LA JUNTA DE GOBIERNO 6.6.1. Composición La Junta de Gobierno se integra por el Presidente y un número de Diputados no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 3.3.2. Funciones Corresponde a la Junta de Gobierno: -

La asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones.

-

Las atribuciones que el Presidente le delegue o le atribuyan las leyes.

El Presidente puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de las delegaciones especiales que para cometidos específicos pueda realizar a favor de cualesquiera Diputados, aunque no perteneciera a la Junta de Gobierno.

6.7. LOS VICEPRESIDENTES Los Vicepresidentes sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Presidente, siendo libremente designados por éste entre los miembros de la Junta de Gobierno. 6.8. COMISIONES INFORMATIVAS Son órganos que tienen por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Presidente, la Junta de Gobierno Local y los Diputados que ostenten delegaciones, siempre que la respectiva legislación autonómica no prevea una forma organizativa distinta en este ámbito y sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de Diputados pertenecientes a los mismos. 6.9. ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS Los órganos complementarios de los anteriores se establece y regula por las propias Diputaciones. No obstante, la leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local podrán establecer una organización provincial complementaria de la prevista anteriormente. 6.10. ÓRGANOS FORALES Los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya conservan su régimen peculiar en el marco del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siéndoles de aplicación las normas de régimen general con carácter supletorio. 6.11. COMUNIDADES AUTÓNOMAS UNIPROVINCIALES Las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la Foral de Navarra asumen las competencias, medios y recursos que corresponden en el régimen ordinario a las Diputaciones Provinciales. Se exceptúa la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en los términos de su Estatuto propio. 6.12. CABILDOS Los Cabildos, como órgano de gobierno, administración y representación de cada Isla, se rigen por las normas que regulan la organización y funcionamiento de las Diputaciones Provinciales, asumiendo las competencias de éstas, sin perjuicio de las que les corresponden por su legislación específica. En el Archipiélago Canario subsisten las Mancomunidades Provinciales Interinsulares exclusivamente como órgano de representación y expresión de los intereses provinciales. Integran dichos órganos los Presidentes de los Cabildos Insulares de las

Provincias correspondientes, presidiéndolos el del Cabildo de la Isla en que se halle la capital de la Provincia. 6.13. CONSEJOS INSULARES Los Consejos Insulares de las Islas Baleares, a los que son de aplicación las normas de que regulan la organización y funcionamiento de las Diputaciones Provinciales, asumen sus competencias de acuerdo con lo dispuesto en la ley y las que les correspondan de conformidad con el Estatuto de Autonomía de Baleares. 7. LAS COMARCAS 7.1.CONCEPTO Las Comarcas se definen como entidades que agrupan varios Municipios cuyas características determinan intereses comunes que precisan de una gestión propia o demandan la prestación de servicios de dicho ámbito. 7.2. CREACIÓN Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos, podrán crear en su territorio Comarca. La iniciativa para la creación de una Comarca podrá partir de los propios Municipios interesados. En cualquier caso, no podrá crearse la Comarca si a ello se oponen expresamente las dos quintas partes de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. Cuando la comarca deba agrupar a Municipios de más de una Provincia, será necesario el informe favorable de las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial pertenezcan tales Municipios. 7.3. RÉGIMEN JURÍDICO Las Leyes de las Comunidades Autónomas determinarán el ámbito territorial de las Comarcas, la composición y el funcionamiento de sus órganos de gobierno, que serán representativos de los Ayuntamientos que agrupen, así como las competencias y recursos económicos que, en todo caso, se les asignen. 7.4. LIMITACIONES La creación de las Comarcas no podrá suponer la pérdida por los Municipios de la competencia para prestar los servicios enumerados en el artículo 26 DE LA Ley 7/ 1985, de 2 de abril, ni privar a los mismos de toda intervención en cada una de las materias enumeradas en el apartado 2 del artículo 25 de la misma norma. 8. ÁREAS METROPOLITANAS

8.1. CONCEPTO Las áreas metropolitanas son Entidades locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras. 8.2. CREACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO Las Comunidades Autónomas, previa audiencia de la Administración del Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, podrán crear, modificar y suprimir, mediante Ley, áreas metropolitanas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos. La legislación de la Comunidad Autónoma determinará los órganos de gobierno y administración, en los que estarán representados todos los Municipio integrados en el área; el régimen económico y de funcionamiento, que garantizará la participación de todos los Municipios en la toma de decisiones y una justa distribución de las cargas entre ellos; así como los servicios y obras de prestación o realización metropolitana y el procedimiento para su ejecución. 9. MANCOMUNIDADES 9.1. CONCEPTO Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia. Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos propios. Los Estatutos han de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y competencia, órganos de gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos sean necesarios para su funcionamiento. En todo caso, los órganos de gobierno serán representativos de los ayuntamientos mancomunados. El procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades se determinará por la legislación de las comunidades autónomas y se ajustará, en todo caso, a las siguientes reglas: ƒ

La elaboración corresponderá a los concejales de la totalidad de los municipios promotores de la mancomunidad, constituidos en asamblea.

ƒ

La Diputación o Diputaciones provinciales interesadas emitirán informe sobre el proyecto de estatutos.

ƒ

Los Plenos de todos los ayuntamientos aprueban los estatutos.

Se seguirá un procedimiento similar para la modificación o supresión de mancomunidades. Podrán integrarse en la misma mancomunidad municipios pertenecientes a distintas comunidades autónomas, siempre que lo permitan las normativas de las comunidades autónomas afectadas. Las Mancomunidades son agrupaciones de Municipios para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia. Por tanto, se diferencian de las Comarcas y de las Áreas Metropolitanas en: a)

Las Comarcas tienen como finalidad la gestión de intereses comunes, no la ejecución en común de obras y servicios.

b)

Las Áreas Metropolitanas son agrupaciones de los Municipios que rodean a grandes aglomeraciones urbanas; las mancomunidades, no.

10. ENTIDADES DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO Las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio, para la administración descentralizada de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las Leyes. En todo caso se respetarán las siguientes reglas: -

La iniciativa corresponderá indistintamente a la población interesada o al Ayuntamiento correspondiente. Este último debe ser oído en todo caso.

-

La entidad habrá de contar con un órgano unipersonal ejecutivo de elección directa y un órgano colegiado de control, cuyo número de miembros no podrá ser inferior a dos ni superior al tercio del número de Concejales que integren el respectivo Ayuntamiento.

-

La designación de los miembros del órgano colegiado se hará de conformidad con los resultados de las elecciones para el Ayuntamiento en la Sección o Secciones constitutivas de la circunscripción para la elección del órgano unipersonal.

-

Los acuerdos sobre disposición de bienes, operaciones de crédito y expropiación forzosa deberán ser ratificados por el Ayuntamiento.

-

No obstante, podrá establecerse el régimen de Concejo Abierto para las Entidades en que concurran las siguientes características: ƒ

Los Municipios con menos de 100 habitantes y aquellos que tradicionalmente cuenten con este singular régimen de gobierno y administración.

ƒ

Aquellos otros en los que su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable

Indicar, por último que las Leyes sobre régimen local de las Comunidades Autónomas, en el marco de lo establecido en esta Ley, podrán establecer regímenes especiales para Municipios pequeños o de carácter rural y para aquellos que reúnan otras características que lo hagan aconsejable, como su carácter histórico-artístico o el predominio en su término de las actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes. 11. RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE GRAN POBLACIÓN. 11.1. RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE GRAN POBLACIÓN Las normas previstas a continuación serán de aplicación: a) A los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes. b)

A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes.

c) A los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas. d) Asimismo, a los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales. En los supuestos previstos en los párrafos c) y d), se exigirá que así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos. Cuando un municipio, de acuerdo con las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del padrón municipal aprobadas por el Gobierno con referencia al 1 de enero del año anterior al del inicio de cada mandato de su ayuntamiento, alcance la población requerida para la aplicación de este régimen, la nueva corporación dispondrá de un plazo máximo de seis meses desde su constitución para adaptar su organización al contenido de las disposiciones específicas A estos efectos, se tendrá en cuenta exclusivamente la población resultante de la indicada revisión del padrón, y no las correspondientes a otros años de cada mandato. Los municipios a los que resulte de aplicación el régimen previsto a continuación, continuarán rigiéndose por el mismo aun cuando su cifra oficial de población se reduzca posteriormente por debajo del límite establecido en la ley. 11.2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES NECESARIOS 11.2.1. Organización del Pleno

El Pleno, formado por el Alcalde y los Concejales, es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal. El Pleno será convocado y presidido por el Alcalde, salvo en los supuestos previstos en la Ley 7/ 1985, de 2 de abril y en la legislación electoral general, al que corresponde decidir los empates con voto de calidad. El Alcalde podrá delegar exclusivamente la convocatoria y la presidencia del Pleno, cuando lo estime oportuno, en uno de los concejales. El Pleno se dotará de su propio reglamento, que tendrá la naturaleza de orgánico. No obstante, la regulación de su organización y funcionamiento podrá contenerse también en el reglamento orgánico municipal. En todo caso, el Pleno contará con un secretario general y dispondrá de Comisiones, que estarán formadas por los miembros que designen los grupos políticos en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno. Corresponderán a las comisiones las siguientes funciones: a) El estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno. b)

El seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de gobierno, sin perjuicio del superior control y fiscalización que, con carácter general, le corresponde al Pleno.

c) Aquéllas que el Pleno les delegue, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. d) En todo caso, serán de aplicación a estas Comisiones las previsiones contenidas para el Pleno en el artículo 46.2, párrafos b), c) y d) de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril. Corresponderá al secretario general del Pleno, que lo será también de las comisiones, las siguientes funciones: a) La redacción y custodia de las actas, así como la supervisión y autorización de las mismas, con el visto bueno del Presidente del Pleno. b)

La expedición, con el visto bueno del Presidente del Pleno, de las certificaciones de los actos y acuerdos que se adopten.

c)

La asistencia al Presidente del Pleno para asegurar la convocatoria de las sesiones, el orden en los debates y la correcta celebración de las votaciones, así como la colaboración en el normal desarrollo de los trabajos del Pleno y de las comisiones.

d) La comunicación, publicación y ejecución de los acuerdos plenarios. e) El asesoramiento legal al Pleno y a las comisiones, que será preceptivo en los siguientes supuestos:

-

Cuando así lo ordene el Presidente o cuando lo solicite un tercio de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que el asunto hubiere de tratarse.

-

Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial.

-

Cuando una ley así lo exija en las materias de la competencia plenaria.

-

Cuando, en el ejercicio de la función de control y fiscalización de los órganos de gobierno, lo solicite el Presidente o la cuarta parte, al menos, de los Concejales.

Dichas funciones quedan reservadas a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. Su nombramiento corresponderá al Presidente en los términos previstos en la disposición adicional octava, teniendo la misma equiparación que los órganos directivos previstos en el artículo 130 de la ley 7/ 1985, de 2 de abril, sin perjuicio de lo que determinen a este respecto las normas orgánicas que regulen el Pleno. 11.2.2. Atribuciones del Pleno Corresponden al Pleno las siguientes atribuciones: a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. b) La votación de la moción de censura al Alcalde y de la cuestión de confianza planteada por éste, que será pública y se realizará mediante llamamiento nominal en todo caso y se regirá en todos sus aspectos por lo dispuesto en la legislación electoral general. c) La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica. Tendrán en todo caso naturaleza orgánica: -

La regulación del Pleno.

-

La regulación del Consejo Social de la ciudad. La regulación de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

-

La regulación de los órganos complementarios y de los procedimientos de participación ciudadana.

-

La división del municipio en distritos, y la determinación y regulación de los órganos de los distritos y de las competencias de sus órganos representativos y participativos, sin perjuicio de las atribuciones del Alcalde para determinar la organización y las competencias de su administración ejecutiva.

-

La determinación de los niveles esenciales de la organización municipal, entendiendo por tales las grandes áreas de gobierno, los coordinadores

generales, dependientes directamente de los miembros de la Junta de Gobierno Local, con funciones de coordinación de las distintas Direcciones Generales u órganos similares integradas en la misma área de gobierno, y de la gestión de los servicios comunes de éstas u otras funciones análogas y las Direcciones Generales u órganos similares que culminen la organización administrativa, sin perjuicio de las atribuciones del Alcalde para determinar el número de cada uno de tales órganos y establecer niveles complementarios inferiores. -

La regulación del órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.

d) La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales. e) Los acuerdos relativos a la delimitación y alteración del término municipal; la creación o supresión de las entidades a que se refiere el artículo 45 de la ley 7/ 1985, de 2 de abril, ; la alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de denominación de éste o de aquellas Entidades, y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. f) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales. g) La determinación de los recursos propios de carácter tributario. h) La aprobación de los presupuestos, de la plantilla de personal, así como la autorización de gastos en las materias de su competencia. Asimismo, aprobará la cuenta general del ejercicio correspondiente. i) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística. j) La transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras Administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente. k) La determinación de las formas de gestión de los servicios, así como el acuerdo de creación de organismos autónomos, de entidades públicas empresariales y de sociedades mercantiles para la gestión de los servicios de competencia municipal, y la aprobación de los expedientes de municipalización. l) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos y disposiciones de carácter general. m) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa jurídica del Pleno en las materias de su competencia. n) Establecer el régimen retributivo de los miembros del Pleno, de su secretario general, del Alcalde, de los miembros de la Junta de Gobierno Local y de los órganos directivos municipales.

ñ) El planteamiento de conflictos de competencia a otras entidades locales y otras Administraciones públicas. o) Acordar la iniciativa prevista en el último inciso del artículo 121.1, para que el municipio pueda ser incluido en el ámbito de aplicación del título X de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril. p) Las demás que expresamente le confieran las leyes. Se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno, para la adopción de los acuerdos referidos en los párrafos c), e), f), j) y o) y para los acuerdos que corresponda adoptar al Pleno en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística. Los demás acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos. Únicamente pueden delegarse las competencias del Pleno referidas en los párrafos d), k), m) y ñ) a favor de las comisiones referidas en el apartado 4 del artículo anterior. 11.2.3. El Alcalde El Alcalde ostenta la máxima representación del municipio. El Alcalde es responsable de su gestión política ante el Pleno. El Alcalde tendrá el tratamiento de Excelencia. En particular, corresponde al Alcalde el ejercicio de las siguientes funciones: a) Representar al ayuntamiento. b) Dirigir la política, el gobierno y la administración municipal, sin perjuicio de la acción colegiada de colaboración en la dirección política que, mediante el ejercicio de las funciones ejecutivas y administrativas que le son atribuidas por la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, realice la Junta de Gobierno Local. c) Establecer directrices generales de la acción de gobierno municipal y asegurar su continuidad. d) Convocar y presidir las sesiones del Pleno y las de la Junta de Gobierno Local y decidir los empates con voto de calidad. e) Nombrar y cesar a los Tenientes de Alcalde y a los Presidentes de los Distritos. f) Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos de los órganos ejecutivos del ayuntamiento. g) Dictar bandos, decretos e instrucciones.

h) Adoptar las medidas necesarias y adecuadas en casos de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta inmediata al Pleno. i) Ejercer la superior dirección del personal al servicio de la Administración municipal. j) La Jefatura de la Policía Municipal. k) Establecer la organización y estructura de la Administración municipal ejecutiva, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Pleno en materia de organización municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 123. l) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. m) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos. n) La autorización y disposición de gastos en las materias de su competencia. ñ) Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y aquéllas que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no se atribuyan a otros órganos municipales. El Alcalde podrá delegar mediante decreto las competencias anteriores en la Junta de Gobierno Local, en sus miembros, en los demás concejales y, en su caso, en los coordinadores generales, directores generales u órganos similares, con excepción de las señaladas en los párrafos b), e), h) y j), así como la de convocar y presidir la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con voto de calidad y la de dictar bandos. Las atribuciones previstas en los párrafos c) y k) sólo serán delegables en la Junta de Gobierno Local. 11.2.4. Los Tenientes de Alcalde El Alcalde podrá nombrar entre los concejales que formen parte de la Junta de Gobierno Local a los Tenientes de Alcalde, que le sustituirán, por el orden de su nombramiento, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. Los Tenientes de Alcalde tendrán el tratamiento de Ilustrísima. 11.2.5. Organización de la Junta de Gobierno Local La Junta de Gobierno Local es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas que se señalan en el artículo 127 de la ley 7/ 1985, de 2 de abril. Corresponde al Alcalde nombrar y separar libremente a los miembros de la Junta de Gobierno Local, cuyo número no podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde.

El Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condición de concejales, siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, excluido el Alcalde. Sus derechos económicos y prestaciones sociales serán los de los miembros electivos. En todo caso, para la válida constitución de la Junta de Gobierno Local se requiere que el número de miembros de la Junta de Gobierno Local que ostentan la condición de concejales presentes sea superior al número de aquellos miembros presentes que no ostentan dicha condición. Los miembros de la Junta de Gobierno Local podrán asistir a las sesiones del Pleno e intervenir en los debates, sin perjuicio de las facultades que corresponden a su Presidente. La Junta de Gobierno Local responde políticamente ante el Pleno de su gestión de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión. La Secretaría de la Junta de Gobierno Local corresponderá a uno de sus miembros que reúna la condición de concejal, designado por el Alcalde, quien redactará las actas de las sesiones y certificará sobre sus acuerdos. Existirá un órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al concejal-secretario de la misma, cuyo titular será nombrado entre funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. Sus funciones serán las siguientes: a) La asistencia al concejal-secretario de la Junta de Gobierno Local. b) La remisión de las convocatorias a los miembros de la Junta de Gobierno Local. c)

El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones.

d) Velar por la correcta y fiel comunicación de sus acuerdos. Las deliberaciones de la Junta de Gobierno Local son secretas. A sus sesiones podrán asistir los concejales no pertenecientes a la Junta y los titulares de los órganos directivos, en ambos supuestos cuando sean convocados expresamente por el Alcalde. 11.2.6. Atribuciones de la Junta de Gobierno Local Corresponde a la Junta de Gobierno Local: a) La aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones. b) La aprobación del proyecto de presupuesto. c) La aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno.

d) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no atribuidas expresamente al Pleno, así como de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. e) La concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano. f) Las contrataciones y concesiones, incluidas las de carácter plurianual, la ampliación del número de anualidades y la modificación de los porcentajes de gastos plurianuales, así como la gestión, adquisición y enajenación del patrimonio, la concertación de operaciones de crédito, todo ello de acuerdo con el presupuesto y sus bases de ejecución. g) El desarrollo de la gestión económica, autorizar y disponer gastos en materia de su competencia, disponer gastos previamente autorizados por el Pleno, y la gestión del personal. h) Aprobar la relación de puestos de trabajo, las retribuciones del personal de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Pleno, la oferta de empleo público, las bases de las convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el número y régimen del personal eventual, la separación del servicio de los funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario y las demás decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas a otro órgano. La composición de los tribunales de oposiciones será predominantemente técnica, debiendo poseer todos sus miembros un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en las plazas convocadas. Su presidente podrá ser nombrado entre los miembros de la Corporación o entre el personal al servicio de las Administraciones públicas. i) El nombramiento y el cese de los titulares de los órganos directivos de la Administración municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional octava para los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. j) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia. k) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos. l) Ejercer la potestad sancionadora salvo que por ley esté atribuida a otro órgano. m) Las demás que le correspondan, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. La Junta de Gobierno Local podrá delegar en los Tenientes de Alcalde, en los demás miembros de la Junta de Gobierno Local, en su caso, en los demás concejales, en los coordinadores generales, directores generales u órganos similares, las funciones enumeradas en los párrafos e), f), g), h) con excepción de la aprobación de la relación de puestos de trabajo, de las retribuciones del personal, de la oferta de empleo público,

de la determinación del número y del régimen del personal eventual y de la separación del servicio de los funcionarios, y l) del apartado anterior. 11.2.7. Los distritos Los ayuntamientos deberán crear distritos, como divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada, para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. Corresponde al Pleno de la Corporación la creación de los distritos y su regulación, en los términos y con el alcance previsto en el artículo 123 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, así como determinar, en una norma de carácter orgánico, el porcentaje mínimo de los recursos presupuestarios de la corporación que deberán gestionarse por los distritos, en su conjunto. La presidencia del distrito corresponderá en todo caso a un concejal. 11.2.8. La asesoría jurídica Sin perjuicio de las funciones reservadas al secretario del Pleno por el párrafo e) del apartado 5 del artículo 122 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, existirá un órgano administrativo responsable de la asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos, comprensiva del asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en juicio del ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 447 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Su titular será nombrado y separado por la Junta de Gobierno Local, entre personas que reúnan los siguientes requisitos: a) Estar en posesión del título de licenciado en derecho. b) Ostentar la condición de funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, o bien funcionario de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente. 11.2.9. Órganos superiores y directivos Son órganos superiores y directivos municipales los siguientes: A) Órganos superiores: a) El Alcalde. b) Los miembros de la Junta de Gobierno Local. B) Órganos directivos: a) Los coordinadores generales de cada área o concejalía.

b)

Los directores generales u órganos similares que culminen la organización administrativa dentro de cada una de las grandes áreas o concejalías.

c)

El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al concejalsecretario de la misma.

d) El titular de la asesoría jurídica. e) El Secretario general del Pleno. f)

El interventor general municipal.

g) En su caso, el titular del órgano de gestión tributaria. Tendrán también la consideración de órganos directivos, los titulares de los máximos órganos de dirección de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales locales, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 bis, párrafo b) de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril. El nombramiento de los coordinadores generales, y de los directores generales deberá efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales o funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente, salvo que el Pleno, al determinar los niveles esenciales de la organización municipal, permita que, en atención a las características específicas del puesto directivo, su titular no reúna dicha condición de funcionario. En este caso los nombramientos habrán de efectuarse motivadamente y de acuerdo con criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. Los órganos superiores y directivos quedan sometidos al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, y en otras normas estatales o autonómicas que resulten de aplicación. 11.2.10. El Consejo Social de la Ciudad En los municipios sometidos a este régimen, existirá un Consejo Social de la Ciudad, integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas. Corresponderá a este Consejo, además de las funciones que determine el Pleno mediante normas orgánicas, la emisión de informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos. 11.2.11. Defensa de los derechos de los vecinos

Para la defensa de los derechos de los vecinos ante la Administración municipal, el Pleno creará una Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones, cuyo funcionamiento se regulará en normas de carácter orgánico. La Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones estará formada por representantes de todos los grupos que integren el Pleno, de forma proporcional al número de miembros que tengan en el mismo. La citada Comisión podrá supervisar la actividad de la Administración municipal, y deberá dar cuenta al Pleno, mediante un informe anual, de las quejas presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración municipal. No obstante, también podrá realizar informes extraordinarios cuando la gravedad o la urgencia de los hechos lo aconsejen. Para el desarrollo de sus funciones, todos los órganos de Gobierno y de la Administración municipal están obligados a colaborar con la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. 11.3. GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 11.3.1. Criterios de la gestión económico-financiera La gestión económico-financiera se ajustará a los siguientes criterios: a)

Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación que lo regule.

b)

Separación de las funciones de contabilidad y de fiscalización de la gestión económico-financiera.

c) La contabilidad se ajustará en todo caso a las previsiones que en esta materia contiene la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. d)

El ámbito en el que se realizará la fiscalización y el control de legalidad presupuestaria será el presupuesto o el estado de previsión de ingresos y gastos, según proceda.

e) Introducción de la exigencia del seguimiento de los costes de los servicios. f)

La asignación de recursos, con arreglo a los principios de eficacia y eficiencia, se hará en función de la definición y el cumplimiento de objetivos.

g) La administración y rentabilización de los excedentes líquidos y la concertación de operaciones de tesorería se realizarán de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto y el plan financiero aprobado. h) Todos los actos, documentos y expedientes de la Administración municipal y de todas las entidades dependientes de ella, sea cual fuere su naturaleza jurídica, de

los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico estarán sujetos al control y fiscalización interna por el órgano que se determina en la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, en los términos establecidos en los artículos 194 a 203 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 11.3.2. Órgano u órganos de gestión económico-financiera y presupuestaria Las funciones de presupuestación, contabilidad, tesorería y recaudación serán ejercidas por el órgano u órganos que se determinen en el Reglamento orgánico municipal. El titular o titulares de dicho órgano u órganos deberá ser un funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional, salvo el del órgano que desarrolle las funciones de presupuestación. 11.3.3. Órgano de Gestión Tributaria Para la consecución de una gestión integral del sistema tributario municipal, regido por los principios de eficiencia, suficiencia, agilidad y unidad en la gestión, se habilita al Pleno de los ayuntamientos de los municipios de gran población para crear un órgano de gestión tributaria, responsable de ejercer como propias las competencias que a la Administración Tributaria local le atribuye la legislación tributaria. Corresponderán a este órgano de gestión tributaria, al menos, las siguientes competencias: a)

La gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los actos tributarios municipales.

b) La recaudación en período ejecutivo de los demás ingresos de derecho público del ayuntamiento. c)

La tramitación y resolución de los expedientes sancionadores tributarios relativos a los tributos cuya competencia gestora tenga atribuida.

d) El análisis y diseño de la política global de ingresos públicos en lo relativo al sistema tributario municipal. e) La propuesta, elaboración e interpretación de las normas tributarias propias del ayuntamiento. f)

El seguimiento y la ordenación de la ejecución del presupuestos de ingresos en lo relativo a ingresos tributarios.

En el caso de que el Pleno haga uso de la habilitación prevista en el apartado 1, la función de recaudación y su titular quedarán adscritos a este órgano, quedando sin efecto lo dispuesto en el artículo 134.1 en lo que respecta a la función de recaudación. 11.3.4. Órgano responsable del control y de la fiscalización interna

La función pública de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia, corresponderá a un órgano administrativo, con la denominación de Intervención general municipal. La Intervención general municipal ejercerá sus funciones con plena autonomía respecto de los órganos y entidades municipales y cargos directivos cuya gestión fiscalice, teniendo completo acceso a la contabilidad y a cuantos documentos sean necesarios para el ejercicio de sus funciones. Su titular será nombrado entre funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. 11.3.5. Órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas Existirá un órgano especializado en las siguientes funciones: a)

El conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público, que sean de competencia municipal.

b) El dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales. c) En el caso de ser requerido por los órganos municipales competentes en materia tributaria, la elaboración de estudios y propuestas en esta materia. La resolución que se dicte pone fin a la vía administrativa y contra ella sólo cabrá la interposición del recurso contencioso-administrativo. No obstante, los interesados podrán, con carácter potestativo, presentar previamente contra los actos previstos en el apartado 1 a) el recurso de reposición regulado en el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. Contra la resolución, en su caso, del citado recurso de reposición, podrá interponerse reclamación económicoadministrativa ante el órgano previsto en el presente artículo. Estará constituido por un número impar de miembros, con un mínimo de tres, designados por el Pleno, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que legalmente lo integren, de entre personas de reconocida competencia técnica, y cesarán por alguna de las siguientes causas: a) A petición propia. b) Cuando lo acuerde el Pleno con la misma mayoría que para su nombramiento. c) Cuando sean condenados mediante sentencia firme por delito doloso. d)

Cuando sean sancionados mediante resolución firme por la comisión de una falta disciplinaria muy grave o grave.

Solamente el Pleno podrá acordar la incoación y la resolución del correspondiente expediente disciplinario, que se regirá, en todos sus aspectos, por la normativa aplicable en materia de régimen disciplinario a los funcionarios del ayuntamiento. Su funcionamiento se basará en criterios de independencia técnica, celeridad y gratuidad. Su composición, competencias, organización y funcionamiento, así como el procedimiento de las reclamaciones se regulará por reglamento aprobado por el Pleno, de acuerdo en todo caso con lo establecido en la Ley General Tributaria y en la normativa estatal reguladora de las reclamaciones económico-administrativas, sin perjuicio de las adaptaciones necesarias en consideración al ámbito de actuación y funcionamiento del órgano. La reclamación regulada en el presente artículo se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la reclamación económicoadministrativa ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado. 11.4. CONFERENCIA DE CIUDADES En el seno de la Conferencia sectorial para asuntos locales, existirá una Conferencia de ciudades de la que formarán parte la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los alcaldes de los municipios comprendidos en el ámbito de aplicación del título X de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril. 12. TIPIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES POR LAS ENTIDADES LOCALES EN DETERMINADAS MATERIAS 12.1. TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN DETERMINADAS MATERIAS Para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales podrán, en defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos siguientes. 12.2. CLASIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES Las infracciones a las ordenanzas locales a que se refiere el artículo anterior se clasificarán en muy graves, graves y leves. Serán muy graves las infracciones que supongan: a)

Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda clase conformes con la normativa aplicable o a la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de conductas no subsumibles en los tipos previstos en el capítulo IV de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

b)

El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.

c) El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de un servicio público. d)

Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio público.

e)

El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.

f)

Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de la seguridad ciudadana.

Las demás infracciones se clasificarán en graves y leves, de acuerdo con los siguientes criterios: a) La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico ejercicio de los derechos de otras personas o actividades. b) La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato públicos. c) La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de un espacio público por parte de las personas con derecho a utilizarlos. d) La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de un servicio público. e)

La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio o de un espacio público.

12.3. LÍMITES DE LAS SANCIONES ECONÓMICAS Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de Ordenanzas locales deberán respetar las siguientes cuantías: ƒ ƒ

ƒ

Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros. Infracciones graves: hasta 1.500 euros. Infracciones leves: hasta 750 euros.

ANEXO LEY 6/2003, DE 9 DE OCTUBRE, DE SÍMBOLOS, TRATAMIENTOS Y REGISTRO DE LAS ENTIDADES LOCALES DE ANDALUCÍA La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene, de acuerdo con el artículo 13.3 de su Estatuto de Autonomía, competencia exclusiva en materia de Régimen local, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.18 de la Constitución. Mediante el Real Decreto 3315/1983, de 20 julio, el Estado traspasó a la Comunidad Autónoma, entre otras funciones en el Ámbito de la Administración Local, la concesión a las Corporaciones Locales de tratamientos, honores o distinciones, así como el otorgamiento a los municipios y provincias de títulos, lemas y dignidades, previa la instrucción de expediente, y la aprobación de escudos heráldicos municipales, previo informe de la Real Academia de la Historia. Hasta la fecha, la normativa autonómica andaluza ha estado integrada por el Decreto 14/1995, de 31 de enero, por el que se regula el procedimiento para la aprobación y rehabilitación de escudos heráldicos, banderas y otros símbolos de las Entidades Locales, y la Orden de 12 de mayo de 1995. Por otra parte, en cuanto a los tratamientos, la normativa autonómica está constituida por el Decreto 77/2002, de 26 de febrero, por el que se establece el régimen de precedencias y tratamientos en el Ámbito de la Junta de Andalucía, siendo oportuno normalizar el tratamiento de las Entidades Locales. Se estima necesario dotar a la citada materia de rango legal, atendida la relevancia que, para cualquier colectividad o agrupación humana, tiene su identificación corporativa, así como la circunstancia de que los símbolos, tanto estatales como autonómicos, se regulan por normativa de este rango. La necesidad de reafirmar la autonomía de las Entidades Locales y el hecho de que los símbolos de las mismas expresan su identidad y cohesión, validando su documentación oficial, hacen conveniente que la intervención autonómica sea la mínima, teniendo lugar solamente en la medida en que sea preciso para asegurar el mayor pluralismo y participación ciudadana en las decisiones locales relativas a sus símbolos, así como evitar la confusión entre símbolos de distintas Entidades Locales. Por tanto, la presente Ley suprime la preceptiva aprobación, mediante Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de los símbolos de las Entidades Locales. La presente Ley parte también de la más moderna concepción de que el valor

de los distintos símbolos como representativos de las agrupaciones o colectividades no depende ya tanto de su ortodoxia heráldica, cuanto de su identificación por la población de la Entidad Local, siendo este respaldo popular el que eleva el símbolo a la categoría de representativo de la misma, y pudiendo los símbolos, por tanto, tener su origen en la identificación de la población con su presente. Ello determina un concepto muy amplio de símbolo, que acoge no sólo a sus formas tradicionales, sino también a las insignias o manifestaciones más modernas, como emblemas o logotipos, tal y como se desprende del concepto empleado por la Real Academia Española al definirlo como representación sensorialmente perceptible de una realidad. Lo expuesto determina que se opte por suprimir los criterios técnicos que se recogían en los Anexos del Decreto 14/1995, de 31 de enero, si bien se establecen unas normas mínimas, cuya finalidad es asegurar que los símbolos locales se adopten posibilitando la adecuada participación popular, así como la intervención de expertos en la materia que puedan garantizar la calidad de dichos símbolos. Asimismo, teniendo en cuenta el papel esencial que desempeña la Entidad Local en el procedimiento de adopción, modificación o rehabilitación de sus símbolos, es preciso regular determinados aspectos del procedimiento administrativo, a los efectos de asegurar la concurrencia del mayor pluralismo y participación ciudadana, tales como la información pública, la necesidad de mayoría cualificada para su aprobación, así como la posibilidad de concurso público de ideas. Por otra parte, dada la relevancia constitucional de las Entidades Locales, resulta conveniente establecer mediante esta Ley el tratamiento que las mismas deben recibir, sin perjuicio del respeto a cualesquiera otros que históricamente tuvieran reconocidos, sin que obste a lo dispuesto en el Decreto 77/2002, de 26 de febrero, que regula el correspondiente a los singulares cargos municipales y provinciales. Finalmente, se crea mediante la presente Ley el Registro Andaluz de Entidades Locales, cuya constitución se hace necesaria, ya que la inscripción en el mismo de los símbolos de las Entidades Locales determina la eficacia de su régimen de uso y protección. Además, el mismo se constituye en instrumento fundamental y básico para la obtención de un conocimiento preciso de la realidad local en Andalucía. Por otra parte, la creación de este Registro era igualmente necesaria, en la medida en que la Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, en su artículo 36.2 dispuso la inscripción de los consorcios, figura que, por su controvertida naturaleza, no tiene fácil acomodo en el Registro de Entidades Locales de carácter estatal. TITULO I DE LOS SÍMBOLOS DE LAS ENTIDADES LOCALES DE ANDALUCÍA CAPITULO PRIMERO Objeto, Ámbito, definiciones y símbolos de las Entidades Locales Artículo 1. Objeto. 1. La presente Ley establece las normas reguladoras de la adopción, modificación, rehabilitación, uso y protección de los símbolos de las Entidades Locales de Andalucía, entendiéndose por tales los símbolos gráficos, de expresión verbal, vexilológicos y sonoros, así como cualquier otro de distinta naturaleza.

2. La presente Ley establece las normas de tratamiento de las Entidades Locales de Andalucía. 3. Por la presente Ley se crea igualmente el Registro Andaluz de Entidades Locales. Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente Ley es de aplicación a los municipios, provincias y demás Entidades Locales territoriales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Artículo 3. Definiciones. A los efectos de la presente Ley, se entiende por: a) Símbolos gráficos: los escudos, emblemas, logotipos y otras insignias gráficas a los que se atribuya por la Entidad Local el carácter de símbolo de la misma. b) Símbolos de expresión verbal: los lemas, apotegmas, anagramas y otros símbolos basados en expresiones verbales a los que se atribuya por la Entidad Local el carácter de símbolo de la misma. c) Símbolos vexilológicos: las banderas, enseñas, estandartes, pendones y otras insignias consistentes en piezas de tela a los que se atribuya por la Entidad Local el carácter de símbolo de la misma. d) Símbolos sonoros: los himnos y cualquier composición musical, con o sin letra, a los que se atribuya por la Entidad Local el carácter de símbolo de la misma. Artículo 4. Símbolos de las Entidades Locales. 1. Las Entidades Locales pueden dotarse de los símbolos representativos que estimen oportunos, siempre que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modificación o rehabilitación de los mismos se ajusten a las prescripciones de la presente Ley. 2. Se prohíben cualesquiera símbolos que incluyan en su diseño o contenido siglas, anagramas o logotipos de partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y demás asociaciones y entidades privadas, así como aquellos otros que impliquen vulneración de los principios constitucionales o lesión a los derechos fundamentales. 3. Se prohíben cualesquiera símbolos que fomenten o inciten a la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. 4. Se prohíben cualesquiera símbolos que sean idénticos o induzcan a error o confusión con otros válidamente inscritos. CAPITULO SEGUNDO Procedimiento para la adopción o modificación de símbolos Artículo 5. Iniciación.

El procedimiento para la adopción o modificación de símbolos podrá iniciarse de oficio, y además, en los casos de símbolos municipales o de entidades locales autónomas, a solicitud vecinal. Artículo 6. Iniciación de oficio. 1. El procedimiento se iniciará de oficio por acuerdo adoptado por el máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local. 2. El acuerdo de iniciación del procedimiento para la adopción o modificación de símbolos incluirá una propuesta de símbolo, o contendrá la convocatoria de un concurso de ideas. 3. Cuando el acuerdo de iniciación contenga una propuesta de símbolo, deberá constar en el expediente un informe emitido por perito en la materia según la naturaleza del símbolo. 4. Cuando el acuerdo de iniciación contenga la convocatoria de concurso de ideas para la adopción o modificación de un símbolo, deberá reunir los siguientes requisitos: a) Incluirá la declaración del carácter abierto y público del concurso. b) Designará a los miembros del Jurado seleccionador que estará compuesto por un número impar, con un máximo de cinco y un mínimo de tres, debiendo ser la mayoría de ellos peritos en la materia. En todo caso, actuará de Secretario, con voz y sin voto, el de la Entidad Local o funcionario que legalmente le sustituya. c) El señalamiento de un plazo no inferior a dos meses, ni superior a cuatro, para la presentación de ideas. d) En su caso, el premio o premios que se establezcan. e) La indicación de entenderse cedidos todos los derechos de propiedad intelectual que pudieran derivarse de las ideas presentadas al concurso y premiadas, por el hecho de tomar parte en él. Artículo 7. Solicitud de iniciación. 1. La solicitud vecinal, en su caso, deberá estar suscrita, al menos, por el uno por ciento de la población de derecho del municipio o entidad local autónoma, con un mínimo de 30 firmantes, y deberá expresar con toda claridad la petición en que se concrete. 2. Presentada la solicitud, corresponderá al máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local la comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior, debiendo adoptar en el plazo de un mes acuerdo admitiendo o inadmitiendo la solicitud. En el caso de admitirse, y a los efectos de esta Ley, dicho acuerdo tendrá la consideración de acuerdo de admisión a trámite. 3. Si la solicitud incluye una propuesta de símbolo, deberá acompañar un informe emitido por perito en la materia según la naturaleza del símbolo. En caso de no incluirse

dicha propuesta, deberá convocarse un concurso de ideas en los términos previstos en al apartado 4.Î del artículo 6 de la presente Ley. Artículo 8. Publicación del acuerdo de iniciación. El acuerdo de iniciación o, en su caso, el acuerdo de admisión a trámite deberá ser publicado en el tablón de edictos de la Entidad Local y en las emisoras de radio y televisión locales, si las hubiese. Artículo 9. Información pública y audiencia. 1. Se abrirá un plazo de información pública durante veinte días dentro de los quince días siguientes a contar: a) Desde el acuerdo de admisión a trámite o, en su caso, desde el acuerdo de iniciación si contiene propuesta de símbolo. b) Desde que terminé el plazo de presentación de ideas. 2. El período de información se convocará mediante anuncio publicado en los mismos medios que el acuerdo de iniciación al que hace referencia el artículo anterior, así como en los boletines oficiales de la Junta de Andalucía y de la provincia correspondiente. 3. Acordada la apertura del período de información pública, deberá citarse expresamente a todas las asociaciones vecinales y aquellas otras cuyo objeto social está directamente relacionado con la conservación y promoción del patrimonio histórico, artístico y cultural de la Entidad Local, que están inscritas en el registro correspondiente. Artículo 10. Contenido del expediente administrativo. El expediente que se someta a información publica contendrá, al menos, la siguiente documentación: a) El acuerdo de iniciación. b) En caso de que contenga una propuesta de símbolo, deberá constar ésta con su informe preceptivo. c) En el caso de que haya habido concurso de ideas, todas las presentadas. Artículo 11. Fallo del concurso de ideas. Sin perjuicio de que el mismo pueda quedar desierto, en el plazo improrrogable de un mes, contado desde la terminación de la información pública, el Jurado deberá resolver el concurso de ideas. Artículo 12. Audiencia al municipio.

Terminada la información pública, cuando se trate de símbolos de Entidades Locales Autónomas o de Entidades de Ámbito territorial inferior al municipio, será preceptiva la audiencia durante 15 días al Ayuntamiento del municipio donde aquéllas estén radicadas. Artículo 13. Informe de la Administración de la Junta de Andalucía. 1. Con carácter previo a la resolución del procedimiento, se remitirá el expediente administrativo a la Consejería de Gobernación para que emita informe preceptivo de legalidad en el plazo de dos meses, y en caso de que no se emita en el plazo señalado se podrán proseguir las actuaciones. 2. En el informe se hará constar, en su caso, la existencia de símbolos, que están inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Locales, que sean idénticos o que induzcan a error o confusión. Artículo 14. Resolución. La resolución del procedimiento corresponderá al máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local. Para aprobar el símbolo será necesario el voto favorable de las dos terceras partes del número de hecho y, en todo caso, de la mayoría absoluta del número legal de miembros del máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local. Artículo 15. Duración del procedimiento y sentido del silencio. La duración del procedimiento, hasta la notificación de la resolución que le ponga fin, no podrá exceder de doce meses, contados desde el acuerdo de iniciación. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado y notificado resolución expresa en los procedimientos iniciados a instancia vecinal, deberá entenderse desestimada la solicitud. La falta de resolución expresa no eximirá a la Administración de la obligación de resolver. CAPITULO TERCERO Procedimiento para la rehabilitación de símbolos Artículo 16. Rehabilitación de símbolos. El procedimiento para la rehabilitación de símbolos que históricamente hubieren utilizado será el establecido para la adopción o modificación sin que se pueda utilizar para ello la modalidad de concurso de ideas. CAPITULO CUARTO Inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales Artículo 17. Inscripción y publicación de símbolos. 1. Una vez aprobada la adopción, modificación o rehabilitación de símbolos, se remitirá copia certificada del acuerdo resolutorio del procedimiento al Registro Andaluz de Entidades Locales de la Consejería de Gobernación.

2. El Director General de Administración Local, en el plazo de 15 días, dictará resolución mediante la cual admitirá o denegará la inscripción de los símbolos atendiendo a lo dispuesto en la presente Ley. Transcurrido el plazo sin que se hubiera dictado dicha resolución, deberá entenderse estimada la solicitud de inscripción. 3. Procederá la denegación de la inscripción solicitada en los siguientes supuestos: a) Cuando no se hubiese seguido el procedimiento legalmente establecido para su adopción, modificación o rehabilitación. b) Cuando el símbolo incurriese en alguno de los supuestos de prohibición previstos en el artículo 4 de esta Ley. 4. La resolución del Director General de Administración Local será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. CAPITULO QUINTO Régimen de uso de los símbolos y acciones legales de la Administración de la Junta de Andalucía Artículo 18. Régimen de uso de los símbolos. 1. El uso de los símbolos de las Entidades Locales es privativo de las mismas. Queda prohibida toda utilización, sin previo consentimiento expreso del máximo órgano colegiado de la correspondiente Entidad Local, de los símbolos que hayan sido inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Locales. No se admitirá ningún uso que vaya en menoscabo de su alta dignidad. 2. En las comunicaciones y documentos oficiales de las Entidades Locales deberán constar únicamente los símbolos aprobados e inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Locales de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. 3. Los símbolos no se podrán utilizar hasta que no están inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Locales. Artículo 19. Acciones legales de la Administración de la Junta de Andalucía. La Administración de la Junta de Andalucía, en relación con los acuerdos de las Entidades Locales sobre adopción, modificación o rehabilitación de sus símbolos, podrá ejercitar las acciones legales previstas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y cualesquiera otras que le correspondan. CAPITULO SEXTO Protección de los símbolos Artículo 20. Protección de los símbolos.

1. Los símbolos de las Entidades Locales, debidamente inscritos y publicados, tendrán la protección que establecen las leyes, y los entes titulares de aquéllos deberán ejercitar las acciones que sean procedentes, en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 2. La inscripción de los símbolos en el Registro Andaluz de Entidades Locales les otorgará presunción de legalidad y validez. A los efectos de la presente Ley, los símbolos debidamente inscritos en dicho registro prevalecerán sobre cualesquiera otros inscritos en otros registros. 3. La existencia de símbolos idénticos o que pudieren inducir a error no inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Locales no podrá alegarse para impedir la válida inscripción del símbolo solicitada conforme a la presente Ley. Artículo 21. Competencia, tipificación de infracciones y sanciones. 1. Corresponde al Presidente del máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local la competencia para sancionar las infracciones tipificadas en este artículo. 2. Será infracción muy grave la ofensa o ultraje de palabra, por escrito o de hecho a los símbolos de las Entidades Locales andaluzas cometidos con publicidad. 3. Será infracción grave la utilización por cualquier medio de los símbolos de las Entidades Locales, sin la correspondiente autorización previa y por escrito, realizada con finalidad de lucro. 4. Se considera infracción leve cualquier otra utilización de los símbolos de las Entidades Locales, sin la correspondiente autorización previa y por escrito, distinta de la prevista en el apartado anterior. 5. Las ordenanzas locales graduarán la cuantía de las sanciones, atendiendo a la intencionalidad del infractor, a la reincidencia, a la utilidad que la infracción le haya reportado al causante de la misma y al daño inferido al patrimonio, de acuerdo con la siguiente escala: a) Para sanciones leves, multas de 60 a 3.000 euros. b) Para sanciones graves, multas de 3.001 a 15.000 euros. c) Para sanciones muy graves, multas de 15.001 a 30.000 euros. TITULO II DE LOS TRATAMIENTOS TERRITORIALES DE ANDALUCÍA

DE

LAS

ENTIDADES

LOCALES

Artículo 22. Tratamiento de las Diputaciones, Ayuntamientos y otras Entidades Locales.

1. Las Diputaciones y los Ayuntamientos de Andalucía recibirán, respectivamente, el tratamiento de "Excelentísima" y "Excelentísimo". Se respetarán, no obstante, los tratamientos que respondan a tradiciones reconocidas por disposiciones legales. 2. Los órganos de gobierno y administración del resto de las Entidades Locales territoriales no gozarán de tratamiento ni distinción, salvo los que a la entrada en vigor de la presente Ley tuviesen legalmente reconocidos. TITULO III DEL REGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES LOCALES Artículo 23. Creación, naturaleza y adscripción orgánica. 1. Se crea el Registro Andaluz de Entidades Locales, como instrumento oficial y público de constancia de la existencia de las Entidades Locales radicadas dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de los datos más relevantes de la conformación física y jurídica de aquéllas. 2. Mediante Decreto del Consejo de Gobierno se determinará la organización y funcionamiento del Registro Andaluz de Entidades Locales. 3. El Registro Andaluz de Entidades Locales dependerá de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía. Artículo 24. Ámbito subjetivo. 1. A los efectos de la presente Ley se entenderá por Entidades Locales las así calificadas por el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como cualesquiera otras que pudiera prever la legislación andaluza en el ejercicio de sus competencias exclusivas sobre Régimen Local. 2. También se inscribirán en el Registro Andaluz de Entidades Locales los consorcios que se creen en aplicación de lo dispuesto en los artículos 33 y siguientes de la Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, conforme a lo preceptuado en el artículo 36.2 de ésta. Artículo 25. Ámbito objetivo. Sin perjuicio de los datos que reglamentariamente se determinen, deberán constar en las inscripciones relativas a cada Entidad Local su naturaleza, denominación, entidades que la integren, símbolos oficiales, extensión, Ámbito territorial delimitado cartográficamente, entes y dependientes y población. Artículo 26. Colaboración con el Registro Estatal de Entidades Locales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se establecerán los oportunos mecanismos de colaboración, a fin de intercambiar los datos del Registro Andaluz de Entidades Locales con el Registro de carácter estatal.

TEMA 4 ANTECEDENTES HISTÓRICO CULTURALES DE ANDALUCÍA. ESTATUTO. COMPETENCIAS. REFORMA DEL ESTATUTO.

ANTECEDENTES HISTÓRICO-CULTURALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA: PROCESO DE ELABORACIÓN, FUNDAMENTO, ESTRUCTURA Y CONTENIDO BÁSICO. COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. REFORMA DEL ESTATUTO

1. ANTECEDENTES HISTÓRICO-CULTURALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Políticamente, Andalucía está compuesta por ocho provincias: Almería, Granada, Jaén, Málaga, Córdoba. Sevilla, Cádiz y Huelva.

1.1.PREHISTORIA - TARTESSOS Las ciencias auxiliares de la historia, establece que los primeros poblamientos de los que podemos tener conocimiento en el territorio andaluz, datan del Paleolítico, en concreto el denominado “Hombre de Orce”, pudiendo afirmar que perteneció al grupo de homínidos que accedió desde África al territorio que hoy conocemos con el nombre de Europa. De esta etapa del desarrollo humano datan las pinturas de La Pileta (Ronda) y Nerja (Málaga). Durante el Neolítico, aproximadamente en el año 10.000 a.C., las condiciones climáticas favorecieron el asentamiento humano, con la aparición de la agricultura. De este periodo son los restos encontrados en la Carigüela de Piñar (Granada) o en la provincia de Córdoba, concretamente en la Cueva de los Murciélagos de Zueros. Posteriormente, en la denominada Edad de los Metales, que se estructura en Edad del Cobre (3.000 a.C.) y en Edad del Bronce ( 2.000 a. C), se desarrollan en Andalucía importantes culturas prehistóricas como la del Vaso Campaniforme, desarrollada en torno al Valle del Guadalquivir o la de los sepulcros cupuliformes de los Millares en Almería, Cueva de la Pastora (Sevilla), Cueva de la Menga (Málaga), que ponen de manifiesto la existencia de una organización social, o la extraordinaria cultura del Argar (Almería) en la que los poblados se estructuran por medio de trazados no circulares y en la que se detectan signos de especialización económica.

La necesidad de encontrar metales, trae a las costas andaluzas, aproximadamente en el año 1000 a. C. a los pueblos fenicios y griegos. La integración de éstos con los pobladores andaluces, da lugar al nacimiento de la cultura tartésica, como organismo socio-político que aglutinó en forma de Estado antiguo a las formaciones humanas de Andalucía. En su organización política, adopta forma de Monarquía (alguno de sus monarcas fueron Gárgoris, Habis y Argantonio) y económicamente alcanza una gran proyección económica en todo el Mediterráneo. A la civilización tartésica pertenecen los yacimientos arqueológicos de Mesa de Asta (Jerez), los del Cerro del Carambolo (Sevilla) y Cabezo de la Joya (Huelva). De la evolución en su tratamiento del metal, deja constancia la perfección que pone de manifiesto el Tesoro del Carambolo. El declive de la civilización tartésica se inicia con la victoria definitiva en la Batalla de Alalia (535 a..C.), de la alianza púnica-etrusca sobre el poderío focense, y que convertirá a Cartago en dueño absoluto del Mediterráneo Occidental, estrecho y parte del Atlántico.

1.2. ANDALUCÍA ROMANA Tras la destrucción dela civilización tartéssica por los cartagineses, se inicia el período conocido como “cultura ibérica”, herederos de los antiguos tartessos en cuanto se refiere a la utilización del hierro, agricultura y ganadería. Como aquellos, estaban organizados bajo la forma política de la monarquía. Entre estos pueblos destacan los Turdetanos, (valle del medio y bajo Guadalquivir), los Bastetanos ( Granada y Málaga), Oretanos ( Jaén y Córdoba), Celtas (Huelva), Libiofenicios (Cádiz y Málaga) y Bástulos (Almería).

1.3. CONQUISTA ROMANA Cartagineses y romanos mantuvieron una rivalidad durante decenios por hacerse con el dominio del área mediterránea Durante el Siglo III a. C (aproximadamente en el 241 a.C.) los cartagineses pierden el control sobre sus principales posiciones en el Mediterráneo. Ello condiciona la aparición de revueltas entre los pueblos íberos, que son sofocados, aunque no de forma definitiva,. en el 237 a.C. por Almicar Barca que realiza su desembarco en Cádiz.

Tras numerosas ofensivas, Roma derrota al pueblo cartaginés en las batallas de Baecula (Bailén), Aurgi (Jaén) e Ilipa (Alcalá del Río), bajo el mando de Escipión, fundador de Itálica (Santiponce), como primera colonia romana en España. Con la llegada de la cultura romana a Andalucía, ésta se integró como provincia del Imperio. Augusto reordena la organización administrativa del mismo, convirtiéndose, Andalucía, en la provincia de la Bética, con capital en Córdoba, organizándose el territorio en cuatro “conventos jurídicos”. La integración andaluza en el mundo romano se plasma en la asunción de las formas de vida romanas por parte de los habitantes de la Bética, prueba de ello es la existencia de emperadores romanos como Trajano o Adriano, ambos nacidos en ella, y en el desarrollo social y económico que alcanza nuestro territorio en esa época. Especial trascendencia tienen la red de comunicaciones, la explotación agrícola y la cultura. Caída del Imperio Romano. A partir del S. V los pueblos germánicos invaden la península Ibérica, llevando a cabo un reparto de territorio. Los vándalos silingos ocupan la Bética, de la que serán expulsados por los visigodos, como aliados del Imperio romano. Tras la instauración del dominio bizantino, éstos son expulsados por el rey Suintila en el año 625, que implanta el dominio visigodo hasta la derrota sufrida bajo el ejército musulmán, al mando de Tarik, en el 711 en la batalla del río Guadalete.

1.4. AL ANDALUS La derrota del ejército visigodo trae consigo la implantación en la península ibérica del imperio árabe, que abriría un periodo de ocho siglos de permanencia en ésta. Andalucía se convierte en el centro de poder del mundo musulmán en un territorio peninsular denominado Al Andalus y que abarcaba prácticamente la totalidad del territorio, a excepción de algunos territorios del norte donde se encontraba el reducto visigodo. La organización del imperio árabe, sólo concede a Al Andalus la categoría de provincia, gobernada por un Walí. La propia evolución del imperio árabe, tiene como consecuencia posterior la instauración de un emirato independiente en Al Andalus, con Abderramán I, que evolucionaría hasta la creación del Califato de Córdoba con Abderramán III, instaurado en el año 929 y que sobreviviría hasta el año 1031, período que se convierte en la época de máximo esplendor andalusí, con un amplio desarrollo tanto social, como económico y especialmente, cultural. La desmembración del Califato, tiene como consecuencia la instauración de los denominados “Reinos de Taifas”, pequeños reinos que, al no ser autosuficientes para organizar su defensa contra los reinos cristianos del norte, se alían con los pueblos bereberes del norte de África ( almorávides y almohades)

1.5. CRISIS DE LOS ESTADOS MUSULMANES La batalla de las Navas de Tolosa, (Jaén-1212) marca el principio del fin de la dominación musulmana en la península a manos de los reinos cristianos, al abrir la conquista por el Valle del Guadalquivir y que culmina con la derrota del reino nazarí de Granada en el año 1492. Los restos musulmanes presentes en Andalucía han dejado una muestra espléndida del desarrollo cultural vivido durante cerca de ocho siglos. La Alhambra y el Generalife en Granada, la Mezquita en Córdoba, la Giralda o la Torre del Oro en Sevilla, sólo ponen de manifiesto la complejidad de los conocimientos poseídos por el mundo árabe en prácticamente todos los campos científicos.

1.6. BAJA EDAD MEDIA La Baja Edad Media en Andalucía está marcada por un proceso conquistador de los reinos cristianos que hacen desaparecer, prácticamente, la cultura musulmana de las tierras andaluzas. La expulsión de los moriscos, trajo consigo la implantación del régimen de repoblación, practicada mediante la implantación de órdenes religiosas y nobles cristianos. Las consecuencias para Andalucía fueron nefastas, se produjo un proceso de ruralización de la economía, una alteración del sistema de clases sociales y un oscuro proceso de alienación de la cultura alcanzada en el período anterior. Culturalmente, Andalucía experimenta el mayor retroceso de su historia. Prueba de ello es la escasez de manifestaciones artísticas, sólo salvada con la edificación de algunos edificios góticos como la Catedral de Sevilla, construida, en palabras de sus promotores como “una Catedral que haga pensar a las generaciones que hayan de venir, que estábamos locos”.

1.7. EDAD MODERNA El oscurantismo de la etapa anterior, se dulcifica con el descubrimiento de América (1492) ya que Andalucía se convierte en el punto de partida de los viajes al Nuevo Mundo y en el centro comercial con el mismo, a través del puerto de Sevilla, por el río Guadalquivir, hasta el siglo XVIII. Florece el comercio tanto de entrada como de salida de productos y prácticamente toda la vertiente occidental de Andalucía se beneficia de sus efectos.

1.8. PERÍODO DE LOS AUSTRIAS Sin embargo, socialmente, durante casi siglo y medio se suceden los conflictos. Entre los años 1499 a 1502 se producen las sublevaciones de las Alpujarras, Albaicín y Serranía de Ronda al no cumplir la Corona Castellana las Capitulaciones de Santa Fe. Los musulmanes residentes en Andalucía debieron optar por convertirse al cristianismo, pasando a denominarse “moriscos”. Posteriormente, entre los años 1567 a 1572 se suceden las rebeliones en Granada, Málaga y Almería como respuesta al edicto promulgado en 1567 por Felipe II. Ante la situación generada, el 24 de diciembre los andaluces granadinos se sublevan y eligen como rey a Hernando de Córdoba y Válor que decide recuperar su nombre musulmán: Aben Humeya. En 1569, Juan de Austria dirige una feroz represión que ocasiona miles de muertos y cientos de miles de desplazados a otras zonas de Andalucía, resto de la Península y norte de África. El período comprendido entre los años 1609 a 1614, producen nuevas deportaciones y expulsiones en masa ( expulsión de los moriscos) decretadas por Felipe III y llevadas a la práctica por el Duque de Lerma y por Rodrigo Calderón. Para concluir esta etapa, entre los años 1640- 1652, la crisis económica provocada por la política imperialista de los Austrias provoca tendencias nacionalistas en la periferia de la Península, proceso al que no fue extraño Andalucía. En este plazo Portugal se independiza del centralismo castellano, se sofocan militarmente los levantamientos catalán y vasco. En Andalucía, la conspiración dirigida por el duque de Medina Sidonia, el marqués de Ayamonte y Tair Al-Hor, pretendió convertir a Andalucía en un Estado independiente. Este intento concluye con la victoria de las tropas españolas, al mando del conde-duque Olivares, al servicio del monarca Felipe IV. Culturalmente, se está produciendo lo que se ha dado en denominar “Siglo de Oro”. Artísticamente, se suceden los estilos Renacentistas, Manieristas y Barrroco. Los andaluces más relevantes de este periodo, en el mundo de las letras y por citar algunos, son Antonio de Nebrija, que realiza la primera gramática española, Luis de Góngora escritor culteranista, Fray Luis de Granada o Mateo Alemán. En el campo de la escultura, destacan sobre todo Martínez Montañés, Alonso Cano y Pedro de Mena, alguna de sus obras sigue procesionando en algunas Semanas Santas de nuestra Comunidad. En pintura, se suceden los genios andaluces: Zurbarán, Murillo o Velásquez son sólo uno de sus ejemplos. En el campo arquitectónico, sobresalen la Catedral de Granada, el Ayuntamiento de Sevilla o la Catedral de Jaén.

1.9. PERIODO DE LOS BORBONES Tras la Guerra de Sucesión, se produce la pérdida de Gibraltar en el año 1704.Felipe V inaugura el reinado de la familia borbónica en España, aunque en Andalucía se implanta una etapa que no se caracteriza por las sublevaciones. Andalucía seguirá siendo objeto de repoblaciones. Surgen los bandoleros y el contrabando, debido a las dificultades económicas. El movimiento romántico europeo verá en Andalucía, por primera vez, la concreción de un territorio exótico, difundiéndose por toda Europa una serie de tópicos, que aún en la actualidad están presentes en una gran parte de la población. Culturalmente, este periodo no alcanzó la grandiosidad del período de los Austrias. Destacan, no obstante, López de Ayala o José Cadalso. El flamenco, que había surgido en el periodo anterior entre los gitanos de la Baja Andalucía, se desarrolla, naciendo en el cante popular, las seguidillas y las bulerías.

1.10. EDAD CONTEMPORÁNEA El comienzo del S. XIX está marcado por la Guerra de la Independencia española. En Andalucía se produce la primera derrota del ejército napoleónico (Batalla de Bailén ), y mientras está ocupada en su integridad por las tropas francesas, en Cádiz se aprueba la primera Constitución española en el año 1812 (conocida popularmente con el nombre de “La Pepa” por haberse aprobado el día 19 de marzo) . Tras acabar la guerra, el Rey Fernando VII, se opuso a la aplicación de la misma, de modo que reinstauró el sistema absolutista en el Estado. Los intentos de obligar al Monarca a acatar la Constitución son el origen de los pronunciamientos de la época. Entre ellos, el pronunciamiento de 1820 tiene lugar en las Cabezas de San Juan consigue hacer que Fernando VII acate la Constitución. Bajo el reinado de Isabel II (1833 a 1868), se consolida en Andalucía el régimen agrario que arrastraría nuestra Comunidad durante todo el Siglo XX, que provocan sublevaciones entre el campesinado pobre, dedicado a tareas jornaleras como la de 1857 en El Arahal o la de Loja en 1861. Este régimen está caracterizado por ser un régimen latifundista, con grandes propiedades explotadas de forma intensiva y con escasa productividad. Socialmente se acrecienta una división social entre los jornaleros de un lado, y los propietarios por otro. Fracasa al mismo tiempo en nuestra tierra, estrepitosamente se podría decir, el fenómeno que está invadiendo toda Europa: la revolución industrial, de la que Andalucía apenas se hace eco, ya que en España los polos industriales se focalizaron en la cornisa cantábrica, aun cuando no faltaron intentos de explotación minera en nuestra Comunidad o de ubicación de industrias, no tuvieron relevancia alguna en el conjunto nacional.

Posteriormente, en el año 1868, se produce una nueva sublevación militar, cuyo origen estuvo en Cádiz, que trae consigo el denominado “Sexenio revolucionario”. Tras esa sublevación se produciría la proclamación de los cantones independientes, entre otras ciudades, en Sevilla, Málaga o Granada, intento separatista que aunque fracasó supuso el principio de la búsqueda, por las masas campesinas, de soluciones diferentes a las planteadas por las clases burguesas. De ese intento surge en Andalucía la implantación del anarquismo, cuyo máximo exponente radical tendría su encarnación en la organización denominada “Mano Negra”, que es protagonista, ya bajo el reinado de Alfonso XII, de actos terroristas e intentos revolucionarios. Bajo el reinado de este monarca, se acentúan en Andalucía las diferencias sociales, nacidas del reparto desigualitario de la tierra y de la crisis provocada por la nula implantación de medios alternativos de supervivencia. Ideológicamente, será también en Andalucía, donde nazca el socialismo español, a finales del Siglo XIX.

1.11. SIGLO XX Andalucía retoma a principios de este siglo la idea nacionalista; con el denominado “padre de la patria andaluza”, el malagueño, nacido en Casares, Blas Infante (18851936). Con la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera., los cambios sociales previstos en el ideario andalucista quedaron relegados de la realidad, de modo que vuelven a producirse los intentos revolucionarios, con los partidos de extrema izquierda sumidos en la clandestinidad. En la Segunda República, la aprobación de la Constitución de 1931 trae consigo nuevas esperanzas de renovación que quedan truncadas con la sangrienta represión gubernativa llevada a cabo en Casas Viejas, Cádiz, en el año 1933. Posteriormente, la Guerra Civil (1936 a 1939) divide Andalucía en dos bandos, como al resto del territorio español, la Oriental se alía al bando de los sublevados militares, y la occidental (con la excepción marcada de Granada), permanece fiel a la República. Durante el régimen franquista, Andalucía no experimentará mejorías sociales ni económicas. La llegada, en los años 60, del desarrollo industrial en zonas determinadas del territorio español (Madrid o Cataluña), o europeo (Francia; Alemania) provoca una sangría de emigrantes andaluces, que marca buena parte de la historia reciente de nuestra Comunidad. La llegada del régimen democrático, la aprobación de la Constitución española de 1978, la aprobación del Estatuto de Autonomía, que estudiaremos a continuación, y sobre todo, la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, dan paso a un periodo

de progreso económico que hace que hoy, las estructuras sociales y económicas no se desmarquen del resto de las señaladas en cualquier otro territorio español.

1.12. RESUMEN: ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS MÁS RELEVANTES A modo de resumen, debido a la amplitud del contenido del apartado, incluimos una relación de los acontecimientos que marcaron, de algún modo, la evolución andaluza, resaltando en negrita aquellos que consideramos de mayor interés. Se incluyen episodios relacionados con la historia mundial, para posibilitar una referencia histórica al alumno, así como un elemento comparativo entre ambas evoluciones.

Siglo XII 1147 Alfonso VII conquista Almería. 1157 Los andaluces reconquistan Almería.

Siglo XIII 1207 El Papa Celestino III exige a los cristianos peninsulares la unidad de acción contra Al-Andalus. 1212 La derrota de las Navas de Tolosa abre la Andalucía del Guadalquivir a las tropas invasoras castellanas. 1227-1232 Reorganización del poder político y militar en Al-Andalus. 1230 Unión de Castilla y León. 1236 Fernando III conquista Córdoba. 1248 Conquista de Sevilla por Fernando III. 1264 Revuelta en la Baja Andalucía ocupada. Éxodo masivo de la población andalusí.

Siglo XIV 1291-1340 Guerra del Estrecho. 1391-1418 Reino de Granada: Muerte de Muhamad V.

Siglo XV 1410 Conquista de Antequera. 1469 Unión de Castilla y Aragón 1476 Sublevación de la población andaluza de FuenteOvejuna (Córdoba). 1477-78. Se establece la Santa Hermandad (policía en zonas rurales) 1480 Comienza la actuación del Tribunal de la santa Inquisición en Sevilla; en Córdoba en 1482 y en Jaén en 1483. 1483 Los judíos son expulsados de España. 1492 2 de Enero: Toma de Granada por los Reyes Católicos. 1492 12 de Octubre. Descubrimiento de América.

Siglo XVI 1499-1502 Sublevaciones en las Alpujarras, Albaicín y en la Serranía de Ronda al no ser respetadas las Capitulaciones de Santa Fe. 1521 Motín del Pendón Verde en Sevilla 1567-1572 Sublevaciones en Granada, Málaga y Almería.

Siglo XVII 1609-1614 Nuevas deportaciones y expulsiones en masa.

1641 Conspiración del duque de Medina Sidonia, marqués de Ayamonte y de Tair-alHor. 1647 Sublevaciones populares en pueblos de Sevilla, Córdoba y Granada 1648-1652 Hambrunas y epidemias. Sublevaciones.

Siglo XVIII 1713 Por el Tratado de Utrech, Gibraltar pasa a manos inglesas. 1789 Revolución Francesa. Toma de la Bastilla

Siglo XIX 1809 Inicio del proceso independentista en las colonias americanas españolas. 1810 Andalucía ocupada militarmente por tropas francesas 1812 Aprobación de la Primera Constitución Española en Cádiz. Los franceses levantan el sitio de Cádiz e inician la retirada de tierras andaluzas 1830-48 Revoluciones liberales, nacionalistas, demócratas y sociales en Europa. Se difunde el Manifiesto comunista. 1831. En Granada es ejecutada Mariana Pineda (liberal progresista), por bordar una bandera republicana. 1833 Se celebra el Congreso de Antequera, formulando la Constitución Federalista de Andalucía. Javier de Burgos establece la división territorial del Estado en base a provincias y regiones inspirándose en el modelo centralista francés. 1835 Desamortización de Mendizábal 1835 Se crea la denominada Junta Soberana de Andujar. Es disuelta el 19 de Octubre. 1836 Motines en Málaga, Cádiz y Córdoba

1840 En Casabermeja (Málaga) los trabajadores del campo ocupan y reparten tierras. 1844-1845 Creación de la Guardia Civil 1855 Desamortización de Madoz 1861 Se inicia una sublevación de carácter sociopolítico protagonizada por seis mil campesinos armados que ocupan Loja, Iznajar y Mollina 1864 Se funda en Londres la I Internacional 1866 Grave crisis financiera. 1868-1878 Cuba: primera fase de la guerra de independencia 1868-1890 Movimiento intelectual que investiga y profundiza en la etnicidad andaluza 1868 4 de Diciembre: Se inicia la «insurrección de las barricadas» encabezada por el movimiento republicano federalista andaluz 1869 Firma del Pacto Federal de Córdoba 1872 Congreso dela Internacional en Córdoba 1873 Proclamación de la I República en el España. 1873 Se inicia la "Revolución Cantonalista" liderada por el movimiento republicanofederalista andaluz. En agosto es sofocada por tropas militares, al mando del General Pavía. Manifiesto del Cantón Andaluz 1874: Golpe militar de Pavía y Martínez Barrios. Restauración de la monarquía borbónica 1881: Huelgas campesinas 1882 Grandes hambrunas. Se inicia un proceso de gran emigración, especialmente en Almería

1883 Reunión de la Asamblea de Antequera. Ratificación de la primera Constitución Andaluza. Sucesos y Proceso de la Mano Negra 1883: Octubre. Antequera: los republicanos federalistas aprueban el proyecto de Constitución de los Cantones Andaluces 1885 Epidemia de cólera. 1891 Agitación anarquista 1898 Independencia de Cuba

Siglo XX 1913 Blas Infante participa en Ronda en el primer Congreso Internacional Georgista (corriente del idealismo que propugnaba la conciliación de las clases sociales) 1914 :1ª Guerra Mundial 1914 Junio. Luchas obreras en Sevilla y Cádiz con gran protagonismo de las mujeres. Encarcelamientos masivos 1916 Se funda “Centros Andaluces”, encargados de difundir el ideario andalucista. 1917 Huelga general en las más importantes localidades andaluzas. Revolución de Octubre en la U.R.S.S 1918-1920 "Trienio bolchevique" andaluz. Importantes movilizaciones obreras y campesinas. 1918 Congreso-Asamblea de los andalucistas en Ronda. Se aprueban la bandera, símbolo andaluz creado en las guerras separatistas del siglo XVII, el escudo y el himno de Andalucía. 1919 Congreso-Asamblea en Córdoba. Manifiesto nacionalista

1931 Presentación de la Candidatura republicano-andalucista a las elecciones. Los Centros Andaluces se convierten en Juntas Liberalistas. 1931 14 de abril: se proclama la II República en España. Gran conflictividad sociolaboral. 1932 Movilizaciones obreras y campesinas. 1932 Octubre: congreso constituyente del Partido Autonomista Andaluz liderado por Ricardo Majó 1933 Radicalización de los enfrentamientos entre jornaleros y terratenientes. Sucesos de Casas Viejas (Cádiz) 1933 31 de Enero: Congreso-Asamblea de municipios andaluces en Córdoba. Elaboración de un anteproyecto de Estatuto de Autonomía, (nunca llegó a aprobarse por la llegada de la Guerra Civil). 1933 11 de Noviembre: Sucesos de Bujalance (Córdoba). Jornaleros armados se sublevan y ocupan el pueblo. Los enfrentamientos se prolongan durante varios días. 1934 Movilizaciones de trabajadores del campo. Huelga General 1935 El paro hace estragos en Andalucía, de forma especial en la Serranía de Cádiz y Córdoba 1936 Febrero: triunfo electoral del Frente Popular. Ocupación y reparto de tierras. 18 de Julio: "Guerra Civil". 11 de Agosto: asesinato de Blas Infante 1939-1945 2ª Guerra Mundial Décadas del 50-70 Emigración dos millones de andaluces. 1975 Muerte de Franco. Proclamación del Rey D..Juan Carlos I de Borbón. 1978 Instauración de un régimen de preautonomía, por Real Decreto 11/1978, de 11 de abril. Preside la Junta Preautonómica Plácido Fernández Viagas.

1980 28 de febrero: se aprueba en referéndum iniciar el proceso autonómico dentro del marco legal ofrecido por el art. 151 de la Constitución española 1981 20 de octubre: se aprueba en referéndum el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

2. EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA: PROCESO DE ELABORACIÓN, FUNDAMENTO, ESTRUCTURA Y CONTENIDO BÁSICO

El régimen preautonómico andaluz se estableció mediante Real Decreto-Ley 11/1978, de 11 de abril. Sobre las bases contenidas en la citada norma, la Junta preautonómica, presidida por Plácido Fernández Viagas, en reunión celebrada en el mes de junio, promover la iniciativa autonómica por la vía del artículo 151 de la Constitución. Sin embargo, Andalucía no reunía la condición de ser territorio histórico.

2.1. ELABORACIÓN La Constitución española de 1978 establece dos vías para acceder a la autonomía, a través de su Título VIII, concretamente en sus artículos 151 y 143, para aquellos territorios que reúnan cualquiera de los siguientes requisitos: • • •

Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes Los territorios insulares Las provincias con entidad regional histórica

Por tanto Andalucía, al cumplir los requisitos del primer apartado, cumplía los requisitos para constituirse en Comunidad Autónoma.

2.1.1. Vía Rápida o vía del artículo 151 Establece, en este sentido, el artículo 151 de la Constitución el procedimiento para que se constituyan en Comunidad Autónoma los territorios históricos. A diferencia de la denominada “vía lenta” o vía del Artículo 143, el acceso por este procedimiento permitía a los territorios autonómicos el máximo techo competencial desde un primer momento, y sin necesidad de realizar la reforma del estatuto, cuando pasaran cinco años desde su aprobación. Lo estudiamos a continuación.

A) Iniciativa La iniciativa del proceso autonómico será acordada además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los Municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y esa iniciativa debe ser ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia.

B) Procedimiento El procedimiento para la elaboración del Estatuto era el siguiente: El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva. Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los Plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como Ley. De no alcanzarse el acuerdo, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de Ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior. La no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la Constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada.

C) Proceso Andaluz Pues bien, Andalucía, a través de su Junta Preautonómica, decidió seguir esta vía para acceder a la autonomía, de modo que convocó un referéndum para realizar la ratificación de la iniciativa autonómica, con el acuerdo previo del 95% de los municipios y la totalidad de las Diputaciones implicadas. En el citado Referéndum, que fue celebrado el día 28 de Febrero de 1980, (día establecido como fiesta autonómica) se obtuvo la mayoría absoluta en todas las provincias andaluzas, a excepción de Almería. La situación se solucionó jurídicamente, con la modificación de la Ley 12/1980, de 16 de diciembre, de modificación de la ley de Referéndum y con la Ley Orgánica 13/1980, de 16 de diciembre, de sustitución de la iniciativa autonómica en Almería, por las Cortes Generales, en aplicación de la posibilidad contemplada en el artículo 144 CE La reforma introducidas posibilitaron la continuidad del proceso autonómico por la vía del artículo 151. El proceso contó con los siguientes pasos: La Comisión redactora del anteproyecto del Estatuto, concluyó sus trabajos el 12 de febrero de 1981. El texto aprobado fue remitido a la Asamblea de Parlamentarios andaluces, que lo aprobó en Córdoba el 1 de marzo de 1981. Posteriormente, se remitió a la Comisión Constitucional del Congreso el día 10 de marzo del mismo año. La Comisión Mixta, encargada de emitir dictamen sobre el proyecto, emitió el dictamen el día 30 de junio de 1981. El 20 de octubre de 1981, fue ratificado por el pueblo andaluz. El Congreso de los Diputados lo ratificó el 17 de diciembre de 1981. El Senado lo ratificó el 23 de diciembre de 1981. El Rey lo promulga como Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre. Fue publicado en el B.O.E. el 11 de enero de 1982. Fue publicado en el B.O.J.A el 1 de febrero de 1982.

2.2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS El fundamento jurídico para la elaboración y aprobación de un estatuto de autonomía andaluz, y por tanto para la constitución de Andalucía como una Comunidad Autónoma, toma sus raíces de la propia Constitución que en su artículo 2º reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran el territorio español, desarrollándose a lo largo del Título VIII (“Organización territorial del Estado”), las bases de su régimen jurídico.

2.3. FUNDAMENTO HISTÓRICO Por otra parte, las razones históricas del pueblo andaluz para constituirse en Comunidad Autónoma, se contemplan en el Preámbulo de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el estatuto de Autonomía para la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el citado Preámbulo, se establece la necesidad de recuperar la identidad del pueblo andaluz, conseguir una Andalucía libre y solidaria en el marco irrenunciable de la unida de todos los pueblos de España y la reivindicación de todos los andaluces de la autonomía y la posibilidad de decidir sobre su futuro.

