Temario Para Agente Fiscal

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TEMARIO PARA AGENTE FISCAL

CONVOCATORIA 04-2019

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TEMARIO PARA AGENTE FISCAL I.

MINISTERIO PUBLICO: a. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y FUNCIONES: Son funciones del Ministerio Público, sin perjuicio de las que le atribuyen otras leyes, las siguientes (Ministerio Público, s.f.): - Investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales, según las facultades que le confieren la Constitución, las leyes de la República y los tratados y convenios internacionales. - Ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda querellarse por delitos de acción privada de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal. - Dirigir a la Policía Nacional Civil y demás cuerpos de seguridad del Estado en la Investigación de hechos delictivos. - Preservar el Estado de Derecho y el respeto a los Derechos Humanos, efectuando las diligencias necesarias ante los tribunales de justicia. Funciones constitucionales: según el artículo 251 de la CPRG establece que le corresponde: -

Velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. El ejercicio de la acción penal pública.

b. LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y SUS REFORMAS: Establece en su artículo 1 que “el Ministerio Público es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. En el ejercicio de esa función, el Ministerio Público perseguirá la realización de la justicia, y actuará con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad, en los términos que la ley establece.” Recientemente fue reformada a través del Decreto Número 18-2016 del Congreso de la República de Guatemala. Breve reseña histórica: El Ministerio Público, previo a las reformas constitucionales que regularon su funcionamiento, se encontraba integrado a la Procuraduría General de la Nación, conforme el Decreto 512 del Congreso de la República. En 1993 el Estado de Guatemala dio un giro sustancial en la forma de organizar el sistema penal para enfrentar la criminalidad en nuestro país, dividió las tareas de juzgamiento, investigación y persecución penal en distintos órganos para establecer un sistema de pesos y contrapesos que permitiera eliminar las arbitrariedades y el abuso de poder que se observó durante la vigencia del sistema anterior. El Ministerio Público, a raíz de la reforma constitucional de 1993, se constituyó en un órgano autónomo encargado de ejercer la persecución y la acción penal pública. El Código Procesal Penal que entró en vigencia en 1993, trajo consigo una serie de funciones y responsabilidades para el Ministerio Público, resumiéndose todas ellas en dos grandes áreas: facultades de dirección de la investigación en la denominada etapa preparatoria y, las facultades de acusación para el ejercicio de la persecución penal propiamente dicha. Tomando en consideración que la Reforma Constitucional y la reforma procesal penal conciben al Ministerio Público como un ente autónomo, se Página 1 de 600

emitió el Decreto No. 40-94 “Ley Orgánica del Ministerio Público” que define al Ministerio Público como una institución que promueve la persecución penal, dirige la investigación de los delitos de acción pública y que vela por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Con la firma de la Carta de Intención en el mes de septiembre 1997, el Ministerio Público integra la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (ICMSJ), conjuntamente con el Organismo Judicial, el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Ministerio de Gobernación con el propósito de que permanentemente las altas autoridades del sistema penal mantuvieran una coordinación para dar soluciones a la problemática que ocasionaría la implementación del nuevo sistema procesal. La ley Orgánica del Ministerio Público, contenida en el Acuerdo Número 40-94 en el año 1994, y sufre una reforma por medio del Acuerdo 18-2016, el cual entró en vigencia el 18 de abril del año 2016. Dentro de las reformas más relevantes, podemos resaltar: Se regula la elección, nombramiento, remoción y sustitución del Fiscal General y Jefe del MP: reformándose los arts. 9, 10, 11, 12, 14 (remoción de FG), 15, 16. Se establece que el Jefe del MP solo puede ser removido por la comisión de un delito doloso (14 reformado) Se garantiza la independencia del MP y la celeridad en la investigación penal Se suprime el Consejo del MP, fortaleciendo la figura del Fiscal General (9, 10, 11, 12, se deroga totalmente el nombre y número de la sección 3, título 2 del decreto 40-94, y los artículos 19,20,21, 22, 23) Se crean la Coordinación Nacional y Fiscales Regionales (art. 24 bis) La coordinación nacional, tendrá a su cargo la articulación con los fiscales regionales. Los fiscales regionales serán los jefes del MP en las regiones que les fueren encomendados y los responsables de su buen funcionamiento en el área respectiva. Se regula la carrera profesional del MP, capacitando a los fiscales: Principios que rigen la carrera fiscal y el régimen disciplinario: Principio de legalidad, non bis in ídem, independencia del proceso disciplinario, proporcionalidad, tomando en cuenta: naturaleza del servicio afectado, grado de responsabilidad, grado de perturbación efectiva del servicio, naturaleza de los bienes jurídicos afectados, circunstancias en las que sucedió el hecho y antecedentes laborales del trabajador en la institución (art. 60 LOMP) Principios que rigen la carrera profesional: Idoneidad, objetividad, integridad y probidad, transparencia, no discriminación y estabilidad. Se establece el sistema permanente de evaluación de desempeño (art. 81bis) ]Es el sistema permanente por medio del cual se califica el rendimiento del personal de carrera, y tendrá como finalidad determinar la eficiencia y eficacia del personal en el cumplimiento de sus funciones, así como establecer necesidades de capacitación a efecto de superar las deficiencias encontradas y reconocimientos. La evaluación se efectuará por lo menos una vez al año. Se crean las Juntas Disciplinarias (art. 60 LOMP) Se crea la Supervisión General (Art. 64 bis LOMP) c. POLÍTICA CRIMINAL DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE GUATEMALA 2015-2035: fue formulada bajo el criterio ordenador de la Constitución Página 2 de 600

Política y todos los instrumentos pertinentes de derecho internacional y de derechos humanos suscritos por el país, así como atendiendo el resultado de las consultas que se hicieron a los diversos sectores sociales, religiosos, empresariales, institucionales y autoridades de los pueblos indígenas, entre otros. Tiene como función esencial la creación de las estrategias interinstitucionales para el abordaje articulado de los hechos y fenómenos criminales priorizados, sobre la base de cuatro ejes: la prevención, la investigación, la sanción y la reinserción, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil y otros actores del país. Pretende enfrentar la criminalidad y la violencia bajo el paradigma de la seguridad ciudadana, por lo que es una política criminal inclusiva, orientada a atender también las particularidades de las poblaciones vulnerabilizadas, con perspectiva de género, pertinencia cultural y lingüística, enfoque victimológico y consideración particular del derecho indígena. En términos de la construcción de la democracia y la convivencia pacífica, la presente política constituye un insumo de primer orden para fortalecer la acción del estado a favor del bien común, la vida, el desarrollo humano, la paz y el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia. Se promueve la cultura de legalidad que obliga al respeto irrestricto del marco normativo nacional e internacional vigente. Prioriza la prevención del delito, establece una investigación centralizada, científica, articulada, estratégica y efectiva de los hechos que más impacto y regularidad social presentan. Tiene como objetivo general la creación de estrategias articuladas que permitan a las instituciones del sector justicia y seguridad ciudadana, el abordaje de los principales hechos de violencia y criminalidad que ocurren en el país y que afectan los bienes jurídicos, los cuales el Estado tiene el deber de proteger, tanto desde la óptica de las posibilidades efectivas de tutela, como desde la prevención, considerada herramienta de primer orden para minimizar la incidencia delictiva. La articulación deberá considerar la participación de las organizaciones de la sociedad civil, la academia, la iniciativa privada y los pueblos indígenas, entre otros sectores. Pretende enfrentar el fenómeno de la violencia y el delito a través de una metodología que se oriente a desarrollar un análisis de las causas de los mismos, con el apoyo de herramientas y de investigación que ofrecen la criminología, la victimología, la sociología, la antropología, psicología, la estadística, la informática y otras. Con estas ciencias auxiliares de la política criminal, será posible analizar los diversos aspectos del delito, la violencia y sus consecuencias, así como proveer recomendaciones y observaciones que permitan diseñar estrategias que faciliten identificar y entender las causas del delito y sus efectos; al mismo tiempo que se buscara la reparación de los daños ocasionados a las víctimas y se asegurará una pronta y adecuada imposición y ejecución de las penas. Está concebida como un conjunto articulado de lineamientos de carácter estratégico, para incidir, desde la prevención, en las estructuras sociales que puedan mejorar la condición política, económica, social, educativa y cultural, a fin de reducir o evitar la comisión de hechos delictivos, potenciando las condiciones que permitan una efectiva prevención del delito, la construcción de una cultura de legalidad y tolerancia ciudadana, teniendo como aliados a los medios de comunicación, fortaleciendo a las demás instituciones estatales encargadas de la persecución penal e investigación criminal, a fin de evitar la impunidad y la corrupción, así Página 3 de 600

como garantizar condiciones efectivas de tratamiento y retorno al contexto social, para las personas que hayan infringido la ley. Articula la investigación criminal, generando mecanismos más adecuados de uso de la información, planificación de acciones estratégicas a nivel nacional y regional, selección de casos, para enfrentar los distintos fenómenos criminales, particularmente de las áreas priorizadas, de conformidad con las condiciones específicas de los distintos departamentos y su incidencia criminal. De igual forma, se orienta hacia decisiones afectivas que permitan afrontar la corrupción y la impunidad, mejorando las capacidades de las instituciones, la formación de sus empleados (as) y funcionarios (as), definiendo además mecanismos más eficientes para el control disciplinario, evaluación de desempeño y reclutamiento de personal. En el eje de la sanción, plantea racionalizar el uso de la pena privativa de libertad, considerando la intensidad de la lesión a los bienes jurídicos que afecta a la convivencia armónica, las condiciones particulares del autor del hecho delictivo, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de resolución alterna de conflictos y ampliar las alternativas de sanción previstas en la legislación penal. El eje de la reinserción social, articula los esfuerzos que se llevan a cabo desde otras políticas, orientados a disminuir el hacinamiento carcelario, mejorar las condiciones de reclusión, generar mecanismos que posibiliten el cumplimiento del fin resocializador y rehabilitador de la sanción y políticas para el retorno al contexto social. d. POLÍTICA DE PERSECUCIÓN PENAL DEMOCRÁTICA DEL MINISTERIO PÚBLICO: la política criminal democrática del estado de Guatemala se ejecutará mediante la articulación de todas las instituciones de la administración pública, las que por su propia naturaleza tienen incidencia en la prevención, investigación, sanción y reinserción social tanto a nivel nacional, como regional, departamental, municipal y comunitario. En el marco de la cooperación internacional para promover la participación centroamericana en el abordaje de la criminalidad organizada, se orientará la suscripción de instrumentos de cooperación con otros países, a fin de enfrentar de mejor manera con una estrategia regionalizada los fenómenos criminales, en los términos que prevé la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la Convención de Palermo y sus 3 protocolos. Esta política busca fortalecer el cumplimiento de los diferentes convenios y tratados internacionales en materia de seguridad y justicia, con la intervención efectiva de los pueblos indígenas (maya, Garífuna y xinca), así como de las organizaciones de la sociedad civil que brindan su aporte desde el control social informal. Objetivo General de la política: Disminuir los índices de criminalidad y violencia social, mediante la implementación y creación de estrategias de prevención, investigación, sanción y reinserción social, que permita el desarrollo integral, la convivencia social armónica y seguridad ciudadana para las y los guatemaltecos. Ejes de la política: Prevención: es el enfoque que procura desarrollar acciones articuladas entre las instituciones del Estado, la sociedad civil, sector académico, autoridades indígenas, sector privado, entre otras, orientadas a disminuir o evitar que un hecho delictivo o violento ocurra; actuando sobre las causas del crimen y la violencia. Investigación: Proceso Página 4 de 600

objetivo, científico, articulado e integral encaminado a descubrir la verdad de los hechos criminales y atribuir la responsabilidad o inocencia de los implicados, que involucra acciones interdisciplinarias. Sanción: es la consecuencia que se deriva de la infracción de la norma penal, que tiene incidencia en la convivencia social armónica, y que debe orientarse a remediar los efectos de dicha transgresión, atendiendo las condiciones particulares de quien realiza el hecho y en proporcionalidad a la afectación del bien jurídico. Reinserción: Proceso mediante el cual el estado promueve mecanismos para garantizar condiciones integrales de tratamiento para la rehabilitación e integración social de las personas que egresan del sistema penitenciario, evitando que vuelvan a delinquir. Ejes transversales: Lucha contra la corrupción: implementación de los mecanismos institucionales orientados a eliminar las prácticas de corrupción en el ejercicio de la administración pública y el sector privado, fortaleciendo la promoción de los valores propios del estado democrático de derecho, la transparencia, la rendición de cuentas y la cultura de denuncia, asegurando mecanismos de protección al denunciante, así como el desarrollo de campañas de sensibilización, entre otras. Lucha contra la impunidad: Desarrollar los mecanismos que aseguren la eficaz denuncia, investigación y sanción de los responsables de los fenómenos criminales y los delitos priorizados, de manera que se contribuya también a imponer las sanciones adecuadas a quienes cometen hechos delictivos y desarticular grupos de criminalidad organizada y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a toda la población guatemalteca. Lucha contra la discriminación y el racismo: asegurar en todo el proceso de implementación de la política criminal democrática, acciones interinstitucionales, en coordinación con la sociedad civil, la academia, la iniciativa privada y los pueblos indígenas entre otros, orientadas a prevenir, investigar y sancionar el trato desigual de las personas por razones de etnia, condición económica, orientación sexual e identidad de género, creencias, en todo el quehacer de las instituciones del sector justicia. Ética y profesionalismo: Promover acciones orientadas a mejorar la formación profesional, ética y académica en coordinación con las instituciones educativas, colegio de abogados y organización profesionales, como herramienta de fortalecimiento de la administración de justicia. Enfoques y perspectivas: enfoque de género: permite visibilizar la desigualdad social construida a partir de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Además, es una herramienta útil para la eliminación de la discriminación contra las mujeres, a fin de promover la equidad e igualdad entre los seres humanos; y con su incorporación en la política criminal democrática, se reconoce que hombres y mujeres son diferentes biológicamente, pero iguales en dignidad y derechos; por lo tanto, el abordaje que debe hacerse a la prevención, investigación, sanción y reinserción social debe ser diferenciada y especializada con base a las necesidades específicas de las personas. En ese sentido, el estado debe garantizar y respetar los derechos humanos de todas las personas, en especial de las mujeres, atendiendo a su condición, situación y posición dentro de la estructura social y asegurando su acceso a las oportunidades que le permitan su desarrollo pleno. Perspectiva victimológica: visibiliza a la víctima del delito como un importante sujeto de derecho. Lo cual permite que la planificación, ejecución y decisiones en materia de política criminal sean más eficaces y eficientes. Además contribuye al diseño de modelos de atención que respondan a las necesidades de la víctima, así como a la restitución de sus Página 5 de 600

derechos y del daño ocasionado por el delito, tanto en el sistema de seguridad y justicia, como en materia de política pública en general. La atención a la víctima del delito debe ser inmediata, con calidad, calidez y con pertinencia cultural, garantizando y respetando sus derechos humanos. Pertinencia cultural y lingüística: adaptar los servicios que prestan las instituciones del sistema de justicia y seguridad ciudadana a la cultura o cosmovisión de las personas integrantes de pueblos indígenas y la atención en su propio idioma. Desde la consideración de la pertinencia cultural es indiscutible que la visión de los pueblos indígenas debe tomarse en cuenta en las decisiones que se tomen en el abordaje de los hechos delictivos y os mecanismos de solución de conflictos que ellos implementan. La política criminal democrática deberá crear las herramientas que aseguren que el servicio público de administración de justicia garantice la atención en el idioma de cada pueblo, la consideración a las condiciones específicas del lugar, la exclusión del racismo, la no re victimización, y el respeto a la forma de solución de los conflictos por parte de pueblos indígenas, así como desarrollar las bases para la coexistencia del pluralismo jurídico. Acceso a la justicia para poblaciones vulnerables: garantizar que las poblaciones vulnerabilizadas cuenten con las condiciones necesarias para conocer, promover, ejercer y defender sus derechos y obligaciones, asegurando la igualdad de trato ante la ley y la no discriminación, de manera que las instituciones del sistema de justicia y seguridad ciudadana garanticen un trato digno, implementen procedimientos especializados de atención, establezcan infraestructura adecuada en sus instalaciones y desarrollen campañas de sensibilización sobre las necesidades particulares de estas poblaciones. e. PLAN ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO PÚBLICO 2018-2023: Mediante acuerdo número 131-2018 de fecha 10 de diciembre de 2018, la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público aprueba el plan estratégico del Ministerio Público 2018-2023. Dentro del marco normativo de actuación institucional, se encuentra: a) Constitución política de la república de Guatemala, que en el artículo 251 establece que el Ministerio Publico es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica y establece que el jefe del Ministerio Público es el Fiscal General de la República, a quien le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. b) Ley Orgánica del Ministerio Público, que en su artículo 10 indica que el Fiscal General de la República es el jefe del Ministerio Publico y el responsable de su buen funcionamiento, su autoridad se extiende a todo el territorio nacional, es quien ejerce la acción penal publica y las atribuciones que la ley le otorga al Ministerio Público, por sí mismo o por medio de los órganos de la institución. El MP tiene las funciones de investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales, según las facultades que le confiere la constitución Política de la República de Guatemala, las leyes de la república y los tratados y convenios internacionales. Ejerce acción civil en los casos previstos por la ley y asesora a quien pretenda querellarse por delitos de acción privada de conformidad con lo que establece el código procesal penal. Asimismo, tiene la función de dirigir a la PNC y demás cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de hechos delictivos. Debe preservar el Estado Página 6 de 600

de Derecho y el respeto a los Derechos Humanos, efectuando las diligencias ante los tribunales de justicia. c) Código Procesal Penal, que es otra norma de importancia para definir el marco legal de actuación del Ministerio Público, dicho código entro en vigencia en julio de 1994 iniciando una transición estructural del sistema penal, no solo en Guatemala sino en américa latina, que significo sustituir el hasta entonces vigente proceso penal inquisitivo por uno de corte acusatorio. En el artículo 8 establece que el MP como institución, goza de plena independencia para el ejercicio de la acción penal y la investigación de los delitos, debe basar su actuación en varios principios establecidos en la constitución política de la república de Guatemala y en el código relacionado, dentro del cual existen principios y derechos constitucionales básicos, tales como; principio de legalidad, juicio previo, presunción de inocencia, derecho de defensa, derecho de audiencia y derecho a traductor o interprete, entre otros; que se constituyen en la base de un juicio de garantías y observador del principio de inocencia de las y los ciudadanos guatemaltecos, que los hace ser el sustento de un verdadero estado de derecho. d) Leyes de naturaleza penal: código penal, ley de armas y municiones, ley de protección integral de la niñez y adolescencia, ley contra la narcoactividad, ley contra la delincuencia organizada, ley contra el lavado de dinero y otros activos, ley contra la defraudación y el contrabando aduanero, ley de migración, ley de juzgados y tribunales de mayor riesgo, ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, ley para la protección de sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de justicia penal, código procesal penal, ley forestal, ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, ley de extinción de dominio, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, ley contra la corrupción, ley de equipos terminales móviles, ley nacional de adunas, ley orgánica del instituto para la asistencia y atención a la víctima del delito, ley para la protección del patrimonio cultural de la nación, ley de contrataciones del estado, ley del régimen penitenciario, ley de implementación del control telemático en el proceso penal. e) Leyes relativas a órganos auxiliares de la investigación: ley orgánica de la policía nacional civil, ley del instituto nacional de ciencias forenses, ley de dirección general de investigaciones criminales, ley de acceso a la información pública, ley orgánica de la procuraduría general de la nación, ley orgánica del instituto de la defensa publica penal. f) Instrucciones generales. g) Políticas Públicas: dentro de las políticas públicas vigentes, están: EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO K´ATUN 2032, REPARACION A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE LA HIDROELECTRICA CHIXOY, POLITICA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE RIESGO A LOS DESASTRES, LEY Y POLITICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO, PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE, POLITICA CRIMINAL DEMOCRATICA DEL ESTADO DE GUATEMALA, POLITICA PUBLICA DE PROTECCION INTGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, y en cumplimiento a los acuerdos de paz, ACUERDO SOBRE EL FORTALECIMIENTO DEL PODER CIVIL Y FUNCION DEL EJERCITO EN UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA. h) Políticas institucionales: POLITICA DE PERSECUCION PENAL DEMOCRATICA DEL MINISTERIO PUBLICO, POLICITA PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL MINISTERIO PUBLICO, POLICITA DE ACCESO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AL MINISTERIO PUBLICO Y POLITICA DE DERECHOS Página 7 de 600

HUMANOS PARA LA PERSECUCION PENAL DEL MINISTERIO PUBLICO. i) Normativa internacional. La estructura funcional del área de fiscalía es la siguiente: - Fiscalías de distrito y municipales o Fiscalía de Alta Verapaz  Fiscalía de Chisec  Fiscalía de Ixcán  Fiscalía de Santa Catarina la Tinta o Fiscalía de Baja Verapaz  Fiscalía de Rabinal o Fiscalía de Coatepeque o Fiscalía de Chimaltenango o Fiscalía de Chiquimula  Fiscalía de Esquipulas o Fiscalía de El Progreso o Fiscalía de Escuintla  Fiscalía de San José  Fiscalía de Santa Lucia Cotzumalguapa  Fiscalía de Tiquisate o Fiscalía de Distrito Metropolitano  Fiscalía de Amatitlán  Fiscalía de Chinautla  Fiscalía de Mixco  Fiscalía de Palencia  Fiscalía de San Juan Sacatepéquez  Fiscalía de Santa Catarina Pinula  Fiscalía de Villa Canales  Fiscalía de Villa Nueva  Unidad de Atención Integral  Unidad de Decisión Temprana  Unidad de Dirección de la Investigación  Unidad de Litigio  Almacén de Evidencias o Fiscalía de Huehuetenango  Fiscalía de la Democracia  Fiscalía de Santa Eulalia o Fiscalía de Izabal  Fiscalía de Morales o Fiscalía de Jalapa o Fiscalía de Jutiapa  Fiscalía de Asunción Mita  Fiscalía de Moyuta o Fiscalía de Peten  Fiscalía de Poptún  Fiscalía de La Libertad  Fiscalía de Melchor de Mencos o Fiscalía de Quetzaltenango o Fiscalía de Quiche  Fiscalía de Joyabaj  Fiscalía de Nebaj o Fiscalía de Retalhuleu o Fiscalía de Sacatepéquez o Fiscalía de San Marcos Página 8 de 600

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 Fiscalía de Ixchiguán  Fiscalía de Malacatán  Fiscalía de Tecún Umán o Fiscalía de Santa Rosa  Fiscalía de Casillas  Fiscalía de Taxisco o Fiscalía de Sololá  Fiscalía de Santiago Atitlán o Fiscalía de Suchitepéquez  Fiscalía de San Juan Bautista o Fiscalía de Totonicapán o Fiscalía de Zacapa  Fiscalía de Gualán Fiscalías de sección o Fiscalía de asuntos constitucionales, amparos, y exhibición personal o Fiscalía de asuntos internos o Fiscalía contra la corrupción o Fiscalía contra el crimen organizado  Unidad fiscal contra el tráfico ilegal de armas de fuego, explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, trampas bélicas y armas experimentales  Agencia fiscal contra el crimen organizado Jalapa  Agencia fiscal contra el crimen organizado Quetzaltenango  Agencia fiscal contra el crimen organizado San Marcos o Fiscalía contra el delito de extorsión o Fiscalía contra delitos electorales o Fiscalía contra lavado de dinero u otros activos  Unidad de extinción de dominio o Fiscalía contra trata de personas  Unidad contra la venta de personas y adopciones irregulares  Unidad contra la explotación sexual  Unidad contra la explotación laboral y otras modalidades de trata de personas  Unidad de atención integral  Unidad para la atención de las personas migrantes victimas de posibles delitos y sus familiares o Fiscalía de delitos administrativos o Fiscalía de delitos contra el ambiente  Agencia fiscal de delitos contra el ambiente Izabal  Agencia fiscal de delitos contra el ambiente Peten  Agencia fiscal de delitos contra el ambiente Alta Verapaz o Fiscalía de delitos contra el patrimonio cultural de la nación  Fiscalía de sección adjunta región nororiente sede San Benito o Fiscalía de delitos contra la propiedad intelectual o Fiscalía de delitos contra la vida y la integridad de la persona  Agencias fiscales departamento de Escuintla  Agencias fiscales municipio de Villa Nueva o Fiscalía de delitos económicos o Fiscalía de delitos de narcoactividad región central  Fiscalía de sección adjunta de delitos de narcoactividad región nororiental sede Izabal  Fiscalía de sección adjunta de delitos de narcoactividad región nororiental sede Quetzaltenango Página 9 de 600

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Fiscalía de sección adjunta de delitos de narcoactividad región oriente sede peten Fiscalía de Derechos Humanos  Unidad fiscal de delitos contra los derechos humanos  Unidad fiscal de delitos contra activistas de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas  Unidad fiscal de casos especiales del conflicto armado  Unidad fiscal especial de delitos contra sindicalistas  Unidad fiscal contra delitos de discriminación Fiscalía de ejecución  Agencia fiscal sede Quetzaltenango Fiscalía liquidadora Fiscalía de menores o de la niñez  Agencia fiscal Coatepeque  Agencia fiscal Alta Verapaz  Sede regional Chimaltenango  Sede regional Escuintla  Agencia fiscal Huehuetenango  Agencia fiscal Jalapa  Sede regional Jutiapa  Sede regional Petén  Agencia fiscal Puerto Barrios  Sede regional Quetzaltenango  Agencia Fiscal Quiché  Agencia Fiscal Salamá  Agencia Fiscal San Marcos  Agencia Fiscal Santa Rosa  Agencia Fiscal Sololá  Agencia Fiscal Sacatepéquez  Agencia Fiscal Suchitepéquez  Sede regional Zacapa Fiscalía de la mujer  Agencia fiscal en fiscalía de distrito de Jutiapa  Agencia fiscal en fiscalía de distrito de Petén  Agencia fiscal en fiscalía de distrito de Quetzaltenango  Agencia fiscal en fiscalía de distrito de Quiché  Agencia fiscal en fiscalía de distrito de San Marcos  Agencia fiscal en fiscalía de distrito de Sololá  Agencia fiscal en fiscalía municipal de Mixco  Agencia fiscal en fiscalía municipal de Santa Catarina Pinula  Agencia fiscal en fiscalía de Distrito de Alta Verapaz  Agencia fiscal en fiscalía de Distrito de Chimaltenango  Agencia fiscal en fiscalía de Distrito de Chiquimula  Agencia fiscal en fiscalía de Distrito de Escuintla  Agencia fiscal en fiscalía de Distrito de Huehuetenango  Agencia fiscal en fiscalía de Distrito de Izabal  Agencia fiscal en fiscalía de Distrito de Jalapa

La estructura funcional del área administrativa es la siguiente: - Despacho del fiscal General de la República - Asesoría del sistema de gestión de la calidad - Unidad asesora de genero - Departamento jurídico Página 10 de 600

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Unidad de auditoría interna Jefatura administrativa o Dirección Administrativa  Departamento de información y prensa  Unidad de información publica  Departamento de servicios generales  Sección de administración de vehículos  Unidad de telecomunicaciones  Unidad de conserjería y servicio de apoyo  Unidad de mensajería  Unidad de reproducción de documentos  Departamento de infraestructura  Sección de administración del edificio Gerona  Sección de mantenimiento  Departamento de eventos de cotización y licitación  Sección de compras  Sección de almacén o Dirección de Recursos Humanos  Sección de reclutamiento y selección de personal  Sección de acciones de personal  Sección de clasificación de puestos y salarios  Sección de nomina  Guardería “Ak´al” o Dirección Financiera  Departamento de presupuesto  Departamento de tesorería  Departamento de contabilidad  Sección de ejecución presupuestaria  Unidad de inventarios  Unidad de archivo o Sección de archivo general de expedientes o Dirección de análisis y planificación  Departamento de análisis y planificación  Departamento de desarrollo institucional Secretaria general o Dirección de investigaciones criminalísticas o Oficina de protección o Supervisión general  Sede región central  Sede región norte  Sede región occidente  Sede región oriente  Sede región sur Secretaria privada y de asuntos estratégicos Secretaria de asuntos internacionales y cooperación o Departamento de ejecución de proyectos de cooperación externa o Departamento de cooperación o Unidad especializada de asuntos internaciones o Agregaduría legal Secretaria de política criminal o Departamento de coordinación de atención a la victima o Departamento de pueblos indígenas Página 11 de 600

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Coordinación del sistema informático integrado o Departamento del sistema informático administrativo o Departamento del sistema información de control de la investigación del MP –SICOMPDirección de análisis criminal Departamento de procedimientos administrativos disciplinarios Departamento de seguridad Unidad de métodos especiales de investigación Unidad de evaluación del desempeño Fiscalías de Distrito o Fiscalías municipales Fiscalías de sección Unidad de impugnaciones Unilat, Unidad especializada contra organizaciones criminales dedicadas a la narcoactividad y/o lavado de dinero u otros activos, y delitos contra el orden tributario Fiscalía especial contra la impunidad (FECI) Unidad de capacitación

La estructura funcional del área de investigaciones es la siguiente: - Despacho del Fiscal General de la República - Dirección de Investigaciones Criminalísticas o Sub dirección de investigación criminal operativa  Unidad de asistencia técnica  Unidad de investigadores o Sub dirección de investigación criminalística  Unidad de recolección de evidencias  Unidad de monitoreo Organización: - Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público - Fiscales Regionales - Fiscales de Distrito y Fiscales de Sección o Jefatura de la Fiscalía Distrital  Fiscal de Distrito  Área de enlace para análisis criminal  Área de apoyo administrativo y logístico  Comité de gestión fiscal o Unidad de atención integral  Oficina de atención permanente (OAP)  Oficina de atención a la víctima (OAV) o Unidad de Decisión Temprana (UDT) o Unidad de dirección de la investigación (UDI)  Área de investigadores  Área de atención de casos de flagrancia  Área de procesamiento de la escena del crimen  Área de fenómeno criminal o Unidad de Litigio (UL)  Área de audiencias previas al juicio  Área de audiencias de juicio  Área de prueba para juicio - Fiscales de Distrito Adjunto y Fiscales de Sección Adjunto - Agentes Fiscales Página 12 de 600

- Auxiliares Fiscales FUNCIONES: Las funciones del Ministerio Público se establecen en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, siendo las siguientes: a. Investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales, según las facultades que le confieren la Constitución, las leyes de la República, y los tratados y convenios internacionales. b. Ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda querellarse por delitos de acción privada de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal. c. Dirigir a la Policía Nacional Civil y demás cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de hechos delictivos. d. Preservar el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, efectuando las diligencias necesarias ante los tribunales de justicia. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL: Tomando en consideración la información que es generada amplia y detalladamente por el SICOMP y el análisis realizado a la misma, se planteó el Eje 1: Diagnóstico, elaboración de Protocolos de Investigación Criminal y adecuación del Modelo de Gestión de Casos, con el cual se pretende hacer una revisión de los modelos de gestión que se han venido utilizando a efecto de analizar los actores, procedimientos utilizados y otros factores como la influencia que tiene el liderazgo de los fiscales, la cantidad y capacidad del personal asignado a las fiscalías, las cargas de trabajo, la efectividad de los turnos, entre otros. Este análisis permitirá determinar y validar un modelo de gestión que tenga una mejor producción y respuesta a las denuncias recibidas. Por otra parte, es oportuno indicar que, dentro de las principales fortalezas se manifestó que se dispone de una estructura organizacional adecuada, así como políticas institucionales que orientan en la parte sustantiva la persecución penal estratégica, sin embargo habrá que evaluar y validar la misma, al hacerse la revisión del modelo de gestión; adicionalmente, se considera necesaria la incorporación del enfoque de género y pertinencia cultural en los procedimientos que estas dependencias llevan a cabo. Al respecto, es importante indicar que estos son factores que influyen en el logro de resultados, así como contar con recurso humano capacitado, con experiencia y actitud positiva en la mayoría de fiscalías, dependencias de apoyo y administrativas. Asimismo, es preciso redefinir la competencia territorial de algunas fiscalías municipales y la material de las fiscalías especiales y de Sección, para mejorar la coordinación y prestación de servicios a efecto de facilitar la accesibilidad a la población. Otro factor negativo que incide en el funcionamiento del Ministerio Público y limita el acceso de la población a la justicia pronta y cumplida, es la poca presencia institucional a nivel nacional, ya que actualmente solo se tiene presencia en el 20.3% de los municipios del país, con 23 fiscalías de distrito, 46 fiscalías o agencias municipales, de las cuales siete aún se encuentran pendientes de implementación (Ver mapa de presencia institucional en Anexo 1), y 22 fiscalías de Sección. En consecuencia, cada una de las sedes tiene asignada una jurisdicción y cobertura territorial extensa, tanto en el área urbana como en la rural, situación que se ve agravada debido al difícil acceso a comunidades rurales y áreas marginales del país. Con la finalidad de contribuir a superar esta situación, se realizó la definición del Eje 2: Fortalecer la respuesta ante los delitos contra la vida, contra las extorsiones, la criminalidad organizada y la corrupción, cuyo objetivo estratégico es: mejorar el acceso a la justicia, así como la calidad del servicio y entre sus nueve líneas de acción se plantea la ampliación y fortalecimiento de cobertura del Ministerio Público a través de la creación o readecuación de fiscalías y agencias fiscales a Página 13 de 600

nivel nacional. En ese sentido, se tiene prevista la creación y puesta en funcionamiento de 25 agencias fiscales, implementación de kioscos de denuncias y quejas, así como el establecimiento de fiscalías móviles en comisarías de la Policía Nacional Civil ubicadas en áreas de alto riesgo. En lo que respecta a las estadísticas generadas de delitos contra la vida, para el mismo período, se recibieron 2,566 expedientes, de los cuales 241 corresponden al delito de Femicidio; presentándose 377 acusaciones, incluidas en esta cifra 26 por el ilícito de Femicidio; en tal sentido, se puede afirmar que en relación al número de expedientes recibidos con las acusaciones presentadas se ha tenido una efectividad del 14.69%. Especial atención merece señalar que de las 427,819 denuncias recibidas, 8,289 están asociadas al ilícito penal de extorsiones, registrándose 3,158 en el departamento de Guatemala; considerando que desde la creación de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión se han obtenido únicamente alrededor de 380 sentencias, se evidencia un 4.58% de efectividad en el ataque frontal de este delito. En respuesta a esta situación, dentro de las líneas de acción se propone el fortalecimiento de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y la Integridad de las Personas, así como la promoción de acciones de prevención del delito principalmente el de extorsión. Como acción afirmativa a las reformas efectuadas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, se aprobó la regionalización territorial institucional; asimismo, se inició con la implementación de sedes. Por lo que, en este eje se incluye la readecuación de las funciones de la Coordinación Nacional y Fiscales Regionales que permitirá completar su implementación para facilitar entre otros, el apoyo oportuno, la coordinación intrainstitucional, la descentralización de funciones, reducción de tramos de control y la dirección de la persecución penal de los fenómenos criminales, tomando en consideración las particularidades, características y principales delitos propios de cada región. El crecimiento organizacional, incluyendo la creación de nuevas agencias fiscales de fiscalías de sección y agencias fiscales en algunos hospitales nacionales, ha permitido la atención inmediata y especializada, así como la realización de diligencias urgentes de investigación de determinados tipos penales, priorizados en la Política de Persecución Penal Democrática del Ministerio Público, sin embargo, aún no son suficientes. Además, se han establecido modalidades de trabajo que han demostrado en la práctica ser efectivas, tales como la reunión de coordinación y seguimiento de casos de impacto en las primeras 24 y 72 horas en algunas fiscalías especializadas, la Certificación Internacional de la Calidad ISO 9001 de la Fiscalía Contra el Delito de Extorsión y el Modelo de Atención Integral a víctimas del delito, que podrán ser revisados y validados para su aplicación en otras fiscalías. En el área técnica, la creación y aportes de dependencias de análisis y de aplicación de métodos especiales de investigación, haciendo uso de tecnología para la obtención y procesamiento de información, han contribuido con el área fiscal en la persecución penal estratégica y la desarticulación de estructuras criminales. Al respecto, es importante resaltar que recientemente se efectuó el fortalecimiento de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI), Dirección de Análisis Criminal (DAC) y Unidad de Métodos Especiales (UME). Sin embargo, los requerimientos realizados a estas dependencias, sobrepasan la capacidad de respuesta. Por ello el Eje 3: Modernización de la Investigación Criminal, planteado dentro de este Plan, tiene como objetivo la sistematización de los procesos de investigación criminal que contribuyan a la modernización y mejora continua de los mismos, Página 14 de 600

planteándose entre sus líneas de acción, la desconcentración de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, el monitoreo y evaluación del cumplimiento de la Política de Persecución Penal Democrática del Ministerio Público, el fortalecimiento de la coordinación con los organismos cooperantes, el diseño y/o actualización de protocolos de investigación criminal estratégicos, así como el fortalecimiento de las capacidades técnicas y profesionales a equipos multidisciplinarios. Otro factor que debe resaltarse es que el Ministerio Público ha hecho esfuerzos para el combate de los delitos de delincuencia común, así como los realizados por las maras o pandillas, las cuales se movilizan con facilidad en los territorios y áreas fronterizas de los países centroamericanos, principalmente en los que conforman el denominado Triángulo Norte, burlando así las acciones de persecución que se realizan. Con la finalidad de lograr efectividad en estas acciones, se ha incluido en el presente Plan Estratégico el Eje 4: Intercambio de Información y Política Criminal del Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, que busca aunar esfuerzos para combatir de forma conjunta la lucha contra la delincuencia fuerzas de seguridad y de persecución penal de Honduras, El Salvador y Guatemala, para el abordaje en conjunto de fenómenos de infracción y transgresión de las normas relacionadas con la financiación, producción y tráfico de sustancias ilegales y aspectos asociados, así como el establecimiento de las bases para una persecución penal estratégica en el territorio centroamericano. En los últimos años se ha trabajado en forma conjunta y con el apoyo de las dependencias que conforman la Dirección de la Policía Nacional Civil, logrando comunicación y coordinación asertiva en la investigación de hechos delictivos, allanamientos y otras actividades que han permitido desarticular estructuras criminales. Con el afán de mantener la buena relación y mejorar los procesos que se realizan en conjunto, es necesaria la incorporación del Eje 5: Coordinación y fortalecimiento de la relación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, que tiene por objeto articular esfuerzos y recursos entre ambos para el intercambio y sistematización de la información criminal, que permita fortalecer la persecución penal estratégica. Para lograr este objetivo se incluyeron entre las líneas de acción, el establecimiento de mecanismos de coordinación, comunicación y control con el Ministerio de Gobernación para el intercambio y sistematización de la información criminal, la conformación de una mesa técnica bilateral (PNC-MP) para el análisis de los fenómenos criminales, de las diversas manifestaciones de las estructuras criminales existentes en el territorio nacional, de los mercados ilícitos y de los patrones delictivos, así como la conformación de unidades conjuntas, multidisciplinarias y especializadas de investigación criminal con la Policía Nacional Civil bajo la dirección del Ministerio Público. Como resultado del crecimiento de la institución, se ha producido un aumento significativo del personal fiscal del Ministerio Público y aunque se han realizado esfuerzos por la profesionalización de los fiscales y la implementación de la Carrera Fiscal, no se han obtenido los frutos esperados. Si bien la Unidad de Capacitación del Ministerio Público ha llevado a cabo numerosos eventos de capacitación, los esfuerzos no han sido suficientes para brindar la cobertura a todo nivel. Es por ello, que el Eje 6: Formación, Capacitación y Especialización de los Fiscales promueve la profesionalización del personal del Ministerio Público, que contribuya al mejoramiento de las capacidades técnicas y profesionales para una efectiva persecución penal, conteniendo como líneas de acción el establecimiento de alianzas estratégicas con agencias de investigación internacional, la realización del Página 15 de 600

diagnóstico que identifique las necesidades de los fiscales para el fortalecimiento institucional y suscripción de convenios con universidades nacionales e internacionales que impartan o acrediten estudios superiores dirigidos a personal del área fiscal y de apoyo del Ministerio Público. En este sentido se propone también el uso de los sistemas informáticos institucionales para impartir diariamente temas de capacitación, los que en determinado período serán objeto de evaluación. El sistema actual para la presentación de denuncias, tiene inmersas situaciones que dificultan a las víctimas de un hecho delictivo acudir a las instituciones que pueden ayudarles a hacer justicia. Entre estas podemos mencionar que la víctima debe repetir varias veces el hecho acontecido con diferentes actores e incluso debe enfrentarse con su victimario. Si bien el Ministerio Público ha hecho esfuerzos por mejorar la atención por medio de la Oficina de Atención a la Víctima o a través del Modelo de Atención Integral, MAI, es necesario revisar el funcionamiento de estas oficinas, así como la atención que debe brindarse en las fiscalías que no cuentan con estas dependencias. En virtud de lo expuesto, se requiere ampliar la cobertura del modelo de atención integral, dado que se dispone de este servicio en el 82% de las fiscalías de distrito y únicamente en las fiscalías municipales de Mixco y Villa Nueva del departamento de Guatemala. El presente Plan Estratégico para atender esta situación, ha incluido el Eje 7: Reducción de la victimización secundaria de la víctima del proceso penal, teniendo como objetivo estratégico proteger los derechos de la víctima a través de acciones que eliminen la victimización secundaria de todos los actores del sector justicia y la confrontación con su victimario. Para alcanzar este objetivo, se ha incluido dentro de sus líneas de acción, establecer alianzas estratégicas con instituciones de la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia, para desarrollar un modelo de atención integral a la víctima, moderno y especializado que evite la victimización repetitiva durante el proceso penal, la revisión de protocolos de atención a la víctima que incluya los mecanismos de infraestructura que eviten la confrontación con su victimario, la coordinación interinstitucional para el tratamiento adecuado de víctimas del delito, así como el diseño e implementación de una política transversal que permita la atención a los grupos vulnerables, principalmente niñez, adolescentes y personas con discapacidad física. La alta demanda del servicio, limitado número de fiscalías y falta de personal provocan alta carga laboral que tiene como consecuencia atención tardía de los casos y la mora fiscal existente, por diversas causas. Adicionalmente, la actuación fiscal se ve afectada en algunos casos, por la inseguridad en la realización de diligencias, siendo víctimas de amenazas, secuestros, negación de acceso entre otros, así como por factores externos entre los que se incluyen la mora judicial y la de los requerimientos de peritaje al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. De acuerdo con datos del SICOMP en el mes de mayo del 2014, se tenía como mora fiscal alrededor de 1,280,378 expedientes sin resolver, para reducirla se crearon agencias fiscales liquidadoras ubicadas en los municipios de Mixco, Villa Nueva, Suchitepéquez, Escuintla, Cobán y Quetzaltenango, que trabajan coordinadamente y bajo la directriz de la Fiscalía Liquidadora ubicada en la ciudad capital. Esta fiscalía tiene a su cargo las acciones y el manejo de criterios de liquidación de expedientes y con los procedimientos realizados se produjo una reducción del 48.2% de los expedientes identificados a mayo 2014; sin embargo, las acciones realizadas no lograron una reducción global, ya que para mayo de 2018, la mora fiscal asciende a un aproximado de 1,248,590 expedientes, evidenciando la

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urgente necesidad de diligenciar una cifra superior de expedientes al total de denuncias recibidas. Con la intención de reducir la mora fiscal, se plantea dentro del Plan Estratégico el Eje 8: Acciones para evitar la mora fiscal, cuyo objetivo estratégico es promover el diligenciamiento oportuno de los casos en los procesos de investigación penal, para que se tenga una pronta y eficaz respuesta. Sus líneas de acción proponen la ejecución de un diagnóstico situacional que permita establecer las causas y recomendaciones para reducir la mora fiscal y un plan de necesidades para dotación de equipo, sistemas informáticos y protocolos para el diligenciamiento de casos, la emisión de disposiciones claras, precisas y concretas para la investigación y solicitudes a los órganos jurisdiccionales en plazos razonables, así como la realización de la reingeniería de gestión y solución de expedientes entrelazado con el monitoreo y evaluación del desempeño. Derivado de los constantes hechos delictivos, propensión de la escena del crimen para su contaminación y pérdida de indicios, así como la necesidad de compartir información estratégica, se incluye en el Plan Estratégico el Eje 9: Fortalecimiento de la Unidad de Monitoreo y conformación de la Fiscalía de Reacción Inmediata, cuyo propósito es reducir los tiempos de llegada de los equipos de investigación del Ministerio Público a la escena del crimen para la oportuna y efectiva recopilación de información y obtención de indicios que faciliten la investigación. Para ello se plantea el rediseño e implementación de la Unidad de Monitoreo, como una oficina de interacción a nivel nacional con las sedes fiscales, que recopile información inmediata de los hechos criminales para las directrices específicas de la Coordinación Nacional. Adicionalmente, se propone la creación de la Fiscalía de Reacción Inmediata o de alto impacto, con competencia a nivel nacional, conformada por fiscales y personal de apoyo multidisciplinario, con competencias específicas para la atención de casos que ameriten una respuesta inmediata a la población y la conformación de una mesa interinstitucional para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario. Finalmente, pudo establecerse que el crecimiento del Ministerio Público además de acelerado ha sido desordenado, considerándose que aún es insuficiente el personal en algunas fiscalías, dependencias de apoyo y administrativas para atender la alta demanda de servicio, por lo que es frecuente que el personal manifieste que la distribución del trabajo no es equitativa. En la gestión de recursos humanos, se encontró que se tienen deficientes y engorrosos procesos de selección, contratación y asignación de personal, inadecuado plan de clasificación de puestos vigente, falta o insuficiente inducción al puesto de trabajo, no se conocen los programas de capacitación, así como ausencia de programas de salud preventiva y ocupacional, que reduzcan los efectos emocionales y psicológicos negativos en el personal que atiende a víctimas y acude a escenas de crimen. La percepción generalizada de la gestión administrativa y financiera es negativa, entre otros aspectos, por procedimientos burocráticos, falta de toma de decisiones oportunas, mala atención al usuario y la concentración de la función en la ciudad capital, que conlleva a la pérdida de tiempo del personal, recursos como combustible, viáticos, entre otros; así como atrasos en la entrega de productos y suministros que no permiten la oportuna atención a las víctimas. La mayoría de dependencias presentan deficiencias en su planificación, en la ejecución del presupuesto y en sus procedimientos. Aunque se han producido reformas de tipo legal, varios procesos no han sido actualizados y en algunos casos se encuentra el acomodamiento del personal para continuar laborando sin innovar o proponer mejoras. Existen manuales de normas y procedimientos que Página 17 de 600

están autorizados, pero en su mayoría requieren ser actualizados derivado de las reformas legales que han surgido o de las mejoras administrativas que se llevan a cabo. En lo correspondiente a aspectos informáticos, en el área metropolitana se considera apropiado el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo, así como el apoyo técnico informático. Sin embargo, en el interior de la República, el personal de soporte técnico es insuficiente para brindar dicho servicio en las fiscalías de distrito y municipales, toda vez que tienen asignadas varias sedes. Generalmente no se potencia el uso de los sistemas informáticos, por el desconocimiento que se tiene de sus funcionalidades. Por otra parte, la falta de vehículos y las malas condiciones de los que se encuentran en uso, dificultan la realización de diligencias, así como de comisiones de trabajo. Adicional a las gestiones engorrosas para obtener este apoyo logístico, deben realizarse el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos. En lo que a infraestructura física compete, no se cuenta con lineamientos o política que guíe la toma de decisiones, condiciones de arrendamiento y adquisición de instalaciones; no se tienen rótulos de identificación y señalización de rutas de evacuación, tampoco se cuenta con equipo ni un plan de contingencia con personal capacitado, para proceder debidamente en casos de emergencia por desastres naturales o acción humana, poniendo en riesgo la seguridad e integridad física de colaboradores y usuarios de las instalaciones. La mayoría de las instalaciones son arrendadas, inadecuadas e insuficientes para albergar al personal asignado y brindar el servicio en condiciones propicias (presentan deficiencias de funcionalidad, servicios sanitarios, ventilación, iluminación, privacidad, áreas lúdicas, así como de espacio para puestos de trabajo, para ingerir alimentos, para el resguardo de expedientes, evidencias, entre otros). En la mayoría de las fiscalías del interior de la República, se carece de planta eléctrica que pueda suplir la falta o el mal funcionamiento del fluido eléctrico necesario para el funcionamiento de los equipos utilizados en las fiscalías. Derivado de esta situación y siendo que el área administrativa no tiene razón de ser si no es en función del servicio al área fiscal, se incorporó al Plan Estratégico el Eje 10: Fortalecimiento del Área Administrativa en Apoyo a la Gestión Fiscal, planteándose como objetivo estratégico: actualizar los procesos administrativos del Ministerio Público que contribuyan a dar respuesta ágil y oportuna a los requerimientos del área fiscal. Las líneas de acción de este eje, comprenden la modernización y sistematización de los procedimientos de las dependencias del área administrativa para apoyar la gestión fiscal a través de una reingeniería administrativa, ampliar el uso del Sistema Informático Administrativo del Ministerio Público –SIAMP–, que permita agilizar los diferentes procesos administrativos y la implementación de firma electrónica, establecimiento de alianzas estratégicas y suscripción de convenios con universidades nacionales e internacionales que impartan o acrediten estudios superiores dirigidos a personal del área administrativa del Ministerio Público y el fortalecimiento de la política de información pública a través de la readecuación física, equipamiento y protocolos de atención. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: La planificación institucional orienta hacia una gestión efectiva, creadora de valor o beneficio público. En esa perspectiva, el marco estratégico es determinante, ya que establece los fundamentos de todo el proceso de acuerdo a su mandato legal. MISIÓN: Somos una institución con funciones autónomas, que promueve la persecución penal, dirige e investiga los delitos de acción pública, actuando y velando por el estricto cumplimiento de las leyes, con responsabilidad, ética,

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objetividad e imparcialidad, a fin de coadyuvar a la aplicación de una justicia pronta y cumplida. VISIÓN: Ser una institución con altos estándares de calidad continua en la gestión de casos, con equidad de género, pertinencia étnica y etaria, alto grado de sensibilidad humana y enfoque victimológico, consolidando la justicia pronta y cumplida, en el combate directo contra la delincuencia, la corrupción e impunidad. OBJETIVO GENERAL: Promover la persecución penal, dirigir la investigación de los delitos de acción pública y velar por el estricto cumplimiento de las leyes, actuando con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad, en los términos que la ley establece. PRINCIPIOS Y VALORES: Son las convicciones que orientan la función de la institución y por consiguiente el trabajo de todos los que la integran, para llevar a cabo con efectividad la misión institucional. Los principios y valores del Ministerio Público son los siguientes: a) Legalidad: Asegurar la excelencia y la corrección de los procesos, y el fiel cumplimiento con los deberes y responsabilidades que se establecen en la Constitución Política de la República de Guatemala, en la Ley Orgánica y en las normas o reglamentos de la Institución. Además, constituye un compromiso medular garantizar un ambiente de trabajo donde impere el respeto, la solidaridad, y la unión de propósitos para que la institución pueda cumplir su misión. b) Independencia de criterio: En toda actuación o intervención del Ministerio Público, lo que comprende, sin que constituya una mención taxativa, la diversidad de procesos de administración, gerenciales y el ejercicio de la acción penal; se exige aplicar criterios objetivos e imparciales. Cuando el criterio profesional pueda estar menoscabado por cualquier situación que impida tomar una decisión con la independencia de criterio que se espera, se exige notificar la situación al nivel jerárquico superior y la determinación de no intervenir por imperativos de las normas éticas en adelante expuestas. c) Transparencia: Las decisiones que se adoptan en todo el andamiaje de la institución están sujetas al escrutinio público. En consecuencia, se exige documentar los actos de la gestión pública, permitiendo la publicidad de los mismos, salvo las excepciones establecidas por la ley y por los tratados y convenciones internacionales suscritas y ratificadas por Guatemala y exponer, en la etapa que corresponda, ante el sistema de justicia y la sociedad, los criterios legales utilizados y las justificaciones que sustentaron las determinaciones o acciones. Lo anterior, en aras de honrar el cargo público que se ocupa, fortalecer el respeto y la credibilidad en la institución. d) Servicio: En las acciones administrativas y en todas las etapas que integran el ejercicio de la acción penal, hay que observar estrictamente los plazos que se establecen en la Ley correspondiente o mediante las instrucciones impartidas por el nivel jerárquico superior, a fin de que la sociedad tenga un eficaz y eficiente servicio de la institución y la pronta acción del sistema de justicia. Además se enmarca el compromiso de brindar un servicio de excelencia, con calidad, eficiente, eficaz y sensible. e) Confianza: Exige estar conscientes de que en cada actuación hay que asegurar la confianza en lo que se hace y en los resultados esperados, y con el compromiso de garantizarle a la sociedad que se cumple con la ley. f) Neutralidad y Objetividad: Se refiere a un criterio profesional guiado fielmente por el compromiso de aplicar la ley a los hechos bajo investigación, garantizándole a las partes involucradas los derechos procesales y sustantivos que se les reconocen por la Constitución Política de la República y las demás leyes, tratados y convenciones internacionales suscritas y ratificadas por Guatemala, sin que las Página 19 de 600

actuaciones oficiales del funcionario o empleado de la institución estén influenciados o motivados por cualquier propósito que afecte la objetividad del resultado previsto. g) Competencia profesional: Las funciones públicas y actividades profesionales tienen que ejecutarse con pericia y excelencia, lo que exige el compromiso de exponerse al estudio continuo, a la práctica y a la participación en capacitaciones diseñadas por la institución. h) Lealtad: Desempeñar un cargo público en el Ministerio Público conlleva absoluta lealtad a la misión y visión de la Institución. En toda intervención o actuación procede anteponer el interés social o colectivo a cualquier interés personal o privado, sea este de naturaleza económica, o de relación con terceros o de cualquier otra índole. i) Honestidad: Todo laborante del Ministerio Público está obligado a actuar, tanto en sus funciones públicas como en su vida privada de manera escrupulosa, evitando actuaciones que pudieran dar lugar a la impresión de que sus relaciones sociales, de negocios, de familia o amistad influyen o han influido en alguna forma en el resultado de sus actuaciones oficiales. Cuando se presente una situación de las indicadas, deberá hacerlo de conocimiento inmediato de su superior jerárquico para que se disponga lo que procede. j) Integridad: En el contexto del ejercicio de las funciones públicas, incluye, entre otros actos, el compromiso de no colocarse bajo ninguna circunstancia que pueda influir en la toma de decisiones y el desempeño de las obligaciones. Las circunstancias pueden incluir obligaciones financieras u otras con terceros. k) Responsabilidad: En el contexto del ejercicio de las funciones públicas, incluye, entre otros actos, el observar los estándares que establecen la ley y las normas de la institución; y desplegar todo el esfuerzo necesario para ejercer con excelencia las funciones encomendadas. l) Dignidad humana: Se entiende como el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares por el solo hecho de ser persona. m) Equidad: El accionar del Ministerio Público está dirigido al respeto de los derechos civiles, sociales y políticos de toda persona, evitando todo tipo de discriminación, por ello se hace necesario utilizar el enfoque de género y pertinencia cultural de manera transversal. f. INSTRUCCIONES GENERALES DEL MINISTERIO PÚBLICO: a. 02-97: Implementación de expedientes entre OJ – MP. FG: Héctor Hugo Pérez Aguilera. b.03-97: Puntualidad y asistencia. c. 09-97: Queda prohibidas compras y ventas de personal y usuarios, el empleado debe tener la debida presentación, ser puntual y portar en área visible el gafete de identificación. d.1000-2001: Realizar solicitudes de documentos de soporte a instituciones y autorizaciones judiciales cuando fuere necesario, con fundamento en el artículo 319CPP (2001). F.G: Adolfo González Rodas. e. 1194-2001: Concluido el debate debe remitirse a la unidad de impugnaciones: Copia del escrito de acusación y ofrecimiento de prueba, acta de debate y admisibilidad de la prueba, ellos serán los encargados de impugnar. 01.10.2001 empieza a funcionar la unidad de impugnaciones. f. 01-2002: 1° El Fiscal Distrital, Agente Fiscal, y Auxiliar Fiscal están facultados para asistir a las indagatorias. 2° se debe coordinar con Página 20 de 600

la Fiscalía de asuntos constitucionales, amparos y exhibición personal. 3° Para reforma de auto de procesamiento se debe pedir audiencia al juez. 4° se debe informar sobre casos de impacto. F.G: Carlos David De León Argueta. g.151-2002: Todos los objetos que hayan sido secuestrados deben ser remitidos al OJ. Todo objeto ofrecido pero que no fue secuestrado debe permanecer en almacén del MP. Queda Prohibido tener evidencia en las agencias. F.G: Adolfo González Rodas. h.152-2002: Los fiscales especiales responden por su actividad. Distritales y de sección deben velar por el buen funcionamiento de sus unidades. Toda sentencia condenatoria pasa a impugnaciones. Cuando se investigue a un funcionario con antejuicio solo se pueden tramitar aquellas actuaciones que cuya pérdida es de temer e indispensables para fundar la petición. i. 001-2003: F.G: Carlos David De León Argueta. Institucionalización del sistema de información para la investigación por parte del MP (SICOMP) como único sistema de trabajo y registro para las fiscalías. 01.06.2003. j. 01-2006: F.G: Juan Luis Florido Solís. Instrucción general para la aplicación de la metodología de la investigación criminal, institucionaliza una metodología de trabajo para mejorar la planificación, ordenamiento, control y seguimiento de las investigaciones criminales realizadas por funcionarios del MP que permita una construcción efectiva y lógica de la acusación o demás actos conclusivos. HIPOTESIS CRIMINAL: Quien, a Quien, Que, Cuando, Donde, Como y Porque. PLAN DE INVESTIGACIÓN: componente jurídico factico y probatorio. INSTRUCCIONES AL INVESTIGADOR. IMPUTACIÓN: instrucción 2-2005 factico, probatorio y jurídico. Art 13 de CPRG. Construcción jurídica de la acusación: art 332 bis #2 CPP. Se implementó a partir del 03.03.2006 y está vigente desde el 03.01.2006. k. 02-2006: Instrucción general que rectifica la instrucción general para la utilización de sobreseimiento #6-2005. Los agentes fiscales son los directamente responsables por la solicitud que se plantee ante el juez contralor respectivo. Ningún auxiliar fiscal está autorizado para formular solicitudes de sobreseimiento. l. 04-2006: Instrucción general para la persecución penal de ilícitos cometidos con ocasión del trámite de adopciones irregulares. Reformada por la instrucción 06-2006 que básicamente agrega los intereses del menor y los derechos de los niños. Tienen como principios: interés superior del niño, la dignidad, tutelaridad, identidad. Basado en el artículo 1-4 Protocolo facultativo a la convención sobre derechos del niño. Regula la VENTA DE NIÑOS: como todo acto o transacción en virtud de la cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de un beneficio económico, con la finalidad de una adopción irregular. Art. 112 LEY PINA. Se pueden utilizar los métodos especiales de investigación de la ley contra la delincuencia organizada. Trata de personas art. 194 código penal. Se debe establecer el modus operandi. La adopción irregular se debe tipificar con el delito de trata de personas. También se consideran autores a las personas que hayan facilitado las conductas descritas en el tipo penal. Pedir análisis financiero para comprobar cómo y quién paga. Comprobar Página 21 de 600

que la colaboración sea esencial. Es un delito continuado cuando 2 o más adopciones irregulares se lleven por la misma persona. m. 05-2006: Instrucción general para el tratamiento de los delitos contra la libertad sexual por parte del Ministerio Público. Tiene como principios: la promoción de intereses concretos de las víctimas. Protección a favor de las víctimas. Asistencia apropiada a las víctimas. Información. Interés superior de la niñez. Confidencialidad. Bien jurídico tutelado. Para la recepción de denuncia y practica del examen médico forense es necesario recabar la información de la víctima, lo debe realizar personal de la OAV de preferencia psicólogo del mismo sexo de la víctima, con privacidad, debe presentarse ante la victima interesado y confiable, prestando atención, no censurar el relato, no influir en él/ella, no se debe prejuzgar e inmediatamente cuando termine su relato se le debe remitir al Médico forense para su evaluación. Los delitos cometidos contra menores son de acción pública según el art 24 ter del CPP. La pericia del médico forense debe ir relacionada con el relato de cómo fueron los hechos, y debe tener el consentimiento de la víctima. Según la convención de los derechos del niño, en menores de edad, aunque estén solos, es posible ordenar raspado de uñas, restos de tejido, piel, pelo, vello, sustancias, etc. Y que se verifiquen sus prendas. En la escena del crimen, cuando la haya, hay que buscar restos de fluidos. Para el reconocimiento del imputado, es necesario solicitar autorización judicial para obtener evidencia corporal y muestras para ADN. Durante el desarrollo del proceso penal, hay prohibición de pre juzgamiento. Puede haber delito sin desfloración del himen en el caso de las mujeres y niñas. En todos los casos hay que solicitar pericia psicológica y psiquiátrica, la declaración de la víctima solicitarla en anticipo de prueba con fundamento en el art 317 CPP. Si el delito es continuado y cometido por una red del crimen organizado se debe aplicar lo relativo a trata de personas. Protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño. n.07-2006: Directrices generales para la aplicación del manual de procedimientos de escenas del crimen. Tiene por objeto, inspeccionar el área, fijar la escena, recolectar y resguardar todo objeto material, sin importar el tamaño, que esté relacionado con el presunto hecho delictivo que permita establecer la existencia del hecho y las circunstancias en que pudo ser cometido para lo cual deberá documentar las actividades practicadas. El fiscal es el que inicia la cadena de custodia. Las fichas dactilares se remiten al gabinete Criminalístico de la PNC. o.08-2006: Reforma a la instrucción general 1-2006 para la aplicación de la metodología de investigación criminal. Se debe realizar la reunión de inicio de turno con todo el equipo. Se debe realizar una reunión al finalizar cada procesamiento para análisis, formulación de hipótesis y señalar diligencias, si no da tiempo se debe realizar al finalizar el turno. En casos de impacto se debe reunir a las 24 horas y posterior 24 horas para conclusiones preliminares. 1 vez a la semana se deben realizar reuniones para informar al jefe superior, el auxiliar con el agente, el agente con el distrital/de sección. p.12-2006: Recepción, registro y traslado de información relacionada con el procesamiento de la escena del crimen. La unidad de Página 22 de 600

monitoreo debe enviar la información de manera inmediata. El agente /auxiliar de turno y el equipo de escena reciben la información vía telefónica, el resto del equipo era antes por localizador, ahora se utiliza el Whatsapp, el personal de turno tienen la obligación de remitir el número de turno y el nombre del personal a monitoreo, previo a iniciar el turno. Los agentes fiscales son directamente responsables de que la información le llegue a monitoreo. Es responsabilidad del equipo permanecer en el lugar destinado para turno, puntualmente, en el caso de requerir un permiso especial, se debe contar con autorización escrita del jefe superior inmediato, a menos que sea una emergencia. Todos deben revisar sus equipos a efecto de salir a las escenas lo más pronto posible, al inicio de turno. q.13-2006: reforma a la instrucción general 4-2006 para la persecución penal de ilícitos cometidos con ocasión del trámite de adopciones irregulares. La instrucción 4-2006 fue aprobada el 27 de septiembre 2006 y suspendida por la 06-2006 de fecha 16 de octubre 2006, la presente reforma y activa la 4-2006. Reforma el interés del niño, el objeto de la venta de niños, el trámite irregular de adopción, cobro de beneficios económicos indebidos, obtención ilícita del niño, consentimiento viciado de la madre, suposición de parto, alteración de medios de prueba, falta de autorización para el abrigo de un niño, actuación irregular del notario. Directriz 17, 22, 38, 45. r. 02-2007: instrucción general que define criterios técnicos para la aceptación o rechazo de casos para el análisis de residuos de disparo en manos. La absorción atómica ya no es válida pues en la actualidad se hace el barrido electrónico. s. 05-2007: instrucción general para el fortalecimiento de la coordinación entre el MP y PNC en el proceso de investigación criminal. Busca fortalecer la coordinación y cooperación entre el personal de ambas instituciones, se agregan a los investigadores de la policía en las reuniones de inicio de turno, se les debe instruir que en caso de flagrancia deben dar declaración en turno de tribunales, entregan la prevención y la evidencia para realizar la imputación. Se deben realizar reuniones con los jefes cuando hayan obstáculos y se debe tratar de resolver cualquier problema, de estas reuniones se debe informar a la secretaria de política criminal. t. 07-2007: instrucción general para la solicitud y diligenciamiento de allanamientos, inspección y registro. Tiene por objeto unificar criterios, respetar el derecho de inviolabilidad de la vivienda, el fiscal es responsable de la diligencia, debe velar porque se cumplan las disposiciones legales, art. 190 y 193 CPP. Previo a realizar un allanamiento se debe tomar en cuenta: 1. Información inicial del hecho a investigar. 2. Confiabilidad de la información. 3. Delito imputado y personas sospechosas. 4. Identificar el lugar a allanar: si no se cuenta con dirección exacta, es necesario tener al menos: # de contador, puntos de referencia cercanos, nombre popular que pudiera tener la casa, el lugar o su entorno, entre otros. Es importante la discrecionalidad. Hay que indicarle al juez: 1. El motivo y necesidad de la diligencia. 2. El presunto delito. 3. Identificar a sospechosos, si se tuviesen. 4. Describir que se pretende encontrar. 5. Dirección exacta / identificación del Página 23 de 600

inmueble. Es importante presentar en la audiencia el informe de investigación policial, declaración de los agentes y cualquier otra investigación preliminar. Durante la diligencia se puede ordenar que no se ausenten los moradores, se debe evitar el uso de la fuerza, se debe entregar una copia de la orden al morador, el fiscal debe presenciar el registro. Art 147 CPP. u.10-2007: instrucción general para la formulación de acusaciones por parte del MP. Son obligación del agente fiscal, se debe remitir a la unidad de litigio con 5, 10, 15 días antes de que concluya el periodo de investigación, depende del plazo de investigación que fije el juez. v. 2-2008: Instrucción general para la dirección y desarrollo de investigaciones preliminares o previas. Tiene por objeto establecer la metodología de trabajo de las investigaciones preliminares que por mandato legal corresponde desarrollar al MP con el auxilio de la PNC, con el fin que se reúnan los elementos necesarios que permitan hacer una imputación objetiva de los hechos criminales. INVESTIGACION PRELIMINAR: es un conjunto de actos realizados por los fiscales o por la policía bajo la dirección del MP o realizada por MP y técnicos en procesamiento de escena del crimen, inmediatamente después de tener conocimiento de un hecho delictivo. Los fiscales deben dirigir el desarrollo de la investigación preliminar que puede consistir en: aprehensión en flagrancia, orden de aprehensión, muertes violentas y muertes sospechosas de criminalidad, casos de urgencia o comprobación inmediata, casos de crimen organizado, noticia de un inminente delito. Las diligencias mínimas que debe realizar un fiscal de turno son: entrevistas, lineamientos y vigilancias PNC, identificar testigos, verificar información, documentar (foto /video) en caso de 2 escenas, buscar la principal, individualizar agraviados, ordenar investigaciones que sustenten una solicitud de allanamiento, informarse sobre record delictivo del sindicado, coordinar protección a testigos, remitir lesionados a Médico Forense, solicitar clausura de inmuebles o secuestro de bienes muebles. w. 03-2008: instrucción general para el tratamiento de los delitos que surgen de la violencia intrafamiliar, por parte del MP. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: cuando exista cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta causare daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito privado, como en el ámbito público a persona integrante del grupo familiar, por parte de parientes, conviviente o ex conviviente, cónyuge o ex cónyuge, o con quien haya procreado hijos o hijas. Se debe coordinar con la OAV, para que determinen si la víctima sufre alguno de los síntomas de la violencia intrafamiliar: síndrome de la mujer maltratada, síndrome del niño maltratado, síndrome de indefensión aprendida, síndrome de Estocolmo. Se debe tomar en cuenta el ciclo de violencia: si hay acumulación de tensión, explosión o incidente agudo de agresión, distanciamiento y reconciliación. Los criterios para identificar la violencia son: si es física, psicológica o emocional, sexual, económica o patrimonial. Los principios en los que se basa esta instrucción son: dignidad de la víctima, asistencia apropiada a la víctima, inmediación del fiscal al caso, interés superior de la niñez. Los criterios generales de Página 24 de 600

actuación: son la prohibición de prejuzgamiento, denuncia por terceros, denuncias presentadas por escrito, medidas urgentes, medidas de seguridad. Los criterios jurídicos de actuación son colocar la denuncia, reiteración del hecho, verificar circunstancias agravantes, peritaje de médico forense, solicitar peritaje psicológico y psiquiátrico, y el respectivo informe socioeconómico. En la actualidad hay que tomar en cuenta la ley contra el Femicidio, si el agresor acepta ayuda de psicólogo debe ser remitido a una entidad ajena al MP. x. 04-2008: instrucción general relativa al seguimiento que los fiscales deben dar al desarrollo de los peritajes solicitados y a la recuperación de los indicios o evidencias de los peritajes ya realizados. Hay que estar pendiente y llamar para que remitan los dictámenes. y. 05-2008: instrucción general para el fortalecimiento de la persecución penal de adolescentes en conflicto con la ley penal. Tiene por objeto brindar a los fiscales criterios específicos de actuación para que se desarrolle una mejor persecución penal de los ilícitos cometidos por adolescentes en conflicto con la ley penal. En casos de que el menor sea detenido en flagrancia, desde que se tiene conocimiento de tal situación se deben realizar las diligencias necesarias para realizar la imputación o el conocimiento de hechos al menor (ya que es inimputable). Dentro de la etapa preparatoria se deben dar prioridad a los casos en que se haya emitido la privación de libertad. Se debe comprobar la edad del adolescente. En los casos en que haya participado un adulto, se debe tener buena coordinación con la Fiscalía que lleva el proceso del adulto. En casos de delincuencia organizada, se debe coordinar con la unidad que lleve el caso de los adultos. Según instrucción 5-2007 también menores debe tener reuniones con PNC a efecto de tener buenas estrategias de trabajo. En cuanto a las medidas de coerción, estas garantizan la presencia del adolescente en el proceso penal. La citación se utiliza en delitos de poca gravedad, siempre y cuando no haya alterado su vida cotidiana, siga viviendo en el mismo lugar, asista a establecimiento educativo y/o trabajo. La presentación periódica puede ser semanal, ante dependencia administrativa, educativa o social, evitando en la medida de lo posible el sistema judicial. Arraigo, arresto domiciliario y arresto residencial: por arraigo se entiende como la restricción de locomoción fuera del país, el arresto domiciliario se enciente como restricción de locomoción fuera del departamento que se designe y arresto residencial como la restricción de locomoción fuera de la residencia que se designe. El cuidado o vigilancia insta a que un adulto vigile al menor. Prohibiciones de asistencia y de comunicación, trata de asegurar las pruebas y de proteger a las personas. PRIVACION DE LIBERTAD PROVISIONAL: es excepcionalísima y se utilizara únicamente en delitos graves. El seguimiento y control es realizado por el auxiliar fiscal. En cuanto al plazo y la prórroga de la investigación, cuando hay una medida de coerción es de 2 meses. Se debe informar a la víctima la decisión de archivo cuando aplique y ésta se puede solicitar por medio de audiencia acumulada, con fundamento en el ACUERDO 42-2007 ART. 4 CSJ. Se pueden utilizar mecanismos alternativos como la conciliación, remisión, Página 25 de 600

criterio de oportunidad reglado, la conciliación con fundamento en el art 185 de la ley Pina, esta no aplica en casos de violencia grave. El criterio de oportunidad reglado no se ve afectado el interés público. El procedimiento abreviado no se debe utilizar como un mecanismo automático de resolución de casos. La acusación tiene los mismos requisitos que la de adulto. Fundamento arts. 209 y 255 de la ley Pina. z. 07-2008: instrucción general para la implementación del modelo de atención a la víctima en el MP. Es de uso obligatorio. Es para brindar atención integral a las víctimas, atiende víctimas directas y colaterales, evita la re victimización, se trabaja con los profesionales de la OAV, se da atención psicológica, médica y social, el psicólogo debe remitir a la víctima a un trabajador /a social y si fuera necesario al médico forense. El procedimiento es que se registre a la víctima obteniendo datos generales, llenando una boleta y en el sistema, evaluación de la situación de la víctima. El procedimiento de referencia de la víctima debe ser a través del fiscal o encargado de la OAV a una red de derivación, se debe saber que necesita la víctima y establecer qué tipo de atención requiere, se solicita el apoyo a la red de derivación, se le da traslado y acompañamiento, la institución establecerá el tiempo de la atención. Se tendrán 3 niveles para ver el riesgo de las victimas siendo 1 el menos grave y 3 el más grave. La asistencia primaria está orientada a ver las consecuencias directas de los delitos y prevenir la victimización secundaria. En la continuación de la asistencia se le da seguimiento a los planes de atención. Se deben revisar las actuaciones para evitar la victimización secundaria e informar a la víctima sobre los elementos con que se cuenta, que falta y etapas del proceso y fecha de audiencias aunque ella o el no participe. aa. 08-2008: Instrucción general para la implementación del protocolo para la estabilización de la víctima del delito, en la primera entrevista. TECNICAS VICTIMOLOGICAS DURANTE LA ENTREVISTA: mostrar empatía, actitud, lenguaje, escucha activa, confianza y respeto positivo incondicional. TECNICAS PARA BRINDAR LOS PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS. Contacto adecuado con la víctima, relato de las víctimas, recomendaciones: enfocar el problema de la víctima, solicitar ambulancia si hay necesidad por emergencia médica, no debatir, no confrontar, no dar consejos directos, ser paciente, no prometer lo que no es posible, mantener la conversación enfocada en ella/él, usar siempre sentido de esperanza. TECNICAS PARA LA RECEPCIÓN DE DENUNCIA: Explicar a la víctima que sus reacciones son normales, contrarrestar sentimientos de culpa, no denotar expresiones de aburrimiento, enojo, incredulidad, se debe demostrar comprensión evitar las interrupciones en el relato, apoyar a la víctima a reformular los hechos del relato y ordenar su secuencial, repetir o parafrasear a manera de énfasis. INFORMACIÓN A LA VICTIMA EN LA OAP: deben darle a conocer los derechos que le asisten y cómo obtener información, así como explicarle de las entrevistas posteriores y momentos que puede ser citada y dejarle nombre e información de ubicación en caso necesite más ayuda. PERSONAS DE LA TERCERA EDAD: puede requerir hospitalización, hay que Página 26 de 600

observarla, no exagerar la articulación de las palabras, pero hablar más alto de lo que acostumbra, y no gritar. bb. 09-2008: Instrucción general para la implementación del protocolo para la atención de la niñez y adolescencia, víctimas directas y colaterales. La victima debe esperar el menor tiempo posible, las diligencias deben ser en privado con la presencia del padre o la madre o una persona de su confianza y una psicóloga de la OAV. Pueden denunciar ellos directamente aunque no vayan acompañados de sus padres o representantes. Se le debe informar sobre las fases del proceso y la función del personal. Deben ser escuchados y pueden expresarse libremente. Los fiscales no deben citar agraviado y agresor a la misma hora y lugar. Las victimas deben ser atendidas en un lugar cómodo, seguro y privado, de preferencia en la OAV donde deben contar con un área para el efecto. Las preguntas deben ser claras y de estructura simple de acuerdo a la edad, nivel educativo y grado de madurez. Hay que implementar mecanismos para evitar declaraciones innecesarias y velar por la dignidad del menor. Los anticipos de prueba se realizaran con el objeto que el menor ya no se presente a declarar al debate. Hay que asegurar que las evaluaciones sean acordes al delito denunciado y propiciar seguridad en los menores. NO OLVIDAR TRANQUILIZAR A LOS PADRES SI ESTOS NO HAN PARTICIPADO DEL DELITO. Se les debe informar a los padres y/o tutores sobre las entrevistas y el objeto. Se deben utilizar materiales de juego. LOS INFANTES SE DIVIDEN EN 2 GRUPOS: 1° de 2 a 3 años: usar muñecos, títeres y material de juego, la mejor manera de acercarse es con una sonrisa y demostrar calma y paciencia, hasta que el niño se sienta confortable. 2° de 6 a 12 años: provocar la narración libre para que después por medio de preguntas abiertas determinar aspectos que necesitan ser aclarados, estar alerta para detectar signos de aburrimiento y cansancio. ADOLESCENTES: la relación es casi exclusivamente verbal, se debe iniciar con preguntas relacionadas con su vida cotidiana, su trabajo, su familia, su barrio, sus amigos, y las actividades que prefieren hacer. No asumir que la víctima conoce asuntos de naturaleza sexual. cc. 10-2008: Instrucción general para la implementación del protocolo para la atención a víctimas de delitos contra la libertad y seguridad sexual, y el pudor, en las oficinas de la OAV. Trabaja bajo los siguientes principios: asegurar que no esté en peligro la vida de la víctima antes de continuar con la atención, asegurar la privacidad y confidencialidad en la entrevista. Se debe registrar a la víctima (datos). Se le debe explicar las etapas de la atención. Tratar bien a la víctima. Debe obtener de la víctima: la historia consecutiva de la violencia sexual, si conoce a la persona que la agredió, si permanece solo/a en casa, si se trata de niños en hogares temporales o son hijastros, si tiene discapacidad mental, si la violencia se ha manifestado en distintas formas. Se le debe brindar atención médica, psicológica y social. Dar un tratamiento preventivo con antirretrovirales –Hospitales Nacionales. dd. 11-2008: Instrucción general para la solicitud de comiso. Se entenderá por comiso como la perdida a favor del estado, de los objetos que provengan de un delito o falta, y de los instrumentos Página 27 de 600

con que se hubiere cometido. Art 60 CP. Los objetos deben haber sido utilizado como instrumentos o como objeto de delito doloso o como producto del delito. Cuando los bienes sustraídos o extraídos fueren del estado, por robos, hurtos, peculados y otro tipo de delitos de similar naturaleza debe notificarse a la PGN. Se debe trabajar por la vía incidental, en cuerda separada –Ley Contra la delincuencia organizada- Ley de extinción de dominioee. 13-2008: FG: José Amílcar Velásquez Zarate. Instrucción general para la investigación del delito de tortura. Se deben aplicar las acciones contenidas en el manual para la investigación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumados o degradantes (Protocolo de Estambul) ff.16-2009: Reforma a la instrucción 7-2006 que contiene directrices generales para la aplicación del manual de procedimientos para el procesamiento de escenas del crimen: se continua con las reuniones de inicio de turno, reunión después de una escena, reunión al finalizar el turno, reunión de 72 horas, se debe garantizar la prestación inmediata del servicio. Monitoreo debe dar el aviso, localizar al fiscal de turno de manera inmediata y este a su vez debe salir inmediatamente al lugar del hecho junto con el personal de apoyo. El fiscal es el responsable del destino de los indicios. El embalador es el encargado directo del resguardo y traslado de los indicios, cada uno debe rendir informe de lo actuado en la escena. Toda escena del crimen debe ser acordonada. El coordinador es quien debe verificar que él y los miembros de su grupo cuenten con todas las herramientas de trabajo. A la escena solo ingresan el fiscal a cargo y el personal de escena, investigadores pueden ingresar hasta que los indicios estén debidamente fijados. El cadáver se debe de conservar integro. Art 238 CPP fundamenta el orden de necropsia, toda acción debe quedar documentada. El cadáver se debe trabajar con el cuidado de la vista de los curiosos, no utilizar lenguaje inapropiado, no fumar, no comer y no dejar residuos de material utilizado en el procesamiento. Comportarse de acuerdo al código de ética del MP. gg. 01-2010: Remisión de expedientes a la unidad de impugnaciones para utilizar la vía recursiva. Debe remitir el memorial de acusación, auto de apertura a juicio, memorial de ofrecimiento de medios de prueba, auto que resuelve el ofrecimiento de los medios de prueba y/o disco compacto, acta de debate y/o disco compacto que la contiene y la sentencia. se tienen 24 horas para las fiscalías del departamento de Guatemala y 48 horas para otro departamento. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE IMPUGNACIONES: es un conjunto de objetivos, normas y procedimientos de carácter técnico y administrativo, que tiene como finalidad, regular los pasos a seguir en las diferentes actividades que se realizan en la unidad de impugnaciones, con relación a los procesos de impugnación de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales. RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD DE IMPUGNACIONES: 1. Registrar en el sistema elaborado para el efecto, toda información relacionada con los casos que son de su conocimiento; y, 2. Generar la sistematización de las resoluciones obtenidas para facilitar su consulta por los fiscales. Página 28 de 600

hh. 02-2010: FG: María Encarnación Mejía García de Contreras. Citaciones de agraviados, testigos y otras personas a diligencias de investigación o comparecencia a audiencias de debate. Ya no se utilizará a partir de aquí, a la PNC para notificar, se realizará vía telefónica, correo electrónico, y para el debate se nombrará un oficial que notifique. ii. 01-2011: Dra. Claudia Paz y Paz Bailey. Instrucción general para regular los conflictos de competencia entre fiscalías de sección, distritales y municipales. Deja sin efecto la instrucción 21-2008. jj. 02-2011: Instrucción general para la investigación y persecución penal de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. Se basa bajo los siguientes principios: Investigación de oficio, investigación de ex funcionarios públicos, imparcialidad, no discriminación, respeto y atención a las víctimas, no formalización y celeridad. Derecho a ser tratada con respeto por su dignidad. Principio sobre la aplicación del derecho internacional, imprescriptibilidad y sobre las justificaciones que puedan vincularse a la obediencia debida, la responsabilidad superior y el carácter oficial. Principio sobre la no aplicación de amnistías, principios relativos a delitos políticos, principio sobre restricción a la competencia de los tribunales militares. Menciona la instrucción 012006, 13-2009 y el acuerdo 2-2007. Violación – actos de tortura. kk. 03-2011: Instrucción general para la aplicación del Decreto 28-2010 del congreso de la república que establece la Alerta Alba Keneth. Se debe informar a la PNC y a la PGN, solicitar una fotografía del niño, niña o adolescente, dentro del plazo de 6 horas se debe informar a la coordinadora Alba Keneth, hay que establecer estrategia de investigación, las diligencias de protección a favor de las víctimas, solicitar a PGN informe a Migración y fronteras, aeropuertos, etc. Tomar muestras de ADN para cotejos (INACIF). Si se trata de un secuestro debe pasar inmediatamente a la Unidad contra secuestros. Relaciona a la instrucción 1-2011, si se trata del delito de trata de personas, pasa a la Unidad contra la Trata de Personas. (ambas unidades actualmente son fiscalías de sección). ll. 04-2011: Modificación parcial de la instrucción 2-2011 para la investigación y persecución penal de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. En cuanto a la directriz XIII, numeral 3, subliteral ii, 2 do párrafo, si los hechos bajo investigación encuadran en los elementos de una ejecución extrajudicial al nivel internacional, pero fueron cometidos antes de la fecha de la tipificación de este delito en el CPG 14.07.1995 se pedirá el procesamiento del imputado por ASESINATO y se utilizara la agravante especial del art 28 CP. mm. 05-2011: Directrices generales para la aplicación de las reformas al CPP derivadas del DTO 7-2011 del congreso. 1. Ampliar participación de victimas dentro del proceso. 2. Simplificar procedimientos para la toma de decisión del juez. 3. Incorporar la oralidad como método de comunicación entre las partes. Tiene 5 ejes: 1. Participación de la víctima, 2. Salidas alternas al proceso común, 3. Procedimientos especiales, 4. El juicio, 5. La reparación. Hace mención a las instrucciones 3-2005, 1-2005, 1-2006.

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nn. 08-2011: Registro, control y notificación de las acciones de personal realizadas en las fiscalías del MP. 24 horas para distribuir los expedientes, en vacaciones o suspensión es prohibido realizar acciones de personal, los expedientes deben contar con caratula y con datos del mismo, las mesas deben estar actualizadas, de lo contrario incurre como falta administrativa. oo. 09-2011: Directrices generales para la aplicación de las reformas al CPP derivadas del DTO 7-2011 del Congreso de la República. En caso de hurto o robo de celulares. pp. 01-2012: Instrucción para la investigación de hechos delictivos relativos al uso de armas de fuego y municiones y el manejo de evidencia balística. Incluye el protocolo de investigación de hechos delictivos relativos al uso de armas de fuego y municiones y el manejo de evidencia balística. qq. Justificación general para la investigación de hechos de violencia sexual ocurridos en el marco del conflicto armado interno. rr. 02-2012: Instrucción general para la investigación de hechos de violencia sexual ocurridos en el marco del conflicto armado interno. La investigación inicia de oficio. Relacional las instrucciones 1-2006, 13-2008, 12-2005, realizar peritaje de género, militar y socioeconómico. ss. 03-2012: instrucción general para la investigación del delito de usurpación y la solicitud y tramitación de órdenes de desalojo. Arts. 256 y 257 CP. Determinar si hay derechos de propiedad (Registro de la Propiedad), posesión u otros derechos. Si ha sido despojo, invasión u ocupación ilícita. SE TRAMITA CON URGENCIA LA ORDEN DE DESALOJO JUDICIAL, SE DOCUMENTA CON FOTO Y VIDEO, esto debe contener: ubicación precisa del inmueble a desalojar, solicitud de intervención de la PDH, se designe a Juez de paz como ejecutor del desalojo. NO EJECUTAR EL DESALOJO ANTES DE LAS 06:00 A.M. NI DESPUES DE LAS 18:00 HORAS SALVO QUE NO HUBIERE CONCLUIDO. La PNC lidera el desalojo, se permite desmontar las champas, se grabara por escena del crimen, se documentan los daños ocasionados al inmueble, observar derechos y garantías de todos. tt. 05-2012: Instrucción general para la aplicación de los beneficios por colaboración eficaz en la persecución penal de la delincuencia organizada, regulada en el DTO 21-2006, modificado y adicionado por los Dtos 17 y 23 de 2009. Ver lo descrito en instrucción 10-2011, fueron agregados 4 numerales, recordar que todo lo que diga el candidato a colaborador debe ser corroborado antes de que se le dé un beneficio, el fiscal no puede reunirse con el candidato, en restaurantes, cafeterías o lugares afines a estos, ni sin la presencia del abogado defensor. uu. 06-2012: instrucción general sobre la guía de seguridad para el manejo y la eliminación de los químicos utilizados en la fabricación ilícita de drogas. El fiscal en la escena del crimen, Naciones Unidas hizo el documento, solo implementan con la instrucción, hay 3 formas de eliminación: 1. Los que son más seguros desde el punto de vista medio ambiental. 2. Se llevan a cabo bajo circunstancias de recursos limitados y requieren el respaldo / dirección de un científico o la capacitación adecuada de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley. 3. Página 30 de 600

Laboratorios clandestinos de América del sur. Métodos de eliminación de desechos químicos: por compañías de desechos químicos, reciclaje / reutilización, quema al aire libre, vertederos, explosión, eliminación en la red de alcantarillado, evaporación (4 lts), volcar en el mar, en ríos o en otras corrientes de agua (nunca se debe utilizar.) Métodos de tratamiento de desechos químicos: incineración, tratamiento químico, encapsulación / estabilización y tratamiento biológico. Métodos específicos para químicos utilizados en la fabricación ilícita de drogas: generales y aldrich. Eliminación sin riesgos de químicos desconocidos / no clasificados. Detalles prácticos para la neutralización y el tratamiento de químicos: neutralización de ácidos y bases sin contaminar, químicos desconocidos / no clasificados, eliminación de envases. Seguridad en el manejo y almacenamiento de químicos: pautas generales para el manejo sin riesgos de los químicos incautados, guía para almacenar sin riesgos los químicos incautados, derrames de productos químicos. vv. 07-2012: directrices de seguridad y salud ocupacional del personal del MP. Principios: protección al ser humano, planificación y prevención, identificación y evaluación de riesgos, aseguramiento de cumplimiento, perfil del personal conforme a requerimientos del puesto, pruebas para inicio de operación. Creación, integración y funciones del comité central de seguridad y salud ocupacional con carácter permanente. Se reunirá mínimo 1 vez cada 2 meses, se crea la función de monitor de seguridad y brigadas de emergencia. El brigadista es personal voluntario debidamente capacitado y entrenado. Clínicas médicas del MP (medicina preventiva, detección de riesgos y capacitación). INTEGRACIÓN: un delegado de jefatura administrativa, dirección de recursos humanos, departamento de seguridad, departamento de infraestructura, 2 representantes del sindicato de trabajadores MP, 2 suplentes permanentes, nombrados por el FG a propuesta de la jefatura administrativa. ww. 02-2013: instrucción general para la atención y persecución penal de delitos cometidos contra la niñez y adolescencia. NNA: niño, niña, adolescente. Relacionado con la instrucción general 92008. Protocolo para la atención de la niñez y adolescencia víctimas directas y colaterales. Refiere a la instrucción 1-2006 y 9-2008. xx. 03-2013: tramite de las asistencias jurídicas internacionales activas y pasivas. Basada en los acuerdos 49 y 54 del 2009. Unidad especializada de asuntos internacionales. Fundamento en: Acuerdos bilaterales, mutuos, con: México (DTO 52-97) y Perú (DTO 15-2006). Acuerdos multilaterales: Dto. 53-96 Convención interamericana, DTO. 36-2003 Delincuencia Organizada, DTO. 6990 Tráfico de estupefacientes, DTO. 17-96 Centroamérica y Panamá, DTO. 03-2012 Estatuto de Roma, debe dar el visto bueno la Secretaria de Asuntos Internacionales y cooperación. yy. 04-2013: Trámite y procedimiento interno de aplicación en el MP de la ley reguladora del procedimiento de extradición. Hay acuerdos bilaterales con: Bélgica (decreto legislativo 380), España (decreto legislativo 357), USA (decreto legislativo 561), Gran Bretaña y Canadá (decreto legislativo 132), Corea (DTO 69-2005), México (DTO 5-2005). Acuerdos multilaterales con: Centroamérica Página 31 de 600

(Decreto legislativo 1391), Montevideo (Decreto legislativo 2145), Tráfico ilícito de estupefacientes (DTO 69-90), Delincuencia organizada (DTO 36-2003), Corrupción (DTO 91-2005, Naciones unidas), Corrupción (DTO 15-2001), Código de Bustamante (decreto legislativo 1575), Estatuto de roma (DTO 02-2012). Refiere a los acuerdos 40-2006 y sus reformas 49-2006 y 68-2008 de FG. UNILAT y UEAI están facultados para realizar las solicitudes. La ley contra la delincuencia organizada regula la extradición pasiva. zz. 06-2013: instrucción para la investigación criminal del delito de Femicidio. Menciona la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la convención Belem do Para. Los cómplices pueden ser de cualquier sexo. Tiene 3 elementos específicos: “DAR MUERTE” 1. A una mujer por su condición de mujer. 2. En el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombre y mujer. 3. Cumpliendo alguna de las circunstancias constitutivas del tipo. Hace referencia a la instrucción general 09-2008 y la ley PINA. PRINCIPIOS rectores de la investigación: principio de investigación inmediata, exhaustiva y objetiva, obligatoriedad de la investigación con enfoque de género, presunción, obligatoriedad de investigación del entorno, prioridad de la prueba científica. Evitar re victimización y buscar acompañamiento de OAV. La investigación inicia de oficio, se deben solicitar medidas de seguridad obligatoriamente, hace referencia a la instrucción general 01-2006, se prohíbe discriminar a la mujer y utilizar términos peyorativos, pre juiciosos o discriminatorios y su re victimización, así como de sus familiares y personas allegadas. Tiene 3 ejes clave: los perfiles de personalidad de la víctima y victimario, su entorno y la presencia de indicios de violencia contra la mujer y/o violencia intrafamiliar. FALLECIMIENTO DE LA VICTIMA: necropsia psicológica, peritaje médico forense, investigación de campo, entrevistas, documentos y otros medios de investigación idóneos. Paralización, impotencia, impotencia extrema. Observación. Cadáver indicio principal. Las prendas de vestir: hay que buscar elementos pilosos, fluidos corporales, y / o manchas para análisis de laboratorio y cotejo genético. Se debe solicitar raspado de uñas, rastreo he matico y biológico de la escena del crimen. Para garantizar la presencia de testigos, consultores técnicos, etc. Deben tomarse gastos de comparecencia. Se solicitaran pruebas médicas y forenses. HAY 10 COSAS QUE MINIMO SE DEBEN SOLICITAR PARA LA NECROPSIA: 1. Si la muerte es natural o violenta. 2. Cronotanatodiagnóstico. 3. Causa básica y directa de la muerte. 4. Mecánica y clasificación de lesiones. 4. Mecánica y clasificación de lesiones. 5. Heridas que fueron suficientes para causarle la muerte. 6. Lesiones vitales y post mortem. 7. Necro identificación. 8. Existencia de agresiones de tipo sexual. 9. Estudio ginecológico y proctológico. 10. Cuestiones específicas de cada caso. Se debe tratar de pedir la necropsia psicológica y peritaje de género o de misoginia. EL ARCHIVO ES EXCEPCIONALISIMO. PROHIBIDA LA DESESTIMACIÓN. (instrucción 4-2005) aaa. 01-2014: instrucción general para el abordaje del acoso sexual en el ámbito laboral dentro del MP. DTOS 105-82 y 69-94.

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Supervisión general del MP será el encargado de investigar estos casos. Art 37 #4 pacto colectivo. bbb. 02-2014: instrucción general para persecución penal de delitos de discriminación. Principios: promoción de intereses concretos de las víctimas, pro persona, igualdad, impulso de oficio. Arts. 202 bis CP, 44 y 46 CPRG. – menoscabar, impedir y dificultar.instrucción 3-2005. ccc. 01-2015: F.G: Msc. Thelma esperanza Aldana Hernández. Instrucción para la investigación y persecución penal efectiva de los delitos cometidos contra sindicalistas y agremiados de organizaciones de trabajadores y otros defensores de los derechos laborales y sindicales. Refiere a las instrucciones 1-2006 y 02-2012. ddd. 02-2015: modificación de la instrucción general 5-2014 para regular los criterios de liquidación de la fiscalía de sección liquidadora. Modifica el art 3. Competencia: sede central: metropolitana (31.12.2013), Mixco – Villa Nueva – Quetzaltenango – Escuintla – Cobán - Suchitepéquez (30.06.2008) eee. 03-2015: instrucción general para la investigación y diligenciamiento de la acción de extinción de dominio. fff. 05-2015: instrucción general para la institucionalización, implementación y cumplimiento del plan estratégico del MP de Guatemala 2015-2019. Aprobación del plan estratégico, vigencia de 5 años. Define la ruta general para guiar y ordenar, también los compromisos políticos y estratégicos, los principios, criterios, política general. 3 fases: 1. Socialización, 2. Creación de la estructura institucional y normativa. 3. Monitoreo y evaluación. ggg. 01-2016: Protocolo para el procedimiento de recepción de denuncias, atención del fenómeno de estructuras criminales y coordinación con fiscalías de distrito y municipales en hechos derivados del fenómeno de extorsión. Tiene por objeto emitir las disposiciones de carácter técnico y administrativo que garanticen la efectiva recepción de denuncia a) verbales, b) escritas, tanto de personas que se presente a la policía nacional civil como al ministerio público, c) centros educativos, la acción y persecución penal de los delitos de extorsión en forma flagrante, d) los casos de extorsión atribuibles a organizaciones criminales y la coordinación y derivación de los casos ingresados a las fiscalías de distrito y municipales. El procedimiento para tomar la denuncia será recibiendo de manera narrativa el hecho delictivo en presencia de personal de turno de la DEIC y/o DIPANDA, ambas de la PNC y proporcionar los lineamientos de coordinación para la investigación que el caso requiere, verificar que la víctima no sea influenciada por personas que la pudieran acompañar, establecer la pertinencia de efectuar la reserva de datos de identificación de la victima de conformidad con el art. 217 CPP, se elaboran los oficios por el fiscal de turno, e indica a la víctima que medidas de seguridad deben tomar, se solicita el medio de comunicación utilizado para la extorsión, si es mensaje de texto, se transcribe textualmente el texto o bien pega la imagen de texto, identificar los mecanismos bancarios solicitados por el extorsionador para hacer llegar su requerimiento o el lugar y hora acordado para la entrega del dinero, se solicita a la víctima que indique si ha tenido ingresos extraordinarios de dinero y si esto es de conocimiento de otras Página 33 de 600

personas, se le pregunta también si conoce a alguien más que estén extorsionando o que tenga familiares o conocidos que estén privados de libertad o visitan a privados de libertad, se le consulta a la víctima si sospecha de alguna persona y si contesta afirmativamente se le solicita información de la misma, también se le solicita si ha grabado las llamadas telefónicas recibidas del extorsionador y de ser positivo, se cerciora de obtener una copia que pueda servir de evidencia y se le consulta también si sabe si hay cámaras por el sector donde se ubica su residencia, el fiscal debe consultar en el sistema: si el teléfono tiene antecedentes en otros casos y verifica el grado de riesgo y si hay información de los sindicados de extorsión, también se le pide a la víctima que indique si ha denunciado con anterioridad para ver cuál fue el resultado de la investigación y determinar similitud de hechos. Por último se verifican los datos de la víctima que quede registrado en el Sicomp. También es posible recibir denuncias por escrito, y en este caso al recibir la denuncia debe comunicarse el fiscal con la víctima para informar que el caso se encuentra en el MP y sobre la función que cumplirá la institución ante la denuncia, cuando no sea posible comunicarse con la víctima le enviara un telegrama para darle un número de teléfono donde puede comunicarse para ampliar la información y citarle, y se le entrevista como se indicó con anterioridad. Con relación a los casos por flagrancia, el fiscal de turno, entrevista al agente encargado del operativo, para solicitar información de la persona detenida y debe proceder de la siguiente manera: si la victima manifiesta estar alterada, se solicitara el apoyo de un profesional, para que se estabilice, se verifica si el extorsionista aparece en la base de datos o hay orden de captura en su contra por otro caso, se consulta la información que proporcionó la víctima y los agentes captores entre otra, a la víctima se le debe explicar el programa de protección a testigo, y se debe solicitar las diligencias que sean pertinentes al caso, al trasladar el expediente a la unidad de flagrancias debe realizar la imputación del hecho de una vez. Cuando se trata de organizaciones criminales, se debe de solicitar un análisis criminal para determinar la comisión del delito que sea atribuible a una organización criminal, después se debe coordinar con PNC para que designe a los investigadores respectivos, se deben clasificar los casos tomando en cuenta: el análisis criminal/estructuras, resultado de coincidencias IBIS, información obtenida por otras fuentes de información, realizando un mapeo de estructuras y debe realizar diligencias relacionadas a: identificar el perfil de los agraviados, sindicados y beneficiarios, analizar los casos asignados a los fiscales para verificar las coincidencias que puedan existir, pedir información a los bancos del sistema sobre los sindicados para ver si tienen relación con alguno de ellos y analizar si se le puede imputar el lavado de dinero, cuando proceda, se deben solicitar también los desplegados de teléfono para análisis inter comunicacional, cuando proceda y los cuadros IBIS de cada expediente para verificar coincidencias balísticas, y solicitar a las dependencias de la PNC informes en sus registros para reunir todos los elementos de convicción para fortalecer la investigación de manera objetiva, tales como la interceptación de llamadas y extinción de bienes provenientes del Página 34 de 600

hecho ilícito. Cuando la víctima recibe teléfono para negociar la extorsión: es importante que el investigador informe al fiscal de forma verbal y escrita, se debe asesorar a la víctima para determinar si se efectúa o no el pago de la extorsión y cuando la víctima decide realizar el pago, el investigador con el consentimiento de la víctima, apoyara en la negociación para evitar efectos perjudiciales a la víctima. Cuando la víctima entrega el celular al investigador y no paga la extorsión: se debe informar inmediatamente al fiscal, documentar la entrega del teléfono por parte de la víctima, extraer toda la información almacenada en el equipo, embalar el teléfono y remitir al fiscal. En el caso de los colaboradores eficaces: es necesario establecer que el posible colaborador eficaz reúna los requisitos de la ley contra la delincuencia organizada y se consulta con el fiscal de sección si es posible otorgar el beneficio, cuando haya concluido la investigación estratégica, con base en las diligencias realizadas, se plasma la información útil y necesaria que fundamente la obtención de ordenes de aprehensión, allanamiento, inspección o registro, secuestro de indicios, que puedan demostrar la participación de los integrantes en los casos que se investiga. hhh. 01-2017: Modificación de la instrucción general número 052014, mediante la cual se regulan los criterios de liquidación de la fiscalía liquidadora. Aumenta la competencia de la fiscalía liquidadora para conocer todos aquellos casos cuya fecha de ingreso es hasta el 31 de diciembre del año 2013 en las fiscalías de distrito, fiscalías de sección y fiscalías municipales. Excepto expediente que se relacionen con estructuras criminales, los que se relacionen con la ley de Femicidio, y los que investiga la fiscalía de derechos humanos y las que tengan audiencia programada. iii.02-2017: instrucción general para regular el funcionamiento de la fiscalía contra el delito de Femicidio. Las disposiciones establecidas en la presente instrucción y la normativa 06-2013 que contiene la instrucción general para la investigación criminal del delito de Femicidio, son de observancia general y obligatoria, para los fiscales y demás personal que forma parte del ministerio público. Cuando se tenga conocimiento de un hecho de muerte violenta de niña, adolecente o mujer en la capital y San Pedro Ayampuc, conocerá la fiscalía de Femicidio, si se conoce en los departamentos y municipios fuera de la capital, conocerá el de turno del área con acompañamiento virtual de la fiscalía de Femicidio, en la reunión de 72 horas se debe hacer la entrega del expediente y de toda la evidencia que haya sido recabada de la escena del crimen, a la fiscalía de Femicidio, en caso de que en la escena del ataque resulte hombre y mujer agraviados, primero se debe establecer (en los municipios y departamentos) si el ataque fue para la mujer o para el hombre, en el caso que el hombre sea el objetivo, la fiscalía de Femicidio solo dará acompañamiento, en caso que sea la mujer el objetivo, deberá trasladar el expediente al ser analizado en mesa técnica, también deben trasladar el expediente cuando las fiscalías municipales y distritales tengan conocimiento de la participación de grupos delictivos en el hecho, para los distritales es importante que den acompañamiento a los auxiliares en las escenas, si no es posible que se presenten a las escenas, que lo hagan virtualmente, Página 35 de 600

pero el auxiliar de turno no debe dejar de presentarse a una escena del crimen. Se exceptúa de estas disposiciones cuando la muerte sea consecuencia de un hecho culposo, deberá conocer la fiscalía que tomo la escena del crimen, si de un hecho culposo resulta de la investigación que era doloso, se debe realizar una mesa técnica con la fiscalía de Femicidio y ver la posibilidad de trasladar el expediente lo antes posible, con todo y las evidencias recolectadas. Los casos se trabajaran de acuerdo al protocolo de Femicidio. jjj. 04-2017: Instrucción general que contiene el protocolo para la atención integral a víctimas del delito de trata de personas. El objeto de esta instrucción es establecer en el Ministerio Público, los procedimientos de actuación para la atención, investigación, protección, referencia, sanción de las personas responsables y reparación integral de los derechos de las personas que han sido víctimas del delito de trata de personas; minimizar la victimización secundaria, en la atención a las personas que han sido víctimas del delito de trata de personas en el MP, por medio de la atención, intervención, abordaje, entrevista, referencia y seguimiento de atención de los casos, en las diferentes etapas del proceso penal, con el enfoque victimológico, de derechos humanos, de género, y con pertinencia cultural y lingüística; promover e implementar procedimientos de coordinación para la atención, protección, referencia y seguimiento, de las víctimas de este delito, en las redes de derivación que coordina el MP; implementar los procedimientos de coordinación para la atención, referencia y traslado de la víctima a las instituciones y organizaciones que darán la atención integral que necesite la persona que ha sido víctima de este delito. kkk. 06-2017: Instrucción general que contiene recepción, registro, guarda, custodia y conservación de los expedientes recibidos en la fiscalía liquidadora para su diligenciamiento. El objeto de esta instrucción es emitir las disposiciones de carácter técnico y administrativo que regulen el traslado de los expedientes, a la Fiscalía Liquidadora, así como la recepción, registro, guarda, custodia y conservación de los expedientes, que para reducir la mora fiscal deban permanecer temporalmente en la Fiscalía Liquidadora, para el diligenciamiento correspondiente. Se prohíbe, con el objeto de garantizar la guarda, custodia y conservación de los expedientes en el lugar habilitado para el efecto, lo siguiente: a. utilizar las instalaciones para casos no contemplados en la presente instrucción, b. ingresar a las instalaciones en horario que no corresponda a la jornada de trabajo, c. ingresar y/o permanecer dentro de las instalaciones sin motivo para el que fue habilitado la guarda, custodia y conservación de los expedientes, d. recibir o entregar expedientes sin la autorización correspondiente, e. proporcionar la llave a personas ajenas a la fiscalía, f. sacar duplicado de las llaves de la puerta de ingreso y/o del mobiliario sin autorización de la jefatura de la fiscalía liquidadora, g. disponer de la información de los expedientes, sin la autorización respectiva, h. reproducir de manera parcial o total el expediente sin la autorización correspondiente. lll.01-2018: Regular la Atención, protección, investigación y persecución penal especializada en materia de niñez y adolescencia víctima. Tiene por objeto establecer los lineamientos técnicos Página 36 de 600

institucionales de atención, protección, investigación, persecución penal y mecanismos de coordinación intra e interinstitucional que deberán implementarse en toda intervención que realice el MP, en casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos. mmm. 02-2018: Aprobar el modelo de atención y persecución penal especializada en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal del Ministerio Público. Tiene por objeto brindar al personal del MP que interviene en casos de adolescentes en conflicto con la ley penal, criterios e instrumentos específicos de actuación conforme al modelo de atención y persecución penal especializada en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal del MP, desarrollado con base al marco normativo nacional e internacional que rige la función constitucional del MP en la materia especifica. nnn. 03-2018: Mecanismos para la atención, coordinación, investigación en intervención en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal. Tiene por objeto establecer los lineamientos técnicos, institucionales de atención, coordinación e intervención de las distintas dependencias fiscales, técnicas, administrativas y de apoyo del MP, así como la persecución penal y mecanismos de coordinación intra e interinstitucional que deberán implementarse en toda la intervención que realice el MP en casos de adolescentes en conflicto con la ley penal. ooo. 04-2018: Regular el procedimiento de análisis estratégico de casos relacionados con fenómenos criminales, estructuras criminales, patrones delictuales y abordaje de casos con correspondencia en sistema integrado de identificación balística IBIS. Tiene por objeto establecer el procedimiento que debe realizarse en el análisis estratégico de casos relacionado con fenómenos criminales, estructuras criminales, patrones delictuales y el abordaje de casos con correspondencia en el sistema Integrado de Identificación Balística –IBIS- . ppp. 05-2018: Protocolo de Investigación de Delitos cometidos contra Defensoras y defensores de Derechos Humanos. Tiene la finalidad de brindar al personal del MP que interviene en la investigación y atención de casos de delitos cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos, criterios e instrumentos específicos de actuación conforme al protocolo de investigación de Delitos Cometidos contra defensoras y defensores de Derechos Humanos, desarrollado con base al marco normativo nacional e internacional que rige la función constitucional del MP en materia. El personal involucrado debe actuar bajo los principios de dignidad, igualdad, no discriminación, objetividad e imparcialidad, con estrategias humanistas y respetuosas de la diversidad cultural y étnica de Guatemala, entre otros. qqq. 06-2018: Institucionalización, implementación y cumplimiento de la Política de Persecución Penal Democrática del Ministerio Público. Tiene por objeto aprobar la Política de Persecución penal democrática del MP, que adjunta, procediendo a institucionalizarla, por lo que su observancia es de carácter general y su implementación y cumplimiento son obligatorios para todo el personal de las áreas fiscal, administrativa, técnica y de apoyo de la institución. La política define la actuación institucional en materia Página 37 de 600

de investigación y persecución penal, conforme a un marco general de política criminal, así como para orientar en forma adecuada los recursos humanos, materiales y de análisis, para la toma de decisiones que permitan responder de forma efectiva frente a las distintas modalidades de la criminalidad. rrr. 07-2018: Institucionalización, implementación y cumplimiento de la Política de derechos humanos para la persecución penal del Ministerio Público. Tiene por objeto aprobar la política de derechos humanos para la persecución penal del MP de Guatemala, la cual se adjunta, e institucionalizarla, por lo que su observancia es de carácter general y de cumplimiento obligatorio para todo el personal de las áreas fiscal, administrativa, técnica y de apoyo de la institución. Se rige bajo los siguientes principios: a. Respeto a la constitución política de la república de Guatemala y demás leyes ordinarias, b. respeto y aplicación de convenios internacionales, c. protección y garantía de los derechos humanos, d. independencia e imparcialidad, e. respeto a la dignidad, f. respeto a la igualdad. G. no discriminación, h. respeto a la pertinencia cultural. i. respeto a los derechos de las víctimas, j. garantía de reparación integral, k. garantía de participación de la víctima. sss. 08-2018: Doctora Consuelo Porras Argueta. Respeto del debido proceso: tiene por objeto instruir que: a. que se atienda la recomendación del procurador de los Derechos Humanos, contenida en el expediente REF: EXP.ORD.GUA.3443-2018/UCI y acumulado: REF: EXP.ORD.GUA.4557-2018/UCI, numeral romano III, literal “C” que textualmente dice: “...III. RECOMENDAR…C) A la fiscal General y Jefa del Ministerio Publico, instruya de manera general a todo el personal que interviene en los distintos procesos judiciales a nivel nacional, que cesen en el uso y aquiescencia de malas prácticas procesales, ya que como funcionarios y servidores públicos no deben consentir que ningún sujeto procesal recurra o utilice figuras que no estén plenamente establecidas en la ley.” Y b. Que la intervención que se realice en los distintos procesos judiciales a nivel nacional, adecuen su actuación al estricto cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes del país, observando los estándares internacionales en materia de derechos humanos y en cumplimiento al debido proceso. ttt. 09-2018: Búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. Tiene por objeto establecer el procedimiento interno para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, en cumplimiento de las distintas acciones que la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas; Decreto 9-2016, impone al MP. Que rige bajo los principios constitucionales, procesales y de derecho humanos contenidos en la legislación nacional e internacional, especialmente: a. Respeto de los derechos humanos de las mujeres: El personal de la institución que atienda casos de mujeres desaparecidas, debe velar por el cumplimiento de la normativa nacional e internacional; y el respeto a los derechos de las mujeres; b. Celeridad: el personal de la institución debe atender de forma inmediata, urgente y con prioridad los casos de mujeres desaparecidas, a efecto de lograr su localización y asegurar el Página 38 de 600

respeto a su integridad, libertad y resguardo; c. antiformalismo: la activación del mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, no estará sujeta a formalidades; d. Acceso a la justicia con pertinencia cultural y lingüística: el personal institucional debe asegurarse de brindar atención a las víctimas y sus familiares, con pertinencia cultural y lingüística. Activación de la alerta Isabel-Claudina. uuu. 01-2019. Modificación de la Instrucción General Número 052014 para regular los criterios de liquidación de la Fiscalía de Sección Liquidadora. vvv. 02-2019. Lineamientos y criterios generales de liquidación para conocer los casos en mora que no se han diligenciado, casos activos pendientes de resolver y prescritos en apoyo a las Fiscalías de Distrito de Quetzaltenango, Escuintla y Metropolitano. Contiene lineamientos y criterios generales de liquidación para conocer casos activos pendientes de resolver y prescritos en apoyo a las Fiscalías de Distrito de Quetzaltenango, Escuintla y Metropolitano. www. 04-2019. Lineamientos generales para la gestión fiscal de las Agencias fiscales en Municipios, creadas mediante el Acuerdo de Fiscalía General Número 16-2019. Contiene lineamientos generales para la gestión fiscal que deben cumplirse al realizar el trabajo relacionado con la investigación y persecución penal de las agencias fiscales en municipios creadas mediante el acuerdo número 162019 (30), de la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público en Funciones. Las fiscalías municipales creadas son en los municipios de: Raxruhá, San Cristóbal Verapaz, Purulhá, San Pedro Yepocapa, Tecpan, Morazan, San Cristobal Acasaguastlan, Guanagazapa, Nueva Concepción, Aguacatán, Colotenango, San Idelfonso Ixhuatan, San Pedro Pinula, Comapa, San Andres, San Luis, Génova, Sacapulas, San Andrés Sajcabajá, El Asintal, Sumpango, Concepcion Tutuapa, Ocós, Oratorio, Santa Cruz Naranjo, Taxisco, Nahualá, Santa Lucía la Reforma, Santa María Chiquimula, La Unión. xxx. 05-2019. Instrucción General para Transversalizar los enfoques de igualdad y de género en la persecución penal. Tiene por objeto brindar al personal del Ministerio Publico criterios incluyentes de persecución penal que transversalicen los enfoques de igualdad y de género, así como el principio de no discriminación, que faciliten la tipificación de los delitos, la investigación criminal, las estrategias de litigio, la atención y protección a las víctimas.

g. CÓDIGO DE ÉTICA DEL MINISTERIO PÚBLICO: tiene por objeto adoptar el conjunto de normas y principios éticos aplicables al desempeño funcional y la conducta de los servidores públicos del MP, cualquiera que sea su competencia o jerarquía, en concordancia con los elevados fines institucionales. Su ámbito de aplicación es obligatoria en todas las actuaciones de los servidores públicos del MP que laboran bajo cualquier renglón presupuestario u otra forma de contratación. Se rige bajo los siguientes valores institucionales: LEGALIDAD, INDEPENDIENCIA DE CRITERIO, TRANSPARENCIA, SERVICIO, CONFIANZA, NEUTRALIDAD Y OBJETIVIDAD, COMPETENCIA PROFESIONAL, LEALTAD, HONESTIDAD, INTEGRIDAD, RESPONSABILIDAD. También bajo las siguientes normas Página 39 de 600

éticas: LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA, RESPETO, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA, OBEDIENCIA, COMPETENCIA PROFESIONAL, LEALTAD Y SERVICIO, INCOMPATIBILIDADES-PROHIBICIÓN PARA DESEMPEÑAR MAS DE UN CARGO PUBLICO, INDEPENDENCIA DE CRITERIO, INTEGRIDAD Y OBJETIVIDAD.

2. DERECHO CONSTITUCIONAL a. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA: Es la expresión de la voluntad colectiva, que deduce racionalmente los preceptos que han de encauzar el comportamiento de gobernantes y gobernados hacia la realización de las metas que ella decida. (Mauro Chacón). Orden jurídico fundamental del Estado, creadora de estabilidad y permanencia que se desarrolla vivamente en el marco de un proceso público, como limitación y racionalización del poder del Estado. (Peter Häberle) Es una norma que incorpora los valores y principios esenciales de la convivencia política que conforman todo el ordenamiento jurídico. Por ello, todos los poderes públicos y los habitantes del país están ligados a su Página 40 de 600

imperio y el derecho interno sometido a su supremacía. (Corte de Constitucionalidad, Exp 280-90, sentencia de 19.10.1990) b. SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y JERARQUÍA NORMATIVA: es un principio teórico del derecho constitucional que postula, originalmente, ubicar a la constitución de un país jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico, considerándola como ley suprema del estado y fundamento del sistema jurídico. La jerarquía normativa, es un principio jurídico por el cual las normas de un ordenamiento jurídico se ordenan mediante un sistema de prioridad, según el cual unas normas tienen preferencia sobre otras; para establecer tal prioridad se pueden usar distintos criterios, como son, por ejemplo: la validez de la norma basada en otra precia superior, la función de la norma, la preferencia en la aplicación de la norma o el diferente órgano político del que surge la norma. Con la jerarquía normativa se ordenan diferentes elementos del ordenamiento jurídico, de modo que este consigue unidad y coherencia. c. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES: Manual del Fiscal: Son proposiciones fundamentales que dominan sobre otras disposiciones establecidas en la Constitución como en la norma jurídica. La diferencia entre garantías y principios radica en que las garantías constitucionales son las que ofrece la misma constitución en el sentido que se cumplirán y respetaran los derechos que la misma indica, también algunas constituciones la señalan como derechos constitucionales y otras como derechos individuales, como es el caso de la Constitución guatemalteca. Los principios son los siguientes: Legalidad, Presunción de Inocencia, Derecho de Defensa, Juicio Previo, Prohibición a la Doble Persecución Penal, Principio de Publicidad en el Proceso, Derecho a ser juzgado en un tiempo razonable. PRINCIPIO DE LEGALIDAD: El artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece “No hay delito ni pena ni pena sin ley anterior”, no son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penados por ley anterior a su perpetración.” El artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) se manifiesta en que “nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable…” Ninguna persona puede ser detenida o presa si los actos que realiza no están previamente establecidos en la ley como delito. El artículo 1 del Código Procesal Penal y el artículo 1 del Código Penal, establece el principio de NULLUM POENA SINE LEGE, NO HAY PENA SIN LEY. El artículo 1 de la LOMP, establece que la actuación del Ministerio Público se debe cumplir con apego al principio de LEGALIDAD. EN CONCLUSIÓN: Podemos indicar que ninguna persona puede ni debe ser detenida o presa si los actos que realiza no están previamente establecidos en la ley como delito. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA (de no culpabilidad): Artículo 14 CPRG; art. 14 CPP

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El principio constitucional de la presunción de inocencia consiste principalmente en que toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. Así lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 14. El artículo 8 numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. El artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona acusada de delito tiene el derecho que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Este principio está desarrollado también en el Código Procesal Penal en el artículo 14, indicando que todo procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento, hasta una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena, una medida de seguridad y corrección o le restrinja sus derechos. El principio de presunción de inocencia consiste entonces en que todo sindicado o imputado debe ser tratado como una persona inocente, como una persona sin responsabilidad en el hecho que se le imputa, aunque hubiese detenido flagrantemente. EL DERECHO DE DEFENSA: Art. 8 CPRG, 92 Y 90 98,99 103 CPP Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean más comprensibles más comprensibles, especialmente que puede proveerse de un defensor según establecen los artículos 8 y 12 de la CPRG. Para el cumplimiento del Derecho de Defensa es necesario elegir defensor art. 92 CPP, en caso de no hablar el idioma español elige a un traductor art. 90 CPP. El derecho de defensa es tan especial e importante que cuando el imputado estuviere privado de su libertad, cualquier persona podrá asignarle por escrito, un defensor ante la policía o las autoridades encargadas de su custodia o verbalmente ante el Ministerio Público o el Juez (98 CPP), asignación que se le dará a conocer inmediatamente. Sin embargo el imputado puede designar posteriormente otro defensor (99 CPP) reemplazando al anterior que ya interviene en el procedimiento, pero este último no podrá abandonar la defensa, hasta que el nuevo defensor acepte su cargo. Tan importante es el derecho de defensa (103CPP) que si el defensor abandona la defensa, dicho acto constituirá falta grave y obligara, a quien incurra en él, el pago de las costas provocadas por el reemplazo, sin perjuicio de las sanciones correspondientes. Dicho abandono será comunicado inmediatamente al tribunal de honor del Colegio de Abogados y Notarios. JUICIO PREVIO: Art. 12 CPRG, 4CPP 8.1 Pacto de San José 14 Derechos Civiles y Políticos El juicio previo como principio constitucional, consiste esencialmente en que ninguna persona puede ser condenada ni privada de sus derechos, si no ha sido citada oída y vencida en proceso legal, ante el juez o tribunal competente y preestablecido, ni por procedimientos que no estén

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preestablecidos legalmente. Así lo regula la Constitución art. 12 y lo desarrolla el artículo 4 del Código Procesal Penal. De la misma manera el artículo 8 numeral 1 del Pacto de San José establece que “Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente e imparcial….” El artículo 14 del Pacto de derechos Civiles y Políticos, se pronuncia en el mismo sentido de un juicio previo a cualquier condena. Lo anterior quiere decir entonces que si al momento en se va cumplir uno de los fines del proceso que es el pronunciamiento de la sentencia, en la cual la persona va ser condenada, sometida a medidas de seguridad y corrección y privada de sus derechos, debió de haberse cumplido con una detención legal, haberse puesto a disposición de la autoridad judicial competente en el plazo que la constitución establece, haber sido citado a declarar, habérsele impuesto una medida de coerción, haber sido ligada al proceso mediante auto de procesamiento. Esto es lo que se conoce como Juicio Previo, desde el momento de la detención, el detenido deberá ser informado especialmente, de que puede proveerse de un defensor, lo que implica que inicia su derecho de defensa. PROHIBICIÓN A LA DOBLE PERSECUCIÓN PENAL: En un Estado de Derecho no se puede permitir que una persona pueda ser enjuiciada o sancionada repetidas veces por los mismos hechos (NOS BIS IN DEM) Este principio no se encuentra explícitamente desarrollado en la carta magna, pero el artículo 211 segundo párrafo de la misma, establece la prohibición para los tribunales y autoridades de conocer procesos fenecidos, el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos señala en el art. 14 inciso 7 que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país; en el mismo sentido se pronuncia la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8 inciso 4 el cual establece que el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Sin embargo se puede plantear nueva persecución penal cuando: La primera fue intentada ante un tribunal incompetente. Cuando un mismo hecho debe ser juzgado por tribunales o procedimientos diferentes que no puedan ser unificados. El proceso se puede reabrir en aquellos casos en los que procede la revisión, el cual solo opera a favor del reo, art. 453 al 463 del CPP. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN EL PROCESO: El principio constitucional de publicidad en el proceso penal, consiste en que todas las actuaciones, documentos y diligencias, pueden ser conocidas personalmente por las partes a las que legalmente se les haya otorgado participación definitiva en el procedimiento penal, es decir la persona detenida, el abogado o abogados defensores, el ofendido y su abogado, los querellantes los terceros civilmente demandados, el actor civil y el Ministerio Público así lo determina el artículo 14 de la CPRG. El principio constitucional de publicidad en el proceso penal, está desarrollado en el código Procesal Penal en el art. 12 cuando indica que la función de los tribunales en los procesos es obligatoria, gratuita y PUBLICA y que los casos de diligencias o actuaciones reservadas serán señaladas expresamente por la ley, por ejemplo las excepciones a la publicidad del debate señaladas en el art. 356 del CPP. Página 43 de 600

Sin embargo la publicidad tiene un componente negativo al hecho de ser sometido a proceso implica un daño en el reconocimiento social del sindicado, por ello el art. 314 del CPP, limita durante el procedimiento preparatorio la publicidad de las actuaciones procesales, al mencionar que las actuaciones solo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas y los mandatarios , así mismo se establece la reserva de las actuaciones por diez días corridos para que no se entorpezca el descubrimiento de la verdad, siempre que no hubiere auto de procesamiento, plazo que podrá prorrogarse por diez días pero los interesados podrán solicitar al juez que pongan fin a dicha reserva. DERECHO A SER JUZGADO EN UN TIEMPO RAZONABLE: El hecho de estar sometido a un proceso penal supone un perjuicio psíquico y económico en la persona del procesado, que se agrava en el supuesto que se le imponga una medida de coerción, por ello es un derecho básico el que se resuelva la situación jurídica del sindicado. En el código Procesal Penal se establecen los artículos 323 y 324 bis los plazos para conclusión de la fase preparatoria a partir del auto de procesamiento, en caso de gozar de una medida sustitutiva será de un plazo razonable, en caso de guardar prisión preventiva no puede durar más de tres meses debiéndose solicitar la prórroga de la prisión preventiva a la Corte Suprema de Justicia. d. INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL: CONTEXTO: señala Larenz, que la aplicación de la ley implica la determinación de las normas aplicables a un hecho concreto, y que interpretar es un hacer mediador, por el cual el intérprete comprende el sentido de un texto que se le ha convertido en problemático. La interpretación implica una labor metodológica, prudente y consiente del alcance de sus facultades como intérprete. Si bien, como lo apunta Larenz, no existe una interpretación absolutamente recta, su variación debe estar plenamente justificada para evitar la arbitrariedad y el exceso en este proceso. La aplicación de las diferentes reglas y métodos de interpretación pueden ser unas veces complementarios y otras excluyentes, y la priorización de unas u otros puede producir resultados diversos. La función del intérprete es dejar hablar a la norma, y aplicarla a un caso concreto, aunque existe el conflicto entre si la meta de la interpretación es determinar la voluntad del legislador o el sentido normativo de la ley. También la interpretación permite adaptar o actualizar el sentido de la norma a momentos contemporáneos, proceso en el que no en pocas ocasiones parecerá que el intérprete se hace escuchar más allá del contenido mismo de la norma y, en casos nefastos, aun en contra de todo sentido original, lógico, contextual, etc., que pudiera adjudicársele a su sentida rectamente entendido. Todo estado, como su ordenamiento jurídico, es diseñado con ánimo de permanencia en el tiempo. Esto implica que su normativa debe ser dinámica para poder dar respuesta a los diferentes fenómenos que la organización política afronte en su devenir histórico. Esa necesidad de adecuación a la dinámica social es también resentida por la norma constitucional, aunque en menor medida que la normativa ordinaria pues las normas de la primera se encuentran en el mayor campo de generalidad que posee el ordenamiento jurídico. CONCEPTO: la interpretación constitucional es el arte de aplicar los principios que formula la hermenéutica constitucional. Como técnica, la interpretación es una actividad intelectual encaminada a determinar el significado de una norma jurídica y, en nuestro caso, de una norma constitucional. La interpretación es el resultado del “dialogo” entre el texto Página 44 de 600

normativo y la intelección del sujeto que interpreta. Todos somos capaces de interpretar, neófitos, litigantes, defensores, académicos, judicantes. Pero, finalmente, la única interpretación que tendrá fuera de ley será la del juzgador. La importancia de la interpretación constitucional parece obvia: el valor de cada precepto de la constitución depende, en definitiva, del significado que le den sus intérpretes-operadores. La letra podrá decir claramente una cosa, la intención del constituyente podrá haber sido bien definida…, pero, en última instancia, la cláusula constitucional regirá del modo con que sea interpretada y aplicada. Esa incertidumbre respecto del valor que se le termine asignando al precepto constitucional deviene, en gran medida, de que muchas constituciones no contiene reglas de interpretación que señalen la manera en que han de ser interpretados sus preceptos. Sin embargo, ello no implica que se deba interpretar conforme a las reglas establecidas en una ley ordinaria (Ley del Organismo Judicial, para el caso guatemalteco), pues la misma es emitida por un legislador ordinario, inferior al legislador constitucional. CONFORME A LA FUENTE: la interpretación, conforme al autor que la realiza, se clasifica en: a) autentica o por vía de autoridad, proviene del órgano al que la constitución le confiere dicha facultad. Corte de constitucionalidad. b) Judicial, la que realizan los jueces y magistrados dentro de la órbita de su función. c) doctrinaria o científica, que es la que realizan los juristas. Todas revisten de importancia pero, en principio, solo las 2 primeras son vinculantes, la tercera lo será en la medida que sea recogida dentro de las 2 primeras. CONFORME A LOS ANTECEDENTES, REFERENCIAS O INDICADORES: puede ser a) histórica: que indaga los antecedentes o raíces históricas de la norma constitucional para desentrañar su espíritu; b) política: que hace especial énfasis en los valores o sentido político de la constitución. Específicamente relacionada a su régimen político y modelo de estado; c) evolutiva que postula por una interpretación que se actualice atendiendo a las circunstancias cambiantes de la sociedad; d) teleológica o finalista: que se inspira en el fin perseguido por la norma constitucional. CONFORME A LA ESTRATEGIA INTERPRETATIVA: a) Originalísimo: la constitución debe interpretarse a la luz de las intenciones originales de quienes la redactaron. Siendo esta la única forma de salvar el carácter democrático de las decisiones judiciales. (James Wilson); b) Lectura moral de la constitución: los jueces deben apartarse de las intenciones originales del constituyente y leer la constitución como lo que es, como un documento que fija principios morales fundamentales que han de gobernar a la sociedad. Las decisiones que deben fundar en los principios de moralidad política plasmados en la constitución. (DWorking); c) Textualismo: solo el texto de la constitución y de las leyes debe servir como fuente de interpretación. El juez no debe ir más allá del texto, fijándose únicamente en el sentido de las palabras dentro del texto, es decir, dentro de las oraciones que son empleadas. (Antonio Scalia). PRINCIPIOS: el autor Segundo V. Linares Quintana, estableció una serie de normas o principios que facilitan la tarea interpretativa. FIN SUPREMO ES LA CONSTITUCION, INTERPRETACION AMPLIA O EXTENSIVA, SENTIDO DE LAS PALABRAS DE LA CONSTITUCION, LA CONSTITUCION COMO UN TODO ORGANICO, LA CONSTITUCION COMO INSTRUMENTO DE GOBIERNO PERMANEN, PRIVILEGIOS Y EXCEPCIONES, PRESUNCION DE CONSTITUCIONALIDAD. El jurista alemán Konrad Hesse, propone la siguiente sistematización de principios de la interpretación constitucional, que, como se podrá advertir, comulga en muchos aspectos con la Página 45 de 600

clasificaciones desarrollada: EL PRINCIPIO DE UNIDAD DE LA CONSTITUCION, EL PRINCIPIO DE CONCORDANCIA PRACTICA, PRINCIPIO DE CORRECCION FUNCIONAL, PRINCIPIO DE LA FUERZA NORMATIVA DE LA CONSTITUCION, PRINCIPIO DE PRESUNCION DE CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS NORMATIVOS, PRINCIPIO DE ARGUMENTACION, LIMITES A LA INTERPRETACION CONSTITUCIONAL. e. FUNDAMENTOS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL: La Constitución

Política de la República de Guatemala es la ley suprema de la República de Guatemala, en la cual se rige todo el Estado y sus demás leyes. La Constitución Política de la República de Guatemala actual fue creada por una Asamblea Nacional Constituyente, el 31 de mayo de 1985, la cual lo hizo en representación del pueblo con el objeto de organizar jurídica y políticamente al Estado, así como, también contiene los derechos fundamentales de los miembros de su población. NORMATIVA CONSTITUCIONAL. La Constitución Política de la República de Guatemala, decretada en el año 1985, en el artículo 12 garantiza el derecho de defensa estableciendo que “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente”, además el artículo 14 de la Constitución establece la presunción de inocencia y publicidad del proceso, garantizando que “Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia ejecutoriada”. NORMATIVA ORDINARIA. Artículo 4º del Código Procesal Penal que regula la observancia en el proceso penal del debido proceso y juicio previo. Artículo 20 del Código Procesal Penal que desarrolla el derecho de defensa, que los habitantes de la república de Guatemala tienen en un proceso penal. Artículo 92º del Código Procesal Penal que define el derecho del sindicado de elegir abogado defensor de su confianza. Artículo 103 del Código Procesal Penal que define el derecho del sindicado de ser asistido por defensor de oficio en caso de renuncia o abandono de la defensa técnica. Decreto del Congreso de la República No. 129-97 Ley del Servicio Público de Defensa Penal. TRATADOS, PACTOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL ESTADO DE GUATEMALA Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 8 inciso “e” de la Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Acuerdos de Paz, Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. f. MECANISMOS DE DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN: Naturaleza jurídica: son los medios por los cuales, se hace la defensa efectiva de la constitución y los derechos fundamentales de las personas. Indica la constitución que todos los derechos reconocidos por ella gozan de garantías para su protección, garantías a ser desarrolladas a través de mecanismos de defensa constitucional. El autor García Belaunde dice: “Hay una defensa física, otra política, y, finalmente una defensa jurídica, y dentro de ella la más moderna, la defensa procesal constitucional”. Para Machaca Cahuana dice: “son los medios o remedios jurídicos de protección y de seguridad que tienen toda persona para el restablecimiento inmediato y el ejercicio efectivo de sus derechos”.

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g. JUSTICIA CONSTITUCIONAL: La justicia constitucional en Guatemala. Jorge Mario García Laguardia. Génesis, antecedentes y creación del órgano de justicia constitucional La Corte de Constitucionalidad (Tribunal Constitucional), fue creada por la Constitución de 1985. Su antecedente inmediato donde se origina su funcionamiento, está en la Constitución anterior de 1965. En ella se introdujo un sistema mixto. Por una parte, contempló una declaratoria de inconstitucionalidad en casos concretos, en la tradición del control judicial difuso, y por otra, introdujo una declaratoria de inconstitucionalidad con efectos generales y derogatorios en una nueva experiencia, la primera, de control concentrado en vía principal. El segundo párrafo del art. 246, recogió el principio tradicional, que viene de la reforma constitucional de 1921, como un control difuso, incidental, de alcance particular y con efectos declarativos. Ordenaba la disposición que en casos concretos, en cualquier instancia y en casación, antes de dictar sentencia, las partes podrán plantear la inconstitucionalidad total o parcial de una ley y el tribunal deberá pronunciarse al respecto. Si declarare la inconstitucionalidad, la sentencia se limitará a establecer que el precepto legal es inaplicable al caso planteado y será transcrito al Congreso. Y en una nueva experiencia, junto al sistema anterior, en el Capítulo V, Título VIII, arts. 262 y 265 recogió por vez primera en nuestra historia constitucional, un nuevo sistema: concentrado, principal, de alcance general y efectos semi-constitutivos. La declaratoria de inconstitucionalidad se pedía ante un órgano autónomo de examen constitucional: la Corte de Constitucionalidad, que no era un tribunal permanente sino se integraba específicamente cuando se hacía valer una acción de inconstitucionalidad. Eran doce sus Magistrados, todos de la rama judicial y los presidía el mismo de la Corte Suprema. El objeto de la acción era obtener la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes o disposiciones gubernativas de carácter general que contuvieran vicio total o parcial de inconstitucionalidad. Experiencia corta de escasos 15 años. Conoció pocos casos. La Constitución vigente, fue promulgada el 31 de mayo de 1985. En el Título VI, con el nombre de "Garantías Constitucionales y Defensa del Orden Constitucional", configura un nuevo sistema de justicia constitucional, cuya novedad significativa es la creación del Tribunal o Corte Constitucional permanente. Funciones de la justicia constitucional. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS: Tipos de Normas susceptibles de ser sometidas a control de constitucionalidad. Las funciones de la Corte, fuera de su función esencial de defensa del orden constitucional, son muy amplias. Están establecidas en la Constitución y en la Ley Constitucional que desarrolla los preceptos constitucionales. La primera la constituye en garante de la Constitución y del sistema jurídico en general, es el intérprete supremo de sus normas y le da sentido al sistema, cuyas decisiones son vinculantes y obligan a los órganos del Estado y tiene pleno efecto contra todos. Por eso se explica su posición de independencia funcional e incluso económica. Y sus funciones las cumple con métodos jurisdiccionales, fuera de los casos de consultas y dictámenes que también entran dentro de sus competencias. Sus competencias específicas de control de normas son las siguientes: a) En única instancia conoce de inconstitucionalidades contra leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general; b) En segunda instancia de apelaciones de inconstitucionalidades en casos concretos; c) Emite opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley, a solicitud Página 47 de 600

de cualquiera de los organismos del Estado. La inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general, es directa y su única instancia y se plantea ante la Corte. Tienen legitimación para plantearla la Junta Directiva del Colegio de Abogados a través de su Presidente; el Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación; el Procurador de los Derechos Humanos y cualquier persona con el auxilio de tres abogados activos. Cuando la sentencia de la Corte declare la inconstitucionalidad de una ley, reglamento o disposición de carácter general, éstas quedarán sin vigencia y si fuere parcial quedará sin vigencia en la parte que se declare inconstitucional. Las sentencias que declaren inconstitucionalidad parcial o total, deben publicarse en el Diario Oficial dentro de los tres días siguientes. De la fecha en que queden firmes y la ley deja de surtir efectos desde el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial. Si se hubiera decretado la suspensión provisional de la ley, atribución que le corresponde a la Corte, los efectos del fallo definitivo se retrotraen a la fecha en que se publicó la suspensión provisional. Y contra las sentencias de la Corte, no procede recurso alguno y produce efectos "erga omnes". En los casos de inconstitucionalidad en casos concretos, la persona a quien afecte la inconstitucionalidad puede plantearla ante el tribunal correspondiente, que asume el carácter de tribunal constitucional. Puede hacerse el planteamiento como excepción o en incidente de una ley que hubiere sido citada como apoyo de derecho en la demanda, en la contestación o que de cualquier modo resulte del trámite del juicio. El tribunal ante quien se plantea conoce en primera instancia y de las apelaciones conoce la Corte de Constitucionalidad que concentra el conocimiento de los asuntos de constitucionalidad. Los efectos son sólo para el caso concreto y respecto del mismo produce consecuencia de cosa juzgada y también tiene efectos jurisprudenciales. h. GARANTIAS CONSTITUCIONALES: Las garantías son medios técnicosjurídicos, orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando estas son infringidas, reintegrando el orden jurídico violado. Existen amplios campos del derechos, especialmente el constitucional y el internacional público, que carecen de normas de efectividad; sus disposiciones muchas veces no son más que expresión de deseos. Por esto, se fortalece en los últimos años una tendencia a encontrar normas de garantía, que hagan efectivas las disposiciones de carácter sustantivo. El conjunto de instrumentos de garantía de las normas constitucionales también ha sido designado con el término de justicia constitucional, término que prefiere Fix Zamudio por considerar que con él se subraya el carácter preponderante axiológico de estos instrumentos y por su preciso sentido jurídico. a. PROCESO DE AMPARO: El amparo es una garantía procesal expedita que tienen las personas de acudir ante un tribunal de justicia, para que se restituya el goce de sus derechos cuando estos fueren amenazados o violados por alguna autoridad. ARTÍCULO 10.- Procedencia del amparo. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otros casos: a) Para que se le Página 48 de 600

mantenga o restituya en el goce de los derechos y garantías que establece la Constitución o cualquiera otra ley; b) Para que se declare en casos concretos que una ley, un reglamento, una resolución o acto de autoridad, no obligan al recurrente por contravenir o restringir cualesquiera de los derechos garantizados por la Constitución o reconocidos por cualquiera otra ley; c) Para que en casos concretos se declare que una disposición o resolución no meramente legislativa del Congreso de la República; no le es aplicable al recurrente por violar un derecho constitucional; d) Cuando la autoridad de cualquier jurisdicción dicte reglamento, acuerdo o resolución de cualquier naturaleza, con abuso de poder o excediéndose de sus facultades legales, o cuando carezca de ellas o bien las ejerza en forma tal que el agravio que se causare o pueda causarse no sea reparable por otro medio legal de defensa; e) Cuando en actuaciones administrativas se exijan al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales, o cuando no hubiere medio o recurso de efecto suspensivo; f) Cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en el término que la ley establece, o de no haber tal término, en el de treinta días, una vez agotado el procedimiento correspondiente; así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite; g) En materia política, cuando se vulneren derechos reconocidos por la ley o por los estatutos de las organizaciones políticas. Sin embargo, en materia puramente electoral, el análisis y examen del tribunal se concretará al aspecto jurídico, dando por sentadas las cuestiones de hecho que se tuvieron por probadas en el recurso de revisión; h) En los asuntos de los órdenes judicial y administrativo, que tuvieren establecidos en la ley procedimientos y recursos, por cuyo medio puedan ventilarse adecuadamente de conformidad con el principio jurídico del debido proceso, si después de haber hecho uso el interesado de los recursos establecidos por la ley, subsiste la amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Lo determinado en los incisos anteriores, no excluye cualesquiera otros casos, que no estando comprendidos en esa enumeración, sean susceptibles de amparo de conformidad con lo establecido por los artículos 265 de la Constitución y 8 de esta ley. Interposición ARTÍCULO 19.- Conclusión de recursos ordinarios. Para pedir amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios, judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. ARTICULO 20.- Plazo para la petición de amparo. La petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los treinta días siguientes al de la última notificación al afectado o de conocido por éste el hecho que a su juicio, le perjudica. (FRASE ADICIONADA por el Art. 1 del DECRETO del CONGRESO No. {36-90} de fecha {08 de junio de 1990}, el cual queda así:} "Sin embargo, durante el proceso electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia el plazo será de cinco días". El plazo anterior no rige cuando el amparo se promueva en contra del riesgo de aplicación de leyes o reglamentos inconstitucionales a casos concretos; así como ante la posibilidad manifiesta de que ocurran actos violatorios a los derechos del Página 49 de 600

sujeto activo. ARTÍCULO 21.- Requisitos de la petición. El amparo se pedirá por escrito, llenando los requisitos siguientes: a) Designación del tribunal ante el que se presenta; b) Indicación de los nombres y apellidos del solicitante o de la persona que lo represente; su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio y lugar para recibir notificaciones. Si se gestiona por otra persona deberá acreditarse la representación; c) Cuando quien promueve el amparo sea una persona jurídica, deberán indicarse sucintamente los datos relativos a su existencia y personalidad jurídica; d) Especificación de la autoridad, funcionario, empleado, persona o entidad contra quien se interpone el amparo; e) Relación de los hechos que motivan el amparo; f) Indicación de las normas constitucionales de otra índole en que descansa la petición de amparo con las demás argumentaciones y planteamientos de derecho; g) Acompañar la documentación que se relacione con el caso, en original o en copias, o indicar el lugar en donde se encuentre y los nombres de las personas a quienes les consten los hechos y los lugares donde pueden ser citadas y precisar cualesquiera otras diligencias de carácter probatorio que conduzcan al esclarecimiento del caso; h) Lugar y fecha; i) Firmas del solicitante y del abogado colegiado activo que lo patrocina, así como el sello de éste. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que auxilia; j) Acompañar una copia para cada una de las partes y una adicional para uso del tribunal. ARTICULO 22.- Omisión de requisitos en la petición. Cuando la persona que solicita un amparo haya omitido el señalamiento de uno o más requisitos en la interposición o sea defectuosa la personería, el tribunal que conozca del caso resolverá dándole trámite al amparo y ordenando al interponente cumplir con los requisitos faltantes dentro del término de tres días, pero, en lo posible, no suspenderá el trámite. Cuando el tribunal lo estime pertinente podrá agregarse a este término el de la distancia. ARTÍCULO 23.- Gestor judicial. Sólo los abogados colegiados y los parientes dentro de los grados de ley, podrán actuar gestionando por el afectado y sin acreditar representación en forma cuando declaren que actúan por razones de urgencia, para la debida protección de los intereses que les han sido encomendados. Antes de resolver el amparo deberá acreditarse la representación que se ejercita, salvo casos de urgencia que el tribunal calificará. ARTÍCULO 24.- Petición de amparo provisional. En el memorial de interposición del amparo podrá solicitarse la suspensión provisional de la disposición, acto, resolución o procedimiento reclamado. ARTÍCULO 25.- Legitimación activa del Ministerio Público y del Procurador de los Derechos Humanos. El Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos, tienen legitimación activa para imponer amparo a efecto de proteger los intereses que les han sido encomendados. ARTÍCULO 26.- Solicitud verbal. La persona notoriamente pobre o ignorante, el menor y el incapacitado, que no pudieren actuar con auxilio profesional, podrán comparecer ante los tribunales en solicitud verbal de amparo, en cuyo caso se procederá a levantar acta acerca de los agravios denunciados, de la que de inmediato se remitirá copia al Procurador de los Derechos Humanos para que aconseje o, en su caso, patrocine al interesado. Página 50 de 600

La negativa infundada al levantar el acta y remitir la copia a donde corresponda, otorga al reclamante la facultad de ocurrir verbalmente ante la Corte de Constitucionalidad, la que resolverá de inmediato lo pertinente. Amparo Provisional ARTÍCULO 27.Amparo Provisional. La suspensión provisional del acto reclamando procede tanto de oficio como a instancia de parte. En cualquier caso el tribunal, en la primera resolución que dicte, aunque no hubiere sido pedido, resolverá sobre la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamados, cuando a su juicio las circunstancias lo hagan aconsejable. ARTÍCULO 28.- Amparo Provisional de Oficio. Deberá decretarse de oficio la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado, entre otros, en los casos siguientes: a) Si del mantenimiento del acto o resolución resultare peligro de privación de la vida del sujeto activo del amparo, riesgo a su integridad personal, daño grave o irreparable al mismo; b) Cuando se trate de acto o resolución cuya ejecución deje sin materia o haga inútil el amparo al hacer difícil, gravosa o imposible la restitución de las cosas a su estado anterior; c) Cuando la autoridad o entidad contra la que se interponga el amparo esté procediendo con notoria ilegalidad o falta de jurisdicción o competencia; d) Cuando se trate de actos que ninguna autoridad o persona pueda ejecutar legalmente. ARTICULO 29.- Amparo provisional en cualquier estado del procedimiento. En cualquier estado del procedimiento, antes de dictar sentencia y a petición del interesado o de oficio, los tribunales de amparo tienen facultad para acordar la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado. ARTÍCULO 30.- Revocación del amparo provisional. Asimismo, en cualquier estado del procedimiento, antes de dictar sentencia y a petición de parte y de oficio, los tribunales de amparo tienen facultad para revocar la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamados, cuando a su juicio el mantenimiento de la medida no se justifique y siempre que no esté contemplado dentro de los casos de suspensión obligada. ARTICULO 31.- Acta del estado que guardan los hechos y actos suspendidos. Cuando la singularidad del caso lo requiera, en el momento de comunicarle a la autoridad impugnada la suspensión del acto, se levantará acta en la que se hará constar detalladamente el estado que en ese momento guardan los hechos y actos que se suspenden y la prevención hecha de no modificarlos hasta que se resuelva en sentencia o lo ordene el tribunal. ARTÍCULO 32.- Encauzamiento por desobediencia. Si la persona a quien se haya notificado la suspensión, desobedece la orden judicial y sigue actuando, el tribunal que conozca del proceso ordenará inmediatamente su encausamiento, librándose para el efecto certificación de lo conducente para la iniciación del proceso penal que corresponda. Procedimiento ARTÍCULO 33.- Trámite inmediato del amparo. Los jueces y tribunales están obligados a tramitar los amparos el mismo día en que les fueren presentados, mandando pedir los antecedentes o en su defecto informe circunstanciado a la persona, autoridad, funcionario o empleado contra el cual se haya pedido amparo, quienes deberán cumplir remitiendo los antecedentes o informando dentro del perentorio término de cuarenta y ocho Página 51 de 600

horas, más el de la distancia, que fijará el tribunal en la misma resolución, a su prudente arbitrio. Si dentro del indicado término no se hubiesen enviado los antecedentes o el informe, el tribunal que conozca del caso, deberá decretar la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado. ARTICULO 34.Interés de terceros en el amparo. Si la autoridad, persona impugnada o el solicitante de amparo tuviesen conocimiento de que alguna persona tiene interés directo en la subsistencia o suspensión del acto, resolución o procedimiento, ya sea por ser parte en las diligencias o por tener alguna otra relación jurídica con la situación planteada, están obligadas a hacerlo saber al tribunal, indicando su nombre y dirección en forma sucinta, la relación del interés. En este caso, el Tribunal de Amparo dará audiencia a dicha persona en la misma que al Ministerio Público, teniéndosela como parte. ARTÍCULO 35.- Primera audiencia a los interesados y prueba. Recibidos los antecedentes o el informe, el tribunal deberá confirmar o revocar la suspensión provisional decretada en el auto inicial del procedimiento. De estos antecedentes o del informe dará vista al solicitante, al Ministerio Público, institución que actuará mediante la sección que corresponda según la materia de que se trate, a las personas comprendidas en el artículo anterior y a las que a su juicio también tengan interés en la subsistencia o suspensión del acto, resolución o procedimiento, quienes podrán alegar dentro del término común de cuarenta y ocho horas. Vencido dicho término, hayan o no alegado las partes, el tribunal estará obligado a resolver, pero si hubiere hechos qué establecer, abrirá a prueba el amparo, por el improrrogable término de ocho días. Los tribunales de amparo podrán relevar de la prueba en los casos en que a su juicio no sea necesario, pero la tramitarán obligadamente si fuere pedida por el solicitante. Si el amparo se abriere a prueba, el tribunal, en la misma resolución, indicará los hechos que se pesquisarán de oficio, sin perjuicio de cualesquiera otros que fueren necesarios o de las pruebas que rinden las partes. ARTÍCULO 36.Pesquisa de oficio. Si hubiere hechos controvertidos, el tribunal los pesquisará de oficio, practicando cuanta diligencia sea necesaria para agotar la investigación. Ninguna persona o autoridad puede negarse a acudir al llamado de un tribunal de amparo ni resistirse a cumplir con sus providencias, salvo caso de fuerza mayor que comprobará el mismo tribunal. El incumplimiento a lo ordenado en diligencia de prueba será sancionado conforme al Código Penal, para lo cual el Tribunal de Amparo certificará lo conducente a un tribunal del orden penal. ARTÍCULO 37.- Segunda audiencia. Concluido el término probatorio, el tribunal dictará providencia dando audiencia a las partes y al Ministerio Público por el término común de cuarenta y ocho horas, transcurrido el cual, se hayan o no pronunciado, dictará sentencia dentro de tres días. ARTÍCULO 38.Vista pública. Si al evacuarse la audiencia a que se refiere el artículo anterior, o al notificarse la resolución que omite la apertura a prueba, alguna de las partes o el Ministerio Público solicita que se vea el caso en vista pública, ésta se efectuará el último de los tres días siguientes y a la hora que señale el tribunal. Cuando se haya efectuado vista pública, el tribunal dictará sentencia dentro del plazo de los tres días siguientes. A la vista podrán comparecer a Página 52 de 600

alegar las partes y sus abogados, así como la autoridad o entidad impugnada y sus abogados. Si la autoridad impugnada fuere pública o se tratare del Estado, puede delegar su representación en el Ministerio Público, en el caso que éste manifieste acuerdo con la actuación que originó el amparo. ARTICULO 39.- Plazo para que dicte sentencia la Corte de Constitucionalidad. Cuando la Corte de Constitucionalidad conociere en única instancia o en apelación, el plazo para pronunciar sentencia podrá ampliarse por cinco días más, según la gravedad del asunto. ARTICULO 40.- Auto para mejor fallar. El tribunal podrá mandar practicar las diligencias y recabar los documentos que estime convenientes para mejor fallar, dentro de un plazo no mayor de cinco días. Vencido el plazo del auto para mejor fallar, o practicadas las diligencias ordenadas, el tribunal dictará su resolución dentro de los términos de los artículos anteriores. ARTÍCULO 41.- Enmienda del procedimiento. En los procesos de amparo los tribunales no tienen facultad de enmendar el procedimiento en primera instancia, exceptuándose de esta prohibición a la Corte de Constitucionalidad. Sentencia ARTÍCULO 42.- Análisis del caso y sentencia. Al pronunciar sentencia, el tribunal de amparo examinará los hechos, analizará las pruebas y actuaciones y todo aquello que formal, real y objetivamente resulte pertinente; examinará todos y cada uno de los fundamentos de derecho aplicables, hayan sido o no alegados por las partes. Con base en las consideraciones anteriores y aportando su propio análisis doctrinal y jurisprudencial, pronunciará sentencia, interpretando siempre en forma extensiva la Constitución, otorgando o denegando amparo, con el objeto de brindar la máxima protección en esta materia, y hará las demás declaraciones pertinentes. ARTÍCULO 43.- Doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber tres fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse tres fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. ARTÍCULO 44.- Costas y sanciones. El tribunal también decidirá sobre las costas y sobre la imposición de las multas o sanciones que resultaren de la tramitación del amparo. ARTÍCULO 45.- Condena en costas. La condena en costas será obligatoria cuando se declare procedente el amparo. Podrá exonerarse al responsable, cuando la interposición del amparo se base en la jurisprudencia previamente sentada, cuando el derecho aplicable sea de dudosa interpretación y en los casos en que, a juicio del tribunal, se haya actuado con evidente buena fe. ARTÍCULO 46.Multas. Cuando el tribunal estime, razonándolo debidamente que el amparo interpuesto es frívolo o notoriamente improcedente, además de condenar en las costas, sancionará con multa de cincuenta a mil quetzales, según la gravedad del caso, al abogado que lo patrocine. ARTICULO 47.- Obligaciones de imponer multas y sanciones. Los tribunales de amparo tienen la obligación de imponer las multas y sanciones establecidas en la presente ley, e incurrirán en responsabilidad si no lo hicieren. Las partes tienen el Página 53 de 600

derecho; el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos la obligación, de exigir la imposición de las sanciones que procedan contra los responsables. Las multas en ningún caso podrán convertirse en prisión. ARTICULO 48.- Improcedencia de las sanciones y multas. Las sanciones y multas que establece esta ley no son aplicables al Ministerio Público ni al Procurador de los Derechos Humanos, cuando sean los interponentes del amparo. b.EXHIBICIÓN PERSONAL: Procedencia ARTICULO 82.- Derecho a la exhibición personal. Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto. Interposición ARTÍCULO 85.- Legitimación para pedir la exhibición personal. La exhibición personal puede pedirse por escrito, por teléfono o verbalmente, por el agraviado o por cualquiera otra persona, sin necesidad de acreditar representación alguna y sin sujeción a formalidades de ninguna clase. ARTÍCULO 86.- Conocimiento de oficio. Todo tribunal de justicia que llegare a tener conocimiento en cualquier forma que alguna persona se encuentra en la situación contemplada en el Artículo 82, confinada o en simple custodia y se temiere que su paradero sea incierto, estará obligado a iniciar y promover de oficio la exhibición personal. ARTÍCULO 87.- Denuncia obligatoria. El alcaide, jefe, subalterno o ejecutor del establecimiento o lugar en donde una persona estuviere detenida, presa o privada de su libertad, que tuviere conocimiento de un hecho que dé lugar a la exhibición personal, deberá denunciarlo inmediatamente a cualquier tribunal que pueda conocer de la exhibición personal, bajo pena de cincuenta a quinientos quetzales de multa, sin perjuicio de las demás sanciones legales. Trámite ARTÍCULO 88.- Auto de exhibición. Inmediatamente que se reciba la solicitud o se tenga conocimiento de un hecho que dé lugar a la exhibición personal, el tribunal, en nombre de la República de Guatemala y sin demora alguna, emitirá auto de exhibición, señalando hora para el efecto y ordenando a la autoridad, funcionario, empleado o persona presuntamente responsable para que presente al ofendido, acompañe original o copia del proceso o antecedentes que hubiere y rinda informe detallado sobre los hechos que la motivaron, conteniendo por lo menos lo siguiente: a) Quién ordenó la detención o vejación y quién la ejecutó, indicando la fecha y circunstancias del hecho; b) Si el detenido ha estado bajo la inmediata custodia del informante o si la ha transferido a otro, en cuyo caso expresará el nombre de éste, así como el lugar, tiempo y motivo de la transferencia; y c) La orden que motivó la detención. ARTÍCULO 89.- Plazo para la exhibición. El plazo dentro del cual debe hacerse la presentación del agraviado, nunca podrá exceder de veinticuatro horas a partir de la petición o denuncia. ARTÍCULO 90.- Instrucción inmediata. Cuando el tribunal tuviere conocimiento de los hechos a que se contrae el Artículo 82, instruirá el proceso correspondiente de inmediato, constituyéndose sin demora en el lugar en que estuviere Página 54 de 600

el agraviado; y si el ofendido residiere fuera del perímetro o municipio del tribunal que conozca, se nombrará un juez ejecutor que procederá conforme al artículo siguiente. En caso de no proceder como se ordena en el párrafo anterior, los integrantes del tribunal que conozca de los hechos relacionados, serán castigados como cómplices del delito del plagio. ARTICULO 91.- Auxiliares del tribunal. Cuando el agraviado esté fuera del municipio donde resida el tribunal que conoce de la exhibición, en defecto de juez ejecutor, podrá comisionarse el cumplimiento del auto de exhibición a cualquier otra autoridad o persona cuyas calidades garanticen su cometido. En estos casos se harán llegar las diligencias al ejecutor por la vía más rápida, procediéndose inmediatamente a cumplir el mandato del tribunal. Para este objeto, el ejecutor se trasladará sin demora al lugar en que se encuentre aquél bajo cuya disposición se hallare el agraviado, le notificará el auto del tribunal, le exigirá que le exhiba inmediatamente al ofendido, así como los antecedentes que hubiere o informe de su conducta, y le ordenará hacer cesar, en su caso, las restricciones o vejaciones a que estuviere sometido el ofendido. El ejecutor informará en seguida del resultado de su comisión. ARTÍCULO 92.- Desobediencia de la autoridad. Transcurrido el término fijado para la exhibición de la persona y retorno del auto, si no hubiere cumplido la autoridad o funcionario a quien se intimó, el tribunal dictará contra el remiso orden de captura y lo someterá a encauzamiento, ordenando al mismo tiempo la libertad del preso si procediere conforme la ley, sin perjuicio de que el juez ejecutor comparezca personalmente al centro de detención, buscando en todos los lugares al agraviado. En este caso deberá hacerse constar la desobediencia del remiso y el ejecutor dará aviso por telégrafo o por teléfono si fuere posible. ARTICULO 93.- Derecho de antejuicio de la autoridad. Si la autoridad remisa a que se refiere el artículo anterior gozare de derecho de antejuicio, el tribunal queda obligado, inmediatamente y bajo su estricta responsabilidad, a iniciar las diligencias de antejuicio ante el órgano correspondiente. ARTICULO 94.Obligación de proceder a la exhibición personal. Hay obligación de presentar a la persona aun cuando se halle presa en virtud de orden de autoridad judicial competente a consecuencia de un procedimiento en forma y, en tal caso, se hará el retorno remitiendo los autos. ARTICULO 95.- Personas plagiadas o desaparecidas. Cuando la exhibición se hubiere solicitado en favor de personas plagiadas o desaparecidas, el juez que haya ordenado la exhibición debe comparecer por sí mismo a buscarlas en el lugar en donde presuntamente se encuentren, ya sean centros de detención, cárceles o cualquier otro lugar señalado, sugerido o sospechado en donde pudieran encontrarse. ARTICULO 96.Exhibición en el lugar de detención. Cuando así se solicite o el tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición pedida se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido, sin previo aviso o notificación a persona alguna. ARTICULO 97.- Libertad de la persona afectada. Si del estudio del informe y antecedentes resultare que es ilegal la detención o prisión, se decretará la libertad de la persona afectada y ésta quedará libre en el mismo acto y Página 55 de 600

lugar. A petición del afectado o del interponente, el Juez ordenará a la autoridad que entregue al detenido a la persona designada por el mismo afectado o interponente y en lugar seguro, haciéndose constar en acta. ARTÍCULO 92.- Desobediencia de la autoridad. Transcurrido el término fijado para la exhibición de la persona y retorno del auto, si no hubiere cumplido la autoridad o funcionario a quien se intimó, el tribunal dictará contra el remiso orden de captura y lo someterá a encauzamiento, ordenando al mismo tiempo la libertad del preso si procediere conforme la ley, sin perjuicio de que el juez ejecutor comparezca personalmente al centro de detención, buscando en todos los lugares al agraviado. En este caso deberá hacerse constar la desobediencia del remiso y el ejecutor dará aviso por telégrafo o por teléfono si fuere posible. ARTICULO 93.- Derecho de antejuicio de la autoridad. Si la autoridad remisa a que se refiere el artículo anterior gozare de derecho de antejuicio, el tribunal queda obligado, inmediatamente y bajo su estricta responsabilidad, a iniciar las diligencias de antejuicio ante el órgano correspondiente. ARTICULO 94.Obligación de proceder a la exhibición personal. Hay obligación de presentar a la persona aun cuando se halle presa en virtud de orden de autoridad judicial competente a consecuencia de un procedimiento en forma y, en tal caso, se hará el retorno remitiendo los autos. ARTICULO 95.- Personas plagiadas o desaparecidas. Cuando la exhibición se hubiere solicitado en favor de personas plagiadas o desaparecidas, el juez que haya ordenado la exhibición debe comparecer por sí mismo a buscarlas en el lugar en donde presuntamente se encuentren, ya sean centros de detención, cárceles o cualquier otro lugar señalado, sugerido o sospechado en donde pudieran encontrarse. ARTICULO 96.Exhibición en el lugar de detención. Cuando así se solicite o el tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición pedida se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido, sin previo aviso o notificación a persona alguna. ARTICULO 97.- Libertad de la persona afectada. Si del estudio del informe y antecedentes resultare que es ilegal la detención o prisión, se decretará la libertad de la persona afectada y ésta quedará libre en el mismo acto y lugar. A petición del afectado o del interponente, el Juez ordenará a la autoridad que entregue al detenido a la persona designada por el mismo afectado o interponente y en lugar seguro, haciéndose constar en acta. ARTICULO 98.- Testigos, expertos e informes. El tribunal podrá para la misma audiencia en que se ha decretado la exhibición, ordenar la comparecencia de los testigos o expertos que considere necesarios para esclarecer los hechos, así como recabar cualquier otro tipo de información. ARTICULO 99.- Acta y resolución de la exhibición. En la audiencia de la exhibición se levantará acta en la que se asentarán todas las incidencias que en ella ocurran. Seguidamente se emitirá resolución declarando la procedencia o improcedencia de la exhibición. ARTÍCULO 100.Condena en costas. Sólo habrá condena en costas para el solicitante cuando evidentemente se establezca que la petición fue maliciosa o temeraria, o que haya sido promovida con el fin de obstaculizar la administración de la justicia. La condena en costas

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es obligatoria cuando la exhibición fuere declarada con lugar, debiendo indicar el tribunal quién es el responsable de su pago. c. INCONSTITUCIONALIDAD EN CASOS CONCRETOS: ARTICULO 116.- Inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación, hasta antes de dictarse sentencia, las partes, podrán plantear como acción, excepción o incidente, la inconstitucionalidad total o parcial de una ley a efecto de que se declare su inaplicabilidad. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. ARTICULO 117.- Inconstitucionalidad de una ley en casación. La inconstitucionalidad de una ley podrá plantearse en casación hasta antes de dictarse sentencia. En este caso, la Corte Suprema de Justicia, agotado el trámite de la inconstitucionalidad y previamente a resolver la casación, se pronunciará sobre la inconstitucionalidad en auto razonado. Si la resolución fuere apelada, remitirá los autos a la Corte de Constitucionalidad. También podrá plantearse la inconstitucionalidad como motivación del recurso y en este caso es de obligado conocimiento. ARTICULO 118.- Inconstitucionalidad de una ley en lo administrativo. Cuando en casos concretos se aplicaren leyes o reglamentos inconstitucionales en actuaciones administrativas, que por su naturaleza tuvieran validez aparente y no fueren motivo de amparo, el afectado se limitara a señalarlo durante el proceso administrativo correspondiente. En estos casos, la inconstitucionalidad deberá plantearse en lo contenciosoadministrativo dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que causó estado la resolución, y se tramitará conforme al procedimiento de inconstitucionalidad de una ley en caso concreto. Sin embargo, también podrá plantearse la inconstitucionalidad en el recurso de casación, en la forma que establece el artículo anterior, si no hubiere sido planteada en lo contencioso administrativo. ARTICULO 119.- Inconstitucionalidad de una ley en el ramo laboral. En el ramo laboral, además de la norma general aplicable a todo juicio, cuando la inconstitucionalidad de una ley fuere planteada durante un proceso con motivo de un conflicto colectivo de trabajo, se resolverá por el tribunal de trabajo correspondiente. Tramitación de Inconstitucionalidad en Casos Concretos ARTICULO 120.- Competencia. En casos concretos, la persona a quien afecte directamente la inconstitucionalidad de una ley puede plantearla ante el tribunal que corresponda según la materia. El Tribunal asume el carácter de tribunal constitucional. Si se planteare inconstitucionalidad en un proceso seguido ante un juzgado menor, éste se inhibirá inmediatamente de seguir conociendo y enviará los autos al superior jerárquico que conocerá de la inconstitucionalidad en primera instancia. ARTICULO 121.Acción de inconstitucionalidad como única pretensión. En la acción de inconstitucionalidad en casos concretos, interpuesta la demanda, el tribunal dará audiencia al Ministerio Público y a las partes por el término de nueve días. Vencido este término podrá celebrarse vista pública, si alguna de las partes lo pidiere. El tribunal resolverá dentro de los tres días siguientes. La resolución será apelable ante la Corte de Constitucionalidad. ARTICULO 122.Acción de inconstitucionalidad con otras pretensiones. Si el actor Página 57 de 600

propusiere dentro del mismo proceso la declaración de inconstitucionalidad junto con otras pretensiones, el tribunal dará audiencia conforme se prevé en el artículo anterior. Vencido el plazo, hayan o no comparecido las partes, dentro de tercero día, dictará auto resolviendo exclusivamente la pretensión de inconstitucionalidad. ARTICULO 123.- Inconstitucionalidad de una ley como excepción o incidente. En casos concretos las partes podrán plantear, como excepción o en incidente, la inconstitucionalidad de una ley que hubiere sido citada como apoyo de derecho en la demanda, en la contestación o que de cualquier otro modo resulte del trámite de un juicio, debiendo el tribunal pronunciarse al respecto. ARTÍCULO 124.- Trámite en cuerda separada. Planteada la inconstitucionalidad de una ley, como excepción o en incidente, el tribunal la tramitará en cuerda separada, dará audiencia a las partes y al Ministerio Público por el término de nueve días y, haya sido o no evacuada la audiencia, resolverá respecto de la inconstitucionalidad en auto razonado dentro del término de los tres días siguientes. ARTICULO 125.Trámite de la excepción de inconstitucionalidad y otras excepciones. Si con la excepción de inconstitucionalidad se interpusieran otras excepciones, el trámite de estas últimas será el que les corresponda según la naturaleza del proceso de que se trate. Si entre las excepciones interpuestas se hallaren las de incompetencia o compromiso, éstas deberán ser resueltas previamente en ese orden. En su oportunidad, el tribunal competente deberá resolver la de inconstitucionalidad dentro del término establecido en el artículo anterior. Las excepciones restantes serán resueltas al quedar firme lo relativo a la inconstitucionalidad. ARTÍCULO 126.- Suspensión del proceso. El proceso se suspenderá desde el momento en que el tribunal de primera instancia dicte el auto que resuelva lo relativo a la inconstitucionalidad, hasta que el mismo cause ejecutoria. El tribunal solamente podrá seguir conociendo de los asuntos a que se refiere el Artículo 129 de esta ley. E INCONSTITUCIONALIDAD DE CARÁCTER GENERAL: ARTICULO 133.- Planteamiento de la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante la Corte de Constitucionalidad. ARTICULO 134.- Legitimación activa. Tiene legitimación para plantear la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general: a) La Junta Directiva del Colegio de Abogados actuando a través de su Presidente; b) El Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación; c) El Procurador de los Derechos Humanos en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que afecten intereses de su competencia; d) Cualquier persona con el auxilio de tres abogados colegiados activos. ARTÍCULO 135.- Requisitos de la solicitud. La petición de inconstitucionalidad se hará por escrito conteniendo en lo aplicable los requisitos exigidos en toda primera solicitud conforme las leyes procesales comunes, expresando en forma razonada y clara los motivos jurídicos en que descansa la impugnación. ARTÍCULO 136.- Omisión de requisitos. Si en el Página 58 de 600

memorial de interposición se hubieren omitido requisitos, la Corte de Constitucionalidad ordenará al interponente suplirlos dentro de tercero día. ARTICULO 137.- Integración de la corte por inconstitucionalidad de una ley. Cuando la inconstitucionalidad planteada sea contra una ley, la Corte de Constitucionalidad se integrará con siete miembros en la forma prevista en el Artículo 269 de la Constitución. ARTÍCULO 138.- Suspensión provisional. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 136, la Corte de Constitucionalidad deberá decretar, de oficio y sin formar artículo, dentro de los ocho días siguientes a la interposición, la suspensión provisional de la ley, reglamento o disposición de carácter general si, a su juicio, la inconstitucionalidad fuere notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables. La suspensión tendrá efecto general y se publicará en el Diario Oficial al día siguiente de haberse decretado. ARTICULO 139.- Audiencia, vista y resolución. Si no se dispone la suspensión provisional o, en su caso, decretada ésta, se dará audiencia por quince días comunes al Ministerio Público y a cualesquiera autoridades o entidades que la Corte de Constitucionalidad estime pertinente, transcurridos los cuales, se haya evacuado o no la audiencia, de oficio se señalará día y hora para la vista dentro del término de veinte días. La vista será pública si lo pidiere el interponente o el Ministerio Público. La sentencia deberá pronunciarse dentro de los veinte días siguientes al de la vista. La Corte deberá dictar sentencia dentro del término máximo de dos meses a partir de la fecha en que se haya interpuesto la inconstitucionalidad. ARTICULO 140.- Efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad. Cuando la sentencia de la Corte de Constitucionalidad declare la inconstitucionalidad total de una ley, reglamento o disposición de carácter general, éstas quedarán sin vigencia; y si la inconstitucionalidad fuere parcial, quedará sin vigencia en la parte que se declare inconstitucional. En ambos casos dejarán de surtir efecto desde el día siguiente al de la publicación del fallo en el Diario Oficial. ARTICULO 141.- Efectos del fallo en caso de suspensión provisional. Cuando se hubiere acordado la suspensión provisional conforme al Artículo 138, los efectos del fallo se retrotraerán a la fecha en que se publicó la suspensión. ARTÍCULO 142.- Resolución definitiva. Contra las sentencias de la Corte de Constitucionalidad y contra los autos dictados de conformidad con lo preceptuado por el Artículo 138, no cabrá recurso alguno. i.

PROCESO DE ANTEJUICIO: Definición. Derecho de antejuicio es la garantía que la Constitución Política de la República [* o leyes específicas *] otorgan a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley. El antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable. El derecho de antejuicio termina cuando el dignatario o funcionario público cesa en el ejercicio del cargo, y no podrá invocarlo en su favor aun cuando se promueva por acciones sucedidas durante el desempeño de sus funciones. PROCEDIMIENTO: ARTICULO 16 .- Cuando un juez competente tenga Página 59 de 600

conocimiento de una denuncia o querella presentada en contra de un dignatario o funcionario que goce del derecho de antejuicio, según lo estipulado por la ley, se inhibirá de continuar instruyendo y en un plazo no mayor de tres días hábiles, elevará el expediente a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia para que ésta, dentro de los tres días hábiles siguientes de su recepción, lo traslade al órgano que deba conocer del mismo, salvo que ella misma le correspondiere conocer. El juez no podrá emitir en la nota de remesa juicios de valor, ni tipificar el delito. ARTICULO 17.- Procedimiento del antejuicio en el Congreso. Cuando el Congreso de la República deba conocer de un antejuicio promovido en contra de un dignatario o funcionario que por razón del cargo goce de ese derecho, después de haberse inhibido un órgano judicial de continuar instruyendo proceso por tal razón y habiéndose recibido los autos para su conocimiento, como señala el artículo 16 de esta Ley, la Junta Directiva lo deberá hacer saber al Pleno del Congreso que en próxima sesión ordinaria que se celebrará no más de ocho días, después de su recepción, iniciará el trámite del asunto. El Congreso procederá de la manera siguiente: a) En la sesión ordinaria convocada como se indica en el primer párrafo de este artículo el Pleno del Congreso será informado de todos los detalles del asunto; b) En esa misma sesión el Pleno del Congreso integrará una Comisión Pesquisidora, conformada por cinco miembros por sorteo que se realizará entre todos los diputados, salvo el Presidente de la Congreso. *(er1)*. El primer diputado sorteado será el Presidente de la comisión y el segundo actuará como Secretario. Los restantes actuarán como vocales. c) Las decisiones de la Comisión Pesquisidora se adoptarán por mayoría de votos y ningún diputado puede excusarse o dejar de participar, salvo que el Pleno acepte la excusa encontrando fundadas las razones argüidas. Si alguno de los miembros de la Comisión Pesquisidora se resistiere a actuar en ella esto constituirá falta grave y los demás miembros lo harán del conocimiento de la Junta Directiva del Congreso de la República para la sanción que corresponda. d) La Comisión Pesquisidora examinará el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las partes recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la Comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si estos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal. e) Para el desempeño de sus funciones, todos los funcionarios y empleados están obligados a prestar su plena colaboración a la Comisión. f) Al finalizar su investigación y consideraciones la Comisión emitirá un informe circunstanciado, del que dará cuenta al Pleno en sesión ordinaria del Congreso. g) La Comisión deberá tener presente que su investigación no tiende a determinar ni la culpabilidad ni la inocencia del funcionario investigado. El propósito de la Comisión Pesquisidora consiste en establecer la existencia y veracidad de hechos que puedan o no integrar una actividad que por su naturaleza deban ser conocidos por un juez del ramo penal y de la probable participación del dignatario o funcionario en los mismos. Igualmente corresponde a la comisión determinar si la investigación se ha promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas en afán de involucrar a tal funcionario. La misión de la Comisión Pesquisidora consiste esencialmente en poner a disposición del pleno los elementos que permitan establecer si como consecuencia de los hechos Página 60 de 600

investigados tal funcionario deba ser puesto a disposición de la justicia común, y de ninguna manera podrá arrogarse facultades que corresponden a los tribunales y jueces, ni podrá calificar o tipificar hechos delictivos. h) El informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora deberá contener la información que haya recabado e incluirá los documentos que considere pertinentes y todos aquellos que le hayan sido entregados en el ejercicio de su función. Los miembros de la comisión, en forma individual, podrán hacer las observaciones que consideren pertinentes y deberán incluirse en el expediente. i) El Pleno del Congreso conocerá del expediente instruido y del informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora en sesión ordinaria procediéndose a su discusión. A todos los diputados le serán entregadas copias de este informe. j) Desde luego que los integrantes de la Comisión Pesquisidora han sido designados mediante mero sorteo, sus criterios se basarán en sus honestos conocimientos, en la decencia y en la honorabilidad. Nadie puede pedirles explicaciones ulteriores que sustenten su modo de pensar, o rebatirles cualquier criterio que haya sido expresado; k) Agotada en el Pleno la discusión del informe de la Comisión Pesquisidora se procederá a votar. Para declarar con lugar o sin lugar un antejuicio es necesario el voto en uno u otro sentido de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso. l) Emitida la resolución que declara con lugar el antejuicio, deberá retornarse el expediente a la Corte Suprema de Justicia a fin que lo turne al tribunal del orden común que proceda. m) Si no se completara el voto de las dos terceras partes del total de diputados para declarar con lugar o sin lugar el antejuicio, el expediente se guardará en la Dirección Legislativa a disposición del Pleno del Congreso. n) Si el antejuicio es declarado sin lugar causará estado [FRASE DECLARADA INCONSTITUCIONAL por EXPEDIENTE No. [2616-2004] de fecha [29 de Marzo de 2005] ARTICULO 18.- Antejuicio estando en receso el Congreso. Cuando se promueva un antejuicio estando en receso el Congreso de la República, los trámites indicados en el artículo anterior, los llevará a cabo la Comisión Permanente, integrando la Comisión Pesquisidora con tres de sus miembros electos por sorteo. Esta comisión elaborará el informe correspondiente y lo remitirá al Pleno del Congreso en la sesión que para el efecto sea convocada, continuándose con el proceso cono lo indica el artículo anterior. Sin embargo, si se promovieren antejuicios es contra del Presidente de la República o del Presidente del Organismo Judicial, la Comisión Permanente deberá convocar inmediatamente a sesiones extraordinarias del Congreso de la República y en ellas se conocerá del antejuicio, observando el trámite contenido en el artículo 17 de esta Ley. ARTICULO 19.- Procedimiento ante la Corte Suprema de Justicia. Cuando la Corte Suprema de Justicia reciba de Juez competente las diligencias de antejuicio que le corresponda conocer, promovidas en contra de un funcionario que goce de aquel derecho, procederá de conformidad con las disposiciones siguientes: a) Nombramiento de Juez Pesquisidor. La Corte Suprema de Justicia Nombrará un Juez pesquisidor entre los Magistrados de la propia Corte, de las salas de la Corte de Apelaciones o a un Juez de Primera Instancia del Ramo Penal. b) Atribuciones del Juez Pesquisidor: 1. Analizará los documentos que se presenten para establecer la realidad y veracidad de los hechos; 2. Tomará declaración del denunciante o querellante así como del dignatario o funcionario público afectado, y efectuará cuanta diligencia estime pertinente. 3. Si de los hechos denunciados existen motivos suficientes para declarar que ha lugar a la Página 61 de 600

formación de causa, deberá emitirse el informe correspondiente; 4. Si se declara con lugar el antejuicio el Juez Pesquisidor remitirá el expediente a la Corte Suprema de Justicia, para que ésta a su vez, lo remita al juez competente; 5. Emitir su dictamen o informe dentro del plazo mayor de sesenta (60) días. ARTICULO 20.- Procedimiento ante las salas de la Corte de Apelaciones. Las Salas de la Corte Apelaciones actuarán en materia de antejuicio de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo anterior, nombrando a un Juez Pesquisidor dentro de los magistrados de la propia Sala, o a un Juez de Primera Instancia del Ramo Penal. j. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL RELATIVA AL PROCESO PENAL Artículo 15. Irretroactividad de la ley penal. El principio de Irretroactividad, indica que la ley se aplicará únicamente a los hechos ocurridos durante su vigencia, es decir bajo su eficacia temporal de validez, sin embargo el principio de Extractividad de la ley penal constituye una excepción y está conformado por la retroactividad y ultractividad de la ley penal. En cuanto a la retroactividad de la ley penal consiste en aplicar una ley vigente con efecto hacia el pasado siempre que favorezca al reo. Ultractividad de la ley penal, se refiere a que si una ley penal, posterior al hecho es perjudicial al reo, seguirá teniendo vigencia la ley anterior. Gaceta No. 94 exp. 296-2009. Fecha de sentencia 06/11/2009 Para que una ley sea retroactiva, es indispensable que obre sobre el pasado y que lesione derechos plenamente adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores. Gaceta No. 88 exp. 263-2007 Fecha de la Sentencia: 22/04/2008 Son leyes retroactivas, aquellas que vuelven sobre los efectos de una ley anterior. La retroactividad es la aplicación de una norma jurídica creada en un determinado momento, a uno anterior al de su creación; es volver sobre los efectos ya consumados bajo el imperio de una ley anterior. Gaceta No. 81 Expediente 416-2005 Fecha de sentencia: 27/07/06 La retroactividad es la aplicación de una norma jurídica creada en un determinado momento, a uno anterior al de su creación, es volver sobre los efectos ya consumados bajo el imperio de una ley anterior. Gaceta No. 57 Expediente 174-2000. Fecha de sentencia: 11/07/2003 El principio de irretroactividad de las leyes, recogido en el artículo 15 de la Constitución, es también una manifestación de seguridad jurídica constitucionalmente amparada en el artículo 2 do de este cuerpo normativo. Una ley es retroactiva cuando vuelve sobre el pasado imponiéndose por su carácter sancionador o restrictivo a los derechos de las personas sobre situaciones o condiciones ya realizada o consumadas. Gaceta No. 41. Expedientes acumulados 886, 887,889, 944, y 945-96. Fecha de sentencia: 11/09/1996. Para que una ley sea retroactiva, es indispensable que obre sobre el pasado y que lesiones derechos plenamente adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores para modificarlos. Gaceta No. 39. Expediente 617-95. Fecha de auto: 25/01/1996. La retroactividad consiste en la traslación de la aplicación de una norma jurídica creada en un momento determinado. Son leyes retroactivas aquellas que vuelven sobre los efectos ya consumados bajo el imperio de una ley anterior. La irretroactividad es aplicable a los derechos consolidados. Gaceta No. 20 expediente 364-90. Fecha de sentencia: 26/06/1991

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Artículo 16. Declaración Contra sí y parientes. La declaración del acusado no constituye un medio suficientemente idóneo para revelar la verdad material. Precisamente por esa subjetividad es que incluso la declaración o confesión voluntaria admiten prueba en contrario. Gaceta No. 91. Expediente 3659-2008 Fecha de la sentencia 10/03/2009 Artículo 17 No hay delito ni pena sin ley anterior. Este principio doctrinalmente se encuentra definido como nullum crime sine scripta, stricta, certa et praevia lege de manera que a través del mismo se establece la prohibición de calificar como delitos, las conductas activas u omisivas, que no se encuentren previstas como delictivas en una ley estricta, cierta y anterior a la omisión sancionada. Gaceta No. 81 expediente 639-2006. Fecha de sentencia: 22/08/06 Este principio constituye una garantía para un juzgamiento conforme al principio jurídico del debido proceso, constituye uno de los elementos centrales de la persecución penal en una sociedad democrática, e impone la obligación al legislador ordinario de definir en la forma más clara y precisa cuáles son esas acciones y omisiones que son considerados punibles mediante la determinación de tipos penales que contemplen una clara definición de la conducta incriminada, concretizar sus elementos y permitir una clara definición de la conducta incriminada, concretizar sus elementos y permitir así deslindar conductas punibles de aquellas que no lo son. Gaceta No. 1122-2005. Fecha de la sentencia 01/02 2006. Esta norma que recoge el principio de legalidad, fija claramente una condición de certeza jurídica para penalizar determinadas conductas, y es que las mismas estén expresamente calificadas como delitos o faltas (…) Gaceta No. 07 Expediente 164-87 Fecha de sentencia: 25/02/1998 Artículo 23 Inviolabilidad de la Vivienda. Gaceta No. 8 Expediente 25-88 Fecha de sentencia: 26/05/1988 Artículo 24. Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros Este derecho forma parte de los derechos humanos que forma parte de los derechos humanos que protegen la intimidad de la persona el cual es un derecho personalísimo, que permite sustraer a las personas de la publicidad o de otras turbaciones a su vida privada limitado por las necesidades sociales y los intereses públicos. Gaceta No. 84 expediente 2622-2006. Fecha de la sentencia: 26/04/2007 Artículo 25 Registro de personas y vehículos Causa justificada para ello. k. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RELATIVAS AL PROCESO PENAL: El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se organiza en base a la estructura fijada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), actúa como un tribunal internacional. Delimitaremos nuestro objeto de análisis sólo respecto de aquellos derechos que digan directa relación con el denominado derecho a un Debido Proceso, derecho que es recogido por la CADH principalmente en su artículo 8º relativo a las garantías judiciales. Si bien no es éste el único derecho fundamental en la CADH que tiene implicancias procesales, es sin duda él que ocupa el rol principal a la hora Página 63 de 600

de examinar la doctrina procesal de la Corte Interamericana, en tanto es esta garantía la que agrupa diversas otras consideraciones de trascendental importancia para la configuración del Debido Proceso, especialmente en el ámbito del derecho procesal penal. “Artículo 8º. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene el derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a. derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.” l.

LÍMITES CONSTITUCIONALES A LA INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO: JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL RELATIVA A LOS LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL Dificultades del Ministerio Público en la Constitución La Constitución (1985) en su capítulo VI desarrolla la figura del Ministerio Publico -en lo sucesivo MP, estableciendo que como «institución auxiliar de la administración públicay de los tribunales con funciones autónomas tiene como fines principales el velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, leyes, tratados, convenios internacionales y estándares del control de convencionalidad dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La previsión constitucional del MP se agota en una sola disposición normativa que deja escasamente desarrollado el marco normativo en que ha de operar la institución cuya precisión se dejó enteramente a una legislación orgánica. El precario tratamiento normativo de la Constitución tiene antecedentes históricos tanto en derecho comparado como en Guatemala, en donde ha reinado la confusión entre el MP y la Procuraduría General de la Nación. Página 64 de 600

Por ello, luce apropiado analizar: 1) Los problemas constitucionales del MP 2) El rol que ha de cumplir el MP en un Estado de Derecho tomando en cuenta sus contradicciones políticas y normativas 3) La necesidad de una reforma constitucional que pueda reconciliar dicha institución con valores del Estado de Derecho. La Constitución establece un sistema de procuración (MP) híbrido, complejo y contradictorio, pues convierte al MP en un órgano auxiliar de la «administración pública» y de los tribunales de justicia (art. 251).Este carácter híbrido se evidencia en su sometimiento a la administración pública central (ejecutivo) debido a la forma de nombramiento y remoción del titular del MP, la cual le corresponde al Presidente de la República como jefe del gobierno y de la administración pública y en su colaboración con los órganos de justicia. Este carácter híbrido se evidenció cuando se desarrolló legislativamente la competencia del Presidente de la República de «impartir instrucciones generales al Jefe del Ministerio Público para que oriente sus funciones», disposición que ha sido declarado inconstitucional en una muestra de la confusión existente y de la transformación paulatina del rol constitucional del MP desde 1985 hasta la fecha (2018). La idea del MP de estirpe napoleónica ha estado ligada históricamente al órgano ejecutivo y a la «administración pública». Esta idea motivó a los legisladores a establecer disposiciones legislativas en consonancia con un modelo de procuración judicial, que entendía al MP como subordinado al poder ejecutivo, cuyo jefe del MP sería solamente jerárquicamente superior a los miembros que componen la institución. En esta búsqueda de garantías institucionales para el MP, la Constitución de 1985 -reformada en 1993- dispuso que el MP es una institución auxiliar de la «administración pública» e institución auxiliar de los tribunales de justicia. Dada la ambigüedad del régimen jurídico del MP, la Corte de Constitucionalidad ha sostenido que en tanto institución con autonomía «funcional» u «orgánica» debe: i) contar con funciones y atribuciones especiales, las cuales pueden ser ejercidas de manera «discrecional», la cual no puede ser técnica; ii) contar con un autogobierno que le permita tener una independencia administrativa no desligada de los intereses y fines del Estado; y iii) tener un patrimonio y recursos propios sujetos a la Constitución y las leyes (independencia financiera). De hecho, estos órganos con autonomía funcional nacen con el objetivo de que el Estado pueda cumplir mejor sus fines. Estos órganos tienen prerrogativas propias ejercidas por autoridades distintas del poder central. El Rol del Ministerio Público en un Estado de Derecho En un sistema constitucional como el de Guatemala con un presidencialismo atenuado, el organismo ejecutivo se presenta como unitario tomando el modelo norteamericano. Esto significa que «el Presidente es un ejecutivo unitario» y el Estado no es federal. Al amparo de este modelo, la Constitución y las primeras regulaciones legales del Ministerio Público consideraban al Fiscal General como jefe de su unidad y principal asesor político del Presidente en asuntos de justicia y aplicación de la ley. Procurando que el MP esté sometido al «principio de legalidad» pero haciendo silencio en cuanto a sus relaciones institucionales con el Página 65 de 600

gobierno, la Constitución de 1985 solo mencionó que «su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica» dejando el tema irresoluble. Con arreglo a la precisión legislativa posterior, los miembros de la institución se subordinan tanto a la legalidad como al principio de jerarquía, cuyo jefe es el Fiscal General de la República, quien funge de única autoridad competente para dirigir la institución. Al amparo del modelo presidencialista constitucional norteamericano, la Ley Orgánica del Ministerio Público planteaba que el Fiscal General estaría subordinado al Presidente permitiendo a éste instruir al fiscal, decirle qué hacer, a quién procesar y a quién no procesar. Con ello, el Presidente podía detener la investigación y condena penal de cualquier persona, además de indultar a una persona, o incluso, sugiriendo que las investigaciones no se dirigieran a las propias autoridades políticas. Si el Fiscal General recibe instrucciones del Presidente como consideró la Corte inconstitucional, éste no gozaría de la independencia y de las garantías institucionales para poder ejercer una labor técnico-legal apartado de la política-partidista. El rol del MP al amparo del gobierno de leyes, requiere compatibilizar la institución con exigencias más novedosas y problemas más acuciantes que no previó el constituyente de 1985. Dado que en su origen histórico el MP está vinculado al poder político, se hace complejo comprender cómo un órgano sometido al gobierno puede solicitar el enjuiciamiento político del Presidente de la República, además de otros altos cargos políticos. Como órgano «auxiliar de la administración pública» el MP ha de lograr la justicia, pero teniendo presente un dato político de la institución: hacer cumplir la política criminal. Lo anterior queda evidenciado en la contradicción constitucional inicial, es decir, lograr que el MP hiciera valer las leyes, pero sometido o dependiente al poder ejecutivo entre otras cosas por el sistema de nombramiento y remoción, sin garantías fuertes de estabilidad en el cargo y la nula previsión de competencias expresas en la Constitución. Los antecedentes históricos mencionados se reflejan normativamente y explican que el MP puede hacer valer principios aparentemente contradictorios como el sometimiento a la legalidad y la posibilidad de hacer valer un «criterio de oportunidad». De hecho, el MP puede con consentimiento del agraviado y con autorización del juez de primera instancia o de paz competente, abstenerse de ejercitar la acción penal en casos determinados e incluso, puede en aquellos casos en que es posible, suspender condicionalmente la pena o proponer la suspensión de la persecución penal etc. Estos aspectos muestran que el MP, si bien puede ejercer la acción penal y la investigación de los delitos no lo hace con criterio mecánico. La gran mayoría de las veces hace valer su competencia «discrecionalmente» aunque no arbitrariamente, aspecto inherente a toda «función administrativa» radicalmente diferente a la labor judicial, por lo que el dato de imparcialidad es diferente. Con el objetivo de atenuar los efectos perjudiciales de este particular sistema de procuración, los ordenamientos jurídicos como el de Guatemala establecen jueces contralores de la investigación y del ejercicio de la acción penal. Por ello, las investigaciones realizadas por el MP deben estar sujetas a control jurisdiccional. Dado que la institución solo tiene competencia en la fase de investigación como parte del procedimiento preparatorio, puede dirigir la policía en su función investigativa con el objetivo de clarificar si

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existen suficientes razones para someter a una persona a juicio penal si se ha cometido delito. Así pues, la investigación de los hechos delictivos efectuadas por el MP no forma parte de la jurisdicción como potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado. Únicamente el MP debe practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar: 1) La existencia del hecho y sus circunstancias 2) Quiénes son los partícipes y sus circunstancias personales 3) El daño causado por el delito. Como es fácil colegir se trata de roles de investigación y en ningún caso de juzgar hechos ni personas y mucho menos ejecutar lo juzgado. Este particular rol del MP ha generado debates en derecho comparado. En este sentido, la posición legal en Guatemala ha sido desde el punto de vista formal, atenuar el rol de por sí débil del MP con la presencia de jueces de instancia, que requieren a su vez de mayor independencia e imparcialidad. El reto u objetivo es lograr institucionalmente autonomía al MP y controlar que en la investigación penal no existan elementos políticos y partidistas que subordinen el principio de legalidad a otros factores. Artículo 15. Irretroactividad de la ley penal. El principio de Irretroactividad, indica que la ley se aplicará únicamente a los hechos ocurridos durante su vigencia, es decir bajo su eficacia temporal de validez, sin embargo el principio de Extractividad de la ley penal constituye una excepción y está conformado por la retroactividad y ultractividad de la ley penal. En cuanto a la retroactividad de la ley penal consiste en aplicar una ley vigente con efecto hacia el pasado siempre que favorezca al reo. Ultractividad de la ley penal, se refiere a que si una ley penal, posterior al hecho es perjudicial al reo, seguirá teniendo vigencia la ley anterior. Gaceta No. 94 exp. 296-2009. Fecha de sentencia 06/11/2009 Para que una ley sea retroactiva, es indispensable que obre sobre el pasado y que lesione derechos plenamente adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores. Gaceta No. 88 exp. 263-2007 Fecha de la Sentencia: 22/04/2008 Son leyes retroactivas, aquellas que vuelven sobre los efectos de una ley anterior. La retroactividad es la aplicación de una norma jurídica creada en un determinado momento, a uno anterior al de su creación; es volver sobre los efectos ya consumados bajo el imperio de una ley anterior. Gaceta No. 81 Expediente 416-2005 Fecha de sentencia: 27/07/06 La retroactividad es la aplicación de una norma jurídica creada en un determinado momento, a uno anterior al de su creación, es volver sobre los efectos ya consumados bajo el imperio de una ley anterior. Gaceta No. 57 Expediente 174-2000. Fecha de sentencia: 11/07/2003 El principio de irretroactividad de las leyes, recogido en el artículo 15 de la Constitución, es también una manifestación de seguridad jurídica constitucionalmente amparada en el artículo 2do de este cuerpo normativo. Una ley es retroactiva cuando vuelve sobre el pasado imponiéndose por su carácter sancionador o restrictivo a los derechos de las personas sobre situaciones o condiciones ya realizada o consumadas. Gaceta No. 41. Expedientes acumulados 886,887, 889, 944, y 945-96. Fecha de sentencia: 11/09/1996. Para que una ley sea retroactiva, es indispensable que obre sobre el pasado y que lesiones derechos plenamente adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores para modificarlos. Gaceta No. 39. Expediente 617-95. Fecha de auto: 25/01/1996. Página 67 de 600

La retroactividad consiste en la traslación de la aplicación de una norma jurídica creada en un momento determinado. Son leyes retroactivas aquellas que vuelven sobre los efectos ya consumados bajo el imperio de una ley anterior. La irretroactividad es aplicable a los derechos consolidados. Gaceta No. 20 expediente 364-90. Fecha de sentencia: 26/06/1991 Artículo 16 Declaración Contra sí y parientes. La declaración del acusado no constituye un medio suficientemente idóneo para revelar la verdad material. Precisamente por esa subjetividad es que incluso la declaración o confesión voluntaria admiten prueba en contrario. Gaceta No. 91. Expediente 3659-2008 Fecha de la sentencia 10/03/2009 Artículo 17 No hay delito ni pena sin ley anterior. Este principio doctrinalmente se encuentra definido como nullum crime sine scripta, stricta, certa et praevia lege de manera que a través del mismo se establece la prohibición de calificar como delitos, las conductas activas u omisivas, que no se encuentren previstas como delictivas en una ley estricta, cierta y anterior a la omisión sancionada. Gaceta No. 81 expediente 639-2006. Fecha de sentencia: 22/08/06 Este principio constituye una garantía para un juzgamiento conforme al principio jurídico del debido proceso, constituye uno de los elementos centrales de la persecución penal en una sociedad democrática, e impone la obligación al legislador ordinario de definir en la forma más clara y precisa cuáles son esas acciones y omisiones que son considerados punibles mediante la determinación de tipos penales que contemplen una clara definición de la conducta incriminada, concretizar sus elementos y permitir una clara definición de la conducta incriminada, concretizar sus elementos y permitir así deslindar conductas punibles de aquellas que no lo son. Gaceta No. 1122-2005. Fecha de la sentencia 01/02 2006. Esta norma que recoge el principio de legalidad, fija claramente una condición de certeza jurídica para penalizar determinadas conductas, y es que las mismas estén expresamente calificadas como delitos o faltas (…) Gaceta No. 07 Expediente 164-87 Fecha de sentencia: 25/02/1998 Artículo 23 Inviolabilidad de la Vivienda. Gaceta No. 8 Expediente 25-88 Fecha de sentencia: 26/05/1988 Artículo 24. Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros Este derecho forma parte de los derechos humanos que forma parte de los derechos humanos que protegen la intimidad de la persona el cual es un derecho personalísimo, que permite sustraer a las personas de la publicidad o de otras turbaciones a su vida privada limitado por las necesidades sociales y los intereses públicos. Gaceta No. 84 expediente 2622-2006. Fecha de la sentencia: 26/04/2007 Artículo 25 Registro de personas y vehículos Causa justificada para ello.

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3. DERECHOS HUMANOS a. CONCEPTO, Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin

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discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. FUNDAMENTO, Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. CARACTERÍSTICAS: Los elementos que distinguen y hacen propio a los Derechos humanos, son los siguientes: UNIVERSALES: Los derechos humanos se aplican a todos y cada una de los seres humanos, sin distinción de color, sexo, religión, condición económico – social o idioma. INDIVISIBLES: No se puede dar preferencia exclusiva a algún derecho. Existe una plena igualdad entre los distintos derechos; los derechos humanos forman un todo, integrado por un conjunto de valores y principios del ser humano. Con esto no se quiere decir que se pueda negar una clasificación, puesto que con la clasificación lo único que se logra, es establecer un orden para su estudio y no un orden jerárquico. INTERDEPENDIENTES: los derechos humanos se complementan entre sí, se relaciona y se apoyan. Estos derechos no se puede concebí el uno sin el otro. IMPRESCRIPTIBLES: no se pierden por el transcurso del tiempo. Por la misma naturaleza o esencia de los derechos humanos, estos no pueden limitarse por alguna causa o circunstancia temporal. INALIENABLES: No pueden trasladarse de ninguna forma (enajenarse, cederse o regalarse) a otra persona, puesto que son inherentes a la dignidad humana. IRRENUNCIABLES: ninguna persona puede renunciar a la titularidad de un derecho humano. INVIOLABLES: nadie puede violar un derecho humano, por ser absolutos. CLASIFICACIONES: Los Derechos Humanos han sido clasificados de diversas maneras, de acuerdo con su naturaleza, origen, contenido y por la materia que refiere. La denominada Generaciones es de carácter histórico y considera cronológicamente su aparición o reconocimiento por parte del orden jurídico normativo de cada país. 1.- PRIMERA GENERACIÓN Se refiere a los derechos civiles y políticos, también denominados "libertades clásicas". Fueron los primeros que exigió y formuló el pueblo en la Asamblea Nacional durante la Revolución francesa. Este primer grupo lo constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo a finales del siglo XVIII. Como resultado de esas luchas, esas exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y difundidos internacional mente, entre los cuales figuran: - Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. - Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. - Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. - Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre.

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- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. - Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. - Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. - Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. - En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país. - Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean. - Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. - Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. - Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. 2.- SEGUNDA GENERACIÓN La constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, debidos a los cuales, el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado Social de Derecho. De ahí el surgimiento del Constitucionalismo Social que enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y económicos, descritos en las normas constitucionales, sean realmente accesibles y disfrutables. Se demanda un Estado de Bienestar que implemente acciones, programas y estrategias, a fin de lograr que las personas los gocen de manera efectiva, y son: - Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. - Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. - Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. - Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. - Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. - Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. - Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. - La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. 3.- TERCERA GENERACIÓN La tercera generación de derechos se pergeño tras la Segunda Guerra Mundial y el periodo de la guerra fría y que aun levanta discusiones. Ejemplos son el derecho a la auto-determinación. Este grupo fue promovido a partir de la década de los setenta para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos, en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional. Entre otros, destacan los relacionados con:

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- La autodeterminación. - La independencia económica y política. - La identidad nacional y cultural. - La paz. - La coexistencia pacífica. - El entendimiento y confianza. - La cooperación internacional y regional. - La justicia internacional. - El uso de los avances de las ciencias y la tecnología. - La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos. - El medio ambiente. - El patrimonio común de la humanidad. - El desarrollo que permita una vida digna. 4.- CUARTA GENERACIÓN La cuarta generación de derechos humanos no es estrictamente conferida o atribuible a seres humanos, sino que son los derechos de los animales nohumanos. Ejemplos son la conservación de especies en peligro de extinción y trato ético a animales no-humanos. 5.- QUINTA GENERACIÓN La quinta generación de derechos humanos tampoco será estrictamente extensible a seres humanos, sino a maquinas, artefactos, robots y software inteligente. Ejemplo será el día en que un robot pueda tener una conducta autárquica (libre) con respecto a su programador y realice un acto ilegal. ¿Habrá que castigarle?, ¿otorgarle derechos de protección legal justa? 6.- SEXTA GENERACIÓN La sexta generación de derechos humanos sí que será aplicable a seres humanos, o no exactamente, porque será a seres trans - humanos y en un estado ulterior (posterior) post-humano, o por utilizar una expresión mucho más viable, personas con identidad genética-cognitivainformacional alterada por la modificación gano-nano-robo-tecno. b. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD: CONCEPTO DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD: PRIMERAS APROXIMACIONES El control de convencionalidad, con dicha denominación, aparece por primera vez en la jurisprudencia contenciosa de la Corte IDH en el caso Almonacid Arellano vs. Chile. Con anterioridad, el juez Sergio García Ramírez, en sus votos de los casos Myrna Mack y Tibi, había realizado una aproximación conceptual al control de convencionalidad que se realiza en la sede interamericana y en el ámbito interno de los Estados, pero en Almonacid Arellano la Corte precisa sus principales elementos. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio Página 72 de 600

carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. En el mismo sentido: Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr. 1732. (NdelE: Destacado no está en el texto original). MODELO DE JUICIO DE CONVENCIONALIDAD: En el caso Boyce y otros Vs. Barbados, la Corte IDH explica de manera concreta de qué forma debe ser implementado el control de convencionalidad en el ámbito interno. Explica que los tribunales nacionales no solo deben limitarse a realizar un examen de constitucionalidad de sus resoluciones, sino también de convencionalidad. Caso Boyce y otros Vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. La Corte observa que el CJCP [Comité Judicial del Consejo Privado] llegó a la conclusión mencionada anteriormente a través de un análisis puramente constitucional, en el cual no se tuvo en cuenta las obligaciones que tiene el Estado conforme a la Convención Americana y según la jurisprudencia de esta Corte. De acuerdo con la Convención de Viena sobre la Ley de Tratados, Barbados debe cumplir de buena fe con sus obligaciones bajo la Convención Americana y no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de dichas obligaciones convencionales. En el presente caso, el Estado está precisamente invocando disposiciones de su derecho interno a tales fines. El análisis del CJCP no debería haberse limitado a evaluar si la LDCP [Ley de Delitos del Estado contra la Persona] era inconstitucional. Más bien, la cuestión debería haber girado en torno a si la ley también era “convencional”. Es decir, los tribunales de Barbados, incluso el CJCP y ahora la Corte de Justicia del Caribe, deben también decidir si la ley de Barbados restringe o viola los derechos reconocidos en la Convención. En este sentido, la Corte ha afirmado, en otras ocasiones, que [:] el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas […] y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. En concordancia con lo expuesto, la Corte ha expresado en otras oportunidades que una “cláusula de exclusión” que se encontraba en la Constitución de Trinidad y Tobago tenía el efecto de excluir del escrutinio judicial ciertas leyes que, de otra forma, serían violatorias de derechos fundamentales. De manera similar, en el presente caso, el artículo 26 de la Constitución de Barbados le niega a sus ciudadanos en general, y a las presuntas víctimas en particular, el derecho de exigir protección judicial contra violaciones al derecho a la vida. En este sentido, a la luz de la jurisprudencia de la Corte y en tanto que el artículo 26 de la Constitución de Barbados impide el escrutinio judicial sobre el artículo 2 de la Ley de Delitos contra la Persona, que a su vez es violatoria del derecho a no ser privado, arbitrariamente, de la vida, la Corte considera que el Estado no ha cumplido con el deber establecido en el artículo 2 de la Convención en relación con los artículos 1.1, 4.1, 4.2 y 25.1 de dicho instrumento. EVOLUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE IDH: Página 73 de 600