2.4. ESTRUCTURA La Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se estructura en torno a un Título Preliminar y 6 Títulos más, que comprenden un total de 75 artículos. Contiene además 3 Disposiciones Finales, 6 Disposiciones Transitorias y 1 Disposición Final. El nombre y estructura interna de los Títulos citados es la siguiente: Título Preliminar. Disposiciones Generales. Artículos 1 al 12. Título I. Competencias de la Comunidad Autónoma. Artículos 13 al 23. Título II. Organización Institucional de la Comunidad. Artículos 24 al 46. Se divide, a su vez, en tres Capítulos, que son: •

Capítulo I. Parlamento Andaluz. Artículos 25 al 30.

•

Capítulo II. Elaboración de las normas. Artículos 31 al 33.

•

Capítulo III. El Consejo de Gobierno y el Presidente de la Junta. Artículos 34 al 46.

Título III. Administración de Justicia. Artículos 47 al 5. Título IV. Economía y Hacienda. Artículos 54 al 71. Título V. Relaciones con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Artículos 72 y 73. Título VI. Reforma del estatuto. Artículos 74 y 75.

2.5. CONTENIDO BÁSICO Al margen de los órganos institucionales de la Comunidad que se estudian en otros temas, el contenido básico del estatuto de autonomía se desarrolla a lo largo de los doce artículos de que se compone el Título Preliminar. A continuación nos dedicaremos a su estudio.

2.5.1. Fundamento estatutario Andalucía, como expresión de su identidad histórica y en el ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad, se constituye en Comunidad Autónoma, en el marco de la unidad indisoluble de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles.

2.5.2. Objetivos del estatuto El Estatuto de Autonomía aspira a hacer realidad los principios de libertad, igualdad y justicia para todos los andaluces, en el marco de igualdad y solidaridad con las demás nacionalidades y regiones de España.

2.5.3. Bases de los poderes autonómicos Los poderes de la Comunidad Autónoma emanan de la Constitución y del pueblo andaluz en los términos del Estatuto.

2.5.4. Territorio El territorio de Andalucía comprende el de los municipios de las actuales provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

2.5.5.Organización

A) El Municipio El municipio es la entidad territorial básica de la Comunidad Autónoma. Goza de personalidad jurídica propia y de plena autonomía en el ámbito de sus competencias. Su representación, gobierno y administración corresponden a los respectivos Ayuntamientos. La alteración de términos municipales y la fusión de municipios limítrofes se realizará de acuerdo con la legislación que dicte la Comunidad Autónoma en el marco de la legislación básica del Estado.

B) La Provincia La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios, y constituye, también, ámbito territorial para el desarrollo y gestión de las competencias y funciones de la Comunidad Autónoma. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. El gobierno y la administración autónoma de la provincia corresponden a la Diputación, como órgano representativo de la misma, con plena autonomía para la gestión de sus intereses específicos. Serán competencias de la Diputación las siguientes: •

Las que con carácter específico y para el fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia le vengan atribuidas por la legislación básica del Estado y por la legislación que dicte la Comunidad Autónoma en desarrollo de la misma.

•

Las que pueda delegarle para su ejercicio la Comunidad Autónoma, siempre bajo la dirección y el control de ésta.

En los términos de una Ley del Parlamento Andaluz y en el marco de la legislación del Estado, la Comunidad Autónoma articulará la gestión ordinaria de sus servicios periféricos propios a través de las Diputaciones Provinciales. La Ley establecerá los mecanismos de dirección y control por parte de la Comunidad. La Junta de Andalucía coordinará la actuación de las Diputaciones, en lo que se refiere a las competencias que, con carácter específico y para el fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia, le vengan atribuidas por la legislación básica del Estado y por la legislación que dicte la Comunidad Autónoma en desarrollo de la misma, en materias de interés general para Andalucía. La apreciación del interés general y las fórmulas de coordinación se establecerán por una Ley aprobada por mayoría absoluta del Parlamento de Andalucía y en el marco de lo que disponga la legislación básica del Estado. En todo caso, la Comunidad Autónoma coordinará los Planes provinciales de obras y Servicios.

C) Comarcas Por Ley del Parlamento Andaluz podrá regularse la creación de comarcas integradas por municipios limítrofes dentro de la misma provincia, atendiendo a sus características geográficas, económicas, sociales e históricas. Se requerirá en todo caso el acuerdo de los ayuntamientos afectados y la aprobación del Consejo de Gobierno.

2.5.6. Bandera de Andalucía La bandera de Andalucía es la tradicional formada por tres franjas horizontales -verde, blanca y verde- de igual anchura, tal como fue aprobada en la Asamblea de Ronda en 1918.

2.5.7. Himno y escudo Andalucía tiene himno y escudo propios, que serán aprobados definitivamente por Ley del Parlamento Andaluz, teniendo en cuenta los acuerdos dictados sobre tales extremos por la Asamblea de Ronda de 1918.

2.5.8. Capital de Andalucía La capital de Andalucía, sede del Gobierno y del Parlamento, será la ciudad que decida éste, por mayoría de dos tercios, en su primera sesión ordinaria. En dicha sesión se decidirá también la sede del Tribunal Superior de Justicia. La capitalidad fue establecida por medio de la Resolución del Parlamento de 30 de junio de 1982, estableciéndose en Sevilla como sede del Parlamento y del Consejo de Gobierno. Granada fue designada en la misma resolución como sede del Tribunal Superior de Justicia.

2.5.9. Condición política de Andaluces Gozan de la condición política de andaluces los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las Leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía. Como andaluces, gozan de los derechos políticos definidos en este Estatuto los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en Andalucía y acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de España. Gozarán también de estos derechos sus descendientes inscritos como españoles, si así lo solicitan, en la forma que determine la Ley del Estado.

2.5.10. Derechos y deberes Los derechos, libertades y deberes fundamentales de los andaluces son los establecidos en la Constitución. La Comunidad Autónoma garantiza el respeto a las minorías que residan en ella.

2.5.11. Comunidades andaluzas Las comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía podrán solicitar, como tales, el reconocimiento de la identidad andaluza entendida como el derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural del pueblo andaluz. Una Ley del Parlamento Andaluz regulará, sin perjuicio de las competencias del Estado, el alcance y contenido del reconocimiento a dichas comunidades que en ningún caso implicará la concesión de derechos políticos.

2.5.12. Derecho andaluz El derecho propio de Andalucía, constituido por las Leyes y normas reguladoras de las materias de competencia exclusiva de su Comunidad Autónoma, así como de las que con tal carácter le hayan sido transferidas en virtud del artículo 150.2 de la Constitución, es el aplicable con preferencia a cualquier otro en el territorio andaluz.

2.5.13. Territorialidad Las Leyes y normas emanadas de las instituciones de autogobierno de Andalucía, tendrán eficacia en su territorio.

2.5.14.Derecho estatal en Andalucía En todo caso, el derecho estatal tiene carácter supletorio del derecho propio de Andalucía. Cuando la competencia de la Comunidad Autónoma consista en el desarrollo o reglamentación de la legislación del Estado, las normas dictadas por aquélla serán de aplicación preferente a cualquier otra de igual naturaleza y rango.

2.5.15. Objetivos básicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía La Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá las condiciones para que: •

La libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas.

•

Removerá los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

•

Facilitará la participación de todos los andaluces en la vida política, económica, cultural y social.

La Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces, promoviendo la plena incorporación de ésta en la vida social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política. Para todo ello, la Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes con los siguientes objetivos básicos:

•

La consecución del Pleno empleo en todos los sectores de la producción y la especial garantía de puestos de trabajo para las jóvenes generaciones de andaluces.

•

El acceso de todos los andaluces a los niveles educativos y culturales que les permitan su realización personal y social. Afianzar la conciencia de identidad andaluza, a través de la investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad.

•

El aprovechamiento y la potenciación de los recursos económicos de Andalucía, como su agricultura, ganadería, minería, pesca, industria, turismo; promoción de la inversión pública y privada en Andalucía; así como la justa redistribución de la riqueza y la renta.

•

La superación de las condiciones económicas, sociales y culturales que determinan la emigración de los andaluces y, mientras ésta subsista, la asistencia a los emigrados para mantener su vinculación con Andalucía. En todo caso, se crearán las condiciones indispensables para hacer posible el retorno de los emigrantes y que éstos contribuyan con su trabajo al bienestar colectivo del pueblo andaluz.

•

El fomento de la calidad de vida del pueblo andaluz, mediante la protección de la naturaleza y del medio ambiente, y el desarrollo de los equipamientos sociales, con especial atención al medio rural.

•

La protección y realce del paisaje y del patrimonio histórico-artístico de Andalucía.

•

La superación de los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre las distintas áreas territoriales de Andalucía, fomentando su recíproca solidaridad.

•

La realización de un eficaz sistema de comunicaciones que potencie los intercambios humanos, culturales y económicos.

•

La constante promoción de una política de superación de los desequilibrios existentes entre los diversos territorios del Estado, en efectivo cumplimiento del principio constitucional de solidaridad.

•

El desarrollo industrial, como fundamento de crecimiento armónico de Andalucía.

•

La reforma agraria entendida como la transformación, modernización y desarrollo de las estructuras agrarias y como instrumento de una política de crecimiento, pleno empleo y corrección de los desequilibrios territoriales.

3. COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma, han sido negociadas por la Comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta de Andalucía, regulada en el Real Decreto 3825/1982, de 15 de diciembre.

3.1. DERECHO APLICABLE EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL El derecho aplicable en estos campos se regula en el artículo 10 de la Ley orgánica 6/1981, 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía para la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los siguientes términos: El derecho propio de Andalucía, constituido por las Leyes y normas reguladoras de las materias de competencia exclusiva de su Comunidad Autónoma, así como de las que con tal carácter le hayan sido transferidas en virtud del artículo 150.2 de la Constitución, es el aplicable con preferencia a cualquier otro en el territorio andaluz. En todo caso, el derecho estatal tiene carácter supletorio del derecho propio de Andalucía. Cuando la competencia de la Comunidad Autónoma consista en el desarrollo o reglamentación de la legislación del Estado, las normas dictadas por aquélla serán de aplicación preferente a cualquier otra de igual naturaleza y rango.

3.2. DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Se encuentran recogidas en los artículos 4 y 41 del estatuto de autonomía para Andalucía, en los términos que analizamos en este apartado. Siempre hay que tener en cuenta que todas las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma en el Estatuto se entienden referidas al ámbito territorial andaluz. En el caso de competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma: •

En el ejercicio de las competencias exclusivas de Andalucía corresponden al Parlamento la potestad legislativa y al Consejo de Gobierno la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en los términos del Estatuto.

En el caso de competencias de desarrollo legislativo y ejecución: •

En aquellas materias donde la competencia de la Comunidad consista en el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, compete al Consejo de Gobierno la potestad reglamentaria, así como la administración e inspección.

En el caso de competencias de ejecución: •

En las materias en que la Comunidad Autónoma sólo tenga competencias de ejecución, corresponde al Consejo de Gobierno la administración y la ejecución, así como, en su caso, la facultad de dictar reglamentos internos de organización de los servicios correspondientes, de conformidad con las normas reglamentarias de carácter general que, en desarrollo de su legislación, dicte el Estado.

3.3. ASUNCIÓN DE NUEVAS COMPETENCIAS El Estatuto de Autonomía en su artículo 21 establece que la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá solicitar en cualquier momento al Estado la transferencia o delegación de competencias que, aun no estando asumidas en el Estatuto, no estén atribuidas expresamente al Estado por la Constitución, y de aquellas otras que, atribuidas expresamente al Estado, por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación. En este último caso, la Ley Orgánica que se dicte en aplicación de lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Constitución determinará la correspondiente transferencia de recursos financieros, la necesaria asignación de medios personales y administrativos y las formas de control que se reserva el Estado. Por otra parte la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá dirigirse a las Cortes Generales para solicitar que las Leyes-marco que se aprueben en materia de competencia exclusiva del Estado atribuyan expresamente a la Comunidad Autónoma la facultad de dictar la correspondiente legislación de desarrollo.

3.4. CLASES DE COMPETENCIAS Para nuestro estudio seguiremos el esquema marcado por el propio estatuto de autonomía, a través de su Título I.

3.4.1. Competencias exclusivas La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: • • • •

Organización y estructura de sus instituciones de autogobierno. Organización y estructura de sus organismos autónomos. Régimen local, sin perjuicio de lo que dispone el número 18 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución. Procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de la Comunidad Autónoma.

• •

•

• •

•

•

•

• •

• •

• • • • • • • •

Normas y procedimientos electorales para la constitución de sus instituciones de autogobierno. Bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma, así como las servidumbres públicas en materia de su competencia. Montes, aprovechamientos, servicios forestales y vías pecuarias, marismas y lagunas, pastos, espacios naturales protegidos y tratamiento especial de zonas de montaña, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 23, apartado 1 del artículo 149 de la Constitución. Política territorial: ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda. Las obras públicas de interés para la Comunidad Autónoma de Andalucía cuya realización no afecte a otra Comunidad Autónoma, y siempre que no tenga la calificación legal de interés general del Estado. Los ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolla íntegramente en territorio andaluz y en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios por vía fluvial o por cable. Puertos, aeropuertos y helipuertos que no tengan la calificación legal de interés general del Estado. Puertos de refugio, puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales. Recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las aguas transcurran únicamente por Andalucía. Aguas subterráneas cuando su aprovechamiento no afecte a otro territorio. Aguas minerales y termales. Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando este transporte no salga de Andalucía y su aprovechamiento no afecte a otro territorio. Establecimiento y ordenación de centros de contratación de mercancías y valores de conformidad con la legislación mercantil. Ferias y mercados interiores. Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y Cámaras Agrarias, Cámaras de la Propiedad Urbana y Cofradías de Pescadores, Cámaras Mineras y otras de naturaleza equivalente; denominaciones de origen y sus Consejos Reguladores, sin perjuicio de la competencia del Estado en materia de comercio exterior prevista en el artículo 149.1.10 de la Constitución. Todo ello en el marco de lo que establezca la legislación básica del Estado, reguladora de las Corporaciones de Derecho Público. Promoción y ordenación del turismo. La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial y lacustre. Artesanía. Cooperativas, Pósitos y Mutuas no integradas en el sistema de la Seguridad Social, respetando la legislación mercantil. Sanidad e higiene sin perjuicio de lo que establece el artículo 149.1.16, de la Constitución. Asistencia y servicios sociales. Orientación y planificación familiar. Instituciones Públicas de protección y tutela de menores respetando la legislación civil, penal y penitenciaria. Colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución.

•

• •

•

•

• • • • • •

Fundaciones y asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico asistencial y similares, que desarrollen principalmente sus funciones en Andalucía. Promoción y fomento de la cultura en todas su manifestaciones y expresiones, sin perjuicio del artículo 149.2 de la Constitución. Patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el número 28 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución. Archivos, museos bibliotecas y demás colecciones de naturaleza análoga que no sean de titularidad estatal. Conservatorios y Centros de Bellas Artes de interés para la Comunidad Autónoma. Investigación y sus instituciones, sin perjuicio de lo establecido en el número 15 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución. Academias con sede central en Andalucía. Promoción de actividades y servicios para la juventud y la tercera edad. Desarrollo comunitario. Deporte y ocio. Publicidad y espectáculos, sin perjuicio de las normas del Estado. Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las apuestas mutuas deportivo benéficas. Estadísticas para fines de la Comunidad Autónoma. Las restantes materias que con este carácter, y mediante Ley Orgánica, sean transferidas por el Estado.

3.4.2. Competencias en relación con la policía andaluza Aunque este artículo hasta el momento, no ha sido hecho efectivo compete a la Comunidad Autónoma de Andalucía la creación de un Cuerpo de Policía Andaluza que, sin perjuicio de las funciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado, y dentro del marco de la correspondiente Ley Orgánica, desempeñe las que le sean propias bajo la directa dependencia de la Junta de Andalucía. Compete asimismo a la Comunidad Autónoma de Andalucía la coordinación de las policías locales andaluzas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales. Se creará la Junta de Seguridad, que con representación paritaria del Gobierno y de la Junta de Andalucía coordine la actuación de la Policía Autónoma con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

3.4.3. Competencias de desarrollo legislativo y ejecución Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco de la regulación general del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes materias:

• • • •

• • • •

Régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y régimen estatutario de sus funcionarios. Expropiación forzosa. Contratos y concesiones administrativas: sistema de responsabilidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ordenación del crédito, la Banca y los seguros. Reserva al sector público de recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolios, e intervención de empresas cuando lo exija el interés general. Régimen minero y energético. Ordenación del sector pesquero. Puertos pesqueros. Medio ambiente. Higiene de la contaminación biótica y abiótica. Las restantes materias que con este carácter, y mediante Ley del Estado, le sean transferidas.

Corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo del sistema de consultas populares locales en el ámbito de Andalucía, de conformidad con lo que dispongan las Leyes a que se refiere el apartado 3 del artículo 92 y el número 1 y 32 del artículo 149.1 de la Constitución, correspondiendo al Estado la autorización de su convocatoria. En el marco de las normas básicas del Estado, corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de Radiodifusión y Televisión en los términos y casos establecidos en la Ley que regula el Estatuto Jurídico de la Radio y Televisión. Igualmente le corresponde, en el marco de las normas básicas del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de prensa y, en general, de todos los medios de comunicación social. En los términos establecidos en los apartados anteriores, la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá regular, crear y mantener su propia televisión, radio y prensa y, en general, todos los medios de comunicación social para el cumplimiento de sus fines.

3.4.4. Competencias ejecutivas Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias: • •

• • •

Penitenciarias. Laboral, con las facultades y servicios propios de la Administración respecto de las relaciones laborales, sin perjuicio de la alta inspección del Estado y de lo establecido en el artículo 149.1.2 de la Constitución. Propiedad intelectual e industrial. Museos, Archivos, Bibliotecas y otras colecciones de naturaleza análoga de titularidad estatal. Ferias internacionales que se celebren en Andalucía.

• • •

• • • •

Vertidos industriales y contaminantes en las aguas territoriales correspondientes al litoral andaluz. Puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa. Ordenación del transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, aunque discurran sobre las infraestructuras de titularidad estatal a que hace referencia el número 21 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, sin perjuicio de la ejecución directa que se reserve el Estado. Nombramiento de Agentes de Cambio y Bolsa y Corredores de Comercio e intervención en la fijación de las demarcaciones correspondientes. Pesas y medidas; contrastes de metales. Salvamento marítimo en el litoral andaluz. Las restantes cuya ejecución se acuerde por Ley Orgánica.

3.4.5. Competencias económicas Corresponde a la Comunidad Autónoma Andaluza, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y la política monetaria del Estado y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149. 1. 11 y 13 de la Constitución, la competencia exclusiva sobre las siguientes materias: • • • •

•

• • • • •

Fomento y planificación de la actividad económica en Andalucía. Sector público económico de la Comunidad Autónoma, en cuanto no está contemplado por otras normas de este Estatuto. Instituciones de crédito corporativo, público y territorial. Cajas de Ahorro y Cajas. Agricultura y ganadería, competencias relativas a la reforma y desarrollo del sector agrario y a la mejora y ordenación de las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales. Industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés militar, y las normas relacionadas con las industrias que estén sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear. Queda reservada a la competencia exclusiva del Estado la autorización para la transferencia de tecnología extranjera. Comercio interior. Defensa del consumidor y el usuario, sin perjuicio de la política general de precios y de la legislación sobre defensa de la competencia. Desarrollo y ejecución en Andalucía de: Los planes establecidos por el Estado para la reestructuración de sectores económicos. Programas genéricos para Andalucía estimuladores de la ampliación de actividades productivas e implantación de nuevas empresas. Programas de actuación referidos a comarcas deprimidas o en crisis.

Andalucía participará en la gestión del sector público estatal en los casos y actividades que procedan.

Además en el Título IV dedicado a la economía y la hacienda, (artículos 54 a 71) se recogen las siguientes facultades de la Comunidad Autónoma Andaluza: • •

•

• • • •

•

Corresponde a la Comunidad Autónoma la tutela financiera de los Entes Locales. Corresponde al Consejo de Gobierno la elaboración y aplicación del presupuesto de la Comunidad Autónoma y al Parlamento su examen, enmienda, aprobación y control. Corresponden al Parlamento la potestad de establecer los impuestos, tasas, contribuciones especiales y exacciones no fiscales, así como la fijación de recargos. La Comunidad Autónoma podrá emitir deuda pública para financiar gastos de inversión con arreglo a una Ley del Parlamento. La Comunidad Autónoma podrá realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con objeto de cubrir sus necesidades transitorias de tesorería. La Comunidad Autónoma podrá realizar ciertas operaciones de crédito, por plazo superior a un año. La Comunidad Autónoma de acuerdo con lo que establezcan las Leyes del Estado, designará sus propios representantes en los organismos económicos, las instituciones financieras y las empresas públicas del Estado cuya competencia se extienda al territorio de Andalucía y que por su naturaleza no sean susceptibles de traspaso. La Comunidad Autónoma podrá constituir empresas publicas para la ejecución de funciones de su competencia.

3.4.6. Competencias educativas Corresponde a la Comunidad Autónoma la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 (Derecho a la educación) la Constitución y Leyes Orgánicas lo desarrollen; de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía. Los poderes de la Comunidad Autónoma velarán porque los contenidos de la enseñanza e investigación en Andalucía guarden una esencial conexión con las realidades, tradiciones, problemas y necesidades del pueblo andaluz.

3.4.7. Competencias en materia de Seguridad Social Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior. En materia de Seguridad Social corresponderá a la Comunidad Autónoma:

• • •

El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma. La gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Corresponderá también a la Comunidad Autónoma de Andalucía la ejecución de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos.

La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá organizar y administrar a tales fines, y dentro de su territorio, todos los servicios relacionados con las materias antes expresadas y ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y funciones en materia de sanidad y Seguridad Social, reservándose el Estado la alta inspección conducente al cumplimiento de las funciones y competencias contenidas en este artículo. La Comunidad Autónoma de Andalucía ajustará el ejercicio de las competencias que asuma en materia de sanidad y de Seguridad Social a criterios de participación democrática de todos los interesados, así como de los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales en los términos que la Ley establezca.

4. REFORMA DEL ESTATUTO Se regula en el Título VI de la Ley orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, artículos 74 y 75. 4.1. TIPOS DE REFORMA Se recogen en el estatuto dos tipos: procedimiento ordinario y procedimiento especial. 4.1.1. Procedimiento ordinario

A) Iniciativa La iniciativa de la reforma corresponderá al Consejo de Gobierno o al Parlamento Andaluz, a propuesta de una tercera parte de sus miembros, o a las Cortes Generales.

B) Aprobación La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación del Parlamento Andaluz por mayoría de tres quintos, la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores andaluces. La Ley Orgánica que apruebe la reforma del Estatuto establecerá el plazo dentro del cual el Gobierno de la nación deberá autorizar la convocatoria del referéndum.

C) Supuestos de no aprobación Si la propuesta de reforma no es aprobada por el Parlamento o por las Cortes Generales, o no es confirmada mediante referéndum del cuerpo electoral, no podrá ser sometida nuevamente a debate y votación del Parlamento hasta que haya transcurrido un año.

4.1.2. Procedimiento especial

A) Supuestos de aplicación Se aplica cuando la reforma tuviera por objeto la simple alteración de la organización de los poderes de la Comunidad Autónoma y no afectare a las relaciones de ésta con el Estado.

B) Procedimiento El procedimiento a seguir es el siguiente: •

1º. Elaboración del proyecto de reforma por el Parlamento de Andalucía.

•

2º. Consulta a las Cortes Generales.

•

3º-Si en el plazo de treinta días, a partir de la recepción de la consulta prevista en el apartado anterior, las Cortes Generales no se declarasen afectadas por la reforma, se convocará, debidamente autorizado, un referéndum sobre el texto propuesto.

•

4º- Se requerirá finalmente la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.

Si en el plazo señalado en el apartado 3º las Cortes Generales se declarasen afectadas por la reforma, ésta habrá de seguir el procedimiento ordinario, dándose por cumplidos los trámites de iniciativa y aprobación requeridos en el procedimiento ordinario.

TEMA 5 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, EL CONSEJO DE GOBIERNO. EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE ANDALUCÍA. LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA. EL CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

1. EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

1.1. REGULACIÓN

La regulación básica del Parlamento Andaluz se contiene en las siguientes normas:

-

Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, Estatuto de Autonomía para Andalucía

-

Reglamento del Parlamento Andaluz Aprobado por el Pleno del Parlamento de Andalucía (en sesión celebrada los días 18,19 y 20 de abril de 1995), mediante Resolución de 26 de abril de 1995 y modificado por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada el día 16 de julio de 1996.

1.2. CARACTERÍSTICAS A tenor de lo establecido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, las características básicas del Parlamento andaluz son las siguientes:

-

El Parlamento de Andalucía representa al pueblo andaluz

-

El Parlamento de Andalucía es inviolable

1.3. COMPOSICIÓN Y MANDATO

El Parlamento estará compuesto por 90 a 110 Diputados, fijándose el número de Diputados en 109, por el artículo 17 de la Ley Electoral de Andalucía de 2 de enero de 1986, elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. Los miembros del Parlamento representan a toda Andalucía y no están sujetos a mandato imperativo.

El Parlamento es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección.

La circunscripción electoral es la provincia. Una Ley del Parlamento andaluz distribuirá el número total de Diputados. Ninguna provincia tendrá más del doble de Diputados que otra. La elección se verificará atendiendo a criterios de representación proporcional. Se utilizará para ello el mismo sistema que rija para las elecciones al Congreso de los Diputados.

Las elecciones tendrán lugar entre los treinta y sesenta días posteriores a la expiración del mandato Los Diputados electos deberán ser convocados para la sesión constitutiva del Parlamento dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

Serán electores y elegibles todos los andaluces mayores de dieciocho años que estén en pleno goce de sus derechos políticos. La Comunidad Autónoma facilitará el ejercicio del derecho de voto a los andaluces que se encuentren fuera de Andalucía.

Una Ley del Parlamento Andaluz regulará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad para las elecciones al mismo.

1.3.1. Sesión constitutiva del Parlamento

Celebradas las elecciones al Parlamento de Andalucía, éste se reunirá, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 28.3 del Estatuto de Autonomía, en sesión constitutiva el día y hora señalados en el Decreto de convocatoria.

La sesión constitutiva será presidida, inicialmente, por el Diputado electo de mayor edad de los presentes, asistido, en calidad de Secretarios, por los dos más jóvenes.

El Presidente declarará abierta la sesión y uno de los Secretarios dará lectura al Decreto de convocatoria, a la relación de Diputados electos y a los recursos contenciosoelectorales interpuestos, con indicación de aquellos que pudieran quedar afectados por la resolución de los mismos.

Se procederá seguidamente a la elección de la Mesa del Parlamento.

Concluidas las votaciones, los elegidos ocuparán sus puestos. El Presidente electo prestará y solicitará de los demás Diputados el juramento o la promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía; a tal efecto serán llamados por orden alfabético. El Presidente declarará constituido el Parlamento de Andalucía y, seguidamente, levantará la sesión.

La constitución del Parlamento será comunicada por su Presidente al Rey, al Senado, al Presidente de la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación.

1.4. LOS DIPUTADOS DEL PARLAMENTO ANDALUZ

Los Diputados gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo.

Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Andalucía, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y

juicio al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Fuera de dicho territorio, la responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

1.4.1. Adquisición de la condición de Diputado

El Diputado proclamado electo adquirirá la condición plena de Diputado por el cumplimiento conjunto de los siguientes requisitos:

1.º Presentar, en el Registro General del Parlamento, la credencial expedida por el correspondiente órgano de la Administración electoral.

2.º Cumplimentar su declaración, a efectos del examen de incompatibilidades, reflejando los datos relativos a profesión y cargos públicos que desempeñe.

3.º Efectuar declaración de bienes, intereses y actividades, y presentar copia de su declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre el patrimonio, para su inscripción en el Registro de Intereses.

4.º Prestar, en la primera sesión del Pleno a que asista, la promesa o el juramento de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, si no lo hubiera hecho en la sesión constitutiva.

Los derechos y prerrogativas serán efectivos desde el momento mismo en que el Diputado sea proclamado electo. Sin embargo, celebradas tres sesiones plenarias sin que el Diputado adquiera la condición de tal, conforme al número uno precedente, la Mesa declarará la suspensión de los derechos y prerrogativas hasta que dicha adquisición se produzca. La Mesa, no obstante, podrá, excepcionalmente, apreciar causa de fuerza mayor debidamente acreditada y otorgar un nuevo plazo al efecto.

1.4.2. Derechos de los Diputados

Los Diputados tendrán el derecho de asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno del Parlamento y de las Comisiones de las que formen parte. Podrán asistir sin voto a las sesiones de las Comisiones de que no formen parte.

Los Diputados tendrán derecho a formar parte, al menos, de una Comisión y a ejercer las facultades y desempeñar las funciones que el Reglamento les atribuye.

Para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los Diputados, previo conocimiento de su respectivo Grupo parlamentario, tendrán la facultad de recabar de las Administraciones públicas de la Junta de Andalucía los datos, informes o documentos administrativos consecuencia de actuaciones realizadas por dichas Administraciones. Si el volumen de la documentación dificultase la remisión de copia de la misma, el órgano administrativo competente facilitará el acceso del Diputado a la documentación solicitada para que tome las notas que considere oportunas.

La solicitud se dirigirá en todo caso por medio de la Presidencia del Parlamento, y la Administración requerida deberá facilitar la documentación solicitada o manifestar al Presidente del Parlamento, en plazo no superior a treinta días y para su traslado al solicitante, las razones fundadas en Derecho que lo impidan.

También podrá solicitar el Diputado, por conducto de la Presidencia y previo conocimiento de su portavoz, información de autoridades, organismos e instituciones de la Administración del Estado. Igualmente podrá solicitar información de la Administración local, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

Los Diputados también tienen derecho a recibir, directamente o a través de los Servicios Parlamentarios, la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus tareas. Los Servicios Generales de la Cámara tienen la obligación de facilitárselas.

Los Diputados tendrán derecho a las retribuciones fijas y periódicas, así como a las ayudas e indemnizaciones por gastos, necesarias para poder cumplir eficaz y dignamente sus funciones.

Todas las percepciones de los Diputados estarán sujetas a las normas tributarias de carácter general.

La Ley Electoral de Andalucía determinará las causas de incompatibilidad de los Diputados que sean de aplicación por las remuneraciones que perciban.

La Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces, fijará cada año la cuantía de las retribuciones fijas y periódicas, así como de las ayudas e indemnizaciones de los Diputados, y sus modalidades, dentro de las correspondientes consignaciones presupuestarias.

Correrá a cargo del presupuesto del Parlamento de Andalucía el abono de las cotizaciones a la Seguridad Social, y en su caso a las Mutualidades, de aquellos Diputados que perciban retribuciones fijas y periódicas.

En los términos que se establezcan en los convenios suscritos con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Parlamento de Andalucía, con cargo a su presupuesto, abonará las cotizaciones de los Diputados que, como consecuencia de su dedicación parlamentaria, dejen de prestar el servicio que motivaba su afiliación y alta en el régimen correspondiente del sistema de la Seguridad Social y hubiesen optado por no recibir retribución fija y periódica alguna.

De igual modo, y siempre que así se solicite por el Diputado y no le corresponda el abono a su Administración de origen, correrá a cargo del Parlamento de Andalucía el abono de las cuotas de Clases Pasivas y de la Mutualidad correspondiente de aquellos Diputados que tengan la condición de funcionarios públicos y que, por su dedicación parlamentaria, estén en situación de servicios especiales y hayan optado por no recibir del Parlamento de Andalucía retribución fija y periódica alguna.

1.4.3. Prerrogativas parlamentarias

Los Diputados gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo.

Los Diputados gozarán de inmunidad en los términos del artículo 26.3, párrafo segundo, del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

El Presidente del Parlamento, una vez conocida la detención de un Diputado, o cualquier otra actuación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio de su función parlamentaria, adoptará de inmediato cuantas medidas estime convenientes, en orden a salvaguardar los derechos y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros.

1.4.4. Deberes de los Diputados

Los Diputados tendrán el deber de asistir a las sesiones del Pleno del Parlamento y de las Comisiones de que formen parte.

Los Diputados están obligados a adecuar su conducta al Reglamento y a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarios, así como a no divulgar las actuaciones que, según lo dispuesto en aquél, puedan tener excepcionalmente el carácter de secretas. Reglamento del Parlamento de Andalucía

Los Diputados no podrán invocar o hacer uso de su condición de parlamentarios para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional, ni para la colaboración con fines lucrativos propios en el ejercicio por terceros de dichas actividades ante las Administraciones públicas.

Todo miembro del Parlamento que se ocupe, directamente en el marco de su profesión o en el de una actividad remunerada, de una cuestión que sea objeto de debate en el Pleno o en una Comisión lo manifestará con anterioridad al inicio de su intervención.

Los Diputados estarán obligados a formular, para adquirir la plena condición de Diputado, declaración de bienes e intereses, así como de sus actividades, y presentar copia de su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio.

Las declaraciones sobre bienes, intereses y actividades, así como las copias de las declaraciones liquidaciones tributarias relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre el Patrimonio, pasarán a formar parte de un Registro de Intereses, constituido en la Cámara bajo la dependencia directa de su Presidente y custodiado por el Letrado Mayor, y estarán a disposición de la Comisión del Estatuto de los Diputados cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.

El Registro de Intereses, en cuanto se refiere a bienes patrimoniales, intereses y actividades, tendrá carácter público y será accesible a cualquier persona física o jurídica que lo solicite motivadamente mediante escrito dirigido a la Mesa del Parlamento de Andalucía.

Las declaraciones de bienes, intereses y actividades deberán actualizarse siempre que existan circunstancias modificativas de las mismas. Antes del 1 de agosto de cada año natural deberán incorporarse al Registro de Intereses las autoliquidaciones tributarias del último ejercicio económico declarado.

Los Diputados deberán observar, en todo momento, las normas incompatibilidades establecidas en la Constitución, en el Estatuto y en las leyes.

sobre

La Comisión del Estatuto de los Diputados elevará al Pleno sus propuestas sobre la situación de incompatibilidad de cada Diputado en el plazo de veinte días siguientes, contados a partir de la plena asunción por el mismo de la condición de Diputado o de la comunicación que, obligatoriamente, habrá de realizar de cualquier alteración en la declaración formulada a efectos de incompatibilidades.

Declarada y notificada la incompatibilidad, el Diputado incurso en ella tendrá ocho días para optar entre el escaño y el cargo incompatible. Si no ejercitara la opción en el plazo señalado, se entenderá que renuncia a su escaño.

1.4.5. Suspensión y pérdida de la condición de Diputado

El Diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios en los casos en que así proceda, por aplicación de las normas de disciplina parlamentaria establecidas en el presente Reglamento, cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria.

Son causas de pérdida de la condición de Diputado:

1-

La anulación de la elección o de la proclamación del Diputado mediante sentencia judicial firme.

2- La condena a pena de inhabilitación absoluta o especial para cargo público, establecida por sentencia judicial firme. 3- El fallecimiento o incapacitación del Diputado, declarada por decisión judicial firme. 4- La extinción del mandato al expirar su plazo o disolverse la Cámara, sin perjuicio de la prórroga en sus funciones de los miembros, titulares y suplentes, de la Diputación Permanente, hasta la constitución de la nueva Cámara. 5-

La renuncia del Diputado, presentada personalmente ante la Mesa del Parlamento. Reglamento del Parlamento de Andalucía

1.5. FUNCIONES DEL PARLAMENTO ANDALUZ

Corresponde al Parlamento de Andalucía:

2.

El ejercicio de la potestad legislativa propia de la Comunidad Autónoma, así como el de las facultades normativas atribuidas a la misma en su caso, de acuerdo con los apartados 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución.

3.

El ejercicio de la potestad legislativa para la ejecución, en su caso, de las Leyes estatales.

4.

El control de la acción del Consejo de Gobierno.

5.

La aprobación de los Presupuestos.

6.

La aprobación de los Planes Económicos.

7.

La ordenación básica de los órganos y servicios de la Comunidad Autónoma.

8.

El control de los medios de comunicación social dependientes de la Comunidad Autónoma.

9.

La potestad de establecer y exigir tributos.

10. La elección del Presidente de la Junta. 11. La apreciación, en su caso, de la incapacidad del Presidente. 12. La presentación de proposiciones de Ley al Congreso de los Diputados en los términos del artículo 87 de la Constitución. 13. La designación de los Senadores que correspondan a la Comunidad Autónoma de acuerdo con el artículo 69.5. de la Constitución. Los Senadores serán designados en proporción al número de miembros de los Grupos políticos representados en el Parlamento. Su mandato en el Senado estará vinculado a su condición de Diputados del Parlamento Andaluz. 14. Las restantes que se deriven de este Estatuto y sus Leyes.

1.6. ORGANIZACIÓN INTERNA

Son órganos del Parlamento andaluz:

1.

La Mesa

2.

La Junta de Portavoces

3.

Las Comisiones

4.

El Pleno

5.

La Diputación Permanente

1.6.1. La Mesa

A) Funciones de la Mesa y de sus miembros

La Mesa es el órgano rector de la Cámara y ostenta la representación colegiada de ésta en los actos a los que asista.

La Mesa estará compuesta por el Presidente del Parlamento, tres Vicepresidentes y tres Secretarios.

El Presidente dirige y coordina la acción de la Mesa.

Corresponden a la Mesa las siguientes funciones:

-

1º. Adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la organización del trabajo y el régimen y gobierno interior de la Cámara.

-

2º. Elaborar el proyecto de presupuesto del Parlamento y dirigir su ejecución.

-

3º. Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal al servicio de la Cámara, las plantillas y la determinación de funciones correspondientes a cada uno de dichos puestos.

-

4º. Aprobar las bases que regulen el acceso del personal al Parlamento.

-

5º. Autorizar los gastos de la Cámara.

-

6º. Calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos.

-

7º. Decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de índole parlamentaria, de acuerdo con las normas establecidas en el Reglamento.

-

8º. Programar las líneas generales de actuación de la Cámara, fijar el calendario de actividades del Pleno y de las

-

Comisiones para cada período de sesiones y coordinar los trabajos de sus distintos órganos, todo ello de acuerdo con la Junta de Portavoces.

-

9º. Cualesquiera otras que le encomiende el presente Reglamento y las que no estén atribuidas a un órgano específico.

Si un Diputado o Grupo parlamentario con interés directo y legítimo discrepara de la decisión adoptada por la Mesa en el ejercicio de las funciones a que se refieren los puntos 6º y 7º del apartado anterior, podrá solicitar su reconsideración dentro de los tres días siguientes a la notificación del acuerdo. La Mesa decidirá definitivamente, mediante resolución motivada, dentro de los ocho días siguientes al de la interposición del recurso.

La presentación del recurso suspenderá la correspondiente tramitación.

La Mesa no admitirá a trámite el recurso si en acto recurrido ha perdido su condición originaria al haber sido votado en Comisión o en Pleno.

El Presidente del Parlamento ostenta la representación de la Cámara, asegura la buena marcha de los trabajos, dirige los debates, mantiene el orden de los mismos y ordena los pagos, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir.

Corresponde al Presidente cumplir y hacer cumplir el Reglamento, interpretándolo en los casos de duda y supliéndolo en los de omisión. Cuando en el ejercicio de esta función supletoria se propusiera dictar una resolución de carácter general, deberá mediar el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces.

El Presidente desempeña asimismo todas las demás funciones que le confieren el Estatuto de Autonomía y el presente Reglamento.

Los Vicepresidentes, por su orden, sustituyen al Presidente ejerciendo sus funciones en caso de vacante, ausencia o imposibilidad de éste. Desempeñan, además, cualesquiera otras funciones que les encomiende el Presidente o la Mesa.

Los Secretarios supervisan y autorizan, con el visto bueno del Presidente, las actas de las sesiones plenarias, de la Mesa y de la Junta de Portavoces, así como las certificaciones que hayan de expedirse asisten al Presidente en las sesiones para asegurar el orden en los debates y la corrección en las votaciones, colaboran al normal desarrollo de los trabajos de la Cámara según las disposiciones del Presidente y ejercen, además, cualesquiera otras funciones que les encomiende el Presidente o la Mesa.

La Mesa se reunirá a convocatoria del Presidente y estará asesorada por el Letrado Mayor, quien redactará el acta de las sesiones y cuidará, bajo la dirección del Presidente, de la ejecución de los acuerdos.

El nombramiento de Letrado Mayor se realizará por la Mesa, a propuesta del Presidente, entre los letrados del Parlamento.

B) Elección de los miembros de la Mesa

El Pleno elegirá a los miembros de la Mesa en la sesión constitutiva del Parlamento.

Se procederá a una nueva elección de los miembros de la Mesa cuando las sentencias recaídas en los recursos contencioso-electorales supusieran cambios en la titularidad de más del diez por cien de los escaños de la Cámara, o la pérdida de la mayoría absoluta para un Grupo parlamentario. Dicha elección tendrá lugar una vez que los nuevos Diputados hayan adquirido la plena condición de tales.

Las votaciones para la elección de es(os cargos se harán por medio de papeletas que los Diputados entregarán al Presidente de la Mesa de Edad para que sean depositadas en la urna preparada con dicha finalidad.

Las votaciones de Presidente, Vicepresidentes y Secretarios se harán sucesivamente.

Concluida cada votación, se procederá al escrutinio. El Presidente de la Mesa de Edad leerá en alta voz las papeletas y las entregará a un Secretario para su comprobación.

El otro Secretario tomará nota de los resultados de la votación, así como de todos los incidentes que se hubieran producido durante la misma.

Para le elección de Presidente cada Diputado escribirá un solo nombre en la papeleta, y resultará elegido el que obtenga la mayoría absoluta. Si no la hubiera, se repetirá la elección entre los dos Diputados que se hayan acercado más a la mayoría, y resultará

elegido el que obtenga el mayor número de votos. En caso de empate, se celebrarán sucesivas votaciones entre los candidatos igualados en votos, y si el empate persistiera después de cuatro votaciones, se considerará elegido el candidato propuesto individual o conjuntamente por los partidos, coaliciones o grupos con mayor respaldo electoral, atendiendo incluso al criterio de lista más votada en las elecciones.

Para la elección de los tres Vicepresidentes, cada Diputado escribirá un nombre en la papeleta y resultarán elegidos los que por orden correlativo obtengan la mayoría de votos.

De la misma forma será elegidos los tres Secretarios.

Si en alguna votación se produjese empate, se celebrarán sucesivas votaciones entre los candidatos igualados en votos hasta que el empate quede dirimido.

Ningún partido, federación, coalición o agrupación de electores podrá presentar más de un candidato para cada uno de los puestos de la Mesa.

Una vez concluidas las votaciones, quienes hayan resultado elegidos ocuparán sus puestos.

Todos los partidos, federaciones y coaliciones que habiendo concurrido a las anteriores elecciones hubieran obtenido en las mismas representación suficiente para constituir Grupo Parlamentario, tendrán derecho a estar presentes en la Mesa.

Las vacantes que se produzcan en la Mesa durante la legislatura serán cubiertas en la forma establecida anteriormente, adaptados en sus previsiones a la realidad de las vacantes que se deban cubrir.

1.6.2. De la Junta de Portavoces

Los portavoces de los Grupos parlamentarios constituyen la Junta de Portavoces, que se reunirá bajo la presidencia del Presidente del Parlamento. Este la convocará a iniciativa propia, a petición de dos Grupos parlamentarios o de la décima parte de los miembros de la Cámara. La Junta de Portavoces se reunirá, al menos, quincenalmente durante los períodos ordinarios de sesiones.

De las convocatorias de la Junta de Portavoces se dará cuenta al Consejo de Gobierno para que envíe, si lo estima oportuno, un Consejero o alto cargo en quien éste delegue, que podrá estar acompañado, en su caso, por la persona que lo asista.

Deberán asistir a las reuniones de la Junta, al menos, un Vicepresidente, un Secretario de la Cámara y el Letrado Mayor o, en su defecto, un letrado de la Cámara. Los portavoces o sus adjuntos podrán estar acompañados de un miembro de su Grupo parlamentario.

Las decisiones de la Junta de Portavoces se adoptarán siempre atendiendo al criterio de voto ponderado.

Sin perjuicio de las funciones que el presente Reglamento le atribuye, la Junta de Portavoces será previamente oída para:

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1º. Fijar los criterios que contribuyan a ordenar y facilitar los debates y las tareas del Parlamento.

-

2º. Decidir la Comisión competente para conocer de los proyectos y proposiciones de ley.

-

3º. Fijar el número de miembros de cada Grupo parlamentario que deberán formar las Comisiones.

-

4º. Asignar los escaños en el salón de sesiones a los diferentes Grupos parlamentarios.

1.6.3. Las Comisiones

Las Comisiones, salvo precepto en contrario, estarán formadas por los miembros que designen los Grupos parlamentarios en el número que, respecto de cada uno, indique la Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces, y en proporción a la importancia numérica de aquéllos en la Cámara. Todos los Grupos parlamentarios tienen derecho a contar, como mínimo, con un representante en cada Comisión.

Los Grupos parlamentarios pueden sustituir a uno o varios de sus miembros adscritos a una Comisión por otro u otros del mismo Grupo, previa comunicación por escrito al Presidente del Parlamento. Si la sustitución fuera sólo para un determinado asunto, debate o sesión, la comunicación se hará verbalmente o por escrito al Presidente de la Comisión y si en ella se indicara que tiene carácter meramente eventual, el Presidente admitirá como miembro de la Comisión, indistintamente, al sustituto o al sustituido.

Los miembros del Consejo de Gobierno podrán asistir con voz a las Comisiones, pero sólo podrán votar en aquellas de las que formen parte.

Las Comisiones eligen de entre sus miembros una Mesa, compuesta por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.

La elección se verificará de acuerdo con la normativa de elección de la Mesa del Parlamento, adaptada al número de puestos que se pretenden cubrir.

Las Comisiones serán convocadas por su Presidente, por iniciativa propia o a petición de dos Grupos parlamentarios o de la décima parte de los miembros de la Comisión. La Mesa de la Comisión se reunirá, al menos, una vez al mes. De la convocatoria se dará cuenta a la Presidencia del Parlamento, a efectos de la coordinación de los trabajos parlamentarios.

El Presidente del Parlamento podrá convocar y presidir cualquier Comisión, aunque sólo tendrá voto en aquellas de las que forme parte.

Las Comisiones se entenderán válidamente constituidas en sesión plenaria cuando cuenten, además de con Presidente y Vicepresidente o Secretario, con la presencia de la mitad más uno de sus miembros.

En el supuesto de que por inasistencia de dos miembros de la Mesa de una Comisión ésta no pudiera constituirse, la Comisión, para esa única sesión, y con el fin de que la misma pueda celebrarse, podrá elegir de entre sus miembros presentes un sustituto que haga las veces de Presidente o Secretario, según sea necesario.

Las Comisiones conocerán de los proyectos, proposiciones o asuntos que les encomiende, de acuerdo con su respectiva competencia, la Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces.

La Mesa del Parlamento, por propia iniciativa o a petición de una Comisión interesada, podrá acordar que, sobre una cuestión que sea de la competencia principal de una Comisión, una vez oída su Mesa, se informe previamente a otra u otras Comisiones.

Las Comisiones deberán concluir la tramitación de cualquier asunto en un plazo máximo de dos meses, excepto en aquellos casos en se imponga un plazo distinto o la Mesa de la Cámara, atendidas las circunstancias excepcionales que puedan concurrir, acuerde ampliarlo o deducirlo.

Las Comisiones no podrán reunirse al mismo tiempo que el Pleno del Parlamento.

Las Comisiones, por medio del Presidente del Parlamento, podrán:

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1º. Recabar la información y la documentación que precisen de los Servicios de la propia Cámara del Consejo de Gobierno y de cualquier autoridad de la Junta de Andalucía y de los Entes Locales andaluces, en las materias transferidas o delegadas de acuerdo con el Estatuto de Autonomía o sobre las que tengan competencia propia las instituciones andaluzas de autogobierno, incluyendo los supuestos de subvenciones recibidas de los órganos de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

-

Las autoridades requeridas, en un plazo no superior a los treinta días, facilitarán lo que se les hubiera solicitado, o bien manifestarán al Presidente del Parlamento las razones por las cuales no pueden hacerlo para que lo comunique a la Comisión solicitante.

-

2º. Requerir la presencia ante ella de los miembros del Consejo de Gobierno, así como de las autoridades y funcionarios públicos competentes por razón de la materia objeto del debate, para que informen acerca de los extremos sobre los que fueran consultados.

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3º. Solicitar la presencia de otras personas con la misma finalidad.

Si los funcionarios o las autoridades no comparecieran ni justificaran su incomparecencia en el plazo y la forma establecidos por la Comisión o no se respondiera a la petición de la información requerida en el período indicado en el punto anterior, el Presidente del Parlamento lo comunicará a la autoridad o al funcionario superior correspondiente, por si procediera exigirles alguna responsabilidad.

También podrá solicitarse información de las autoridades, organismos e instituciones de la Administración del Estado y Administración local en las materias objeto de la competencia de la Comunidad Autónoma. En tal supuesto, si se solicita información oral, se formalizará desde la Cámara con el ruego de que, en un plazo determinado, se haga llegar al Parlamento la voluntad o no de comparecer de las autoridades cuya presencia se solicita, y se abrirá, en caso afirmativo, un plazo para presentar por escrito ante la Mesa de la Cámara las preguntas sobre las que los Grupos parlamentarios desearían obtener respuesta. Esta se producirá en una sesión de Comisión puramente informativa, sin intervención posterior de ningún Grupo parlamentario, salvo que se pidan meras aclaraciones.

Los letrados prestarán en las Comisiones y respecto de sus Mesas y Ponencias el asesoramiento técnico jurídico necesario para el cumplimiento de las tareas a aquéllas encomendadas, y redactarán sus correspondientes informes y dictámenes, donde recogerán los acuerdos adoptados.

A) Comisiones Permanentes

Son Comisiones Permanentes Legislativas las siguientes:

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1ª. Coordinación y Régimen de las Administraciones Públicas.

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2ª. Economía, Hacienda y Presupuestos.

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3ª. Empleo y Desarrollo Tecnológico.

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4ª. Agricultura, Ganadería y Pesca.

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5ª. Infraestructuras, Transpones y Vivienda.

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6ª. Medio Ambiente.

-

7ª. Educación.

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8ª. Salud.

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9ª. Asuntos sociales

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10º Cultura, Turismo y Deporte

Son también Comisiones Permanentes aquellas que deban constituirse por disposición legal y las siguientes:

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1ª. Reglamento.

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2ª. Estatuto de los Diputados.

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3ª. Gobierno Interior y Derechos Humanos.

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4ª. Desarrollo Estatutario.

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5ª. Mujer.

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6ª. Seguimiento y Control de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales.

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7ª. Seguimiento y Control de la Financiación de los Partidos Políticos con representación en el Parlamento de Andalucía.

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8ª Asuntos Europeos

Las Comisiones Permanentes a que se refieren los apanados anteriores deberán constituirse dentro de los veinte días siguientes a la sesión constitutiva del Parlamento.

En los primeros seis meses de cada legislatura, el Pleno de la Cámara podrá variar las Comisiones Permanentes a propuesta de la Mesa, y previo parecer favorable de la Junta

de Portavoces, sin que dicha modificación se entienda como reforma del Reglamento del Parlamento.

La propuesta de la Mesa se realizará por iniciativa propia o a instancia de dos Grupos parlamentarios o de la décima parte de los miembros de la Cámara, y habrá de contener el criterio de distribución de competencias entre las nuevas Comisiones y las que, en su caso, puedan resultar afectadas.

La Comisión de Reglamento será presidida por el Presidente del Parlamento y estará compuesta, además de por la Mesa de la Cámara, por tantos miembros más como número complete el general de composición de las Comisiones.

La Comisión del Estatuto de los Diputados estará compuesta por un miembro de cada uno de los Grupos parlamentarios y contará con un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. Adoptará sus acuerdos mediante voto ponderado.

La Comisión actuará como órgano preparatorio de las resoluciones del Pleno cuando éste, de acuerdo con el Reglamento, deba pronunciarse en asuntos que afecten al Estatuto de los Diputados, salvo en caso de que la propuesta corresponda al Presidente o a la Mesa del Parlamento.

Las actividades privadas distintas de las que la ley considere en todo caso incompatibles serán autorizadas por la Comisión del Estatuto de los Diputados, previa petición expresa de los interesados.

La Comisión podrá investigar las omisiones en las declaraciones de actividades de los Diputados a las que se refiere el artículo 16 del Reglamento previa autorización de la Mesa del Parlamento y dando cuenta a ésta de su resultado.

La Comisión elevará al Pleno debidamente articuladas y motivadas, las propuestas que en su seno se hubiesen formalizado.

En su caso, también compete a la Comisión del Estatuto de los Diputados declarar la compatibilidad de las personas elegidas o designadas por el Pleno o una Comisión,

cuando los órganos para los que se nombren sean íntegramente de extracción parlamentaria.

La Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos estará formada por la Mesa del Parlamento mas un Diputado en representación de cada Grupo parlamentario. Adoptará sus acuerdos atendiendo al criterio de voto ponderado.

Le corresponden las siguientes funciones:

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1º. Aprobar el presupuesto del Parlamento, para su remisión al Consejo de Gobierno, y controlar la ejecución del mismo, a

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cuyo efecto presentará al Pleno la liquidación correspondiente a cada ejercicio presupuestario.

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2º. Aprobar el Estatuto del personal al servicio del Parlamento de Andalucía.

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3º. Las relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz.

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4º. Examinar cada petición, individual o colectiva, que reciba el Parlamento y acordar su remisión, cuando proceda, a los

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órganos competentes. En todo caso se acusará recibo de la petición y se comunicará al peticionario el acuerdo adoptado.

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5º. Conocer los temas relacionados con los derechos y libertades individuales o colectivos que no sean competencia

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específica de otro órgano o de una Comisión Permanente.

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6º. Cumplir cualquier otra que le encomiende el presente Reglamento o la Mesa de la Cámara.

Para el cumplimiento de la función controladora a que se refiere el punto primero del apanado anterior, la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos propondrá al Pleno la designación de tres Diputados interventores por cada ejercicio presupuestario, los cuales ejercerán la intervención de todos los gastos y le presentarán un informe de sus gestiones por cada periodo presupuestario.

El Pleno del Parlamento podrá acordar la creación de otras Comisiones que tengan carácter permanente durante la legislatura en que el acuerdo se adopte, cuando así lo solicite la Mesa, oída la Junta de Portavoces, dos Grupos parlamentarios o la décima parte de los miembros de la Cámara.

La solicitud de creación propondrá al Pleno, para su aprobación, el criterio de distribución de competencias entre la Comisión creada y las que, en su caso, pudieran resultar afectadas.

El procedimiento para la tramitación y aprobación del mencionado acuerdo será el dispuesto en el Reglamento para las proposiciones no de ley.

B) Comisiones no permanentes

Son Comisiones no Permanentes las que se crean para un fin concreto. Se extinguen a la finalización del trabajo encomendado y, en todo caso, al concluir la legislatura.

Las Comisiones no Permanentes podrán ser de investigación o de estudio.

El Pleno del Parlamento, a propuesta del Consejo de Gobierno, de la Mesa, de dos Grupos parlamentarios o de la décima parte de los miembros de la Cámara, podrá acordar la creación de una Comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público.

Las Comisiones de investigación elaborarán un plan de trabajo y podrán nombrar Ponencias en su seno, así como requerir la presencia, por conducto de la Presidencia del Parlamento, de cualquier persona para que sea oída. Los extremos sobre los que deba informar la persona requerida deberán serle comunicados con quince días de antelación, salvo cuando, por concurrir circunstancias de urgente necesidad, se haga con un plazo menor, que en ningún caso será inferior a tres días. En la notificación, el ciudadano requerido será informado de sus derechos y obligaciones y podrá comparecer acompañado de la persona que designe para asistirlo.

La Presidencia del Parlamento, oída la Comisión, podrá, en su caso, dictar las oportunas normas de procedimiento. En todo caso, las decisiones de las Comisiones de investigación se adoptarán atendiendo al criterio de voto ponderado.

Las conclusiones de estas Comisiones, que no serán vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, deberán plasmarse en un dictamen que será discutido en el Pleno de la Cámara junto con los votos particulares que presenten los Grupos parlamentarios. El Presidente del Parlamento, oída la Junta de Portavoces, está facultado para ordenar el debate, conceder la palabra y fijar los tiempos de las intervenciones.

Las conclusiones aprobadas por el Pleno de la Cámara serán publicadas en el «Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía» y comunicadas al Consejo de Gobierno, sin perjuicio de que la Mesa del Parlamento dé traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.

A petición del Grupo parlamentario proponente se publicarán también, en el «Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía», los votos particulares rechazados.

El Pleno del Parlamento podrá acordar la creación de Comisiones de estudio a propuesta de la Mesa y previo parecer favorable de la Junta de Portavoces. Dicha propuesta podrá realizarse por iniciativa propia o a instancia de dos Grupos parlamentarios o de la décima parte de los Diputados de la Cámara y contendrá el objeto de estudio, la composición, las reglas de organización y funcionamiento de la Comisión, así como el plazo en el que deberá finalizar su trabajo. Estas Comisiones elaborarán un dictamen que habrá de ser debatido por el Pleno junto con los votos particulares que presenten los Grupos parlamentarios, que podrán ser publicados en el «Boletín Oficial del Parlamento» cuando así lo solicite el grupo parlamentario proponente.

1.6.4. El Pleno

El Pleno del Parlamento será convocado por su Presidente, por propia iniciativa o a solicitud, al menos, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los Diputados.

Los Diputados tomarán asiento en el salón de sesiones conforme a su adscripción a Grupos parlamentarios y ocuparán siempre el mismo escaño.

Habrá en el salón de sesiones un banco especial destinado a los miembros del Consejo de Gobierno.

Sólo tendrán acceso al salón de sesiones, además de las personas indicadas, los funcionarios del Parlamento en el ejercicio de su cargo y quienes estén expresamente autorizados por el Presidente de la Cámara.

1.6.5. La Diputación Permanente

La Diputación Permanente será presidida por el Presidente del Parlamento y estará compuesta, además de por la mesa de la Cámara, por tantos miembros más como número complete el de composición de las Comisiones. A efectos de que la representación de los Grupos parlamentarios sea proporcional a su importancia numérica, cada miembro de la Mesa se imputará al Grupo del que forme parte. Se elegirán, además, por cada Grupo parlamentario tantos Diputados suplentes como titulares le correspondan, que tendrán carácter permanente.

La Mesa de la Diputación Permanente será la Mesa del Parlamento de Andalucía

La Diputación Permanente será convocada por su Presidente, a iniciativa propia o a petición de dos Grupos parlamentarios.

A las sesiones de la Diputación Permanente podrán asistir los medios de comunicación debidamente acreditados, salvo que se declare el carácter secreto de la sesión.

Cuando el Parlamento no esté reunido por vacaciones parlamentarias, cuando haya sido disuelto o haya expirado el mandato parlamentario y hasta tanto se constituya el nuevo Parlamento, la Diputación Permanente velará por los poderes de la Cámara. Especialmente:

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1º. Convocará, en su caso, al Parlamento, sea al Pleno o cualquiera de las Comisiones, por acuerdo de la mayoría absoluta.

-

2º. Conocerá de la delegación temporal de las funciones ejecutivas propias del Presidente de la Junta en uno de los Consejeros.

En todo caso, después de los lapsos de tiempo entre períodos de sesiones o después de la celebración de elecciones, la Diputación Permanente dará cuenta al Pleno del Parlamento, en la primera sesión ordinaria, de los asuntos que hubiera tratado y de las decisiones adoptadas.

1.7. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

1.7.1. De la iniciativa legislativa

La iniciativa legislativa corresponde:

1º. Al Consejo de Gobierno. 2º. A los grupos parlamentarios. 3º. A los Diputados, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento. 4º. A los Ayuntamientos de Andalucía, en la forma que regule la ley establecida por el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía. 5º. A los andaluces, de acuerdo con lo que establezca la ley citada en el número anterior.

1.7.2. Del procedimiento legislativo común

A) Proyectos de ley

I. Debate de totalidad en el Pleno.

Los proyectos de ley remitidos por el Consejo de Gobierno deben ir acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos.

La Mesa del Parlamento ordenará su publicación, la apertura del plazo de presentación de enmiendas a la totalidad y el envío a la Comisión correspondiente.

Publicado un proyecto de ley, los Grupos parlamentarios tendrán un plazo de quince días para presentar enmiendas a la totalidad al mismo mediante escrito dirigido a la Mesa de la Comisión.

Serán enmiendas a la totalidad las que versen sobre la oportunidad, los principios o el espíritu del proyecto de ley y postulen la devolución de aquél al Consejo de Gobierno, o las que propongan un texto completo alternativo al del proyecto.

Todo proyecto de ley será objeto de un debate a la totalidad, que se desarrollará de acuerdo con lo previsto en el artículo 81 del Reglamento y comenzará por la presentación que del proyecto de ley efectúe un miembro del Consejo de Gobierno.

En dicho debate será objeto de discusión la valoración general del texto y las enmiendas a la totalidad si las hubiera, comenzando por las que propongan su devolución al Consejo de Gobierno, que serán votadas en primer lugar.

De ser varias las enmiendas presentadas, cada una de ellas podrá dar lugar a un turno a favor y otro en contra, si bien los turnos para fijar posiciones se acumularán en una única intervención. Su votación será conjunta.

Si el Pleno acordase la devolución del proyecto, éste quedará rechazado y decaerán las enmiendas con texto alternativo si hubiesen sido presentadas. El Presidente del Parlamento lo comunicará al Consejo de Gobierno. En caso contrario se remitirá a la Comisión para proseguir su tramitación.

Si el Pleno aprobase una enmienda a la totalidad de las que propongan un texto alternativo, se dará traslado del mismo a la Comisión correspondiente y se publicará en el «Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía».

II. Comparecencias informativas

Celebrado el debate de totalidad, los Diputados y Grupos parlamentarios, mediante escrito dirigido a la Mesa de la Comisión, dispondrán de un plazo de quince días para proponer a la Comisión la comparecencia ante la misma de los agentes sociales y organizaciones que pudiesen estar interesados en la regulación de que se trate, incluidas, en su caso, las Administraciones públicas.

III. Presentación de enmiendas al articulado

Finalizadas las comparecencias informativas en Comisión, si las hubiera habido, los Diputados y los Grupos parlamentarios tendrán un plazo de quince días para presentar enmiendas al articulado del proyecto de ley, mediante escrito dirigido a la Mesa de la Comisión. El escrito deberá llevar la firma del portavoz del Grupo a que pertenezca el Diputado o de la persona que sustituya a aquél, a los meros efectos de conocimiento. La omisión de este trámite podrá subsanarse antes del comienzo de la discusión en Comisión.

Las enmiendas al articulado podrán ser de supresión, modificación o adición. En los dos últimos supuestos, la enmienda deberá contener el texto concreto que se proponga.

A tal fin y, en general, a todos los efectos del procedimiento legislativo, cada disposición adicional, final, derogatoria o transitoria tendrá la consideración de un artículo, al igual que el título de la ley, las rúbricas de las distintas partes en que esté sistematizado, la propia ordenación sistemática y la exposición de motivos.

Las enmiendas a un proyecto de ley que supongan aumento de los créditos o disminución de los ingresos del Presupuesto en vigor requerirán la conformidad del Consejo de Gobierno para su tramitación.

A tal efecto, la Mesa de la Comisión remitirá al Consejo de Gobierno, por medio de la Presidencia del Parlamento, las que supongan dicho aumento o disminución.

El Consejo de Gobierno deberá dar respuesta razonada en el plazo de quince días, transcurrido el cual se entenderá que el silencio del Consejo expresa conformidad.

El Consejo de Gobierno podrá manifestar su disconformidad con la tramitación de dicha enmienda en cualquier momento del procedimiento, de no haber sido consultado en la forma que señalan los apartados anteriores.

Si no existiese coincidencia de interpretación entre el Consejo de Gobierno y la Mesa de la Comisión correspondiente respecto a si una enmienda, de aprobarse, supone o no aumento de los créditos o disminución de los ingresos del Presupuesto en vigor, el Pleno decidirá tras Un debate de los de totalidad.

IV) Deliberación en Comisión

Finalizado el plazo de presentación de enmiendas al articulado, se constituirá una Ponencia que, a la vista del texto y de las enmiendas presentadas al articulado, redactará un informe en el plazo de quince días.

El Presidente de la Comisión correspondiente recabará de los portavoces de los Grupos parlamentarios la designación de un ponente por cada Grupo, aunque la Mesa de la Comisión podrá autorizar la ampliación de este número.

La Mesa de la Comisión, sin perjuicio de lo establecido en el punto tercero del artículo 44 del Reglamento, podrá prorrogar el plazo para la emisión del informe cuando la trascendencia o complejidad del proyecto de ley así lo exigiera.

La Ponencia podrá proponer enmiendas transaccionales a la Comisión, siempre que tiendan a alcanzar un acuerdo por aproximación entre las enmiendas ya formuladas y el texto del artículo. También podrá proponer a la Comisión modificaciones del texto del proyecto de ley que sean consecuencia de enmiendas que se formulan por vez primera

en esta fase del procedimiento legislativo, siempre que medie acuerdo unánime de todos los ponentes.

Concluido el informe de la Ponencia, comenzará el debate en Comisión, que se hará artículo por artículo. En cada uno de ellos, las enmiendas presentadas podrán ser objeto de debate separado.

Las enmiendas que se hubieran presentado en relación con la exposición de motivos se discutirán al final del articulado, si la Comisión acordara incorporar la misma como preámbulo de la ley.

Durante la discusión de un artículo, la Mesa podrá admitir a trámite nuevas enmiendas que se presenten en ese momento por escrito por un miembro de la Comisión, siempre que tiendan a alcanzar Un acuerdo por aproximación entre las ya formuladas y el texto del artículo. También se admitirán a trámite enmiendas que tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales.

En la dirección de los debates de la Comisión, la Presidencia y la Mesa ejercerán las funciones que en el Reglamento se confieren a la Presidencia y a la Mesa del Parlamento. El Presidente de la Comisión, de acuerdo con la Mesa de ésta, podrá establecer el tiempo máximo de discusión para cada artículo, el que corresponda a cada intervención, a la vista del número de peticiones de palabra, y el total para la conclusión del dictamen.

El dictamen de la Comisión, firmado por su Presidente y por el Secretario, se remitirá al Presidente del Parlamento a efectos de la tramitación subsiguiente que proceda.

V) Deliberación en el Pleno

Los Grupos parlamentarios, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de terminación del dictamen, en escrito dirigido al Presidente de la Cámara, deberán comunicar los votos particulares, en orden al mantenimiento del texto del proyecto de ley que hubiese sido modificado, y las enmiendas que, habiendo sido defendidas y votadas en Comisión y no incorporadas al dictamen, pretendan defender en el Pleno.

El debate en el Pleno, cuando así lo decida la Comisión, podrá comenzar por la presentación que del dictamen haga su Presidente o miembro de la Mesa de la Comisión en quien éste delegue, por un tiempo máximo de quince minutos.

A continuación, los Grupos parlamentarios que lo soliciten podrán intervenir por un tiempo máximo de diez minutos para explicar su postura sobre los principios del texto recogido en el dictamen o las razones de haber mantenido votos particulares o enmiendas.

Acto seguido, la Presidencia de la Cámara someterá a una única votación conjunta las enmiendas o votos particulares presentados por cada Grupo parlamentario y no incorporados al dictamen, por el orden en que éstos hayan formalizado su correspondiente escrito de mantenimiento.

Finalmente, la Presidencia someterá a votación el dictamen de la Comisión.

Cualquier Grupo parlamentario podrá solicitar que la votación final del dictamen se realice por artículos o grupos de artículos.

Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la conclusión del debate de un proyecto de ley y si, como consecuencia de la aprobación de un voto particular o de una enmienda o de la votación de los artículos, el texto resultante pudiera ser incongruente u oscuro en alguno de sus puntos, la Mesa de la Cámara podrá, por iniciativa propia o a petición de la Comisión, enviar el texto aprobado por el Pleno de nuevo a la Comisión, con el único fin de que ésta, en el plazo de un mes, efectúe una redacción armónica que deje a salvo los acuerdos del Pleno. El dictamen así redactado se someterá a la decisión final del Pleno, que deberá aprobarlo o rechazarlo en su conjunto, en una sola votación.

B) Proposiciones de ley

Las proposiciones de ley se presentarán acompañadas de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellas.

Las proposiciones de ley podrán ser adoptadas a iniciativa de:

1º. Un Diputado con la firma de otros diez miembros de la Cámara. 2º. Un Grupo parlamentario con la sola firma de su portavoz.

Ejercitada la iniciativa, la Mesa del Parlamento ordenará la publicación de la proposición de ley y su remisión al Consejo de Gobierno para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios.

Transcurridos quince días sin que el Consejo de Gobierno hubiera negado expresa y motivadamente su conformidad a la tramitación, la proposición de ley quedará en condiciones de ser incluida en el orden del día del Pleno para su toma en consideración.

Si no existiese coincidencia de interpretación entre el Consejo de Gobierno y la Mesa del Parlamento respecto a si una proposición de ley, de aprobarse, supone o no aumento de los créditos o disminución de los ingresos del presupuesto en vigor, el Pleno decidirá tras un debate de los de totalidad.

Antes de iniciar el debate, se dará lectura al criterio del Consejo de Gobierno, si lo hubiera. El debate se ajustará a lo establecido para los de totalidad.

Acto seguido, el Presidente preguntará si la Cámara toma o no en consideración la proposición de ley de que se trate. En caso afirmativo, la Mesa de la Cámara acordará su envío a la Comisión competente para la celebración, en su caso, de comparecencias informativas, y posterior apertura del correspondiente plazo de presentación de enmiendas al articulado. La proposición seguirá el trámite establecido para los proyectos de ley.

Las proposiciones de ley de iniciativa legislativa popular y de los Ayuntamientos serán examinadas por la Mesa del Parlamento a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos. Si los cumplen, su tramitación se ajustará a lo señalado anterior, con las particularidades que puedan derivarse de las leyes que regulen estas iniciativas.

C) Retirada de proyectos y proposiciones de ley

El Consejo de Gobierno podrá retirar un proyecto de ley en cualquier momento de su tramitación ante la Cámara siempre que no se hubiera iniciado el debate final en el Pleno.

En los proyectos de ley tramitados por el procedimiento de lectura única, el Consejo de Gobierno podrá proceder a su retirada antes del inicio del debate en Pleno.

La iniciativa de retirada de una proposición de ley por su proponente tendrá pleno efecto por sí sola, si se produce antes del acuerdo de la toma en consideración. Adoptado éste, la retirada sólo será efectiva si la acepta el Pleno de la Cámara.

D) Especialidades en el procedimiento legislativo

I) de la reforma del estatuto de autonomía para Andalucía

Los proyectos y proposiciones de reforma del Estatuto de Autonomía, se tramitarán de acuerdo con las normas establecidas en el Reglamento, pero para ser aprobados será preciso el voto favorable de los tres quintos de los miembros del Parlamento.

Aprobado el proyecto de reforma, el Presidente del Parlamento lo remitirá a las Cortes Generales para su tramitación ulterior.

II) Del proyecto de ley de presupuestos

El proyecto de Ley de Presupuestos gozará de preferencia en la tramitación con respecto a los demás trabajos de la Cámara.

En el estudio y aprobación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía se seguirá el procedimiento legislativo ordinario, salvo lo dispuesto en esta sección.

El debate del Presupuesto se referirá al articulado y al estado de autorización de gastos.

Todo ello sin perjuicio del estudio de otros documentos que deban acompañarlo.

Serán consideradas enmiendas a la totalidad del Presupuesto tanto las que postulen la devolución de aquél al Consejo de Gobierno como las que impliquen la impugnación completa de una sección presupuestaria.

En el debate de totalidad, que se iniciará por l a presentación que del proyecto efectúe un miembro del Consejo de Gobierno, serán primero objeto de discusión la valoración general del proyecto y las enmiendas a la totalidad con propuestas de devolución en su caso presentadas.

A continuación se debatirán las enmiendas de totalidad que se hayan formulado a las secciones presupuestarias.

Si el Pleno acordase la devolución del proyecto, éste quedará rechazado y decaerá el resto de las enmiendas presentadas.

La aprobación de una enmienda que implique la impugnación completa de una sección presupuestaria dará por concluido el debate sobre el proyecto, al entenderse que se ha acordado su devolución al Consejo de Gobierno.

En el debate de totalidad quedarán fijadas tanto la cifra global del proyecto de Ley del Presupuesto como las de cada una de sus secciones, que no podrán ya ser alteradas sin acuerdo entre la Cámara y el Consejo de Gobierno.

Una vez finalizado el debate de totalidad sin que el proyecto sea devuelto al Consejo de Gobierno, se remitirá a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos para que prosiga su tramitación.

Las enmiendas al proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía que supongan aumento de crédito en algún concepto únicamente podrán ser admitidas a trámite si, además de cumplir los requisitos generales, proponen una baja de igual cuantía en la misma sección.

El Presidente de la Comisión y el de la Cámara, de acuerdo con sus respectivas Mesas, podrán ordenar los debates y votaciones en la forma que más se acomode a la estructura del Presupuesto.

La votación final del dictamen se realizará diferenciando el conjunto del articulado de la ley, o en su caso, determinados artículos o grupos de artículos, y cada una de sus secciones.

Las disposiciones de esta sección serán aplicables a la tramitación y aprobación de los presupuestos de los Entes Públicos de la Junta de Andalucía para los que la ley establezca la necesidad de su aprobación parlamentaria. 2. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El Presidente de la Junta de Andalucía ordenará la publicación de dicho nombramiento en el "Boletín Oficial de la Junta de Andalucía".

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en su ámbito territorial y ante el que se agotarán las sucesivas instancias procesales, en los términos del artículo 152 de la Constitución y de acuerdo con el presente Estatuto.

Se mantienen las Audiencias Territoriales de Granada y Sevilla, quedando formalmente integradas en la estructura y organización del Tribunal Superior de Justicia.

La competencia de los órganos jurisdiccionales en Andalucía se extiende:

a)

En el orden civil, a todas las instancias y grados, con excepción de los recursos de casación y revisión.

b) En el orden penal y social, a todas las instancias y grados, con excepción de los recursos de casación y revisión. c)

En el orden contencioso-administrativo, a los recursos que se deduzcan contra los actos y disposiciones de las Administraciones Públicas en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En las restantes materias se podrá interponer, cuando proceda, ante el Tribunal Supremo, el recurso de casación o el que corresponda, según las Leyes del Estado y, en su caso, el de revisión. El Tribunal Supremo resolverá también los conflictos de competencia entre los Tribunales de Andalucía y los del resto de España.

En todo caso, corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía:

a) Conocer de las responsabilidades que se indican en los artículos 26 y 40 del Estatuto. b)

Entender de los recursos relacionados con los procesos electorales de la Comunidad Autónoma.

c)

Resolver, en su caso, los conflictos de jurisdicción entre órganos de la Comunidad.

d)

Resolver las cuestiones de competencia entre órganos judiciales de Andalucía.

e) Resolver los conflictos de atribuciones entre Corporaciones Locales.

Los andaluces podrán participar en la administración de justicia, mediante la institución del Jurado, en los procesos penales que sustancien ante los Tribunales radicados en territorio andaluz, en los casos que la ley estatal determine.

En relación con la Administración de Justicia, exceptuada la jurisdicción militar, corresponde a la Comunidad Autónoma: a) Ejercer todas las facultades que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado. b)

Fijar la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales de Andalucía, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Comunidad Autónoma participará en la fijación de las demarcaciones correspondientes en las notarías, registros de la propiedad y mercantil radicados en su territorio.

Los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles serán nombrados por la Junta de Andalucía de conformidad con las leyes del Estado y en igualdad de derechos, tanto si los aspirantes ejercen dentro o fuera de Andalucía.

A instancia de la Junta de Andalucía, el órgano competente convocará los concursos y oposiciones para cubrir las plazas vacantes en Andalucía de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y restantes personal al servicio de la Administración de Justicia, de acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Corresponde íntegramente al Estado, de conformidad con las leyes generales, la organización y el funcionamiento del Ministerio Fiscal.

3. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, EL CONSEJO DE GOBIERNO

3.1. REGULACIÓN DE AMBOS ÓRGANOS EN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA

3.1.1. El Presidente de la Junta de Andalucía

El Consejo de Gobierno de Andalucía es el órgano colegiado que ostenta y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas de la Junta de Andalucía.

El Presidente podrá delegar temporalmente funciones ejecutivas propias en uno de los Consejeros.

El Presidente es responsable políticamente ante el Parlamento.

El Presidente de la Junta dirige y coordina la actividad del Consejo de Gobierno, coordina la administración de la comunidad Autónoma, designa y separa a los Consejeros y ostenta la suprema representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en Andalucía.

El Presidente de la Junta será elegido de entre sus miembros por el parlamento.

El Presidente del Parlamento, previa consulta a los Portavoces designados por los Partidos o Grupos Políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato a Presidente de la Junta.

El candidato presentará su programa al Parlamento. Para ser elegido, el candidato deberá, en primera votación, obtener mayoría absoluta. De no obtenerla, se procederá a una nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple en la segunda o sucesivas votaciones. Caso de no conseguirse dicha mayoría se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista anteriormente. Si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación, ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, quedará designado Presidente de la Junta el candidato del partido que tenga mayor número de escaños.

Una vez elegido, el Presidente será nombrado por el Rey y procederá a designar los miembros del Consejo de Gobierno y a distribuir entre ellos las correspondientes funciones ejecutivas.

El Presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno, puede plantear ante el Parlamento la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.

El Parlamento puede exigir la responsabilidad política del Presidente o del Consejo de Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. Esta habrá de ser propuesta, al menos, por una cuarta parte de los parlamentarios y habrá de incluir un candidato a la Presidencia de la Junta. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. Si la moción de censura no fuese aprobada por el parlamento, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones.

Si el Parlamento negara su confianza, el Presidente de la Junta presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo Presidente convocará, en el plazo máximo de quince días, la sesión plenaria para la elección de nuevo Presidente de la Junta.

Si el Parlamento adoptara una moción de censura, el Presidente de la Junta presentará su dimisión ante el Parlamento y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara. El Rey le nombrará Presidente de la Junta.

3.1.2. El Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno está integrado por el Presidente y los Consejeros.

El régimen jurídico y administrativo del Consejo de gobierno y el Estatuto de sus miembros será regulado por ley del Parlamento Andaluz, que determinará las causas de incompatibilidad de aquéllos. El Presidente y los Consejeros no podrán ejercer actividad laboral, profesional o empresarial alguna.

El Consejo de Gobierno responde políticamente ante el Parlamento de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada Consejero por su gestión.

El Consejo de Gobierno cesa tras la celebración de elecciones al Parlamento, y en los casos de pérdida de cuestión de confianza y de moción de censura, dimisión, incapacidad o fallecimiento del Presidente. El Consejo de Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo de Gobierno. Todas las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma en el Estatuto se entienden referidas al ámbito territorial andaluz.

En el ejercicio de las competencias exclusivas de Andalucía corresponden al Parlamento la potestad legislativa y al Consejo de Gobierno la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en los términos del presente Estatuto.

En aquellas materias donde la competencia de la Comunidad consista en el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, compete al Consejo de Gobierno la potestad reglamentaria, así como la administración e inspección.

En las materias en que la Comunidad Autónoma sólo tenga competencias de ejecución, corresponde al Consejo de Gobierno la administración y la ejecución, así como, en su caso, la facultad de dictar reglamentos internos de organización de los servicios correspondientes, de conformidad con las normas reglamentarias de carácter general que, en desarrollo de su legislación, dicte el Estado.

Todos los órganos encargados de la prestación de servicios o de la gestión de competencias y atribuciones de la Comunidad Autónoma dependen de ésta y se integran en su Administración.

El Consejo de Gobierno, por conducto de su Presidente, podrá plantear conflictos de jurisdicción a los jueces y tribunales conforme a las leyes reguladoras de aquéllos.

Igualmente podrá el Consejo de Gobierno ejercer la potestad expropiatoria conforme a la legislación estatal y autonómica vigente en la materia.

La Comunidad Autónoma indemnizará a los particulares por toda lesión que sufran en sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos de la misma.

La Comunidad Autónoma es administración pública a los efectos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Para demandar civil o laboralmente a la Comunidad Autónoma será necesario la reclamación previa en vía administrativa.

La Comunidad Autónoma estará exenta de prestar cauciones o depósitos para ejercitar acciones o interponer recursos.

El Consejo de Estado informará los Reglamentos generales que la Comunidad Autónoma dicte en ejecución de las leyes estatales.

Igualmente informará el Consejo de Estado los expedientes de revisión de oficio de actos declarativos de derechos en que se aprecie nulidad de pleno derecho o infracción manifiesta de las leyes.

La petición de informes al Consejo de Estado será suscrita por el Presidente.

El control de constitucionalidad de las disposiciones normativas de la Comunidad Autónoma con fuerza de ley corresponde al Tribunal Constitucional.

El recurso de incostitucionalidad frente a disposiciones normativas con fuerza de ley que puedan afectar al ámbito propio de autonomía de la Comunidad, podrá interponerlo el Consejo de Gobierno y, en su caso, el Parlamento.

Sin perjuicio de la institución prevista en el artículo 54 de la Constitución y de la coordinación con la misma, una ley regulará la institución del Defensor del Pueblo, como comisionado del Parlamento, designado por éste, para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Título 1 de la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración autonómica, dando cuenta al Parlamento.

3.1.3. Responsabilidad

La responsabilidad penal del Presidente de la Junta y de los Consejeros será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. No obstante, la de los Consejeros, para los delitos cometidos en el ámbito territorial de su jurisdicción, será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante los mismos Tribunales, respectivamente, será exigible la responsabilidad civil en que dichas personas hubieran incurrido con ocasión del ejercicio de su cargo.

3.2. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. ESTUDIO ESPECÍFICO

El Presidente de la Junta ostenta la más alta representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en Andalucía. Dirige y coordina la acción del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma.

3.2.1. Elección y estatuto personal

El Presidente de la Junta es elegido por el Parlamento de Andalucía de entre sus miembros.

Dentro de los quince días siguientes a la constitución del Parlamento, y en los demás casos en que sea procedente conforme a lo establecido en la Ley, el Presidente del Parlamento, previa consulta a las fuerzas políticas con representación parlamentaria, propondrá un candidato a Presidente de la Junta de Andalucía.

La propuesta aludida en el párrafo anterior, así como las sucesivas, si fuere necesario, se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara.

El Presidente electo tomará posesión de su cargo en el plazo de cinco días a partir de la publicación de su nombramiento.

El Presidente de la Junta de Andalucía tiene derecho a:

-

Recibir el tratamiento de Excelencia.

-

La precedencia sobre cualquier otra autoridad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la que le reserve la legislación del Estado.

-

Los honores que, en razón a la dignidad del cargo, le atribuya la legislación vigente y lo que en su día se acuerde por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

-

Utilizar la Bandera de Andalucía como guión.

-

Ocupar la residencia oficial que se establezca con el personal, servicios y dotación correspondiente.

-

Percibir la remuneración y cantidades para gastos de representación que se establezca en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El cargo de Presidente de la Junta es incompatible con cualquier otra función o actividad pública que no derive de aquél, salvo la de diputado en el Parlamento de Andalucía. También es incompatible con el ejercicio de toda actividad laboral, profesional o empresarial.

3.2.2. Presidente interino

Si el Consejo de Gobierno apreciara, por acuerdo de las cuatro quintas partes de los miembros que de derecho lo componen, a su instancia o a la de su Presidente, que éste se encuentra imposibilitado física o mentalmente, de forma transitoria, para el desempeño de sus funciones, lo comunicará al Presidente del Parlamento. La comunicación irá acompañada del nombre del Presidente interino, según el orden previsto en el artículo 13 de la Ley, y de los motivos y justificantes que fundamentan la suspensión temporal de funciones del Presidente.

La comunicación al Presidente del Parlamento se realizará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la adopción de acuerdo por el Consejo de Gobierno. El Presidente del Parlamento dará cuenta al Pleno en la siguiente sesión que éste celebre.

El acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

El Presidente interino ejercerá las funciones del Presidente, salvo las de definir el Programa de Gobierno y designar y separar Consejeros.

La situación de interinidad no podrá tener una duración superior a cuatro meses a contar desde la publicación del nombramiento.

La situación de interinidad cesará cuando el Presidente, suspendido en sus funciones, comunique al Consejo de Gobierno la desaparición de las circunstancias que la motivaron, y así lo aprecie éste por mayoría simple. Este acuerdo se comunicará al Presidente del Parlamento, quien dará cuenta al Pleno en la siguiente sesión que éste celebre.

El Consejo de Gobierno deberá reunirse al efecto previsto en el número anterior, en el plazo de cuarenta y ocho horas desde la comunicación.

El acuerdo de rehabilitación se publicará en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

En los casos que el Presidente deba ser sustituido interinamente, se seguirá el siguiente orden de prelación:

1. Por los Vicepresidentes, según su orden, si los hubiere. 2. Por los diferentes Consejeros, según su orden.

El Presidente en funciones no podrá ser sometido a moción de censura, ni podrá plantear la cuestión de confianza.

3.2.3. Cese

El Presidente cesa por:

a)

Renovación del Parlamento de Andalucía, a consecuencia de unas elecciones al mismo.

b) Aprobación de una moción de censura. c) Denegación de una cuestión de confianza. d) Dimisión. e) Notoria incapacidad permanente, física o mental que le inhabilite para el ejercicio del cargo. f)

Fallecimiento.

La apreciación de la incapacidad se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 9º de la Ley 6/ 1983, de 21 de Julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad. Se entenderá producida la incapacidad permanente por el mero transcurso del plazo de los cuatro meses a que se refiere el artículo 11 la Ley 6/ 1983, de 21 de Julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma sin que la rehabilitación se haya producido.

En el caso de los apartados a), b), c) y d), el Presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que su sucesor haya tomado posesión del cargo. En el supuesto de los apartados e) y f), el Presidente será sustituido hasta tanto no sea elegido nuevo Presidente.

El Presidente interino ejercerá las funciones con las limitaciones previstas en el artículo 10 de la Ley 6/ 1983, de 21 de Julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

3.2.4. Funciones

Corresponde al Presidente, como supremo representante de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

1. Representarla en las relaciones con otras instituciones del Estado.

2. Firmar convenios y acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas. 3. Convocar elecciones al Parlamento de Andalucía dentro del plazo de treinta a sesenta días desde la expiración del mandato parlamentario. 4. Disolver el Parlamento de Andalucía

En su condición de representante ordinario del Estado en Andalucía, corresponde al Presidente:

1. Promulgar en nombre del Rey, las leyes de Andalucía y ordenar que se publiquen en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en el «Boletín Oficial del Estado». 2. Ordenar la publicación, en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», del nombramiento del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Como Presidente del Consejo de Gobierno le corresponde:

1º Fijar las directrices generales de la acción de Gobierno y asegurar su continuidad.

2º Nombrar y separar a los Consejeros y al personal de confianza directamente dependientes de él.

3º Convocar las reuniones del Consejo de Gobierno y de sus Comisiones Delegadas; fijar el orden del día; presidir suspender y levantar sus sesiones; y dirigir las deliberaciones.

4º Dictar Decretos que supongan la creación de Consejerías, la modificación en la denominación de las existentes, en su distribución de competencias o su orden de prelación, así como la extinción de las mismas, dentro de las disponibilidades presupuestarias.

5º Asegurar la coordinación entre las distintas Consejerías, y resolver los conflictos de competencias entre las mismas.

6º Encomendar a un Consejero que se encargue del despacho de una Consejería distinta en caso de ausencia, enfermedad o impedimento del titular.

7º Establecer las normas internas que se precisen para el buen orden de los trabajos del Consejo de Gobierno y para la adecuada preparación de los acuerdos que hayan de adoptarse por aquél.

8º Firmar los Decretos acordados por el Consejo de Gobierno y ordenar su publicación.

9º Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Gobierno y de las Comisiones Delegadas.

10º. Cuantas otras facultades y atribuciones le correspondan, con arreglo a la legislación vigente.

Corresponde también al Presidente:

a) Coordinar el programa legislativo del Consejo de Gobierno y la elaboración de normas de carácter general. b) Plantear ante el Parlamento la cuestión de confianza. c) Facilitar al Parlamento la información que recabe del Gobierno. d) Solicitar, previa deliberación del Consejo de Gobierno, que el Parlamento se reúna en sesión extraordinaria.

El Presidente podrá delegar en un Consejero, con carácter temporal, todas o parte de las funciones que le competen, dando cuenta al Parlamento. No serán delegables las atribuciones contenidas en los números 1º, 2º, 4º, 5º y 8º señaladas anteriormente ni las previstas en los apartados b) y c) anteriores.

3.2.5. Ausencia o enfermedad

En los casos de ausencia o enfermedad que no produzca incapacidad, el Presidente será sustituido en sus funciones, con las excepciones contenidas en el artículo anterior, por los Vicepresidentes según el orden de su respectivo nombramiento o, en caso de no existir éstos, por los Consejeros en el orden establecido en el artículo 36 de la Ley 6/ 1983, de 21 de Julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

3.2.6. El Gabinete de la Presidencia

El Gabinete de la Presidencia es el órgano de asistencia política y técnica del Presidente y de los Vicepresidentes si los hubiere correspondiéndole las funciones de facilitar a ambos cuanta información sea precisa en el ejercicio de sus competencias, y asesorarle en las materias sobre las que se le requieran.

En dicho Gabinete se integrarán los Asesores presidenciales con rango de Viceconsejeros, en número determinado por el Presidente, pero en ningún caso superior al de las Consejerías que integran el Consejo de Gobierno. El Presidente designará quién de entre los Asesores deberá ocupar la Jefatura del Gabinete.

Para el cumplimiento de su misión de apoyo y asesoramiento, los miembros del Gabinete de la Presidencia podrán recabar de las diferentes Consejerías cuanta información consideren necesaria.

Los miembros del Gabinete de la Presidencia cesan, en todo caso, cuando cesa el Presidente.

Podrán formarse, para el desarrollo de las tareas de este Gabinete, los departamentos que se estimen necesarios, cuyos directores podrán tener rango de jefe de Servicio.

3.3. EL CONSEJO DE GOBIERNO: ESTUDIO ESPECÍFICO

3.3.1. Naturaleza y composición

El Consejo de Gobierno es el órgano superior colegiado que ostenta y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas de la Junta de Andalucía. A tal fin, ejerce la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y con la Ley.

El Consejo de Gobierno está integrado por el Presidente, el Vicepresidente o Vicepresidentes, si los hubiere, y los Consejeros.

Los Consejeros son nombrados y separados por el Presidente.

El cese del Presidente de la Junta comporta el del Consejo del Gobierno, pero éste continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo de Gobierno.

Los miembros del Consejo de Gobierno están sometidos al mismo régimen de incompatibilidades que el Presidente de la Junta.

3.3.2. Atribuciones del consejo de gobierno

Corresponde al Consejo de Gobierno:

1. Desarrollar el Programa de Gobierno, de acuerdo con las directrices fijadas por el Presidente. 2. Aprobar los anteproyectos de ley, autorizar su remisión al Parlamento y acordar, en su caso, su retirada. 3. Otorgar o denegar la conformidad a la tramitación de las Proposiciones de Ley que impliquen aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios. 4. Deliberar sobre la cuestión de confianza que el Presidente se proponga plantear ante el Parlamento y sobre la solicitud de sesión extraordinaria de la Cámara que vaya a formular aquél. 5. Aprobar los Reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes. 6. Elaborar los Presupuestos Generales, remitirlos al Parlamento para su aprobación y aplicarlos. 7. Adoptar las medidas necesarias para la ejecución de los tratados y convenios internacionales que afecten a las materias atribuidas a la competencia de la Comunidad Autónoma.

8. Aprobar y remitir al Parlamento los proyectos de convenio y de acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas. 9. Acordar la interposición de recursos de inconstitucionalidad y el planteamiento de conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional y personarse ante éste cuando le corresponda. 10. Resolver los recursos que, con arreglo a la ley, se interpongan ante el mismo. 11. Autorizar los gastos de su competencia. 12. Aprobar la estructura de las Consejerías y la creación, modificación o supresión de los órganos superiores a sección. 13. Nombrar y separar, a propuesta del Consejero correspondiente, los altos cargos de la Administración y aquellos otros que las leyes establezcan. 14. Designar a los representantes de la Comunidad Autónoma en los organismos económicos, las instituciones financieras y las empresas públicas del Estado a que se refiere el artículo 67 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como a dichos representantes en los organismos institucionales y empresas dependientes de la Comunidad Autónoma, salvo que por ley se atribuya a otro órgano la designación. 15. Cualquier otra atribución que le venga conferida por las leyes y, en general, entender de aquellos asuntos que por su importancia o naturaleza requieran el conocimiento, deliberación o decisión del Consejo de Gobierno.

3.3.3. Funcionamiento del Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno se reúne, al menos quincenalmente convocado por el Presidente. La convocatoria irá acompañada del orden del día de la reunión.

La convocatoria se efectuará, al menos, con cuarenta y ocho horas de antelación, salvo que por razones de urgencia resulte imposible.

También podrá reunirse el Consejo de Gobierno, sin convocatoria previa, cuando así lo decida el Presidente y se hallen presentes todos los Consejeros.

Los acuerdos del Consejo de Gobierno se adoptarán por mayoría; en caso de empate, el voto del Presidente es dirimente.

Para la validez de las deliberaciones y de los acuerdos se requerirá la presencia del Presidente y de, al menos, la mitad de sus miembros, todo ello sin perjuicio de los casos

de sustitución y delegación de funciones y de lo previsto en el artículo 10 de la Ley en lo que a presencia del Presidente se refiere.

Los acuerdos del Consejo de Gobierno deberán constar en un acta que debe extender el secretario del mismo.

Los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendrán carácter reservado y secreto, salvo que el propio Consejo de Gobierno acuerde hacerlos públicos.

Igual carácter tendrán las deliberaciones del Consejo de Gobierno, así como las opiniones o votos emitidos en él, estando obligados sus miembros a mantener dicho carácter reservado y secreto, aun cuando hubieran dejado de pertenecer al Consejo de Gobierno.

A las reuniones del Consejo de Gobierno podrán acudir personas que no sean miembros del mismo, debidamente autorizadas por el Presidente, para informar sobre algún asunto objeto de consideración por aquél.

Estas personas, así como las que asistan a la reunión por razones de trabajo, están obligadas a guardar secreto sobre lo tratado en el Consejo de Gobierno.

El Consejo de Gobierno podrá crear en su seno Comisiones Delegadas, con carácter permanente o temporal, para coordinar la elaboración de directrices y disposiciones, programar la política sectorial, examinar asuntos de interés común a varias Consejerías y preparar las reuniones del Consejo de Gobierno.

El régimen general de funcionamiento de las Comisiones deberá ajustarse a los mismos criterios establecidos para el Consejo de Gobierno.

El Decreto de creación de una Comisión Delegada será motivado y en él figurarán las funciones y competencias asignadas, su composición y el Consejero que puede actuar como su Presidente, caso de no asistir el Presidente del Consejo de Gobierno.

El Consejo de Gobierno podrá decidir la constitución de Comisión o Comisiones de Viceconsejeros que actúen en reuniones plenarias o restringidas para preparar los asuntos que vayan a ser debatidos por el Consejo de Gobierno y para resolver cuestiones de personal u otras de carácter administrativo que afecten a varias Consejerías, y que no sean de la competencia de aquél.

La presidencia de estas Comisiones corresponderá al Presidente o Consejero en quien delegue.

4. EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE ANDALUCÍA

4.1. REGULACIÓN

-

Ley 9/ 1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz. (BOJA núm. 100, de 9 de Diciembre de 1993. BOE núm. 20, de 24 de Enero de 1984).

-

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo Andaluz. (BOPA núm. 322, de 2 de Diciembre de 1985 y BOJA núm. 124, de 28 de Diciembre de 1985)

4.2. CARÁCTER

La Constitución Española de 1978 acoge en su articulado la Institución del Defensor del Pueblo, recogiendo así la experiencia de figuras análogas ya aprobadas en otros países.

La Ley Orgánica 3/1981, de 6 de Abril, del Defensor del Pueblo, desarrolla aquella previsión constitucional configurando a éste como alto comisionado parlamentario para la defensa de los derechos comprendidos en el Título Primero de la Constitución, supervisando, a tal efecto, la actividad de la Administración, a la luz de lo dispuesto en el artículo 103.1 del máximo texto legal. La misma Ley Orgánica contempla la posibilidad de existencia de órganos similares al Defensor del Pueblo Estatal en las Comunidades Autónomas.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, por su parte, señala en su artículo 46: «Una Ley regulará la Institución del Defensor del Pueblo, como Comisionado del Parlamento, designado por éste, para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Título Primero de la Constitución...».

La Institución del Defensor del Pueblo, se configura como Comisionado del Parlamento de Andalucía, para el esclarecimiento de los actos y resoluciones de las Administraciones que integran la Comunidad Autónoma, en relación con los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución, y el respeto debido a los derechos y libertades proclamados en su Título Primero.

Se asegura así, con el Defensor del Pueblo y su actuación, como alto comisionado del Parlamento de Andalucía, la existencia de un nuevo control externo sobre la Administración, ordenado tanto a la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos como al funcionamiento de la Administración Pública, al servicio de los intereses generales que representa como consecuencia de su legitimación democrática.

4.3. NOMBRAMIENTO, CESE Y CONDICIONES

4.3.1. Carácter y elección

El Defensor del Pueblo Andaluz es el comisionado del Parlamento, designado por éste para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Título Primero de la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración Autonómica, dando cuenta al Parlamento.

Ejercerá las funciones que le encomienda el Estatuto de Autonomía y la Ley, y coordinará sus funciones con las del Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales, prestando su cooperación cuando le sea solicitada y recabándola de aquél a los mismos efectos.

El Defensor del Pueblo Andaluz será elegido por el Parlamento para un período de cinco años y se dirigirá al mismo a través de su Presidente.

La Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos, regulada por el artículo 48 del Reglamento del Parlamento, será la encargada de relacionarse con el Defensor del Pueblo e informar al Pleno en cuantas ocasiones sea necesario.

La Comisión, antes indicada, propondrá, al Pleno de la Cámara, el candidato o candidatos a Defensor del Pueblo Andaluz.

Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría simple, rigiendo el sistema de voto ponderado.

Propuesto el candidato o candidatos, se convocará, en término no inferior a quince días, el Pleno del Parlamento para proceder a su elección. Será designado quien obtuviese una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Parlamento.

Si no se alcanzare la mayoría indicada, la Comisión, en el plazo máximo de un mes, se reunirá de nuevo para formular nuevas propuestas. Conseguida la mayoría señalada, el candidato quedará designado Defensor del Pueblo Andaluz.

Podrá ser elegido Defensor del Pueblo cualquier ciudadano que se encuentre en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos y que, con arreglo al artículo 8 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, goce de la condición política de andaluz. El Presidente del Parlamento de Andalucía acreditará, con su firma, el nombramiento del Defensor del Pueblo, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El Defensor del Pueblo Andaluz tomará posesión de su cargo ante la Mesa del Parlamento, prestando juramento o promesa de desempeñar, fielmente, su función.

4.3.2. Cese y sustitución

El Defensor del Pueblo Andaluz cesará por alguna de las siguientes causas: 1. Por renuncia. 2. Por expiración del plazo de su nombramiento, sin perjuicio de que se prorrogue en el ejercicio de sus funciones en los términos previstos en el apartado 3 de este artículo. 3. Por muerte o por incapacidad sobrevenida. 4. Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo. 5. Por haber sido condenado a pena de inhabilitación absoluta o especial para cargo público, establecido por sentencia judicial firme 6. Por haber sido condenado por delito doloso a penas que no conlleven aparejada inhabilitación absoluta o especial, mediante sentencia judicial firme.

La vacante en el cargo se declarará, por el Presidente del Parlamento, en los casos de renuncia, expiración del plazo de mandato, de muerte, incapacidad sobrevenida e inhabilitación absoluta o especial. En los demás casos, se decidirá por mayoría de los tres quintos de los diputados, mediante debate y previa audiencia del interesado. Una vez declarado vacante el cargo, se iniciará el procedimiento para nombrar a un nuevo Defensor del Pueblo Andaluz, en plazo no superior a un mes.

En el caso de expiración del plazo de su nombramiento, el Defensor del Pueblo Andaluz se mantendrá en el ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión del titular designado para el siguiente mandato.

En los demás supuestos de vacante en el cargo de Defensor del Pueblo Andaluz, en tanto el Parlamento no proceda a una nueva designación, desempeñará sus funciones, interinamente, el Adjunto al Defensor del Pueblo que determine la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos.

4.3.3. Prerrogativas e incompatibilidades

El Defensor del Pueblo Andaluz no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio.

La condición de Defensor del Pueblo Andaluz es incompatible con todo mandato representativo; con todo cargo político o actividad de propaganda política; con la permanencia en el servicio activo de cualquier Administración Pública; con la afiliación a un partido político o a un sindicato, asociación o fundación, y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier otra actividad profesional, liberal, mercantil o laboral.

El Defensor del Pueblo Andaluz cesará dentro de los diez días siguientes a su nombramiento y, en todo caso, antes de tomar posesión, en toda situación de incompatibilidad que pudiera afectarle, entendiéndose en caso contrario que no acepta el nombramiento.

Si la incompatibilidad fuera sobrevenida, una vez posesionado el cargo, se entenderá que renuncia al mismo en la fecha en que aquélla se hubiera producido.

La Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos regulada en el artículo 48 del Reglamento del Parlamento, será la competente para dictaminar cualquier estado de duda o controversia sobre las situaciones de incompatibilidad que pudieran afectar al Defensor del Pueblo Andaluz. Su dictamen será elevado al Pleno del Parlamento.

4.4. DE LOS ADJUNTOS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ El Defensor del Pueblo Andaluz estará auxiliado por cuatro Adjuntos en los que podrá delegar sus funciones y entre los que designará al que le auxilie en el ejercicio de las funciones que le corresponden como Defensor del Menor de Andalucía.

El Defensor del Pueblo nombrará y separará a sus Adjuntos, previa conformidad de la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos.

El nombramiento y el cese de los Adjuntos serán publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Los Adjuntos y los asesores y colaboradores adscritos a la oficina del Defensor del Pueblo cesarán automáticamente en el momento de la toma de posesión de un nuevo Defensor del Pueblo nombrado por el Parlamento.

4.5. PROCEDIMIENTO ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO

4.5.1. Iniciación y contenido de la investigación

El Defensor del Pueblo Andaluz podrá iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración Autonómica y de los agentes de ésta, en relación con los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución, y el respeto debido a los derechos y libertades proclamados en su Título Primero.

Las atribuciones del Defensor del Pueblo Andaluz se extienden a la actividad administrativa de los miembros del Consejo de Gobierno, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de la Administración Autonómica en Andalucía.

Podrá dirigirse al Defensor del Pueblo Andaluz toda persona, natural o jurídica, que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna. No podrán constituir impedimento para ello la nacionalidad, residencia o vecindad administrativa, sexo, minoría de edad, la incapacidad legal del sujeto, el internamiento en un centro penitenciario o de reclusión o, en general, cualquier relación especial de sujeción o dependencia de una Administración o Poder público.

Los Diputados, individualmente; las Comisiones de Investigación o la de Gobierno Interior y Derechos Humanos, podrán solicitar, mediante escrito motivado, la intervención del Defensor del Pueblo para la investigación o esclarecimiento de actos, resoluciones y conductas concretas producidas en la Administración Autonómica de Andalucía, que afecte a un ciudadano o grupo de ciudadanos, en el ámbito de sus competencias.

No podrá presentar queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz ninguna autoridad administrativa, en asuntos de su competencia.

La actividad del Defensor del Pueblo no se interrumpirá en los casos en que el Parlamento de Andalucía no esté reunido o hubiera expirado su mandato.

En estos supuestos el Defensor del Pueblo se dirigirá a la Diputación Permanente del Parlamento.

La declaración de los estados de excepción o de sitio, no interrumpirán la actividad del Defensor del Pueblo, ni el derecho de los ciudadanos de acceder al mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución.

4.5.2. Ámbito de competencias

El Defensor del Pueblo Andaluz podrá supervisar la actividad de la Administración Autonómica, en el ámbito de competencias definido por la Ley. A los efectos de lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de Abril, reguladora del Defensor del Pueblo, coordinará sus funciones con las del designado por las Cortes Generales y cooperará con él en todo cuanto sea necesario.

Asimismo el Defensor del Pueblo Andaluz, en el ejercicio de sus funciones, podrá dirigirse al Defensor del Pueblo del Estado o a los Defensores del Pueblo o Instituciones análogas de otras Comunidades Autónomas, para coordinar actuaciones que excedan del ámbito territorial de Andalucía.

Cuando el Defensor del Pueblo reciba quejas relativas al funcionamiento de la Administración de Justicia en Andalucía, deberá dirigirlas al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de hacer referencia expresa en el Informe general que deberá elevar al Parlamento de Andalucía.

4.5.3. Tramitación de las quejas

Toda queja se presentará firmada por el interesado, con indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado, en papel común y en el plazo máximo de un año, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma.

Todas las actuaciones del Defensor del Pueblo Andaluz son gratuitas para el interesado y no será preceptiva la asistencia de Letrado ni de Procurador. De toda queja se acusará recibo.

El Defensor del Pueblo Andaluz registrará las quejas que se formulen, que tramitará o rechazará. En este último caso, lo hará en escrito motivado, pudiendo informar al interesado sobre las vías más oportunas para ejercitar su acción, si a su entender hubiese alguna, y sin perjuicio de que el interesado pudiera utilizar las que considera más pertinentes.

El Defensor del Pueblo Andaluz no entrará en el examen individual de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial y lo suspenderá si, iniciada su actuación, se interpusiese por persona interesada demanda o recursos ante los Tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional. Ello no impedirá, sin embargo, la investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas. En cualquier caso velará porque la Administración Autonómica resuelva expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados.

El Defensor del Pueblo Andaluz rechazará las quejas anónimas y podrá rechazar aquéllas en las que advierta mala fe, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, así como aquellas otras cuya tramitación irrogue perjuicio al legítimo derecho de tercera persona. Sus decisiones no serán susceptibles de recurso. En todo caso el nombre de la persona que ejercite la queja se mantendrá en secreto.

Admitida la queja, el Defensor del Pueblo Andaluz promoverá la oportuna investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos de la misma. En todo caso, dará cuenta del contenido sustancial de la solicitud al organismo o a la dependencia administrativa procedente, con el fin de que por su Jefe, en el plazo máximo de quince días, se remita informe escrito. Tal plazo será ampliable cuando concurran circunstancias que lo aconsejen, a juicio del Defensor del Pueblo.

La negativa o negligencia del funcionario o de sus superiores responsables, al envío del informe inicial solicitado, podrá ser considerada por el Defensor del Pueblo como hostil y entorpecedora de sus funciones, haciéndola pública de inmediato y destacando tal calificación en su Informe anual o especial, en su caso, al Parlamento de Andalucía.

4.5.4. Obligación de colaboración de los organismos requeridos

Todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

En la fase de comprobación e investigación de una queja o en expediente iniciado de oficio, el Defensor del Pueblo o sus Adjuntos, o la persona en la que deleguen, podrán personarse en cualquier centro de la Administración Autonómica, dependiente de la misma o afecto a un servicio público, para comprobar cuantos datos fueren menester, hacer las entrevistas personales pertinentes o proceder al estudio de los expedientes y documentación necesaria.

A estos efectos, no podrá negársele el acceso a ningún expediente o documentación administrativa o que se encuentre relacionada con la actividad o servicio objeto de la investigación.

Cuando la queja a investigar afectare a la conducta de las personas al servicio de la Administración Autonómica, en relación con la función que desempeñen, el Defensor del Pueblo Andaluz dará cuenta de la misma al afectado y a su inmediato superior u Organismo del que dependa.

El afectado responderá por escrito, y con la aportación de cuantos documentos y testimonios considere oportunos, en el plazo que se le haya fijado, que en ningún caso será inferior a diez días, pudiéndose prorrogar, a instancia de parte, por la mitad del concedido.

El Defensor del Pueblo podrá comprobar la veracidad de los mismos y proponer al funcionario afectado una entrevista para ampliar los datos. Los funcionarios que se negaren a ello, podrán ser requeridos por aquél para que manifiesten por escritos las razones que justifiquen tal decisión.

La información que, en el curso de una investigación, pueda aportar un funcionario, a través de su testimonio personal, tendrá el carácter de reservado, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la denuncia de hechos que pudiesen revestir carácter delictivo.

Mientras dure la investigación del Defensor del Pueblo, ésta, así como los trámites procedimentales, se llevarán a cabo con la más absoluta reserva respecto a los particulares y los demás organismos públicos sin relación con el acto o conducta investigados.

El superior jerárquico u Organismo que prohíba al funcionario, a sus órdenes o servicio, responder a la requisitoria del Defensor del Pueblo Andaluz o entrevistarse con él, deberá manifestarlo por escrito, debidamente motivado, dirigido al funcionario y al propio Defensor del Pueblo. Éste dirigirá en adelante cuantas actuaciones investigadoras sean necesarias al referido superior jerárquico.

4.5.5. Responsabilidad de las autoridades y funcionarios

Cuando las actuaciones practicadas revelen que la queja ha sido originada presumiblemente por el abuso, arbitrariedad, discriminación, error, negligencia u omisión de un funcionario, el Defensor del Pueblo Andaluz podrá dirigirse al afectado haciéndole constar su criterio al respecto. Con la misma fecha dará traslado de dicho escrito al superior jerárquico, formulando las sugerencias que considere oportunas.

La persistencia en una actitud hostil o entorpecedora de la labor investigadora del Defensor del Pueblo Andaluz por parte de cualquier Organismo, funcionarios o personas al servicio de la Administración Autonómica, podrá ser objeto de un informe especial, además de destacarlo en la sección correspondiente de su Informe anual.

Cuando el Defensor del Pueblo Andaluz, en razón del ejercicio de las funciones propias de su cargo, tenga conocimiento de una conducta o hechos presumiblemente delictivos, lo pondrá en inmediato conocimiento del Ministerio Fiscal.

El Defensor del Pueblo Andaluz podrá, de oficio, ejercitar la acción de responsabilidad contra todas las autoridades, funcionarios y personas al servicio de la Administración Autonómica, sin que en ningún caso sea necesaria la previa reclamación por escrito.

El Defensor del Pueblo Andaluz podrá instar del Defensor del Pueblo del Estado la interposición de Recurso de Inconstitucionalidad contra las disposiciones normativas emanadas del Parlamento y del Consejo de Gobierno de Andalucía.

4.5.6. Gastos causados a particulares

Los gastos efectuados o los perjuicios materiales causados a los particulares que no hayan promovido la queja al ser llamados a informar por el Defensor del Pueblo Andaluz, serán compensados con cargo a su presupuesto una vez que hayan sido debidamente justificados.

4.6. RESOLUCIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

4.6.1. Contenido de las resoluciones El Defensor del Pueblo Andaluz, aún no siendo competente para modificar o anular los actos y resoluciones de la Administración Autonómica, podrá, sin embargo, sugerir la modificación de los criterios utilizados para la producción de aquéllos.

Si como consecuencia de sus investigaciones llegase al convencimiento de que el cumplimiento riguroso de la norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, podrá sugerir al órgano legislativo competente o a la Administración la modificación de la misma.

Si las actuaciones se hubiesen realizado con ocasión de los servicios prestados por particulares en virtud de acto administrativo habilitante, el Defensor del Pueblo Andaluz podrá instar de las autoridades administrativas competentes el ejercicio de sus potestades de inspección y sanción.

El Defensor del Pueblo Andaluz, con ocasión de sus investigaciones, podrá formular a las autoridades y funcionarios de la Administración Autonómica advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todos los casos, las autoridades y los funcionarios vendrán obligados a responder por escrito en término no superior a un mes.

Si formuladas sus recomendaciones, dentro de un plazo razonable, no se produce una medida adecuada, en tal sentido, por la autoridad administrativa afectada o ésta no informa al Defensor del Pueblo Andaluz de las razones que estime para no adoptarlas, el Defensor del Pueblo podrá poner en conocimiento del Consejero afectado, o de la máxima autoridad de la Administración afectada, los antecedentes del caso y las recomendaciones presentadas. Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá

tal caso en su Informe anual o especial mencionando expresamente los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud, entre los asuntos en que, considerando el Defensor del Pueblo Andaluz que era posible una solución positiva, ésta no se ha conseguido.

4.6.2. Notificaciones y comunicaciones

El Defensor del Pueblo Andaluz informará al interesado del resultado de sus investigaciones y gestión, así como de la respuesta que hubiese dado la Administración o funcionarios implicados.

Cuando su intervención se hubiere iniciado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley reguladora, el Defensor del Pueblo informará al Diputado o Comisión competente que la hubiese solicitado y, al término de sus investigaciones, de los resultados alcanzados. Igualmente, cuando decida no intervenir, informará, razonando su desestimación.

El Defensor del Pueblo comunicará el resultado positivo o negativo de sus investigaciones a la autoridad, funcionario o dependencia administrativa acerca de la cual se haya suscitado.

4.6.3. Informe al Parlamento

El Defensor del Pueblo Andaluz dará cuenta, anualmente, al Parlamento de la gestión realizada en un Informe que presentará al mismo en el período ordinario de sesiones.

Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá presentar un informe extraordinario, que dirigirá a la Diputación Permanente del Parlamento si éste no está reunido.

Los informes anuales y, en su caso, los extraordinarios serán publicados en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.

El Defensor del Pueblo Andaluz dará cuenta, en su informe anual, del número y tipo de quejas presentadas; de aquéllas que hubiesen sido rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y el resultado de la misma, especificando las sugerencias o recomendaciones admitidas por la Administración Autonómica.

En el Informe no constarán los datos personales que permitan la pública identificación de los interesados en el procedimiento investigador.

El Informe contendrá, igualmente, un anexo cuyo destinatario será el Parlamento, en el que se hará constar la liquidación del presupuesto de la Institución en el período que corresponda.

Un resumen del Informe será expuesto oralmente por el Defensor del Pueblo Andaluz ante el Parlamento, pudiendo a continuación intervenir los grupos parlamentarios para fijar su postura.

4.7.MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

4.7.1. Personal

El Defensor del Pueblo Andaluz podrá designar libremente los asesores necesarios para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con el Reglamento de la Ley y dentro de los límites presupuestarios.

Las personas que se encuentren al servicio del Defensor del Pueblo Andaluz, y mientras permanezcan en el mismo, se considerarán como personal al servicio del Parlamento de Andalucía.

Los funcionarios provenientes de la Administración Autonómica adscritos a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz tendrán derecho a la reserva de plaza y destino ocupados con anterioridad y al cómputo, a todos los efectos, del tiempo transcurrido en esa situación.

4.7.2. Dotación económica

La dotación económica necesaria para el funcionamiento de la Institución, constituirá una partida dentro de los presupuestos del Parlamento de Andalucía.

5. LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA 5.1. DEFINICIÓN, ÁMBITO DE ACTUACIÓN, COMPETENCIAS Y FUNCIONES La Cámara de Cuentas de Andalucía, es un órgano técnico dependiente del Parlamento de Andalucía, al que, sin perjuicio de las competencias que la Constitución atribuye al Tribunal de Cuentas, corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Componen el sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía: a) La Junta de Andalucía, sus organismos autónomos, sus instituciones y empresas. b) Las Corporaciones Locales que forman parte del territorio de la Comunidad Autónoma, así como los organismos autónomos y empresas públicas de ellas dependientes. c) Las Universidades Públicas de Andalucía d) Cuantos organismos y entidades sean incluidos por norma legal. Son fondos públicos, todos los gestionados por el Sector Público Andaluz, así como las subvenciones, créditos, avales y todas las ayudas, cualquiera que sea su naturaleza, concedidas por los órganos del Sector Público a cualquier persona física o jurídica. Corresponde a la Cámara de Cuentas de Andalucía, el ejercicio de las siguientes competencias: a) La regulación de cuanto afecta a su gobierno, organización y personal a su servicio, con la siguiente particularidad: La determinación de la estructura orgánica del personal al servicio de la Cámara, así como de sus retribuciones, corresponderá a la Mesa del Parlamento, sin perjuicio de las normas generales que puedan serle de aplicación. b) La elaboración del proyecto de su propio presupuesto, que se integrará en el general de la Comunidad Autónoma como Sección independiente, para que sea sometido a la aprobación del Parlamento de Andalucía.

El régimen del patrimonio y de contratación de la Cámara de Cuentas, ejercido a través de sus propios órganos, será el que rija para la Administración de la Junta de Andalucía. Son funciones propias de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que ejercerá con total independencia: a) Fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público de Andalucía, velando por la legalidad y eficiencia de cuantos actos den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como de los ingresos y pagos que de ellos se deriven y, en general, de la recaudación, inversión o aplicación de los fondos públicos. En todo caso, a la Cámara de Cuentas de Andalucía corresponde la fiscalización de las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas de los órganos del sector público andaluz, percibidas por personas físicas o jurídicas. b) Fiscalizar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en los diversos programas presupuestarios y en las memorias de las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas que se otorguen a personas físicas o jurídicas. c) Asesorar al Parlamento de Andalucía en la materia propia de sus competencias. d) Fiscalizar especialmente los contratos administrativos celebrados por los componentes del sector público. Desarrollar las funciones de fiscalización que, por delegación, le encomiende el Tribunal de Cuentas. La Consejería de Hacienda trasladará a la Cámara de Cuentas todos los contratos que se celebren por la Junta de Andalucía, cuyo importe inicial exceda de veinticinco millones de pesetas, para su examen y toma de razón. Dichos contratos deberán ser enviados a la Consejería de Hacienda por los órganos de contratación. Sin perjuicio de la facultad de la Cámara de Cuentas para recabar todos los antecedentes que estime necesario, los citados órganos de contratación deberán acompañar a los contratos originales, dentro de los tres meses siguientes a su adjudicación, copia o fotocopia certificada de las actuaciones que se especifican en el artículo 18 del Reglamento General de Contratación del Estado. Si la Cámara de Cuentas apreciase una manifiesta infracción de Ley con grave perjuicio para el interés público, dará inmediato conocimiento al Parlamento y al Consejo de Gobierno por medio de un informe extraordinario. 5.2. PROCEDIMIENTO DE LAS ACTUACIONES 5.2.1. Programación e iniciación La Cámara de Cuentas deberá realizar sus funciones según un programa previo confeccionado por ella misma, de acuerdo con su presupuesto y de cuya ejecución pueda formarse juicio suficiente sobre la calidad y regularidad de la gestión económico-

financiera del sector público andaluz. Esta actividad no podrá verse mermada por el derecho de petición que corresponde al Parlamento, al Consejo de Gobierno o a las entidades Locales. La iniciativa fiscalizadora corresponde a la Cámara de Cuentas y al Parlamento de Andalucía. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán interesar igualmente la actuación fiscalizadora de la Cámara de Cuentas o la emisión de informe: a) El Gobierno de la Comunidad Autónoma. b) Las entidades locales, previo acuerdo del respectivo Pleno. La iniciativa a la que se refiere el apartado segundo de éste artículo habrá de ser realizada a través de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Andalucía, que se pronunciará sobre la propuesta. La Cámara de Cuentas notificará a los Consejeros, directores o responsables de los servicios, dependencias y establecimientos en general que vayan a ser controlados, el inicio de las actuaciones fiscalizadoras con una antelación mínima de diez días El ejercicio de la función fiscalizadora se realizará, con sometimiento al ordenamiento jurídico, por los procedimientos siguientes: a) Examen y comprobación de la Cuenta General anual de la Junta de Andalucía a que se refieren los artículos 94 y siguientes de la Ley General 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma. b) Examen y comprobación de las cuentas de las Corporaciones Locales, en las materias transferidas o delegadas de acuerdo con el Estatuto de Autonomía para Andalucía, o sobre las que tengan competencia propia las instituciones andaluzas de autogobierno, así como en los supuestos de subvenciones recibidas de los órganos de gobierno de la Comunidad Autónoma. Todo ello sin perjuicio de las competencias que correspondan al Tribunal de Cuentas de conformidad con lo establecido en su Ley reguladora y en la de Bases de Régimen Local. c) Examen y comprobación de las cuentas de los organismos y entidades a que se refieren las letras a) y b), del apartado primero del artículo 2º de la Ley reguladora. d) Examen de las cuentas y documentos correspondientes a las ayudas concedidas por el sector público a personas físicas o jurídicas. Si fuera necesario, se realizará, en la contabilidad de los beneficiarios, las comprobaciones suficientes hasta ver que cantidades, objeto de financiación, se han aplicado a las finalidades para las que fueron solicitadas Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Cámara de Cuentas podrá requerir la colaboración y cooperación de los Entes mencionados en el artículo 2º de la Ley reguladora quienes vendrán obligados a prestarla.

La Cámara de Cuentas podrá: a) Exigir de cuantos organismos y entidades integran el sector público andaluz, los datos, informes, documentos o antecedentes que considere necesarios. b) Inspeccionar y comprobar toda la documentación de las oficinas públicas, libros, metálicos y valores, dependencias, depósitos, almacenes y en general, cuantos documentos, establecimientos y bienes considere necesario. Cuando la información o documentación solicitada no sea atendida o se hayan incumplido los plazos fijados, la Cámara de Cuentas, además de poner en conocimiento del Parlamento de Andalucía la falta de colaboración de los obligados a prestarla, podrá adoptar las siguientes medidas: a)

Requerir conminatoriamente, por escrito, con concesión de un nuevo plazo perentorio, y comunicación simultánea a los superiores de los obligados a colaborar proponiendo, si se considera oportuno, la exigencia de responsabilidades.

a) b)Proponer, a quien corresponda en cada caso, la exigencia de las responsabilidades en que se hubiera incurrido. b)

Comunicar el incumplimiento, si no fuese respetado el plazo perentorio concedido, a los órganos de Gobierno de la Comunidad Autónoma, o, en su caso, a la Corporación Local correspondiente

5.2.2. Instrucción Las cuentas habrán de presentarse a la Cámara de Cuentas, en las fechas siguientes: a) La General de la Junta de Andalucía, antes del treinta de septiembre inmediato posterior al ejercicio económico a que se refiera. b) Las cuentas de las Corporaciones Locales se presentarán dentro del mes siguiente a su aprobación por los respectivos Plenos y, en todo caso, antes del primero de noviembre inmediato posterior al ejercicio económico a que se refieran. c) Las cuentas de las Universidades Públicas se presentarán dentro del mes siguiente a su aprobación por los respectivos Consejos Sociales. d) Igualmente se presentarán en el plazo de un mes, desde su aprobación por los órganos competentes para ello, las cuentas de los organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Instituciones o entidades a que se refiere el artículo 2º.1 de la Ley, siempre que no deban rendirse de manera consolidada con las cuentas de las Administraciones de las que dependan y que se mencionan en este mismo artículo.

La Cámara de Cuentas procederá al examen y comprobación de la Cuenta General de la Junta de Andalucía, dentro del plazo de tres meses a partir de la fecha en que haya presentado. El resultado de la actividad fiscalizadora de la Cámara de Cuentas se expondrá por medio de informes anuales o especiales que serán elevados al Parlamento de Andalucía, remitidos al Tribunal de Cuentas y publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Cuando los informes se refieran a la gestión económica y financiera de las Corporaciones Locales, se dará traslado, además de al Parlamento de Andalucía y al Tribunal de Cuentas, a las propias Corporaciones, a fin de que sus respectivos Plenos los conozcan y, en su caso, adopten las medidas que procedan. Si en el ejercicio de su función fiscalizadora la Cámara de Cuentas advirtiera la existencia de indicios de responsabilidad contable, lo trasladará, sin dilación, al Tribunal de Cuentas a los efectos de su posible enjuiciamiento. La instrucción de los procedimientos jurisdiccionales correspondientes podrá ser efectuada por la Cámara de Cuentas de acuerdo con lo prevenido en la legislación específica del Tribunal de Cuentas. Previamente a la emisión de cualquier informe definitivo, la Cámara de Cuentas comunicará a los organismos controlados el resultado de su actuación. Los referidos organismos, en el plazo que se le fije en la comunicación, deberán manifestarse sobre los reparos y recomendaciones recogidos en el informe provisional de la Cámara de Cuentas y sobre las medidas que hubieran adoptado o tuvieran previsto adoptar. 5.2.3. Conclusión Los informes emitidos por los órganos de la Cámara de Cuentas, tras las comunicaciones referidas en el artículo anterior, y una vez aprobados por su Pleno, pondrán fin a cada actuación. En dichos informes se hará constar: a) La observancia de la legalidad reguladora de la actividad económico-financiera del sector público y de los principios contables aplicables. b) El grado de cumplimiento de los objetivos previstos y si la gestión económicofinanciera se ha ajustado a los principios de economía y eficacia. c) La existencia, en su caso, de infracciones, abusos o prácticas irregulares. d) Las medidas que, en su caso, se proponen para la mejora de la gestión económica y financiera de las entidades fiscalizadas. El informe anual que la Cámara de Cuentas debe remitir al Parlamento de Andalucía, en el plazo que se indica en el artículo 11º de la Ley reguladora, contendrá, además del análisis de la Cuenta General de la Junta de Andalucía, el análisis de la gestión

económico-financiera de cuantas entidades, organismos u órganos sin personalidad jurídica hayan sido controlados en el ejercicio a que se refiera, así como de las medidas que, en su caso, hubiesen adoptado los órganos competentes 5.3. COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES 5.3.1. Órganos La Cámara de Cuentas estará integrada por los siguientes órganos: a) El Pleno. b) La Comisión de Gobierno. c) El Consejero Mayor. d) Los Consejeros. e) La Secretaría General. A) El Pleno El Pleno, como órgano colegiado de la Cámara de Cuentas, lo compondrán siete Consejeros, uno de los cuales será elegido Consejero Mayor. El Pleno no podrá constituirse, ni actuar, sin la asistencia del Consejero Mayor, o quien reglamentariamente le sustituya. En todo caso, será necesaria la presencia de cinco de sus miembros para que quede válidamente constituido. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los asistentes y dirimirá los empates, si los hubiere, el voto del Presidente. El Pleno se reunirá con la periodicidad que se considere necesaria y siempre que así lo estime el Consejero Mayor o lo propongan tres de sus miembros. La convocatoria deberá ser acordada y notificada con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, salvo los casos de urgencia. A la convocatoria se acompañará el orden del día. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. En todo lo previsto, el funcionamiento del Pleno se regirá por los preceptos contenidos en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La Comisión de Gobierno estará formada por el Consejero Mayor y tres de los Consejeros designados por el Pleno.

Atribuciones Corresponde al Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, las siguientes funciones: a) Aprobar cuantas disposiciones sean necesarias para el cumplimiento de los fines que se asignan a la Cámara de Cuentas por la Ley. b) Aprobar el proyecto de presupuesto de la propia Cámara de Cuentas. c) Aprobar los criterios y programas de actuación que han de observar los Consejeros y todo el personal al servicio de la Cámara, al objeto de unificar al máximo las actuaciones. d) Elegir de entre sus miembros al consejero Mayor y proponer su nombramiento. e) Nombrar el Secretario General. f)

Aprobar los informes sobre las cuentas y la gestión económica y financiera del sector público andaluz, así como cualquier otro informe o memoria que haya de ser remitido a órganos externos a la Cámara.

g) La aprobación de las cuentas de su presupuesto que hayan de rendirse ante el Parlamento. h) Las demás funciones que le encomienda la Ley y las normas que la desarrollen. B) Comisión de Gobierno A la Comisión de Gobierno corresponde: a) Ejercer la dirección superior del personal de la Cámara y la potestad disciplinaria. b) Aprobar las convocatorias de pruebas selectivas para el ingreso del personal. C) Consejero Mayor El Consejero Mayor es el órgano a quien corresponde: a) Representar a la Cámara de Cuentas de Andalucía. b) Convocar y presidir el Pleno de la Cámara y la Comisión de Gobierno, y dirigir sus deliberaciones, decidiendo con voto de calidad en caso de empate. c) Asignar a los Consejeros las tareas a desarrollar, de acuerdo con los programas de actuación que el Pleno apruebe. d) Autorizar, con su firma, los informes o memorias que hayan de remitirse al Parlamento, a los órganos rectores de las entidades del sector público andaluz o al Tribunal de Cuentas.

e) Informar, oralmente al Parlamento, sobre la documentación remitida, pudiendo, en todo caso, estar asistido por el Consejero que haya dirigido las funciones de control y por el personal de la Cámara que estime conveniente. f)

Acordar los nombramientos de todo el personal al servicio de la Cámara.

g) Cuanto concierne a la contratación, gobierno y administración en general de la Cámara, autorizando los gastos propios de la misma y la contratación de obras, servicios, suministros y otras prestaciones necesarias para su funcionamiento. h) Decidir sobre cualquier otro asunto no atribuido expresamente a otros órganos de la Cámara de Cuentas y sobre aquellos que, siendo de la competencia del Pleno, hayan de resolverse con urgencia y ésta no permita la convocatoria del mismo. De tales asuntos se dará cuenta inmediata al Pleno, al que se convocará para la ratificación de los mismos, si procede. D) Consejeros A los Consejeros, como órganos unipersonales de la Cámara, les corresponde: a) dirigir las actuaciones de control externo que les hayan sido asignadas. b) Elevar al Consejero Mayor los resultados de las fiscalizaciones realizadas para que, en su caso, sean aprobadas por el Pleno. c) Aprobar las propuestas que les formulen las unidades de fiscalización que de ellos dependan. d) Proponer los gastos que sean necesarios para el funcionamiento de los servicios que de ellos dependan. e) Las demás funciones que les fueren encomendadas por el Pleno de la Cámara, la Comisión de Gobierno o por el Consejero Mayor y puedan corresponderles con arreglo a lo dispuesto en la Ley. E) Secretario General El Secretario General dirigirá la Secretaría General: A la Secretaría General corresponderán las funciones propias de la organización y dirección de los servicios, y específicamente: a) La redacción de las actas y la ejecución de los acuerdos del Pleno y de la Comisión de gobierno. b) La elaboración del anteproyecto de presupuesto. c) La redacción del proyecto de Memoria anual. d) El asesoramiento jurídico al Pleno y a la Comisión de Gobierno.

e) El ejercicio de la jefatura superior del personal al servicio de la Cámara de Cuentas, sin perjuicio de las competencias de la Comisión de Gobierno. f)

La autorización, mediante firma, de todas las certificaciones, que se expidan sobre los antecedentes que obren en la Cámara de Cuentas.

g) La conservación y archivo de documentos. h) Cualquier otra función que le pueda ser asignada por el Pleno, la Comisión de Gobierno o el consejero Mayor

5.4. MIEMBROS DE LA CÁMARA Y PERSONAL A SU SERVICIO 5.4.1. Miembros de la Cámara Los Consejeros, en número de siete, serán designados por el Parlamento de Andalucía mediante votación y por mayoría de las tres quintas partes de sus miembros, por un período de seis años, renovándose cada tres por tres y cuatro séptimas partes sucesivamente. Todos los Grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía, con excepción del Grupo Mixto, tienen derecho, como mínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda de su propuesta. En caso de que ello no fuera posible con arreglo a criterios de proporcionalidad pura, cederá un puesto la propuesta que, teniendo ya asegurada la elección de un Consejero, haya obtenido el resto menor en la aplicación de los citados criterios. No podrán ser designados Consejeros quienes en el año inmediatamente anterior hayan tenido a su cargo la gestión, inspección o intervención de los ingresos y gastos del sector público de Andalucía, ni quienes hayan sido perceptores de subvenciones o beneficiarios de avales o exenciones concedidas por cualquiera de los Entes indicados en el artículo 2 de la Ley reguladora. El Consejero Mayor será nombrado por el Presidente de la Junta de Andalucía, a propuesta del Pleno de la Cámara de Cuentas. Su mandato será de tres años, pudiendo ser reelegido. En los casos de ausencia o enfermedad del Consejero Mayor le sustituirá el Consejero de mayor antigüedad y, siendo ésta igual, el de mayor edad. Los Consejeros gozarán de independencia e inamovilidad. Serán elegidos entre personas de reconocida competencia profesional. Los Consejeros deberán abstenerse o podrán ser recusados cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes: a) Tener interés personal en el asunto o en la empresa, o mantener cuestión litigiosa pendiente, o relación de servicio con algún interesado.

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los cuentadantes. c) Haber tenido a su cargo la administración, gestión, inspección o intervención de los ingresos o gastos objeto de fiscalización. d) Cualquier otra causa o circunstancia que, a juicio del Consejero afectado, pueda mermar su objetividad o independencia de criterio. El ejercicio del cargo de Consejero será incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, que no sea la administración de su propio patrimonio, así como con el desempeño de funciones directivas, ejecutivas o asesoras en Partidos Políticos, Centrales Sindicales, Organizaciones Empresariales y Colegios Profesionales. El nombramiento de un funcionario como Consejero implicará el pase del mismo a la situación administrativa de servicio especiales. El Consejero Mayor y los Consejeros no podrán ser cesados en sus cargos sino por terminación de su mandato, renuncia aceptada por el Parlamento de Andalucía, incapacidad, incompatibilidad sobrevenida o por haber incurrido en responsabilidad disciplinaria, que se producirá por incumplimiento grave de los deberes del cargo o por haber sido declarados, en virtud de Sentencia firme, responsables civilmente por dolo, o condenados por delito culposo o doloso. La regulación del procedimiento a seguir en cada uno de los supuestos de cese así como el órgano u órganos que deban declararlo se determinará en el Reglamento de la Ley 5.4.2. Personal al servicio de la Cámara de Cuentas El personal al servicio de la Cámara de Cuentas estará integrado por funcionarios con titulación adecuada y sujetos al régimen general de la función pública y a las incompatibilidades de la misma, sin perjuicio de las normas especiales que les sean de aplicación. Asimismo, el desempeño de la función pública en la Cámara de Cuentas será incompatible con cualquier otra función, destino o cargo, y con el ejercicio de cualquier actividad privada que no sea la administración del patrimonio propio. Bajo la dependencia directa de los Consejeros, se encuadrarán los Auditores y el personal auxiliar de Auditoría necesario para que aquellos puedan desarrollar eficazmente su labor. Los Auditores serán seleccionados por oposición, concurso o por concurso-oposición de entre personas que estén en posesión de un título de grado superior. El personal auxiliar de Auditoría será seleccionado igualmente por oposición, concurso o por concurso-oposición. La Cámara de Cuentas de Andalucía dispondrá, asimismo, del personal técnico, administrativo, auxiliar y subalterno que sea necesario para el desarrollo de sus

funciones. Dicho personal será seleccionado igualmente por oposición, concurso o concurso-oposición. Para actuaciones específicas, la Cámara podrá contratar con Censores Jurados de Cuentas o con Economistas Auditores que se encuentren censados en el correspondiente Registro 5.5. RELACIONES ENTRE LA CÁMARA DE CUENTAS Y EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

5.5.1. Órganos de relación La iniciativa a que se refiere el artículo 6º, apartado primero, de la Ley reguladora, corresponde al Pleno del Parlamento de Andalucía. No obstante lo expresado en el párrafo anterior, también estará facultada para solicitar informes, memorias o dictámenes, la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Andalucía, siempre que el acuerdo de petición se apruebe por mayoría simple de sus miembros que, a su vez, representen, al menos, la tercera parte de los miembros de la respectiva Comisión. La Cámara de Cuentas rendirá; a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Andalucía, antes del uno de marzo de cada año, una Memoria de las actuaciones por ella realizadas en el año inmediato anterior. Dicha Memoria incluirá la liquidación de su presupuesto.

6. EL CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

6.1. NORMAS REGULADORAS

-

Ley 8/ 1993, de 19 de octubre, de creación del Consejo Consultivo de Andalucía Modificada por la Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras (BOJA núm. 151, de 24 de diciembre)

-

Decreto 89/ 1994, de 19 de abril, por el que se regula el Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de Andalucía Modificado por el Decreto 187/1998, de 29 de septiembre (BOJA núm. 121, de 24 de octubre)

6.1. PRINCIPIOS GENERALES El Consejo Consultivo de Andalucía es el superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el ejercicio de su función, el Consejo Consultivo velará por la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía para Andalucía y el resto del ordenamiento jurídico. Tiene su sede en la ciudad de Granada. El Consejo Consultivo ejercerá sus funciones con autonomía orgánica y funcional, para garantizar su objetividad e independencia. No entrará a conocer los aspectos de oportunidad y conveniencia salvo que le sea solicitado expresamente. Los asuntos en que haya dictaminado el Consejo Consultivo, no podrán ser remitidos ulteriormente para informe a ningún órgano y organismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La consulta al Consejo Consultivo será preceptiva cuando así se establezca en esta Ley o en otra disposición de igual rango, y facultativa en los demás casos Los dictámenes no serán vinculantes, salvo en los casos que así se establezca en las respectivas leyes. Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el Consejo, expresarán si se acuerdan conforme con el dictamen del Consejo Consultivo o se apartan de él. 6.2. COMPOSICIÓN El Consejo Consultivo está constituido por el Presidente, los Consejeros electivos y los Consejeros natos. Estará asistido por el Secretario general, que actuará con voz y sin voto. El Presidente del Consejo Consultivo será nombrado libremente por Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía, oído el Consejo de Gobierno, entre juristas de reconocido prestigio con una experiencia superior a diez años. En caso de vacancia o ausencia, será sustituido por el Consejero electivo más antiguo y, en caso de concurrir varios en esta condición, por el de mayor edad de entre ellos. Corresponde al Presidente del Consejo Consultivo la representación a todos los efectos del mismo. Su tratamiento será de Excelencia. Los Consejeros electivos, en número mínimo de ocho y máximo de doce, serán nombrados por Decreto del Consejo de Gobierno entre profesionales y científicos que se hayan distinguido en el campo del Derecho.

El nombramiento se efectuará por un período de cuatro años, pudiendo ser reelegidos para períodos sucesivos. Tendrán la consideración de Consejeros Natos los siguientes: – El Presidente de una de las Reales Academias de Legislación y Jurisprudencia de Andalucía, designado por el Instituto de las Academias de Andalucía. – El Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. – Un representante del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados designado de entre los Decanos de dichos Colegios. – El Director General competente en materia de Administración Local. – El Jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Los Consejeros electivos cesarán por alguna de las siguientes causas: a) Fallecimiento. b) Renuncia. c) Expiración del plazo de su nombramiento. d) Incompatibilidad de sus funciones. e) Incumplimiento grave de sus funciones. f) Incapacidad declarada por sentencia firme. g) Condena por delito doloso en virtud de sentencia firme. El cese será decretado por el Consejo de Gobierno. En los casos previstos en los apartados d) y e), se seguirá el procedimiento que reglamentariamente se determine, requiriéndose en todo caso audiencia del interesado e informe favorable del Pleno del Consejo por mayoría absoluta. En caso de producirse vacante, se cubrirá por el mismo sistema, designándose por el órgano que corresponda. Los Consejeros natos conservarán su condición mientras ostenten el cargo que haya determinado su nombramiento. En los dos casos de designación, que contempla el artículo 8, ésta deberá ser ratificada o renovada cada cuatro años por aquellos a quienes correspondan llevarla a cabo. Los Consejeros podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejo Consultivo, durante el tiempo indispensable para resolver acerca de la concurrencia de alguna de las causas de cese.

El Secretario general será nombrado por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Presidente del Consejo Consultivo, oído el Pleno del mismo. Ejercerá las funciones que le atribuya el Reglamento Orgánico. El Presidente del Consejo Consultivo y el Secretario general, estarán sometidos al régimen de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía. El cargo de Consejero electivo será incompatible con el desempeño de cargos públicos de representación popular y con la condición de funcionario o personal laboral en activo al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo el desempeño de funciones docentes. El régimen de incompatibilidades de los Consejeros natos será el que les corresponda por razón de sus cargos. Todos los miembros del Consejo Consultivo deberán abstenerse de intervenir en aquellos asuntos que proceda conforme a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los Consejeros del Consejo Consultivo sólo tendrán derecho a la percepción de dietas, asistencias y gastos de desplazamiento, de conformidad con lo que al efecto disponga el Reglamento Orgánico y demás disposiciones de desarrollo de esta Ley. 6.3. COMPETENCIA El Consejo Consultivo de Andalucía será consultado preceptivamente en los asuntos siguientes: 1. Anteproyecto de reforma del Estatuto de Autonomía. 2. Anteproyectos de Leyes. 3. Proyectos de reglamentos que se dicten en ejecución de las leyes y sus modificaciones. 4.

Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional.

5. Convenios o acuerdos de cooperación con otra Comunidad Autónoma, contemplados en el título V del Estatuto de Autonomía. 6. Conflictos de atribuciones que se susciten entre Consejerías. 7.

Transacciones judiciales o extrajudiciales sobre los derechos de contenido económico de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como el sometimiento a arbitraje de las cuestiones que se susciten

respecto de las mismas, cuando, en ambos casos, la cuantía litigiosa exceda de 300.506,05 euros. 8.

Expedientes tramitados por la Administración de la Comunidad Autónoma, en que la consulta venga exigida por Ley, en los supuestos contenidos en la misma, que se refieran, entre otras, a las materias siguientes:

Reclamaciones administrativas de indemnización por daños y perjuicios de cuantía superior a 60.101,21 euros. Anulación de oficio de los actos administrativos. Interpretación, modificación, resolución y nulidad de concesiones y contratos administrativos, cuando el precio del contrato sea superior a 601.012,10 euros para la interpretación y resolución, o que la cuantía de aquélla exceda del 20 por 100 del precio del contrato para la modificación. Modificación de figuras de planeamiento, que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de zonas verdes o espacios libres previstos en un plan. Régimen local. 9. Aquellos que, por precepto expreso de una Ley, deba pedirse dictamen al Consejo Consultivo. 10. Tratándose de solicitudes de dictamen que versen sobre reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial frente a Administraciones Públicas no pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Consejo Consultivo de Andalucía será competente para dictaminar cuando la cuantía de la reclamación sea superior a 6.000 euros. Podrá recabarse el dictamen del Consejo Consultivo en aquellos asuntos no incluidos en el artículo anterior, que por su especial trascendencia o repercusión lo requieran. El Consejo Consultivo elevará una memoria anual al Consejo de Gobierno, en la que expondrá la actividad del mismo en el período anterior, así como las sugerencias que estime oportuno para la mejora de la actuación administrativa. 6.4. FUNCIONAMIENTO El Consejo Consultivo actuará en Pleno y en Comisión Permanente. Corresponde al Pleno dictaminar los asuntos comprendidos en los números 1 y 2 anteriores y a la Comisión Permanente los restantes. En el caso de dictámenes facultativos, la competencia corresponde a la Comisión Permanente. No obstante, cuando la importancia del asunto lo requiera, el Presidente de la Junta de Andalucía o el Consejo de Gobierno podrán requerir el dictamen del Pleno.

La Comisión Permanente estará constituida por el Presidente y ocho Consejeros electivos designados por el Pleno. Cuando la índole de los asuntos lo requiera, el Presidente del Consejo Consultivo podrá requerir la asistencia a las reuniones de la Comisión Permanente de otros miembros del Consejo que actuarán, en estos casos, sin voto. El dictamen del Consejo Consultivo será recabado por el Presidente de la Junta de Andalucía, el Consejo de Gobierno o cualquiera de sus miembros. Corresponde a los Presidentes de las Entidades locales de Andalucía solicitar el dictamen del Consejo Consultivo en los supuestos previstos en la legislación vigente. La petición se efectuará por conducto del Consejero de Gobernación. Las deliberaciones y acuerdos precisarán para su validez la presencia del Presidente o de quien legalmente le sustituya, de un número de miembros que con el anterior constituyan la mayoría absoluta y la del Secretario general o quien ejerza sus funciones. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los asistentes. En caso de empate decidirá el Presidente con su voto de calidad. Quienes discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular, dentro del plazo que reglamentariamente se determine, voto particular por escrito que se incorporará al dictamen. El Presidente del Consejo Consultivo fijará el orden del día, presidirá las sesiones, tendrá la dirección de todas las dependencias del Consejo, así como su representación. Le corresponde igualmente autorizar los gastos y aquellas otras funciones que se determinen en el Reglamento Orgánico. 6.5. PROCEDIMIENTO El Consejo Consultivo deberá evacuar las consultas en el plazo de treinta días desde la recepción de la correspondiente solicitud de dictamen. En el supuesto de proyectos de reglamentos que se dicten en ejecución de las leyes y sus modificaciones y recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional. el plazo será de veinte días. Cuando en la orden de remisión de los expedientes se haga constar la urgencia del dictamen, el plazo máximo para su despacho será de quince días, salvo que el Presidente de la Junta de Andalucía o el Consejo de Gobierno fijen uno inferior. En los supuestos en que el dictamen no tenga carácter vinculante, transcurridos los plazos establecidos en los apartados anteriores sin haberse evacuado, se entenderá cumplido el trámite. En los recursos de inconstitucionalidad y en los conflictos positivos de competencia, podrá solicitarse el dictamen simultáneamente a que sean adoptados los acuerdos de interposición o de requerimiento, respectivamente.

A la petición de consulta deberá acompañarse toda la documentación que requiera el expediente administrativo de la cuestión planteada. Si el Consejo Consultivo estimase incompleto el expediente, podrá solicitar en el plazo de diez días desde la petición de la consulta y por conducto de su Presidente que se complete con cuantos antecedentes, informes y pruebas sean necesarios. En tal caso se interrumpirá el plazo establecido en el artículo 24. Por medio del órgano consultante o directamente por el Consejo Consultivo se podrá recabar el parecer de órganos, entidades o personas, con notoria competencia técnica en las materias relacionadas con los asuntos sometidos a consulta, así como acordar la audiencia de las personas que tuvieren interés directo y legítimo en el expediente sometido a consulta, si así lo solicitaran. En todo lo no previsto en esta Ley, el funcionamiento del Consejo Consultivo se regirá por las normas que regulan el procedimiento administrativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 6.6. PERSONAL Al Consejo Consultivo se adscribirán los puestos de trabajo de Letrado que establezca la relación de puestos. Los Letrados que ocupen los mismos desempeñarán las funciones de asistencia técnica y preparación de los proyectos de dictamen, así como cuantas otras, que siendo adecuadas a su carácter, se determinen reglamentariamente.

Los puestos de trabajo de Letrados serán cubiertos en la forma y por el tiempo que se determinen reglamentariamente. A los concursos podrán concurrir los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, así como Juristas funcionarios de carrera que ejerzan su actividad sometidos a una relación de Derecho Público. Los designados desempeñarán su función en comisión de servicio, con reserva del puesto de trabajo de origen. El Consejo Consultivo contará con el personal administrativo que se determine en la relación de puestos de trabajo, así como aquellos medios materiales que se le asignen y los recursos que figuren en su presupuesto.

ANEXO NORMATIVO: CARTA DE SERVICIOS Y BUENA PRÁCTICA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ La Carta de servicios y buena práctica administrativa del Defensor del Pueblo Andaluz regulada por Resolución de 7 de octubre de 2003, contiene los principios generales de buena conducta a los que se sujetarán las personas al servicio de esta Institución en sus relaciones con los ciudadanos, la información sobre las funciones y servicios que tiene encomendados, los compromisos de calidad en su prestación y los derechos ciudadanos de las usuarias y usuarios en relación con estos servicios. Relación de servicios que presta En el cumplimiento de las funciones que tiene asignadas, la institución del Defensor del Pueblo Andaluz presta los siguientes servicios: a) Recepción de todos los escritos de queja y peticiones que le sean presentados por cualquier persona o entidad.

b) Tramitación y resolución, en su caso, de todas las quejas que sean admitidas a trámite e información y orientación sobre las que no reúnan los requisitos para serlo. c)

Tramitación y en todo caso, respuesta sobre todas las peticiones que le sean dirigidas.

d) Información, atención y asistencia a las personas que se dirijan a la Institución sobre materias de su competencia. e) Información, atención y orientación a las personas que se dirijan a la Institución en asuntos que no sean de su competencia. f)

Divulgación de actuaciones, investigaciones, estudios y informativos, sin perjuicio del respeto del derecho a la intimidad.

materiales

g)

Formación del personal del Defensor del Pueblo Andaluz y de otras instituciones y entidades, así como del alumnado universitario en prácticas, en materia de protección y defensa de los derechos y libertades constitucionales.

h)

Colaboración y cooperación con otras instituciones y entidades, públicas y privadas, en materias relacionadas con el cumplimiento de los fines que tienen asignados.

Estos servicios se prestan básicamente a través de los instrumentos siguientes: • • • • • • • • • •

Aplicación del procedimiento de tramitación de quejas y peticiones. Información presencial con atención personalizada. Información telefónica. Información telefónica gratuita para las consultas de menores. Información escrita. Información telemática. Edición y distribución de publicaciones, folletos y soportes informativos. Organización de cursos, seminarios y jornadas de formación. Celebración de convenios de colaboración y cooperación. Asignación de un porcentaje de su presupuesto de gastos para incrementar el fondo de ayuda de las instituciones parlamentarias de Andalucía destinado a la cooperación con los países menos desarrollados.

Derechos de los ciudadanos Los ciudadanos/as como usuarios de la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz tienen los siguientes derechos: a)

A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que requiere la presentación de una queja.

b)

A presentar queja cuando estimen que pudieran haber sido vulnerados sus derechos constitucionales.

c)

d)

A que se les notifique el acuse de recibo de la recepción del escrito de queja y se le dé el trámite procedimental previsto en la normativa reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz. A que se les notifique resolución expresa sobre el asunto objeto de la queja.

e)

A conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de su queja y a acceder al contenido no confidencial de los documentos obrantes en su expediente.

f)

A obtener atención directa y personalmente de forma respetuosa y adaptada a sus circunstancias personales, sociales y culturales.

g)

A recibir información de interés general de manera presencial, escrita, telefónica, informática o telemática.

h)

A interesar la información administrativa necesaria de manera rápida y eficaz.

i)

A obtener orientación sobre otras posibles vías o medios para canalizar su petición en el caso de que no fuera competencia del Defensor del Pueblo Andaluz.

j)

A consultar los fondos documentales y bases de datos de acceso público a la Institución.

k)

A recibir el auxilio necesario en la redacción formal de quejas u otros escritos que se dirijan a la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz.

l)

A que en las comunicaciones escritas o verbales se utilice un lenguaje sencillo y comprensible para todos los ciudadanos y, sin perjuicio de ello, a solicitar y obtener cuantas aclaraciones sean necesarias para la total comprensión de las comunicaciones que se le dirijan.

m) A formular reclamaciones y sugerencias en relación con el funcionamiento de la Institución. n)

A que se adapten los medios y se adopten las medidas necesarias para que las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan ejercitar con plenitud los derechos reconocidos en esta Carta.

Formas de colaboración y participación con la Institución La ciudadanía en general y los usuarios/as de los diferentes servicios prestados por la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz podrán colaborar y participar en la mejora de los mismos a través de los siguientes medios: •

Mediante la expresión de sus opiniones en las encuestas que periódicamente se realicen.

•

Mediante la formulación de reclamaciones, sugerencias e iniciativas conforme a lo previsto en esta Carta.

•

Mediante los escritos de comunicación electrónica que se dirijan al Buzón de Reclamaciones y Sugerencias de la página web del Defensor del Pueblo Andaluz.

•

Mediante la participación en los foros de debate y encuestas de opinión que se incluyan en la página web de esta Institución.

•

Mediante los cauces de colaboración que el Defensor del Pueblo Andaluz tenga establecidos con otras instituciones, iniciativa social, entidades corporativas y otras modalidades de participación ciudadana.

Direcciones postales, telefónicas y telemáticas Para acceder a la prestación de los distintos servicios a que se compromete la institución del Defensor del Pueblo Andaluz en la presente Carta, los ciudadanos podrán dirigirse a las direcciones siguientes: • • • • • •

Oficina de atención ciudadana: C/ Reyes Católicos nº 21, Planta Baja (41001Sevilla). Información telefónica: 95 4212121. Telef de texto para personas sordas: 95 4560115. Teléfono de fax: 95 4214497. Dirección de Internet: www.defensor-and.es Correo electrónico: [email protected]

TEMA 6 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: PRINCIPIOS INFORMADORES Y ORGANIZACIÓN GENERAL. LOS CONSEJEROS, VICECONSEJEROS, DIRECTORES GENERALES, SECRETARIOS GENERALES TÉCNICOS Y ÓRGANOS ANÁLOGOS. LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. ÓRGANOS NO DIRECTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

1. LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: PRINCIPIOS INFORMADORES Y ORGANIZACIÓN GENERAL

1.1. REGULACIÓN GENERAL

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Ley 6/1.983 de 21 de Julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en las sucesivas modificaciones1[1] realizadas por ley 1/1.990 de 30 de Enero y Ley 6/1.994 de 18 de Mayo, de modificación de la Ley 6/1.983 de 21 de Julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma y la L. 1/1.986 de 2 de Enero, Electoral de Andalucía.