PRECISIONES CONCEPTUALES Desde el caso Almonacid Arellano vs. Chile, la Corte IDH ha ido precisando el contenido y alcance del concepto de control de convencionalidad en su jurisprudencia, para llegar a un concepto complejo que comprende los siguientes elementos (o: las siguientes características): a) Consiste en verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas con la CADH, la jurisprudencia de la Corte IDH y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte; b) Es una obligación que corresponde a toda autoridad pública en el ámbito de sus competencias; c) Para efectos de determinar la compatibilidad con la CADH, no sólo se debe tomar en consideración el tratado, sino que también la jurisprudencia de la Corte IDH y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte; d) Es un control que debe ser realizado ex oficio por toda autoridad pública; y e) Su ejecución puede implicar la supresión de normas contrarias a la CADH o bien su interpretación conforme a la CADH, dependiendo de las facultades de cada autoridad pública. A continuación, veremos cómo han ido evolucionando estos elementos (o dichas características). El Control de convencionalidad debe ser realizado ex oficio y en el marco de competencias y regulaciones procesales correspondientes. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Noviembre de 2006. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones. En el mismo sentido: Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008, párr. 1806; Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr. 3397; Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010, párr. 2368; Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010, párr. 2199; Caso Liakat Ali Alibux Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de enero de 201410, párr. 151. (NdelE: Destacado no está en el texto original) La obligación de realizar el control de convencionalidad corresponde a los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando Página 74 de 600

un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. En el mismo sentido: Caso Liakat Ali Alibux Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de enero de 2014, párr. 151; Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 201412, párr. 311. (NdelE: Destacado no está en el texto original) De tal manera, como se indicó en los Casos Radilla Pacheco, Fernández Ortega y Rosendo Cantú, es necesario que las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar en México, se adecuen a los principios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal que han sido reiterados en el presente caso y que aplican para toda violación de derechos humanos que se alegue hayan cometido miembros de las fuerzas armadas. Ello implica que, independientemente de las reformas legales que el Estado deba adoptar […], en el presente caso corresponde a las autoridades judiciales, con base en el control de convencionalidad, disponer inmediatamente y de oficio el conocimiento de los hechos por el juez natural, es decir el fuero penal ordinario. El Control de convencionalidad es una obligación de toda autoridad pública Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. La sola existencia de un régimen democrático no garantiza, per se, el permanente respeto del Derecho Internacional, incluyendo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo cual ha sido así considerado incluso por la propia Carta Democrática Interamericana. La legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención Americana, de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales, por lo que, Página 75 de 600

particularmente en casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional de los Derechos, la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo “susceptible de ser decidido” por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales también debe primar un “control de convencionalidad” […], que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia ha ejercido, en el Caso Nibia Sabalsagaray Curutchet, un adecuado control de convencionalidad respecto de la Ley de Caducidad, al establecer, inter alía, que “el límite de la decisión de la mayoría reside, esencialmente, en dos cosas: la tutela de los derechos fundamentales (los primeros, entre todos, son el derecho a la vida y a la libertad personal, y no hay voluntad de la mayoría, ni interés general ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados) y la sujeción de los poderes públicos a la ley 14. […] (NdelE: Destacado no está en el texto original) Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Finalmente, esta Corte considera pertinente recordar, sin perjuicio de lo ordenado, que en el ámbito de su competencia “todas las autoridades y órganos de un Estado Parte en la Convención tienen la obligación de ejercer un ‘control de convencionalidad’. Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Además, ha dispuesto en el Caso de las Masacres de El Mozote y lugares aledaños que el Estado debe asegurar que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia del presente caso ni para la identificación, juzgamiento y eventual sanción de los responsables de los mismos y de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas durante el conflicto armado en El Salvador. Esta obligación vincula a todos los poderes y órganos estatales en su conjunto, los cuales se encuentran obligados a ejercer un control “de convencionalidad” ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. […] (NdelE: Destacado no está en el texto original). Por otra parte, la Corte estima pertinente ordenar al Estado que implemente, en un plazo razonable, programas permanentes de derechos humanos dirigidos a policías, fiscales, jueces y militares, así como a funcionarios encargados de la atención a familiares y víctimas de desaparición forzada de personas, en los cuales se incluya el tema de los derechos humanos de niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado interno y del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, así como del control de convencionalidad. Parámetro de convencionalidad se extiende a otros tratados de derechos humanos. Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012. Asimismo, este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que, cuando un Estado es parte de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Belém do Pará, dichos tratados obligan a todos sus órganos, incluido el poder judicial, cuyos miembros deben velar por que los efectos de las disposiciones de dichos tratados no Página 76 de 600

se vean mermados por la aplicación de normas o interpretaciones contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y los tratados de derechos humanos de los cuales es Parte el Estado, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, como el ministerio público, deben tener en cuenta no solamente la Convención Americana y demás instrumentos interamericanos, sino también la interpretación que de estos ha hecho la Corte Interamericana. En el mismo sentido: Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012, párr. 262. (NdelE: Destacado no está en el texto original) La Convención Americana sobre derechos humanos no impone un determinado modelo de control de convencionalidad Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de enero de 2014. Finalmente, en relación con los argumentos del representante y de la Comisión […] sobre la vulneración del derecho a la protección judicial con motivo de la ausencia de un Tribunal Constitucional, si bien la Corte reconoce la importancia de éstos órganos como protectores de los mandatos constitucionales y los derechos fundamentales, la Convención Americana no impone un modelo específico para realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad. En este sentido, la Corte recuerda que la obligación de ejercer un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana le compete a todos los órganos del Estado, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles. (NdelE: Destacado no está en el texto original) Parámetro de convencionalidad ampliado a las opiniones consultivas Opinión Consultiva OC-21/14. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14. Resolución de 19 de agosto de 2014. Del mismo modo, la Corte estima necesario recordar que, conforme al derecho internacional, cuando un Estado es parte de un tratado internacional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dicho tratado obliga a todos sus órganos, incluidos los poderes judicial y legislativo , por lo que la violación por parte de alguno de dichos órganos genera responsabilidad internacional para aquél. Es por tal razón que estima necesario que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad, también sobre la base de lo que señale en ejercicio de su competencia no contenciosa o consultiva, la que innegablemente comparte con su competencia contenciosa el propósito del sistema interamericano de derechos humanos, cual es, “la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos”. A su vez, a partir de la norma convencional interpretada a través de la emisión de una opinión consultiva, todos los órganos de los Estados Miembros de la OEA, incluyendo a los que no son Parte de la Convención pero que se han obligado a respetar los derechos humanos en virtud de la Carta de la OEA (artículo 3.l) y la Carta Democrática Interamericana (artículos 3, 7, 8 y 9), cuentan con una fuente que, acorde a su propia naturaleza, contribuye también y especialmente de manera preventiva, a lograr el eficaz respeto y garantía de los derechos humanos y, en particular, constituye una guía a Página 77 de 600

ser utilizada para resolver las cuestiones sobre infancia en el contexto de la migración y así evitar eventuales vulneraciones de derechos humanos. (NdelE: Destacado no está en el texto original) CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y OBLIGACIÓN DE ADECUAR LA LEGISLACIÓN INTERNA La Corte IDH ha precisado que el control de convencionalidad puede implicar la expulsión de normas contrarias a la CADH, o bien, su interpretación conforme a la misma. A continuación, reseñaremos aquellos casos en que se manifiesta la primera posibilidad del control de convencionalidad: la obligación de adecuar la legislación interna. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. El Estado, desde que ratificó la Convención Americana el 21 de agosto de 1990, ha mantenido vigente el Decreto Ley No. 2.191 por 16 años, en inobservancia de las obligaciones consagradas en aquella. Que tal Decreto Ley no esté siendo aplicado por el Poder Judicial chileno en varios casos a partir de 1998, si bien es un adelanto significativo y la Corte lo valora, no es suficiente para satisfacer las exigencias del artículo 2 de la Convención en el presente caso. En primer lugar porque, conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, el artículo 2 impone una obligación legislativa de suprimir toda norma violatoria a la Convención y, en segundo lugar, porque el criterio de las cortes internas puede cambiar, decidiéndose aplicar nuevamente una disposición que para el ordenamiento interno permanece vigente. (NdelE: Destacado no está en el texto original) Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013. Al respecto, este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que, cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dicho tratado obliga a todos sus órganos, incluidos los poderes judicial y ejecutivo, cuyos miembros deben velar por que los efectos de las disposiciones de dichos tratados no se vean mermados por la aplicación de normas o interpretaciones contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y los tratados de derechos humanos de los cuales es Parte el Estado, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, como el ministerio público, deben tener en cuenta no solamente la Convención Americana y demás instrumentos interamericanos, sino también la interpretación que de estos ha hecho la Corte Interamericana. El Tribunal valora positivamente el fallo Casal mencionado por el Estado en cuanto a los criterios que se desprenden sobre el alcance de la revisión que comprende el recurso de casación, conforme a los estándares que se derivan del artículo 8.2.h) de la Convención Americana. El Tribunal también destaca que este fallo fue invocado por los tribunales al resolver los recursos de revisión interpuestos por Saúl Cristian Roldán Cajal, César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza, y que se hizo un control de convencionalidad sobre el alcance del derecho de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior. Sobre el fallo Casal, el Estado explicó la manera en que funciona el sistema de control constitucional con base al cual los criterios que se desprenden del mismo en materia del derecho de recurrir del fallo deben ser aplicados por los jueces argentinos en todas las instancias. La Corte considera que los jueces en Argentina deben seguir Página 78 de 600

ejerciendo un control de convencionalidad a fin de garantizar el derecho de recurrir del fallo conforme al artículo 8.2.h) de la Convención Americana y a la jurisprudencia de este Tribunal. No obstante, la Corte se remite a lo señalado sobre las obligaciones que se derivan de los artículos 2 y 8.2.h) de la Convención Americana […] y considera que, dentro de un plazo razonable, el Estado debe adecuar su ordenamiento jurídico interno de conformidad con los parámetros establecidos en esta Sentencia. (NdelE: Destacado no está en el texto original) CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y SU EFICACIA INTERPRETATIVA La Corte IDH ha precisado que el control de convencionalidad puede implicar la expulsión de normas contrarias a la CADH, o bien, su interpretación conforme a la misma. A continuación, reseñaremos aquellos casos en que se manifiesta la segunda posibilidad del control de convencionalidad: su eficacia interpretativa. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Para este Tribunal, no sólo la supresión o expedición de las normas en el derecho interno garantizan los derechos contenidos en la Convención Americana, de conformidad a la obligación comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. También se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma. En consecuencia, la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. Es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención. En términos prácticos, la interpretación del artículo 13 de la Constitución Política mexicana debe ser coherente con los principios convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia, contenidos en el artículo 8.1 de la Convención Americana y las normas pertinentes de la Constitución mexicana. En el mismo sentido: Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010, párr. 235; Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010, párr. 218. En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. De tal manera, es necesario que las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar en México, se adecuen a los principios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal, Página 79 de 600

los cuales han sido reiterados en el presente caso […]. Bajo ese entendido, este Tribunal considera que no es necesario ordenar la modificación del contenido normativo que regula el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante lo anterior, la Corte declaró en el Capítulo IX de este Fallo, que el artículo 57 del Código de Justicia Militar es incompatible con la Convención Americana […]. En consecuencia, el Estado debe adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar la citada disposición con los estándares internacionales de la materia y de la Convención, de conformidad con los párrafos 272 a 277 de esta Sentencia. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. En conclusión, con base en el control de convencionalidad, es necesario que las interpretaciones judiciales y administrativas y las garantías judiciales se apliquen adecuándose a los principios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal en el presente caso. Ello es de particular relevancia en relación con lo señalado en el presente caso respecto a la proscripción de la discriminación por la orientación sexual de la persona de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1.1. de la Convención Americana. En el mismo sentido: Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012, párr. 30523. (NdelE: Destacado no está en el texto original) Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. La Corte estima que, en el marco del ordenamiento jurídico chileno aplicado en este caso, resulta adecuado ordenar a Chile que, para evitar violaciones como las declaradas en la presente Sentencia, regule con claridad y seguridad la medida procesal de protección de testigos relativa a la reserva de identidad, asegurando que se trate de una medida excepcional, sujeta a control judicial en base a los principios de necesidad y proporcionalidad, y que ese medio de prueba no sea utilizado en grado decisivo para fundar una condena, así como regular las correspondientes medidas de contrapeso que aseguren que la afectación al derecho de defensa sea suficientemente contrarrestada, de acuerdo con lo establecido en la presente Sentencia […]. Adicionalmente, el Tribunal recuerda que a fin de garantizar dicho derecho de la defensa a interrogar testigos, las autoridades judiciales deben aplicar esos criterios o estándares establecidos por la Corte en ejercicio del control de convencionalidad. Debido a que concluyó que en el presente caso no fue acreditada una violación del artículo 2 de la Convención, sino que la violación al derecho a recurrir del fallo penal condenatorio derivó de la actuación de los tribunales judiciales en los casos concretos […], la Corte no estima necesario ordenar a Chile la adecuación de su ordenamiento jurídico interno en esta materia. No obstante, la Corte recuerda la importancia de que las autoridades judiciales apliquen los criterios o estándares establecidos en la jurisprudencia de la Corte respecto al contenido del derecho a recurrir del fallo penal condenatorio en ejercicio del control de convencionalidad a fin de garantizar dicho derecho […]. Al pronunciarse sobre las violaciones constatadas en el presente caso en relación con las medidas de prisión preventiva a que fueron sometidas las víctimas, la Corte tomó en cuenta que la causal de peligro para “la seguridad de la sociedad” estipulada en el artículo 363 del antiguo Código de Procedimiento Penal y en el artículo 140.c del Código Procesal Penal de 2000, que tiene un sentido abierto, fue aplicada a las ocho víctimas sin un Página 80 de 600

análisis de la necesidad que justificara la medida con base en un riesgo procesal en el caso concreto […]. En consecuencia, la Corte no encuentra pertinente ordenar a Chile la adecuación de su derecho interno ya que las violaciones al derecho a la libertad personal constatadas en la presente Sentencia se derivan de la interpretación y aplicación judicial de dichas normas. No obstante, la Corte recuerda que las autoridades judiciales deben aplicar los criterios o estándares establecidos en la jurisprudencia de la Corte […] en ejercicio del control de convencionalidad a fin de garantizar que la medida de prisión preventiva sea siempre adoptada de acuerdo a esos parámetros. VALOR DE LA JURISPRUDENCIA INTERAMERICANA COMO PARÁMETRO DE CONVENCIONALIDAD: COSA JUZGADA INTERNACIONAL Uno de los aspectos controvertidos del control de convencionalidad es el parámetro con que debe realizarse el referido control. La Corte IDH ha señalado que no solo la Convención Americana, sino que también su propia jurisprudencia, es parte del parámetro. En la supervisión de cumplimiento del caso Gelman, la Corte IDH precisa el valor de su jurisprudencia para el ejercicio del control de convencionalidad. Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de marzo de 2013. Por otro lado, se ha acuñado en la jurisprudencia interamericana el concepto del “control de convencionalidad”, concebido como una institución que se utiliza para aplicar el Derecho Internacional, en este caso el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de este Tribunal. Así, en varias sentencias la Corte ha establecido que es consciente de que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es Parte en un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, también están sometidos al tratado, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, de modo que decisiones judiciales o administrativas no hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de las obligaciones internacionales. Es decir, todas la autoridades estatales, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. De tal manera, es posible observar dos manifestaciones distintas de esa obligación de los Estados de ejercer el control de convencionalidad, dependiendo de si la Sentencia ha sido dictada en un caso en el cual el Estado ha sido parte o no. Lo anterior debido a que a que la norma convencional interpretada y aplicada adquiere distinta vinculación dependiendo si el Estado fue parte material o no en el proceso internacional. En relación con la primera manifestación, cuando existe una sentencia internacional dictada con carácter de cosa juzgada respecto de un Estado que ha sido parte en el caso sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, también están sometidos al Página 81 de 600

tratado y a la sentencia de este Tribunal, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención y, consecuentemente, las decisiones de la Corte Interamericana, no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin o por decisiones judiciales o administrativas que hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de la sentencia. Es decir, en este supuesto, se está en presencia de cosa juzgada internacional, en razón de lo cual el Estado está obligado a cumplir y aplicar la sentencia. En esta situación se encuentra el Estado de Uruguay respecto de la Sentencia dictada en el caso Gelman. Por ello, precisamente porque el control de convencionalidad es una institución que sirve como instrumento para aplicar el Derecho Internacional, en el presente caso que existe cosa juzgada se trata simplemente de emplearlo para dar cumplimiento en su integridad y de buena fe a lo ordenado en la Sentencia dictada por la Corte en el caso concreto, por lo que sería incongruente utilizar esa herramienta como justificación para dejar de cumplir con la misma, de conformidad con lo señalado anteriormente […] Respecto de la segunda manifestación del control de convencionalidad, en situaciones y casos en que el Estado concernido no ha sido parte en el proceso internacional en que fue establecida determinada jurisprudencia, por el solo hecho de ser Parte en la Convención Americana, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, por lo cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana. La Corte estima pertinente precisar que la concepción del llamado control de convencionalidad tiene íntima relación con el “principio de complementariedad”, en virtud del cual la responsabilidad estatal bajo la Convención sólo puede ser exigida a nivel internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de declarar la violación y reparar el daño ocasionado por sus propios medios. Este principio de complementariedad (también llamado “de subsidiariedad”) informa transversalmente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual es, tal como lo expresa el Preámbulo de la misma Convención Americana, “coadyuvante o complementario de la [protección] que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”. De tal manera, el Estado “es el principal garante de los derechos humanos de la personas, de manera que, si se produce un acto violatorio de dichos derechos, es el propio Estado quien tiene el deber de resolver el asunto a nivel interno y, [en su caso,] reparar, antes de tener que responder ante instancias internacionales como el Sistema Interamericano, lo cual deriva del carácter subsidiario que reviste el proceso internacional frente a los sistemas nacionales de garantías de los derechos humanos” . Lo anterior significa que, como consecuencia de la eficacia jurídica de la Convención Americana en todos los Estados Parte en la misma, se ha generado un control dinámico y complementario de las obligaciones convencionales de los Estados de respetar y garantizar derechos humanos, conjuntamente entre las autoridades internas y las instancias internacionales (en forma Página 82 de 600

complementaria), de modo que los criterios de decisión puedan ser conformados y adecuados entre sí. Así, la jurisprudencia de la Corte muestra casos en que se retoman decisiones de tribunales internos para fundamentar y conceptualizar la violación de la Convención en el caso específico. En otros casos se ha reconocido que, en forma concordante con las obligaciones internacionales, los órganos, instancias o tribunales internos han adoptado medidas adecuadas para remediar la situación que dio origen al caso; ya han resuelto la violación alegada; han dispuesto reparaciones razonables, o han ejercido un adecuado control de convencionalidad. Según fue señalado […], precisamente en el presente caso Gelman vs. Uruguay, la Corte consideró que, antes de tomar la referida decisión de 22 de febrero de 2013, la Suprema Corte de Justicia uruguaya ya había ejercido un adecuado control de convencionalidad respecto de la Ley de Caducidad, al declararla inconstitucional en octubre de 2009 en el caso Sabalsagaray. De tal modo, el control de convencionalidad es una obligación propia de todo poder, órgano o autoridad del Estado Parte en la Convención, los cuales deben, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, controlar que los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción sean respetados y garantizados. Así adquiere sentido el mecanismo convencional, el cual obliga a todos los jueces y órganos judiciales a prevenir potenciales violaciones a derechos humanos, las cuales deben solucionarse a nivel interno teniendo en cuenta las interpretaciones de la Corte Interamericana y, solo en caso contrario, pueden ser considerados por ésta, en cuyo supuesto ejercerá un control complementario de convencionalidad. Sin perjuicio de lo anterior, y de conformidad con lo señalado anteriormente en cuanto a la primera manifestación del control de convencionalidad cuando existe cosa juzgada internacional […], este control también posee un rol importante en el cumplimiento o implementación de una determinada Sentencia de la Corte Interamericana, especialmente cuando dicho acatamiento queda a cargo de los jueces nacionales. Bajo este supuesto, el órgano judicial tiene la función de hacer prevalecer la Convención Americana y los fallos de esta Corte sobre la normatividad interna, interpretaciones y prácticas que obstruyan el cumplimiento de lo dispuesto en un determinado caso. Lo anterior se deduce del compromiso de los Estados de cumplir con sus obligaciones internacionales y no solo de prácticas judiciales reiteradas a niveles nacionales, que son por supuesto relevantes. Así, tribunales de la más alta jerarquía en varios Estados de la región, se han referido al carácter vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana o han aplicado el control de convencionalidad teniendo en cuenta interpretaciones efectuadas por ésta. En atención a todo lo anterior, la Corte reitera, por un lado, que sus sentencias producen el efecto de cosa juzgada y tienen carácter vinculante, lo cual deriva de la ratificación de la Convención y del reconocimiento de la jurisdicción del Tribunal, actos soberanos que el Estado Parte realizó conforme sus procedimientos constitucionales y, por otro, que el control de convencionalidad es una obligación de las autoridades estatales y su ejercicio compete, solo subsidiaria o complementariamente, a la Corte Interamericana cuando un caso ha sido sometido a su jurisdicción. En consecuencia, la pretensión de oponer el deber de los tribunales internos de realizar el control de constitucionalidad al control de convencionalidad que ejerce la Corte, es en realidad un falso dilema, pues una vez que el Estado ha ratificado el tratado internacional y Página 83 de 600

reconocido la competencia de sus órganos de control, precisamente a través de sus mecanismos constitucionales, aquéllos pasan a conformar su ordenamiento jurídico. De tal manera, el control de constitucionalidad implica necesariamente un control de convencionalidad, ejercidos de forma complementaria. Una vez que este Tribunal ha dictado Sentencia en el presente caso, la cual produce los efectos de la autoridad de cosa juzgada, de conformidad con los principios generales del Derecho Internacional y con lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la Convención Americana, el Estado y todos sus órganos se encuentran obligados a darle pleno cumplimiento. La Sentencia no se limita en su efecto vinculante a la parte dispositiva del fallo, sino que incluye todos los fundamentos, motivaciones, alcances y efectos del mismo, de modo que aquélla es vinculante en su integridad, incluyendo su ratio decidendi. Así, puesto que la parte resolutiva o dispositiva de la Sentencia refiere expresa y directamente a su parte considerativa, ésta es claramente parte integral de la misma y el Estado también está obligado a darle pleno acatamiento. La obligación del Estado de dar pronto cumplimiento a las decisiones de la Corte es parte intrínseca de su obligación de cumplir de buena fe con la Convención Americana y vincula a todos sus poderes y órganos, incluidos sus jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, por lo cual no puede invocar disposiciones del derecho constitucional u otros aspectos del derecho interno para justificar una falta de cumplimiento de la Sentencia. En razón de estar en presencia de cosa juzgada internacional, y precisamente porque el control de convencionalidad es una institución que sirve como instrumento para aplicar el Derecho Internacional, sería contradictorio utilizar esa herramienta como justificación para dejar de cumplir la Sentencia en su integridad. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN EL AMBITO INTERNO La Corte IDH ha puesto de relieve la importancia de la realización del control de convencionalidad en el ámbito interno para evitar que los Estados incurran en responsabilidad internacional, considerando que ellos son los primeros llamados a cumplir con la labor de protección de los derechos humanos. En este sentido, la Corte IDH ha destacado la subsidiaredad del sistema internacional (en lo contencioso) y ha dado cuenta de la progresiva incorporación del control por parte de la jurisprudencia constitucional comparada. Subsidiaredad del sistema contencioso internacional Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. La responsabilidad estatal bajo la Convención sólo puede ser exigida a nivel internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de declarar la violación y reparar el daño ocasionado por sus propios medios. Esto se asienta en el principio de complementariedad (subsidiariedad), que informa transversalmente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual es, tal como lo expresa el Preámbulo de la misma Convención Americana, “coadyuvante o complementario de la [protección] que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”. De tal manera, el Estado “es el principal garante de los derechos humanos de la personas, de manera que, si se produce un acto violatorio de dichos derechos, es el propio Estado quien tiene el deber de resolver el asunto a nivel interno y, [en su caso,] reparar, antes de tener que responder ante instancias internacionales como el Sistema Interamericano, lo cual deriva del carácter subsidiario que reviste el proceso internacional frente a los sistemas nacionales de garantías de los derechos humanos”. Esas ideas Página 84 de 600

también han adquirido forma en la jurisprudencia reciente bajo la concepción de que todas las autoridades y órganos de un Estado Parte en la Convención tienen la obligación de ejercer un “control de convencionalidad”. Lo anterior significa que se ha instaurado un control dinámico y complementario de las obligaciones convencionales de los Estados de respetar y garantizar derechos humanos, conjuntamente entre las autoridades internas (primariamente obligadas) y las instancias internacionales (en forma complementaria), de modo que los criterios de decisión puedan ser conformados y adecuados entre sí. Así, la jurisprudencia de la Corte muestra casos en que se retoman decisiones de tribunales internos para fundamentar y conceptualizar la violación de la Convención en el caso específico. En otros casos se ha reconocido que, en forma concordante con las obligaciones internacionales, los órganos, instancias o tribunales internos han adoptado medidas adecuadas para remediar la situación que dio origen al caso; ya han resuelto la violación alegada; han dispuesto reparaciones razonables, o han ejercido un adecuado control de convencionalidad. Es decir, si bien el Sistema tiene dos órganos “competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en la Convención”29, la Corte solo puede “conocer un caso” cuando se han “agotado los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50” de dicho instrumento, sea el procedimiento de peticiones individuales ante la Comisión Interamericana. De tal modo, solamente si un caso no se ha solucionado a nivel interno, como correspondería primariamente hacerlo a cualquier Estado Parte en la Convención en ejercicio efectivo del control de convencionalidad, entonces el caso puede llegar ante el Sistema, en cuyo caso debería resolverse ante la Comisión y, solamente si las recomendaciones de ésta no han sido cumplidas, el caso podría llegar ante la Corte. De tal manera, el funcionamiento lógico y adecuado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos implica que, en tanto “sistema”, las partes deben presentar sus posiciones e información sobre los hechos en forma coherente y de acuerdo con los principios de buena fe y seguridad jurídica, de modo que permitan a las otras partes y a los órganos interamericanos una adecuada sustanciación de los casos. La posición asumida por el Estado en el procedimiento ante la Comisión determina también en gran medida la posición de las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes, lo que llega a afectar el curso del procedimiento. Jurisprudencia de altos tribunales de la región Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Así, por ejemplo, tribunales de la más alta jerarquía en la región se han referido y han aplicado el control de convencionalidad teniendo en cuenta interpretaciones efectuadas por la Corte Interamericana. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha señalado que: debe advertirse que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano natural para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos […], la fuerza de su decisión al interpretar la convención y enjuiciar leyes nacionales a la luz de esta normativa, ya sea en caso contencioso o en una mera consulta, tendrá –de principio- el mismo valor de la norma interpretada. Por su parte, el Tribunal Constitucional de Bolivia ha señalado que: En efecto, el Pacto de San José de Costa Rica, como norma componente del bloque de constitucionalidad, est[á] constituido por tres partes esenciales, estrictamente vinculadas Página 85 de 600

entre sí: la primera, conformada por el preámbulo, la segunda denominada dogmática y la tercera referente a la parte orgánica. Precisamente, el Capítulo VIII de este instrumento regula a la C[orte] Interamericana de Derechos Humanos, en consecuencia, siguiendo un criterio de interpretación constitucional “sistémico”, debe establecerse que este órgano y por ende las decisiones que de él emanan, forman parte también de este bloque de constitucionalidad. Esto es así por dos razones jurídicas concretas a saber: 1) El objeto de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y, 2) La aplicación de la doctrina del efecto útil de las sentencias que versan sobre Derechos Humanos. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana ha establecido que: en consecuencia, es de carácter vinculante para el Estado dominicano, y, por ende, para el Poder Judicial, no sólo la normativa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sino sus interpretaciones dadas por los órganos jurisdiccionales, creados como medios de protección, conforme el artículo 33 de ésta, que le atribuye competencia para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes. De otro lado, el Tribunal Constitucional del Perú ha afirmado que: La vinculatoriedad de las sentencias de la C[orte Interamericana] no se agota en su parte resolutiva (la cual, ciertamente, alcanza sólo al Estado que es parte en el proceso), sino que se extiende a su fundamentación o ratio decidendi, con el agregado de que, por imperio de la [Cuarta Disposición Final y Transitoria (CDFT)] de la Constitución y el artículo V del Título Preliminar del [Código Procesal Constitucional], en dicho ámbito la sentencia resulta vinculante para todo poder público nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso. En efecto, la capacidad interpretativa y aplicativa de la Convención que tiene la C[orte Interamericana], reconocida en el artículo 62.3 de dicho tratado, aunada al mandato de la CDFT de la Constitución, hace que la interpretación de las disposiciones de la Convención que se realiza en todo proceso, sea vinculante para todos los poderes públicos internos, incluyendo, desde luego, a este Tribunal. Dicho Tribunal también ha establecido que: se desprende la vinculación directa entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y este Tribunal Constitucional; vinculación que tiene una doble vertiente: por un lado, reparadora, pues interpretado el derecho fundamental vulnerado a la luz de las decisiones de la Corte, queda optimizada la posibilidad de dispensársele una adecuada y eficaz protección; y, por otro, preventiva, pues mediante su observancia se evitan las nefastas consecuencias institucionales que acarrean las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la seguridad jurídica del Estado peruano. La Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina ha referido que las decisiones de la Corte Interamericana “resulta[n] de cumplimiento obligatorio para el Estado Argentino (art. 68.1, CADH)”, por lo cual dicha Corte ha establecido que “en principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal internacional”. Igualmente, dicha Corte Suprema estableció “que la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” ya que se “trata de una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado Página 86 de 600

argentino en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”. Además, la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que en virtud de que la Constitución colombiana señala que los derechos y deberes constitucionales deben interpretarse “de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”, se deriva “que la jurisprudencia de las instancias internacionales, encargadas de interpretar esos tratados, constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales”. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. […] Otros tribunales nacionales se han referido también a los límites de la democracia en relación con la protección de derechos fundamentales. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Así, por ejemplo, tribunales de la más alta jerarquía en la región, tales como la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica39, el Tribunal Constitucional de Bolivia40, la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana41, el Tribunal Constitucional del Perú42, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina43, la Corte Constitucional de Colombia44, la Suprema Corte de la Nación de México45 y la Corte Suprema de Panamá46 se han referido y han aplicado el control de convencionalidad teniendo en cuenta interpretaciones efectuadas por la Corte Interamericana. En el mismo sentido: Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012, párr. 304. Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 20 de marzo de 2013. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina ha referido que las decisiones de la Corte Interamericana “resulta[n] de cumplimiento obligatorio para el Estado Argentino (art. 68.1, CADH)”, por lo cual dicha Corte ha establecido que “en principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal internacional”. Igualmente, dicha Corte Suprema manifestó “que la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, ya que se “trata de una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”. Por su parte, el Tribunal Constitucional de Bolivia ha indicado que: [E]n efecto, el Pacto de San José de Costa Rica, como norma componente del bloque de constitucionalidad, est[á] constituido por tres partes esenciales, estrictamente vinculadas entre sí: la primera, conformada por el preámbulo, la segunda denominada dogmática y la tercera referente a la parte orgánica. Precisamente, el Capítulo VIII de este instrumento regula a la C[orte] Interamericana de Derechos Humanos, en consecuencia, siguiendo un criterio de interpretación constitucional “sistémico”, debe establecerse que este órgano y por ende las decisiones que de él emanan, forman parte también de este bloque de constitucionalidad. Esto es así por dos razones jurídicas concretas a saber: 1) El objeto de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y, 2) La aplicación de la doctrina del efecto útil de las sentencias Página 87 de 600

que versan sobre Derechos Humanos. Además, en la sentencia C-442 de 25 de mayo de 2011, la Corte Constitucional de Colombia apuntó que “la jurisprudencia de la Corte IDH contiene la interpretación auténtica de los derechos contenidos en la [Convención Americana], instrumento internacional que integra el parámetro de control de constitucionalidad”. Asimismo, en la sentencia C-370 de 18 de mayo de 2006, al analizar distintas disposiciones de la ley n.° 975 de 2005 relacionadas con los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, la Corte Constitucional de Colombia señaló respecto de la jurisprudencia de la Corte que son decisiones “que expresan la interpretación auténtica de los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos […]”. Además, la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que, en virtud de que la Constitución colombiana señala que los derechos y deberes constitucionales deben interpretarse “de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”, se deriva “que la jurisprudencia de las instancias internacionales, encargadas de interpretar esos tratados, constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales”. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha señalado que: debe advertirse que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano natural para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos […], la fuerza de su decisión al interpretar la Convención y enjuiciar leyes nacionales a la luz de esta normativa, ya sea en caso contencioso o en una mera consulta, tendrá –de principio- el mismo valor de la norma interpretada. Además, en el caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, la Corte Interamericana ordenó al Estado la realización de un nuevo juicio al que debía ser sometido el peticionario. La Corte observó y valoró positivamente los términos del Acuerdo No. 96-2006 tomado por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, el cual constituía un precedente de importante trascendencia en el ámbito del sistema interamericano en lo concerniente a la ejecución de sentencias de este Tribunal, al designar un tribunal para que realizara un nuevo juicio en virtud de lo resuelto por la Corte Interamericana. Por otra parte, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala emitió diversas resoluciones declarando la autoejecutabilidad de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos De la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros), De los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), Bámaca Velásquez, y Carpio Nicolle y otros, todos contra el Estado de Guatemala. En estos fallos, la Corte Interamericana encontró que el proceso penal referido a cada uno de los casos mencionados había violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que, en consecuencia, ordenó al Estado guatemalteco investigar efectivamente los hechos que generaron dichas violaciones, así como identificar, juzgar y sancionar a los responsables. En cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana, la Cámara Penal de la Corte Suprema declaró la nulidad de las sentencias nacionales correspondientes así como de todo lo actuado con posterioridad y, en consecuencia, ordenó un nuevo procesamiento respetuoso de las reglas del debido proceso y el cumplimiento de los fines del proceso penal de demostración de los hechos y sanción de los autores responsables. Finalmente, la Cámara Penal de la Corte Suprema declaró que como la República de Guatemala no podía oponer su Derecho interno ni alegar ausencia de procedimientos o normativa para el cumplimiento de Página 88 de 600

la sentencia internacional, el acto de ejecución de la misma tenía el efecto de acto extraordinario del procedimiento común. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ha señalado que “las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para el Poder Judicial de la Federación en sus términos. Por tanto [en los casos en que México haya sido parte del caso], para el Poder Judicial son vinculantes no solamente los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en la sentencia mediante la cual se resuelve ese litigio”. Asimismo, el 12 de mayo de 2010, mediante el Acuerdo Número 240, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá indicó que “la República de Panamá, como miembro de la comunidad internacional, reconoce, respeta y acata las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, y resolvió remitir el Fallo de este Tribunal en relación con el caso Tristán Donoso a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia en la que se indicó que “en atención a lo dispuesto en la sentencia de 27 de enero de 2009, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera[ba] esta Superioridad necesaria la absolución del señor Santander Tristán Donoso de los cargos como autor del delito de Calumnia […] y en consecuencia, dejar sin efecto, la pena”. 83. De otro lado, el Tribunal Constitucional del Perú ha afirmado que: [L]a vinculatoriedad de las sentencias de la C[orte Interamericana] no se agota en su parte resolutiva (la cual, ciertamente, alcanza sólo al Estado que es parte en el proceso), sino que se extiende a su fundamentación o ratio decidendi, con el agregado de que, por imperio de la [Cuarta Disposición Final y Transitoria (CDFT)] de la Constitución y el artículo V del Título Preliminar del [Código Procesal Constitucional], en dicho ámbito la sentencia resulta vinculante para todo poder público nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso. En efecto, la capacidad interpretativa y aplicativa de la Convención que tiene la C[orte Interamericana], reconocida en el artículo 62.3 de dicho tratado, aunada al mandato de la CDFT de la Constitución, hace que la interpretación de las disposiciones de la Convención que se realiza en todo proceso, sea vinculante para todos los poderes públicos internos, incluyendo, desde luego, a este Tribunal. Dicho Tribunal también ha establecido que: se desprende la vinculación directa entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y este Tribunal Constitucional; vinculación que tiene una doble vertiente: por un lado, reparadora, pues interpretado el derecho fundamental vulnerado a la luz de las decisiones de la Corte, queda optimizada la posibilidad de dispensársele una adecuada y eficaz protección; y, por otro, preventiva, pues mediante su observancia se evitan las nefastas consecuencias institucionales que acarrean las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la seguridad jurídica del Estado peruano. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana ha establecido que: en consecuencia, es de carácter vinculante para el Estado dominicano, y, por ende, para el Poder Judicial, no sólo la normativa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sino sus interpretaciones dadas por los órganos jurisdiccionales, creados como medios de protección, conforme el artículo 33 de ésta, que le atribuye competencia para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes. De lo anterior se desprende que varios tribunales nacionales de la más alta Página 89 de 600

jerarquía han entendido que la jurisprudencia internacional es fuente de derecho, si bien con distintos alcances, y han utilizado los obiter dicta y/o las ratio decidendi de dicha jurisprudencia para fundamentar o guiar sus decisiones e interpretaciones. c. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969, Adoptada en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, Entrada en Vigor: 18 de julio de 1978, conforme al Artículo 74.2 de la Convención, Depositario: Secretaría General OEA (Instrumento Original y Ratificaciones) Serie sobre Tratados OEA Nº 36 – Registro ONU 27/08/1979 Nº 17955. Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención, Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos; Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional; Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia. d. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS: El Honorable Congreso de la República, en Decreto número 9-92, emitido el 19 de febrero de 1992, dio su aprobación al “PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS”, abierto afirma en Nueva York, el 19 de Diciembre de 1966. Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, Reconociendo, que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana, Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y del a miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales, Considerando que Página 90 de 600

la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos. Comprendiendo que le individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la observancia de los derechos reconocidos en este Pacto. e. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, La Asamblea General Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. f. DIRECTRICES DE NACIONES UNIDAS APLICABLES AL PROCESO PENAL: Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos, en que se consagran los principios fundamentales de igualdad ante la ley y la presunción de inocencia, así como el derecho a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, junto con todas las garantías necesarias para la defensa de toda persona acusada de un delito, otras garantías mínimas y el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, Recordando también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular su artículo 14, en el que se afirma que toda persona acusada de un delito tendrá derecho a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección o Página 91 de 600

que se le nombre siempre que lo exija el interés de la justicia, a ser oída públicamente y con las debidas garantías ante un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley, Teniendo presentes las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, aprobadas por el Consejo Económico y Social en su resolución 663 C (XXIV), de 31 de julio de 1957, y ampliadas por el Consejo en su resolución 2076 (LXII), de 13 de mayo de 1977, conforme a las cuales toda persona detenida que no haya sido juzgada estará autorizada, con miras a su defensa, a recibir visitas de su abogado, Teniendo presente también el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión , en particular el principio 11, en que se establece que toda persona detenida tiene el derecho de defenderse por sí misma o ser asistida por un abogado según prescriba la ley, Teniendo presentes además los Principios Básicos sobre la Función de los Abogado, en particular el principio, en el que se establece que todas las personas, cuando no dispongan de abogado, tendrán derecho, siempre que el interés de la justicia así lo demande, a que se les asignen abogados con la experiencia y competencia que requiera el tipo de delito de que se trate a fin de que les presten asistencia jurídica eficaz y gratuita, si carecen de medios suficientes para pagar sus servicios, Recordando la Declaración de Bangkok sobre sinergias y respuestas: alianzas estratégicas en materia de prevención del delito y justicia penal, especialmente su párrafo 18, en el que se exhorta a los Estados Miembros a que adopten medidas, de conformidad con su legislación nacional, para promover el acceso a la justicia, considerar la posibilidad de facilitar asistencia jurídica a las personas que la necesiten y habilitar a esas personas para que hagan valer plenamente sus derechos en el sistema de justicia penal, Recordando también la Declaración de Salvador sobre estrategias amplias ante problemas globales: los sistemas de prevención del delito y justicia penal y su desarrollo en un mundo en evolución, especialmente su párrafo 52, en el que se recomienda a los Estados Miembros que procuren limitar, cuando corresponda, el recurso a la prisión preventiva y que promuevan un mayor acceso a mecanismos de administración de justicia y de asistencia letrada, Recordando además la resolución 2007/24 del Consejo Económico y Social, de 26 de julio de 2007, sobre la cooperación internacional para mejorar el acceso a la asistencia judicial en los sistemas de justicia penal, particularmente en África, Reconociendo que la asistencia jurídica es un elemento esencial de un sistema de justicia penal justo, humano y eficiente basado en el estado de derecho, y que es el fundamento para el disfrute de otros derechos, en particular el derecho a un juicio justo, como la condición previa para el ejercicio de esos derechos, así como una salvaguardia importante que asegura la equidad fundamental y la confianza pública en el proceso de justicia penal, Reconociendo también que los Estados Miembros pueden aplicar los Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal, que figuran en el anexo de la presente resolución, teniendo en cuenta la gran variedad de los sistemas jurídicos y situaciones socioeconómicas existentes en el mundo, 1. Observa con aprecio la labor realizada por el grupo intergubernamental de expertos de composición abierta sobre el fortalecimiento del acceso a la asistencia judicial en los sistemas de justicia penal en su reunión celebrada en Viena del 16 al 18 de noviembre de 2011 a fin de elaborar un conjunto de principios y directrices sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal; 2. Página 92 de 600

Aprueba los Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal, que figuran en el anexo de la presente resolución, como marco útil para orientar a los Estados Miembros sobre los principios en que se ha de asentar un sistema de asistencia jurídica en materia de justicia penal, teniendo en cuenta el contenido de la presente resolución y que todos los elementos que figuran en el anexo se aplicarán en conformidad con la legislación nacional; 3. Invita a los Estados Miembros a que, en conformidad con su legislación nacional, adopten y fortalezcan medidas para asegurar que se preste asistencia jurídica eficaz, en consonancia con el espíritu de los Principios y directrices, teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas de justicia penal de los diferentes países y regiones de todo el mundo y el hecho de que esa asistencia se desarrolla atendiendo al equilibrio global del sistema de justicia penal, así como a las circunstancias de los países y regiones; 4. Alienta a los Estados Miembros a que, cuando proceda, consideren la posibilidad de prestar asistencia jurídica y de proporcionarla en la mayor medida posible; 5. Alienta también a los Estados Miembros a que se basen en los Principios y directrices, según proceda, y en conformidad con el derecho nacional, cuando emprendan iniciativas y adopten medidas a nivel nacional para mejorar el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal; 6. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, a reserva de la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, siga prestando servicios de asesoramiento y asistencia técnica a los Estados Miembros que lo soliciten en la esfera de la reforma de la justicia penal, incluidas la justicia restaurativa, las alternativas al encarcelamiento y la elaboración de planes integrados de prestación de asistencia jurídica; 7. Solicita también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, a reserva de la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, dé amplia difusión a los Principios y directrices, especialmente preparando instrumentos pertinentes tales como manuales y guías de capacitación; 8. Invita a los Estados Miembros y otros donantes a que aporten recursos extrapresupuestarios para los fines descritos supra, de conformidad con las reglas y procedimientos de las Naciones Unidas; 9. Solicita al Secretario General que informe a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, en su 23º período de sesiones, sobre la aplicación de la presente resolución. 60ª sesión plenaria 20 de diciembre de 2012. (leer documento). g. SISTEMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS: El desarrollo sin precedente que han adquirido en la actualidad los derechos humanos en el plano internacional, podría dar lugar al ocultamiento de forma singular de la exigencia de asegurar su protección en primer lugar en el ámbito nacional, que es impuesto específicamente a cada Estado. Se constata efectivamente que un verdadero Código Internacional de Derechos Humanos ha sido elaborado, en tanto que una red de órganos se ha puesto en funcionamiento progresivamente en el seno de organizaciones tanto mundiales como regionales. Tal expansión de normas y de procedimientos internacionales, puede incitar (a la opinión pública y a los medios de prensa especialmente) a considerar que es la comunidad internacional y las instituciones que ella ha creado , que son principal y directamente responsables de la puesta en funcionamiento del respeto a los derechos humanos en todo el mundo. Al punto que hoy escuchamos corrientemente la pregunta "¿pero, que es lo Página 93 de 600

que hace la ONU para garantizar los derechos humanos en tal o cual país?," como si la Organización mundial fuese directamente responsable de los derechos humanos y de las violaciones a los mismos dentro de las fronteras de un Estado. Ahora bien, es el Estado, a través de sus diferentes instituciones, que es el primer responsable de la garantía de estos derechos respecto de sus propios ciudadanos y de toda persona sometida a su jurisdicción. Esta responsabilidad se afirma explícitamente en la Carta de Naciones Unidas, en cuyos términos "Todos los miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización" en vista del "respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales". Y los múltiples instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos que desde allí se han adoptado tanto dentro del marco de las Naciones Unidas y de sus instituciones especializadas, como de las diversas organizaciones regionales, apuntan a definir concretamente, los compromisos de cada Estado en instituir los mecanismos de control. Recientemente, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos a subrayado en su Declaración y su Programa de Ación "la obligación que tienen todos los Estados, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, de desarrollar y de alentar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión"; y el Programa de Acción insiste sobre la responsabilidad primera en materia de derechos humanos, al declarar que "su promoción y su protección incumben primeramente, a los gobiernos". Igualmente, si esta afirmación parece hacer notar lo evidente, sin duda no deviene inútil recordarle a los Estados sus obligaciones en tanto que primeros actores garantes de los derechos humanos, y responsables de las violaciones a los mismos. Más allá que ella reposa sobre la voluntad política de los gobiernos, la puesta en marcha y la protección de los derechos humanos en el seno de cada Estado depende inicialmente del estado de normas y reglas que fundan y rigen la vida en sociedad. Así lo enuncia la Declaración Universal de los Derechos Humanos "Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos". Esto implica la existencia del "estado de derecho" y la instauración de la "sociedad democrática" a la que se refieren los principales instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos. Es propio, luego, de las instituciones donde se dota al Estado de la facultad de asegurar el respeto de los derechos humanos: las instituciones "clásicas" que ponen de pie los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, e igualmente las instituciones específicas de promoción y de protección que se han desarrollado más recientemente en un numerosos países, tales como el Ombudsman y las comisiones nacionales de derechos humanos. En el presente capítulo, después de haber recordado brevemente las condiciones necesarias a la instauración de todo sistema nacional de protección de los derechos humanos, intentaremos de ubicar el lugar de las instituciones tradicionalmente encargadas de garantizar estos derechos, para examinar, seguidamente, el rol de las nuevas instituciones creadas específicamente en la materia. h. INTERNACIONALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS: El proceso de internacionalización de los derechos humanos comienza su desarrollo con la creación del sistema de Naciones Unidas en Página 94 de 600

1945. El tremendo impacto que significó la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista humano, hizo que la sociedad internacional llegara al consenso de la necesidad de que los temas de los derechos humanos no fuesen solo competencia de los Estados nacionales, sino que a nivel internacional existieran, también, mecanismos e instituciones encargadas de su protección. Es importante destacar que la relación entre el ejercicio de la soberanía nacional, entendida esta como la capacidad de los Estados nacionales de decidir autónomamente sobre sus cuestiones internas y el desarrollo de instrumentos jurídicos internacionales[2] en materia de derechos humanos, está dada porque una vez que el Estado decide soberanamente ser parte de uno de estos instrumentos jurídicos internacionales, estos constituyen una limitación al ejercicio de la soberanía nacional, ya que el Estado en cuestión está obligado a actuar de acuerdo a lo que se dispone en dicho instrumento jurídico internacional. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de denunciar[3] este instrumento y salirse de su marco regulatorio, pero en el tema de los derechos humanos esto siempre va a implicar algún costo político. La Carta de las Naciones Unidas reconoce como uno de sus objetivos “…el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.”[4] Los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos son aquellos que conforman la llamada “Carta Internacional de los Derechos Humanos”, estos son: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948. A pesar de ser un instrumento que no es jurídicamente vinculante para los Estados, es el documento más importante desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y sus dos Protocolos Facultativos (el primero estableciendo el procedimiento para que las personas pudieran presentar reclamaciones ante el Comité de Derechos Humanos por violaciones de sus derechos y, el segundo, sobre la eliminación de la pena de muerte). El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y su Protocolo Facultativo de 2008, que posibilita a cualquier persona o grupo que alegue violaciones a estos derechos y que haya agotado todas las vías jurídicas nacionales, presentar sus casos ante el Comité de este protocolo para su investigación[5] y [6]. Además de los instrumentos internacionales de los derechos humanos que conforman la Carta Internacional de los Derechos Humanos, existen otro grupo de tratados y protocolos muy importantes en esta materia, entre los que se encuentran: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984 Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989[7]. Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de 1990. Página 95 de 600

Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 2006. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1999. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, de 2000. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, de 2000. Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 2002. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 2006. Existen muchos otros instrumentos internacionales que regulan materias relativas a los derechos humanos. Los más significativos, por su cantidad y lo que regulan, son las decisiones de la Organización Internacional del Trabajo relacionadas con los derechos de los trabajadores. La mayoría de estos tratados establecen comités para evaluar periódicamente el cumplimiento por los Estados partes. Los mismos, a su vez, tienen la obligación de emitir reportes periódicos, donde dan cuenta de su actuar en la esfera específica del tratado en cuestión[8]. Además de los procedimientos específicos de cada uno de los tratados relacionados con los derechos humanos, en el sistema de Naciones Unidas se creó, desde el 2006, el Consejo de Derechos Humanos[9], que “es un órgano intergubernamental del sistema de las Naciones Unidas compuesto por 47 Estados, responsable de la promoción y protección de todos los derechos humanos en el mundo entero”[10]. Este Consejo sustituyó a la Comisión de Derechos Humanos, que desde 1947 se había encargado del tema, pero que fue objeto de innumerables críticas por el tratamiento parcializado y motivado por intereses políticos[11]. El principal mecanismo con que cuenta el Consejo de Derechos Humanos para darle seguimiento al estado de la cuestión en cada país es el Examen Periódico Universal (EPU), en el que periódicamente se examina el comportamiento de todos los Estados en esta materia. El EPU fue concebido en la Resolución de la Asamblea General que creó el Consejo de Derechos Humanos, con el objetivo de dar un trato homogéneo a todos los países cuando se evalúan las situaciones de derechos humanos[12]. El Consejo de Derechos Humanos también cuenta con los Procedimientos Especiales, que son mecanismos establecidos por la extinta Comisión de Derechos Humanos y asumidos por el Consejo, para tratar asuntos específicos por países o por cuestiones temáticas (tortura, alimentación, independencia de jueces y abogados, etc.). Hasta marzo de 2015 estaban en vigor 41 mandatos temáticos y 14 mandatos de país[13]. Como uno de los resultados de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El Alto Comisionado dirige los esfuerzos de las Naciones Unidas en esta importante materia, y apoya el trabajo del Consejo de Derechos Humanos y de los principales órganos creados, en virtud de tratados establecidos para supervisar que los Estados parte cumplan con los tratados internacionales.[14]

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El desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos no solo ha sido a nivel mundial. También a nivel regional se han creado mecanismos e instituciones de defensa de los derechos humanos. En Europa se aprobó, en 1950, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que ha sido modificado en varias ocasiones, el cual creó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene una larga jurisprudencia en materia de derechos humanos. En América se estableció el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuyos principales instrumentos jurídicos son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Carta de la Organización de Estados Americanos, ambos de 1948; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en vigor desde 1978. Asimismo, dentro de este sistema se cuenta con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Procesos similares han ocurrido en África y Asia con la firma de tratados regionales sobre los derechos humanos y la creación de instituciones para velar por el cumplimiento de estos. En la evolución del proceso de internacionalización de los derechos humanos se han priorizado los derechos civiles y políticos sobre los socioeconómicos y culturales. Si bien hasta la desaparición de la URSS y del bloque socialista, existía un determinado equilibrio en el tratamiento de los derechos, debido a que los países socialistas le daban preponderancia a los derechos sociales, económicos y culturales y los países occidentales se “preocupaban” más por los derechos civiles políticos. Después de la desaparición de la URSS y del bloque socialista europeo, las potencias ganadoras de la Guerra Fría impusieron su agenda de los derechos humanos en casi todo el sistema internacional, en la que se favorecían los derechos civiles y políticos sobre los socioeconómicos y culturales. Esto no solo sucedía a nivel de organismos gubernamentales, sino que también a nivel de la sociedad civil transnacional diversas ONGs occidentales, con muchos recursos financieros y humanos, impusieron su visión sobre los derechos humanos. La respuesta a este proceso vino de los países del sur, que eran los generalmente acusados por violadores de los derechos humanos, entendidos estos principalmente como derechos civiles y políticos. Los resultados de la búsqueda de este equilibrio son evidentes en los documentos finales de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de 1993, en los que se reconoce la universalidad y la interdependencia de los derechos humanos. El conflicto entre diversas visiones sobre los derechos humanos hizo que la Comisión de Derechos Humanos se convirtiera en un órgano de tipo político, secuestrado por las contradicciones políticas entre diferentes países y dejó de preocuparse por casos muy graves de violaciones de derechos humanos que ocurrieron en los años 90 e inicio de los 2000, lo que llevó a la Comisión a un gran descrédito, que concluyó con su eliminación y a la creación del Consejo de Derechos Humanos. A pesar del esfuerzo de la comunidad internacional y del sistema de Naciones Unidas no se ha logrado la eliminación de las violaciones masivas, flagrantes y continuadas de los derechos humanos en el mundo. Los conflictos armados en el Medio Oriente, la guerra civil en Siria, las acciones del llamado Estado Islámico, la continuidad por más de 60 años de la violación de los derechos del pueblo palestino, unida a los conflictos internos en África, el auge de la violencia extrema en México y Centroamérica, donde los principales violadores son actores no estatales y Página 97 de 600

los gobiernos no tienen la capacidad de detener esta escalada de violencia, a lo que se suman políticas de Estado contra los derechos de los grupos menos favorecidos como las mujeres y los niños, el aumento de la xenofobia y el racismo, hacen que el panorama de los derechos humanos no sea muy favorable en el mundo. Por estas tristes y dolorosas razones es por lo que la lucha por los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, se convierte en uno de los paradigmas emancipatorios más importantes del siglo XXI, por el que siguen muriendo anónimamente muchas personas en el mundo. i.

INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS: Las organizaciones que defienden los Derechos Humanos, son organismos, instituciones y en general entidades que se dedican a promover, procurar la defensa y, hacer regir los derechos inherentes a cada individuo. Su trabajo está destinado a la promoción y protección de las legalidades escritas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La cual fue establecida en el año 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los derechos que defienden son aquellos inherentes a cada individuo por la sola razón de pertenecer a la raza humana. Siendo estos de carácter inalienable e independiente respecto a cualquier elemento particular o singular. Como raza, nacionalidad, religión o sexo, entre otros. Al mismo tiempo los Derechos Humanos son irrevocables, intransferibles e irrenunciables. Teniendo una base moral y ética la cual debe ser respetada por todos. Los Derechos Humanos han cobrado una gran relevancia con el paso de los años, siendo motivo de preocupación en muchas sociedades del mundo. Las principales organizaciones e instituciones defensoras de los Derechos Humanos Amnistía Internacional Consiste en un movimiento a nivel mundial, con más de dos millones de integrantes de 152 países, quienes se encargan de realizar investigaciones sobre situaciones de abuso o violación de los Derechos Humanos. Esta organización tiene como objetivo realizar las denuncias correspondientes, reclamando justicia para las personas que han sufrido dichos abusos. Al mismo tiempo, se ocupan de emprender las acciones necesarias para prevenirlos. 2- Centro de Acción de los Derechos Humanos Esta organización se ocupa de todos los asuntos que se encuentren relacionados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tiene como objetivo finalizar con los abusos de dichas jurisprudencias, utilizando un método tecnológico e innovador para fomentar nuevas estrategias destinadas a tal fin. Además, el Centro de Acción de los Derechos Humanos procura brindar apoyo a otros grupos defensores de los Derechos Humanos en distintas partes del mundo. 3Centro Simon Wiesenthal Este centro corresponde a una organización internacional judía, que en su solidaridad con Israel, se dedica a enfrentar al antisemitismo, el racismo, la discriminación y el terrorismo. Su trabajo está destinado, entre otro, a promover la dignidad y los Derechos Humanos, a defender la seguridad de las personas judías a nivel mundial; y a promover las lecciones del Holocausto para las generaciones venideras. 4- El Fondo para la Defensa de los Niños (CDF) Childrens Defense o el Fondo para la Defensa de los Niños, realiza diferentes programas de intervención, destinados a sacar a los niños de la pobreza y a garantizar su derecho a la educación y a la salud. Al mismo tiempo, pretende protegerlos de los Página 98 de 600

abusos y abandonos. Siendo su principal objetivo, garantizar los derechos de los más indefensos: los niños. 5- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) UNICEF es una organización mundial sin fines de lucro, que opera en más de 190 países, con el objetivo de proteger los derechos humanos de todos los niños. Esta organización es una agencia de las Naciones Unidas, creada en el año 1946, período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, su primer objetivo fue prestar ayuda en situaciones de emergencia. A partir de 1953, se convirtió en un organismo permanente de las Naciones Unidas y desde entonces tienen como misión proteger y velar por los derechos de todos los niños del mundo. Entre otros de sus trabajos, se encuentran: realizar misiones de protección de la infancia, promover la educación de los menores, intervenir en situaciones de emergencia como desastres naturales o provocados por el hombre, etc. 6- Human Rights Watch A su vez, esta organización realiza investigaciones correspondientes a abusos y violaciones de los derechos humanos, las cuales exponen para que los culpables de tales faltas sean juzgados. Human Rights Watch interviene en diferentes ámbitos, como la política, la justicia, y los diferentes gobiernos de los países integrantes del mundo con el objetivo de presionar en favor del cuidado y protección de los Derechos Humanos; exigiendo justicia para sus violaciones. 7- La Organización de Las Naciones Unidas (ONU) Esta organización tuvo sus orígenes en el año 1945. Nació con el objetivo de proporcionar ayuda para encontrar soluciones a los conflictos entre países. Trabaja en la adopción de medidas en relación a todas las cuestiones de interés e inherentes a la humanidad. En la actualidad, la ONU está compuesta por 193 países, siendo una de las principales organizaciones internacionales dedicadas a la protección y defensa de los Derechos Humanos. 8- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) La UNESCO tiene como objetivo primordial construir y promover la paz. Su trabajo consiste en coordinar la cooperación proveniente a nivel internacional, en la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. Esta organización procura el fortalecimiento de la toma de consciencia en los hombres, a nivel regional, nacional e internacional. Defiende derechos como la educación, el derecho a vivir, el desarrollarse en un entorno rico culturalmente, la capacidad de recibir los beneficios obtenidos por los avances y logros científicos, la libertad de expresión, entre otros. 9Organización Mundial de la Salud (OMS) La OMS es una organización mundial dedicada a la salud, surgida en el año 1948 con el objetivo de construir un futuro más saludable para todos los individuos del mundo. Más de 150 países integran la OMS, trabajando para la prevención, promoción, cuidado y garantía del derecho fundamental de todos los seres humanos: el derecho a la salud. Promoviendo y garantizando que todas las personas tengan acceso a los distintos servicios de salud y puedan gozar de su máximo grado. j.

SISTEMAS DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS: El Derecho internacional de los derechos humanos es una rama del Derecho internacional desarrollada para promover y proteger los derechos humanos a nivel internacional, regional y nacional. Como rama del Derecho internacional, se compone de una serie de instrumentos internacionales obligatorios, en particular diversos tratados sobre derechos humanos, y de la costumbre internacional. Existen otros instrumentos internacionales de derechos humanos que, no siendo Página 99 de 600

jurídicamente obligatorios, contribuyen a la aplicación, comprensión y desarrollo del Derecho internacional de los derechos humanos. a. UNIVERSALES: Sistema de protección de las Naciones Unidas Por las Naciones Unidas  Carta Internacional de Derechos Humanos o El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (adoptado en 1966) o El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (adoptado en 1966) Declaración Universal de los Derechos Humanos Otros tratados  La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (adoptada en 1948)  La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (adoptada en 1965)  La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (adoptada en 1979)  La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (adoptada en 1984)  La Convención sobre los Derechos del Niño (adoptada en 1989)  La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (adoptada en 1990)  La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (adoptada en 2006)  La Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (adoptada en 2006) b.REGIONALES: Europa Por el Consejo de Europa:  La Convención Europea de Derechos Humanos (adoptada en 1950), que instauró el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  El Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (adoptada en 2007) América Artículo principal: Sistema interamericano de derechos humanos Por la Organización de los Estados Americanos:  La Convención Americana sobre Derechos Humanos (adoptada en 1969), que ha creado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (adoptada en 1987)  la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (adoptada en 1994) África Por la Organización para la Unidad Africana:  La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (adoptada en 1981), que ha creado la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en 2004. 11. SISTEMAS DE PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO INTERAMERICANO: El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un escenario regional Página 100 de 600

constituido por los Estados que integran la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya principal función es velar por el respeto, protección y realización de los derechos humanos en el continente americano. Para ello, el Sistema Interamericano cuenta con dos instancias independientes y a su vez complementarias, estas son, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. a) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o la “CIDH”), organismo de naturaleza cuasi jurisdiccional cuya función primordial es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el hemisferio. b) La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la “Corte Interamericana” o la “Corte IDH”), órgano de carácter judicial, al cual en ejercicio de su competencia contenciosa , le corresponde determinar la responsabilidad internacional de los Estados, mediante la aplicación e interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos y demás instrumentos interamericanos. Ante la Comisión , toda persona puede presentar peticiones o quejas individuales sobre violaciones a los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o en otros instrumentos interamericanos . Con posterioridad al conocimiento de la situación denunciada y si se da el cumplimiento de una serie de requisitos, entre ellos el haber agotado previamente los recursos internos disponibles, el caso se declara admisible y se examina si está o no comprometida la responsabilidad internacional del Estado, caso en el cual se produce un Informe con Recomendaciones, y eventualmente en caso de incumplimiento de aquellas el caso puede ser sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta presentación, abordaremos de manera concisa los casos más representativos que son litigados actualmente por el Colectivo ante el SIDH, respecto de los cuales haremos una clasificación metodológica, teniendo como criterios diferenciadores, el contexto en que ocurrió cada caso, el tipo de derechos violados en perjuicio de las víctimas y sus familiares, así como las consecuencias particulares que se derivan de dichas violaciones. i. CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención, Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos; Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han Página 101 de 600

sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional; Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia ii. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS AMERICANOS: La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH). El SIDH se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948, en el marco de la cual también se adoptó la propia Carta de la OEA, que proclama los "derechos fundamentales de la persona humana" como uno de los principios en que se funda la Organización. El pleno respeto a los derechos humanos aparece en diversas secciones de la Carta. De conformidad con ese instrumento, "el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre". La Carta establece la Comisión como un órgano principal de la OEA, que tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA en dicha materia. La CIDH realiza su trabajo con base en tres pilares de trabajo:  el Sistema de Petición Individual;  el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros, y  la atención a líneas temáticas prioritarias. A través de este andamiaje, la Comisión considera que en el contexto de la protección de los derechos de toda persona bajo la jurisdicción de los Estados americanos, es fundamental dar atención a las poblaciones, comunidades Página 102 de 600

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y grupos históricamente sometidos a discriminación. En forma complementaria, otros conceptos informan su trabajo: el principio pro personae – según el cual la interpretación de una norma debe hacerse de la manera más favorable al ser humano - , la necesidad de acceso a la justicia, y la incorporación de la perspectiva de género a todas sus actividades. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (acrónimo: Corte IDH) es un órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que goza de autonomía frente a los demás órganos de aquella y que tiene su sede en San José de Costa Rica. Su propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos a los cuales se somete el llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los idiomas oficiales de la Corte son, al igual que en la OEA, español, francés, inglés y portugués. Los idiomas de trabajo son los que acuerde la Corte cada año. Sin embargo, para un caso determinado, puede adoptarse también como idioma de trabajo el de una de las partes, siempre que sea oficial. En noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella, los delegados de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 1978, al haber sido depositado el undécimo instrumento de ratificación por un Estado Miembro de la OEA. A la fecha, veinticinco naciones americanas han ratificado o se han adherido a la Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, M éxico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por comunicación dirigida al Secretario General de la OEA, el 26 de mayo de 1998. Venezuela denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por comunicación dirigida al Secretario General de la OEA, el 10 de septiembre de 2012. Este tratado regional es obligatorio para aquellos Estados que lo ratifiquen o se adhieran a él y representa la culminación de un proceso que se inició a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones de América se reunieron en México y decidieron que una declaración sobre derechos humanos debería ser redactada, para que pudiese ser eventualmente adoptada como convención. Tal declaración, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de la persona, fue aprobada por los Estados Miembros de la OEA en Bogotá, Colombia, en mayo de 1948. Con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del Página 103 de 600

hombre en el continente americano, la Convención instrumentó dos órganos competentes para conocer de las violaciones a los derechos humanos: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera había sido creada en 1959 e inició sus funciones en 1960, cuando el Consejo de la OEA aprobó su Estatuto y eligió sus primeros miembros. Sin embargo, el Tribunal no pudo establecerse y organizarse hasta que entró en vigor la Convención. El 22 de mayo de 1979 los Estados Partes en la Convención Americana eligieron, durante el Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, a los juristas que en su capacidad personal, serían los primeros jueces que compondrían la Corte Interamericana. La primera reunión de la Corte se celebró el 29 y 30 de junio de 1979 en la sede de la OEA en Huancayo D.C. La Asamblea General de la OEA, el 1 de julio de 1978, recomendó aprobar el ofrecimiento formal del Gobierno de Costa Rica para que la sede de la Corte se estableciera en ese país. Esta decisión fue ratificada después por los Estados Partes en la Convención durante el Sexto Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General, celebrado en noviembre de 1978. La ceremonia de instalación de la Corte se realizó en San José el 3 de septiembre de 1979. Durante el Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA fue aprobado el Estatuto de la Corte y, en agosto de 1980, la Corte aprobó su Reglamento, el cual incluye las normas de procedimiento. En noviembre de 2009 durante el LXXXV Período Ordinario de Sesiones, entró en vigor un nuevo Reglamento de la Corte, el cual se aplica a todos los casos que se tramitan actualmente ante la Corte. El 10 de septiembre de 1981 el Gobierno de Costa Rica y la Corte firmaron un Convenio de Sede, aprobado mediante Ley No. 6889 del 9 de septiembre de 1983, que incluye el régimen de inmunidades y privilegios de la Corte, de los jueces, del personal y de las personas que comparezcan ante ella. Este Convenio de Sede está destinado a facilitar el normal desenvolvimiento de las actividades de la Corte, especialmente por la protección que da a todas aquellas personas que intervengan en los procesos. Como parte del compromiso contraído por el Gobierno de Costa Rica, en noviembre de 1993 éste le donó a la Corte la casa que hoy ocupa la sede del Tribunal. El 30 de julio de 1980 la Corte Interamericana y el Gobierno de la República de Costa Rica firmaron un convenio, aprobado por la Asamblea Legislativa mediante Ley No. 6528 del 28 de octubre de 1980, por la cual se creó el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Bajo este Convenio se establece el Instituto como una entidad internacional autónoma, de naturaleza académica, dedicado a la enseñanza, investigación y promoción de los derechos humanos, con un enfoque multidisciplinario y con énfasis en los problemas de América. El Instituto, con sede también en San José, Costa Página 104 de 600

Rica, trabaja en apoyo del sistema interamericano de protección internacional de los derechos humanos. El sistema de promoción y protección de los derechos humanos empieza con la adopción de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la Novena conferencia Internacional Americana que se realizó en Colombia en la ciudad de Bogotá en el año 1948. Debido a que se debe garantizar los derechos del hombre se ha dado como resultado que el reconocimiento de los Derechos Humanos es un principio fundamental del Sistema Regional Americano. En la Novena Conferencia Internacional Americana el gobierno de Brasil presentó una propuesta para que se cree una Corte Interamericana destinada a garantizar los derechos del hombre, considerando que cuando se trata de los derechos internacionales reconocidos, la protección jurídica para que pueda sea eficaz debe de emanar de un organismo internacional. Por esta razón recomendó a la comisión Jurídica Internacional que elabore un proyecto de Ley para que se avalen los derechos humanos. Este proyecto después de haber sido evaluado, debe ser discutido y aprobado por una conferencia Internacional Americana (décima conferencia internacional) este proyecto se convirtió en la Resolución XXXI “Corte Interamericana para proteger los Derechos Humanos”. En la décima conferencia Internacional Americana realizada en Venezuela en la ciudad de Caracas en 1954, se adoptó la Resolución XXXI relativa a la “Creación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”. La Décima Conferencia encargó al Consejo de la Organización la continuación de los estudios acerca de la protección jurisdiccional de los derechos humanos con el propósito de que la Undécima Conferencia Internacional considerase el asunto. En la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores realizada en Chile en 1959, se consideró la recomendación realizada por el Comité Jurídico Interamericano en 1959, para dar preferencia a la elaboración de un proyecto de Convención Interamericana de Derechos Humanos. Se aprobó la Resolución VIII sobre los “Derechos Humanos” en la cual se encomendó al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la elaboración de dos tipos de proyectos de convención: uno sobre los “derechos humanos” y el otro acerca de la creación de una “Corte Interamericana de Derechos Humanos”, disponiendo que dichos proyectos sean sometidos a la Undécima Conferencia Interamericana y remitida a los gobiernos, sesenta días antes de la instalación de dicha conferencia. El consejo Interamericano de Jurisconsultos cumpliendo de acuerda a la Resolución VIII elaboró un proyecto de Convención sobre Derechos Humanos durante su Cuarta Reunión celebrada en Santiago de Chile entre el 24 de agosto y el 9 de septiembre de 1959. Este proyecto en sus 88 artículos hace referencia a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y creando a la vez órganos Página 105 de 600

que se encarguen de proteger estos derechos, una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las fuente que inspiraron para la creación de la Corte fueron el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y las disposiciones de la Carta de Roma referentes a la Corte de Estrasburgo, pero procurando adaptar estos textos a las condiciones particulares de la realidad del continente americano. Hoy en día se han adoptado un sin número de instrumentos de carácter internacional, dentro de estos se encuentra la adopción de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que fue acogida en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, celebrada del 7 al 22 de noviembre de 1969 en San José, Costa Rica. Los dos órganos de protección de los derechos humanos previstos por el artículo 33 de la Convención Americana son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos órganos tienen la función de asegurar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Convención. La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue establecida como resultado de haber entrado en vigor, el 18 de julio de 1978. La Corte fue instalada oficialmente en su sede en San José, Costa Rica, el 3 de septiembre de 1979, y su Estatuto aprobado por la Asamblea General de la OEA celebrada en La Paz, Bolivia en octubre de 1979, mediante Resolución No. 448. En el curso de su Tercer Período de Sesiones, llevado a cabo del 30 de julio al 9 de agosto de 1980, la Corte completó los trabajos sobre el Acuerdo Sede concertado con Costa Rica. En dicho acuerdo, ratificado por el Gobierno de Costa Rica, se estipulan las inmunidades y los privilegios de la Corte, sus jueces/zas y su personal, así como de las personas que comparezcan ante ella. Funciones Básicamente, conoce los casos en que se alegue que uno de los Estados partes ha violado un derecho o libertad protegidos por la Convención, siendo necesario que se hayan agotados los procedimientos previstos en la misma, tales como el agotamiento de los recursos internos. Las personas, grupos o entidades que no son Estados no tienen capacidad de presentar casos ante la Corte, pero sí pueden recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión puede llevar un asunto ante la Corte, siempre que el Estado cuestionado haya aceptado la competencia de esta. De todas maneras, la Comisión debe comparecer en todos los casos ante la Corte. El procedimiento ante la Corte es de carácter contradictorio. Termina con una sentencia motivada, obligatoria, definitiva e inapelable. Si el fallo no expresa en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de estos tiene derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de Página 106 de 600

los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo. Competencia consultiva Por medio de esta función, los Estados miembros de la OEA pueden consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Además, pueden consultarla, en los que les compete, los órganos de la Organización de los Estados Americanos. Así mismo la Corte, a solicitud de un Estado miembro de la OEA, puede darle a tal Estado opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales. La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha generado debates muy interesantes sobre los efectos de las opiniones consultivas y sobre la aplicación de esas opiniones por parte de los tribunales nacionales. Composición La Corte está compuesta de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la OEA, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos. No puede haber más de un juez de la misma nacionalidad. Los jueces de la Corte son electos para un mandato de seis años y sólo pueden ser reelectos una vez. El juez electo para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, completa tal mandato. Composición actual Desde 2016, la Corte se compone así:

Cargo

Nombre

País de procedencia

Período

Presidente

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

México

2018-2019

Juez

Eduardo Vio Grossi

Chile

2016–2021

Juez

Humberto Sierra Porto

Colombia

2013–2018

Jueza

Elizabeth Odio Benito

Costa Rica

2016–2021 Página 107 de 600

Juez

Eugenio Raúl Zaffaroni

Argentina

2016–2021

Juez

Patricio Pazmiño Freire

Ecuador

2016–2021

Juez

Ricardo Pérez Manrique

Uruguay

2019–

12. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

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

13. CASOS QUE HA CONOCIDO LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CONTRA EL ESTADO DE GUATEMALA: Entre otros casos ha conocido los casos de: Caso Cuscul Pivaral y otros Vs Guatemala. El caso sometido a la Corte. – El 2 de diciembre de 2016, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana y el artículo 35 del Reglamento de la Corte, la comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el caso Cuscul Pivaral y otros contra la República de Guatemala (en adelante, “el Estado” o “Guatemala”). De acuerdo con lo indicado por la Comisión, el caso se refiere a la presunta responsabilidad internacional del Estado por la violación de diversos derechos establecidos en la Convención Americana en perjuicio de 49 presuntas víctimas que fueron diagnosticadas con VIH entre los años de 1992 y 2003. La Comisión estableció que hasta los años 2006 y 2007 tuvo lugar una falta total de atención médica estatal a dicho grupo de personas en su condición de personas que viven con el VIH y además en situación de pobreza, y determinó que esta omisión tuvo un grave impacto en su situación de salud, vida e integridad personal. Según la Comisión, a partir de los años 2006-2007 el Estado implementó algún tratamiento para las personas que viven con el VIH, pero la atención no fue integral ni adecuada, por lo tanto consideró que estas deficiencias continuaron violando los derechos a la salud, vida e integridad personal en perjuicio de las victimas sobrevivientes. Asimismo, la Comisión determinó que la muerte de ocho de las presuntas víctimas tuvo lugar como consecuencia de enfermedades conocidas como oportunistas, o bien en un marco temporal en el que presuntamente no recibieron la atención que requerían por parte del Estado, o bien tras una atención deficiente. La Comisión agregó que el recurso de amparo interpuesto el 26 de julio de 2002 ante la Corte de Constitucionalidad no proveyó de una protección judicial efectiva a las presuntas víctimas. Finalmente, concluyó que los familiares, y/o vínculo más cercano de apoyo a las presuntas víctimas, sufrió afectaciones a su integridad psíquica y moral. Los nombres de las presuntas víctimas se encuentran en el Anexo 1 a la presente sentencia. Por tanto, LA CORTE DECIDE, Por cuatro votos a favor y uno en contra, que: 1. El Estado es responsable por la violación del derecho a la salud, de conformidad con el artículo 26 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las 49 personas listadas como víctimas en el Anexo 2 adjuntado a la presente sentencia, en los términos de los párrafos 75 a 119 de la presente Sentencia. 2. El Estado es responsable por la violación del derecho a la salud, de conformidad con el artículo 26 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de 43 personas listadas como víctimas en el Anexo 2 adjuntado a la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 75 a 117 y 120 a 127 de la presente Sentencia. 3. El Estado es responsable por la violación de la prohibición de discriminación en relación con la obligación de garantizar el derecho a la salud, reconocido en el artículo 26 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de 2 personas listadas como víctimas en el Anexo 2 adjuntado a la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 128 a 139 de esta Sentencia. 4. El Estado es responsable por la violación al principio de progresividad, de conformidad con el artículo 26 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en los términos de los párrafos 140 a 148 de la presente Sentencia. Por unanimidad, que: 5. El Estado es responsable por la violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención Americana, en relación con los Página 109 de 600

artículos 26 y 1.1 de la misma, en perjuicio de 12 personas listadas como víctimas en el Anexo 2 adjuntado a la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 155 a 159 de esta Sentencia. 6. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5 de la Convención Americana, en relación con los artículos 26 y 1.1 de la misma, en perjuicio de 46 personas listadas como víctimas en el Anexo 2 adjuntado a la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 161 a 164 de esta Sentencia. Por cuatro votos a favor y uno en contra, que: 7. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de 13 personas listadas como víctimas en el Anexo 2 adjuntado a la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 168 a 179 y 187 de la presente Sentencia. 8. El Estado es responsable por la violación a la garantía del plazo razonable, reconocida en el artículo 8 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de 13 personas listadas como víctimas en el Anexo 2 adjuntado a la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 180 a 187 de la presente Sentencia. Por unanimidad, que: 9. El Estado es responsable por la violación a la integridad personal, reconocida en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en perjuicio de los familiares de las víctimas listados como familiares en el Anexo 2 adjuntado a la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 191 a 197 de la presente Sentencia. Y DISPONE: Por unanimidad, que: 10. Esta Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación. 11. El Estado debe, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de esta Sentencia, realizar las publicaciones indicadas en los párrafos 217 y 218 de la presente Sentencia y, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, realizar el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y otorgar las becas de estudio en los términos fijados en los párrafos 215 y 220 de la presente Sentencia. 12. El Estado debe brindar, a través de sus instituciones de salud, la atención médica psicológica de manera gratuita e inmediata a las víctimas y sus familiares, en el modo y plazo fijado en los párrafos 210, 212 y 213 de la presente Sentencia. 13. El Estado debe garantizar, a través de sus instituciones de salud, que la atención médica se otorgue en la clínica más cercana al lugar de residencia de las víctimas, y que asuma los costos de traslado de aquellas que se encuentren alejadas, en los términos fijados en el párrafo 211 de la presente Sentencia. 14. El Estado debe implementar mecanismos de fiscalización y supervisión de los servicios de salud, mejorar la accesibilidad, disponibilidad y calidad de las prestaciones de salud para personas que viven con el VIH, garantizar la provisión de antirretrovirales y la demás medicación indicada a toda persona afectada, ofrecer a la población las pruebas diagnósticas para detección del VIH, implementar un programa de capacitación para funcionarios del sistema de salud, garantizar tratamiento médico adecuado a mujeres embarazadas que viven con el VIH, y realizar una campaña nacional de concientización y sensibilización en los términos fijados en los párrafos 225 a 230 de la Sentencia. 15. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 234, 239 y 243 de la presente Sentencia, por concepto de compensación por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos. 16. El Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso, en los términos del párrafo 245 de esta Sentencia. 17. El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. 18. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Página 110 de 600

Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot dio a conocer a la Corte su voto individual concurrente, al que se adhieron la Jueza Elizabeth Odio Benito y el Juez Patricio Pazmiño Freire. El Juez Humberto Antonio Sierra Porto dio a conocer a la Corte su voto individual parcialmente disidente. Emitida en español en San José, Costa Rica, el 23 de agosto de 2018.  Caso Martínez Coronado Vs Guatemala. El caso sometido a la Corte. – El 30 de noviembre de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “Comisión Interamericana” o “la Comisión” o “CIDH”), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana y el artículo 35 del Reglamento, sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el caso que denominó Martínez Coronado Vs. Guatemala (en adelante también “el Estado” o “Guatemala”). La Comisión indicó que el caso se relaciona con una serie de violaciones al debido proceso cometidas en el marco del proceso penal contra Manuel Martínez Coronado (en adelante también “señor Martínez Coronado” o “señor Martínez”) por el delito de asesinato de siete personas en la aldea El Palmar, el 16 de mayo de 1995. Dicho proceso culminó con una sentencia condenatoria de 26 de octubre de 1995, en la cual se condenó a la pena de muerte por medio de inyección letal. El 10 de febrero de 1998 fue ejecutado. La Comisión determinó que la utilización del elemento de peligrosidad para sustentar la responsabilidad penal incumplió con el principio de legalidad, ya que dicha figura incorpora predicciones, especulaciones y constituye una expresión del derecho penal de autor, incompatible con la Convención Americana. Por otra parte, la Comisión concluyó que, la defensa común del señor Martínez y su co-procesado violó el derecho a contar con los medios adecuados para la preparación de la defensa y el derecho a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado. Además, la Comisión determinó la violación al derecho a la vida en virtud de que se aplicó la pena de muerte, pese a las violaciones al debido proceso indicadas con anterioridad. Finalmente, la Comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los artículos 4.1, 4.2, 8.1, 8.2.c), 8.2.e), 9 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención, en perjuicio de Manuel Martínez Coronado y solicitó diversas medidas de reparación. Por tanto, LA CORTE, DECLARA: Por unanimidad, que: 1. El Estado es responsable por la violación del principio de legalidad consagrado en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 y 2 de la Convención, y en violación de los artículos 4.1 y 4.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio de Manuel Martínez Coronado, en los términos de los párrafos 60 a 72 y 74 de la presente Sentencia. 2. El Estado es responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales, consagrado en los artículos 8.2.c) y 8.2.e) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de garantizar los derechos establecida en Página 111 de 600

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el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio de Manuel Martínez Coronado, en los términos de los párrafos 78 a 89 de la presente Sentencia. 3. El Estado no es responsable por la violación del derecho a la vida establecido en el artículo 4.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio Manuel Martínez Coronado, en los términos de los párrafos 73 y 74 de la presente Sentencia. Y DISPONE: Por unanimidad, que: 4. Esta Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación. 5. El Estado debe realizar las publicaciones indicadas en el párrafo 98 de la presente Sentencia. 6. El Estado debe pagar la cantidad fijada en el párrafo 114 de la presente Sentencia, por concepto de indemnización por daño inmaterial. 7. El Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso, en los términos del párrafo 117 de esta Sentencia. 8. El Estado, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, debe rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 99 de la presente Sentencia. 9. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Redactada en español en Montevideo, Uruguay, el 10 de mayo de 2019. Caso Villaseñor Velarde y otros Vs Guatemala. El caso sometido a la Corte.– El 15 de marzo de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la Corte el caso María Eugenia Villaseñor Velarde y otros contra la República de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”). De acuerdo con lo indicado por la Comisión, el caso se refiere a actos de amenaza e intimidación en contra de María Eugenia Villaseñor Velarde (en adelante también “señora Villaseñor” o “la Jueza”), sucedidos cuando ella fue jueza, durante la década de 1990 y hasta el año 2013, así como a la falta medidas de protección efectivas y acciones de investigación para esclarecer tales hechos e identificar y sancionar a las personas responsables. La Comisión sostuvo que los actos contra la señora Villaseñor se relacionaron con su calidad de jueza, y que los hechos del caso implicaron una afectación a principio de independencia judicial. Por tanto, LA CORTE, DECLARA: Por unanimidad, que: 1. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, receptados en los artículos 5.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de María Eugenia Villaseñor Velarde, en los términos de los párrafos 78 a 81, 83 a 96, 102, 110 a 118, 120 a 122 y 126 a 132 de la presente Sentencia. 2. El Estado no es responsable por la violación del derecho a la protección de la honra y de la dignidad, receptado en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio Página 112 de 600

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de la señora Villaseñor, en los términos de los párrafos 87, 135 a 139 de la presente Sentencia. 3. El Estado no es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y a la protección de la honra y de la dignidad, establecidos en los artículos 5.1 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente, en perjuicio de Beatriz Eugenia Villaseñor Velarde, Francis Villaseñor Velarde y Rosa Antonieta Villaseñor Velarde, en los términos de los párrafos 143 a 146 de la presente Sentencia. Y DISPONE: Por unanimidad, que: 4. Esta Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación. 5. El Estado debe realizar las publicaciones indicadas en el párrafo 157 de la presente Sentencia. 6. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en el párrafo 165 de la presente Sentencia, por concepto de indemnización por daño inmaterial. 7. El Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso, en los términos del párrafo 168 de esta Sentencia. 8. El Estado, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, debe rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 157 de la presente Sentencia. 9. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. El Juez Humberto Antonio Sierra Porto hizo conocer a la Corte su voto concurrente, el cual acompaña esta Sentencia. Redactada en español en San José, Costa Rica, el 5 de febrero de 2019. Caso Gutiérrez Hernández y otros Vs Guatemala. El 24 de agosto de 2017 la Corte emitió la Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas en el caso Gutiérrez Hernández y otros Vs. Guatemala la cual fue notificada a los representantes de las víctimas el 25 de septiembre de 2017. El 22 de diciembre de 2017 los representantes solicitaron una interpretación de la Sentencia. El 2 de febrero de 2018 la República de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”) sometió a la Corte sus observaciones a la solicitud de interpretación de la Sentencia planteada por los representantes. El 16 de febrero de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) remitió sus observaciones a la solicitud de interpretación de la Sentencia planteada por los representantes. Por tanto, LA CORTE, de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 31.3 y 68 del Reglamento, DECIDE: Por unanimidad, 1. Declarar admisible la solicitud de interpretación de la Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, emitida en el caso Gutiérrez Hernández y otros Vs. Guatemala, presentada por los Representantes. 2. Desestimar por improcedente la solicitud de interpretación de los representantes sobre la figura jurídica bajo la cual se encuadraría la desaparición de Mayra Gutiérrez, en los términos de los párrafos 15 a 22 de esta Sentencia de Interpretación. 3. Aclarar lo referente a la solicitud de los Página 113 de 600

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representantes en relación con la indemnización por concepto de daño inmaterial ordenado a favor de Mayra Angelina Gutiérrez Hernández, en los términos de los párrafos 26 y 27 de esta Sentencia de Interpretación. 4. Desestimar por improcedente la solicitud de interpretación planteada por los representantes sobre la medida de no repetición referida en el párrafo 210 de la Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas emitida en el caso Gutiérrez Hernández y otros Vs. Guatemala. 5. Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente Sentencia de interpretación a la República de Guatemala, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Corte IDH. Caso Gutiérrez Hernández y Otros Vs. Guatemala. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2018. Caso Coc Max y otros (masacre de Xaman) Vs Guatemala. El caso sometido a la Corte. – El 21 de septiembre de 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la Corte el caso Coc Max y otros (Masacre de Xamán) contra la República de Guatemala. De acuerdo con lo indicado por la Comisión, el caso se refiere a la presunta ejecución de una “masacre” por miembros de las Fuerzas Armadas de la República de Guatemala el 5 de octubre de 1995 en contra de 11 personas, incluyendo una niña y dos niños, que formaban parte de la población indígena q'eqchi', mam, q'anjob'al, ixil y k'iche, que ocupaba la finca Xamán tras haber estado “refugiada” en México. La Comisión expresó que en los mismos hechos 29 personas resultaron heridas, tres de las cuales murieron con posterioridad. Además, aunque 14 personas fueron condenadas, el caso trata sobre la alegada falta de una investigación independiente e imparcial que, en un plazo razonable, procurase lograr la sanción de todas las personas responsables. Por último, la Comisión determinó que los hechos afectaron también a 59 familiares de las personas muertas y heridas, y señaló que constituyeron una expresión de discriminación racial ejercida contra el pueblo maya durante el conflicto armado interno en Guatemala (en adelante también “el conflicto” o “el conflicto armado”). Los nombres de todas las personas aludidas se encuentran en el Anexo A de la presente Sentencia, que integra la misma. Por tanto, LA CORTE DECLARA, Por unanimidad, que: 1. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial contenidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las personas indicadas en el Anexo B.1 de la presente Sentencia, en los términos de sus párrafos 77 a 98. 2. El Estado es responsable por la violación del derecho a la vida, contenido en el artículo 4. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los derechos sin discriminación, establecida en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las personas indicadas en el Anexo B.2 de la presente Sentencia, en los términos de sus párrafos 104 a 107, 109 a 111 y 116 a 120. 3. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad Página 114 de 600

personal, contenido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los derechos sin discriminación establecida en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las personas indicadas en el Anexo B.3 de la presente Sentencia, en los términos de sus párrafos 104 a 106, 108 a 112 y 116 a 120, y en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio de las personas indicadas en el Anexo B.5 de la presente Sentencia, en los términos de sus párrafos 123 a 129. 4. El Estado es responsable por la violación del derecho a la vida, contenido en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con su artículos 19 y con la obligación de respetar los derechos sin discriminación, establecida en el artículo 1.1 de la misma Convención, en perjuicio de la niña y los niños indicados en el Anexo B.4 de la presente Sentencia, en los términos de sus párrafos 104 a 107, 109 a 111, 113 y 115 a 120. 5. El Estado no es responsable por la violación del derecho a la propiedad privada, contenido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 133 a 135 de la presente Sentencia. 6. El Estado no es responsable por la violación del derecho a la igualdad ante la ley, contenido en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 105 y 140 a 142 de la presente Sentencia. Y DISPONE: Por unanimidad, que: 7. Esta Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación. 8. El Estado deber adoptar las medidas necesarias para continuar la investigación sobre los hechos, de conformidad con lo establecido en el párrafo 152 de la presente Sentencia. 9. El Estado debe brindar el tratamiento psiquiátrico o psicológico a las víctimas nombradas en los Anexos B.3 y B.5 de la presente Sentencia que así lo soliciten, en los términos de los párrafos 155 y 156 de la presente Sentencia. 10. El Estado debe realizar las publicaciones indicadas en el párrafo 158 de esta sentencia, de conformidad con lo establecido en dicho párrafo. 11. El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con los hechos de este caso, en los términos del párrafo 163 de esta Sentencia. 12. El Estado debe establecer un Centro de Salud ubicado en la Comunidad “Aurora 8 de Octubre”, en los términos del párrafo 167 de la presente Sentencia. 13. El Estado debe ampliar y asfaltar la carretera que se dirige de la autopista denominada Franja Transversal del Norte hacia el interior de la Comunidad “Aurora 8 de Octubre”, en los términos del párrafo 171 de la presente Sentencia. 14. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 186, 190 y 195 de la presente Sentencia por daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos. Esos pagos deben efectuarse en los términos de los párrafos 196 a 200 de esta Sentencia. 15. El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. 16. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Página 115 de 600

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Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Coc Max y otros (Masacre de Xamán) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Redactada en español en Ciudad de San José, Costa Rica, el 22 de agosto de 2018. Caso Ramirez Escobar y otros Vs Guatemala. El caso sometido a la Corte. – El 12 de febrero de 2016, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana y el artículo 35 del Reglamento de la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el caso Hermanos Ramírez y familia contra la República de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”). De acuerdo a la Comisión, el caso se relaciona con la adopción internacional, mediante trámite notarial, de los niños Osmín Ricardo Tobar Ramírez y J.R.1, de siete y dos años de edad respectivamente, en el mes de junio de 1998, tras la institucionalización de los dos hermanos desde el 9 de enero de 1997 y la posterior declaratoria de un supuesto estado de abandono. La Comisión determinó que, tanto la decisión inicial de institucionalización como la declaratoria judicial del estado de abandono, no cumplieron con las obligaciones sustantivas y procesales mínimas para poder ser consideradas acordes con la Convención Americana. Las presuntas víctimas en este caso son Osmín Ricardo Tobar Ramírez y sus padres biológicos, Flor de María Ramírez Escobar y Gustavo Tobar Fajardo. El carácter de presunta víctima de J.R. y su participación en el presente caso se examina y determina en el capítulo V de esta Sentencia. Por tanto, LA CORTE DECIDE, Por unanimidad, 1. Aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 27 a 37 de esta Sentencia. DECLARA, Por unanimidad, que 2. El Estado es responsable por la violación de la prohibición de injerencias arbitrarias en la vida familiar, las garantías judiciales y el derecho a la protección de la familia, reconocidos en los artículos 8.1, 11.2 y 17.1 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, en perjuicio de Flor de María Ramírez Escobar, Gustavo Tobar Fajardo y Osmín Tobar Ramírez, así como en relación con el artículo 19 del mismo instrumento en perjuicio de este último, en los términos de los párrafos 161 a 196 y 201 a 243 de esta Sentencia. 3. El Estado es responsable por la violación al derecho a la protección judicial, reconocido en el artículo 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1, 11.2 y 17.1 de la misma, en perjuicio de Flor de María Ramírez Escobar, Gustavo Tobar Fajardo y Osmín Tobar Ramírez, así como en relación con el artículo 19 del mismo instrumento en perjuicio de este último, en los términos de los párrafos 248 a 256 de esta Sentencia. 4. El Estado es responsable de la violación de la garantía judicial de plazo razonable, reconocida en el artículo 8.1 de la Convención, en relación con los artículos 1.1, 11.2 y 17.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Flor de María Ramírez Escobar, Gustavo Tobar Fajardo y Osmín Tobar Ramírez, así como en relación con el artículo 19 de la misma en perjuicio de este último, en los términos de los párrafos 257 a 263 de esta Sentencia. 5. El Estado es responsable por la violación de la prohibición de discriminación en relación con la obligación de Página 116 de 600

respetar y garantizar los derechos a la vida familiar y a la protección de la familia, reconocidos en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Flor de María Ramírez Escobar, Gustavo Tobar Fajardo y Osmín Tobar Ramírez, así como en relación con el artículo 19 de la Convención en perjuicio de este último, en los términos de los párrafos 266 a 304 de esta Sentencia. 6. El Estado es responsable por la falta de investigación de las irregularidades cometidas en el proceso de separación de la familia Ramírez y las posteriores adopciones internacionales, en violación del derecho a acceso a la justicia, derivado de una interpretación conjunta de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Flor de María Ramírez Escobar, Gustavo Tobar Fajardo y Osmín Tobar Ramírez, en los términos de los párrafos 318 a 322 de esta Sentencia. 7. El Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad personal, reconocido en el artículo 7.1 de la Convención, en relación con los artículos 11.2, 17.1, 19, 1.1 y 2 del mismo tratado, en perjuicio de Osmín Tobar Ramírez, en los términos de los párrafos 326 a 357 de esta Sentencia. 8. El Estado es responsable por la violación del derecho a la identidad y el derecho al nombre, reconocido en el artículo 18 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 y 19 del mismo tratado, en perjuicio de Osmín Tobar Ramírez, en los términos de los párrafos 359 a 362 de esta Sentencia. 9. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Flor de María Ramírez Escobar, Gustavo Tobar Fajardo y Osmín Tobar Ramírez, así como en relación con el artículo 19 de la Convención en perjuicio de este último, en los términos de los párrafos 365 a 369 de esta Sentencia. Y DISPONE, Por unanimidad, que: 10. Esta Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación. 11. El Estado debe adoptar todas las medidas necesarias y adecuadas para facilitar y contribuir a una restitución de los vínculos familiares entre Osmín Tobar Ramírez y sus padres, incluyendo brindar el tratamiento psicológico, psiquiátrico y apoyo terapéutico que requieran las víctimas y becas para el estudio de los idiomas inglés y español, así como deberá hacer un esfuerzo serio, multidisciplinario y de oficio por iniciar, propiciar y, en su caso, continuar una vinculación de Flor de María Ramírez Escobar y Osmín Tobar Ramírez con J.R., de conformidad con lo establecido en los párrafos 379 a 385 de esta Sentencia. 12. El Estado debe adoptar, de oficio, todas las medidas adecuadas y necesarias para modificar la partida de nacimiento de Osmín Tobar Ramírez, de manera que se le restituyan los vínculos legales familiares y demás derechos surgidos al momento de su nacimiento, así como el nombre y apellido y otros datos personales, de conformidad con los párrafos 388 a 390 de esta Sentencia. 13. El Estado debe iniciar y conducir eficazmente las investigaciones penales, administrativas y disciplinarias que correspondan por los hechos de este caso y, en su caso, determinar y sancionar a los responsables, de conformidad con lo establecido en los párrafos 394 y 395 de esta Sentencia. 14. El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de Página 117 de 600

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responsabilidad internacional, de conformidad con lo establecido en el párrafo 398 de esta Sentencia. 15. El Estado debe realizar un documental sobre los hechos del presente caso, el contexto en el cual se desarrollaron y las violaciones encontradas en la Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 401 de esta Sentencia. 16. El Estado debe realizar las publicaciones indicadas en el párrafo 402 de esta Sentencia, de conformidad con lo establecido en dicho párrafo y los párrafos 403 y 404 de este Fallo. 17. El Estado debe adoptar las medidas necesarias para crear e implementar un programa nacional efectivo para garantizar una adecuada supervisión, fiscalización y control de la institucionalización de niñas y niños, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el párrafo 408 de esta Sentencia. 18. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 416, 420 y 426 de la presente Sentencia, por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos, en los términos de los referidos párrafos y de los párrafos 430 a 435 de esta Sentencia. 19. El Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso, en los términos de lo establecido en los párrafos 427 a 429 y 435 de esta Sentencia. 20. El Estado debe rendir al Tribunal un informe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. 21. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Corte IDH. Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 9 de marzo de 2018. Caso miembros de aldea chichupac y comunidades vecinas del municipio de Rabinal Vs Guatemala. 1. El caso sometido a la Corte. – El 5 de agosto de 2014, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana y el artículo 35 del Reglamento de la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisiòn Interamericana” o “la Comisiòn”) sometiò a la jurisdicciòn de la Corte Interamericana el caso Miembros de la Aldea de Chichupac y Comunidades Vecinas del Municipio de Rabinal contra el Estado de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”). El caso se refiere a la presunta ejecución de una masacre en la aldea Chichupac el 8 de enero de 1982, así como a alegadas ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, omisiones de auxilio, detenciones ilegales, desplazamiento forzado y trabajos forzados “cometid[o]s en perjuicio de los indígenas maya achí de la aldea Chichupac y comunidades vecinas […] del municipio de Rabinal, a través de una serie de actos entre 1981 y 1986”. Según la Comisión, los hechos del caso se enmarcan “dentro de una política de Estado, con fundamento en la doctrina de seguridad nacional y el concepto de enemigo interno, destinada a eliminar la supuesta base social de grupos insurgentes de la época”. Adicionalmente, el caso versa Página 118 de 600

sobre la alegada falta de esclarecimiento judicial de los hechos, sanción de todos los responsables y reparación de las presuntas víctimas, así como sobre el presunto genocidio contra el pueblo indígena maya en Guatemala. 2. Trámite ante la Comisión. – El trámite ante la Comisión fue el siguiente: a) Petición. – La petición inicial ante la Comisión fue presentada el 13 de diciembre de 2007 por la Asociación Bufete Jurídico Popular. b) Informe de Admisibilidad. - El 1 de noviembre de 2010 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 144/10 c) Informe de Fondo. – El 2 de abril de 2014 la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 6/14 conforme al artículo 50 de la Convenciòn (en adelante “el Informe de Fondo”), en el cual llegó a una serie de conclusiones y formuló varias recomendaciones al Estado: Conclusiones. - La Comisión concluyó que el Estado era responsable por la violación de los derechos establecidos en los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 y 25 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento; del artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de las presuntas víctimas del presente caso. Recomendaciones. - En consecuencia, la Comisión hizo al Estado las siguientes recomendaciones: 1. Reparar adecuadamente en el ámbito individual y colectivo las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe en el aspecto material, moral y cultural, incluyendo una justa compensación, el establecimiento y difusión de la verdad histórica de los hechos, la recuperación de la memoria de las víctimas fallecidas y desaparecidas, la implementación de un programa de atención psicosocial culturalmente adecuado a los sobrevivientes y familiares de las víctimas ejecutadas y desaparecidas. Las reparaciones de carácter colectivo deberán ser plenamente consensuadas con los sobrevivientes de la aldea Chichupac y comunidades vecinas con la finalidad de reestablecer su vida comunitaria como parte del pueblo maya achí, y el particular vínculo con sus tierras. 2. Establecer un mecanismo que permita en la mayor medida posible, la identificación completa de las víctimas ejecutadas en el presente caso y proveer lo necesario para dar continuidad a la identificación y devolución de los restos mortales de dichas víctimas. 3. Establecer un mecanismo que permita la determinación de las personas desaparecidas en las masacres, así como respecto de las sobrevivientes de las mismas. 4. Localizar y entregar a la familia los restos mortales de las víctimas desaparecidas. 5. Establecer un mecanismo que facilite la identificación completa de los familiares de las víctimas ejecutadas y desaparecidas, de manera que puedan ser beneficiarios de las reparaciones. 6. Llevar a cabo, concluir y reabrir, según corresponda, los procedimientos internos relacionados con las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe y conducir las investigaciones de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer hechos en forma completa, identificar a los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones que correspondan. 7. Fortalecer Página 119 de 600

la capacidad del poder judicial de investigar de forma adecuada y eficiente los hechos y sancionar a los responsables incluso con los recursos materiales y técnicos necesarios para asegurar el correcto desarrollo de los procesos. 8. Disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que han contribuido a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso o que participaron en medidas para obstaculizar los procesos destinados a identificar y sancionar a los responsables. 9. Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, conforme al deber de prevención y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana. En particular, implementar programas permanentes de derechos humanos y derecho internacional humanitario en las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas. d) Notificación al Estado. - El Informe de Fondo fue notificado al Estado el 5 de mayo de 2014, otorgándosele un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Guatemala presentó un informe mediante el cual “indicó en términos generales la existencia del Programa Nacional de Resarcimiento y el funcionamiento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, sin precisar los mecanismos concretos implementados para reparar a las víctimas, sobrevivientes y familiares del presente caso, así como lograr la identificación de los restos mortales. […I]ndicó que las [investigaciones] continuarían e invocó la Ley de Reconciliación Nacional, precisando que el Estado no puede desconocer el marco normativo interno. [Según la Comisión, e]l Estado no solicitó una pròrroga para cumplir con las recomendaciones”. e) Sometimiento a la Corte. – El 5 de agosto de 2014 la Comisión sometió el caso a la Corte “por la necesidad de obtención de justicia […] ante la falta de cumplimiento de las recomendaciones”. Designó como delegados al Comisionado James Cavallaro y al entonces Secretario Ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza L., y como asesores legales a Elizabeth AbiMershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y a Silvia Serrano Guzmán y Erick Acuña Pereda, abogados de la Secretaría Ejecutiva. 341. Por tanto, LA CORTE DECIDE, Por unanimidad, 1. Acoger parcialmente la excepción preliminar de falta de competencia ratione temporis interpuesta por el Estado, en los términos de los párrafos 18 a 24 de esta Sentencia. 2. Desestimar la excepción preliminar de falta de competencia de la Corte para conocer sobre alegadas violaciones de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en los términos del párrafo 29 de esta Sentencia. 3. Desestimar la excepción preliminar de falta de competencia de la Corte para conocer sobre el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en los términos del párrafo 30 de esta Sentencia. 4. Desestimar la excepción preliminar de falta de competencia de la Corte para declarar violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en los términos del párrafo 31 de esta Sentencia. 5. Desestimar la excepción preliminar interpuesta por el Estado en cuanto a la falta de competencia de la Corte para pronunciarse sobre delitos, en los términos del párrafo Página 120 de 600

35 de esta Sentencia. 6. Desestimar la excepción preliminar interpuesta por el Estado en cuanto a la alegada falta de competencia de la Corte para pronunciarse sobre la invalidez de la amnistía guatemalteca, en los términos del párrafo 39 de esta Sentencia. 7. Desestimar la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos, en los términos de los párrafos 43 a 47 de esta Sentencia. 8. Desestimar la excepción preliminar de “carencia de la facultad para presentar otra reclamaciòn por los mismos hechos”, en los términos del párrafo 50 de esta Sentencia. 9. Aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por Estado, en los términos de los párrafos 54 a 58 de esta Sentencia. DECLARA, Por unanimidad, que 10. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, integridad personal, vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica, reconocidos en los artículos 7, 5.1 y 5.2, 4.1 y 3 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento y en relación con lo dispuesto en el artículo I.a) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de las 22 víctimas de desaparición forzada que se identifican en el Anexo I de esta Sentencia, en los términos de los párrafos 131 a 160 de la misma. 11. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad psíquica y moral y a la protección a la familia, establecidos en los artículos 5.1 y 17.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de las 22 víctimas de desaparición forzada, identificadas en el Anexo I de esta Sentencia, en los términos de los párrafos 161 a 166 de la misma. 12. El Estado es responsable por la violación del derecho a la circulación y residencia establecido en el artículo 22.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las personas listadas en el Anexo II de esta Sentencia, en los términos de los párrafos 172 a 203 de esta Sentencia. 13. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías y la protección judiciales reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, así como por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como el artículo I.b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y el artículo 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer a partir del momento en que estas entraron en vigor en Guatemala. Todo ello, en perjuicio de las víctimas del presente caso o sus familiares, en sus respectivas circunstancias, en los términos de los párrafos 210 a 265 de esta Sentencia. Además, el Estado violó el derecho de los familiares de las víctimas desaparecidas a conocer la verdad, en los términos de los párrafos 259 y 261 de esta Sentencia. 14. El Estado no es responsable de la violación del artículo 12 de la Convención Americana, en los términos del párrafo 204 de esta Sentencia. 15. El Estado no es responsable de la violación del artículo 16 de la Convención Americana, en los términos del párrafo 205 de esta Sentencia. 16. El Estado no es responsable de la violación del artículo 24 de la Página 121 de 600

Convención Americana, en los términos del párrafo 258 de esta Sentencia. Y DISPONE, por unanimidad que: 17. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación. 18. El Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantienen la impunidad en este caso, e iniciar, continuar, impulsar y reabrir las investigaciones que sean necesarias para determinar y, en su caso, sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos objeto del presente caso. Todo ello en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, en los términos de los párrafos 285 a 289 de esta Sentencia. 19. El Estado debe realizar o continuar, de manera sistemática, rigurosa y con los recursos humanos y económicos adecuados, las acciones necesarias tanto para determinar el paradero de los miembros de la aldea de Chichupac y comunidades vecinas desaparecidos forzadamente, así como localizar, exhumar e identificar a las personas fallecidas, en los términos de los párrafos 292 a 297 de esta Sentencia. 20. El Estado debe brindar tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico a las víctimas del presente caso, en los términos de los párrafos 302 a 304 de esta Sentencia. 21. El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso, en los términos del párrafo 306 de esta Sentencia. 22. El Estado debe realizar las publicaciones indicadas en el párrafo 309 de la presente Sentencia. 23. El Estado debe incluir formación en derechos humanos y derecho internacional humanitario de forma permanente en el pensum de los diferentes centros de formación, profesionalización vocacional y capacitación del Ejército de Guatemala, en los términos de los párrafos 312 y 313 de esta Sentencia. 24. El Estado debe diseñar e implementar, en los pensum permanentes de formación de la carrera judicial y de la carrera fiscal, respectivamente, programas de educación en derechos humanos y derecho internacional humanitario, en los términos de los párrafos 316 a 318 de esta Sentencia. 25. El Estado debe incorporar al currículo del Sistema Educativo Nacional, en todos sus niveles, un programa de educación cuyo contenido refleje la naturaleza pluricultural y multilingüe de la sociedad guatemalteca, impulsando el respeto y el conocimiento de las diversas culturas indígenas, incluyendo sus cosmovisiones, historias, lenguas, conocimientos, valores, culturas, prácticas y formas de vida, en los términos del párrafo 319 de esta Sentencia. 26. El Estado debe fortalecer los organismos existentes o los que vaya a crear con el fin de erradicar la discriminación racial y étnica, en los términos del párrafo 320 de esta Sentencia. 27. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 327 y 334 de la presente Sentencia, por concepto de indemnizaciones por daño material e inmaterial, y por el reintegro de costas y gastos, en los términos de los referidos párrafos y de los párrafos 324 a 328, y 331 a 340 de este Fallo. 28. El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. 29. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de este Fallo, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, y dará por concluido Página 122 de 600

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el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el mismo. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Miembros de la Aldea Chichupac y Comunidades Vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs Guatemala. 1. El caso sometido a la Corte. – El 19 de agosto de 2014, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana y el artículo 35 del Reglamento de la Corte, la Comisiòn Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisiòn Interamericana” o “la Comisiòn”) sometiò a la jurisdicciòn de la Corte Interamericana el caso Chinchilla Sandoval y otros contra la República de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”). De acuerdo con la Comisiòn, el caso se relaciona con alegadas violaciones de derechos humanos de la señora María Inés Chinchilla Sandoval (en adelante “la señora Chinchilla” o “la señora Chinchilla Sandoval”) como resultado de una multiplicidad de acciones y omisiones que terminaron con su muerte, todo mientras se encontraba privada de libertad cumpliendo una condena penal en el Centro de Orientación Femenina (COF). Sostuvo la Comisión que en esa situación el Estado tenía una posición especial de garante de sus derechos a la vida e integridad, a pesar de lo cual no habría realizado diagnósticos completos para determinar la totalidad de las enfermedades que padecía, así como las necesidades específicas del tratamiento correspondiente. Afirmó que, frente a su condición de diabetes, el Estado no habría garantizado los controles periódicos, equipo y medicinas especializados, ni la provisión de una dieta y cuidados constantes necesarios y que, por el contrario, la señora Chinchilla Sandoval se proveía de sus propios medicamentos y alimentos dependiendo de sus posibilidades o las de sus familiares. Dicha situación habría tenido como consecuencia el agravamiento de sus enfermedades y la amputación de una de sus piernas, entre otros padecimientos. Asimismo, fue alegado que, ante las obligaciones especiales que impondría su situación de persona con discapacidad, el Estado no le habría provisto de condiciones de detención adecuadas para garantizar sus derechos, teniendo en cuenta que se desplazaba en una silla de ruedas, entre otras circunstancias derivadas de su situación, y que el día de su muerte, tras una caída de su silla de ruedas, no habría recibido atención médica adecuada ni el tratamiento hospitalario requerido en circunstancias de emergencia. A su vez, fue alegado que, a pesar de haber recibido información consistente y periódica sobre la situación de salud de la señora Chinchilla y su impacto en su vida e integridad, a través de las solicitudes de autorización para acudir a citas médicas y de cuatro incidentes de libertad anticipada, el juez de ejecución de la pena no brindó protección judicial en relación con las diversas afectaciones que sufría la presunta víctima. Por último, se alegó que el Estado no realizó una investigación efectiva de su muerte, afectando los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de sus cuatro hijos, a saber: Marta María Gantenbein Chinchilla, Luz de María Juárez Chinchilla, Luis Mariano Juárez Chinchilla y otra hija no identificada. 2. Trámite Página 123 de 600

ante la Comisión. – El trámite ante la Comisión fue el siguiente: a) Petición. - El 23 de marzo de 2005 la organización no gubernamental “Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala” presentó, a través de su representante legal Alejandro Rodríguez Barillas, la petición inicial ante la Comisión (abierta bajo el No. 321/05). b) Informe de admisibilidad. - El 13 de noviembre de 2009 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 136/09. c) Informe de Fondo. - El 2 de abril de 2014 la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 7/14, de conformidad con el artículo 50 de la Convenciòn (en adelante también “el Informe de Fondo” o “el Informe No. 7/14”), en el cual llegò a una serie de conclusiones y formuló varias recomendaciones al Estado: a. Conclusiones. – La Comisión concluyó que el Estado era responsable por: la violación del derecho a la vida consagrado en el artículo 4(1) de la Convención Americana en conexión con el artículo 1(1) del mismo instrumento en perjuicio de la señora María Inés Chinchilla Sandoval. la violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5(1) de la Convención Americana en conexión con el artículo 1(1) del mismo instrumento en perjuicio de la señora María Inés Chinchilla Sandoval. la violación de las garantías judiciales y la protección judicial consagradas en los artículos 8(1) y 25 de la Convención Americana en conexión con el artículo 1(1) y 2 del mismo instrumento en perjuicio de la señora María Inés Chinchilla Sandoval y sus familiares. b. Recomendaciones. - La Comisión recomendó al Estado: 1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe, incluyendo tanto en el aspecto material como moral. 2. Desarrollar y completar una investigación imparcial, completa y efectiva, de manera expedita, con el objeto establecer las responsabilidades penales o de otra índole por las violaciones establecidas en el presente informe. 3. Adoptar medidas de no repetición que incluyan: i) la garantía del acceso médico adecuado y oportuno en el Centro de Orientación Femenino; ii) la garantía de las condiciones adecuadas de privación de libertad para las personas con discapacidad en el Centro de Orientación Femenino, conforme a los estándares descritos en el presente informe; iii) el fortalecimiento institucional y la capacitación de las autoridades judiciales a cargo de la ejecución de las penas, a fin de que cumplan efectivamente con su rol de garantes de los derechos de las personas privadas de libertad; y iv) la regulación de un recurso judicial rápido y efectivo que permita obtener protección a los derechos a la vida e integridad personal, frente a las necesidades de salud de las personas privadas de libertad. d) Notificación al Estado. – El Informe de Fondo fue notificado al Estado el 19 de mayo de 2014, otorgándosele un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El Estado remitió un informe en el que indicó que no incurrió en las violaciones a la Convención Americana declaradas en el Informe de fondo, por lo que alegó que no corresponde disponer de medidas de reparación a favor de la señora Chinchilla. 3. Sometimiento a la Corte. - El 19 de agosto de 2014 la Comisión sometió el presente caso a la Corte por “la necesidad de obtenciòn de justicia para la [presunta] víctima”. 4. Solicitudes de la Comisión Interamericana. – Con base en lo anterior, Página 124 de 600

la Comisión solicitó a este Tribunal que concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos anteriormente indicados en las conclusiones de su Informe de Fondo y que ordene al Estado las medidas de reparación señaladas en las recomendaciones de dicho Informe (supra párr. 2). V. CONCLUSIONES 69. El caso de la señora María Inés Chinchilla es, en muchos aspectos, importante para el desarrollo jurisprudencial de este Tribunal Interamericano, al ser la primera ocasión que la Corte IDH desarrolla el concepto de accesibilidad de una persona con discapacidad, haciendo alusión a los ajustes razonables para las personas con discapacidad. Por otro lado, independientemente de su vasta jurisprudencia sobre las condiciones carcelarias y las obligaciones de prevención, también ha sido la primera vez que el Tribunal Interamericano se ha tenido que pronunciar sobre estas condiciones en relación a una persona con discapacidad. Sin embargo, como he manifestado en el desarrollo del presente voto, un tema ausente, y que sin lugar a dudas es la fuente de las violaciones en el presente caso, ha sido el tema relacionado con la falta de atención médica adecuada antes y después de que se le amputara la pierna, hasta su muerte en el 2004. 70. Si bien coincido con el criterio que ha desarrollado la Corte IDH en precedentes anteriores, relativo a que, tanto el derecho a la vida como a la integridad personal, se encuentran directa e inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana, considero que no es apropiado seguir subsumiendo un derecho que resulta de vital importancia en la región, como lo es el “derecho a la salud”. Pese a que la Sentencia no hace mención explícita a la expresión derecho a la salud (véase supra. párr. 7 del presente voto), la atención a la salud es una de las facetas de este derecho que, con independencia de la enunciación expresa, constituye una violación autónoma; máxime si tomamos en consideración que no es la primera vez que este Tribunal Interamericano tiene bajo su conocimiento un caso que se ha relacionado directamente con el derecho a la salud y en donde se ha pronunciado —de manera indirecta— en torno a este derecho. En el caso que nos ocupa, el análisis del “derecho a la salud” como derecho autónomo hubiera permitido evaluar con mayor profundidad las temáticas asociadas a las condiciones en las cuales se debe brindar el servicio médico cuando una persona sea privada de la libertad, especialmente de una persona con discapacidad. 71. Sin negar los avances realizados hasta el momento por la Corte IDH en la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales por la vía indirecta y en conexión con otros derechos civiles y políticos —que ha sido la práctica de este Tribunal Interamericano—; y como he venido manifestado en varias sentencias anteriores, esta concepción no otorga una eficacia y efectividad plena de esos derechos, desnaturaliza su esencia, no abona al esclarecimiento de las obligaciones estatales sobre la materia y, en definitiva, provoca traslapes entre derechos; lo que lleva a confusiones normativas de todos los derechos conforme a los evidentes avances que se advierten en los ámbitos nacional y en el derecho internacional de los derechos humanos. 72. Bajo esa óptica es que la presente Sentencia es de suma relevancia. En Página 125 de 600

primer lugar, las personas privadas de la libertad tienen derecho a cumplir su condena en condiciones que les garanticen una detención digna; esto no solamente implica las condiciones físicas del lugar, sino que al mismo tiempo impone a los Estados la adopción de aquellas medidas positivas para garantizar una amplia gama de derechos económicos, sociales y culturales que, infortunadamente, no han sido priorizados. En lo referente al “derecho a la salud” de las personas privadas de la libertad, la atención médica adecuada y oportuna juega un rol fundamental para prevenir mayores afectaciones a las condiciones de detención. Sin detrimento de lo anterior, los estándares vertidos, así como las limitaciones sobre el derecho a la salud, tienen un impacto directo sobre aquellas personas que se ven privadas de la libertad, pero que por alguna circunstancia han sido objeto de alguna limitación física al ingresar al centro de detención o bien, por factores internos o externos, se les genere alguna discapacidad durante el transcurso de su privación de la libertad. 73. La situación de María Inés Chinchilla es uno de muchos casos que existen en nuestra región latinoamericana y un claro ejemplo de cómo a las personas con discapacidad privadas de la libertad, en muchas ocasiones, se les niegan los derechos más elementales como seres humanos. La adopción de medidas de accesibilidad y de ajustes razonables, a los que hace alusión la Corte IDH en esta Sentencia, son una forma de reivindicar y visibilizar la situación de las personas que se encuentran cumpliendo una pena y que son objeto de alguna discapacidad. 74. La adopción de ajustes razonables en la jurisprudencia internacional sobre las condiciones de salud de las personas con discapacidad dentro de prisiones, ha sido un especial foco de atención en años recientes. No obstante, en casos en los que una persona, derivado de falta de garantía a un derecho tan importante como lo es el derecho a la salud, llegara a encontrarse en una situación de limitación física causada por una enfermedad, el derecho a la salud podría derivar en una doble violación: en primer lugar, el deber de asegurar que esa persona con discapacidad siga disfrutando del más alto nivel posible de salud y, por otro, la falta de garantía del derecho a la salud que originó esa discapacidad. 75. Para las personas privadas de la libertad con discapacidad originada por enfermedades que pueden ser tratadas y controladas, el derecho a la salud implica una obligación reforzada de protección; no sólo en el sentido de garantizar la accesibilidad en los edificios, tal como dispone la CDPD, sino que los ajustes razonables tienen que ser orientados a garantizar el disfrute del derecho a la salud en todas sus dimensiones. 76. Bajo esta línea, la garantía del derecho a la salud tiene, en esencia, un carácter preventivo para que las condiciones de vida de las personas no se agraven. Así, por ejemplo, la Observación General No. 14 del Comité DESC resalta que el derecho al tratamiento de la salud comprende la creación de un sistema de atención médica urgente en los casos de peligro a la salud, inclusive dentro de los centros de detención. En estos supuestos, la creación de Protocolos de atención y actuación para impartir justicia son de vital importancia, en especial, para grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad, que requieren Página 126 de 600

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una atención de las autoridades de excepcional diligencia. 77. En suma, el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad — con o sin alguna discapacidad—, es un derecho que puede (y diebiera) ser exigible de manera autónoma ante este Tribunal Internacional de Derechos Humanos a través de una interpretación sistemática y evolutiva del artículo 26 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1, 2 y 29 del mismo Pacto; teniendo además en consideración para el caso concreto que Guatemala reconoce dicho derecho en los artículos 93 y 94 de su Constitución. Esta visión hubiese otorgado la posibilidad de establecer estándares más claros en la accesibilidad, los ajustes razonables y la protección del derecho a la salud de las personas con discapacidad privadas de la libertad. 78. Mantengo la firme convicción de que un paso hacia adelante en esa dirección —que confiamos suceda muy pronto—, permitiría establecer y configurar obligaciones concretas a los Estados que deriven de la naturaleza propia de este derecho. Al garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad se estaría previniendo, en otros casos análogos, el progresivo deterioro de la salud por enfermedades que, eventualmente, pudieran derivar en la muerte de personas que estén cumpliendo una pena privativa de la libertad en nuestra región. Caso Maldonado Ordoñez Vs Guatemala. 1. El caso sometido a la Corte. – El 3 de diciembre de 2014, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana y el artículo 35 del Reglamento de la Corte, la Comisiòn Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisiòn Interamericana” o “la Comisiòn”) sometiò a la Corte el caso Olga Yolanda Maldonado Ordoñez contra Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”). El caso se relaciona con un procedimiento administrativo que dio lugar a la destitución de la señora Olga Yolanda Maldonado Ordoñez (en adelante “la señora Maldonado”), quien se desempeñaba como funcionaria de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala. De acuerdo con la Comisión, aunque el marco normativo aplicable otorgaba competencia al Procurador de los Derechos Humanos para llevar a cabo el procedimiento de destitución, la manera en que se notificaron las supuestas causales en las que habría incurrido la señora Maldonado le dificultó a ésta entender cuál era el objetivo del procedimiento que se abrió en su contra, por lo que habría ejercido su derecho a la defensa sin contar con la información mínima necesaria. Asimismo, la Comisión concluyó que el acto mediante el cual fue destituida la señora Maldonado fue emitido en violación del deber de motivación, del principio de legalidad y del principio de presunción de inocencia. 2. Trámite ante la Comisión. – El trámite del caso ante la Comisión Interamericana fue el siguiente: a) Petición. – El 15 de julio de 2002 la Comisión Interamericana recibió la petición inicial presentada por Olga Yolanda Maldonado Ordoñez y los abogados Alejandro Sánchez y Jorge Raúl Rodríguez Ovalle. b) Informe de Admisibilidad. – El 11 de marzo de 2004 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 36/04 (en adelante “Informe de Admisibilidad”). c) Informe de Fondo. - El 17 de julio de 2014 la Comisión emitió el Informe de Fondo No. 42/14, de conformidad con el artículo 50 de la Página 127 de 600

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Convención Americana (en adelante “Informe de Fondo”). i) Conclusiones.- La Comisión concluyó que el Estado era responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, principio de legalidad y protección judicial establecidos en los artículos 8.1, 8.2, 9 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento internacional, en perjuicio de la señora Maldonado. ii) Recomendaciones.– En consecuencia, la Comisión recomendó al Estado lo siguiente: 1. Reparar integralmente a la señora Maldonado por las violaciones declaradas en [el] Informe, incluyendo tanto el aspecto material como moral. 2. Eliminar todos los efectos de la sanción impuesta a la señora Maldonado, incluyendo los antecedentes disciplinarios que hubieren en su perjuicio. 3. Adoptar medidas de no repetición a fin de asegurar que los funcionarios públicos de cargos similares al de la [presunta] víctima del presente caso, tengan claridad y cuenten con recursos efectivos frente a procedimientos y sanciones disciplinarias en su contra. d) Notificación al Estado. – El Informe de Fondo fue notificado al Estado mediante comunicación de 3 de septiembre de 2014, en la que se le otorgaba un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El Estado remitió un escrito el 3 de noviembre de 2014 mediante el cual rechazó las conclusiones del Informe de Fondo e indicó que no procedía otorgar ningún tipo de reparación a la señora Maldonado. 3. Sometimiento a la Corte. - El 3 de diciembre de 2014 la Comisión sometió a la jurisdicciòn de la Corte, “por la necesidad de obtenciòn de justicia”, la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de Fondo. 4. Solicitudes de la Comisión Interamericana. – Con base en lo anterior, la Comisión Interamericana solicitó a este Tribunal que concluyera y declarara la responsabilidad internacional de Guatemala por las violaciones contenidas en el Informe de Fondo y que se ordenara al Estado, como medidas de reparación, las recomendaciones incluidas en dicho Informe (supra párr. 2). VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO MALDONADO ORDOÑEZ VS. GUATEMALA SENTENCIA DE 3 DE MAYO DE 2016 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas) D. Conclusión 17. La correcta aplicación de las garantías contenidas en el artículo 8.2 de la Convención Americana en procesos que no son de naturaleza penal, necesariamente debe tomar en consideración la naturaleza del proceso que está bajo análisis y, a ese respecto, debe restringirse, prima facie, a procesos de naturaleza sancionatoria en los que exista la necesidad de restringir el ejercicio poder punitivo estatal. 18. Las garantías previstas en el art. 8.2 se deben aplicar en su totalidad cuando se trata de procesos penales, su extensión a otros procesos de carácter sancionatorio dependerá de las peculiaridades del caso examinado por la Corte. A este respecto no son aplicables todas las garantías previstas en el precepto convencional, ni tienen el mismo alcance en cualquier proceso de naturaleza sancionatoria. Caso Velasquez Paiz y otros Vs Guatemala. 1. El caso sometido a la Corte.– El 5 de marzo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisiòn Interamericana” o “la Página 128 de 600