-

Decretos de organización; especialmente Decreto del Presidente 4 / 2002, de 16 de febrero.

1.2. PRINCIPIOS INFORMADORES 1[1] La Ley 6/1.994 de 18 de Mayo y la L.1/1.986 de 2 de Enero, establece que el Decreto de Convocatoria fijará la fecha de votación, que no podrá estar comprendido entre los días 1 de Julio a 31 de Agosto, y la de la sesión constitutiva del Parlamento que tendrá lugar dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. Se faculta al Presidente para que pueda disolver anticipadamente el Parlamento, con la limitación de imposibilidad de disolución respecto de: - No puede presentarse cuando esté en trámite una moción de censura. - Tampoco podrá disolverse en caso de que no haya transcurrido un año desde la última disolución.

La Constitución Española establece en su artículo 103 que: “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la Ley. Se establece los principios de acceso a la función pública basándose en la igualdad, el mérito y la capacidad”. Estos mismos principios resultan de aplicación a la Administración de la Junta de Andalucía.

1.3. ORGANIZACIÓN La Ley del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía especifica el número y denominación de las distintas Consejerías y faculta al Consejo de Gobierno su alteración siempre dentro de los límites de las disponibilidades presupuestarias. Actualmente la Administración de la Junta de Andalucía se encuentra regulada en el Decreto del Presidente 4 / 2002, de 16 de febrero.

Son las siguientes: -

Presidencia

-

Turismo y Deporte

-

Economía y Hacienda

-

Gobernación

-

Justicia y Administración Pública

-

Empleo y Desarrollo Tecnológico

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Relaciones Institucionales

-

Obras Públicas y Transporte

-

Agricultura y Pesca

-

Salud

-

Educación y Ciencia

-

Cultura

-

Medio Ambiente

-

Servicios Sociales

Podrán existir Consejeros sin cartera.

2. LOS CONSEJEROS Órganos unipersonales, políticos y administrativos 2.1. NOMBRAMIENTO, CESE, INCOMPATIBILIDADES Y RESPONSABILIDAD Los Consejeros son nombrados y separados por el Presidente de la Junta mediante Decreto. Los Consejeros cesan por las siguientes causas: -

Cuando se produzca el cese del Presidente de la Junta

-

Por dimisión

-

Por revocación del nombramiento decidido por el Presidente de la Junta

-

Por fallecimiento

En todos los casos, la efectividad del cese se producirá con la publicación del correspondiente decreto. Los consejeros están sometidos al mismo régimen de incompatibilidades que el Presidente de la Junta. La responsabilidad penal del Presidente de la Junta y de sus Consejeros será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. No obstante, la de los Consejeros, para los delitos cometidos en el ámbito territorial de su jurisdicción, será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ante los mismo Tribunales, respectivamente, será exigible la responsabilidad civil en que dichas personas hubieren incurrido con ocasión del ejercicio de sus cargos.

2.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS CONSEJERÍAS -

Las Consejerías están integradas por distintos órganos administrativos, cuyo titular es el Consejero que ejerce la superior dirección dentro del ámbito de su propia Consejería.

-

El siguiente nivel orgánico es el Viceconsejero, que ejerce funciones de apoyo al Consejero.

-

Los siguientes niveles orgánicos están formados por el Secretario General Técnico, Directores Generales, Servicios, Secciones o Departamentos y por Unidades o Negociados.

-

El Consejo Consultivo, ya ha sido analizado en el tema anterior al que nos remitimos.

2.4. COMPETENCIAS Además de las competencias como miembros del Consejo de Gobierno los Consejeros gozan de las siguientes: -

Ejercen la representación, dirección, gestión e inspección de la Consejería de la que son titulares y demás funciones que correspondan de la Administración Institucional adscrita a la misma.

-

Proponen al Consejo de Gobierno los proyectos de Ley o Decretos relativos a las cuestiones atribuidas a su Consejería

-

Proponen al Consejo de Gobierno los nombramientos y ceses de los Altos Cargos de su Consejería que requieran la forma de Decreto

-

Resuelven los conflictos de atribuciones entre autoridades dependientes de su Consejería

-

Formulan el anteproyecto de su presupuesto referido siempre al ámbito de su Consejería

-

Disponen de los gastos propios de los Servicios de las Consejerías, no reservados a la competencia del Consejo de Gobierno, dentro del importe de los créditos autorizados, e interesar de la Consejería de Economía y Hacienda la ordenación de los pagos correspondientes

-

Firman los contratos relativos a su Consejería, salvo lo dispuesto por ley que sea competencia del Consejo de Gobierno.

-

Resuelven los recursos administrativos en los casos que proceda.

-

Cuantas facultades le atribuyan la legislación vigente

3. VICECONSEJEROS

3.1. NATURALEZA JURÍDICA Asumen las funciones de los Consejeros en caso de ausencia o incapacidad o sustitución. 3.2. NOMBRAMIENTO, CESE, INCOMPATIBILIDADES Y RESPONSABILIDAD Su nombramiento y cese corresponde al Consejo de Gobierno en virtud de Decreto aprobado por el mismo y a propuesta del Consejero correspondiente. Tiene las mismas causas de incompatibilidad cuando actúan o no en sustitución del mismo.

y responsabilidad que el Consejero

3.3.COMPETENCIAS Los Viceconsejeros ejercen la jefatura superior de la Consejería después del Consejero, correspondiéndole la representación y delegación general del mismo. A nivel estatal se equiparan a los Subsecretarios asumiendo las funciones establecidas en la Ley 6/ 1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y aquellas funciones que específicamente les delegue el Consejero. Ejercen las siguientes funciones: -

Ostentar la representación ordinaria de la Consejería, dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comunes

-

Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad de la Consejería, a través del correspondiente asesoramiento técnico.

-

Asistir al Consejero en el control de eficacia de la Consejería y sus Organismos públicos.

-

Establecer los programas de inspección de los servicios de la Consejería, así como determinar las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo.

-

Proponer las medidas de organización de la Consejería y dirigir el funcionamiento de los servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones u órdenes de servicio.

-

Asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo, planes de empleo y política de directivos de la Consejería y sus Organismos

públicos, así como en la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y la planificación de los sistemas de información y comunicación. -

Desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la Consejería.

-

Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al Consejero en el desarrollo de las funciones que a éste le corresponden, y en particular en el ejercicio de su potestad normativa y en la producción de los actos administrativos de la competencia de aquél, así como a los demás órganos de la Consejería.

-

Informar las propuestas o proyectos de normas y actos de otras Consejerías, cuando reglamentariamente proceda. A tales efectos, será responsable de coordinar las actuaciones correspondientes dentro de la Consejería, y en relación con las demás Consejerías que hayan de intervenir en el procedimiento.

-

Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica y los restantes órganos directivos que dependan directamente de él.

-

Cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes de la Consejería y a la representación ordinaria dela misma y las que les atribuyan la legislación en vigor.

4. DIRECTORES GENERALES 4.1. NATURALEZA JURÍDICA Las Direcciones Generales constituyen los Centros Directivos en que se divide una Consejería y que corresponden a las grandes ramas en que se estructuran los Servicios de las mismas. 4.2. NOMBRAMIENTO, CESE, INCOMPATIBILIDADES Y RESPONSABILIDAD Son nombrados y cesados por Decreto aprobado en Consejo de Gobierno y a propuesta del Consejero correspondiente. 4.3. COMPETENCIAS Ejercen las funciones de los Directores Generales de la Administración Estatal. Sus funciones son: a)

Proponer los proyectos de su Dirección General para alcanzar los objetivos establecidos por el Consejero, dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento.

b)

Ejercer las competencias atribuidas a la Dirección General y las que le sean desconcentradas o delegadas.

c)

Proponer, en los restantes casos, al Consejero o al titular del órgano del que dependa, la resolución que estime procedente sobre los asuntos que afectan al órgano directivo.

d) Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria del órgano directivo y velar por el buen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes y del personal integrado en los mismos. e)

Las demás atribuciones que le confieran las leyes y reglamentos.

5. SECRETARIOS GENERALES TÉCNICOS 5.1.NATURALEZA JURÍDICA Órgano técnico. Rango de Director General. 5.2. NOMBRAMIENTO, CESE, INCOMPATIBILIDADES Y RESPONSABILIDAD Su nombramiento y cese se acuerda por Decreto aprobado en Consejo de Gobierno y a propuesta del Consejero correspondiente. 5.3. COMPETENCIAS Ejercen las siguientes funciones: -

Tendrán las competencias sobre servicios comunes que les atribuyan el Decreto de estructura de la Consejería y, en todo caso, las relativas a: producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones.

-

Ejercen sobre sus órganos dependientes las facultades atribuidas al Director General.

6. ÓRGANOS ANÁLOGOS: LOS SECRETARIOS GENERALES Aunque no están regulados en la normativa andaluza, existen en algunas Consejerías con carácter excepcional Las normas que regulan la estructura de una Consejería, deberán determinar las competencias que le correspondan sobre un sector de actividad administrativa determinado. Los Secretarios generales ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en particular, impulsan la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares, así como todas aquellas que les asigne expresamente el Real Decreto de estructura del Ministerio.

Los Secretarios generales, con categoría de Subsecretario, serán nombrados y separados por Decreto aprobado en Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero. Los nombramientos habrán de efectuarse entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.

7. LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 7.1. REGULACIÓN GENERAL Se contiene en las siguientes disposiciones: -

Decreto 17/1983, de 26 de enero, de estructuración transitoria de los Servicios Territoriales de la Junta de Andalucía

-

Decreto 512/1996, de 10 de diciembre, de creación y regulación de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía

-

Decreto 138/1984, de 22 de mayo, por el que ser regulan los requisitos para ser nombrado Delegado Provincial

-

Decreto 113/1997, de 8 de abril, por el que se crea la Subcomisión del Gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar

7.2.DELEGACIONES PROVINCIALES En cada Provincia existirá una Delegación Provincial de cada una de las Consejerías con excepción de la Consejería de Presidencia. Las Delegaciones Provinciales ejercen los cometidos de su Consejería en su ámbito territorial.

7.2.1. Delegados Provinciales El nombramiento y cese se produce por Decreto acordado en Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero correspondiente. Para ser Delegado Provincial se requiere alguna de las siguientes condiciones: -

Ser funcionario de carrera de cualquiera de las Administraciones públicas de los grupos A o B.

-

Estar en posesión de título universitario

-

Haber ostentado con anterioridad cargo público.

Son funciones del Delegado Provincial: a)

Representar a la Consejería en todos los ámbitos institucionales

b) Ejercer la superior dirección de los servicios de la Delegación y coordinación de la actividad entre los mismos. c)

Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que afecten a competencias propias de la Consejería

d) Ejercer cualquier otra función que por ley le sea atribuida. 7.2.2. Secretarios Generales Tienen un carácter eminentemente administrativo. Sus titulares son funcionarios del Grupo A y tienen categoría de Jefe de Servicio. Su regulación se encuentra en el Decreto 21/1.985 de 5 de Febrero. En cada Delegación Provincial existirá un Secretario General que tendrá en su ámbito territorial respectivo las siguientes funciones: -

Coordinación administrativa de acuerdo con las instrucciones del Delegado Provincial

-

Administración y gestión de los asuntos de personal y económicos de la Delegación Provincial, bajo la dirección del Delegado y con sujeción a los criterios y normas emanados de las autoridades superiores de la Consejería

-

Tramitación de los recursos administrativos

-

Archivo y registro

-

Asesoramiento jurídico en general

-

Cualquier otra función que por ley le sea atribuida.

-

Suplencia del Delegado Provincial. (En caso de vacaciones, enfermedad o vacante del Delegado Provincial ejercerá sus funciones el Secretario General)

7.2.3. Delegados del Gobierno Regulados por Decreto 512/ 1996, de 10 de febrero, por el que se crean y regulan las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía ( modificado por Decreto 98/ 2002, de 5 de marzo)

El Delegado del Gobierno es el representante del Gobierno de la Comunidad Autónoma en la Provincia. Son órganos de coordinación de los servicios periféricos de la Junta de Andalucía en cada Provincia y de instrumento de relación de éstos y los Servicios Centrales de la Junta. Ejerce las más altas funciones de representación y preside todos los actos y recepciones de la Comunidad Autónoma Andaluza. Depende orgánica y funcionalmente de la Consejería de Gobernación. En el Campo de Gibraltar, la denominación de “Subdelegado del Gobierno en el Campo de Gibraltar”. Su nombramiento y cese se efectúa mediante Decreto acordado en Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero de Gobernación. Los Delegados del Gobierno deben ser españoles en pleno uso de los derechos civiles y políticos, y contar con los mismos requisitos exigidos a los Delegados Provinciales. Como prerrogativas el Delegado del Gobierno tiene el rango de Director General, y su cargo es incompatible con las actividades a que se refiere la Ley de incompatibilidades. En caso de ausencia o enfermedad es sustituido por el Delegado Provincial que él designe. En caso de vacante y hasta la toma de posesión del nuevo titular, las funciones serán desempeñadas por el Delegado Provincial que designe el Consejero de Gobernación, quien lo pondrá en conocimiento de la Consejería a que pertenezca. El Delegado del Gobierno tiene atribuidas las siguientes funciones: a)

Coordinar e impulsar la actividad de todos los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma en la Provincia, bien directamente, o bien a través de la Comisión provincial de coordinación, sin perjuicio de las dependencias jerárquicas directas, tanta orgánica como funcional, de cada Delegado respecto de su Consejería.

b)

Representación del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma en la provincia.

c)

Actuar como órgano de comunicación entre la Administración de la Comunidad Autónoma la Administración civil del Estado y los Entes Locales de ámbito Provincial, sin perjuicio de las actuaciones específicas que correspondan a cada Delegado Provincial en razón de la materia objeto de su competencia.

d) Ordenación de los servicios e)

Adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de lo acordado por la Comisión de Coordinación.

f)

Ejercer las funciones propias como Delegado del Gobierno

g)

Difundir, aplicar, ejecutar así como transmitir por vía jerárquica todas las disposiciones de carácter general y los mandatos y directrices del Gobierno Andaluz.

h)

Ejercer en la Provincia las potestades sancionadoras según la normativa de la Comunidad Autónoma así como aquellas que no estén expresamente atribuidas a ningún órgano administrativo de la Junta de Andalucía en la Provincia.

7.2.4. Órganos de colaboración y coordinación Son los siguientes: -

Comisión Provincial de coordinación

Su actuación se dirigirá a impulsar y coordinar la actividad de los distintos servicios periféricos de la Junta de Andalucía -

Comisión Provincial de colaboración con las Corporaciones Locales

Es un órgano de coordinación entre órganos de la administración autónoma y administración local. Están integradas por los distintos Delegados Provinciales y presidida por el Delegado del Gobierno, en el caso de la Comisión Provincial de coordinación y por igual número de representantes de la Comunidad Autónoma y de las Corporaciones Locales en el caso de la Comisión Provincial de colaboración con las corporaciones locales.

8. ÓRGANOS NO DIRECTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

8.1. CONCEPTO La Administración de la Junta de Andalucía se estructura en tres niveles diferenciados. Son los siguientes: Órganos superiores de la Administración de la Junta de Andalucía. -

Este nivel está formado por órganos políticos colegiados (Consejo de Gobierno, Comisiones Delegadas del Consejo de Gobierno, Comisiones Interdepartamentales y la Comisión General de Viceconsejeros) y unipersonales (Presidente de la Junta de Andalucía, Vicepresidentes y Consejeros)

Órganos superiores de las Consejerías. -

Está integrado por órganos unipersonales. (Consejeros, Viceconsejeros, Secretarios Generales, Directores Generales y Secretarios Generales Técnicos)

.Órganos no directivos de la Administración de la Junta de Andalucía. -

Está formado por Servicios, Secciones y Negociados, entre ellos existe una dependencia jerárquica, también se denominan “unidades administrativas”.

Por tanto: 1. Los Negociados constituyen el nivel inferior de una Consejería o de un Organismo Autónomo, estando por aplicación de los principios de jerarquía y organización, integrados en las Secciones. 2. Las Secciones son las unidades no directivas que agrupan a uno o varios Negociados en su estructura. 3. Los Servicios, agrupan a una o varias Secciones. No obstante hay que señalar que puede darse la existencia de otras unidades, denominadas “órganos asimilados” que contarán con nivel orgánico de Jefatura, cuando se trate puestos de trabajo de determinados por la especialización de funciones o por conllevar una mayor responsabilidad en el ejercicio de las funciones asignadas.

8.2. REGULACIÓN JURÍDICA La regulación jurídica de este tipo de unidades, se encuentra recogida en dos estadios diferentes. Por un lado debemos remitirnos a lo establecido, como norma básica estatal, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y por otro remitirnos a la propia regulación, que de esta materia, realiza la Comunidad Autónoma Andaluza, a través de dos normas: la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Administración de la Junta de Andalucía y la regulación contenida en el Decreto 90/1993, de 13 de julio, que establece las funciones de los órganos administrativos de la Junta de Andalucía.

8.3. CREACIÓN DE ÓRGANOS NO DIRECTIVOS En este sentido, resulta de aplicación lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común, a través de su artículo 11.

Para la creación de este tipo de órganos es necesario, el cumplimiento de los siguientes requisitos, con carácter previo:

-

Establecer expresamente el Departamento o Consejería en el que se integrará.

-

Realizar un estudio económico del coste de su funcionamiento y del rendimiento de sus servicios. Este estudio debe acompañar al proyecto de disposición por la que se establezca su creación.

-

No pueden crearse en el caso de que supongan duplicación de otros ya existentes, si no se suprimen o restringen las competencias de éstos.

Los órganos asimilados serán determinados por las respectivas Consejerías, en ejercicio de sus funciones reglamentarias. Para ello será necesaria la emisión de informe previo de la Consejería de Gobernación. Para la emisión del mismo, la Consejería tendrá en cuenta: -

Las funciones encomendadas a cada puesto de trabajo.

-

Su incardinación en la organización.

-

Su integración orgánica.

8.4. FUNCIONES Como ya hemos indicado, las funciones de este tipo de órganos se encuentran recogidas en el Decreto 90/1993, de 13 de julio. Además las podemos encontrar reguladas en sus propias normas de creación, en las relaciones de puestos de trabajo y en las normas de desarrollo que dicten los Consejeros como responsables de la dirección, organización y control de la Consejería en la que se integren.

8.4.1. Funciones de los Servicios Les corresponde el desarrollo de las siguientes funciones: -

Ordenar el despacho de asuntos.

-

Elaborar las propuestas de los actos administrativos que sean competencia del inmediato órgano superior.

-

Proponer la ampliación del cómputo de plazos en los supuestos contemplados en los artículos 71.2.2[2] párrafo 2º y en el artículo 49.13[3], párrafo 2º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

-

La declaración de urgencia en la tramitación de procedimientos administrativos.

-

Realizar la notificación de actos a sus destinatarios.

-

Acordar la mejora de las solicitudes.

-

Autorizar el acceso a los documentos y a los registros que obren en los archivos del Servicio, en aquellos casos en los que así lo permita la Ley.

-

Ordenar cuanto fuere necesario para que el personal del Servicio desarrolle adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones inherentes al desempeño de las funciones de su puesto de trabajo.

-

Desarrollar cuantas otras funciones les sean asignadas o tengan asignadas por delegación, así como aquellas que no estén expresamente atribuidas a otros órganos superiores o, en los términos indicados, a otros inferiores.

8.4.2. Funciones de las Secciones Les corresponde realizar el ejercicio de las siguientes funciones: -

Informar a los interesados del estado de tramitación de los expedientes, en los que tengan la condición de interesados, y que estén incluidos en su ámbito de aplicación, sin perjuicio de que esta función pueda ser asignada a órganos especializados.

-

Expedir y autorizar las copias de documentos públicos o privados que obren en los expedientes que se encuentren tramitándose bajo su responsabilidad.

2[2] LRJ-PAC. Art. 71º 1º y 2º. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos (... ) Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva el plazo anterior podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente especiales dificultades. 3[3] LRJ-PAC. Art. 49.2 La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, tramitándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España.

-

Informar y orientar a los ciudadanos sobre los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes imponen a los proyectos, actuaciones o solicitudes que aquellos se propongan realizar.

-

Acordar la acumulación de expedientes, en los casos permitidos por la ley4[4].

-

Requerir la subsanación de escritos o solicitudes interesados.

-

En general, les corresponde la realización de las funciones de instrucción de los procedimientos y aquellas otras que se les atribuyan por delegación o desconcentración o que tengan atribuidas de modo expreso.

presentados por los

8.4.3. Funciones de los Negociados

Les corresponde el ejercicio de las siguientes competencias: -

Realizar el despacho y la tramitación de aquellos asuntos que consistan en la simple constatación de hechos y en la aplicación automática de normas, siempre que no se hallen incluidas como funciones de los Servicios o las Secciones.

8.5. ÁMBITO FUNCIONAL Funcionalmente, el ámbito de los Servicios, Secciones y Negociados, se entienden sin perjuicio de aquellas funciones y responsabilidades, como las de dirección, seguimiento, control, vigilancia y análogas que corresponde realizar a los titulares de la Jefatura de cada órgano.

8.6. ÁMBITO COMPETENCIAL El ámbito competencial de los Servicios, Secciones y Negociados, es el definido en: -

Las normas orgánicas.

-

La Relación de puestos de trabajo.

-

Las normas de desarrollo dictadas por el responsable de la Consejería.

4[4] LRJ-PAC. Art. 73. EL órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, sin que proceda recurso alguno contra el acuerdo de acumulación.

9. LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 9.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES El Artículo 42 de la LOFAGE establece la personalidad jurídica y potestades de los Organismos Públicos, con la siguiente redacción: 1.

Los Organismos públicos tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, en los términos de esta Ley.

2.

Dentro de su esfera de competencia, les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria. Los estatutos podrán atribuir a los Organismos públicos la potestad de ordenar aspectos secundarios del funcionamiento del servicio encomendado, en el marco y con el alcance establecido por las disposiciones que fijen el régimen jurídico básico de dicho servicio.

En la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía se establece que por Ley el Parlamento regulará el régimen de la Administración Institucional dependiente de la administración de la Comunidad Autónoma. Se aplica de forma supletoria el derecho estatal a falta de esa regulación específica. La creación de los Organismos Autónomos habrá de ser autorizada siempre por Ley y se determinará de forma específica: -

Las funciones que hayan de tener a su cargo

-

La Consejería a la que hayan de quedar adscritos

-

Las bases generales de su organización, régimen de acuerdos de sus órganos colegiados y designación de las personas que hayan de regirlos

-

Los bienes y medios económicos que se le asignen para el cumplimiento de sus fines y los que hayan de disponer para la realización de los mismos.

En cuanto a su extinción esta se efectuará por: -

Ley

-

El transcurso del tiempo de existencia señalado en su ley fundacional.

-

Por el cumplimiento del fin para el que fueron creados, con acuerdo, en este caso, del Consejo de Gobierno, y previo dictamen del Consejo Consultivo.

Sus funciones se determinan de forma específica en su Ley de creación y en sus propios Estatutos. Actualmente son los siguientes: -

Servicio Andaluz de Salud (SAS). L. 8/ 1986, de 6 de mayo. Decreto 208/ 1992, 30 de diciembre. Adscrito a la Consejería de Salud

-

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo Ley 2/90 de 2 de Febrero. Adscrito a la Consejería de Cultura

-

Patronato del Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife Decreto 59/86 de 19 de Marzo. Adscrito a la Consejería de Cultura

-

Instituto Andaluz de la Mujer Ley 10/88 de 29 de Diciembre. Adscrito a la Consejería de Presidencia

-

Instituto Andaluz de Administración Pública ( I.A.A.P.) Ley 6/85 de 28 de Noviembre. Adscrito a la Consejería de Justicia y Administración Pública

-

Instituto de Estadística de Andalucía ( I.E.A.) Ley 4/89 de 12 de Diciembre. Adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda

-

Instituto Andaluz de Reforma Agraria ( I.A.R.A) Ley .8/84 de 3 de Julio. Adscrito a la Consejería de Agricultura y Pesca.

-

Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica. Ley 1/2003, de 10 de abril adscrito a la Consejería de Agricultura y Pesca.

-

Instituto Andaluz de Servicios Sociales ( I.A.S.S.) Ley .2/88 de 4 de Abril. Adscrito a la Consejería de Servicios Sociales

-

Instituto Andaluz de la Juventud ( I.A.J). Ley 9/ 1996. Adscrito a la Consejería de Presidencia

-

Servicio Andaluz de Empleo. Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo. Adscrito a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Son empresas públicas de la Junta de Andalucía: -

Empresa Pública del Suelo (E.P.S.A.) D. 113/1991, de 21 de Mayo. Adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

-

Sociedad Andaluza para el desarrollo de la sociedad de la información. (S.A.U.) Adscrita a la Consejería de Presidencia.

-

Empresa Pública Hospital Costa del Sol D. 104/93 de 3 de Agosto. Adscrita a la Consejería de Salud.

-

Empresa Pública Hospital del Poniente (El Ejido {Almería}) Ley de Presupuestos para 1.997. Adscrita a la Consejería de Salud.

-

Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir. Adscrito a la Consejería de Salud. Adscrita a la Consejería de Salud.

-

Empresa Pública para el desarrollo agrario y pesquero de Andalucía S.A.Adscrita a la Consejería de Agricultura y Pesca.

-

Empresa Pública de Gestión Medioambiental S.A. Adscrita a la Consejería de Gestión de Medio Ambiente.

-

Empresa Pública de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil. Inturjoven S.A. Integrada en el Instituto Andaluz de la Juventud.

-

Puertos de Andalucía. Adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

-

Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla S.A. Adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

-

Turismo Andaluz S.A. Adscrita a la Consejería de Turismo y Deporte.

-

Gestión de Infraestructuras de Andalucía S.A. Adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

-

Empresa Pública del Deporte Andaluz. Adscrita a la Consejería de Turismo y Deporte.

-

Comercializadora de productos andaluces S.A. Adscrita Economía y Hacienda.

-

Empresa Pública de Radio Televisión Andaluza ( R.T.V.A.) Ley 8/87 de 9 de Diciembre. Adscrita a la Consejería de Presidencia.

-

Instituto de Fomento de Andalucía ( I.F.A.) Ley 3/87 de 13 de Abril. Adscrito a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico

-

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Ley 2/94 de 24 de Marzo. Adscrita a la Consejería de Salud.

-

Empresa Pública de Gestión de programas culturales. Decreto.46/93 de 20 de Abril. Adscrita a la Consejería de Cultura.

-

Cartuja 93 S.A. Adscrita a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

a

la

Consejería

de

-

Escuela Andaluza de Salud Pública S.A. Adscrita a la Consejería de Salud.

Son servicios administrativos sin personalidad: -

Centro Andaluz de Flamenco Decreto 159/93 de 13 de Octubre.

-

Instituto Andaluz del Deporte Decreto 86/86 de 7 de Mayo.

-

Escuela Pública de Tiempo Libre y Animación Sociocultural ( Servicio Público Centralizado ) Decreto 292/87 de 9 de Diciembre.

-

Centro Andaluz de Fotografía Decreto 199/92 de 24 de Noviembre.

-

Filmoteca de Andalucía Decreto 295/87 de 9 de Diciembre.

-

Centro de Documentación Musical de Andalucía Decreto 293/87 de 9 de Diciembre.

-

Conjunto Monumental de la Cartuja de Santa María de las Cuevas Decreto 125/89 de 4 de Julio.

-

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico Decreto 107/89 de 16 de Mayo.

-

Archivo General de Andalucía Decreto 323/87 de 23 de Diciembre.

-

Biblioteca de Andalucía Decreto 294/87 de 9 de Diciembre.

-

Instituto de Cartografía de Andalucía. Decreto.116/93 de 7 de Septiembre.

-

Instituto Andaluz de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado Decreto 383/90 de 6 de Noviembre. Depende de la Consejería de Educación y Ciencia.

-

Centro Informático científico de Andalucía Decreto 43/89 de 7 de Marzo.

-

Centro Andaluz de Prospectiva Decreto 185/90 de 5 de Junio.

-

Instituto Andaluz de Biotecnología Decreto 183/90 de 5 de Junio.

-

Instituto Andaluz de Energía Renovable Decreto 184/90 de 5 de Junio.

-

Centro Andaluz de Documentación en Normalización y Fabricación Decreto 95/90 de 13 de Noviembre.

-

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Decreto 213/87 de 2 de Septiembre. Órgano administrativo de la Consejería de Gobernación, perteneciente a la Dirección General de Política Interior

-

Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales. Unidad administrativa de la D.G. de Formación Profesional de la Consejería de Educación y Ciencia. Decreto 1/ 2003, de 7 de enero.

Otros: -

Consejo Andaluz de Relaciones Laborales ( depende de la Consejería de Empleo y Relaciones laborales) Ley 4/83 de 27 de Junio.

-

Comisionado para la Droga ( nivel de Dirección General), depende de la Consejería de Asuntos Sociales Ley 4/83 de 27 de Junio.

-

Residencias de Tiempo Libre. Orden de 12 de Marzo de 1992

-

Residencias de la tercera edad gestionadas por el I.A.S.S., dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales Decreto 260/90 de 6 de Febrero. Orden 17/4/90.

-

Consejo Escolar de Andalucía Ley 4/84 de 9 de Enero.

-

Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre ( Real Patronato)

TEMA 7 FUENTES DEL DERECHO

LAS FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. JERARQUÍA NORMATIVA. LA LEY. DISPOSICIONES CON FUERZA DE LEY. EL REGLAMENTO. EL ACTO ADMINISTRATIVO: CONCEPTO, CLASES Y ELEMENTOS. LA FORMA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS: LA MOTIVACIÓN, LA NOTIFICACIÓN Y LA PUBLICACIÓN. EFICACIA Y VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

1. LA LEY. DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO CON RANGO DE LEY. LOS REGLAMENTOS. CONCEPTO Y CLASES DE FUENTES Tradicionalmente se distinguen fuentes del derecho en sentido formal y fuentes del derecho en sentido material. En la primera acepción del término, en sentido formal, entendemos por fuente del derecho la concreción real de la potestad normativa originaria de determinadas instituciones. Es decir, la forma que adopta la norma en su concreción. En la segunda acepción del término, en sentido material, entendemos por fuente del derecho la institución e instituciones que tienen la potestad atribuida de crear normas jurídicas. Por tanto, en el primer sentido del término la ley es una fuente del derecho y en el segundo, las Cortes Generales como órgano encargado de su aprobación. Las clases de fuentes, encuentran su regulación en el Código Civil. Señala el artículo 1 del mismo: 1.

Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho.

2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior 3.

La costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre.

4.

Los principios generales del Derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.

5.

Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el B.O.E.

6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. Por tanto, clasificamos las fuentes de la siguiente forma: FUENTES DIRECTAS -

La Ley

-

La costumbre

-

Los Principios Generales del Derecho

FUENTES INDIRECTAS -

La Jurisprudencia

-

Los Tratados Internacionales

Esta tradicional clasificación de las fuentes que hace el Código Civil no se corresponde, sin embargo, con la realidad del ordenamiento, entre otras razones porque no se cita siquiera una fuente tan importante como son los reglamentos, aunque se puede entender una alusión al hablar de disposiciones que contradigan otras de rango superior. Por ello hay que entender el término “ley” en el sentido de norma escrita, cualquiera que sea el órgano de que emane. Por otro lado, el sistema de fuentes es hoy mucho más complejo que cuando se redactó el Código Civil, complejidad que deriva no sólo del valor de la Constitución como norma jurídica, sino también de la aparición de dos nuevas clases de leyes, desconocidas hasta la Constitución de 1978: la Ley orgánica, que se aplica para regular ciertas materias por su importancia, y la Ley de las Comunidades Autónomas, que surge de haberse reconocido en ellas otra instancia soberana de producción de Derecho. Por si esto fuera poco, la entrada de nuestro país en las Comunidades Europeas ha supuesto la aplicación de un nuevo ordenamiento conforme al cuál, a parte del valor de los tratados internacionales, aparecen los reglamentos comunitarios, con vigencia directa e inmediata en el Derecho español e incluso con valor superior al de nuestras leyes, a las que derogan. Un sistema de fuentes, de otro lado, supone la existencia de unas normas sobre las mismas fuentes, que las ordenen o jerarquicen, asignando a cada su posición dentro del conjunto. Esta función la cumplen los principios de jerarquía normativa y el de competencia. Según el primero de ellos, recogido en el artículo 9.3 Constitución, la norma superior deroga a la inferior y la inferior es nula cuando contradice la superior.

El principio de competencia significa la atribución a un órgano concreto de la potestad de regular materias o de dictar cierto tipo de normas con exclusión de los demás órganos. Por tanto, podemos establecer después de estas aclaraciones que el sistema real de fuentes del derecho en nuestro país es el siguiente:

FUENTES DIRECTAS - Primarias-

La Constitución

-

Ordenamiento comunitario

-

Estatutos de Autonomía y Leyes Orgánicas

-

Leyes ordinarias del Estado y de las Comunidades Autónomas; Decretos leyes y Decretos legislativos

-

Reales Decretos y Decretos autonómicos

-

Órdenes de las Comisiones Delegadas del Gobierno

-

Órdenes Ministeriales

-

Disposiciones de Autoridades inferiores

- Secundarias-

Costumbre

-

Principios Generales del Derecho

FUENTES INDIRECTAS -

Tratados Internacionales

-

Jurisprudencia

2. LA CONSTITUCIÓN La Constitución es la primera de las fuentes, es decir, la norma que prevalece sobre todas las demás. Sin embargo, la cuestión que interesa dilucidar no es la evidencia de que la Constitución es una norma jurídica sino si es o no directamente aplicable por los operadores del Derecho. Si esta discusión se plantea es porque las constituciones actuales, además de regular los derechos y libertades básicas y la organización de los poderes del Estado, recogen otra serie de preceptos que pretenden establecer una tabla de valores conformadores de la sociedad entera.

La respuesta la encontramos recogida en el artículo 53 de la Constitución, que distingue entre las normas reguladoras de los derechos fundamentales y libertades públicas de las que recogen los principios rectores de la política social y económica. De las primeras se predica su aplicación directa al señalar que “vinculan a todos los poderes públicos”. De las segundas, en cambio, se dice que “su reconocimiento, respeto y protección informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos”. La supremacía de la Constitución puede verse, no obstante, disminuida por el Derecho europeo, pues, si en principio los tratados internacionales sólo son válidos si se sujetan a lo dispuesto en la Constitución (artículo 95.1: “la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá á previa revisión constitucional”), aquella supremacía cede en el supuesto contemplado en el artículo 93 de la propia Constitución, que establece que mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Por razón de los procedimientos establecidos para su revisión, las normas constitucionales son de dos clases: -

Las previstas en el artículo 168.1 de la Constitución. Su revisión se equipara con la revisión total de la Constitución y se sujeta a un procedimiento que consiste en la aprobación de la iniciativa por mayoría de 2/3 de ambas Cámaras, disolución de las Cortes, ratificación de la decisión por las nuevas Cámaras, aprobación del nuevo texto por mayoría de 2/3 y sometimiento a referéndum.

-

Las restantes que se pueden considerar jerárquicamente inferiores a las anteriores y su revisión se realiza por un procedimiento más simple, recogido en el artículo 167 de la Constitución.

Las técnicas utilizadas para garantizar la supremacía de la Constitución sobre las demás normas se organizan en nuestro país mediante un sistema de control concentrado en la que el control de la Constitucionalidad de las leyes queda en manos de un solo órgano, el Tribunal Constitucional, frente al denominado “sistema de control difuso”, utilizado en Estados Unidos y en el que, son los propios jueces ordinarios, bajo el control último del Tribunal Supremo, los que determinan la constitucionalidad de las normas con ocasión de su aplicación a los casos concretos. 3. LAS LEYES Y SUS CLASES Las leyes son aquellas normas de origen parlamentario, subordinadas a la Constitución, e irresistibles e indiscutibles para los operadores jurídicos. Dentro de las leyes parlamentarias, además de las leyes ordinarias, que se aprueban por el procedimiento habitual y mayoría simple, la Constitución de 1978 ha introducido la categoría de leyes orgánicas. Estas leyes se refieren a materias de especial trascendencia y requieren mayoría absoluta del Congreso. Se refieren “al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución” (artículo 81 Constitución).

También son leyes parlamentarias las leyes de las Comunidades Autónomas, es decir, las normas que aprueban sus órganos legislativos sobre materias que tiene atribuidas y sobre las cuales tiene el Tribunal Constitucional el control de su constitucionalidad. Las leyes de las Comunidades Autónomas están subordinadas, además de a la Constitución, a sus respectivos Estatutos de Autonomía. Esto significa que no están subordinadas a todas las leyes estatales con las cuales se relaciona a través del principio de competencia, en lugar del principio de jerarquía. Sin embargo, la Constitución ha previsto un conjunto de leyes estatales de conexión con los subsistemas autonómicos, que por su naturaleza se imponen jerárquicamente a las leyes de los Parlamentos de las CC.AA. y que son las siguientes: ¾ Los Estatutos de Autonomía, que son leyes orgánicas que se caracterizan, a partir de su objeto, en su sistema de elaboración y modificación. ¾ Las leyes-marco, a través de las cuales “las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar para sí mismas normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una Ley estatal” (artículo 150.1 Constitución). ¾ Las leyes de transferencia o delegación, por medio de las cuales “el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación” (artículo 150.2 Constitución). ¾ Las leyes de armonización, por medio de las cuales “el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las CC.AA., aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general” (artículo 150.3 Constitución). Como formas especiales de leyes parlamentarias están las siguientes: - Leyes refrendadas.- Son las sometidas a referéndum, si entendemos que el artículo 92 de la Constitución, al hablar, a propósito del referéndum, de “decisiones políticas de especial trascendencia” incluye a las leyes. - Leyes paccionadas.- Se utilizan para dar más autoridad a determinados contratos, protegiéndolos de posibles modificaciones unilaterales del poder ejecutivo. 3.1. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ORDINARIO Se regula en el Título III, Capítulo II de la Constitución española de 1978 (artículos del 81 al 92). El procedimiento se inicia con la iniciativa o presentación de proyectos o proposiciones de ley antes las Cámaras.

La iniciativa legislativa puede ser ejercida por: -

El Gobierno.

Se concreta en los proyectos de ley. Una vez aprobados por el Consejo de Ministros, se remiten al Congreso de los Diputados, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios, para que éste pueda pronunciarse sobre ellos (artículos 87 y 88 de la Constitución) -

El Congreso de los Diputados y del Senado.

Se ejercita por medio de una proposición de ley que puede ser impulsada por los grupos parlamentarios o individualmente por 15 Diputados o 20 Senadores (artículo 87 de la Constitución). -

Las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.

Se realiza remitiendo a la Mesa del Congreso de los Diputados una proposición de ley y designando a tres de sus miembros como representantes para que se encarguen de su defensa (artículo 87.2 Constitución). -

El Pueblo.

Conocida como “iniciativa legislativa popular”. Se encuentra regulada por Ley Orgánica 3/1984, de 28 de marzo. Para su ejercicio se exige un mínimo de 500.000 firmas acreditadas, y no procede en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia (artículo 87.3 de la Constitución). Una vez ejercida la iniciativa, si se trata de una proposición de ley, la Mesa de la Cámara la remitirá al Gobierno para que pueda oponerse a su tramitación, para pasar después al Pleno de la Cámara, que se pronunciará sobre su toma en consideración. Este trámite no se aplica a los proyectos de ley. Tras la iniciativa tiene lugar la aprobación por el Congreso de los Diputados, siguiendo los trámites siguientes: -

Toma en consideración

-

Publicación

-

Presentación de enmiendas

-

Informe de una ponencia sobre el proyecto

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Debate y votación artículo por artículo

-

Elaboración de un dictamen por la Comisión

-

Debate y votación final en el Pleno

Para que los proyectos sean aprobados basta la mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra, cualquiera que sea el número de abstenciones, salvo que la Constitución exija una mayoría cualificada. Si el Senado ha introducido enmiendas o ha puesto su veto el proyecto se devuelve al Congreso para su nueva consideración. Si se trata de enmiendas, el Congreso se pronunciará sobre ellas, admitiéndolas o no por mayoría simple. Si se trata de veto, el proyecto habrá de someterse a ratificación, que requerirá mayoría absoluta o, una vez transcurridos dos meses, mayoría simple. El procedimiento legislativo concluye con la sanción por parte del Rey, en cumplimiento del artículo 91 de la Constitución de 1978 que señala que “el Rey sancionará, en el plazo de quince días, las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación”, que deberá hacerse en el BOE, según establece el artículo 2.1 Código Civil. 3.2. LEYES ORGÁNICAS Y ORDINARIAS Según el artículo 81 de la Constitución española de 1978, son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. La Constitución exige una mayoría cualificada tanto para su aprobación como para su modificación o derogación, mayoría que consiste en “la mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto”. Las leyes ordinarias son aprobadas, modificadas o derogadas, por las Cortes Generales por mayoría simple tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado y afectan a todas aquellas materias sobre las que no exista reserva de ley orgánica. 3.3. LAS NORMAS DEL GOBIERNO CON FUERZA DE LEY: DECRETOS-LEYES Y DECRETOS LEGISLATIVOS El Gobierno tiene atribuida la facultad de dictar normas con rango de ley bajo las fórmulas de decreto-ley y de decreto legislativo, también denominadas “normas con fuerza de ley”. Procedemos a su estudio a continuación. 3.3.1. Decretos-leyes Surgen a finales del siglo XIX y, si bien en principio tuvieron su fundamento en la concurrencia de circunstancias excepcionales, actualmente se basan en razones de urgencia o como alternativa a la lentitud de los trabajos parlamentarios. La Constitución los regula en el artículo 86, estableciendo una serie de normas de necesario y obligado cumplimiento: -

Debe tratarse de un “caso de extraordinaria y urgente necesidad”.

-

No pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al derecho electoral general.

-

Deberá ser ratificado por el Congreso en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación.

-

La fórmula de los decretos-leyes no es utilizable por las Comunidades Autónomas.

3.3.2. Los decretos legislativos Se regulan en el artículo 85 de la Constitución al establecer que “las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decretos legislativos”. Las Cortes Generales, mediante leyes de delegación o de autorización, o bien delega en el Gobierno la facultad de desarrollar con fuerza de ley los principios contenidos en una ley de bases, encargo que realiza mediante la aprobación de textos articulados, o bien autoriza al Gobierno para refundir el contenido de varias leyes en un único texto que se materializa en la aprobación de textos refundidos. Los requisitos de la delegación, se regulan en la Constitución en los artículos 82 y 83, en los siguientes términos: -

La delegación deberá hacerse por una ley de bases cuando se trate de formar textos articulados o por una ley ordinaria de autorización cuando se trate de refundir varios textos en uno solo.

-

La delegación puede contener cualquier materia, excepto la que deba ser objeto de regulación por ley orgánica. La delegación no puede incluir la facultad de modificar la propia ley de bases, ni la de dictar normas con carácter retroactivo.

-

La delegación debe hacerse de forma expresa y con fijación del plazo para su ejercicio, sin que pueda entenderse concedida de modo implícito ni por tiempo indeterminado.

-

La delegación ha de hacerse de forma precisa, de forma que las bases han de delimitar con precisión el objeto y alcance de la delegación, mientras que las autorizaciones para refundir textos legales deben determinar si la delegación se refiere a la mera formulación de un texto único o si incluye el regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.

-

La aprobación ha de hacerse observando las reglas de procedimiento establecidas para los demás reglamentos gubernativos. Merece recalcarse que antes de la aprobación del decreto legislativo, debe informar el Consejo de Estado sobre su adecuación a la delegación, informe que tiene carácter preceptivo pero no vinculante.

Los efectos de la delegación de la delegación son los siguientes:

-

Los textos resultantes de la delegación tienen el valor de normas con rango de ley en cuanto se acomoden a los términos de la delegación, siendo nulos en todo aquello que no se acomoden.

-

Una vez ejercitada la delegación, una ulterior modificación del texto articulado o refundido necesitará una norma con rango de ley u otra delegación legislativa.

El control sobre el uso correcto de la delegación, se regula en la Constitución en su artículo 82.6 al señalar que sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer fórmulas adicionales de control. 3.4. LOS TRATADOS INTERNACIONALES Los Tratados Internacionales, es decir, los acuerdos que el Estado español celebra con otros Estados, se manifiestan en una gran cantidad de instrumentos (acuerdos, convenios, protocolos, canjes de notas, etc.) y, al margen de las vinculaciones internacionales entre los países, son fuente del Derecho interno. Su vigencia viene determinada por la publicación en el Boletín Oficial del Estado, artículo 96 de la Constitución,: los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. No obstante esta consideración como fuente del Derecho, al no intervenir el Parlamento sino el Ejecutivo en la negociación y firma de los tratados, la Constitución establece un sistema de control, artículos 93 a 96, en los siguientes términos: -

Si el tratado contiene estipulaciones contrarias a la Constitución será precisa la previa revisión constitucional. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras pueden requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.

-

Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución.

-

La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en los de carácter político o militar, los que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales del Título I, los que comporten obligaciones financieras para la Hacienda Pública y los que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.

-

El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.

Finalmente, un aspecto importante de los tratados internacionales lo constituye sus efectos: los tratados modifican las leyes que les son contrarias, pero no a la inversa, es decir, no son modificables por leyes posteriores sino que “sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o

de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional” (artículo 96.1 de la Constitución española de 1978) 3.5. EL DERECHO COMUNITARIO Las características del sistema jurídico comunitario son: -

El ordenamiento comunitario es autónomo e independiente de los ordenamientos de los Estados miembros.

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Tiene fuentes propias de producción del Derecho.

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Se integra en el Derecho interno a través de una relación vertical.

-

Las normas comunitarias que cumplen determinados requisitos tienen eficacia inmediata en el ordenamiento interno de los Estados miembros.

En el Derecho comunitario, existe un nivel de fuentes primarias, que hacen el papel de constitución, y que son los tratados y demás actos posteriores que los han modificado o completado y que se integran en ellos. También se integran en este primer nivel los elementos normativos que han completado los tratados, entre ellos protocolos como los que han establecido el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad o el Estatuto de la Banca Europea para las inversiones. También se integran en este nivel los tratados de adhesión de los Estados no fundadores. Cada uno de ellos ha sido aprobado según la normativa constitucional de cada Estado. Los tratados comunitarios contienen dos tipos de normas: las de alcance general, que reconocen derechos a los particulares, y otras que agotan su eficacia en las relaciones entre los Estados miembros o entre éstos y las instituciones comunitarias. El Tribunal de Justicia de las Comunidades ha ido definiendo las condiciones y requisitos que deben reunir las disposiciones de los tratados que tendrán esta eficacia normativa directa y cuáles carecerán de ella. En cuanto a las fuentes de segundo nivel, que son las que se fundamentan en las anteriores, el Tratado de la Comunidad Europea, clasifica en cinco los actos que pueden ser emitidos por las instituciones europeas: reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. -

El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

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La directiva sólo obliga a los Estados miembros en cuanto al resultado que debe conseguirse, dejando a los mismos la elección de la forma y los medios.

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La decisión será obligatoria en todos sus elementos para todos sus destinatarios.

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Las recomendaciones y los dictámenes, se señala que no serán vinculantes.

3.6. EL REGLAMENTO 3.6.1. Concepto Por Reglamento se entiende toda norma escrita con rango inferior a la ley dictada por una Administración Pública. Por rango inferior a la ley se entiende, en primer lugar, que aunque sea posterior el reglamento no puede derogar a la ley y, por el contrario, toda norma con rango de ley puede derogar un reglamento. También significa que no hay materias reservadas a la potestad reglamentaria en el sentido de que la ley puede regular cualquier materia regulada anteriormente por el reglamento. Esta posición ordinamental de la ley y el reglamento se expresa en el principio de reserva de ley. Este principio tiene dos manifestaciones: -

Reserva material de ley, que comprende las materias para las cuales exige la Constitución una regulación por norma con rango de ley y que, por tanto, no pueden ser reguladas por normas reglamentarias aunque no lo haga la ley.

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Reserva formal de ley, que significa que cualquier materia, cuando es regulada por ley ya no puede serlo por un reglamento.

La diferencia de los reglamentos con los actos administrativos generales se plasma en que el reglamento es una norma general y abstracta, no referida a administrados concretos, como los actos administrativos. Sin embargo, esta imposibilidad de reglamentos intuitu personae no impide que existan reglamentos dirigidos a grupos concretos de administrados. Por este motivo, la diferencia entre reglamento y acto administrativo general (que también puede ir dirigido a un grupo de administrados) se ha buscado en otros criterios como el de la no consunción, que significa que el reglamento es una norma y como tal no se agota por una sola aplicación ni por muchas; por el contrario, el acto administrativo general se extingue en una sola aplicación, por numeroso que sea el grupo al que va dirigido. 3.6.2. Clases Las clases de reglamentos se han estudiado clásicamente en función de su relación con la ley, por las materias que regulan y por la autoridad de la que emanan. a) Por su relación con la ley Podemos clasificar a los reglamentos, al igual que la costumbre, en extra legem, secundum legem y contra legem, que se corresponden con reglamentos independientes, ejecutivos y de necesidad.

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Los reglamentos independientes son los que regulan materias sobre las que la Constitución ha previsto una reserva reglamentaria. En nuestro Derecho serían aquellos que regulan materias no sujetas a reserva material ni a reserva formal de ley.

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Los reglamentos ejecutivos son los que desarrollan y complementan una ley, normalmente porque la misma ley ha previsto un reglamento de estas características. Requisito procedimental de estos reglamentos es el informe preceptivo del Consejo de Estado, dirigido precisamente a controlar la fidelidad del reglamento con la ley que desarrolla.

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Los reglamentos de necesidad son aquéllos que dicta la Administración para hacer frente a una situación extraordinaria. La razón de ellos se ha visto en la gravedad de las situaciones ante las cuales la Administración puede dictar normas al margen de los procedimientos comunes para afrontarlas.

b) Por razón de la materia Podemos distinguir entre reglamentos administrativos y reglamentos jurídicos. -

Reglamentos administrativos son los que regulan la organización administrativa y los que se dictan en el ámbito de la relación existente entre la Administración y determinados ciudadanos.

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Reglamentos jurídicos son los que establecen derechos o deberes en el ámbito de la relación de supremacía general, es decir, la establecida entre la Administración y el conjunto de los ciudadanos.

c) Por su origen Por razón de la Administración que los dicta, los reglamentos se clasifican en estatales, autonómicos, locales, institucionales y corporativos. -

Los reglamentos estatales de mayor jerarquía son los dictados por el Gobierno, al que el art 97 Constitución atribuye el ejercicio de la potestad reglamentaria, y que revisten la forma de “Real Decreto”. Subordinados a éstos y a las Ordenes de las Comisiones Delegadas del Gobierno, están los Reglamentos de los Ministros, con la forma de Orden Ministerial, dictados en las materias propias de su Departamento, y los reglamentos de las Autoridades inferiores, que revestirán la forma de Resolución, Instrucción o Circular.

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Los reglamentos de las Comunidades Autónomas se denominan de la misma forma que los anteriores: Decretos, del Consejo de Gobierno o Gobierno de la Comunidad Autónoma; Ordenes de los Consejeros.

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En cuanto a los reglamentos de los Entes Locales, la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 distingue entre el Reglamento orgánico de cada Entidad, por el que ésta se autoorganiza y las Ordenanzas locales, que son normas de eficacia externa competencia del Pleno de la Entidad, así como los Bandos, que el Alcalde puede dictar en materias de su competencia.

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Por último citamos los reglamentos de los Entes institucionales y los reglamentos de los Entes corporativos, que están subordinados a los reglamentos de los Entes territoriales.

3.6.3. Procedimiento de elaboración de los reglamentos El procedimiento a seguir para la aprobación de los reglamentos estatales está regulado en la Ley del Gobierno de 1997: ¾ El procedimiento se inicia con la formación de un expediente, en el que figurarán los antecedentes, es decir, los estudios e informes previos que garanticen la legalidad, acierto y oportunidad del reglamento a aprobar, y que deberá someterse a la decisión del órgano titular de la potestad reglamentaria, así como la tabla de vigencias, una relación de disposiciones que se derogarán o que permanecerán en vigor. ¾ El proyecto se someterá a informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio correspondiente, exigiéndose, además, el dictamen del Ministerio para las Administraciones Públicas cuando el proyecto trate sobre temas de organización, personal o procedimiento administrativo. ¾ Si el texto afecta a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se les dará audiencia en un plazo razonable y no inferior a 15 días hábiles, directamente o a través de organizaciones que los representen. ¾ Los reglamentos que deban ser aprobadas por el Gobierno o sus Comisiones Delegadas se remitirán con 8 días de antelación a los demás Ministerios convocados, para que formulen las observaciones que estimen pertinentes. El procedimiento para la aprobación de los reglamentos y ordenanzas locales, se pone el acento en la participación popular. Así, una vez aprobado el texto por el Pleno de la Corporación, se somete a información pública y audiencia de los interesados por plazo mínimo de 30 días para que formulen reclamaciones o sugerencias. Después se produce el trámite de la aprobación definitiva por el Pleno de Corporación, donde se resuelven las reclamaciones y sugerencias planteadas, incorporándolas o no al texto definitivo. Una y otra aprobación requieren el voto favorable de la mayoría absoluta del número de miembros de la Corporación cuando se trate del Reglamento orgánico de la Corporación, los planes y ordenanzas urbanísticos y las ordenanzas tributarias. 3.6.4. Eficacia de los Reglamentos. Supuesta la validez de un reglamento por haberse observado el procedimiento de elaboración, su eficacia se condiciona a la publicación, dato fundamental para determinar el momento de su entrada en vigor. Es decir, para que produzcan efectos jurídicos de carácter general los decretos y demás disposiciones administrativas, habrán de publicarse en el "Diario oficial del Estado" y entrarán en vigor conforme a lo dispuesto en el art. 1º del Código Civil. El Código Civil precisa que la entrada en vigor tendrá lugar a los 20 días de la publicación, salvo que la norma determine otro plazo. Este plazo se inicia el día en que termine la

publicación en el BOE y, en el caso de los reglamentos de las Comunidades Autónomas, el día de la publicación en el Boletín o Diario de la Comunidad. La publicación de las ordenanzas locales tiene lugar en el Boletín Oficial de la Provincia y no entran en vigor hasta que no se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de 15 días desde que el mismo sea recibido por la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva. El reglamento es eficaz a partir de su publicación. El reglamento puede ser derogado por la misma autoridad que lo dictó, que también puede proceder a su modificación parcial. Lo que no se puede hacer ni la autoridad que lo dictó ni otra superior es derogar el reglamento para un caso concreto, esto es, establecer excepciones privilegiadas en favor de persona determinada. Es la regla de inderogabilidad singular de los reglamentos por la que las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan grado igual o superior a éstas. 3.6.5. Control de los reglamentos ilegales La vulneración de los límites a que está sujeta la aprobación de los reglamentos origina su invalidez y es opinión mayoritaria que la invalidez de los reglamentos lo es siempre en su grado máximo, es decir, de nulidad absoluta o de pleno derecho. Por tanto se impone la nulidad de pleno derecho de “las disposiciones administrativas que vulneran la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”. 3.7.LA COSTUMBRE Y LOS PRECEDENTES O PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS Un Derecho positivista, integrado por normas escritas de origen burocrático y producto de una actividad reflexiva, como es el Derecho administrativo, es lógico que oponga resistencia a la admisión de la costumbre como fuente jurídica caracterizada por dos elementos de origen social: un uso o comportamiento reiterado y uniforme y la convicción de su obligatoriedad jurídica. En Derecho español, la regulación general del artículo 1 del Código Civil reconoce la costumbre como fuente del Derecho aunque tiene un valor limitado de fuente del Derecho administrativo. En efecto, la admisión de la costumbre secundum legem, ( según la ley) incluyendo en este término todas las normas escritas, y el rechazo de la costumbre contra legem, ( contra la ley) es algo que está fuera de toda duda a la vista del art. 1.3 Código Civil, que cita a la costumbre después de la ley y antes de los principios generales del Derecho: “la costumbre (…) regirá en defecto de ley aplicable…”. Su aceptación como fuente del derecho administrativo está avalada, además por la circunstancia de que la propia legislación administrativa invoca la costumbre para regular determinadas materias como son, entre otras: el régimen municipal de Concejo abierto; el régimen de aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales; el régimen de

determinados tipos de caza o los criterios para determinar la propiedad de las piezas, la organización y funcionamiento de los Jurados y Tribunales de riego, como el Tribunal de las Aguas de Valencia. Por su parte, la práctica supone una reiteración en la aplicación de un determinado criterio en varios casos anteriores, mientras que el precedente puede ser simplemente la forma en que se resolvió con anterioridad un único asunto, análogo a otro pendiente de resolución. Ambos se distinguen de la costumbre en que: ¾

Se trata de reglas deducidas del comportamiento de la Administración sin intervención de los administrados, cuya conducta es aquí irrelevante.

¾ La práctica o el precedente no tienen porqué estar avalados como la costumbre por un cierto grado de reiteración o antigüedad, bastando un sólo comportamiento en el caso del precedente. Tanto las prácticas como los precedentes administrativos tienen una importancia real en la vida administrativa, hasta el punto que la Administración está obligada a motivar aquellas resoluciones “que se aparten del criterio seguido en actuaciones precedentes”. Por tanto, la Administración puede desvincularse de su práctica o precedente al resolver un nuevo y análogo asunto con sólo cumplir la carga de la motivación, pero ello implicará la exposición de razones objetivas que expliquen y justifiquen el cambio de conducta; de lo contrario, la Administración estará vinculada por su anterior comportamiento so pena de incurrir en una discriminación atentatoria al principio de igualdad de los administrados. 3.8. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO Para algunos autores, los principios generales del Derecho se identifican con los principios del Derecho natural; para otros no son más que los principios informadores del Derecho positivo, es decir, el arco de bóveda del ordenamiento jurídico; para otros, finalmente, serían ambas cosas a la vez, como parece desprenderse del artículo 1.4 Código Civil cuando señala que “los principios generales del Derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico”. Además el Derecho administrativo español cuenta con un reconocimiento ya clásico de esta fuente en la Exposición de Motivos de la L.J.C.A. de 1956. La Constitución recoge todos los que se entienden por principios generales del Derecho en otros sistemas, como la regulación de derechos fundamentales y libertades públicas del Titulo I, o los principios de irretroactividad, de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función pública, de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, etc. 3.9. LA JURISPRUDENCIA Los Jueces y Tribunales se ven impulsados a seguir los criterios interpretativos sentados por los órganos judiciales superiores por razón de coherencia o para evitar la revocación de sus fallos. Además, la observancia del precedente judicial es una conducta jurídicamente exigible en virtud del principio constitucional de igualdad, que prohíbe

que dos o más supuestos de hecho sustancialmente iguales sean resueltos de forma injustificadamente dispar, como ha reiterado el Tribunal Constitucional. Es en la reforma del Código Civil de 1973-74 donde ya se menciona a la jurisprudencia para, aún sin reconocerla directamente el valor de fuente del Derecho, sólo se establece que “complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho” (artículo 1.6) Dicho precepto hay que entenderlo ahora en el contexto de la Constitución de 1978, que ofrece la realidad de una Justicia constitucional por encima del propio Tribunal Supremo. Existen además otras dos fuentes de doctrina jurisprudencial que son fruto de nuestra integración europea: de una parte, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos y, de otro lado, son vinculantes también para los Tribunales y autoridades españolas las decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.

4. EL ACTO ADMINISTRATIVO

4. 1. CONCEPTO

El acto administrativo se define como cualquier declaración de volunta, deseo, conocimiento o juicio, realizada por una Administración Pública en virtud de una potestad administrativa, distinta de la potestad reglamentaria y controlable por Juzgados y Tribunales.

Por tanto, podemos decir que un acto administrativo es cualquier acto dictado por la Administración con arreglo a las normas de derecho administrativo.

Las características básicas de este concepto, son las siguientes:

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Es un acto jurídico, es decir, un acto que genera unas consecuencias jurídicas

-

Es un acto dictado por una Administración, de modo que quedan excluidos automáticamente todos aquellos actos realizados por los interesados ( los

particulares, ya sean personas físicas o jurídicas) como solicitudes, recursos, quejas, sugerencias, reclamaciones etc... -

Es un acto sometido a derecho administrativo, es decir, con arreglo a normas de derecho público y no privado, ya que la Administración puede dictar actos también sujetos a un régimen jurídico privado. Estos actos quedarían excluidos por tanto, del concepto de acto administrativo. Del mismo modo quedan excluidos del concepto de acto administrativo, las normas dictadas por la Administración que tienen alcance general, como los reglamentos, los contratos administrativos y las actuaciones por vía de hecho de la Administración.

4. 2.CLASES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

Las distintas clasificaciones realizadas en torno a los actos administrativos atienden a diferentes puntos de vista, de modo que todas son perfectamente validas y todas responden a una especial incidencia sobre uno o varios elementos característicos de los actos administrativos. Reproducimos las más importantes a continuación.

4.3. CLASIFICACIONES

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Según el órgano del que procede

Acto simple: dictado por un solo órgano administrativo

Acto complejo: dictado por varios órganos administrativos

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Según la extensión de sus efectos

Acto General: acto dirigido a una pluralidad indeterminada de personas

Acto Singular: acto dirigido a personas determinadas

-

Por el lugar que ocupan en el procedimiento administrativo

Acto de trámite: acto que no decide la cuestión de fondo del procedimiento, sino que se dicta para preparar el acto que contendrá la resolución definitiva del mismo

Acto definitivo: en contraposición al anterior, es un acto que contiene la decisión adoptada por un órgano administrativo, con respecto al objeto de un procedimiento

Acto que causa estado: acto que agota la vía administrativa y que, por tanto, solo es recurriblel ante la Jurisdicción contencioso administrativa.

Acto firme: acto que se convirtió en irrecurrible por que se dejaron transcurrir los plazos para su impugnación, salvo por medio de recursos excepcionales como el recurso potestativo de reposición o el extraordinario de revisión, ambos administrativos.

-

Por su impugnación en vía contencioso - administrativa

Acto impugnable: acto que pone término a la vía administrativa y que solo es recurrible ante el orden contencioso administrativo.

Acto no impugnable: acto que no puede ser recurrido en vía contencioso administrativa porque no ha agotado la vía administrativa, requisito imprescindible para poder acceder a la impugnación del acto en vía judicial

-

Por su contenido

Actos constitutivos: actos que crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas.

Actos declarativos: actos que contienen una declaración, es decir, que acreditan un hecho o una situación jurídica, pero no la crean, solamente manifiestan su existencia.

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Por la potestad ejercitada

Acto reglado: acto dictado cuando todos los elementos del acto están determinados por la norma jurídica aplicable, es decir, cuando se dicta en ejercicio de una potestad reglada.

Acto discrecional: acto dictado en ejercicio de una potestad discrecional de la Administración que le permite determinar por sí misma, sin la obligatoriedad de la norma, uno o varios de los elementos del acto administrativo.

-

Por el modo de exteriorizarse

Acto expreso: acto dictado de forma y modo expreso por la Administración.

Acto presunto: acto que no se produce sino que se presume su existencia. Es un tipo de acto, que como veremos, actúa a modo de ficción jurídica.

4. 3. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Los elementos del acto administrativo, entendiendo por tales todas las partes intervinientes en su producción, se pueden clasificar del siguiente modo:

-

Elemento subjetivo o sujeto

-

Elemento objetivo u objeto

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Elemento final

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Elemento formal

-

Elemento causal

Cuando todos estos elementos se encuentran determinados en una norma, decimos que la Administración actúa con arreglo a una potestad reglada. Cuando alguno de ellos puede ser establecido libremente por la Administración, decimos que actúa con arreglo a una potestad discrecional.

Procedemos a su análisis a continuación

4.3.1. Elemento subjetivo o sujeto del acto administrativo Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose al procedimiento establecido. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquellos.

Para poder considerar un acto como administrativo, hemos indicado anteriormente, debe ser un acto dictado por la Administración con arreglo a las normas de derecho administrativo. Así pues los elementos básicos son:

-

Acto dictado por la Administración

-

Acto dictado por un órgano legalmente investido en su cargo

-

Acto dictado por un órgano imparcial

Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas posteriormente, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.

En relación con la imparcialidad del órgano a la hora de dictar un acto, hemos de hacer referencia por tanto, a las causas de abstención y recusación que afectan a los órganos administrativos.

Estas causas se encuentran recogidas en el art. 28. 2. de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. Son motivos de abstención los siguientes: -

Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

-

Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

-

Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

-

Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

-

Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las circunstancias señaladas que se abstengan de toda intervención en el expediente. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad.

4.3.2. Elemento objetivo del acto administrativo

El elemento objetivo de un acto administrativo es el objeto o el contenido del acto.

Las características del objeto del acto administrativo son las siguientes:

-

Debe ser lícito

-

Debe ser posible

-

Debe ser determinado o determinable

-

Debe ser adecuado al fin del acto

4.3.3. Elemento final del acto administrativo

El elemento final del acto administrativo responde a la pregunta “¿para qué ese ha dictado un acto administrativo?”. La respuesta debe ser siempre: para conseguir un interés público, en aplicación del art. 103 de la Constitución española de 1978, que señala que la Administración sirve con objetividad los intereses generales.

4.3.4. Elemento formal del acto administrativo

Por elemento formal entendemos el conjunto de trámites y de formalidades por medio de los que se configura la voluntad administrativa. El vicio de forma, se considera por tanto el vicio nacido de la ausencia de alguna de las formalidades que el ordenamiento jurídico impone a los actos administrativos. Los actos administrativos se producirán por escrito a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia. En los casos en que los órganos administrativo ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.

4.3.5. Elemento causal del acto administrativo

Se refiere al porqué del nacimiento del acto administrativo, a la razón que lo justifica en su nacimiento.

4. 4. MOTIVACIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO

4.4.1.Motivación

Entendemos por motivación del acto administrativo, la exposición de los hechos y de los fundamentos de derecho que conducen a que se dicte un acto administrativo, es decir, los hechos y el derecho que fundamenta su nacimiento.

4.4.2. Supuestos

No todos los actos administrativos precisan de esta motivación sino solo aquellos en los que se de cualquiera de las siguientes circunstancias, a tenor del artículo 54 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: -

Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

-

Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y procedimientos de arbitraje.

-

Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.

-

Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en los artículos 72 y 136 de la Ley 30/ 1992.

-

Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos.

-

Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas

que regulen sus convocatorias, debiendo en todo caso quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

4.5. NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

4.5.1. Concepto

Entendemos por notificación la comunicación al interesado de un acto administrativo que afecta a sus derechos o a sus intereses. Se notificarán por tanto a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses. 4.5.2. Plazo de realización y contenido de las notificaciones Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. 4.5.3. Notificaciones defectuosas Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda. Sin perjuicio de lo anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado. 4.5.4. Práctica de la notificación Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar que éste haya señalado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. Para que la notificación se practique utilizando medios telemáticos se requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o consentido expresamente su utilización, identificando además la dirección electrónica correspondiente, que deberá cumplir con los requisitos reglamentariamente establecidos. En estos casos, la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales en el momento en que se produzca el acceso a su contenido en la dirección electrónica. Cuan do, existiendo constancia de la recepción de la notificación en la dirección electrónica, transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el siguiente apartado, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento. 4.5.5. Publicación Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en el "Boletín Oficial del Estado", de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó. En el caso de que el último domicilio conocido radicara en un país extranjero, la notificación se efectuará mediante su publicación en el tablón de anuncios del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente. Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de notificar conforme a los dos párrafos anteriores. La publicación, sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos en los siguientes casos:

a)

Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la notificación efectuada.

b)

Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medio de comunicación donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.

Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que se exigen respecto de las notificaciones. En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto. 4.5.6. Indicación de notificaciones y publicaciones Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.

6. EFICACIA Y VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

6.1. EFICACIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

Los actos administrativos son válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se establezca otra cosa.

La eficacia del acto, sin embargo, puede quedar demorada en los casos siguientes:

-

Cuando se dicten en sustitución de actos anulados

-

Cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que el supuesto de hecho existiera en la fecha a la que se retrotraiga la eficacia del acto y no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas

6.2. VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Un acto se considera válido cuando reúne todos los elementos exigidos por el ordenamiento jurídico.

Los vicios de invalidez se clasifican en nulos o anulables, entendiéndose también por la doctrina la existencia de una tercera categoría de actos inválidos denominados “irregulares”.

6.2.1. Supuestos de nulidad de pleno derecho

Según el artículo 62 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, se consideran nulos de pleno derecho los actos administrativos en los que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: a)

Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. c) Los que tengan un contenido imposible. d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente de procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. f)

Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

g)

Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.

También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. 6.2.2. Anulabilidad Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 6.2.3. Anulabilidad e Irregularidad No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 6.3. REGLAS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 6.3.1. Transmisibilidad La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. 6.3.2. Conversión de actos viciados Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste. 6.3.3. Conservación de actos y trámites El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. 6.3.4. Convalidación La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto anteriormente para la retroactividad de los actos administrativos. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.

TEMA 8 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN EN LA LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN: INICIACIÓN, ORDENACIÓN, INSTRUCCIÓN Y FINALIZACIÓN. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: PRINCIPIOS GENERALES. RECURSO DE ALZADA. RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

1. ALCANCE Y CONCEPTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO En un sentido técnico el procedimiento consiste fundamentalmente en una pluralidad de actos ligados o coordinados entre sí de manera que sin cada acto anterior, ninguno de los posteriores tiene validez y sin cada acto posterior, ninguno de los anteriores tiene eficacia. Así entendido el procedimiento, hay que hacer, sin embargo, las siguientes precisiones: -

El término procedimiento resulta más amplio que el de "proceso", pues éste se refiere a actuaciones judiciales, mientras que aquél se predica en general de las diversas funciones públicas;

-

Por otro lado, el procedimiento no debe tampoco confundirse con el simple expediente administrativo, el cuál sólo representa la materialización del procedimiento mismo.

Si aplicamos el concepto anterior de procedimiento a la actividad de la administración Pública obtendremos la noción del procedimiento administrativo. Según la propia Exposición de Motivos de la Ley de Procedimiento Administrativo, éste es "el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la consecución de un fin". La importancia del procedimiento administrativo puede observarse a través de distintos aspectos: -

El procedimiento es un medio de producir actos administrativos;

-

El procedimiento administrativo es un presupuesto procesal necesario para poder acudir ante los Tribunales deduciendo pretensiones frente a la administración;

-

El procedimiento es, finalmente, una garantía para el administrado, pues su finalidad es contribuir a la legalidad, acierto y oportunidad del acto administrativo.

2. LOS INTERESADOS 2.1. PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD DEL PROCEDIMIENTO Uno de los principios clásicos del procedimiento administrativo ha sido el de imparcialidad por parte de quienes, desde el lado de la Administración, intervienen en el mismo. A estos efectos se han regulado las figuras de la abstención y de, en su caso, si no se lleva a efecto ésta existiendo motivos para ello, la recusación. La Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, se refiere a las mismas en los artículos 28 y 29. 2.1.1. Abstención Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el número siguiente de este artículo se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. Son motivos de abstención los siguientes: ‰

Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

‰

Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

‰

Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

‰

Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

‰

Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las circunstancias señaladas que se abstengan de toda intervención en el expediente. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad El artículo 7,lº,g), del Real Decreto 33/1986, tipifica como falta grave "intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas". 2.1.2. Recusación Se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, en los términos que indicamos a continuación. En los casos previstos en el articulo 28, anteriormente visto, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, el superior podrá acordar su sustitución acto seguido. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento. 2.2. LOS INTERESADOS Para estudiar la figura del Administrado o del interesado, en la terminología de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, inexcusablemente, antes debe hacerse mención a la relación jurídico-administrativa. 2.2.1. La relación jurídico administrativa Para CASTAN, la relación jurídica no es otra cosa que una relación de la vida práctica a la que el Derecho objetivo da significado jurídico, atribuyéndole determinados efectos, o, en otros términos, una relación de la vida real protegida y regulada, en todo o en parte, por el Derecho.

Por ejemplo, el matrimonio es una relación real entre dos personas que adquiere la condición de jurídica cuando se celebra con arreglo a la legislación vigente, civil o eclesiástica. Para DE CASTRO, es la situación jurídica en la que se encuentran las personas, organizada unitariamente dentro del orden jurídico total por un especial principio jurídico. Si trasladamos este esquema al ámbito administrativo, nos encontraremos con la relación jurídico-administrativa, en la que, de una parte, esta la Administración, y, de otra, el administrado, como regla general. ENTRENA CUESTA la define como “una relación social concreta reglada por el Derecho Administrativo”

A) Características Esta relación jurídico-administrativa, para que sea tal ha de reunir los siguientes caracteres: -

Presencia en ella de la Administración, corno sujeto de la relación, normalmente en el lado activo de la misma, junto al Administrado, que suele situarse en el lado pasivo,

-

La Administración ha de intervenir en tal relación como tal, y no como persona de Derecho Privado. Esto es tanto como decir que ha de actuar (la Administración) al servicio de los intereses generales a que le obliga el artículo 103,1º de la Constitución, de 27 de diciembre de 1.978.

-

La Administración actúa normalmente como parte activa de la relación, es decir, ejercita en ella las potestades y prerrogativas que el ordenamiento jurídico le reconoce para el cumplimiento de sus fines.

-

Esto no obsta a que, en determinadas relaciones, sea el sujeto pasivo, por ejercer el particular un derecho subjetivo frente a ella, por ser objeto, por ejemplo, de una reclamación de responsabilidad por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

-

Está regulada por el Derecho Administrativo.

B) Elementos: Consideramos elementos de esta relación, siguiendo a la doctrina jurídica, los siguientes: -

El elemento subjetivo, que es doble: un sujeto activo y un sujeto pasivo. Por lo general, como se ha dicho, el lado activo es desempeñado Por la Administración Pública, y el Pasivo Por el Administrado, le que no impide en ocasiones que se entable una relación jurídico-administrativa entre dos sujetos con carácter

publico, dando lugar a las denominadas relaciones interadministrativas, e, igualmente, que en una relación jurídico-administrativa resulte sujeto activo el administrado y pasivo la Administración (pensemos en la acción de responsabilidad interpuesta por aquél contra ésta a que aludíamos). -

El objeto, constituido por los actos humanos (desempeño de su cargo por el Funcionario, por ejemplo) o las cosas (el dominio publico). en cuanto integrantes del bien jurídico tutelado por la norma.

-

El contenido, que se descompone en una serie de derechos y obligaciones que recaen sobre el objeto de la relación (derecho al uso privativo del dominio público, etc.) y corresponden a los sujetos que en ella intervienen.

-

La causa, la relación social que sirve de soporte a la relación jurídicoadministrativa adquiere esta naturaleza en cuanto es regulada por el Derecho Administrativo. Pero el ordenamiento jurídico vincula el nacimiento de la relación a la concurrencia de ciertos hechos que, por ello, son calificados de jurídicos y que pueden considerarse su causa (la relación de servicios nace por el hecho jurídico del acto de nombramiento y posterior toma de posesión por el Funcionario).

C) Nacimiento, modificación y extinción En cuanto a su nacimiento, toda relación jurídico-administrativa tiene su punto de arranque en una disposición legal (en sentido amplio), un negocio jurídico (por ejemplo, un contrato administrativo), un hecho o un acto (esencialmente, administrativo). Su modificación puede afectar a los sujetos (por ejemplo, el cambio de un particular en la titularidad de una Licencia de Apertura de un Establecimiento), al objeto (por ejemplo, redimir a metálico la prestación personal a que se refiere el artículo 119 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales) o al contenido de la relación, es decir. a los derechos y deberes de los sujetos en la misma (que puede producirse, por ejemplo, cuando la Administración hace uso del "ius variandi" en 1a contratación administrativa, modificando unilateralmente los términos del contrato de que se trate Finalmente, respecto a la extinción, puede deberse a la propia Ley, que determine cuándo se extingue la relación. Asimismo. las relaciones personalísimas, por ejemplo la que mantiene un Funcionario con la Administración, se extinguen por la muerte del primero, aunque se generen otras relaciones a resultas de la misma, como el devengo de pensión en favor del cónyuge e hijos. 2.2.2. El Administrado o interesado De todo lo ya expuesto, se deduce que el Administrado es uno de los sujetos de la relación jurídico-administrativa, normalmente el pasivo, al ser el destinatario de las prerrogativas o potestades del otro sujeto (la Administración) en el seno de dicha relación.