Comisiòn”) sometió el caso ante la jurisdicciòn de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “el Tribunal”) contra la República de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”). Según la Comisión, el caso se refiere a la presunta responsabilidad del Estado por el incumplimiento del deber de protección de la vida e integridad personal de Claudina Isabel Velásquez Paiz. En cuanto a los hechos, la Comisión señaló que, debido a que la presunta víctima no llegó a casa el 12 de agosto de 2005, sus padres, Jorge Rolando Velásquez Durán y Elsa Claudina Paiz Vidal, acudieron a denunciar su desaparición. Ello no fue posible pues se les habría indicado que era necesario esperar 24 horas para denunciar el hecho. A pesar del conocimiento por parte de las autoridades estatales de la existencia de un contexto de violencia contra las mujeres que la ubicaba en una clara situación de riesgo inminente, el Estado no adoptó medidas inmediatas y exhaustivas de búsqueda y protección a su favor durante las primeras horas tras tener conocimiento de la desaparición. El cuerpo sin vida de la presunta víctima fue encontrado al día siguiente con señales de haber sido sometida presuntamente a actos de extrema violencia, incluida violencia sexual. 2. Asimismo, la Comisión alegó que el Estado incurrió en responsabilidad internacional al no haber realizado una investigación seria de la desaparición, violencia y muerte de Claudina Isabel Velásquez Paiz. Sostuvo que desde el inicio de la investigación hubo múltiples falencias, tales como deficiencias en el manejo y análisis de la evidencia recolectada; fallas en el manejo y preservación de la escena del crimen y toma de pruebas periciales; irregularidades en el informe de necropsia; falta de análisis comprensivos en diversas partes del cuerpo de la víctima para verificar una posible violación sexual; irregularidades en la toma de las huellas dactilares de la víctima, y falta de toma de declaración de testigos relevantes. Además alegó que tuvo lugar una demora en el proceso atribuible al Estado, particularmente por los continuos cambios en los fiscales encargados del caso que interrumpieron la investigación y causaron que no se realizaran diligencias a tiempo o que estas no fueran consideradas por los nuevos fiscales. Por último, halló que en el proceso se registra la presunta presencia de estereotipos discriminatorios que seriamente impactaron la falta de diligencia en la investigación. La Comisión consideró que tanto la falta de protección de la presunta víctima como la falta de investigación de su muerte, constituirían un claro reflejo de la situación subyacente de discriminación contra las mujeres en Guatemala. Finalmente, la Comisión alegó la violación del derecho a la integridad personal de sus padres y de su hermano, Pablo Andrés Velásquez Paiz. 3. Trámite ante la Comisión.– El trámite ante la Comisión fue el siguiente: a) Petición.- El 10 de diciembre de 2007 el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, Jorge Rolando Velásquez Durán y Carlos Antonio Pop AC presentaron la petición inicial ante la Comisión. b) Informe de Admisibilidad.- El 4 de octubre de 2010 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 110/10. c) Informe de Fondo.- El 4 de noviembre de 2013, la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 53/13 de conformidad con el artículo 50 de la Convenciòn (en adelante “el Informe de Página 129 de 600

Fondo” o “el Informe No. 53/13”), en el cual llegò a una serie de conclusiones y formuló varias recomendaciones al Estado. Conclusiones.– La Comisión concluyó que el Estado era responsable por la violación de los siguientes derechos: el derecho a la vida y a la integridad personal consagrados en los artículos 4, 5, y 11 [sic] de la Convención Americana, todos ellos en conexión con la obligación que le imponen al Estado el artículo 1.1 de dicho tratado y el artículo 7 de Belém do Pará. los derechos de Claudina Isabel Velásquez Paiz bajo el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará en relación con el artículo 24 de la Convención Americana en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos prevista en el artículo 1.1. el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana en conexión con la obligación que le impone al Estado el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de Jorge Rolando Velásquez Durán, Elsa Claudina Paiz Vidal de Velásquez y Pablo Andrés Velásquez Paiz, así como el derecho a las garantías y protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana del mismo instrumento y en relación con la obligación que le impone al Estado el artículo 1.1. y el artículo 7 de Belém do Pará. Recomendaciones.– La Comisión recomendó al Estado: i. [c]ompletar la investigación de manera oportuna, inmediata, seria e imparcial con el objeto de esclarecer el asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz e identificar, juzgar y, en su caso[,] sancionar a los responsables; ii. [a]doptar y/o en su caso adecuar protocolos de investigación y de servicios periciales a ser utilizados en todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme a los estándares internacionales sobre la materia, con base en una perspectiva de género; iii. [r]eparar plenamente a los familiares de Claudina Isabel Velásquez Paiz por las violaciones de los derechos humanos […] establecidas; iv. [i]mplementar como medida de no-repetición, una política estatal integral y coordinada, respaldada con recursos públicos adecuados, para la prevención de casos de violencia contra las mujeres; v. [f]ortalecer la capacidad institucional para combatir la impunidad frente a casos de violencia contra las mujeres a través de investigaciones criminales efectivas con perspectiva de género, que tengan un seguimiento judicial consistente, garantizando así una adecuada sanción y reparación; vi. [i]mplementar un sistema de producción de información estadística desagregada adecuada, que permita el diseño y evaluación de las políticas públicas en relación con la prevención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres; vii. [a]doptar reformas en los programas educativos del Estado, desde la etapa formativa y temprana, para promover el respeto de las mujeres como iguales, así como el respeto de sus derechos a la no violencia y a la no discriminación, y viii. [a]doptar políticas públicas y programas institucionales integrados destinados a eliminar los estereotipos discriminatorios sobre el rol de las mujeres y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su acceso pleno a la justicia, que incluyan programas de capacitación para funcionarios públicos en todos los sectores del Estado, incluyendo el sector educación, las ramas de la administración de la justicia y la policía, y Página 130 de 600

políticas integrales de prevención. d) Notificación al Estado.– El Informe de Fondo No. 53/13 fue notificado al Estado el 5 de diciembre de 2013. e) Informes sobre las recomendaciones de la Comisión.– El 13 de enero de 2014, los señores Jorge Rolando Velásquez Durán y Carlos Antonio Pop AC manifestaron su posición en relación al Informe de Fondo 53/13. Según la Comisión, el 5 de febrero de 2014 el Estado remitió un informe mediante el cual “objetò las conclusiones del [I]nforme de [F]ondo […] sobre su responsabilidad internacional e indicó que, en consecuencia, no resulta procedente disponer medidas de reparaciòn a favor de los familiares de la víctima”. 4. Sometimiento a la Corte.– El 5 de marzo de 2014 la Comisión sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el caso mediante la remisiòn del Informe de Fondo No. 53/13, “por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas ante la falta de cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado de Guatemala”. La Comisión designó como sus delegados ante la Corte al Comisionado James Cavallaro y al Secretario Ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza. Asimismo, Elizabeth AbiMershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y Silvia Serrano Guzmán y Fiorella Melzi, abogadas de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, actuaron como asesoras legales. 5. Solicitudes de la Comisión Interamericana.– Con base en lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional de Guatemala por las violaciones señaladas en su Informe de Fondo (supra párr. 3.c). Asimismo, solicitó a la Corte que ordene al Estado determinadas medidas de reparación, las cuales se detallan y analizan en el capítulo VIII de la presente Sentencia. Por tanto, LA CORTE DECIDE, Por unanimidad, 1. Desestimar la excepción preliminar relativa a la alegada falta de competencia rationemateriae interpuesta por el Estado, en los términos del párrafo 19 de esta Sentencia. 2. Desestimar la excepción preliminar relativa a la alegada falta de agotamiento de losrecursos internos interpuesta por el Estado, en los términos de los párrafos 23 a 28 de esta Sentencia. DECLARA, Por unanimidad, que 3. El Estado violó su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal reconocidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación general de garantía contemplada en el artículo 1.1 y en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contemplada en el artículo 2 de la misma, así como con las obligaciones establecidas en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de Claudina Isabel Velásquez Paiz, en los términos de los párrafos 105 a 134 de esta Sentencia. Por unanimidad, que 4. El Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el derecho a la igualdad ante la ley reconocido en el artículo 24 de la misma Convención, en relación con las obligaciones generales contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la misma, y con el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de Elsa Claudina Paiz Vidal, Jorge Rolando Velásquez Durán y Pablo Andrés Velásquez Paiz, Página 131 de 600

todos ellos familiares de Claudina Isabel Velásquez Paiz, en los términos de los párrafos 142 a 202 de esta Sentencia. Por unanimidad, que 5. El Estado violó los derechos a la integridad personal y al respeto de la honra y el reconocimiento de la dignidad, reconocidos en los artículo 5.1 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Jorge Rolando Velásquez Durán, Elsa Claudina Paiz Vidal y Pablo Andrés Velásquez Paiz, en los términos de los párrafos 209 a 220 de esta Sentencia. Por seis votos a favor y uno en contra, que 6. No es necesario emitir un pronunciamiento respecto de las alegadas violaciones de los artículos 13 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Claudina Isabel Velásquez Paiz, en los términos del párrafo 203 de esta Sentencia. Disiente el Juez Roberto F. Caldas. Por unanimidad, que 7. No es necesario emitir un pronunciamiento respecto de la alegada violación del artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Claudina Isabel Velásquez Paiz, en los términos del párrafo 135 de esta Sentencia. Y DISPONE, por unanimidad, que: 8. Esta Sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. 9. El Estado debe, en un plazo razonable, conducir eficazmente la investigación y, en su caso, abrir el o los procesos penales que correspondieren, para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables de los vejámenes y privación de la vida de Claudina Isabel Velásquez Paiz, conforme a los lineamientos de esta Sentencia, a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos a los del presente caso. Asimismo, de acuerdo con la normativa disciplinaria pertinente, el Estado debe examinar las eventuales irregularidades procesales e investigativas relacionadas con el presente caso, y en su caso, sancionar la conducta de los servidores públicos correspondientes. Todo lo anterior, en los términos de los párrafos 229 y 230 de esta Sentencia. 10. El Estado debe brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas y de forma inmediata, adecuada, integral y efectiva, tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten, previo consentimiento informado, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requieran, tomando en consideración los padecimientos de cada uno de ellos, de conformidad con lo establecido en el párrafo 234 de esta Sentencia. 11. El Estado debe realizar en un plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, las publicaciones indicadas en el párrafo 237 de la misma, en los términos dicho párrafo. 12. El Estado debe realizar, en un plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, un acto de disculpas públicas, en relación con los hechos del presente caso y su posterior investigación, en los términos del párrafo 240 de esta Sentencia. 13. El Estado debe, en un plazo razonable, incorporar al currículo del Sistema Educativo Nacional, en todos los niveles educativos, un programa de educación permanente sobre la necesidad de erradicar la discriminación de género, los estereotipos de género y la violencia contra la mujer en Guatemala, a la luz de la normativa internacional en la materia y la jurisprudencia de este Tribunal, de conformidad con lo establecido Página 132 de 600

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en los párrafos 247 y 248 de esta Sentencia. 14. El Estado debe, en un plazo razonable, elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que incluya una asignación adecuada de recursos para ampliar sus actividades en el territorio nacional y el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con lo establecido en el párrafo 254 de esta Sentencia. 15. El Estado debe, en un plazo razonable, implementar el funcionamiento pleno de los “òrganos jurisdiccionales especializados” en toda la República de Guatemala, así como de la fiscalía especializada, de conformidad con lo establecido en el párrafo 257 de esta Sentencia. 16. El Estado debe, en un plazo razonable, implementar programas y cursos permanentes para funcionarios públicos pertenecientes al Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional Civil, que estén vinculados a la investigación de actos de homicidio de mujeres, sobre estándares en materia de prevención, eventual sanción y erradicación de homicidios de mujeres y capacitarlos sobre la debida aplicación de la normativa internacional y jurisprudencia de este Tribunal en la materia, de conformidad con lo establecido en el párrafo 258 de esta Sentencia. 17. El Estado debe, en un plazo razonable, adoptar una estrategia, sistema, mecanismo o programa nacional, a través de medidas legislativas o de otro carácter, a efectos de lograr la búsqueda eficaz e inmediata de mujeres desaparecidas, de conformidad con lo establecido en los párrafos 263 a 266 de esta Sentencia. 18. El Estado debe pagar, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, las cantidades fijadas en los párrafos 274, 278, 279 y 283 por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, así como el reintegro de costas y gastos, en los términos de los párrafos 284 a 290 de esta Sentencia. 19. El Estado debe rendir al Tribunal un informe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. 20. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. El Juez Roberto F. Caldas hizo conocer a la Corte su Voto Parcialmente Disidente, el cual acompaña esta Sentencia. Los Jueces Eduardo Vio Grossi y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot hicieron conocer a la Corte sus respectivos Votos Concurrentes, los cuales acompañan esta Sentencia. Caso Veliz Franco y otros Vs Guatemala. 1. El caso sometido a la Corte. – El 3 de mayo de 2012, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana y el artículo 35 del Reglamento de la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte (en adelante “escrito de sometimiento”) el caso Veliz Franco y otros contra la República de Guatemala (en adelante también “el Estado” o “Guatemala”). De acuerdo con lo señalado por la Comisión, el presente caso se relaciona con la falta de respuesta eficaz del Página 133 de 600

Estado a la denuncia presentada el 17 de diciembre de 2001 por Rosa Elvira Franco Sandoval (en adelante también “Rosa Elvira Franco” o “señora Franco Sandoval” o “señora Franco”) ante el Ministerio Público para denunciar la desaparición de su hija, María Isabel Veliz Franco (en adelante también “María Isabel Veliz” o “María Isabel” o “la niña” o “la presunta víctima”), de 15 años de edad, así como las posteriores falencias en la investigación de los hechos. En dicha denuncia la señora Franco Sandoval manifestó que el 16 de diciembre de 2001 su hija salió de su casa a las ocho de la mañana hacia su trabajo y no regresó. La Comisión indicó que no hay constancias en cuanto a esfuerzos realizados para buscar a la víctima desde que se presentó la denuncia, hasta que se encontró el cadáver a las 14:00 horas del 18 de diciembre de 2001. Asimismo, señaló que existieron una serie de irregularidades durante la investigación de la desaparición y posterior muerte de María Isabel Veliz Franco, entre las que destacan la falta de realización de diligencias cuando fue reportada desaparecida y fallas en la preservación de la escena del crimen, así como deficiencias en el manejo y análisis de la evidencia recolectada. 2. Trámite ante la Comisión. – El trámite ante la Comisión fue el siguiente: a. Petición.- El 26 de enero de 2004 la Comisión recibió la petición presentada por la señora Franco Sandoval, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”) y la Red de No Violencia contra las Mujeres en Guatemala (en adelante “REDNOVI”). b. Informe de Admisibilidad.- El 21 de octubre de 2006 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 92/06 (en adelante también “Informe de Admisibilidad”). c. Informe de Fondo.- El 3 de noviembre de 2011 la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 170/11 (en adelante también “Informe de Fondo”), de conformidad con el artículo 50 de la Convención, en el cual llegó a una serie de conclusiones y formuló varias recomendaciones al Estado. i. Conclusiones.- La Comisión concluyó que, en perjuicio de María Isabel Veliz Franco, el Estado era responsable de: las violaciones al derecho a la vida, integridad personal y los derechos del niño, consagrados en los artículos 4, 5, y 19 de la Convención Americana, todos ellos en conexión con el artículo 1.1 de dicho tratado. Igualmente concluy[ó] que el Estado menoscabó los derechos de María Isabel Veliz Franco bajo el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará[,] en relación con el artículo 24 de la Convención Americana[,] en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos prevista en el artículo 1.1. De igual forma, la Comisión concluyó que el Estado: violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención, en conexión con la obligación que le impone al Estado el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de Rosa Elvira Franco Sandoval de Veliz (madre), Leonel Enrique Veliz (hermano), José Roberto Franco (hermano) y Cruz Elvira Sandoval Polanco de Franco (abuela, fallecida) y Roberto Franco Pérez (abuelo, fallecido), así como el derecho a las garantías y protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana[,] en relación con el artículo 24 del mismo instrumento y en relación con la obligación que impone al Estado el artículo 1.1. ii. Recomendaciones.- 1. Completar la investigación de manera Página 134 de 600

oportuna, inmediata, seria e imparcial con el objeto de esclarecer el asesinato de María Isabel Veliz Franco e identificar, juzgar y, en su caso sancionar a los responsables. 2. Reparar plenamente a los familiares de María Isabel Veliz Franco por las violaciones de los derechos humanos […] establecidos. 3. Implementar como medida de no repetición, una política estatal integral y coordinada, respaldada con recursos públicos adecuados, para garantizar que en los casos específicos de violencia contra las mujeres, sean adecuadamente prevenidos, investigados, sancionados y reparados. 4. Adoptar reformas en los programas educativos del Estado, desde la etapa formativa y temprana, para promover el respeto de las mujeres como iguales, así como el respeto de sus derechos a la no violencia y a la no discriminación. 5. Investigar las irregularidades en la investigación del caso que se hayan cometido por agentes del Estado y sancionar a los responsables. 6. Fortalecer la capacidad institucional para combatir la impunidad frente a casos de violencia contra las mujeres a través de las investigaciones criminales efectivas con perspectiva de género, que tengan un seguimiento judicial constante, garantizando así una adecuada sanción y reparación. 7. Implementar medidas y campañas de difusión destinadas al público en general sobre el deber de respetar y garantizar los derechos de las niñas y los niños. 8. Adoptar políticas públicas y programas institucionales integrales destinados a eliminar los estereotipos discriminatorios sobre el rol de las mujeres y promover la erradicación de peticiones socioculturales discriminatorios que impiden su acceso pleno a la justicia, que incluyan programas de capacitación para funcionarios públicos en todos los sectores del Estado, incluyendo el sector educación, las ramas de administración de justicia y la policía y políticas integrales de prevención. 3. Notificación al Estado.- El Informe de Fondo fue notificado al Estado el 3 de enero de 2012, y se le dio un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 13 de marzo de 2012 Guatemala presentó un informe sobre el avance del cumplimiento y solicitó una prórroga de un mes. La Comisión otorgó dicha prórroga, solicitando al Estado que el 25 de marzo de 2012 presentara su informe. El Estado no lo presentó en dicha fecha. El 2 de mayo de 2012 los peticionarios informaron a la Comisión que, el 30 de marzo de 2012 el Estado habría propuesto a la señora Franco Sandoval suscribir un acuerdo de solución amistosa. El 19 de abril de 2012 los peticionarios habían respondido al Estado que “ante la considerable demora en materia de justicia, […] no consideraban oportuno firmar un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones”. Posteriormente, en respuesta al Informe de Fondo, el Estado presentó información relativa a la investigación y en general sobre las políticas públicas. Finalmente, la Comisión concluyó que el Estado no presentó información expresamente relacionada con las recomendaciones. 4. Sometimiento a la Corte.- El 3 de mayo de 2012 la Comisión, sometió a la jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de Fondo. La Comisión designó como sus delegados ante la Corte a la Comisionada Dinah Shelton y a su entonces Secretario Ejecutivo, Santiago A. Canton. Asimismo, indicó que Elizabeth AbiPágina 135 de 600

Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Isabel Madariaga y Fiorella Melzi, actuarían como asesoras legales, así como también la entonces asesora legal Karla I. Quintana Osuna. 5. Solicitudes de la Comisión Interamericana.- Con base en lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por la violación de: a) el artículo 4 de la Convención; b) el artículo 5 de la Convención; c) el artículo 19 de la Convención, y d) el artículo 24 de la Convención y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, todos ellos en relación con el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio de María Isabel Veliz Franco. Además solicitó que se declare la violación de: a) el artículo 5.1 de la Convención; b) el artículo 8 de la Convención, y c) el artículo 25 de la Convención, en relación con los artículos 24 y 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de la madre, hermanos y abuelos de María Isabel. Finalmente, solicitó a este Tribunal que ordenara diversas medidas de reparación. Por tanto, LA CORTE DECIDE, por unanimidad, 1. Desestimar la excepción preliminar interpuesta por el Estado relativa a la falta de competencia material de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer sobre el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en los términos de los párrafos 36 a 38 de la presente Sentencia. 2. Desestimar la excepción preliminar interpuesta por el Estado sobre la falta de agotamiento de recursos internos, en los términos de los párrafos 42 a 45 de la presente Sentencia. DECLARA, Por unanimidad, que: 1. El Estado violó su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal, consagrados en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los derechos del niño consagrados en el artículo 19 de la Convención, y con la obligación general de garantizar los derechos sin discriminación, contemplado en el artículo 1.1 del mismo tratado, así como las obligaciones contempladas en el artículo 7.b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer , en perjuicio de María Isabel Veliz Franco, en los términos de los párrafos 132 a 158 de la presente Sentencia. 2. El Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 24 de la Convención, en relación con las obligaciones generales contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la misma, y con los artículos 7.b) y 7.c) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de Rosa Elvira Franco Sandoval, Leonel Enrique Veliz Franco, José Roberto Franco, Cruz Elvira Sandoval Polanco y Roberto Pérez, en los términos de los párrafos 178 a 225 de la presente Sentencia. 3. El Estado violó el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Rosa Elvira Franco Sandoval, en los términos de los párrafos 233 a 242 de la presente Sentencia. 4. No procede pronunciarse sobre la alegada violación del derecho a la libertad personal, reconocido en el artículo 7 de la Convención Página 136 de 600

Americana sobre Derechos Humanos, en los términos del párrafo 145 de la presente Sentencia. 5. No procede pronunciarse sobre la alegada violación de los derechos del niño, consagrado en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el desarrollo de la investigación posterior al hallazgo del cadáver de María Isabel Veliz Franco, en los términos del párrafo 226 de la presente Sentencia. Y DISPONE por unanimidad, que: 6. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación. 7. El Estado deberá conducir eficazmente la investigación y, en su caso, abrir el proceso penal correspondiente, y de ser pertinente, otros que correspondieren para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables de los vejámenes y privación de la vida de la niña María Isabel Veliz Franco, en los términos del párrafo 251 de presente Sentencia. 8. El Estado deberá, en el plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente Sentencia, publicar en el Diario Oficial de Guatemala y en un diario de amplia circulación nacional, por una sola vez el resumen oficial de la presente Sentencia. Adicionalmente, el Estado deberá, dentro del mismo plazo, publicar la presente Sentencia íntegramente en sitios web oficiales del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil del Estado durante el período de un año. Todo ello, en los términos del párrafo 256 de la presente Sentencia. 9. El Estado deberá, en el plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, realizar un acto de disculpas públicas, en los términos de los párrafos 257 y 258 de la presente Sentencia. 10. El Estado deberá, en un plazo razonable, elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del INACIF, que incluya una asignación adecuada de recursos para ampliar sus actividades en el territorio nacional y el cumplimiento de sus funciones, en los términos del párrafo 268 de la presente Sentencia. 11. El Estado deberá, en un plazo razonable, implementar el funcionamiento de los “órganos jurisdiccionales especializados” y de la fiscalía especializada, en los términos del párrafo 270 de la presente Sentencia. 12. El Estado deberá, en un plazo razonable, implementar programas y cursos para funcionarios públicos pertenecientes al Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional Civil que estén vinculados a la investigación de actos de homicidio de mujeres sobre estándares en materia de prevención, eventual sanción y erradicación de homicidios de mujeres y capacitarlos sobre la debida aplicación de la normativa pertinente en la materia, en los términos del párrafo 275 de la presente Sentencia. 13. El Estado debe brindar atención médica o psicológica gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de instituciones estatales de salud especializadas, a Rosa Elvira Franco Sandoval, si ella así lo desea, en los términos del párrafo 280 de la presente Sentencia. 14. El Estado deberá, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, pagar las cantidades fijadas en el párrafo 300 de la presente Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, el reintegro de costas y gastos, en los términos del párrafo 307, así como reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas la cantidad establecida en el párrafo 315 de la presente Sentencia. 15. El Estado debe, dentro del plazo Página 137 de 600

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de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. 16. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Redactada en español en San José, Costa Rica, el 19 de mayo de 2014. Caso masacre de rio negro Vs Guatemala. INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 1. El 30 de noviembre de 2010, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana y el artículo 35 del Reglamento de la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte el caso Masacres de Río Negro en contra de la República de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”), iniciado en la petición presentada por la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces (en adelante “ADIVIMA”) el 19 de julio de 2005. La Comisión Interamericana aprobó el Informe de admisibilidad No. 13/08 el 5 de marzo de 2008 y, en los términos del artículo 50 de la Convención, emitió el Informe de fondo No. 86/10 el 14 de julio de 2010 mediante el cual emitió una serie de recomendaciones para el Estado. El Informe de fondo fue notificado a Guatemala el 30 de julio de 2010, otorgándosele un plazo de 2 meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 4 de octubre de 2010 el Estado solicitó una prórroga de un mes para presentar información sobre los avances en las recomendaciones efectuadas por la Comisión. Esta prórroga fue otorgada el 30 de octubre de 2010, y la Comisión ordenó al Estado presentar su informe a más tardar el 20 de noviembre de 2010. No obstante lo anterior, el Estado no presentó el informe requerido, por lo que la Comisión sometió el caso al Tribunal “por la falta de cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado y la consecuente necesidad de obtención de justicia en el caso”. La Comisión designó como delegados a la Comisionada Dinah Shelton y a su entonces Secretario Ejecutivo, Santiago A. Canton, y como asesores legales a su Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed, y a Karla I. Quintana Osuna e Isabel Madariaga Cuneo, abogadas de la Secretaría Ejecutiva. 2. Según indicó la Comisión Interamericana, el presente caso versa sobre “la destrucción de la comunidad maya de Río Negro, mediante una serie de masacres ejecutadas por el Ejército de Guatemala y miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil en los años 1980 y 1982, así como [sobre] la persecución y eliminación de sus miembros, y las posteriores violaciones en contra de los sobrevivientes, incluida la falta de investigación de los mencionados hechos. En especial, la Comisión presentó este caso debido a la denegación de justicia desde la comisión de los hechos y la consecuente impunidad que persiste hasta la fecha […]”. Asimismo, la Comisión indicó que “dentro de los hechos [que se ponen] en conocimiento de la Corte [se incluyen], entre otros, los relativos a las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado, Página 138 de 600

la integridad personal de los familiares y sobrevivientes, la destrucción del tejido social de la comunidad, la falta de identificación de las personas ejecutadas y desaparecidas […], la consecuente falta de entierro de las mismas con base en las tradiciones mayas, la imposibilidad de los sobrevivientes de regresar a sus tierras, la falta de protección a los niños y niñas, el señalamiento como “guerrilleros, base social de la guerrilla, enemigos internos y subversivos”, la discriminación [y] la [supuesta] falta de investigación imparcial y efectiva de la multiplicidad de violaciones ocurridas durante y después de las masacres”. La Comisión también alegó que los hechos del presente caso “[…] se enmarcan en un contexto más general de masacres en Guatemala, las cuales fueron planificadas por agentes estatales dentro de una política de “tierra arrasada” dirigida por el Estado guatemalteco contra el pueblo maya, calificado como “enemigo interno”, en un contexto de discriminación y racismo […]”. 3. Con base en lo anterior, la Comisión Interamericana solicitó al Tribunal que declare la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la presunta violación de los derechos reconocidos en los siguientes artículos de la Convención Americana: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Integridad Personal), 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre), 7 (Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 11 (Protección de la Honra y de la Dignidad), 12 (Libertad de Conciencia y de Religión), 16 (Libertad de Asociación), 17 (Protección a la Familia), 19 (Derechos del Niño), 21 (Derecho a la Propiedad Privada), 22 (Derecho de Circulación y de Residencia), 24 (Igualdad ante la Ley) y 25 (Protección Judicial), en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los miembros de la comunidad de Río Negro. Asimismo, solicitó que se declare el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante “Convención sobre Desaparición Forzada”); 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante “Convención contra la Tortura”), y 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”. Adicionalmente, la Comisión Interamericana solicitó al Tribunal que ordene al Estado determinadas medidas de reparación. 324. Por tanto, LA CORTE DECIDE, por unanimidad, PUNTOS RESOLUTIVOS 1. Aceptar el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 17 a 28 del Fallo. 2. Admitir la excepción preliminar interpuesta por el Estado sobre la falta de competencia temporal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer de las violaciones de derechos humanos ocurridas antes del reconocimiento de la competencia temporal de la Corte, en los términos de los párrafos 29 a 39 de la presente Sentencia. DECLARA, por unanimidad que, 1. El Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2, y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, y Página 139 de 600

por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo I.a) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de Ramona Lajuj, Manuel Chen Sánchez, Aurelia Alvarado Ivoy, Cornelio Osorio Lajúj, Demetria Osorio Tahuico, Fermin Tum Chén, Francisco Chen Osorio, Francísco Sánchez Sic, Héctor López Osorio, Jerónimo Osorio Chen, Luciano Osorio Chen, Pablo Osorio Tahuico, Pedro Chén Rojas, Pedro López Osorio, Pedro Osorio Chén, Sebastiana Osorio Tahuico y Soterio Pérez Tum y, adicionalmente a dichos artículos, por la violación del derecho establecido en el artículo 19 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Manuel Chen Sánchez, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 112 a 127 de la presente Sentencia. 2. El Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 5.1, 11.1 y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1. de la misma, en perjuicio de María Eustaquia Uscap Ivoy, en los términos de los párrafos 131 a 135 de este Fallo. 3. El Estado es responsable de la violación de los derechos reconocidos en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 6, 17 y 1.1 de la misma, en perjuicio de María Eustaquia Uscap Ivoy, y por la violación del derecho reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 6, 17, 19 y 1.1 de la misma, en perjuicio de Agustín Chen Osorio, Celestina Uscap Ivoy, Cruz Pérez Osorio, Froilan Uscap Ivoy, Jesús Tecú Osorio, José Osorio Osorio, Juan Chen Chen, Juan Chen Osorio, Juan Pérez Osorio, Juan Uscap Ivoy, Juana Chen Osorio, Pedro Sic Sánchez, Silveria Lajuj Tum, Tomasa Osorio Chen, Florinda Uscap Ivoy y Juan Osorio Alvarado, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 139 a 150 de la Sentencia. 4. El Estado es responsable de la violación del derecho reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 12.1 y 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de la comunidad de Río Negro que viven en la colonia Pacux, de acuerdo a lo señalado en los párrafos 153 a 165 de esta Sentencia. 5. El Estado es responsable de la violación del derecho reconocido en el artículo 22.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los sobrevivientes de las masacres de Río Negro que habitan en la colonia de Pacux, en los términos de lo indicado en los párrafos 172 a 184 de este Fallo. 6. El Estado es responsable de la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, así como por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el artículo I.b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y el artículo 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de las víctimas del presente caso, en sus respectivas circunstancias, de conformidad con lo establecido en los párrafos 189 a 237 de esta Sentencia. 7. El Estado es responsable de la violación del derecho reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Página 140 de 600

Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, en perjuicio de los sobrevivientes de las masacres de Río Negro, en los términos de lo indicado en los párrafos 240 a 244 de este Fallo. 8. El Estado no es responsable de la violación del derecho reconocido en el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en los párrafos 167 y 168 de esta Sentencia. Y DISPONE, por unanimidad que, 1. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación. 2. El Estado debe investigar, sin mayor dilación, de forma seria y efectiva los hechos que originaron las violaciones declaradas en la presente Sentencia, con el propósito de juzgar y, eventualmente, sancionar a los presuntos responsables, en los términos de los párrafos 257 a 262 de este Fallo. 3. El Estado debe realizar una búsqueda efectiva del paradero de las víctimas desaparecidas forzadamente; elaborar un plan riguroso para la búsqueda de los miembros de la comunidad de Río Negro desaparecidos forzadamente, así como para la localización, exhumación e identificación de las personas presuntamente ejecutadas, y la determinación de las causas de muerte y posibles lesiones previas, e implementar un banco de información genética, de conformidad con lo establecido en los párrafos 265 a 271 de esta Sentencia. 4. El Estado debe realizar las publicaciones indicadas en los párrafos 274 y 275 del presente Fallo. 5. El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso, de conformidad con lo establecido en los párrafos 277 y 278 de esta Sentencia. 6. El Estado debe realizar las obras de infraestructura y servicios básicos a favor de los miembros de la comunidad de Río Negro que residen en la colonia Pacux, en los términos de lo señalado en el párrafo 284 del presente Fallo. 7. El Estado debe diseñar e implementar un proyecto para el rescate de la cultura maya Achí, de conformidad con lo establecido en el párrafo 285 de esta Sentencia. 8. El Estado debe brindar tratamiento médico y psicológico a las víctimas del presente caso, de acuerdo a lo señalado en los párrafos 287 a 289 del presente Fallo. 9. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 309 y 317 de la presente Sentencia, por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, y por el reintegro de costas y gastos, en los términos de los referidos párrafos y de los párrafos 318 a 323 de este Fallo. 10. El Estado debe establecer un mecanismo adecuado para que otros miembros de la comunidad de Río Negro posteriormente puedan ser considerados víctimas de alguna violación de derechos humanos declarada en este Fallo, y reciban reparaciones individuales y colectivas como las que se ordenaron en esta Sentencia, de conformidad con los párrafos 251 a 253 de la misma. 11. El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. 12. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de este Fallo, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en

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el mismo. Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el 4 de septiembre de 2012. Caso de la masacre de las Dos Erres Vs Guatemala. 1. El 30 de julio de 2008, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra la República de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”). La petición inicial fue presentada por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”) ante la Comisión el 13 de septiembre de 1996. El 1 de abril de 2000 el Estado y los representantes de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”) pactaron un acuerdo en el marco de una soluciónamistosa, mediante la cual el Estado reconoció su responsabilidad internacional y se comprometió a reparar a las presuntas víctimas. Sin embargo, el 20 de febrero de 2006 los representantes manifestaron su voluntad de apartarse del acuerdo de solución amistosa, por lo que se prosiguió con el trámite ante la Comisión. El 14 de marzo de 2008 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 22/08, en los términos del artículo 50 de la Convención. El informe recomendó al Estado que, entre otros, realizara una investigación especial, rigurosa, imparcial y efectivaque juzgara y sancionara a los responsables, así como que removiera todos los obstáculos de hecho y de derecho que mantenían el caso en la impunidad. Este informe fue notificado al Estado el 30 de abril de 2008. Después de considerar queGuatemala no había adoptado sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó a los señores Víctor Abramovich, Comisionado y Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, como Delegados, y a la señora Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y al señor Juan Pablo Albán Alencastro y a la señora Isabel Madariaga como asesores legales. 2. La demanda se relaciona con la supuesta falta de debida diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de la masacre de 251 habitantes del Parcelamiento de Las Dos Erres, la Libertad, Departamento de Petén, ocurrida entre los días 6 a 8 de diciembre de 1982. Dicha masacre fue ejecutada por miembros del grupo especializado de las fuerzas armadas de Guatemala denominados kaibiles. Entre los habitantes del Parcelamiento se encontraban niños, mujeres y hombres. Las personas ejecutadas, habrían sufrido previamente golpes y maltratos, así como muchas mujeres habrían sido violadas y golpeadas hasta el punto de sufrir abortos. Adicionalmente, en el contexto de la masacre uno de los Kaibiles que participó en ella, sustrajo a un niño sobreviviente, se lo llevó a su casa, y lo registró con sus apellidos. Recién en 1994 se iniciaron las investigaciones sobre dicha masacre, en el marco de las cuales se realizaron algunas diligencias de exhumación. Sin embargo, el supuesto uso indiscriminado y permisivo de recursos judiciales, el retardo injustificado por parte de las autoridades judiciales y la falta de una investigación exhaustiva, juzgamiento, y sanción de los responsables está pendiente hasta el día de hoy. 3. La Comisión Página 142 de 600

solicitó a la Corte que declarara que el Estado es responsable por la violación de los artículos 25 (Protección Judicial) y 8 (Garantías Judiciales) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del mismo instrumento, en perjuicio de dos sobrevivientes de la masacre y 153 familiares de las personas que fallecieron durante la misma. Asimismo, la Comisión solicitó al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de varias medidas de reparación no pecuniarias, así como el pago de las costas y gastos del presente caso que se hayan originado y se originen ante la Corte Interamericana. 4. El 12 de noviembre de 2008 los representantes, CEJIL y la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (en adelante “FAMDEGUA”), presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”). Además de lo indicado por la Comisión, los representantes sostuvieron, inter alia, que el Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en: a) los artículos 8 y 25 (Garantías Judiciales y Protección Judicial) de la Convención, en relación con los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de ese tratado, en perjuicio de las víctimas de la masacre y sus familiares, por: i) el supuesto retardo injustificado en la investigación de los hechos, y ii) la presunta falta de imparcialidad del tribunal que resolvió uno de los amparos; b) los artículos 8 y 25 (Garantías Judiciales y Protección Judicial) de la Convención, en relación con el incumplimiento del artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese tratado y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante “CIPST” o “Convención Interamericana contra la Tortura”), en perjuicio de las víctimas de la masacre y sus familiares y el artículo 7.b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante “Convención de Belem Do Pará), en perjuicio de las víctimas mujeres, por la supuesta falta de una investigación seria y exhaustiva de todos los hechos y responsables de la masacre; c) los artículos 8 y 25 (Garantías Judiciales y Protección Judicial) de la Convención, en relación con el incumplimiento del artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese tratado, en perjuicio de las víctimas de la masacre y sus familiares, por: i) haber obstaculizado las investigaciones, y ii) no haber ejecutado las órdenes de captura dictadas contra algunos de los presuntos partícipes en los hechos; d) los artículos 8, 25 y 13 (Garantías Judiciales, Protección Judicial y Libertad de Pensamiento y Expresión) de la Convención, en concordancia con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese tratado, en perjuicio de los familiares porque a la fecha desconocen la verdad de lo ocurrido a sus seres queridos y la identidad de los responsables; e) el artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese tratado, en perjuicio de las víctimas de la masacre, respecto de la supuesta inadecuada investigación de su ejecución; f) el artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese instrumento, en perjuicio de las víctimas de la Página 143 de 600

masacre, respecto de la presunta falta de investigación de los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes de los que supuestamente fueron objeto; g) el artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese instrumento, en perjuicio de los familiares de las víctimas de la masacre por el sufrimiento causado a raíz de la supuesta impunidad en que se han mantenido los hechos, y h) el artículo 19 (Derechos del Niño) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese tratado, en perjuicio de los dos sobrevivientes de la Masacre, así como la violación de los artículos 17 (Protección a la Familia) y 18 (Derecho al Nombre) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de dicho instrumento, respecto de uno de los sobrevivientes. 5. Finalmente, los representantes solicitaron al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de varias medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias, así como el pago de las costas y gastos del presente caso incurridos tanto a nivel nacional como internacional a partir del mes de abril del año 2000. Aclararon que CEJIL y FAMDEGUA representan a 59 presuntas víctimas, incluyendo a uno de los sobrevivientes, por lo que la Comisión representa a 96 presuntas víctimas. 6. El 20 de enero de 2009 el Estado presentó su escrito de excepción preliminar, contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”). Señaló que “manif[estaba] su aceptación parcial a los hechos denunciados por la […] Comisión [y las violaciones] alegadas en los artículos 8 y 25 de la [Convención,] en relación con el deber consagrado en el artículo 1.1 [de la misma]”. No obstante, interpuso una excepción preliminar relacionada con la supuesta incompetencia ratione temporis de la Corte, en la cual alegó que “los hechos constitutivos de las violaciones denunciadas en contra de los derechos contenidos en los artículos 4, 5, 17, 18 y 19 de la Convención […] ocurrieron entre los días 6 y 8 de diciembre de 1982 y el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte […] ocurrió con posterioridad”. El 2 de octubre de 2008 el Estado designó a la señora Delia Marina Dávila Salazar como Agente, y a la señora Carol Angélica Quirós Ortiz como Agente Alterna para el presente caso. El 29 de mayo de 2009 el Estado sustituyó a la Agente Alterna por la señora María Elena de Jesús Rodríguez López. 7. El 4 de marzo de 2009 la Comisión y los representantes presentaron sus alegatos sobre el allanamiento y la excepción preliminar interpuesta por el Estado, de conformidad con el artículo 38.4 del Reglamento. PUNTOS RESOLUTIVOS Por tanto, LA CORTE DECIDE: Por unanimidad, 1. Desestimar parcialmente la excepción preliminar ratione temporis interpuesta por el Estado, de conformidad con los párrafos 44 a 51 de la presente Sentencia. Y DECLARA, Por unanimidad, que: 1. Acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 28 a 38 de la presente Sentencia. 2. El Estado violó los derechos a las garantías y protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, y violó las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 Página 144 de 600

de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y en el artículo 7.b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de las 155 víctimas del presente caso, en sus respectivas circunstancias, en los términos de los párrafos 69 a 154 de este Fallo. 3. El Estado incumplió la obligación de respetar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, consagrados, respectivamente, en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 106 a 124 y 152 a 154 de la presente Sentencia. 4. El Estado violó los derechos a la protección a la familia y al nombre consagrados en los artículos 17 y 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 19 de la misma, en perjuicio de Ramiro Antonio Osorio Cristales, en los términos de los párrafos 169 a 200 de la presente Sentencia. 5. El Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las 153 víctimas, en los términos de los párrafos 204 a 217 de la presente Sentencia. Asimismo, el Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 19 de la misma, en perjuicio de Ramiro Antonio Osorio Cristales y Salomé Armando Gómez Hernández, en los términos de los párrafos 214 a 217 del presente Fallo. 6. No corresponde emitir un pronunciamiento sobre la alegada violación del derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención, de conformidad con el párrafo 222 de la presente Sentencia. Y DISPONE: Por unanimidad, que: 7. Esta Sentencia constituye, per se, una forma de reparación. 8. El Estado debe investigar, sin mayor dilación, de forma seria y efectiva los hechos que originaron las violaciones declaradas en la presente Sentencia, con el propósito de juzgar y, eventualmente, sancionar a los presuntos responsables, en los términos de los párrafos 231 a 236 de este Fallo. 9. El Estado debe iniciar las acciones disciplinarias, administrativas o penales que sean pertinentes, de acuerdo con su legislación interna, contra las autoridades del Estado que puedan haber cometido y obstaculizado la investigación de los hechos, en los términos del párrafo 233.d) de la presente Sentencia. 10. El Estado debe adoptar las medidas pertinentes para reformar la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad en Guatemala, en los términos de los párrafos 238 a 242 de la presente Sentencia. 11. El Estado debe proceder a la exhumación, identificación y entrega de los restos de las personas fallecidas en la masacre de Las Dos Erres a sus familiares, en los términos de los párrafos 244 a 249 de la presente Sentencia. 12. El Estado deberá implementar cursos de capacitación en derechos humanos a diversas autoridades estatales, en los términos de los párrafos 251 a 254 de la presente Sentencia. 13. El Estado debe publicar, por una sola vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, los Capítulos I, VIII; IX y X; el párrafo 222 del Capítulo XI, y los párrafos 225, 229 a 236, 238 a 242, 244 a 249, 251 a 254, 256, 259 a 264, 265, 268 a 270, 271 a 274 y 283 a 291 del Capítulo XII, de la Página 145 de 600

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presente Sentencia, incluyendo los nombres de cada capítulo y del apartado respectivo - sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva de la misma. Adicionalmente el presente Fallo se deberá publicar íntegramente, al menos por un año, en un sitio web oficial del Estado adecuado, en los términos del párrafo 256 del Fallo. 14. El Estado debe realizar los actos públicos ordenados, en los términos de los párrafos 259 a 264 de la presente Sentencia. 15. El Estado debe levantar un monumento, en los términos del párrafo 265 de la presente Sentencia. 16. El Estado debe brindar el tratamiento médico y psicológico que requieran las 155 víctimas, en los términos de los párrafos 268 a 270 de la presente Sentencia. 17. El Estado debe crear una página web de búsqueda de niños sustraídos y retenidos ilegalmente, en los términos de los párrafos 271 a 274 del Fallo. 18. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 292 a 295 y 303 y 304 de la misma, por concepto de indemnización por daño inmaterial y reintegro de costas y gastos, en los términos de los párrafos 278 a 295, 300 a 304 y 305 de la presente Sentencia. 19. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. El Estado deberá presentar, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. El Juez Cadena Rámila hizo conocer a la Corte su Voto Razonado Concurrente, el cual acompaña la presente Sentencia. Redactada en español e inglés haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el 24 de noviembre de 2009. Caso Molina Theissen Vs Guatemala. 1. El 4 de julio de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”) una demanda contra el Estado de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”), la cual se originó en la denuncia No. 12.101, recibida en la Secretaría de la Comisión el 8 de septiembre de 1998. 2. La Comisión presentó la demanda con base en el artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”), con el fin de que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 19 (Derechos del Niño) y 25 (Protección Judicial), todos ellos en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos), de la Convención Americana, e incumplió la obligación consagrada en el artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante “la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada”). Dicha demanda se relaciona con la “desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años de edad, que fue secuestrado de la casa de sus padres por miembros del Ejército de Guatemala el 6 de octubre de 1981”. 3. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado que adoptara Página 146 de 600

las reparaciones pecuniarias y no pecuniarias que los representantes de la víctima y sus familiares reclaman. Por último, solicitó a la Corte Interamericana que ordenara al Estado el pago de las costas originadas en la tramitación del caso tanto a nivel nacional como a nivel internacional ante los órganos del sistema interamericano de protección de derechos humanos. P UNTOS RESOLUTIVOS Por tanto, LA CORTE, por unanimidad, DECLARA QUE: 1. esta Sentencia constituye per se una forma de reparación, en los términos del párrafo 66 de la presente Sentencia. Y DISPONE QUE: 2 el Estado debe localizar y hacer entrega de los restos mortales de Marco Antonio Molina Theissen a sus familiares, en los términos de los párrafos 85 y 98 de la presente Sentencia; 3. el Estado debe investigar efectivamente los hechos del presente caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen y el resultado de este proceso debe ser públicamente divulgado, en los términos de los párrafos 78 a 84 y 98 de la presente Sentencia; 4. el Estado debe publicar dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la notificación de la presente Sentencia, al menos por una vez, en el Diario Oficial, y en otro diario de circulación nacional, tanto la Sección denominada Hechos Establecidos del Capítulo V como los puntos resolutivos Primero a Quinto de la sentencia de fondo dictada por la Corte el 4 de mayo de 2004, así como el Capítulo VI titulado Hechos Probados, sin las notas al pie, y los puntos resolutivos Primero a Octavo de la presente Sentencia, en los términos del párrafo 86 de la presente Sentencia; 5. el Estado debe realizar, en presencia de sus altas autoridades, un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en relación con los hechos de este caso y en desagravio de Marco Antonio Molina Theissen y sus familiares, en los términos de los párrafos 87 y 98 de la presente Sentencia; 6. el Estado deberá designar un centro educativo existente, ubicado en la Ciudad de Guatemala con un nombre que aluda a los niños desaparecidos durante el conflicto armado interno, y colocar en dicho centro una placa en memoria de Marco Antonio Molina Theissen, en los términos de los párrafos 88 y 98 de la presente Sentencia; 7. el Estado debe crear un procedimiento expedito que permita obtener la declaración de ausencia y presunción de muerte por desaparición forzada, en los términos de los párrafos 91.a) y 98 de la presente Sentencia; 8. el Estado debe adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para crear un sistema de información genética, en los términos de los párrafos 91.b) y 98 de la presente Sentencia; 9. el Estado debe pagar la cantidad total de US$275.400,00 (doscientos setenta y cinco mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda guatemalteca por concepto de indemnización del daño material, en los términos de los párrafos 56 a 61 de la presente Sentencia, distribuida de la siguiente manera: a) a Emma Theissen Álvarez Vda. de Molina, en condición de madre de Marco Antonio Molina Theissen y cónyuge supérstite y, a Ana Lucrecia Molina Theissen, a María Eugenia Molina Theissen y a Emma Guadalupe Molina Theissen, en condición de hijas de Página 147 de 600

Carlos Augusto Molina Theissen, la cantidad de US $100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda guatemalteca, en los términos de los párrafos 56, 57 y 61 de la presente Sentencia; b) a Emma Theissen Álvarez Vda. de Molina, la cantidad de US $40.280,00 (cuarenta mil doscientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda guatemalteca, en los términos de los párrafos 58.1, 59, 60 y 61 de la presente Sentencia; c) a Emma Theissen Álvarez Vda. de Molina, en condición de cónyuge supérstite y a Ana Lucrecia Molina Theissen, a María Eugenia Molina Theissen y a Emma Guadalupe Molina Theissen, en condición de hijas de Carlos Augusto Molina Theissen, la cantidad de US $40.280,00 (cuarenta mil doscientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda guatemalteca, en los términos de los párrafos 58.1, 59, 60 y 61 de la presente Sentencia; d) a Ana Lucrecia Molina Theissen, la cantidad de US $26.280,00 (veintiséis mil doscientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda guatemalteca, en los términos de los párrafos 58 a 61 de la presente Sentencia; e) a María Eugenia Molina Theissen, la cantidad de US $28.280,00 (veintiocho mil doscientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda guatemalteca, en los términos de los párrafos 58 a 61 de la presente Sentencia; y f) a Emma Guadalupe Molina Theissen, la cantidad de US $40.280,00 (cuarenta mil doscientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda guatemalteca, en los términos de los párrafos 58 a 61 de la presente Sentencia; 10. el Estado debe pagar la cantidad total de US $415.000,00 (cuatrocientos quince mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda guatemalteca, por concepto de indemnización del daño inmaterial, en los términos de los párrafos 67 a 73 de la presente Sentencia, distribuida de la siguiente manera: a) a Emma Theissen Álvarez Vda. de Molina, en condición de madre de Marco Antonio Molina Theissen y cónyuge supérstite y, a Ana Lucrecia Molina Theissen, María Eugenia Molina Theissen y Emma Guadalupe Molina Theissen, en condición de hijas de Carlos Augusto Molina Theissen, la cantidad de US $100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda guatemalteca, en los términos de los párrafos 67 y 73 de la presente Sentencia; b) a Emma Theissen Álvarez Vda. de Molina la cantidad de US $65.000,00 (sesenta y cinco mil de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda guatemalteca, en los términos de los párrafos 68 a 73 de la presente Sentencia; c) a Emma Theissen Álvarez Vda. de Molina, en condición de cónyuge supérstite y, a Ana Lucrecia Molina Theissen, María Eugenia Molina Theissen y Emma Guadalupe Molina Theissen, en condición de hijas de Carlos Augusto Molina Theissen, la cantidad de US $55.000,00 (cincuenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda guatemalteca, en los términos de los párrafos 68, 69, 70 y 73 de la presente Sentencia; d) a Ana Lucrecia Molina Theissen, la cantidad de US $65.000,00 (sesenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda guatemalteca, en Página 148 de 600

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los términos de los párrafos 68 a 73 de la presente Sentencia; e) a María Eugenia Molina Theissen, la cantidad de US $65.000,00 (sesenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda guatemalteca, en los términos de los párrafos 68 a 73 de la presente Sentencia; y f) a Emma Guadalupe Molina Theissen, la cantidad de US $65.000,00 (sesenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda guatemalteca, en los términos de los párrafos 68 a 73 de la presente Sentencia; 11. el Estado debe pagar la cantidad total de US $7.600,00 (siete mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda guatemalteca, la cual deberá ser entregada a Emma Theissen Álvarez Vda. de Molina, madre de la víctima, por concepto de costas y gastos en el proceso interno y en el procedimiento internacional ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, en los términos del párrafo 97 de la presente Sentencia; 12. el Estado debe pagar la cantidad total de la indemnización ordenada por concepto de daño material, daño inmaterial, y costas y gastos establecidos en la presente Sentencia, sin que ninguno de los rubros que la componen pueda ser objeto de impuesto, gravamen o tasa actualmente existente o que pudiera decretarse en el futuro; 13. el Estado debe cumplir las medidas de reparación y de reembolso de gastos dispuestas en los puntos resolutivos 5, 6, 9, 10 y 11 de la presente Sentencia, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de ésta; 14. en caso de que el Estado incurriese en mora, debe pagar un interés sobre la cantidad adeudada que corresponderá al interés bancario moratorio en Guatemala, en los términos del párrafo 104 de la presente Sentencia; 15. la Corte supervisará la ejecución de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado debe rendir al Tribunal un informe sobre las medidas tomadas para darle cumplimiento, en los términos del párrafo 105 de la presente Sentencia. Caso Myrna Mack Chang Vs Guatemala. INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA El 19 de junio de 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”), la cual se originó en la denuncia Nº 10.636, recibida en la Secretaría de la Comisión el 12 de septiembre de 1990. La Comisión presentó la demanda con base en el artículo 51 de la Convención Americana, con el fin de que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos 4 (Derecho a la Vida), 8 (Garantías Judiciales), 25 (Protección Judicial) en conjunción con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana en perjuicio de Myrna Elizabeth Mack Chang (en adelante “Myrna Mack Chang”) y sus familiares, “en razón de la ejecución extrajudicial de Myrna Mack Chang [ocurrida] el 11 de septiembre de 1990 en Ciudad de Guatemala”. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado adoptar todas las reparaciones pecuniarias y no pecuniarias indicadas en la demanda. Por último, solicitó que la Corte Interamericana ordene a Guatemala el pago de las costas Página 149 de 600

originadas en la tramitación del caso tanto a nivel nacional como a nivel internacional ante los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Según la Comisión, Guatemala es responsable de la privación arbitraria del derecho a la vida de Myrna Mack Chang, toda vez que el asesinato de la víctima, perpetrado el día 11 de septiembre de 1990, fue consecuencia de una operación de inteligencia militar, que obedeció a un plan previo y cuidadosamente elaborado por el alto mando del Estado Mayor Presidencial. Dicho plan consistió, en primer lugar, en seleccionar a la víctima de manera precisa debido a su actividad profesional; en segundo lugar, en asesinar brutalmente a Myrna Mack Chang; y en tercer lugar, en encubrir a los autores materiales e intelectuales del asesinato, entorpecer la investigación judicial y dejar en la medida de lo posible el asesinato inmerso en la impunidad. La Comisión agregó que el Estado no ha utilizado todos los medios a su disposición para realizar una investigación seria y efectiva que sirva de base para el esclarecimiento completo de los hechos, el procesamiento, juzgamiento y sanción de todos los responsables, tanto autores materiales como intelectuales, dentro de un plazo razonable. Esta situación se ha visto agravada por la existencia y tolerancia por parte del Estado guatemalteco de mecanismos de hecho y de derecho que obstaculizan una adecuada administración de justicia. COMPETENCIA Guatemala es Estado Parte en la Convención Americana desde el 25 de mayo de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987. Por lo tanto, la Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención. 14. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA SOBRE EL PROCESO PENAL Y GARANTÍAS JUDICIALES: ASPECTOS GENERALES DEL ARTÍCULO 8.1 En el presente apartado se tratan los aspectos generales relativos al concepto y alcance que la Corte IDH ha dado al concepto de garantías judiciales. Estas precisiones son relevantes, pues a lo largo de su jurisprudencia la Corte IDH ha ido precisando la extensión de estas garantías no solo en el ámbito judicial, sino en cualquier procedimiento donde se decidan derechos de las personas. Además, en este apartado se desarrolla la vinculación del debido proceso legal con otros derechos, como el derecho de acceso a la justicia. Concepto de “debido proceso legal” Corte IDH. Garantías judiciales en estados de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC--‐-9/87 de 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9 El artículo 8 de la Convención en su párrafo 1 señala que: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Este artículo, cuya interpretación ha sido solicitada expresamente, es denominado por la Convención "Garantías Judiciales", lo cual puede inducir a confusión porque en ella no se consagra un medio de esa naturaleza en sentido estricto. En efecto, el artículo 8 no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que Página 150 de 600

pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención. Este articulo 8 reconoce el llamado "debido proceso legal", que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Esta conclusión se confirma con el sentido que el artículo 46.2. a) da a esa misma expresión, al establecer que el deber de interponer y agotar los recursos de jurisdicción interna, no es aplicable cuando no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados. Corte IDH. Excepciones al agotamiento de los recursos internos (Arts. 46.1, 46.2. a y 46.2. b, Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC--‐-11/90 de 10 de agosto de 1990. Serie A No. 11 Ese deber de organizar el aparato gubernamental y de crear las estructuras necesarias para la garantía de los derechos está relacionado, en lo que a asistencia legal se refiere, con lo dispuesto en el artículo 8 de la Convención. Este articulo distingue entre acusación [es] penal [es] y procedimientos de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Aun cuando ordena que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías... por un juez o tribunal en ambas circunstancias, estipula adicionalmente, en los casos de delitos, unas garantías mínimas. El concepto del debido proceso en casos penales incluye, entonces, por lo menos, esas garantías mínimas. Al denominarlas mínimas la Convención presume que, en circunstancias específicas, otras garantías adicionales pueden ser necesarias si se trata de un debido proceso legal. En el mismo sentido: Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 1191, párr.176. En materias que conciernen con la determinación de [los] derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter el articulo 8 no especifica garantías mínimas, como lo hace en el numeral 2 al referirse a materias penales. Sin embargo, el concepto de debidas garantías se aplica también a esos ordenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene derecho también al debido proceso que se aplica en materia penal. Cabe señalar aquí que las circunstancias de un procedimiento particular, su significacion, su carácter y su contexto en un sistema legal particular, son factores que fundamentan la determinación de si la representación legal es o no necesaria para el debido proceso. Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71. Si bien el articulo 8 de la Convencion Americana se titula “Garantias Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales3” a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. En el mismo sentido: Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 744, párr.102; Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 147; Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 116. De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades publicas pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, que cuando la Página 151 de 600

Convencion se refiere al derecho de toda persona a ser oida por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad publica, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del articulo 8 de la Convencion Americana. En el mismo sentido: Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 124; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 104; Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC--‐-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 126; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 164; Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 148; Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 126; Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 46; Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215, párr. 175; Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216, párr. 159; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217, párr. 165; Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 108 y 141; Caso Barbani Duarte y Otros Vs. Uruguay. Fondo Reparaciones y costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234, párr. 118; Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, párr. 166. Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180. El articulo 8 de la Convencion que se refiere a las garantías judiciales establece los lineamientos del llamado “debido proceso legal”, que consiste inter alia en el derecho de toda persona a ser oida con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. En este caso es necesario enfatizar que dicha norma implica que el juez o tribunal encargado del conocimiento de una causa debe ser, en primer lugar, competente, además de independiente e imparcial. Mas especificamente, esta Corte ha señalado que “toda persona sujeta a un juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano […] actue en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete”. En el presente caso, resulta irrazonable para este Tribunal que los órganos de administración de justicia de un Estado Parte en la Convencion Americana sometan a un proceso penal a una persona y la priven de libertad durante Página 152 de 600

mas de dos anos sin haber determinado con certeza su propia competencia en relación con la via establecida en el derecho interno para estos efectos. Ademas, la falta de determinación del tribunal competente de manera oportuna se ve agravada por el hecho de que la decisión de la Corte de Apelaciones de Gonaives aun no le ha sido debidamente notificada a varios meses de haber sido dictada, respecto de lo cual no ha sido aportada explicación satisfactoria alguna. En tanto no lo sea, su contenido se hace impracticable, su efecto útil resulta nugatorio y abstracto, situación que ocasiona o perpetua un injustificable retardo en el acceso a la justicia. Este Tribunal entiende que una persona sobre la cual exista imputación de haber cometido un delito tiene el derecho, en los términos del articulo 8.1 de la Convencion, en caso de ser penalmente perseguida, a ser puesta sin demora a disposición del órgano de justicia o de investigación competente, tanto para posibilitar la sustanciación de los cargos que pesan en su contra, en su caso, como para la consecución de los fines de la administración de justicia, en particular la averiguación de la verdad. La razón de esto es que la persona se encuentra sujeta a imputación y en un estado de incertidumbre que hace necesario que su situación jurídica sea sustanciada y resuelta lo mas pronto posible, a fin de no prolongar indefinidamente los efectos de una persecución penal, teniendo en cuenta además que en el marco del proceso penal su libertad personal puede ser restringida. A su vez, confluye con lo anterior la necesidad de posibilitar y hacer efectiva la determinación de los hechos que se investigan y, en su caso, de las correspondientes responsabilidades penales, en atención a la necesidad de proteger y garantizar los derechos de otras personas perjudicadas. La falta de acceso del señor Neptune a un tribunal competente ha prolongado indebidamente el estado de incertidumbre -‐-que normalmente genera un proceso penal--‐- y no le ha permitido obtener un pronunciamiento definitivo de un juez competente acerca de los cargos que le fueron imputados. En tal sentido, este Tribunal ha señalado que cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado articulo 8.1 de la Convencion. Corte IDH. Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay. Fondo Reparaciones y costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234. El articulo 8 de la Convencion consagra los lineamientos del debido proceso legal, el cual esta compuesto de un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Corte IDH. Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 303. La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad publica, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos. El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la nocion de justicia , que se refleja en: i) un acceso a la justicia no solo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se Página 153 de 600

acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa. En términos convencionales el debido proceso se traduce centralmente en las “garantías judiciales” reconocidas en el articulo 8 de la Convencion Americana. La referida disposición convencional contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias, toda vez que se deben observar “las debidas garantias” que aseguren, según el procedimiento de que se trate, el derecho al debido proceso. Asimismo, otras disposiciones de dicho instrumento internacional, tal como los artículos 7 y 25 de la Convencion, contienen regulaciones que se corresponden materialmente con los componentes sustantivos y procesales del debido proceso. En el Caso Cantoral Huamani y Garcia Santa Cruz Vs. Peru, que se referia a las ejecuciones extrajudiciales de lideres sindicales, la Corte Interamericana sostuvo que las exigencias del articulo 8 de la Convencion “se extienden también a los órganos no judiciales a los que corresponda la investigación previa al proceso judicial […]” . Por lo tanto, desde el inicio de las primeras diligencias de un proceso deben concurrir las máximas garantías procesales para salvaguardar el derecho del imputado a la defensa. Asimismo, deben concurrir los elementos necesarios para que exista el mayor equilibrio entre las partes, para la debida defensa de sus intereses y derechos, lo cual implica, entre otras cosas, que rija el principio de contradictorio. En el mismo sentido: Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 178; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 152; Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 144; Caso Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2016. Serie C No. 31621, párr. 174. Interpretación Corte IDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36. Este Tribunal considera que el articulo 8.1 de la Convencion debe interpretarse de manera amplia de modo que dicha interpretación se apoye tanto en el texto literal de esa norma como en su espiritu, y debe ser apreciado de acuerdo con el articulo 29, inciso c) de la Convencion, según el cual ninguna disposición de la misma puede interpretarse con exclusión de otros derechos y garantías inherentes al ser humano o que se deriven de la forma democrática representativa de gobierno. Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. En igual sentido la Corte Europea ha señalado que se deben considerar los procedimientos como un todo, incluyendo las decisiones de los tribunales de apelacion, y que la función del tribunal internacional es determinar si la integralidad de los procedimientos, asi como la forma en que fue producida la prueba, fueron justos. Alcance: no solo en el ámbito judicial Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71. El respeto a los derechos humanos constituye un limite a la actividad estatal, lo cual vale para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder, en razón de su carácter oficial, respecto de las demás personas. Es, asi, ilicita, toda forma Página 154 de 600

de ejercicio del poder publico que viole los derechos reconocidos por la Convencion. Esto es aun mas importante cuando el Estado ejerce su poder sancionatorio, pues este no solo presupone la actuación de las autoridades con un total apego al orden juridico, sino implica además la concesión de las garantías minimas del debido proceso a todas las personas que se encuentran sujetas a su jurisdiccion, bajo las exigencias establecidas en la Convencion. Si bien el articulo 8 de la Convencion Americana se titula “Garantias Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. En el mismo sentido: Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr.102 y 103; Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr.147. Ya la Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado articulo no especifica garantías minimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro caracter, el elenco de garantías minimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos ordenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal. En el mismo sentido: Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC--‐-11/90 del 10 de agosto de 1990. Serie A No. 11, párr. 28; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 149; Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 70; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 103; Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC--‐-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 124; Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 142; Caso Barbani Duarte y Otros Vs. Uruguay. Fondo Reparaciones y costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234, párr. 117; Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251, párr. 157; Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, párr. 166; Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 272, párr. 130. De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades publicas pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, que cuando la Convencion se refiere al derecho de toda persona a ser oida por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad publica, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de Página 155 de 600

carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del articulo 8 de la Convencion Americana. En el mismo sentido: Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, párr. 188; Caso Argüelles y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 288, párr.146. Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72. Si bien el articulo 8 de la Convencion Americana se titula “Garantias Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. La Corte observa que el elenco de garantías minimas establecido en el numeral 2 del articulo 8 de la Convencion se aplica a los ordenes mencionados en el numeral 1 del mismo articulo, o sea, la determinación de derechos y obligaciones de orden “civil, laboral, fiscal o de cualquier otro caracter”. Esto revela el amplio alcance del debido proceso; el individuo tiene el derecho al debido proceso entendido en los términos del articulo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en todos estos otros ordenes. En cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene limites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Es importante que la actuación de la administración se encuentre regulada, y esta no puede invocar el orden publico para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados. Por ejemplo, no puede la administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso. En el mismo sentido: Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párrs. 141 y 142; Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr. 115; Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, párr. 167. Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías minimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas. La justicia, realizada a través del debido proceso legal, como verdadero valor jurídicamente protegido, se debe garantizar en todo proceso disciplinario, y los Estados no pueden sustraerse de esta obligación argumentando que no se aplican las debidas garantías del articulo 8 de la Convencion Americana en el caso de sanciones disciplinarias y no penales. Permitirle a los Estados dicha interpretación equivaldría a dejar a su libre voluntad la aplicación o no del derecho de toda persona a un debido proceso. Los directores generales y las juntas directivas de las empresas estatales no son jueces o tribunales en un sentido estricto; sin embargo, en el presente caso las decisiones adoptadas por ellos afectaron derechos de Página 156 de 600

los trabajadores, por lo que resultaba indispensable que dichas autoridades cumplieran con lo estipulado en el articulo 8 de la Convencion. Pese a que el Estado alego que en Panama no existía carrera administrativa al momento de los hechos del caso (diciembre de 1990) y que, en consecuencia, regia la discrecionalidad administrativa con base en la cual se permitia el libre nombramiento y remoción de los funcionarios publicos, este Tribunal considera que en cualquier circunstancia en que se imponga una sanción administrativa a un trabajador debe resguardarse el debido proceso legal. Al respecto es importante distinguir entre las facultades discrecionales de que podrían disponer los gobiernos para remover personal en función estricta de las necesidades del servicio publico, y las atribuciones relacionadas con el poder sancionatorio, porque estas ultimas solo pueden ser ejercidas con sujeción al debido proceso. No escapa a la Corte que los despidos, efectuados sin las garantías del articulo 8 de la Convencion, tuvieron graves consecuencias socioeconómicas para las personas despedidas y sus familiares y dependientes, tales como la perdida de ingresos y la disminución del patrón de vida. No cabe duda que, al aplicar una sanción con tan graves consecuencias, el Estado debio garantizar al trabajador un debido proceso con las garantías contempladas en la Convencion Americana. Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74 La Corte ha establecido que, a pesar de que el citado articulo no especifica garantías minimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro caracter, las garantías minimas establecidas en el numeral 2 del mismo precepto se aplican también a esos ordenes y, por ende, en estos el individuo tiene derecho al debido proceso en los términos reconocidos para la materia penal, en cuanto sea aplicable al procedimiento respectivo. Atendiendo a lo anterior, la Corte estima que tanto los órganos jurisdiccionales como los de otro carácter que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional, tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el articulo 8 de la Convencion Americana. En este sentido, pese a que el articulo 8.1 de la Convencion alude al derecho de toda persona a ser oida por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, dicho articulo es igualmente aplicable a las situaciones en que alguna autoridad publica, no judicial, dicte resoluciones que afecten la determinación de tales derechos. Corte IDH. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103. En cuanto respecta a las garantías contempladas en los artículos 8.2 y 8.3 de la Convencion Americana, observa el Tribunal que si bien parecen contraerse al amparo de personas sometidas a un proceso judicial (articulo 8.2) o inculpadas en el marco del mismo (articulo 8.3), a juicio de la Corte también se tienen que respetar en procedimientos o actuaciones previas o concomitantes a los procesos judiciales que, de no someterse a tales garantias, pueden tener un impacto desfavorable no justificado sobre la situación jurídica de la persona de que se trata. Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127. Todos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el articulo 8 de la Convencion Americana. El Página 157 de 600

articulo 8.1 de la Convencion, que alude al derecho de toda persona a ser oida por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, es igualmente aplicable al supuesto en que alguna autoridad publica, no judicial, dicte resoluciones que afecten la determinación de tales derechos, como ocurrio en el presente caso. En el mismo sentido: Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr.148. Las decisiones que emiten los órganos internos en materia electoral pueden afectar el goce de los derechos politicos. Por lo tanto, en dicho ámbito también se deben observar las garantías minimas consagradas en el articulo 8.1 de la Convencion, en cuanto sean aplicables al procedimiento respectivo. En el presente caso, debe tomarse en cuenta que el procedimiento electoral que antecede a la celebración de elecciones municipales requiere celeridad y un tramite sencillo que facilite la toma de decisiones en el marco del calendario electoral. El Consejo Supremo Electoral debía respetar las garantías especificas dispuestas en la Ley Electoral No. 331 de 2000, la cual regula el proceso para las elecciones de alcaldes, vicealcaldes y concejales. Las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos, tal como el derecho a la participación politica, deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serian decisiones arbitrarias. En el mismo sentido: Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 120. Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. El articulo 8.1 de la Convencion no se aplica solamente a jueces y tribunales judiciales. Las garantías que establece esta norma deben ser observadas en los distintos procedimientos en que los órganos estatales adoptan decisiones sobre la determinación de los derechos de las personas, ya que el Estado también otorga a autoridades administrativas, colegiadas o unipersonales, la función de adoptar decisiones que determinan derechos. De esta forma, las garantías contempladas en el articulo 8.1 de la Convencion son también aplicables al supuesto en que alguna autoridad publica adopte decisiones que determinen tales derechos, tomando en cuenta que no le son exigibles aquellas propias de un órgano jurisdiccional, pero si debe cumplir con aquellas garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria. En el mismo sentido: Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Noviembre de 2006. Serie C No. 158, párr. 110; Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, párr. 208; Caso Barbani Duarte y Otros Vs. Uruguay. Fondo Reparaciones y costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234, párr. 119. En el presente caso la autoridad estatal administrativa encargada de resolver la solicitud de información no adopto una decisión escrita debidamente fundamentada, que pudiera permitir conocer cuales fueron los motivos y normas en que se baso para no entregar parte de la información en el caso concreto y determinar si tal restricción era compatible con los parámetros dispuestos en la Convencion, con lo cual dicha decisión fue arbitraria y no cumplio con la garantía de encontrarse debidamente fundamentada protegida en el articulo 8.1 de la Convencion. Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215. En primer lugar, en Página 158 de 600

cuanto al alegato del Estado que afirma que no se han configurado violaciones a las garantías judiciales ni a la protección judicial porque las investigaciones se mantienen en la orbita ministerial, la Corte recuerda su jurisprudencia en el sentido de que las garantías del articulo 8.1 de la Convencion no se aplican solamente a jueces y tribunales judiciales o procesos judiciales. En particular, en relación con las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Publico, el Tribunal ha establecido que, dependiendo de las circunstancias del caso, puede tener que analizar los procedimientos que se vinculan y constituyen el presupuesto de un proceso judicial, particularmente, las tareas de investigación de cuyo resultado depende el inicio y el avance del mismo. Por tal motivo, la Corte se pronunciara sobre las investigaciones llevadas a cabo en el presente caso y determinara si han existido violaciones a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial y, en su caso, incumplimientos de otras normas interamericanas en dicho procedimiento interno. En el mismo sentido: Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr.165. Corte IDH. Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay. Fondo Reparaciones y costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234. El articulo 8.1 de la Convencion no se aplica solamente a jueces y tribunales judiciales. Las garantías que establece esta norma deben ser observadas en los distintos procedimientos en que los órganos estatales adoptan decisiones sobre la determinación de los derechos de las personas, ya que el Estado también otorga a autoridades administrativas, colegiadas o unipersonales, la función de adoptar decisiones que determinan derechos. Las garantías contempladas en el articulo 8.1 de la Convencion son también aplicables al supuesto en que alguna autoridad publica adopte decisiones que determinen tales derechos, tomando en cuenta que no le son exigibles aquellas propias de un órgano jurisdiccional, pero si debe cumplir con aquellas garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria. Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 272. Asi, en virtud de la naturaleza de los derechos que podrían verse afectados por una determinación errónea del riesgo o una respuesta desfavorable, las garantías de debido proceso resultan aplicables, en lo que corresponda, a ese tipo de procedimientos, que son normalmente de carácter administrativo. En ese sentido, todo procedimiento relativo a la determinación de la condición de refugiado de una persona implica una valoración y decisión sobre el posible riesgo de afectación a sus derechos mas basicos, como la vida, la integridad y la libertad personal. De tal manera, aun si los Estados pueden determinar los procedimientos y autoridades para hacer efectivo ese derecho, en aplicación de los principios de no discriminación y debido proceso, se hacen necesarios procedimientos previsibles, asi como coherencia y objetividad en la toma de decisiones en cada etapa del procedimiento para evitar decisiones arbitrarias. Corte IDH. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293. La Corte recuerda que el articulo 8.1 de la Convencion garantiza que las decisiones en las cuales se determinen derechos de las personas deben ser adoptadas por las autoridades competentes que la ley interna determine y bajo el procedimiento dispuesto para ello. En el presente caso, la decisión de reservarse el uso del espectro asignado inicialmente a RCTV conllevo Página 159 de 600

que no se llevaran a cabo los procedimientos administrativos de transformación de los títulos y de renovación de la concesion, lo cual tuvo incidencia en la determinación de los derechos de los directivos y trabajadores de RCTV, en tanto la consecuencia de dicha decisión fue la no renovación de la concesión de RCTV para operar como una estación de televisión abierta, lo que tuvo un impacto en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión (supra parr. 199). Por ello, en el presente caso son aplicables las garantías judiciales establecidas en el articulo 8.1 de la Convencion Americana. Al respecto, la Corte recuerda que en la presente Sentencia se declaro que la finalidad del cierre de los procesos administrativos sobre la transformación de los títulos y la renovación era acallar al medio de comunicación (supra parrs. 198 y 199) y que dicho propósito contraviene las garantías previstas por el articulo 8 de la Convencion, pues era necesario que los procedimientos administrativos continuaran para efectos de definir si se aceptaba o no la transformación o renovación de la concesion. Asimismo, la Corte resalta que de haberse seguido dichos procedimientos con apego a la normativa interna y respetando las salvaguardas minimas que dichas normas establecen, se habría podido evitar la arbitrariedad en la decision. Por ello, el Tribunal considera que la existencia de dichos procedimientos y que se haya decidido no aplicarlos es justamente un efecto mas de la finalidad real e ilegitima que ya fue declarada en la presente Sentencia (supra parrs. 198 y 199). Corte IDH. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297. En principio, la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, sin perjuicio de que otros órganos o autoridades publicas puedan ejercer funciones jurisdiccionales en determinadas situaciones especificas. Es decir que, cuando la Convencion se refiere al derecho de toda persona a ser oida por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad publica, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del articulo 8.1 de la Convencion Americana. De este modo, la Corte ha establecido que en procesos tales como los que puedan desembocar en la expulsión o deportación de extranjeros, el Estado no puede dictar actos administrativos o adoptar decisiones judiciales sin respetar determinadas garantías minimas, cuyo contenido es sustancialmente coincidente con las establecidas en el articulo 8 de la Convencion. Si bien los procesos de extradición son mecanismos de cooperación internacional entre Estados en materia penal, la Corte reitera que en los mismos deben observarse las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos, en la medida en que sus decisiones pueden afectar los derechos de las personas (supra parr. 119). En particular, en los procedimientos de extradición deben respetarse determinadas garantías minimas del debido proceso, teniendo en cuenta los aspectos políticos y jurídicos de dichos procesos. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 302. Este Tribunal ha señalado que las garantías contempladas en el articulo 8.1 de la Convencion son también aplicables al supuesto en que alguna autoridad no Página 160 de 600

judicial adopte decisiones que afecten la determinación de los derechos de las personas, tomando en cuenta que no le son exigibles aquellas propias de un órgano jurisdiccional, pero si debe cumplir con aquellas destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria. La Corte considera que los órganos de administración y gobierno de la carrera judicial que intervinieron en los procedimientos disciplinarios de las presuntas victimas, debían adoptar decisiones basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el articulo 8.1 de la Convencion Americana. En el mismo sentido: Caso Flor Freire Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2016. Serie C No. 315, párr. 165. Como consecuencia de los procedimientos disciplinarios a los que fueron sometidos, tres de las presuntas victimas fueron destituidas y removidas del Poder Judicial. La Corte considera que estas destituciones constituyeron medidas arbitrarias, debido a las circunstancias bajo las cuales fueron sancionadas las presuntas victimas y las violaciones al debido proceso constatadas en el presente caso respecto del procedimiento disciplinario. Esta Corte considera que la destitución de las presuntas victimas, por medio de un procedimiento que no estaba establecido legalmente y que no respeto las garantías de competencia, independencia e imparcialidad, afecto indebidamente el derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad de Adan Guillermo Lopez Lone, Tirza del Carmen Flores Lanza y Luis Alonso Chevez de la Rocha, en violación del articulo 23.1.c de la Convencion Americana. Dicha violación no se materializo en el caso del señor Ramon Enrique Barrios Maldonado, quien finalmente no fue separado de su cargo como consecuencia de los hechos de este caso, por lo cual la Corte no declara una violación en este sentido en su perjuicio. En el mismo sentido: Caso Flor Freire Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2016. Serie C No. 315, párr. 166. Corte IDH. Caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de octubre de 2016. Serie C No. 319. Este Tribunal ha señalado que la aplicación de las garantías contenidas en el articulo 8 de la Convencion Americana, si bien se titula “Garantias Judiciales”, no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. Ademas, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Convencion, es claro que en la determinación de los derechos y obligaciones de las personas, de orden penal, civil, laboral, fiscal o de cualquier otro caracter, se deben observar “las debidas garantias” que aseguren, según el procedimiento de que se trate, el derecho al debido proceso. Corte IDH. Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de febrero de 2017. Serie C No. 333. Todas las exigencias del debido proceso previstas en el articulo 8.1 de la Convencion, asi como criterios de independencia e imparcialidad, se extienden también a los órganos no judiciales a los que corresponda la investigación previa al proceso judicial, realizada para determinar las circunstancias de una muerte y la existencia de suficientes indicios para interponer una acción penal. Sin el cumplimiento de estas exigencias, el Estado no podrá posteriormente ejercer de manera efectiva Página 161 de 600

y eficiente su facultad acusatoria y los tribunales no podrán llevar a cabo el proceso judicial que este tipo de violaciones requiere. En ese sentido, los Principios sobre Prevencion e Investigacion Eficaces sobre Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, y su Manual (conocidos como Protocolo de Minnesota ), disponen que en los casos en que se sospeche la participación de funcionarios estatales, “puede no ser posible una investigación objetiva e imparcial a menos que se cree una comisión indagadora especial”. Entre los factores que justifican la creencia de que funcionarios estatales participaron en el homicidio y que deberían inducir a crear una comisión especial imparcial que la investigue figuran, entre otros, cuando la victima haya sido vista por ultima vez en la custodia de la policía o detenida; cuando el modus operandi sea reconocidamente imputable a escuadrones de la muerte patrocinados por el gobierno; cuando personas del gobierno o relacionadas con este hayan intentado obstruir o retrasar la investigación del homicidio, y cuando no puedan obtenerse las pruebas físicas o de testigos esenciales a la investigacion. En dichas situaciones, el párrafo 11 de los referidos Principios dispone que se establezca una comisión indagatoria independiente o un procedimiento semejante. Los investigadores, en esos casos, deben ser imparciales, competentes e independientes. A este respecto, la Corte considera que el elemento esencial de una investigación penal sobre una muerte derivada de intervención policial es la garantía de que el órgano investigador sea independiente de los funcionarios involucrados en el incidente. Esa independencia implica la ausencia de relación institucional o jerarquica, asi como su independencia en la practica . En ese sentido, en los supuestos de presuntos delitos graves en que “prima facie” aparezca como posible imputado personal policial, la investigación debe estar a cargo de un órgano independiente y diferente de la fuerza policial involucrada en el incidente, tales como una autoridad judicial o el Ministerio Publico, asistido por personal policial, técnicos de criminalística y administrativos ajenos al cuerpo de seguridad al que pertenezca el posible imputado o imputados. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido diversas circunstancias en las cuales la independencia de los investigadores puede estar afectada en caso de una muerte derivada de intervención estatal. Entre ellas, la Corte destaca supuestos en los cuales: i) los mismos policías investigadores son potencialmente sospechosos; ii) son colegas de los acusados; iii) tienen una relación jerarquica con los acusados; o iv) que la conducta de los órganos investigadores indique una falta de independencia, como la falla en adoptar determinadas medidas fundamentales para aclarar el caso y, cuando corresponda, sancionar a los responsables; v) un peso excesivo concedido a la versión de los acusados; vi) la omisión en explorar determinadas líneas de investigación que eran claramente necesarias, o vii) inercia excesiva. Lo anterior no significa que el órgano investigador debe ser absolutamente independiente, pero debe ser “suficientemente independiente de las personas o estructuras cuya responsabilidad esta siendo atribuida” en el caso concreto. La determinación del grado de independencia se hace a la luz de todas las circunstancias del caso. Si la independencia o la imparcialidad del órgano investigador son cuestionadas, el Tribunal debe ejercer un escrutinio mas estricto para verificar si la investigación fue realizada de manera independiente e imparcial. Asimismo, se debe examinar si, y hasta que medida, la alegada falta de independencia e imparcialidad impacto la efectividad del procedimiento para determinar lo ocurrido y sancionar a los Página 162 de 600

responsables. Algunos criterios esenciales, los cuales están interrelacionados, deben ser observados para establecer la efectividad de la investigación en esos casos: i) la adecuación de las medidas de investigacion; ii) la celeridad de la misma, y iii) la participación de la familia de la persona muerta y iv) la independencia de la investigacion. Asimismo, en casos de muerte provocada por intervención de un agente policial, la investigación para ser efectiva debe ser capaz de demostrar si el uso de la fuerza fue o no justificado en razón de las circunstancias. En ese tipo de casos, a las autoridades domesticas debe aplicarse un escrutinio particularmente riguroso en lo que se refiere a la investigacion. Finalmente, en lo que respecta a la intervención de órganos de supervisión de la investigación o del poder judicial, es necesario hacer notar que en algunas ocasiones las fallas de la investigación pueden ser remediadas, pero en otros casos eso no es posible en virtud del estado avanzado de la misma y de la magnitud de las falencias ocasionadas por el órgano investigador. Suspensión de garantías Corte IDH. Garantías judiciales en estados de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC--‐-9/87 de 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9. El concepto de debido proceso legal recogido por el articulo 8 de la Convencion debe entenderse como aplicable, en lo esencial, a todas las garantías judiciales referidas en la Convencion Americana, aun bajo el régimen de suspensión regulado por el articulo 27 de la misma. 30. Relacionado el articulo 8 con los artículos 7.6, 25 y 27.2 de la Convencion, se concluye que los principios del debido proceso legal no pueden suspenderse con motivo de las situaciones de excepción en cuanto constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos procesales, regulados por la Convencion, puedan considerarse como garantías judiciales. Esta conclusión es aun mas evidente respecto del habeas corpus y del amparo, a los que la Corte se referirá en seguida y que tienen el carácter de indispensables para tutelar los derechos humanos que no pueden ser objeto de suspension. Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166. La Corte considera que el Estado tiene la obligación de asegurar que las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos y libertades consagrados en la Convencion se mantengan vigentes en toda circunstancia, inclusive durante los estados de excepcion. Este Tribunal ha entendido anteriormente que se consideran como garantías indispensables aquellos procedimientos judiciales que ordinariamente son idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades, las cuales serán distintas según los derechos afectados. Tales garantías son aquellas a las que la Convencion se refiere expresamente en los artículos 7.6 y 25.1, consideradas dentro del marco y según los principios del articulo 8, y también las inherentes a la preservación del Estado de Derecho, aun bajo la legalidad excepcional que resulta de la suspensión de garantias. Esas garantías judiciales indispensables deben subsistir para verificar la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de las medidas especificas adoptadas en ejercicio de estas facultades excepcionales. Vinculación con derecho de acceso a la justicia Corte IDH. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97. Según el articulo 8.1 de la Convencion [...] Esta disposición de la Convencion consagra el derecho de acceso a la Página 163 de 600

justicia. De ella se desprende que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no este justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado articulo 8.1 de la Convencion. Lo que este Tribunal debe decidir en este caso es si la aplicación de la ley y la consecuente determinación de una tasa de justicia de 83.400.459,10 (ochenta y tres millones cuatrocientos mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos con diez centavos, equivalente al mismo monto en dólares de los Estados Unidos de America) es compatible con los artículos 8 y 25 de la Convencion Americana, referentes al derecho al acceso a la justicia y al derecho a un recurso sencillo y rapido. El Estado sostiene, sobre el particular, que la determinación de ese monto esta de acuerdo con la ley, cuyo propósito es evitar demandas temerarias; que esa suma es proporcional a lo reclamado en la demanda, que no se trata de una tasa confiscatoria y que el señor Cantos no la impugno en el orden interno. Sin embargo esta Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que el Estado no puede eximirse de responsabilidad respecto a sus obligaciones internacionales argumentando la existencia de normas o procedimientos de derecho interno. Y debe dejar establecido que la suma fijada por concepto de tasa de justicia y la correspondiente multa constituyen, a criterio de este Tribunal, una obstrucción al acceso a la justicia, pues no aparecen como razonables, aun cuando la mencionada tasa de justicia sea, en términos aritmeticos, proporcional al monto de la demanda. Esta Corte considera que si bien el derecho al acceso a la justicia no es absoluto y, consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, lo cierto es que estas deben guardar correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho. En consecuencia, el monto por cobrar en el caso en estudio no guarda relación entre el medio empleado y el fin perseguido por la legislación Argentina, con lo cual obstruye, evidentemente, el acceso a la justicia del señor Cantos, y en conclusión viola los artículos 8 y 25 de la Convencion. Este Tribunal estima que para satisfacer el derecho de acceso a la justicia no basta que en el respectivo proceso se produzca una decisión judicial definitiva. Tambien se requiere que quienes participan en el proceso puedan hacerlo sin el temor de verse obligados a pagar sumas desproporcionadas o excesivas a causa de haber recurrido a los tribunales. Esta ultima situación se agrava en la medida en que para forzar el pago procedan las autoridades a embargar los bienes del deudor o a quitarle la posibilidad de ejercer el comercio. Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190. En lo que se refiere al ejercicio del derecho a las garantías judiciales consagrado en el articulo 8 de la Convencion Americana, la Corte ha establecido, inter alia, que “es preciso que se observen todos los requisitos que sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada representación o gestión de los intereses o las pretensiones de aquellos cuyos derechos u obligaciones estén bajo consideración judicial”. Asimismo, esta disposición de la Convencion consagra el derecho de Página 164 de 600

acceso a la justicia. De ella se desprende que los Estados no deben interponer obstáculos a las personas que acudan a los jueces o tribunales con el fin de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o practica del orden interno que dificulte el acceso de los individuos a los tribunales, y que no este justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado articulo 8.1 de la Convencion. Esto tiene particular relevancia en casos de desaparición forzada de personas, dado que el derecho a las garantías judiciales comprende también el derecho de los familiares de la victima a acceder a estas. Corte IDH. Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C No. 285. La Corte ha establecido que el derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación de los hechos que se investigan y, en su caso, de las correspondientes responsabilidades penales en tiempo razonable, por lo que, en atención a la necesidad de garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora prolongada puede llegar a constituir, por si misma, una violación de las garantías judiciales. Asimismo, la Corte ha señalado que los órganos estatales encargados de la investigación relacionada con la desaparición forzada de personas, cuyos objetivos son la determinación de su paradero y el esclarecimiento de lo sucedido, la identificación de los responsables y su posible sancion, deben llevar a cabo su tarea de manera diligente y exhaustiva. Es oportuno recordar que en casos de desaparición forzada, es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de la victima o el lugar donde pueda encontrarse privada de libertad. En el presente caso tal obligación se ve reforzada por el hecho que las victimas eran niños y ninas al momento de los hechos, una de ellas en su primera infancia, por lo que el Estado tenia el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad. Los bienes jurídicos sobre los que recae la investigación obligan a redoblar esfuerzos en las medidas que deban practicarse para cumplir su objetivo, pues el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad--‐- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aun tornando nugatoria o ineficaz, la practica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y participes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Sin perjuicio de ello, las autoridades nacionales no están eximidas de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de su obligación de investigar. El actuar omiso o negligente de los órganos estatales no resulta compatible con las obligaciones emanadas de la Convencion Americana, con mayor razón si están en juego bienes esenciales de las personas. Asi pues, los Estados deben dotar a las autoridades correspondientes de los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las victimas. En el mismo sentido: Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 150; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 135; Caso Radilla Pacheco Vs. Página 165 de 600

México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 215; Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 196; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217, párr. 167; Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011 Serie C No. 232, párr. 145; Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012 Serie C No. 253, párr. 259. Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 28 La Corte recuerda que, en virtud de la protección otorgada por los artículos 8 y 25 de la Convencion, los Estados están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las victimas de violaciones de los derechos humanos, que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal. Asimismo, el Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas victimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables. En el mismo sentido: Corte IDH. Caso Tenorio Roca y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2016. Serie C No. 314, párr. 237. Corte IDH. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292. La Corte ha expresado de manera reiterada que los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las victimas de violaciones de los derechos humanos (articulo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (articulo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convencion a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (articulo 1.1). Este deber de “garantizar” los derechos implica la obligación positiva de adopcion, por parte del Estado, de una serie de conductas, dependiendo del derecho sustantivo especifico de que se trate. Por ejemplo, en casos de muerte violenta, la Corte ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilacion, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de los derechos afectados por este tipo de situaciones. Esta obligación general se ve especialmente acentuada en casos de uso de la fuerza letal por parte de agentes estatales. Una vez que se tenga conocimiento de que los agentes de seguridad han hecho uso de armas de fuego con consecuencias letales, el Estado esta obligado a iniciar ex officio y sin dilación una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva para determinar si la privación de la vida fue arbitraria o no. Esta obligación constituye un elemento fundamental y condicionante para la protección del derecho a la vida que se ve anulado en esas situaciones. Ademas, si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarian, en cierto modo, favorecidos por el poder publico, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado. En casos en que se ha establecido que ocurrieron ejecuciones extrajudiciales es Página 166 de 600

fundamental que los Estados realicen una investigación efectiva de la privación arbitraria del derecho a la vida reconocido en el articulo 4 de la Convencion, orientada a la determinación de la verdad y a la persecucion, captura, enjuiciamiento y, eventual, sanción de los autores de los hechos, especialmente cuando están involucrados agentes estatales. En el presente caso, el hecho de que las muertes se hayan producido en el marco de un conflicto armado no internacional, no eximia al Estado de su obligación de iniciar una investigacion, inicialmente sobre el uso de la fuerza que haya tenido consecuencias letales, aunque la Corte podrá tener en cuenta circunstancias o limitaciones especificas determinadas por la propia situación de conflicto al evaluar el cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones estatales. En particular, la Corte advierte que en el presente caso la hipótesis de las presuntas ejecuciones extrajudiciales salieron a la luz varios anos después de ocurridos los hechos (supra parrs. 165 y 174), por lo que no era posible exigir al Estado desde el inicio la obligación de investigar de acuerdo a los estándares internacionales desarrollados en casos de ejecuciones extrajudiciales (infra parr. 381). En todo caso, el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las victimas, de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. El cumplimiento de la obligación de emprender una investigación seria, imparcial y efectiva de lo ocurrido, en el marco de las garantías del debido proceso, ha involucrado también un examen del plazo de dicha investigación y de “los medios legales disponibles” a los familiares de la victima fallecida, para garantizar que sean escuchados, asi como que puedan participar durante el proceso de investigacion. Corte IDH. Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de marzo de 2017. Serie C No. 334. De conformidad con la Convencion Americana, los Estados Parte están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las victimas de violaciones de los derechos humanos (articulo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (articulo 8.1). Asimismo, el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas victimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables. La Corte ha señalado en su jurisprudencia reiterada que, en casos de privación de la vida, es fundamental que los Estados identifiquen, investiguen efectivamente y, eventualmente, sancionen a sus responsables, pues de lo contrario se estarían creando, dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones para que este tipo de hechos se repitan. El deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, que no dependa única o necesariamente de la iniciativa procesal de las victimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. La investigación debe ser seria, imparcial y efectiva, y estar orientada a la determinación de la verdad y a la persecucion, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de los autores de los hechos. En casos anteriores, la Corte ha considerado que la determinación efectiva de los hechos en la via penal tenia la posibilidad de constituir tanto la explicación suficiente y satisfactoria sobre la Página 167 de 600

privación de la vida de una persona, como un medio para satisfacer los derechos de acceso a la justicia y de conocer la verdad de sus familiares. Asi, se ha analizado si un proceso penal, en tanto respuesta investigativa y judicial del Estado, constituyo un medio adecuado para permitir una búsqueda genuina de la verdad de lo sucedido mediante una evaluación adecuada de las hipótesis consideradas sobre el modo y circunstancias de la privación de la vida. En ese sentido, se ha analizado si lo decidido formal y materialmente en el proceso penal puede considerarse, a la luz de lo dispuesto en los artículos 8.1 y 25 de la Convencion, como una adecuada motivación o fundamentación de la respuesta que las autoridades judiciales debieron dar al respecto. Por ello, el deber de motivación es una de las “debidas garantias” incluidas en el articulo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso del imputado y, en casos como el presente, también los derechos de acceso a la justicia y a conocer la verdad de los familiares, en relación con el articulo 25 de la Convencion. Corte IDH. Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de marzo de 2017. Serie C No. 334. Se alega que estos procesos constituyeron un mecanismo de amedrentamiento e intimidación contra la señora Acosta en relación con su denuncia sobre el móvil del homicidio de su esposo. En un caso anterior, la Corte considero que un defensor de derechos humanos fue mantenido en una situación de incertidumbre, inseguridad e intimidación por la existencia de un proceso penal en su contra que permaneció abierto alrededor de cinco anos sin mayor actividad procesal, en atención al alto cargo policial que ocupaba quien presento la querella y que era señalado como uno de los responsables de la ejecución de su hermano, en un contexto de actos de amenaza, hostigamiento y detenciones ilegales en contra de aquel. En ese caso, se considero que el proceso penal pudo haber generado un efecto intimidador o inhibidor en el libre y pleno ejercicio de su libertad de expresión. GARANTÍAS GENERALES ASOCIADAS AL ARTÍCULO 8.1 En este segundo apartado se encuentran extractados los principales párrafos de la jurisprudencia de la Corte IDH donde se tratan las garantías generales asociadas al articulo 8.1. Este inciso indica: “ Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. En esta sección se trata, especificamente, el derecho a ser oido, que también ha sido extendido por la Corte IDH a los familiares de las victimas y que incorpora el derecho a la realización de una investigación judicial efectiva y conducida con debida diligencia. Otro aspecto importante es el desarrollo que realiza la Corte IDH de las garantías de independencia, imparcialidad y competencia. Este ultimo aspecto destaca por el análisis que ha desarrollado la Corte IDH en relación a la restricción de la jurisdicción militar. Tambien se aborda como parte de estas garantías generales, el derecho a una resolución motivada, que en concepto de la Corte IDH constituye un elemento esencial para proscribir la arbitrariedad. Finalmente, un elemento central en el análisis de la Corte IDH es la garantía del plazo razonable, que como se evidenciara en la jurisprudencia extractada, ha sido objeto de una progresiva evolucion.