En definitiva, el hombre cuando entra en relación con la Administración, adquiere la condición de Administrado. A) Clases de Administrados Administrado puede ser toda persona física o jurídica que entre en relación con la Administración, por 1o que puede hacerse una tipología del mismo en función de lo que realmente sea (individuo, persona jurídica, etc.,). En la Doctrina científica ha sido tradicional la distinción entre: a) Administrado simple: Es aquel que se encuentra respecto de la Administración en un estado de sujeción general y que es tratado por la norma de una forma impersonal, siendo ésta la posición normal. Así, Administrado simple es cualquier ciudadano que deambule por una vía pública, cuyo uso no tiene limitado sino por directrices de carácter general. El que hace un uso común general del dominio público. b)

Administrado cualificado: Es aquel que se encuentra respecto de la Administración en un estado de sujeción especial, es decir, especialmente vinculado a ella, lo que puede derivar, por ejemplo, de la relación funcionarial, del uso común especial o del uso privativo del dominio público, de la realización de una prestación personal (como el propio servicio militar), etc.

B) El administrado o interesado en el procedimiento administrativo El artículo 31 Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre., en cuanto a la actuación dentro de los procedimientos administrativos, considera como interesados en los mismos: ‰

Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

‰

Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

‰

Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

En este contexto, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término artículo 33 Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. Finalmente, si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad en forma legal, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento (artículo 34 Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre.).

2.2.3. CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN A) Capacidad El primer aspecto a destacar dentro del procedimiento ordinario es el relativo a las partes interesadas, es decir a los administrados en cuanto intervienen o pueden intervenir en el procedimiento administrativo. La capacidad de obrar o de actuar en el procedimiento administrativo resulta ampliada, con relación a la existente en el ámbito del Derecho privado, de modo que no sólo se reconocerá en los mismos casos que en éste, sino también a los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquéllos de sus derechos cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico administrativo sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de menores incapacitados cuando la extensión de la incapacitación, afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate (art. 30). Así como en el Derecho Privado existe una teoría general de la capacidad de las personas, en virtud de la cual quien ostente la capacidad jurídica (desde el nacimiento, prácticamente) y de obrar (desde que, como regla general, se alcanza la mayoría de edad) puede entablar todo tipo de relaciones jurídicas con otros (por ejemplo, adquirir o vender bienes), en el Derecho Administrativo no se ha elaborado esta teoría respecto del Administrado, dado que la relación jurídico-administrativa suele establecerse “intuitu personae” (en consideración a la persona); en consecuencia, el ordenamiento jurídico exige diversos requisitos de capacidad según el tipo de relación de que se trate (así, por ejemplo, para el acceso a la Punción Publica, se suelen especificar todos los requisitos que ha de reunir la persona que pretenda servir a la Administración: mayoría de edad, titulación especifica para la plaza a que se opta, etc.) Por eso, habrá que estar a la norma en concreto que regule la relación de que se trate para saber qué capacidad es exigible al Administrado, sin perjuicio de que el propio Derecho Administrativo se base en las reglas de la capacidad de Derecho Privado, o de que, en ocasiones (por ejemplo, para plantear un recurso económico-administrativo) permita a los menores de edad (incapaces de obrar en el Derecho Privado) actuar en defensa de sus intereses. En cuanto a las circunstancias modificativas de la capacidad, igual remisión debe hacerse a la doctrina civilista, sin perjuicio de algunas especialidades propias del Derecho Administrativo, como la mencionada en el párrafo anterior respecto a los menores de edad. En este línea hay que insertar la dicción del artículo 30 Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. según el cual “tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Publicas, además de las personas que la ostenten con arreglo a las normas civiles, los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico-administrativo sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. B) Representación

Se encuentra regulada en el artículo 32 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante. entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. Cualquier persona con capacidad de obrar podrá actuar en representación de otra ante las Administraciones Públicas. Para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado (es lo que, en la práctica administrativa, se ha llamado el poder “apud acta”, el apoderamiento otorgado por el interesado en favor de otra persona, efectuado ante el funcionario responsable del expediente de que se trate, que debe extender una diligencia para hacer constar el mismo que se insertará en el expediente, dándose copia al interesado). Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran (con esta previsión. se pretende cumplir el principio de celeridad que rige la ordenación del procedimiento, al que se refieren los artículos 74 a 77 de la propia Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre.). Por tanto, la actuación en el procedimiento administrativo se puede realizar directamente por el interesado, sin necesidad de Procurador, a diferencia de lo que ocurre en el proceso judicial. Ahora bien, imprescindible, tampoco se excluye, de modo que, caso de existir, además de actuar por si mismo, el interesado con capacidad de obrar puede actuar por medio de representante, que podrá serlo cualquier persona, entendiéndose, entonces, con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado (art. 32). Por lo demás, cuando tal representación exista, no se exigen en principio formalidades especiales para acreditarla; sin embargo, para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado. Para los actos de gestión de mero trámite se presumirá aquella representación. La falta o insuficiencia de acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. C) Legitimación.

Es, sin duda, la legitimación lo que convierte al administrado en "interesado", entendiendo por legitimación la posibilidad jurídica de realizar un determinado acto jurídico en virtud de una especial relación entre sujeto y objeto. Ahora bien, es preciso distinguir dos tipos de interesados: ƒ

ƒ

Interesados propiamente dichos. A ellos se refiere el art. 31 apartados a) y b) de la Ley 30/1.992, a cuyo tenor se consideran interesados en el procedimiento administrativo: ‰

Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos

‰

Quienes, sin haber iniciado el procedimiento, ostenten derechos que puedan resultar directamente afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Más aún, para estos últimos la tramitación del expediente deberá serles comunicada si no hubieran comparecido todavía en el procedimiento.

Interesados por personación. ‰

Se trata en este caso de aquellas personas que sólo pueden considerarse interesadas si se personan o comparecen expresamente en el procedimiento.

‰

El artículo 31 apartado c) de la Ley considera también interesados a aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución, siempre que se personen en el procedimiento antes de que haya recaído resolución definitiva.

‰

Además, serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca, las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales (artículo. 31.3)

‰

Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

2.2.4. DERECHOS DEL ADMINISTRADO Al tratar de los derechos del Administrado, debe partirse de los derechos reconocidos en la Constitución, que puede hacer valer ante la Administración. Pero además, la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre y las demás normas aplicables al procedimiento administrativo y a las relaciones entre la Administración y el Administrado, reconocen una serie de derechos, a lo largo de su articulado. Conforme al artículo 35 Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre., en sus relaciones con las Administraciones Públicas, los ciudadanos tienen los siguientes derechos:

a) Derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos. -

A estos efectos. el artículo 46 Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, señala que:

1. Cada Administración Pública determinará reglamentariamente los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de documentos públicos o privados. 2. Las copias de cualesquiera documentos públicos gozarán de la misma validez y eficacia que estos siempre que exista constancia de que sean auténticas. 3. Las copias de documentos privados tendrán validez y eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Administraciones Publicas, siempre que su autenticidad haya sido comprobada. 4. Tienen la consideración de documento publico administrativo los documentos válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas. b) Derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. c) Derecho a obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento. En concreto, el artículo 70,3º Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. prescribe que "de las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados en las oficinas de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la techa de presentación, admitiéndose como tal una copia en la que figure la fecha de presentación anotada por la oficina". d) Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del Ordenamiento Jurídico. Sobre la lengua de los procedimientos trata el artículo 36 de esta Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, disponiendo que: -

La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar la lengua que sea cooficial en ella.

-

En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.

-

En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.

-

En cualquier caso, deberán traducirse al castellano los documentos que deban surtir efectos fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente.

-

Los expedientes o las partes de los mismos redactados en una lengua cooficial distinta del castellano, cuando vayan a surtir efectos fuera del territorio de la Comunidad Autónoma. deberán ser traducidos al castellano por la Administración Pública instructora.

e) Derecho a formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al tramite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. -

En similares términos se pronuncia el artículo 79,1º Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, estableciendo su número 2 que "en todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización. infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.

f) Derecho a no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante. g) Derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. h) Derecho de acceso a los Registros y Archivos de las Administraciones públicas en los términos previstos en la Constitución y en ésta u otras Leyes. -

El artículo l05,b), de la C.E. establece que la Ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

i) Derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. -

Téngase en cuenta que los artículos 6 a 8 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprobó el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, aplicable supletoriamente al resto de los funcionarios públicos recogen, en su tipificación de faltas muy graves, graves y leves, la “actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (falta muy grave), “la grave falta de consideración con los administrados” (falta grave) y la incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados” (falta leve).

j.) Derecho a exigir las responsabilidades de las Administraciones públicas. -

El sistema de responsabilidades personales de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como patrimonial se regula en el Título X de la Ley de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre.

k) Cualesquiera otros derechos que les reconozcan la Constitución y las Leyes. -

En la propia Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. se contienen otros derechos, como, por ejemplo, el de no comparecer obligatoriamente ante las oficinas públicas salvo que esté previsto en una norma con rango legal y con las garantías del artículo 40 los reconocidos en el artículo 85, en la instrucción del procedimiento (asistencia de asesor etc.) y los reconocidos en el procedimiento sancionador.

3. LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 3.1. CLASES DE PROCEDIMIENTOS Podemos distinguir las siguientes clases de procedimientos administrativos: -

Procedimiento ordinario: es el procedimiento general regulado en el título VI de la Ley que, tiene carácter de legislación básica, común y, por tanto, supletoria en defecto de norma especial.

-

Procedimientos especiales: ƒ

Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, recogido en el Título IX de la Ley 30/1.992, y en Real Decreto 1398/1.993, de 4 de agosto, por el que se aprueba le Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

ƒ

Procedimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: recogido en el Capítulo I del Título X de la Ley 30/1.992, "Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública" y en el Real Decreto 429/1.993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial.

ƒ

Procedimiento de Recaudación, regulado en el Real Decreto 1684/1.990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

3.2. FASES Las fases del procedimiento administrativo son: • • • •

Iniciación Ordenación Instrucción Terminación

Procedemos a su estudio a continuación 3.2.1. Iniciación El procedimiento administrativo puede así iniciarse tanto de oficio como a solicitud de persona interesada. A) Iniciación de oficio. El art. 69 Ley 30/92 señala que el procedimiento se iniciará de oficio cuando así lo acuerde el órgano competente; y este acuerdo de iniciación de oficio podrá adoptarlo el órgano competente: • • • •

Por propia iniciativa Por orden del órgano superior Por petición razonada de órganos inferiores Por denuncia de particulares

B) Iniciación a solicitud del interesado. Recogido en el artículo 70 de la Ley 30/92, es distinta de la simple denuncia (que, como acabamos de ver, determina la iniciación de oficio), es la instancia de persona interesada. Las simples peticiones no obligan a la Administración a resolverlas, sino tan sólo a acusar el recibo de las mismas: No obstante, el artículo. 77 C.E. señala, en caso de peticiones dirigidas a las Cámaras Legislativas, que el Gobierno está obligado a explicarse sobre el contenido de tales peticiones cuando las Cámaras así lo exijan. C) La forma de la solicitud. Conforme al art. 70 de la Ley 30/82, las solicitudes deberán contener: • • • • •

Nombre y apellidos del interesado, medio preferente o lugar que señale a efectos de notificación así con el de la persona que actúe como representante Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige Hechos, razones y petición, en que se concrete con toda claridad la solicitud Lugar y fecha Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio

Tanto del escrito de iniciación, como de los demás que presenten los interesados, podrán exigir el correspondiente recibo, admitiéndose como tal una copia simple del escrito o documento en la que figure la fecha de presentación anotada por la oficina. D) Subsanación y mejora de la solicitud. Si el escrito de iniciación del procedimiento no reuniera los datos que señala el artículo 70, se requerirá al que hubiera firmado para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta

o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, de no hacerlo así, se archivará la instancia sin más trámite (artículo. 71 Ley 30/92) Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ellos se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento. E) Lugar de presentación Señala el artículo 38.4 de la Ley 30/92, que las solicitudes y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: • •

• • •

En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan. En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la alguna de las Entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. En representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes .

Mediante convenio de colaboración suscrito entre las Administraciones Públicas, se establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen su compatibilidad informática y la transmisión telemática de los asientos. Cada Administración establecerá los días y el horario en que deban permanecer abiertos sus registros, garantizando el derecho de los ciudadanos a la presentación de documentos. Se podrán crear registros telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios telemáticos. Los registros telemáticos sólo estarán habilitados para la recepción o salida de las solicitudes, escritos y comunicaciones relativas a los procedimientos y trámites de la competencia del órgano o entidad que creó el registro y que se especifiquen en la norma de creación de éste, así como que cumplan con los criterios de disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y conservación de la información que se señalen. Los registros telemáticos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas. A efectos de cómputo de plazos, la recepción en un día inhábil para el órgano o entidad se entenderá efectuada en el primer día hábil siguiente.

F) Efectos. Aparte de la obligación de resolverla, la solicitud puede producir una serie de efectos iniciales, que se cifran en los dos aspectos siguientes: •

Adopción de medidas provisionales

Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolverlo, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficiente para ello. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar las medidas correspondientes en los supuestos previstos expresamente por una norma de rango de Ley. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. En todo caso, se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente. •

Acumulación de expedientes

Una vez iniciado el procedimiento, el órgano administrativo que inicie o trámite podrá disponer, por propia iniciativa o a solicitud de los mismos interesados, la acumulación del expediente a otros con los que guarde íntima conexión; contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno. 3.2.2. Ordenación

A) Concepto Los actos de ordenación del procedimiento tienen por objeto procurar el desenvolvimiento del mismo hasta llegar al momento final. De ahí que la ordenación no, constituya propiamente una fase del procedimiento ya que, por su propia naturaleza,

tiene lugar desde el momento mismo en que se inicia el procedimiento hasta que termina. No es una fase que cronológicamente siga a la anterior sino que se trata de un conjunto de reglas que impregnan toda la vida del procedimiento. B) Principios De la ordenación del procedimiento se ocupan los artículos 74 a 77 de la Ley 30/92, los principios que inspiran la ordenación son los siguientes: •

•

•

Oficialidad: el procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites; normalmente no se necesitará la petición de los administrados en tal sentido (art.74.1). Igualdad ante la Ley: en el despacho de los expedientes se guardará el riguroso orden de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el Titular de la unidad administrativa se dé orden motivada y escrita en sentido contrario (art. 74.2). Economía, celeridad y eficacia: este principio se traduce en las siguientes consecuencias: ‰

Que se acuerden en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan impulsión simultánea

‰

Que al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberán consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto

‰

Que los trámites que deban ser cumplidos por los interesados deberán realizarse en el plazo de 10 días a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo normas que especifiquen otro plazo

‰

Cuando se considere que alguno de los actos de los interesados no reúnen los requisitos necesarios, la Administración lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de 10 días para cumplimentarlo

‰

Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieren a la nulidad de las actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación

3.2.3. Instrucción A) Concepto La instrucción se encuentra recogida en los artículos 78 a 86 de la Ley 30/92 y se rige por el principio de oficialidad dado que, si en principio la iniciación se realizará de oficio o a solicitud del interesado, en todo caso se deberán efectuar de oficio los actos de instrucción cuando el contenido de la resolución tenga relevancia inmediata para el interés público.

En este sentido, los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio por el órgano que trámite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legales o reglamentariamente establecidos. Los actos de instrucción, siguiendo el mismo orden de la Ley 30/1.992, son los relativos a las alegaciones de los interesados, prueba, informes, y participación de los interesados (audiencia del interesado e información pública). B) Alegaciones Los interesados podrán aducir las alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio que estimen oportunos en cualquier momento del procedimiento, pero siempre con anterioridad al trámite de audiencia. Unas y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiera razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria. C) Prueba Con la antelación suficiente se comunicará a los interesados la existencia del período probatorio, anunciando debidamente el lugar, día y hora en que tendrá lugar la práctica de la prueba para que el interesado pueda acudir, nombrando, en su caso, técnicos que le asistan. Por lo demás, los datos más importantes del período probatorio se refieren a los siguientes extremos: El instructor del expediente acordará la apertura de un período de prueba en los siguientes casos: ‰

Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados;

‰

Cuando la naturaleza del procedimiento lo exija.

Plazo En los casos de apertura de un período de prueba, tendrá una duración no inferior a 10 días ni superior a 30, para que puedan practicarse las que se consideren oportunas.

Medios

Los hechos relevantes para la resolución del procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos. D) Informes

Concepto Los informes no son sino las opiniones o pareceres que emiten órganos distintos de aquellos a quienes corresponde dictar la resolución. Como observa VILLAR, los informes, así considerados, pueden servir tanto para aportar datos al expediente como para comprobar los que ya figuren en él.

Clases Los informes pueden ser preceptivos o facultativos, vinculantes o no vinculantes: ‰

Preceptivos son aquellos informes que el órgano decisorio está obligado a solicitar por exigirlo así un precepto legal.

‰

Facultativos, en cambio, son aquellos informes que son solicitados voluntariamente por el órgano decisorio, sin estar obligado a ello. Por razones de celeridad, se establece que sólo se soliciten informes cuando sea absolutamente necesario. Por lo demás, los informes se presumen facultativos, salvo que expresamente se establezca lo contrario.

‰

Vinculantes serán los informes cuando haya obligación de resolver conforme al dictamen emitido, sea éste preceptivo o no.

‰

No vinculantes, por último, serán los informes cuando no haya tal obligación de resolver conforme al contenido del informe. Como regla, también los informes serán no vinculantes, salvo disposición en contrario.

Plazo Los informes se emitirán en el plazo de 10 días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. Si no se facilita el dictamen en el plazo previsto, podrá proseguirse el proceso, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario causante de la demora, excepto en los supuestos de informes preceptivos que sean determinantes para la resolución del procedimiento, en cuyo caso se podrá interrumpir el plazo de los trámites sucesivos. Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus

competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiese evacuado, se podrán proseguir las actuaciones. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución E) Participación de los interesados: Audiencia al interesado e Información Pública.

Audiencia de los Interesados Una vez instruido el expediente e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá aquél de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 días, puedan alegar lo que estimen pertinente. El Tribunal Supremo tiene declarado con reiteración que la omisión del trámite de audiencia al interesado determina la nulidad de todas las actuaciones posteriores. Hay que tener en cuenta que para que haya lugar a la anulabilidad es preciso no sólo que se haya omitido el trámite de audiencia, sino también que tal omisión haya dado lugar a la indefensión del interesado. Por esa razón, el artículo 84 Ley 30/92 señala que se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el expediente ni sean tenidos en cuanta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado, porque entonces no habrá tal indefensión, que es precisamente lo que el trámite de audiencia pretende evitar. En el ámbito constitucional se recoge este principio en el artículo 105,c).

Información Pública El órgano a quien corresponda la decisión del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera podrá acordar un período de información pública. A tal efecto, se anunciará en el B.O.E., de la Comunidad Autónoma, o en el de la Provincia respectiva, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento, o la parte del mismo que se acuerde. El anuncio señalará el lugar de exhibición y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a 20 días. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados imponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales. Conforme a lo dispuesto a las leyes, las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas, medios y cauces de participación de los ciudadanos, directamente o a

través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley en el procedimiento de elaboración de disposiciones y actos administrativos. 3.2.4. Terminación Causas Se encuentra regulada en los artículos 87 a 101 de la Ley 30/1.992. Señala el artículo 87 que pondrán fin al procedimiento: ‰

Resolución

‰

Desistimiento

‰

Renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el Ordenamiento Jurídico

‰

La declaración de caducidad

Pero no sólo estas producen la terminación del procedimiento sino que también la producirá la imposibilidad material de terminarlo por causas sobrevenidas o la terminación convencional por acuerdo. A) Terminación convencional Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como de privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto el interés público que tiene encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse e n los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuviera destinado. Requerirán, en todo caso, la aprobación expresa del Consejo de Ministros los acuerdos que versen sobre materia de la competencia directa de dicho órgano. Los acuerdos que suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios relativas al funcionamiento de los servios públicos.

B) Resolución La resolución es la forma normal de terminación del procedimiento administrativo.

El acto resolutorio, o resolución, pone fin a la tramitación del procedimiento decidiendo sobre el objeto del mismo. El acto administrativo en que la resolución consiste podrá ser expreso, tácito o presunto, según la doctrina general de los actos administrativos. La Ley de refiere específicamente a las resoluciones expresas señalando: ‰

Que la resolución decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados, así como aquellas otras que se deriven del expediente.

‰

Cuando se traten de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo de manifiesto en aquellos por un plazo no superior a 15 días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.

‰

Que en los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste sin que en ningún caso, pueda agravar su situación inicial, y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.

‰

Que la resolución contendrá solamente la decisión, no siendo motivada más que en los casos que recoge el art. 54 Ley 30/92. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que consideren oportuno.

‰

Que si la resolución se adopta por delegación, se hará constar esta circunstancia y se considerará como si la hubiere dictado la autoridad delegante.

‰

En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá resolver la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el Ordenamiento Jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto en el art. 29 de la Constitución.

‰

La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorpore al texto de la misma.

C) Desistimiento y renuncia Tanto el desistimiento como la renuncia determinan la terminación del procedimiento por causa imputable al interesado. La diferencia entre uno y otras se deduce de su distinto objeto: ‰

El desistimiento se refiere sólo a la instancia administrativa que se hubiere iniciado, renunciando a ésta, pero no al derecho que motivó la pretensión, de

modo que, al no haber renunciado al derecho material, se podrá reproducir la instancia en otro momento. ‰

En la renuncia se abdica no sólo la instancia, sino también al derecho material a que se refiere, de manera que, al haber renunciado al derecho o pretensión de fondo, no se podrá reproducir la instancia ante la Administración.

Todo interesado podrá desistir o renunciar a su derecho, tanto oralmente como por escrito. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia. El desistimiento de la instancia o la renuncia del derecho determinan la conclusión del procedimiento. Sin embargo existen las siguientes excepciones: ‰

Que la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, en cuyo caso la Administración puede exigir la continuación del mismo hasta dictarse la correspondiente resolución.

‰

Que, habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de 10 días desde que fueron notificados del desistimiento.

Si el escrito de iniciación del procedimiento se hubiere realizado por dos o más interesados, el desistimiento o renuncia solo afectará a quienes lo haya formulado. D) Caducidad La caducidad se produce por la paralización del procedimiento por un plazo superior a 3 meses por causa imputable al interesado, siempre que la Administración le hubiere hecho el oportuno requerimiento y advertencia. Es decir, cuando se produzca la paralización de un procedimiento iniciado a solicitud de interesado por causas imputables al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo, y, si transcurrieran esos tres meses sin actuación alguna por parte del interesado, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado, que podrá interponer los recursos que procedan contra dicho acuerdo. La caducidad surge como consecuencia del incumplimiento por los interesados de su deber de efectuar determinadas actuaciones sin las cuales el procedimiento materialmente no puede continuar. Dado el principio de oficialidad que existe en el procedimiento administrativo solo será de aplicación este supuesto cuando se den las siguientes circunstancias: ‰

Que la paralización sea imputable al interesado.

‰

Que tal inactividad del interesado cause la imposibilidad de continuar el procedimiento.

‰

Que la Administración deberá advertir al interesado inmediatamente que se produzca la paralización del procedimiento que transcurridos tres meses se producirá la caducidad del mismo con archivo de las actuaciones.

No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en el cumplimiento de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite. La caducidad no producirá por si sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. No podrá ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente suscitarla para su definición y esclarecimiento.

3.2.5. La obligación de resolver y el Silencio Administrativo El silencio administrativo se produce cuando la Administración agota el plazo máximo de resolución del procedimiento sin haber dictado resolución expresa, siempre que el procedimiento no haya concluido por alguna de las otras causas legalmente admisibles. A) La obligación de resolver La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Se exceptúan de esta obligación, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración. B) Duración máxima del procedimiento El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para recibir la notificación, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:

‰

En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.

‰

En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

Las Administraciones públicas deben publicar y mantener actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. En todo caso, las Administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación de los procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, incluyendo dicha mención en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en comunicación que se les dirigirá al efecto dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. C) Suspensión del plazo máximo de duración del procedimiento El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos: ‰

Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido.

‰

Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de las Comunidades Europeas, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada.

‰

Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.

‰

Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.

‰

Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones que se constatará mediante declaración formulada por la Administración o los interesados.

‰

Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo.

D) Ampliación del plazo máximo de duración del procedimiento Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes y sólo una vez agotados todos los medios a disposición posibles. De acordarse, finalmente, la ampliación del plazo máximo, éste no podrá ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno. E) Responsabilidad en la tramitación El personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio a la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa vigente.»

F) El silencio administrativo En este punto debemos distinguir dos supuestos: que el procedimiento comience a solicitud del interesado o que el procedimiento comience de oficio. 1- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada o desestimada por silencio administrativo, según proceda, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista posteriormente. Los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con rango de Ley o norma de Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario. Quedan exceptuados de esta previsión los procedimientos de ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de

impugnación de actos y disposiciones, en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizado del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. La obligación de dictar resolución expresa se sujetará al siguiente régimen: ‰

En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.

‰

En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver. Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince días. 2- En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos: ‰

En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

‰

En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones.

‰

En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.

4. ANEXO: TÉRMINOS Y PLAZOS DEL PROCEDIMIENTO 4.1. REGLAS SOBRE EL CÓMPUTO DE PLAZOS Como anexo al tema, analizamos las reglas aplicables al cómputo de plazos. Son las siguientes: ‰

Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.

‰

Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.

‰

Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

‰

Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

‰

Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.

‰

Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o ala inversa, se considerará inhábil en todo caso.

‰

La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones públicas, la organización del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los registros. 7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos.

‰

El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades que integran la Administración Local correspondiente a su ámbito territorial, a las que será de aplicación.

‰

Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda y en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento por los ciudadanos.

4.2. AMPLIACIÓN DE PLAZOS La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, tramitándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recursos. 4.3. TRAMITACIÓN DE URGENCIA Cuando razones de interés público lo aconsejen se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento.

5. REVISIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Los actos administrativos gozan de una presunción de validez establecida en el artículo 57,1º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; ello no significa que realmente lo sean, sino que con más frecuencia de la deseada incurren en algún vicio que los hace nulos de pleno derecho o anulables. A estos efectos, la Ley permite a la Administración que, por si misma, sin ser impelida por los interesados, pueda revisar de oficio sus actos administrativos, retirándolos del mundo del Derecho.

En otras ocasiones, son los particulares interesados los que, a través de la interposición de los correspondientes recursos administrativos o, en su caso, contenciosoadministrativo, obligan a la Administración a efectuar esta retirada, en vía administrativa o en vía jurisdiccional, respectivamente. De ambos casos, nos corresponde tratar en este tema

6. REVISIÓN DE OFICIO 6.1. INTRODUCCIÓN Es la efectuada por la Administración, sin necesidad de que se produzca un requerimiento por parte de los interesados. La finalidad será impedir una conducta arbitraría ejecutada por ella, que generaría una absoluta inseguridad jurídica (recordamos el contenido del artículo 9.3 de la Constitución, que consagra el principio de interdicción de la arbitrariedad de la Administración Pública y el principio de seguridad jurídica). De este modo la Ley, salvo en supuestos tasados, le obliga a seguir un procedimiento que tiene carácter esencial, de forma que su omisión acarrearía la nulidad de pleno derecho del acto por el que se revisa. Este procedimiento se contiene en los artículos 102 a 106 de la Ley 30/ 1992, pudiéndose distinguir los diversos supuestos que a continuación estudiamos. 6.2. REVISIÓN DE DISPOSICIONES Y ACTOS NULOS. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en el artículo 62.1 de la Ley 30/ 1992. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2, que indica que “serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 62 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. Las Administraciones Públicas al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los

interesados, si se dan las circunstancias previstas en la Ley 30/ 1992 en sus artículos 139.2 y 141.1; sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo. 6.3. REVISIÓN DE ACTOS ANULABLES: LA DECLARACIÓN DE LESIVIDAD Las Administraciones públicas podrán declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 30/ 1992, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 84 de esa Ley anteriormente citada. Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración competente en la materia. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad. 6.4. SUSPENSIÓN Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación (Artículo 104 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. 6.5. REVOCACIÓN DE ACTOS Bajo este epígrafe el artículo 105 de la Ley 30/ 1992, distingue dos supuestos: a. Las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. b. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos

6.6. LÍMITES DE LA REVISIÓN El artículo 106 de la Ley 30/ 1992, concluye esta ordenación de la revisión de oficio, disponiendo que "las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes"

7. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: PRINCIPIOS GENERALES 7.1. INTRODUCCIÓN Como se dijo, la presunción de validez de los actos administrativos es "iuris tantum", es decir, que admite prueba en contrario por parte del interesado cuando entable el correspondiente recurso administrativo y, en su caso, contencioso-administrativo, de forma que, si demuestra que la Administración ha incurrido en ilegalidad al dictar el acto, éste debe ser anulado. A este fin, y al margen de los supuestos de la revisión de oficio, la Ley ha concedido al particular diversos cauces para poder llegar a esta anulación, que no son otros que los recursos administrativos o, en su caso, el acceso a los órganos jurisdiccionales para conseguir una satisfacción a sus pretensiones, a través del recurso contenciosoadministrativo. Son, en definitiva, como señala ENTRENA CUESTA, "un acto con el que un sujeto legitimado pide a la Administración que revise una resolución administrativa, o, excepcionalmente, un acto trámite, dentro de los plazos y con arreglo a las formalidades pertinentes". Para GARCÍA DE ENTERRIA, los recursos administrativos son "actos del administrado mediante los que este pide a la propia Administración la revocación o reforma de un acto suyo o de una disposición de carácter general de rango inferior a la Ley en base a un titulo jurídico especifico". Su nota característica es, pues, según este Autor, su finalidad impugnatoria de actos o disposiciones preexistentes que se estiman contrarias a Derecho, lo que les distingue de las peticiones, cuyo objetivo es forzar la producción de un acto nuevo, y de las quejas, que, como se deriva de lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre,(en los que se permite al particular la exigencia de responsabilidad por defectuosa tramitación o por incumplimiento de los plazos para resolver en el procedimiento), no persiguen la revocación de acto administrativo alguno, sino solamente que se corrijan en el curso mismo del procedimiento en que se producen los defectos de tramitación a que se refieren y, en especial, los que supongan paralización de los plazos preceptivamente señalados u omisión de los trámites que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto.

Partiendo de estas premisas, y siguiendo al Autor citado, puede señalarse que el recurso administrativo es una garantía para los afectados por la resolución administrativa, en cuanto les aseguran la posibilidad de reaccionar contra ella y, eventualmente. de eliminar el perjuicio que comporta, alcanzando a todo tipo de actos administrativos. Ahora bien, es una garantía limitada. por cuanto se interponen y resuelven ante y por la propia Administración (que es, pues, juez y parte). 7.2. PRINCIPIOS GENERALES Se recogen en los artículos 107 a 114 de la Ley 30/ 1992, cuyos epígrafes seguimos en esta exposición. 7.2.1. Objeto y clases Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. Las Leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respecto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo. En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado. La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Administración Local no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la Ley. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica. 7.2.2. Fin de la vía administrativa

Como se deduce de lo expuesto, para que proceda uno u otro recurso, es determinante que con la resolución que se dicte se ponga o no fin a la vía administrativa. A estos efectos, el artículo 109 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre señala que ponen fin a la vía administrativa: a) Las resoluciones de los recursos de alzada. b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artículo 107.2. c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. d) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. e) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.» En particular, por lo que se refiere a la Administración General del Estado, a tenor de la Disposición Adicional Novena de la L.R.J.A.P. y P.A.C., señala que ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes: -

Los adoptados por el Consejo de Ministros y sus Comisiones Delegadas.

-

Los adoptados por los Ministros en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los Departamentos de los que son titulares.

-

Los adoptados por Subsecretarios y Directores Generales en materia de personal.

Por lo que respecta a la Administración Local, el artículo 52,2 L.R.L. establece que ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades: -

Las del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Comisiones de Gobierno, salvo en los casos excepcionales en que una Ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma. o cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos del artículo 27,2 (se refiere al ejercicio por las Corporaciones Locales de competencias delegadas por las otras Administraciones, en que procederá el recurso administrativo ordinario ante las mismas)

-

Las de autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa

-

La de cualquier otra autoridad u órgano cuando así lo establezca una disposición legal.

Finalmente, en cuanto a las Comunidades Autónomas, habrá que estar a lo que disponga su normativa específica, que. normalmente, viene pronunciándose en similares términos a los examinados respecto a la Administración General del Estado. 7.2.3. Interposición del recurso La interposición del recurso deberá expresar: El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación del mismo El acto que se recurre y la razón de su impugnación c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige e) Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado. 7.2.4. Suspensión de la ejecución Aparece regulada en el artículo 111 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. No obstante, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: -

Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

-

Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho.

La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos treinta días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto.

Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado. Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente. La suspensión podrá prolongarse después de agotada la vía administrativa cuando exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó. 7.2.5. Audiencia de los interesados Con el fin de no causar una indefensión a los interesados que está prohibida por el artículo 24 de la Constitución española de 1978, el artículo 112 de la Ley 30/ 1992 prevé la audiencia de lo interesados, en esta materia de recursos, disponiendo que: -

Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.

-

No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho.

-

Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que, en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente.

-

El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos nuevos a los efectos de este articulo. Tampoco lo tendrán los que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada.

7.2.6. Resolución Respecto de la misma, el artículo 113 de la Ley 30/ 1992 contiene las siguientes reglas: 1. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión 2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en que el vicio fue cometido

salvo lo dispuesto en el artículo 67 (que trata de la convalidación de los actos administrativos) 3. El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. En este ultimo caso se les oirá previamente. No obstante, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial (es decir, se prohibe la “reformatio in peius”)

8. EL RECURSO DE ALZADA 8.1. INTRODUCCIÓN Se encuentra regulada en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. 8.2. OBJETO Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 107.1, ( es decir, los actos que no hayan agotado la vía administrativa) cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos. 8.3. INTERPOSICIÓN El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dicto el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente. El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior. 8.4. PLAZOS El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo; en este caso, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo. 8.5. IMPUGNACIÓN POSTERIOR Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recursos extraordinario de revisión en los casos legalmente establecidos. 8.6. MOTIVOS El recurso ordinario podrá fundarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. Ahora bien, los vicios y defectos que hagan anulable el acto no podrán ser alegados por los causantes de los mismos (artículo 115 Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre.

9. RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN Se regula en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. 9.1.OBJETO Y NATURALEZA Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 9.2. PLAZOS El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

10. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN 10.1. INTRODUCCIÓN A este recurso se dedican los artículos 118 y 119 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. Es un recurso extraordinario que sólo se admite en los supuestos del artículo 118 y contra actos firmes, es decir, en principio, inatacables, pero que, por la gravedad de las circunstancias concurrentes en su emisión, la Ley permite su impugnación. 10.2. INTERPOSICIÓN, OBJETO Y PLAZOS A tenor del artículo 118 podrá interponerse contra los actos firmes en vía administrativa ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1.ª Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. 2.ª Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. 3.ª Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. 4.ª Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá cuando se trate de la causa primera, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. 10.3. RESOLUCIÓN El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artículo anterior o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.

El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

TEMA 9 FUNCIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

ÓRGANOS SUPERIORES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. CLASES DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA: NORMATIVA APLICABLE. EL REGISTRO GENERAL DE PERSONAL: FUNCIONES, LOS ASIENTOS REGISTRALES. ESTRUCTURA RETRIBUTIVA DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL.

1. ÓRGANOS SUPERIORES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

1.1. EL CONSEJO DE GOBIERNO

El Consejo de Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria en materia de la función pública de la Junta de Andalucía.

Corresponde en particular al Consejo de Gobierno:

-

Aprobar las directrices conforme a las cuales ejercerán su competencia en materia de personal los distintos órganos de la administración.

-

Determinar las instrucciones a que deberán atenerse los representantes de la administración cuando proceda la negociación con la representación sindical del personal funcionario de sus condiciones de empleo, así como dar validez y eficacia a los acuerdos alcanzados, mediante su aprobación expresa y formal, y establecer las condiciones de empleo para los casos en que no se produzca acuerdo en la negociación.

-

Establecer las instrucciones a que deberán atenerse los representantes de la administración en la negociación colectiva con el personal sujeto al derecho laboral.

-

Fijar anualmente las normas y directrices para la aplicación del régimen retributivo del personal a que esta Ley se refiere.

-

Aprobar los criterios para coordinar la programación, a medio y largo plazo, de las necesidades de personal a que esta Ley se refiere.

-

Aprobar la oferta de empleo público.

-

Aprobar la relación de puestos de trabajo con su correspondiente clasificación de niveles, así como los intervalos asignados a cada Cuerpo

-

Aprobar los criterios generales de promoción de personal.

-

Imponer la sanción disciplinaria de separación del servicio.

-

Aprobar la jornada de trabajo.

-

Aprobar el baremo general a que se refiere el artículo 26 de la Ley 6/ 1985

-

El ejercicio de las otras competencias que le estén legalmente atribuidas.

( El artículo 26 de la Ley 6 / 1985 establece: 1. El concurso es el sistema normal de provisión de puestos de trabajo y en el se tendrán en cuenta únicamente los méritos previstos en las bases de la correspondiente convocatoria, de acuerdo con la reglamentación que en su día se apruebe, y en la que se considerarán como méritos preferentes la valoración del trabajo desarrollado en los puestos anteriores, los cursos de formación y perfeccionamiento, las titulaciones académicas directamente relacionadas con el puesto que se trata de proveer y la antigüedad. También podrán considerarse otros méritos tales como la experiencia y titulaciones profesionales y los demás que reglamentariamente se determinen. El Consejo de Gobierno aprobará el correspondiente baremo como sujeción a los criterios expuestos en los párrafos anteriores. 2. Los puestos de trabajo de libre designación y, por tanto, de libre remoción se proveerán mediante convocatoria pública anunciada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, indicando la denominación, nivel, localización y retribución, así como los requisitos mínimos exigibles a los funcionarios que aspiren a desempeñarlos, concediéndose un plazo no inferior a quince días hábiles para la presentación de solicitudes. Podrá ser de libre designación el puesto superior jerárquico de cada unidad o dependencia administrativa y los puestos de especial asesoramiento y colaboración personal. 1.2. EL CONSEJERO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Compete al Consejero de Justicia y Administración pública, el desarrollo general, la coordinación y el control de la ejecución de la política del Consejo de Gobierno en

materia de la función pública, dirigiendo la política de personal y ejerciendo la potestad reglamentaria en los supuestos de autorización del mismo.

Se le atribuye, en general, el conocimiento y resolución de los aspectos de la relación de empleo anteriores y posteriores a la ocupación de un puesto de trabajo concreto.

Le corresponde en particular:

-

Proponer al Consejo de Gobierno la aprobación de los acuerdos, tanto normativos como ejecutivos, que este haya de aprobar en materia de función pública.

-

Impulsar, coordinar y, en su caso, establecer y ejecutar los planes, medidas y actividades tendentes a mejorar el rendimiento en el servicio, la formación y la promoción del personal.

-

Cuidar el cumplimiento de las normas generales en materia de personal, asegurando que la organización y funcionamiento de la función pública se atenga a los principios establecidos en el artículo 2 de la Ley 6/ 1985

-

Inspeccionar la actuación de los órganos competentes en esta materia y del personal, de acuerdo con la Ley.

-

Proponer al Consejo de Gobierno la imposición de sanciones disciplinarias de separación del servicio.

-

Nombrar a los funcionarios y contratar al personal laboral fijo.

-

Adoptar, a propuesta de la consejería correspondiente, las resoluciones que procedan sobre las situaciones administrativas de los funcionarios.

-

Ejercer las competencias que en las normas generales se le atribuyan y las que en materia de personal no estén atribuidas a otros órganos.

-

Aprobar las modificaciones de la relación de puestos de trabajo en los casos que reglamentariamente se establezcan.

Podrá delegar o desconcentrar competencias en cualquier otro órgano de la Consejería, así como ceder temporalmente su ejercicio en los consejeros de los demás departamentos, o en otros órganos inferiores de cada consejería, en lo que a la gestión del personal de cada una de ellas se refiere, previo acuerdo con el titular de la misma.

1.3. VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El titular de la Viceconsejería, ejerce la jefatura superior de la Consejería después de su titular, asumiendo la representación y delegación general del mismo, así como la coordinación general del Departamento en su ámbito central y periférico, correspondiéndole las competencias atribuidas en el artículo 41 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, y, además, aquellas específicas que el titular de la Consejería expresamente le delegue.

Con tal carácter, y bajo las directrices del titular de la Consejería, tiene las siguientes competencias:

a) Asiste al titular de la Consejería en el control de eficacia del Departamento.

b) Establece los programas de inspección de los servicios de la Consejería, así como la determinación de las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización, y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo.

c) Propone las medidas de organización de la Consejería y dirige el funcionamiento de los servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones y órdenes de servicio.

d) Elabora, ejecuta y realiza el seguimiento de los presupuestos y la planificación de los sistemas de información y comunicación.

e) Desempeña la jefatura superior de todo el personal de la Consejería.

f) Da asesoramiento jurídico al titular de la Consejería en el desarrollo y funciones que a éste le corresponde y, en particular, en el ejercicio de su potestad normativa y en la producción de los actos administrativos competencias de aquél, así como a los demás órganos de la Consejería; así como la coordinación normativa de la Consejería en las competencias atribuidas a ésta.

g) Ejerce las facultades de dirección, impulso y supervisión de los órganos y centros directivos que dependen directamente de él.

h) Ejerce las demás facultades, prerrogativas y funciones que le atribuyen las disposiciones vigentes.

Asimismo, se relaciona con el Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Tribunales y Juzgados, Fiscalías, Colegios de Abogados, Procuradores, Notarios, Registradores de la Propiedad y Mercantiles e instituciones que cooperen con la Administración de Justicia.

También le corresponde la fijación de las demarcaciones territoriales de los órganos judiciales en Andalucía y la demarcación y nombramiento de los titulares de las Notarías y Registros de la Propiedad y Mercantil.

Igualmente, dirige, impulsa y coordina la provisión de los medios necesarios para el funcionamiento de la Administración de Justicia en Andalucía; coordina y realiza la planificación general de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma en relación con Tribunales y Juzgados y Fiscalías, así como la superior dirección de los sistemas de informatización para la Administración de Justicia en el territorio de la Comunidad Autónoma, conforme a las directrices generales de política informática de la Administración Autonómica.

Le compete la iniciativa y supervisión de los programas relativos a Justicia complementaria, orientación jurídica, convenios con instituciones penitenciarias y los relativos a justicia del menor y juvenil, y el ejercicio de las restantes atribuciones que conforme a las disposiciones vigentes le correspondan en esta materia.

Vela por el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el titular de la Consejería y de los acuerdos tomados en Consejo de Dirección, así como el seguimiento de la ejecución de los programas del Departamento.

1.4. SECRETARÍA GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Al titular de la Secretaría General para la Administración Pública, con rango de Viceconsejero, le corresponde, bajo la superior autoridad del titular de la Consejería, la

dirección, impulso y gestión de las atribuciones relativas a la organización y modernización de la Administración Pública, la atención al ciudadano, la racionalización de los procedimientos administrativos, la inspección general de los servicios de la Administración, el diseño y control de sus sistemas de calidad, la planificación de recursos humanos mediante la Oferta de Empleo Público y la política informática de la Administración, así como la formación del personal y la investigación aplicada a la Administración Pública. -

Igualmente, impulsa la política de diálogo y concertación con las organizaciones sindicales que representan los intereses del personal al servicio de la Administración Autonómica.

-

Asimismo, le compete el régimen jurídico y retributivo del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma

-

Autoriza las bases de las convocatorias de los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo

-

Autoriza el nombramiento de personal interino

-

Propone resolución de los recursos administrativos, las reclamaciones previas a la vía aboral y los expedientes de revisión de oficio de actos nulos y la declaración de lesividad de actos anulables, así como la responsabilidad patrimonial, todo ello en materia general de función pública

-

Y el ejercicio de las restantes atribuciones que conforme a las disposiciones vigentes le correspondan en esta materia.

1.5. SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Al titular de la Secretaría General Técnica le corresponden, además de la asistencia técnica y administrativa al titular de la Consejería, las atribuciones previstas en el artículo 42, de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma. En particular, y en relación con el personal al servicio de la Junta de Andalucía, son competencias de la Secretaría General Técnica las siguientes materias: a) b) c)

d) e)

Administración y gestión del personal de la Consejería, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Viceconsejería. Confección y abono de la nómina y la gestión de los seguros sociales del personal dependiente de la Consejería. Tramitación de la pagaduría y habilitación de la Consejería en Servicios Centrales y del control, coordinación y dirección de las habilitaciones periféricas. El régimen interior y los asuntos generales. Dirección y ordenación del Registro General y de todas las dependencias de utilización común e información general de la Consejería.

f)

g) h) i)

j)

Medidas de racionalización del funcionamiento de unidades y servicios. Racionalización y gestión de las publicaciones que realice la Consejería y la preparación de las compilaciones vigentes. La ejecución de los programas de racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo de la Consejería. La ejecución de los programas de racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo de la Consejería. Administración y gestión del personal al servicio de la Administración de Justicia y ejercicio de las competencias que en esta materia tiene atribuidas la Consejería de Justicia y administración Pública, sin perjuicio de las que se atribuyen a la Viceconsejería Elaboración de los programas para la dotación de recursos personales, materiales y financieros de los Órganos Judiciales y Fiscalías y los Institutos de Medicina Legal.

1.6. DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Al titular de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia le corresponden, en relación con el personal, las siguientes funciones: -

Adopción de medidas relativas a la organización y el funcionamiento de las oficinas judiciales.

-

Participación en el diseño y ejecución de los planes de formación de Jueces, Magistrados, Fiscales y Secretarios Judiciales.

-

Diseño de planes de formación para el personal al servicio de la Administración de Justicia.

-

Planificación y ordenación en materia de peritos, testigos y jurados.

-

Las restantes atribuciones que conforme a las disposiciones vigentes le correspondan.

1.7. DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Al titular de la Dirección General de la Función Pública le corresponden las siguientes funciones: a) El informe, estudio y propuesta de medidas relativas al ordenamiento jurídico de la Función Pública. b)Las relaciones con las Organizaciones Sindicales que representan al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía. c) Elaborar la Oferta de empleo público; proponer las convocatorias de pruebas de acceso a la Función Pública; establecer los criterios generales para la selección del personal laboral; la propuesta y tramitación de los concursos unitarios para la provisión de puestos de trabajo; y ejercer cualquier otra función derivada del régimen de selección y provisión de puestos de trabajo y promoción profesional.

d) El informe para el acceso a la Función Pública o el desempeño para el puesto de trabajo en la Administración de la Junta de Andalucía por funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas, en los términos establecidos en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía. e) Las competencias transferidas o que se transfieran relativas a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. f) La expedición de los títulos administrativos de los funcionarios y hojas de servicios del personal laboral fijo y del personal interino. g) La concesión del reingreso al servicio activo cuando no haya derecho a la reserva del puesto de trabajo y la resolución de los destinos provisionales a que hace referencia el artículo 27.1. de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre. h) El cambio de situaciones administrativas de los funcionarios que se encuentren en situación diferente a la de activo y sin reserva de puesto de trabajo. i) La declaración de servicios especiales en los supuestos contemplados en los apartados a), b) y j) del artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. j) Reconocimiento del grado personal consolidado por desempeño de puestos de trabajo en distinta Administración a la de la Junta de Andalucía. k) La autorización, prórroga y revocación de las comisiones de servicios para puestos de trabajo en otras Administraciones Públicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31.5. de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre. l) La resolución de permutas cuando se produzcan entre funcionarios de distintas Consejerías u Organismos Autónomos, y la de movilidad de personal laboral entre distintas Consejerías u Organismos Autónomos. m) La autorización de inscripciones y anotaciones en el Registro General de Personal, así como la denegación, suspensión o cancelación de las mismas. n) La propuesta de reglamentación y gestión en materia de acción social. ñ) La dirección y administración de los subsistemas de gestión de personal y puestos de trabajo del Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRhUS), así como la adopción de medidas que vaya exigiendo el desarrollo y aplicación de estos subsistemas. o) El examen y elaboración de propuestas sobre la relación de puestos de trabajo. Igualmente le corresponde cualquier otra competencia en materia de Función Pública que tenga atribuida o se le delegue, así como todos aquellos actos de gestión y administración no atribuidas a otros órganos. 1.8. DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, INSPECCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Al titular de la Dirección General de Organización, Inspección y Calidad de los Servicios le corresponde, en relación con el personal, las siguientes funciones:

a) Establecer y ejecutar los planes, medidas y actividades tendentes a mejorar el rendimiento de los servicios y la eficacia de los mismos. b) El análisis de las estructuras orgánicas, así como el informe de las propuestas de modificación. c)

La elaboración y propuesta de programas de evaluación de la calidad de los servicios.

d)

La inspección administrativa de todos los servicios de la Administración Autonómica.

e)

La inspección y control del cumplimiento por parte del personal de sus obligaciones.

f)

La tramitación de los expedientes en materia de incompatibilidades, así como la vigilancia del cumplimiento de las normas e instrucciones sobre aquellas.

g) La elaboración de la propuesta del Plan General de inspección. h)

La dirección e impulso del servicio de información administrativa y la asistencia al ciudadano.

i)

Igualmente, le corresponden las restantes atribuciones que conforme a las disposiciones vigentes se le atribuyan

1.9. CONSEJEROS DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ECONOMÍA Y HACIENDA

Corresponde a los consejeros de la Justicia y Administración Pública y de Economía y Hacienda proponer al Consejo de Gobierno, en el marco respectivo de la política general de personal y de la política presupuestaria, las normas y directrices a que deberán ajustarse los gastos de personal de la administración de la Comunidad Autónoma.

Cualquier medida relativa al personal que pueda suponer aumento en el gasto será preceptivamente informada por la Consejería de Economía y Hacienda, a la que corresponderá en todo caso la determinación de modificaciones en las dotaciones presupuestarias.

1.10. CONSEJEROS

Corresponde a cada consejero dictar las instrucciones de servicio y dirigir la actividad del personal integrado en su departamento, adoptando las resoluciones que procedan

sobre los aspectos de la relación de empleo derivados de la ocupación de un puesto de trabajo concreto, tales como las licencias, permisos y sanciones disciplinarias que no impliquen separación del servicio.

Estas competencias serán ejercidas de acuerdo con los reglamentos de organización y sin perjuicio de las facultades genéricas y específicas de delegación y avocación que cada consejería tenga atribuidas.

Corresponderá, igualmente, a cada consejero el establecimiento de los servicios mínimos de la competencia de su departamento.

1.11. CONSEJO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

El Consejo de la Función Pública, es el órgano superior colegiado de consulta y asesoramiento de la política de función pública.

En particular le corresponde:

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Informar en el plazo de dos meses los anteproyectos de Ley referentes a la función pública.

-

Informar en el plazo de dos meses sobre los proyectos de disposiciones y de decisiones relevantes en materia de personal, que le sean consultados por el Consejo de Gobierno o el Consejero competente.

-

Por iniciativa propia, tomar conocimiento, debatir y, en su caso, recomendar a los órganos competentes la adopción de medidas dirigidas a mejorar la organización, las condiciones de trabajo y el rendimiento del personal al servicio de la administración de la Junta de Andalucía.

-

Elaborar sus normas de organización y funcionamiento.

Integran el Consejo de la Función Pública:

-

Por parte de la administración: el Consejero competente que será su Presidente; los Viceconsejeros de todas las Consejerías, y un Secretario, con voz y sin voto.

-

Los representantes del personal, que, en número igual al de Viceconsejeros, serán designados por los sindicatos en proporción a su representatividad respectiva.

La participación en el Consejo de la Función Pública no dará derecho a retribución específica.

1.12. COMISIÓN TÉCNICA DE PERSONAL. INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La comisión técnica de personal es un órgano técnico colegiado de coordinación, documentación y asesoramiento para la elaboración y ejecución de la política de la función pública. Su composición, funcionamiento y atribuciones serán reguladas reglamentariamente.

La estructura y composición del Instituto Andaluz de Administración Pública se determinará reglamentariamente1[1], dando entrada en las mismas a la participación de las centrales sindicales. Asimismo, las normas de desarrollo de la Ley 6/ 1985, determinarán sus atribuciones, correspondiéndole, en general, la formación del personal al servicio de la administración, la gestión de las pruebas de selección y, en su caso, cursos de selección que se le encomienden, así como el estudio y la investigación teórica y práctica de la administración y de sus técnicas, en coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública y otras instituciones similares.

2. CLASES DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA: NORMATIVA APLICABLE. 1[1] El Decreto 141/1986 de 30 de julio, regula provisionalmente la estructura y composición del IAAP (BOJA nº75, de 1 de agosto) y posteriormente en el Decreto 50/ 1987, de 25 de febrero, se aprueban sus estatutos (BOJA nº20 de 10 de marzo), modificado parcialmente por el Decreto 211/ 1989, de 17 de octubre (BOJA nº84 de 20 de octubre) y por el Decreto 56/ 2003, de 25 de febrero (Boja nº 53 de 19 de marzo)

El personal al servicio de la administración de la Junta de Andalucía se clasificará en las siguientes categorías:

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Funcionarios

-

Eventuales

-

Interinos

-

Laborales

Son funcionarios quienes han sido nombrados con tal carácter de acuerdo con la legislación vigente.

Son eventuales quienes ocupan puestos de trabajo expresamente calificados como de confianza o asesoramiento especial.

Son interinos quienes ocupan, con carácter provisional, puestos de trabajos que puedan ser desempeñados por funcionarios.

La relación jurídica de todos ellos está regulada íntegramente por el derecho administrativo.

El personal laboral es el contratado con tal carácter. Su régimen jurídico esta sometido al derecho laboral

2.1. FUNCIONARIOS

Los funcionarios de la Junta de Andalucía se integrarán plenamente en la organización de la función pública de la misma, agrupándose en los cuerpos que procedan.

Los Cuerpos, Escalas, Clases y Categorías de funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas se agruparán, de acuerdo con la titulación exigida para su ingreso, en los siguientes grupos: Grupo A. Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. Grupo B. Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Formación Profesional de tercer grado o equivalente. Grupo C. Título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente. Grupo D. Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente. Grupo E. Certificado de escolaridad.

El régimen de los funcionarios de la administración de la Junta de Andalucía es igual para todos ellos, con independencia de los derechos que, en su caso, conserven en su administración de origen los que procedan de otras administraciones públicas.

Los efectos de tales derechos no inciden en la relación jurídica de empleo que les vincula con la Junta de Andalucía, salvo las excepciones reconocidas por Ley.

Los funcionarios propios de las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se integren en la función pública de esta permanecerán, por lo que se refiere a su corporación local, en la situación administrativa especial de servicios en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que les permite mantener, respecto de aquella, todos sus derechos como si se hallarán en servicio activo.

Los Cuerpos complementan los objetivos ordenadores de la relación de puestos de trabajo a efectos de la racionalización de las pruebas de acceso, de la determinación de la carrera administrativa y de la promoción interna.

La determinación de los intervalos de niveles que corresponden a los cuerpos de cada grupo se realizará mediante decreto del Consejo de Gobierno.

La creación de nuevos cuerpos y las especialidades de los mismos o la supresión y refundición de cualesquiera deberá hacerse por Ley, en la que, como mínimo, se determinará:

-

Su denominación

-

Titulación exigida para el ingreso

-

Características funcionales

-

Regulación, o establecimiento de directrices para la regulación reglamentaria de las cuestiones que necesiten de un tratamiento especial separado

La creación y mantenimiento de un cuerpo o especialidad se justifica por la existencia, apreciada por el Consejo de Gobierno, de una serie de puestos de trabajo que en la relación aparezcan con características homogéneas y que, en general, faciliten la consecución de los objetivos a los cuerpos por esta Ley.

2.1.1. Carrera administrativa de los funcionarios

A) Concepto La carrera de los funcionarios se instrumenta a través del grado personal y de la posibilidad de acceder a otros puestos de trabajo mediante los sistemas previstos en esta Ley para su provisión. La promoción en la carrera se facilita también por la posibilidad de adquirir extraordinariamente un grado superior al que les corresponde por el procedimiento ordinario previsto en los artículos siguientes y por la de acceder a otros cuerpos de grupo superior o del mismo grupo, pero con un intervalo de niveles superiores al propio del cuerpo inicial.

b) El grado personal

Todo funcionario posee un grado personal correspondiente a uno de los treinta niveles en que están clasificados los puestos de trabajo. El grado personal se consolida por el desempeño de uno o mas puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o durante tres con interrupción. Si durante el tiempo en el que el funcionario desempeña un puesto se modificase el nivel del mismo, el tiempo de desempeño se computará con el nivel mas alto en que dicho puesto hubiese Estado clasificado.

El grado consolidado constituye un derecho del funcionario. Ningún funcionario podrá ser designado para un puesto de trabajo inferior o superior en mas de dos niveles al correspondiente a su grado personal.

El Consejo de Gobierno podrá establecer, mediante la superación de cursos de formación u otros requisitos objetivos, los procedimientos que habiliten a los funcionarios para la adquisición de los grados superiores del intervalo que a su cuerpo corresponda. Dicha habilitación permitirá al funcionario participar en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo correspondientes a dicho grado.

c) Provisión de puestos de trabajo

Producida la vacante de un puesto de trabajo, la Consejería competente acordará su provisión y sin perjuicio de los mecanismos de traslado y de desempeño provisional.

Excepcionalmente, la Consejería competente, de acuerdo con los departamentos, en su caso, afectados, podrá acordar, por razones de preferencia en la atención de los servicios, la provisión de otro u otros puestos de entre los que figuren en la relación y no estén ocupados por falta de dotación presupuestaria.

En este caso se precisará si el puesto vacante que no sale a provisión debe ser dado de baja en la relación, por considerarse que ya no es necesario para el servicio, o si debe seguir figurando en ella en espera de su ocupación posterior cuando las dotaciones presupuestarias lo permitan.

Las retribuciones de los puestos de trabajo ocupados del modo anterior no podrán exceder de las dotaciones presupuestarias.

La provisión de los puestos de trabajo que vayan a ser desempeñados por funcionarios se efectuará mediante los procedimientos de concurso o de libre designación con convocatoria pública, de acuerdo con lo que figure en la relación.

Como excepción, la Consejería competente, a propuesta de la consejería en cuyo departamento se encuentre el puesto vacante, podrá disponer que este se cubra mediante los sistemas de selección para acceso a la función pública, debiendo precisarse el cuerpo en que, en tal caso, se integrará el seleccionado. En ningún caso se entenderá que la ocupación del puesto de trabajo constituye un derecho adquirido para el funcionario.

A fin de lograr una mejor utilización de los recursos humanos, los puestos de trabajo de la administración de la Junta de Andalucía podrán ser desempeñados por funcionarios de las administraciones del Estado, de otras Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Asimismo, los funcionarios de la Junta de Andalucía podrán desempeñar puestos de trabajo en otras administraciones.

A tal efecto:

-

A los funcionarios de la administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales de Andalucía, que pasen a desempeñar puestos de trabajo en la administración de la Junta de Andalucía, mientras permanezcan en esta, les será de aplicación la Ley 6/ 1985.

-

En todo caso se regirán por las normas relativas a promoción profesional, promoción interna, situaciones administrativas, régimen retributivo y disciplinario de la administración de la Junta de Andalucía.

-

Los funcionarios de la Junta de Andalucía en situación de servicios en otras administraciones públicas continuarán perteneciendo a sus cuerpos de origen, y en tanto se hallen destinados en otra administración pública les será de aplicación la legislación de la misma.

-

Los funcionarios transferidos a la Junta de Andalucía, que en virtud de los procedimientos de concurso o libre designación pasen a desempeñar puestos de trabajo en otras administraciones públicas, continuarán conservando su condición de funcionarios del Estado y de la Comunidad Autónoma y se encontrarán en la situación administrativa de servicios en otras administraciones públicas.

c.1 Concursos

El concurso es el sistema normal de provisión de puestos de trabajo y en el se tendrán en cuenta únicamente los méritos previstos en las bases de la correspondiente convocatoria, de acuerdo con la reglamentación que en su día se apruebe, y en la que se considerarán como méritos preferentes la valoración del trabajo desarrollado en los puestos anteriores, los cursos de formación y perfeccionamiento, las titulaciones académicas directamente relacionadas con el puesto que se trata de proveer y la antigüedad.

También podrán considerarse otros méritos tales como la experiencia y titulaciones profesionales y los demás que reglamentariamente se determinen.

El Consejo de Gobierno aprobará el correspondiente baremo como sujeción a los criterios expuestos en los párrafos anteriores.

c.2. Libre designación

Los puestos de trabajo de libre designación y, por tanto, de libre remoción se proveerán mediante convocatoria pública anunciada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, indicando la denominación, nivel, localización y retribución, así como los requisitos mínimos exigibles a los funcionarios que aspiren a desempeñarlos, concediéndose un plazo no inferior a quince días hábiles para la presentación de solicitudes.

Podrá ser de libre designación el puesto superior jerárquico de cada unidad o dependencia administrativa y los puestos de especial asesoramiento y colaboración personal.

c.3. Traslados

La ocupación de un puesto de trabajo determinado no constituye un derecho adquirido para los funcionarios.

Puede ordenarse el traslado en los siguientes supuestos:

1. Si no se han presentado candidatos idóneos, la Consejería competente, a propuesta de la consejería o consejerías afectadas, podrá disponer el destino provisional de un funcionario a un puesto de trabajo desocupado del mismo nivel o de los dos superiores al de su grado consolidado y que reúna los requisitos exigidos para su desempeño.

2. Al margen de los procedimientos de concurso de provisión de puestos de trabajo, el consejero del departamento puede en cualquier momento disponer, en resolución motivada en necesidades del servicio, el traslado provisional de un funcionario a cualquier puesto de trabajo situado en la misma localidad que el que ocupaba anteriormente, del mismo nivel o de los dos superiores al de su grado consolidado y que reúna los requisitos exigidos para su desempeño.

En ambos supuestos se reservará al funcionario el puesto de trabajo de origen cuyo nivel seguirá computándose a efectos de la consolidación del grado. Si el puesto ocupado es de nivel superior al de origen, el tiempo de permanencia en le mismo podrá computarse tanto para la consolidación del grado correspondiente al nivel del puesto de origen como para la consolidación del grado correspondiente al nivel de puesto de trabajo ocupado por destino o traslado, una vez, en este último caso, que el funcionario obtenga por concurso un puesto de dicho nivel.

El destino o traslado quedará sin efecto y, en consecuencia, el funcionario volverá a su puesto de origen, cuando el puesto al que fue destinado sea provisto por los procedimientos ordinarios.

Si por resolución motivada y con audiencia del interesado resultare que un funcionario no desempeña eficazmente su puesto de trabajo, podrá ser trasladado por el consejero de

su departamento a cualquier otro para el que reúna los requisitos exigidos, situado en la misma localidad que el que ocupaba anteriormente.

En este caso el puesto de trabajo que el funcionario abandona quedará vacante y el funcionario consolidará el grado correspondiente al nivel del nuevo puesto.

Los traslados previstos en este número no tendrán carácter de sanción disciplinaria aun cuando supongan una disminución económica por variación de las cuantías correspondientes a los conceptos retributivos del nuevo puesto de trabajo.

Suprimido un puesto de trabajo, su ocupante podrá ser destinado provisionalmente a otro de igual o diferente nivel.

Igualmente podrá asignársele el desempeño de puestos de inferior nivel, siempre que corresponda a su cuerpo. Mientras permanezca en tal situación, el funcionario tendrá derecho a percibir un complemento personal equivalente a la diferencia entre el complemento de destino del puesto de trabajo que ocupa provisionalmente y correspondiente a un puesto inferior en los niveles a su grado personal.

c.4. Requisitos de participación en los concursos

Los funcionarios deberán contar con dos años de servicio activo en la Junta de Andalucía para poder participar por primera vez en concurso de provisión de puestos de trabajo, debiendo permanecer en los puestos de trabajo obtenidos por concurso un mínimo de dos años para participar en sucesivos concursos, salvo en el ámbito de una consejería u organismo autónomo o en el caso de que por resolución motivada y con audiencia del interesado resultare que un funcionario no desempeña eficazmente su puesto de trabajo, así como por supresión del puesto de trabajo y por cualquier otra causa de adscripción provisional sin reserva de puesto.

2.2. EVENTUALES

Los eventuales ocuparán los puesto de trabajo a ellos reservados por su carácter de confianza o asesoramiento especial. Serán nombrados y cesados libremente por el

Presidente de la Junta de Andalucía o por el consejero en cuyo departamento se encuentre integrado el puesto. Cesarán automáticamente, en todo caso, cuando cese la autoridad que los haya nombrado.

El cese no genera, en ningún caso, derecho a indemnización.

El desempeño de estos puestos no constituye mérito alguno para el acceso a la función pública ni para la promoción interna.

Los funcionarios que ocupen puesto de naturaleza eventual pasará a la situación de servicios especiales.

2.3. INTERINOS Y SITUACIONES DE INTERINIDAD

Desocupado un puesto de trabajo por inexistencia o ausencia de su titular, si razones de oportunidad o urgencia así lo aconsejasen, podrá ser ocupado de manera provisional, y hasta tanto no se proceda al nombramiento ordinario de su titular o tenga lugar la reintegración de este a sus funciones, por cualquier persona ajena a la función pública que reúna la titulación y requisitos funcionales exigidos para el mismo.

La designación, previa autorización de la Consejería competente, será realizada por la consejería en cuyo departamento se halle integrado el puesto, pudiendo prescindirse, motivadamente, del trámite de la convocatoria pública.

Podrán ser cesados en cualquier momento por la autoridad que los haya nombrado, y deberán serlo en el momento de la toma de posesión o de la reincorporación del titular ordinario, en ambos casos sin derecho a indemnización.

En los mismos supuestos y con los mismos límites temporales, también podrá destinarse, con consentimiento del interesado, al puesto de trabajo desocupado cualquier funcionario de la Junta de Andalucía que reúna las condiciones de titulación y requisitos funcionales exigidos para el puesto.

La designación será realizada, previa autorización en su caso, de la consejería en cuyo departamento se encuentre el puesto que anteriormente ocupaba, por la consejería en cuyo departamento se halle integrado el puesto desocupado.

Durante su situación de provisionalidad percibirá las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe.

El cese se producirá por las mismas causas señaladas, regresando el funcionario con destino provisional a su puesto de origen, que le habrá sido reservado.

El desempeño del puesto de trabajo con carácter provisional no se computa a efectos de consolidación del grado personal, para el que únicamente se tendrá en cuenta el nivel del puesto de trabajo de origen.

Previo acuerdo con las administraciones públicas afectadas, podrá autorizarse que funcionarios de la Junta de Andalucía puedan pasar en comisión al servicio provisional de otras administraciones públicas, y de estas a la de la Junta de Andalucía, para la realización de programas o trabajos determinados.

La comisión de servicios requiere la aceptación del interesado. Las retribuciones serán satisfechas en su integridad por la administración en donde se presta realmente el servicio. La duración será fijada de antemano en atención a la naturaleza de los trabajos si es por tiempo no superior a un año. Al extinguirse una comisión de servicios concedida por tiempo superior a un año sin que el funcionario haya sido adscrito provisional, interina o definitivamente a un puesto de trabajo, este será considerado en la situación de excedencia que le corresponda.

Al personal de la función pública de la Junta de Andalucía se le computarán en esta, a todos los efectos, los servicios prestados en comisión en otras administraciones públicas; no obstante y con independencia del puesto que este ocupando en comisión, para la consolidación del grado únicamente se tendrá en cuenta el nivel del puesto de origen.

Con independencia de lo previsto en el párrafo 3, el Consejo de Gobierno podrá autorizar comisión de servicios, con reserva de plaza por tiempo superior a un año, por razones de interés público.

2.4. LABORALES

Los puestos de trabajo que vayan a ser desempeñados por personal laboral serán ocupados mediante contrato indefinido de tal carácter, con período de prueba que marque la legislación general, y formalizado necesariamente por escrito. Su inscripción en el registro general de personal es el momento en el que la Junta de Andalucía manifiesta su voluntad de contratar.

El contenido y efectos de esta relación de empleo estarán regulados por el derecho laboral y los actos preparatorios a su Constitución, sin perjuicio de las normas eventualmente fijadas al respecto en el ordenamiento laboral por el derecho administrativo. En todo caso, la administración contratante conserva sus potestades organizatorias en razón a los intereses del servicio.

También podrán celebrarse contratos laborales de carácter temporal para la realización de trabajos imprevistos, urgentes y no permanentes, que no correspondan a un puesto de trabajo presupuestariamente dotado. Su formalización corresponde al consejo en cuyo departamento vayan a prestarse los servicios.

La prestación de servicios laborales no puede ser considerada como mérito único para la adquisición de la condición de funcionario ni, tratándose de un contrato temporal, para la adquisición de la condición de personal laboral de carácter indefinido, sin perjuicio en ambos casos de su posible reconocimiento y valoración en el correspondiente sistema selectivo.

2.5. SELECCIÓN DE PERSONAL

2.5.1. Oferta de empleo público y pruebas selectivas

Serán objeto de oferta de empleo público, como instrumento de planificación de recursos humanos, las vacantes presupuestariamente dotadas cuya cobertura se considere necesaria y que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes. Las vacantes de personal funcionario se agruparán por grupos, cuerpos, especialidades y, en su caso, por opciones de acceso, y las de personal laboral por grupos y, en su caso, por categorías.

Los puestos de trabajo vacantes correspondientes a las plazas incluidas en las convocatorias y que se ofrezcan para ingreso de nuevo personal no precisarán de la realización de concurso previo entre quienes ya tuvieren la condición de funcionario.

El Consejo de Gobierno puede incluir para su provisión en la oferta las plazas que hayan quedado vacantes o sustituirlas por otra u otras de igual o diferentes grupos, que figuren igualmente en la relación de puestos de trabajo, pero sin que ningún caso el montante global de las retribuciones de las plazas ofertadas pueda superar las cuantías presupuestariamente señaladas para este concepto. Estas alteraciones se reflejarán en las plantillas presupuestarias del ejercicio siguiente.

Las plazas ofertadas habrán de mantenerse en plantilla hasta que se resuelva la oportuna convocatoria.

La publicación de la oferta obliga a la convocatoria de las pruebas selectivas de acceso para las plazas vacantes comprometidas en la misma, con la posibilidad de un aumento de hasta el 10 % adicional para prever el supuesto de que en el intervalo que medie hasta la resolución se produzcan nuevas vacantes.

La Administración de la Junta de Andalucía facilitará la promoción interna consistente en el ascenso desde Cuerpos de un Grupo de titulación a otros del inmediato superior. Los funcionarios deberán para ello poseer la titulación exigida para el ingreso en los últimos, tener una antigüedad de al menos dos años en el Cuerpo a que pertenezcan, así como reunir los requisitos y superar los procesos selectivos que para cada caso se establezca. Dichos procesos, en los que deberán respetarse los principios de igualdad, mérito y capacidad, podrán llevarse a cabo mediante convocatorias independientes de las de ingreso.

Los funcionarios que accedan a otros Cuerpos por el sistema de promoción interna tendrán en todo caso preferencia para cubrir los puestos de trabajo y vacantes ofertados sobre los aspirantes que no procedan de este turno.

Asimismo, conservarán el grado personal que hubieran consolidado en el Cuerpo de procedencia, siempre que se encuentre incluido en el intervalo de niveles correspondientes al nuevo Cuerpo y el tiempo de servicios prestados en aquellos será de aplicación, en su caso, para la consolidación del grado personal en éste.

Las convocatorias serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de que pueda difundirse un extracto de las mismas en otros medios de comunicación. En ellas se harán constar, como mínimo, los siguientes datos:

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Número y características de las vacantes

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Requisitos exigidos para presentarse a las pruebas

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Sistema selectivo y forma de desarrollo de las pruebas y de su calificación

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Programas, si es que se trata de oposición o concurso-oposición

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Baremos de valoración, si es que se trata de oposición o concurso-oposición

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Composición del órgano de selección

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Calendario para la realización de las pruebas, que habrá de concluir en todo caso antes del 1 de octubre del año en curso

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Indicación de la oficina pública donde estarán de manifiesto las sucesivas comunicaciones, sin perjuicio de que puedan publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o notificarse directamente a los interesados.

Reglamentariamente se regularán los diversos sistemas de selección del personal, tanto funcionarial como laboral fijo, en los que han de quedar siempre garantizados los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La adecuación entre las condiciones personales de los titulares a las funciones propias de los puestos de trabajo que puedan ser ocupados se asegurará por el contenido de las pruebas de selección y, en sus caso, por las practicas o cursos de formación. A tal efecto, los procedimientos de selección podrán incluir pruebas de conocimientos generales o específicos, pruebas practicas, tests psicotécnicos y cualesquiera otros sistemas que resulten adecuados para asegurar la objetividad, racionalidad y funcionalidad del proceso de selección.

Tratándose de funcionarios, el acceso se realizará mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.

La selección del personal laboral fijo, previa a la contratación, se realizará por el sistema de concurso, salvo cuando por la naturaleza de las tareas a realizar o por el número de aspirantes resulte mas adecuado el de concurso-oposición o el de oposición.

Cualquiera que sea el sistema selectivo, podrá preverse que el acceso este condicionado, en una fase posterior, a la celebración de la oposición, concurso-oposición o concurso, a la realización de unos cursos de formación o especialización, o a la de unas prácticas por un período determinado. En la convocatoria se precisará en todo caso si la admisión a tales cursos o practicas da derecho al acceso posterior a la función pública o si, por el contrario, este se encuentra condicionado por la superación de dichos cursos o período de practicas.

La comisión de selección designada en la convocatoria estará integrada por personas, funcionarios o no, idóneas para enjuiciar los conocimientos y aptitudes exigidos, y que, en todo caso, habrán de poseer titulación académica igual o superior a la exigida a los candidatos y que sea del área de conocimientos necesaria para poder enjuiciarlos.

Las comisiones de selección podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, que son la única base de colaboración con el órgano de decisión.

Los miembros de la comisiones de selección son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de sus resultados.

Las comisiones de selección no podrán aprobar ni declarar que han superado las pruebas respectivas un número superior de aspirantes al de vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que contravengan este límite serán nulas de pleno derecho.

No obstante lo anterior, cuando el proceso de selección conste de las dos fases aludidas anteriormente, podrá admitirse a los cursos complementarios mayor número de asistentes que el de plazas convocadas. En este caso, la limitación de los aprobados se refiere a los resultados definitivos del curso o practicas, que serán valorados bien por la comisión inicial o por otra que reglamentariamente se determine, de acuerdo con la convocatoria.

El Instituto Andaluz de Administración Pública coordinará, controlará y, en su caso, realizará los cursos y pruebas de selección que se le encomienden.

2.5.2. Pruebas selectivas y provisión de puestos de trabajo

En las convocatorias de acceso se determinarán el número de puestos de trabajo disponibles que habrán de ser vacantes dotadas presupuestariamente.

Quienes no tengan previamente la condición de funcionarios únicamente podrán acceder a la función pública de la Junta de Andalucía con carácter definitivo en puestos de trabajo de nivel básico, entendiéndose por tal el inferior del intervalo atribuido al cuerpo.

En consecuencia, los puestos de trabajo de nivel no básico, incluidos en las convocatorias de acceso, podrán ser provistos con carácter definitivo por quienes, habiendo superado los procesos selectivos establecidos en su caso, sean funcionarios de la Junta de Andalucía, que hayan acudido a las pruebas, o bien, sean funcionarios de otras administraciones públicas que hayan acudido a las pruebas, o desempeñen puestos de trabajo en la administración de la Junta de Andalucía.

Aquellos puestos de trabajo no correspondientes al nivel básico que no hayan podido ser cubiertos mediante la selección prevista o por los funcionarios referidos en el párrafo anterior, podrán ser ocupados con carácter provisional, además de por los sistemas extraordinarios de provisión contenidos en esta ley, por los funcionarios de nuevo ingreso. todos estos puestos figurarán necesariamente en la siguiente convocatoria de provisión interna.

El acceso a la función pública de la Junta de Andalucía por parte de los funcionarios de otras administraciones públicas solo podrá realizarse mediante los sistemas de selección

previstos en este capítulo. Dicha selección se instrumentará a través de los precedimientos de concurso o concurso-oposición que se celebrarán simultáneamente con el resto de las pruebas selectivas.

Una vez terminado el proceso de selección, los aprobados pasarán a ocupar los puestos de trabajo relacionados en la respectiva convocatoria, pudiendo escoger entre ellos por orden del resultado que hayan obtenido en las pruebas y, en su caso, en el curso o período de practicas posteriores. La condición de funcionario se adquiere en el momento de la toma de posesión, que produce la integración en el cuerpo y grupo que corresponda, y, salvo las excepciones previstas, empezarán a consolidar el grado personal inicial correspondiente al nivel inferior del intervalo propio del cuerpo en el que han ingresado.

3. EL REGISTRO GENERAL DE PERSONAL: FUNCIONES, LOS ASIENTOS REGISTRALES

Las Administraciones Públicas, y dentro de las mismas la Administración de la Junta de Andalucía, requiere para su funcionamiento de una serie de recursos humanos, que necesitan de una ordenación.

En este sentido, los registros de personal se configuran como un instrumento idóneo para realizar las siguientes funciones:

-

Es el instrumento que asegura la constancia registral de los datos relativos al personal inscrito y como fuente de información sobre los recursos humanos de la Administración.

-

Establece la condición de registro del personal comprendido en su ámbito de aplicación

-

Articula la conexión entre el procedimiento de aprobación y modificación de las relaciones de puestos de trabajo y sus efectos en las anotaciones registrales consiguientes.

-

Establece el sistema para la obtención y disposición de información sobre recursos humanos del sector público autonómico.

-

Es un sistema que da pleno cumplimiento a las necesidades actuales de la Administración en materia registral, de gestión y de información sobre recursos

humanos, fundamentado sobre bases técnicas adecuadas y que tiene flexibilidad para adaptarse a los cambios futuros.

3.1. REGULACIÓN JURÍDICA

La normativa relacionada con el Registro General de Personal es la siguiente:

-

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas Urgentes de la Función Pública.

-

Real Decreto 1045/ 1986, 6 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Central de Personal y normas de coordinación con los demás registros de personal de las restantes Administraciones Públicas

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Decreto 9/1986 de 6 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General del Personal al servicio de la Junta de Andalucía.

-

Orden de 25 de abril de 1986, de la Consejería de Gobernación y Justicia, de desarrollo del Decreto 9/1986,de 6 de febrero. Modificada por la Orden de 8 de julio de 1993.

-

Bases mínimas contenidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas Urgentes para la Reforma de la Función Pública

3.2. REGISTRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL

En la Dirección General de la Función Pública existirá en Registro Central en el que se inscribirá a todo el personal al servicio de la Administración del Estado, y en el que se anotarán preceptivamente todos los actos que afecten a la vida Administrativa del mismo

El Gobierno, a propuesta del Ministro de la Presidencia, aprobará las normas reguladoras del Registro Central y el programa para su implantación progresiva.

3.3. REGISTRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Las Comunidades Autónomas constituirán también Registros de Personal.

3.4. REGISTRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES LOCALES

Las Entidades Locales deben contar con un Registro de personal.

Cuando las Entidades Locales no cuenten con suficiente capacidad financiera o técnica, las Comunidades Autónomas, por sí mismas, o por delegación en las Diputaciones Provinciales, los Cabildos o los Consejos Insulares, cooperarán a la constitución de dichos Registros.

3.5. COORDINACIÓN DE LOS REGISTROS

Todos los Registros de Personal de todas las Administraciones Públicas estarán coordinados.

El Gobierno, previa deliberación del Consejo Superior de la Función Pública, regulará los contenidos mínimos homogeneizados de los Registros de Personal y los requisitos y procedimiento para su utilización recíproca.

3.6. PROHIBICIONES

En ningún caso podrán incluirse en nómina nuevas remuneraciones, sin que previamente se haya comunicado al Registro de Personal correspondiente la resolución o acto por el que hubieran sido reconocidas.

En la documentación individual del personal de las diferentes Administraciones Públicas no figurará ningún dato relativo a su raza, religión u opinión.

3.7. ACCESO DEL PERSONAL

El personal tendrá libre acceso a su expediente individual.

Se entiende por expediente personal, u hoja de servicios, al conjunto de asientos obrantes en el Registro General de Personal relativos a una persona.

3.8. EL REGISTRO DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

En el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, el registro de personal, recibe el nombre de “ Registro General de Personal”, y como hemos señalado, su norma de regulación es el Real Decreto 9/1986, de 6 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de Personal de la Junta de Andalucía.

3.8.1. Funciones del Registro General de Personal

La función principal del Registro General es la constatación de los actos administrativos que afecten al personal al servicio de la Junta de Andalucía.

El Registro General de Personal es pues una garantía para el personal inscrito en el mismo y como un instrumento de gestión y la planificación de sus recursos humanos.

A tal efecto, se entiende por información necesaria aquella que, sin contener datos de personas identificadas o identificables, recoja periódicamente el número de efectivos del sector público autonómico, su distribución, su coste, la procedencia de las altas, la causa de las bajas y aquellos otros indicadores que puedan precisarse para el cumplimiento de los fines de gestión y planificación eficaz.

En resumen, las funciones principales del Registro General de Personal son:

1- Garantizar la constancia registral de los expedientes personales u hojas de servicio del personal en él inscrito, mediante las correspondientes inscripciones y anotaciones, como garantía para los interesados y como instrumento de ayuda a la gestión de los recursos humanos comprendidos dentro de su ámbito de inscripción. 2- Disponer de la información sobre los recursos humanos del sector público autonómico que los órganos responsables de su planificación necesiten para el análisis y seguimiento de su evolución.

Clasificaremos ambas funciones, en torno a dos grupos generales: función de control y función de verificación. Para concluir el estudio de este apartado, señalaremos las formas de acceso al contenido del mismo.

a) Función de control

La función de control que realiza el Registro General de Personal, al incluir los datos más relevantes de la vida profesional, tiene dos consecuencias inmediatas.

De un lado, es necesario determinar qué órgano realizará las funciones de control sobre las inscripciones y anotaciones efectuadas en el mismo. Esta función está encomendada al Director General de la Función Pública que forma parte de la estructura de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

La necesidad de realizar un exhaustivo control de los cargos que sean nombrados por Decreto, se materializa en la disposición de la apertura de una Sección encargada de reflejar una relación circunstancial de los mismos.

Por otra parte, se establece la presunción de veracidad sobre las inscripciones o anotaciones realizadas, de forma que se presumen exactas y válidas. Dicha presunción actúa a priori, pudiendo romperse en el caso en el que se demuestre la efectividad de un error o falsedad en las mismas. Por esta razón, se establecen las siguientes premisas:

-

Las inscripciones o anotaciones registrales, no convalidan los contenidos ilícitos o irregulares de los actos, sin perjuicio de la responsabilidad en la que incurre quien los hubiera inducido o declarado.

-

Las inscripciones o anotaciones, efectuadas a petición del interesado, que contengan datos erróneos directamente inducidos por éste, serán objeto, en su caso, de rectificación de oficio por el Registro General de Personal y no desplegarán efectos administrativos retroactivos en lo que pudiera beneficiarle.

b) Función de verificación

Esta función, consiste en la prueba previa de existencia jurídica que constituye la inscripción o anotación para que determinados actos puedan alcanzar eficacia posterior.

De esta forma:

-

Los actos que deban ser objeto de inscripción o anotación no serán efectivos sin la previa inscripción o anotación en el mismo.

-

La inscripción de los contratos laborales, de carácter indefinido, en el Registro General de personal, constituye el momento en el que la Junta de Andalucía manifiesta su volunta de contratar.

-

Como méritos en las convocatorias públicas para la provisión de puestos de trabajo o para la promoción de funcionarios, sólo podrán tenerse en cuenta, los actos que afecten al personal, en su vida administrativa, cuando se encuentren inscritos o anotados en el Registro General.

-

No podrán incluirse efectos económicos, en las nóminas, altas, bajas o cualquier otro acto, son que previamente hayan sido inscritos o anotados en el Registro General.

3.8.2. Acceso

El personal al servicio de la Junta de Andalucía, tiene libre acceso a su expediente personal y puede solicitar y obtener certificaciones de las inscripciones o anotaciones obrante en el Registro General de Personal.

Asimismo sus causahabientes, podrán solicitar y obtener certificaciones de las inscripciones o anotaciones obrantes en el Registro General de Personal.

3.8.3. Los asientos registrales

a) Concepto

Los asientos registrales se definen como las intervenciones realizadas en el Registro, concretamente en el expediente personal u hoja de servicios, en las que se reflejan actos o diligencias con trascendencia jurídica para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.

b) Clases

Los actos relativos al personal darán lugar a dos tipos de asientos registrales: inscripciones, anotaciones y cancelaciones.

Son inscripciones aquellos asientos en los que se registran la evolución de la carrera administrativa del personal.

Son anotaciones aquellos asientos por los que se registran los actos administrativos, resoluciones y otros datos relevantes no relacionados, directamente, con la carrera administrativa.

Las cancelaciones son aquellos asientos por los que se dispone la finalización de los efectos jurídicos de una inscripción o anotación.

b. 1. Inscripciones

Son objeto de inscripción, los siguientes actos o diligencias:

Nombramiento del personal. -

Formalización de los contratos del personal laboral.

-

Altas en la Administración de la Junta de Andalucía, cuando el desempeño de un puesto de trabajo no suponga acceso a la función pública. (Cargos nombrados por Decreto)

-

Tomas de posesión.

-

Ceses.

-

Cambios de situaciones administrativas.

-

Reingresos al servicio activo.

-

Bajas.

-

Reconocimiento de antigüedad y trienios.

-

Reconocimiento del grado personal.

-

Provisión de puestos de trabajo.

-

Comisiones de Servicio.

-

Cambios de Grupo o de Categoría Profesional.

-

Menciones, condecoraciones y honores.

-

Sanciones disciplinarias.

-

Títulos académicos.

-

Cursos de formación, idiomas o diplomas expedidos por centros oficiales.

-

Cursos impartidos y homologados por el Instituto Andaluz de Administración Pública (IIAP)

-

Cursos impartidos por Escuelas Públicas andaluzas.

b. 2. Anotaciones

Son objeto de anotación los siguientes actos o diligencias: -

Autorización de actividades compatibles.

-

Cursos de formación, idiomas y diplomas expedidos por centros no oficiales.

-

Permisos y licencias.

-

Asignación de los complementos de productividad.

-

Asignación de gratificaciones extraordinarias.

-

Otros datos.

b. 3. Cancelaciones

Se procederá a realizar la cancelación de inscripciones o anotaciones en los casos siguientes:

-

Cuando sean anulados los actos que los acrediten, por Sentencia Judicial firme o por la propia Administración.

-

Cuando se aprecie de oficio, a instancia de las personas obligadas a comunicar los actos que sirven de base para la inscripción o anotación o por los propios interesados, la inexactitud en el contenido de las mismas o el error en la persona.

-

Las sanciones disciplinarias cuando lo establezcan las disposiciones aplicables.

Las cancelaciones deberán ser comunicadas de oficio al interesado, junto con la anulación de los documentos o certificados que hubieran sido expedidos con base en las anotaciones o inscripciones anuladas o erróneas.

4. ESTRUCTURA RETRIBUTIVA DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL

4.1. CONCEPTOS RETRIBUTIVOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO

Las retribuciones de los funcionarios se clasifican en dos grupos: retribuciones básicas y retribuciones complementarias.

Las cuantías de las retribuciones básicas serán iguales en todas las Administraciones Públicas para cada uno de los grupos en que se clasifican los Cuerpos, Escalas, Categorías o Clases de funcionarios

4.1.1. Retribuciones básicas

Son retribuciones básicas: -

Sueldo

-

Trienios

-

Pagas extraordinarias

El sueldo, corresponde al índice de proporcionalidad asignado a cada uno de los grupos en que se organizan los Cuerpos y Escalas, Clases o Categorías, (Grupos del A al E). El sueldo de los funcionarios del Grupo A no puede exceder en más de tres veces el sueldo de los funcionarios del Grupo E. Los trienios, consisten en una cantidad igual para cada grupo por cada tres años de servicio en el Cuerpo o Escala, Clase o Categoría. En el caso de que un funcionario preste sus servicios sucesivamente en diferentes Cuerpos, Escalas, Clases o Categorías de distinto grupo de clasificación, tendrá derecho a seguir percibiendo los trienios devengados en los grupos anteriores.

Cuando un funcionario cambie de adscripción a grupo antes de completar un trienio, la fracción de tiempo transcurrido se considerará como tiempo de servicios prestados en el nuevo grupo. Las pagas extraordinarias, son de dos al año por un importe mínimo cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios, se devengarán los meses de junio y diciembre. Conforme al artículo 46.2 c) de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, las pagas extraordinarias serán dos al año, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios.

4.1.2. Retribuciones complementarias Son retribuciones complementarias, del personal funcionario al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, las siguientes: -

Complemento de Destino.

-

Complemento de Productividad.

-

Complemento Específico.

-

Gratificaciones.

El complemento de destino corresponde al nivel del puesto que se desempeñe. El complemento específico destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo. El complemento de productividad destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo. Su cuantía global no podrá exceder de un porcentaje sobre los costes totales de personal de cada programa y de cada órgano que se determinará en la Ley de Presupuestos. El responsable de la gestión de cada programa de gasto, dentro de las correspondientes dotaciones presupuestarias determinará, de acuerdo con la normativa establecida en la Ley de Presupuestos, la cuantía individual que corresponda, en su caso, a cada funcionario.

En todo caso, las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público de los demás funcionarios del Departamento u Organismo interesado así como de los representantes sindicales. Las gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la jornada normal, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía y periódicas en su devengo.

4.2. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL INTERINO Y EVENTUAL Los funcionarios interinos al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, percibirán: -

Las retribuciones básicas, excluidos trienios, correspondientes al grupo en el que esté incluido el Cuerpo en el que ocupen vacante.

-

Las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen, excluidas las que estén vinculadas al desempeño del puesto de trabajo como funcionario de carrera.

El personal eventual, al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, percibirá: -

Las retribuciones básicas, excluidos los trienios, correspondientes al grupo de asimilación en que estén clasificadas sus funciones.

-

Las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo reservado al personal eventual que desempeñe.

4.2.1. Supuestos especiales Los funcionarios de carrera que, en situación de activo o servicios especiales, ocupen puestos de trabajo reservados a personal eventual percibirán las retribuciones básicas correspondientes a su grupo de clasificación, incluidos trienios, y las retribuciones complementarias que corresponden al puesto de trabajo que desempeñen.

4.3. RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS Percibirán una retribución equivalente al sueldo y pagas extraordinarias correspondientes al Grupo en el que esté clasificado el Cuerpo o Escala en el que realicen las prácticas.

En el caso de que desempeñen un puesto de trabajo, y no se trate exclusivamente de la superación de cursos selectivos, percibirán además las retribuciones complementarias correspondientes.

4.4. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL

Las retribuciones son las siguientes: 1. Salario Base.

El salario base, es la parte de la retribución fijada para la jornada normal de trabajo, en función del Grupo en el que esté integrado el puesto de trabajo.

2. Complementos salariales. Se dividen a su vez en: -

Antigüedad.

-

Complemento personal no absorbible.

-

Pagas extraordinarias.

-

Complemento de categoría.

-

Complemento del puesto de trabajo.

-

Complemento personal transitorio.

-

Complemento por trabajos nocturnos.

-

Complemento por trabajo en domingos y festivos.

-

Complemento de productividad.

-

Complemento de Convenio.

-

Complemento de turnicidad.

-

Otros complementos y pluses.

Antigüedad: Cantidad fija en función del Grupo en el que esté encuadrado el puesto de trabajo desempeñado, por cada tres años de servicios efectivos. Complemento personal no absorbible: es la cantidad que perciben algunos integrantes del personal laboral, por la disminución de experimentaron en el complemento de antigüedad, como consecuencia de la homologación practicada con la entrada en vigor del I Convenio Colectivo de este tipo de personal. Es inalterable en su cuantía. Pagas extraordinarias: son dos al año, devengándose en los meses de junio y diciembre. Están compuestas por una mensualidad del salario base más el complemento de antigüedad. Complemento de categoría: se corresponde con la categoría económica que cada trabajador ostenta dentro de su Grupo Profesional. Se percibe en doce mensualidades. Complemento de puesto de trabajo: retribuye las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo, en atención a su especial dificultad, responsabilidad, incompatibilidad u otros factores que comportan un desarrollo diferente del trabajo ordinario, excepto los retribuidos por el sistema de pluses. Su cuantía es la establecida para el puesto en la relación de puestos de trabajo. Complemento personal transitorio: Lo perciben aquellos trabajadores que lo tuvieran reconocidos en el I Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta de Andalucía. No obstante, pueden compensarse y absorberse en las cuantías que señalen las Leyes de Presupuestos de cada año. Complemento por trabajos nocturnos: retribuyen los servicios prestados entre las 22 h. y las 06 h. Complemento por trabajo en domingo y festivos: retribuye los servicios prestados en domingo y festivos, en cualquier turno u horario. Complemento de productividad: las retribuciones por este concepto están fijadas con carácter conjunto y se percibe de manera conjunta en el mes de octubre. Complemento de convenio: es la consecuencia de la integración en el mismo, del antiguo plus de modernización. Se percibe por todos los trabajadores, en doce mensualidades, de acuerdo con el grupo profesional y la categoría económica en la que se integre la categoría profesional que cada trabajador ostente en la cuantía fijada en el Convenio. Complemento de turnicidad: retribuye la realización de trabajo en turno rotativo. Su cuantía es del 20% del salario base del Grupo al que pertenezca el trabajador. Otros complementos y pluses: pueden ser acordados por la Comisión del Convenio, como consecuencia de las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo, se produzcan diferencias retributivas, previo informe preceptivo de la Consejería de Economía y Hacienda.

5. ANEXO ACUERDO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y LAS ORGANIZACIONES SINDICALES SOBRE MEJORAS EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. ÍNDICE 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 2.- VIGENCIA. 3.- ORGANIZACIÓN. 3.1. Organización del Trabajo. 3.2. Reorganización de la Estructura Administrativa. 3.3. Relaciones de puestos de trabajo. 3.4. Catalogación y valoración de puestos de trabajo. 3.5. El perfil y las funciones de los puestos de trabajo. 4.- EMPLEO PÚBLICO. 4.1. Comisión sobre empleo público. 4.2. Oferta de Empleo Público. 4.3. Acceso y selección al empleo público. 5.- ORDENACIÓN PROFESIONAL. 5.1. Planificación de los Recursos Humanos. 5.1.1. Medidas de planificación. 5.1.2. Estabilidad en el empleo. 5.2. Provisión de puestos y promoción profesional. 5.2.1 Criterios de la política de provisión y promoción. 5.2.2. Actuaciones y compromisos e materia de provisión de puestos 5.2.3. Actuaciones y compromisos en materia de promoción, carrera profesional y cualificación.

6.-RETRIBUCIONES. 7.-CONDICIONES DE TRABAJO. 7.1. Jornada y horario 7.2. Vacaciones y permisos. 7.3. Medidas de incentivación para la mejora de los servicios públicos. 7.4. Reducción del absentismo. 8.- CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y PROFESIONAL. 9.- FORMACIÓN. 10.- ACCIÓN SOCIAL 11.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 12.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 13.- ESTRUCTURA Y ARTICULACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 14.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEDIACIÓN DE CONFLICTOS. 15.- DENUNCIA Y PRÓRROGA.

La evolución de la sociedad andaluza y las transformaciones que en la misma se han ido experimentando exigen un importante proceso de renovación de la Administración Pública de la Junta de Andalucía. La Administración como un conjunto de órganos e instituciones prestadores de servicios requeridos por la sociedad ha de adaptarse a las nuevas exigencias planteadas por la misma, sin perder de vista los principios recogidos en el art. 103 de la Constitución (Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación). Junto con los principios antes señalados, se hace cada vez más patente la necesidad de una gestión presidida por criterios como los de eficacia y eficiencia, así como nuevas formas de entender la organización y la prestación del Servicio Público. Dentro de la revisión de estructuras organizativas, que, en ese caso, se hace imprescindible para la modernización de la Administración Pública, uno de los elementos a tomar en cuenta será el factor humano y la implicación del mismo en la prestación de unos servicios de calidad. Con fecha 26 de febrero de 1.996 se firmó el Acuerdo sobre condiciones de trabajo en la Administración general de la Junta de Andalucía, prorrogado por Acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración general de 29 de diciembre de 1.998, hasta la firma de un nuevo Acuerdo global que lo sustituyera. A lo largo de estos últimos años, si bien no se ha cerrado un acuerdo global sobre condiciones de trabajo en la Administración General, se han alcanzado diversos acuerdos que han supuesto una mejora sustancial tanto en la prestación de los servicios públicos, como en las condiciones del personal incluido en el ámbito del presente acuerdo, entre los que merecen ser destacados los siguientes: -

Acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación de Administración general de la Junta de Andalucía de 17 de febrero de 1.999 sobre reducción de la jornada de trabajo a 35 horas como medida de creación de empleo.

-

Acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación de Administración general de la Junta de Andalucía de 27 de julio de 1.999, sobre empleo público.

-

Acuerdo de la Mesa General de Negociación de 5 de octubre de 2.001, sobre derechos de participación en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

-

Acuerdo de 10 de junio de 2002, entre la Junta de Andalucía y las Organizaciones Sindicales UGT y CC.OO, sobre empleo público.

-

Acuerdo de 12 de noviembre de 2.002, de la Mesa Sectorial de Negociación de Administración general, sobre retribuciones del personal funcionario de la Administración general de la Junta de Andalucía para el período 2.003-2005.

En este marco parece imprescindible la consecución de un nuevo acuerdo global sobre condiciones de trabajo en la Administración general de la Junta de Andalucía, que recoja la totalidad de los acuerdos alcanzados a lo largo de estos años y establezca las bases para la consecución de futuros logros que contribuyan a la mejora de la calidad en los servicios y de las condiciones de trabajo del personal incluido en su ámbito.

Por todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal de la Administración Pública, convienen en suscribir el siguiente ACUERDO

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.El presente acuerdo será de aplicación al personal funcionario e interino vinculado a la Administración general de la Junta de Andalucía y a los Organismos Autónomos dependientes de ella, incluidos en el ámbito de competencia de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General.

2.- VIGENCIA.El presente acuerdo tendrá vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta el 31 de diciembre de 2006

3.- ORGANIZACIÓN.3.1.Organización del trabajo.La organización del trabajo es facultad y responsabilidad de la Administración que la determina a través de sus instrucciones correspondientes. Las Organizaciones Sindicales participan en su determinación de acuerdo con las normas previstas y, en concreto, con lo establecido en la Ley 9/1987, de 12 de junio. La organización del trabajo en la Administración de la Junta de Andalucía se inspira, en los siguientes principios: a) La eficacia y buen funcionamiento de los servicios públicos mediante su adaptación constante a la situación de la sociedad y a las demandas ciudadanas. b) La coordinación integrada de todos los procesos de gestión de recursos humanos, estableciéndose una sincronía racional entre los procesos ordinarios de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la Oferta de Empleo Público (OEP), los procesos concursales y las convocatorias de acceso. c) La planificación estratégica de los recursos humanos de acuerdo con los objetivos generales del empleo público y de los objetivos sectoriales de cada Consejería y con los criterios de calidad que sean acordados.

d)

La formación y el desarrollo de instrumentos que posibiliten la profesionalización del personal empleado y que satisfaga sus necesidades de promoción y progreso en la carrera profesional.

e)

La definición, clasificación y valoración de los puestos de trabajo mediante metodologías objetivables, transparentes y de fácil gestión.

f)

El dimensionamiento y distribución de los efectivos de la plantilla según las necesidades objetivas de las Consejerías.

g) La evaluación mediante un sistema objetivo, contrastado y transparente del rendimiento personal en los puestos de trabajo. h)

La vinculación de la retribución percibida con las exigencias profesionales y funcionales del puesto desempeñado y la productividad alcanzada en su desarrollo.

i)

La adopción de las necesarias medidas de salud laboral que permitan un trabajo con las debidas garantías de seguridad e higiene.

3.2. Reorganización de la estructura administrativa. Compete a la Administración, en el ejercicio de su potestad de autoorganización, la reorganización y reestructuración de sus estructuras administrativas de conformidad con las necesidades derivadas del desarrollo de las distintas políticas públicas. Por otra parte, en cumplimiento del régimen establecido de participación y negociación colectiva, la Administración informará y consultará a las Organizaciones Sindicales la repercusión que la aplicación de tales reorganizaciones y reestructuraciones tengan en las condiciones de trabajo del personal al que afecte, cuyo destino y régimen será negociado en el marco de los criterios de actuación y en las condiciones que sean acordadas. En el marco citado los aspectos que se refieren a las modificaciones que afectan al personal como consecuencia de los cambios organizativos o reestructuraciones se recomienda se instrumenten a través de los planes de empleo o instrumentos de gestión similares a que también se refiere el presente Acuerdo.

3.3. Relaciones de Puestos de Trabajo. La Relación de Puestos de Trabajo está establecida legalmente como el instrumento mediante el cual se racionaliza y ordena la Función Pública de la Junta de Andalucía, se determinan sus efectivos reales de personal de acuerdo con las necesidades de la organización y de los servicios, trazando previsiones para su evolución futura, precisado los requisitos exigidos para su desempeño, clasificando y valorando cada uno de ellos.

La Administración reflejará en la Relaciones de Puestos de Trabajo el número, tipificación, clasificación por nivel de complemento de destino, valoración del complemento específico o de puesto y encuadramiento de los puestos de trabajo en la estructura necesaria para alcanzar los fines y objetivos de sus políticas públicas. Para que se cumpla con eficacia lo previsto se desarrollará y mejorará lo necesario en cuanto a planificación, gestión y aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo orientada a acortar el tiempo de tramitación y entrada en vigencia de los proyectos de modificación planteados por las Consejerías, todo ello sin perjuicio de la negociación con la representación sindical. Las Relaciones de Puestos de Trabajo deben ser el resultado de las necesidades organizativas detectadas una vez contrastadas y formuladas a través de metodologías idóneas. En este sentido, y teniendo en cuenta las exigencias funcionales y el volumen de actividad de cada Consejería se elaborarán los objetivos a los que debe tender la relación de puestos correspondiente y su plantilla presupuestaria. Tales objetivos, negociados entre la Administración y las Organizaciones Sindicales, deberán diseñarse para que a corto, medio y largo plazo, puedan atenderse debidamente las necesidades derivadas de la prestación de los servicios públicos y, de acuerdo con las mismas, las posibilidades derivadas para el personal empleado público de promocionar y avanzar en su carrera administrativa. Concebida la Relación de Puestos de Trabajo como un instrumento de planificación de los recursos humanos a medio o largo plazo, el número de puestos de trabajo podrá exceder de las plazas de la plantilla presupuestaria correspondiente. La dotación de los puestos no dotados constituye un margen de decisión de cada Consejería en función de su orden de prioridades de funcionamiento y de su crédito disponible, sin perjuicio de que si, transcurrido un plazo, un puesto no ha sido dotado desde su creación se proponga a la Consejería respectiva su eliminación o modificación por otro más afín con sus necesidades.

3.4. Catalogación y valoración de puestos de trabajo. Entienden las partes que los puestos de trabajo incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo responden a los puestos tipo definidos y valorados previamente y que integran el Catálogo de Puestos Tipo en función de las prescripciones técnicas oportunas. Se emprenderá la actuación necesaria para que cada puesto tipo, además de contener los atributos o elementos que lo componen, contenga una definición e indicaciones para su elección a la hora de crear un puesto de trabajo concreto. La existencia de un Catálogo presupone que la Administración y las Organizaciones Sindicales han negociado una metodología cuya aplicación posibilite de manera objetivada lo siguiente:

a. Clasificar los puestos de trabajo en uno o varios grupos y en un nivel de Complemento de Destino. b. Asignar los factores del Complemento Específico y su cuantía. c. Fijar los restantes atributos que pueden componer un puesto de trabajo. Establecidas las metodologías y estructurado el Catálogo según las mismas, entienden las partes que la distribución de fondos emprendidas con carácter general y las modificaciones de las relaciones de puestos se atendrán a las prescripciones de dicho instrumento. Una vez resueltos los puntos anteriores se trabajará para eliminar las posibles disfunciones, desequilibrios, o diferencias en la clasificación y valoración que se detecten en colectivos o puestos concretos de la Relación de Puestos de Trabajo. En este sentido se estudiará, entre otros, el caso de los puestos de auxiliar administrativo de los centros docentes, especialmente aquellos que cuenten con uno sólo, a fin de adecuar la configuración de estos puestos a las funciones y responsabilidades que asumen.

3.5. El perfil y las funciones de los puestos de trabajo. La Administración y las Organizaciones Sindicales negociarán un sistema para racionalizar las características profesionales y las funciones asignadas a los puestos de trabajo; en este sentido, se emprenderán los trabajos y actuaciones encaminadas a: a. Revisión del Decreto 65/1996, de 13 de febrero, regulador de las áreas como característica esencial de los puestos de trabajo, a fin de permitir la apertura a nuevas fórmulas encaminadas a una actualización de las exigencias formativas de los puestos, así como para adecuar el sistema de áreas a un desarrollo más exhaustivo de sus definiciones y funcionalidades dentro de la ordenación general de puestos de trabajo. Se adopta como criterio de revisión, el que además de que quien ocupa un puesto conozca el ámbito funcional en el que se desenvuelven sus tareas, pueda promocionar a otros puestos de trabajo y enriquecer su carrera mediante la formación en los contenidos de otros ámbitos. Se aplicarán los ajustes oportunos en la Relación de Puestos de Trabajo, eliminando aquellas menciones que resulten innecesarias o ampliando aquellas otras que se consideren adecuadas para una mayor claridad en los contenidos o perfiles profesionales de los puestos. b. Desarrollar para los puestos que deban ser provistos por concurso de traslados específico el Manual de Funciones en el que consten las principales tareas y responsabilidades según los términos del artículo 59.2 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario de la Administración general de la Junta de Andalucía.

c. Desarrollar en el ámbito del IAAP planes de formación específica vinculados con las necesidades derivadas de los contenidos funcionales y formativos de los puestos. Por lo que afecta a otros elementos de los puestos de trabajo, se negociarán las medidas necesarias para racionalizar la formación especializada incluída como elemento dentro de las características profesionales de determinados puestos de trabajo y vincularla con la formación o titulación requerida para su obtención y que, a su vez, sea la exigible en los procesos concursales.

4.- EMPLEO PÚBLICO.4.1. Comisión sobre empleo público.Las partes coinciden en afirmar que el aumento de la eficacia y la calidad en la prestación de los servicios pasa necesariamente por una correcta planificación de los recursos humanos. Para ello, se pone en funcionamiento la Comisión sobre empleo público, que se compondrá paritariamente con miembros de la Administración y de las Organizaciones sindicales pertenecientes a la Mesa Sectorial de Negociación y que desarrollará sus funciones teniendo en cuenta las siguientes líneas de actuación: a) Búsqueda de fórmulas para la consolidación de los empleos de necesidad permanente desempeñados de forma temporal b) Análisis de los empleos desempeñados por personal ajeno a la Administración o contenidos en programas no contemplados en la Relación de Puestos de Trabajo, y convirtiendo en puestos de la Relaciones de Puestos de Trabajo., los que se consideren estructurales. c) Cuantificación de las plazas que se consideren necesarias para mantener unos servicios públicos de calidad, con especial atención a los nuevos yacimientos de empleo.

4.2. Oferta de Empleo Público.La Oferta de Empleo Público constituye la expresión de las necesidades reales de nuevos empleos públicos en un determinado período de tiempo. Es, por tanto, la conclusión de un proceso en el que ha debido tener lugar un análisis de necesidades de nuevos recursos, una reordenación o reasignación de los ya existentes y una constatación de la dificultad de atender nuevos servicios con dichos recursos. Además, la Oferta de Empleo Público posibilitará, en su caso, la regularización de situaciones de inestabilidad que puedan dificultar un adecuado funcionamiento de la Administración, estableciendo anualmente un número suficiente de plazas, de forma que en el plazo menor posible queden solucionados definitivamente los problemas aludidos mediante los procesos de consolidación.

Para ello, durante el periodo de vigencia de este Acuerdo, los criterios de diseño y preparación de la Oferta de Empleo Público serán los que a continuación se mencionan: a) Adecuación de las plantillas a las necesidades existentes en la organización y a sus disponibilidades presupuestarias, con el objetivo de su dimensionamiento adecuado, contemplando las medidas necesarias tendentes a facilitar la promoción. b)

Adecuación de los recursos humanos y su régimen jurídico a las necesidades reales, para consolidar progresivamente el empleo temporal cuando responda a situaciones estructurales.

c)

Racionalización del crecimiento del empleo a través de la Oferta de Empleo Público.

d) Carácter selectivo de las ofertas públicas, basadas principalmente en servicios básicos y de atención a la ciudadanía, así como en la creación de nuevos servicios demandados por la sociedad. e)

Diseño e implantación de sistemas de seguimiento y control de los recursos humanos de la Administración Pública para conseguir una correcta programación y una eficaz utilización.

f)

Regularización, en el caso de que se produzcan, mediante su incorporación a la estructura de puestos, de las tareas de carácter permanente atendidas mediante servicios extraordinarios.

g) Ocupación prioritaria y preferente de los puestos de carácter básico pudiendo disponerse la cobertura de puestos no básicos con carácter excepcional solamente en los supuestos en que estuviese acreditada la urgencia o dificultad de su cobertura por los procedimientos ordinarios. Las necesidades determinadas conforme a los criterios anteriores conformarán la base sobre la que se negociará con las Organizaciones Sindicales la Oferta de Empleo Público. anual, bajo el principio general de agilización de los procesos selectivos. La concreción de la Oferta de Empleo Público será el resultado, además de lo expuesto, del proceso negociador con las Organizaciones Sindicales que se produzca en los diversos ámbitos desconcentrados en la forma que en los mismos se disponga. La Mesa Sectorial llevará a cabo un análisis global de la propuesta, correspondiendo en último caso a la Administración determinar el número de efectivos a incluir en la Oferta y características de los mismos.

4.3.- Selección y Acceso al empleo público.En materia de selección y acceso al empleo público se adoptan los siguientes acuerdos: a) Los sistemas de acceso y selección en la Administración general de la Junta de Andalucía garantizarán los principios constitucionales en la materia y serán adecuados a las características de los puestos de trabajo que puedan ser desempeñados por el personal funcionario de carrera de los distintos Cuerpos o especialidades. b) En el marco de lo establecido en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso, promoción interna, provisión y promoción profesional de los funcionarios de la Administración general de la Junta de Andalucía, las respectivas convocatorias de acceso serán negociadas con las Organizaciones Sindicales firmantes del presente Acuerdo así como los criterios básicos de selección y acceso al empleo público y lo que se contiene en el apartado siguiente de la letra c). c)

Los tipos de prueba y los temarios para acceso al empleo público, deberán guardar la relación expresada en el apartado a) anterior y se procurará su reconocimiento y difusión previa a la convocatoria de las pruebas, así como su carácter permanente, sin perjuicio de las reformas y actualizaciones necesarias. En aquellos cuerpos u opciones en que por sus funciones así se determine, se valorará el conocimiento de idiomas extranjeros. Asimismo, en aquellos en que resulte adecuado, se exigirá la realización y superación de un curso selectivo de carácter teórico práctico.

d)

En el acceso al empleo público se tendrá especial cuidado en contemplar las situaciones de discapacidad, para lo que se tendrá presente, para su aplicación, la normativa en materia de integración social de estas personas, negociándose con las Organizaciones Sindicales en el seno de la Mesa Sectorial la distribución del cupo de reserva de plazas para el acceso de personas con discapacidad, que no será inferior al 5% del conjunto de las plazas vacantes de la Oferta de Empleo Público.

e)

Para facilitar la libre elección de trayectorias profesionales del personal de nuevo ingreso las partes se comprometen a realizar un estudio exhaustivo del Decreto regulador de las áreas a fin de posibilitar una adecuada configuración de la carrera profesional en los distintos ámbitos desde los puestos base.

f)

A fin de adaptar de forma continua los requisitos de acceso a la función pública a los cambios que puedan producirse en el sistema académico, se revisarán las titulaciones exigidas para el ingreso en los distintos cuerpos, especialidades y opciones del personal funcionario.

g)

Una vez aprobada la Oferta de Empleo Público, los puestos que queden afectados a la misma se podrán cubrir de forma interina hasta que se produzca su cobertura definitiva mediante los procesos selectivos derivados de la misma.

Resueltos dichos procesos, se procederá a la constitución, con la participación de las Organizaciones Sindicales firmantes de este Acuerdo, de las bolsas de personal interino con quienes hayan superado uno o más de los correspondientes ejercicios y de acuerdo con el orden derivado de la puntuación que hubieren obtenido.

5.- ORDENACIÓN PROFESIONAL.5.1) Planificación de los recursos humanos.5.1.1.Medidas de planificación.Para conseguir una correcta planificación de los recursos humanos en la Administración podrán utilizarse los Planes de Empleo u otras medidas o instrumentos de planificación y gestión de recursos humanos, que tendrán como función principal servir de soporte a actuaciones de reorganización y mejora de los recursos humanos en un determinado ámbito, contemplando las actividades y tareas que se lleven a cabo, estableciendo medidas para el mejor funcionamiento y eficacia de la organización de que se trate, así como para el mejor uso, promoción y desarrollo del personal incluido en su ámbito, y fijando las previsiones y actuaciones necesarias para conseguirlo. Con independencia del contenido que normativamente deban tener dichos instrumentos, éstos podrán contemplar, además, actuaciones y previsiones relativas a dimensión y estructura de las plantillas, medidas de ajuste de las mismas, planes o programas operativos para conseguir esos ajustes, actuaciones que deben llevarse a cabo en materia de formación, promoción, movilidad y modificaciones de puestos. Además, podrán contemplarse previsiones relativas tanto a la estabilidad del personal como en relación con la posible creación o modificación de puestos de trabajo derivadas de la conversión de empleo temporal en fijo, de la incorporación a la Relación de Puestos de Trabajo de aquellas tareas realizadas por personal no estable que hayan devenido en permanentes o de cambios de régimen jurídico, así como las fórmulas, procesos, sistemas y calendario para llevarlas a cabo. Específicamente, las partes entienden que la movilidad debe ser configurada como medida positiva, por lo que debe buscarse, en primer lugar, un carácter voluntario que, además, podrá ser primado e incentivado. En este sentido se procurará restringir la movilidad obligatoria a los ámbitos provincial o inferior, salvo cuando esto no sea posible o se acepte voluntariamente, previa audiencia del interesado y de los representantes legales de la persona interesada y de la representación legal del personal. En cualquier caso, la movilidad interprovincial habrá de ser negociada con las Organizaciones Sindicales en el correspondiente Plan de Empleo. Por último, las partes acuerdan que la negociación con las Organizaciones Sindicales de los Planes de Empleo o de los instrumentos similares se llevará a cabo, en primer lugar, en los ámbitos en que, en su caso, vaya a tener lugar la aplicación de un determinado Plan, analizándose posteriormente, y antes de su aprobación definitiva por el órgano competente de la Administración, en la Mesa Sectorial. Para lograr una adecuada negociación, las Organizaciones Sindicales tendrán conocimiento de todo lo relacionado con el Plan de Empleo de que se trate. La Administración podrá fijar un marco o

establecer criterios a los que deberán ajustarse los Planes de Empleo, que se negociarán previamente con las Organizaciones Sindicales.

5.1.2.-. Estabilidad en el empleo. Continuando con el compromiso de estabilidad y en el marco de los acuerdos sobre empleo público las partes entienden que la solución al problema de la interinidad no puede ser única ni simultánea por lo que acuerdan: 1. Durante el período de vigencia de este Acuerdo, la Administración se compromete a aportar las medidas necesarias para la consolidación definitiva del empleo temporal de naturaleza estructural, de manera que a lo largo del mismo se hayan convocado y resuelto todos los procesos de consolidación que en los ámbitos de negociación correspondientes se entiendan necesarios para la consecución de este fin. En este sentido la Administración convocará pruebas de acceso a los diversos cuerpos y especialidades de la Administración general de la Junta de Andalucía mediante el sistema de concurso-oposición, determinando anualmente el número de plazas que pueden convocarse, en atención a solucionar el problema antes indicado. Como criterio general, una vez que se hayan convocado y resuelto, mediante el referido sistema de concurso-oposición, por cada cuerpo, especialidad u opción un mínimo de plazas igual o superior al número de personal interino a que afecta el compromiso, se dará por concluido el citado sistema en sus especificidades actuales. No obstante, terminado cada proceso selectivo, las partes firmantes, valorarán la consecución de los objetivos establecidos en función de los resultados de dichos procesos a fin de adoptar las decisiones que resulten necesarias En el baremo aplicable en la fase de concurso se tendrá en cuenta de forma proporcionada y entre otros méritos, la valoración del trabajo desarrollado. Tanto el baremo como las pruebas se negociarán entre la Administración y las Organizaciones Sindicales firmantes de presente Acuerdo. Las convocatorias que se elaboren para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, deberán garantizar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. 2. El personal que supere el concurso-oposición, obtendrá destino en puesto de nivel básico correspondiente al cuerpo al que haya accedido.

5.2) Provisión de puestos y promoción profesional.

5.2.1.- Criterios de la política de provisión y promoción. Para conseguir una Administración más eficaz y al servicio de la ciudadanía es indispensable que el personal que la integra tenga auténticas expectativas de motivación y promoción, lo que debe plasmarse en una verdadera carrera profesional. Paralelamente, es necesario establecer un nuevo modelo de Función Pública que se adapte a las características de ese tipo de Administración. Además, de acuerdo con los criterios que inspiran la organización de trabajo y la política de empleo público, la verdadera adaptación de los recursos humanos debe intentar conseguirse a través de los sistemas de provisión y promoción profesional. Con estos objetivos la Administración inspirará sus actuaciones en materia de provisión de puestos y de promoción y carrera profesional en los siguientes criterios: a) La provisión de los puestos de trabajo debe estar regida por criterios de máxima objetividad, por lo que deberán ser tenidos en cuenta aspectos como la formación y capacitación, tiempo de permanencia en el puesto obtenido con carácter definitivo, antigüedad y evolución en su carrera profesional (grado personal). b)

Los sistemas de provisión deben aplicarse con la periodicidad legalmente prevista, para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios y permitir la promoción del personal empleado público. Igualmente, para permitir una mayor agilidad en su resolución, se tenderá a descentralizar los procesos y a realizarlos de modo unificado en el ámbito provincial

c) Deben establecerse sistemas de evaluación del desempeño basados en criterios y parámetros objetivos contrastados y transparentes que, además de primar el mayor y mejor rendimiento en el puesto de trabajo, sirva para su aplicación a los sistemas de provisión de puestos. El establecimiento de dichos sistemas deberá negociarse con las Organizaciones Sindicales d) El diseño de la promoción que permita una verdadera carrera profesional debe responder a cuatro principios: reforzar el componente personal de la carrera (grado personal o similar); establecer más y mejores mecanismos de conexión entre los diversos grupos profesionales y los diferentes cuerpos y especialidades; y desarrollar en profundidad la formación facilitando el acceso gratuito mediante la utilización de las modernas tecnologías de la comunicación y de la información. e)

Las partes se comprometen a establecer medidas que abran al máximo las posibilidades de promoción, tanto desde de un grupo de titulación a otro inmediatamente superior, no sólo desde cuerpos o especialidades de la misma área de conocimiento en sentido estrictamente vertical sino también, en sentido oblicuo, a otros cuerpos o especialidades de áreas de conocimiento distintas,

como dentro del mismo grupo de titulación , desde unos cuerpos u especialidades a otros. f)

Reconsiderar la actual estructura por Grupos y Cuerpos, estudiando, incluso la posibilidad de supresión de alguno de los primeros y la creación o modificación de los segundos. En ese sentido, se fomentará especialmente la integración mediante la promoción desde el grupo D al C.

g) Llevar a cabo procesos de promoción separados de los de nuevo ingreso, con convocatorias independientes, incluso específicos en el marco de un Plan de Empleo o proyecto similar, con el objetivo de conseguir un crecimiento selectivo del empleo. h)

Deberán contemplarse mecanismos de participación de las Organizaciones Sindicales firmantes del presente Acuerdo en los procesos de provisión.

i)

Se negociará en el seno de la Mesa Sectorial la convocatoria de concurso unitario de puestos de carácter básico vinculados a la Oferta de Empleo Público.

j)

En los procesos de provisión será valorada la permanencia en los puestos desde los que se concursa de manera que se potencie la continuidad en la ocupación de los puestos.

k)

Las partes adoptan como compromiso prioritario la realización, durante la vigencia del presente Acuerdo, de las modificaciones necesarias para adaptar el régimen del Decreto 2/2002, de 9 de enero, a las necesidades actuales en materia de provisión y promoción. Entre las modificaciones a realizar se considerarán, entre otras que puedan abordarse, lo dispuesto en la letra anterior y la participación, con voz y sin voto, de la representación que las Organizaciones Sindicales libremente designen.

l)

A lo largo de la vigencia del presente Acuerdo se realizará un estudio encaminado a la posible articulación de la “promoción cruzada” (desde los grupos y categorías del personal laboral a los cuerpos profesionales de personal funcionario) en los procesos de personal funcionario en que así se determine desde las categorías de personal laboral que se consideren equivalentes.

m) Para facilitar la promoción interna del personal, el IAAP impartirá cursos de formación específica preparatorios de las materias objeto de las pruebas selectivas.

5.2.2.- Actuaciones y compromisos en materia de provisión de puestos.Las partes entienden que es necesario convocar los concursos necesarios para proveer con carácter definitivo las plazas ocupadas provisionalmente y promover una serie de actuaciones concretas para mejorar los sistemas de provisión de puestos. A tal fin se acuerda lo siguiente: 1. La provisión de puestos de trabajo debe estar regida por criterios de máxima objetividad por lo que deberán ser tenidos en cuenta aspectos como la antigüedad, el grado personal, el nivel del puesto desempeñado, el trabajo desarrollado, la formación y la capacitación, la permanencia en puestos de las mismas áreas funcionales y la evolución de la carrera profesional, a esos efectos, deberá valorarse de forma especial la cualificación, experiencia y permanencia del personal en el área en la que esté incluido el puesto que se solicita. 2. Para facilitar el automatismo en la acreditación de méritos para los concursos, se procurará que el Registro General de Personal establezca sistemas de homologación de méritos y requisitos de forma que se puedan facilitar rápida y normalizadamente en cualquier momento a los interesados, permitiendo incluso su no presentación material a los concursos y bastando su referencia al Registro para que éste lo aporte directamente a la comisión de valoración. Además, se estudiará la posibilidad de implantar un proceso abierto y permanente que permita una mayor agilidad en la cobertura de los puestos. 3. Con el mismo fin referido en el apartado anterior, se elaborará un catálogo de cursos indicativo del área o áreas donde puedan ser valorados. Dicho catálogo, que se elaborará con la participación de las Organizaciones Sindicales permanecerá abierto para dar cabida a las nuevas iniciativas que se lleven a cabo en materia de formación.

5.2.3.- Actuaciones y compromisos en materia de promoción, carrera profesional y cualificación. En materia de promoción y carrera profesional se acuerda lo siguiente: 1. El fomento de la promoción interna seguirá la línea de lo establecido en el artículo 22 y en las Disposiciones Adicionales Vigesimosegunda y Vigesimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Asimismo, las partes expresan su compromiso de afrontar la promoción interna del personal funcionario como elemento fundamental de modelación de la carrera administrativa, comprometiéndose a impulsarla. Como factor básico vinculado a la articulación de la promoción y como elemento estratégico de mejora de la propia Administración, las partes se comprometen a fomentar la capacitación y cualificación asegurando el acceso a la formación.

2. A fin de garantizar el derecho del personal funcionario a una carrera profesional adecuada, se asume el compromiso de efectuar anualmente convocatorias destinadas exclusivamente a la promoción interna. 3. Se tomarán las medidas adecuadas para que al personal que acceda por promoción interna se le adjudique destino en el mismo término municipal donde viniere prestando sus servicios, ya sea en el mismo puesto que ocupare o en otros vacantes y dotados del mismo nivel, siempre que cumpla los requisitos establecidos en la Relación de Puestos de Trabajo y se considere necesaria su cobertura por la Administración. En estos casos quedará excluído del sistema de adjudicación de destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo. 4. Tanto para la promoción vertical (por la que se accede a cuerpos de grupos de titulación superiores a los de pertenencia) como horizontal (por la que se accede a cuerpos o especialidades pertenecientes al mismo grupo de titulación) se suprimirán de las pruebas selectivas aquellas que respondan a conocimientos o aptitudes ya demostrados, debiendo las restantes responder a criterios de contenido práctico necesario para el cuerpo o especialidad al que se acceda. Igualmente se estudiará el diseño de cursos que puedan servir en los procesos de promoción interna

6.- RETRIBUCIONES.1. A través de la integración en el presente Acuerdo del firmado con fecha 12 de noviembre de 2.002 de la Mesa Sectorial de Negociación de Administración general sobre retribuciones del personal funcionario de la Administración general de la Junta de Andalucía para el período 2003-2005 se introducen mecanismos de actualización de retribuciones para dicho período con el doble objetivo de asegurar el poder adquisitivo del personal empleado público de forma armónica con la capacidad de financiación por parte de la hacienda autonómica y la mejora en la modernización y calidad en la prestación de los servicios públicos. Dicho sistema de actualización consistirá en una horquilla entre el 1,6 % y el 1,8 % de las retribuciones del personal incluido en su ámbito, aplicable en base a las oscilaciones del IPC en el período contemplado, más el porcentaje determinado como subida en los Presupuestos Generales del Estado. 2. En relación con la aplicación de lo previsto en dicho Acuerdo para el ejercicio 2003, de conformidad con lo pactado en la Mesa Sectorial de Administración General, considerando el carácter básico del complemento de antigüedad y a fin de que la aplicación del 1,8 por ciento sobre dicho complemento retributivo y su posterior repercusión sobre el específico no provoque distorsiones inadecuadas, dada la diferencia radical de naturaleza retributiva de uno y otro ,y dada, además, la multiplicidad de tipos de específico a que se daría lugar de no introducirse medidas que palien tales efectos, las partes acuerdan:

Para el personal funcionario el incremento del 1,8 por ciento, para dicho ejercicio 2003, sobre el complemento de antigüedad, se aplicará sobre la base constituida por el monto total representado por la suma de dicho complemento correspondiente a todo el personal funcionario afectado por el Acuerdo de 12 de noviembre de 2002, repercutiéndose la cantidad resultante, de modo lineal y en doce mensualidades, sobre los complementos específicos. 3. Se acuerda por las partes la creación de un Grupo de Trabajo de carácter técnico en el seno de la Mesa Sectorial que, durante el ámbito temporal del presente Acuerdo, proceda a un estudio para la progresiva implantación de políticas retributivas basadas en la adecuada valoración de los puestos de trabajo que evite desequilibrios económicos, en la mejora de la calidad de la prestación de los servicios públicos, evaluación del rendimiento, etc...cuya medida se ha de realizar a través de sistemas homogéneos, todo ello de conformidad con los compromisos que en esta materia se reflejan en el apartado siguiente. Entre dichos desequilibrios económicos, se estudiaran los que hubiera podido sufrir el personal funcionarizado en la ocupación de los puestos correspondientes. 4. Las diferencias retributivas que se deduzcan a consecuencia de subidas retributivas o cumplimiento de trienios producidas o perfeccionados, respectivamente, durante los períodos de baja por enfermedad, maternidad o riesgo por embarazo se abonarán, con los efectos correspondientes, cuando se produzca la reincorporación al servicio activo del personal al que afecte.

7.- CONDICIONES DE TRABAJO.7.1.- Jornada y horario.El 17 de febrero de 1999 la Mesa Sectorial de Negociación de Administración general de la Junta de Andalucía suscribía el Acuerdo sobre reducción de jornada a 35 horas como medida de creación de empleo. Ese Acuerdo no fue sólo el fruto de la voluntad de mejora de las condiciones de trabajo del personal de la Junta de Andalucía sino clara manifestación del compromiso de las partes por la promoción de empleo configurándose como medida referencial hacia otras administraciones y sectores. Además, dicho texto convencional quedó expresamente enmarcado como adelanto y parte del presente que debe sustituir al entonces vigente (Acuerdo sobre condiciones de trabajo del personal funcionario de 12 de marzo de 1996); por ello, los compromisos allí recogidos deben ahora quedar contenidos y renovados manteniendo los mismos objetivos de compatibilizar la creación de empleo y la mejora de las condiciones de trabajo sin que ello suponga merma en la atención eficaz a la ciudadanía.

En virtud de tales antecedentes, en materia de jornada y horario, se establece:

1. La jornada ordinaria de trabajo en la Junta de Andalucía será de 35 horas en cómputo semanal de lunes a viernes. La jornada anual máxima de trabajo, sin perjuicio de lo que se regula en el párrafo siguiente, queda establecida en 1582 horas, descontadas vacaciones y fiestas oficiales. No obstante, el personal que desempeña puestos de trabajo que dentro del complemento específico tienen asignado el factor de especial dedicación deberá cumplir además un suplemento de 110 horas en computo anual. 2. Si las necesidades de organización y funcionamiento de las unidades administrativas lo permitieran y siempre que existan medios adecuados de control horario, podrá implantarse flexibilidad horaria, de una hora de duración, entre las 8 y las 9 horas, o bien, entre las 14 y las 15 horas, siendo el resto del horario de obligada permanencia. 3. El tiempo a recuperar derivado de la flexibilidad horaria así como el suplemento de 110 horas a que está obligado el personal con mayor dedicación deberá prestarse de lunes a jueves entre las 16.00 y las 20.00 horas, de acuerdo con las necesidades del servicio y en función de los requerimientos de los órganos competentes. En aquellas unidades cuyas circunstancias lo hicieran necesario para una adecuada atención a la ciudadanía o por requerirlo de forma especial la prestación de los servicios públicos, se podrá, previa negociación con la representación legal del personal funcionario, suspender la flexibilidad horaria por el tiempo imprescindible. 4. Las partes coinciden en señalar la necesidad de que los centros administrativos cuenten con un calendario laboral como elemento fundamental para la ordenación del tiempo de trabajo de tal modo que en el quede reflejada la distribución en períodos de tiempo, preferentemente anual, en que debe prestarse la jornada máxima de trabajo. Los calendarios contendrán los topes de jornada según los distintos módulos temporales, las características de las distintas modalidades de jornada y la dedicación con que deban prestarse.

5. Cuando por razón de las peculiaridades específicas de algunos centros, unidades o colectivos se requiera, se implantarán las jornadas especiales que regulen la prestación del tiempo de trabajo de la forma más conveniente a dichas particularidades a fin de mejorar el servicio público. En su caso, dichas jornadas especiales tendrán el reflejo retributivo pertinente. La implantación de jornadas especiales requerirá, en todo caso la previa negociación en el seno de la Mesa Sectorial. 6. Se adopta el compromiso de eliminar progresivamente los servicios extraordinarios realizados sobre la jornada ordinaria, salvo aquellos casos en que deban realizarse por razones de urgencia o necesidad perentoria. Preferentemente, los servicios extraordinarios deberán compensarse por tiempo de descanso.

7.2.- Vacaciones y Permisos.A fin de homogeneizar el régimen de vacaciones y permisos del personal funcionario de la Junta de Andalucía con los acuerdos adoptados en esta materia tanto en esta misma Administración como en el ámbito de otras Administraciones Públicas, las partes acuerdan las siguientes estipulaciones: 1. El personal funcionario tendrá derecho a unas vacaciones anuales retribuidas de un mes natural o de veintidós días hábiles de duración por año completo de servicio o de los días que correspondan proporcionalmente al tiempo de servicios efectivos prestados. El período vacacional se disfrutará obligatoriamente dentro del año natural que se hubiese devengado o hasta el 15 de enero del siguiente. Las vacaciones podrán fraccionarse hasta en períodos mínimos de cinco días hábiles consecutivos, de conformidad con la planificación efectuada por cada centro u organismo, previa consulta con la representación legal del personal funcionario. A estos efectos los sábados no serán considerados días hábiles, salvo que en los horarios especiales se establezca otra cosa. 2. En el supuesto de haber completado los años de servicio activo en la Administración que se especifican más adelante, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales: -

Quince años de servicio: veintitrés días hábiles.

-

Veinte años de servicio: veinticuatro días hábiles.

-

Veinticinco años de servicio: veinticinco días hábiles.

-

Treinta o más años de servicio: veintiséis días hábiles.

Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al cumplimiento de la antigüedad referida. En el caso de baja por maternidad, cuando esta situación coincida con el período vacacional, quedará interrumpido el mismo y podrán disfrutarse las vacaciones finalizado el período de permiso por maternidad, dentro del año natural o hasta el 15 de enero del siguiente. 3. En relación con los permisos las partes acuerdan establecer un nuevo régimen para las siguientes modalidades: -

En caso de traslado de domicilio, cuando el traslado se produzca en la misma localidad: un día; si el traslado tuviera lugar a otra localidad, dos días si perteneciera a la misma provincia, y cuatro si perteneciera a provincia distinta.

-

Quienes presten servicios los días 24 y 31 de diciembre disfrutarán de dos días de descanso por cada uno de ellos, pudiendo ser acumulados al período de vacaciones.

-

Las personas que acrediten su colaboración con alguna ONG, debidamente inscrita en el registro correspondiente, podrán disfrutar de un período de permiso no retribuido de hasta seis meses de duración que podrá ser ampliado por otro período igual previa autorización de la Dirección General de la Función Pública.

-

El personal funcionarios disfrutará de un permiso de hasta diez días para preparación de exámenes en el caso de cursar estudios oficiales y siempre que se haya matriculado del curso completo y acuda a los exámenes de todas las asignaturas. En otro caso, sólo podrá disfrutar de un día hábil por cada asignatura a la que se presente a examen, con un máximo de diez.

4. El personal sometido al ámbito de aplicación del presente Acuerdo seguirá disfrutando de la ampliación de dos días más sobre los seis de asuntos particulares en los mismos términos regulados en el artículo 11.1.4 del Decreto 349/1996, de 16 de julio.

7.3. Medidas de incentivación para la mejora de los servicios públicos. La continua búsqueda de fórmulas de mejora de los servicios que la Administración presta a la ciudadanía debe ser una constante en toda organización pública, por ello, las partes, partícipes de ese principio, se comprometen a fomentar cualquier medida que redunde en la calidad, eficacia y eficiencia de las tareas a realizar por los distintos centros de la Administración de la Junta de Andalucía. De manera concreta, dicho compromiso se adquiere con la aplicación de las estrategias, programas y actuaciones contempladas en el Plan Director de Organización para la Calidad de los Servicios (publicado en el BOJA núm. 86, de 23 de julio de 2002), especialmente las relativas a la autoevaluación de las distintas unidades administrativas con objeto de detectar las áreas de mejora y adoptar las medidas oportunas para contribuir al desarrollo de una Administración de calidad. Asimismo, dentro del Plan Director y como actuación para la mejora de los servicios públicos, se establecen las Cartas de Servicios que permitirán otorgar a la ciudadanía la información clara, veraz y completa sobre las actividades desarrolladas por la Junta de Andalucía. Por otro lado, como medidas incentivadoras para el desarrollo sostenido de la gestión en calidad por las distintas unidades administrativas, se establecerán los premios de calidad como medio de reconocimiento de las mejoras prácticas en la prestación de los servicios.

7.4. Reducción del absentismo. Como una manifestación más del firme compromiso, adquirido en el punto anterior, a favor de la mejora del rendimiento de los servicios públicos, la Administración de la Junta de Andalucía, con la colaboración de las Organizaciones Sindicales, establecerá los controles necesarios encaminados a rebajar el índice de absentismo del personal durante el período de vigencia del presente acuerdo, procediéndose para ello, con las correspondientes garantías en la protección de datos de carácter personal, a la actualización de los programas informáticos que soportan la recogida de datos y su tratamiento, al reforzamiento de los controles de calidad de la información transmitida por los órganos gestores, así como a la revisión de las condiciones de trabajo, especialmente en aquellos centros en los que los índices de absentismo se separan significativamente de las medias regional y provincial.

8.- .CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y PROFESIONAL.Tanto la Administración de la Junta de Andalucía como las Organizaciones Sindicales están convencidas de la necesidad de introducir medidas que favorezcan un adecuado equilibrio entre la vida familiar y la laboral de las empleadas y empleados públicos. Así ha quedado reflejado en otros ámbitos de negociación y así se pretende plasmar también en el presente Acuerdo, por ello ambas partes convienen en establecer lo siguiente. 1. Por matrimonio o inscripción como pareja de hecho en el correspondiente registro público, se otorgará un permiso de quince días. 2. Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo, el tiempo indispensable. En este caso deberá preavisarse a la Administración con antelación suficiente y presentarse justificación de la necesidad de su realización durante la jornada de trabajo. 3. Por nacimiento, adopción o acogimiento, preadoptivo o permanente de hijos o hijas, tres días hábiles si el hecho se produce en la misma localidad, o cinco días si se produce fuera de la localidad de residencia del funcionario o funcionaria. 4. En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado, se podrá disfrutar de un permiso de hasta tres meses de duración, percibiendo durante ese período el sueldo. 5. En el caso de nacimiento prematuro o que, por cualquier causa, el recién nacido deba permanecer en hospitalización a continuación del parto, la madre y el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante un período de dos horas diarias retribuidas. Asimismo tendrán derecho a reducir su jornada hasta un máximo de dos horas diarias con la disminución proporcional de las retribuciones. 6. En los supuestos de parto o adopción, los permisos otorgados al personal de 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en el caso de parto o adopción múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo, podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial a solicitud del mismo, y si lo permiten las necesidades del servicio en los términos en que se determine por la normativa correspondiente.

7. En el supuesto de parto o adopción, una vez agotado el permiso por maternidad o adopción de dieciséis semanas ininterrumpidas ampliables en el caso de parto o adopción múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo, el personal tendrá derecho a un permiso retribuido de cuatro semanas adicionales. 8. Por cuidado de cada hijo o hija menor de dieciséis meses, el personal tendrá derecho a una hora diaria de ausencia del trabajo con carácter retribuido. Se podrá sustituir este derecho por una reducción de jornada con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en el caso de que ambos trabajen. En ningún caso podrán acumularse los períodos de tiempo a que se refiere este punto. 9. Por razones de guarda legal, quien tenga a su cuidado directo algún menor de nueve años o con disminución física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de jornada de un tercio o de la mitad de la misma, percibiendo un 80 o un 60 por ciento, respectivamente, de la totalidad de sus retribuciones tanto básicas como complementarias, con inclusión de los trienios. Igual porcentaje se aplicará a las pagas extraordinarias en el caso de que el personal funcionario hubiese prestado, en su caso, una jornada de trabajo reducida en los períodos anteriores al de devengo de las citadas pagas. 10. Se otorgará el mismo derecho a quien precise encargarse del cuidado directo del cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad a la conyugal, o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. 11. Por accidente grave, enfermedad grave, hospitalización o fallecimiento de cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad a la conyugal o de familiares dentro del primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, cuatro días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad y cinco si cualquiera de los eventos ocurriera fuera de la localidad de residencia del personal. Cuando afectasen a familiares dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de tres días si el suceso se produce en la misma localidad o de cuatro si se produjera en localidad distinta. El disfrute de este permiso podrá ejercitarse bien de forma ininterrumpida desde el inicio del hecho causante, o bien alternativamente dentro de la duración del mismo, siempre y cuando, en este último supuesto, lo permitan las necesidades del servicio. 12. Por enfermedad infecto-contagiosa de hijos e hijas menores de 9 años, 3 días. Este permiso será incompatible con el regulado en el apartado anterior. 13. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de los permisos y reducciones de jornada previstos en los casos de nacimiento prematuro, en los supuestos de parto o adopción y por cuidado de hijo menor de dieciséis meses, corresponderá al personal, dentro de su jornada. Los funcionarios y funcionarias deberán preavisar con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada habitual. 14. Por último, como una medida más tendente a compatibilizar los tiempos personal y familiar con el profesional, las partes se comprometen a realizar los estudios y análisis necesarios para encontrar vías de implantación de la prestación de servicios a tiempo parcial en el ámbito funcionarial, y a adoptar, en su caso, las medidas jurídicas que las hagan realidad.

9. FORMACIÓN.La formación deberá atender especialmente al perfeccionamiento permanente del personal, la mejora del funcionamiento de los servicios, la preparación del personal directivo, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y las demás materias que tengan especial interés para el funcionamiento de los servicios públicos. En concreto se adoptan los siguientes compromisos: -

Racionalizar la formación especializada incluida como elemento de perfil de determinados puestos de trabajo y vincularla con la formación o titulación requerida para su obtención y que a su vez sea la exigible en los procesos concursales.

-

Desarrollar en el ámbito del IAAP planes de formación específica vinculados con las necesidades de los puestos.

-

La adopción de las medidas necesarias en orden a la consecución de los siguientes objetivos:

La permanente adecuación y adaptación de las empleadas y empleados públicos a las exigencias y requerimientos profesionales en la prestación de servicios públicos eficientes. La mejora de la motivación y el rendimiento en la formación, fomentando para ello la adecuada evaluación de las actividades formativas, en función de las características de las mismas, que deberá repercutir en los criterios de aprovechamiento a través de la expedición de los correspondientes certificados. Favorecer la carrera profesional y la carrera administrativa, mediante Cursos de Formación específicos para la promoción interna, adecuados en sus contenidos a los conocimientos de los cuerpos y especialidades de origen y acceso. Estudio de aquellos puntos relativos a formación del acuerdo de 26 de febrero de 1996 prorrogado por acuerdo de 29 de diciembre de 1998, que se estime, son susceptibles de actualización. Establecimiento de medidas tendentes a fomentar la formación en idiomas del personal funcionario mediante su valoración específica en los baremos de los procesos de provisión y promoción. Fomento de los cursos de formación específica para facilitar la promoción profesional mediante la adquisición de grados superiores a los consolidados.

10.- ACCIÓN SOCIAL Y PREMIO DE JUBILACION 1.- Se considera Acción Social al conjunto de procedimientos, ayudas, medidas, actividades o programas encaminados a promover el bienestar social del personal de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus familiares. En este sentido, las actuaciones futuras a desarrollar deberán partir de un análisis crítico de lo llevado a cabo hasta el presente y, en consecuencia, establecer objetivos y criterios en orden a la planificación, gestión, financiación, participación y condiciones generales de concesión de ayudas. Sin perjuicio de que la acción social debe considerarse también en el ámbito de la Mesa General, en esta línea de actuación se adoptan los siguientes compromisos: a)

Deben seguirse elaborando, mediante la negociación con las Organizaciones Sindicales, los Planes anuales de Acción Social, en los que se establezcan para cada ejercicio las prioridades, distribución de los créditos habilitados, condiciones generales de los mismos y sus objetivos específicos.

b) Se establecerán las medidas necesarias para agilizar el plazo de resolución de las ayudas, especialmente, el de las sometidas a convocatoria pública. Con este objetivo se confeccionará un nuevo reglamento adaptado a las demandas y necesidades actuales con especial atención a la mayor celeridad en la gestión procurando la simplificación y eliminación de aquellos trámites encaminados a la aportación de información que la administración puede obtener por sus propios medios o mediante la colaboración con otras Administraciones Públicas. Con ese mismo fin, se delegarán en las Delegaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública aquellas competencias de los procedimientos de gestión que se estimen necesarias, en continua coordinación con el Servicio de Acción Social, sin que dicha delegación afecte al establecimiento de criterios generales de adjudicación de las mismas, ni a sus cuantías. No obstante lo anterior, se mantendrá la concentración presupuestaria, al objeto de evitar desigualdades entre el personal que solicite ayudas sometidas a convocatoria pública de las distintas provincias. c)

En materia de financiación, y en la medida que las disponibilidades presupuestarias lo permitan, se fija como objetivo a alcanzar, durante el período de vigencia del presente Acuerdo, una ratio del 1 % con respecto a la masa salarial.

d)

La participación de las Organizaciones Sindicales en esta materia ha venido siendo absoluta. Debe seguirse por tanto en esta línea y ampliando la negociación a todas las fases de actuación en el campo de la acción social.

e)

Se adopta el compromiso de equiparación de prestaciones y equilibrio entre colectivos, si bien en el marco de las condiciones presupuestarias. Quiere esto decir que la Administración propiciará que las empleadas y empleados públicos tengan acceso a las distintas prestaciones en condiciones de igualdad, independientemente del colectivo a que se encuentren adscritos.

f)

La Administración garantiza la existencia de un seguro de accidentes para el personal a su servicio, de acuerdo con la cobertura de riesgos en vigor. Además, se estudiará la suscripción de pólizas de responsabilidad civil para aquellos colectivos que por los servicios que prestan a la Administración pudieran estar expuestos a ese tipo de contingencia.

g)

Las partes se comprometen a realizar los análisis y estudios necesarios que determinen la viabilidad y, en su caso, fórmula mas adecuada, para la implantación de un plan de pensiones para el personal funcionario de la Junta de Andalucía.

2.- A partir del 1 de enero de 2004, el personal funcionario que se jubile por cumplimiento de la edad correspondiente percibirá un premio de jubilación consistente en 150 euros por año de servicio.

11.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.Queda integrado en el presente apartado el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de 5 de octubre de 2001, sobre derechos de participación en materia de prevención de riesgos laborales, en lo referente al personal incluido en el ámbito personal del presente Acuerdo. La Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, creada en el seno de la Mesa General de Negociación, en virtud del acuerdo de 5 de octubre de 2001, será la encargada de coordinar la ejecución de las políticas en materia de prevención de riesgos y fomentar el cumplimiento de las acciones derivadas de la legislación sobre prevención de riesgos laborales, en especial en lo atinente a: -

Participación en el estudio, diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.-

-

Estudios sobre los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras.

-

Promover la difusión, divulgación y el conocimiento de la legislación en materia de salud laboral en su ámbito.

-

Participación en la elaboración del mapa de riesgos, garantizando la investigación de las enfermedades profesionales a fin de orientar tales actuaciones a la de políticas de prevención adecuadas.

Todo ello sin perjuicio de las competencias de los Delegados de Prevención y los Comités de Seguridad y Salud recogidos en el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de 5 de octubre de 2001, y las actividades de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales para el personal al Servicio de la Administración de la Junta de Andalucía creados por Decreto 117/2000, de 11 de abril.

La Administración garantizará al personal incluído en el presente Acuerdo la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Al objeto de garantizar la protección efectiva de la madre y el feto durante el embarazo, frente a las condiciones nocivas para su salud, se tendrá derecho a la adaptación de las condiciones o del tiempo o turno de trabajo o, en su caso, al cambio temporal de funciones, en las condiciones que se negocien en el ámbito de la Mesa Sectorial, requiriéndose, en todo caso, informe o recomendación de los servicios médicos que se determinen, y siempre, previas las actuaciones establecidas en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre reguladora de la prevención de riesgos laborales. Además, y a fin de procurar una protección más amplia y global frente a los riesgos de carácter laboral, las partes acuerdan la implantación de traslados por razones de salud laboral y rehabilitación del personal, su cónyuge e hijos o hijas a cargo. En virtud de dichos traslados la Administración de la Junta de Andalucía podrá adscribir al personal funcionario en distinta unidad o localidad, previa solicitud basada en las referidas razones de salud o rehabilitación, ya sea del propio personal o de los familiares mencionados a cargo, con informe previo del servicio médico oficial que se determine y condicionado a que existan puestos vacantes dotados cuyos complementos de destino y específico no sea superior a los del puesto de origen, siempre que reúna los requisitos de desempeño. La adscripción al nuevo puesto tendrá el mismo carácter que la del puesto de origen.

12.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.En el seno de la Mesa Sectorial de la Administración General se creará una Mesa Técnica que tendrá como objetivo la adopción de decisiones y compromisos a promover el efectivo cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades. Con ese fin propondrá las medidas necesarias para eliminar cualquier disposición, medida uso o práctica que suponga un trato discriminatorio y contribuir a desarrollar las disposiciones atinentes a la conciliación de la vida familiar y laboral, teniendo entre sus principales funciones las siguientes: -

Proponer la formulación y ejecución de las actuaciones tendentes a superar, si la hubiere, cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, sexo, etnia, orientación sexual, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, en todos los órdenes y, especialmente, en materia de acceso al empleo, formación y promoción.

-

Realizar estudios y propuestas en orden a la promoción de medidas de acción positiva tendentes a favorecer el acceso al empleo, formación, promoción, etc..., de colectivos necesitados de una especial protección (mujeres, jóvenes, minorías étnicas, personas discapacitadas, etc...), con el fin de garantizar en la práctica la plena igualdad.

-

Estudiar y proponer a la Mesa Sectorial las medidas oportunas destinadas a la conciliación de la vida familiar y laboral, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente

13.- ESTRUCTURA COLECTIVA.-

Y

ARTICULACIÓN

DE

LA

NEGOCIACIÓN

Las partes firmantes del presente acuerdo manifiestan su voluntad de profundizar en el diálogo y la cooperación como instrumentos adecuados para articular las relaciones entre la Administración y las Organizaciones Sindicales, y de fundamentar la negociación colectiva en los principios de la buena fe, mutua lealtad y cooperación ordenando los procesos negociadores a la consecución de una mayor eficacia en el funcionamiento de la Administración Autonómica, procurando el aumento de la calidad en los Servicios Públicos. La negociación colectiva se desarrollará en un doble ámbito: el general y el desconcentrado. El ámbito general se desarrollará en la propia Mesa Sectorial, y tratará las condiciones de trabajo que afecte a todo el personal funcionario de la Administración general de la Junta de Andalucía incluídos en el ámbito de aplicación del presente Acuerdo, de conformidad con lo regulado en el Capítulo III de la Ley 9/1987, de 12 de junio, redactado por Ley 7/1990, de 19 de julio. En el ámbito de la Mesa Sectorial se podrá negociar el marco o los criterios a los que deberán ajustarse los Planes de Empleo, sin perjuicio del análisis posterior de aquellos planes o instrumentos similares negociados en su ámbito específico de aplicación. En la propia Mesa Sectorial se determinarán los ámbitos desconcentrados de negociación así como las materias que habrán de ser objeto de la misma, de conformidad con lo señalado en el presente Acuerdo y en la legislación vigente en la materia. En los ámbitos desconcentrados de negociación, en ningún caso, podrán modificarse los criterios y acuerdos adoptados en el ámbito general, ni adoptarse acuerdos sobre temas distintos de los expresamente remitidos por la Mesa Sectorial. Las mesas de negociación, grupos de trabajo, etc... que se puedan crear habrán de presentar una composición paritaria dando cabida tanto a la representación de la Administración, como a la de las Organizaciones Sindicales legitimadas en proporción a su representatividad. Para la validez y eficacia de los acuerdos y pactos que se negocian en el ámbito desconcentrado será requisito necesario la previa ratificación de los mismos en el seno de la Mesa Sectorial de Negociación.

Se procederá, en el ámbito de la Mesa Sectorial, al estudio, negociación y actualización, en su caso, de la estructura, ordenación y procedimientos de negociación en el ámbito del presente Acuerdo.

14.- COMISION DE SEGUIMIENTO Y MEDIACION DE CONFLICTOS. Para facilitar el cumplimiento, interpretación y desarrollo de lo pactado en el presente Acuerdo se crea una Comisión de Seguimiento que se compondrá, de modo paritario, por diez miembros por cada una de las dos partes. Los miembros firmantes correspondientes a la parte social se distribuirán en proporción al índice de representatividad que tuvieren acreditada en el ámbito de la Mesa Sectorial de Negociación en el momento de la firma del presente Acuerdo. La Comisión, que deberá constituirse en el plazo de 30 días desde la entrada en vigor del Acuerdo, tendrá atribuciones para vigilar el cumplimiento de lo pactado, interpretar y desarrollar, cuando así este previsto, los contenidos del Acuerdo así como el conocimiento y resolución de los conflictos que de la interpretación y aplicación del Acuerdo se deriven sin perjuicio de los dispuesto en el presente apartado sobre solución extrajudicial de conflictos. Los Grupos de trabajo y Mesas técnicas creadas en el presente Acuerdo se integran bajo la dependencia de la Comisión de seguimiento de conformidad con las tareas y funciones que les hayan sido encomendados La Comisión de seguimiento se regirá por un reglamento de funcionamiento que deberá aprobarse en el plazo de tres meses desde la fecha de su constitución Para llevar a cabo la evaluación del cumplimiento del presente Acuerdo la Comisión Seguimiento, con independencia de las demás que, de conformidad con su reglamento puedan convocarse, celebrará dos reuniones de evaluación una en cada semestre. Los pactos y acuerdos que se adopten en la Comisión de Seguimiento vincularán a las partes en los mismos términos que el presente Acuerdo En la medida en que se avance en el desarrollo de lo previsto en el Capítulo V.3, in fine, del VI Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, suscrito el 23 de mayo de 2001, las partes se comprometen a realizar las adaptaciones que sean necesarias para someter los conflictos que puedan surgir en la interpretación y aplicación del presente Acuerdo al SERCLA como sistema de mediación y conciliación.