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Derecho a ser oído Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182. Al respecto, la Corte considera que del articulo 8.1 de la Convencion no se desprende que el derecho a ser oído debe necesariamente ejercerse de manera oral en todo procedimiento. Lo anterior no obstaría para que la Corte considere que la oralidad es una de las “debidas garantias” que el Estado debe ofrecer a los justiciables en cierto tipo de procesos. Sin embargo, el representante no ha presentado argumentos que justifiquen por que es necesaria la oralidad, como garantía del debido proceso, en el procedimiento disciplinario ante la CFRSJ o en las distintas instancias recursivas. En el mismo sentido: Caso Barbani Duarte y Otros Vs. Uruguay. Fondo Reparaciones y costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234, párr. 120. Corte IDH. Caso Dacosta Cadogan Vs. Barbados. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Septiembre de 2009. Serie C No. 204. Al respecto, la Corte recuerda que debido a la naturaleza excepcionalmente seria e irreversible de la pena de muerte, su imposición o aplicación esta sujeta a ciertos requisitos procesales, que limitan el poder punitivo del Estado y cuyo cumplimiento debe ser estrictamente observado y revisado. En este sentido, el Tribunal observa que el articulo 8.1 de la Convencion establece que “en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra [una persona]”, se deben proveer las “debidas garantias[,] dentro de un plazo razonable”. Los términos en que esta redactado este articulo indican claramente que el sujeto del derecho es el acusado, quien podrá exigir el respeto de todas las referidas “debidas garantias” propias de un “debido proceso”, las cuales podrán ser determinadas por el tribunal atendiendo a las particularidades de cada caso concreto. Es decir, todo juez tiene la obligación de asegurar que los procesos se lleven a cabo con el debido respeto de aquellas garantías judiciales, que sean necesarias para asegurar un juicio justo. De esta manera, el articulo 8.2 de dicho instrumento precisa cuales constituyen las “garantías minimas” a las que toda persona tiene derecho durante el proceso, en plena igualdad. Especificamente, el articulo 8.2.c de la Convencion exige que individuos puedan defenderse adecuadamente contra cualquier acto del Estado que pudiera afectar sus derechos. Asimismo, el articulo 8.2.f reconoce el derecho de los acusados a interrogar a los testigos presentados contra ellos y aquellos que declaran a su favor, bajo las mismas condiciones que el Estado, con el fin de defenderse. En todo caso, la Convencion no impide que los Estados adopten medidas adicionales a aquellas reconocidas en el articulo 8.2 de la Convencion con el propósito de garantizar un debido proceso. Corte IDH. Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay. Fondo Reparaciones y costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234. El examen requerido en el presente caso amerita que la Corte precise el alcance del derecho a ser oído establecido en el articulo 8.1 de la Convencion Americana. Ese derecho implica, por un lado, un ámbito formal y procesal de asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (tales como la presentación de alegatos y la aportación de prueba). Por otra parte, ese derecho abarca un ámbito de protección material que implica que el Estado garantice que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido. Esto ultimo no significa que siempre deba ser acogido sino que Página 169 de 600

se debe garantizar su capacidad para producir el resultado para el que fue concebido. Tomando en cuenta las alegadas violaciones en el presente caso, la Corte analizara primero lo relativo al ámbito material del derecho a ser oído en el proceso ante el órgano administrativo (Banco Central), para luego pasar a considerar las demás alegadas violaciones de las debidas garantías procesales en el referido procedimiento administrativo y en el proceso judicial ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268. Si bien ya se declaro que el Congreso no tenia competencia para cesar a los vocales del Tribunal Constitucional de sus cargos (supra parr. 180), bajo las circunstancias del presente caso, la Corte considera necesario entrar a analizar algunos de los derechos que fueron alegados por la Comision y los representantes tanto por la decisión de cese como los juicios politicos, en particular el derecho a ser oido, a la defensa y el principio “ne bis in idem”. El Tribunal ha desarrollado el derecho a ser oído protegido en el articulo 8.1 de la Convencion, en el sentido general de comprender el derecho de toda persona a tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones. Respecto al derecho a ser oido, consagrado en el articulo 8.1 de la Convencion, la Corte reitera que las garantías establecidas en el articulo 8 de la Convencion Americana suponen que las victimas deben contar con amplias posibilidades de ser oídas y actuar en los procesos respectivos, de manera que puedan formular sus pretensiones y presentar elementos probatorios y que estos sean analizados de forma completa y seria por las autoridades antes de que se resuelva sobre hechos, responsabilidades, penas y reparaciones. Sobre el particular, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la exigencia de que una persona “sea oida equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial” es equiparable al derecho a un “juicio” o a “procedimientos judiciales” justos. Al respecto, el Tribunal Europeo ha desarrollado el criterio según el cual un procedimiento justo supone que el órgano encargado de administrar justicia efectue “un examen apropiado de las alegaciones, argumentos y pruebas aducidas por las partes, sin perjuicio de sus valoraciones acerca de si son relevantes para su decision”. En el caso Olujic Vs. Croacia sobre la tramitación de un procedimiento disciplinario contra el Presidente de la Corte Suprema de Croacia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resalto la importancia del derecho a ser oído de manera equitativa. Por su parte, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha señalado también que en procedimientos de destitución es necesario garantizarles a los jueces al menos los requisitos del debido proceso contenidos en el Convenio Europeo Derechos Humanos, inter alia, que el caso sea oído dentro de un plazo razonable y el derecho a responder cualquier acusacion”. Corte IDH. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297. La Corte considera necesario que el derecho a ser oído se garantice en un proceso de extradicion. Al respecto, el perito Ben Saul senalo que a la persona se le debe permitir exponer las razones por las cuales no debería ser extraditado. Sin embargo, esto no implica que debe garantizarse en todas las etapas del proceso. Al respecto, la Corte advierte que, en muchos de los Estados Parte de la Convencion los procesos de extradición involucran una etapa o aspecto político . Esta Página 170 de 600

circunstancia o característica se desprende de la naturaleza misma de los procesos de extradicion, que constituyen procesos de cooperación judicial internacional entre Estados. Corte IDH. Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2015. Serie C No. 308. En este sentido, la Corte estima indispensable que las agencias policiales y jurisdiccionales ofrezcan mecanismos de denuncia accesibles y que aquellos sean difundidos para el conocimiento de los individuos. Sin embargo, el acceso a la justicia no se agota en la posibilidad de poner en conocimiento de las autoridades los hechos sucedidos. Resulta igualmente necesario que los sistemas de denuncia sean eficaces y deriven en una investigación real y seria, ya que de lo contrario carecerían de utilidad. Para que el derecho a ser oído no carezca de contenido, debe ser acompañado por el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar. Derecho de los familiares de las víctimas a ser oídos Corte IDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36. Así interpretado, el mencionado articulo 8.1 de la Convencion comprende también el derecho de los familiares de la victima a las garantías judiciales, por cuanto “todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia” (subrayado no es del original) (Declaracion de Naciones Unidas sobre la Proteccion de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas articulo 1.2). En el mismo sentido: Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr.128. En consecuencia, el articulo 8.1 de la Convencion Americana confiere a los familiares del señor Nicholas Blake el derecho a que su desaparición y muerte sean efectivamente investigadas por las autoridades de Guatemala; a que se siga un proceso contra los responsables de estos ilicitos; a que en su caso se les impongan las sanciones pertinentes, y a que se indemnicen los danos y perjuicios que han sufrido dichos familiares. Por lo tanto, la Corte declara que Guatemala violo el articulo 8.1 de la Convencion Americana, en perjuicio de los familiares del señor Nicholas Blake en relación con el articulo 1.1 de la Convencion. Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63. Por otra parte, del articulo 8 de la Convencion se desprende que las victimas de las violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparacion. En el mismo sentido: Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr.129; Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr.63; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 296; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 247;. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 95; Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 81; Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, Página 171 de 600

párr. 111 y 117; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 118; Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, párr. 116; Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 180; Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215, párr. 192; Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216, párr. 176; Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 139; Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 187; Caso Barbani Duarte y Otros Vs. Uruguay. Fondo Reparaciones y costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234, párr. 120; Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237, párr. 178; Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251, párr. 199; Caso Castillo González y otros Vs. Venezuela. Fondo. Sentencia de 27 de noviembre de 2012. Serie C No. 256, párr. 167. Al confrontar los hechos de este caso con lo expuesto anteriormente, se puede constatar que Guatemala ha realizado diversas actuaciones judiciales sobre aquellos. Sin embargo, es evidente que los responsables de tales hechos se encuentran en la impunidad, porque no han sido identificados ni sancionados mediante actos judiciales que hayan sido ejecutados. Esta sola consideración basta para concluir que el Estado ha violado el articulo 1.1 de la Convencion, pues no ha castigado a los autores de los correspondientes delitos. Al respecto, no viene al caso discutir si las personas acusadas en los procesos internos debieron o no ser absueltas. Lo importantes es que, con independencia de si fueron o no ellas las responsables de los ilicitos, el Estado ha debido identificar y castigar a quienes en realidad lo fueron, y no lo hizo. En el expediente existen abundantes constancias que demuestran que las autoridades judiciales que condujeron las actuaciones originadas en el secuestro, tortura y homicidio de Henry Giovanni Contreras, Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josue Juarez Cifuentes, Federico Clemente Figueroa Tunchez y en el homicidio de Anstraum Aman Villagran Morales, faltaron al deber de adelantar una investigación y un proceso judicial adecuados que llevaran al castigo de los responsables, y afectaron el derecho de los familiares de las victimas a ser oídos y a tramitar sus acusaciones ante un tribunal independiente e imparcial. Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71. Este Tribunal ha señalado recientemente que las garantías establecidas en el articulo 8 de la Convencion Americana suponen que las victimas deben contar con amplias posibilidades de ser oídas y actuar en los procesos respectivos. En el caso sub judice sucedieron los vicios apuntados (supra 80), lo cual no permitio a los magistrados contar con un proceso que reuniera las garantías minimas del debido proceso establecidas en la Convencion. Con ello en el caso en estudio se limito el derecho de las victimas a ser oídas por el órgano que Página 172 de 600

emitio la decisión y, ademas, se restringio su derecho a participar en el proceso. Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75. La Corte, conforme a lo alegado por la Comision y no controvertido por el Estado, considera que las leyes de amnistía adoptadas por el Peru impidieron que los familiares de las victimas y las victimas sobrevivientes en el presente caso fueran oídas por un juez, conforme a lo señalado en el articulo 8.1 de la Convencion; violaron el derecho a la protección judicial consagrado en el articulo 25 de la Convencion; impidieron la investigacion, persecucion, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos, incumpliendo el articulo 1.1 de la Convencion, y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso. Finalmente, la adopción de las leyes de autoamnistia incompatibles con la Convencion incumplio la obligación de adecuar el derecho interno consagrada en el articulo 2 de la misma. La Corte estima necesario enfatizar que, a la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convencion Americana, los Estados Partes tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convencion. Es por ello que los Estados Partes en la Convencion que adopten leyes que tengan este efecto, como lo son las leyes de autoamnistia, incurren en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convencion. Las leyes de autoamnistia conducen a la indefensión de las victimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convencion Americana. Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las victimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente. Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202. Luego, puesto que uno de los objetivos de dicha practica [desaparición forzada] es precisamente impedir el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, una vez que una persona ha sido sometida a secuestro, retención o cualquier forma de privación de la libertad con el objetivo de su desaparición forzada, si la victima misma no puede acceder a los recursos disponibles, resulta fundamental que los familiares u otras personas allegadas puedan tener acceso a procedimientos o recursos judiciales rapidos y eficaces como medio para determinar su paradero o su estado de salud o para individualizar a la autoridad que ordeno la privación de libertad o la hizo efectiva. En el mismo sentido: Caso García y familiares Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 noviembre de 2012 Serie C No. 258, párr.133. Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209. De conformidad con el derecho reconocido en el articulo 8.1 de la Convencion Americana, en relación con el articulo 1.1 de la misma, este Tribunal ha establecido que los Estados tienen la obligación de garantizar que, en todas las etapas de los respectivos procesos, las victimas puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y, en sintesis, hacer valer sus intereses. Dicha participación deberá tener como finalidad el acceso a la justicia, el conocimiento de la Página 173 de 600

verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparacion. En tal sentido, la Corte ha establecido que la ley interna debe organizar el proceso respectivo de conformidad con la Convencion Americana. La obligación estatal de adecuar la legislación interna a las disposiciones convencionales comprende el texto constitucional y todas las disposiciones jurídicas de carácter secundario o reglamentario, de tal forma que pueda traducirse en la efectiva aplicación practica de los estándares de protección de los derechos humanos. Al respecto, el Tribunal estima que el acceso al expediente es requisito sine qua non de la intervención procesal de la victima en la causa en la que se constituye como parte coadyuvante o querellante, según la legislación interna. Si bien la Corte ha considerado admisible que en ciertos casos exista reserva de las diligencias adelantadas durante la investigación preliminar en el proceso penal, para garantizar la eficacia de la administración de justicia, en ningún caso la reserva puede invocarse para impedir a la victima el acceso al expediente de una causa penal. La potestad del Estado de evitar la difusión del contenido del proceso, de ser el caso, debe ser garantizada adoptando las medidas necesarias compatibles con el ejercicio de los derechos procesales de las victimas. Tomando en cuenta lo anterior, y en aplicación del articulo 29 b) de la Convencion Americana, la Corte considera que debe entenderse que el derecho de las victimas en este caso a obtener copias de la averiguación previa conducida por la Procuraduria General de la Republica no esta sujeto a reservas de confidencialidad, en tanto que la misma se refiere a la investigación de delitos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, como lo es la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco. De esta manera, las victimas en el presente caso deben tener derecho al acceso al expediente y a solicitar y obtener copias del mismo, ya que la información contenida en aquel no esta sujeta a reserva. Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 250. Ademas, El Tribunal recuerda que, de conformidad con el derecho reconocido en el articulo 8.1 de la Convencion Americana, en relación con el articulo 1.1 de la misma, los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho de las victimas o sus familiares de participar en todas las etapas de los respectivos procesos, de manera que puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y, en sintesis, hacer valer sus derechos. Dicha participación deberá tener como finalidad el acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparacion. Sin embargo, la búsqueda efectiva de la verdad corresponde al Estado, y no depende de la iniciativa procesal de la victima, o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 28. En distintos casos la Corte ha considerado que el derecho a la verdad “se encuentra subsumido en el derecho de la victima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25.1 de la Convencion”. Por otra parte, en algunos casos tales como Anzualdo Castro y otros vs. Peru y Gelman vs. Uruguay la Corte ha realizado consideraciones adicionales y especificas aplicables al caso concreto sobre la violación del derecho a la Página 174 de 600

verdad. Asimismo, en el caso Gudiel Alvarez y otros (Diario Militar) vs. Guatemala la Corte analizo la violación del derecho a conocer la verdad en su análisis del derecho a la integridad personal de los familiares, pues considero que, al ocultar información que impidió a los familiares el esclarecimiento de la verdad, el Estado respectivo había violado los artículos 5.1 y 5.2 de la Convencion Americana. Adicionalmente, en el caso Gomes Lund y otros (Guerilla de Araguaia) vs. Brasil, la Corte declaro una violación autónoma del derecho a la verdad que, por las circunstancias especificas de dicho caso, constituyo, además de una violación al derecho de acceso a la justicia y recurso efectivo, una violación del derecho a buscar y recibir informacion, consagrado en el articulo 13 de la Convencion. Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 299. Por su parte, este Tribunal ha determinado que toda persona, incluyendo los familiares de las victimas de graves violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad. En consecuencia, los familiares de las victimas y la sociedad deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones. La Corte Interamericana ha considerado el contenido del derecho a conocer la verdad en su jurisprudencia, en particular en casos de desaparición forzada. Desde el caso Velasquez Rodriguez el Tribunal afirmo la existencia de un “derecho de los familiares de la victima de conocer cual fue el destino de esta y, en su caso, donde se encuentran sus restos”. Posteriormente, en distintos casos la Corte ha considerado que el derecho a conocer la verdad “se encuentra subsumido en el derecho de la victima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25.1 de la Convencion”. Por otra parte, en algunos casos tales como Anzualdo Castro y otros Vs. Peru y Gelman Vs. Uruguay la Corte ha realizado consideraciones adicionales y especificas aplicables al caso concreto sobre la violación del derecho a conocer la verdad . Asimismo, en el caso Gudiel Alvarez y otros (Diario Militar) vs. Guatemala, la Corte analizo la violación del derecho a conocer la verdad en su análisis del derecho a conocer la integridad personal de los familiares, pues considero que, al ocultar información que impidió a los familiares el esclarecimiento de la verdad, el Estado respectivo había violado los artículos 5.1 y 5.2 de la Convencion Americana. Adicionalmente, en el caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil, la Corte declaro una violación autónoma del derecho a conocer la verdad que, por las circunstancias especificas de dicho caso, constituyo, además de una violación al derecho de acceso a la justicia y recurso efectivo, una violación del derecho a buscar y recibir informacion, consagrado en el articulo 13 de la Convencion. Finalmente, el Tribunal ha considerado la obligación de investigar como una forma de reparacion, ante la necesidad de remediar la violación del derecho a conocer la verdad en el caso concreto. De lo anterior se desprende que, si bien el derecho a conocer la verdad se ha enmarcado fundamentalmente en el derecho de acceso a la justicia, aquel tiene una naturaleza amplia y su vulneración puede afectar distintos derechos consagrados en la Convencion Americana, dependiendo del contexto y circunstancias particulares del caso. En el caso del Peru, el Tribunal Constitucional del Peru ha reconocido que “el derecho a la verdad, aunque no tiene un reconocimiento expreso en [el] texto constitucional, es Página 175 de 600

un derecho plenamente protegido […]”. Asimismo, ha señalado que “[l]a Nacion tiene el derecho de conocer la verdad sobre los hechos o acontecimientos injustos y dolorosos provocados por las multiples formas de violencia estatal y no estatal. Tal derecho se traduce en la posibilidad de conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ellos ocurrieron, asi como los motivos que impulsaron a sus autores. El derecho a la verdad es, en ese sentido, un bien jurídico colectivo inalienable”. Cabe senalar, ademas, que el Peru ratifico, el 26 de septiembre de 2012, la mencionada Convencion Internacional para la Proteccion de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que reconoce expresamente el derecho a conocer la verdad. En el mismo sentido: Corte IDH. Caso Tenorio Roca y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2016. Serie C No. 314, párr. 244. Derecho a una investigación judicial efectiva Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4 En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la victima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad publica busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es valida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violacion, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarian, en cierto modo, auxiliados por el poder publico, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado. En el mismo sentido: Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr.226; Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr.188; Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr.123; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202; Caso García Ibarra y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2015. Serie C No. 306, párr.154; Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2015. Serie C No. 308, párr.208. Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63. Al respecto, observa la Corte que los procesos judiciales internos revelan dos tipos de deficiencias graves: en primer lugar, se omitió por completo la investigación de los delitos de secuestro y tortura (supra, parr. 66.b). En segundo lugar, se dejaron de ordenar, practicar o valorar pruebas que hubieran sido de mucha importancia para el debido esclarecimiento de los homicidios (supra, parrs. 104--‐-121). En relación con el esclarecimiento de los homicidios es pertinente destacar, por ejemplo, que las autopsias quedaron incompletas y fueron practicadas de manera Página 176 de 600

muy poco tecnicas; no se registraron ni conservaron las huellas digitales de los cadaveres, ni estos fueron retratados de cuerpo entero; no se decreto el reconocimiento personal por testigos de uno de los acusados de los homicidios; no se llamo a declarar a presuntos testigos presenciales de los hechos, mencionados por otros testigos; no se decreto un peritaje dental para determinar si uno de los acusados tenia una sena particular que fue descrita por varios testigos; no se realizo la reconstrucción de los hechos en relación con el homicidio de Anstraum Aman Villagran Morales; no se practico allanamiento a las residencias de los sindicados; no se investigo si habían sido adulterados los registros sobre entradas y salidas de los presuntos homicidas al servicio y los registros de entrada y salida de sus armas de dotación de las armerias; no se indago por el vehiculo en que se movilizaron los secuestradores de los cuatro jóvenes cuyos cuerpos aparecieron sin vida en los Bosques de San Nicolas, a pesar de que una testigo proporciono el numero de su placa; las amenazas que sufrieron algunos testigos y que obviamente entorpecían las investigaciones, no fueron objeto de pesquisa alguna. En lo referente a la apreciación de las pruebas, se observa que los tribunales internos desestimaron por irrelevantes o tacharon absoluta o parcialmente ciertos testimonios importantes, aplicando criterios que merecen reparos. Asi, por ejemplo, las madres de tres de las victimas fueron descalificadas como declarantes por su vinculo familiar con estas. La testigo que declaro haber sido sometida a un secuestro y a malos tratos similares a los que padecieron cuatro de los jóvenes de que trata este caso, fue desechada por haber sido victima de los propios hechos que describia. Varios testimonios fueron declarados “irrelevantes” sin ninguna explicacion, a pesar de que proporcionaban elementos reveladores sobre la forma como ocurrieron los hechos y contribuían a la identificación de los responsables de los mismos. El informe resultante de la investigación policial ordenada por los propios jueces, para dar soporte a los procesos judiciales, fue descartado por no ser “prueba suficiente”. Tambien fueron desestimadas las declaraciones testimoniales de los autores de dichos informes, porque ni “directa ni indirectamente señalan como [responsables] a los inculpados” -- -vale aclarar que tanto las conclusiones de esos informes como las declaraciones de los investigadores policiales que los elaboraron, ante las autoridades judiciales internas y ante esta Corte, fueron contundentes en afirmar que los autores de los homicidios habían sido los dos agentes de la policía identificados por los testigos. La declaración de otro testigo fue dejada de lado porque se trataba de una persona que trabajaba por el bienestar de los “niños de la calle”, lo cual revelaria un supuesto interés directo en la causa. Las imprecisiones en que incurrieron ciertos testigos -‐-cuyas declaraciones fueron tomadas muchos meses después de ocurridos los hechos--‐- sobre las circunstancias de tiempo en que sucedieron estos ultimos, fueron utilizadas como fundamento para una desestimación total de dichas declaraciones, a pesar de que estas proporcionaban, de manera consistente y coincidente, información relevante sobre otros aspectos de los acontecimientos objeto de investigacion. Frente a la prueba balistica, de acuerdo con la cual el proyectil que fue encontrado junto al cadáver de Anstraum Aman Villagran Morales había sido disparado por el arma de dotación de uno de los policías acusados, los jueces nacionales razonaron diciendo que eso no constituía evidencia de que el arma hubiera sido accionada por el imputado. Puestos frente a dos oficios policiales divergentes sobre si ese mismo sindicado estaba o no de servicio cuando Página 177 de 600

fue cometido el homicidio del joven Villagran Morales, los mencionados jueces se atuvieron, sin mas formulas, al que resultaba favorable a los intereses de la defensa de los policías imputados, sin indagar por las explicaciones de la contradiccion. Visto en su conjunto el proceder de aquellos jueces, se hace evidente que fragmentaron el acervo probatorio y luego pretendieron enervar, caso por caso, los alcances de todos y cada uno de los elementos probatorios de la responsabilidad de los imputados. Esto contraviene los principios de valoración de la prueba, de acuerdo con los cuales las evidencias deben ser apreciadas en su integralidad, es decir, teniendo en cuenta sus relaciones mutuas, y la forma como se prestan soporte unas a otras o dejan de hacerlo. De esa manera el Estado dejo de cumplir con la obligación de investigar efectiva y adecuadamente los hechos de que se trata, en violación del articulo 1.1 de la Convencion Americana, en conexión con el articulo 8 de la misma. Corte IDH. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68. En consecuencia, el articulo 8.1 de la Convencion Americana, en conexión con el articulo 25.1 de la misma, confiere a los familiares de las victimas el derecho a que la desaparición y muerte de estas ultimas sean efectivamente investigadas por las autoridades del Estado; se siga un proceso contra los responsables de estos ilicitos; en su caso se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los danos y perjuicios que dichos familiares han sufrido. Ninguno de estos derechos fue garantizado en el presente caso a los familiares de los señores Durand Ugarte y Ugarte Rivera. En el mismo sentido: Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90, párr.65. Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99. Asimismo, las actuaciones judiciales para establecer la muerte del señor Juan Humberto Sanchez y sancionar a sus responsables, se han caracterizado en su conjunto por carencias en la investigacion. Por ejemplo, una vez hallado el cadáver de aquel no se llevo a cabo una autopsia ni se tomaron fotografías de la ubicación del cadaver, ya que como lo afirmo el juez de paz y el testigo Hector Fortin no existían recursos económicos para este tipo de diligencias. Valga destacar que el propio Estado afirmo que en esta clase de situaciones no se practicaban estas diligencias (supra 70.12 y 106.c), con lo cual en el caso sub judice no se tenían las pruebas necesarias para adelantar una investigación seria y eficaz sobre lo ocurrido al señor Juan Humberto Sanchez. Esta Corte considera que en casos en los cuales se han producido ejecuciones extrajudiciales el Estado deberá adoptar una investigación seria, imparcial y efectiva de lo acaecido. En este sentido el Protocolo de Naciones Unidas para la Investigacion Legal de las Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias o Protocolo de Minnesota ha sentado algunos lineamientos básicos para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar si las ejecuciones han sido extrajudiciales, sumarias y arbitrarias. El Protocolo ha señalado como requisitos minimos de la investigacion: la identificación de la victima, la recolección y preservación de pruebas relacionadas con la muerte con el fin de ayudar en el potencial procesamiento de los responsables, la identificación de posibles testigos y la obtención de sus declaraciones en relación con la muerte, la determinación de la causa, manera, lugar y tiempo de la muerte, asi como cualquier patrón o practica que pueda haber provocado la muerte, la distinción entre muerte natural, suicidio y homicidio, la identificación y Página 178 de 600

aprehensión de la o las personas involucradas en la muerte y la presentación de los presuntos perpetradores ante un tribunal competente establecido por ley. En este caso no se cumplieron dichos parametros. La Corte observa que en casos de ejecuciones extrajudiciales es fundamental que las autoridades competentes deban realizar un exhaustiva investigación de la escena, examinar el cuerpo de la victima y llevar a cabo, por expertos profesionales, una autopsia para determinar las causas del deceso cuando esto sea posible o llevar a cabo una prueba igualmente rigurosa, dentro de las circunstancias del caso. En el caso en estudio, la Corte destaca que las autoridades por diferentes motivos no tomaron las medidas necesarias para preservar la prueba que había en la escena del crimen y realizar una autopsia que permitiera hacer una investigación seria y efectiva de lo sucedido, para a la postre sancionar a los responsables. En el mismo sentido: Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, párrs. 114 y 115. Corte IDH. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103. El Tribunal considera, pues, que el Estado no ha investigado efectivamente los hechos que afectaron a Maritza Urrutia y, consecuentemente, no ha identificado a la persona o personas responsables penalmente de los hechos antijuridicos, por lo que se mantiene la impunidad de los responsables. Al respecto, la Corte ha entendido que la impunidad es la falta, en conjunto, de investigacion, persecucion, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables e las violaciones de los derechos protegidos por la Convencion Americana, y que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles. La impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las victimas y de sus familiares. Corte IDH. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134. Tal como fue señ alado, en casos de ejecuciones extrajudiciales, la jurisprudencia de este Tribunal es inequı́voca: el Estado tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva (supra párr. 219), que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. En el mismo sentido: Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párrs.119 y 120. En este sentido, basado en el Manual sobre la Prevenció n e Investigació n Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, este Tribunal ha especificado los principios rectores que es preciso observar cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben intentar como mı́nimo, inter alia: a) identificar a la vı́ctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, ası́ como cualquier patró n o práctica que pueda haber causado la muerte; y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más Página 179 de 600

apropiados. En el mismo sentido: Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr.121; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr.217; Caso familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237, párr.235. Ciertamente el modus operandi en la ejecución de la masacre – la destrucción de los cuerpos y el terror sembrado entre los habitantes sobrevivientes de Mapiripán – ha dificultado la plena identificación de las vı́ctimas de la masacre. Sin embargo, los hechos probados y reconocidos por el Estado revelan una serie de problemas ocurridos a lo largo de las investigaciones que evidencian graves faltas a la debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales. La negligencia de las autoridades judiciales encargadas de examinar las circunstancias de la masacre mediante la recolección oportuna de pruebas in situ, no puede ser subsanada con las loables pero tardı́as diligencias probatorias para buscar restos mortales en el fondo del rı́o Guaviare, que la Fiscalı́a General de la Nación inició hasta diciembre de 2004, es decir, más de ocho añ os después de ocurridos los hechos. Las insuficiencias señ aladas, sumadas a los intentos de encubrir los hechos por parte de algunos miembros del Ejército (supra párrs. 96.37, y 96.44 a 96.46), pueden ser calificadas como graves faltas al deber de investigar los hechos, que afectaron definitivamente el desarrollo posterior del proceso penal. En el presente caso, el conjunto de las faltas a los deberes de protección y de investigación ya establecidas han coadyuvado a la impunidad de la mayorı́a de los responsables de las violaciones cometidas. Dichas faltas evidencian una forma de continuidad del mismo modus operandi de los paramilitares de encubrimiento de los hechos y han desembocado en la posterior falta de efectividad del proceso penal en curso por los hechos de la masacre, en la que participaron directamente al menos 100 paramilitares con colaboración, aquiescencia y tolerancia de miembros de las Fuerzas Armadas colombianas. La Corte observa que una operación de semejantes proporciones no pudo pasar desapercibida por los altos mandos militares de las zonas de donde salieron y por donde transitaron los paramilitares. Algunos de los hechos sobre la planeación y ejecución de la masacre están contenidos en el reconocimiento estatal de responsabilidad, y si bien han sido condenados algunos de los responsables de la masacre, subsiste una impunidad generalizada en el presente caso, en la medida en que no ha sido determinada toda la verdad de los hechos ni la totalidad de las responsabilidades intelectuales y materiales por los mismos. Además, es un hecho relevante que algunos de los paramilitares condenados no se encuentren cumpliendo la condena impuesta por no haberse hecho efectivas las ó rdenes de captura libradas en su contra. En sı́ntesis, la impunidad parcial y la falta de efectividad del proceso penal en este caso se reflejan en dos aspectos: en primer lugar, la gran mayorı́a de los responsables no han sido vinculados a las investigaciones o no han sido identificados ni procesados – si se toma en cuenta que el Estado reconoció que participaron en la masacre más de 100 personas y que la Corte ha establecido su responsabilidad porque la misma no pudo haberse perpetrado sin el conocimiento, tolerancia y colaboración de los más altos mandos del Ejército colombiano de las zonas donde ocurrieron los hechos. En segundo lugar, la impunidad se refleja en el juicio y condena en ausencia de los paramilitares que, si bien ocupan altos puestos en las Página 180 de 600

estructuras de las AUC, como es el caso de Carlos Castañ o Gil, jefe de las mismas, se han visto beneficiados con la acción de la justicia que los condena pero no hace efectiva la sanción. En este sentido, llama la atenció n de la Corte el hecho comunicado por el Estado, al remitir información solicitada como prueba para mejor resolver, referente a que el 3 de agosto del añ o en curso se ordenó la vinculación a la investigación de Salvatore Mancuso Gómez pero se suspendió su orden de captura “debido a su condición de representante de las Autodefensas Unidas de Colombia frente al proceso de paz que adelanta el Gobierno con dicha organización”. En conclusión, la Corte considera que las violaciones declaradas a los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida de las vı́ctimas (supra párr. 139), resultan agravadas como consecuencia de las faltas al deber de protección y al deber de investigar los hechos, como consecuencia de la falta de mecanismos judiciales efectivos para dichos efectos y para sancionar a todos los responsables de la masacre de Mapiripán. En consecuencia, el Estado ha violado los artı́culos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artı́culo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de las vı́ctimas del presente caso. Corte IDH. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136. La Corte ha reiterado que los familiares de victimas de graves violaciones de derechos humanos tienen el derecho a conocer la verdad sobre estas violaciones. Este derecho a la verdad, al ser reconocido y ejercido en una situación concreta, constituye un medio importante de reparación para la victima y sus familiares y da lugar a una expectativa que el Estado debe satisfacer. Por otra parte, el conocer la verdad facilita a la sociedad peruana la búsqueda de formas de prevenir este tipo de violaciones en el futuro. En el mismo sentido: Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr.297; Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 203 y 204 y Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr.259. En consecuencia, los familiares de las victimas tienen el derecho, y los Estados la obligacion, a que lo sucedido a aquellas sea efectivamente investigado por las autoridades estatales, se siga un proceso contra los presuntos responsables de estos ilícitos y, en su caso, se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los danos y perjuicios que dichos familiares han sufrido. En el mismo sentido: Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 205; Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr.64 y. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 187; Caso García y familiares Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 noviembre de 2012 Serie C No. 258, párr.133. En respuesta a la desaparición forzada del señor Santiago Gomez Palomino, el primer recurso que el Estado debió haber suministrado era una investigación efectiva y un proceso judicial tendiente al esclarecimiento de los hechos, la sanción de los responsables y el otorgamiento de una compensación adecuada. Este Tribunal ha establecido que la investigación que deben emprender los Estados debe ser realizada ex officio, sin dilación y con la Página 181 de 600

debida diligencia, lo cual implica que el órgano que investiga debe llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones necesarias para procurar como minimo el esclarecimiento de los hechos. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166. Asimismo, en este tipo de casos tiene una particular relevancia que las autoridades competentes adopten las medidas razonables para asegurar el material probatorio necesario para llevar a cabo la investigación y que gocen de independencia, de jure y de facto, de los funcionarios involucrados en los hechos. Lo anterior requiere no solo independencia jerarquica o institucional, sino también independencia real. 123. Dicha investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigacion, persecucion, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. El Tribunal ha sostenido que al llevar a cabo o tolerar acciones dirigidas a realizar ejecuciones extrajudiciales, no investigarlas de manera adecuada y no sancionar efectivamente, en su caso, a los responsables, el Estado viola sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos reconocidos por la Convencion a la presunta victima y sus familiares, impide que la sociedad conozca lo ocurrido y reproduce las condiciones de impunidad para que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. Corte IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 16. La Corte recuerda su jurisprudencia constante en el sentido de que el cumplimiento del deber de investigar en casos como el presente, debe comprender la realizacion, de oficio y sin dilacion, de una investigación seria, imparcial, efectiva, para la cual los Estados deben hacer uso de todos los medios legales disponibles e involucrar a toda institución estatal. Al respecto, el Tribunal reitera que la obligación de investigar es una obligación de medio, no de resultados. Lo anterior no significa, sin embargo, que la investigación pueda ser emprendida como “una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”. Cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, asi como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad especifica, la determinación de la verdad y la investigacion, persecucion, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos. Asimismo, esta Corte ha señalado que la facultad de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas victimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y se sancione a los eventuales responsables. Todas esas exigencias, asi como criterios de independencia e imparcialidad, se extienden también a los órganos no judiciales a los que corresponda la investigación previa al proceso judicial, realizada para determinar las circunstancias de una muerte y la existencia de suficientes indicios para interponer una acción penal. Sin el cumplimiento de estas exigencias, el Estado no podrá posteriormente ejercer de manera efectiva y eficiente su facultad acusatoria y los tribunales no podrán llevar a cabo el proceso judicial que este tipo de violaciones requiere. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193. Los Estados partes pueden organizar su sistema procesal penal, asi como la funcion, estructura o ubicación institucional del Ministerio Publico a cargo de la Página 182 de 600

persecución penal, considerando sus necesidades y condiciones particulares, siempre que cumplan con los propósitos y obligaciones determinadas en la Convencion Americana. En los casos que la legislación de un determinado Estado establezca que los integrantes del Ministerio Publico desempeñan su labor con dependencia organica, ello no implica, en si mismo, una violación a la Convencion. Por su parte, la Corte destaca que el principio de legalidad de la función publica, que gobierna la actuación de los funcionarios del Ministerio Publico, obliga a que su labor en el ejercicio de sus cargos se realice con fundamentos normativos definidos en la Constitucion y las leyes. De tal modo, los fiscales deben velar por la correcta aplicación del derecho y la búsqueda de la verdad de los hechos sucedidos, actuando con profesionalismo, buena fe, lealtad procesal, considerando tanto elementos que permitan acreditar el delito y la participación del imputado en dicho acto, como también los que puedan excluir o atenuar la responsabilidad penal del imputado. Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202. Para que una investigación penal constituya un recurso efectivo para asegurar el derecho de acceso a la justicia de las presuntas victimas, asi como para garantizar los derechos que se han visto afectados en el presente caso, debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa y debe tener un sentido y ser asumida por los Estados como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la victima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. En el mismo sentido: Caso García Ibarra y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2015. Serie C No. 306, párr.154; Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2015. Serie C No. 308, párr.208. En estos casos, la impunidad debe ser erradicada mediante la determinación de las responsabilidades tanto generales – el Estado--‐como individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares. En cumplimiento de esta obligacion, el Estado debe remover todos los obstaculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad. Las investigaciones deben respetar los requerimientos del debido proceso, lo que implica que el sistema de administración de justicia debe estar organizado de manera tal que su independencia e imparcialidad pueda ser garantizada y que el juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos sea efectuado ante los tribunales ordinarios, para evitar la impunidad y procurar la búsqueda de la verdad. Ademas, ante la naturaleza y gravedad de los hechos, mas aun en contextos de violaciones sistematicas de derechos humanos, y puesto que el acceso a la justicia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional, la necesidad de erradicar la impunidad se presenta ante la comunidad internacional como un deber de cooperación entre los Estados, que deben adoptar las medidas necesarias para no dejar en la impunidad esas violaciones, ya sea ejerciendo su jurisdicción para aplicar su derecho interno y el derecho internacional para juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, o colaborando con otros Estados que lo hagan o procuren hacerlo. El hecho que el órgano encargado de la investigación cerrara –aunque fuera en términos provisorios--‐- la investigación por la desaparición forzada del señor Anzualdo Castro sin agotar ninguna de las hipótesis investigativas Página 183 de 600

expuestas, con fundamento en su supuesta vinculación con Sendero Luminoso, demuestra que actuo de manera incompatible con su función de realizar una investigación de oficio, objetiva, exhaustiva y efectiva. En este sentido, la Corte ya ha establecido que “el principio de legalidad de la función publica, que gobierna la actuación de los funcionarios del Ministerio Publico, obliga a que su labor en el ejercicio de sus cargos se realice con fundamentos normativos definidos en la Constitucion y las leyes. De tal modo, los fiscales deben velar por la correcta aplicación del derecho y la búsqueda de la verdad de los hechos sucedidos, actuando con profesionalismo, buena fe y lealtad procesal”. Corte IDH. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203. La Corte considera que los órganos estatales encargados de la investigación relacionada con la muerte violenta de una persona, cuyo objetivo es la determinación de los hechos, la identificación de los responsables y su posible sancion, deben llevar a cabo su tarea de manera diligente y exhaustiva. El bien jurídico sobre el que recae la investigación obliga a redoblar esfuerzos en las medidas que deban practicarse para cumplir su objetivo. El actuar omiso o negligente de los órganos estatales no resulta compatible con las obligaciones emanadas de la Convencion Americana, con mayor razón si esta en juego uno de los bienes esenciales de la persona. La Corte no puede dejar de expresar su preocupación por las graves fallas y demoras en la investigación del presente caso, que afectaron a victimas que pertenecen a un grupo considerado vulnerable. Como lo ha manifestado reiteradamente este Tribunal, la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos. Corte IDH. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211. La Corte considera que la investigación de los hechos de la masacre no ha sido asumida como un deber propio del Estado, y esta no ha estado dirigida eficazmente a la investigacion, persecucion, captura, enjuiciamiento y eventual sanción de todos los responsables, de modo que se examinen de forma completa y exhaustiva la multiplicidad de afectaciones ocasionadas a los pobladores del Parcelamiento de Las Dos Erres. Asimismo, la investigación tampoco ha estado encaminada hacia la identificación y entrega de los restos de las personas que murieron en la masacre. Finalmente, el Estado no ha realizado con debida diligencia las acciones necesarias para ejecutar las ordenes de aprehensión que se encuentran vigentes, ni ha brindado la colaboración requerida por los tribunales, a fin de esclarecer los hechos. Todo ello en detrimento del derecho a conocer la verdad de lo sucedido. El Tribunal estima que en una sociedad democrática se debe conocer la verdad sobre los hechos de graves violaciones de derechos humanos. Esta es una justa expectativa que el Estado debe satisfacer, por un lado, mediante la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos y, por el otro, con la divulgación publica de los resultados de los procesos penales e investigativos. Esto exige del Estado la determinación procesal de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades y reparar a las victimas del caso. Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213. En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de Página 184 de 600

dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentranar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no solo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigacion. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial del Senador Cepeda solo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participacion. En el mismo sentido: Caso García y familiares Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 noviembre de 2012 Serie C No. 258, párr.148; Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 299, párr. 258. Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215. En casos de violencia contra la mujer las obligaciones generales establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convencion Americana se complementan y refuerzan, para aquellos Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del tratado interamericano especifico, la Convencion de Belem do Para. En su articulo 7.b dicha Convencion obliga de manera especifica a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. De tal modo, ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las victimas en las instituciones estatales para su proteccion. En el mismo sentido: Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr.177; Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, párr.185; Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No. 329, párr.296. Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217. En relación a otro caso contra Bolivia, la Corte ya ha señalado que es esencial la manera en que se llevan a cabo las acciones tendientes a la búsqueda de restos presumiblemente humanos. Asimismo, que la recolección y preservación correcta de tales restos son condiciones indispensables para la determinación de lo sucedido a las victimas y, consecuentemente, para la investigacion, proceso y eventual sanción de los responsables, y que el transcurso del tiempo puede generar efectos irreversibles sobre los restos cuando estos no son conservados adecuadamente. En tal sentido, los Estados deben llevar a cabo lo antes posible las pruebas periciales necesarias tendientes a la identificación de los restos referidos. En el presente caso, es evidente que la búsqueda del paradero del señor Jose Luis Ibsen Pena no ha sido llevada a cabo de manera inmediata por el Estado. Asimismo, sin prejuzgar sobre la identidad de las persona a quien correspondan los restos encontrados en La Cuchilla (supra parr. 218), que Página 185 de 600

el Estado tampoco ha realizado prontamente los análisis pertinentes para determinar o descartar si los mismos pertenecen al señor Ibsen Pena. Asimismo, que las diligencias de búsqueda de su paradero no han continuado. Todo esto constituye una clara violación al articulo 8.1 de la Convencion Americana. Al respecto, la Corte resalta la importancia que tiene para la conducción de la investigación y para el juzgamiento y eventual sanción de los responsables, el hecho de haber comprobado de manera fehaciente que los restos excavados en el ano 2008 pertenecen a Rainer Ibsen Cardenas. Sin embargo, el Tribunal nota que a pesar de que se realizaron pruebas genéticas y antropologicas, la ubicación y posterior identificación de los restos del señor Ibsen Cardenas estuvo preponderantemente orientada a su entrega a los familiares, y no tanto a practicar otras pruebas cuyos resultados aportaran elementos para el esclarecimiento de lo sucedido. Como ya fue mencionado en esta Sentencia, el 11 de noviembre de 2008 se procedió a la entrega de los restos a Tito Ibsen Castro (supra parr. 91). Lo anterior tiene como consecuencia que, a pesar de que existen indicios sobre la forma y circunstancias en que pudo haber perdido la vida el señor Rainer Ibsen Cardenas, hasta el momento ello no ha podido establecerse fehacientemente, afectando asi la determinación de las responsabilidades penales correspondientes y el derecho a conocer la verdad. Precisamente, la investigación penal también debe estar dirigida en ese sentido y, por lo tanto, esta obligación subsiste hasta que no se determinen judicialmente las circunstancias de muerte del señor Ibsen Cardenas. Ello tendría que dar lugar, asimismo, a que la investigación también se dirija a determinar todas las responsabilidades que correspondan, tomando en cuenta el particular contexto en el que sucedieron los hechos. A esto ya se refirió ampliamente la Corte enesta Sentencia (supra parr. 171). Dado que a partir del análisis de sus restos no se ha realizado investigación alguna de lo sucedido a Rainer Ibsen Cardenas ni sobre los posibles responsables, el Tribunal considera que el Estado violo el articulo 8.1 de la Convencion Americana. Corte IDH. Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No.249. Por ultimo, no surge, en ninguna de las actuaciones de las autoridades que desarrollaron la investigación o del procedimiento judicial sobre la muerte de Nestor Jose Uzcategui, que se hubiera tomado en cuenta el contexto de ejecuciones extrajudiciales que existía en ese momento en el estado Falcon. Por el contrario, las diligencias que se llevaron a cabo demuestran que el caso fue seguido considerando únicamente las circunstancias particulares del mismo y no el contexto en el cual estaba visiblemente enmarcado. Con respecto a ello, la Corte estima que en el cumplimiento del deber de investigar en casos como el de autos, no basta el conocimiento de la escena y circunstancias materiales del crimen, sino que resulta imprescindible analizar, según corresponda, el conocimiento de las estructuras de poder que lo permitieron y, en su caso, lo disenaron y ejecutaron intelectual y materialmente, asi como de las personas o grupos que estaban interesados o se beneficiarían del crimen (beneficiarios), pues ello puede permitir, a su vez, la generación de hipótesis y líneas de investigacion; y un análisis de la escena del crimen, testigos, y demás elementos probatorios. En consecuencia, en casos como el de esta causa, no se trata solo del analisisde un crimen de manera aislada, sino inserto en un contexto que proporcione los elementos necesarios para comprender su estructura de operacion. Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Página 186 de 600

Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 250. Por otro lado, este Tribunal también ha señalado que en una sociedad democratica se debe conocer la verdad sobre los hechos de graves violaciones de derechos humanos. Esta es una justa expectativa que el Estado debe satisfacer, por un lado, mediante la obligación de investigar de oficio las graves violaciones de derechos humanos y, por el otro, con la divulgación publica de los resultados de los procesos penales e investigativos. Esto exige del Estado la determinación procesal de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades y reparar a las victimas del caso. Por ello, en ocasiones anteriores la Corte ha considerado que las autoridades encargadas de las investigaciones tienen el deber de asegurar que en el curso de las mismas se valoren los patrones sistematicos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos, como los sucedidos en el presente caso. En aras de garantizar su efectividad, la investigación debe ser conducida tomando en cuenta la complejidad de este tipo de hechos y de la estructura en la cual se ubican las personas probablemente involucradas en los mismos, de acuerdo al contexto en que ocurrieron, evitando asi omisiones en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigacion. Por ello, las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba para alcanzar los objetivos de una investigación y abstenerse de realizar actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. En el mismo sentido: Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012. Serie C No. 252, párr.257. Para hechos como los del presente caso, por tratarse de violaciones graves, masivas y sistematicas de derechos humanos, el Estado debe utilizar y aplicar las herramientas jurídicas adecuadas para el análisis del caso, las categorías penales correspondientes con los hechos por investigar y el diseño de una adecuada investigación capaz de garantizar efectivamente los derechos humanos involucrados. Al respecto, la Corte debe señalar que la calificación penal de los hechos corresponde a las autoridades internas con competencia para ello. Sin embargo, en el presente caso, la Corte observa que el delito de “asesinato” por el cual se condeno a ocho personas mediante las sentencias de 8 de noviembre de 1998 y 28 de mayo de 2009 no refleja la gravedad, la multiplicidad ni la magnitud de los hechos sucedidos durante las masacres de Pacoxom y Agua Fria. Como se desprende de las declaraciones rendidas por varias victimas a nivel interno asi como de esta Sentencia, en el presente caso han sucedido hechos que no se limitan al “asesinato” de miembros de la comunidad de Rio Negro. Sin embargo, tales hechos no han sido investigados. Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012. Serie C No. 253. El Tribunal recuerda que toda vez que haya motivos razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición forzada debe iniciarse una investigación ex officio, sin dilacion, y de una manera seria, imparcial y efectiva. Este Tribunal ha indicado que es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de la victima o el lugar donde pueda encontrarse privada de libertad. Esta obligación es Página 187 de 600

independiente de que se presente una denuncia, pues en casos de desaparición forzada el derecho internacional y el deber general de garantia, imponen la obligación de investigar el caso ex officio, de modo tal que no dependa de la iniciativa procesal de la victima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. En cualquier caso, toda autoridad estatal, funcionario publico o particular que haya tenido noticia de actos destinados a la desaparición forzada de personas, deberá denunciarlo inmediatamente. En el mismo sentido: Caso García y familiares Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 noviembre de 2012 Serie C No. 258, párr.138. Corte IDH. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013. Serie C No. 260. Por otro lado, este Tribunal ha afirmado que el procedimiento de la jurisdicción disciplinaria puede ser valorado en tanto coadyuve al esclarecimiento de los hechos y sus decisiones son relevantes en cuanto al valor simbolico del mensaje de reproche que puede significar este tipo de sanciones a lo interno de las penitenciarias estatales. Sin embargo, dada la naturaleza de su competencia, el objeto de estas investigaciones se circunscribe únicamente a la determinación de las responsabilidades individuales de carácter disciplinario que recaen sobre funcionarios estatales. En este sentido, la determinación de responsabilidad penal y/o administrativa poseen, cada una, sus propias reglas sustantivas y procesales. Por ende, la falta de determinación de responsabilidad penal no debe impedir que se continue con la averiguación de otros tipos de responsabilidades, tales como la administrativa. Corte IDH. Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2013. Serie C No. 270. Respecto de los procedimientos en el ámbito disciplinario, el Tribunal ha considerado que los mismos pueden ser valorados en tanto el examen contribuya al esclarecimiento de los hechos siendo decisiones relevantes, ademas, por el valor simbolico del mensaje de reproche que puede significar ese tipo de sanciones para funcionarios públicos y miembros de instituciones publicas. A su vez, en tanto tiende a la protección de la función administrativa y se orienta esencialmente a la corrección y control de los funcionarios publicos, una investigación de esta naturaleza puede complementar pero no sustituir a cabalidad la función de la jurisdicción penal en casos de graves violaciones de derechos humanos. En el presente caso la Corte constata que los alegatos de los representantes referidos a los procesos disciplinarios se limitan a describir la etapa procesal o el resultado de los mismos sin especificar ni explicar las presuntas violaciones a la debida diligencia de la cual podrían adolecer. Sobre el particular, el Tribunal reitera su jurisprudencia constante en la cual se establece que la obligación de investigar es una obligación de medios, y no de resultados, por lo que la parte que alega su ineficacia debe demostrar que la misma se debe a defectos, negligencias u omisiones en el desarrollo de las investigaciones, siendo insuficiente alegar la ineficacia únicamente haciendo alusión a la etapa procesal en la cual se encuentra. Por tanto, la Corte no cuenta con elementos suficientes para determinar la violación a la debida diligencia en las investigaciones relacionadas a los procedimientos disciplinarios. Corte IDH. Caso Osorio Rivera y familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274. Esta Corte ya Página 188 de 600

ha considerado que, una vez ocurrida una desaparición forzada, es necesario que la misma sea efectivamente considerada y tratada como un hecho ilícito que pueda tener como consecuencia la imposición de sanciones para quien la cometa, instigue, encubra o de cualquier otra forma participe en la perpetración de la misma. En consecuencia, la Corte ha considerado que toda vez que haya motivos razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición forzada debe iniciarse una investigación penal. Esta obligación es independiente de que se presente una denuncia, pues en casos de desaparición forzada el derecho internacional y el deber general de garantia, imponen la obligación de investigar el caso ex officio, sin dilacion, y de una manera seria, imparcial y efectiva, de modo tal que no dependa de la iniciativa procesal de la victima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. Relacionado con esto ultimo, la Corte ha indicado que las autoridades deben impulsar la investigación como un deber jurídico propio, no haciendo recaer esta carga en la iniciativa de los familiares. Esto es un elemento fundamental y condicionante para la protección de los derechos afectados por esas situaciones. Por ende, la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecucion, captura, enjuiciamiento y, eventual castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Igualmente, la impunidad debe ser erradicada mediante la determinación de las responsabilidades tanto generales –del Estado como individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares En cumplimiento de esta obligacion, el Estado debe remover todos los obstaculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad. En el mismo sentido: Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 299, párr.222. Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277. La Corte reitera que la obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convencion . El deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado. Sin embargo, debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las victimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios . A la luz de ese deber, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva . Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles, y ser orientada a la determinación de la verdad. La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. En este sentido, la Corte recuerda que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de derechos humanos . De otra parte, este Tribunal ha advertido que esta obligación se mantiene “cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violacion, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarian, en cierto modo, auxiliados por el poder publico, lo que comprometería la responsabilidad Página 189 de 600

internacional del Estado”. La Corte también ha señalado que del articulo 8 de la Convencion se desprende que las victimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación . Asimismo, el Tribunal ha establecido que la obligación de investigar y el correspondiente derecho de la presunta victima o de los familiares no solo se desprende de las normas convencionales de derecho internacional imperativas para los Estados Parte, sino que además se deriva de la legislación interna que hace referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las victimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, pruebas o peticiones o cualquier otra diligencia, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos. Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 28. La obligación de investigar violaciones de derechos humanos es una de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convencion . Asi, desde su primera sentencia esta Corte ha destacado la importancia del deber estatal de investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos, el cual adquiere particular importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. Además, la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de hechos violatorios de los derechos humanos no se deriva solamente de la Convencion Americana, en determinadas circunstancias y dependiendo de la naturaleza de los hechos, también se desprende de otros instrumentos interamericanos que establecen la obligación a cargo de los Estados Partes de investigar las conductas prohibidas por tales tratados. En relación con los hechos del presente caso, la obligación de investigar se ve reforzada por la Convencion Interamericana sobre Desaparicion Forzada y la Convencion Interamericana contra la Tortura. Dichas disposiciones especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado con respecto al respeto y garantía de los derechos consagrados en la Convencion Americana, asi como “el corpus juris internacional en materia de protección de la integridad personal”. En el mismo sentido: Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 299, párr. 218. La Corte nota que estas obligaciones especificas del Estado, derivadas de las convenciones especializadas referidas, son exigibles al Estado a partir de la fecha de deposito de los instrumentos de ratificación de cada una de ellas, aun cuando no estuvieran vigentes al momento del inicio de ejecución de las desapariciones forzadas y demás violaciones alegadas en el presente caso. Corte IDH. Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015. Serie C No. 307. La Corte ha establecido que, en aras de garantizar su efectividad, en la investigación de violaciones de los derechos humanos se debe evitar omisiones en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigacion. Al respecto, la Corte ha precisado que, cuando los hechos se refieren a la muerte violenta de una persona, la investigación Página 190 de 600

iniciada debe ser conducida de tal forma que pudiese garantizar el debido análisis de las hipótesis de autoria surgidas a raíz de la misma. En este punto, cabe recordar que no corresponde a la Corte analizar las hipótesis de autoria manejadas durante la investigación de los hechos y en consecuencia determinar responsabilidades individuales, cuya definición compete a los tribunales penales internos, sino evaluar las acciones u omisiones de agentes estatales, según la prueba presentada por las partes. De igual modo, no compete a la Corte sustituir a la jurisdicción interna, estableciendo las modalidades especificas de investigación y juzgamiento en un caso concreto para obtener un mejor o mas eficaz resultado, sino constatar si en los pasos efectivamente dados a nivel interno se violaron o no obligaciones internacionales del Estado derivadas de los artículos 8 y 25 de la Convencion Americana. La Corte recuerda que la falta de diligencia tiene como consecuencia que conforme el tiempo vaya transcurriendo, se afecte indebidamente la posibilidad de obtener y presentar pruebas pertinentes que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan, con lo cual el Estado contribuye a la impunidad. Corte IDH. Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No. 328. La Corte recuerda que, en virtud de la protección otorgada por los artículos 8 y 25 de la Convencion, los Estados están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las victimas de violaciones de los derechos humanos, que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal. Asimismo, este Tribunal ha señalado que en una sociedad democrática se debe conocer la verdad sobre los hechos de graves violaciones de derechos humanos. Esta es una justa expectativa que el Estado debe satisfacer, por un lado, mediante la obligación de investigar de oficio y, por el otro, con la divulgación publica de los resultados de los procesos penales e investigativos. Esto exige del Estado la determinación procesal de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades y reparar a las victimas del caso. Por ello, en ocasiones anteriores la Corte ha considerado que las autoridades encargadas de las investigaciones tienen el deber de asegurar que en el curso de las mismas se valoren los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos, como los sucedidos en el presente caso. En aras de garantizar su efectividad, la investigación debe ser conducida tomando en cuenta la complejidad de este tipo de hechos y de la estructura en la cual se ubican las personas probablemente involucradas en los mismos, de acuerdo al contexto en que ocurrieron, particularmente en contextos de ataques masivos y sistemáticos o generalizados hacia algún sector de la población, evitando asi omisiones en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. Por ello, las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba para alcanzar los objetivos de una investigación y abstenerse de realizar actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. Dada su importancia, la obligación de investigar en el presente caso no puede ser ejecutada de cualquier manera, sino que debe realizarse de acuerdo a los estándares establecidos por las normas y la jurisprudencia internacionales que caracterizan a las investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos, lo cual supone, en primer Página 191 de 600

termino, generar un marco normativo interno adecuado y/u organizar el sistema de administración de justicia de forma tal que su funcionamiento asegure la realización de investigaciones ex officio, sin dilacion, serias y efectivas. De igual modo, dicho deber impone la remoción de todo obstáculo de jure y de facto que impida la investigación y juzgamiento de los hechos y, en su caso, la sanción de todos los responsables de las violaciones declaradas, asi como la búsqueda de la verdad. Por esta razon, en el presente caso, el cual versa sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas dentro de un contexto de violaciones masivas y sistematicas, la obligación de investigar no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole. Ademas, la Corte considera pertinente señalar que la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de hechos violatorios de los derechos humanos no se deriva solamente de la Convencion Americana. En determinadas circunstancias y dependiendo de la naturaleza de los hechos, esta obligación también se desprende de otros instrumentos interamericanos en la materia que establecen la obligación a cargo de los Estados Partes de investigar las conductas prohibidas por tales tratados. Al respecto, este Tribunal nota que, en este caso, la obligación de investigar a cargo del Estado contraída a partir de la ratificación de la Convencion Americana y que se mantiene vigente en la actualidad, fue reafirmada por Guatemala con motivo del deposito del instrumento de ratificación de: i) la Convencion Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 29 de enero de 1987; ii) la Convencion de Belem do Para el 4 de abril de 1995, y iii) la Convencion Interamericana sobre Desaparicion Forzada de Personas (CIDFP) el 25 de febrero de 2000, por lo que el Estado debía velar por su cumplimiento a partir de esos momentos , aun cuando estas no habían sido adoptadas por Guatemala al momento de los hechos del caso. 216. Ademas, debido a que en el presente caso algunas personas fueron obligadas a trabajar contra su voluntad (supra parrs. 97 y 116), la Corte recuerda que la protección contra la esclavitud y servidumbre es una obligación internacional erga omnes, constitutiva de delito internacional y de carácter imprescriptible, cuya prohibición alcanzo el estatus de jus cogens. Por estos motivos, cuando los Estados tengan conocimiento de un acto que pudiese ser constitutivo de esclavitud o servidumbre, en los términos de lo dispuesto por el articulo 6 de la Convencion Americana, deben iniciar ex officio la investigación pertinente a efectos de establecer las responsabilidades individuales que correspondan. El Tribunal estima que la falta de investigación de las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, trabajos forzosos, torturas y violencia sexual en conflictos armados y/o dentro de patrones sistematicos, como los ocurridos y denunciados en el presente caso, constituyen un incumplimiento de las obligaciones del Estado frente a graves violaciones a derechos humanos, las cuales contravienen normas inderogables y generan obligaciones para los Estados como la de investigar y sancionar dichas practicas, de conformidad con la Convencion Americana y, en este caso, a la luz de la CIDFP, la CIPST y la Convencion de Belem do Para. De lo anterior, se desprende que, al menos desde el ano 1996 el Estado tenia conocimiento de que existían posibles crímenes de lesa humanidad en el Municipio de Rabinal, y al menos desde junio de 1999, fecha en que la CEH publico su Informe Final, tenia conocimiento de que los hechos cometidos en este caso posiblemente fueron motivados por conceptos racistas y/o constituyeron actos de genocidio. Por tanto, el Estado tenia la obligación Página 192 de 600

de investigar los hechos del caso tomando en cuenta dichos alegatos, pero no consta de la prueba que esto se haya hecho, pese a que el Tribunal solicito al Estado dicha informacion. De este modo, Guatemala no puede alegar que “no seria aplicable el delito de genocidio a los hechos del caso”, sin que conste que se haya realizado una investigación en cuanto a este aspecto a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan. Finalmente, en cuanto a la falta de investigación de las violaciones sexuales cometidas por agentes de seguridad del Estado en el presente caso, la Corte considera que toda vez que existan indicios de violencia sexual en el marco de un conflicto armado interno, esta no debe ser tratada como un delito colateral, sino que su investigación debe formar parte de cada etapa de la estrategia global de investigación de posibles torturas, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o actos de genocidio que pudieran haberse cometido. La investigación de violencia sexual deberá llevarse a cabo respetando las características culturales de las victimas. Por otra parte, se deberán investigar posibles vínculos entre los responsables directos de la violencia sexual y sus superiores jerarquicos, asi como la existencia de componentes que demostrarían una intención discriminatoria y/o la intención cometer un genocidio. Debida diligencia Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101. En relación con el proceso penal, es menester señalar que la Corte, al referirse a las garantías judiciales, también conocidas como garantías procesales, ha establecido que para que en un proceso existan verdaderamente dichas garantias, conforme a las disposiciones del articulo 8 de la Convencion, es preciso que se observen todos los requisitos que “sirv[a]n para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. En el mismo sentido: Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 145. En el capitulo sobre hechos probados se demostró la falta de diligencia y voluntad de los tribunales de justicia para impulsar el procedimiento penal tendiente a esclarecer todos los hechos de la muerte de Myrna Mack Chang y sancionar a todos los responsables. El Tribunal no entrara a analizar aquí cada una de las actuaciones de los tribunales que carecieron de la debida diligencia (pedidos de amparo, inconstitucionalidad, recusaciones, incidentes, incompetencias, nulidades, pedidos de acogerse a la Ley de Reconciliacion Nacional, entre otros), pero a manera de ejemplo hara alusión únicamente al uso de las acciones de amparo, cuya interposición y tramite llevo a los conductores del proceso penal a incurrir en notorias dilaciones en el presente caso. Valga recordar lo señalado expresamente por el Estado en el informe de 29 de mayo de 2001, que dirigio a la Comision Interamericana, en el cual expreso que “[e]l gobierno de Guatemala reconoce que han existido vicisitudes procesales, derivadas en parte por uso excesivo de recursos procesales pero que deben ser respetadas por el Gobierno y las autoridades […]”. En el presente caso los procesados han interpuesto al menos doce recursos de amparo, tal como se establecio en el capitulo de hechos probados, todos los cuales fueron declarados improcedentes por las autoridades judiciales respectivas. Asimismo, la Corte observa, tal como lo señalaron la Comision y los representantes de los familiares de la victima, que estas acciones de Página 193 de 600

amparo paralizaron el proceso por mas de tres anos. Las autoridades judiciales no dieron tramite con la debida diligencia a las acciones de amparo, con el fin de que este fuese un recurso rápido y eficaz, y mas bien permitieron que se convirtiera en un recurso dilatorio del procedimiento, toda vez que puede ser conocido hasta por cuatro diferentes instancias. Sin embargo, la Corte llama la atención a que en el proceso penal referido, la interposición frecuente de ese recurso, aunque permisible por la ley, ha sido tolerada por las autoridades judiciales. Este Tribunal considera que el juez interno, como autoridad competente para dirigir el proceso, tiene el deber de encauzarlo, de modo a que se restrinja el uso desproporcionado de acciones que pueden tener efectos dilatorios. A su vez, el tramite de los recursos de amparo con sus respectivas apelaciones fue realizado sin sujeción a los plazos legales, ya que los tribunales de justicia guatemaltecos tardaron en promedio aproximadamente seis meses en decidir cada uno. Esa situación provoco una paralización del proceso penal. A la luz de lo anteriormente dicho, la Corte considera que los jueces como rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad. De este modo, si las autoridades permiten y toleran el uso de esta manera de los recursos judiciales, los transforman en un medio para que los que cometen un ilícito penal dilaten y entorpezcan el proceso judicial. Esto conduce a la violación de la obligación internacional del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos y menoscaba el derecho de la victima y de sus familiares a saber la verdad de lo sucedido, a que se identifique y se sancione a todos los responsables y a obtener las consecuentes reparaciones. Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. La Corte estima que la inefectividad de tales procesos penales queda claramente evidenciada al analizar la falta de debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales de investigacion. Esta falta de debida diligencia se manifiesta en la irrazonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la falta de adopción de las medidas necesarias de protección ante las amenazas que se presentaron durante las investigaciones, las demoras, obstáculos y obstrucciones en la realización de actuaciones procesales y graves omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigacion. El eje central del análisis de la efectividad de los procesos en este caso es el cumplimiento de la obligación de investigar con debida diligencia. Según esta obligacion, órgano que investiga una violación de derechos humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos. En el mismo sentido: Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2013. Serie C No. 270, párr.373. Una debida diligencia en los procesos por los hechos del presente caso exigia que estos fueran conducidos tomando en cuenta la complejidad de los Página 194 de 600

hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican su comision, evitando omisiones en la recabacion de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigacion. En consecuencia, las autoridades judiciales debían tomar en cuenta los factores indicados en el párrafo anterior, que denotan una compleja estructura de personas involucradas en el planeamiento y ejecución del crimen, en la cual convergen tanto la participación directa de muchas personas como el apoyo o colaboración de otras, incluyendo a agentes estatales, estructura de personas que existe antes del crimen y permanece después de su ejecucion, dado que comparten objetivos comunes. La Corte nota que las autoridades judiciales no dieron seguimiento al conjunto de elementos probatorios que apuntaban a la vinculación procesal de miembros de la Fuerza Publica, entre ellos altos mandos militares, lo que ha generado una ineficacia parcial de la investigacion. Aunado a ello, no se dirigio diligentemente la investigación desde una línea que considerara la compleja estructura de ejecución del crimen (supra parr. 158), lo cual ha privado de efectividad algunas de las investigaciones por la masacre de La Rochela, particularmente en relación con la investigación de la responsabilidad de los altos mandos militares de la zona. En ese sentido, la falta de una exhaustiva investigación sobre los mecanismos de operación de los paramilitares y sus vínculos y relaciones con agentes estatales, entre ellos miembros de la Fuerza Publica, ha sido uno de los factores que impidió la investigacion, juicio y, en su caso, la sanción de todos los responsables. Ello afecto, en particular, la determinación de eventuales responsabilidades de los mandos de los batallones militares que se encontraban en el ámbito de acción de los grupos paramilitares vinculados con la masacre. Esta situación irremediablemente favorece la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por los grupos paramilitares con apoyo y colaboración de agentes estatales. Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202. En este sentido, este Tribunal ha establecido que para que una investigación de desaparición forzada sea llevada adelante eficazmente y con la debida diligencia, las autoridades encargadas de la investigación deben utilizar todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales y oportunas para esclarecer la suerte de las victimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado debe dotar a las correspondientes autoridades de los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las victimas. Asimismo, es fundamental que las autoridades a cargo de la investigación puedan tener acceso ilimitado a los lugares de detencion, respecto a la documentación asi como a las personas. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad--‐- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aun tornando nugatoria o ineficaz, la practica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigacion, identificar a los posibles autores y participes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigacion, pero la ausencia de los mismos no exime a las Página 195 de 600

autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligacion. En el mismo sentido: Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr.196; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párrs.167 y 168; Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012. Serie C No. 253, párr.259; Caso García y familiares Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 noviembre de 2012 Serie C No. 258, párr.135; Caso Osorio Rivera y familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274, párr.182 y 185. En conclusion, una debida diligencia en los procesos por los hechos del presente caso exigia que estos fueran conducidos tomando en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican su comision, evitando omisiones al recabar prueba y al seguir líneas lógicas de investigacion. En este sentido, resulta esencial la adopción de todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron tanto la comisión de graves violaciones de los derechos humanos, como los mecanismos y estructuras a través de los cuales se aseguro su impunidad. En el mismo sentido: Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 206 y 222; Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2013. Serie C No. 270, párr.373. Corte IDH. Caso García Lucero y otras Vs. Chile. Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 267. De conformidad con lo anterior, la Corte constata que el Estado ha posibilitado la participación del señor Leopoldo Garcia y sus representantes, pues ha permitido el acceso de estos a las actuaciones y propiciado la intervención de los mismos, asi como la del señor Garcia Lucero directamente. Lo anterior, no obstante, no justificaría que la falta de apersonamiento del señor Garcia Lucero en el proceso, mediante una querella o cualquier otro acto, generase el cierre de las actuaciones, pues ello no se condice con el deber estatal de conducirlas de oficio. Ello no es óbice para tener presente que en el curso de una investigación de actos de tortura, el contacto de las autoridades con la victima resulta trascedente. En este sentido, la Corte recuerda que en la investigación de hechos que comprendan posibles actos de tortura resulta relevante que las autoridades involucradas obtengan información del testimonio de la victima y de exámenes forenses físicos y psicológicos practicados sobre ella. Sin perjuicio de las actuaciones estatales senaladas, de conformidad con la prueba allegada al Tribunal no consta que se hayan recabado el testimonio del señor Garcia Lucero o que se hayan efectuado exámenes forenses. Estos actos se encuentran pendientes de ser realizados en el marco de la investigación en curso. Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277. En otras oportunidades esta Corte ha establecido que la eficiente determinación de la verdad en el marco de la obligación de investigar una muerte, debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda acuciosidad. En este Página 196 de 600

sentido, este Tribunal ha especificado los principios rectores que es preciso observar en una investigación cuando se esta frente a una muerte violenta. Las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben intentar, como minimo, inter alia: i) identificar a la victima; ii) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; iii) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; iv) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, asi como cualquier patrón o practica que pueda haber causado la muerte, y v) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Ademas, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos mas apropiados. Este Tribunal ha establecido que la falta de protección adecuada de la escena del crimen puede afectar la investigacion, por tratarse de un elemento fundamental para su buen curso. Ademas, los estándares internacionales señalan que, en relación con la escena del crimen, los investigadores deben, como minimo, fotografiar dicha escena, cualquier otra evidencia física y el cuerpo como se encontró y después de moverlo; todas las muestras de sangre, cabello, fibras, hilos u otras pistas deben ser recogidas y conservadas; examinar el área en busca de huellas de zapatos o cualquier otra que tenga naturaleza de evidencia, y hacer un informe detallando cualquier observación de la escena, las acciones de los investigadores y la disposición de toda la evidencia coleccionada. Una de las acciones en el sitio del hallazgo de mayor riesgo es la manipulación del cadaver, el cual no debe ser manipulado sin la presencia de profesionales, quienes deben examinarlo y movilizarlo adecuadamente según la condición del cuerpo. El Protocolo de Minnesota establece, entre otras obligaciones, que al investigar una escena del crimen se debe cerrar la zona contigua al cadaver, y prohibir, salvo para el investigador y su equipo, el ingreso a la misma. Mientras ello no suceda debe evitarse cualquier contaminación de la misma y mantenerla bajo custodia permanente. Ademas es fundamental como lo establece el Protocolo de Minnesota que “los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley y otros investigadores no médicos […] coordin[en] sus actividades […en el lugar con el] personal medico”. Ademas, la debida diligencia en una investigación medico--‐-legal de una muerte exige el mantenimiento de la cadena de custodia de todo elemento de prueba forense. Ello consiste en llevar un registro escrito preciso, complementado, según corresponda, por fotografías y demás elementos graficos para documentar la historia del elemento de prueba a medida que pasa por las manos de diversos investigadores encargados del caso. En cuanto a las autopsias, como lo ha señalado la Corte, tienen como objetivo recolectar, como minimo, información para identificar a la persona muerta, la hora, la fecha, causa y forma de muerte. Estas deben respetar ciertas formalidades basicas, como indicar la fecha y hora de inicio y finalizacion, asi como el lugar donde se realiza y el nombre del funcionario que la ejecuta. Asimismo, se debe, inter alia, fotografiar adecuadamente el cuerpo; tomar radiografías del cadaver, de su bolsa o envoltorio y después de desvestirlo, documentar toda lesion. Se debe documentar la ausencia, soltura o daño de los dientes, asi como cualquier trabajo dental, y examinar cuidadosamente las áreas genital y para--‐-genital en búsqueda de señales de abuso sexual (supra parr. 188). Asimismo, el Manual de Página 197 de 600

Naciones Unidas indica que en los protocolos de autopsia se debe anotar la posición del cuerpo y sus condiciones, incluyendo si esta tibio o frio, ligero o rigido; proteger las manos del cadaver, registrar la temperatura del ambiente y recoger cualquier insecto. De todo lo expuesto se desprende que el Estado no realizo las diligencias indispensables a partir del hallazgo, el 18 de diciembre de 2001, del cuerpo de Maria Isabel. En esta primera etapa se presentaron diversas irregularidades que han repercutido en la investigación y que difícilmente podrían ser subsanadas por tardías diligencias, a saber: a) falta de aseguramiento del lugar del hallazgo del cadaver; b) falta de rigurosidad en la inspección ocular; c) deficiencias en la elaboración del acta de levantamiento del cadaver; d) traslado inadecuado del cadaver; e) recolección inadecuada de las evidencias y su manejo indebido; f) no se aseguro la cadena de custodia de las evidencias, y g) necropsia incompleta. Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281. La Corte ha establecido que la eficiente determinación de la verdad en el marco de la obligación de investigar una muerte, debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda acuciosidad. En este sentido, este Tribunal ha especificado los principios rectores que son precisos observar en una investigación cuando se esta frente a una muerte violenta, tal como se desprende de los hechos del presente caso. Las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben realizar como minimo, inter alia: i) identificar a la victima; ii) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; iii) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; iv) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, asi como cualquier patrón o practica que pueda haber causado la muerte, y v) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Las autopsias y análisis de restos humanos deber realizarse en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos mas apropiados. En el mismo sentido: Caso García Ibarra y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2015. Serie C No. 306, párr.137; Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015. Serie C No. 307, párr.151. De igual manera, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen y deben realizarse algunas diligencias minimas e indispensables para la conservación de los elementos de prueba y evidencias que puedan contribuir al éxito de la investigacion. En este sentido, los estándares internacionales señalan que, en relación con la escena del crimen, los investigadores deben, como minimo: fotografiar dicha escena, cualquier otra evidencia física y el cuerpo como se encontró y después de moverlo; recoger y conservar todas las muestras de sangre, cabello, fibras, hilos u otras pistas deben ser recogidas y conservadas; examinar el área en busca de huellas de zapatos o cualquier otra que tenga naturaleza de evidencia, y hacer un informe detallando cualquier observación de la escena, las acciones de los investigadores y la disposición de toda la evidencia coleccionada. El Protocolo de Minnesota establece, entre otras obligaciones, que al investigar una escena del crimen se debe cerrar la zona contigua al cadaver, y prohibir, salvo para el investigador y su equipo, el ingreso a la misma. En el mismo sentido: Caso Página 198 de 600

García Ibarra y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2015. Serie C No. 306, párr.138; Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015. Serie C No. 307, párr.152. Este Tribunal resalta que la autopsia debe respetar ciertas formalidades básicas y tiene como objetivo recolectar, como minimo, información para identificar a la persona fallecida, la hora, fecha, causa y forma de la muerte […] […] De igual manera, este Tribunal corroboro que la experticia de reconocimiento legal y de comparación balística no se hizo respecto de las armas utilizadas por los agentes policiales. Estas no les fueron decomisadas a los policías involucrados y no consta en el expediente una diligencia de comparación balística entre los proyectiles que le causaron la muerte a Igmar Landaeta y los utilizados por las autoridades, ni la toma de huellas dactilares de las armas de los funcionarios policiales. Esta Corte considera que ello reviste una especial importancia, ya que las pruebas balísticas deberían hacerse cada vez que un arma de fuego ha sido utilizada, sobre todo si se esta llevando a cabo una investigación en donde están involucrados agentes estatales y donde se debe determinar la cantidad de disparos proferidos por dichas autoridades, a efectos de contribuir con el esclarecimiento de si el uso de la fuerza por parte de los policías fue necesario y proporcional con el fin de agotar todas las líneas de investigación para la consecución de la verdad. En este sentido, la propia legislación interna vigente al momento de los hechos establecia la necesidad de identificar las armas utilizadas, su especie y su calibre. En virtud de lo expuesto, el Tribunal considera que, la falta de exhaustividad en el tratamiento de la escena del crimen y de la autopsia, las falencias en la preservación de la zona de los hechos, asi como la ausencia de otras diligencias de importancia o la realización deficiente de algunas de ellas, demuestran falta de diligencia del Estado en la recuperación y preservación de material probatorio. Todo ello genero la carencia de elementos técnicos certeros e imprescindibles ante las versiones contradictorias de los hechos (supra parrs. 60 a 68), y derivo en la imposibilidad del esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido. Adicionalmente a lo establecido por este Tribunal y por los estándares internacionales para casos de muertes violentas (supra parr. 227), la Corte considera pertinente enfatizar que en casos de muertes en custodia de agentes estatales, el Estado debe guiar su actuación tomando en cuenta ciertos criterios específicos relevantes, inter alia: i) una investigación ex officio, completa, imparcial e independiente , tomando en cuenta el grado de participación de todos los agentes estatales; ii) brindar a la investigación un cierto grado de escrutinio publico en razón del interés publico que podría generarse en virtud de la calidad de los presuntos agentes involucrados; iii) apersonarse inmediatamente a la escena de los hechos y darle tratamiento de una escena del crimen, asi como preservarla con el fin de proteger toda evidencia y realizar pruebas balísticas cuando armas de fuego hayan sido utilizadas , especialmente por agentes del Estado; iv) identificar si el cuerpo ha sido tocado o movido y establecer la secuencia de eventos que podrían haber llevado a la muerte, asi como llevar a cabo un examen preliminar del cuerpo para asegurar cualquier evidencia que podría perderse al manipularlo y transportarlo, y v) realizar una autopsia por profesionales capacitados que incluyan cualquier prueba que indique presuntos actos de tortura por agentes estatales. Asimismo, el Tribunal observa que la investigación de una muerte en custodia puede Página 199 de 600

revelar un patrón o practica directa o indirectamente vinculada con ella. En tales situaciones, la investigación debe hacer frente a las posibles causas de raíz y prevenir este tipo de incidentes. A ese respecto, los Estados deben: a) recabar la información esencial relativa a las personas bajo custodia, tales como el tiempo y lugar de su detencion; b) el estado de su salud a su llegada al lugar de detencion; c) el nombre de las personas responsables de mantenerlos en custodia, o en el momento, y d) el lugar de su interrogatorio debe ser registrado y puesto a disposición de procedimientos judiciales o administrativos. La Corte concluye que con respecto a las investigaciones y el proceso penal incoado por la muerte de Eduardo Landaeta, el Estado no llevo a cabo una averiguación diligente debido a falencias durante la recolección de pruebas, las cuales implicaron la actuación de diligencias de importancia mas de ocho anos después de sucedidos los hechos. Asimismo, el Tribunal concluye que el Estado no siguió líneas conjuntas de investigación en relación con la muerte de Igmar Landaeta, a pesar de los indicios de conexidad existentes entre ambas muertes. De igual manera, este Tribunal considera que el proceso penal presento serios retrasos procesales e irregularidades destacadas por las propias autoridades internas, por lo que no se ha llevado a cabo en un plazo razonable, con el fin de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables […] En consecuencia, este Tribunal considera que el Estado es responsable internacionalmente por la violación de los derechos establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convencion Americana, en perjuicio de los familiares de Eduardo Landaeta (infra parr. 294). Corte IDH. Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 283. La Corte ha señalado en su jurisprudencia reiterada que el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. La investigación debe ser seria, imparcial y efectiva, y estar orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de los autores de los hechos. La obligación referida se mantiene "cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus actos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado" 117. Asimismo, la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones necesarias para procurar el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención. No escapa a la Corte que, en este caso, las investigaciones desarrolladas respecto a la muerte violenta de A.A. y las amenazas a la familia A se mantienen en la órbita del Ministerio Público. Sobre el particular, es jurisprudencia de la Corte que las garantías del artículo 8.1 de la Convención no se aplican solamente a la actividad judicial . En particular, en relación con la actividad de las autoridades encargadas de las investigaciones, la Corte ha establecido que, dependiendo de las circunstancias del caso, puede tener que analizar los procedimientos que se vinculan y constituyen el presupuesto de un proceso judicial, particularmente, las tareas de investigación de cuyo resultado depende el Página 200 de 600

inicio y el avance del mismo . Por supuesto, en dichos casos el análisis de las garantías del artículo 8.1 en la órbita de la actividad del Ministerio Público se aplican mutatis mutandis en lo que corresponda. La Corte ha establecido que la eficiente determinación de la verdad en el marco de la obligación de investigar una muerte, debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda acuciosidad . En este punto, en cuanto al manejo de la escena del crimen, el levantamiento y tratamiento del cadáver de la víctima, la necropsia, así como el mantenimiento de la cadena de custodia de todo elemento de prueba forense, en su jurisprudencia y siguiendo el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas (Protocolo de Minnesota), la Corte ha sustentado que deben realizarse algunas diligencias mínimas e indispensables para la conservación de los elementos de prueba y evidencias que puedan contribuir al éxito de la investigación. En este sentido, ha especificado los principios rectores que es preciso observar en una investigación cuando se está frente a una muerte violenta. En razón de lo anterior, la Corte nota que el argumento estatal que cuestiona la evaluación de las investigaciones a la luz del Protocolo de Minnesota (supra párr. 198), carece de sustento. La Corte ha especificado que las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben intentar como mínimo, inter alia: i) identificar a la víctima; ii) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; iii) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; iv) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y v) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados. Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 289. . Así, en primer lugar, la Corte considera que, en cuanto a las entrevistas que se realicen a una persona que afirma haber sido sometida a actos de tortura: i) se debe permitir que ésta pueda exponer lo que considere relevante con libertad, por lo que los funcionarios deben evitar limitarse a formular preguntas; ii) no debe exigirse a nadie hablar de ninguna forma de tortura si se siente incómodo al hacerlo; iii) se debe documentar durante la entrevista la historia psicosocial y previa al arresto de la presunta víctima, el resumen de los hechos narrados por ésta relacionados al momento de su detención inicial, las circunstancias, el lugar y las condiciones en las que se encontraba durante su permanencia bajo custodia estatal, los malos tratos o actos de tortura presuntamente sufridos, así como los métodos presuntamente utilizados para ello, y iv) se debe grabar y hacer transcribir la declaración detallada. En casos de que la alegada tortura incluya actos de violencia o violación sexual, dicha grabación deberá ser consentida por la presunta víctima. Al respecto, en cuanto a la investigación de casos de tortura, el Protocolo de Estambul señala que resulta "particularmente importante que [el] examen [médico] se haga en el momento más oportuno" y que "[d]e todas formas debe realizarse independientemente del tiempo que haya transcurrido desde el momento de la tortura"119. No obstante, dicho Protocolo advierte que, Página 201 de 600

"[p]ese a todas las precauciones, los exámenes físicos y psicológicos, por su propia naturaleza, pueden causar un nuevo traumatismo al paciente provocando o exacerbando los síntomas de estrés postraumático al resucitar efectos y recuerdos dolorosos. Corte IDH. Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015. Serie C No. 307. En cuanto a las autopsias, como lo ha señalado la Corte, tienen como objetivo recolectar, como mínimo, información para identificar a la persona muerta, la hora, la fecha, causa y forma de muerte. Estas deben respetar ciertas formalidades básicas, como indicar la fecha y hora de inicio y finalización, así como el lugar donde se realiza y el nombre del funcionario que la ejecuta. Asimismo, se debe, inter alia, fotografiar adecuadamente el cuerpo; tomar radiografías del cadáver, de su bolsa o envoltorio y después de desvestirlo, documentar toda lesión. Se debe documentar la ausencia, soltura o daño de los dientes, así como cualquier trabajo dental, y examinar cuidadosamente las áreas genital y para-genital en búsqueda de señales de abuso sexual. Asimismo, el Manual de Naciones Unidas indica que en los protocolos de autopsia se debe anotar la posición del cuerpo y sus condiciones, incluyendo si está tibio o frío, ligero o rígido; proteger las manos del cadáver, registrar la temperatura del ambiente y recoger cualquier insecto. Corte IDH. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de octubre de 2016. Serie C No. 318. La Corte reitera que en el presente caso existía una debida diligencia excepcional que era necesaria en atención de la particular situación de vulnerabilidad en que se encontraban los trabajadores de la Hacienda Brasil Verde y a la extrema gravedad de la situación que le fue denunciada al Estado; por lo que era imperativo tomar las medidas pertinentes con el fin de evitar retrasos en la tramitación de los procesos, de manera que se garantizara la pronta resolución y ejecución de los mismos. En ese sentido el Tribunal Europeo también ha indicado que se exige una diligencia especial en aquellos casos en los cuales está en juego la integridad de la persona, y ha señalado que existe una obligación positiva de penalizar e investigar cualquier acto dirigido a mantener una persona en situación de esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso. Además, ha establecido que la obligación de investigar la trata de personas no debe depender de una denuncia, sino que una vez que las autoridades toman conocimiento de la situación debe actuar de oficio. Finalmente, se ha señalado que el requisito de debida diligencia está implícito en todos los casos, pero cuando existe la posibilidad de rescatar a las personas de la situación denunciada, la investigación debe ser emprendida con urgencia. Corte IDH. Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C No. 285. La Corte considera que en las investigaciones realizadas no se ha tenido en cuenta el contexto de los hechos, la complejidad de los mismos, los patrones que explican su comisión, el complejo entramado de personas involucradas, ni la especial posición dentro de la estructura estatal, en esa época, de las personas que pudieran ser responsables. Sobre este punto, la Corte ha considerado que en hechos como los que se alegan en este caso, habida cuenta del contexto y la complejidad de los mismos, es razonable considerar que existan diferentes grados de responsabilidad a diferentes niveles . Sin embargo, esto no se encuentra reflejado en las investigaciones. En consecuencia, tampoco se observa que las autoridades encargadas de las investigaciones hubieran Página 202 de 600

seguido líneas de investigación claras y lógicas que hubieran tomado en cuenta esos elementos. Más aún, se observan carencias al recabar prueba. En tal sentido, la Corte considera que el Estado no ha actuado con diligencia respecto de esta obligación. La Corte evidencia que en los casos sobre los que ha tenido conocimiento no ha existido una estrategia de investigación seria y decidida, que conduzca a la identificación y juzgamiento de los presuntos responsables. Sobre el particular, en casos como éste, la Corte ha considerado que las autoridades encargadas de la investigación tienen el deber de asegurar que en el curso de las mismas se valoren los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos , como las del presente caso. Es decir, no pueden ser considerados como hechos aislados. Por tanto, en aras de garantizar su efectividad, la investigación debe ser conducida tomando en cuenta la complejidad de este tipo de hechos, que ocurrieron en el marco de operativos de contrainsurgencia de la Fuerza Armada, y la estructura en la cual se ubicaban las personas probablemente involucradas en los mismos. Es así que corresponde al Estado hacer uso pleno de sus potestades investigativas con el fin de evitar toda omisión en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación, a fin de lograr una eficaz determinación del paradero de las víctimas desaparecidas, el esclarecimiento de lo sucedido, la identificación de los responsables y su posible sanción. En el mismo sentido: Caso Tenorio Roca y otros Ks. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2016. Serie C No. 314, párr. 177. En suma, correspondía a las autoridades encargadas de impulsar las investigaciones y encauzar éstas correcta y oportunamente desde sus inicios para individualizar e identificar a los responsables de la desaparición, así como para determinar el destino o dar con el paradero de José Adrián Rochac Hernández, Santos Ernesto Salinas, Emelinda Lorena Hernández, Manuel Antonio Bonilla y Ricardo Abarca Ayala, todo ello en función del contexto en el que ocurrieron. Para la Corte, las acciones de las autoridades encargadas de impulsar las investigaciones no han sido exhaustivas y no han permitido el avance en las investigaciones ni la determinación de líneas de investigación consecuentes. Asimismo, es menester recalcar que la investigación interna presenta en su primera etapa un largo período de inactividad debido a la ausencia de actividad procesal ex officio por parte del órgano a cargo de la investigación, lo cual a juicio de la Corte comprometió la seriedad y debida diligencia de la misma, ya que conforme el tiempo vaya transcurriendo, se afecta indebidamente la posibilidad de obtener y presentar pruebas pertinentes que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan. Corte IDH. Caso Yarce y otras Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2016. Serie C No. 325. En este punto, debe explicarse, de modo acorde a lo señalado antes (supra párr. 282), que la Corte puede verificar, como un aspecto de la diligencia debida, si se siguieron o no en el ámbito interno líneas lógicas de investigación, pero no puede determinar si, luego de efectuadas las indagaciones correspondientes, la conclusión que a partir de ello efectuaron las autoridades internas competentes sobre los hechos, su autoría y responsabilidad, es o no correcta, pues la evaluación de la prueba producida en procesos internos, la interpretación y aplicación del derecho interno y la determinación de responsabilidades individuales compete a tales autoridades . Debe recordarse que este Tribunal ha explicado que "la Página 203 de 600

obligación del Estado de investigar consiste principalmente en la determinación de las responsabilidades y, en su caso, en su procesamiento y eventual condena". Habiendo existido una investigación que haya logrado determinar los hechos y las personas responsables, no cabe presumir fallas en la debida diligencia. Corte IDH. Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de febrero de 2017. Serie C No. 333. La Corte ha expresado de manera reiterada que los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1). Este deber de "garantizar” los derechos implica la obligación positiva de adopción, por parte del Estado, de una serie de conductas, dependiendo del derecho sustantivo específico de que se trate. Esa obligación general se ve especialmente acentuada en casos de uso de la fuerza letal por parte de agentes estatales. Una vez que se tenga conocimiento de que los agentes de seguridad han hecho uso de armas de fuego con consecuencias letales, el Estado también está obligado a determinar si la privación de la vida fue arbitraria o no. Esta obligación constituye un elemento fundamental y condicionante para la protección del derecho a la vida que se ve anulado en esas situaciones. En casos en que se alega que ocurrieron ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados realicen una investigación efectiva de la privación arbitraria del derecho a la vida reconocido en el artículo 4 de la Convención, orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y, eventual, sanción de los autores de los hechos . Este deber se hace más intenso cuando están o pueden estar involucrados agentes estatales que detienen el monopolio del uso de la fuerza. Además, si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado. El deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. El cumplimiento de la obligación de emprender una investigación seria, imparcial y efectiva de lo ocurrido, en el marco de las garantías del debido proceso, ha involucrado también un examen del plazo de dicha investigación y de "los medios legales disponibles” a los familiares de la víctima fallecida, para garantizar que sean escuchados, así como que puedan participar durante el proceso de investigación. La Corte ha establecido que, en aras de garantizar su efectividad, en la investigación de violaciones de los derechos humanos se deben evitar omisiones en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación . Al respecto, la Corte ha precisado que, cuando los hechos se refieren a la muerte violenta de una persona, la investigación iniciada debe ser conducida de tal forma que pudiese garantizar el debido análisis de las hipótesis de autoría surgidas a raíz de la misma . En este punto, cabe recordar que no corresponde a la Corte analizar las hipótesis de autoría manejadas durante la investigación de los Página 204 de 600

hechos y en consecuencia determinar responsabilidades individuales, cuya definición compete a los tribunales penales internos, sino evaluar las acciones u omisiones de agentes estatales, según la prueba presentada por las partes . De igual modo, no compete a la Corte sustituir a la jurisdicción interna, estableciendo las modalidades específicas de investigación y juzgamiento en un caso concreto para obtener un mejor o más eficaz resultado, sino constatar si en los pasos efectivamente dados a nivel interno se violaron o no obligaciones internacionales del Estado derivadas de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. La Corte recuerda que la falta de diligencia tiene como consecuencia que conforme el tiempo vaya transcurriendo, se afecta indebidamente la posibilidad de obtener y presentar pruebas pertinentes que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan, con lo cual el Estado contribuye a la impunidad. Además, la debida diligencia en una investigación médico-legal de una muerte exige el mantenimiento de la cadena de custodia de todo elemento de prueba forense . Ello consiste en llevar un registro escrito preciso, complementado, según corresponda, por fotografías y demás elementos gráficos para documentar la historia del elemento de prueba a medida que pasa por las manos de diversos investigadores encargados del caso. La Corte recuerda que las investigaciones de los hechos de ambas redadas policiales de octubre de 1994 y mayo de 1995 en la Favela Nova Brasilia comenzaron con el levantamiento de "autos de resistencia al arresto” para registrar las muertes de las personas que habían perdido la vida durante la redada (supra párrs. 120 y 131). Si bien esos hechos se encuentran fuera de la competencia temporal de la Corte, el efecto que tuvieron los "autos de resistencia al arresto” impactó toda la investigación, con consecuencias que subsistieron a lo largo del tiempo y que fueron determinantes para la falta de debida diligencia en las investigaciones. La Corte nota que, en el presente caso, las investigaciones por las muertes ocurridas en ambas redadas comenzaron con la presunción de que los agentes de policía se encontraban en cumplimiento de la ley, y que las muertes habrían sido resultado de los enfrentamientos que habrían ocurrido durante las redadas. Además, las líneas de investigación estuvieron dirigidas a determinar la responsabilidad de las personas que habían sido ejecutadas, enfocándose en determinar si contaban con antecedentes penales o si serían responsables de agredir o atentar contra la vida de los agentes de policía, lo que coincide con el contexto en el cual ocurrieron los hechos (supra párrs. 102 a 110) y la impunidad en ese tipo de casos. Esta tendencia en las investigaciones trajo como consecuencia la consideración de que las personas ejecutadas habrían incurrido en actividades delictivas que colocaron a los agentes de policía en la necesidad de defenderse y, en este caso, disparar contra ellos. Esta noción rigió la dinámica de las investigaciones hasta el final, provocando que existiera una revictimización contra las personas ejecutadas y contra sus familiares, y que las circunstancias de las muertes no fueran esclarecidas. El registro de las ejecuciones como "resistencias al arresto” tenía un claro efecto en las investigaciones, en la gravedad con que se asumían los hechos y en la importancia que se concedía a la identificación y sanción de los responsables. A continuación la Corte evaluará como esa situación generó un impacto en las investigaciones seguidas en relación con los hechos ya reconocidos por el Estado (supra párr. 101). Corte IDH. Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Página 205 de 600

Sentencia de 25 de marzo de 2017. Serie C No. 334. En la investigación de la muerte violenta de una persona, es crucial la importancia que tienen las primeras etapas de la investigación y el impacto negativo que las omisiones e irregularidades en tales etapas puede tener en las perspectivas reales y efectivas de esclarecer el hecho . En este sentido, este Tribunal ha especificado los principios rectores que son precisos observar en una investigación cuando se está frente a una muerte violenta, tal como lo fue el homicidio del señor Francisco García Valle. Respecto de lo alegado por el Estado, en varios casos este Tribunal ha considerado que tales principios deben ser observados por las autoridades respectivas independientemente de que la muerte violenta sea calificable como una "ejecución extrajudicial”, que no es lo que se analiza en el presente caso . Para que una investigación sea efectiva en los términos de la Convención, debe llevarse a cabo con la debida diligencia, la cual exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones necesarias para procurar el resultado que se persigue. Es decir que debe sustanciarse por todos los medios legales disponibles y estar orientada a la determinación de la verdad . En este caso, es claro que las autoridades policiales y judiciales realizaron diligencias necesarias, relevantes y efectivas para investigar las causas y circunstancias del homicidio del señor García Valle, según ha sido establecido. Sin embargo, según lo alegado, el problema habría estado en la falta de investigación diligente del móvil del homicidio en relación con las actividades de defensa de derechos humanos por parte de su esposa, la señora Acosta, frente a personas cuyos intereses podían verse perjudicados por ello, particularmente tres personas señaladas por ella como posibles autores intelectuales y un autor material más del homicidio. La Corte reitera que la defensa de los derechos humanos sólo puede ejercerse libremente cuando las personas que la realizan no son víctimas de amenazas o de cualquier tipo de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento . Para garantizar las condiciones fácticas en las cuales los defensores puedan desarrollar libremente su función, los Estados deben facilitar los medios necesarios para que puedan ser protegidos si se encuentran amenazados o en situación de riesgo o denuncian violaciones a derechos humanos, así como investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad . Ciertamente la obligación de investigar es de medio o comportamiento, por lo que no necesariamente es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Por ello, las diligencias realizadas para la investigación de los hechos deben ser valoradas en su conjunto y, si bien no compete a la Corte, en principio, resolver la procedencia de las medidas de investigación ni determinar las hipótesis de autoría manejadas durante la misma , en este caso la debida diligencia debe evaluarse en relación con la necesidad de determinar la veracidad de las versiones o hipótesis sobre lo ocurrido, particularmente si las falencias alegadas en relación con el conjunto de las diligencias efectuadas por las autoridades judiciales, incidieron de manera determinante en el esclarecimiento de las circunstancias del caso, en una calificación jurídica de los hechos acorde con lo sucedido o en el resultado final del proceso . En particular, este caso trata sobre la agresión al entorno familiar de una defensora de derechos humanos que inclusive había señalado específicamente a determinadas personas como posibles interesados en el crimen o beneficiarios del mismo. La Corte considera que, en casos de atentados contra defensores de derechos humanos, los Página 206 de 600

Estados tienen la obligación de asegurar una justicia imparcial, oportuna y oficiosa, que implique una búsqueda exhaustiva de toda la información para diseñar y ejecutar una investigación que conduzca al debido análisis de las hipótesis de autoría, por acción o por omisión, en diferentes niveles, explorando todas las líneas investigativas pertinentes para identificar a los autores . Así, ante indicios o alegaciones de que determinado hecho o delito pudo constituir una represalia por las actividades o labores de un defensor o defensora de derechos humanos agredido, las autoridades investigadoras deben tomar en cuenta el contexto de los hechos y tales actividades para identificar los intereses que podrían haber sido afectados en el ejercicio de la misma, a efectos de poder establecer líneas de investigación e hipótesis del delito, así como realizar las diligencias pertinentes para determinar si esos indicios podrían estar vinculados al móvil de la agresión . Si bien no corresponde a la Corte determinar la aplicación o interpretación de tales normas procesales penales del ordenamiento jurídico entonces vigente en el Estado al caso concreto, lo cierto es que, de la motivación de la sentencia interlocutoria de sobreseimiento definitivo, no se desprende la necesidad de dictar específicamente ese tipo de decisión, ni las razones por las cuales consideraba que no procedía dictar uno provisional. En este sentido, el Estado no ha aportado una explicación acerca de la necesidad o de las razones que justificaban al juez para dictar ese auto a poco más de un mes de ocurridos los hechos, sin que hubiese agotado las diligencias investigativas necesarias y pertinentes y las líneas lógicas de investigación, ni esperado a recibir dictámenes periciales relevantes, además de no haber procurado soluciones para facilitar la participación de la señora Acosta en la instructiva. En casos anteriores, la Corte ha considerado que "el sistema procesal es un medio para realizar la justicia y [que] ésta no puede ser sacrificada en aras de meras formalidades" y que se presenta una formalidad sin sentido "cuando se demuestra que los recursos son rechazados sin llegar al examen de la validez de los mismos, o por razones fútiles [_] cuyo efecto es el de impedir a ciertos demandantes la utilización de los recursos internos que, normalmente, estarían al alcance de los demás" . Si bien los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, tales presupuestos deben atender a razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas . Así, cualquier norma o medida de orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al artículo 8.1 de la Convención. Este Tribunal ha considerado que los jueces, como rectores del proceso, tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad . En este caso, además de imponer una carga económica a la parte ofendida del delito, la Corte considera que dicho requisito constituyó una mera formalidad que imposibilitó el acceso a la justicia de la señora Acosta para cuestionar nada menos que el acto procesal que, en definitiva, cerró la posibilidad de investigar una hipótesis sobre la participación de otras personas como determinadores del crimen de su esposo. El Estado no justificó que la aplicación de esa norma fuera razonablemente necesaria para la propia administración de justicia. Esto también fue subrayado por las autoridades internas, pues tanto la Fiscal Página 207 de 600

Auxiliar de la RAAS como la Fiscal Auxiliar de Managua alegaron que la apelación estuvo "mal denegada tanto de hecho como de derecho", que estaba "fuera de toda lógica jurídica" y que denotaba una "clara intención del juez de negar a toda costa el derecho de recurrir de apelación a pesar de que era de su alcance otras formas legales de actuar" (supra párrs. 80 y 100). Así, las actuaciones irregulares no fueron, en definitiva, corregidas o subsanadas posteriormente por las instancias superiores. Los incidentes de nulidad y recusaciones no surtieron efecto alguno o no recibieron respuestas específicas de parte de las instancias superiores y el control disciplinario no fue efectivo. Ciertamente es posible considerar que, más allá de su posible ilegalidad, la prematura decisión de sobreseimiento definitivo de 13 de mayo de 2002 fue el resultado o culminación de una serie de actos y omisiones tendientes a no investigar diligentemente la hipótesis del móvil del homicidio como represalia de las actividades de la señora Acosta; a obstaculizar su participación durante la fase de instrucción y a procurar la impunidad parcial de los hechos, pues implicó que, con posterioridad a esa decisión, no se tomaran en cuenta otras pruebas particularmente relevantes surgidas y que vinculaban a las personas señaladas como autores intelectuales con el homicidio. Tal decisión, sostenida incluso mediante sentencia de última instancia de la Corte Suprema de Justicia, procuró cerrar a nivel interno la posibilidad concreta de subsanar irregularidades detectadas y de perseguir penalmente a personas respecto de quienes pesan indicios contundentes de participación en el homicidio del señor García Valle. En este sentido, la responsabilidad del Estado ha quedado establecida. [e]n el marco de un procedimiento penal, especialmente cuando se trata de la investigación y persecución de ilícitos atribuibles a las fuerzas de seguridad del Estado, surge una eventual colisión de intereses entre la necesidad de proteger el secreto de Estado, por un lado, y las obligaciones del Estado de proteger a las personas de los actos ilícitos cometidos por sus agentes públicos y la de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los mismos, por el otro lado. [_L]os poderes públicos no pueden escudarse tras el manto protector del secreto de Estado para evitar o dificultar la investigación de ilícitos atribuidos a los miembros de sus propios órganos. En casos de violaciones de derechos humanos, cuando los órganos judiciales están tratando de esclarecer los hechos y juzgar y sancionar a los responsables de tales violaciones, el ampararse en el secreto de Estado para entregar información requerida por la autoridad judicial puede ser considerado como un intento de privilegiar la "clandestinidad del Ejecutivo" y perpetuar la impunidad. Asimismo, cuando se trata de la investigación de un hecho punible, la decisión de calificar como secreta la información y de negar su entrega jamás puede depender exclusivamente de un órgano estatal a cuyos miembros se les atribuye la comisión del hecho ilícito. "No se trata pues de negar que el Gobierno deba seguir siendo depositario de los secretos de Estado, sino de afirmar que en materia tan trascendente, su actuación debe estar sometida a los controles de los otros poderes del Estado o de un órgano que garantice el respeto al principio de división de los poderes^". De esta manera, lo que resulta incompatible con un Estado de Derecho y una tutela judicial efectiva "no es que haya secretos, sino estos secretos escapen de la ley, esto es, que el poder tenga ámbitos en los que no es responsable porque no están regulados jurídicamente y que por tanto están al margen de todo sistema de control. Esta negativa del Ministerio de la Defensa Nacional de aportar todos los documentos Página 208 de 600

requeridos por los tribunales, amparándose en el secreto de Estado, constituye una obstrucción a la justicia. A la luz de lo anterior, este Tribunal considera que el Estado, para garantizar un debido proceso, debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso y evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos. En el mismo sentido: Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2013. Serie C No. 270, párr. 376; Caso Gutiérrez y Familia Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 271, párr. 118. Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Sobre los obstáculos a la administración de justicia relacionados con el impedimento de capturas o la no efectiva realización de las mismas, la Corte ha dicho que el retardo en hacer efectivas las órdenes de captura ya dictadas contribuye a perpetuar los actos de violencia e intimidación contra testigos y fiscales vinculados al esclarecimiento de los hechos, más aún cuando del expediente surge que los sobrevivientes y algunos familiares y testigos fueron hostigados y amenazados, e incluso algunos tuvieron que salir del país. Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. A criterio de este Tribunal, el Estado no puede ampararse en la falta de prueba de la existencia de los documentos solicitados sino que, por el contrario, debe fundamentar la negativa a proveerlos, demostrando que ha adoptado todas las medidas a su alcance para comprobar que, efectivamente, la información solicitada no existía. Resulta esencial que, para garantizar el derecho a la información, los poderes públicos actúen de buena fe y realicen diligentemente las acciones necesarias para asegurar la efectividad de ese derecho, especialmente cuando se trata de conocer la verdad de lo ocurrido en casos de violaciones graves de derechos humanos como las desapariciones forzadas y la ejecución extrajudicial del presente caso. Alegar ante un requerimiento judicial, como el aquí analizado, la falta de prueba sobre la existencia de cierta información, sin haber indicado, al menos, cuáles fueron las diligencias que realizó para confirmar o no su existencia, posibilita la actuación discrecional y arbitraria del Estado de facilitar o no determinada información, generando con ello inseguridad jurídica respecto al ejercicio de ese derecho. Cabe destacar que el Primer Juzgado Federal ordenó a la Unión el 30 de junio de 2003 la entrega de los documentos en un plazo de 120 días, pese a lo cual pasaron seis años, en los que la Unión interpuso varios recursos, hasta que la misma se hizo efectiva lo que resultó en la indefensión de los familiares de las víctimas y afectó su derecho de recibir información, así como su derecho a conocer la verdad de lo ocurrido. Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Corte concluye que el Estado violó el derecho a buscar y a recibir información consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1, 8.1 y 25 de la misma, en perjuicio de [_]Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012. Serie C No. 252. Al respecto, los peritos Mercedes Doretti, Luis Página 209 de 600

Fondebrider y Silvana Turner del Equipo Argentino de Antropología Forense señalaron que los mayores obstáculos al trabajo forense se produjeron durante el año 1991 y 1992, período en el cual se observó una obstaculización deliberada en el nombramiento cuando en El Salvador se carecía de especialistas en el área de arqueología y antropología forense. Posteriormente, luego de tres meses de espera en el país y a petición de comunidades locales y Tutela Legal, entre otros, dos miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense fueron nombrados por el Juez actuante pero sin fecha de inicio de las exhumaciones. Finalmente, el Equipo Argentino de Antropología Forense abandonó el país en espera de la resolución del caso . Al respecto, la perito Tal Linda Ileen Simmons expresó que el hecho que las primeras exhumaciones se iniciaran 11 años después de los hechos, por la obstaculización del Gobierno de El Salvador, tuvo repercusiones directas en el estado tanto de los restos humanos como de las pruebas conexas encontradas por el Equipo Argentino de Antropología Forense en estos casos, y en las posibilidades de determinar la identidad de los restos exhumados . Por ende, esta Corte considera que el Estado dilató y obstaculizó el inicio de los trabajo de exhumación, lo cual se vincula tanto con la recaudación de la prueba como con la posibilidad de entregar los restos a los familiares a fin de que éstos puedan cerrar su proceso de duelo. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación -y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012. Serie C No. 253. En virtud de todas las consideraciones anteriores, el Tribunal concluye que, en el presente caso, las autoridades militares no han aportado de forma debida y oportuna información pertinente para esclarecer los hechos. La Corte destaca que las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba para alcanzar los objetivos de una investigación y abstenerse de realizar actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. Del mismo modo, resulta esencial que los órganos a cargo de las investigaciones estén dotados, formal y sustancialmente, de las facultades y garantías adecuadas y necesarias para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. Asimismo, es fundamental que las autoridades a cargo de la investigación puedan tener pleno acceso a la documentación en manos del Estado. Este Tribunal estima que las constantes negativas de información del Ministerio de la Defensa han impedido la identificación de las personas que formaron parte de la planeación y ejecución de las operaciones registradas en el Diario Militar, así como la eventual obtención de información sobre dichas personas para esclarecer los hechos y dar con el paradero de las víctimas. Al respecto, la Corte recuerda que la obligación de investigar, juzgar y sancionar, en su caso, a los responsables es una obligación que corresponde al Estado como un todo, lo cual implica que toda autoridad estatal debe cooperar, apoyar o coadyuvar, en el ámbito de su competencia, a la debida investigación de los hechos, de conformidad con las obligaciones derivadas de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma. Corte IDH. Caso Página 210 de 600

Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281. La Corte ha establecido en su constante jurisprudencia que dentro de las medidas positivas que un Estado debe adoptar para garantizar los derechos reconocidos en la Convención se encuentra la obligación de investigar violaciones de derechos humanos. El cumplimiento de esta obligación consiste no sólo en prevenir sino también investigar las violaciones de derechos reconocidos en ese instrumento, así como procurar el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por las violaciones a los derechos humanos . Asimismo, la Corte ha señalado que para que la investigación sea efectiva en los términos de la Convención, debe llevarse a cabo con la debida diligencia, la cual exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones necesarias para procurar el resultado que se persigue . Es decir que debe sustanciarse "por todos los medios legales disponibles y [estar] orientada a la determinación de la verdad”. Este deber involucra a toda institución estatal , tanto judicial como no judicial, por lo que la debida diligencia se extiende también a los órganos no judiciales a los que corresponda la investigación previa al proceso, realizada para determinar las circunstancias de una muerte y la existencia de suficientes indicios para interponer una acción penal. Sin el cumplimiento de estas exigencias, el "Estado no podrá posteriormente ejercer de manera efectiva y eficiente su facultad acusatoria y los tribunales no podrán llevar a cabo el proceso judicial que este tipo de violaciones requiere”. En el mismo sentido: Caso García Ibarra y otros Ks. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2015. Serie C No. 306, párr. 135. La Corte constata que a pesar de los indicios demostrados que indicaron una interrelación entre ambas muertes, la puesta en conocimiento de las autoridades sobre las presuntas amenazas, hostigamientos y sobre la situación de riesgo de Eduardo Landaeta, sumado al hecho de que la Fiscalía Novena del Ministerio Público fue la encargada de ambos casos durante un periodo de tiempo, las autoridades no realizaron investigaciones del conjunto de estos hechos ni realizaron una averiguación tendiente a comprobar dichos vínculos. Al respecto, este Tribunal ha establecido que "[l]a investigación con debida diligencia exige tomar en cuenta lo ocurrido en otros homicidios y establecer algún tipo de relación entre ellos. Ello debe ser impulsado de oficio, sin que sean las víctimas y sus familiares quienes tengan la carga de asumir tal iniciativa”. Con base en lo señalado, la Corte considera que las investigaciones aisladas que se efectuaron no contribuyeron con el esclarecimiento de los hechos ni, en su caso, con la determinación de responsabilidades. En este sentido, este Tribunal estima que el Estado al no investigar ambas muertes de manera conjunta no agotó todas las posibles líneas de investigación que permitieran el esclarecimiento de los hechos. Corte IDH. Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 283. La Corte ha establecido que, en aras de garantizar su efectividad, en la investigación de violaciones a los derechos humanos se debe evitar omisiones en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación . Al respecto, la Corte ha precisado que, cuando los hechos se refieren a la muerte violenta de una persona, la investigación iniciada debe ser conducida de tal forma que pudiese garantizar el debido Página 211 de 600

análisis de las hipótesis de autoría surgidas a raíz de la misma . En este punto, cabe recordar que no corresponde a la Corte analizar las hipótesis de autoría manejadas durante la investigación de los hechos y en consecuencia determinar responsabilidades individuales, cuya definición compete a los tribunales penales internos, sino evaluar las acciones u omisiones de agentes estatales, según la prueba presentada por las partes . De igual modo, no compete a la Corte sustituir a la jurisdicción interna estableciendo las modalidades específicas de investigación y juzgamiento en un caso concreto para obtener un mejor o más eficaz resultado, sino constatar si en los pasos efectivamente dados a nivel interno se violaron o no obligaciones iñte^ñacioñales del Estado derivadas de los artículos 8 y 25 de la Coñveñcióñ Americana . La Corte recuerda que la falta de diligencia tiene como consecuencia que conforme el tiempo vaya transcurriendo, se afecte indebidamente la posibilidad de obtener y presentar pruebas pertinentes que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan, con lo cual el Estado contribuye a la impunidad . Protección de intervinientes en el proceso. Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101. Esta Corte considera que los hechos descritos contra la familia de la víctima, el personal de la Fundación Myrna Mack y el personal de AVANCSO teñíañ como propósito, como ya se dijo respecto a los operadores de justicia, investigadores policiales y testigos, atemorizarlos para que desistieran de sus propósitos de hacer investigar los hechos del presente caso, identificar y sañcioñar a todos los responsables de la muerte extrajudicial de Myrna Mack Chang. A la luz de lo anterior, este Tribunal considera que el Estado, para garantizar un debido proceso, debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso y evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos. En el mismo sentido: Caso de la Masacre de La Rochela Ks. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr.171; Caso Gelman Ks. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No.221, párr. 255; Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Ks. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2013. Serie CNo. 270, párr.376. Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. La Corte ha constatado, a través del acervo probatorio, que durante las investigaciones por los hechos de este caso se presentaron amenazas contra jueces, testigos y familiares de las víctimas. Estas amenazas han afectado la efectividad de los procesos. Tal como fue indicado (supra párr. 158) el actuar con debida diligencia en las investigaciones implicaba tomar en cuenta los patrones de actuaciones de la compleja estructura de personas que cometió la masacre, ya que esta estructura permanece con posterioridad a la comisión del crimen y, precisamente para procurar su impunidad, opera utilizando las amenazas para causar temor en quienes investigan y en quienes podrían ser testigos o tener un interés en la búsqueda de la verdad, como es el caso de los familiares de las víctimas. El Estado debía haber adoptado las medidas suficientes de protección e Página 212 de 600

investigación frente a ese tipo de intimidaciones y amenazas. En dicho contexto se produjeron amenazas contra uno de los paramilitares que contribuyó al esclarecimiento de los hechos. Asimismo, las amenazas contra eventuales testigos fueron persistentes. En un informe emitido por el Grupo de Derechos Humanos del Cuerpo Técnico de Investigación se señaló que posibles testigos estaban "amenazados de muerte por los grupos paramilitares si llega[ba]ñ a hablar con los organismos de seguridad del Estado". Además, algunos de los familiares de las víctimas que rindieron testimonio en el proceso ante la Corte, expresaron el temor que padecen o han padecido con ocasión de los hechos y manifestaron haber sido objeto de amenazas y hostigamiento tanto en la época en la que ocurrieron los hechos como en los últimos años durante el trámite del caso ante el Sistema Interamericano. Resulta relevante resaltar que un hijo de una víctima fallecida y quien posteriormente se desempeñó como fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, tuvo que salir al exilio en dos ocasiones por las amenazas de muerte contra él y su familia, tal como declaró ante esta Corte. La Corte considera que el patrón de violencia y amenazas contra fuñcioñarios judiciales, familiares de víctimas y testigos que se produjo en el presente caso tuvo un efecto amedrentador e intimidante para que desistieran de colaborar en la búsqueda de la verdad y, consecuentemente, obstruir el avance del proceso. Ello se ve agravado porque no se adoptaron medidas de seguridad para algunos de los funcionarios, familiares de víctimas y testigos amenazados, ni se acreditó investigación o sanción alguna en relación con dichos actos de hostigamiento y violencia, lo cual profundiza el contexto de intimidación e indefensión frente a la actuación de los grupos paramilitares y agentes estatales. Esta situación afectó el adecuado ejercicio de la función judicial y el funcionamiento de la administración de justicia, de acuerdo con la obligación de garantía establecida en el artículo 1.1 de la Convención. Además, el hecho de que no hayan sido sancionados todos los responsables de los hechos genera que ese amedrentamiento sea permanente y que, en alguna medida, explique la grave negligencia en el impulso de la investigación. Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196. Además de la evidente negligencia en el impulso de la investigación, como ya se dijo, la Corte ha constatado, a través del acervo probatorio, que algunos testigos han sido amenazados (supra párrs. 59 a 61 y 64) y otras personas fueron coaccionadas a declarar en falso, y que esto ha tenido un efecto amedrentador e intimidante en quienes investigan y en quienes podrían ser testigos, afectando seriamente la efectividad de la investigación. A solicitud de los representantes, este Tribunal tuvo que intervenir, mediante la adopción de medidas provisionales, ante el recrudecimiento de las amenazas a un testigo, lo que indica que a la fecha, 14 años después de ocurridos los hechos, el riesgo no ha cesado. El que no hayan sido sancionados los responsables de tales actos genera que ese efecto intimidante sea permanente. En el mismo sentido: Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C No. 269128, párr.173. Corte IDH. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211. Aunado a lo anterior, la Corte considera que las amenazas e intimidaciones sufridas por algunos de los testigos que han rendido sus declaraciones en el proceso interno no pueden verse Página 213 de 600

aisladamente, sino que se deben considerar en el marco de obstaculizaciones de la investigación del caso. Por ende, tales hechos se convierten en otro medio para perpetuar la impunidad en el presente caso e impedir que se conozca la verdad de lo ocurrido. Corte IDH. Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 283. La Corte recuerda que el Estado, para garantizar un debido proceso, debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos , pues de lo contrario eso tendría un efecto amedrentador e intimidante en quienes investigan y en quienes podrían ser testigos, afectando seriamente la efectividad de la investigación. En efecto, las amenazas e intimidaciones sufridas por testigos en el proceso interno no pueden verse aisladamente, sino que se deben considerar en el marco de obstaculizaciones de la investigación del caso. Por ende, tales hechos se convierten en otro medio para perpetuar la impunidad e impedir que se conozca la verdad de lo ocurrido. De igual modo, es criterio de la Corte que para que una investigación sea efectiva, las personas encargadas de la misma deben de ser independientes, tanto jerárquica e institucionalmente como en la práctica, de aquellas personas implicadas en los hechos que se investigan. En el mismo sentido: Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Ks. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 299, párr.238; Caso Quispialaya Kilcapoma Ks. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2015. Serie C No. 308, párr. 195; Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Ks. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No. 328, párr.224. En definitiva, del expediente se evidencian una serie de indicios que permiten a la Corte concluir que en el presente caso testigos y declarantes temieron sufrir las consecuencias de cualquier información que pudieran dar, sin que conste que el Estado haya facilitado los medios necesarios de protección una vez que tomó conocimiento de estos hechos, a fin de garantizar la seguridad a los investigadores, testigos y familiares de las víctimas en la investigación, en específico, aun cuando al menos en una oportunidad se solicitó expresamente protección a un testigo. La manera en que dicha situación permeó en los testigos y declarantes implicó que algunos de ellos no proporcionaran a los investigadores información en relación al hecho, afectando la efectividad de la investigación, y contribuyendo a la impunidad en que hasta hoy y por casi 10 años se mantiene el presente caso. Derecho a un tribunal independiente, imparcial y competente. Juez natural y competencia. Aspectos generales. Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182. El artículo 8.1 de la Convención garantiza el derecho a ser juzgado por "un tribunal competente [_] establecido con anterioridad a la ley". Esto implica que las personas "tienen derecho a ser juzgadas por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos", razón Página 214 de 600

por la cual el Estado no debe crear tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios. Con esto se busca evitar que las personas sean juzgadas por tribunales especiales, creados para el caso, o ad hoc. Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206. Este Tribunal estima necesario formular algunas consideraciones acerca del fuero, la conexidad y el juez natural, que vienen al caso para la materia de esta sentencia. El fuero ha sido establecido para proteger la integridad de la función estatal que compete a las personas a las que alcanza esta forma de inmunidad y evitar, así, que se altere el normal desarrollo de la función pública. No constituye un derecho personal de los funcionarios. Sirve al interés público. Entendido en esos términos, el fuero persigue un fin compatible con la Convención. Por su parte, la conexidad busca el fin, convencionalmente aceptable, de que un mismo juez conozca diversos casos cuando existen elementos que los vinculen entre sí. De esta forma, se evita incurrir en contradicciones y se garantiza la unidad de las decisiones y la economía procesal. El artículo 8.1 de la Convención garantiza el derecho a ser juzgado por "un tribunal competente [_] establecido con anterioridad a la ley", disposición que se relaciona con el concepto de juez natural, una de las garantías del debido proceso, a las que inclusive se ha reconocido, por cierto sector de la doctrina, como un presupuesto de aquél. Esto implica que las personas tienen derecho a ser juzgadas, en general, por tribunales ordinarios, con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. El juez natural deriva su existencia y competencia de la ley, la cual ha sido definida por la Corte como la "norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes". Consecuentemente, en un Estado de Derecho sólo el Poder Legislativo puede regular, a través de leyes, la competencia de los juzgadores. Ahora bien, el fuero no necesariamente entra en colisión con el derecho al juez natural, si aquél se halla expresamente establecido y definido por el Poder Legislativo y atiende a una finalidad legítima, como antes se manifestó. De esta forma, no sólo se respeta el derecho en cuestión sino que el juez de fuero se convierte en el juez natural del aforado. Si, por el contrario, la ley no consagra el fuero y éste es establecido por el Ejecutivo o por el propio Poder Judicial, distrayéndose así al individuo del tribunal que la ley consagra como su juez natural, se vería vulnerado el derecho a ser juzgado por un juez competente. Del mismo modo, si la conexidad está expresamente reglada en la ley, el juez natural de una persona será aquél al que la ley atribuya competencia en las causas conexas. Si la conexidad no está reglada por la ley, sería violatorio distraer al individuo del juez originalmente llamado a conocer el caso. En el presente caso, el señor Barreto Leiva no gozaba de ningún tipo de fuero, por lo que, en principio, le correspondía ser juzgado por un juez penal ordinario de primera instancia. Los congresistas coacusados con la víctima debían ser juzgados por el TSSPP (supra párr. 70). Finalmente, el tribunal competente para el Presidente de la República era la CSJ (supra párr. 69). Todos estos tribunales fueron establecidos por la ley venezolana con anterioridad a los hechos sujetos a juicio. Corresponde a la ley establecer las reglas para la operación de la conexidad, definiendo a qué tribunal Página 215 de 600

compete conocer de las causas conexas. No existe una ley especial -tal y como afirma la Comisión- que establezca que si el Presidente de la República es coacusado junto con un particular sin fuero por un ilícito penado por la Ley de patrimonio público, la causa deba ser conocida por el tribunal del fuero del Presidente. Sin embargo, esto no impide que se aplique el principio general, recogido en la ley venezolana, de que un solo tribunal conozca de los asuntos conexos, acumulando competencia sobre todos ellos. En la especie, esto llevaría a dos supuestos posibles: que el Presidente sea juzgado por el tribunal competente para juzgar al individuo sin fuero, o viceversa. Lógicamente, el primer supuesto es inadmisible, ya que no atiende a los fines que justifican la institución del fuero. El segundo supuesto respeta tanto el principio de conexidad, como el interés público que el fuero garantiza. Así lo entendió la CSJ en el presente caso (supra párr. 73), y esta Corte no encuentra motivo suficiente para apartarse del criterio sustentado por el más alto tribunal venezolano. Por todo ello, la Corte declara que el Estado no violó el derecho a ser juzgado por un juez competente, reconocido en el artículo 8.1 de la Convención. Restricción al fuero militar. Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33. EEn primer término, al aplicar los Decretos-Leyes N° 25.659 (delito de traición a la patria) y N° 25.475 (delito de terrorismo) expedidos por el Estado, la jurisdicción militar del Perú violó el artículo 8.1 de la Convención, en lo que concierne a la exigencia de juez competente. En efecto, al dictar sentencia firme absolutoria por el delito de traición a la patria del cual fue acusada la señora María Elena Loayza Tamayo, la jurisdicción militar carecía de competencia para mantenerla en detención y menos aún para declarar, en el fallo absolutorio de última instancia, que “existiendo evidencia de la comisión del delito de terrorismo dispone remitir los actuados pertinentes al Fuero Común y poner a disposición de la Autoridad competente a la referida denunciada". Con esta conducta los tribunales castrenses actuando ultra vires usurparon jurisdicción e invadieron facultades de los organismos judiciales ordinarios, ya que según el mencionado Decreto-Ley N° 25.475 (delito de terrorismo), correspondía a la Policía Nacional y al Ministerio Público la investigación de ese ilícito y a los jueces ordinarios el conocimiento del mismo. Por otra parte, dichas autoridades judiciales comunes eran las únicas que tenían la facultad de ordenar la detención y decretar la prisión preventiva de los acusados. Como se desprende de lo anterior, los referidos Decretos-Leyes N° 25.659 (delito de traición a la patria) y N° 25.475 (delito de terrorismo) dividieron la competencia entre los tribunales castrenses y los ordinarios y atribuyeron el conocimiento del delito de traición a la patria a los primeros y el de terrorismo a los segundos. EEn segundo término, la señora María Elena Loayza Tamayo fue enjuiciada y condenada por un procedimiento excepcional en el que, obviamente, están sensiblemente restringidos los derechos fundamentales que integran el debido proceso. Estos procesos no alcanzan los estándares de un juicio justo ya que no se reconoce la presunción de inocencia; se prohíbe a los procesados contradecir las pruebas y ejercer el control de las mismas; se limita la facultad del defensor al impedir que éste pueda libremente comunicarse con su defendido e intervenir con pleno conocimiento en todas las etapas del proceso. El hecho de que la señora María Elena Loayza Tamayo haya sido condenada en el fuero ordinario con fundamento en pruebas supuestamente obtenidas en el procedimiento militar, no obstante ser éste incompetente, tuvo consecuencias negativas Página 216 de 600

en su contra en el fuero común. Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52. La Corte advierte que la jurisdicción militar ha sido establecida por diversas legislaciones con el fin de mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas. Inclusive, esta jurisdicción funcional reserva su aplicación a los militares que hayan incurrido en delito o falta dentro del ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias. En este sentido se definía en la propia legislación peruana (artículo 282 de la Constitución Política de 1979). El traslado de competencias de la justicia común a la justicia militar y el consiguiente procesamiento de civiles por el delito de traición a la patria en este fuero, supone excluir al juez natural para el conocimiento de estas causas. En efecto, la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter. Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia. En el mismo sentido: Caso Argüelles y otros Ks. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 288, párr. 148. Constituye un principio básico relativo a la independencia de la judicatura que toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. El Estado no debe crear "tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios”. El juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, independiente e imparcial de acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención Americana. En el caso en estudio, las propias fuerzas armadas inmersas en el combate contra los grupos insurgentes, son las encargadas del juzgamiento de las personas vinculadas a dichos grupos. Este extremo mina considerablemente la imparcialidad que debe tener el juzgador. Por otra parte, de conformidad con la Ley Orgánica de la Justicia Militar, el nombramiento de los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, máximo órgano dentro de la justicia castrense, es realizado por el Ministro del sector pertinente. Los miembros del Consejo Supremo Militar son quienes, a su vez, determinan los futuros ascensos, incentivos profesionales y asignación de funciones de sus inferiores. Esta constatación pone en duda la independencia de los jueces militares. Este Tribunal ha señalado que las garantías a que tiene derecho toda persona sometida a proceso, además de ser indispensables deben ser judiciales, "lo cual implica la intervención de un órgano judicial independiente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del estado de excepción”. En relación con el presente caso, la Corte entiende que los tribunales militares que han juzgado a las supuestas víctimas por los delitos de traición a la patria no satisfacen los requerimientos inherentes a las garantías de independencia e imparcialidad establecidas por el artículo 8.1 de la Convención Americana, como elementos esenciales del debido proceso legal. Corte IDH. Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C No. 561. En cuanto al proceso seguido en contra del señor Cesti Hurtado ante un órgano de la justicia militar, la Corte observa que dicha persona tenía, al tiempo en que se abrió y desarrolló ese proceso, el carácter de Página 217 de 600

militar en retiro, y por ello no podía ser juzgado por los tribunales militares. En consecuencia, el juicio al cual fue sometido el señor Cesti Hurtado constituye una violación al derecho a ser oído por un tribunal competente, de acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención. Corte IDH. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68. En un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. Así, debe estar excluido del ámbito de la jurisdicción militar el juzgamiento de civiles y sólo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. En el mismo sentido: Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr.113; Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90, párr.51; Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109; Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr.126; Caso de la "Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr.202; Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 272; Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215, párr. 176; Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216, párr. 160; Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220, párr. 197; Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248, párr. 240; Caso Nadege Dorzema y otros Ks. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251, párr. 187; Caso Osorio Rivera y Familiares Ks. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274, párr. 187; Caso Tenorio Roca y otros Ks. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2016. Serie C No. 314, párr. 194. Por lo que respecta a la afirmación sobre la parcialidad y dependencia de la justicia militar, es razonable considerar que los funcionarios del fuero militar que actuaron en el proceso encaminado a investigar los sucesos de El Frontón carecían de la imparcialidad e independencia requeridas por el artículo 8.1 de la Convención para investigar los hechos de una manera eficaz y exhaustiva y sancionar a los responsables por los mismos. Como ha quedado establecido (supra párr. 59.ñ), los tribunales que coñocieroñ los hechos relacionados con dichos sucesos "constituyen un alto Organismo de los Institutos Armados" y los militares que integraban dichos tribunales eran, a su vez, miembros de las fuerzas armadas en servicio activo, requisito para formar parte de los tribunales militares. Por tanto, estaban incapacitados para rendir un dictamen independiente e imparcial. Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69. Es necesario señalar que la jurisdicción militar se establece en diversas Página 218 de 600

legislaciones para mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas. Por ello, su aplicación se reserva a los militares que hayan incurrido en delitos o faltas en el ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias. En ese sentido se regulaba la jurisdicción militar en la legislación peruana (artículo 282 de la Constitución de 1979). El traslado de competencias de la justicia común a la justicia militar y el consiguiente procesamiento de civiles por el delito de traición a la patria en este fuero, como sucede en el caso, supone excluir al juez natural para el conocimiento de estas causas. Al respecto, la Corte ha dicho que "[c]uando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia"139. En el mismo sentido: Caso Las Palmeras Ks. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90, párr. 52; Caso 19 Comerciantes Ks. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 167; Caso Lori Berenson Mejía Ks. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr. 141; Caso Palamara Iribarne Ks. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 143; Caso Almonacid Arellano y otros Ks. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 131; Caso La Cantuta Ks. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 142; Caso de la Masacre de La Rochela Ks. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 200; Caso Zambrano Kélez y otros Ks. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 66; Caso Tiu Tojín Ks. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 118; Caso Radilla Pacheco Ks. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 273; Caso Fernández Ortega y otros. Ks. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215, párr. 176; Caso Rosendo Cantú y otra Ks. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216, párr. 160; Caso Cabrera García y Montiel Flores Ks. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220, párr. 197; Caso Osorio Rivera y Familiares Ks. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274, párr. 188. Estima la Corte que los tribunales militares del Estado que han juzgado a la presunta víctima por el delito de traición a la patria no satisfacen los requerimientos de independencia e imparcialidad establecidos en el artículo 8.1 de la Convención. La Corte considera que en un caso como el presente, la imparcialidad del juzgador resulta afectada por el hecho de que las fuerzas armadas tengan la doble función de combatir militarmente a los grupos insurgentes y de juzgar e imponer penas a los miembros de dichos grupos [_] Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109. En el presente caso el derecho a un debido proceso debe ser analizado de acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, es decir, debe hacerse una Página 219 de 600

interpretación pro persona. No hay lugar a dudas de que la participación que pudieran haber tenido los militares investigados al "conoc[er] de las actividades delictivas de grupos al margen de la Ley, [_] presta[ndoles] apoyo y cohonesta[ndo] los acontecimientos delictivos" (supra párr. 169) de la detención, la desaparición y la muerte de los 19 comerciantes, así como en la sustracción de sus vehículos y mercancías, no tiene una relación directa con un servicio o tarea militar. Esta Corte considera que la anterior atribución de competencia de la jurisdicción penal militar para conocer de los supuestos delitos perpetrados en perjuicio de los 19 comerciantes por miembros del Ejército, quienes ya estaban siendo investigados por la jurisdicción penal ordinaria, no respetó los parámetros de excepcionalidad y el carácter restrictivo que caracteriza a la jurisdicción castrense, ya que dicha jurisdicción no era competente para conocer de tales hechos, todo lo cual contravino el principio del juez natural que forma parte del derecho a un debido proceso y del derecho de acceso a la justicia, consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana. El juzgamiento de los militares vinculados a la investigación de los delitos cometidos contra los 19 comerciantes por jueces penales militares que carecían de competencia, el cual culminó con la cesación de procedimiento a su favor, implicó una violación al principio de juez natural y, consecuentemente, al derecho al debido proceso y acceso a la justicia, y además conllevó a que no fueran investigados y sancionados por tribunales competentes los miembros de la fuerza pública que participaron en los hechos (infra párr. 263). Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135. La Corte ha establecido que toda persona tiene el derecho de ser juzgada por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. En un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. Por ello, sólo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. El derecho a ser juzgado por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente previstos constituye un principio básico del debido proceso. Por ello, para que se respete el derecho al juez natural no basta con que este establecido previamente por la ley cu^l ser^ el tribunal que atenderá una causa y se le otorgue competencia. En este sentido, las normas penales militares deben establecer claramente y sin ambigí^edad quienes son militares, úinicos sujetos activos de los delitos militares, cuales son las conductas delictivas típicas en el especial ámbito militar, deben determinar la antijuridicidad de la conducta ilícita a traves de la descripción de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos militares gravemente atacados, que justifique el ejercicio del poder punitivo militar, y especificar la correspondiente sancicin. Las autoridades que ejercen la jurisdiccicin penal militar, al aplicar las normas penales militares e imputar el delito a un militar, tambien deben regirse por el principio de legalidad y, entre otras, constatar la existencia de todos los elementos constitutivos del tipo penal militar, asi como la existencia o inexistencia de causales de exclusión del delito. La Corte estima que en las normas que definen la jurisdicción penal militar en Chile no se limita el conocimiento de los tribunales militares a los delitos que por la naturaleza de los bienes jurídicos penales castrenses protegidos son estrictamente militares y constituyen conductas graves cometidas por Página 220 de 600

militares que atentan contra dichos bienes jurídicos. El Tribunal destaca que esos delitos s^lo pueden ser cometidos por los miembros de las instituciones castrenses en ocasiein de las particulares funciones de defensa y seguridad exterior de un Estado. La jurisdicción penal militar en los Estados democráticos, en tiempos de paz, ha tendido a reducirse e incluso a desaparecer, por lo cual, en caso de que un Estado lo conserve, este debe ser mínimo y encontrarse inspirado en los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno. En el mismo sentido: Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie CNo. 207, párr.108. En el presente caso, la amplitud de la jurisdicción penal militar aplicada al se^or Palamara Iribarne trajo como consecuencia que se juzgara a un empleado civil a contrata en el fuero castrense por la comisioin, inter alia, de conductas que atentaban contra los "deberes y el honor militar" o suponían "insubordinacioin", como lo son los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares, establecidos en el Código de Justicia Militar, así como delitos que atentan contra el "orden y la seguridad púiblicos", como lo es el desacato. Claramente las conductas por las que fue condenado el señor Palamara Iribarne no pusieron en peligro los bienes jurídicos militares susceptibles de protección penal. Incluso la Corte entiende que, debido al carácter de ultima ratio que también tiene el derecho penal en el ámbito castrense, el sometimiento del señor Palamara Iribarne a los distintos procesos penales no constituía el medio menos lesivo para que el Estado protegiera los intereses de la Armada. Por otro lado, además de la amplitud de la jurisdicción penal militar por la definición de los delitos militares y la remisión a diversas leyes que otorgan competencia a los tribunales militares, cabe resaltar que en Chile dichos tribunales pueden conocer numerosos casos, debido a que la calidad del sujeto activo de los delitos militares es indiferente. El Tribunal ha señalado que la aplicación de la justicia militar debe estar estrictamente reservada a militares en servicio activo, al observar en un caso que "al tiempo en que se abrió y desarrolló [el] proceso [en su contra], [la víctima tenía] el carácter de militar en retiro, y por ello no podía ser juzgad[a] por los tribunales militares". Chile, como Estado democrático, debe respetar el alcance restrictivo y excepcional que tiene la jurisdicción militar y excluir del ámbito de dicha jurisdicción el juzgamiento de civiles. Los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares tipificados en el Código de Justicia Militar estipulan que el sujeto activo debe ser un "militar”. Al respecto, la Corte estima que el señor Palamara Iribarne, al ser militar en retiro, no revestía la calidad de "militar” necesaria para ser sujeto activo de dichos delitos imputados, y por ello no se le podían aplicar las referidas normas penales militares. Además, el Tribunal estima que el señor Palamara Iribarne, al escribir su libro e iniciar el proceso de publicación, se encontraba en el legítimo ejercicio de su derecho a expresar libremente sus opiniones e ideas. El Tribunal considera que Chile no ha adoptado las medidas necesarias para que el señor Palamara Iribarne fuera sometido a la justicia ordinaria, dado que al ser civil no reunía la condición de sujeto activo de un delito militar. La Corte observa que en Chile la caracterización de una persona como militar resulta una tarea compleja que requiere de interpretación de diversas normas y reglamentos, lo que dio cabida a que las autoridades judiciales que las aplicaron realizaran una interpretación extensiva del concepto de militar para someter al señor Palamara Iribarne a la jurisdicción militar. La jurisdicción tan extensa que Página 221 de 600

tienen los tribunales militares en Chile que les otorga facultades de fallar causas correspondientes a los tribunales civiles no es acorde con el artículo 8.1 de la Convención Americana. La Corte ha dicho que "[c]uando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”. El juzgamiento de civiles corresponde a la justicia ordinaria. Por las anteriores consideraciones, la Corte concluye que el Estado violó el artículo 8.1 de la Convención, en perjuicio del señor Palamara Iribarne, por haber sido juzgado por tribunales que no tenían competencia para hacerlo, y ha incumplido la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades dispuesta en el artículo 1.1 de la Convención. Asimismo, al contemplar en su ordenamiento interno normas contrarias al derecho a ser juzgado por un juez competente protegido en el artículo 8.1 de la Convención, aún vigentes, Chile ha incumplido la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno que emana del artículo 2 de la Convención. Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162. El Tribunal ha establecido que en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional: sólo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Al respecto, la Corte ha dicho que "[c]uando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia. Por estas razones y por la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de estos hechos. En el mismo sentido: Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 200; Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 66; Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248, párr. 240; Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251, párr. 187; Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párr. 158; Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274, párr. 188. La Sala Penal de la Corte Suprema peruana resolvió la contienda de competencia a favor del fuero militar, que no cumplía con los estándares de competencia, independencia e imparcialidad expuestos y que condenó a algunos militares por los hechos del caso, dispuso el sobreseimiento a favor de otros y dio aplicación a las leyes de amnistía (supra párr. 80.55 e infra párrs. 188 y 189). En el contexto de impunidad señalado (supra párrs. 81, 92, 93, 110 y 136), sumado a la incompetencia para investigar este tipo de crímenes en esa jurisdicción, es claro para este Tribunal que la manipulación de mecanismos legales y constitucionales articulada en los tres poderes del Estado resultó en la derivación irregular de las Página 222 de 600

investigaciones al fuero militar, la cual obstruyó durante varios años las investigaciones en la justicia ordinaria, que era el fuero competente para realizar las investigaciones, y pretendió lograr la impunidad de los responsables. Sin embargo, es necesario valorar que el Estado ha reconocido, tanto en el proceso ante este Tribunal como en disposiciones y decisiones de sus tribunales internos, adoptadas en este y "otros casos" (supra párrs. 41, 42, 44 y 91), la parcialidad con la que actuaron los magistrados del fuero militar en el juzgamiento de los hechos de La Cantuta; el inicio del proceso simulado en contra de varias personas, con la única finalidad de sustraerles de la persecución penal del fuero común y procurar su impunidad; y las irregularidades presentadas en ese proceso [_]Las consideraciones anteriores llevan necesariamente a concluir que un proceso penal adelantado en el fuero común constituía el recurso idóneo para investigar y en su caso juzgar y sancionar a los responsables de los hechos del presente caso, por lo que la derivación irregular de las investigaciones al fuero militar, así como los consecuentes procedimientos realizados en el mismo respecto de presuntos autores materiales e intelectuales, constituyen una violación del artículo 8.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de las víctimas. Corte IDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207. En este sentido, para que se respete el derecho al juez natural, el Tribunal ha señalado que no basta con que la ley establezca previamente cuál será el tribunal que atenderá una causa y que le otorgue competencia a éste. Dicha ley, al otorgar competencias en el fuero militar y al determinar las normas penales militares aplicables en dicho fuero, debe establecer claramente y sin ambigüedad: a) quiénes son militares, únicos sujetos activos de los delitos militares; b) cuáles son las conductas delictivas típicas en el especial ámbito militar; c) la conducta ilícita a través de la descripción de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos militares gravemente atacados, que justifique el ejercicio del poder punitivo militar, y d) la correspondiente sanción, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad. Las autoridades que ejercen la jurisdicción penal militar, al aplicar las normas penales militares e imputar a un militar de un delito, también deben regirse por el principio de legalidad y, entre otras, constatar la existencia de todos los elementos constitutivos del tipo penal militar, así como la existencia o inexistencia de causales de exclusión del delito. Asimismo, esta Corte ha establecido que, tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria. En tal sentido, la Corte en múltiples ocasiones ha indicado que "[c]uando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso"146, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia. El juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, además de independiente e imparcial. En el mismo sentido: Caso Cruz Sánchez y otros Ks. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292, párr. 398. En consecuencia, tomando en cuenta la jurisprudencia constante de este Tribunal (supra párrs. 272 y 273), debe concluirse que si los actos delictivos Página 223 de 600

cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes jurídicos de la esfera castrense, dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios. En este sentido, frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar. La Corte destaca que cuando los tribunales militares conocen de actos constitutivos de violaciones a derechos humanos en contra de civiles ejercen jurisdicción no solamente respecto del imputado, el cual necesariamente debe ser una persona con estatus de militar en situación de actividad, sino también sobre la víctima civil, quien tiene derecho a participar en el proceso penal no sólo para efectos de la respectiva reparación del daño sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia (supra párr. 247). En tal sentido, las víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares tienen derecho a que tales violaciones sean conocidas y resueltas por un tribunal competente, de conformidad con el debido proceso y el acceso a la justicia. La importancia del sujeto pasivo trasciende la esfera del ámbito militar, ya que se encuentran involucrados bienes jurídicos propios del régimen ordinario. En el presente caso, no cabe duda que la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, en las que participaron agentes militares (supra párr. 150), no guardan relación con la disciplina castrense. De dichas conductas han resultado afectados bienes jurídicos tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal y el reconocimiento de la personalidad jurídica del señor Rosendo Radilla Pacheco. Además, en un Estado de Derecho, la comisión de actos tales como la desaparición forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legítimo y aceptable para el cumplimiento de la misión castrense. Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y protección de los derechos humanos y, por lo tanto, están excluidas de la competencia de la jurisdicción militar. Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215. La violación sexual de una persona por parte de personal militar no guarda, en ningún caso, relación con la disciplina o la misión castrense. Por el contrario, el acto cometido por personal militar contra la señora Fernández Ortega afectó bienes jurídicos tutelados por el derecho penal interno y la Convención Americana como la integridad personal y la dignidad de la víctima. Es claro que tal conducta es abiertamente contraria a los deberes de respeto y protección de los derechos humanos y, por lo tanto, está excluida de la competencia de la jurisdicción militar. Con base en las anteriores consideraciones, la Corte concluye que la intervención del fuero militar en la averiguación previa de la violación sexual contrarió los parámetros de excepcionalidad y restricción que lo caracterizan e implicó la aplicación de un fuero personal que operó sin tomar en cuenta la naturaleza de los actos involucrados. Esta conclusión resulta válida en el presente caso aun cuando el hecho está en la etapa de investigación del Ministerio Público Militar. Como se desprende de los criterios señalados, la incompatibilidad de la Convención Americana con la intervención del fuero militar en este tipo de casos no se refiere únicamente al acto de juzgar, a cargo de un tribunal, sino fundamentalmente a la propia investigación, dado que su actuación constituye el inicio y el presupuesto necesario para la posterior intervención de un tribunal incompetente. Con base en lo anterior, la Corte concluye que el Estado violó los derechos a las garantías Página 224 de 600

judiciales y a la protección judicial previstos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora Fernández Ortega. Como lo ha hecho en casos anteriores, ante la conclusión de que la justicia penal militar no resulta competente, el Tribunal considera que no es necesario pronunciarse respecto de otros alegatos sobre independencia o imparcialidad del fuero militar o la eventual violación, con base en los mismos hechos, de otros instrumentos interamericanos. En el mismo sentido: Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr.161; Corte IDH. Caso Tenorio Roca y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2016. Serie CNo. 314, párr. 197. Corte IDH. Caso Argüelles y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 288. En cuanto a la jurisdicción penal militar, la Corte ha establecido que en un Estado democrático de Derecho, dicha jurisdicción ha de ser restrictiva y excepcional de manera que se aplique únicamente en la protección de bienes jurídicos especiales, de carácter castrense, y que hayan sido vulnerados por miembros de las fuerzas militares en el ejercicio de sus funciones. Además, la Corte ha señalado de manera reiterada que la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria. En casos de aplicación de la jurisdicción militar para juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, el Tribunal ha señalado que la aplicación de la jurisdicción militar contravino los requisitos de independencia e imparcialidad establecidos en la Convención. En relación con la estructura orgánica y composición de los tribunales militares, la Corte ha considerado que carecen de independencia e imparcialidad cuando "sus integrantes sean militares en servicio activo, estén subordinados jerárquicamente a los superiores a través de la cadena de mando, su nombramiento no depende de su competencia profesional e idoneidad para ejercer las funciones judiciales, no cuenten con garantías suficientes de inamovilidad y no posean una formación jurídica exigible para desempeñar el cargo de juez o fiscales”. Sin perjuicio de ello, en este caso la Corte se encuentra frente a la comisión de ilícitos diferentes a los que ha conocido en su jurisprudencia anterior, controversias procesales y sustantivas distintas y un escenario de análisis diferente al de otros casos anteriores. En Argentina, durante la época de los hechos, la jurisdicción militar era definida por la Constitución y el Código de Justicia Militar, y comprendía "los delitos y faltas esencialmente militares, considerándose como de este carácter todas las infracciones que, por afectar la existencia de la institución militar, exclusivamente las leyes militares preveían y sancionaban”. Asimismo, la organización de los tribunales militares en tiempo de paz se ejercía, entre otros, por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. De forma particular, se destaca que ese Consejo Supremo dependía del Ministerio de Defensa Nacional y estaba compuesto por nueve miembros que eran nombrados por el Presidente de la Nación, siendo seis oficiales generales o sus equivalentes de los cuerpos combatientes o de comando y tres letrados de la mayor jerarquía prevista provenientes de los cuerpos de auditores de las instituciones armadas. Ahora bien, a diferencia de casos anteriores decididos por la Corte, no hay controversia en el presente caso de que los Página 225 de 600

delitos tenían carácter militar. En ese sentido, de los hechos del caso se desprende que la jurisdicción militar fue utilizada para investigar a miembros activos de las Fuerzas Aéreas argentinas por delitos de defraudación y falsificación de documentación militar. Al respecto, además de la condición personal de militares activos de las presuntas víctimas, el interés de la justicia penal militar en el caso recaía sobre la protección de bienes jurídicos de carácter castrense, y se encontraba fundamentada en el CJM como ley previa, de manera que la competencia atribuida al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no fue contraria a la Convención. Corte IDH. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292. La Corte tiene presente que, a diferencia de los casos previos de los que ha tenido oportunidad de conocer en los que se debatía sobre la competencia de la jurisdicción militar para la investigación, juzgamiento y sanción de violaciones de derechos humanos cometidas por militares, en el presente caso las presuntas víctimas no son civiles, sino integrantes de un grupo armado, quienes participaron en las hostilidades en el marco de una operación de rescate de rehenes. La Corte no considera, sin embargo, que este elemento sea determinante para apartarse de su jurisprudencia ya que lo relevante es que las alegaciones se presentan respecto de personas presuntamente hors de combat que serían acreedoras de las garantías estipuladas en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra. En efecto, los hechos relativos a las presuntas ejecuciones extrajudiciales que fueron denunciadas a fines del año 2000 y principio del año 2001 se habrían producido tal como se alega tras que los miembros del MRTA, presuntas víctimas de este caso, hubieran sido capturados o puestos hors de combat, lo que hubiera convertido a estas alegadas ejecuciones, de haberse comprobado, en serias violaciones de derechos humanos de cuya investigación, juzgamiento y sanción debiera haber conocido en exclusiva la jurisdicción ordinaria. Pues bien, la Corte recuerda que desde la sentencia del caso Durand y Ugarte Vs. Perú ha sido el criterio jurisprudencial constante que la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de alegadas vulneraciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria. La situación fáctica del caso Durand y Ugarte se refiere a la debelación de un motín en un penal en 1986, en la cual militares "hicieron un uso desproporcionado de la fuerza que excedió en mucho los límites de su fuñcióñ, lo que provocó la muerte de un gran número de reclusos". Por lo tanto, dicha consideración también es aplicable en el presente caso en que los hechos ocurrieron en el año 1997. Además, la Corte reitera que, independientemente del año en que sucedieron los hechos violatorios, la garantía del juez natural debe analizarse de acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana. Las alegaciones de ejecución extrajudicial son actos que guardan relación con hechos y tipos penales que en ningún caso tienen conexión con la disciplina o la misión castrense. Por el contrario, los actos alegados contra Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza se relacioñabañ con bienes jurídicos tutelados por el derecho penal interno y la Coñveñcióñ Americana, como la vida e integridad personal de la víctima. Por lo tanto, la Corte reitera que los criterios para investigar y juzgar violaciones de derechos humanos ante la jurisdicción ordinaria residen no en la gravedad de las violaciones sino en su naturaleza misma y en la del Página 226 de 600

bien jurídico protegido. Es claro que la conducta deñuñciada es abiertamente contraria a los deberes de respeto y protección de los derechos humanos y, por lo tanto, está excluida de la competencia de la jurisdicción militar. Por consiguiente, la intervención del fuero militar para la investigación y juzgamiento de las alegadas ejecuciones extrajudiciales de Víctor Salomón Peceros Pedraza y Herma Luz Meléndez Cueva contrarió los parámetros de excepcionalidad y restricción que lo caracterizan e implicó la aplicación de un fuero personal que operó sin tomar en cuenta la naturaleza de los actos involucrados. Por ende, al dirimir la Corte Suprema de Justicia de la República la contienda de competencia a favor de la jurisdicción militar, se violó la garantía de juez natural, prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana, configurando la responsabilidad internacional del Estado en perjuicio de los familiares de Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza. Dado que los tribunales militares no eran competentes, la Corte considera que no es necesario pronunciarse respecto a los argumentos de la Comisión y de los representantes en torno a la alegada falta de independencia e imparcialidad y otras garantías judiciales. Corte IDH. Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2015. Serie C No. 308. El hecho que los sujetos involucrados pertenezcan a las fuerzas armadas o que los sucesos hayan ocurrido durante una práctica de tiro en un establecimiento militar no significa per se que deba intervenir la justicia castrense. Esto así porque, considerando la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sañcioñar a los autores de violaciones de derechos humanos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria o común . Por otra parte, la Corte reiteradamente ha afirmado que los estándares o parámetros sobre las limitaciones que debe observar la jurisdicción militar son los siguientes : a) no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de todas las violaciones de derechos humanos , b) sólo puede juzgar a militares en servicio activo , y c) sólo puede juzgar la comisión de delitos o faltas (cometidos por militares activos) que atenten, por su propia naturaleza, contra bienes jurídicos propios del orden militar . La jurisdicción militar se establece para mantener el orden en las fuerzas armadas. Por ello, su aplicación se reserva a los militares que hayan incurrido en un delito o falta en ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias. En consecuencia, tomando en cuenta la jurisprudencia constante de este Tribunal, debe concluirse que si los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar activo no afectan los bienes jurídicos de la esfera castrense, dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios. Lo anterior se aplica aún en el caso de delitos en que el imputado sea miembro de las fuerzas armadas y no sea un civil el sujeto pasivo del delito o titular del bien jurídico protegido, porque, conforme su jurisprudencia constante, la jurisdicción penal militar debe estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas armadas y todas las vulneraciones de derechos humanos deben ser conocidas en la jurisdicción ordinaria, lo cual incluye las cometidas por militares contra militares. El proceso desarrollado en el fuero castrense tramitó bajo la calificación de abuso de autoridad siendo su objeto determinar si el Suboficial Hilaquita Quispe se excedió en el empleo de la disciplina militar. Página 227 de 600

Sin embargo, el bien jurídico afectado era primero y principalmente la integridad física de Valdemir Quispialaya. Por este motivo la investigación debió haberse llevado a cabo en el fuero ordinario. Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 299. Al respecto, este Tribunal recuerda su abundante y constante jurisprudencia sobre la intervención de la jurisdicción militar para conocer hechos que constituyen violaciones a derechos humanos y a efectos del presente caso considera suficiente reiterar que en un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares. Por ello, el Tribunal ha señalado anteriormente que en el fuero militar solo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar . Asimismo, tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria. En el mismo sentido: Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2015. Serie C No. 308, párr.208, párr. 144. Independencia e imparcialidad. Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74. En el caso que nos ocupa, ha sido establecido que: a) pocas semanas antes de que se emitiera la "resolución directoral" que dejó sin efecto legal el título de nacionalidad del señor Ivcher, la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial alteró la composición de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia (supra párr. 76.n.1j; b) el 23 de junio de 1997 la Comisión mencionada aprobó una norma otorgando a dicha Sala la facultad de crear en forma "[t]ransitoria" Salas Superiores y Juzgados Especializados en Derecho Público, así como la de "designar y/o ratificar" a sus integrantes, lo cual efectivamente ocurrió dos días después (supra párr. 76.n.2 y 3); c) se creó el Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público y se designó como juez del mismo al señor Percy Escobar, previamente secretario de juzgado y juez penal (supra párr. n.3); y d) el juez Escobar conoció varios de los recursos presentados por el señor Ivcher en defensa de sus derechos como accionista de la Compañía, así como los presentados por los hermanos Winter (supra párr. 76.s.3 y 76.t). La Corte considera que el Estado, al crear Salas y Juzgados Transitorios Especializados en Derecho Público y designar jueces que integraran los mismos, en el momento en que ocurrían los hechos del caso sub judice, no garantizó al señor Ivcher Bronstein el derecho a ser oído por jueces o tribunales establecidos "con anterioridad por la ley", consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana. Todo lo anterior lleva a esta Corte a señalar que esos juzgadores no alcanzaron los estándares de competencia, imparcialidad e independencia requeridos por el artículo 8.1 de la Convención. Corte IDH. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90. Como se ha dicho con anterioridad, el juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, independiente e imparcial. En el caso sub judice, las propias fuerzas armadas involucradas en el combate contra las grupos insurgentes, Página 228 de 600

son los encargados de juzgar a sus mismos pares por la ejecución de civiles, tal y como lo ha reconocido el propio Estado. En consecuencia, la investigación y sanción de los responsables debió recaer, desde un principio, en la justicia ordinaria, independientemente de que los supuestos autores hayan sido policías en servicio activo. Pese a lo anterior, el Estado dispuso que la justicia militar fuera la encargada de la investigación de los hechos acaecidos en Las Palmeras, la cual llevó adelante dicha investigación durante más de 7 años -hasta el traslado de la causa a la justicia ordinaria- sin obtener resultados positivos respecto de la individualización y condena de los responsables. En conclusión, la aplicación de la jurisdicción militar en este caso no garantizó el debido proceso en los términos del artículo 8.1 de la Convención Americana, que regula el derecho de acceso a la justicia de los familiares de las víctimas del caso. Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209. Uno de los derechos protegidos en la CIDFP, encaminado a lograr la efectiva sanción de los autores del delito de desaparición forzada, es el del juez natural, indisolublemente ligado al derecho al debido proceso y al de acceso a la justicia, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana (supra párr. 273), derechos, por demás, inderogables. Así, el artículo IX de la CIDFP, más allá de una regla de competencia, reconoce el derecho al juez natural. Efectivamente, a través de esta disposición, los Estados Partes en la CIDFP se comprometen a respetar el derecho a un juez competente para conocer de la causa penal en torno al delito de desaparición forzada, que es el juez común, ya que, como se dijo, el bien jurídico protegido trasciende los intereses militares (supra párr. 275). La Corte ha establecido que "una reserva que suspenda todo el derecho fundamental cuyo contenido es inderogable debe ser considerado como incompatible con el objeto y el propósito de la Convención y, consecuentemente, incompatible con la misma. La situación podría ser diferente si la reserva solamente restringe ciertos aspectos del derecho interno inderogable sin privar al derecho de su contenido básico"150. Al realizar esta determinación el Tribunal debe examinar si aún cuando la reserva sólo restringe algunos aspectos de un derecho inderogable, ésta impide darle pleno sentido y efecto útil al tratado. Tal como ha sido formulada, la reserva al artículo IX de la CIDFP implica el desconocimiento del derecho humano al juez natural en la debida investigación y eventual sanción de los responsables de la comisión de desaparición forzada de personas. La necesidad de asegurar que este tipo de casos sean investigados ante las instancias competentes de conformidad con las obligaciones internacionales, trasciende los intereses de los Estados. La erradicación de la impunidad de las violaciones graves de derechos humanos, como la ocurrida en el presente caso, cuenta con una garantía colectiva, reflejada en el claro y creciente interés de toda la sociedad y de todo Estado democrático de Derecho en fortalecer los mecanismos internacionales de protección en esta materia. La Corte estima que el derecho al juez natural, reconocido en el artículo IX de esta Convención, es indispensable para la consecución de los fines propuestos en la misma. Independencia. Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71. Esta Corte considera que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos, es la garantía de la independencia de Página 229 de 600

los jueces y, para tales efectos, los diferentes sistemas políticos han ideado procedimientos estrictos, tanto para su nombramiento como para su destitución. Los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura, establecen que: La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura. En cuanto a la posibilidad de destitución de los jueces, los mismos Principios disponen: Toda acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente. El juez tendrá derecho a ser oído imparcialmente. En esa etapa inicial, el examen de la cuestión será confidencial, a menos que el juez solicite lo contrario. En otras palabras, la autoridad a cargo del proceso de destitución de un juez debe conducirse imparcialmente en el procedimiento establecido para el efecto y permitir el ejercicio del derecho de defensa. Esta Corte considera necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de Derecho y, en especial, la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento. Como lo señalara la Corte Europea, la independencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas. En cuanto al ejercicio de las atribuciones del Congreso para llevar a cabo un juicio político, del que derivará la responsabilidad de un funcionario público, la Corte estima necesario recordar que toda persona sujeta a juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea competente, independiente e imparcial y actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete. En el mismo sentido: Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie CNo. 268, párr.166. Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182. La Corte observa que los Estados están obligados a asegurar que los jueces provisorios sean independientes y, por ello, debe otorgarles cierto tipo de estabilidad y permanencia en el cargo, puesto que la provisionalidad no equivale a libre remoción. En efecto, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó que la destitución de jueces por el Poder Ejecutivo antes de la expiración del mandato para el que fueron nombrados, sin que se les dé razón concreta alguna y sin que dispongan de una protección judicial efectiva para impugnar la destitución, es incompatible con la independencia judicial. En similar sentido, la Corte considera que la provisionalidad no debe significar alteración alguna del régimen de garantías para el buen desempeño del juzgador y la salvaguarda de los propios justiciables. Además, no debe extenderse indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a una condición resolutoria, tal como el cumplimiento de un plazo predeterminado o la celebración y conclusión de un concurso público de oposición y antecedentes que nombre al reemplazante del juez provisorio con carácter permanente. Los nombramientos provisionales deben constituir una situación de excepción y no la regla. De esta manera, la extensión en el tiempo de la Página 230 de 600

provisionalidad de los jueces o el hecho de que la mayoría de los jueces se encuentren en dicha situación, generan importantes obstáculos para la independencia judicial. Esta situación de vulnerabilidad del Poder Judicial se acentúa si tampoco existen procesos de destitución respetuosos de las obligaciones internacionales de los Estados. Esta Corte ha destacado con anterioridad que los diferentes sistemas políticos han ideado procedimientos estrictos tanto para el nombramiento de jueces como para su destitución. Sobre este último punto, el Tribunal ha afirmado que la autoridad a cargo del proceso de destitución de un juez debe conducirse imparcialmente en el procedimiento establecido para el efecto y permitir el ejercicio del derecho de defensa. Ello es así toda vez que la libre remoción de jueces fomenta la duda objetiva del observador sobre la posibilidad efectiva de aquellos de decidir controversias concretas sin temor a represalias. De otro lado, puesto que el nombramiento de jueces provisionales debe estar sujeto a aquellas condiciones de servicio que aseguren el ejercicio independiente de su cargo, el régimen de ascenso, traslado, asignación de causas, suspensión y cesación de funciones del que gozan los jueces titulares debe mantenerse intacto en el caso de los jueces que carecen de dicha titularidad. Al respecto, la Corte resalta que si bien es cierto que la independencia y la imparcialidad están relacionadas, también es cierto que tienen un contenido jurídico propio. Así, esta Corte ha dicho que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación. En el mismo sentido: Caso Reverón Trujillo Ks. Kenezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 6 7; Caso Chocrón Chocrón Ks. Kenezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr. 97; Caso Atala Riffo y Niñas Ks. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 186; Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Ks. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, párr. 188. Al respecto, la Corte resalta que el derecho internacional ha formulado pautas sobre las razones válidas para proceder a la suspensión o remoción de un juez, las cuales pueden ser, entre otras, mala conducta o incompetencia. Ahora bien, los jueces no pueden ser destituidos únicamente debido a que su decisión fue revocada mediante una apelación o revisión de un órgano judicial superior. Ello preserva la independencia interna de los jueces, quienes no deben verse compelidos a evitar disentir con el órgano revisor de sus decisiones, el cual, en definitiva, sólo ejerce una función judicial diferenciada y limitada a atender los puntos recursivos de las partes disconformes con el fallo originario. Corte IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197. Conforme a la jurisprudencia de esta Corte y de la Corte Europea, así como de Página 231 de 600

conformidad con los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura (en adelante "Principios Básicos"), las siguientes garantías se derivan de la independencia judicial: un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas. En el mismo sentido: Caso Chocrón Chocrón Ks. Kenezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr.98; Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Ks. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2013. Serie C No. 266, párr.144; Caso López Lone y otros Ks. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr.191 y 195. Adecuado proceso de nombramiento. Los Principios Básicos destacan como elementos preponderantes en materia de nombramiento de jueces la integridad, idoneidad y formación o calificaciones jurídicas apropiadas. Del mismo modo, las Recomendaciones del Consejo de Europa evocan un criterio marco de utilidad en este análisis al disponer que todas las decisiones relacionadas con la carrera profesional de los jueces deben estar basadas en criterios objetivos, siendo el mérito personal del juez, su calificación, integridad, capacidad y eficiencia los elementos preponderantes a considerar. Esta Corte ha destacado con anterioridad que los diferentes sistemas políticos han ideado procedimientos estrictos tanto para el nombramiento de jueces como para su destitución. El Comité de Derechos Humanos ha señalado que si el acceso a la admiñist^acióñ pública se basa en los méritos y en la igualdad de oportunidades, y si se asegura la estabilidad en el cargo, se garantiza la libertad de toda injerencia o presión política . En similar sentido, la Corte destaca que todo proceso de nombramiento debe tener como función no sólo la escogencia según los méritos y calidades del aspirante, sino el aseguramiento de la igualdad de oportunidades en el acceso al Poder Judicial. En consecuencia, se debe seleccionar a los jueces exclusivamente por el mérito personal y su capacidad profesional, a través de mecanismos objetivos de selección y permanencia que tengan en cuenta la singularidad y especificidad de las funciones que se van a desempeñar. Los procedimientos de nombramiento tampoco pueden involucrar privilegios o ventajas irrazonables. La igualdad de oportunidades se garantiza a través de una libre concurrencia, de tal forma que todos los ciudadanos que acrediten los requisitos determinados en la ley deben poder participar en los procesos de selección sin ser objeto de tratos desiguales arbitrarios. Todos los aspirantes deben concursar en igualdad de condiciones aún respecto de quienes ocupan los cargos en provisionalidad, los que por tal condición no pueden ser tratados con privilegios o ventajas, así como tampoco con desventajas, en relación con el cargo que ocupan y al cual aspiran. En suma, se debe otorgar oportunidad abierta e igualitaria a través del señalamiento ampliamente público, claro y transparente de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo. Por tanto, no son admisibles las restricciones que impidan o dificulten a quien no hace parte de la administración o de alguna entidad, es decir, a la persona particular que no ha accedido al servicio, llegar a él con base en sus méritos. Finalmente, cuando los Estados establezcan procedimientos para el nombramiento de sus jueces, debe tenerse en cuenta que no cualquier procedimiento satisface las condiciones que exige la Convención para la implementación adecuada de un verdadero régimen independiente. Si no se respetan parámetros básicos de objetividad y Página 232 de 600

razonabilidad, resultaría posible diseñar un régimen que permita un alto grado de discrecionalidad en la selección del personal judicial de carrera, en virtud de lo cual las personas escogidas no serían, necesariamente, las más idóneas. Inamovilidad. Los Principios Básicos establecen que "[l]a ley garantizará la permañeñcia en el cargo de los jueces por los períodos establecidos"159 y que "[s]e garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto de los nombrados mediante decisión administrativa como de los elegidos, hasta que cumplan la edad para la jubilación forzosa o expire el período para el que hayan sido nombrados o elegidos, cuando existan normas al respecto" Por otra parte, los Principios Básicos también establecen que "[e]l sistema de ascenso de los jueces, cuando exista, se basará en factores objetivos, especialmente en la capacidad profesional, la integridad y la experiencia" Finalmente, los Principios Básicos establecen que los jueces "sólo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones" y que "[t]odo procedimiento para la adopción de medidas disciplinarias, la suspensión o la separación del cargo se resolverá de acuerdo con las normas establecidas de comportamiento judicial"162. De manera similar, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que los jueces sólo pueden ser removidos por faltas de disciplina graves o incompetencia y acorde a procedimientos justos que aseguren la objetividad e imparcialidad según la constitución o la ley163. Además, el Comité ha expresado que "[l]a destitución de jueces por el [P]oder [E]jecutivo antes de la expiración del mandato para el que fueron nombrados, sin que se les dé ninguna razón concreta y sin que dispongan de una protección judicial efectiva para impugnar la destitución, es incompatible con la independencia judicial” Este Tribunal ha acogido estos principios y ha afirmado que la autoridad a cargo del proceso de destitución de un juez debe conducirse independiente e imparcialmente en el procedimiento establecido para el efecto y permitir el ejercicio del derecho de defensa165. Ello es así toda vez que la libre remoción de jueces fomenta la duda objetiva del observador sobre la posibilidad efectiva de aquellos de decidir controversias concretas sin temor a represalias. En el mismo sentido: Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr.99; Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, párr. 189; Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr. 196. De todo esto se puede concluir que la inamovilidad es una garantía de la independencia judicial que a su vez está compuesta por las siguientes garantías: permanencia en el cargo, un proceso de ascensos adecuado y no despido injustificado o libre remoción. Quiere decir esto que si el Estado incumple una de estas garantías, afecta la inamovilidad y, por tanto, no está cumpliendo con su obligación de garantizar la independencia judicial. Garantía contra presiones externas. Los Principios Básicos disponen que los jueces resolverán los asuntos que conozcan "basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”167. Asimismo, dichos principios establecen que la judicatura "tendrá autoridad exclusiva Página 233 de 600

para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley” y que "[n]o se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso iudicial”. En el mismo sentido: Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr.100; Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 186; Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2013. Serie CNo. 266, párr. 146; Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie CNo. 268, párr. 190. Como se puede observar, los jueces cuentan con varias garantías que refuerzan su estabilidad en el cargo con miras a garantizar la independencia de ellos mismos y del sistema, así como también la apariencia de independencia frente al justiciable y la sociedad. Como ya lo ha reconocido este Tribunal, la garantía de inamovilidad debe operar para permitir el reintegro a la condición de magistrado de quien fue arbitrariamente privado de ella. Ello es así puesto que de lo contrario los Estados podrían remover a los jueces e intervenir de ese modo en el Poder Judicial sin mayores costos o control. Además, esto podría generar un temor en los demás jueces que observan que sus colegas son destituidos y luego no reincorporados aún cuando la destitución fue arbitraria. Dicho temor también podría afectar la independencia judicial, ya que fomentaría que los jueces sigan las instrucciones o se abstengan de controvertir tanto al ente nominador como al sancionador. Por tanto, un recurso que declara la nulidad de una destitución de un juez por no haber sido ajustada a la ley debe llevar necesariamente a la reincorporación. En el presente caso, el recurso de nulidad era el idóneo porque declaró la nulidad y, como lo afirma la propia SPA, hubiera podido llevar a la reincorporación de la señora Reverón Trujillo. La pregunta que surge de esto es si las razones adelantadas por la SPA para no reincorporarla (el proceso de reestructuración judicial y su condición de jueza provisoria) eximían a la SPA de reordenar dicha reparación. De la misma forma en que el Estado está obligado a garantizar un procedimiento adecuado de nombramiento para los jueces provisorios, debe garantizarles una cierta inamovilidad en su cargo. Esta Corte ha manifestado que la provisionalidad "debe estar sujeta a una condición resolutoria, tal como el cumplimiento de un plazo predeterminado o la celebración y conclusión de un concurso público de oposición y antecedentes que nombre al reemplazante del juez provisorio con carácter permanente". De esta manera, la garantía de la inamovilidad se traduce, en el ámbito de los jueces provisorios, en la exigencia de que ellos puedan disfrutar de todos los beneficios propios de la permanencia hasta tanto acaezca la condición resolutoria que pondrá fin legal a su mandato. En este sentido, vale la pena mencionar que la antigua Corte Suprema de Justicia de Venezuela sí reconocía que los jueces provisorios cuentan con estabilidad hasta que se cumpliera cierta condición. La inamovilidad de los jueces provisorios está estrechamente ligada a la garantía contra presiones externas, ya que si los jueces provisorios no tienen la seguridad de permanencia durante un período determinado, serán vulnerables a presiones de diferentes sectores, principalmente de quienes tienen la facultad de decidir sobre destituciones o ascensos en el Poder Judicial. En Página 234 de 600

el mismo sentido: Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr.106. Ahora bien, dado que no se puede igualar un concurso público de oposición a una revisión de credenciales ni se puede aseverar que la estabilidad que acompaña a un cargo permanente es igual a la que acompaña a un cargo provisorio que tiene condición resolutoria, esta Corte ha sostenido que los nombramientos provisionales deben constituir una situación de excepción y no la regla, ya que la extensión en el tiempo de la provisionalidad de los jueces o el hecho de que la mayoría de los jueces se encuentren en dicha situación, generan importantes obstáculos para la independencia judicial. De otra parte, para que el Poder Judicial cumpla con la función de garantizar la mayor idoneidad de sus integrantes, los nombramientos en provisionalidad no pueden prolongarse de manera indefinida, de tal forma que se conviertan en nombramientos permanentes. Ello es una nueva razón que explica que la provisionalidad sea admisible como excepción y no como regla general y que deba tener una duración limitada en el tiempo, en orden a ser compatible con el derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad. En el mismo sentido: Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr.107. Corte IDH. Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2013. Serie C No. 266. Ahora bien, la garantía de estabilidad de los jueces en el cargo no es absoluta. El derecho internacional de los derechos humanos admite que los jueces sean destituidos por conductas claramente reprochables. En su Observación General No. 32, el Comité de Derechos Humanos estableció que los jueces podrán ser destituidos únicamente por razones graves de mala conducta o incompetencia. Asimismo, los Principios Básicos precisan lo siguiente sobre medidas disciplinarias, suspensión y separación del cargo: Toda acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente. El juez tendrá derecho a ser oído imparcialmente. En esa etapa inicial, el examen de la cuestión será confidencial, a menos que el juez solicite lo contrario. Los jueces sólo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones"172. En el mismo sentido: Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie CNo. 268, párr.191, párr.191; Caso López Loney otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr.198. Por otro lado, otros estándares diferencian entre las sanciones aplicables. Se insiste en que la garantía de inamovilidad implica que la destitución obedezca a conductas bastante graves, mientras que otras sanciones pueden contemplarse ante eventos como negligencia o impericia. Las Recomendaciones del Consejo de Europa sobre la Independencia, Eficiencia y Función de los Jueces173 precisan al respecto: "Principio I. Principios Generales sobre la Independencia de los jueces [_] 2. [_] a. i. las decisiones de los jueces no deben estar sometidas a revisión salvo en los procesos de apelación según lo dispone la ley; [_]Principio VI - Incumplimiento en el desempeño de las responsabilidades y faltas disciplinarias Página 235 de 600

Cuando los jueces no cumplan con sus deberes de manera eficiente y adecuada o en caso de faltas disciplinarias, se deben tomar todas las medidas necesarias que no perjudiquen la independencia judicial. Dependiendo de los principios constitucionales y las disposiciones legales y tradiciones de cada Estado, dichas medidas pueden incluir, por ejemplo: a. Retirar casos del juez; b. Transferir al juez a otras tareas judiciales dentro del tribunal; c. Sanciones económicas como la reducción temporaria del salario; d. Suspensión. 2. Los jueces designados no podrán ser destituidos de cargo en forma permanente sin razones válidas hasta su retiro obligatorio. Dichas razones, que deben estar definidas por la ley en términos precisos, pueden aplicarse en países donde el juez es electo por un determinado período, o pueden relacionarse con la incapacidad para desempeñar funciones judiciales, la comisión de faltas o infracciones graves de las reglas disciplinarias. 3. En casos en que sea necesario tomar las medidas establecidas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo, los Estados deben considerar el establecimiento, por medio de la ley, de un órgano especial competente cuya tarea sea la de aplicar sanciones y medidas disciplinarias, cuando no sean tratadas por el tribunal, y cuyas decisiones estén controladas por un órgano judicial superior, o que sea en sí mismo un órgano judicial superior. La ley debe establecer procedimientos adecuados para asegurar que los jueces en cuestión tengan al menos los requisitos del debido proceso contenidos en el Convenio, por ejemplo que el caso sea oído dentro de un plazo razonable y el derecho a responder cualquier acusación". En el mismo sentido: Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Ks. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie CNo. 268, párr.191, párr.192. Por su parte, en los Principios y Directrices relativos al Derecho a un Juicio Justo y a la Asistencia Jurídica en África, se incluye una prohibición específica de remover jueces en el contexto de la revocatoria de sus fallos. En efecto, dichos principios y directrices establecen que "[l]os funcionarios judiciales [... ] no serán destituidos del cargo o sometidos a otros procedimientos disciplinarios o administrativos únicamente debido a que su decisión fue revocada mediante una apelación o revisión de un órgano judicial superior". En el mismo sentido: Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Ks. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie CNo. 268, párr.193. Los anteriores elementos permiten precisar algunos aspectos de la jurisprudencia de la Corte. En efecto, en el caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, el Tribunal señaló que el derecho a un juez independiente consagrado en el artículo 8.1 de la Convención sólo implicaba un derecho del ciudadano de ser juzgado por un juez independiente. Sin perjuicio de ello, es importante señalar que la independencia judicial no sólo debe analizarse en relación con el justiciable, dado que el juez debe contar con una serie de garantías que hagan posible la independencia judicial. La Corte considera pertinente precisar que la violación de la garantía de la independencia judicial, en lo que atañe a la inamovilidad y estabilidad de un juez en su cargo, debe analizarse a la luz de los derechos convencionales de un juez cuando se ve afectado por una decisión estatal que afecte arbitrariamente el período de su nombramiento. En tal sentido, la garantía institucional de la independencia judicial se relaciona directamente con un derecho del juez de permanecer en su cargo, como consecuencia de la garantía de Página 236 de 600

inamovilidad en el cargo. En el mismo sentido: Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie CNo. 268, párr.191, párr.197. Finalmente, la Corte ha señalado que el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El Tribunal estima pertinente precisar que la dimensión objetiva se relaciona con aspectos esenciales para el Estado de Derecho, tales como el principio de separación de poderes, y el importante rol que cumple la función judicial en una democracia. Por ello, esta dimensión objetiva trasciende la figura del juez e impacta colectivamente en toda la sociedad. Asimismo, existe una relación directa entre la dimensión objetiva de la independencia judicial y el derecho de los jueces a acceder y permanecer en sus cargos en condiciones generales de igualdad, como expresión de su garantía de estabilidad. En el mismo sentido: Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, párr.191, párr.198. Teniendo en cuenta los estándares señalados anteriormente, la Corte considera que: i) el respeto de las garantías judiciales implica respetar la independencia judicial; ii) las dimensiones de la independencia judicial se traducen en el derecho subjetivo del juez a que su separación del cargo obedezca exclusivamente a las causales permitidas, ya sea por medio de un proceso que cumpla con las garantías judiciales o porque se ha cumplido el término o período de su mandato, y iii) cuando se afecta en forma arbitraria la permanencia de los jueces en su cargo, se vulnera el derecho a la independencia judicial consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en conjunción con el derecho de acceso y permanencia en condiciones generales de igualdad en un cargo público, establecido en el artículo 23.1.c de la Convención Americana. En el mismo sentido: Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, párr.191, párr.199; Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr.200; Caso Valencia Hinojosa y otra Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2016. Serie CNo. 327, párr.105. Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268. Al respecto, la Corte considera que permitir que subsista durante más de año y medio la posibilidad de revertir una designación del más alto tribunal en asuntos constitucionales, es decir, que no caduque en un lapso razonable esta posibilidad de analizar y revertir supuestos vicios formales en una designación de tanta importancia, afecta la garantía de estabilidad en el cargo y puede permitir el surgimiento de presiones externas, aspectos directamente relacionados con la independencia judicial (infra párr. 188). En circunstancias como las ocurridas en el presente caso, ello implicaría la legitimación de la permanencia de una Alta Corte en la inseguridad jurídica de la legalidad de su nombramiento y puede generar una constante amenaza sobre la posibilidad de ser removidos de sus cargos en cualquier momento, aspecto Página 237 de 600

que, en determinados contextos políticos, acrecienta el riesgo de indebidas presiones externas sobre el ejercicio de la función judicial. Corte IDH. Caso Gutiérrez y familia Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 271. Por otro lado, la Corte considera que, para que una investigación sea efectiva, las personas encargadas de la misma deben de ser independientes, tanto jerárquica e institucionalmente como en la práctica, de aquellas personas implicadas en los hechos que se investigan. Al respecto, la Corte constata que, en el presente caso, al menos cinco testigos denunciaron haber sido presionados o amenazados por policías federales o por los familiares del policía federal procesado, debido a su intervención en las investigaciones por la ejecución del Subcomisario Gutiérrez (supra párrs. 56, 57, 65 y 83 a 86), lo que creó temor e inseguridad en ellos, sin que conste que el Estado haya adoptado medidas de seguridad a su favor una vez que tomó conocimiento de estos hechos. Más aún, el Comisario Piazza, quien estuvo a cargo de la investigación desde su inicio y cuya declaración había sido solicitada por la particular damnificada ante el Juzgado de Transición No. 2, fue asesinado (supra párrs. 65 y 116). Por otro lado, la Corte constata que en este caso también se denunciaron intentos de soborno y el robo de evidencias, sin que conste que estos hechos hayan sido investigados (supra párrs. 104 y 113.b). Todos estos hechos han configurado obstrucciones en el proceso, afectando la determinación, juzgamiento y sanción de los responsables por la ejecución del Subcomisario Jorge Omar Gutiérrez. En este sentido, la Corte constata que los testimonios de descargo de personas que luego desmintieron los mismos fueron tomados en cuenta para la absolución del policía federal procesado por este hecho, y la declaración de cargo del señor testigo presencial fue descartado a consecuencia de aseveraciones que realizó bajo amenaza (supra párr. 48). Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 302. La Corte ha señalado que el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El Tribunal estima pertinente precisar que la dimensión institucional se relaciona con aspectos esenciales para el Estado de Derecho, tales como el principio de separación de poderes y el importante rol que cumple la función judicial en una democracia. Por ello, esta dimensión institucional trasciende la figura del juez e impacta colectivamente en toda la sociedad. Asimismo, existe una relación directa entre la dimensión institucional de la independencia judicial y el derecho de los jueces a acceder y permanecer en sus cargos en condiciones generales de igualdad, como expresión de su garantía de estabilidad. Imparcialidad. Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107. Los representantes de las presuntas víctimas alegaron que en el presente caso el Estado violó el derecho a ser oído por un juez o tribunal imparcial. En relación con el derecho protegido en el artículo 8.1 de la Convención, la Corte ha expresado que toda persona sujeta a un juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea imparcial y actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete. La Corte Europea ha señalado que la Página 238 de 600

imparcialidad tiene aspectos tanto subjetivos como objetivos, a saber: Primero, el tribunal debe carecer, de una manera subjetiva, de prejuicio personal. Segundo, también debe ser imparcial desde un punto de vista objetivo, es decir, debe ofrecer garantías suficientes para que no haya duda legítima al respecto. Bajo el análisis objetivo, se debe determinar si, aparte del comportamiento personal de los jueces, hay hechos averiguables que podrán suscitar dudas respecto de su imparcialidad. En este sentido, hasta las apariencias podrán tener cierta importancia. Lo que está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática y, sobre todo, en las partes del caso. La Corte considera que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. Esto permite a su vez, que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática. Como ha quedado probado, en el proceso penal contra el periodista Mauricio Herrera Ulloa se interpuso el recurso de casación en dos oportunidades (supra párr. 95. r y 95. w). La Corte observa que los cuatro magistrados titulares y el magistrado suplente que integraron la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia al decidir el 7 de mayo de 1999 el recurso de casación interpuesto por el abogado del señor Félix Przedborski contra la sentencia absolutoria, fueron los mismos que decidieron el 24 de enero de 2001 los recursos de casación interpuestos contra la sentencia condenatoria por el abogado defensor del señor Mauricio Herrera Ulloa y apoderado especial del periódico "La Nación", y por los señores Herrera Ulloa y Vargas Rohrmoser, respectivamente (supra párr. 95. y). Cuando la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia resolvió el primer recurso de casación anuló la sentencia casada y ordenó remitir el proceso al tribunal competente para su nueva sustañciacióñ, con base en que, inter alia, "la fuñdameñtacióñ de la sentencia no se presenta como suficiente para descartar racionalmente la existencia de un dolo directo o eventual (respecto a los delitos acusados)" (supra párr. 95. s). Los magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia debieron abstenerse de conocer los dos recursos de casación interpuestos contra la sentencia condenatoria de 12 de noviembre de 1999 porque, considera esta Corte, que al resolver el recurso de casación contra la sentencia absolutoria de 29 de mayo de 1998, los mismos magistrados habían analizado parte del fondo, y no solo se proñUñciaroñ sobre la forma. Por las anteriores consideraciones, la Corte concluye que los magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, al resolver los dos recursos de casación interpuestos contra la sentencia condenatoria, no reunieron la exigencia de imparcialidad. En consecuencia, en el presente caso el Estado violó el artículo 8.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Mauricio Herrera Ulloa. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119. Además, la circunstancia de que los jueces iñterviñieñtes en procesos por delitos de traición a la patria hubieran sido "sin rostro", determinó la imposibilidad de que el procesado conociera la identidad del juzgador y, por ende, valorara su idoneidad. Esta situación se agrava por el hecho de que la ley prohíbe la recusación de dichos jueces. Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135. La Página 239 de 600

imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia. El juez o tribunal debe separarse de una causa sometida a su conocimiento cuando exista algún motivo o duda que vaya en desmedro de la integridad del tribunal como un órgano imparcial. En aras de salvaguardar la administración de justicia se debe asegurar que el juez se encuentre libre de todo prejuicio y que no exista temor alguno que ponga en duda el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. En el mismo sentido: Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, párr.118; Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 238. La Corte estima que la estructura orgánica y composición de los tribunales militares descrita en los párrafos precedentes supone que, en general, sus integrantes sean militares en servicio activo, estén subordinados jerárquicamente a los superiores a través de la cadena de mando, su nombramiento no depende de su competencia profesional e idoneidad para ejercer las funciones judiciales, no cuenten con garantías suficientes de inamovilidad y no posean una formación jurídica exigible para desempeñar el cargo de juez o fiscales. Todo ello conlleva a que dichos tribunales carezcan de independencia e imparcialidad. Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182. En cambio, la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. La Corte Europea de Derechos Humanos ha explicado que la imparcialidad personal o subjetiva se presume a menos que exista prueba en contrario. Por su parte, la denominada prueba objetiva consiste en determinar si el juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona. Ello puesto que el juez debe aparecer como actuando sin estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme a -y movido por- el Derecho. En el mismo sentido: Caso Barreto Leiva Ks. Kenezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 98; Caso Usón Ramírez Ks. Kenezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, párr. 117; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Ks. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217, párr. 177; Caso Atala Riffo y Niñas Ks. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 189; Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Ks. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, párr. 220; Caso J. Ks. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275177, párr. 182. Caso López Lone y otros Ks. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr.233. Al respecto, el Tribunal considera que la institución de la recusación tiene un doble fin: Página 240 de 600

por un lado actúa como una garantía para las partes en el proceso, y por el otro, busca otorgar credibilidad a la función que desarrolla la Jurisdicción. En efecto, la recusación otorga el derecho a las partes de instar a la separación de un juez cuando, más allá de la conducta personal del juez cuestionado, existen hechos demostrables o elementos convincentes que produzcan temores fundados o sospechas legítimas de parcialidad sobre su persona, impidiéndose de este modo que su decisión sea vista como motivada por razones ajenas al Derecho y que, por ende, el funcionamiento del sistema judicial se vea distorsionado. La recusación no debe ser vista necesariamente como un enjuiciamiento de la rectitud moral del funcionario recusado, sino más bien como una herramienta que brinda confianza a quienes acuden al Estado solicitando la intervención de órganos que deben ser y aparentar ser imparciales. En el mismo sentido: Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279178, párr. 30; Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr.224. En tal sentido, la recusación es un instrumento procesal destinado a proteger el derecho a ser juzgado por un órgano imparcial y no un elemento constitutivo o definitorio de dicho derecho. En otras palabras, un juez que no pueda ser recusado no necesariamente es -o actuará de forma- parcial, del mismo modo que un juez que puede ser recusado no necesariamente es -o actuará de forma- imparcial. En lo referente a la inhibición, la Corte estima que aún cuando está permitida por el derecho interno, no es suficiente para garantizar la imparcialidad del tribunal, puesto que no se ha demostrado que el justiciable tenga algún recurso para cuestionar al juez que debiendo inhibirse no lo hiciere. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte concluye que no hay prueba que indique que el Estado haya desconocido el derecho de las víctimas a ser juzgadas por un tribunal imparcial, pero sí está demostrado que su legislación (supra párr. 59) y jurisprudencia (supra párr. 61) les impidieron solicitar que la imparcialidad de su órgano juzgador sea revisada. Dicho de otro modo, no está demostrado el incumplimiento del deber de respeto del derecho, sino la falta de garantía del mismo. Por todo ello, el Tribunal declara que el Estado no garantizó el derecho de las víctimas a ser juzgadas por un tribunal imparcial, lo que constituye una violación del artículo 8.1 de la Convención en consonancia con los artículos 1.1 y 2 de la misma. Corte IDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207. El derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. Al respecto, este Tribunal ha establecido que la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. La imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia. La imparcialidad personal o subjetiva se presume a menos que exista prueba en contrario. Página 241 de 600

Por su parte, la denominada prueba objetiva consiste en determinar si el juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona. Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217. La vigencia del debido proceso es uno de los principios fundamentales de la justicia, y tiene como uno de sus presupuestos que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa de modo imparcial, es decir, careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio personal y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. Al respecto, una de las formas de garantizar la conducción imparcial del proceso es mediante el instituto procesal de la excusa, la cual compete al juzgador cuando se estima impedido para conocer de un determinado asunto por considerar que, debido a que se presenta alguna de las causales previstas por la ley para ello, podría verse afectada su imparcialidad. La Corte reitera que la imparcialidad personal de un juez debe ser presumida, salvo prueba en contrario (supra párr. 189). Para el análisis de la imparcialidad subjetiva, el Tribunal debe intentar averiguar los intereses o motivaciones personales del juez en un determinado caso. En cuanto al tipo de evidencia que se necesita para probar la imparcialidad subjetiva, el Tribunal Europeo ha indicado que se debe tratar de determinar si el juez ha manifestado hostilidad o si ha hecho que el caso sea asignado a él por razones personales. La Corte ya ha establecido [_] que la visita extraordinaria afectó el derecho a la igualdad y a la no discriminación y la vida privada de la señora Atala. Asimismo, se ha concluido que era discriminatorio incorporar en la investigación disciplinaria la orientación sexual o la relación de pareja de la señora Atala, por cuanto no existía relación alguna con su desempeño profesional [_] y por lo cual tampoco existía fundamento para concluir que la orientación sexual de la señora Atala podía derivar en una falta disciplinaria. Sin embargo, en el informe de la visita al sitio de trabajo se determinó, con relación a la orientación sexual de la señora Atala, que los hallazgos eran hechos que "rev[estían] una gravedad que merec[ía] ser observada por [la Corte de Apelaciones de Temuco]" [_]Además, el Tribunal toma en cuenta las circunstancias de la realización de la visita extraordinaria, ya que antes y durante la visita se llevaron a cabo una serie de interrogatorios a funcionarios y empleados del Juzgado de Villarrica para indagar sobre la orientación sexual y los hábitos de la señora Atala [_] También se observa que las conclusiones del informe de la visita presentadas a la Corte de Apelaciones, en su conjunto, fueron aprobadas por dicha Corte el mismo día que fue presentado dicho informe. La Corte de Apelaciones procedió entonces a imputarle cargos disciplinarios a la señora Atala, entre otras cosas, por su orientación sexual [_]Teniendo en cuenta todos los hechos reseñados anteriormente, la Corte considera que existían prejuicios y estereotipos que fueron manifestados en el informe, que demostraban que quienes realizaron y aprobaron dicho informe no fueron objetivos respecto a este punto. Por el contrario, dejaron plasmada su posición personal respecto a la orientación sexual de la señora Atala en un ámbito disciplinario en el que no era aceptable ni legítimo un reproche jurídico por este hecho. En consecuencia, la Corte establece que la visita extraordinaria y la investigación disciplinaria se realizaron sin la imparcialidad subjetiva necesaria, por lo que el Estado Página 242 de 600

vulneró el artículo 8.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de Karen Atala Riffo. Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279. En el presente caso han sido sometidas a la consideración de la Corte alegaciones sobre la supuesta falta de imparcialidad personal de los jueces o tribunales que dictaron las sentencias condenatorias. Al respecto, este Tribunal ha establecido que la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de una manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. La Corte ha destacado que la imparcialidad personal se presume a menos que exista prueba en contrario, consistente por ejemplo en la demostración de que algún miembro de un tribunal o juez guarda prejuicios o parcialidades de índole personal contra los litigantes. El juez debe aparecer como actuando sin estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme a -y movido por- el Derecho. Comenzando por este último punto, la Corte entiende que es preciso distinguir las actitudes que una parte importante de los medios de comunicación difunden acerca de las manifestaciones de reivindicación del pueblo mapuche (supra párr. 93), así como las formas de actuación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Ministerio Público -al determinar cuáles son los casos en que invocan la aplicación de la Ley Antiterrorista- y la argumentación en que se fundan, de la decisión que en definitiva han adoptado los tribunales chilenos al respecto. La Corte debe centrar su atención en las decisiones judiciales, sin dejar de considerar la posibilidad de que la forma en que los medios de comunicación presenten el llamado "conflicto mapuche", o las presentaciones del Ministerio Público, hayan influido indebidamente en tales decisiones. Puede haber una aplicación discriminatoria de la ley penal si el juez o tribunal condena a una persona basándose en un razonamiento fundado en estereotipos negativos que asocien a un grupo étnico con el terrorismo para determinar alguno de los elementos de la responsabilidad penal. Incumbe al juez penal verificar que todos los elementos del tipo penal hayan sido probados por la parte acusadora, puesto que, como ha expresado esta Corte, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recaiga, como corresponde, en la parte acusadora y no en el acusado. Los estereotipos constituyen pre-concepciones de los atributos, conductas, papeles o características poseídas por personas que pertenecen a un grupo identificado. Asimismo, la Corte ha indicado que las condiciones discriminatorias "basadas en estereotipos [_] socialmente dominantes y socialmente persistentes, [_] se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de [las autoridades]" Para establecer si una diferencia de trato se fundamentó en una categoría sospechosa y determinar si constituyó discriminación, es necesario analizar los argumentos expuestos por las autoridades judiciales nacionales, sus conductas, el lenguaje utilizado y el contexto en que se produjeron las decisiones judiciales. Entre las expresiones particularmente señaladas como discriminatorias por la Comisión y los intervinientes comunes de los Página 243 de 600

representantes se destacan las siguientes, que con algunas variantes aparecen en las distintas sentencias condenatorias: "[_] las acciones que causaron estos delitos demuestran que la forma, métodos y estrategias empleadas, tenían una finalidad dolosa de causar un estado de temor generalizado en la zona. Los ilícitos antes referidos están insertos en un proceso de recuperación de tierras del pueblo mapuche, el que se ha llevado a efecto por vías de hecho, sin observar la institucionalidad y legalidad vigente, recurriendo a acciones de fuerza previamente planificadas, concertadas y preparadas por grupos exacerbados que buscan crear un clima de inseguridad, inestabilidad y temor en diversos sectores de la octava y novena regiones. Estas acciones se pueden sintetizar en la formulación de exigencias desproporcionadas, hechas bajo presión por grupos beligerantes a los dueños y propietarios, a quienes se les advierte que sufrirán diversos tipos de atentados en caso de no acceder a sus requerimientos, muchas de estas amenazas se han materializado mediante ataques a la integridad física, en acciones de robo, hurto, incendio, daños y ocupaciones de tierras, que han afectado tanto a los individuos y bienes de diversas personas dedicadas a las actividades agrícolas y forestales de esta zona del país. La finalidad perseguida es provocar en la gente un justo temor de ser víctima de atentados similares, y con ello obligarlas para que desistan de seguir explotando sus propiedades y hacer que las abandonen. La sensación de inseguridad e intranquilidad que generan dichos atentados, ha traído como consecuencias la disminución y encarecimiento de la mano de obra, aumento en el costo e hipotecas, tanto en la contratación de maquinarias para la explotación de los predios, como para cubrir las pólizas que aseguren las tierras, instalaciones y plantaciones. Es cada vez más frecuente ver trabajadores, maquinarias, vehículos y faenas instalados en los distintos predios, bajo protección policial que garantice la ejecución de las labores, todo lo cual afecta derechos garantizados constitucionalmente. Lo anterior fluye, aunque no necesariamente con los mismos caracteres, de los atestados contestes de Juan y Julio Sagredo Marín, Miguel [Á]ngel Sagredo Vidal, Mauricio Chaparro Melo, Raúl Arnoldo Forcael Silva, Juan Agustín Figueroa Elgueta, Juan Agustín Figueroa Yávar, Armín Enrique Stappung Schwarzlose, Jorge Pablo Luchsinger Villiger, Osvaldo Moisés Carvajal Rondanelli, Gerardo Jequier Shalhlí y Antonio Arnoldo Boisier Cruces, quienes expresaron haber sido víctimas directas o tener conocimiento de amenazas y atentados contra personas o bienes, perpetrados por personas pertenecientes a la etnia mapuche; testigos que expresaron de diferente forma la sensación de temor que dichos actos les provocaron. Se relaciona lo anterior con los dichos del perito José Muñoz Maulen, quien refirió haber respaldado en un compac disc computacional información obtenida de la pagina web denominada "sitio htp/fortunecety.es/”, en la cual se describen diversas actividades relacionadas al movimiento de reivindicación de tierras que parte del pueblo perteneciente a la etnia mapuche desarrolla en las regiones octava y novena del país; los antecedentes contenidos en el informe de la Sesión de la Comisión Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Honorable Senado de la República, realizada el 1 de julio del 2002 que concluyó en la constatación de la falta de servicio por parte del Estado; las informaciones no desvirtuadas y contenidas en el cuerpo C, páginas 10 y 11 de la edición del diario El Mercurio del 10 de marzo de 2002 relativa a la cantidad de conflictos causados por grupos de mapuches en Página 244 de 600

actos terroristas, publicaciones de la Tercera en Internet, [l]a Segunda en Internet y El Mercurio electrónico, publicadas los días 26 de marzo de 1999, 15 de diciembre de 2001, 15 de marzo de 2002 y 15 de junio de 2002, respectivamente, y tres cuadros gráficos extraídas de las páginas Web de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera en Chile, dividido en sectores y por regiones, de acuerdo a la división político administrativa del país, que permite hacer comparaciones de dólares efectivamente invertidos en las demás regiones y la Novena, y demuestran que la inversión privada en la región ha disminuido. [_] Respecto a la participación de ambos enjuiciados es preciso considerar lo siguiente: Como antecedentes generales y de acuerdo a la prueba aportada durante el juicio por el Ministerio Público y los querellantes particulares, es un hecho público y notorio que en la zona, desde hace un tiempo a la fecha, están actuando organizaciones de hecho que usando como argumento reivindicaciones territoriales, realizan actos de violencia o incitan a ellos. Entre sus métodos de acción se emplea la realización de diversos actos de fuerza que se dirigen contra empresas forestales, pequeños y medianos agricultores, todos los cuales tienen en común ser propietarios de terrenos contiguos, aledaños o cercanos a comunidades indígenas que pretenden derechos históricos sobre las mismas. Tales acciones apuntan a la reivindicación de tierras estimadas como ancestrales, siendo la ocupación ilegal un medio para alcanzar el fin más ambicioso, a través de ellas se irán recuperando parte de los espacios territoriales ancestrales y se fortalecerá la identidad territorial del Pueblo Mapuche. Así se desprende del testimonio conteste de los ofendidos Juan y Julio Sagredo Marin, Juan Agustin Figueroa Elgueta y Juan Agustin Figueroa Yávar, sustentados por el atestado de Armin Stappung Schwarzlose, Gerardo Jequier Salí, Jorge Pablo Luchsinger Villiger, Antonio Arnaldo Boisier cruces y Osvaldo Moisés Carvajal Rondanelli, analizadas. No se encuentra suficientemente acreditado que estos hechos fueron provocados por personas extrañas a las comunidades mapuches, debido a que obedecen al propósito de crear un clima de total hostigamiento a los propietarios del sector, con el objeto de infundirles temor y lograr así que accedan a sus demandas, y que respondan a una lógica relacionada con la llamada "Problemática Mapuche", porque sus autores conocían las áreas reclamadas o por el hecho de que ninguna comunidad o propiedad mapuche ha resultado perjudicada. Se encuentra probado que el acusado Pascual Pichún es Lonko de la Comunidad "Antonio Ñirripil" y Segundo Norín lo es de la Comunidad "Lorenzo Norín", lo que importa jerarquía en su interior y determinada capacidad de mando y liderazgo sobre ellas. Asimismo, es preciso resaltar que los imputados Pichún y Norín se encuentran condenados por otros delitos relativos a ocupaciones de tierras cometidos con anterioridad a estos hechos en contra de predios forestales, ubicados en lugares aledaños a las respectivas comunidades, según consta de la causa Rol N° 22.530 y acumuladas por la cual se condenó a Pascual Pichún a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo y a Segundo Norín a una pena de 800 días de presidio menor en su grado medio, en ambos casos, a las accesorias legales y costas por el delito de. [sic] Además, Pichún Paillalao fue condenado a la pena de 41 días de prisión en su grado máximo y al pago de una multa de 10 unidades tributarias mensuales como autor del delito de manejo en estado de ebriedad; así consta de sus respectivos extractos de filiación y antecedentes y de las copias de las sentencias definitiva debidamente certificada e incorporadas. Las Comunidades mapuches de Didaico y Página 245 de 600

Temulemu son colindantes con el predio Nancahue, y Ambos acusados pertenecerían, según lo declarado por Osvaldo Carvajal, a la Coordinadora Arauco Malleco C.A.M, organización de hecho — según reitero - y de carácter violentista . Que los elementos de juicios referidos en los fundamentos primero, séptimo y decimotercero, del fallo de primera instancia, constituyen presunciones judiciales, que apreciadas en conciencia, acreditan que los incendios de los camiones y retroexcavadora se encuentran circunscritos dentro del conflicto Pehuenche, en la Octava Región, Provincia de Bio Bio, comuna de Santa Bárbara, sector cordillerano denominado Alto Bio Bio, lo que se relaciona con la oposición a la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco, donde además, es de público conocimiento que las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán Calpán son las que se oponen al proyecto de Endesa, porque sus terrenos serán inundados con la construcción de la Central y en los cuales se encuentran sus ancestros, sus orígenes, su cultura y sus tradiciones. En este contexto han acontecidos los hechos, como una manera de exigir a las autoridades resoluciones o imponer exigencias para revertir la situación existente en la construcción de la Central. Que para ello, el 29 de septiembre de 2001, 03 y 17 de marzo de 2002, se iñceñdiaroñ dos camiones y una retroexcavadora y posteriormente dos camiones, vehículos que trabajaban para Endesa. La primera vez actuaron varios individuos encapuchados, excepto uno, utilizando un arma de fuego, lesionando al conductor del camión con un palo. La segunda vez participaron a lo menos dos individuos, con rostro cubierto, premunido uno de ellos con escopeta, efectuando dos disparos al aire, y en la tercera oportunidad fue un grupo de personas encapuchadas, uno de los cuales portaba un arma de fuego, haciendo disparos al aire. En todos estos actos usaron combustible inflamable, como bencina u otro semejante. Las acciones ilícitas antes referidas se han llevado a efecto por vías de hecho, sin observar la institucionalidad y legalidad vigente, recurriendo a acciones de fuerza previamente planificadas, concertadas de acuerdo como acontecieron los hechos, lugar y modus operandi, con la finalidad de crear situaciones de inseguridad, inestabilidad y temor, infundiendo miedo para la formulación, bajo presión delictual de peticiones a las autoridades imponiéndole exigencias para lograr sus fines. La Corte considera que la sola utilización de esos razonamientos que deñotañ estereotipos y prejuicios en la fundamentación de las sentencias configuraron una violación del principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la igual protección de la ley, consagrados en el artículo 24 de la Coñveñcióñ Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Corte IDH. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293. Por otra parte, la Corte reitera que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso, debiéndose garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su fuñcióñ como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio . Este Tribunal ha establecido que la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática . La imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por Página 246 de 600

alguna de las partes y que no se eñcueñtreñ involucrados en la controversia . En el mismo sentido: Caso Herrera Ulloa Ks. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 171, y Caso Argüelles y otros Ks. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 288, párr. 168. Corte IDH. Caso Duque Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de febrero de 2016. Serie C No. 310. La Corte reitera que la imparcialidad personal de un juez debe ser presumida, salvo prueba en contrario. Para el análisis de la imparcialidad subjetiva, el Tribunal debe intentar averiguar los intereses o motivaciones personales del juez en un determinado caso. En cuanto al tipo de evidencia que se necesita para probar la imparcialidad subjetiva, el Tribunal Europeo ha indicado que se debe tratar de determinar si el juez ha manifestado hostilidad o si ha hecho que el caso sea asignado a él por razones personales. La Corte resalta que una violación del artículo 8.1 de la Convención por la presunta falta de imparcialidad judicial de los jueces debe establecerse a partir de elementos probatorios específicos y concretos que indiquen que se está efectivamente ante un caso en el que los jueces claramente se han dejado influenciar por aspectos o criterios ajenos a las normas legales. En el presente caso, el Tribunal considera que no es posible concluir que las autoridades hayan actuado esencialmente y de forma principal con fundamento en otros aspectos más allá de lo expresamente establecido en leyes colombianas. Además, la Corte no cuenta con elementos que le permitan considerar que las autoridades judiciales actuaron con ausencia de imparcialidad o conforme a prejuicios o estereotipos relacionados con la orientación sexual del señor Duque que habrían influenciado de manera central y decisiva su decisión. Corte IDH. Caso Flor Freire Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2016. Serie C No. 315. En virtud de lo expuesto previamente, no es posible afirmar que el Comandante de la Cuarta Zona Militar se aproximó a los hechos careciendo de todo prejuicio subjetivo respecto de lo ocurrido. Por el contrario, para el momento que culminó la etapa investigativa y le correspondía pronunciarse sobre la responsabilidad disciplinaria del señor Flor Freire, ya había actuado en respuesta a los hechos de 19 de noviembre en su capacidad de mando sobre el señor Flor Freire, de manera separada e independiente al procedimiento disciplinario. La Corte considera que dichas actuaciones fueron suficientemente significativas para comprometer su imparcialidad posterior. Asimismo, no se desprende del expediente, ni del proceso ni de los alegatos del Estado, que se hubieran ofrecido garantías objetivas suficientes sobre su imparcialidad. Además, de las resoluciones de los Consejos de Oficiales no se desprende un nuevo análisis objetivo de los hechos, a partir del cual se pudiera considerar subsanada la ausencia de imparcialidad en el Juzgado de Derecho. La Corte advierte que no resulta contrario a la Convención el simple hecho que el superior jerárquico del señor Flor Freire fuera quien ejercía la potestad disciplinaria sobre él. En ciertos supuestos y particularmente en el ámbito militar resulta lógico y razonable. El problema no es el diseño normativo por el cual el superior jerárquico del señor Flor Freire era a quien correspondía establecer su responsabilidad disciplinaria. Tampoco resulta contrario a la Convención que, en el marco de un procedimiento disciplinario, se suspenda al funcionario de sus funciones de manera cautelar con base en la normativa Página 247 de 600

aplicable, hasta tanto se adopte una decisión. El problema es que, en el caso concreto del señor Flor Freire, dicho superior jerárquico actuó y adoptó decisiones previamente, en ejercicio de su facultad de mando, por fuera del procedimiento disciplinario, respecto de hechos que posteriormente le correspondería juzgar en el marco del mismo. Por tanto, no es posible afirmar que su aproximación a los hechos, en su carácter de juez disciplinario, era ajeno a toda idea preconcebida respecto de lo ocurrido, de manera tal que pudiera formarse una opinión de lo sucedido sobre la base de lo actuado y las pruebas recabadas en el procedimiento. En virtud de las consideraciones anteriores, este Tribunal considera que el Comandante de la Cuarta Zona Militar no reunía elementos subjetivos ni objetivos de imparcialidad para actuar como Juez de Derecho en el procedimiento de información sumaria del señor Flor Freire, que concluyó en el establecimiento de su responsabilidad disciplinaria. Por tanto, el Estado violó la garantía de imparcialidad reconocida en el artículo 8.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Homero Flor Freire. Corte IDH. Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de marzo de 2017. Serie C No. 334. Este Tribunal ha establecido que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial. De esta forma, la independencia judicial se deriva de garantías como un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas. A su vez, la Corte ha señalado que el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. Por otro lado, la Corte ha señalado que la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. En este sentido, la recusación es un instrumento procesal que permite proteger el derecho a ser juzgado por un órgano imparcial. La garantía de imparcialidad implica que los integrantes del tribunal no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia y que inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática. Asimismo, no se presume la falta de imparcialidad, sino que debe ser evaluada caso a caso. La Corte hace notar que, en este caso, han sido analizadas una serie de cuestionables acciones y omisiones de las autoridades judiciales que intervinieron en diferentes momentos en el proceso, lo cual también fue observado por órganos internos vinculados a la administración de justicia, particularmente el Ministerio Público. En particular, la forma irracional en que concluyó la instrucción y el hecho de que procurara la impunidad parcial del hecho mediante el referido sobreseimiento, aunado a las declaraciones públicas que dio ante un medio de comunicación un día antes de dictarlo, no dejan dudas acerca de la manifiesta parcialidad con Página 248 de 600

que actuó el juez instructor. Consta que el 10 de junio de 2002 el representante de la señora Acosta promovió un incidente de recusación contra ese juez, junto con un incidente de nulidad, por considerar que desde el inicio del procedimiento se había conducido de forma parcial. Sin embargo, si bien el juez rechazó el incidente de nulidad, no consta que diera trámite al de recusación. Tampoco consta que instancias superiores se pronunciaran al respecto, ni consta que dieran respuestas adecuadas cuando otras actuaciones del juez fueron cuestionadas a través de incidentes de nulidad o de quejas disciplinarias. En este sentido, es relevante destacar que las quejas disciplinarias interpuestas tampoco resultaron efectivas como mecanismo de control de la actividad jurisdiccional, en varias de las cuales se hizo específica referencia a la falta de imparcialidad del juez instructor. Ello llevó a la señora Acosta a presentar una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la cual declaró que los magistrados miembros de la Comisión de Régimen Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia eran responsables por la violación del derecho de acceso a una justicia pronta de la señora Acosta y recomendó que se instara a dicha Comisión a resolver las quejas pendientes. En su informe final, esa Procuraduría concluyó que la Presidenta de la Corte Suprema había desacatado sus recomendaciones y no había remitido información al respecto. En atención a lo anterior, la Corte considera que el proceso penal fue llevado a cabo en su parte inicial y determinante por un juez que incurrió en actos que deben ser calificados como parcializados y, además, el Estado no garantizó adecuadamente el derecho a ser oído por jueces imparciales a través de las instancias superiores. En consecuencia, el Estado es responsable por la violación del derecho a ser oído por jueces imparciales, en los términos del artículo 8.1 de la Convención, en perjuicio de la señora Acosta. Derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Corte IDH. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30. El artículo 8.1 de la Convención también se refiere al plazo razonable. Este no es un concepto de sencilla definición. Se pueden invocar para precisarlo los elementos que ha señalado la Corte Europea de Derechos Humanos en varios fallos en los cuales se analizó este concepto, pues este artículo de la Convención Americana es equivalente en lo esencial, al 6 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. De acuerdo con la Corte Europea, se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales (Ver entre otros, Eur. Court H.R., Motta judgment of 19 February 1991, Series A no. 195-A, párr. 30; Eur. Court H.R., Ruiz Mateos v. Spain judgment of 23 June 1993, Series A no. 262, párr. 30). En el mismo sentido: Caso Suárez Rosero Ks. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35182, párr. 72; Caso 19 Comerciantes Ks. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr.190; Caso Tibi Ks. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114183, párr.175; Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr.67; Caso de la "Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 217; Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Página 249 de 600

Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147 184, párr. 151; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 298; Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149185, párr. 196; Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 149; Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 102; Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 97186; Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179187, párr. 78; Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 172; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192188, párr. 155; Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 112; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 156; Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, párr. 133; Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 244; Caso Gomes Lundy otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 219; Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011 Serie C No. 233, párr. 162; Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie CNo. 237, párr. 273; Caso Uzcáteguiy otros Vs. Venezuela. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 249, párr. 224; Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012 Serie C No. 250, párr. 230; Caso Gudiel Álvarezy otros (Diario Militar) Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012 Serie C No. 253, párr. 262; Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 noviembre de 2012 Serie C No. 258, párr. 153; Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C No. 269, párr. 189; Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274, párr. 201. Corte IDH. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90. En lo que atañe al plazo del proceso penal, es importante indicar que el artículo 8.1 de la Convención también se refiere al plazo razonable. En el presente caso, las partes presentaron los alegatos correspondientes y, al respecto, esta Corte se remite a lo establecido en su Sentencia sobre excepciones preliminares dictada el 4 de febrero de 2000, en la cual indicó que: El Estado no ha dado ninguna explicación satisfactoria acerca del trámite procesal desarrollado entre esa fecha y el inicio de 1998. El silencio del Estado debe ser apreciado tomando en cuenta que durante los siete primeros años el trámite procesal no pasó de la etapa indagatoria. Página 250 de 600

Colombia ha mencionado los avances que ocurrieron desde que la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación tomó a su cargo esta causa. Pero el tema en cuestión no es lo que sucedió en 1998, sino en los primeros siete años a partir de los hechos. Este tiempo es más que suficiente para que un tribunal dicte sentencia. La Corte ha establecido el criterio de que un período de cinco años transcurrido desde el momento del auto de apertura del proceso rebasaba los límites de la razonabilidad. Dicho criterio se aplica al presente caso. Con fundamento en las consideraciones precedentes, es importante señalar que al hacer el estudio global del procedimiento en la jurisdicción penal interna, el cómputo del plazo desde el 29 de enero de 1991 -fecha en que se dictó el auto de apertura del proceso penal militar- hasta el 25 de marzo de 1998 -cuando se trasladó la causa a la jurisdicción penal ordinaria- y luego, desde el día 14 de mayo de 1998 cuando se dictó el auto de avocamiento del proceso por parte del Fiscal Regional de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación hasta la actualidad, en que todavía no se ha pronunciado una sentencia condenatoria, este Tribunal advierte que, en conjunto, el proceso penal ha durado más diez años, por lo que este período excede los límites de razonabilidad previstos en el artículo 8.1 de la Convención. Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94. La Corte considera que una demora prolongada puede llegar a constituir por sí misma, en ciertos casos, una violación de las garantías judiciales. Corresponde al Estado exponer y probar la razón por lo que se ha requerido más tiempo que el que sería razonable en principio para dictar sentencia definitiva en un caso particular, de conformidad con los criterios indicados (supra párr. 143). En el mismo sentido: Caso 19 Comerciantes Ks. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 191; Caso Ricardo Canese Ks. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111191, párr. 142; Caso Gómez Palomino Ks. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 85; Caso Kimel Ks. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 97; Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Ks. Kenezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 172; Caso Anzualdo Castro Ks. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie CNo. 202, párr. 156; Caso Radilla Pacheco Ks. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 244; Caso López Mendoza Ks. Kenezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011 Serie C No. 233, párr. 162; Caso González Medina y familiares Ks. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012 Serie C No. 240, párr. 257. Corte IDH. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134. Ciertamente la Corte ha establecido, respecto al principio del plazo razonable contemplado en el artículo 8.1 de la Convención Americana, que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales. No obstante, la Página 251 de 600

Corte considera que la pertinencia de aplicar esos tres criterios para determinar la razonabilidad del plazo de un proceso depende de las circunstancias de cada caso. En efecto, es necesario recordar que el presente es un caso de ejecuciones extrajudiciales y en este tipo de casos el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva. Durante el proceso de investigación y el tramite judicial, las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación. Sin embargo, la búisqueda efectiva de la verdad corresponde al Estado, y no depende de la iniciativa procesal de la victima, o de sus familiares o de su aportación de elementos probatorios. En este caso, algunos de los imputados han sido juzgados y condenados en ausencia. Ademas, la reducida participación de los familiares en los procesos penales, ya sea como parte civil o como testigos, es consecuencia de las amenazas sufridas durante y despues de la masacre, la situación de desplazamiento que enfrentaron y el temor a participar en dichos procesos. Por tanto, mal podría sostenerse que en un caso como el presente deba considerarse la actividad procesal del interesado como un criterio determinante para definir la razonabilidad del plazo. Ciertamente la masacre fue perpetrada en el contexto del conflicto armado que vive iñte^ñameñte Colombia; comprendiei un gran núimero de víctimas - que fueron ejecutados o fueron desplazadas - y tuvo lugar en una región remota y de difícil acceso del país, entre otros factores. Sin embargo, en este caso la complejidad del asunto tambien está^ ligada a las dificultades provocadas en la investigación, que tuvieron su origen en la propias conductas activas y omisivas de autoridades administrativas y judiciales del Estado, seg^n se analiza en el próximo apartado. No es sostenible, entonces, tal como pretende el Estado, justificar el plazo transcurrido en las investigaciones en "vicisitudes y limitaciones en recursos fiñañcieros y tecnicos, [...] así como la crítica situación de orden publico reinante en las zonas donde deben realizarse las investigaciones y las pruebas". Si bien han transcurrido m^s de ocho a^os desde que sucedieron los hechos, el proceso penal permanece abierto y, a pesar de las dilaciones señaladas, ha producido ciertos resultados que deben ser tomados en cuenta. En raz^n de ello, la Corte estima que, má^s que con base en un análisis acerca de la razonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la responsabilidad del Estado a la luz de los artículos 8.1 y 25 de la Coñveñci^ñ debe ser establecida mediante una evaluación del desarrollo y los resultados del proceso penal, es decir, de la efectividad del deber de investigar los hechos para la determiñaci^ñ de la verdad de lo sucedido, la sañciclñ de los responsables y la reparación de las violaciones cometidas en perjuicio de las víctimas. En el mismo sentido: Caso de las Masacres de Ituango Ks. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr.293. Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140. En relación con la razonabilidad del plazo, este Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia no se agota con el trámite de procesos internos, sino que éste debe además asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables. Ciertamente la Corte ha establecido, respecto al principio del plazo razonable contemplado en el artículo 8.1 de la Convención Página 252 de 600

Americana, que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales. No obstante, la pertinencia de aplicar esos tres criterios para determinar la razonabilidad del plazo de un proceso depende de las circunstancias de cada caso. En efecto, dadas las particularidades del presente caso, la Corte analizará la razonabilidad de la duración de cada uno de los procedimientos, cuando ello resulte posible y pertinente. En el mismo sentido: Caso de las Masacres de Ituango Ks. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr.289. En relación con el presente caso, la Corte reconoce que el asunto que se investiga por los órganos judiciales internos es complejo y que a la fecha hay algunos resultados concretos en las investigaciones y en el proceso penal que, si bien son insuficientes, han derivado en la condenatoria de varios miembros del grupo paramilitar que ejecutó la masacre (supra párrs. 95.103, 95.105 y 95.106). Ciertamente la masacre fue perpetrada en el contexto del conflicto armado que vive internamente Colombia, comprendió un gran número de víctimas - que fueron privadas de su vida o desaparecidas - y tuvo lugar en una región remota del país, entre otros factores. Sin embargo, en este caso la complejidad del asunto está ligada a las faltas verificadas en la misma investigación. Por otro lado, ha sido probado que uno de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida se constituyó en parte civil en dicho proceso penal y, al igual que ASFADDES, ha intentado impulsar el proceso en varias oportunidades (supra párrs. 95.104, 95.108 a 95.113). No obstante, en razón de lo señalado anteriormente respecto del carácter de deber propio que deben guardar las investigaciones en este tipo de hechos, mal podría sostenerse que en un caso como el presente deba considerarse la actividad procesal del interesado como un criterio determinante para definir la razonabilidad del plazo del proceso penal. Por otro lado, si bien con la sentencia de casación de 8 de marzo de 2001 se alcanzaron resultados parciales respecto de la privación de la vida de las seis personas cuyos cuerpos fueron identificados, en realidad la desaparición de las otras 37 personas permanece abierta y en la fase de investigación desde hace más de 16 años. En síntesis, la impunidad parcial y la falta de efectividad del proceso penal en este caso se reflejan en dos aspectos: en primer lugar, la gran mayoría de los 122 responsables no han sido vinculados a las investigaciones o no han sido identificados ni procesados, si se toma en cuenta que participaron en la masacre alrededor de 60 hombres. En segundo lugar, la impunidad se refleja en el juicio y condena en ausencia de los paramilitares que se han visto beneficiados con la acción de la justicia que los condena pero no hace efectiva la sanción. En síntesis, la impunidad parcial y la falta de efectividad del proceso penal en este caso se reflejan en dos aspectos: en primer lugar, la gran mayoría de los 122 responsables no han sido vinculados a las investigaciones o no han sido identificados ni procesados, si se toma en cuenta que participaron en la masacre alrededor de 60 hombres. En segundo lugar, la impunidad se refleja en el juicio y condena en ausencia de los paramilitares que se han visto beneficiados con la acción de la justicia que los condena pero no hace efectiva la sanción. La Corte considera que la investigación y proceso adelantados en la jurisdicción penal ordinaria no han representado un recurso efectivo para garantizar, en un plazo razonable, el derecho de acceso a la justicia de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida con plena observancia de las Página 253 de 600

garantías judiciales. Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148. Las masacres fueron perpetradas en el contexto del conflicto armado interno que sufre Colombia; comprendieron un gran número de víctimas - que perdieron sus bienes, fueron ejecutadas, y en el caso de El Aro, obligadas a realizar trabajos forzosos o desplazadas - y tuvo lugar en una región remota y de difícil acceso del país, entre otros factores. Sin embargo, aun tomando en cuenta la complejidad del asunto, la efectividad de los procesos se ha visto afectada por varías fallas en la investigación (supra párr. 125.42, 125.43, 125.52, 125.87 y 125.93). No es sostenible, entonces, tal como pretende el Estado, argumentar que las investigaciones en el presente caso fueron realizadas en plazos razonables, tomando en consideración la complejidad que significa abordar la "macrocriminalidad” implícita en estos hechos y que la actividad procesal de los peticionarios en los procesos internos ha sido escasa, en especial en los procesos penales en donde no ejercieron la acción civil (supra párr. 282.ii.a y b). En relación con lo anterior, los representantes señalaron que la legislación penal colombiana impedía expresamente la constitución de parte civil durante la etapa de investigación previa, situación que cambió el 3 de abril de 2002, cuando la Corte Constitucional emitió la Sentencia C 228, mediante la cual dispuso dicha participación. Además, la reducida participación de los familiares en los procesos penales, ya sea como parte civil o como testigos, es también consecuencia de la situación de desplazamiento que enfrentaron y el temor a participar en dichos procesos derivado de la muerte o amenazas sufridas por las personas que participaron o impulsaron los mismos, como el señor Jesús Valle Jaramillo o los diversos fiscales que salieron del país (supra párr. 125.95). Al respecto este Tribunal ha señalado que durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa reparación. Sin embargo, la búsqueda efectiva de la verdad corresponde al Estado, y no depende de la iniciativa procesal de la víctima, o de sus familiares o de su aportación de elementos probatorios. Por tanto, mal podría sostenerse, tal y como lo hizo el Estado (supra párr. 282.ii.b), que en un caso como el presente deba considerarse la actividad procesal del interesado como un criterio determinante para definir la razonabilidad del plazo. Es necesario recordar que el presente caso comprende, inter alia, ejecuciones extrajudiciales de 19 personas. En dichos casos la jurisprudencia de este Tribunal es inequívoca: el Estado tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Corte IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187. Como lo determinó el Tribunal (supra párr. 59), la detención del señor Bayarri tuvo lugar el 18 de noviembre de 1991. Asimismo, del expediente se desprende que el 20 de diciembre de ese año el Juzgado de Instrucción No. 25 dictó auto de prisión preventiva en su contra (supra párr. 71) y que la sentencia de primera instancia que condenó al señor Bayarri a reclusión perpetua fue dictada el 6 de agosto de 2001, es decir, aproximadamente diez años después. El recurso de apelación interpuesto por la presunta víctima fue resuelto mediante sentencia de 1 de junio de 2004 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Página 254 de 600