15. DENUNCIA Y PRORROGA. Con antelación mínima de un mes a la fecha de extinción del presente Acuerdo, o de sus prórrogas, si las hubiere, cualquiera de las partes podrá denunciar su vencimiento mediante notificación expresa a la otra solicitando, la revisión del mismo, dicha solicitud deberá concretar las partes del acuerdo que se pretende revisar. Si no se

produjera denuncia, su vigencia se entendrá tácitamente prorrogada por períodos anuales. En caso de que el Acuerdo estuviese denunciado y vencido el plazo de su vigencia, ésta se entenderá prorrogada hasta que las partes finalicen las negociaciones mediante acuerdo.

DISPOSICION TRANSITORIA El personal funcionario al que pudiera corresponder, según el tiempo de servicios prestados, más de veintidós días hábiles de vacaciones y que, a la entrada en vigor de las mediadas previstas en el apartado VII.2 del presente Acuerdo hayan terminado el período de vacaciones anuales, podrán disfrutar los días no computados a partir de la entrada en vigor de la referidas medidas y hasta el 15 de enero de 2004.

TEMA 10 SEGURIDAD SOCIAL

LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL AL SERVICIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. AFILIACIÓN: ALTAS Y BAJAS. COTIZACIÓN. ACCIÓN PROTECTORA: CONTINGENCIAS PROTEGIBLES. LA MUFACE Y EL SISTEMA DE CLASES PRIVADAS: CONSIDERACIONES GENERALES

1. LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL AL SERVICIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

1.1. REGULACIÓN BÁSICA El sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. El Estado, por medio de la Seguridad Social, garantiza a las personas comprendidas en el campo de aplicación de ésta, por cumplir los requisitos exigidos en las modalidades contributiva o no contributiva, así como a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en esta Ley». La Seguridad Social es el conjunto de medidas adoptadas por el Estado, estableciendo unos determinados niveles de protección del individuo frente a los riesgos que le afectan como miembro de la sociedad. Es un Sistema de seguridad económica destinado a la protección de determinadas colectividades de personas frente a determinadas contingencias que le provocan estados de necesidad. La Constitución de 1.978 establece en su artículo 41, un régimen público de Seguridad Social y admite las prestaciones complementarias libres y voluntarias, susceptibles de prestación por entidades privadas. El artículo.149.1.17 de la Constitución, establece la competencia exclusiva del Estado sobre la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. La legislación básica en esta materia se contiene en el Real Decreto Legislativo 1/94, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social.

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ESPAÑOL DE SEGURIDAD SOCIAL Las características básicas del sistema español de Seguridad Social, son: 1. Sistema de gestión pública 2. Participación de los interesados en la gestión 3. Financiación tripartita. 4. Tendencia a la unidad 5. Carencia de ánimo de lucro.

2. EL RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La Ley 6/1.985, de 28 de Noviembre, de ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, se establece en el artículo 16 dos tipos de personal, atendiendo al régimen jurídico aplicable: -

Personal sometido al derecho del trabajo (personal laboral)

-

Personal sometido al derecho administrativo (funcionarios de carrera, interinos y eventuales)

Todos ellos se encuentran incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, con una excepción, los funcionarios del Estado que fueron transferidos a las Comunidades Autónomas que hayan ingresado o ingresen voluntariamente en Cuerpos o Escalas de la CCAA de destino, cualquiera que sea el sistema de acceso, estarán expresamente comprendidos en el Régimen General, no obstante, los funcionarios que originariamente fueron transferidos conservarán todos los derechos y privilegios que tenían en el Estado, entre ellos el del mutualismo administrativo, siempre que no accedan como funcionarios de nuevo ingreso en los Cuerpos o Escalas de la Comunidades Autónomas.

3. EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL El artículo 7º de la Ley General de la Seguridad Social, Texto refundido aprobado por R.D. Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, establece que: “Estarán comprendidos en el sistema de la Seguridad Social a efectos de las prestaciones de modalidad contributiva, todos los españoles cualquiera que sea su sexo, estado civil y profesión, que residan y ejerzan normalmente su actividad en territorio

nacional y estén incluidos y que tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena1 [1] en las distintas ramas de la actividad económica o asimilados a ellos, bien sean eventuales, de temporada o fijos, aún de trabajo discontinuo, e incluidos los trabajadores a domicilio, y con independencia en todos los casos, de la categoría profesional del trabajador, de la forma y cuantía de la remuneración que perciba y de la naturaleza común o especial de la relación laboral”.

3.1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL El sistema español de la Seguridad Social se organiza en torno a la siguiente estructura: a) Régimen General -

Sistemas Especiales

b) Regímenes Especiales

3.1.1. Régimen General Se encuentran integrados en el régimen general de la Seguridad Social: -

Los trabajadores por cuenta ajena de la industria.

-

Los trabajadores por cuenta ajena de los servicios.

-

El personal de alta dirección, es decir, los que trabajen por cuenta ajena en los cargos directivos de las empresas, quedando excluidos aquellos que ostenten pura y simplemente cargos de consejeros en las empresas que adopten la forma jurídica de Sociedad.

-

Los conductores de vehículos de turismo al servicio de particulares.

-

Los Laicos o seglares que presten servicios retribuidos en establecimientos de las instituciones eclesiásticas.

-

Personal al servicio de instituciones de carácter benéfico-social.

-

Personal al servicio de notarias, registros de la propiedad y oficinas y centros similares

-

El personal no funcionario dependiente de organismos, servicios o entidades del Estado (personal laboral al servicio de la Administración del Estado)

1[1] Es trabajador por cuenta ajena, toda persona física que, voluntariamente presta sus servicios retribuidos dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.

-

El personal civil no funcionario al servicio de organismos y entidades de la Administración Local.

-

Altos cargos de las Administraciones Públicas que no sean funcionarios públicos.

-

Funcionarios de las Comunidades Autónomas.

-

Funcionarios de la Administración Local.

-

Funcionarios del Estado transferidos a las Comunidades Autónomas que hayan ingresado o ingresen voluntariamente en Cuerpos o Escalas propios de la Comunidades Autónomas de destino.

-

Miembros de las Corporaciones Locales que desempeñen sus cargos con dedicación exclusiva.

-

Funcionarios de Organismos Autónomos y Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

Además han quedado incluidas en el régimen general, entre otros: -

Los representantes de comercio, los artistas, los toreros, los jugadores profesionales de fútbol y los trabajadores ferroviarios

-

Los ciclistas profesionales.

-

Los funcionarios de la Administración Local

No están integrados en el régimen general de la Seguridad Social: -

Los que ejecuten de forma ocasional trabajos amistosos, benévolos o de buena vecindad. Estos no se realizan en virtud de contrato que establezca unas prestaciones recíprocas por lo que quedan excluidos de la esfera jurídicolaboral, aunque de algún modo pudiera existir reciprocidad.

-

Los que realicen trabajos que den lugar a la inclusión en algunos de los regímenes especiales de la Seguridad Social.

-

Los que trabajen en régimen de comunidad familiar, a no ser que se demuestre su condición de asalariado. Es decir, salvo prueba en contrario, el cónyuge, los descendientes, los ascendientes y demás parientes del empresario por consanguinidad o afinidad, hasta segundo grado inclusive, ocupados en el centro o centros de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo.

Por otro lado, no están incluidos en el sistema de la Seguridad Social: 1. Los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado, a los cuales se les aplica un régimen propio. 2. Los funcionarios, del Estado, en prácticas que aspiren a incorporarse a Cuerpos y Escalas sujetos al régimen de Clases Pasivas 3. Los funcionarios de la Administración militar 4. Los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia

3.1.2. Sistemas Especiales Se encuentran integrados en los sistemas especiales los trabajadores incluidos en cualquiera de los siguientes grupos: -

Industria resinera

-

Servicios extraordinarios de hostelería

-

Industrias de conservas vegetales

-

Frutas y hortalizas

-

Manipulado y empaquetado de tomate fresco, realizado por cosecheros exportadores.

-

Trabajadores fijos discontinuos que presten servicios en las empresas de exhibición cinematográfica, salas de baile, discotecas y salas de fiestas.

-

Trabajadores fijos discontinuos que presten servicios en empresas de estudios de mercado y opinión pública.

3.1.3. Regímenes especiales Son regímenes especiales: -

El régimen especial agrario

-

El régimen especial de los trabajadores del mar

-

El régimen especial de autónomos

-

El régimen especial de funcionarios públicos civiles y militares, con las excepciones de las personas incluidas en el Régimen General.

-

El régimen especial de empleadas de hogar

-

El régimen especial de estudiantes

-

El régimen especial de la minería del carbón.

3.2. AFILIACIÓN: ALTAS Y BAJAS

La afiliación es el acto administrativo de la Tesorería General de la S.S. por el que se realiza la incorporación al sistema de la S.S. de un sujeto protegido, lo que le convierte en un titular de derechos y obligaciones con el mismo. En general se solicita por el empleador para los trabajadores por cuenta ajena y por el propio trabajador si lo es por cuenta propia. Da lugar a la asignación del “número de afiliación”, de carácter vitalicio y único para todo el Sistema. También se le asignará un Número de la Seguridad Social, a los beneficiarios de pensiones u otras prestaciones del sistema, tanto en su modalidad contributiva como no contributiva. Cualquier variación de datos que experimente la afiliación deberá ser comunicada por el empresario o, en su caso, por el trabajador dentro de los seis meses naturales siguientes a aquel en el que se produzca, debiendo ser firmada por el trabajador y acompañada de la correspondiente documentación acreditativa. Son sujetos las personas que tienen unas determinadas situaciones subjetivas dentro de la relación de afiliación, así hay que considerar como sujetos: -

Afiliante

-

Afiliado

-

Afiliador

Por afiliante hay que entender a la persona que afilia, que, a su vez, puede serlo con carácter de obligado principal o meramente como facultado o subsidiario. Afiliante principal u obligado lo es el empresario, salvo que el sujeto protegido no sea trabajador por cuenta ajena (sea un autónomo). Es el obligado a afiliar, y aún más, el único obligado de entre los posibles afiliantes, por la responsabilización legal de las necesidades de los trabajadores que el sistema de la Seguridad Social contributiva le imputa. De aquí que sea el único responsable junto con los responsables subsidiarios y solidarios.

Afiliantes facultados y subsidiarios lo son los propios sujetos protegidos, así como diversas entidades que instan la afiliación de oficio. Se entiende como afiliado la persona incluida en el campo de aplicación legal que, mediante la afiliación, adquiere derecho potencial a la protección dispensada por las Entidades Gestoras y colaboradoras, siempre que reúnan las demás condiciones legales. En relación con el afiliador, corresponde a la Dirección General de la Tesorería General de la S.S. competente el reconocimiento del derecho a la afiliación, sin perjuicio de la posible decisión en contra de la jurisdicción laboral. El reconocimiento del derecho no corresponde a cualquier entidad gestora sino sólo a la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, con carácter exclusivo, con la finalidad de mantener un control administrativo centralizado. En cuanto a la forma de practicar la afiliación puede producirse: ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

Los empresarios son los obligados a solicitar la afiliación al sistema de Seguridad Social de quienes ingresen a su servicio y no estén aún afiliados. Implicará el alta inicial en el Régimen que corresponda y la asignación del número de Seguridad Social. Los trabajadores por cuenta propia o asimilados comprendidos en el campo de aplicación del Sistema de Seguridad Social que inicien su actividad como tales y no se encuentren ya afiliados, estarán obligados a solicitar su afiliación. Los trabajadores por cuenta ajena o asimilados, cuyo empresario no cumpla sus obligaciones de afiliación, podrán solicitarla directamente ante lo que la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL dará cuenta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Cuando se efectúe de por iniciativa de las Direcciones Provinciales o Administraciones como consecuencia de: -

La actuación de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

-

Los datos obrantes en las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

-

Cualquier procedimiento en el que se compruebe el incumplimiento de la solicitud de afiliación.

Además de en aquellos registros que permite la Ley 30/1.992, la legislación de Seguridad Social señala que la solicitud de afiliación, a nombre de cada trabajador, se dirigirá a la Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social o Administración, diferenciando: 1.

Cuando se trate de un trabajador por cuenta ajena o asimilado, se dirigirá la Dirección Provincial o Administración del domicilio de la empresa.

2. Cuando se trate de un trabajador autónomo, se dirigirá la Dirección Provincial o Administración de la provincia en la que radique su establecimiento, o en la que tenga su domicilio.

3.

Las solicitudes de afiliación habrán de presentarse con anterioridad a la iniciación de actividad, tanto en trabajo por cuento ajena cuanto en el que sea por cuenta propia.

3.2.1. El acto de afiliación Consiste en el acto administrativo por el que el sujeto protegido incluido en el campo de aplicación de la Seguridad Social adquiere obligatoriamente la condición de afiliado, con carácter vitalicio, general y exclusivo, a los efectos legales que de esta situación se derivan. El trabajador es afiliado cuando comienza su vida laboral y es dado de alta en su primera empresa. Si cesa en ésta, será dado de baja, pero continuará afiliado. Si entra en otra empresa, ésta formulará el alta, pero no tendrá que afiliar, puesto que ya se hizo. El procedimiento de afiliación de los trabajadores al Régimen General de la Seguridad Social viene regulado en el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social. La afiliación, altas y bajas de los trabajadores contratados a tiempo parcial, cuya prestación de servicios sea inferior a 12 horas a la semana o 48 horas al mes, podrán formalizarse bien mediante la presentación de los documentos establecidos en cada momento, bien suministrando los correspondientes datos a través de fax o por cualquier otro procedimiento informático, telemático o electrónico. La solicitud ha de presentarse por los sujetos obligados con carácter previo a la prestación del servicio por el trabajador, sin que en ningún caso puedan serlo antes de los 60 días naturales anteriores al previsto para la iniciación de la misma. En casos excepcionales en que no hubiere podido preverse con antelación dicha iniciación, si el día o días anteriores a la misma fueren inhábiles o si la prestación de servicios se iniciare en horas asimismo inhábiles, deberá remitirse, con anterioridad al inicio en la prestación de servicios, por telegrama, fax o cualquier otro medio electrónico, informático o telemático, los documentos para el alta inicial o sucesiva debidamente cumplimentados o si ello no fuere posible por no disponer de los modelos reglamentarios, se remitirán, asimismo con carácter previo por dicho medio o cualquier otro medio electrónico, informático o telemático, los datos que determine el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Si el empresario no cumple con su obligación, los propios trabajadores podrán instar directamente su afiliación ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social que corresponda en estos casos, ésta dará cuenta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de las solicitudes al objeto de su comprobación y aplicación de las sanciones que hubiera lugar. La afiliación también podrá practicarse de oficio por las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, cuando como consecuencia de la actuación de la Inspección de Trabajo, de datos obrantes en las Entidades Gestoras o por cualquier

otro procedimiento se compruebe el incumplimiento de solicitar la afiliación y en estos últimos casos se dará cuenta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El reconocimiento del derecho a la afiliación corresponde a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o la Administración de la misma en la provincia en que se encuentre abierta la cuenta de cotización del empresario a que presta servicios el trabajador por cuenta ajena o en la que radique el establecimiento del trabajador por cuenta propia, en su defecto, en la que tenga su domicilio, sin perjuicio de las peculiaridades previstas en el Reglamento, una vez efectuadas las comprobaciones que procedan. La admisión debe realizarse en el acto de presentación de la solicitud. Ella se notifica y se plasma en el “documento” de afiliación y da lugar a la inscripción en el correspondiente registro de la Tesorería General de la Seguridad Social. Si la Tesorería deniega la solicitud lo hará mediante acuerdo motivado en el que conste la forma y plazos para su impugnación. La afiliación al sistema de la Seguridad Social condiciona la aplicación de las normas que lo regulan, es decir, la afiliación constituye el requisito básico e inicial para la aplicación de los beneficios de la Seguridad Social a las personas que tengan la condición de afiliados. 3.2.2.Altas y bajas Cuando hablamos de altas y bajas nos referimos a actos administrativos a través de los que se notifica a la Tesorería General de la Seguridad Social y esta reconoce las variaciones relevantes que afectan al sujeto afiliado a lo largo de su vida activa, a fin de mantener y actualizar el control subjetivo de los sujetos protegidos. Las variaciones más relevantes consisten en los sucesivos ingresos y ceses en las actividades laborales y empresas en que se produzcan. A ellos corresponden respectivamente las altas y bajas, que han de ser obligatoriamente comunicadas.

A) Clases de alta Se pueden distinguir tres tipos de altas en nuestro derecho positivo: 1. Alta real 2. Alta asimilada 3. Alta presunta

Alta real Se produce cuando al iniciar una actividad laboral se cumple la notificación del alta o ingreso en la empresa. A tales efectos, la iniciación del periodo de prueba se considera como ingreso y no se considerará como cese la incapacidad temporal ni el cumplimiento de deberes de carácter público o sindical, siempre que no den lugar a la excedencia en el trabajo.

Alta asimilada Tiene lugar en determinados supuestos expresamente tipificados por la Ley en que, producido el cese temporal o definitivo de la actividad laboral, la ley estima que debe conservarse la situación de alta en que se encontraba con anterioridad al cese y la conservación de esta aún coexistiendo en algún caso con la baja, como manifestación de la tendencia del alta a no desaparecer en determinadas situaciones y de su tendencia a la prolongación. Continuarán comprendidos en el campo de aplicación del Régimen de la Seguridad Social en que estuviesen encuadrados, pero en situación asimilada a la de alta en el mismo, quienes, aún cuando hubieren cesado en la prestación de servicios o en el desarrollo de la actividad determinante del encuadramiento en dicho régimen, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1. La situación legal de desempleo, total y subsidiado, y la de paro involuntario, una vez agotado la prestación contributiva, siempre que en tal situación se mantenga la inscripción como desempleado en la oficina de empleo. 2. La excedencia forzosa. 3. La situación de excedencia para el cuidado de hijos con reserva de puesto de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable. 4. La suspensión del contrato de trabajo por servicio militar o prestación social sustitutoria. 5. El traslado del trabajador por la empresa fuera del territorio nacional. 6. La suscripción de convenio especial en sus diferentes tipos 7. Los períodos de inactividad entre trabajos de temporada. 8. Los períodos de prisión sufridos como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977 de 15 de octubre, de Amnistía, en los términos regulados en la Ley 1811984.de 8 de junio. 9. La situación de aquellos trabajadores que no se encuentren en alta ni en ninguna otra de las situaciones asimiladas a la misma, después de haber prestado servicios en puestos de trabajo que ofrecieran riesgo de enfermedad profesional y a los solos efectos de que pueda declarase una invalidez permanente debida a dicha contingencia. 10. Para los colectivos de artistas y de profesionales taurinos los días que resulten cotizados por aplicación de las normas que regulan su cotización los cuales tendrán la consideración de días cotizados y en situación de alta aunque no se correspondan con los de prestación de servicios.

11. A los solos efectos de conservación del derecho a la asistencia sanitaria, la situación de baja de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en e! Régimen de la Seguridad Social que corresponda. habiendo permanecido o no en situación de alta en dicho Régimen durante un período mínimo de noventa días dentro de los trescientos sesenta y cinco días naturales inmediatamente anteriores al de la baja, conforme a los términos que para cada caso establece el artículo 6 del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, en la redacción dada al mismo por el Decreto 3313/1970 de 12 de noviembre. 12. Igualmente, a los solos efectos de asistencia sanitaria, la situación de los trabajadores despedidos, incluidos en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social, que tengan pendiente de resolución ante la jurisdicción laboral demanda por despido improcedente o nulo. 13. A los efectos de la protección por desempleo, las situaciones determinadas en el articulo 2 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, o en las normas específicas que regulen dicha cobertura. 14. En el Régimen Especial Agrario, la situación de desplazamiento al extranjero por razón de trabajo, en los términos regulados en el articulo 71 del Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre. 15. En el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, el periodo de los noventa días naturales siguientes al último día del mes en que se produzca la baja en dicho Régimen. 16. Los períodos de percepción de las ayudas reguladas en el Real Decreto 1693/1995, de 20 de octubre, por el que se establece un régimen de ayudas destinado a fomentar el cese anticipado de la actividad agraria. 17. Todas aquellas otras que determine el Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Las situaciones a que se refiere el apartado anterior son asimiladas a la de alta respecto de las contingencias, en las condiciones y con los efectos que para cada una de ellas se establecen en este Reglamento y en las demás normas reguladoras de las mismas.

Alta presunta El alta presunta o de pleno derecho tiene lugar cuando es inexistente el alta real. Así, los trabajadores comprendidos en el campo de aplicación de este Régimen General se considerarán de pleno derecho en situación de alta a efectos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y desempleo, aunque su empresario hubiere incumplido sus obligaciones. Igual norma se aplicará a los exclusivos efectos de la asistencia sanitaria por enfermedad común, maternidad y accidente no laboral. Los empresarios deberán comunicar a las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social de la provincia las variaciones y solicitudes de bajas de los trabajadores que ingresen o cesen en sus empresas y en los modelos establecidos. La

comunicación se deberá de hacer en el plazo de 6 días naturales siguientes a partir del cese en el trabajo o aquél en que la variación se produzca. Los documentos irán firmados por el empresario y por el trabajador. Si el empresario incumple su obligación pueden los propios trabajadores realizar la comunicación correspondiente y también puede la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de actuar de oficio. El alta del trabajador condiciona la aplicación del mismo a las normas que regulan el régimen correspondiente. Las altas solicitadas fuera del plazo reglamentario sólo tendrán efectos desde el día en que se formulen la solicitud, salvo que se haya producido ingreso de cuotas en plazo reglamentario, en cuyo caso el alta retrotraerá sus efectos a la fecha en que se hayan ingresado las primeras cuotas correspondiente al trabajador de que se trate. Las altas de oficio practicadas retrotraerán sus efectos a la fecha en que los hechos que las motiven hayan sido reconocidas por las mismas. Si se efectuasen como consecuencia de la actuación de la Inspección de Trabajo los efectos se retrotraerán a la fecha en que se haya llevado a cabo tal actuación. Durante el periodo que pueda mediar entre la fecha de comienzo de la actividad laboral y la fecha de efectos del alta, se produce la responsabilidad del sujeto obligado, es decir, el empresario será responsable de las prestaciones que pudieran corresponder durante dicho periodo y por otra parte subsiste la obligación de cotizar desde el comienzo de la actividad laboral. La baja del trabajador producirá efectos desde el cese en el trabajo, siempre que se haya comunicado en el modelo oficial y dentro del plazo reglamentario.

3.3. COTIZACIÓN Están sujetos a la obligación de cotizar al Régimen General los trabajadores y asimilados comprendidos en su ámbito de aplicación y los empresarios por cuya cuenta trabajen. Sin embargo, las aportaciones por accidente de trabajo y enfermedades profesionales, la cotización completa correrá a cargo exclusivamente de los empresarios. El empresario es el sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotización e ingresará las aportaciones propias y las de sus trabajadores, en su totalidad. Son responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar y del pago de los demás recursos de la Seguridad Social las personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad a las que las normas reguladoras de cada régimen y recurso impongan directamente la obligación de su ingreso y, además, los que resulten responsables solidarios, subsidiarios o sucesores "mortis causa" de aquéllos, por concurrir hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos que determinen esas responsabilidades, en aplicación de cualquier norma con rango de ley que se refiera o no excluya expresamente a las obligaciones de Seguridad Social, o de pactos o convenios no

contrarios a las leyes. Dicha responsabilidad solidaria, subsidiaria, o "mortis causa" se declarará y exigirá mediante el procedimiento recaudatorio establecido en esta Ley y su normativa de desarrollo. En caso de que la responsabilidad por la obligación de cotizar corresponda al empresario, podrá dirigirse el procedimiento recaudatorio que se establece en esta Ley y su normativa de desarrollo contra quien efectivamente reciba la prestación de servicios de los trabajadores que emplee, aunque formalmente no figure como empresario en los contratos de trabajo, en los registros públicos o en los archivos de las entidades gestoras y servicios comunes. 3.3.1. Bases y Tipos

La cuota a ingresar está determinada por el importe resultante de aplicar el tipo o porcentaje establecido para cada contingencia protegida (contingencias comunes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cotización profesional por horas extraordinarias, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional) a la "base de cotización" correspondiente a cada trabajador determinándose de esta forma “la cuota" a ingresar.

A) Tipo de cotización Para el año 2.003, los tipos de cotización al Régimen General de la S.S. son: -

Por contingencias comunes: el 28´30%: 23´6% a cargo de la empresa y 4´7% a cargo del trabajador.

-

Por accidente de trabaja y enfermedad profesional: la Tarifa de primas aprobada por Real Decreto 2930/1979, reducidas linealmente un 10%, siendo a cargo exclusivo de la empresa.

-

Por desempleo:

1. Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, así como la contratación de duración determinada en las modalidades de contratos formativos, de relevo, interinidad y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizada con trabajadores discapacitados: el 7´55%, del que el 60´% será a cargo del empresario y el 155´% a cargo del trabajador. 2. Contratación de duración determinada: a tiempo completo: 8´3%, del que el 6´7% será a cargo del empresario y el 1´6% a cargo del trabajador. A tiempo parcial: 9´3%, del que el 77´% será a cargo del empresario y el 16´% a cargo del trabajador.

3. Cuando la contratación de duración determinada, a tiempo completo o parcial, se realice por empresas de trabajo temporal para poner a disposición de las empresas usuarias a los trabajadores contratados: 93´% del que el 7´7% será a cargo del empresario y el 1´6% a cargo del trabajador. -

Fondo de Garantía Salarial: el 0’4´%, a cargo exclusivo de la empresa.

-

Formación profesional: el 0´7%, del que el 0´6% corresponde a la empresa y el 0´1% a cargo del trabajador.

B) Base de cotización Vendrá determinada por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, que mensualmente tenga derecho a percibir el trabajador o asimilado o la que efectivamente perciba, de ser ésta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena.

3.4. ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL RÉGIMEN GENERAL

Son contingencias protegibles las siguientes: 1. Accidente de trabajo. 2. Enfermedad profesional. 3. Enfermedad común. 4. Accidente no laboral. 5. Maternidad. 6. Cese (voluntario o involuntario) en el trabajo por cumplimiento de la edad de jubilación. 7. Cese involuntario en el trabajo sin pérdida de capacidad de trabajo ni el cumplimiento de la edad de jubilación ( desempleo). 8. Las cargas familiares. 9. Necesidad de asistencia sanitaria y / o recuperación.

10. Defecto de ingresos por incapacidad temporal y maternidad. 11. Defecto por invalidez permanente. 12. Defecto de ingresos por jubilación. 13. Defecto de ingresos por desempleo. 14. Exceso de gastos y defecto de ingresos derivados de fallecimiento del causante y de la supervivencia de los familiares a su cargo.

3.4.1. Accidente de trabajo Se entiende por accidente de trabajo todos aquellos en los que exista un nexo causal indubitado entre el trabajo por cuenta ajena y la lesión corporal sufrida con ocasión de éste, no rompiendo este nexo causal y por tanto la calificación de accidente de trabajo: o

La imprudencia profesional consecuencia de la habitualidad del trabajo y de la confianza que inspira.

o

La concurrencia de culpabilidad civil o penal del empresario , de un compañero o de un tercero, siempre que guarde alguna relación con el trabajo.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y el lugar de trabajo. En concreto, tendrán la consideración de accidentes de trabajo: o

Los que sufra al ir o al volver del lugar de trabajo, es decir, los in itinere.

o

Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, incluidos los in itinere en el desempeño del mismo.

o

Todos los ocurridos por el trabajador trabajando en cumplimiento de órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.

o

Los que ocurran el actos de salvamento o análogos siempre que tengan conexión con el trabajo.

o

Las enfermedades comunes contraídas por el trabajador cuando haya un nexo causal probado entre ésta y el trabajo desempeñado.

o

Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador , que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.

o

Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración gravedad o terminación, por enfermedades intermitentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación.

No se consideran accidentes de trabajo: o

Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por ésta la que sea de tal naturaleza que ninguna relación guarde con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.

o

Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.

3.4.2. Enfermedad profesional Es la contraida como consecuencia del trabajo por cuenta ajena en la actividad que se especifique legalmente, y que esté provocada por la acción de determinados elementos y concretas sustancias legalmente señalados. 3.4.3.Asistencia Sanitaria La asistencia sanitaria tiene por objeto la prestación de los servicios médico-quirúrgicos y farmacéuticos conducentes a conservar o restablecer la salud de los beneficiarios de dicho régimen, así como su aptitud para el trabajo, atendiendo, de un modo especial, a la rehabilitación física precisa para la recuperación profesional de los trabajadores. Las contingencias cubiertas por la asistencia sanitaria son: o

La enfermedad común o profesional.

o

Las lesiones derivadas de accidente, cualquiera que sea su causa.

o

La maternidad.

Es beneficiario la persona protegida que, por hallarse en situación de necesidad y reunir las condiciones exigidas legalmente, ostenta y ejercita un derecho directo a percibir la prestación de la Seguridad Social.

Son titulares del derecho: o

A todos los españoles y extranjeros que residan en el territorio nacional.

o

A los españoles residentes en el extranjero de acuerdo con las leyes y convenios internacionales.

Tienen derecho a asistencia sanitaria: En el caso de enfermedad profesional y accidente de trabajo los trabajadores por cuenta ajena afiliados y en situación de alta o asimilada al alta. En el caso de enfermedad común y accidente no laboral, además del anterior los pensionistas y los perceptores de prestaciones periódicas y los familiares o asimilados, a cargo de los beneficiarios de asistencia sanitaria. El derecho a la asistencia sanitaria nace el día de la afiliación tanto para el titular, como para sus familiares o beneficiarios asimilados, y la efectividad del derecho, a partir del día siguiente al de la presentación del alta en el régimen general. Las prestaciones sanitarias comprenderán las siguientes modalidades: 1. 2. 3. 4. 5.

Atención primaria. Atención especializada. Prestaciones farmacéuticas. Prestaciones complementarias. Servicios de información y documentación sanitaria.

Con respecto a la atención primaria, se concretas, entre otras, en asistencia sanitaria en consultas, servicios y centros de salud, asistencia sanitaria en el domicilio del enfermo, indicación o prescripción, y la realización en su caso, de la pruebas y medios básicos de diagnostico, educación sanitaria, vacunación, tratamientos parenterales, curas y cirugía menor. En cuanto a la atención especializada, se concreta en asistencia ambulatoria especializada en consultas, en hospital de día, en régimen de hospitalización, atención a la salud mental y asistencia psiquiátrica, etc. Las prestaciones complementarias se refieren a elementos adicionales y complementarios para la asistencia sanitaria completa, y se podrían concretar, en prótesis, transporte sanitario, oxigeno domiciliario, etc. Las prestaciones farmacéuticas comprenderán fómulas magistrales, especialidades y efectos o accesorios farmacéuticos que se prescriban por los facultativos de la Seguridad Social.

Quedan excluidos los productos dietéticos de régimen, aguas minero-medicinales, vinos medicinales, elixires, dentífricos, cosméticos, confitería medicamentosa, jabones medicinales, etc.

3.5. PROTECCIÓN Se cubren, por el régimen general de Seguridad Social, las siguientes situaciones: -

Incapacidad temporal

-

Maternidad

-

Riesgo durante el embarazo

-

Incapacidad Permanente: •

Parcial

•

Total

•

Absoluta

•

Gran Incapacidad

-

Jubilación

-

De muerte y supervivencia: •

Auxilio por defunción

•

Pensión de viudedad

•

Pensión de orfandad

•

Pensión a favor de familiares

•

Subsidio a favor de familiares

•

Indemnización a tanto alzado derivada de riesgo profesional, accidente laboral o enfermedad profesional

3.5.1.Incapacidad temporal Es la situación en la que se encuentra un trabajador que, por causa de enfermedad, accidente o periodo de observación en caso de enfermedad profesional, está imposibilitado, con carácter temporal para el trabajo, y precisa asistencia sanitaria de la Seguridad Social La prestación económica es la siguiente: ƒ ƒ

Por enfermedad común o accidente no laboral: 60% de la Base Reguladora entre el 4º y el 21º día de la baja médica; 75% a partir del día 21º Por enfermedad profesional y accidente de trabajo: 75% de la Base Reguladora desde el día siguiente al de la baja

Son beneficiarios: ƒ

Quienes estén afiliados, en alta o en situación asimilada a la de alta.

ƒ

Tener cotizados: Por enfermedad común: 180 días en los 5 años anteriores a la fecha en la que se produzca el hecho causante; por enfermedad profesional o accidente: no se exige periodo previo

La duración establecida es: ƒ

12 meses prorrogables por otros 6 en caso de accidente o enfermedad profesional o común

ƒ

Periodos de observación por enfermedad profesional: 6 meses prorrogables por otros 6, cuando haya necesidad de aplazar el diagnóstico definitivo

ƒ

Los periodos de Incapacidad Temporal producidos por un mismo proceso patológico se suman para el cómputo del periodo máximo, aunque se hubiesen producido periodos de actividad laboral, siempre que estas sean inferiores a seis meses

La extinción se produce por: ƒ

Transcurso del plazo máximo

ƒ

Ser dado de alta

ƒ

Declaración de jubilación

ƒ

Incomparecencia injustificada a convocatorias de exámenes médicos

ƒ

Fallecimiento

3.5.2. Maternidad

Son situaciones protegidas la maternidad por parto, la adopción y el acogimiento preadoptivo o permanente

La duración es la siguiente: a) Parto 1. 16 semanas inimterrumpidas ampliables por parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo 2. Permiso distribuido a opción de la interesada, siempre que 6 semanas sean inmediatamente posteriores al parto 3. En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso del permiso 4. Si el padre y la madre trabajan, ésta, al iniciarse el periodo de descanso podrá optar porque el padre disfrute de una parte determinada e interrumpida del período de descanso, bien de forma simultánea o de modo sucesivo, salvo que el reingreso suponga un riesgo par la salud de la misma 5. En casos de parto prematuro y otros en que el neonato deba permanecer hospitalizado, puede contabilizarse a partir del alta hospitalaria; se excluyen las 6 semanas de baja obligatoria de la madre 6. En caso de fallecimiento del hijo y de alumbramientos que tengan lugar tras más de 180 días de vida fetal, el descanso será de 6 semanas posteriores al parto.

b) Adopción o acogimiento 1. 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en 2 semanas más por cada hijo o menor, a partir del segundo, si se trata de una adopción o acogimiento múltiple, respectivamente. 2. En el supuesto de que la madre y el padre trabajen, éstos podrán optar por disfrutar el período de descanso de forma simultánea o sucesiva, siempre que se trate de períodos ininterrumpidos y con los límites de duración establecidos. La prestación económica consiste en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora.

En caso de parto múltiple y de adopción o acogimiento de más de un menor, realizados de forma simultánea, se concederá un subsidio especial por cada hijo, a partir del segundo, igual al que corresponda percibir por el primero, durante el período de 6 semanas inmediatamente posteriores al parto o, cuando se trate de adopción o acogimiento, a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.

3.5.3. Riesgo durante el embarazo Son beneficiarias Las trabajadoras por cuenta ajena y socias trabajadoras de sociedades cooperativas o laborales, declaradas en situación de suspensión de contrato por riesgo durante el embarazo, siempre que reúnan los siguientes requisitos: ƒ ƒ

Estar afiliadas y en alta Tener cubierto un período de cotización de 180 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo

3.5.4. Incapacidad permanente

La prestación económica por incapacidad permanente, en su modalidad contributiva, trata de cubrir la pérdida de rentas salariales o profesionales que sufre una persona, cuando estando afectada por un proceso patológico o traumático derivado de una enfermedad o accidente, ve reducida o anulada su capacidad laboral de forma presumiblemente definitiva. Cada uno de los grados en que se clasifica la incapacidad permanente da lugar a la correspondiente prestación económica. Estas prestaciones están incluidas dentro de la acción protectora del Régimen General y de los Regímenes Especiales que integran el Sistema de la Seguridad Social, con las particularidades y salvedades que, en cada caso, se indican en el respectivo Régimen Especial. Incapacidad permanente es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de afiliación del interesado en la Seguridad Social no impedirán la calificación de la situación de incapacidad permanente, cuando se trate de personas minusválidas y con posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado en el momento de su afiliación. No será necesaria el alta médica para la valoración de la incapacidad permanente en los casos en que concurran secuelas definitivas. También lo es, la situación de incapacidad que subsista después de extinguida la incapacidad temporal por el transcurso del plazo máximo de duración de la misma, salvo en el supuesto de que, continuando la necesidad de tratamiento médico, la situación clínica del interesado hiciera aconsejable demorar la correspondiente calificación (en ningún caso, podrá rebasar los 30 meses siguientes a la fecha en que se haya iniciado la incapacidad temporal), en el cual no se accede a la situación de incapacidad permanente hasta que no se proceda a la correspondiente calificación. La incapacidad permanente habrá de derivarse de la situación de incapacidad temporal, salvo que afecte a quienes carezcan de protección en cuanto a dicha incapacidad temporal, bien por encontrarse en una situación asimilada a la de alta que no la comprenda, bien en los supuestos de asimilación a trabajadores por cuenta ajena en los que se dé la misma circunstancia, o bien en los casos de acceso a la incapacidad permanente desde la situación de no alta. En los supuestos en que se acceda a la pensión de incapacidad permanente desde una situación de alta o asimilada al alta, sin obligación de cotizar, el período de los 10 años, dentro de los cuales deba estar comprendido, al menos, una quinta parte del período de cotización exigible, se computará, hacia atrás, desde la fecha en que cesó la obligación de cotizar. En los casos a que se refiere el párrafo anterior, y respecto de la determinación de la base reguladora de la pensión, se aplicará lo establecido, respectivamente en los apartados 1, 2 y 4 del artículo 140.

Las modalidades de incapacidad permanente son las siguientes:

A) Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual

Aquella que, sin alcanzar el grado de total, ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma. Prestación: indemnización de 24 meses de la Base Reguladora Requisitos:

-

Estar afiliado, en alta o en situación asimilada al alta Tener cotizados 1800 días dentro de los 10 años anteriores a la fecha en la que se extinguió la incapacidad temporal si deriva de enfermedad común.

B) Incapacidad permanente total para la profesión habitual

Es aquella incapacidad que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta. Prestación: pensión del 55% de la base reguladora. Si es cualificada se incrementa en un 20%. Se considera cualificada si el trabajador tiene cumplidos los 55 años y no tiene empleo. Requisitos: -

-

Estar afiliado, en alta o en situación asimilada Cotización para menores de 26 años: la mitad del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió 16 años y la del hecho causante Cotización para mayores de 26 años: un cuarto del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió 20 años y el día en que se produjo el hecho causante, con un mínimo de 5 años. Un quinto del periodo de cotización exigido debe estar dentro de los 10 años inmediatamente anteriores al hecho causante. Solo se exige cotización si deriva de enfermedad común

C) Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo

Es aquella que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio. Prestación: 100% de la base reguladora En relación con la cotización previa, si deriva de enfermedad común: si el sujeto está en alta, el mismo periodo que para la incapacidad total. Si no lo está, ni tampoco en asimilada, 15 años cotizados. La quinta parte del periodo debe estar comprendida dentro de los 10 años anteriores al hecho causante.

D) Gran incapacidad Es la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos. La prestación consiste en un 150% de la base reguladora ( 50% adicional destinado a retribuir a la persona que ayude al incapacitado)

El periodo de cotización: el mismo que en incapacidad absoluta. 3.5.5. Jubilación La prestación económica por causa de jubilación será única para cada beneficiario y consistirá en una pensión vitalicia que le será reconocida al trabajador cuando, cumpliendo determinados requisitos al llega a cierta edad, cese en el trabajo o no se vaya a reincorporar al mismo. Para se beneficiario de la jubilación, el trabajador debe estar afiliado a la Seguridad Social. Los requisitos varían según el trabajador esté de alta, o situación asimilada, o no esté de alta. El trabajador afiliado en la Seguridad Social y en alta, o en situación asimilada al alta podrá acceder a la pensión de jubilación, como regla general, cuando tenga cumplidos los 65 años.

3.5.6. Prestaciones por muerte y supervivencia Son las siguientes: 1. - Auxilio por defunción: ayuda para gastos de sepelio 2. - Pensión de viudedad: Tendrá derecho a la pensión de viudedad, con carácter vitalicio, salvo que se produzca alguna de las causas de extinción que legal o reglamentariamente se establezcan, el cónyuge superviviente cuando, al fallecimiento de su cónyuge, éste, si al fallecer se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta, hubiera completado un período de cotización de quinientos días, dentro de un período ininterrumpido de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión. En los supuestos en que se cause aquélla desde una situación de alta o de asimilada al alta, sin obligación de cotizar, el período de cotización de quinientos días deberá estar comprendido dentro de un período ininterrumpido de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. En cualquier caso, si la causa de la muerte fuere un accidente, sea o no de trabajo, o una enfermedad profesional, no se exigirá ningún período previo de cotización. La cuantía de la pensión de viudedad es: •

El 52% de la base reguladora, con carácter general y efectos económicos a partir de 1-1-04.

•

El 70% de la base reguladora correspondiente siempre que, durante todo el período de percepción de la pensión, se cumplan los siguientes requisitos:

1.- Que el pensionista tenga cargas familiares. Se entiende que existen cargas familiares cuando: Conviva con hijos menores de 26 años o mayores incapacitados, o menores acogidos. A estos efectos, se considera que existe incapacidad cuando acredite una minusvalía igual o superior al 33%. o Los rendimientos de la unidad familiar, incluido el propio pensionista, divididos entre el número de miembros que la componen, no superen, en cómputo anual, el 75% del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias. o

2.- Que la pensión de viudedad constituya la principal o única fuente de ingresos, entendiendo que se cumple este requisito cuando el importe anual de la pensión sea superior al 50% del total de los ingresos del pensionista. 3.- Que los rendimientos anuales del pensionista por todos los conceptos no superen la cuantía resultante de sumar al límite que, en cada ejercicio económico, esté previsto para el reconocimiento de los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, el importe anual que, en cada ejercicio económico, corresponda a la pensión mínima de viudedad en función de la edad del pensionista. A partir de 1-1-2004, el límite de ingresos es de: ƒ ƒ

Con 65 o más años: 5.915,49 + 5.764,64 = 11.680,13 euros. Con menos de 65 años: 5.915,49 + 5.371,24 = 11.286,73 euros.

La pensión de viudedad, en cómputo anual, más los rendimientos anuales del pensionista, no pueden exceder el límite de ingresos del párrafo anterior. En caso contrario, se reducirá la cuantía de la pensión de viudedad a fin de no superar dicho límite. Los tres requisitos exigidos deben concurrir simultáneamente. La pérdida de uno de ellos motivará la aplicación del porcentaje del 52% con efectos desde el día 1 del mes siguiente a aquél en que deje de concurrir dicho requisito. •

En caso de separación judicial, divorcio o nulidad, la cuantía será proporcional al tiempo vivido en matrimonio con el fallecido.

3. - Pensión de orfandad: -

Requisitos: los mismos que en viudedad Beneficiarios: menores de 18 años o mayores de hasta 22 años, si sobrevive un progenitor o 24 si no sobrevive ninguno

4. - Pensión a favor de familiares: -

Beneficiarios: padres; abuelos; hijos; hermanos; nietos Requisitos: 500 días dentro de los 5 años anteriores si el fallecimiento se produce por enfermedad común; convivencia con el causante y a sus expensas

-

durante dos años; carencia de medios de subsistencia; sin parientes con la obligación de prestar alimentos; sin derecho a otra pensión pública. Cuantía: 20% de la Base reguladora

5. - Subsidio a favor de familiares: -

-

Beneficiarios: hijos y hermanos, mayores de 22 años, sin vinculo matrimonial, sin derecho a otra pensión, sin medios de subsistencia y sin parientes con obligación de alimentos. Cuantía: 20% Base reguladora durante 12 meses y dos pagas extraordinarias

6. - Indemnización a tanto alzado derivada de riesgo profesional, accidente laboral o enfermedad profesional: -

Beneficiarios: cónyuge, huérfanos, padres sin derecho a otras prestaciones. Cuantía: 6 mensualidades para el cónyuge; una mensualidad para los huérfanos; doce mensualidades para los padres, si sobreviven los dos y una mensualidad si sobrevive uno.

4. MUFACE Y EL SISTEMA DE CLASES PASIVAS: CONSIDERACIONES GENERALES

El mutualismo administrativo, mecanismo de cobertura del Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado integrado en el Sistema de la Seguridad Social, previsto en el párrafo b) del artículo 2 del Texto Refundido, se rige por lo dispuesto en éste, en el Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del Mutualismo Administrativo y en las demás disposiciones de aplicación y desarrollo.

4.1. CAMPO DE APLICACIÓN DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO

Quedan obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación del mutualismo administrativo: a) Los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado. b) Los funcionarios en prácticas, en la forma que se determina en el artículo 13 de este Reglamento. c) Los funcionarios especificados en los supuestos especiales de encuadramiento que se indican en el apartado 1 de la disposición adicional primera y en la disposición adicional cuarta del Texto Refundido.

d)

Los funcionarios procedentes del extinguido Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales a que se refiere el Real Decreto 2856/1978, de 1 de diciembre, y sus normas complementarias, desde el 1 de septiembre de 1979.

Pueden incorporarse opcionalmente los funcionarios mencionados en el apartado 3 de la disposición adicional primera del Texto Refundido, así como los pensionistas a que se refiere el apartado 2 de dicha disposición adicional.

Quedan excluidos de este régimen especial y se regirán por sus normas específicas: a) Los funcionarios de la Administración Local. b) Los funcionarios de organismos autónomos. c) Los funcionarios de la Administración Militar. d) Los funcionarios de la Administración de Justicia. e) Los funcionarios de la Administración de la Seguridad Social. f)

Los funcionarios de nuevo ingreso y en prácticas de las Comunidades Autónomas.

g) Los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado transferidos a las Comunidades Autónomas, que hayan ingresado o ingresen voluntariamente en cuerpos o escalas propios de la Comunidad Autónoma de destino, cualquiera que sea el sistema de acceso. h) El personal de administración y servicios propio de las universidades.

4.2. NATURALEZA DE LA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO.

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) es un organismo público, con personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión en los términos recogidos en el Texto Refundido, a quien corresponde de forma unitaria la gestión del mutualismo administrativo para los funcionarios incluidos en su campo de aplicación.

Ninguna otra entidad podrá utilizar la denominación de «Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado», ni el acrónimo MUFACE.

4.2.1. Gobierno y organización de la mutualidad

Los órganos de gobierno, administración y representación de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado son los que se establecen, en forma análoga a las entidades gestoras de la Seguridad Social, por Real Decreto, donde se determina su composición, funcionamiento y atribuciones. Igualmente, y de acuerdo con las normas sobre competencias y procedimientos en materia de organización, por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, y por orden de dicho Ministro se establecen, respectivamente, las estructuras propias de sus servicios centrales y de sus servicios periféricos.

4.3. INCORPORACIÓN A LA MUTUALIDAD

4.3.1. Mutualistas: Régimen de afiliación, altas y bajas A) Mutualistas Tienen la condición de mutualistas: a) Los funcionarios enumerados anteriormente, quienes conservarán la condición de mutualistas cuando sean declarados jubilados y reúnan los requisitos que se establecen en el artículo 9.3 del Reglamento. b) Los funcionarios que hayan pasado a ser pensionistas de jubilación a que se refiere el apartado 2 de la disposición adicional primera del Texto Refundido, en las condiciones y con los requisitos señalados en dicho apartado.

B) Incorporación a la Mutualidad: afiliación La incorporación inicial a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado es obligatoria para los funcionarios incluidos en su ámbito de aplicación desde el momento de la toma de posesión o, en su caso, desde el comienzo del período de prácticas. Dicha incorporación, de carácter único y permanente, surtirá efectos en el sistema de la Seguridad Social, sin perjuicio de las altas y bajas, así como de las variaciones que puedan producirse con posterioridad a la misma.

C) Documento de afiliación La condición de afiliado a la Mutualidad General se acredita mediante el correspondiente documento de afiliación, que será expedido por MUFACE. En el indicado documento figurarán los datos personales del funcionario que sean necesarios para su identificación como mutualista y su número de afiliación, que tiene carácter permanente y propio de este régimen especial de la Seguridad Social.

D) Altas Estarán en alta obligatoria en la Mutualidad General los funcionarios en situación de servicio activo desde el momento de la toma de posesión, bien cuando adquieran la condición de funcionario, bien cuando sean rehabilitados en dicha condición, o reingresen al servicio activo. Conservarán la condición de mutualista en alta obligatoria, con los mismos derechos y obligaciones que en la situación de servicio activo, los funcionarios cuando pasen a alguna de las siguientes situaciones: a) Servicios especiales, salvo lo dispuesto en el párrafo c) del apartado 1 y en el apartado 3 del artículo 8 del Texto Refundido. b) Servicios en Comunidades Autónomas. c) Expectativa de destino. d) Excedencia forzosa. e) Excedencia por cuidado de familiares. f)

Suspensión provisional o firme defunciones.

Igualmente, se hallarán en alta obligatoria en la mutualidad los funcionarios cuando sean declarados jubilados, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Que procedan de las situaciones administrativas a que se refieren los apartados b) a y b anteriores. c) Que hayan mantenido el alta voluntaria d) Que perciban pensión del Régimen de Clases Pasivas causada en su condición de funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de este Reglamento.

E) Baja, mantenimiento facultativo y suspensión en la situación de alta

Causan baja como mutualistas obligatorios: a)

Los funcionarios que pasen a la situación de excedencia voluntaria, en cualquiera de sus modalidades.

b) Los funcionarios que pierdan tal condición, cualquiera que sea la causa. c)

Los funcionarios que ejerciten el derecho de transferencia establecido en el artículo 11.2 del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, aprobado por el Reglamento 259/1968, del Consejo, de 29 de febrero.

d) Los funcionarios que sean afiliados obligatoriamente al Régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en aplicación de la disposición transitoria decimocuarta de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, en tanto persista la causa que dio origen a esta afiliación. No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, podrán mantener la situación de alta como mutualistas voluntarios, con igualdad de derechos, los funcionarios señalados en los párrafos a), b) y c) del apartado anterior, siempre que abonen exclusivamente a su cargo las cuotas correspondientes al funcionario y al Estado. El derecho de opción deberá ser ejercitado por el propio interesado, ante la Mutualidad General, en el plazo de un mes, a partir de la fecha de recepción de la notificación, o de la fecha de efectos si ésta fuera posterior, del acuerdo o declaración de excedencia voluntaria, de la pérdida de la condición de funcionario, o del ejercicio del derecho de transferencia establecido en el artículo 11.2 del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, aprobado por el Reglamento 259/1968, del Consejo, de 29 de febrero, causando baja, en caso de no ejercitarlo, con la misma fecha de efectos de los actos administrativos correspondientes. Si no se ejercitara el derecho de opción en el plazo señalado o se perdiera posteriormente, por renuncia o impago de las cuotas, no podrá instarse ni recuperarse la condición de mutualista con carácter voluntario. No corresponderá el derecho de opción a aquellos funcionarios que pasen a excedencia voluntaria como consecuencia del pase a otro cuerpo o escala de la Administración Civil del Estado incluido en el ámbito de aplicación de este Reglamento. Pueden optar por suspender el alta en la Mutualidad General y cesar en sus derechos y obligaciones respecto a la misma, los funcionarios indicados en el apartado 3 del artículo 8 del Texto Refundido, dejando de surtir efectos la suspensión cuando cese la situación que la motivó.

4.4.PENSIONISTAS DE JUBILACIÓN DEL SISTEMA DE DERECHOS PASIVOS Tendrán la consideración de mutualistas de carácter voluntario, con los derechos y obligaciones que se contemplan en este Reglamento, los pensionistas de jubilación que se incorporen a la mutualidad al amparo de lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional primera del Texto Refundido.

4.5. CAMBIO DE CUERPO Y AFILIACIÓN A MÁS DE UN RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL En el supuesto de que un mutualista ingrese o reingrese en otro cuerpo o escala incluido en el ámbito de aplicación de este Reglamento, mantendrá su situación de alta en la mutualidad, registrándose las variaciones inherentes a dicho cambio a efectos de la correspondiente cotización del funcionario. Cuando un funcionario ocupe varias plazas que tenga legalmente establecida su compatibilidad causará alta a través de aquella por la que perciba las retribuciones básicas. Cuando una única prestación de servicios sea causa de la inclusión obligatoria de un funcionario público en el Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado y en otro régimen del Sistema de la Seguridad Social, podrá optar, por una sola vez, por pertenecer exclusivamente al Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. Si la doble afiliación afecta a dos regímenes especiales de funcionarios podrá optar, también por una sola vez, por pertenecer a uno solo de ellos. Para la determinación de los derechos que puedan causar para sí o para sus familiares los mutualistas que pasen de este régimen especial a otro régimen de Seguridad Social o viceversa, a lo largo de su vida profesional, serán de aplicación las disposiciones vigentes sobre cómputo recíproco de cotizaciones entre los diferentes regímenes de Seguridad Social, y en especial lo dispuesto en el artículo 58 de este Reglamento, así como lo prevenido en el artículo 10 respecto al mantenimiento facultativo de la situación de alta y en el artículo 16 en caso de fallecimiento, separación, divorcio o nulidad de matrimonio del mutualista.

4.6. FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS Los funcionarios en prácticas que aspiren a ingresar en los cuerpos de la Administración Civil del Estado quedarán incluidos en el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo en las mismas condiciones que los funcionarios de carrera hasta la fecha de su toma de posesión como tales, y serán afiliados a MUFACE con efectos del día de inicio del período de prácticas, salvo que ya tuvieran la condición de mutualistas.

Los funcionarios en prácticas que no lleguen a alcanzar la condición de funcionarios de carrera causarán baja en la mutualidad, con la salvedad contemplada en el apartado anterior.

4.7. TRAMITACIÓN DE LA AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS

La afiliación se llevará a cabo de oficio y, en su defecto, a instancia del interesado. El mismo procedimiento se seguirá para las altas, bajas y cambios de situación administrativa. Los órganos competentes en materia de personal que formalicen la toma de posesión de los funcionarios de carrera incluidos en el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo, el nombramiento de funcionarios en prácticas incluidos en el mismo ámbito, así como el cambio de situación administrativa, la jubilación y, en general, los actos administrativos que alteren o modifiquen datos referidos a la afiliación a MUFACE, deberán dar cuenta inmediata a ésta de dichos actos administrativos en el plazo máximo de un mes. Los derechos y obligaciones respecto a la Mutualidad General se entenderán, en todo caso, referidos a la fecha de efectos de los actos y situaciones indicados en el apartado anterior. Las bajas se entenderán igualmente referidas a dicha fecha. Los interesados podrán promover directamente ante la Mutualidad General su afiliación, alta o baja, y comunicarán su cambio de situación administrativa o pase a la jubilación en el caso de que, por alguna circunstancia, aquéllas no hayan tenido lugar de oficio dentro del plazo establecido. La afiliación o la continuidad en situación de alta de los mutualistas voluntarios será promovida directamente ante MUFACE por los interesados.

4.8. OTROS SUJETOS ADMINISTRATIVO

PROTEGIDOS

POR

EL

MUTUALISMO

4.8.1. Beneficiarios de los mutualistas

Pueden ser incluidos como beneficiarios del mutualismo administrativo los familiares o asimilados a cargo de un mutualista en alta que, cumpliendo los requisitos, se relacionan a continuación:

a) El cónyuge del mutualista, así como la persona que conviva con el mutualista en análoga relación de afectividad a la de cónyuge con los requisitos establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social. b)

Los descendientes, hijos adoptivos y hermanos. Los descendientes e hijos adoptivos podrán serlo de ambos cónyuges o de cualquiera de ellos, y los hijos también de la persona que conviva con el mutualista en análoga relación de afectividad a la de cónyuge con los requisitos establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social. Excepcionalmente, los acogidos de hecho quedan asimilados, a estos efectos, a los familiares mencionados, previo acuerdo, en cada caso, de la Mutualidad General.

c)

Los ascendientes, cualquiera que sea su condición legal, e incluso adoptivos, tanto del mutualista como de su cónyuge, y los cónyuges por ulteriores nupcias de tales ascendientes.

d)

Cualquiera otra persona relacionada con el mutualista que se determine de acuerdo con lo dispuesto en el Régimen General de la Seguridad Social.

Los requisitos a que se alude en el apartado anterior son los siguientes: a)

Vivir con el titular del derecho y a sus expensas. No se apreciará falta de convivencia en los casos de separación transitoria y ocasional por razones de trabajo, imposibilidad de encontrar vivienda en el nuevo punto de destino y demás circunstancias similares.

b)

No percibir ingresos por rendimientos derivados del trabajo, incluidos los de naturaleza prestacional, y/o del capital mobiliario e inmobiliario, superiores al doble del salario mínimo interprofesional.

c) No estar protegidos, por título distinto, a través de cualquiera de los Regímenes que integran el sistema español de la Seguridad Social con una extensión y contenidos análogos a los establecidos en el Régimen General.

4.8.2. Beneficiarios en caso de fallecimiento, separación, divorcio o nulidad de matrimonio del mutualista En caso de fallecimiento del mutualista en alta, podrán ser beneficiarios del mutualismo administrativo los viudos y huérfanos de mutualistas, activos y jubilados, y de los funcionarios y pensionistas a que se refieren los apartados 2 y 3 de la disposición adicional tercera del Texto Refundido, si cumplen el requisito a que se refiere el párrafo c) anterior.

A efectos de lo previsto en este apartado, se consideran asimilados a los viudos quienes perciban pensión de viudedad de Clases Pasivas por haber sido cónyuges legítimos de funcionarios incluidos en el campo de aplicación del mutualismo administrativo, y equiparado al huérfano el hijo menor de edad o mayor incapacitado que haya sido abandonado por padre o madre mutualista. Igualmente, podrán conservar la condición de beneficiarios del mutualismo administrativo, con el mismo requisito mencionado en el apartado anterior, el cónyuge que viva separado de un mutualista en alta o cuyo matrimonio haya sido declarado nulo o disuelto por divorcio, y los hijos que convivan con aquél.

4.8.3. Reconocimiento y mantenimiento del derecho de los beneficiarios El reconocimiento de la condición de beneficiario compete a la Mutualidad General. La petición de reconocimiento de la condición de beneficiario de los familiares o asimilados que tuviera a su cargo el titular del derecho se formulará por él mismo al tiempo de la afiliación o alta inicial o sucesivas altas, o en cualquier momento posterior cuando desee incluir a un nuevo beneficiario. Los requisitos para ser beneficiario a que se refiere esta sección deben poseerse en el momento del reconocimiento del derecho y mantenerse durante todo el tiempo para conservar dicha condición. El derecho se extinguirá cuando deje de cumplirse alguno de los requisitos exigidos para ser beneficiario o por renuncia, fallecimiento y, en todo caso, cuando se extinga el del titular del que derive, salvo que, por fallecimiento del mutualista, quede subsistente según lo previsto en este Reglamento. Las variaciones de las circunstancias familiares que afecten al derecho de los beneficiarios deberán ser comunicadas por los mutualistas o asimilados a la Mutualidad General dentro del mes siguiente a la fecha en que se produzcan. Si la variación conllevara la baja de un beneficiario, los gastos que se originen a la mutualidad por su mantenimiento como tal por encima del plazo señalado serán considerados, salvo causa justificada, como indebidos. La Mutualidad General podrá comprobar el grado de parentesco y demás circunstancias de los beneficiarios por cualquier medio admitido en derecho y, especialmente, a través del Registro Civil, Padrón Municipal u organismo competente, que expedirán gratuitamente las informaciones o certificaciones que procedan.

4.9. INCOMPATIBILIDADES La condición de beneficiario en el ámbito del mutualismo administrativo resulta incompatible para la persona que la posea con:

a)

Un nuevo reconocimiento o mantenimiento de esa misma condición a título derivado de otro mutualista en el mismo ámbito.

b) La condición de mutualista obligatorio. c) La pertenencia a otro régimen del Sistema de la Seguridad Social, ya sea como titular o beneficiario. La incompatibilidad será absoluta en los casos de pertenencia a título propio al mutualismo administrativo o a otro régimen del Sistema de la Seguridad Social. Sin embargo, la persona que pudiera tener la condición de beneficiario a título derivado de más de un mutualista en el ámbito del mutualismo administrativo, o que pudiera tener esa condición, tanto en dicho ámbito como en otro régimen del Sistema de la Seguridad Social, deberá ejercitar su opción de inclusión respecto de un solo titular del derecho.

4.10. NORMAS GENERALES DE LA ACCIÓN PROTECTORA 4.10.1. Régimen de las prestaciones A) Normas reguladoras La acción protectora del mutualismo administrativo y los requisitos y condiciones exigidos para causar derecho a las prestaciones que la misma comprende se regirán por lo establecido en el Texto Refundido, en este Reglamento y en las demás disposiciones para su aplicación y desarrollo.

B) Contingencias protegidas Los mutualistas y, en su caso, los familiares y asimilados a su cargo, quedan concretamente protegidos, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido y en este Reglamento, en las siguientes contingencias: a) Necesidad de asistencia sanitaria. b) Incapacidad temporal, derivada, bien de enfermedad común o profesional, bien de accidente común o en acto de servicio o como consecuencia de él. c) Incapacidad permanente en los mismos supuestos del párrafo anterior. d) Cargas familiares.

C) Prestaciones Las prestaciones a que tienen derecho los mutualistas o sus beneficiarios, cuando se encuentren en los supuestos de hecho legalmente establecidos, son las siguientes: a) Asistencia sanitaria. b) Subsidios por incapacidad temporal y por riesgo durante el embarazo. c)

Prestaciones recuperadoras por incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez.

d)

Prestación para la remuneración de la persona encargada de la asistencia del gran inválido.

e)

Indemnizaciones por lesiones, mutilaciones o deformidades causadas por enfermedad profesional o en acto de servicio o como consecuencia de él.

f)

Servicios sociales.

g) Asistencia social. h) Prestaciones familiares por hijo a cargo minusválido. i)

Ayudas económicas en los casos de parto múltiple.

D) Caracteres de las prestaciones Las prestaciones que comprende la acción protectora del mutualismo administrativo no podrán ser objeto de retención, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3 de este artículo, cesión total o parcial, compensación o descuento, salvo en los dos casos siguientes: a) En orden al cumplimiento de las obligaciones alimenticias a favor del cónyuge e hijos. b)

Cuando se trate de obligaciones contraídas por el beneficiario dentro del mutualismo administrativo.

En materia de embargo, se estará a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las percepciones derivadas de la acción protectora del Mutualismo administrativo estarán sujetas a tributación en los términos establecidos en las normas reguladoras de cada impuesto.

4.11. EL SISTEMA DE CLASES PASIVAS Se entienden que son las clases pasivas aquellos funcionarios que, extinguida la relación funcionarial, perciben pensiones legalmente establecidas. Su regulación fundamental se encuentra en el Real Decreto Legislativo 670/87, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. La protección dispensada se refiere a las pensiones que causen en su favor o en el de sus familiares los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado, de las Cortes Generales, de la Administración de Justicia, así como el personal militar y asimilado de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

TEMA 11 LAS RELACIONES ADMINISTRACIÓN-CIUDADANOS

LAS RELACIONES ADMINISTRACIÓN-CIUDADANOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES. LA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS Y COMUNICACIONES Y LOS REGISTROS DE DOCUMENTOS. CONCEPTOS DE PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN, ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS.

1. LAS RELACIONES ADMINISTRACIÓN-CIUDADANOS ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

EN

LA

1.1. REGULACIÓN NORMATIVA

En el ámbito autonómico andaluz, la regulación principal de esta materia se encuentra recogida en las siguientes normas: -

Ley 6/1983, 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

-

Decreto 57/ 1983, 9 de marzo, de creación de la Oficina de Información de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

-

Decreto 260/1988, 2 de agosto, sobre racionalización administrativa de la Junta de Andalucía.

-

Decreto 262/ 1988, 2 de agosto, por el que se establece el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía.

-

Decreto 204/1995, 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos.

-

Decreto 146/1998, 7 de julio, por el que se regulan las bases de creación, organización y funcionamiento de las Oficinas de respuesta unificada para las pequeñas y medianas empresas. (O.R.U.)

Sin embargo, hemos de tener en cuenta lo establecido en la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, aplicable en nuestra Comunidad debido a su carácter de norma básica derivada del artículo 149.1.18. de la Constitución. En concreto, el artículo 35 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, establece que los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos: -

A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos.

-

A identificar 1[1] a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

-

A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento. Se regula en el artículo 70 de la misma ley. En este sentido, indica el apartado 3 del citado artículo que de las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados en las oficinas de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha de presentación, admitiéndose como tal una copia en la que figure la fecha de presentación anotada por la oficina.

-

A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en la Ley y en el resto del Ordenamiento Jurídico. Se desarrolla en el artículo 36 de la misma ley. En este sentido:

La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.

1[1] La identificación de las autoridades y el personal al servicio de la Junta de Andalucía, se encuentra regulado en la Resolución de 7 de junio de 1993, de la Secretaría General para la Administración Pública.

En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. La Administración pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción. -

A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. El derecho a aportar documentos en el procedimiento administrativo se regula en el artículo 79 de la misma ley. En este sentido:

Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución. En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria. -

A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante. En la Administración de la Junta de Andalucía, el ejercicio de este último derecho se realiza indicando el órgano en el que fueron presentados o por el que fueron emitidos, la fecha de presentación o emisión y el procedimiento al que correspondan, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización de éste, y sin perjuicio de la apertura de un periodo probatorio cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos de que se trate.

-

A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

-

Al acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas en los términos previstos en la Constitución y en ésta u otras Leyes. Se regula, con carácter básico en los artículos 37 y 38 de la mimas ley.

-

A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

-

A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente.

-

Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes.

2.

LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

2.1. REGULACIÓN NORMATIVA En el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía la regulación principal la encontramos en las normas siguientes:

1.

Decreto 204/1995, 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos.

2.

Decreto 57/ 1983, 9 de marzo, de creación de la Oficina de Información de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN La información es un medio para dar a conocer a otra persona, en este caso un ciudadano, datos que requiere conocer. Por ello, debemos ser rigurosos en el modo de prestarla, de forma que sus necesidades queden cubiertas, o al menos derivadas hacia el lugar concreto donde la podrá hallar. Las características principales son: -

Debe ser clara y sucinta.

-

Debe ser suministrada del modo más claro para su comprensión.

-

Debe ser suministrada en la forma prevista por la normativa aplicable, no revelando datos que no corresponde saber a personas no interesadas.

-

Tiene exclusivamente carácter ilustrativo. Ello quiere decir que de la emisión de información no pueden, en ningún caso, derivarse derechos ni expectativas para quien la recibe. De otra parte significa que la información no puede nunca entrañar interpretación de normas jurídicas, sino limitarse, exclusivamente, a ilustrar una necesidad informativa.

-

Siempre se entenderá referida al ordenamiento jurídico o a hechos o situaciones ya producidas.

-

No puede lesionar de ningún modo derechos o intereses de los solicitantes.

2.3. CLASES DE INFORMACIÓN La información, fundamental instrumento de comunicación entre los ciudadanos y la Administración para el logro de los objetivos de cercanía y transparencia administrativa, se puede organizar desde diferentes puntos de vista. 2.3.1. Información descendente y ascendente En función del órgano que solicita o facilita la información, nos encontramos con información descendente o información ascendente. La información descendente es la suministrada por la Administración a los ciudadanos. La información ascendente es la facilitada por los ciudadanos a la Administración. 2.3.2. Información general y particular Hace referencia a la información suministrada. En este sentido, se clasifica en información administrativa general e información administrativa particular.

A) Información administrativa general La información administrativa general es la que sirve de orientación a los ciudadanos. Su objeto es facilitar datos sobre el acceso a los servicios públicos. Por tanto, en este grupo deberemos entender incluidas, entre otras, todas aquellas consultas cuyos objetos sean: -

Fines, competencias y funcionamiento de los órganos y unidades.

-

Servicios públicos.

-

Requisitos jurídicos, técnicos o administrativos para realizar actuaciones.

-

Unidades responsables de la tramitación de procedimientos.

-

Información sobre procedimientos vigentes.

-

Localización de dependencias.

Para prestar este tipo de información no se solicita del ciudadano ningún tipo de identificación.

2.3.3. La información administrativa general en la Junta de Andalucía La información se prestará sin ningún tipo de demora o restricciones sobre el tiempo de respuesta, medio de comunicación o soporte elegido por el solicitante, (siempre que se encuentre a disposición del centro que debe emitir la información). El suministro de información será realizado por los centros directivos, encargados por tanto de producir, actualizar y remitir, periódicamente y con antelación suficiente, toda la información de base que sea necesaria para cubrir las necesidades de los centros o unidades de información. Existirá un tablón de anuncios en todos los servicios centrales y periféricos de las Consejerías y Organismos Autónomos. Deberá colocarse en un lugar accesible al público y destacado, de forma que atraiga la atención y su contenido resulte fácilmente legible. El tablón será el lugar de ubicación de la información general que deba ponerse en conocimiento de los ciudadanos. En cuanto al sujeto que debe prestar la información, corresponde realizarla a las unidades o puestos de trabajo que singularmente puedan existir para ello en cada dependencia o centro. En su defecto le corresponderá a aquel personal que la autoridad responsable designe. Por otra parte, y sin perjuicio de las funciones de información que tengan que desarrollar los distintos centros directivos, existe una Oficina de Información Administrativa, creada por Real Decreto 53/1983, 9 de marzo. Dichas oficinas existen en cada una de las provincias andaluza. Son las encargadas de realizar las siguientes funciones: -

Facilitar información administrativa general acerca de los fines, competencias y funciones de los organismos y servicios.

-

Información sobre la localización y sede de las dependencias y organismos, así como de sus horarios.

-

Recepción de visitantes, orientándoles sobre las gestiones que precisen realizar.

-

Recibir y tramitar sugerencias o iniciativas.

-

Recibir y tramitar las reclamaciones o quejas sobre el funcionamiento de los servicios administrativos.

-

Recibir, y realizar los asientos registrales, de todo escrito, comunicación u oficio que se presente en sus dependencias procediendo a remitirlo a la dependencia, servicio o sección a la que corresponda.

-

Realizar cuantas otras funciones les sean encomendadas.

Las funciones señaladas pueden ser prestadas por las Oficinas de Información Administrativa de forma directa, mediante atención telefónica o por Internet.

A) Información administrativa particular La información administrativa particular, es la que facilita el ejercicio de los derechos e intereses individuales, concretos, en los que tienen una condición de interesados, entre otros ejemplos podemos citar: -

Conocer el estado de tramitación de un procedimiento en el que tienen la condición de interesados.

-

Solicitar información sobre la identificación de las autoridades, bajo cuya responsabilidad se tramitan procedimientos en los que tengan la condición de interesados.

-

Solicitar información sobre el contenido de informes que les afecte en su condición de interesados.

Para facilitar este tipo de información es siempre necesario solicitar la identificación al sujeto que la solicite, ya que lo contrario puede dar lugar a informar a otras personas sobre derechos e intereses legítimos del interesado, a los que no tiene acceso ningún otro ciudadano. La información administrativa particular en la Administración de la Junta de Andalucía Corresponde su realización a las Jefaturas de Servicio u órganos asimilados con responsabilidad en materia de procedimiento. La información particular podrá prestarse por medio de entrevistas personales, cuando así se solicite o en el caso de que la confidencialidad o complejidad de la información lo requiera, pero siempre que se acuerde así con el solicitante. Las entrevistas se programarán a través de horarios de citas previas. En ningún caso pueden suponer demora u obstáculo al ejercicio efectivo de los derechos de los ciudadanos.

B) Características de la información La información es un medio para dar a conocer a otra persona, en este caso un ciudadano, datos que requiere conocer. Por ello, debemos ser rigurosos en el modo de prestarla, de forma que sus necesidades queden cubiertas, o al menos derivadas hacia el lugar concreto donde la podrá hallar.

Las características principales son: -

Debe ser clara y sucinta.

-

Debe ser suministrada del modo más claro para su comprensión.

-

Debe ser suministrada en la forma prevista por la normativa aplicable, no revelando datos que no corresponde saber a personas no interesadas.

-

Tiene exclusivamente carácter ilustrativo. Ello quiere decir que de la emisión de información no pueden , en ningún caso, derivarse derechos ni expectativas para quien la recibe. De otra parte significa que la información no puede nunca entrañar interpretación de normas jurídicas, sino limitarse, exclusivamente, a ilustrar una necesidad informativa.

-

Siempre se entenderá referida al ordenamiento jurídico o a hechos o situaciones ya producidas.

-

No puede lesionar de ningún modo derechos o intereses de los solicitantes.

3. SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 3.1. REGULACIÓN NORMATIVA Las normas relacionadas con esta materia son: -

Decreto 262/1988, 2 de agosto, por el que se crea el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía.

-

Decreto 204/1995, 29 de agosto, por el que se modifica el Decreto anterior.

-

Orden de la Consejería de Gobernación 2 de mayo de 1989.

3.2. CONCEPTOS Se entiende por sugerencia cualquier iniciativa de los ciudadanos dirigida a la Administración, en la que indiquen las medidas que se podrían adoptar en orden a mejorar el funcionamiento de los servicios. Se entiende por reclamación la queja o denuncia presentada por cualquier persona, ya sea natural o jurídica que, en sus relaciones con la Administración considere que ha sido objeto de desatención, tardanza o cualquier otra anomalía consecuencia de un supuesto mal funcionamiento de los servicios.

3.3. EL LIBRO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 3.3.1. Finalidad Tienen por objeto facilitar la presentación de las sugerencias y reclamaciones que los ciudadanos estimen oportuno sobre el funcionamiento de los servicios y unidades dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía.

3.3.2. Localización Se encuentra, sin perjuicio de su ubicación en otras dependencias en las que se estime oportuno, en los Registros Generales de: -

Las Consejerías de la Junta de Andalucía.

-

Las Delegaciones provinciales.

3.3.3. Composición Anteriormente, el Libro estaba compuesto por 50 juegos de hojas, encuadernadas y numeradas del 01 al 50, constando cada juego de original y tres copias. Actualmente, el Libro de Sugerencias y Reclamaciones está formado por copias numeradas de la documentación en la que se halla formulado la sugerencia o la queja. Existen juegos separados y completos de hojas de reclamaciones, confeccionadas con papel autocopiativo.

3.3.4. Procedimiento

A) Reglas generales Las denuncias formuladas no tendrán en ningún caso, la consideración de recursos administrativos. No paralizarán los plazos establecidos en la normativa vigente para interponerlos. Los interesados además de la denuncia que presenten en el Libro, podrán interponer las reclamaciones y recursos que estimen convenientes. El procedimiento de resolución de sugerencias y reclamaciones, tiene las siguientes fases: -

Presentación

-

Tramitación

A.1. Presentación Podrán presentar denuncias en el Libro de Sugerencias y Reclamaciones, las personas naturales o jurídicas que en sus relaciones con la Administración Autonómica consideren que han sido objeto de desatención, tardanza o cualquier otra anomalía consecuencia de un supuesto mal funcionamiento de los servicios de la misma. En el mismo Libro las personas naturales o jurídicas que lo deseen podrán hacer constar sus sugerencias para mejorar la eficacia del servicio.

A.2. Otras formas de presentación También existe la posibilidad de presentar reclamaciones y sugerencias mediante terminales “videotex”, accediendo a través del Centro Servidor Videotex de la Junta de Andalucía. Podrá presentarse asimismo, en los siguientes lugares, en el caso de que la denuncia sea reiteración de otras anteriores: -

En el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la oficina de registro de la Consejería de Justicia y Administración Pública, en el caso de que afecte a los servicios centrales.

-

En el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la oficina de registro de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, en el caso de que afecte a servicios periféricos.

A.3. Tramitación Los pasos para realizar la tramitación son los siguientes: -

Una vez formalizada, la unidad de registro procederá a diligencias los apartados correspondientes a la Administración, sellando todas las hojas con el sello del registro.

-

Se entregará una copia al interesado.

Una vez realizado el trámite anterior: -

Si se formaliza en el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la oficina de registro de la dependencia directamente afectada, ésta deberá dar traslado inmediato del original al responsable de la misma y remitir copia simultáneamente al Inspector Provincial de Servicios de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia o a la Inspección General de Servicios cuando la dependencia afectada sea de los servicios centrales.

-

Si se formaliza en el Libro de Sugerencias y Reclamaciones del registro general de alguna de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, éste la enviará al Inspector Provincial de Servicios, el cual procederá, en el caso de que la dependencia afectada corresponda a servicios periféricos, a remitir el original a la dependencia afectada, y archivando una copia para la inspección. En el caso de que la dependencia afectada sea de los servicios centrales, remitirá el original y la copia a la Inspección, que a su vez. remitirá el original a la dependencia afectada.

-

Si se formaliza en el Libro de Sugerencias y Reclamaciones del registro general de la Consejería de Justicia y Administración Pública, éste la enviará a la Inspección General de los Servicios, que a su vez., remitirá el original a la dependencia afectada.

-

Una vez recibida la denuncia en la dependencia afectada, en el plazo de 15 días deberá informar al órgano directivo del que dependa, pudiendo previamente recabar del interesado cuantas aclaraciones estime oportunas.

-

El centro directivo del que dependa la dependencia afectada notificará al denunciante las actuaciones realizadas y las medidas adoptadas en su caso, dando traslado del informe evacuado y de la notificación al interesado al órgano periférico o central de la Inspección General de los Servicios.

-

En el caso de que de la denuncia presentada se puedan deducir indicios de anormal funcionamiento de los servicios, el Inspector Provincial lo pondrá en conocimiento del Inspector General Coordinador, que ordenará la práctica de las actuaciones procedentes.

-

El resultado de las mismas y el texto de la denuncia, será remitido por el Consejero de Justicia y Administración Pública al Consejero que en cada caso corresponda.

4. LA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS Y COMUNICACIONES REGISTROS DE DOCUMENTOS

Y LOS

La aportación más trascendental y positiva de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común es la consagración de una serie de derechos del ciudadano en sus relaciones con las Administraciones públicas, que se reflejan en el propio texto legal. Entre tales derechos destaca, por su importancia, el reconocido en el artículo 35.c) de la citada Ley en cuanto faculta a los ciudadanos a obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.

A ello debe añadirse la previsión que efectúa el artículo 70 acerca de la expedición por las Administraciones de recibos de las solicitudes, escritos y comunicaciones presentados por los ciudadanos y la posibilidad, consagrada por el artículo 46, de que los órganos que reglamentariamente tengan atribuida tal competencia en cada Administración pública, expidan copias auténticas de documentos públicos y privados, lo que constituye una de las novedades más reseñables de la Ley 30/1992. Todas estas previsiones, junto con la nueva regulación de los lugares de presentación de documentos en el artículo 38, configuran los pilares básicos del marco en el que ha de desarrollarse en buena medida la participación de los ciudadanos en la tramitación de los procedimientos y actuaciones de la Administración que les atañen. Precisamente este último precepto ha sido objeto de una importante modificación operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, que introduce en el texto un nuevo apartado 5 en el que, por una parte se dispone expresamente que las copias de documentos que deban efectuarse para satisfacer los derechos reconocidos a los ciudadanos en el artículo 35.c) deberán expedirse no sólo por los registros de los órganos administrativos a los que se dirijan, sino también por los de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas o a la de alguna de las entidades que integran la Administración local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio; y, por otro lado, se distinguen con claridad dos supuestos sustancialmente diferentes: la emisión de copias de documentos que deben remitirse al órgano destinatario junto con la solicitud, escrito o comunicación al que acompañan, devolviéndose el original al ciudadano y la de aquéllas que, por el contrario, deben entregarse a éste, cuando el original deba obrar en el procedimiento.

4.1. PRESENTACIÓN DE ESCRITOS, SOLICITUDES Y COMUNICACIONES 4.1.1. Lugares de presentación

A) Normas Generales Los ciudadanos tienen derecho a presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones que dirijan a los órganos de cualquier Administración pública o de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ellas, así como la documentación complementaria que acompañen a aquéllas, en cualquiera de los siguientes lugares: -

En las oficinas de registro del órgano administrativo al que se dirijan.

-

En las oficinas de registro de cualquier órgano administrativo perteneciente a la Administración General del Estado, o de los Organismos públicos vinculados o dependientes de aquélla.

-

En las oficinas de registro de cualquier órgano administrativo perteneciente a la Administración Autonómica.

-

En los registros de las entidades que integran la Administración local, siempre que previamente se haya suscrito el correspondiente convenio.

-

En las oficinas de correos, en la forma establecida reglamentariamente.

-

En las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero.

-

En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones públicas se establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen su compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que se presenten en cualquiera de los registros.

B) Presentación en la Administración de la Junta de Andalucía En el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, los escritos, solicitudes y comunicaciones dirigidas a la misma puede presentarse en: -

El registro de cualquier órgano de la Administración autonómica.

-

En los lugares señalados en el apartado anterior.

-

En los registros de cualquier 2[2] Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

-

Por medio de telefax, y otros medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en los casos en que las normas reguladoras no exijan su presentación de documentos originales, copias auténticas de documentos o la firma original y siempre que esté previsto como medio de comunicación y el registro correspondiente disponga de equipo autorizado por la Consejería de Justicia y Administración Pública. En el caso de que se pretenda la utilización de otros medios electrónicos, informáticos o telemáticos, será necesaria la aprobación reglamentaria por el órgano competente en el procedimiento, previo informe de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

-

En los buzones de documentos, una vez cerradas al público las oficinas de registro hasta las 24 horas de todos los días hábiles. La presentación de estos documentos se registrará de acuerdo con el día en que fueron depositados. Para ello, el Jefe de Servicio, los Secretarios generales de las Delegaciones del

2[2] El Real Decreto 204/1995, 29 de agosto, impone a los Ayuntamientos la obligación de aceptar la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones, sin necesidad de que se establezca el oportuno convenio señalado en la LRJ-PAC.

Gobierno, o sus delegados, deben levantar acta de todos los documentos que se hayan presentado en el día hábil anterior. Se encuentran en la Consejería de Justicia y Administración Pública y en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía. -

En los registros de las Oficinas de Respuesta Unificada 3[3] (O.R.U.)

-

Por medio de Internet en los procedimientos habilitados al efecto

4.1.2. Medios de presentación La presentación de solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos en cualquiera de los lugares previstos se podrá efectuar por los siguientes medios: -

En soporte papel.

-

Por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, y telemáticas

4.1.3. Efectos de la presentación La fecha de entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración producirá efectos en cuanto al cumplimiento de los plazos de los ciudadanos. La fecha de entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones en las oficinas de registro del órgano competente para su tramitación producirá como efecto el inicio del cómputo de los plazos que haya de cumplir la Administración, y en particular del plazo máximo para notificar la resolución expresa.

4.1.4. Modelos y sistemas normalizados de solicitud Cuando se estime conveniente para facilitar a los ciudadanos la aportación de los datos e informaciones requeridos o para simplificar la tramitación del correspondiente procedimiento, el órgano competente para su instrucción o resolución podrá establecer modelos normalizados de solicitud. En todo caso, deberán establecerse tales modelos cuando concurra la circunstancia señalada en el artículo 70.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los modelos a los que se refiere el apartado anterior podrán integrarse en sistemas normalizados de solicitud que permitan la transmisión por medios telemáticos de los 3[3] Las Oficinas de Respuesta Unificada, fueron creadas como consecuencia de la aplicación del Pacto por el Empleo y el desarrollo económico de Andalucía y el IV Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, para participar en la tramitación de todos los procedimientos para la puesta en marcha y funcionamiento de las iniciativas de actividades económicas o generadoras de empleo u ocupación de las PYMEs,( pequeñas y medianas empresas) así como de las instalaciones o establecimientos necesarios para desarrollarlas. Sus bases de creación, organización y funcionamiento, se regulan en el Decreto 146/1998, 7 de julio. Existen una en cada una de las provincias andaluzas, y están adscritas a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Tienen consideración de Oficinas de Información Administrativa, Registros auxiliares de los documentos de los órganos provinciales afectados y Unidades administrativas gestoras.

datos e informaciones requeridos siempre que se garantice el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.1.5. Recibos de presentación Para la eficacia de los derechos reconocidos a los ciudadanos, éstos podrán acompañar una copia de los documentos que presenten junto con sus solicitudes, escritos y comunicaciones. Dicha copia, previo cotejo con el original por cualquiera de los registros, será remitida al órgano destinatario devolviéndose el original al ciudadano. Cuando el original deba obrar en el procedimiento, se entregará al ciudadano la copia del mismo, una vez sellada por los registros mencionados y previa comprobación de su identidad con el original. En el caso de que no se presente copia junto con el documento, solicitud o escrito, y siempre que lo solicite el interesado, se emitirá certificado de presentación. La expedición de los recibos acreditativos de la fecha de presentación de cualquier solicitud, escrito o comunicación, a los que se refiere el artículo 70.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se efectuará en el mismo momento de la presentación de la solicitud, escrito o comunicación. Cuando la solicitud, escrito o comunicación esté en soporte papel y la presentación se efectúe por el ciudadano o su representante acompañando una copia, el recibo consistirá en la mencionada copia en la que se hará constar el lugar de presentación, así como la fecha. Cuando el ciudadano efectúe la presentación a través de soportes, medios o aplicaciones informáticas, electrónicas o telemáticas, el recibo se expedirá de acuerdo con las características del soporte, medio o aplicación y deberá reunir los requisitos expresados en los apartados anteriores. Podrán hacerse efectivas además de por otros medios, mediante giro postal o telegráfico, o mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente, cualesquiera tributos que haya que satisfacer en el momento de la presentación de solicitudes y escritos a las Administraciones públicas.

4.1.6. Los Registros de documentos

A) Reglas generales

Se recogen en la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículo 38: -

Los órganos administrativos llevarán un registro general en el que se hará el correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado o que se reciba en cualquier unidad administrativa propia. También se anotarán en el mismo, la salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o particulares.

-

Los órganos administrativos podrán crear en las unidades administrativas correspondientes de su propia organización otros registros con el fin de facilitar la presentación de escritos y comunicaciones. Dichos registros serán auxiliares del registro general, al que comunicarán toda anotación que efectúen.

-

Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los escritos y comunicaciones, e indicarán la fecha del día de la recepción o salida.

-

Concluido el trámite de registro, los escritos y comunicaciones serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.

-

Los registros generales, así como todos los registros que las Administraciones públicas establezcan para la recepción de escritos y comunicaciones de los particulares o de órganos administrativos, deberán instalarse en soporte informático.

-

El sistema garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra.

-

Asimismo, el sistema garantizará la integración informática en el registro general de las anotaciones efectuadas en los restantes registros del órgano administrativo.

-

Cada Administración pública establecerá los días y el horario en que deban permanecer abiertos sus registros, garantizando el derecho de los ciudadanos a la presentación de documentos.

-

Las Administraciones públicas deberán hacer pública 4[4] y mantener actualizada 5[5] una relación 6[6] de las oficinas de registro propias 7[7] o

4[4] La relación de oficinas de registro de la Junta de Andalucía se publica una vez al año en el B.O.J.A. y estar expuesta en los tablones de anuncios de los órganos que cuenten con registros generales. 5[5] Las Consejerías de la Junta de Andalucía deben comunicar a la Secretaría General para la Administración Pública todas las variaciones que se produzcan en sus oficinas de registro general. Los titulares de los centros directivos deberán comunicar asimismo, su denominación, ubicación, horarios de atención al público y los medios de acceso y comunicación.

concertadas, sus sistemas de acceso y comunicación, así como los horarios de funcionamiento.

En desarrollo de la normativa básica estatal citada anteriormente, la Junta de Andalucía dictó el Decreto 204/1995, 29 de agosto.

B) Clases de registros Los Registros se clasifican en dos tipos: registros generales y registro auxiliares.

B.1) Registros generales Tienen la consideración de oficina de registro general aquellas que ejercen funciones de recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones para uno o varios órganos administrativos. Todo órgano administrativo tendrá asignada una única oficina de registro general, sin perjuicio de que ésta tenga tal carácter para varios órganos administrativos. Existen en los servicios centrales y en las delegaciones, direcciones o gerencias provinciales, y en aquellos grandes centros administrativos en los que se prevea de forma expresa.

B.2.) Registros auxiliares Tienen la consideración de oficinas de registro auxiliares aquellas que, ejerciendo idénticas funciones y para los mismos órganos administrativos que la oficina de registro general, se encuentran situadas en dependencias diferentes de aquélla. De cada oficina de registro general podrán depender varias oficinas de registro auxiliares.

6[6] En este sentido, se dictó la Resolución de 5 de abril de 1994, de la Secretaría General para la Administración Pública por la que se hace pública la relación de oficinas de registro generales. 7[7] La anterior resolución establece la obligación de que en cada registro general, deberá existir una relación de oficinas de registro general y la relación de todos los registros auxiliares de documentos dependientes de ella en la que se especifique su localización, sistemas de acceso y tipos de documentos que pueden ser presentados.

Las oficinas de registro auxiliares remitirán copia de la totalidad de los asientos que practiquen a la correspondiente oficina de registro general, siendo esta última la que ejerce las funciones de constancia y certificación en los supuestos de litigios, discrepancias o dudas acerca de la recepción o remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

C) Funciones comunes Las oficinas de registro, tanto de carácter general como de carácter auxiliar, desarrollan las siguientes funciones: -

La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a cualquier órgano o entidad de cualquier Administración pública.

-

La expedición de recibos de la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.

-

La anotación de asientos de entrada o salida de las solicitudes, escritos y comunicaciones; de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

-

La remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones a las personas, órganos o unidades destinatarias; de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

-

La expedición de copias selladas de los documentos originales que los ciudadanos deban aportar junto con una solicitud, escrito o comunicación así como el registro de dicha expedición.

-

La realización de cotejos y la expedición de copias compulsadas de documentos originales aportados por los interesados.

-

Cualesquiera otras que se les atribuyan legal o reglamentariamente.

D) Soporte informático Los registros generales, así como todos los registros que las Administraciones Públicas establezcan para la recepción de escritos y comunicaciones de los particulares o de órganos administrativos, deberán instalarse en soporte informático.

El sistema garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra. Asimismo, el sistema garantizará la integración informática en el registro general de las anotaciones efectuadas en los restantes registros del órgano administrativo. En el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, la aplicación informática que lo soporte, deberá estar autorizada por la Consejería de Justicia y Administración Pública.

E) Organización de las oficinas de registro Cada uno de los Registros de documentos consta de dos secciones. En una de ellas, se realizarán los asientos de los documentos, solicitudes y escritos recibidos. En la otra se asentarán los emitidos para otros órganos así como los dirigidos a particulares.

F) Operaciones a realizar Las operaciones a realizar son las siguientes: a) Sobre el escrito se estampará el sello de registro correspondiente, de recepción o de salida, así como la fecha y el número de registro de la serie que le corresponda. Debe existir una serie para los recibidos y otra para los emitidos. b) La asignación del número debe ser correlativa en su serie y respetar el orden de presentación o emisión. c) La estampación debe realizarse en el espacio reservado para ello o en la primera hoja del escrito, donde no dificulte la lectura de su contenido, pudiendo ser sustituida por una impresión mecánica que recoja, como mínimo, la misma información que el sello. d)

Los controles internos no pueden producir nuevos estampillados de sellos o impresión mecánica de los mismos.

e) En el caso de que el escrito vaya acompañado de copia, se estampará sobre ésta el sello, la fecha, y en caso de requerimiento, la hora de presentación. f)

En el caso de que la copia no se acompañe, siempre que se solicite por el interesado, se emitirá certificación de la presentación.

Posteriormente se realizará el asiento registral, que, en el caso de los escritos recibidos, debe comprender: -

Fecha de presentación o de entrada, en su caso.

-

Unidad u órgano de destino.

-

Epígrafe expresivo de su naturaleza.

-

Interesado u órgano remitente.

-

Descripción sucinta del asunto.

-

Órgano donde fue presentado.

-

Hora de presentación.

-

Forma de presentación.

-

Número de registro de recepción.

En el caso de los escritos emitidos debe comprender: -

Fecha de salida.

-

Interesado u órgano de destino.

-

Epígrafe expresivo de su naturaleza.

-

Descripción sucinta del asunto.

-

Forma de salida.

-

Número de registro de salida.

Una vez realizado el asiento, se procederá de la siguiente forma: -

Los escritos recibidos se remitirán directamente, sin dilación, a las unidades que tengan que tramitarlos. En el caso de que no se puedan identificar se remitirán al responsable del órgano, del centro directivo o al que éste designe.

-

Si están dirigidas a un órgano ajeno al registro, se remitirá dentro de las 24 horas siguientes a su órgano de destino, acompañados de la relación de los documentos que se envían.

Los escritos emitidos se cursarán sin dilación a sus destinatarios. G) Operaciones a realizar en el caso de emisión y recepción de documentos por telefax o medios informáticos. En estos casos, se procede de la manera siguiente. -

En el caso de que se trate de emisión de documentos, se extenderá diligencia expresiva del resultado de la emisión unida al escrito emitido, que se archivará en el expediente.

-

En el caso de que se trate de que los interesados soliciten la realización de notificaciones por este medio, junto al documento de notificación, se le adjuntará recibo de su recepción, que deberá ser cumplimentado, rubricado y enviado en el plazo de dos días al registro del órgano emisor para su incorporación al expediente. Si transcurre este plazo sin que el interesado remita dicho recibo, se cursará notificación por los medios ordinarios.

H) Acceso de los ciudadanos Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen o el tipo de soporte material en que figuren, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud.

H.1) Acceso reservado El acceso a los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas estará reservado a éstas, que, en el supuesto de observar que tales datos figuran incompletos o inexactos, podrán exigir que sean rectificados o completados, salvo que figuren en expedientes caducados por el transcurso del tiempo, conforme a los plazos máximos que determinen los diferentes procedimientos, de los que no pueda derivarse efecto sustantivo alguno. El acceso a los documentos de carácter nominativo que sin incluir otros datos pertenecientes a la intimidad de las personas figuren en los procedimientos de aplicación del derecho, salvo los de carácter sancionador o disciplinario, y que, en consideración a su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos de

los ciudadanos, podrá ser ejercido, además de por sus titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo y directo.

H.2) Denegación de acceso El ejercicio de los derechos que establecen los apartados anteriores podrá ser denegado cuando prevalezcan razones de interés público, por intereses de terceros más dignos de protección o cuando así lo disponga una Ley, debiendo, en estos casos, el órgano competente dictar resolución motivada.

H.3. Acceso no permitido El derecho de acceso no podrá ser ejercido respecto a los siguientes expedientes: -

Los que contengan información sobre las actuaciones del Gobierno del Estado o de las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias constitucionales no sujetas a Derecho Administrativo.

-

Los que contengan información sobre la Defensa Nacional o la Seguridad del Estado.

-

Los tramitados para la investigación de los delitos cuando pudiera ponerse en peligro la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando.

-

Los relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial.

-

Los relativos a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria.

-

Acceso regulado por disposiciones específicas

Se regirán por sus disposiciones específicas: -

El acceso a los archivos sometidos a la normativa sobre materias clasificadas.

-

El acceso a documentos y expedientes que contengan datos sanitarios personales de los pacientes.

-

Los archivos regulados por la legislación del régimen electoral.

-

Los archivos que sirvan a fines exclusivamente estadísticos dentro del ámbito de la función estadística pública.

-

El Registro Civil y el Registro Central de Penados y Rebeldes y los registros de carácter público cuyo uso esté regulado por una Ley.

-

El acceso a los documentos obrantes en los archivos de las Administraciones Públicas por parte de las personas que ostenten la condición de Diputado de las Cortes Generales, Senador, miembro de una Asamblea legislativa de Comunidad Autónoma o de una Corporación Local.

-

La consulta de fondos documentales existentes en los Archivos Históricos.

H.4) Forma de ejercicio del derecho El derecho de acceso será ejercido por los particulares de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos debiéndose, a tal fin, formular petición individualizada de los documentos que se desee consultar, sin que quepa, salvo para su consideración con carácter potestativo, formular solicitud genérica sobre una materia o conjunto de materias. No obstante, cuando los solicitantes sean investigadores que acrediten un interés histórico, científico o cultural relevante, se podrá autorizar el acceso directo de aquellos a la consulta de los expedientes, siempre que quede garantizada debidamente la intimidad de las personas. El derecho de acceso conllevará el de obtener copias o certificados de los documentos cuyo examen sea autorizado por la Administración, previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen legalmente establecidas.

H.5) Publicidad Será objeto de periódica publicación la relación de los documentos obrantes en poder de las Administraciones Públicas sujetos a un régimen de especial publicidad por afectar a la colectividad en su conjunto y cuantos otros puedan ser objeto de consulta por los particulares. Serán objeto de publicación regular las instrucciones y respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos administrativos que comporten una interpretación del derecho positivo o de los procedimientos vigentes a efectos de que puedan ser alegadas por los particulares en sus relaciones con la Administración.

J) Conceptos de presentación, recepción, entrada y salida de documentos Los efectos y los lugares en los que se realiza la presentación, recepción, entrada y salida de documentos han sido analizados a lo largo de este tema, pero siguiendo lo establecido en el programa oficial indicamos a continuación los conceptos técnicos de los mismos.

J.1) Presentación Se define como el acto mediante el que una persona natural o jurídica deposita un documento dirigido a un órgano de la Administración Pública en cualquiera de los lugares permitidos por la normativa vigente.

J.2) Recepción Se define como la operación realizada por la Administración, a través de sus órganos competentes, de recibir formalmente documentación remitida por cualquier persona natural o jurídica, con la finalidad de tramitarlo hacia el órgano al que se dirige.

J.3.) Entrada y salida de documentos Son las operaciones que consisten en recibir los escritos, realizando el correspondiente asiento registral o en emitir escritos, realizando la misma operación.

TEMA 12 LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. DOCUMENTOS DE LOS CIUDADANOS. LAS COPIAS DE DOCUMENTOS. EL DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES. LA FORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES. EL ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: SUS LIMITACIONES Y FORMAS DE ACCESO.

1. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La regulación normativa de los documentos administrativos la podemos encontrar recogida en las siguientes normas:

-

Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

-

Decreto 204/1995, 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos.

1.1.CONCEPTO Y FUNCIONES Los documentos administrativos se definen como el soporte material por el que se materializan los actos 1[1] administrativos. Cumple por tanto dos funciones; por un lado es un instrumento de constatación que permite comprobar el desarrollo de una actuación administrativa y por otro es un instrumento de comunicación, ya que los documentos administrativos permiten la traslación del contenido de los actos a otros órganos o unidades de la Administración (notas interiores) o a terceros interesados, ya sean personas jurídicas públicas y privadas o personas jurídicas naturales.

1[1] Un acto administrativo es cualquier declaración de conocimiento, voluntad o deseo emitida por un órgano o unidad administrativa con arreglo al Derecho Administrativo.

1.2. CARACTERÍSTICAS

Se pueden apreciar una serie de características que determinan el que un documento pueda ser calificado como documento administrativo. Son las siguientes: -

Producen efectos frente a terceros o en el ámbito de la propia Administración.

-

Son emitidos por un órgano administrativo. Por tanto quedan excluidos todos los documentos redactados o creados por los interesados, como las solicitudes, las alegaciones o los recursos y reclamaciones.

-

Su emisión es válida.

1.3. CLASES Los documentos administrativos más relevantes para nuestro estudio, son aquellos emitidos en el marco del procedimiento administrativo, entendiendo que no son los únicos que pueden ser emitidos por la Administración, puesto que otro grupo que analizaremos en otro apartado de este tema, sirve para reflejar la existencia de un documento anterior, del que el segundo es sólo una constatación, denominado copia o los certificado administrativo. Teniendo en cuenta esa apreciación clasificamos los documentos administrativos en los siguientes grupos, según distintos puntos de vista: -

Documentos administrativos emitidos en el marco de los procedimientos administrativos.

-

Documentos de decisión: resoluciones y acuerdos.

-

Documentos de transmisión: notificaciones, publicaciones, oficios y notas interiores.

-

Documentos de constancia: actas y certificados.

-

Documentos de juicio: informes

-

Documentos administrativos de constatación de otro anterior (copias)

-

Documentos dictados en el marco de un procedimiento administrativo

Se pueden clasificar asimismo en: -

Documentos administrativos de iniciación.

-

Documentos administrativos de instrucción.

-

Documentos administrativos de terminación.

1.3.1. Documentos de iniciación Podemos encontrar los siguientes documentos de iniciación: Acuerdo de iniciación del procedimiento Es el documento por el que se inicia un procedimiento administrativo de oficio. Requerimiento de subsanación de defectos en la solicitud Es el documento a través del cual se comunica al interesado en un procedimiento que la solicitud por el presentada no reúne todos los requisitos o no acompaña todos los documentos que se exigen en la normativa correspondiente, por lo que se notifica esta incidencia a efectos de que subsane tal deficiencia en un plazo determinado, ya que de lo contrario se considera que ha desistido y el procedimiento se archiva, terminando su tramitación. Petición de mejora voluntaria de la solicitud Este documento puede ser utilizado en aquellos procedimientos que se han iniciado a solicitud del interesado, y en el que el órgano competente aprecia que la solicitud recibida puede ser modificada o mejorada voluntariamente por el interesado por considerarlo conveniente para el desarrollo del procedimiento. Acuerdo de adopción de medidas provisionales Estos acuerdos se adoptan en aquellos procedimientos administrativos en los que se quiere, existiendo elementos de juicio para ello, asegurar los efectos de la resolución que en su día se dicte y para ello el órgano administrativo competente acuerda las oportunas medidas provisionales que estarán vigentes durante el tiempo que dure el procedimiento. Acuerdo de acumulación de procedimientos Se da en aquellos supuestos en que se detecta que por tener elementos comunes dos o más procedimientos administrativos. Acuerdo de práctica simultanea de trámites Es el documento en el que se notifica a las personas interesadas en un procedimiento que se van a llevar a cabo varios trámites en un mismo acto al tener entre ellos una naturaleza similar, en aplicación del principio de celeridad procedimental.

1.3.2. Documentos de Instrucción

Son los siguientes: Acuerdo de apertura de un periodo de prueba Es el documento a través del cual el órgano competente en la tramitación de un procedimiento notifica a las personas interesadas en el mismo que se abre un período probatorio, en el que se practicarán pruebas para acreditar los hechos que se valoran en el procedimiento. Acuerdo de practica de prueba Es el documento a través del cual el órgano competente en la tramitación de un procedimiento comunica a las personas interesadas en el mismo, el día, hora y lugar en que se llevaran a cabo las pruebas cuya práctica se ha acordado en el procedimiento. Acuerdo por el que se rechazan las pruebas propuestas Es el documento a través del cual el órgano competente en la tramitación de un procedimiento rechaza las pruebas que han sido propuestas por el interesado o interesados en el procedimiento, notificando esta circunstancias a los mismos e indicando los motivos de ese rechazo Oficio de petición de informes Los oficios son documentos que se utilizan para la comunicación entre unidades y órganos administrativos, en concreto con este tipo de oficio se solicitan informes para dictar la resolución de un procedimiento. Citación de comparecencia La citación es una notificación a través de la cual se le comunica al interesado o interesados en un procedimiento que han de comparecer ante las oficinas públicas, indicándose al efecto el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como las consecuencias que acarrea el no personarse en las citadas dependencias. Concesión del trámite de audiencia Es el documento a través del cual se notifica al interesado o interesados en un procedimiento que se ha iniciado el trámite de audiencia. Acuerdo de apertura del periodo de información publica Es el documento a través del cual se notifica al interesado o interesados en un procedimiento la decisión del órgano competente de abrir un periodo de información pública para dar a conocer a cualquier persona que este interesada los trámites de un

procedimiento, para ello se determina, un lugar un plazo y un horario, durante el cual se podrán presentar las alegaciones que se estimen convenientes. Acuerdo de ampliación de plazos Es un documento por el que el órgano competente en la tramitación de un procedimiento notifica al interesado o interesados en el procedimiento que se han ampliado los plazos que legalmente están establecidos para resolver el mismo, ello siempre y cuando no se perjudiquen derechos de terceras personas y las circunstancias del procedimiento así lo aconsejen. Acuerdo de tramitación de urgencia Es el documento por el que el órgano competente en la tramitación de un procedimiento acuerda bien de oficio o bien a solicitud del interesado la reducción a la mitad de los plazos establecidos legalmente para la resolución un procedimiento. Acreditación de la notificación Es una diligencia a través de la cual consta que se ha practicado la notificación al interesado o interesados en la tramitación de un procedimiento de un determinado acto o actos.

1.3.3. Documentos de terminación Son aquellos documentos que constatan la terminación de un procedimiento administrativo por cualquiera de las causas que reconoce el ordenamiento jurídico. Los estudiamos a continuación. Acuerdo de caducidad por paralización del procedimiento imputable al interesado Se adopta en aquellos procedimientos iniciados a solicitud del interesado y que por motivos imputables al mismo el procedimiento ha quedado paralizado durante un tiempo superior al establecido legalmente. Acuerdo de caducidad por paralización del procedimiento iniciado de oficio no susceptible de producir actos favorables Se adopta en aquellos procedimientos que se han iniciado de oficio y en los cuales no se ha dictado resolución expresa en el plazo que esta establecido normativamente ni tampoco en el plazo de treinta días desde el vencimiento del plazo en que debió ser dictada Solo se da en aquellos supuestos de procedimientos iniciados de oficio y que no produzcan actos favorables para los ciudadanos.

Resolución Es el documento administrativo que recoge las decisiones del órgano competente que pone fin a un procedimiento, resolviendo todas las cuestiones planteadas en el mismo. Resolución de inadmisión Es el documento que recoge las decisiones del órgano competente en cuanto a la inadmisión de una solicitud de reconocimiento de derechos que no están previstos en el Ordenamiento Jurídico o son manifiestamente carentes de fundamento. Documento acreditativo del silencio Es un documento que se expide a petición del interesado cuando la misma no ha dictado resolución a un procedimiento en el plazo legalmente establecido. Acuerdo de la suspensión de la ejecución de un acto Este acuerdo lo adopta el órgano administrativo competente, bien de oficio o a solicitud del interesado, en aquellos procedimientos en los que la ejecución de la resolución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación para lo cual pueden adoptarse las medidas cautelares necesarias. Documentos de decisión Son aquellos que contienen una declaración de voluntar de un órgano administrativo sobre materias de su competencia. Se clasifican en acuerdos y resoluciones. El acuerdo es el documento administrativo que recoge las decisiones adoptadas por los órganos competentes sobre la iniciación y las cuestiones que se suscitan en la tramitación de un procedimiento antes de la resolución del mismo. Las resoluciones contienen las decisiones del órgano competente que pone fin al procedimiento administrativo, resolviendo todas las cuestiones que se han planteado en el mismo.

1.3.4. Documentos de transmisión Son aquellos documentos que comunican la existencia de hechos o actos a otras personas u órganos. Se pueden clasificar de la siguiente manera: Documentos dirigidos a los ciudadanos o a entidades privadas: notificaciones y publicaciones.

Documentos dirigidos a órganos o unidades administrativas: oficio y nota interior. -

Las notificaciones son los documentos por los que la Administración comunica a un interesado una resolución o un acuerdo.

-

Las publicaciones consisten en insertar un acto administrativo en un diario oficial, tablón de anuncios o medio de comunicación para su conocimiento por los interesados.

-

El oficio es el documento que se utiliza para la comunicación entre órganos o unidades pertenecientes a diferentes Administraciones Públicas, a diferentes entidades o departamentos, y dentro de éstos, a diferentes órganos superiores.

-

La nota interior es el documento que se utiliza para la comunicación entre órganos o unidades que pertenecen a un mismo órgano o unidad.

1.3.5. Documentos de constancia Se definen como aquellos que contienen una declaración de conocimiento de in órgano administrativo cuya finalidad es la acreditación de actos, hechos o efectos jurídicos. Se clasifican en actas y certificados. -

Las actas son los documentos que acreditan hechos, circunstancias, juicios o acuerdos.

-

Los certificados acreditan hechos o situaciones de carácter administrativo que pueden surtir efectos en un procedimiento administrativo o en las relaciones jurídico privadas.

1.3.6. Documentos de juicio. Son los documentos que contienen una declaración de juicio de un órgano administrativo, o de una persona física o jurídica pública o privada, sobre las cuestiones de hecho o de derecho que sean objeto de un procedimiento administrativo. Los documentos de juicio clásicos son los informes, que a su vez pueden ser: -

Por la obligación de resolverlos: preceptivos.

-

Por la discrecionalidad en su solicitud: facultativos.

-

Por la vinculación de su contenido: vinculantes.

-

Por la libertad de vinculación: no vinculantes.

2. DOCUMENTOS DE LOS CIUDADANOS

En esta materia no se puede hablar, de documentos administrativos, por la propia definición de los mismos que obligan a que sean dictados necesariamente por un órgano administrativo. Se denominan documentos de los ciudadanos a todos aquellos escritos dirigidos a la Administración por parte de un ciudadano, ya sea en el marco o no de un procedimiento administrativo, y estén o no sujetos a las normas administrativas, ya que en el caso de que tengan forma o fondo defectuosa deberá ser admitido por aquélla, aunque deba indicar al administrado la necesidad de subsanación del mismo. 2.1. CLASES Y FORMA DE REDACCIÓN La clasificación más relevante de documentos administrativos, hace referencia a la existencia de los siguientes tipos de documentos de los ciudadanos:

-

Solicitudes

-

Denuncias

-

Alegaciones

-

Recursos

-

Peticiones

-

Reclamaciones

Otras clasificaciones inciden en el tipo de documento que pueden presentar los ciudadanos en función de las distintas fases del procedimiento administrativo. Así tenemos los siguientes: -

Fase de preiniciación: solicitudes y denuncias.

-

Fases de iniciación, instrucción y terminación: alegaciones.

-

Fase postprocedimental: recursos administrativos.

No existen normas generales aplicables a la redacción de documentos por parte de los ciudadanos. La Ley 30/1992, 26 de noviembre, recoge exclusivamente la obligatoriedad de respetar unos ciertos requisitos formales en el caso de la presentación de solicitudes y de recursos.

En el resto de casos, será sólo necesario respetar una serie de extremos formales y generales. Son los siguientes: -

Identificación del emisor y del destinatario: a ese fin habrá de consignarse la identificación2[2] de ambos, mediante nombre, apellidos y documento nacional de identidad3[3], en aquellos casos en los que sea obligado citar ese dato. La identificación del destinatario se realiza mediante el señalamiento de la denominación del órgano administrativo correspondiente (no es necesario el uso de fórmulas especiales de tratamiento).

-

Identificación de los lugares y medios de notificación preferentes.

2.1.1. Solicitudes Son documentos presentados por los ciudadanos que dan lugar al inicio de un procedimiento administrativo. Las solicitudes que se formulen deberán contener: -

Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones.

-

Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.

-

Lugar y fecha.

-

Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad.

-

Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.

2[2] Real Decreto 1245/1985, 17 de julio, por el que se modifica y complementa la normativa reguladora del D.N.I. Art. 1º: El D.N.I. es el documento público que acredita la auténtica personalidad de su titular, constituyendo el justificante completo de la identidad de la persona. 3[3] Decreto de 6 de febrero de 1976 sobre regulación del Documento nacional de identidad, artículo 16: El número del D.N.I. debe consignarse en las solicitudes o documentos en los que sea necesario acreditar la identidad personal y en particular en los siguientes: documentos que sirvan de base para la confección de nóminas de los trabajadores; solicitudes de ingreso en organizaciones profesionales, asociaciones políticas, acceso a pruebas académicas y de acceso a la función pública; inscripciones en el Padrón municipal; listas del servicio militar; solicitudes para la concesión de becas o ayudas públicas; documentos de apertura de cuentas y cartillas en entidades bancarias de cualquier clase; solicitudes y comparecencias escritas ante las oficinas judiciales; inscripciones en alojamientos públicos; permisos o licencias de conducción; pasaportes; contratos turísticos; documentos de naturaleza tributaria.

En el caso de que no se indique alguno de los extremos anteriores, se debe indicar al interesado, para que subsane los defectos en el plazo de diez días, así como formular la advertencia que de no hacerlo se le tendrá por decaído en su derecho y se procederá al archivo del expediente. Las solicitudes pueden ir acompañadas de elementos para completar su contenido, ya sean o no requeridos por la normativa aplicable al procedimiento o asunto de que se trate, debiendo ser admitidos por el órgano receptor de la solicitud y tenidos en cuenta por los órganos gestores. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones públicas podrán presentarse: -

En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

-

En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

-

En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

-

En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

-

En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

2.1.2. Denuncias Son documentos administrativos que pueden o no, ser presentados por los ciudadanos y que dan lugar al inicio de un procedimiento administrativo , ya sea o no sancionador, como consecuencia de la puesta en conocimiento de algún hecho concreto, a un órgano administrativo competente. La presentación de una denuncia no implica que quien la presente vaya a adquirir la condición de interesado, en el caso de que la denuncia dé lugar a la iniciación de un procedimiento, ello sólo ocurrirá si el denunciante es titular de derechos subjetivos o intereses legítimos que puedan verse afectados por la resolución que se dicte al finalizar el procedimiento. En cuanto a su contenido se aplican las reglas antiformalistas, es decir, no se exige en la normativa actual, ningún tipo de requisito formal para cumplimentar una denuncia. No obstante, se pueden señalar los siguientes extremos como básicos en el contenido de una denuncia:

-

Identificación de los denunciantes

-

Identificación de posibles interesados en el procedimiento

-

Exposición de hechos, lugar y fecha en que se produjeron

-

Solicitud, si procede, de inicio de procedimiento administrativo

-

Indicación del lugar y medios preferentes de notificación

2.1.3. Alegaciones Se definen como documentos administrativos presentados por los interesados en un procedimiento mediante el que se aportan a los órganos responsables del mismo, datos o valoraciones de carácter fáctico o jurídico para su consideración a las que pueden acompañarse otros documentos, que como en el resto de casos que estamos tratando, deberán ser admitidos por el órgano receptor y tenidos en cuenta por el órgano gestor del procedimiento. Los escritos de alegaciones pueden ser documentos ordinarios de alegaciones o documentos de alegaciones en el trámite de audiencia. Los escritos ordinarios de alegaciones se presentan en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, sin tener restricciones ni en cuanto a su contenido ni en cuanto al momento de su presentación. Los escritos de alegaciones presentados en el trámite de audiencia se encuentra limitada al momento procedimental del trámite de audiencia, pero tampoco cuenta con requisitos formales algunos.

2.1.4. Recursos Los recursos administrativos se definen como aquellos documentos presentados por los ciudadanos en los que éstos impugnan un acto administrativo que afecta a sus derechos o intereses legítimos, solicitando su anulación por considerar que incurre en algún defecto que lo hace objeto de nulidad o anulabilidad. La interposición del recurso deberá expresar: -

El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo.

-

El acto que se recurre y la razón de su impugnación.

-

Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones.

-

Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige.

-

Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas.

El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado.

2.1.5. Peticiones Se realizan en ejercicio del derecho fundamental de petición reconocido a los ciudadanos en la Constitución a través de su artículo 294[4]. La redacción de peticiones no está sometida a ningún tipo de requisito formalista, siendo suficiente la identificación del peticionario, del órgano al que se dirige y de las bases y motivos de su petición. La diferencia básica que mantiene con la solicitud estriba en que la solicitud está basada jurídicamente en un derecho del ciudadano a la obtención del objeto de la solicitud, de forma que al comprobarse su adecuación con el ordenamiento jurídico, se autorizará o en caso contrario, se denegará. La petición está basada sin embargo en la concesión graciable del objeto de la misma, que queda en manos del poder discrecional del órgano al que se dirige. De lo anterior se deduce que la presentación de solicitudes dará siempre lugar a la apertura de un procedimiento administrativo, ya que nace la obligación para la Administración de resolver, mientras que de la presentación de una petición no nace ningún tipo de obligación para el órgano al que se dirige.

4[4] Art. 29. CE 1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica

2.1.6. Reclamaciones Las reclamaciones son documentos de los ciudadanos que se pueden presentar al margen de un procedimiento administrativo. Se definen como las quejas o denuncias presentadas por cualquier persona, ya sea natural o jurídica que, en sus relaciones con la Administración considere que ha sido objeto de desatención, tardanza o cualquier otra anomalía consecuencia de un supuesto mal funcionamiento de los servicios.

3. LAS COPIAS DE DOCUMENTOS La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, consagra una serie de derechos del ciudadano en sus relaciones con las Administraciones públicas, que se reflejan en el propio texto legal. Entre tales derechos destaca, por su importancia, el reconocido en el artículo 35.c) de la citada Ley en cuanto faculta a los ciudadanos a obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento. A ello debe añadirse la previsión que efectúa el artículo 70 acerca de la expedición por las Administraciones de recibos de las solicitudes, escritos y comunicaciones presentados por los ciudadanos y la posibilidad, consagrada por el artículo 46, de que los órganos que reglamentariamente tengan atribuida tal competencia en cada Administración pública, expidan copias auténticas de documentos públicos y privados, lo que constituye una de las novedades más reseñables de la Ley 30/1992. Todas estas previsiones, junto con la nueva regulación de los lugares de presentación de documentos en el artículo 38, configuran los pilares básicos del marco en el que ha de desarrollarse en buena medida la participación de los ciudadanos en la tramitación de los procedimientos y actuaciones de la Administración que les atañen. Precisamente este último precepto ha sido objeto de una importante modificación operada por la reciente Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, que introduce en el texto un nuevo apartado 5 en el que, por una parte se dispone expresamente que las copias de documentos que deban efectuarse para satisfacer los derechos reconocidos a los ciudadanos en el artículo 35.c) deberán expedirse no sólo por los registros de los órganos administrativos a los que se dirijan, sino también por los de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas o a la de alguna de las entidades que integran la Administración local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio; y, por otro lado, se distinguen con claridad dos supuestos sustancialmente diferentes: la emisión de copias de documentos que deben remitirse al órgano destinatario junto con la solicitud, escrito o comunicación al que acompañan, devolviéndose el original al ciudadano y la de aquéllas que, por el contrario, deben entregarse a éste, cuando el original deba obrar en el procedimiento.

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Es un sistema caracterizado por las siguientes notas: -

La ampliación de los lugares de presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.

La ley 30/1992 habilita a los ciudadanos a presentarlos en todos los registros de cualesquiera órganos administrativos que pertenezcan a la Administración General del Estado o a alguna de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con independencia de la Administración Pública y del órgano o entidad al que se dirigen. También los registros de las entidades que integran al Administración local pueden servir como lugares de presentación de comunicaciones dirigidas a otra administración siempre que previamente hayan suscrito un convenio al efecto. -

Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración.

A estos efectos, el artículo 70 de la LRJ-PAC reconoce a los ciudadanos el derecho a que se les expida un recibo acreditativo de la fecha de presentación, admitiéndose como tal una copia en la que figure la fecha de presentación anotada. -

Aportación de documentos originales al expediente.

Es la innovación introducida en la primera parte del párrafo c) del artículo 35, al reconocer el derecho a obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales. El legislador soluciona una laguna de la anterior normativa: cuando el ciudadano -por razón de la regulación procedimental específica debía aportar documentos originales junto con su solicitud no tenía constancia o acreditación alguna de que tales documentos habían sido entregados y estaban en poder de la Administración. Conforme a la Ley 30/1992, el ciudadano tiene derecho a quedarse con una copia sellada de tales documentos, que le permita acreditar la razón de la no tenencia del documento entregado y facilite el ejercicio de derechos como el de la no presentación de los documentos que ya hubiera aportado a la Administración actuante. -

Expedición de copias compulsadas de los documentos originales.

La segunda parte del párrafo c) del artículo 35 reconoce el derecho a la devolución de los documentos originales salvo cuando deban obrar en el procedimiento. En el supuesto de que la norma procedimental no exija la aportación de documentos originales, se debe proceder al cotejo de original y copia y a la devolución del original al ciudadano; quedando la copia compulsada incorporada a la correspondiente solicitud, escrito o comunicación.

-

Copias auténticas de documentos públicos.

Las copias auténticas, distintas de las anteriores por su función certificante, y su independencia con respecto a la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.

3.2. CLASES DE COPIAS Se distinguen copias autenticas y copias autenticadas. Las copias auténticas son las expedidas sobre la base de un documento administrativo emitido por el mismo órgano que redacta aquélla. Las copia autenticadas se pueden realizar sobre documentos públicos o privados, cotejando la copia con el original. En este caso la competencia para realizarla recae en los órganos siguientes: -

Si se trata de copias sobre documentos administrativos emitidos por la Junta de Andalucía le corresponde a las Jefaturas de Sección u órgano asimilado dependiente del órgano que hubiera emitido el documento original y que tengan encomendadas las funciones de tramitación o custodia del expediente al que pertenezca el documento original.

-

Si se trata de copias sobre documentos públicos o privados que se presenten en el Registro para ser tramitados en un órgano del cual dependa el mismo, corresponde igualmente a las Jefaturas de Sección u órganos asimilados responsables del Registro general o en su defecto, a las Jefaturas de Servicio o Secretaría general bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

3.3. VALIDEZ Y EFICACIA DE LAS COPIAS Cada Administración Pública determinará reglamentariamente los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de documentos públicos o privados. Las copias de cualesquiera documentos públicos gozarán de la misma validez y eficacia que estos siempre que exista constancia de que sean auténticas. Las copias de documentos privados tendrán validez y eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Administraciones Públicas, siempre que su autenticidad haya sido comprobada.

3.4. REGULACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. Las notas características de este sistema de copias en la Administración de la Junta de Andalucía son las siguientes: -

Las copias autenticas de documentos administrativos gozan de la misma validez y eficacia de los documentos originales.

-

Las copias autenticadas de documentos administrativos gozan de la misma validez y eficacia de los documentos originales.

-

Las copias autenticadas de documentos públicos o privados que se presenten en el registro del órgano competente para su tramitación o un Registro de distinta localidad y con competencias delegadas, gozan de validez y eficacia en el procedimiento para el cual fueron expedidas.

-

Las copias autenticadas de documentos públicos o privados cuyo desglose haya sido autorizado gozan de validez y eficacia que les otorgue el ordenamiento jurídico.

-

Las copias expedidas por otras Administraciones, autoridades y fedatarios públicos, tiene validez y eficacia en la forma en que se la reconozca el ordenamiento jurídico,

-

Las copias diligencias de copias aportadas u obrantes en los expedientes cuyo desglose se haya autorizado tendrán la virtualidad que a efectos probatorios les reconozca el Código Civil.

-

Las demás copias tendrán la eficacia que a efectos probatorios les atribuya el Código Civil

3.5. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y OBTENCIÓN DE COPIAS

De conformidad con lo dispuesto en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los órganos administrativos de la Junta de Andalucía se abstendrán de exigir la presentación de documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración de la Junta de Andalucía. Igualmente se abstendrán de exigir la acreditación documental de requisitos, circunstancias, actos u otros extremos que les consten.

El interesado podrá ejercer ese derecho, indicando el órgano administrativo al que fueron presentados o por el que fueron emitidos, la fecha de dicha presentación o emisión y el procedimiento al que corresponden, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización de éste, y sin perjuicio de la apertura de período

probatorio cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos que hayan de servir de presupuesto para dictar el acto de que se trate.

3.6. TIPOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS

Las copias de documentos en el ámbito de actuación de la Administración de la Junta de Andalucía, comprenderá los siguientes supuestos:

-

Las copias auténticas de documentos administrativos expedidos por el mismo órgano que emitió el documento original.

-

Las copias autenticadas de documentos privados y públicos, mediante cotejo con el original y en las que se estampará si procediera la correspondiente diligencia de compulsa.

3.7. OBTENCIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

La competencia para expedición de copias corresponderá a los siguientes órganos:

-

La expedición de copias auténticas de documentos administrativos de la Junta de Andalucía, corresponderá a los órganos administrativos que hubieran emitido el documento original.

-

La expedición de copias autenticadas de documentos administrativos de la Junta de Andalucía, corresponderá a las jefaturas de sección u órgano asimilado dependiente del órgano que hubiera emitido el documento original y que tengan encomendada las funciones de tramitación o custodia del expediente a que pertenezca dicho documento original. En caso de que el órgano que produjo el documento original hubiese desaparecido, dicha competencia para autenticar le corresponderá a las jefaturas de sección u órganos similares que tengan encomendada la custodia del expediente a que pertenezca dicho documento original.

Los interesados en obtener la copias anteriormente mencionadas las solicitarán ante los órganos competentes para expedirlas.

3.8. PRESENTACIÓN DE COPIAS Y DEVOLUCIÓN DE LOS ORIGINALES

Se dan los siguientes supuestos:

-

La competencia para autenticación de copias de documentos corresponderá a las jefaturas de sección y órganos asimilados responsables de cada Registro General de Documentos, los cuales realizarán el cotejo, autenticación de las copias, y devolución de los originales al interesado, de aquellos documentos que se presenten para ser tramitados en el órgano del cual dependa el Registro.

-

De no existir tales jefaturas de sección, la competencia corresponderá a la jefatura del servicio o secretaría general bajo cuya responsabilidad se gestione la función de Registro General de Documentos.

-

En supuestos especiales y para facilitar la presentación de documentos en localidades distintas a las sedes de los órganos que tenga que tramitarlos y con el objeto de salvar las dificultades que existan para autenticar las copias y recibirlas, los órganos con estas competencias podrán delegarlas en otros órganos o unidades, incluso no dependientes jerárquicamente en cuyo caso se hará previo conocimiento del órgano superior del cual dependan, ubicadas en dichas localidades, sin perjuicio en su caso de la revocación de la delegación conferida.

4. DESGLOSE DE DOCUMENTOS ORIGINALES

El desglose consiste en la entrega de documentos que obren en un expediente a los interesados que los hubieran aportado y que así lo requieran, dejando constancia en el expediente de esa entrega.

Puede realizarse sobre documentos originales o no originales.

En el caso de desglose de documentos originales se autoriza por las Jefaturas de Sección u órganos asimilados que tengan atribuidas las competencias sobre tramitación y custodia de los expedientes.

La autenticación se formaliza practicando sobre la copia la diligencia de compulsa, que puede realizarse mediante la estampación del sello correspondiente y con la cumplimentación del mismo.

En el caso de desglose de documentos no originales, las copias diligenciadas se realizan mediante el texto adecuado a cada caso y suficiente para dejar constancia de forma expresa de la calidad del documento que da origen a la copia, y que se retira del expediente. Igualmente, puede ser autorizado por las Jefaturas de Sección o por los órganos asimilados a las mismas.

5. FORMACIÓN DE EXPEDIENTES

Se entiende por expediente el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y argumento a la resolución administrativa y a las diligencias encaminadas a ejecutarla.

Es decir, el expediente conforma la plasmación material de un procedimiento administrativo.

5.1. REGULACIÓN JURÍDICA

Decreto 2568/1986, 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales.

5.2. NORMAS DE FORMACIÓN

Las normas de formación se pueden resumir de la siguiente manera:

-

Se considera cabeza de expediente:

En los procedimientos comenzados de oficio, al acuerdo de iniciación. En los procedimientos comenzados a instancia de parte, la solicitud del interesado.

-

La formación debe formarse mediante la agregación sucesiva de documentos, pruebas, dictámenes, decretos, acuerdos, notificaciones y demás diligencias que deban integrarlos.

-

Todas las hojas del expediente deben ser rubricadas y foliadas por los encargados de realizar su tramitación.

-

Al finalizar el procedimiento, se procederá al archivo completo del expediente, con índice alfabético duplicado en que se exprese el asunto, el número de folios y demás especificaciones necesarias para lograr su individualización.

6. EL ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: SUS LIMITACIONES Y FORMAS DE ACCESO

Nos remitimos para su estudio a lo señalado en el tema 11.

TEMA 13 CREACIÓN DE DOCUMENTOS Y RECOMENDACIONES DE ESTILO

CREACIÓN DE DOCUMENTOS Y RECOMENDACIONES DE ESTILO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE ADMINISTRATIVO. COMPOSICIONES DE TEXTOS. SELLOS OFICIALES: TIPOS NORMALIZADOS Y NORMAS DE USO Y CONTROL. DOCUMENTOS ORIGINALES, COPIAS Y ARCHIVOS.

1. CREACIÓN DE DOCUMENTOS Y RECOMENDACIONES DE ESTILO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

1.1. REGULACIÓN NORMATIVA

Las normas básicas reguladoras de esta materia son las siguientes:

-

Decreto 126/1985, 12 de junio, por el que se regula el logotipo de reproducción simplificada del Escudo de Andalucía para uso oficial.

-

Orden de 28 de julio de 1989, por la que se establecen los criterios generales de normalización que deben ser observados en la confección de formularios y papel preimpreso, modificada por el Decreto 127/1997, 15 de octubre.

-

Orden de 30 de abril de 1998, por la que se aprueba el Manual de Señalización Corporativa para su utilización por el Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía.

-

Decreto 127/1997, 15 de octubre, por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico de la Administración de la Junta de Andalucía.

-

Orden de 24 de noviembre de 1992, sobre eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos oficiales.

-

Orden de 1 de diciembre de 1995, por la que se normalizan las características que han de reunir los sellos oficiales empleados en la actuación administrativa de la Junta de Andalucía.

1.2. BASES GENERALES

La creación de documentos es uno de los aspectos fundamentales de la organización de los procedimientos en una Administración Pública. De esa creación, de su ordenación y regulación, dependen en buena medida, las facilidades de desarrollo de los mismos, mediante la introducción de criterios de calidad que faciliten tanto a los administrados como a los administradores, soportes ágiles y fáciles de comprender y ordenar.

Lo contrario, la falta de regulación, la pluralidad de documentos, la dispersión o la complejidad de creación, sólo provocan complicaciones difíciles de salvar para quienes deben plasmar en ellos, los contenidos de su trabajo, de sus derechos y de sus deberes.

Esas son las bases fundamentales para la regulación de su creación en el ámbito administrativo, tarea que la totalidad de Administraciones Públicas han establecido por vía normativa, de la que no escapa la Administración de la Junta de Andalucía que, por medio de las normas citadas en el apartado anterior, acometió la regulación de la creación1[1] de los documentos que sirven de soporte material a la actividad administrativa.

Por otro lado, en la Administración de la Junta de Andalucía se produjo la aprobación del Manual de Diseño Gráfico por Decreto 245/1997, 15 de octubre, (que viene a sustituir al Manual de Diseño Gráfico del año 1985).

El Manual de Diseño Gráfico recoge las normas, así como las características, de reproducción que deben ser tenidas en cuenta para la adecuada identificación de la Administración de la Junta de Andalucía.

El Decreto 245/1997, 15 de octubre, establece las siguientes bases generales:

1[1] Asimismo, por medio de la Orden de 28 de julio de 1989, se crea el Registro de Formularios de la Junta de Andalucía, adscrito a la Dirección General de Organización Administrativa e Inspección General de los Servicios de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

-

Se establece obligatoriedad de su aplicación en el ámbito autonómico, para las Consejerías, Organismos Autónomos, entidades de derecho público y de empresas con capital íntegro de la Junta de Andalucía.

-

Las tareas de coordinación de las actuaciones para su implantación corresponde realizarla a la Consejería de la Presidencia, a través de la Dirección General de Comunicación Social, (como responsable de las materias relacionadas con la comunicación social).

-

Se mantendrá permanentemente actualizado el Manual por medio de informes periódicos que recojan las modificaciones específicas y las soluciones adoptadas ante las dudas que surgen en su aplicación.

Por otra parte, el Decreto 245/1997, 15 de octubre, establece la obligatoriedad de la utilización del Decreto 125/1985, 12 de junio, por el que se establece el logotipo de reproducción simplificada del escudo de Andalucía para uso oficial.

El escudo2[2] de la Comunidad Autónoma de Andalucía, está formado por la figura de Hércules prominente entre dos columnas, expresión de la fuerza eternamente joven del espíritu, sujetando y domando a dos leones que representan la fuerza de los instintos animales, con una inscripción a los pies de una leyenda que dice “ Andalucía por sí para España y la Humanidad”, sobre el fondo de una bandera andaluza. Cierra las dos columnas un arco de medio punto con las palabras latinas “ Dominator Hércules Fundator”, también sobre el fondo de la bandera andaluza.

Su utilización está prohibida en cualquier símbolo o siglas de partidos políticos o sindicatos, asociaciones empresariales o entidades privadas, así como distintivo de productos o mercancías algunas.

2. USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE ADMINISTRATIVO

2[2] El escudo oficial de la Junta de Andalucía, fue aprobado por Ley 3/1982, 21 de diciembre, tomando como referente los Acuerdos de Ronda de 1918 y el escudo existente en la casa de Blas Infante en Coria del río (Sevilla), como único signo del andalucismo histórico conservado desde el año 1932.

Las normas sobre el uso no sexista del lenguaje administrativo se recogen en la Orden de 24 de noviembre de 1992, sobre eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos.

2.1. ANTECEDENTES

Las razones de aprobación de la Orden de 24 de noviembre de 1992, parten de la creación3[3] del Instituto Andaluz de la Mujer, organismo autónomo adscrito a la Consejería de Presidencia.

Posteriormente tuvo lugar, 30 de enero de 1990, la aprobación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, del Plan de Igualdad de Oportunidades. El II Plan de Igualdad de Oportunidades se aprobaría el 17 de enero de 1995, como planes de acción inspirados en las políticas a favor de la mujer propiciadas por la Organización de Naciones Unidas, (O.N.U.), el Consejo de Europa y la Comisión de la Unión Europea.

Los citados Planes de Igualdad de Oportunidades comprenden diferentes acciones en las que se implica a la Administración de la Junta de Andalucía. De entre ellas, destacan por su novedad, las dirigidas a la revisión de los textos reglamentarios para evitar usos y expresiones que refuercen actitudes de desigualdad hacia las mujeres, controlando y eliminando, este tipo de discriminaciones en los documentos y textos utilizados por la Administración

2.2. DESARROLLO

La Orden de 24 de noviembre de 1992, creó la Comisión Paritaria Consejería de Gobernación – Justicia - Instituto Andaluz de la Mujer, que tiene por objeto la eliminación de cualquier indicio sexista del lenguaje administrativo.

2.3. NORMAS DE USO Y EXPRESIONES NO SEXISTAS

3[3] Ley 10/1988, 29 de diciembre. Entre sus fines destacamos la de superar cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política de la mujer.

Aparecen recogidas en la Orden de 24 de noviembre de 1992, sobre la base de que el lenguaje empleado en las disposiciones y textos administrativos no contendrá discriminación alguna por motivo de sexo.

2.4. NORMAS EN LA REDACCIÓN DE DOCUMENTOS Y TEXTOS

Se establecen normas de redacción en documentos cerrados y en documentos abiertos, entendiendo como tales los referidos aquellos en los que intervienen exclusivamente personas del sexo femenino o aquellos en los que intervienen personas de ambos sexos.

2.5. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CERRADOS

En este caso, la mención de puestos y cargos administrativos ocupados por mujeres, así como la designación de la condición, carácter o calidad en la que los sujetos de sexo femenino intervienen en el procedimiento administrativo, se hará utilizando el género femenino.

2.6. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ABIERTOS

En estos casos, la mención de puestos y cargos administrativos, así como la designación de la condición, carácter o calidad de las personas que intervienen en el procedimiento administrativo, se formulará en femenino y masculino conjuntamente.

Si se trata de un colectivo, se utilizará la denominación que corresponde al mismo, si ello fuera posible.

2.7. NORMAS RELATIVAS A DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN PÚBLICA

Se redactarán de tal forma que hombres y mujeres queden reflejados sin ambigüedad, cualquier cuestión referente a la función pública, y en concreto:

-

Las ofertas de empleo público.

-

Las relaciones de puestos de trabajo.

-

Las convocatorias de concursos y oposiciones.

-

Las convocatorias de becas y ayudas.

Para ello, será necesario:

-

Mencionar e forma expresa la política de igualdad entre hombres y mujeres que practica la Junta de Andalucía en materia de personal.

-

Incluir la fórmula “hombres y mujeres”, unida a la denominación del tipo de personal al que vayan dirigidas las ofertas de empleo, los concursos, las oposiciones o las convocatorias de becas.

2.

COMPOSICIONES DE TEXTOS

Las normas relacionadas con esta materia, las encontramos recogidas en: -

Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

-

Decreto 245/1997, 15 de octubre, por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico.

-

Orden de 28 de julio de 1989, en lo referente a la creación del Registro de Formularios de la Junta de Andalucía.

2.1. NORMAS GENERALES DE COMPOSICIÓN DE TEXTOS

El Decreto 245/1997, 15 de octubre, establece las siguientes normas a seguir en el caso de la composición de textos, ( que deberemos tener en cuenta en orden a la composición de textos específicos que analizaremos en el apartado 3.3 y 3.4 ) :

- Logotipo o nombre El nombre “JUNTA DE ANDALUCÍA”, está compuesto por el “alfabeto andaluz4[4]” diseñado especialmente para este fin.

- Símbolo o escudo El logotipo y el escudo o símbolo, no se representan de forma integrada, sino por separado. El símbolo o escudo se representa de manera parcial y velado, como fondo.

- Color El color corporativo es el verde PANTONE 356.

- Tipografías complementarias Las tipografías complementarias acompañarán a los elementos anteriores. Se utilizará ERAS DEMI comprimida al 80%, para la denominación de Consejerías. Para la composición del resto de textos preimpresos se utilizará ERAS MÉDIUM, comprimida al 80%.

4[4] El “alfabeto andaluz” está formado por vocales y consonantes diseñadas especialmente para uso oficial de la Junta de Andalucía como logotipo o nombre.

- Tipografía auxiliar Se usará NEWS GOTHIC, para confeccionar todo tipo de cartas, informes y documentos realizados con procesadores de textos o autoedición.

2.1.1. Formularios Los formularios contienen información preimpresa, con espacios en blanco para la inclusión de datos.

Formatos de papel: Como regla general se utilizará el UNE A4. En casos especiales está permitida la utilización de formatos menores. El formato máximo será el UNE A3L

Márgenes: Deben definirse los mismos en el anverso y reverso de manera que se hagan coincidir, para facilitar la encuadernación y visualización.

Pautados: Se establecen tanto la distancia entre líneas horizontales como la distancia entre los espacios verticales. Inscripciones: Son las siguientes: Nombre o logotipo: Leyenda JUNTA DE ANDALUCÍA. Símbolo o escudo: Versión condensada.

Membrete: Colocado en el anverso. Tipografía ERAS DEMI comprimida al 80% para señalar al órgano superior y ERAS MÉDIUM, comprimida al 80% para señalar al centro directivo. Control para entrada y salida: Angulo superior derecho del anverso. Asunto: se situará por debajo del membrete, ocupando líneas completas. Bloques de información: Ordenación secuencial. Destinatario: Ultima línea del impreso.

2.1.2. Papel preimpreso En relación con el papel5[5] preimpreso, debemos diferenciar en nuestro estudio tres tipos diferentes, que son:

-

Papel para la actividad administrativa general o primera hoja de informes.

-

Papel para la comunicación entre órganos y dirigidos a los interesados o primera hoja de carta.

-

Segundas o sucesivas hojas o segunda hoja de carta e informes.

-

Papel para la actividad administrativa general o primera hoja de informes

Tiene las siguientes características:

Formato UNE A4 Inscripciones Son las siguientes: Nombre o logotipo: JUNTA DE ANDALUCÍA Símbolo o escudo: Situado en la esquina inferior izquierda. Versión condensada.

5[5] El tipo de papel a emplear será el ofset 90 gr. blanco. Puede utilizarse el gramaje de 80 gr. en el caso de fotocopiadoras o impresoras antiguas.

Membrete: Angulo superior derecho. ERAS DEMI, 12 puntos, comprimida al 80% para el órgano superior. ERAS MÉDIUM, 10 puntos, comprimida al 80% para el centro directivo. Color Color Verde corporativo PANTONE 356 Composición Con las acotaciones establecidas por el Manual. Utilización Se utiliza en la confección de informes, estudios, resoluciones generales, comunicaciones generales.

2.1.3. Papel para la comunicación entre órganos, para la comunicación con los interesados o primera hoja de carta

Tiene las siguientes características:

Formato UNE A4 Inscripciones Son las siguientes: Nombre o logotipo: JUNTA DE ANDALUCÍA Símbolo o escudo: Versión condensada Membrete: ERAS DEMI, 12 puntos, al 80%, para el órgano superior. ERAS MÉDIUM, 10 puntos, al 80%, para el centro directivo. Dirección, teléfono, faz, correo electrónico: Esquina inferior derecha, ERAS MÉDIUM. 8 puntos, comprimida al 80%. Color Verde Corporativo PANTONE 356 Utilización Escritos entre órganos administrativos, comunicaciones dirigidos a particulares.

2.1.3. Segunda y sucesivas hojas o segunda hoja de carta e informes

Tiene las siguientes características:

Formato UNE A4 Inscripciones Sólo contiene la siguiente: Símbolo: Versión condensada. Se sitúa en la esquina inferior izda. Utilización Se utiliza como segunda y sucesivas hojas de los documentos que hemos analizado anteriormente.

3.

SELLOS OFICIALES: TIPOS NORMALIZADOS

Las normas aplicables las encontramos recogidas en las siguientes normas:

-

Decreto 245/1997, 15 de octubre, por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico de la Administración de la Junta de Andalucía.

-

Orden de 1 de diciembre de 1995, por la que se normalizan las características que han de reunir los sellos oficiales empleados en la actuación administrativa de la Junta de Andalucía.

-

Orden de 20 de abril de 1998, de modificación de la Orden anterior

3.1. TIPOS NORMALIZADOS DE SELLOS OFICIALES

3.1.1. Clases

Los sellos oficiales normalizados, se clasifican en tres clases:

-

Sellos de registro de documentos.

-

Sellos de compulsa de copias de documentos.

-

Sellos de pie de firma

A) Sellos de registro de documentos Existen dos tipos de sellos de registro de documentos. Uno para la recepción de documentos y otro para la salida de los mismos.

Características

Forma Rectangular Cerramiento Rectángulo de 30 X 50 mm. con los lados formando una sola línea de 0, 2 mm. de espesor. Sello de recepción Inscripción de recepción o salida: Letra Eras médium, gruesa, mayúsculas de 2,5 mm. de altura. En la parte izquierda, en el espacio rectangular vertical formado por el lado izquierdo del cerramiento y la línea vertical de división existente a 6 mm. desde éste hacia el interior. La disposición de letras debe ser vertical. Leyenda Junta de Andalucía Normas generales del logotipo. Altura de 3, 5 mm. Identificación del órgano superior

Letra Eras Demi, estrecha y condensada de 2 mm de altura. Mayúsculas al inicio de la palabra y el resto en minúsculas. Se sitúa debajo de la inscripción anterior, centrada en el rectángulo. Número de registro y fecha Se sitúa en el espacio horizontal comprendido en los 8 mm, centrales que se divide en dos mediante una línea vertical. Identificación del registro de documentos Letra Eras Médium, estrecha de 1 mm de altura y mayúsculas. Se coloca en la parte superior del rectángulo inmediatamente inferior a la inscripción anterior. Debe insertarse la leyenda “Registro General” o “ Registro Auxiliar”, completadas con la denominación que le identifique. Se utilizarán como máximo tres líneas consecutivas, usando abreviaturas si fuera necesario. Localidad Letra eras Médium, estrecha de 1 mm de altura y en mayúsculas. Se sitúa en el mismo rectángulo del apartado anterior, en la parte inferior, justificado a la derecha. Hora Sólo se incluye en el sello de recepción. Letra Eras Medium, estrecha, con 1 mm de altura y mayúsculas. Se sitúa en la parte inferior derecha del sello y en la parte superior del espacio rectangular reservado.

B) Sustitutivos del sello de registro Para sustituir el sello de registro de documentos la Orden de 1 de diciembre de 1995, establece que se podrá utilizar la diligencia de documentos mediante impresiones mecánicas.

Deberán ser de dos líneas paralelar separadas a un solo espacio.

Tiene las siguientes características:

-

La línea superior debe tener una longitud de 70 caracteres y contendrá cuatro textos, separados por un espacio en blanco con longitud de 1 carácter, dispuestos correlativamente de acuerdo con lo siguiente:

-

La leyenda JUNTA DE ANDALUCÍA se inserta en mayúsculas, dispuesta en la posición 1 a 18 de la línea.

-

El órgano superior, tendrá como máximo 38 caracteres, en mayúsculas, dispuestos en la posición 20 a 58 de la línea, ajustados a la izquierda. Se utilizarán las abreviaturas que sean precisas.

-

El número tendrá un máximo de 6 caracteres numéricos ajustados a la derecha, dispuestos en la posición 59 a 64 de la misma.

-

La hora, sólo se inserta en los documentos presentados en los que se solicite. Constará de cinco caracteres, ajustados a la derecha y ocupando la posición 66 a 70.

-

La línea inferior, tendrá una longitud de 70 caracteres. Contendrá cuatro textos, separados por un espacio en blanco con longitud de 1 carácter como mínimo, dispuestos correlativamente, de acuerdo con las siguientes características:

-

La identificación del registro, ocupara un máximo de 33 caracteres, mayúsculas dispuestos en la posición 1 a 33 de la línea.

-

La localidad ocupará un máximo de 15 caracteres, mayúsculas, dispuestos en la posición 35 a 49 de la línea ajustándose a la derecha cuando sea necesario.

-

La sección del registro, se inserta en mayúsculas, dispuestas en la posición 51 a 59 de la línea. Se ajustará a la derecha cuando sea necesario.

-

La fecha contendrá el día del mes, número del mes y el año, n ese orden, separados por guiones, dispuestos en la posición n61 a 70 de la línea.

C) Sello de compulsa de copias de documentos Después de realizar la autenticación de un documento, se formaliza la compulsa realizando sobre la copia diligencia de la compulsa, que puede realizarse estampando el sello correspondiente y cumplimentando después el mismo.

Características

Forma Rectangular. Cerramiento Rectángulo de 60 x 50 mm con sus lados formados por una sola línea de 0, 2 mm, de espesor. Contenido Será el siguiente: Leyenda JUNTA DE ANDALUCÍA: Diseño general reducido a una altura de 3 mm. Se sitúa en la parte superior del rectángulo, centrado respecto al cerramiento lateral, separando el borde superior 2 mm. de la línea de cerramiento superior. Identificación del órgano superior:

Letra ERAS DEMI, estrecha, si es necesario se condensa, con 2, 5 mm, de altura. Mayúsculas al inicio de palabra y el resto en minúsculas. Se sitúa a 2 mm, inmediatamente debajo de la anterior inscripción y dispuesta centrada horizontalmente. Identificación del órgano directivo: Letra Eras Médium, estrecha y mayúsculas, con 2 mm. de altura. Situada a 1, 5 mm. inmediatamente después de la inscripción anterior. La inscripción se centra horizontalmente. Se deben utilizar como máximo dos líneas consecutivas separadas 1 mm, usando abreviaturas si es necesario. Los organismos autónomos deben incluir su denominación precediendo al centro directivo con los mismos contenidos especificados para aquél pudiendo utilizar las siglas de su denominación. Inscripción “concuerda con el original”: Letra Eras Médium, estrecha, con una altura de 2 mm. Se emplean minúsculas salvo la primera letra de la frase. Se sitúa a 2 mm. de la inscripción anterior. Centrada horizontalmente. Inscripción “Compulsado”: Letra Eras médium, gruesa, mayúsculas de 3 mm. de altura. Se sitúa a 2 mm. de la inscripción anterior. Centrada horizontalmente. Lugar y fecha: Se debe inscribir la denominación de la localidad donde se ha realizado la compulsa, seguido de una coma, un espacio en blanco suficiente para escribir dos dígitos, seguido de la palabra “de”, a continuación un espacio en blanco para escribir el mes, seguido de la palabra “ de” y de espacio en blanco para escribir los cuatro dígitos correspondientes al año. La letra será Eras médium, con 2 mm. de altura, en minúsculas, salvo la primera letra. Identificación del órgano que ha realizado el cotejo: Inscripción con la abreviatura “Fdo.” Se puede optar por dejar espacio suficiente para incluir en cada diligencia que se

practique el nombre y dos apellidos del que la realiza o por inscribir en el sello los del titular del órgano con competencia en la materia. En el supuesto de que se actúe por delegación se utilizará el sello alternativo en el que la abreviatura anterior debe ir precedida por la inscripción “Por delegación”Letra eras médium, estrecha y en mayúsculas las primeras letras de cada palabra, Altura de 1, 5 mm. Órgano competente: Es una inscripción con la denominación del órgano que tenga encomendada la custodia del sello que será el que ostente las competencias o las tenga delegadas. Letra eras médium, estrecha, mayúsculas la primera letra de cada palabra, de 1, 5 mm. de altura. Se sitúa en la última línea del sello, separada 1, 5 mm de la línea de cerramiento inferior, dispuesta horizontalmente. Escudo: Se sitúa según las reglas generales, situado en la parte inferior del rectángulo, separando el borde inferior 2 mm. de la línea de cerramiento inferior y ajustado al margen izquierdo del cerramiento lateral.

D) Sellos de pie de firma Existen dos tipos de este sello: -

Sello de pie de firma de uso general.

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Sello de pie de firma de tamaño reducido.

Como característica común cabe destacar que su ubicación se realiza junto a la rúbrica.

D.1 ) Sello de pie de firma de uso general

Las características de este tipo de sello son las siguientes:

Forma Circular Cerramiento Circunferencia de una sola línea de 0, 2 mm. y un diámetro de 35 mm. Contenido Es el siguiente: Símbolo: Reducido, con unas dimensiones de 11 x 16 mm; situado horizontalmente, centrado a 12 mm del lado izquierdo y derecho, y verticalmente a 8 mm. del borde superior y a 11 mm. del inferior. Leyenda JUNTA DE ANDALUCÍA: Reglas generales con una altura de 4 mm. Se sitúa a 1, 5 mm. de la línea de cerramiento. Identificación del órgano superior: Letra Eras Demi, estrecha y condensada, con una altura de 1, 5 mm, mayúsculas al inicio de cada palabra. Se sitúa debajo de la leyenda anterior, en el sector de la corona circular. Identificación del centro directivo: Letra Eras médium, estrecha, en mayúsculas y con una altura de 1 mm. Se sitúa en paralelo a la base del escudo y a 1 mm de ésta. Se utilizarán como máximo, tres líneas. Localidad: Letra Eras médium, estrecha, mayúsculas, de la altura que se desee en función del espacio que reste, sin que sea superior al establecido para el órgano superior. Se sitúa en la tercera línea como mínimo, después de las dos anteriores, en paralelo a la base del escudo.

D.2. Sellos de pie de firma de tamaño reducido

Sus características son las siguientes:

Utilización Exclusivamente acompañando a las firmas que se incluyen en casillas o entre líneas de documentos de forma periódica y secuencial para reconocer circunstancias, derechos o cualquier extremo. Se superponen a los sellos de uso general debido a su tamaño. Forma Circular Características Las mismas que las de los sellos de pie de firma de uso general.

E) Sellos singulares El uso o la creación de sellos diferentes de los analizados en el apartado anterior: tiene las siguientes notas características:

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Debe ser comunicada a la Consejería de Justicia y Administración Pública.

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Se limita a razones de inaplazable necesidad.

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Tiene carácter provisional.

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Asimismo, la citada Consejería es la encargada de informar las comunicaciones y propuestas que se le formulen sobre la creación y modificación de sellos y la responsable de la elaboración de los diseños alternativos.

F) Normas de uso y control Las normas de uso se condensan en las siguientes reglas:

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La estampación de los mismos se hará en los espacios reservados a los mismos o en su defecto, en los lugares donde no se dificulte la clara visión del contenido del documento y del propio sello.

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Se deben utilizar tampones de tinta con el color institucional verde PANTONE 356.

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La impresión mecánica, en el caso de que se realice, se llevará a cabo en el color gris habitual de las impresoras. Si es necesario el color, se utilizará el color institucional verde PANTONE 356.

G) Custodia y control de los sellos La custodia de cada sello corresponde al titular del órgano que lo tenga asignado para su utilización.

El control de los sellos corresponde a los órganos que indicamos a continuación:

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En los servicios centrales de las Consejerías, a las Secretarías Generales Técnicas.

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En los servicios centrales de los Organismos Autónomos, a las Secretarías Generales.

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En las Delegaciones Provinciales y Gerencias Provinciales, a las Secretarías Generales.

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En aquellas dependencias donde no existan órganos con las anteriores denominaciones, al órgano que tenga encomendadas las funciones de administración general.

Las obligaciones de los órganos anteriores, en relación con los sellos son las siguientes:

4.

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Llevar un inventario de los existentes con mención del nombre y apellidos de los funcionarios encargados de su custodia.

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Si las necesidades administrativas exigen disponer en una dependencia de más de un sello del mismo tipo, se le asignará un número distinto que se inscribirá en la parte imprimible de cada sello, comenzando por el 1 y hasta el número total de los sellos del mismo tipo que existan.

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Adoptar las medidas necesarias para retirar, restringir, sustituir y destruir los sellos que no se ajusten a la normativa vigente.

DOCUMENTOS ORIGINALES, TIPOS Y ARCHIVOS

Nos remitimos para su estudio a lo señalado en los temas 11 y 12.