Correccional Federal, que lo absolvió y ordenó su libertad. El Tribunal observa que este proceso judicial duró aproximadamente trece años, período durante el cual el señor Bayarri estuvo sometido a prisión preventiva (supra párr. 71). En casos anteriores, al analizar la razonabilidad de un plazo procesal la Corte ha valorado los siguientes elementos: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales. No obstante, el Tribunal considera que existe un retardo notorio en el proceso referido carente de explicación razonada. En consecuencia, no es necesario realizar el análisis de los criterios mencionados. Tomando en cuenta, asimismo, el reconocimiento de hechos formulado (supra párrs. 29 y 30), la Corte estima que respecto de la causa penal en estudio el Estado violó el artículo 8.1 de la Convención Americana en perjuicio del señor Juan Carlos Bayarri. Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192. La Corte ha establecido que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades judiciales. El Tribunal considera pertinente precisar, además, que en dicho análisis de razonabilidad se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. Si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve. Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202. El artículo 8.1 de la Convención Americana establece como uno de los elementos del debido proceso que los tribunales decidan los casos sometidos a su conocimiento en un plazo razonable. Al respecto, la Corte ha considerado preciso tomar en cuenta varios elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado, c) conducta de las autoridades judiciales y d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. No obstante, la pertinencia de aplicar esos criterios para determinar la razonabilidad del plazo de un proceso depende de las circunstancias de cada caso, pues en casos como el presente el deber del Estado de satisfacer plenamente los requerimientos de la justicia prevalece sobre la garantía del plazo razonable. En todo caso, corresponde al Estado demostrar las razones por las cuales un proceso o conjunto de procesos han tomado un período determinado que exceda los límites del plazo razonable. Si no lo demuestra, la Corte tiene amplias atribuciones para hacer su propia estimación al respecto. En el mismo sentido: Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie CNo. 209, párr.244. En el presente caso, la Corte advierte que la averiguación de los hechos revestía cierta complejidad, por tratarse de una desaparición forzada en que los perpetradores intentaron eliminar todo rastro o evidencia, por la negativa de brindar información sobre el paradero y por el número de posibles responsables. No obstante, en el primer período las autoridades judiciales actuaron en forma negligente y sin la debida celeridad que ameritaban los hechos (supra párrs. 134 y 140). En todo momento los familiares asumieron Página 255 de 600

una posición activa, poniendo en conocimiento de las autoridades la información de que disponían e impulsando las investigaciones. Respecto de las nuevas investigaciones abiertas a partir del año 2002, no es posible desvincular las obstaculizaciones y dilaciones verificadas respecto del período anterior, lo que ha llevado a que las investigaciones y procesos hayan durado más de 15 años desde que ocurrieron los hechos. Estos procesos continúan abiertos, sin que se haya determinado la suerte o localizado el paradero de la víctima, así como procesado y eventualmente sancionado a los responsables, lo cual, en conjunto, ha sobrepasado excesivamente el plazo que pueda considerarse razonable para estos efectos. Por todo lo anterior, la Corte considera que el Estado incumplió los requerimientos del artículo 8.1 de la Convención. Corte IDH. Caso Vásquez Durand y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de febrero de 2017. Serie C No. 332. La Corte ha establecido que el derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación de los hechos que se investigan en tiempo razonable . Este Tribunal ha señalado que el "plazo razonable" al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento que se desarrolla hasta que se dicta la sentencia definitiva . Asimismo, ha considerado que una demora prolongada constituye en principio, por sí misma, una violación a las garantías judiciales . Corte IDH. Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de febrero de 2017. Serie C No. 333. En cuanto a la celeridad del proceso, este Tribunal ha señalado que el "plazo razonable" al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento que se desarrolla hasta que se dicta la sentencia definitiva . El derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable , ya que una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales . Respecto al presunto incumplimiento de la garantía judicial de plazo razonable en el proceso penal, la Corte examinará los cuatro criterios establecidos en su jurisprudencia en la materia: i) la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del interesado; iii) la conducta de las autoridades judiciales, y iv) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso . La Corte recuerda que corresponde al Estado justificar, con fundamento en los criterios señalados, la razón por la cual ha requerido del tiempo transcurrido para tratar el caso y, de no demostrarlo, la Corte tiene amplias atribuciones para hacer su propia estimación al respecto . El Estado no presentó alegatos específicos sobre esa alegada violación de la Convención. Complejidad del asunto. Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111. Al analizar los criterios que se deben tomar en cuenta para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso (supra párr. 141), esta Corte ha constatado que al señor Canese se le procesó y juzgó por los delitos de difamación e injuria y que los principales elementos probatorios lo constituyeron los dos artículos periodísticos en los que se publicaron las declaraciones querelladas, ya que no se recibió ninguna declaración testimonial ni peritaje. Asimismo, en su declaración indagatoria el señor Canese aceptó haber realizado tales declaraciones, por lo que en materia probatoria el proceso penal no revistió gran Página 256 de 600

complejidad. Al respecto, el propio Estado indicó que estaba de acuerdo con la Comisión en que los procesos por difamación e injuria "no deben ser precisamente considerados como complejos, salvo que las pruebas a ser aportadas al proceso, o la cantidad de testigos, o la cantidad de víctimas sea de un número muy elevado, lo cual no se ha constatado en este caso". Corte IDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137. En el transcurso de la audiencia pública en el presente caso el Estado solicitó que la Corte tuviera en cuenta que la causa contra el señor Urcesino Ramírez Rojas era "una de las dos mil causas que fueron anuladas al mismo tiempo como parte del mismo proceso luego de la Sentencia del Tribunal Constitucional en el 2003”. Al respecto, la Corte reconoce las difíciles circunstancias por las que ha atravesado el Perú. Sin embargo, las condiciones de un país, sin importar que tan difíciles sean, generalmente no liberan a un Estado Parte en la Convención Americana de sus obligaciones legales establecidas en ese tratado, salvo en los casos en ella misma establecidos. A la luz de lo anterior, este Tribunal considera que a pesar de la demostrada complejidad del nuevo proceso penal seguido contra el señor Urcesino Ramírez Rojas en el presente caso, las actuaciones de las autoridades estatales competentes no han sido compatibles con el principio del plazo razonable. El Tribunal considera que el Estado debe tener en cuenta el tiempo que el señor Urcesino Ramírez Rojas ha permanecido detenido para llevar a cabo de una manera diligente el nuevo proceso. Por todo lo anterior, la Corte concluye que el Estado ha violado, en perjuicio del señor Urcesino Ramírez Rojas, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, que establece el artículo 8.1 de la Convención Americana. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146. La Corte ha constatado que el 7 de septiembre de 1993 se iniciaron los trámites ante el INDI para el reconocimiento de lo que en el Paraguay se conoce como "personería jurídica” de la Comunidad Sawhoyamaxa (supra párr. 87), y que el decreto mediante el cual se reconoció ésta fue emitido el 21 de julio de 1998, es decir, cuatro años, diez meses y catorce días después (supra párr. 73.15). Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando que la complejidad de este procedimiento era mínima y que el Estado no ha justificado la mencionada demora, el Tribunal la considera desproporcionada y como una violación del derecho a ser oído dentro de un plazo razonable, conforme al artículo 8.1 de la Convención Americana. Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209. En el presente caso, la Corte advierte que la averiguación de los hechos reviste cierta complejidad, por tratarse de una desaparición forzada en ejecución desde hace más de 35 años. No obstante, cuando se presentaron las dos primeras denuncias, las autoridades no realizaron una investigación exhaustiva (supra párr. 201). Si bien la Fiscalía Especial se avocó, entre otros, a la investigación de los hechos, la Corte nota que, para ello, transcurrió un período de casi 10 años desde que fuera presentada la primera denuncia penal en 1992. Esto no es posible desvincularlo de la propia omisión del Estado. Asimismo, durante las investigaciones posteriores la señora Tita Radilla Martínez ha asumido una posición activa como "coadyuvante”, poniendo en conocimiento de las autoridades la información de que ha dispuesto e impulsando las investigaciones. No obstante, la averiguación previa se encuentra todavía abierta a más de Página 257 de 600

siete años desde que la Fiscalía Especial inició las investigaciones. En total, han transcurrido 17 años desde que la autoridad ministerial tuvo conocimiento formal de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, sin que el Estado haya justificado válidamente la razón de esta demora. Todo lo anterior, en conjunto, ha sobrepasado excesivamente el plazo que pueda considerarse razonable para estos efectos. En consecuencia, la Corte considera que el Estado incumplió los requerimientos del artículo 8.1 de la Convención. Corte IDH. Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011. Serie C No. 233. El Estado señaló que los recursos mencionados implicaron hechos irregulares cometidos por funcionarios públicos y, en el caso concreto de los hechos de PDVSA, comprendía a una persona jurídica, el análisis de vínculos de consanguinidad de primer grado entre los implicados y el análisis de la implementación de un convenio (supra párrs. 40 a 43). Asimismo, el Estado indicó que uno de los recursos fue interpuesto de manera conjunta con un amparo cautelar que implicó pronunciamientos previos, y que frente a la declaratoria de responsabilidad por los hechos del Municipio Chacao hubo una solicitud de adhesión que ameritó nuevos pronunciamientos por parte de la Sala Político Administrativa. La Corte considera que estos aspectos involucraban debates técnicos sobre gestión de presupuestos e implementación de convenios, lo cual permite inferir la complejidad de los asuntos a resolver. De esta manera, aún asumiendo que en promedio los plazos descritos en la Ley Orgánica permitan concluir que un recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo de Justicia debe ser resuelto en 10 meses y medio, la Corte considera que el plazo de 3 años y casi 6 meses y de 3 años resulta razonable frente a la complejidad de los asuntos involucrados (supra párr. 163). Además, la Corte constata que el Tribunal Supremo de Justicia promovió diligentemente diferentes actuaciones de las partes. Corte IDH. Caso Furlan y familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246. Este Tribunal ha tenido en cuenta diversos criterios para determinar la complejidad de un proceso. Entre ellos, se encuentra la complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas, el tiempo transcurrido desde la violación, las características del recurso consagradas en la legislación interna y el contexto en el que ocurrió la violación. En ese orden de ideas y teniendo en cuenta los anteriores puntos reseñados, el Tribunal considera que el caso no involucraba aspectos o debates jurídicos o probatorios que permitan inferir una complejidad cuya respuesta requiriera el transcurso de un lapso de casi 12 años. Por lo tanto, la dilación en el desarrollo y ejecución del proceso civil por daños y perjuicios en el presente caso no puede justificarse en razón de la complejidad del asunto. Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259. La Corte considera indudable que este es un caso complejo, principalmente por todos los aspectos técnicos que involucraba una investigación efectiva, así como por la pluralidad de víctimas y la cantidad de actores de la Fuerza Aérea Colombiana y del Ejército que tuvieron participación en ese contexto específico de conflicto armado en la zona. Han sido referidas numerosas diligencias de investigación conducidas por la Fiscalía General de la Nación, que denotan una actividad constante en la búsqueda de determinación de los hechos y un seguimiento plausible de líneas lógicas de investigación, Página 258 de 600

sin perjuicio de lo que aún corresponda investigar. Aún si está pendiente de decisión el recurso de casación, es posible considerar que las autoridades jurisdiccionales ordinarias han venido cumpliendo adecuadamente sus funciones. Además, si bien en este caso la investigación es un deber ex officio del Estado, las víctimas han asumido una posición activa en las investigaciones. Por último, en las circunstancias del caso, no es necesario realizar el análisis del cuarto elemento del plazo razonable. En consecuencia, no ha sido demostrado que el Estado incurriera en violación del artículo 8 de la Convención por exceder el plazo razonable en las investigaciones. Corte IDH. Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de mayo de 2013. Serie C No. 261. Por otra parte, a pesar de que el caso se refería a un asunto médico, el cual conlleva un cierto elemento de complejidad, no correspondió a ello la lentitud del proceso, sobre todo, teniendo presente que los operadores judiciales no solicitaron diligencias técnicas, pericias o estudios especializados para la investigación de los hechos que pudieran justificar la demora del mismo. Asimismo, en el presente caso, fueron claramente determinadas la víctima, las personas que realizaron la iñterveñcióñ quirúrgica, el resultado de dicha iñterveñcióñ, el lugar y las circunstancias de los hechos. De lo anterior se desprende la falta de diligencia y efectividad de los operadores de justicia en impulsar el proceso de investigación del caso, lo que, sumado a las diversas interrupciones temporales del trámite, culminaron en la prescripción de la acción penal. Es decir, la responsabilidad por las falencias y la demora en el proceso y su consecuente prescripción se deben exclusivamente a la actuación de las autoridades judiciales ecuatorianas, sobre quienes recaía la responsabilidad de tomar todas las medidas necesarias para investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, independientemente de la gestión de las partes. Corte IDH. Caso Argüelles y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 288. Respecto de la complejidad del caso, este Tribunal ha tenido en cuenta diversos criterios, entre los cuales se encuentran la complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas, el tiempo transcurrido desde la violación, las características del recurso consagradas en la legislación interna y el contexto en el que ocurrió la violación. Asimismo, el Tribunal Europeo ha indicado que la complejidad debe determinarse por la naturaleza de las acusaciones, el número de acusados y la situación política y social reinante en el lugar y tiempo de la ocurrencia de los hechos. En este sentido, respecto a los criterios tomados en cuenta por este Tribunal en aras de determinar la complejidad del caso se observa la presencia de: 1) un amplio número de acusados; 2) una situación política y social compleja, y 3) dificultades en la obteñcióñ de prueba. En el mismo sentido: Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Ks. Kenezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, párr. 260. Corte IDH. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297. Este Tribunal ha tenido en cuenta diversos criterios para determinar la complejidad de un proceso. Entre ellos, se encuentran la complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas, el tiempo transcurrido desde la violación , las características del recurso consagradas en la legislación interna, el contexto en el que ocurrió la violación y la cantidad de recursos Página 259 de 600

interpuestos en un proceso . La Corte afirma que, contrariamente a lo que sostiene el Estado, la falta de claridad en las sentencias de los propios tribunales locales o la vigencia de medidas provisionales dictadas por el sistema interamericano de protección de derechos humanos no pueden ser argumentos que eximan al Estado de su obligación de garantizar el plazo razonable de un proceso ni que justifiquen su retraso. No obstante, en el presente caso, la Corte nota que el proceso de extradición entre el Perú y China involucra comuñicacioñes y relaciones diplomáticas entre dos Estados que cuentan con un sistema jurídico e idioma diferente y que requiere la participación de múltiples y distintos órganos de ambos Estados. Además, la ausencia de jurisprudencia a nivel regional o a nivel interno sobre la materia y la diversidad de recursos interpuestos tanto por la presunta víctima como por los órganos del Estado (infra B.2.b y B.2.c) han contribuido a complejizar el proceso e influido en su prolongación. Por tanto, este Tribunal reconoce que el caso es complejo. Sin embargo, es necesario analizar los demás elementos del plazo razonable para determinar si el Estado ha incumplido o no con esta garantía. Corte IDH. Caso Yarce y otras Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2016. Serie C No. 325. Este Tribunal ha indicado en otras oportunidades las dificultades que pueden generarse para dar respuesta adecuada y fiel a los compromisos iñterñacioñales del Estado cuando éste se encuentra frente al juzgamiento de actuaciones de miembros de grupos alzados en armas . La Corte observa que la investigación de los procesos penales de los delitos de amenazas y desplazamiento como son los relativos a las señoras Rúa, Ospina y sus familiares, resultan complejos, en lo que concierne a la determinación, eventual detención (si procede) y juzgamiento de los inculpados, dado que involucran múltiples víctimas y posibles responsables pertenecientes a grupos armados ilegales. Corte IDH. Caso Andrade Salmón Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de diciembre de 2016. Serie C No. 330. En relación al primer elemento, este Tribunal ha tenido en cuenta diversos criterios para determinar la complejidad de un asunto. Entre ellos se encuentra i) la complejidad de la prueba; ii) la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas; iii) el tiempo transcurrido desde la violación; iv) las características del recurso contenidos en la legislación interna, y v) el contexto en el que ocurrieron los hechos. En relación con segundo elemento, es decir con la actividad procesal del interesado, la Corte ha evaluado si los sujetos realizaron las intervenciones en los procesos que le eran razonablemente exigibles. En cuanto al tercer elemento, es decir la conducta de las autoridades judiciales, la Corte ha entendido que los jueces, como rectores del proceso, tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso en pro del formalismo. En relación con el cuarto elemento, es decir la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso, la Corte ha establecido que las autoridades deben actuar con mayor diligencia en aquellos casos donde de la duración del proceso depende la protección de otros derechos de los sujetos del proceso. Actividad procesal del interesado. Corte IDH. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30. En cuanto al segundo elemento que se refiere a la actividad procesal del afectado no consta en autos que el señor Raymond Genie Peñalba, padre de la víctima, hubiere tenido una conducta Página 260 de 600

incompatible con su carácter de acusador privado ni entorpecido la tramitación, pues se limitó a interponer los medios de impugnación reconocidos por la legislación de Nicaragua (supra 70). Corte IDH. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97. La otra cuestión debatida en estas actuaciones respecto del proceso seguido ante la Suprema Corte de Justicia Argentina es la de si el procedimiento se ha ajustado a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en cuanto garantizan el derecho a una respuesta de la autoridad judicial dentro de un plazo razonable. Este Tribunal observa al respecto que, en principio, los diez años transcurridos entre la presentación de la demanda del señor Cantos ante la Corte Suprema de Justicia y la expedición de la sentencia de ésta última que puso fin al proceso interno, implican una violación de la norma sobre plazo razonable por parte del Estado. No obstante, un examen detenido del desarrollo del aludido proceso, muestra que tanto el Estado como el demandante, es decir, el señor Cantos, incurrieron en comportamientos que por acción u omisión incidieron en la prolongación de la actuación judicial interna. Si la conducta procesal del propio interesado en obtener justicia ha contribuido en algún grado a prolongar indebidamente la duración del proceso, difícilmente se configura en cabeza del Estado una violación de la norma sobre plazo razonable En todo caso, teniendo en cuenta la complejidad del asunto y el desinterés del actor, entre otros factores, la duración global del proceso litigioso no revestiría la importancia necesaria para declarar la violación de los artículos que protegen el derecho al acceso a la justicia y a las garantías judiciales. A la luz de ello este Tribunal encuentra que carece de elementos para declarar que el Estado de Argentina ha violado, en la especie, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en cuanto consagran el derecho de obtener respuesta, dentro de un plazo razonable, a las demandas y solicitudes planteadas a las autoridades judiciales. Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99. En lo relativo a las actuaciones del actor, como lo indicó la Corte anteriormente en el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, el descargo del Estado no puede descansar en las actuaciones de los familiares de la presunta víctima, como lo señalara la Corte Suprema de Justicia en 1997 al afirmar que "respetando la independencia de los [t]ribunales inferiores, no se pronuncia[ba] en ningún sentido en lo que respecta al caso que se ventila. Esto además de que las partes tienen expeditos los recursos que señala la ley, para obtener la subsanación de cualquier irregularidad que pudieran considerar [que] aparece en los expedientes de referencia". En este tipo de situaciones es obligación del Estado llevar a cabo una investigación seria y efectiva como en este caso sería la averiguación de lo sucedido al señor Juan Humberto Sánchez. No obstante, esta Corte hace notar que los familiares de la presunta víctima presentaron declaraciones en diferentes oportunidades en el proceso 1992, 1993, 1995 y 1998, en razón de que fueron anuladas por el Juzgado Segundo de Letras de Intibucá por faltar algún requisito legal al ser tomadas por el Juzgado de Paz de Colomoncagua, pese a que éstos estaban siendo amenazados por parte de la autoridades militares de que no siguiesen investigando (supra 70.13 y 70.14). En todo caso, cuando se trate de ejecuciones extrajudiciales las autoridades deben actuar de oficio e impulsar su investigación, no haciendo recaer esta carga en la iniciativa de los familiares, como lo afirmó Página 261 de 600

el Estado en sus alegaciones (supra 61.e y 116.c). En el mismo sentido: Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 219; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 296; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 157; Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, párr.. 135. Corte IDH. Caso Mémoli Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 265. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte destaca que los retrasos causados por las acciones u omisiones de cualquiera de las dos partes se deben tomar en cuenta al analizar si el proceso ha sido llevado a cabo en un plazo razonable. Al respecto, el principal alegato del Estado consiste en que la dilación del proceso civil se debe a la cantidad de recursos judiciales interpuestos por las partes en el mismo. En este sentido, este Tribunal constata que, entre ambas partes, se interpusieron más de treinta recursos y coincide con el Estado en que los recursos interpuestos por las partes en el proceso civil han contribuido a complejizar el proceso e influido en su prolongación . No obstante, este Tribunal destaca que las partes en dicho proceso, entre ellas las presuntas víctimas en este caso, estaban haciendo uso de medios de impugnación reconocidos por la legislación aplicable para la defensa de sus intereses en el proceso civil, lo cual per se no puede ser utilizado en su contra. La Corte considera que la interposición de recursos constituye un factor objetivo, que no debe ser atribuido al Estado demandado, y que debe ser tomado en cuenta al determinar si la duración del procedimiento excedió el plazo razonable. Adicionalmente, del expediente ante la Corte no se desprende que se haya decretado la negligencia de ninguna de las dos partes. Lo que es más, los señores Mémoli, al menos en seis oportunidades, solicitaron al Juzgado que tomase acciones sobre algún punto pendiente y en tres oportunidades solicitaron pronto despacho. Asimismo, al menos en tres oportunidades los demandantes reactivaron la causa tras un período de inactividad, y en julio de 2007 la parte querellante señaló que había "transcurrido en exceso el plazo de producción de prueba". Además, ambas partes desistieron de prueba, lo cual, en principio, ha debido contribuir a dar mayor celeridad al proceso. Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277. Por otro lado, la Corte ha constatado que la señora Rosa Elvira Franco ha tenido acceso a la investigación y ha participado activamente en ésta a través de declaraciones, envío de escritos, presentación de información y consultas a los funcionarios encargados del caso, entre otros. Sin embargo, el Estado ha argumentado que dicha intervención de la señora Franco ha obstaculizado la investigación al aportar diversa información, contradictoria o inconsistente, que a su juicio no ha resultado útil. Al respecto, este Tribunal considera que dicho alegato del Estado es inadmisible para justificar una demora indebida en los procedimientos, ya que en la jurisdicción interna corresponde a los órganos competentes dirigir la investigación y encauzarla de acuerdo a las estrategias o líneas de investigación determinadas por ellos para el esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, la investigación debe ser impulsada de oficio, sin que sean

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las víctimas o sus familiares quienes tengan la carga de asumir tal iniciativa , que corresponde al Estado. Conducta de las autoridades judiciales. Corte IDH. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30. En lo que al tercer elemento se refiere, es decir, en cuanto a la conducta de las autoridades judiciales de Nicaragua, esta Corte estima que no se han producido dilaciones excesivas en las diversas etapas del proceso, con excepción de la última fase todavía pendiente (supra 71), es decir, del recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia interpuesto por la parte acusadora el 29 de agosto de 1994, admitido por dicho Tribunal el 31 siguiente y que, no obstante las diversas solicitudes de las partes, todavía no ha sido resuelto. Incluso considerando la complejidad del asunto, así como las excusas, impedimentos y sustitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el plazo de más de dos años que ha transcurrido desde la admisión del citado recurso de casación no es razonable y por consiguiente este Tribunal debe considerarlo violatorio del artículo 8.1 de la Convención. Lo hará en la parte resolutiva en relación con el artículo 1.1 de la misma que es el que contiene la obligación general de respetar la Convención. Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99. En cuanto al comportamiento de las autoridades, en primer término baste destacar que las acciones u omisiones que vulneren derechos fundamentales pueden ser cometidas por cualquier autoridad pública, sea ésta del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, tal como ha quedado establecido en la jurisprudencia de este Tribunal. En razón de lo anterior, en el caso sub judice en el período correspondiente a 1992 a 2001, debe ponderarse no sólo lo acaecido en el proceso ante el Juzgado de Paz de Colomoncagua y el Juzgado Segundo de Letras de Intibucá, sino todos aquellos procesos o procedimientos que de alguna manera incidieran en esta causa y que dejen entrever el comportamiento de las autoridades públicas: a) cabe destacar que si bien los juzgados correspondientes desconocían la dirección del posible imputado desde el 16 de marzo de 1995, éstos no hicieron esfuerzos para tratar de localizar a dicha persona sabiendo que se trataba de un agente del Estado sino hasta el 29 de septiembre de 1998, fecha en que el Juzgado Segundo de Letras de Intibucá solicitó al director de la junta interventora de la policía nacional y al comandante general de las fuerzas armadas que pusieran a la disposición al señor Ángel Belisario Hernández González. En el caso de las fuerzas armadas, éstas no contestaron a la solicitud en un período de un año, la misma les fue reiterada el 23 de junio de 1999 y al no obtener una respuesta se procedió al archivo de la causa hasta el 20 de noviembre de 2001. Según consignó el imputado, en su declaración ante el Juzgado Segundo de Letras de Intibucá, fue dado de baja en las fuerzas armadas el 28 de enero de 1997 y supo que estaba siendo investigado a través de publicaciones de anuncios de recompensa por su captura en los diarios en marzo de 2002. Este tipo de suspensiones sólo deberían admitirse por causas extremadamente graves, pero no, como en el caso sub judice, por no poder ubicar al presunto responsable de los hechos, ya que la investigación debería de haberse dirigido a determinar la responsabilidad de los demás partícipes de la detención, torturas y ejecución extrajudicial del señor Juan Humberto Sánchez (supra 70.30); y b) asimismo, no se llevó a cabo ninguna investigación sobre ningún otro agente del Estado sino sólo con respecto a quien se había ordenado la Página 263 de 600

primera detención, pese a que en el fuero interno de las fuerzas armadas había sido investigado y absuelto. En igual sentido, por la detención, las condiciones mismas del cadáver y el patrón imperante en el país, es razonable inferir que participaron varios agentes para vulnerar los derechos del señor Juan Humberto Sánchez. Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111. En el presente caso la conducta de las autoridades judiciales se encuentra estrechamente relacionada con el anterior parámetro de análisis del plazo razonable. El Estado alegó que se debe tomar en cuenta que el proceso penal al cual se sometió al señor Canese fue reglado por una norma de corte inquisitivo; que el tipo de proceso penal es de instancia privada, es decir, que se "vería muy mal que [el Estado] impulse el procedimiento de oficio"; y que la representación del señor Canese incurrió en varias oportunidades en "deficiencias por presentaciones fuera de plazo o inactividad procesal". En diversas oportunidades las autoridades judiciales resolvieron de forma tardía incluso los propios recursos urgidos por la parte querellante, por ejemplo, cuando después de que el 19 de noviembre de 1997 el Tribunal de Apelación en lo Criminal, Tercera Sala, concedió el recurso de apelación presentado por el abogado de la parte querellante contra la sentencia de segunda instancia y dispuso que se remitieran los autos a la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, el abogado de la parte querellante se vio obligado a solicitar que se resolviera su apelación. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay tardó aproximadamente tres años y cinco meses en resolver tal apelación. En el proceso penal seguido contra el señor Canese las autoridades judiciales no actuaron con la debida diligencia y celeridad, lo cual se ve reflejado, por ejemplo, en que: a) el proceso tuvo una duración de ocho años y seis meses hasta que quedó firme la sentencia de segunda instancia; b) el período transcurrido entre la interposición de la apelación contra la sentencia de primera instancia y la emisión de la sentencia de segunda instancia fue de tres años y siete meses; y c) el período transcurrido entre la interposición del recurso de apelación contra la sentencia de segunda instancia interpuesto por el abogado de la parte querellante y su resolución final fue de aproximadamente tres años y cinco meses. La Corte observa que el propio Estado afirmó que es posible que el caso de[l señor] Canese -regido bajo las formas del viejo proceso- haya sido uno de los tantos que pudieran haberse dilatado más allá de los parámetros mínimos atendidos por la Convención Americana, sin que esto finalmente pudiera ser imputado a los órganos del Estado Paraguayo, que en medio de la crisis ha[n] sabido superar dichos problemas e implementar un nuevo modelo penal sustancial y formal". Con respecto a los referidos alegatos del Paraguay (supra párrs. 145 y 147), la Corte reitera que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es un principio básico del Derecho Internacional que "[u]na parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado". En el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas. Los Estados no pueden incumplir estas obligaciones convencionales alegando supuestas dificultades de orden interno. Por tales razones, la regulación procesal penal del Paraguay Página 264 de 600

aplicada en el proceso seguido contra el señor Canese no podía ser invocada por este Estado para incumplir la garantía de razonabilidad del plazo al juzgar a la presunta víctima, de conformidad con la obligación a su cargo contemplada en el artículo 8.1 de la Convención Americana. Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120. Basándose en los antecedentes expuestos en el capítulo sobre Hechos probados, la Corte reconoce que el asunto que se investiga por los tribunales nacionales en este caso es complejo y que esto debe tenerse en consideración para apreciar la razonabilidad del plazo. Sin embargo, el Tribunal advierte que las demoras en el proceso penal que se examina en este caso no se han producido por la complejidad del caso, sino por una inacción del órgano judicial que no tiene explicación. En diversas oportunidades durante la instrucción han transcurrido largos períodos de tiempo sin que el fiscal solicitara al juez que se practicara alguna diligencia y sin que el juez lo ordenara de oficio. Asimismo, tanto el fiscal como el juez han dejado transcurrir meses y hasta más de un año, antes de solicitar y ordenar que se practique una diligencia que no se realizó en la primera oportunidad señalada para evacuarse. Por ejemplo, en cuanto a las actuaciones procesales relacionadas con la Cruz Roja, el fiscal y el juez dejaron transcurrir un año y casi ocho meses desde que el Director General de la Cruz Roja salvadoreña, en una diligencia de inspección de libros, manifestó que "no t[enía] en su poder [los] libros de trabajo de asesoramiento y atención a desplazados durante el año de mil novecientos ochenta y dos, ya que dichos documentos o libros se enc[o]ntra[b]an en poder de la Cruz Roja Internacional”, para realizar una diligencia con el propósito de solicitar información al Comité Internacional de la Cruz Roja (supra párr. 48.59). En cuanto a las actuaciones procesales relacionadas con la Fuerza Armada, por ejemplo, el fiscal y el juez dejaron transcurrir tres meses antes de volver a solicitar y ordenar que se realizara una inspección en los Libros de Novedades y registros del Destacamento Militar Número Uno de Chalatenango, la cual había quedado pendiente cuando la primera inspección no se realizó porque los archivos estaban desordenados (supra párr. 48.63 y 48.65). Asimismo, en enero de 2002 un nuevo fiscal asumió la investigación, pero tardó aproximadamente un año y ocho meses para realizar las primeras actuaciones en el proceso (supra párr. 48.69). Corte IDH. Caso Mémoli Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 265. La Corte recuerda que es el Estado, a través de sus autoridades judiciales, quien debe conducir el proceso. Al respecto, conforme la legislación procesal civil aplicable al presente caso, el juez tiene el deber de dirigir el procedimiento, manteniendo la igualdad de las partes en el proceso, vigilando que la tramitación de la causa procure la mayor economía procesal y evitando la paralización del proceso. Sin embargo, la Corte constata que han existido varios períodos de inactividad en el proceso civil que son enteramente atribuibles a las autoridades judiciales. Asimismo, existió una falta de debida diligencia por parte de las autoridades que no es cuantificable en una demora específica de tiempo, pero que sin duda contribuyó a la dilación en el procedimiento. La Corte advierte que los constantes recursos interpuestos por las partes del proceso pueden generar cierta confusión en su tramitación, no obstante, al ser el juez el director del proceso, debe asegurar la tramitación correcta de los mismos [_]La Corte estima que dicha falta de diligencia de las Página 265 de 600

autoridades es especialmente relevante al considerar que las presuntas víctimas han sido objeto de una medida cautelar de inhibición general de bienes, en virtud de los posibles daños civiles, por más de diecisiete años. Según la legislación nacional aplicable, dichas órdenes implican una "inhibición general de vender o gravar sus bienes” y no están limitadas a un monto específico. La Corte recuerda que la adopción de medidas cautelares que afecten la propiedad privada no constituye per se una violación del derecho de propiedad, aún cuando sí constituyen una limitación a dicho derecho, en la medida que afectan la facultad de las personas de disponer libremente de sus bienes. No obstante, la Corte advierte que las autoridades judiciales internas no previeron la posibilidad de moderar el impacto de la duración del proceso civil en la facultad de las presuntas víctimas de disponer sus bienes, ni tomaron en cuenta que, según la legislación argentina "[e]l juez, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, podrá disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intentare proteger”. A pesar de dicha disposición, la medida cautelar ha tenido hasta ahora una vigencia de más de diecisiete años y, según la información disponible en el expediente aportado a este Tribunal, fue reordenada en diciembre de 2011 lo cual supondría una vigencia hasta diciembre de 2016 (supra párr. 112). En suma, la duración prolongada del proceso, en principio de naturaleza sumaria, unida a la inhibición general de bienes por más diecisiete años, ha significado una afectación desproporcionada al derecho a la propiedad privada de los señores Mémoli y ha llevado a que las medidas cautelares se conviertan en medidas punitivas. Todo esto demuestra que las autoridades judiciales a cargo no actuaron con la debida diligencia y el deber de celeridad que exigía los derechos e intereses en juego. En definitiva, para la Corte la duración por más de quince años de un proceso civil de daños y perjuicios de naturaleza sumaria, fundamentado en una sentencia penal por un delito de injurias, aunado a la vigencia durante todo ese tiempo de una inhibición general de eñajeña^ y gravar bienes, sobrepasa excesivamente el plazo que pudiera considerarse razonable para que el Estado resolviese un caso de esta naturaleza y afecta, de una manera desproporcionada, el derecho a la propiedad de los señores Mémoli. Con base en todo lo anterior, este Tribunal concluye que el Estado violó el principio del plazo razonable, establecido en el artículo 8.1 y el derecho la propiedad privada, consagrado en el artículo 21, ambos en relación con el artículo 1.1, todos de la Coñveñcióñ Americana, en perjuicio de los señores Pablo y Carlos Mémoli. Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298. Al respecto, la Corte recuerda que ha analizado, en casos anteriores, la falta de diligencia para la localización de personas contra quienes se sigue un proceso penal, así como la falta de impulso por parte de las autoridades a los procesos penales en el Ecuador. Por ejemplo, en el Caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador operó la prescripción de la acción penal incoada en contra del médico que trató a la víctima debido a que no pudo ser localizado, y transcurridos los diez años establecidos para la prescripción, la acción penal fue declarada prescrita. De igual manera, en el Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador se declaró la prescripción de la acción penal, en consideración del transcurso de cinco años desde el dictado del auto cabeza del proceso, debido a la falta de diligencia y efectividad de los operadores de justicia en impulsar el proceso Página 266 de 600

de investigación del caso. La Corte nota que la reiterada falta de debida diligencia en casos relativos al Estado ecuatoriano ha producido que opere la prescripción de la acción penal en múltiples ocasiones. La Corte considera que estas negligencias en los procesos penales generan una denegación de la justicia en el marco de los mismos, impidiendo que se realice una efectiva investigación de los responsables. Situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149. El plazo en que se ha desarrollado el procedimiento penal en el caso sub judice no es razonable, ya que a más de seis años, o 75 meses de iniciado, todavía no se ha dictado sentencia de primera instancia y no se han dado razones que puedan justificar esta demora. Este Tribunal considera que este período excede en mucho el principio de plazo razonable consagrado en la Convención Americana, y constituye una violación del debido proceso. Por otra parte, la falta de coñclusióñ del proceso penal ha tenido repercusiones particulares para las familiares del señor Damiao Ximenes Lopes, ya que, en la legislación del Estado, la reparación civil por los daños ocasionados como consecuencia de un hecho ilícito tipificado penalmente puede estar sujeta al establecimiento del delito en un proceso de naturaleza criminal, por lo que en la acción civil de resarcimiento tampoco se ha dictado sentencia de primera instancia. Es decir, la falta de justicia en el orden penal ha impedido que las familiares del señor Ximenes Lopes, en particular su madre, obtengan una compensación civil por los hechos del presente caso. Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180. En conclusión, ha sido establecido que el señor Neptune se encuentra actualmente en una situación de inseguridad jurídica, al haber sido penalmente perseguido y mantenido en prisión durante más de dos años por orden de un tribunal que no era legalmente competente. Esto se ve agravado por el hecho de que la referida decisión de la Corte de Apelaciones de Gonaives aún no le ha sido debidamente notificada. Esta situación le ha ocasionado un injustificable retardo en el acceso a la justicia, ha prolongado su estado de incertidumbre y no le ha permitido obtener un pronunciamiento definitivo de un juez competente acerca de los cargos que le fueron imputados. En un contexto de impedimentos normativos y prácticos para asegurar un acceso real a la justicia, así como en una situación generalizada de ausencia de garantías, inseguridad jurídica e ineficacia de las instituciones judiciales para afrontar hechos como los del presente caso, se ha configurado la responsabilidad internacional del Estado por haber faltado a su obligación de respetar y garantizar al señor Neptune su derecho a acceder y ser oído sin demora por un tribunal competente en la sustanciación de los cargos formulados en su contra, en los términos de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma. Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192. La Corte ha establecido que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades judiciales. El Tribunal considera pertinente precisar, además, que en dicho análisis de razonabilidad se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la Página 267 de 600

materia objeto de controversia. Si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve. En el mismo sentido: Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 112; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 156; Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, párr. 133; Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 244; Caso Gomes Lundy otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 219; Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011 Serie C No. 233, párr. 162; Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie CNo. 237, párr. 273; Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012 Serie C No. 240, párr. 255; Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, párr. 152; Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012 Serie C No. 250, párr. 230; Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012 Serie C No. 253, párr. 262; Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 noviembre de 2012 Serie C No. 258, párr. 153; Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párr. 164; Caso Mémoli Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 265, párr. 172; Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274, párr. 201. Si bien en el presente caso el proceso de naturaleza penal a nivel interno comprende a tres presuntas víctimas, una de homicidio agravado y dos de secuestro simple, la Corte observa que la investigación ha resultado compleja en lo que concierne a la detención de los inculpados, quienes incluso fueron juzgados en ausencia en razón de la clandestinidad en la que se mantienen los grupos paramilitares, así como en razón de la identificación de todos los autores. En jurisprudencia previa, este Tribunal se ha referido a las dificultades para dar respuesta adecuada y fiel a los compromisos internacionales del Estado cuando éste se encuentra frente al juzgamiento de actuaciones ilegales de miembros de grupos alzados en armas. Sin embargo, la Corte reitera que las condiciones del país no liberan a un Estado Parte en la Convención Americana de sus obligaciones establecidas en ese tratado. En esa medida, y pese a que se ha sancionado a dos responsables en el caso pertenecientes a grupos paramilitares, la Corte considera que la dificultad del asunto que se investiga en la jurisdicción interna no justifica, por sí misma, que el proceso penal continúe abierto luego de 10 años de los hechos. Corte IDH. Caso Kawas Página 268 de 600

Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196. En cuanto al cuarto elemento, la Corte ha dicho que para determinar la razonabilidad del plazo se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. Así, el Tribunal ha establecido que si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve. En el presente caso la Corte considera que no es necesario realizar el análisis de este elemento para determinar la razonabilidad del plazo de la investigación y procedimientos iniciados a raíz de la muerte de la víctima. Teniendo en cuenta lo anterior, así como el allanamiento del Estado, la Corte concluye que el lapso de 14 años que ha demorado la justicia interna sólo en la fase de investigación de los hechos sobrepasa excesivamente un plazo que pueda considerarse razonable para que el Estado realizara las correspondientes diligencias investigativas, y constituye una flagrante denegación de justicia en perjuicio de los familiares de Blanca Jeannette Kawas Fernández. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214. En cuanto al cuarto elemento, para determinar la razonabilidad del plazo se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. El Tribunal ha establecido que si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento avance con mayor diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve En el presente caso la demora en la obtención de una solución definitiva al problema de la tierra de los miembros de la Comunidad ha incidido directamente en su estado de vida. Esta situación es analizada en profundidad en el Capítulo VII infra. 137. Adicionalmente, la Corte recuerda que en los casos de las comunidades indígenas de Yakye Axa y Sawhoyamaxa, ambos contra el Paraguay, este Tribunal consideró que los plazos de más de 11 años y 13 años que, respectivamente, duraron los procedimientos de reivindicación de tierras, no eran compatibles con el principio del plazo razonable. Por lo tanto, el plazo de más de 17 años que ha operado en el presente caso (supra párr. 127) no puede sino llevar a semejante conclusión. Corte IDH. Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 242. Finalmente, esta Corte ha dicho que para determinar la razonabilidad del plazo también se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. Así, el Tribunal ha establecido que si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento avance con mayor diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve. En el mismo sentido: Caso Furlan y familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, párr.194. Tanto el Juez de Primera Instancia como el Superior Tribunal de Entre Ríos otorgaron la guarda judicial de la niña al matrimonio B-Z con base, principalmente, en los vínculos que había desarrollado M con el matrimonio de guarda con el Página 269 de 600

transcurrir del tiempo. Esto implicó que, pese a que el señor Fornerón es el padre biológico de la niña, -y así lo reconoció ante las autoridades desde poco después de su nacimiento-, no ha podido ejercer sus derechos ni cumplir con sus deberes de padre, ni M ha podido disfrutar de los derechos que le corresponden como niña respecto de su familia biológica. Adicionalmente, la ausencia de una decisión y establecimiento de un régimen de visitas ha impedido que padre e hija se conozcan y que se establezca un vínculo entre ambos, ello en los primeros 12 años de vida de la niña, etapa fundamental en su desarrollo. Consecuentemente, teniendo en cuenta los derechos e intereses en juego, el retraso en las decisiones iudiciales generó afectaciones significativas, irreversibles e irremediables a los derechos del señor Fornerón y de su hija. Corte IDH. Caso Furlan y familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246. Al respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en reiteradas oportunidades ha utilizado este criterio en el análisis de plazo razonable. En efecto, en el caso H. Vs. Reino Unido, dicho Tribunal hizo especial énfasis en la importancia de "lo que estaba en juego” para el accionante, y determinó que el resultado del procedimiento en cuestión tenía un carácter particular de irreversibilidad, por lo que en este tipo de casos las autoridades deben actuar con una diligencia excepcional. Asimismo, en el caso X. Vs. Francia, el Tribunal manifestó que las autoridades judiciales debían actuar de manera excepcionalmente diligente en un procedimiento en el que estaba involucrado una persona con SIDA, ya que lo que estaba en juego para el accionante era de crucial importancia, tomando en cuenta que sufría de una enfermedad incurable que reducía sus expectativas de vida. De igual forma, en los casos Codarcea Vs. Rumanía y Jablonska Vs. Polonia, el Tribunal Europeo consideró que la avanzada edad de los accionantes requería de una especial diligencia de las autoridades en la resolución del proceso. Por tanto, si las autoridades judiciales hubieran tenido en cuenta el estado de vulnerabilidad en que se encontraba Sebastián Furlan por las particularidades anteriormente descritas, hubiera sido evidente que el presente caso exigía por parte de las autoridades judiciales una mayor diligencia, pues de la brevedad del proceso dependía el objetivo primordial del proceso judicial, el cual era obtener una indemnización que podía estar destinada a cubrir las deudas que durante años la familia de Sebastián Furlan acumuló para efectos de su rehabilitación y para llevar a cabo terapias necesarias tendientes a atenuar los efectos negativos del paso del tiempo. Asimismo, la Corte observa que a pesar de la concordancia entre los dos peritajes médicos respecto a la necesidad de tratamiento urgente de Sebastián Furlan, el juez de la causa omitió adoptar medidas oportunas para garantizar un debido acceso a la rehabilitación. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte considera que se encuentra suficientemente probado que la prolongación del proceso en este caso incidió de manera relevante y cierta en la situación jurídica de la presunta víctima y su efecto tiene, hasta el día de hoy, un carácter irreversible, por cuanto al retrasarse la indemnización que necesitaba, tampoco pudo recibir los tratamientos que hubieran podido brindarle una mejor calidad de vida. Corte IDH. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297. La Corte observa que el proceso de extradición ha durado más de 6 años y medio y que durante este lapso, el señor Wong Ho Wing ha estado privado de su libertad (5 años y medio en un centro de detención y 1 año bajo arresto Página 270 de 600

domiciliario). Asimismo, debe mencionarse la situación de incertidumbre en que se ha mantenido a la presunta víctima en cuanto a su posible extradición a China. Aun así, a lo largo del procedimiento de extradición, el Estado ha otorgado poca o nula atención a la afectación que la demora en la decisión definitiva ocasionaba al señor Wong Ho Wing y no previó la posibilidad de moderar el impacto de la duración del proceso en sus derechos individuales sino hasta el 10 de marzo de 2014, cuando se le otorgó el arresto domiciliario. Al respecto, es necesario destacar que los procesos en los cuales una persona se encuentra detenida de manera cautelar se deben llevar a cabo con la mayor celeridad posible (infra párr. 268). No obstante, la Corte no encuentra que se haya dado esta consideración en la tramitación del presente proceso de extradición. Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298. En el presente caso, respecto al proceso penal, la Corte considera que si bien no existía una afectación en la situación jurídica de Talía, sí existía una afectación en su situación personal relativa a su salud, a su condición de niña y a la atención médica que requería, tomando en consideración las condiciones económicas en que vivía su familia y las dificultades derivadas de esto. Sin la sentencia penal que determinara responsabilidades por el contagio de Talía, no era posible establecer responsables para el pago de daños y perjuicios, situación que impactaba en la vida de Talía y mantenía la compleja situación económica de su familia (supra párr. 131). La Corte considera que en el presente caso existía una debida diligencia excepcional que era necesaria debido a la particular situación de vulnerabilidad en que se encontraba Talía, por lo que era imperante tomar las medidas pertinentes con el fin de evitar retrasos en la tramitación de los procesos, de manera que se garantizara la pronta resolución y ejecución de los mismos. Además, la Corte destaca que era necesario contar con una condena penal para poder acudir al ámbito civil, lo cual implicaba una obligación reforzada de actuar con debida diligencia dentro del proceso penal. Al respecto, este Tribunal ha establecido que es necesario actuar con especial celeridad cuando, por el propio diseño interno normativo, la posibilidad de activar una acción civil de daños y perjuicios depende del proceso penal. Por otra parte, el Tribunal Europeo ha indicado que se exige una diligencia especial en aquellos casos en los cuales está en juego la integridad de la persona. Asimismo, el Tribunal Europeo ha conocido casos en los cuales el debate de los procesos en curso se encontraba relacionado con la situación de una persona con VIH. En el caso X Vs. Francia, el Tribunal Europeo analizó el incumplimiento de las garantías judiciales tomando en cuenta que lo que estaba en juego en el proceso judicial era de crucial importancia para el peticionario, debido a la naturaleza de su enfermedad. El Tribunal indicó que en el referido caso era requerida una "diligencia excepcional", independientemente de la cantidad de casos pendientes . Asimismo, en el caso F.E. Vs. Francia, el Tribunal Europeo señaló que esta diligencia excepcional debía operar aun entendiendo cierto nivel de complejidad en este tipo de casos . Tomando en consideración i) que en el presente caso la integridad de Talía estaba en juego; ii) la consecuente urgencia derivada de su condición de niña con VIH, y iii) la crucial importancia en la resolución de los procesos para el acceso de Talía y su familia a una reparación por daños y perjuicios, la Corte concluye que existía una obligación especial de actuar con debida diligencia, y que esta obligación no fue cumplida por el Estado. Caso Página 271 de 600

Argüelles y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 288. Finalmente, con respecto al cuarto elemento, el cual se refiere a la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de las personas involucradas, la Corte ha dicho que para determinar la razonabilidad del plazo se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. Así, el Tribunal ha establecido que si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve . En el presente caso la Corte ya determinó que la prisión preventiva de los acusados excedió el plazo razonable (supra párr. 135). En relación a lo anterior, el Tribunal considera que efectivamente durante el período en que los acusados estuvieron detenidos preventivamente, era exigible del Estado una mayor diligencia en la investigación y tramitación del caso, de modo a no generar un perjuicio desproporcionado a su libertad. Corte IDH. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de octubre de 2016. Serie C No. 318. En el presente caso la Corte constata que la resolución del proceso penal en contra de los señores Raimundo Alves de Rocha, Antonio Alves Vieira y Joao Luiz Quagliato Neto, hubiera impactado en el otorgamiento de reparaciones a los trabajadores sometidos a condiciones de esclavitud en la Hacienda Brasil Verde. Como consecuencia de la falta de resolución de dicho proceso, el otorgamiento de reparaciones no ocurrió, ocasionándoles una afectación a los mencionados trabajadores quienes no recibieron ningún tipo de indemnización por las condiciones en las que habían sido mantenidos en la Hacienda Brasil Verde. Corte IDH. Caso Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2016. Serie C No. 316. En este caso, tiene especial relevancia el cuarto elemento. En ese sentido, durante todo el tiempo que duró el proceso, el señor Revelles se encontró detenido o bajo prisión preventiva; es decir, privado de libertad sin condena, lo que hacía exigible a las autoridades judiciales actuar con especial diligencia y premura. Asimismo, la Corte nota que el señor Revelles fue condenado a una pena de seis años de prisión. A partir de ello, el hecho de que el proceso durara más de cuatro años y que durante ese tiempo él estuviera privado preventivamente de la libertad, indica en este caso una prolongación excesiva del proceso, teniendo en cuenta la duración irrazonable de la prisión preventiva (supra párr. 198). Corte IDH. Caso Andrade Salmón Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de diciembre de 2016. Serie C No. 330. Finalmente, con respecto al cuarto elemento, la Corte ha dicho que para determinar la razonabilidad del plazo se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. Así, el Tribunal ha establecido que si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento se desarrolle con mayor prontitud a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve . En el presente caso, este Tribunal consideró que la prolongación del proceso en el caso "Gader" Página 272 de 600

constituyó un elemento consustancial a la afectación al derecho a la propiedad, y al derecho a la circulación de la señora Andrade, en tanto que las medidas cautelares no fueron objeto de revisiones periódicas que evaluaran su necesidad a la luz de la subsistencia de un peligro procesal (supra párrs. 135 y 150). Por tanto, tal y como fue concluido en capítulos anteriores, en este caso, la violación a ambos derechos se encuentra relacionada con la dilación desproporcionada en el tiempo de las medidas de fianza y de arraigo impuestas, las cuales a su vez estuvieron vinculadas a la duración misma del proceso y a la falta de revisión periódica de la necesidad de las medidas cautelares. Análisis global del procedimiento. Corte IDH. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30. Adicionalmente al estudio de las eventuales demoras en las diversas etapas del proceso, la Corte Europea ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo en el conjunto de su trámite lo que llama "análisis global del procedimiento" (Motta, supra 77, párr. 24; Eur. Court H.R., Vernillo judgment of 20 February 1991, Series A no. 198 y Eur. Court H.R., Unión Alimentaria Sanders S.A. judgment of 7 July 1989, Series A, no. 157). Aún cuando se excluyan la investigación policial y el plazo que empleó la Procuraduría General de la República de Nicaragua para formular acusación ante el juez de primera instancia, es decir, realizando el cómputo a partir del 23 de julio de 1991, fecha en que ese juez dictó el auto de apertura del proceso, hasta la actualidad en que todavía no se ha pronunciado sentencia firme, han transcurrido más de cinco años en este proceso, lapso que esta Corte considera que rebasa los límites de la razonabilidad prevista por el artículo 8.1 de la Convención. Corte IDH. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35. El principio de "plazo razonable" al que hacen referencia los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente. En el presente caso, el primer acto del procedimiento lo constituye la aprehensión del señor Suárez Rosero el 23 de junio de 1992 y, por lo tanto, a partir de ese momento debe comenzar a apreciarse el plazo. Considera la Corte que el proceso termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el asunto, con lo cual se agota la jurisdicción (cf. Cour eur. D.H., arrét Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, párr. 29) y que, particularmente en materia penal, dicho plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse. Con base en la prueba que consta en el expediente ante la Corte, ésta estima que la fecha de conclusión del proceso contra el señor Suárez Rosero en la jurisdicción ecuatoriana fue el 9 de septiembre de 1996, cuando el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito dictó sentencia condenatoria. Si bien en la audiencia pública el señor Suárez Rosero mencionó la interposición de un recurso contra dicha sentencia, no fue demostrada esa afirmación. En el mismo sentido: Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 142; Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 189; Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 169; Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129204, párr. 104; Página 273 de 600

Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 130; Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 150; Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 195; Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179, párr. 56; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 148; Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 105; Caso Kalle Jaramillo y otros Ks. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 154; Caso De la Masacre de las Dos Erres Ks. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 132; Caso Masacres de Río Negro Ks. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012 Serie C No. 250, párr. 229; Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) Ks. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012 Serie C No. 253, párr. 261; Caso García y Familiares Ks. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 noviembre de 2012 Serie C No. 258, párr. 152; Caso Mémoli Ks. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 265, párr. 171; Caso Argüelles y otros Ks. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 288, párr.188. Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114. La razonabilidad del plazo al que se refiere ese precepto se debe apreciar en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva. La Corte se pronunció en el sentido de que, en materia penal, el plazo comienza en la fecha de la aprehensión del individuo. Cuando no es aplicable esta medida, pero se halla en marcha un proceso penal, dicho plazo debiera contarse a partir del momento en que la autoridad judicial toma conocimiento del caso. La aprehensión del señor Daniel Tibi ocurrió el 27 de septiembre de 1995. Por lo tanto, se debe apreciar el plazo a partir de ese momento. Asimismo, este Tribunal ha establecido que para determinar la razonabilidad del plazo se debe tomar en cuenta que el proceso concluye cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el asunto, con lo cual se agota la jurisdicción, y que, particularmente en materia penal, dicho plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse. Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124. Desde que Suriname reconoció la competencia de la Corte el 12 de noviembre de 1987, han pasado casi 18 años y el Estado no ha realizado una investigación seria y efectiva de estos hechos que pueda haber conducido a un enjuiciamiento de los responsables del ataque a la aldea de Moiwana (supra párr. 86.33). El Tribunal considera que una demora tan prolongada constituye per se una violación de las garantías judiciales, que difícilmente podría ser justificada por el Estado, sin perjuicio de lo cual el Tribunal considerará si la demora se Página 274 de 600

debió a la complejidad del caso o a la conducta de las partes. Corte IDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137. En cuanto al análisis del plazo razonable en el primer proceso seguido en contra del señor Urcesino Ramírez Rojas, este Tribunal observa que transcurrieron más de 38 meses desde que la presunta víctima fuera detenida (supra párr. 97.70) hasta que fuera condenada en primera instancia (supra párr. 97.83), más de 48 meses desde la deteñcióñ hasta la coñfirmacióñ de la sentencia en segunda instancia (supra párr. 97.85) y más de 8 años en total desde la deteñcióñ hasta la desestimación del recurso de revisión interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia (supra párr. 97.86). A raíz del reconocimiento de estos hechos realizado por el Estado, el Tribunal considera que dicha demora constituyó per se una violación del derecho del señor Urcesino Ramírez Rojas a ser oída dentro un plazo razonable consagrado en el artículo 8.1 de la Convención. Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141. El plazo razonable al que se refiere el artículo 8.1 de la Coñveñcióñ se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento penal que se desarrolla en contra de cierto imputado, hasta que se dicta sentencia definitiva. En materia penal este plazo comienza cuando se presenta el primer acto de procedimiento dirigido en contra de determinada persona como probable responsable de cierto delito. En el mismo sentido: Caso Baldeón García Ks. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie CNo. 147, párr. 150. En el presente caso el primer acto de procedimiento se dio con la aprehensión del señor Alfredo López Álvarez ocurrida el 27 de abril de 1997, fecha a partir de la cual se debe apreciar el plazo, aún cuando en este punto se trate del plazo para la realización del proceso, no para la duración de la detención, en virtud de que aquella fue la primera diligencia de que se tiene noticia en el conjunto de los actos del procedimiento penal correspondiente al señor López Álvarez. Para determinar si el plazo fue razonable es preciso tomar en cuenta que el proceso concluye cuando se dicta sentencia firme; en este momento concluye el ejercicio de la jurisdicción de conocimiento. En materia penal el plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran presentarse. Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149. El artículo 8.1 de la Convención establece como uno de los elementos del debido proceso que los tribunales decidan los casos sometidos a su conocimiento en un plazo razonable. La razonabilidad del plazo se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento penal. En materia penal este plazo comienza cuando se presenta el primer acto de procedimiento dirigido en contra de determinada persona como probable responsable de cierto delito y termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme. Corte IDH. Caso Furlan y familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246. Respecto a la etapa de ejecución de las providencias judiciales, este Tribunal ha reconocido que la falta de ejecución de las sentencias tiene "vinculación directa con la tutela judicial efectiva para la ejecución de los fallos internos", por lo que ha realizado su análisis a la luz del artículo 25 de la Convención Americana. Sin embargo, la Corte considera que el análisis de la etapa de ejecución de las sentencias también puede abordarse para contabilizar el término de duración de un proceso, con el fin de determinar su incidencia en la prolongación del plazo Página 275 de 600

razonable de un proceso. En efecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado en reiteradas oportunidades que "los procedimientos de ejecución deben ser considerados como una segunda etapa de los procedimientos". En ese orden de ideas, en el caso Silva e Pontes Vs. Portugal, dicho Tribunal estableció que las garantías establecidas en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos aplican tanto a la primera etapa de los procedimientos como a la segunda. Asimismo, en el caso Robins Vs. Reino Unido, ese Tribunal concluyó que todas las etapas de los procedimientos para determinar derechos y obligaciones civiles, "sin excluir etapas subsiguientes a la sentencia de fondo", deben resolverse en un plazo razonable. Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, la Corte considera que el objetivo primordial para el cual la presunta víctima interpuso la demanda en el fuero civil, era obtener la indemnización por daños y perjuicios y, por lo tanto, para efectos de un análisis del plazo razonable, no puede considerarse culminado dicho proceso hasta tanto dicho fin no se materializara. En ese orden de ideas, esta Corte considera que el lapso correspondiente a la etapa de ejecución de la sentencia judicial con el fin de realizar efectivamente el cobro de la indemnización, en el presente caso, hace parte del proceso y debe tomarse en cuenta para analizar el plazo razonable. Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277. Además, hubo otros lapsos prolongados de ausencia de actividad. Así, de los hechos se desprende que no hubo actividad de investigación sustantiva entre el 21 de julio de 2003 y el 19 de mayo de 2004, entre septiembre de 2004 y junio de 2005, entre febrero de 2007 y julio de 2009, y entre ese mes y diciembre de 2010. Asimismo, no ha sido allegada al Tribunal información sobre actuaciones de investigación efectuadas durante el año 2013. Es claro en el caso que, siendo el de investigar un deber de oficio que debe ser conducido por las autoridades estatales, la inactividad durante los lapsos mencionados responden a la conducta de aquéllas. En consecuencia, para la Corte no es necesario realizar el análisis de los criterios mencionados dado que es evidente que el tiempo transcurrido es atribuible a la conducta estatal, y sobrepasa excesivamente el plazo que pudiera considerarse razonable para que el Estado investigara los hechos del presente caso. Por lo tanto, los más de doce años que ha tomado la investigación excede los límites de la razonabilidad , máxime siendo que en la actualidad el caso se encuentra aún en la etapa preparatoria o de investigación . Esta falta de investigación durante tan largo período configura una flagrante denegación de justicia y una violación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Corte IDH. Caso Tarazona Arrieta y otros Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de octubre de 2014. Serie C No. 286. Este Tribunal ha señalado que el "plazo razonable” al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento que se desarrolla hasta que se dicta la sentencia definitiva. Además, en este caso, el lapso correspondiente a la etapa de ejecución de la sentencia judicial con el fin de realizar efectivamente el cobro de la indemnización debe también tomarse en cuenta para analizar el plazo razonable puesto que la reparación civil surge como parte del proceso penal al cual fue sometido el autor de los hechos. En el presente caso, la Corte constata que la duración total del procedimiento penal seguido en contra de Evangelista Pinedo fue de aproximadamente 16 años Página 276 de 600

y 2 meses, computado entre el primer acto de procedimiento, el 2 de noviembre de 1994, y la ejecución de la sentencia condenatoria en firme el 6 de enero de 2011. Este Tribunal constata que durante este período, el proceso penal estuvo archivado por más de 7 años y 4 meses, entre el 11 de septiembre de 1995 y 21 de enero de 2003. Si bien es cierto que en términos generales la Corte debe considerar la duración global de un proceso a efectos de analizar su plazo razonable, en ciertas situaciones particulares puede ser pertinente una valoración específica de sus distintas etapas. En este caso, para los efectos del análisis del plazo razonable se pueden distinguir diferentes fases del procedimiento, los cuales corresponden a períodos diferenciados en el desarrollo del proceso seguido en contra de Evangelista Pinedo. En conclusión, la Corte considera que, respecto del primer período que transcurrió entre la instrucción penal y el archivamiento del caso, el Estado no ha violado el plazo razonable con referencia al análisis de los elementos anteriormente realizado. En relación con el segundo período que transcurrió durante el archivo del caso, este Tribunal establece que el Estado ha violado el plazo razonable, incluyendo el período que transcurrió entre la solicitud de "desarchivamiento” y la reapertura del caso. Durante este período, se liberó al entonces presunto responsable de los hechos y no se efectuó ninguna diligencia en razón de que el caso estuvo archivado por más de siete años en aplicación de la Ley de Amnistía, la cual posteriormente fue dejada sin efecto por el tribunal interno. Finalmente, respecto del tercer período que transcurrió entre la reapertura del caso y el pago por el Estado de las reparaciones en ejecución de la sentencia condenatoria, la Corte establece que en este período de 8 años aproximadamente, en que además fueron otorgadas varias ampliaciones de plazos procesales, las actuaciones de las autoridades superaron los límites del plazo razonable, por lo que el Estado ha violado dicho principio respecto de este período. Por tanto, el Tribunal encuentra que se violó el principio del plazo razonable del proceso penal interno seguido en contra de Antonio Mauricio Evangelista Pinedo, contenido en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Luis Bejarano Laura, Víctor Tarazona Hinostroza, Lucila Arrieta Bellena, Santiago Pérez Vera y Nieves Emigdia Chávez Rojas. Corte IDH. Caso Tenorio Roca y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2016. Serie C No. 314. En cuanto al alegato del Estado que procura que el análisis del plazo razonable sea realizado a partir del año 2006, la Corte considera que en el presente caso corresponde hacer un análisis global de los diversos procesos para los efectos del análisis del plazo razonable, teniendo en cuenta que la terminación de los procesos ordinarios de los años 80 fue irregular en cuanto a que el fuero militar se avocó a su conocimiento en contravención de la Convención Americana. Asimismo, se aplicó la ley de amnistía que también fue declarada incompatible con la Convención Americana, de modo tal que por 8 años no se llevó a cabo ningún tipo de investigación por los hechos relativos a la desaparición del señor Tenorio Roca. Ahora bien, aunque la investigación en curso que fue iniciada en el año 2003 fue declarada compleja (supra párr. 111), la Corte considera que ha existido una prolongación excesiva de la etapa de instrucción, sin que se hubieran requerido todas las diligencias conducentes para la averiguación de los hechos, determinación del paradero de la víctima e identificación de los responsables en los términos expuestos supra. En suma, la Corte advierte que, habiendo transcurrido más de 32 años de iniciada la Página 277 de 600

ejecución de los hechos y 13 años de iniciada la última investigación en el fuero ordinario, el proceso penal continúa en sus primeras etapas, sin que se haya individualizado, procesado y, eventualmente, sancionado a todos los posibles responsables, lo cual ha sobrepasado excesivamente el plazo que puede considerarse razonable para estos efectos. En razón de lo anterior, la Corte considera que el Estado no ha llevado a cabo investigaciones serias, diligentes y exhaustivas, en un plazo razonable, de los hechos concernientes a la desaparición forzada de Rigoberto Tenorio Roca, en violación del artículo 8.1 de la Convención Americana y I.b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Corte IDH. Caso Andrade Salmón Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de diciembre de 2016. Serie C No. 330. Si bien el principio de igualdad requiere que el tiempo razonable del proceso y de la consiguiente limitación de derechos en función de medidas cautelares sean de pareja exigencia por parte de cualquier persona, deben cuidarse especialmente los casos que involucran a funcionarios públicos. La sana lucha contra la corrupción y la deseable persecución de los delitos contra la administración pública, no es admisible que se perviertan desviándose en un recurso lesivo a la democracia, mediante el sometimiento a una indefinida situación procesal incierta a personas políticamente activas, con el resultado de excluirlas de la lucha política democrática. El propio objetivo de combatir la corrupción, ante situaciones susceptibles de convertir el celo por la transparencia en el manejo de la cosa pública en un instrumento antidemocrático, exige que se extreme el cuidado e inclusive se abrevie el término que usualmente se considera tiempo razonable del proceso, en defensa de la salud democrática de todo Estado de Derecho. Derecho a una resolución motivada. Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127. Las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos, tal como el derecho a la participación política, deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En el mismo sentido: Caso Palamara Iribarne Ks. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 216; Caso Claude Reyes y otros Ks. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párrs.120 y 143; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Ks. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107; Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie CNo. 182; párr. 78; Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr. 118; Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011 Serie C No. 233, párr. 141; Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 224. Las decisiones que el Consejo Supremo Electoral emitió en materia electoral y que implicaban una afectación de los derechos políticos de las personas propuestas por YATAMA como candidatos para participar en las elecciones municipales de noviembre de 2000, debían estar debidamente fundamentadas, lo que implicaba señalar las normas en las que se fundamentaban los requisitos que estaba Página 278 de 600

incumpliendo YATAMA, los hechos en que consistía el incumplimiento y las consecuencias de ello. El cumplimiento de la garantía de la fundamentación de las decisiones adoptadas en el proceso electoral de noviembre de 2000 era especialmente importante, tomando en cuenta que la Ley Electoral No. 331 que regía dicho proceso entró en vigencia aproximadamente 9 meses antes del día estipulado para la celebración de las elecciones, es decir, se trataba del primer proceso electoral que se realizaba bajo la vigencia de esa ley, la cual consagraba importantes modificaciones respecto de la ley anterior, tales como la eliminación de la figura de la asociación de suscripción popular y la nueva exigencia de que sólo se puede participar como candidato a través de un partido político (supra párr. 124.20). El Tribunal considera que al excluir a las presuntas víctimas de participar en las elecciones municipales de 2000, el Consejo Supremo Electoral no respetó la garantía prevista en el artículo 84 de la Ley Electoral No. 331, que dispone: [c]uando el Consejo Supremo Electoral de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, deniegue una solicitud o rechace a un candidato por no llenar los requisitos de Ley, lo notificará al partido político o alianza de partidos dentro de los tres días siguientes a la resolución, para proceder a subsanar los defectos o a sustituir los candidatos. A partir de las anteriores consideraciones, la Corte concluye que las decisiones adoptadas por el Consejo Supremo Electoral que afectaron la participación política de los candidatos propuestos por YATAMA para las elecciones municipales de noviembre de 2000 no se encontraban debidamente fundamentadas ni se ajustaron a los parámetros consagrados en el artículo 8.1 de la Convención Americana, por lo que el Estado violó el derecho a las garantías judiciales consagrado en dicho artículo, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de los referidos candidatos. Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170. El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad. Para determinar lo anterior, es necesario analizar si las actuaciones judiciales garantizaron no solamente la posibilidad formal de interponer alegatos sino la forma en que, sustantivamente, el derecho de defensa se manifestó como verdadera salvaguarda de los derechos del procesado, de tal suerte que implicara una respuesta motivada y oportuna por parte de las autoridades en relación con los descargos. Al respecto, el Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. La motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. En este entendido, la Corte reseña los argumentos ofrecidos por las víctimas para conseguir su libertad y la respuesta que obtuvieron de las autoridades competentes. Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182. La Corte ha señalado que la motivación "es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión". El deber de Página 279 de 600

motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. En el mismo sentido: Caso Tristán Donoso Ks. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr.152. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las "debidas garantías" incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso. En el mismo sentido: Caso Tristán Donoso Ks. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr.153; Caso Escher y otros Ks. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, párr. 208; Caso Chocrón Chocrón Ks. Kenezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr. 118; Caso López Mendoza Ks. Kenezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011 Serie C No. 233, párr. 141; Caso Suárez Peralta Ks. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de mayo de 2013. Serie C No. 261, párr. 109; Caso J. Ks. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 224. En tercer lugar, teniendo en cuenta que el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión, y que corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha, la Corte estima que la CFRSJ debía responder autónomamente, y no por remisión a la decisión de la SPA, al menos los principales alegatos de los magistrados Apitz, Rocha y Ruggeri, a saber: 1) la alegada falta de efectos constitutivos de la medida cautelar revisada por la SPA en el marco del proceso de avocamiento, y 2) que la decisión de la Corte Primera supuestamente desarrollaba una interpretación jurídica plausible sobre los alcances del amparo cautelar. Respecto a este último alegato, la Corte considera que la motivación debía operar como una garantía que permitiera distinguir entre una "diferencia razonable de interpretaciones jurídicas" y un "error judicial inexcusable" que compromete la idoneidad del juez para ejercer su función, de tal forma que no se sancione a los jueces por adoptar posiciones jurídicas debidamente fundamentadas aunque divergentes frente a aquellas sustentadas por instancias de revisión. En el mismo sentido: Caso Tristán Donoso Ks. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193, párr. 154; Caso López Mendoza Ks. Kenezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011 Serie C No. 233, párr.146. Al no haber ocurrido lo anterior, la situación real fue que el proceso disciplinario terminó siendo de mero trámite. Por consiguiente, la Corte considera que el Estado incumplió con su deber de Página 280 de 600

motivar la sanción de destitución, violando con ello las "debidas garantías" ordenadas en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los señores Apitz, Rocha y Ruggeri. Corte IDH. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200. En ocasiones anteriores, al analizar las garantías judiciales, el Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente motivadas y fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. Las decisiones deben exponer, a través de una argumentación racional, los motivos en los cuales se fundan, teniendo en cuenta los alegatos y el acervo probatorio aportado a los autos. El deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento señalado en las peticiones, sino puede variar según la naturaleza de la decisión. Corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha. En los procedimientos cuya naturaleza jurídica exija que la decisión sea emitida sin audiencia de la otra parte, la motivación y fundamentación deben demostrar que han sido ponderados todos los requisitos legales y demás elementos que justifican la concesión o la negativa de la medida. De ese modo, el libre convencimiento del juez debe ser ejercido respetándose las garantías adecuadas y efectivas contra posibles ilegalidades y arbitrariedades en el procedimiento en cuestión. Corte IDH. Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227. Sobre este deber de motivar las decisiones que afectan la estabilidad de los jueces en su cargo, la Corte reitera su jurisprudencia en el sentido que la motivación "es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”209. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. Por tanto, las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las "debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso. En el mismo sentido: Caso Maldonado Ordoñez Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de mayo de 2016. Serie C No. 311, párr.87. Teniendo en cuenta estos alcances del deber de motivar tanto en el derecho internacional como en el derecho interno, así como las garantías de independencia judicial que deben operar para sañcioña^ o remover a un juez (supra párrs. 98 a 100), el Tribunal considera que la facultad de dejar sin efecto el nombramiento de jueces con base en "observaciones" debe encontrarse mínimamente justificada y regulada, por lo menos en cuanto a la precisión de los hechos que sustentan dichas observaciones y a que la Página 281 de 600

motivación respectiva no sea de naturaleza disciplinaria o sancionatoria. Debido a que si efectivamente se tratase de una sanción disciplinaria, además de que ello implicaría la competencia de la Comisión de Fuñcioñamieñto y Reestructuración (supra párr. 59), la exigencia de motivación sería aún mayor, ya que el control disciplinario tiene como objeto valorar la conducta, idoneidad y desempeño del juez como funcionario público y, por ende, correspondería analizar la gravedad de la conducta y la proporcionalidad de la sanción. En el ámbito disciplinario es imprescindible la indicación precisa de aquello que constituye una falta y el desarrollo de argumentos que permitan concluir que las observaciones tienen la suficiente entidad para justificar que un juez no permanezca en el cargo. En el presente caso, aún cuando la Corte no pudo concluir que el acto que dejó sin efecto el nombramiento de la señora Chocrón Chocrón tuviera naturaleza sañcioñatoria (supra párr. 116), el Tribunal considera que la discrecionalidad no fundamentada transformó el acto administrativo de remoción en un acto arbitrario que, al afectar indebidamente su derecho a la estabilidad en el cargo, vulneró el deber de motivación. Corte IDH. Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011. Serie C No. 233. Si bien el Estado alegó "el alto grado de afectación que [la] conducta [del señor López Mendoza] tuvo en los valores de la ética pública y la moral administrativa, así como las nefastas repercusiones que su conducta como fuñcioñario público tuvo en la colectividad" (supra párr. 103), la Corte observa que las decisiones interaas no plasmaron con suficiente precisión este tipo de aspectos. El Tribunal considera que dados los alcances de la restricción al sufragio pasivo implicados en una inhabilitación para ser candidato, el Contralor tenía un deber de motivación explícita de la decisión, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. El Contralor tenía que desarrollar razones y fundamentos específicos sobre la gravedad y entidad de la falta supuestamente cometida por el señor López Mendoza y sobre la proporcionalidad de la sanción adoptada. Además, la Corte considera que una motivación adecuada para la imposición de la inhabilitación permite verificar que el Contralor ha realizado una evaluación concreta y autónoma, sin remisión a lo determinado por la Dirección de Determinación de Responsabilidades, respecto a los alegatos y evidencia que dieron origen a la declaración de responsabilidad. Sin una motivación adecuada y autónoma, la sanción de inhabilitación para postularse a un cargo de elección popular opera en forma casi automática, a través de un incidente procesal que termina siendo de mero trámite. Finalmente, la Corte ya ha señalado que el señor López Mendoza tuvo oportunidad de controvertir las consideraciones del Contralor a través de recursos posteriores en los que se rechazaban los argumentos sobre la entidad de las fallas administrativas y la gravedad de las irregularidades cometidas (supra párr. 118). Sin embargo, el Tribunal considera que los problemas en la motivación al imponer la sanción de inhabilitación tuvieron un impacto negativo en el ejercicio del derecho a la defensa. La falta de motivación impedía un reexamen a profundidad sobre la argumentación o evidencia directamente relacionada con la imposición de una restricción al sufragio pasivo que, como es evidente y este caso lo demuestra, pueden ser notablemente más gravosas que la sanción principal. En este punto, el Tribunal reitera que la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la Página 282 de 600

resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. En consecuencia, el Estado es responsable por la violación del deber de motivación y el derecho a la defensa en los procedimientos administrativos que derivaron en la imposición de las sanciones de inhabilitación, establecidos en el artículo 8.1, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor López Mendoza. Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 302. Por otra parte, respecto a la precisión de las conductas sancionables, este Tribunal hace notar que las presuntas víctimas fueron sancionadas disciplinariamente por una multiplicidad de normas. La Corte recuerda que las presuntas víctimas fueron inicialmente destituidas mediante acuerdos del pleno de la Corte Suprema de Justicia (supra párrs. 95, 115, 132 y 145). Al respecto, este Tribunal constata que en cada uno de los acuerdos se hace una breve exposición de los hechos o conductas que se están sancionando, para luego realizar una enumeración de las normas supuestamente incumplidas, sin adecuadamente explicar la relación entre los hechos y las normas señaladas (supra párrs. 95, 115, 132 y 145). La Corte advierte que la mera enumeración de las normas que podrían resultar aplicables a los hechos o conductas sancionadas no satisface los requisitos de una adecuada motivación. Tratándose de sanciones disciplinarias impuestas a jueces y juezas la exigencia de motivación es aún mayor que en otros procesos disciplinarios, ya que el control disciplinario tiene como objeto valorar la conducta, idoneidad y desempeño del juez como funcionario público y, por ende, correspondería analizar la gravedad de la conducta y la proporcionalidad de la sanción. En el ámbito disciplinario es imprescindible la indicación precisa de aquello que constituye una falta y el desarrollo de argumentos que permitan concluir que las conductas reprochadas tienen la suficiente entidad para justificar que un juez no permanezca en el cargo. Caso García Ibarra y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2015. Serie C No. 306. Para este Tribunal, una exposición clara de una decisión constituye parte esencial de una correcta motivación de una resolución judicial, entendida como "la justificación razonada que permite llegar a una conclusión". En este sentido, la Corte ha considerado que el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática . Por ello, las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias . En este sentido, la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión . Además, debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Por todo ello, el deber de motivación es una de las "debidas garantías" incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso , no sólo del imputado sino, en casos como el presente, también de los familiares de la presunta víctima en relación con sus derechos de acceso a la justicia y a conocer la verdad, en relación con el artículo 25 de la Convención. En este caso en particular, la determinación efectiva de los hechos en la vía penal debía constituir la explicación suficiente y satisfactoria sobre la privación de la Página 283 de 600

vida de la presunta víctima por parte de un agente policial, así como satisfacer ese derecho de acceso a la justicia y de conocer la verdad. No obstante, dada la forma irregular y "sui generis" en que fue resuelto, no ha sido establecido que el proceso penal, en tanto respuesta investigativa y judicial del Estado, constituyera un medio adecuado para permitir una búsqueda genuina de la verdad de lo sucedido mediante una evaluación adecuada de las dos hipótesis consideradas sobre el modo y circunstancias en que José Luis García Ibarra fue privado de su vida por un agente policial que utilizó su arma de dotación oficial en su perjuicio. Tal actuación irregular no fue, en definitiva, corregida o subsanada posteriormente por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia al resolver el recurso de casación, a pesar de haber encontrado varias "irregularidades" en el proceso, a saber: calificó la sentencia del tribunal penal como "sui generis con tres criterios distintos"; señaló que el vocal "no podía pronunciarse en el sentido que lo hace sobre la incompetencia" del tribunal; y consideró que la decisión sobre el recurso de nulidad de "confirmar la sentencia" de la Corte Superior de Esmeraldas se pronunció "con retardo injustificado" y "no correspondió a "un pronunciamiento sobre la validez procesal". En atención a tales irregularidades, la Corte Suprema dispuso "oficiar al Consejo Nacional de la Judicatura para que examinara las actuaciones de los miembros" del tribunal penal y de la Corte Superior en la vía disciplinaria. El Estado sostuvo al respecto que "si en el proceso habrían existido irregularidades, las mismas que fueron conocidas por el Consejo Nacional de la Judicatura". No obstante, tal control disciplinario no ocurrió en este caso, pues no fue probado por el Estado que los miembros de esos tribunales fueran procesados o sancionados por sus actuaciones en el proceso penal seguido en relación con este caso (supra párrs. 88 y 89). Esa sentencia de la Corte Suprema tiene carácter de última instancia, por lo que quedó cerrada a nivel interno, en definitiva, la posibilidad concreta de subsanar las "irregularidades" detectadas en la decisión y de hacer efectiva la explicación debida por el Estado sobre los hechos. En consecuencia, la Corte considera que la respuesta investigativa y judicial del Estado, especificada en las actuaciones de las autoridades judiciales en el marco del referido proceso penal, no constituyó una explicación satisfactoria, suficiente y efectiva para establecer la verdad sobre las circunstancias de la privación de la vida de José Luis García Ibarra, la cual ya fue considerada como arbitraria en los términos del artículo 4.1 de la Convención. En este sentido, tales actuaciones tampoco satisfacen las obligaciones del Estado de garantizar los derechos de sus familiares de acceso a la justicia y a conocer la verdad sobre los hechos. Por último, no fue demostrado que el proceso penal fuera en sí mismo una vía adecuada, o abriera la vía, para una reparación. Corte IDH. Caso Flor Freire Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2016. Serie C No. 315. La motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión . El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada a la recta administración de justicia, que le garantiza a los ciudadanos el derecho a ser juzgados por las razones que el derecho otorga, a la vez que brinda credibilidad a las decisiones judiciales en una sociedad democrática . En virtud de lo cual las decisiones que adopten los órganos internos de los Estados que puedan afectar derechos humanos deben de estar motivadas, de lo contrario serían decisiones arbitrarias . La motivación de un fallo y de ciertos actos administrativos debe permitir conocer cuáles son los hechos, motivos y Página 284 de 600

normas en las que se basó el órgano que lo dictó para tomar su decisión de modo que se pueda desechar cualquier indicio de arbitrariedad, a la vez que les demuestra a las partes que estas han sido oídas en el marco del proceso . Además, debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado . Por todo lo anterior, la Corte ha concluido que el deber de motivación es una de las "debidas garantías" incluidas en el artículo 8.1 del debido proceso . Tratándose de sanciones disciplinarias la exigencia de motivación es mayor que la de cualquier acto administrativo, debido al objeto de un control disciplinario (supra párr. 150) y, por ende, correspondería analizar la gravedad de la conducta y la proporcionalidad de la sanción . En el ámbito disciplinario es imprescindible la indicación precisa de aquello que constituye una falta y el desarrollo de argumentos que permitan concluir que las conductas reprochadas tienen la suficiente entidad para justificar que la persona no permanezca en el cargo . De otra parte, al tratarse de supuestas faltas disciplinarias las razones por las cuales se infringe la norma o normas en cuestión debe reflejarse de manera expresa, precisa, clara y sin ambigüedades, de forma tal que permita a la persona ejercer plenamente su derecho a la defensa , al momento de recurrir dicha decisión. Este Tribunal resalta que la carencia de una adecuada motivación de las decisiones disciplinarias puede tener un efecto directo en la capacidad de las víctimas de ejercer una defensa adecuada en los recursos posteriores. Ahora bien, la Corte considera que, a efectos de las garantías establecidas en el artículo 8.1 de la Convención, los procesos deben ser examinados como un todo, es decir, realizándose un análisis de todas sus etapas y no mediante una evaluación aislada de una fase defectuosa, salvo que sus efectos permeen todo el proceso y no hubieren sido subsanadas en una etapa posterior. Asimismo, esta Corte ha reconocido que el alcance de las garantías establecidas en el artículo 8.1 de la Convención, tales como el deber de motivación, dependerá de la naturaleza de los procesos y materias sobre las cuales se pronuncian. El deber de motivación no exige una respuesta detallada a todos y cada uno de los argumentos de las partes , sino una respuesta a los argumentos principales y esenciales al objeto de la controversia que permitan garantizar a las partes que han sido oídas en el marco del proceso. Corte IDH. Caso Zegarra Marín Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de febrero de 2017. Serie C No. 331. La Corte subraya la relevancia de la motivación, a fin de garantizar el principio de presunción de inocencia, principalmente en una sentencia condenatoria, la cual debe expresar la suficiencia de prueba de cargo para confirmar la hipótesis acusatoria; la observancia de las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba, incluidas aquellas que pudieran generar duda de la responsabilidad penal; y el juicio final que deriva de esta valoración. En su caso, debe reflejar las razones por las que fue posible obtener convicción sobre la imputación y la responsabilidad penal, así como la apreciación de las pruebas para desvirtuar cualquier hipótesis de inocencia, y solo así poder confirmar o refutar la hipótesis acusatoria. Lo anterior, permitiría desvirtuar la presunción de inocencia y determinar la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable. Ante la duda, la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo, operan como criterio decisorio al momento de emitir el fallo . Asimismo, la Corte ha resaltado la necesidad de que "el fallo de condena proporcione una fundamentación clara, completa y lógica en la cual, además de realizar una Página 285 de 600

descripción del contenido de los medios de prueba, exponga su apreciación de los mismos y se indiquen las razones por las cuales los mismos le resultaron, o no, confiables e idóneos para acreditar los elementos de la responsabilidad penal y, por lo tanto, desvirtuar la presunción de inocencia”. De la sentencia no se desprenden las razones por las cuales los jueces consideraron que los hechos atribuidos al señor Zegarra Marín se subsumían en las normas penales. En este sentido, del fallo no se derivan las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la comisión de cada uno de dichos delitos, ni se reflejan las razones de derecho que habrían sustentado la calificación jurídica de los mismos y si, en su caso, habría alguna evidencia que pudiera desvirtuar dicha calificación . En suma, no se desprende motivación alguna respecto de las consideraciones jurídicas sobre la tipicidad, su relación con las pruebas y su apreciación . En tercer lugar, respecto de la relevancia de la motivación con la posibilidad de recurrir el fallo, la Corte ya ha señalado que "la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa” 213, demuestra a las partes que éstas han sido oídas, y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores . La Corte estima que la omisión en la motivación del fallo tuvo un impacto directo en el ejercicio de los derechos a la defensa y a recurrir el fallo, ya que dificultó realizar un análisis a profundidad sobre la argumentación o evidencias directamente relacionadas con la acreditación del delito y la supuesta responsabilidad penal del señor Zegarra Marín. En vista de todo lo anterior, la Corte concluye que, para efectos del presente caso, el Estado violó el principio de presunción de inocencia del señor Zegarra Marín y no garantizó la motivación del fallo. En particular, se invirtió la carga probatoria, las declaraciones de los coimputados no fueron corroboradas ni analizadas con la prueba en su conjunto, a fin de determinar la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable, lo cual además quedó evidenciado con la falta de motivación de la decisión judicial, vulnerando la obtención de una fallo debidamente razonado, el cual garantizara la posibilidad de su impugnación. Por tanto, el Estado es internacionalmente responsable de la violación de los artículos 8.1 y 8.2 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Zegarra Marín. Previsibilidad de la sanción. Corte IDH. Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011. Serie C No. 233. La Corte considera que en el marco de las debidas garantías establecidas en el artículo 8.1 de la Convención Americana se debe salvaguardar la seguridad jurídica sobre el momento en el que se puede imponer una sanción. Al respecto, la Corte Europea ha establecido que la norma respectiva debe ser: i) adecuadamente accesible, ii) suficientemente precisa, y iii) previsible. Respecto a este último aspecto, la Corte Europea utiliza el denominado "test de previsibilidad”, el cual tiene en cuenta tres criterios para determinar si una norma es lo suficientemente previsible, a saber: i) el contexto de la norma bajo análisis; ii) el ámbito de aplicación para el que fue creado la norma, y iii) el estatus de las personas a quien está dirigida la norma. Sobre el particular, la Corte considera que los problemas de indeterminación no generan, per se, una violación de la Convención, es decir, que el hecho de que una norma conceda algún tipo de discrecionalidad no es incompatible con el grado de previsibilidad que debe ostentar la norma, siempre y cuando el alcance de la discrecionalidad y la manera en que se debe ejercer sea indicado con suficiente claridad con Página 286 de 600

el fin de brindar una adecuada protección para que una interferencia arbitraria no se produzca. La Corte constata que existen criterios que el Contralor General debe seguir para tomar la decisión de imponer cualquiera de las tres sanciones que consagra el artículo 105 de la LOCGRSNCF (supra párr. 33), y que existen parámetros a la discrecionalidad que le concede dicha norma al Contralor. Respecto a lo alegado por las partes sobre la inexistencia de una norma que establezca el término temporal con el que cuenta el Contralor para imponer las sanciones accesorias una vez se haya declarado la responsabilidad administrativa de un funcionario público e impuesto la correspondiente multa, la Corte observa que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, tomando en cuenta la norma general sobre prescripción de las acciones administrativas sancionatorias (establecida en la LOCGRSNCF), en jurisprudencia posterior a los hechos del presente caso, ha señalado un plazo máximo de cinco años para que pueda ser adoptada la sanción de inhabilitación [_] En el presente caso la imposición de la inhabilitación al señor López Mendoza por los hechos relacionados con PDVSA ocurrió aproximadamente cinco meses después de que la declaratoria de responsabilidad administrativa quedara en firme [_] mientras que la inhabilitación por los hechos relacionados con el Municipio Chacao fue impuesta aproximadamente seis meses después de la resolución que dejó en firme la declaratoria de responsabilidad [_]Al respecto, si bien el tiempo que transcurrió en el presente caso entre la declaratoria de responsabilidad y la imposición de la inhabilitación no fue en sí mismo excesivo, está probado que la norma interna no establecía un término o plazo fijo para que el Contralor ejerciera dicha facultad. La decisión de la Sala Político Administrativa mediante la cual se intentó suplir esta laguna normativa con el término de prescripción de la acción administrativa no cumple con el estándar de previsibilidad o certeza de la norma. En efecto, el "test de previsibilidad” implica constatar que la norma delimite de manera clara el alcance de la discrecionalidad que puede ejercer la autoridad y se definan las circunstancias en las que puede ser ejercida con el fin de establecer las garantías adecuadas para evitar abusos. La Corte considera que la incertidumbre sobre el plazo dentro del cual se podría imponer las sanciones accesorias establecidas en el artículo 105 de la LOCGRSNCF es contraria a la seguridad jurídica que debe ostentar un procedimiento sancionatorio. Por otro lado, el plazo de cinco años no es razonable para garantizar la previsibilidad en la imposición de una sanción. Constituye un plazo excesivamente prolongado y, por lo tanto, es incompatible con la necesidad de que un procedimiento sancionatorio concluya al momento de determinarse la responsabilidad correspondiente, de tal forma que el imputado no espere por un plazo demasiado amplio a que se determine el tipo de sanción que debe recibir por una responsabilidad que ya ha sido determinada. Además, la falta de un plazo cierto, previsible y razonable puede dar lugar a un ejercicio arbitrario de la discrecionalidad a través de sanciones aplicadas en un momento totalmente inesperado para la persona que ya fue declarada responsable previamente. En consecuencia, al no cumplir con el requisito de previsibilidad y, además, teniendo en cuenta lo señalado en el sentido que el artículo 105 de la LOCGRSNCF permite la restricción del derecho a ser elegido por una autoridad que no es juez penal (supra párrs. 107 y 108), la Corte concluye en el presente caso se vulneraron los artículos 8.1, 23.1.b y 23.2, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. Página 287 de 600

Garantías relativas al proceso penal. En este tercer apartado exponemos el desarrollo jurisprudencial que ha realizado la Corte IDH en relación a las garantías del artículo 8.2 de la CADH. En primer lugar, se aborda el alcance de estas garantías, destacando que si bien estas han sido asociadas al proceso penal, la Corte IDH en ciertos casos ha determinado que no son exclusivas de el, consagrando un carácter amplio del debido proceso. Entre esas garantías en este apartado se desarrollan el principio de presunción de inocencia en sus tres dimensiones (como regla de trato, regla de juicio y regla de prueba), el derecho a defensa y sus diferentes requisitos y manifestaciones, así como el derecho a la doble conformidad. Respecto de esta última garantía se observará cómo la Corte IDH ha ido precisando el contenido de la garantía de manera de hacerla compatible con los sistemas jurídicos de la región. Asimismo, también de desarrollan otras garantías íntimamente ligadas con el debido proceso, como son el ne bis in ídem y sus excepciones, y la publicidad y oralidad del juicio. Como veremos a continuación, la jurisprudencia de la Corte IDH en todas estas materias ha sido variada y amplia, desarrollando los estándares en diferentes contextos, buscando un adecuado equilibrio entre las exigencias de la justicia y los derechos de los imputados. Alcance. Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72. Es evidente que la Ley 25 no se refiere a materia penal puesto que no tipifica un delito ni sanciona con una pena. Se ocupa, por el contrario, de un tema administrativo o laboral. Corresponde a esta Corte, por lo tanto, determinar el ámbito de incidencia del artículo 8 de la Convención y, en particular, si éste se aplica únicamente a procesos penales. Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula "Garantías Judiciales", su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, "sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales" a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. La Corte observa que el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención se aplica a los órdenes mencionados en el numeral 1 del mismo artículo, o sea, la determinación de derechos y obligaciones de orden "civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". Esto revela el amplio alcance del debido proceso; el individuo tiene el derecho al debido proceso entendido en los términos del artículo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en todos estos otros órdenes. En el mismo sentido: Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Ks. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie CNo. 268, párr. 167. En cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Es importante que la actuación de la administración se encuentre regulada, y ésta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados. Por ejemplo, no puede la administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso. Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida Página 288 de 600

de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas. La Corte Europea se ha pronunciado sobre este tema, señalando que: ... los principios eñUñciados en el párrafo 2 (art. 6-2) y 3 (a saber los incisos a, b y d) [... de la Coñveñcióñ Europea de Derechos Humanos], se aplican mutatis mutandis a los procesos disciplinarios a los que se refiere el inciso 1 (art. 6-1) de la misma forma en que se aplican a los casos en que una persona es acusada por una infracción de carácter penal. La justicia, realizada a través del debido proceso legal, como verdadero valor jurídicamente protegido, se debe garantizar en todo proceso disciplinario, y los Estados no pueden sustraerse de esta obligación argumentando que no se aplican las debidas garantías del artículo 8 de la Convención Americana en el caso de sanciones disciplinarias y no penales. Permitirle a los Estados dicha interpretación equivaldría a dejar a su libre voluntad la aplicación o no del derecho de toda persona a un debido proceso. Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209. Al respecto, la Corte estima coñveñieñte subrayar que el proceso penal es uno solo a través de sus diversas etapas, tanto la correspondiente a la primera instancia como las relativas a instancias ulteriores. En coñsecueñcia, el concepto del juez natural y el principio del debido proceso legal rigen a lo largo de esas etapas y se proyectan sobre las diversas instancias procesales. Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218. Es por ello que se exige que cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, cuyas decisiones puedan afectar los derechos de las personas, adopte tales decisiones con pleno respeto de las garantías del debido proceso legal. Así, el artículo 8 de la Convención consagra los lineamientos del debido proceso legal, el cual está compuesto de un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Adicionalmente, la Corte ha interpretado que el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención se aplica también a la determinación de derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter-. Por esta razón, no puede la administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar también a las personas sometidas a dichos procesos las referidas garantías mínimas, las cuales se aplican mutatis mutandis en lo que corresponda. Funciones de la Corte IDH en relación al control de las garantías del proceso penal. Corte IDH. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126. Es importante reiterar en este caso, en que se cuestiona lo actuado en el marco de un proceso penal, que los órganos del sistema interamericano de derechos humanos no funcionan como una instancia de apelación o revisión de sentencias dictadas en procesos internos. Su función es determinar la compatibilidad de las actuaciones realizadas en dichos procesos con la Convención Americana. A esto se limita el Tribunal en la presente Sentencia. En el mismo sentido: Caso Mohamed Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 noviembre de 2012. Serie CNo. 255218, párr.81. El proceso seguido contra Página 289 de 600

el señor Fermín Ramírez se originó por la muerte violenta de una menor de edad. Al resolver otros casos, la Corte ha hecho notar que no es un tribunal penal en el que pueda analizarse la responsabilidad penal de los individuos. Corresponde a los tribunales nacionales aplicar la ley penal a quienes cometen delitos. Esto es aplicable al presente caso, que no se refiere a la inocencia o culpabilidad del señor Fermín Ramírez en relación con los hechos que se le atribuyen, sino a la conformidad de los actos del proceso que se le siguió con la Convención Americana. La Corte destaca el deber que tienen los Estados de proteger a todas las personas, evitando los delitos, sancionar a los responsables de éstos y mantener el orden público, particularmente cuando se trata de hechos como los que dieron origen al proceso penal seguido contra el señor Fermín Ramírez, que no sólo comportan una lesión a los individuos, sino al conjunto de la sociedad, y merecen el más enérgico rechazo, más aún cuando perjudican a niñas y niños. Sin embargo, la lucha de los Estados contra el crimen debe desarrollarse dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como el pleno respeto a los derechos humanos de quienes se hallen sometidos a su jurisdicción. Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162. Al respecto, resulta oportuno recordar que la Corte no es un tribunal penal en el que corresponda determinar la responsabilidad de individuos particulares por actos criminales. La responsabilidad internacional de los Estados se genera en forma inmediata con el ilícito internacional atribuido al Estado y, para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la misma, no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Es en ese marco que la Corte efectúa la determinación de responsabilidad internacional del Estado en este caso, la que no corresponde condicionar a estructuras propias y específicas del derecho penal, interno o internacional, definitorias de criterios de imputabilidad o responsabilidades penales individuales; tampoco es necesario definir los ámbitos de competencia y jerarquía o subordinación de cada agente estatal involucrado en los hechos. En el mismo sentido: Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie CNo. 206, párr. 24. Corte IDH. Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011. Serie C No. 226. Al respecto, el Tribunal recuerda que el objeto de su mandato es la aplicación de la Convención Americana y de otros tratados que le otorguen competencia. No corresponde a este Tribunal determinar responsabilidades individuales, cuya definición compete a los tribunales penales internos o a otros tribunales internacionales, sino conocer los hechos traídos a su conocimiento y calificarlos en el ejercicio de su competencia contenciosa, según la prueba presentada por las partes. Asimismo, esta Corte ha señalado que la obligación de investigar los hechos, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de un delito que constituye una violación de derechos humanos, es un compromiso que emana de la Convención Americana, y que la responsabilidad penal debe ser determinada por las autoridades judiciales competentes siguiendo estrictamente las normas del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte se Página 290 de 600

encuentra impedida para determinar si lo sucedido al señor Vera Vera se encuadra en los tipos penales de lesiones u homicidio señalados por el representante y el perito Manuel Ramiro Aguilar Torres ya que ello, precisamente, corresponde a las autoridades competentes del Estado. No obstante, el Tribunal observa que, conforme indicó el perito Aguilar Torres, el Código de Procedimiento Penal vigente en el Ecuador en la época de los hechos, el cual fue aportado por el Estado y por el representante (supra párr. 9), establecía una regla general conforme a la cual la acción penal era siempre pública, salvo algunas excepciones establecidas en el artículo 428 de dicho Código respecto de las cuales la acción penal se ejercía sólo mediante acusación particular (supra párr. 92, notas al pie de página 114 y 115). Dentro de estas excepciones no se encuentran los delitos de lesiones y homicidio, por lo cual la Corte constata que el ejercicio de la acción penal para tales delitos era pública y, por lo tanto, debía practicarse de oficio. En tal sentido, el Tribunal destaca que el análisis del presente apartado no debe referirse a las actuaciones tendientes a la investigación de los hechos que debieron o no realizar los familiares del señor Vera Vera, particularmente, a si aquéllos debieron presentar una denuncia formal, sino que, tratándose de una obligación ex officio a cargo del Estado, el Tribunal debe analizar la actividad desplegada por éste al respecto. Presunción de inocencia. Como regla de trato. Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69. La Corte observa, en primer lugar, que en el presente caso está probado que el señor Cantoral Benavides fue exhibido ante los medios de comunicación, vestido con un traje infamante, como autor del delito de traición a la patria, cuando aún no había sido legalmente procesado ni condenado (supra párr. 63.i.). El principio de la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. En el mismo sentido: Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 153; Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220, párr. 183; Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011 Serie C No. 233, párr. 128; Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 228. Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119. Durante el proceso militar, la señora Lori Berenson fue exhibida por la DINCOTE ante los medios de comunicación como autora del delito de traición a la patria, cuando aún no había sido legalmente procesada y condenada (supra párr. 88.28). La Corte Europea ha señalado que [el derecho a la] presunción de inocencia puede ser violado no sólo por un juez o una Corte sino también por otra autoridad pública. [el] artículo 6 párrafo 2 [de la Convención Europea] no puede impedir a las autoridades informar al público acerca de las investigaciones criminales en proceso, pero lo anterior requiere que lo hagan con toda la discreción y la cautela necesarias para que [el derecho a] la presunción de inocencia sea respetado. El derecho a la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante Página 291 de 600

la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquella. En el mismo sentido: Caso J. Ks. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 235. Corte IDH. Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de marzo de 2017. Serie C No. 334. El derecho a la presunción de inocencia exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite su responsabilidad penal conforme a la ley. Por ello, ese derecho puede ser violado tanto por los jueces a cargo del proceso, como por otras autoridades públicas, por lo cual éstas deben ser discretas y prudentes al realizar declaraciones públicas sobre un proceso penal, antes de que la persona haya sido juzgada y condenada . La Corte hace notar que el juez encargado de la instrucción realizó una serie de declaraciones en el diario de mayor circulación nacional de entonces, refiriéndose a una manifestación de la señora Acosta realizada en el marco de la instrucción que se seguía por la muerte de su esposo, en que señaló como sospechoso a una persona que en ese momento no identificó (supra párr. 58). El juez manifestó ante la prensa que tal declaración, así como una respuesta de ella a una pregunta de la fiscalía, "perfectamente encuadra[ba] en señalarla como encubridora del homicidio de su esposo". Es decir, además de calificar de "aventurera" tal declaración, el juez emitió un criterio al respecto, nada menos que "encuadrarla" en una forma de participación criminal en el hecho investigado y en la conducta específica que a ella se le imputaba en la investigación que él mismo abrió en su contra. De este modo, tales manifestaciones de un juez indudablemente hacen alusión al procedimiento penal en curso en ese momento y revelan una animadversión de su parte hacia la señora Acosta. Este Tribunal estima que, sumada a la falta de imparcialidad del juez ya señalada, tales manifestaciones públicas pudieron propiciar, en el referido contexto, una creencia o prejuicio sobre su culpabilidad, además de revelar un posible prejuicio sobre la evaluación de los hechos por parte de la propia autoridad judicial que conocía el caso y la juzgaba en ausencia, independientemente del hecho de que al día siguiente dictaría un sobreseimiento a su favor. De este modo, la Corte considera que el Estado es responsable por la violación del derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 8.2 de la Convención, en perjuicio de la señora Acosta. Como regla de juicio y prueba. Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111. La Corte ha señalado que el artículo 8.2 de la Convención exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. En este sentido, la Corte ha afirmado que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. La Corte considera que el derecho a la presunción de inocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme. Este derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde Página 292 de 600

a quien acusa. En el mismo sentido: Caso Cabrera García y Montiel Flores Ks. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220, párr. 182; Caso López Mendoza Ks. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011 Serie C No. 233, párr. 128; Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 233. [...] el Tribunal encuentra claro que tanto el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Primer Turno como el Tribunal de Apelación en lo Criminal, Tercera Sala, presumieron el dolo del señor Canese y, a partir de ello, le exigieron que desvirtuara la existencia de su intención dolosa. De esta manera, tales tribunales no presumieron la inocencia del imputado, por lo que la Corte concluye que el Estado violó, en perjuicio del señor Canese, el artículo 8.2 de la Convención Americana. Por otra parte, en cuanto a la restricción para salir del país, la Corte ha indicado que dicha restricción puede constituirse en un sustituto de la pena privativa de libertad si se continúa aplicando cuando ha dejado de cumplir con su función de aseguramiento procesal (supra párr. 129). En el presente caso, ha quedado establecido, de conformidad con los parámetros anteriormente expuestos, que la restricción al derecho de circulación aplicada al señor Canese durante ocho años y casi cuatro meses devino innecesaria y desproporcionada (supra párrs. 131, 134 y 135) para asegurar que aquel no eludiera su responsabilidad penal en caso de ejecutarse la condena. Esto significó en la práctica una anticipación de la pena que le había sido impuesta y que nunca fue ejecutada, lo cual constituye una violación al derecho de presunción de inocencia contemplado en el artículo 8.2 de la Convención. Corte IDH. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129. La Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas en sus artículos 9 y 10 disponía que cualquier infracción a ésta debía ser comprobada a través de un informe obligatorio del Departamento Nacional de Control y Fiscalización de Estupefacientes (supra párrs. 67 y 68). Dicho informe, si fuera el caso, comprobaría la existencia de cualquier estupefaciente e incluiría una muestra de la droga destruida. El Estado nunca cumplió con los procedimientos establecidos en la legislación interna en relación con el informe de referencia. A pesar de que no se demostró por medios técnicos o científicos, como la ley lo exigía, que las sustancias cuya posesión se atribuyó al señor Acosta Calderón eran estupefacientes, los tribunales llevaron adelante el proceso en contra del inculpado con fundamento en la declaración policial (supra párr. 50.2) de quienes practicaron el arresto. Esto demuestra que se trató de inculpar al señor Acosta Calderón sin indicios suficientes para ello, presumiéndose que era culpable e infringiendo el principio de presunción de inocencia. Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220. De acuerdo con lo establecido por el Tribunal Europeo, el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de la prueba está a cargo de quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. La presunción de inocencia se vulnera si antes de que el acusado sea encontrado culpable una decisión judicial relacionada con él refleja la opinión de que es culpable. Corte IDH. Caso Zegarra Marín Página 293 de 600

Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de febrero de 2017. Serie C No. 331. De la posición de las partes se desprenden distintos alegatos sobre el tratamiento y valoración de los elementos probatorios por parte de los juzgadores, inter alia: i) la imputación realizada por dos coimputados y su alegada apreciación como única prueba de cargo; ii) la alegada inversión de la carga de la prueba; iii) la alegada falta de valoración de la prueba de descargo y de oficio; iv) la supuesta falta de certeza para determinar la responsabilidad penal del señor Zegarra Marín, y v) la alegada falta de motivación de la sentencia condenatoria y su relación con el principio de presunción de inocencia . Por otra parte, siendo que el señor Zegarra Marín estuvo facultado para participar en el proceso y controvertir la prueba con las debidas garantías, así como debido a la falta de elementos probatorios, no corresponde en este caso pronunciarse sobre la alegada falta de parcialidad del tribunal. En relación con lo anterior, el principio de presunción de inocencia requiere que nadie sea condenado salvo la existencia de prueba plena o más allá de toda duda razonable de su culpabilidad , tras un proceso sustanciado de acuerdo a las debidas garantías . Por lo que si "obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla222”. Debe recordarse que "[l]a falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia223”. En este sentido, cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado . Este estado jurídico de inocencia se proyecta en diversas obligaciones que orientan el desarrollo de todo el proceso penal. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora . Es más, el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa . En este sentido, la Corte estima que la presunción de inocencia exige que el acusador deba demostrar que el ilícito penal es atribuible a la persona imputada, es decir, que ha participado culpablemente en su comisión y que las autoridades judiciales deban fallar [con un criterio] más allá de toda duda razonable para declarar la responsabilidad penal individual del imputado, incluyendo determinados aspectos fácticos relativos a la culpabilidad del imputado . Por ende, la Corte resalta que el principio de presunción de inocencia es un eje rector en el juicio y un estándar fundamental en la apreciación probatoria que establece límites a la subjetividad y discrecionalidad de la actividad judicial. Así, en un sistema democrático la apreciación de la prueba debe ser racional, objetiva e imparcial para desvirtuar la presunción de inocencia y generar certeza de la responsabilidad penal. La Corte ha sostenido que "más allá de la compatibilidad de instituciones que buscan la colaboración de ciertos implicados con la parte acusadora a cambio de determinadas contraprestaciones [_] con la Convención Americana, [_], lo cierto es que es posible afirmar la limitada eficacia probatoria que debe asignarse a la declaración de un coimputado, más allá de su contenido específico, cuando es la única prueba en la que se fundamenta una decisión de condena, pues objetivamente no sería suficiente por sí sola para desvirtuar la presunción de inocencia” . En este sentido, la Corte resalta que las declaraciones de los co-acusados revisten valor indiciario y, por consiguiente, forman parte de la prueba indirecta o indiciaria, debiendo valorar sus contenidos conforme a los principios de la sana crítica; es decir, que sean varios los indicios y, Página 294 de 600

entre ellos, sean serios y precisos, así como concordantes. El co-imputado no tiene el deber de prestar declaraciones, dado que realiza un acto sustancial de defensa, a diferencia del testigo, que incurre en una conducta delictiva no sólo cuando falta a la verdad, sino incluso cuando la omite o es remiso. La Corte destaca las reformas a la legislación peruana posteriores a estos hechos, que señalan que las imputaciones realizadas por coimputados deben estar corroboradas por otros hechos, datos o circunstancias externas. Asimismo, destaca el Acuerdo Plenario No. 22005/CJ-116 , el cual exige valorar varias circunstancias, que se erigen en criterios de credibilidad, no de mera legalidad, respecto del coimputado. No obstante, las mismas no se aplicaron a este caso. La Corte destaca que la carga de la prueba se sustenta en el órgano del Estado, quien tiene el deber de probar la hipótesis de la acusación y la responsabilidad penal, por lo que no existe la obligación del acusado de acreditar su inocencia ni de aportar pruebas de descargo. Es decir, la posibilidad de aportar contraprueba es un derecho de la defensa para invalidar la hipótesis acusatoria, contradiciéndola mediante contrapruebas o pruebas de descargo compatibles con hipótesis alternativas (contra-hipótesis), que a su vez la acusación tiene la carga de invalidar. En el presente caso no se respetó dicho principio, especialmente al manifestar expresamente la sentencia que "no surgi[ó] una prueba de descargo contundente que lo h[iciera] totalmente inocente de los ilícitos que se le imputa[ban]", por lo que se invirtió la carga de la prueba en perjuicio del señor Zegarra Marín . En segundo lugar, la Corte ha señalado que el proceso penal, en tanto respuesta investigativa y judicial del Estado, debe constituir un medio adecuado para permitir una búsqueda genuina de la verdad de lo sucedido mediante una evaluación adecuada de las hipótesis consideradas sobre el modo y circunstancias del delito . Al respecto, en virtud del principio de presunción de inocencia, la Quinta Sala Penal debía valorar racional y objetivamente las pruebas de cargo y descargo, pero también las pruebas de oficio, así como desvirtuar las hipótesis de inocencia que surgiera a partir de éstas, a fin de determinar la responsabilidad penal. Este Tribunal constató que en la sentencia condenatoria emitida por la Quinta Sala Penal se enunciaron pruebas de oficio y de descargo que supuestamente podrían favorecer al inculpado, o bien podrían generar duda respecto a su responsabilidad penal, las cuales no se desprende haber sido analizadas para confirmar o desvirtuar la hipótesis acusatoria (infra párr. 150). Tampoco se habrían confrontado las pruebas de cargo con otros elementos para ensayar las hipótesis posibles y desvirtuar la presunción de inocencia. En vista de todo lo anterior, la Corte concluye que, para efectos del presente caso, el Estado violó el principio de presunción de inocencia del señor Zegarra Marín y no garantizó la motivación del fallo. En particular, se invirtió la carga probatoria, las declaraciones de los coimputados no fueron corroboradas ni analizadas con la prueba en su conjunto, a fin de determinar la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable, lo cual además quedó evidenciado con la falta de motivación de la decisión judicial, vulnerando la obtención de una fallo debidamente razonado, el cual garantizara la posibilidad de su impugnación. Por tanto, el Estado es internacionalmente responsable de la violación de los artículos 8.1 y 8.2 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Zegarra Marín. Vinculación con prisión preventiva. Corte IDH. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35. Página 295 de 600

Esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Este concepto está expresado en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general (art. 9.3). En caso contrario se estaría cometiendo una injusticia al privar de libertad, por un plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondería al delito imputado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual está en contra de principios generales del derecho universalmente reconocidos. En el mismo sentido: Caso Tibi Ks. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114; Caso Acosta Calderón Ks. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr.111-, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Ks. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párrs. 145-146; Caso Bayarri Ks. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 110; Caso Barreto Leiva Ks. Kenezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie CNo. 206, párr. 121. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114. Se ha probado que el señor Tibi permaneció detenido desde el 27 de septiembre de 1995 hasta el 21 de enero de 1998 (supra párr. 90.11, 90.25 y 90.27). Esta privación de libertad fue ilegal y arbitraria (supra párrs. 103 y 107). No había elementos probatorios que permitieran inferir razonablemente que el señor Tibi estaba involucrado en el Operativo "Camarón". Pese a que el artículo 108 del Código de Procedimiento Penal prohibía la admisión como testigos a los coacusados, la acción del Estado se fundó en una sola declaración inculpatoria, que quedó desvirtuada posteriormente (supra párr. 90.8, 90.11 y 90.21). Esto demuestra que se trató de inculpar al señor Tibi sin indicios suficientes para ello, presumiendo que era culpable e infringiendo el principio de presunción inocencia. Considerados en su conjunto, los datos correspondientes al procesamiento penal del inculpado no solo no acreditan que se le hubiera tratado como corresponde a un presunto inocente; sino muestran que en todo momento se actuó, con respecto a él, como si fuere un presunto culpable, o bien, una persona cuya responsabilidad penal hubiere quedado clara y suficientemente acreditada. Corte IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187. Este Tribunal ha establecido que, al ser la prisión preventiva una medida cautelar y no punitiva, existe una "[o]bligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquél no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia"224. Proceder de otro modo Página 296 de 600

equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene principios generales del derecho ampliamente reconocidos, entre ellos, el principio de presunción de inocencia. Efectivamente, en ocasiones anteriores, el Tribunal ha estimado que al privar de la libertad, en forma innecesaria o desproporcionada, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, el Estado incurre en una violación del derecho de toda persona a que se le presuma inocente, reconocido en el artículo 8.2 de la Convención Americana. A igual conclusión se debe llegar si el Estado mantiene a una persona privada de su libertad preventivamente más allá de los límites temporales que impone el derecho consagrado en el artículo 7.5 de la Convención Americana (supra párr. 70). Ya quedó establecido que la víctima permaneció en prisión preventiva aproximadamente trece años y que dicho período excedió el plazo máximo previsto por la legislación interna (supra párr. 77). La Corte también consideró que durante ese tiempo el señor Bayarri estuvo sujeto a un proceso penal en el cual se violaron diversas garantías judiciales (supra párrs. 107 y 108). Tomando en cuenta todo lo anterior, el Tribunal estima que la prolongada duración de la prisión preventiva de Juan Carlos Bayarri en el transcurso de un proceso penal violatorio de la Coñveñcióñ Americana convirtió aquella en una medida punitiva y no cautelar, lo cual desnaturaliza dicha medida. El Tribunal estima que el Estado violó el derecho del señor Bayarri a ser presumido inocente y que, en consecuencia, es responsable por la violación del artículo 8.2 de la Convención Americana en perjuicio del señor Juan Carlos Bayarri. Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279. El Tribunal considera que la causal de "peligro para la seguridad de la sociedad" tiene una redacción que admite varias interpretaciones en cuanto a la consecución tanto de fines legítimos como de fines no cautelares. En cuanto a una interpretación en este último sentido, la Corte reitera su jurisprudencia constante en materia de los estándares que deben regir la prisión preventiva en cuanto a su excepcionalidad, carácter temporal limitado, estricta necesidad y proporcionalidad y, fundamentalmente, los relativos a que los fines que busque alcanzar deben ser propios de su naturaleza cautelar (fines de aseguramiento procesal de acuerdo a las necesidades que se justifiquen en el proceso concreto) y no puede constituirse como una pena anticipada que contravenga el principio de presunción de inocencia que protege al imputado (supra párrs. 307 a 312). La Corte estima que no está en discusión que los Estados Parte pueden adoptar medidas de derecho interno para prevenir la delincuencia, una parte de ellas a través de su ordenamiento jurídico y particularmente del Derecho Penal a través de la imposición de penas, pero estima necesario enfatizar que ello no es función de la prisión preventiva. Asimismo, la Corte constata que al estipular dicha causal en el referido artículo 140.c) del Código Procesal Penal se establecía que para estimar si se configuraba la misma "el juez deb[ía] considerar especialmente alguna de las [_] circunstancias" descritas en la norma (supra párr. 305). De los elementos aportados a esta Corte, es posible sostener que dicha regulación no prohibía la posibilidad de que el juez tomara en cuenta otros criterios que le permitieran valorar la necesidad de la medida en el caso concreto para la obtención de fines procesales. Sin embargo, la Corte toma en cuenta lo explicado por el perito Duce en el sentido de que "los tribunales [chilenos] entienden habitualmente que el peligro para la Página 297 de 600

seguridad de la sociedad se constituirá por la concurrencia objetiva de una o algunas de [esas] circunstancias", lo cual resulta particularmente grave si se toma en cuenta que entre ellas están "la gravedad de la pena asignada al delito" y "el carácter de los [delitos imputados]". La Corte reitera que ambos constituyen criterios que no son, por si mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva (supra párr. 312.a) y agrega que fundar la prisión preventiva únicamente en tales criterios conlleva una vulneración de la presunción de inocencia. Criterios de esa naturaleza deben ser valorados en el contexto de la evaluación de la necesidad de la medida en las circunstancias del caso concreto. Al ordenarse y mantenerse las medidas de prisión preventiva a las ocho víctimas de este caso, repetidamente se aplicó la causal de "peligro para la seguridad de la sociedad" en la forma señala por el perito Duce, sin motivarse la necesidad de la medida en las circunstancias del caso concreto y con base fundamentalmente en criterios relativos a la gravedad del delito investigado y la gravedad de la pena (supra párrs. 321-327, 337-339 y 352). Con base en los anteriores razonamientos, el Tribunal estima que el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal aplicado al señor Ancalaf y el artículo 140.c del Código Procesal Penal de 2000 aplicado a las restantes siete presuntas víctimas que regulaban la causal de prisión preventiva relativa al "peligro para la seguridad de la sociedad" no eran normas per se contrarias a la Convención Americana, puesto que podían ser interpretadas de una manera acorde a la misma, siempre y cuando se aplicaran buscando un fin procesal y los criterios tomados en cuenta fueran valorados en relación con la evaluación de la configuración de un riesgo procesal en las circunstancias del caso concreto. Por consiguiente, Chile no violó el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, consagrado en el artículo 2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 7 de la Convención Americana, en perjuicio de las ocho presuntas víctimas del presente caso. Las violaciones a su derecho a la libertad personal se derivan de la interpretación y aplicación judicial de dichas normas. Corte IDH. Caso Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2016. Serie C No. 316. Además, conforme a los hechos probados, se dictó prisión preventiva en perjuicio del señor Revelles el 17 de agosto de 1994, y fue recién el 1 de abril de 1998 cuando el Segundo Tribunal Penal de Pichincha lo condenó a seis años de prisión (supra parrs. 62 y 72). El 24 de noviembre de 1998 esa decisión fue confirmada (supra párr. 75). O sea, el señor Revelles, cuya libertad se ordenó el 4 de diciembre de 1998 (supra párr. 76), permaneció detenido en prisión preventiva, sin que conste que fuera revisada la pertinencia de la medida de acuerdo a las pautas indicadas (supra párr. 143), más de la mitad del tiempo total por el cual fue finalmente condenado. Estuvo privado de su libertad en prisión preventiva; es decir, sin estar condenado, más de cuatro años y tres meses , lo cual fue equivalente a anticipar un castigo. Por lo tanto, se contravino el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 8.2. de la Convención Americana. Derecho de defensa. Corte IDH. Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 303. El derecho a la defensa es un componente central del debido proceso que obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo . El derecho a Página 298 de 600

la defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena . El derecho a la defensa se proyecta en dos facetas dentro del proceso penal: por un lado, a través de los propios actos del inculpado, siendo su exponente central la posibilidad de rendir una declaración libre sobre los hechos que se le atribuyen y, por el otro, por medio de la defensa técnica, ejercida por un profesional del Derecho, quien cumple la función de asesorar al investigado sobre sus deberes y derechos y ejecuta, inter alia, un control crítico y de legalidad en la producción de pruebas . La Convención Americana rodea de garantías específicas el ejercicio tanto del derecho de defensa material, por ejemplo a través del derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo (artículo 8.2.g) o las condiciones bajo las cuales una confesión pudiera ser válida (artículo 8.3), como de la defensa técnica, en los términos que se desarrollarán a continuación. Corte IDH. Caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de octubre de 2016. Serie C No. 319. La Corte no entra en este caso a valorar la utilización o alcances del criterio de conciencia para valorar pruebas en dicho proceso penal. Sin embargo, en el marco de lo señalado sobre la validez y eficacia de las fuentes de prueba (supra párrs. 193 y 194), en principio se entendería que la declaración de una persona, rendida en forma de manifestación policial o instructiva o en diligencias de reconocimiento ante la DINCOTE en 1995, podría ser apreciada o utilizada como prueba por el juzgador si su contenido es ratificado por esa persona durante el juicio oral. De lo contrario, la falta de control de la defensa del imputado sobre la prueba inicial u originalmente producida no es subsanada por la mera evacuación de esa prueba testimonial en un nuevo proceso, atentando así contra su derecho de defensa. Ello es, no obstante, diferente e independiente de la valoración que corresponda al juzgador respecto de la credibilidad o valor sustantivo de tal declaración o testimonio. Según lo señalado, la Corte advierte que, ante una sospecha fundada de algún vicio sustancial en el origen o producción (fuente) de un elemento probatorio (medio), particularmente cuando en el vicio sospechado se vislumbra una posible o alegada violación de derechos fundamentales, el juzgador debe analizar no sólo los aspectos formales establecidos en la legislación procesal interna, sino también debe descartar la posible existencia de tal vicio a efectos de que tal elemento pueda tener validez y eficacia probatoria en el proceso penal. A efectos de la conservación del medio probatorio, tal análisis debe quedar reflejado en una decisión motivada del juzgador, ya sea durante el proceso o en sentencia. De otro modo, el derecho de defensa del imputado se ve vulnerado. Corte IDH. Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de marzo de 2017. Serie C No. 334. En segundo lugar, el juez rechazó la representación legal ofrecida por la señora Acosta con base en la supuesta falta de un poder adecuado, sin nombrarle defensor de oficio, en el mismo oficio en que ordena detenerla con la fuerza pública bajo el supuesto de no querer atender su orden de indagatoria. Según fue analizado, la representación legal fue aceptada por el juez el mismo día que dictó el sobreseimiento a su favor, juzgándola en ausencia. Es decir, aún si la propia Constitución nicaragüense y la Convención Americana protegen el derecho del procesado a ser defendido y representado por abogado desde el inicio del proceso, tal actuación del juez significó que ella no pudo ejercer su derecho Página 299 de 600

de defensa mientras fue imputada en dicha instrucción. En consecuencia, la Corte considera que el Estado es responsable por esta manifiesta violación del derecho de defensa de la señora Acosta, en los términos del artículo 8.2 de la Convención. Ámbito de aplicación: inicio y fin. Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206. Ahora bien, el derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena. Sostener lo opuesto implicaría supeditar las garantías convencionales que protegen el derecho a la defensa, entre ellas el artículo 8.2.b, a que el investigado encuentre en determinada fase procesal, dejando abierta la posibilidad de que con anterioridad se afecte un ámbito de sus derechos a través de actos de autoridad que desconoce o a los que no puede controlar u oponerse con eficacia, lo cual es evidentemente contrario a la Convención. En efecto, impedir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigación en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de derechos fundamentales de la persona investigada. El derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo. En el mismo sentido: Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr.154. Por todo ello, el artículo 8.2.b convencional rige incluso antes de que se formule una "acusación” en sentido estricto. Para que el mencionado artículo satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que la notificación ocurra previamente a que el inculpado rinda su primera declaración ante cualquier autoridad pública. Evidentemente, el contenido de la notificación variará de acuerdo al avance de las investigaciones, llegando a su punto máximo, expuesto en el párrafo 28 supra, cuando se produce la presentación formal y definitiva de cargos. Antes de ello y como mínimo el investigado deberá conocer con el mayor detalle posible los hechos que se le atribuyen. Corte IDH. Caso Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2016. Serie C No. 316. En relación con el artículo 8.2.c) de la Convención, ya se ha indicado que no consta que antes de brindar su "declaración presumarial” el señor Revelles fuera informado de las razones de la detención ni de los cargos en su contra. En las circunstancias del caso, ello menoscabó los medios que tuvo para preparar su defensa. La conclusión anterior tiene en cuenta la relevancia que la indicada "declaración presumarial” tuvo en el proceso penal, al punto que fue sustento de la condena dictada contra el señor Revelles. Derecho a intérprete (art. 8.2.a). Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es así como se atiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales y a la correlativa prohibición de discriminación. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. Si no existieran esos medios de compensación, ampliamente Página 300 de 600

reconocidos en diversas vertientes del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas. Por ello se provee de traductor a quien desconoce el idioma en que se desarrolla el procedimiento, y también por eso mismo se atribuye al extranjero el derecho a ser informado oportunamente de que puede contar con la asistencia consular. Estos son medios para que los inculpados puedan hacer pleno uso de otros derechos que la ley reconoce a todas las personas. Aquéllos y éstos, indisolublemente vinculados entre sí, forman el conjunto de las garantías procesales y concurren a integrar el debido proceso legal. Derecho a que se le comunique la acusación (art. 8.2.b). Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114. Se ha establecido que el señor Daniel Tibi no tuvo conocimiento oportuno y completo de los cargos que se le imputaban en el auto cabeza del proceso (supra párr. 90.18) y en los que se había sustentado, de hecho, su detención arbitraria. En este sentido, en la Observación General No. 13 relativa a la "Igualdad ante los tribunales y derecho de toda persona a ser oída públicamente por un tribunal competente establecido por la ley (art. 14)”, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que: el derecho a ser informado "sin demora” de la acusación exige que la información se proporcione de la manera descrita tan pronto como una autoridad competente formule la acusación. En opinión del Comité, este derecho debe surgir cuando, en el curso de una investigación, un tribunal o una autoridad del ministerio público decida adoptar medidas procesales contra una persona sospechosa de haber cometido un delito o la designe públicamente como tal. Las exigencias concretas del apartado a) del párrafo 3 pueden satisfacerse formulando la acusación ya sea verbalmente o por escrito, siempre que en la información se indique tanto la ley como los supuestos hechos en que se basa. En el mismo sentido: Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie CNo. 129, párr. 117. El artículo 8.2.b de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos o faltas por los cuales se le pretende atribuir responsabilidad, en forma previa a la realización del proceso. Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración. Sin esta garantía, se vería conculcado el derecho de aquél a preparar debidamente su defensa. En el mismo sentido: Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie CNo. 129, párr. 118; Caso LópezÁlvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 149. En el caso sub judice quedó demostrado que no se notificó a la presunta víctima del auto cabeza del proceso ni los cargos que había en su contra. En consecuencia, este Tribunal declara que el Estado violó el artículo 8.2.b de la Convención Americana en perjuicio del señor Tibi. Corte IDH. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129. En el caso sub judice quedó demostrado que la presunta víctima no tuvo conocimiento oportuno de la acusación formulada en su contra, al no estar mencionada Página 301 de 600

en el auto cabeza del proceso la legislación que contenía el tipo penal aplicable en su caso (supra párr. 50.5). Por lo tanto, el Tribunal considera que el señor Acosta Calderón no fue notificado de la acusación formulada en su contra, ya que en el auto cabeza del proceso de 15 de noviembre de 1989, dictado por el Tribunal de Lago Agrio, no se especificó la ley supuestamente violada, sino que solamente se limitó a señalar la base fáctica del arresto. En consecuencia, este Tribunal declara que el Estado violó en perjuicio del señor Acosta Calderón el derecho a ser comunicado previa y detalladamente de la acusación formulada, consagrado en el artículo 8.2.b de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1. de la misma. Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141. En el presente caso, quedó demostrado que el señor Alfredo López Álvarez rindió su declaración indagatoria el 29 de abril de 1997, sin contar con la asistencia de un abogado defensor (supra párr. 54.17). De la prueba aportada consta que ese mismo día la presunta víctima nombró a su abogado defensor, cuya acreditación ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela fue presentada el 30 de abril de 1997 y este Juzgado admitió el escrito el 2 de mayo de 1997 (supra párr. 54.18). El citado 30 de abril de 1997 el Ministerio Público presentó ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela acusación por posesión, venta y tráfico de cocaína en contra del señor Alfredo López Álvarez y otras personas (supra párr. 54.19). Por lo que, el señor López Álvarez rindió su declaración indagatoria sin conocer previa y detalladamente la acusación formulada en su contra. Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206. Para satisfacer el artículo 8.2.b convencional el Estado debe informar al interesado no solamente de la causa de la acusación, esto es, las acciones u omisiones que se le imputan, sino también las razones que llevan al Estado a formular la imputación, los fundamentos probatorios de ésta y la caracterización legal que se da a esos hechos. Toda esta información debe ser expresa, clara, integral y suficientemente detallada para permitir al acusado que ejerza plenamente su derecho a la defensa y muestre al juez su versión de los hechos. La Corte ha considerado que la puntual observancia del artículo 8.2.b es esencial para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa. Evidentemente, el contenido de la notificación variará de acuerdo al avance de las investigaciones, llegando a su punto máximo, expuesto en el párrafo 28 supra, cuando se produce la presentación formal y definitiva de cargos. Antes de ello y como mínimo el investigado deberá conocer con el mayor detalle posible los hechos que se le atribuyen. En el mismo sentido: Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie CNo. 275, párr.199. Cabe advertir, en consecuencia, que el Estado acepta que no informó al señor Barreto Leiva de los hechos que se le imputaban antes de declarar ante autoridades judiciales. Por ello, corresponde analizar si las razones que brinda son suficientes para justificar tal omisión. Es admisible que en ciertos casos exista reserva de las diligencias adelantadas durante la investigación preliminar en el proceso penal, para garantizar la eficacia de la administración de justicia. Asiste al Estado la potestad de construir un expediente en búsqueda de la verdad de los hechos, adoptando las medidas necesarias para impedir que dicha labor se vea afectada por la destrucción u ocultamiento de pruebas. Sin embargo, esta potestad debe armonizarse con el derecho de defensa del investigado, que supone, inter Página 302 de 600

alia, la posibilidad de conocer los hechos que se le imputan. La transición entre "investigado” y "acusado” -y en ocasiones incluso "condenado”puede producirse de un momento a otro. No puede esperarse a que la persona sea formalmente acusada o que -como en el presente caso- se encuentre privada de la libertad para proporcionarle la información de la que depende el oportuno ejercicio del derecho a la defensa. El hecho de que el señor Barreto Leiva hubiese podido conocer por los medios de comunicación o por su declaración previa ante el Congreso (supra párr. 33) el tema de la investigación que se estaba realizando, no relevaba al Estado de cumplir con lo dispuesto en el artículo 8.2.b de la Convención. El investigado, antes de declarar, tiene que conocer de manera oficial cuáles son los hechos que se le imputan, no sólo deducirlos de la información pública o de las preguntas que se le formulan. De esta forma su respuesta podrá ser efectiva y sin el margen de error que las conjeturas producen; se garantizará el principio de congruencia, según el cual debe mediar identidad entre los hechos de los que se informa al inculpado y aquellos por los que se le procesa, acusa y sentencia, y se asegura el derecho a la defensa. Corte IDH. Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275. Por otra parte, esta Corte recuerda que para garantizar el derecho a la defensa es necesario que en la formulación de una acusación criminal se expongan todos los fundamentos probatorios de ésta. La Corte constata que la actual acusación en contra de la señora J. indica los elementos probatorios sobre los cuales se fundamenta. No obstante, este Tribunal nota que dicha acusación no toma en cuenta elementos de prueba producidos durante la primera etapa del proceso que favorecen la versión de la presunta víctima sobre los hechos, tales como la declaración de su padre (respecto a la propiedad de las armas presuntamente halladas en la habitación de J.) o la pericia sobre los manuscritos encontrados que concluye que la escritura no corresponde a la señora J. Resulta contrario al derecho a ser juzgado con las debidas garantías que en la determinación de una acusación, el Ministerio Público sólo tome en cuenta los elementos que incriminan a la persona imputada y no aquellas que pudieran favorecer la versión del imputado. Al respecto, este Tribunal resalta lo indicado por la representante en el sentido de que hay ciertos elementos de prueba, producidos durante la primera etapa del proceso, que actualmente serían imposibles de reproducir. Corte IDH. Caso Maldonado Ordoñez Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de mayo de 2016. Serie C No. 311. El derecho a contar con comunicación previa y detallada de la acusación en materia penal contempla que debe realizarse una descripción material de la conducta imputada que contenga los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan. Como parte de las garantías mínimas establecidas en el artículo 8.2 de la Convención, el derecho a contar con comunicación previa y detallada de la acusación se aplica tanto en materia penal como en los otros órdenes señalados en el artículo 8.1 de la Convención, a pesar de que la exigencia en los otros órdenes puede ser de otra intensidad o naturaleza. Ahora bien, cuando se trata de un proceso disciplinario sancionatorio el alcance de esta garantía puede ser entendido de manera diversa, pero en todo caso implica que se Página 303 de 600

ponga en conocimiento del sujeto disciplinable cuales son las conductas infractoras del régimen disciplinario que se le imputan. La Corte considera que era necesario que, por lo menos, se suministrara información que fuera clara respecto de la motivación del proceso de destitución, así como una mínima referencia a la relación existente entre los hechos respecto de los cuales se aplicaría la sanción disciplinaria y la norma supuestamente infringida. De la lectura de la mencionada notificación no resultaba claro el motivo específico por el cual la señora Maldonado estaba siendo objeto de un proceso disciplinario; en consecuencia no contó con información detallada de las razones por las cuales podría ser destituida de su trabajo. Esta falta de información constituyó una violación a la garantía de contar con información previa y detallada del proceso iniciado en su contra, contenida en el artículo 8.2.b de la Convención Americana. En ese sentido, no obstante la señora Maldonado contó con el tiempo y la posibilidad de defenderse a nombre propio y a pesar de haber sido asistida por los defensores de su elección, los medios para la preparación de su defensa no fueron adecuados como consecuencia de la falta de la claridad respecto del motivo específico por el cual se iniciaba el proceso de destitución en su contra. Lo anterior constituyó una vulneración adicional al derecho a la defensa de la señora Maldonado, contenido en el artículo 8.2.c de la Convención Americana. Concesión de medios y tiempo para la preparación de la defensa (8.2.c). Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52. La Corte observa que el artículo 717 del Código de Justicia Militar, norma aplicable a los casos de traición a la patria, establece que una vez producida la acusación fiscal se pondrán los autos en conocimiento de la defensa por espacio de doce horas. En el presente caso, la acusación fiscal fue presentada el 2 de enero de 1994 y los abogados pudieron consultar el expediente el 6 de los mismos mes y año por un lapso muy reducido. La sentencia se dictó al día siguiente. De acuerdo con la legislación aplicable, la defensa no pudo interrogar a los agentes de la DINCOTE que participaron en la fase de investigación. El numeral 8 de los Principios Básicos sobre la función de los Abogados relativo a las salvaguardias especiales en asuntos penales, que fija los estándares pertinentes para el ejercicio adecuado de la defensa en estos casos, establece que [a] toda persona arrestada, detenida, o presa, se le facilitará oportunidades, tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de un abogado, entrevistarse con él y consultarle, sin demora, interferencia ni censura y en forma plenamente confidencial. Estas consultas podrán ser vigiladas visualmente por un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero no se escuchará la conversación. La condena del señor Astorga Valdez pone aún más en evidencia la escasa posibilidad de ejercer una defensa efectiva del inculpado. En dicho caso, el inculpado fue condenado en última instancia con base en una prueba nueva, que el abogado defensor no conocía ni pudo contradecir. La Corte estima que, la restricción a la labor de los abogados defensores y la escasa posibilidad de presentación de pruebas de descargo han quedado demostradas en este caso. Efectivamente, los inculpados no tuvieron conocimiento oportuno y completo de los cargos que se les hacían; las condiciones en que actuaron los defensores fueron absolutamente inadecuadas para su eficaz desempeño y sólo tuvieron acceso al expediente el día anterior al de la emisión de la sentencia de primera instancia. En consecuencia, la presencia y actuación de los defensores fueron meramente formales. No se puede Página 304 de 600

sostener que las víctimas coñtaroñ con una defensa adecuada. En el mismo sentido: Caso Lori Berenson Mejía Ks. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie CNo. 119, párr.167. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.2.b y 8.2.c de la Convención. Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206. Uno de esos derechos fundamentales es el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, previsto en el artículo 8.2.c de la Coñveñcióñ, que obliga al Estado a permitir el acceso del inculpado al conocimiento del expediente llevado en su contra. Asimismo, se debe respetar el principio del contradictorio, que garantiza la iñterveñcióñ de aquél en el análisis de la prueba. En el mismo sentido: Caso Palamara Iribarne Ks. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 170; Caso Cabrera García y Montiel Flores Ks. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220, párr. 156. Si el Estado pretende limitar este derecho, debe respetar el principio de legalidad, argüir de manera fundada cuál es el fin legítimo que pretende conseguir y demostrar que el medio a utilizar para llegar a ese fin es idóneo, necesario y estrictamente proporcional. Caso contrario, la restricción del derecho de defensa del individuo será contraria a la Coñveñcióñ. En el mismo sentido: Caso J. Ks. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr.206. En el presente caso, la Corte observa que, de conformidad con la ley (supra párrs. 51 y 52), los recaudos sumariales, mientras duraba el sumario, eran siempre secretos para el investigado no privado de su libertad. En otras palabras, el derecho a la defensa del investigado siempre estaba supeditado, siendo irrelevante para la ley -y por mandato de ésta, para el juez- las características del caso particular. Por lo anterior, el Tribunal concluye que el Estado violó el artículo 8.2.c de la Coñveñcióñ, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Barreto Leiva. Del mismo modo, al haberse producido esta violación como consecuencia de la aplicación de los entonces vigentes artículos 60 de la Constitución y 73 del CEC, el Estado también incumplió el artículo 2 de la Convención. Defensa técnica (art. 8.2. d) y e)). Corte IDH. Excepciones al agotamiento de los recursos internos (Arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 de 10 de agosto de 1990. Serie A No. 11. Los literales d) y e) del artículo 8.2 expresan que el inculpado tiene derecho de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y que si no lo hiciere tiene el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna. En estos términos, un inculpado puede defenderse personalmente, aunque es necesario entender que ésto es válido solamente si la legislación interna se lo permite. Cuando no quiere o no puede hacer su defensa personalmente, tiene derecho de ser asistido por un defensor de su elección. Pero en los casos en los cuales no se defiende a sí mismo o no nombra defensor dentro del plazo establecido por la ley, tiene el derecho de que el Estado le proporcione uno, que será remunerado o no según lo establezca la legislación interna. Es así como la Convención garantiza el derecho de asistencia legal en procedimientos penales. Pero como no ordena que la asistencia legal, cuando se requiera, sea gratuita, un indigente se vería Página 305 de 600

discriminado por razón de su situación económica si, requiriendo asistencia legal, el Estado no se la provee gratuitamente. Hay que entender, por consiguiente, que el artículo 8 exige asistencia legal solamente cuando ésta es necesaria para que se pueda hablar de debidas garantías y que el Estado que no la provea gratuitamente cuando se trata de un indigente, no podrá argüir luego que dicho proceso existe pero no fue agotado. Aun en aquellos casos en los cuales un acusado se ve obligado a defenderse a sí mismo porque no puede pagar asistencia legal, podría presentarse una violación del artículo 8 de la Convención si se puede probar que esa circunstancia afectó el debido proceso a que tiene derecho bajo dicho artículo. Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114. A su vez, el Principio décimo séptimo para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, afirma que: 1. Las personas detenidas tendrán derecho a asistencia de un abogado. La autoridad competente les informará de ese derecho prontamente después de su arresto y les facilitará medios adecuados para ejercerlo. 2. La persona detenida que no disponga de asistencia de un abogado de su elección tendrá derecho a que un juez u otra autoridad le designe un abogado en todos los casos en que el interés de la justicia así lo requiera y sin costo para él si careciere de medios suficientes para pagarlo. La Constitución Política del Ecuador establecía que "toda persona enjuiciada por una infracción penal tendrá derecho a contar con un defensor" (artículo 19.17.e). Pese a la norma constitucional citada, el señor Daniel Tibi no tuvo acceso a un abogado durante su primer mes de detención. Un día después de ésta, el 28 de septiembre de 1995, la presunta víctima rindió su declaración preprocesal ante el fiscal, sin contar con la asistencia de un abogado defensor. Como se demostró, en el auto cabeza del proceso que declaró abierta la etapa de sumario, dictado el 4 de octubre de 1995, el Juez designó un abogado de oficio para el señor Daniel Tibi y los otros sindicados. Ese abogado no visitó a la presunta víctima ni intervino en su defensa. Si bien el señor Tibi logró comunicarse posteriormente con un abogado particular, no pudo contratar sus servicios por falta de recursos económicos. Esta situación hizo que durante el primer mes de detención no contara con asistencia de un abogado (supra párr. 90.19), lo que le impidió disponer de una defensa adecuada. Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170. En la audiencia pública ante la Corte, el señor Chaparro manifestó que el 18 de noviembre de 1997 fue "interrogado sin presencia del abogado". Este interrogatorio habría ocurrido un día antes de la declaración preprocesal efectuada ante el Fiscal. De otra parte, el señor Chaparro indicó que al presentar su recurso de amparo de libertad ante la Corte Superior de Guayaquil (supra párr. 132) el Presidente de dicha Corte prohibió a su abogado ejercer su defensa, indicándole que él mismo tenía que fundamentar su recurso. Asimismo, el señor Lapo manifestó que al rendir su declaración preprocesal, la defensora pública que le había sido adscrita no estuvo durante el interrogatorio y sólo se hizo presente para que pudiera iniciar la declaración y al final de la misma, para firmarla. El Estado presentó su allanamiento respecto del artículo 8 de la Convención en la misma audiencia pública, luego de haber escuchado a las víctimas y haber tenido la posibilidad de contrainterrogarlas, por lo que la Corte tiene estos hechos como establecidos. Pese a la normativa constitucional citada, Página 306 de 600

el señor Chaparro no contó con la presencia de un abogado defensor al momento de ser interrogado por parte de la Policía el 18 de noviembre de 1997. Además, la Corte encuentra que al impedirse al abogado del señor Chaparro intervenir en su declaración preprocesal y al exigirse que sea el propio señor Chaparro quien fundamente su recurso de amparo de libertad, cuando su deseo era que su abogado lo hiciera, la presencia de los defensores fue tan solo formal. Por ello, el Estado violó el derecho consagrado en el artículo 8.2.d) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Chaparro. De otra parte, la Corte considera que la actitud de la defensora pública asignada al señor Lapo es claramente incompatible con la obligación estatal de proporcionar una defensa adecuada a quien no pudiera defenderse por sí mismo ni nombrar defensor particular. En especial, la Corte resalta que la asistencia letrada suministrada por el Estado debe ser efectiva, para lo cual el Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas. Por consiguiente, la Corte considera que el Ecuador violó en perjuicio del señor Lapo el derecho de contar con un defensor proporcionado por el Estado consagrado en el artículo 8.2.e) de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma. Corte IDH. Caso Dacosta Cadogan Vs. Barbados. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de septiembre de 2009. Serie C No. 204. La Corte considera que hubo una variedad de defensas disponibles que el abogado defensor nombrado por el Estado pudo haber presentado en el juicio. Sin embargo, su decisión de no presentar una defensa de atenuante de responsabilidad y de elegir, en cambio, otras defensas disponibles, ciertamente no califica como grave incompetencia. Consecuentemente, la Corte considera que la decisión del abogado nombrado por el Estado de no solicitar una evaluación psiquiátrica o psicológica independiente en este caso, no constituye una violación al derecho del señor DaCosta Cadogan a las garantías judiciales. Por lo tanto, el Estado no es responsable por la violación del artículo 8.2.e de la Convención con respecto al tema de la incompetencia del abogado. Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206. La acusación puede ser enfrentada y refutada por el inculpado a través de sus propios actos, entre ellos la declaración que rinda sobre los hechos que se le atribuyen, y por medio de la defensa técnica, ejercida por un profesional del Derecho, quien asesora al investigado sobre sus deberes y derechos y ejecuta, inter alia, un control crítico y de legalidad en la producción de pruebas. En el mismo sentido: Caso Argüelles y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 288, párr.176y 177. Si el derecho a la defensa surge desde el momento en que se ordena investigar a una persona (supra párr. 29), el investigado debe tener acceso a la defensa técnica desde ese mismo momento, sobre todo en la diligencia en la que se recibe su declaración. Impedir a éste contar con la asistencia de su abogado defensor es limitar severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo sin tutela frente al ejercicio del poder punitivo. El derecho a la defensa técnica no puede ser satisfecho por quien a la postre realizará la acusación, esto es, el Ministerio Público. La acusación afirma la pretensión penal; la defensa la responde y rechaza. No es razonable depositar funciones naturalmente antagónicas en una sola persona. En el mismo sentido: Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Página 307 de 600

Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr.155. En consecuencia, el señor Barreto Leiva tenía, conforme a la Convención Americana, el derecho de ser asistido por su abogado defensor y no por el Ministerio Público, cuando rindió las dos declaraciones preprocesales indicadas en los párrafos 35 y 40 supra. Al habérsele privado de esa asistencia, el Estado violó en su perjuicio el artículo 8.2.d de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220. [_] Sin embargo, el nombrar un defensor de oficio con el sólo objeto de cumplir con una formalidad procesal, equivaldría a no contar con defensa técnica, por lo que es imperante que dicho defensor actúe de manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evite así que sus derechos se vean lesionados. Corte IDH. Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275. Esta Corte ha establecido que el derecho a la defensa debe poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso. Sostener lo opuesto implica supeditar las garantías convencionales que protegen el derecho a la defensa, entre ellas el artículo 8.2.b, a que el investigado se encuentre en determinada fase procesal, dejando abierta la posibilidad de que con anterioridad se afecte un ámbito de sus derechos a través de actos de autoridad que desconoce o a los que no puede controlar u oponerse con eficacia, lo cual es evidentemente contrario a la Convención. El derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo. Por todo ello, el artículo 8.2.b convencional rige incluso antes de que se formule una "acusación" en sentido estricto. Para que el mencionado artículo satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que la notificación ocurra previamente a que el inculpado rinda su primera declaración ante cualquier autoridad pública. La señora J. fue detenida en el marco del Operativo Moyano, el cual como se estableció previamente fue una operación cuidadosamente planificada luego de un proceso de investigación de inteligencia (supra párrs. 78 y 79). De ello se desprende que existía una investigación en trámite antes de la detención de la señora J. de la cual ésta no fue notificada. Al respecto, el Estado ha indicado que "la notificación a cualquier persona implicaba simplemente el fracaso del operativo y nunca se podría haber capturado a la máxima dirigencia de Sendero Luminoso y menos aún haber acabado con este grupo terrorista". En este sentido, esta Corte ha señalado que es admisible que en determinados casos exista reserva de las diligencias adelantas durante una investigación en un proceso penal, de modo de garantizar la eficacia en la administración de justicia. Asiste al Estado la potestad de construir un expediente tomando las medidas necesarias para impedir que dicha labor se vea afectada por la destrucción u ocultamiento de pruebas. Sin embargo, esta potestad debe armonizarse con el derecho de defensa del investigado, que supone, la posibilidad de conocer los hechos que se le imputan. Derecho a conocer la prueba y la identidad de los testigos (8.2.f). Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52. La Corte considera que la legislación aplicada al caso imposibilita el derecho a interrogar a los Página 308 de 600

testigos que fundamentaron la acusación contra las supuestas víctimas. Por una parte, se prohíbe el interrogatorio de agentes, tanto de la policía como del ejército, que hayan participado en las diligencias de investigación. Por otra, tal como ha sido consignado (supra 141), la falta de intervención del abogado defensor hasta el momento en que declara el inculpado, hace que aquél no pueda controvertir las pruebas recabadas y asentadas en el atestado policial. Tal como lo ha señalado la Corte Europea, dentro de las prerrogativas que deben concederse a quienes hayan sido acusados está la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa. La Corte entiende que la imposición de restricciones a los abogados defensores de las víctimas vulnera el derecho, reconocido por la Convención, de la defensa de interrogar testigos y hacer comparecer a personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Por lo tanto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.2.f de la Convención. Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119. La Corte Interamericana ha señalado, como lo ha hecho la Corte Europea, que el inculpado tiene derecho a examinar a los testigos que declaran en su contra y a su favor, en las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa. En el mismo sentido: Caso García Asto y Ramírez Rojas Ks. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie CNo. 137, párr.152. La imposición de restricciones a la presunta víctima y al abogado defensor vulnera ese derecho, reconocido por la Convención, así como el de hacer comparecer a personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Por lo tanto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.2.f de la Convención en perjuicio de la presunta víctima, en relación con el artículo 1.1. de la misma, en el proceso penal ante la jurisdicción militar. Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135. La Corte considera que la imposibilidad de acceder a las actuaciones realizadas durante la etapa del sumario y presentar pruebas impidieron que el señor Palamara Iribarne pudiera defenderse de forma adecuada. Cuando el abogado del señor Palamara Iribarne tuvo acceso al expediente al elevarse la causa a plenario el 24 de octubre de 1994, de conformidad con el artículo 150 del Código de Justicia Militar contaba con un plazo de tan solo 6 días para responder a "los cargos que exist[í]an en su contra”. Recién el 20 de febrero de 1995 el abogado del señor Palamara Iribarne, al contestar la acusación Fiscal, pudo ofrecer prueba en el proceso (supra párr. 63.65). Además, íntimamente ligado con lo anterior, la Corte Interamericana ha señalado que el inculpado tiene derecho a examinar a los testigos que declaran en su contra y a su favor, en las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Europea. Este Tribunal ha establecido que en todo proceso deben concurrir los elementos necesarios para "que exista el mayor equilibrio entre las partes, para la debida defensa de sus intereses y derechos. Esto implica, entre otras cosas, que rija el principio de contradictorio” Las referidas restricciones impuestas al señor Palamara Iribarne y a su abogado defensor en la Causa Rol No. 464 por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares y en la Causa Rol No. 471 por el delito de desacato, ambas ante el Juzgado Naval de Magallanes, vulneraron las garantías propias del derecho de defensa, así como el de hacer comparecer a personas que puedan arrojar luz sobre los hechos, reconocidos en el artículo 8.2.f) de la Página 309 de 600

Convención. Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279. La Corte se ha pronunciado en anteriores oportunidades acerca de violaciones del derecho de la defensa de interrogar testigos en casos que trataban de medidas que en el marco de la jurisdicción penal militar imponían una absoluta restricción para contrainterrogar testigos de cargo, otros en los que había no sólo "testigos sin rostro” sino también "jueces sin rostro”, y en otro que se refiere a un juicio político celebrado ante el Congreso en el cual a los magistrados inculpados no se les pemitió contrainterrogar a los testigos en cuyos testimonios se basó su destitución. El literal f) del artículo 8.2 de la Convención consagra la "garantía mínima” del "derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos”, la cual materializa los principios de contradictorio e igualdad procesal. La Corte ha señalado que entre las garantías reconocidas a quienes hayan sido acusados está la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa. La reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada. En el mismo sentido: Caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de octubre de 2016. Serie C No. 319, párr.205. El deber estatal de garantizar los derechos a la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de quienes declaran en el proceso penal puede justificar la adopción de medidas de protección. En esta materia el ordenamiento jurídico chileno comprende tanto medidas procesales (como la reserva de datos de identificación o de características físicas que individualicen a la persona) como extraprocesales (como la protección de su seguridad personal). En el mismo sentido: Caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de octubre de 2016. Serie C No. 319, párr.205. Para pronunciarse en el presente caso, la Corte también tomará en cuenta si en los casos concretos el Estado aseguró que la afectación al derecho de defensa de los imputados que se derivó de la utilización de la medida de reserva de identidad de testigos estuvo suficientemente contrarrestada por medidas de contrapeso, tales como las siguientes: a) la autoridad judicial debe conocer la identidad del testigo y tener la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su declaración, y b) debe concederse a la defensa una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso, sobre cuestiones que no estén relacionadas con su identidad o paradero actual; lo anterior con el objeto de que la defensa pueda apreciar el comportamiento del testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración. En el mismo sentido: Caso Pollo Rivera y otros Ks. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de octubre de 2016. Serie C No. 319, párr.205. Incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. Página 310 de 600

De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica. La determinación de si este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada. En el mismo sentido: Caso Pollo Rivera y otros Ks. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de octubre de 2016. Serie C No. 319, párr.205. Las medidas de contrapeso implementadas fueron adecuadas para salvaguardar el derecho de la defensa a interrogar testigos. La defensa tuvo acceso a las declaraciones rendidas por esos testigos en la etapa de investigación, de manera que pudieran ser controvertidas y, en cuanto hubo "testigos de cargo de cuyos testimonios no había constancia en la investigación[, ello] motivó una decisión incidental dividida de los sentenciadores, con la prevención de que sus dichos serían considerados en la medida que no afectaran el debido proceso y que se apreciarían con libertad". La solicitud del Ministerio Público acompañó un sobre sellado con constancia de la identidad de los testigos objeto de la medida de reserva, las declaraciones de los mismos fueron rendidas en la audiencia ante el Tribunal de Juicio Oral con la consecuente inmediación en la recepción de la prueba, los abogados defensores tuvieron la oportunidad de interrogarlos en la audiencia y de conocer su identidad, con la limitación de no informársela a los imputados (supra párr. 234). En lo tocante al punto de vital importancia de si las condenas estuvieron fundadas únicamente o en grado decisivo en dichas declaraciones (supra párr. 247), hay diferencias entre cada uno de los condenados: a) con respecto a la condena del señor Norín Catrimán, no se utilizó la declaración de testigos de identidad reservada para fundamentar la declaratoria de responsabilidad como autor del delito de amenaza de incendio terrorista en perjuicio de los propietarios del predio San Gregorio. Si bien la reserva de identidad del testigo se efectúo en la etapa de investigación en ausencia de un efectivo control judicial (supra párr. 249), en el presente caso ello no conlleva una violación de la garantía prevista en el artículo 8.2.f de la Convención, debido a que la declaración de ese testigo no fue utilizada de forma decisiva y, en la etapa de juicio, fueron garantizadas determinadas medidas de contrapeso para que su defensa pudiera interrogar al testigo reservado y controvertir su declaración (supra párrs. 234 y 250). b) En cambio, la condena penal del señor Pichún Paillalao como autor del delito de amenaza de incendio terrorista en perjuicio del administrador y dueños del Fundo Nancahue estuvo fundada en grado decisivo en la declaración de un testigo de identidad reservada (el "testigo protegido N° 1"), pues si bien se hace referencia a otros medios de prueba, éstos por sí solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, ya que las otras tres personas que rindieron testimonio solo tenían un conocimiento indirecto. La sentencia hizo además referencia a una carta sobre supuestas amenazas firmada por el señor Pichún, pero sin fecha, y a un cheque firmado por el administrador del Fundo Nancahue a la orden del acusado. También mencionó una declaración testimonial en la que se señaló que la Página 311 de 600

Coordinadora Arauco Malleco es una organización de hecho, de carácter terrorista y que Pichún pertenecía a ella, sin un análisis de su incidencia en la configuración del tipo penal. Por las razones expuestas, la Corte concluye que para determinar la condena se otorgó valor decisivo a la declaración de un testigo de identidad reservada, lo que constituye una violación del derecho de la defensa a interrogar testigos, consagrado en el artículo 8.2.f de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Pascual Huentequeo Pichún Paillalao. Corte IDH. Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 303. Dentro de este último ámbito, que es el que interesa en el presente caso, los literales d) y e) del artículo 8.2 expresan, dentro del catálogo de garantías mínimas en materia penal, que el inculpado tiene derecho de "defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección” y que si no lo hiciere tiene el "derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna”. Si bien la norma contempla diferentes alternativas para el diseño de los mecanismos que garanticen el derecho, cuando la persona que requiera asistencia jurídica no tenga recursos ésta deberá necesariamente ser provista por el Estado en forma gratuita. Pero en casos como el presente que se refieren a la materia penal en la cual se consagra que la defensa técnica es irrenunciable, debido a la entidad de los derechos involucrados y a la pretensión de asegurar tanto la igualdad de armas como el respeto irrestricto a la presunción de inocencia, la exigencia de contar con un abogado que ejerza la defensa técnica para afrontar adecuadamente el proceso implica que la defensa que proporcione el Estado no se limite únicamente a aquellos casos de falta de recursos. En esta línea, la Corte reconoce que un rasgo distintivo de la mayoría de los Estados parte de la Convención es el desarrollo de una política pública e institucionalidad que garantiza a las personas que así lo requieran y en todas las etapas del proceso el derecho intangible a la defensa técnica en materia penal a través de las defensorías públicas, promoviendo de este modo la garantía de acceso a la justicia para las personas más desaventajadas sobre las que generalmente actúa la selectividad del proceso penal. Así, la Asamblea General de la OEA ha afirmado "la importancia fundamental que tiene el servicio de asistencia letrada gratuita para la promoción y protección del derecho de acceso a la justicia de todas las personas, en particular de aquellas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad”. La institución de la defensa pública, a través de la provisión de servicios públicos y gratuitos de asistencia jurídica permite, sin duda, compensar adecuadamente la desigualdad procesal en la que se encuentran las personas que se enfrentan al poder punitivo del Estado, así como la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad, y garantizarles un acceso efectivo a la justicia en términos igualitarios. Sin embargo, la Corte ha considerado que nombrar a un defensor de oficio con el sólo objeto de cumplir con una formalidad procesal equivaldría a no contar con defensa técnica, por lo que es imperante que dicho defensor actúe de manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evite así que sus derechos se vean lesionados y se quebrante la relación de confianza. A tal fin, es necesario que la institución de la defensa pública, como medio a través del cual el Estado garantiza el derecho irrenunciable de todo inculpado de delito de ser asistido por un defensor, sea dotada de garantías suficientes para su actuación eficiente y Página 312 de 600

en igualdad de armas con el poder persecutorio. La Corte ha reconocido que para cumplir con este cometido el Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas. Entre ellas, contar con defensores idóneos y capacitados que puedan actuar con autonomía funcional. En esta línea y más allá del diseño institucional y orgánico propio de cada país, la Asamblea General de la OEA ha instado a los Estados a que "adopten acciones tendientes a que los defensores públicos oficiales cuenten con presupuesto adecuado y gocen de independencia, autonomía funcional, financiera y/o presupuestaria y técnica”. A criterio de la Asamblea General tales medidas son apropiadas para garantizar "un servicio público eficiente, libre de injerencias y controles indebidos por parte de otros poderes del Estado que afecten su autonomía fuñcioñal y cuyo mandato sea el interés de su defendido o defendida". La Corte nota que en el presente caso los defensores públicos ejercieron la defensa del señor José Agapito Ruano Torres durante el proceso penal No. 77-2001-2, en el cual se emitió una sentencia condenatoria en su contra. A diferencia de casos anteriores, en los cuales la violación del derecho a la defensa reconocida a todo inculpado del delito dentro del catálogo de garantías contemplado en el artículo 8.2 de la Convención, se configuró por los impedimentos de las autoridades policiales, fiscales o judiciales para que la defensa técnica participara asistiendo al imputado en actos centrales del proceso, como por ejemplo recibiendo la declaración del imputado sin la asistencia de su abogado defensor , en el presente caso los argumentos se refieren a la alegada deficiente actuación de la defensoría pública. Esto es, que la defensa técnica provista por el Estado no habría actuado de forma eficiente. Por lo tanto, el presente caso plantea a la Corte la situación de tener que determinar los alcances de la responsabilidad internacional del Estado por la actuación de la defensa pública en materia penal. Ahora bien, la Comisión citó aparte de sus propios criterios , lo sostenido por el Comité de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para definir el criterio aplicable para determinar el alcance de la responsabilidad en estos casos, en el sentido que "el Estado no puede ser considerado responsable por todas las fallas de desempeño del abogado o defensor público[, e]s así como el Estado es responsable si la defensa pública incurre en omisiones o fallas que de manera evidente permitan concluir que no brindó un patrocinio efectivo". Toda vez que la defensa pública corresponde a una función estatal o servicio público, pero aún así se considera una función que debe gozar de la autonomía necesaria para ejercer adecuadamente sus funciones de asesorar según su mejor juicio profesional y en atención a los intereses del imputado, la Corte estima que el Estado no puede ser considerado responsable de todas las fallas de la defensa pública, dado la independencia de la profesión y el juicio profesional del abogado defensor. En este sentido, la Corte considera que, como parte del deber estatal de garantizar una adecuada defensa pública, es necesario implementar adecuados procesos de selección de los defensores públicos, desarrollar controles sobre su labor y brindarles capacitaciones periódicas. En atención a lo anterior, la Corte considera que, para analizar si ha ocurrido una posible vulneración del derecho a la defensa por parte del Estado, tendrá que evaluar si la acción u omisión del defensor público constituyó una negligencia inexcusable o una falla manifiesta en el ejercicio de la defensa que tuvo o puede tener un efecto decisivo en contra de los intereses del imputado. En esta línea, la Corte procederá a realizar un análisis de la integralidad de los procedimientos, a Página 313 de 600

menos que determinada acción u omisión sea de tal gravedad como para configurar por sí sola una violación a la garantía. Además, es pertinente precisar que una discrepancia no sustancial con la estrategia de defensa o con el resultado de un proceso no será suficiente para generar implicaciones en cuanto al derecho a la defensa, sino que deberá comprobarse, como se mencionó, una negligencia inexcusable o una falla manifiesta. En casos resueltos en distintos países, los tribunales nacionales han identificado una serie de supuestos no exhaustivos que son indicativos de una vulneración del derecho a la defensa y, en razón de su entidad, han dado lugar como consecuencia la anulación de los respectivos procesos o la revocación de sentencias proferidas: a) No desplegar una mínima actividad probatoria. b) Inactividad argumentativa a favor de los intereses del imputado . c) Carencia de conocimiento técnico jurídico del proceso penal . d) Falta de interposición de recursos en detrimento de los derechos del imputado . e) Indebida fundamentación de los recursos interpuestos . f) Abandono de la defensa . En el presente caso, al evaluar de manera integral las actuaciones de la defensa pública, la Corte verifica que los defensores que representaban al señor Ruano Torres no solicitaron la nulidad de la diligencia de reconocimiento en rueda de personas con base en las irregularidades que habrían sucedido según lo indicado por el propio imputado y otras personas , así como sobre la base de que la víctima del delito había visto a los detenidos en los medios de comunicación (supra párr. 113). De este modo, la identificación positiva de José Agapito Ruano Torres como uno de los partícipes en el hecho punible durante el reconocimiento en rueda de personas y en la vista pública se convirtió en uno de los fundamentos de la condena. Además, la defensa pública no presentó recurso contra la condena (supra párr. 93), que permitiera obtener el doble conforme por parte de un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica al que emitió la sentencia condenatoria. La doble conformidad judicial, expresada mediante el acceso a un recurso que otorgue la posibilidad de una revisión íntegra del fallo condenatorio, confirma el fundamento y otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado, y al mismo tiempo brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado . En este sentido, la Corte resalta que tal omisión no se ve suplida por la presentación de un recurso de revisión una vez que la sentencia se encontraba en firme, el cual tiene causales de procedencia específicas y es resuelto por el mismo tribunal que dictó la sentencia. Resulta palmario en el presente caso que tales omisiones lejos de obedecer a una estrategia de defensa a favor del imputado actuaron en detrimento de los derechos e intereses del señor Ruano Torres y lo dejaron en estado de indefensión, constituyendo una vulneración del derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor. La Corte estima que la responsabilidad internacional del Estado puede verse comprometida, además, por la respuesta brindada a través de los órganos judiciales respecto a las actuaciones u omisiones imputables a la defensa pública. Si es evidente que la defensa pública actuó sin la diligencia debida, recae sobre las autoridades judiciales un deber de tutela o control. Ciertamente, la función judicial debe vigilar que el derecho a la defensa no se torne ilusorio a través de una asistencia jurídica ineficaz. En esta línea, resulta esencial la función de resguardo del debido proceso que deben ejercer las autoridades judiciales. Tal deber de tutela o de control ha sido reconocido por tribunales de nuestro continente que han invalidado procesos cuando resulta patente una falla en la actuación de la defensa técnica. En suma, la Página 314 de 600

responsabilidad internacional del Estado será, pues, también establecida si la negligencia inexcusable o falla manifiesta de la defensa debió haber sido evidente para las autoridades judiciales o bien fueron puestas en conocimiento de las mismas y no se adoptaron las acciones necesarias y suficientes para prevenir y/o remediar la violación al derecho a la defensa, de modo tal que la situación condujo a la violación del debido proceso, atribuible al Estado. En las circunstancias descritas, la Corte considera que las fallas manifiestas en la actuación de los defensores públicos y la falta de respuesta adecuada y efectiva por parte de las autoridades judiciales colocó a José Agapito Ruano Torres en un estado de total indefensión, lo cual se vio agravado por el hecho de encontrarse privado de libertad durante toda la sustanciación de su proceso. Asimismo, en virtud de dichas circunstancias, es posible considerar que no fue oído con las debidas garantías. En razón de lo expuesto y del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, la Corte concluye que el Estado es responsable por la vulneración de los artículos 8.1, 8.2.d) y 8.2.e) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de José Agapito Ruano Torres. Presentar prueba para esclarecer los hechos (8.2.f). Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111. En el presente caso se encuentra demostrado que en el proceso penal seguido en contra del señor Canese no se le permitió obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que pudieran "arrojar luz sobre los hechos". En cuanto a la primera instancia, el juez de la causa, después de haber emitido una resolución citando a audiencias a los testigos propuestos por el señor Canese, revocó tal decisión y ordenó el cierre del período probatorio, por lo cual no se rindió ninguna prueba testimonial, coartando por una negligencia judicial la posibilidad de presentar medios probatorios en su defensa que pudieran "arrojar luz sobre los hechos". Además, ante el Tribunal de Apelación en lo Criminal, Tercera Sala, tampoco se produjo prueba testimonial alguna. La defensa del señor Canese consistió en repetir ante los tribunales que sus declaraciones no iban dirigidas a los querellantes, sino que se referían al señor Wasmosy, en el marco de la campaña electoral a la Presidencia de la República. Los tribunales consideraron que la ratificación de sus declaraciones en la declaración indagatoria y en la conciliación constituía una "'confesión simple’ del delito". Con base en lo señalado, la Corte considera que el Estado violó, en perjuicio del señor Ricardo Canese, el artículo 8.2.f) de la Convención Americana. Corte IDH. Caso Dacosta Cadogan Vs. Barbados. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de septiembre de 2009. Serie C No. 204. No obstante que el ordenamiento jurídico interno permitía al juez solicitar la opinión de un experto para tales efectos, ésta nunca fue ordenada en el proceso seguido contra el señor DaCosta Cadogan. Es decir, el Estado omitió ordenar que se llevara a cabo una evaluación psiquiátrica con el propósito de determinar, inter alia, la existencia de una posible dependencia al alcohol u otros "trastornos de personalidad", que pudieron haber afectado al señor DaCosta Cadogan al momento del delito, y tampoco aseguró que el señor DaCosta Cadogan y su abogado tuvieran conciencia sobre la disponibilidad de una evaluación gratuita, voluntaria y detallada de su salud mental, con el fin de preparar su defensa en el juicio. El hecho de que el Estado no informó al señor DaCosta Cadogan o a su abogado, al inicio del proceso penal, de su derecho a Página 315 de 600

obtener dicha evaluación, pudo haber resultado en la exclusión de pruebas relevantes para la preparación de una defensa adecuada en el juicio. Consecuentemente, la supuesta condición mental del señor DaCosta Cadogan al momento de los hechos nunca fue completamente evaluada por un profesional en la salud mental, para la preparación de su defensa, en un caso donde la muerte era la única sentencia posible. A diferencia de otros procesos penales, en los que esta actitud pasiva del Estado con respecto a la disponibilidad de evaluaciones psiquiátricas resultaría admisible, el caso del señor DaCosta Cadogan resulta diferente por varias razones. Primero, se trataba de un proceso sujeto a la imposición obligatoria de la pena de muerte que como se señaló anteriormente, exige la más amplia y estricta observación de las garantías procesales. Segundo, la situación particular del acusado al momento del delito razonablemente ameritaba al menos, una indagación respecto a una posible situación de dependencia al alcohol o algún "trastorno de personalidad", especialmente teniendo en cuenta que el juez planteó ante el jurado el asunto del efecto que pudo haber causado el consumo de alcohol y drogas en el estado mental del acusado. Tercero, teniendo en cuenta que fue el propio Estado el que designó a un abogado defensor a favor del señor DaCosta Cadogan, correspondía al juez adoptar una posición más activa para asegurar que se adoptaran todas las medidas necesarias para velar por el respeto de las garantías judiciales. Cuarto, el señor DaCosta Cadogan solicitó en el proceso de apelación la posibilidad de presentar una evaluación más detallada respecto de su supuesto trastorno de personalidad y dependencia al alcohol, sin que ello le fuera permitido. Derecho a recurrir del fallo ante un tribunal o un juez superior (art. 8.2.h). Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52. La Corte advierte que, según declaró anteriormente (supra 134), los procesos seguidos ante el fuero militar contra civiles por el delito de traición a la patria violan la garantía del juez natural establecida por el artículo 8.1 de la Convención. El derecho de recurrir del fallo, consagrado por la Convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener acceso. Para que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la Convención, es preciso que el tribunal superior reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del caso concreto. Conviene subrayar que el proceso penal es uno solo a través de sus diversas etapas, tanto la correspondiente a la primera instancia como las relativas a instancias ulteriores. En consecuencia, el concepto del juez natural y el principio del debido proceso legal rigen a lo largo de esas etapas y se proyectan sobre las diversas instancias procesales. Si el juzgador de segunda instancia no satisface los requerimientos del juez natural, no podrá establecerse como legítima y válida la etapa procesal que se desarrolle ante él. En el caso que nos ocupa, el tribunal de segunda instancia forma parte de la estructura militar. Por ello no tiene la independencia necesaria para actuar ni constituye un juez natural para el enjuiciamiento de civiles. En tal virtud, pese a la existencia, bajo condiciones sumamente restrictivas, de recursos que pueden ser utilizados por los procesados, aquéllos no constituyen una verdadera garantía de reconsideración del caso por un órgano jurisdiccional superior que atienda las exigencias de competencia, imparcialidad e independencia que la Convención establece. En el mismo sentido: Caso Página 316 de 600

Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 159; Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr. 192; Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 180; Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 179. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.2.h de la Convención. Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107. El artículo 8.2.h. de la Convención Americana dispone que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, "de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona. En el mismo sentido: Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr.88; Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 179; Caso Mohamed Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 noviembre de 2012 Serie C No. 255, párrs. 98y 99; Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013 Serie C No. 260, párrs. 243 y 244; Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie C No. 276232, párr. 85. La Corte ha indicado que el derecho de recurrir del fallo, consagrado por la Convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener acceso. Para que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la Convención, es preciso que el tribunal superior reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del caso concreto. Conviene subrayar que el proceso penal es uno solo a través de sus diversas etapas, incluyendo la tramitación de los recursos ordinarios que se interpongan contra la sentencia. De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la Corte ha establecido que "no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces", es decir, deben dar resultados Página 317 de 600

o respuestas al fin para el cual fueron concebidos. En el mismo sentido: Caso Barreto Leiva Ks. Kenezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 90; Caso Kélez Loor Ks. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 179. Con base en lo expuesto en los párrafos anteriores, la Corte pasa a resolver si el recurso de casación al que tuvo acceso el señor Mauricio Herrera Ulloa cumplió con los parámetros anteriormente establecidos y, por ende, si se trató de un recurso regulado y aplicado de conformidad con lo estipulado en el artículo 8.2.h. de la Convención Americana. El juez o tribunal superior encargado de resolver el recurso interpuesto contra la sentencia penal tiene el deber especial de protección de las garantías judiciales y el debido proceso a todas las partes que intervienen en el proceso penal de conformidad con los principios que lo rigen. La posibilidad de "recurrir del fallo" debe ser accesible, sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. En el mismo sentido: Caso Kélez Loor Ks. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 179; Caso Mohamed Ks. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 noviembre de 2012 Serie C No. 255, párr. 99; Caso Mendoza y otros Ks. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013 Serie CNo. 260, párr. 244; Caso Liakat Ali Alibux Ks. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie C No. 276, párr. 86. Independientemente de la denominación que se le de al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice una examen integral de la decisión recurrida. En el mismo sentido: Caso Mohamed Ks. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 noviembre de 2012 Serie C No. 255, párr. 97; Caso Mendoza y otros Ks. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013 Serie C No. 260, párr. 242; Caso Liakat Ali Alibux Ks. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie C No. 276, párr. 85. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos concluyó [_] que la inexistencia de la posibilidad de que el fallo condenatorio y la pena del autor fueran revisadas íntegramente, como se desprende de la propia sentencia de casación [_], limitándose dicha revisión a los aspectos formales o legales de la sentencia, no cumple con las garantías que exige el párrafo 5, artículo 14 del Pacto. Por consiguiente, al autor le fue denegado el derecho a la revisión del fallo condenatorio y de la pena, en violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto. En el presente caso, los recursos de casación presentados contra la sentencia condenatoria de 12 de noviembre de 1999 no satisficieron el requisito de ser un recurso amplio de manera tal que permitiera que el tribunal superior realizara un análisis o examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior. Esta situación conlleva a que los recursos de casación interpuestos por los señores Fernán Vargas Rohrmoser y Mauricio Herrera Ulloa, y por el defensor de éste último y apoderado especial del periódico "La Nación", respectivamente (supra párr. 95. w), contra la sentencia condenatoria, no satisficieron los requisitos del artículo 8.2 h. de la Convención Americana en cuanto no permitieron un examen integral sino limitado. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.2.h. de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 Página 318 de 600

y 2 de dicho tratado, en perjuicio del señor Mauricio Herrera Ulloa. Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206. La doble conformidad judicial, expresada mediante la íntegra revisión del fallo condenatorio, confirma el fundamento y otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado, y al mismo tiempo brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado. En el mismo sentido: Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 179; Caso Mohamed Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 noviembre de 2012 Serie C No. 255, párr. 97; Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013 Serie CNo. 260, párr. 242; Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie C No. 276, párr. 85. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. El Estado puede establecer fueros especiales para el enjuiciamiento de altos funcionarios públicos, y esos fueros son compatibles, en principio, con la Convención Americana (supra párr. 74). Sin embargo, aun en estos supuestos el Estado debe permitir que el justiciable cuente con la posibilidad de recurrir del fallo condenatorio. Así sucedería, por ejemplo, si se dispusiera que el juzgamiento en primera instancia estará a cargo del presidente o de una sala del órgano colegiado superior y el conocimiento de la impugnación corresponderá al pleno de dicho órgano, con exclusión de quienes ya se pronunciaron sobre el caso. En razón de lo expuesto, el Tribunal declara que Venezuela violó el derecho del señor Barreto Leiva reconocido en el artículo 8.2.h de la Convención, en relación con el artículo 1.1 y 2 de la misma, puesto que la condena provino de un tribunal que conoció el caso en única instancia y el sentenciado no dispuso, en consecuencia, de la posibilidad de impugnar el fallo. Cabe observar, por otra parte, que el señor Barreto Leiva habría podido impugnar la sentencia condenatoria emitida por el juzgador que habría conocido su causa si no hubiera operado la conexidad que acumuló el enjuiciamiento de varias personas en manos de un mismo tribunal. En este caso la aplicación de la regla de conexidad, admisible en sí misma, trajo consigo la inadmisible consecuencia de privar al sentenciado del recurso al que alude el artículo 8.2.h de la Convención. Corte IDH. Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011. Serie C No. 233. A mayor abundamiento, el Tribunal considera que no es per se contrario a la Convención Americana que se establezca en el derecho interno de los Estados que en determinados procedimientos, ciertos actos de trámite no son obieto de impugnación. Adicionalmente, la Corte destaca que los representantes no presentaron alegatos suficientes sobre el impacto adverso que dicha imposibilidad de impugnación pudo tener en el ejercicio del derecho a la defensa del señor López Mendoza. La prueba obrante en el expediente permite concluir que la no impugnación de actos de trámite no afectó la posibilidad de impugnar actos posteriores ni impidió, en su coníunto, la debida defensa respecto a las sanciones de multa que le fueron impuestas a la víctima. Corte IDH. Caso Mohamed Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 noviembre de 2012. Serie C No. 255. La Corte hace notar que este Página 319 de 600

caso presenta la particularidad de que al imputado se le siguió un proceso penal de dos instancias, y fue condenado en segunda instancia por un tribunal que revocó la decisión absolutoria del juzgado de primera instancia. Para determinar si al señor Mohamed le asistía el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, corresponde determinar si la protección consagrada en el artículo 8.2.h de la Convención Americana permite una excepción, tal como alega Argentina, cuando el imputado haya sido declarado condenado por un tribunal que resuelva un recurso contra su absolución. El artículo 8.2 de la Convención contempla la protección de garantías mínimas a favor de "[t]oda persona inculpada de delito”. En el último inciso en que expone esas garantías, cual es el h), protege el "derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. La Corte entiende que el artículo 8.2 se refiere, en términos generales, a las garantías mínimas de una persona que es sometida a una investigación y proceso penal. Esas garantías mínimas deben ser protegidas dentro del contexto de las distintas etapas del proceso penal, que abarca la investigación, acusación, juzgamiento y condena. Teniendo en cuenta que las garantías judiciales buscan que quien esté incurso en un proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias, la Corte interpreta que el derecho a recurrir del fallo no podría ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquél que es condenado, ya que la condena es la manifestación del ejercicio del poder punitivo del Estado. Resulta contrario al propósito de ese derecho específico que no sea garantizado frente a quien es condenado mediante una sentencia que revoca una decisión absolutoria. Interpretar lo contrario, implicaría dejar al condenado desprovisto de un recurso contra la condena. Se trata de una garantía del individuo frente al Estado y no solamente una guía que orienta el diseño de los sistemas de impugnación en los ordenamientos jurídicos de los Estados Partes de la Convención. Para confirmar la interpretación de esta Corte de que se trata de un derecho que asiste al condenado, resulta relevante acudir al lenguaje concreto del artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que, al referirse al derecho a recurrir del fallo, expresamente establece que es una garantía que tiene "[t]oda persona declarada culpable de un delito” (énfasis agregado). En otra oportunidad la Corte ha manifestado que dicha norma del Pacto es "muy similar” al artículo 8.2.h de la Convención Americana. El Estado ha sostenido que sería permitido establecer excepciones al derecho a recurrir condenas penales [_]con base en que el artículo 2 del Protocolo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales permite determinadas excepciones. Al respecto, la Corte no coincide con el alcance que Argentina otorga a esa norma del Sistema Europeo para interpretar la correspondiente norma de la Convención Americana, ya que precisamente esta última no previó excepciones como sí lo hizo expresamente la disposición del Sistema Europeo. Con base en las anteriores consideraciones, la Corte concluye que, en los términos de la protección que otorga el artículo 8.2.h de la Convención Americana, el señor Mohamed tenía derecho a recurrir del fallo proferido por la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones el 22 de febrero de 1995, toda vez que en éste se le condenó como autor del delito de homicidio culposo [_]La Corte ha sostenido que el artículo 8.2.h de la Convención se refiere a un recurso ordinario accesible y eficaz. Ello supone que debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada. La eficacia del recurso implica que debe procurar resultados o respuestas al Página 320 de 600

fin para el cual fue concebido. Asimismo, el recurso debe ser accesible, esto es, que no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. En ese sentido, la Corte estima que las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente. En el mismo sentido: Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013 Serie C No. 260, párr. 244; Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie CNo. 276, párr. 86. Debe entenderse que, independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados Partes y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, para que éste sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea. Ello requiere que pueda analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria. En el mismo sentido: Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013. Serie C No. 260, párr. 245; Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie C No. 276, párr. 86. Además el Tribunal considera que, en la regulación que los Estados desarrollen en sus respectivos regímenes recursivos, deben asegurar que dicho recurso contra la sentencia condenatoria respete las garantías procesales mínimas que, bajo el artículo 8 de la Convención, resulten relevantes y necesarias para resolver los agravios planteados por el recurrente, lo cual no implica que deba realizarse un nuevo juicio oral. En el mismo sentido: Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013 Serie CNo. 260, párr. 246; Caso Liakat Ali Alibux Ks. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie C No. 276, párr. 87. La Corte ha constatado que en el presente caso el alcance limitado del recurso extraordinario federal quedó manifiesto en la decisión proferida por la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones, la cual rechazó in limine el recurso interpuesto por el defensor del señor Mohamed con base en que los argumentos presentados se referían "a cuestiones de hecho, prueba y derecho común, que ha[bíañ] sido valoradas y debatidas en oportunidad del fallo impugnado" [.]Adicionalmente, la Corte resalta la gravedad de que en el presente caso no se garantizara al señor Mohamed el derecho a recurrir la sentencia condenatoria, tomando en cuenta que parecieran haberse configurado deficiencias en la garantía del derecho de defensa durante la segunda instancia del proceso penal frente a la apelación planteada contra la sentencia absolutoria. La Corte observa que en dicho proceso penal el Ministerio Público acusó calificando los hechos de homicidio culposo, posteriormente solicitó el sobreseimiento y después de la sentencia absolutoria en primera instancia apeló sin fundamentar la apelación (sin expresar agravios). La querella también apeló y presentó agravios o Página 321 de 600

fundamentos de la apelación, pero no consta que en el proceso penal se hubiere dado traslado del escrito al defensor del señor Mohamed para que pudiera pronunciarse sobre esos agravios con anterioridad a la emisión de la sentencia de segunda instancia que revocó la absolución y condenó penalmente al señor Mohamed. . Por las razones expuestas, la Corte concluye que el sistema procesal penal argentino que fue aplicado al señor Mohamed no garantizó normativamente un recurso ordinario accesible y eficaz que permitiera un examen de la sentencia condenatoria contra el señor Mohamed, en los términos del artículo 8.2.h de la Convención Americana, y también ha constatado que el recurso extraordinario federal y el recurso de queja, en tanto salvaguarda de acceso al primero, no constituyeron en el caso concreto recursos eficaces para garantizar dicho derecho. Corte IDH. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013. Serie C No. 260. Al respecto, esta Corte observa que el "fallo Casal" estableció en lo pertinente que el recurso de casación fue históricamente limitado a cuestiones jurídicas, ya que nació con el objetivo de tener un control jerárquico sobre el trabajo de los jueces inferiores, impidiendo que sus sentencias fueran contrarias al texto de la ley. En este esquema clásico las decisiones de los jueces sobre los hechos no podrían alterarse. Por ello, en el recurso de casación, históricamente se planteó una separación tajante entre cuestiones de hecho y cuestiones de derecho para decidir si una sentencia era o no recurrible. La casación estaba limitada a cuestiones jurídicas. Sin embargo, el máximo tribunal argentino señaló que la delimitación entre estos campos "si bien parece clara en principio, enfrentada a los casos reales es poco menos que inoperante [. pues] en cualquier caso puede convertirse una cuestión de hecho en una de derecho y, viceversa". De este modo, la Corte Suprema de la Nación indicó que "se abandona definitivamente la limitación del recurso de casación a las llamadas cuestiones de derecho". Es decir, si el agravio del condenado es considerado una cuestión de hecho y prueba, ello no puede ser una excusa para negar, ipso facto, el examen de los posibles errores del fallo. En consecuencia, dicho tribunal manifestó que "los [artículos] 8.2.h de la Convención Americana y 14.5 del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos] exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral" y, por lo tanto, todo error que pudiera tener el fallo será materia de recurso, salvo lo percibido única y directamente por los jueces en la dicha etapa. Es pertinente resaltar que los criterios que se desprenden del fallo Casal son posteriores a las decisiones que recayeron a los recursos de casación interpuestos en el presente caso a favor de las presuntas víctimas. Por ello, el análisis de la relevancia de dicho fallo, en los términos planteados por el Estado, se realizará en los capítulos pertinentes de esta Sentencia (infra párrs. 299 a 303). De lo anterior se desprende que los recursos de casación interpuestos a favor de [_] fueron denegados, básicamente, con base en que lo que se procuraba era una revisión de cuestiones fácticas y probatorias, entre las cuales se cuestionaba la imposición de la prisión perpetua, las cuales estaban fuera del ámbito del alcance de los recursos de casación previstos por el artículo 474 del Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza y por el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación, respectivamente. Con base en fórmulas rígidas contrarias a la revisión integral del fallo en el sentido exigido por la Convención, el rechazo de los recursos de casación fue in limine, sin Página 322 de 600

ningún análisis sobre el fondo de la cuestión, y sin considerar que las cuestiones fácticas y probatorias también pueden incidir en la corrección de una condena penal (supra párr. 253). En términos de la jurisprudencia sobre los alcances del derecho de recurrir del fallo, las decisiones recaídas a los recursos de casación fueron contrarias a lo dispuesto por el artículo 8.2.h) de la Convención Americana. Corte IDH. Caso Liakat Ali Alibux Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie C No. 276. La Corte se ha referido en su jurisprudencia constante sobre el alcance y contenido del artículo 8.2(h) de la Convención, así como a los estándares que deben ser observados para asegurar la garantía del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior . En este sentido, el Tribunal ha entendido que dicho derecho consiste en una garantía mínima y primordial que "se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía [_]" . Teniendo en cuenta que las garantías judiciales buscan que quien esté incurso en un proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias, la Corte interpreta que el derecho a recurrir el fallo no podría ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquél que es condenado , ya que la condena es la manifestación del ejercicio del poder punitivo del Estado . La Corte ha considerado el derecho a recurrir el fallo como una de las garantías mínimas que tiene toda persona que es sometida a una investigación y proceso penal . En razón de lo anterior, la Corte ha sido enfática al señalar que el derecho a impugnar el fallo tiene como objetivo principal proteger el derecho de defensa, puesto que otorga la oportunidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión judicial en el evento que haya sido adoptada en un procedimiento viciado y que contenga errores o malas interpretaciones que ocasionarían un perjuicio indebido a los intereses del justiciable, lo que supone que el recurso deba ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada . Este derecho permite corregir errores o injusticias que puedan haberse cometido en las decisiones de primera instancia, por lo que genera una doble conformidad judicial, otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado y brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado . En concordancia con lo anterior, a efectos que exista una doble conformidad judicial, la Corte ha indicado que lo importante es que el recurso garantice la posibilidad de un examen integral de la sentencia recurrida . Además, el Tribunal ha sostenido que el artículo 8.2(h) de la Convención se refiere a un recurso ordinario accesible y eficaz , es decir que no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho . En ese sentido, las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente , es decir que debe procurar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido . "Debe entenderse que, independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados Partes y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, para que éste sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea [_]. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria" A continuación, en virtud de los argumentos de las partes y frente a la importancia del debate para muchos otros ciudadanos y Estados Página 323 de 600

de la Región, la Corte se referirá al derecho comparado en la materia, con el fin de precisar el alcance y contenido del derecho a recurrir el fallo, aplicado a altas autoridades, a saber: a) el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; b) el CEDH, y c) la práctica de los Estados de la región en la materia. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado de manera expresa en el párrafo 47 de la Observación General No. 32 que: "El párrafo 5 del artículo 14 [del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante "PIDCP")] se vulnera no sólo si la decisión de un tribunal de primera instancia se considera definitiva sino también si una condena impuesta por un tribunal de apelación o un tribunal de última instancia a una persona absuelta en primera instancia no puede ser revisada por un tribunal superior. Cuando el tribunal más alto de un país actúa como primera y única instancia, la ausencia de todo derecho a revisión por un tribunal superior no queda compensada por el hecho de haber sido juzgado por el tribunal de mayor jerarquía del Estado Parte; por el contrario, tal sistema es incompatible con el Pacto, a menos que el Estado Parte interesado haya formulado una reserva a ese efecto" De igual manera, el Comité de Derechos Humanos ha señalado en sus decisiones que, el derecho a recurrir el fallo debe garantizarse sin importar el rango de la persona juzgada por lo que "si bien la legislación [de un] Estado Parte dispone en ciertas ocasiones que una persona en razón de su cargo sea juzgada por un tribunal de mayor jerarquía que el que naturalmente correspondería, esta circunstancia no puede por sí sola menoscabar el derecho del acusado a la revisión de su sentencia y condena por un tribunal" Por otro lado, la Corte considera pertinente referirse a lo alegado por el Estado en el sentido que el juzgamiento de altos funcionarios públicos en primera y única instancia, no es, por definición, violatorio del principio generalmente aceptado del derecho a recurrir del fallo, con fundamento en la regulación permitida por ley de dicho derecho, según lo establecido por el artículo 14, inciso 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (supra párr. 81). Al respecto, el Tribunal considera preciso resaltar que el artículo 14, inciso 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se diferencia del artículo 8.2(h) de la Convención Americana ya que el último es muy claro al señalar el derecho a recurrir el fallo sin hacer mención a la frase "conforme a lo prescrito por la ley", como sí lo establece el artículo del PIDCP. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo ha interpretado en el párrafo 45 de su Observación General No. 32, en el sentido que: "La expresión "conforme a lo prescrito por la ley" en esta disposición no tiene por objeto dejar a discreción de los Estados Partes la existencia misma del derecho a revisión, puesto que este es un derecho reconocido por el Pacto y no meramente por la legislación interna. La expresión "conforme a lo prescrito por la ley" se refiere más bien a la determinación de las modalidades de acuerdo con las cuales un tribunal superior llevará a cabo la revisión, así como la determinación del tribunal que se encargará de ello de conformidad con el Pacto. El párrafo 5 del artículo 14 no exige a los Estados Partes que establezcan varias instancias de apelación. Sin embargo, la referencia a la legislación interna en esta disposición ha de interpretarse en el sentido de que si el ordenamiento jurídico nacional prevé otras instancias de apelación, la persona condenada debe tener acceso efectivo a cada una de ellas” En razón de ello, si bien existe una deferencia a los Estados para regular el ejercicio del recurso, mediante su normativa interna, no pueden establecerse restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del Página 324 de 600

derecho a recurrir el fallo, o la existencia del mismo. En este sentido, el Tribunal no considera que la remisión a la normativa interna constituya un mecanismo por el cual la existencia del derecho a recurrir el fallo de las altas autoridades pueda verse afectada, más aún cuando dicha remisión no se reconoce en la Convención Americana. La Corte considera pertinente referirse a lo alegado por el Estado en el sentido que el juzgamiento de autoridades que ejercen altos cargos públicos en primera y única instancia, no es, por definición, violatorio del principio generalmente aceptado del derecho a recurrir del fallo, con base en el artículo 2, inciso 2 del Protocolo 7 del CEDH (supra párr. 81). Ahora bien, sin perjuicio de que el CEDH no se aplica a los Estados de la región, la Corte observa que el mismo ejerce una fuerte influencia y sirve de referencia jurídica del derecho europeo en Suriname en razón de su historia. Al respecto, el artículo 2, inciso 2 del Protocolo 7, establece expresamente una excepción al derecho a recurrir el fallo, en supuestos donde la persona es condenada en primera instancia por un tribunal superior. Sin embargo, tal como se estableció en el caso Mohamed Vs. Argentina "la Corte no coincide con el alcance [que se pretende otorgar a la] norma del Sistema Europeo para interpretar la correspondiente norma de la Convención Americana, ya que precisamente esta última no previó excepciones como sí lo hizo expresamente la disposición del Sistema Europeo”. En este sentido, el Tribunal no considera que la excepción contenida en el sistema europeo pueda aplicarse al presente caso. La Corte constata que la práctica de diversos Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) otorgan a sus altas autoridades la posibilidad de recurrir el fallo condenatorio en procesos penales seguidos en su contra y en menor medida, algunos Estados los juzgan en única instancia. Dicho derecho se reconoce en los Estados, ya sea de manera restringida, es decir a favor de ciertos funcionarios que ostentan un rango menor, con exclusión del Presidente y Vicepresidente; o de manera amplia, estableciendo esta garantía a un grupo de autoridades de diversa jerarquía. Cabe señalar que, muchos Estados en la región garantizan el derecho de recurrir el fallo sin perjuicio del establecimiento de una jurisdicción distinta a la penal ordinaria como competente para juzgar a sus altos funcionarios públicos y/o políticos, el cual en muchos casos, está a cargo del máximo órgano de justicia. De igual manera, la Corte observa que en estos supuestos, en donde no existe una instancia superior al máximo órgano, que pueda hacer una revisión íntegra del fallo condenatorio, algunos Estados de la región han adoptado distintas fórmulas jurídicas con el fin de garantizar el derecho a recurrir el fallo. En este sentido, el Tribunal constata que ello se ha logrado a través de diversas prácticas, a saber: a) cuando una Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es la que juzga en primera instancia, para que luego el Pleno de la misma, sea la instancia que revise el recurso interpuesto; b) cuando una determinada Sala de la Corte Suprema juzga en primera instancia y otra Sala, de distinta composición, resuelve el recurso presentado, y c) cuando una Sala conformada por un número determinado de miembros juzga en primera instancia y otra Sala conformada por un número mayor de jueces que no participaron en el proceso de primera instancia, resuelva el recurso. Asimismo, el Tribunal observa que la composición de las instancias revisoras incluye miembros que no conocieron del caso en primera instancia y que la decisión emitida por aquellas puede modificar o revocar el fallo revisado. En virtud de lo expuesto, la Corte verifica que la mayoría de los Estados miembros de la Página 325 de 600

OEA otorgan a los altos funcionarios, la posibilidad de recurrir el fallo en el marco de procedimientos penales. Es decir que, la necesidad de la doble conformidad judicial, expresada mediante la impugnación del fallo condenatorio, ha sido reconocida por los sistemas jurídicos de los mismos. Empero, en esta oportunidad se examinará de manera específica el proceso penal en instancia única seguido en contra del señor Alibux ante la Alta Corte de Justicia de Suriname a la luz del artículo 8.2(h) de la Convención, sin que se pretenda adelantar consideraciones sobre la compatibilidad de otros ordenamientos jurídicos distintos del examinado con la Convención, los cuales se analizarán en cada caso en concreto, atendiendo su naturaleza, particularidades y complejidad. Sin embargo, la Corte verifica que no existió ningún recurso ante el máximo órgano de justicia que juzgó al señor Alibux que pudiera ser interpuesto a efectos de garantizar su derecho a recurrir el fallo condenatorio, contrariamente a lo dispuesto por el artículo 8.2(h) de la Convención Americana. En este sentido, la Corte considera que si bien fue la Alta Corte de Justicia la que juzgó y condenó al señor Alibux, el rango del tribunal que juzga no puede garantizar que el fallo en instancia única será dictado sin errores o vicios. En razón de lo anterior, aun cuando el procedimiento penal en instancia única estuvo a cargo de una jurisdicción distinta a la ordinaria, el Estado debió garantizar que el señor Alibux contara con la posibilidad de que la sentencia adversa fuera recurrida, con base en la naturaleza de garantía mínima del debido proceso que dicho derecho ostenta. La ausencia de un recurso, significó que la condena dictada en su contra quedara firme y por ende, el señor Alibux cumpliera una pena privativa de la libertad. Al respecto, el Tribunal estima pertinente ratificar la importancia de la existencia de un recurso que permita la revisión de una sentencia condenatoria, sobre todo en procesos penales, en donde otro grupo de derechos pueden verse limitados, especialmente el derecho a la libertad personal de un individuo, es decir que significa una garantía del individuo frente al Estado. Ahora bien, el artículo 8.2(h) de la Convención Americana establece el "derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. El señor Liakat Alibux fue juzgado por el máximo órgano de justicia de Suriname, por lo que no existía un tribunal o juez superior quien pudiera hacer una revisión íntegra del fallo condenatorio. Al respecto, en supuestos como estos, la Corte interpreta que al no existir un tribunal de mayor jerarquía, la superioridad del tribunal que revisa el fallo condenatorio se entiende cumplida cuando el pleno, una sala o cámara, dentro del mismo órgano colegiado superior, pero de distinta composición al que conoció la causa originalmente, resuelve el recurso interpuesto con facultades de revocar o modificar la sentencia condenatoria dictada, si así lo considera pertinente. En este sentido, la Corte ha señalado que puede establecerse, "[^], por ejemplo, [_] que el juzgamiento en primera instancia estará a cargo del presidente o de una sala del órgano colegiado superior y el conocimiento de la impugnación corresponderá al pleno de dicho órgano, con exclusión de quienes ya se pronunciaron sobre el caso”242. Asimismo, la Corte verifica que ésta ha sido la práctica de algunos Estados de la región (supra párr. 98). Sin perjuicio de ello, el Tribunal estima que el Estado puede organizarse de la manera que considere pertinente a efectos de garantizar el derecho a recurrir el fallo de los altos funcionarios públicos que corresponda. En el mismo sentido: Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie CNo. 206, párr. 90. En virtud de lo expuesto, la Corte constata que Página 326 de 600

en el presente caso, el señor Alibux no contó con la posibilidad de recurrir su condena, con el fin de otorgarle seguridad y tutela a sus derechos, con independencia del rango o cargo ejercido y de la jurisdicción competente establecida para su juzgamiento. Asimismo, la Corte estima que el Estado no pudo demostrar de qué manera, al ser juzgado por un grupo de tres jueces del máximo órgano de justicia, el señor Alibux contó con plenas garantías, en particular la de recurrir el fallo condenatorio, en contravención del artículo 8.2(h) de la Convención. Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279. El alcance y el contenido del derecho de recurrir del fallo han sido precisados en numerosos casos resueltos por esta Corte . En general, ha determinado que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica . Toda persona sometida a una investigación y proceso penal debe ser protegida en las distintas etapas del proceso, que abarca la investigación, acusación, juzgamiento y condena . En particular, considerando que la Convención Americana debe ser interpretada teniendo en cuenta su objeto y fin , que es la eficaz protección de los derechos humanos, la Corte ha determinado que debe ser un recurso ordinario, accesible y eficaz, que permita un examen o revisión integral del fallo recurrido, esté al alcance de toda persona condenada y respete las garantías procesales mínimas: a) Recurso ordinario: el derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada, pues busca proteger el derecho de defensa evitando que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y que contenga errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona . b) Recurso accesible: su presentación no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho . Las formalidades requeridas para su admisión deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente . c) Recurso eficaz: no basta con la existencia formal del recurso, sino que éste debe permitir que se obtengan resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido . Independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados Partes y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea . Este requisito está íntimamente vinculado con el siguiente: d) Recurso que permita un examen o revisión integral del fallo recurrido: debe asegurar la posibilidad de un examen integral de la decisión recurrida . Por lo tanto, debe permitir que se analicen las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria . De tal modo se podrá obtener la doble conformidad judicial, pues la revisión íntegra del fallo condenatorio permite confirmar el fundamento y otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado, al paso que brinda mayor seguridad y tutela a los Página 327 de 600

derechos del condenado . e) Recurso al alcance de toda persona condenada: el derecho a recurrir del fallo no podría ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquél que es condenado, ya que la condena es la manifestación del ejercicio del poder punitivo del Estado. Debe ser garantizado inclusive frente a quien es condenado mediante una sentencia que revoca una decisión absolutoria . f) Recurso que respete las garantías procesales mínimas: los regímenes recursivos deben respetar las garantías procesales mínimas que, con arreglo al artículo 8 de la Convención, resulten pertinentes y necesarias para resolver los agravios planteados por el recurrente, sin que ello implique la necesidad de realizar un nuevo juicio oral . Corresponde ahora analizar si el sistema recursivo del Código Procesal Penal, tal como fue aplicado en el presente caso, se ajusta a las exigencias del artículo 8.2.h de la Convención. Para ello no es necesario pronunciarse sobre cada uno de los aspectos impugnados en los recursos de nulidad, sino evaluar si el examen efectuado por los tribunales superiores que resolvieron los recursos fue compatible con la exigencia de eficacia del recurso que requiere la Convención Americana. Tampoco corresponde pronunciarse sobre otros aspectos en los que el examen en abstracto de las normas vigentes en Chile sobre recursos en el proceso penal pudiera revelar alguna colisión con las garantías procesales mínimas establecidas en la Convención Americana. [_] Sala Segunda no realizó un examen integral de la decisión recurrida, ya que no analizó todas las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas impugnadas en que se basaba la sentencia condenatoria de los señores Norín Catrimán y Pichún Paillalao. Ello indica que no tuvo en cuenta la interdependencia que existe entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. En consecuencia, el recurso de nulidad de que dispusieron los señores Norín Catrimán y Pichún Paillalao no se ajustó a los requisitos básicos necesarios para cumplir con el artículo 8.2.h de la Convención Americana, de modo que se violó su derecho a recurrir del fallo condenatorio. [_] este Tribunal subraya que el tribunal superior que resuelve el recurso debe controlar, en virtud del recurso contra el fallo condenatorio y para no hacer ilusorio el derecho a ser oído en condiciones de igualdad, que el tribunal inferior cumpla con su deber de exponer una valoración que tenga en cuenta tanto la prueba de cargo como de descargo. Aún si el tribunal inferior optara por valorar la prueba de manera conjunta, tiene el deber de exponer claramente en qué puntos existen coincidencias y en cuáles contradicciones en la misma, así como ocuparse de las objeciones que la defensa hiciere sobre puntos o aspectos concretos de esos medios de prueba. Esos aspectos planteados por la defensa en el recurso contra la condena no fueron suficientemente resueltos por parte del tribunal superior en el presente caso. En cuanto a si la causal de nulidad establecida en el literal e) del artículo 374 del Código Procesal Penal es conforme con el criterio de eficacia del recurso a que tiene derecho todo condenado en virtud del artículo 8.2.h de la Convención, la Corte advierte que los peritajes que obran en el expediente sobre el alcance de esa causal llegan a conclusiones contrarias . Es posible constatar que dicha causal otorga la posibilidad de impugnar el fallo cuando en la sentencia no se observen los requisitos que el artículo 342 de ese mismo código le impone al juez, entre los cuales se encuentra aquél de hacer una "exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y [el] de Página 328 de 600

la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297” (supra párr. 272). El artículo 297 del Código Procesal Penal, a su vez, fija como criterios de apreciación de la prueba "los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados”, establece la obligación de "hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubie[se] desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo” e impone "el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados” y que "es[a] fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las concusiones a que llegare la sentencia” (supra párr. 272). La Corte advierte que el texto del artículo 374.e) del Código Procesal Penal establece una causal de nulidad absoluta con base en los deberes de motivación y valoración probatoria consagrados en esa misma normativa procesal. Además de lo anterior, le consta a este Tribunal que de acuerdo al artículo 381 del Código Procesal Penal, al tribunal superior que resuelve el recurso se le debe remitir no sólo la sentencia recurrida y el escrito de interposición del recurso, sino también las actuaciones determinadas impugnadas o el registro de la audiencia del juicio oral (supra párr. 272) que, según el perito Fuentes Maureira, se corresponde con los audios de la audiencia pública. En ese sentido, la causal del artículo 374.e de ese código permite que el recurrente interponga argumentos que no sólo se refieran a la rectitud interna de la fundamentación del fallo condenatorio y su apreciación de la prueba, sino que también posibilita que se ofrezca como parámetro para sustentar esos argumentos aquellas actuaciones y pruebas rendidas en el juicio oral que, según estime el recurrente, fueron indebidamente valorados y sus conclusiones indebidamente fundamentadas en la sentencia condenatoria. En cuanto a la posición sostenida por las partes relativa a la interpretación que tribunales nacionales habrían dado a la causal de nulidad absoluta del artículo 374.e) del Código Procesal Penal, los extractos de sentencias citados por el Estado demuestran que en esos casos el tribunal superior hizo un análisis que supera cuestiones estrictamente jurídicas en relación con la valoración de la prueba y que, al contrario, involucran un examen que contrasta el acervo probatorio del caso con la valoración y consecuencias jurídicas que el tribunal inferior hizo del mismo. Al respecto, la Corte nota que se trata de sentencias recientes de los años 2009, 2012 y 2013. La Corte advierte que, a su vez, los representantes llamaron la atención respecto de la existencia de otros fallos internos en los que el alcance de la referida causal de nulidad es restrictivo sobre este punto y afirman la imposibilidad de analizar cuestiones relativas a la fijación de los hechos en el juicio oral. Estas decisiones datan de los años 2010, 2011 y 2012. En esas sentencias se sostuvo una interpretación que reduce el ámbito de revisión a cuestiones eminentemente relativas a la debida aplicación de las reglas del derecho probatorio. La Corte considera que los elementos aportados no son suficientes para concluir que la causal del artículo 374.e) del Código Procesal Penal no cumple con el estándar de recurso eficaz garantizado en el artículo 8.2.h de la Convención en lo que respecta a su amplitud para comprender la impugnación de cuestiones fácticas por medio de argumentaciones referidas al juicio probatorio realizado por el tribunal inferior. Tomando en cuenta que existen mutuas implicaciones entre las dimensiones fáctica, probatoria y jurídica de la Página 329 de 600

sentencia penal (supra párr. 270.d), la Corte considera que, no siendo una conclusión derivable del texto de la causal referida, no ha sido probado que bajo la misma no sea posible impugnar cuestiones relativas a la base fáctica del fallo por medio del examen del juicio probatorio del mismo. Por lo tanto, la Corte concluye que en el presente caso el Estado no violó el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, establecido en el artículo 2 de la Convención Americana, en relación con el derecho de recurrir del fallo consagrado en el artículo 8.2.h de la misma, en perjuicio de las ocho presuntas víctimas del presente caso. No obstante, esta Corte insiste en que la interpretación que los tribunales internos realicen de la referida causal debe asegurar que se garanticen el contenido y criterios desarrollados por este Tribunal respecto del derecho a recurrir el fallo (supra párr. 270). El Tribunal reitera que las causales de procedencia del recurso asegurado por el artículo 8.2.h) de la Convención deben posibilitar que se impugnen cuestiones con incidencia en el aspecto fáctico del fallo condenatorio ya que el recurso debe permitir un control amplio de los aspectos impugnados, lo que requiere que se pueda analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en las que está fundada la sentencia condenatoria. Corte IDH. Caso Zegarra Marín Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de febrero de 2017. Serie C No. 331. La Corte se ha referido en su jurisprudencia constante sobre el alcance y contenido del artículo 8.2 (h) de la Convención, así como a los estándares que deben ser observados para asegurar la garantía del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior . En este sentido, el Tribunal ha entendido que dicho derecho consiste en una garantía mínima y primordial que "se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía [.]"243. Teniendo en cuenta que las garantías judiciales buscan que quien esté incurso en un proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias, la Corte interpreta que el derecho a recurrir el fallo no podría ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquél que es condenado , ya que la condena es la manifestación del ejercicio del poder punitivo del Estado . La Corte ha considerado el derecho a recurrir el fallo como una de las garantías mínimas que tiene toda persona que es sometida a una investigación y proceso penal . En razón de lo anterior, la Corte ha sido enfática al señalar que el derecho a impugnar el fallo tiene como objetivo principal proteger el derecho de defensa, puesto que otorga la oportunidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión judicial en el evento que haya sido adoptada en un procedimiento viciado y que contenga errores o malas interpretaciones que ocasionarían un perjuicio indebido a los intereses del justiciable, lo que supone que el recurso deba ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Este derecho permite corregir errores o injusticias que puedan haberse cometido en las decisiones de primera instancia, por lo que genera una doble conformidad judicial, otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado y brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado. En concordancia con lo anterior, a efectos que exista una doble conformidad judicial, la Corte ha indicado que lo importante es que el recurso garantice la posibilidad de un examen integral de la sentencia recurrida . Además, el Tribunal ha sostenido que el artículo 8.2 (h) de la Convención se refiere a un recurso ordinario accesible y eficaz, es decir que no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Página 330 de 600

En ese sentido, las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente, es decir que debe procurar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido. "Debe entenderse que, independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados Partes y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, para que éste sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea [.]. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria" En este sentido, en aras de resolver las cuestiones planteadas por el recurrente, resultaba necesario que la Primera Sala de la Corte Suprema hiciera referencia a las impugnaciones del señor Zegarra Marín, y se pronunciara sobre las principales cuestiones planteadas. Lo anterior a fin de garantizar la posibilidad de un examen integral de la sentencia recurrida, a la luz de las características de la doble conformidad (supra, párr. 171). Al respecto, la Corte recuerda que el recurso efectivo implica que el análisis por la autoridad competente de un recurso judicial no puede reducirse a una mera formalidad, sino que debe examinar las razones invocadas por el demandante y manifestarse expresamente sobre ellas. Otras garantáis: derecho asistencia consular. Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 124. Si el Estado que envía decide brindar su auxilio, en ejercicio de los derechos que le confiere el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, podrá asistir al detenido en diversos actos de defensa, como el otorgamiento o contratación de patrocinio letrado, la obtención de pruebas en el país de origen, la verificación de las condiciones en que se ejerce la asistencia legal y la observación de la situación que guarda el procesado mientras se halla en prisión. En el mismo sentido: Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100245, párr. 130; Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 112; Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 125; Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 116; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 164; Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 154. En el caso al que se refiere la presente Opinión Consultiva, ha de tomarse en cuenta la situación real que guardan los extranjeros que se ven sujetos a un procedimiento penal, del que dependen sus bienes jurídicos más valiosos y, eventualmente, su vida misma. Es evidente que, en tales circunstancias, la notificación del derecho a comunicarse con el representante consular de su país, contribuirá a mejorar considerablemente sus posibilidades de defensa y a que los actos procesales en los que interviene - y entre ellos los correspondientes a diligencias de policía - se realicen con mayor apego a la ley y respeto a la dignidad de las personas. En tal virtud, la Corte estima Página 331 de 600

que el derecho individual que se analiza en esta Opinión Consultiva debe ser reconocido y considerado en el marco de las garantías mínimas para brindar a los extranjeros la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa y contar con un juicio justo. La incorporación de este derecho en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares -y el contexto de las discusiones respectivas, durante su redacción- , demuestran un reconocimiento uniforme de que el derecho a la información sobre la asistencia consular constituye un medio para la defensa del inculpado, que repercute - y en ocasiones decisivamente- en el respeto de sus otros derechos procesales. En otros términos, el derecho individual de información establecido en el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares permite que adquiera eficacia, en los casos concretos, el derecho al debido proceso legal consagrado en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y que este precepto establece garantías mínimas susceptibles de expansión a la luz de otros instrumentos internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que amplían el horizonte de la protección de los justiciables. Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218. El Tribunal pasa, seguidamente, a determinar si el Estado informó al señor Vélez Loor del derecho que le asistía. Del expediente obrante ante la Corte no se desprende elemento probatorio alguno que demuestre que el Estado haya notificado al señor Vélez Loor, como detenido extranjero, su derecho a comunicarse con un funcionario consular de su país, a fin de procurar la asistencia reconocida en el artículo 36.1.b de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. La Corte considera que correspondía al Estado demostrar que en el presente caso cumplió con la obligación de notificar al señor Vélez Loor el derecho a la asistencia consular que asiste a todo extranjero detenido y no sólo a la Embajada de Ecuador. Sobre esto, es importante resaltar que la Convención de Viena pone la decisión de ser o no visitado por el funcionario consular en manos del detenido . Ahora bien, todas las partes coinciden en que en algún momento se informó a las autoridades consulares de Ecuador que el señor Vélez Loor se encontraba bajo custodia del Estado panameño (supra párrs. 149 y 150), pero subsiste la controversia respecto de cuándo fue la fecha en que fue hecha esta notificación al consulado. La prueba proporcionada no ha sido conteste en cuanto a la fecha y el modo en que se puso en conocimiento del Consulado del Ecuador en Panamá que el señor Vélez Loor se encontraba bajo la custodia estatal . Lo cierto es que al 5 de diciembre de 2002 la misión consular ecuatoriana ya había iniciado gestiones para obtener la deportación del señor Vélez Loor . Al respecto, el señor Vélez Loor declaró que durante el tiempo que estuvo recluido en la Cárcel Pública de La Palma se entrevistó con funcionarios de inmigración, sin embargo, manifestó que "nunca tuv[o] conocimiento" de las gestiones que estaba realizando en diciembre de 2002 el Consulado ecuatoriano en su favor. Asimismo, refirió que "nunca sup[o] cómo sucede la deportación" y que "no s[abe] cuáles hayan sido las gestiones" Es pertinente recordar que el derecho de un detenido extranjero a solicitar la ayuda del consulado de su país ha sido considerado como un componente de las "garantías mínimas para brindar a los extranjeros la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa" 248. Es así que la Corte ha destacado varios actos relacionados con la defensa en los que el cónsul puede asistir al detenido (supra párr. 154) y su importancia Página 332 de 600

para garantizar el cumplimiento del derecho a "ser asistido por un defensor" bajo el artículo 8.2.d) de la Convención. De modo tal que "[l]a inobservancia u obstrucción de[l] derecho [del detenido] a la información afecta las garantías judiciales", y puede resultar en una violación de las mismas. En cuanto al acceso efectivo a la comunicación consular, la Convención de Viena dispone que al detenido se le debe permitir: 1) comunicarse libremente con los funcionarios consulares; y 2) recibir visitas de ellos . Según este instrumento, "los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado [y] a organizar su defensa ante los tribunales". Es decir, el Estado receptor no debe obstruir la actuación del funcionario consular de brindar servicios legales al detenido. Asimismo, el detenido tiene el derecho a la asistencia misma, lo cual impone al Estado del cual el detenido es nacional el deber de proteger los derechos de sus nacionales en el extranjero brindando protección consular. Las visitas de los funcionarios consulares deberían ser con miras a proveer la "protección de los intereses” del detenido nacional, particularmente los asociados con "su defensa ante los tribunales” 251. De esta manera, el derecho a la visita consular presenta un potencial para garantizar y dar efectividad a los derechos a la libertad personal, la integridad personal y la defensa. La Corte observa que, si bien el señor Vélez Loor tuvo comprobada comunicación con funcionarios consulares de Ecuador en el Estado de Panamá , el procedimiento administrativo que duró del 12 de noviembre al 6 de diciembre de 2002, y que culminó con la resolución que le impuso una sanción de privación de la libertad, no le proporcionó la posibilidad de ejercer el derecho de defensa, audiencia ni del contradictorio, ni mucho menos garantizaba que dicho derecho pudiera ejercerse en términos reales (supra párr. 144). Es decir, si bien el señor Vélez Loor recibió visitas por parte de los funcionarios consulares en el Centro Penitenciario La Joyita con posterioridad a la imposición de la sanción , en las cuales se le entregaron útiles de aseo personal, dinero en efectivo y medicinas y se solicitó la intervención de médicos que verificasen su salud, no pudo ejercer su derecho a la defensa con la asistencia consular ya que el procedimiento administrativo sancionatorio no permitió materializarla como parte del debido proceso legal, pues se decidió sin que la parte fuese oída. Otras garantías: principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia. Corte IDH. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126. Uno de los principales argumentos vertidos por la Comisión y los representantes para sostener que el Estado violó el artículo 8 de la Convención es la inobservancia de la mencionada correlación entre la acusación y la sentencia. La incongruencia se produjo cuando el Tribunal de Sentencia cambió la calificación jurídica del delito y dio por establecidos hechos y circunstancias nuevas, que no fueron considerados en la acusación ni en el auto de apertura a juicio, a saber: la causa de la muerte de la menor de edad y las circunstancias que en opinión del Tribunal de Sentencia demostraban la mayor peligrosidad del señor Fermín Ramírez. La Convención no acoge un sistema procesal penal en particular. Deja a los Estados en libertad para determinar el que consideren preferible, siempre que respeten las garantías establecidas en la propia Convención, en el derecho interno, en otros tratados internacionales aplicables, en las normas consuetudinarias y en las disposiciones imperativas de derecho internacional. Al determinar el alcance de las garantías contenidas en el Página 333 de 600

artículo 8.2 de la Convención, la Corte debe considerar el papel de la "acusación” en el debido proceso penal vis-á-vis el derecho de defensa. La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El llamado "principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia” implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación. Por constituir el principio de coherencia o correlación un corolario indispensable del derecho de defensa, la Corte considera que aquél constituye una garantía fundamental del debido proceso en materia penal, que los Estados deben observar en cumplimiento de las obligaciones previstas en los incisos b) y c) del artículo 8.2 de la Convención. En el caso Pélissier y Sassi vs. Francia, la Corte Europea de Derechos Humanos determinó que los peticionarios no tuvieron oportunidad para preparar su defensa respecto del nuevo cargo que se les imputaba, ya que sólo a través de la sentencia del tribunal de apelaciones se enteraron de la recalificación de los hechos. En particular, estimó que el cambio acogido en la sentencia alteraba los términos de la acusación inicial. Al respecto, hizo las siguientes consideraciones: [_] La Corte observa que los preceptos del tercer párrafo, inciso a), del artículo 6 [de la Convención Europea de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales] apuntan a la necesidad de brindar especial atención a la debida notificación de la acusación al imputado. Las particularidades del delito juegan un rol crucial en el proceso penal, desde que el momento de la comunicación de aquéllas es cuando el sospechoso es formalmente puesto en conocimiento de la base fáctica y legal de los cargos formulados en su contra (ver Kamasinki vs Austria, sentencia de 19 de diciembre de 1989, Serie A, No. 168, pp. 3637, párr. 79). El artículo 6.3.a) de la Convención [Europea] reconoce al imputado el derecho a ser informado no sólo de la causa de la acusación, es decir, de los actos que supuestamente ha cometido y sobre los que se basa la acusación, sino también de la calificación legal dada a esos actos. Dicha información debe ser detallada, tal como correctamente sostuvo la Comisión. [_] El alcance del precepto anterior debe ser determinado, en particular, a la luz del derecho más general referente a un juicio justo, garantizado por el artículo 6.1 de la Convención (ver, mutatis mutandis, las siguientes sentencias: Deweer vs Bélgica, Sentencia de 27 de febrero de 1980, Serie A, No. 35, pp. 30-31, párr. 56; Artico vs Italia, Sentencia de 13 de Mayo de 1980, Serie A, No. 37, p. 15, párr. 32; Goddi vs Italia, Sentencia de 9 de abril de 1984, Serie A, No. 76, p. 11, párr. 28; y Colozza vs. Italia, Sentencia de 12 de febrero de 1985, Serie A, No. 89, p. 14, párr. 26). La Corte considera que, en cuestiones penales, el precepto concerniente a una información completa y detallada de los cargos formulados contra el imputado y, consecuentemente, a la calificación legal que el tribunal pueda adoptar al respecto, constituye un prerrequisito esencial para asegurar que los procedimientos sean justos. [_] Finalmente, respecto de la queja formulada bajo el artículo 6.3.b) de Página 334 de 600

la Convención, la Corte considera que los sub-párrafos a) y b) del artículo 6.3 están conectados y que el derecho a ser informado sobre la naturaleza y la causa de la acusación debe ser considerada a la luz del derecho del imputado de preparar su defensa. En el presente caso, la imposición de la pena de muerte por parte del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente se basó en la aplicación del artículo 132 del Código Penal de Guatemala, que tipifica y sanciona el asesinato. La sentencia fue dictada luego de un debate oral y público, posterior a la acusación formulada contra el señor Fermín Ramírez por el delito de violación calificada, previsto en el artículo 175 del Código Penal y sancionado con pena privativa de libertad de hasta 50 años de prisión. Esta imputación sirvió de base para el inicio del juicio oral y público ante el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Durante el primer día de debate, el Tribunal advirtió a las partes sobre la posibilidad de cambiar la calificación jurídica del delito, pero no especificó a qué delito pudiera dirigirse el cambio, lo cual no es irrelevante, en modo alguno, para el ejercicio de la defensa y la decisión judicial sobre la sanción aplicable. En sentencia de 6 de marzo de 1998, el Tribunal de Sentencia Penal resolvió, invocando el artículo 388 del Código Procesal Penal, que "del análisis de la prueba producida en el debate [_] el Tribunal estima que el hecho delictivo imputado al procesado encuadra en la figura contemplada en el artículo 132 del Código Penal, [_ p]or lo que, por imperativo legal debe cambiarse la tipificación jurídica formulada en la acusación y en el auto de la apertura de juicio, de violación calificada al delito de asesinato”. En consecuencia, condenó al señor Fermín Ramírez a la pena de muerte (supra párrs. 54.5 a 54.18). Al evacuar pruebas durante el juicio oral es posible que se acredite la existencia de nuevos hechos o circunstancias no previstos en la acusación. En tal hipótesis, el Ministerio Público puede formular la "Acusación alternativa” o la "Ampliación de la acusación”, mencionadas anteriormente (supra párr. 54.10 y 54.11), a fin de promover la modificación del objeto del proceso. En el caso al que se refiere esta sentencia ocurrieron ciertas inadvertencias y omisiones. Luego de que la acusación formulada por el Ministerio Público calificó la acción del imputado como violación agravada, el órgano acusador solicitó al tribunal que cambiara esa calificación jurídica y condenara al imputado a la pena de muerte, pero no ejerció la facultad de presentar una "Acusación alternativa” o una "Ampliación de la acusación”, conforme a los artículos 333 y 373 del Código Procesal Penal guatemalteco, respectivamente (supra párrs. 54.10, 54.11 y 71), sino se limitó a solicitar en sus conclusiones, al final del debate, que se condenara al acusado por el delito de asesinato y se le impusiera la pena de muerte. En su alegato de conclusión, la defensa no se refirió a esa solicitud del Ministerio Público, sino pidió que se dictara sentencia absolutoria, en virtud de que a su juicio existió una duda razonable. Por su parte, el presidente del Tribunal de Sentencia no dispuso "recibir una nueva declaración” del señor Fermín Ramírez, ni informó a las partes que tenían "derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o para preparar su intervención”, lo cual debió haber realizado de oficio según los términos de los artículos 373 y 374 del Código Procesal Penal (supra párrs. 54.11 y 54.12). Correspondía al tribunal penal, en todo caso, conducir el proceso de acuerdo con las garantías consagradas en la legislación interna y en la Convención. El Tribunal de Sentencia fundó su actuación en el artículo 374 del Código Procesal Penal, que prevé la "advertencia de oficio” sobre una "modificación posible de la Página 335 de 600

calificación jurídica”. Ahora bien, el presidente del Tribunal se limitó a advertir a las partes que "en el momento oportuno” podía darse una calificación jurídica distinta de la contemplada en la acusación y en el auto de apertura a juicio, pero no especificó cual sería esa nueva calificación legal, y mucho menos se refirió a la posibilidad de que el cambio de calificación proviniera, en realidad, de una modificación en la base fáctica del proceso y, en su hora, de la sentencia. El presidente del Tribunal de Sentencia no ofreció al inculpado la oportunidad de rendir una nueva declaración en relación con los últimos hechos que se le atribuyeron. Estas omisiones privaron a la defensa de certeza acerca de los hechos imputados (artículo 8.2.b) de la Convención) y, en consecuencia, representaron un obstáculo para preparar adecuadamente la defensa, en los términos del artículo 8.2.c) de la Convención. El párrafo segundo del artículo 388 del Código Procesal Penal guatemalteco establece que "en la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o de la del auto de apertura del juicio, o imponer penas mayores o menores que la pedida por el Ministerio Público”. Esta facultad, consecuente con el principio iura novit curia, debe ser entendida e interpretada en armonía con el principio de congruencia y el derecho de defensa. La necesaria congruencia entre la acusación y la eventual sentencia justifica la suspensión del debate y el nuevo interrogatorio del acusado, cuando se pretende cambiar la base fáctica de la acusación. Si esto ocurre irregularmente, se lesiona el derecho a la defensa, en la medida en que el imputado no ha podido ejercerlo sobre todos los hechos que serán materia de la sentencia. Al respecto, la Corte observa que, en la sentencia de 6 de marzo de 1998, el Tribunal de Sentencia no se limitó a cambiar la calificación jurídica de los hechos imputados previamente, sino modificó la base fáctica de la imputación, inobservando el principio de congruencia. Se pasó de la calificación de Violación Agravada a la calificación de Asesinato. No coincide la dirección del dolo en ambos supuestos: en el primero, el animus es de mantener acceso carnal, del que resulta la muerte del sujeto pasivo; en el segundo, es de matar, en alguna de las formas o a través de alguno de los medios que la ley prevé a título de agravantes. El Tribunal de Sentencia dio por demostrados hechos no contenidos en la acusación: la muerte dolosa producida por "asfixia mediante estrangulamiento” y la posibilidad del acceso carnal posterior a la muerte. No podría entenderse que esto significa un simple cambio en la calificación jurídica del delito, sino implica hechos diferentes de los que constituyen Violación Agravada (artículo 175 del Código Penal). Así, se modificó la base fáctica establecida en la acusación, sin que el señor Fermín Ramírez pudiera ejercer defensa alguna al respecto. Esta modificación sustancial trajo consigo la posibilidad de imponer, como efectivamente se hizo, la pena capital. El respeto al conjunto de garantías que informan el debido proceso y significan el límite a la regulación del poder penal estatal en una sociedad democrática, se hace especialmente infranqueable y riguroso cuando venga al caso la imposición de la pena de muerte. En el presente caso, al haber desconocido las garantías del debido proceso, en particular el derecho de defensa, el Estado transgredió las reglas procesales de estricta y necesaria observancia en supuestos de imposición de pena de muerte. En consecuencia, la condena del señor Fermín Ramírez a la pena capital fue arbitraria por haber incumplido limitaciones infranqueables para la imposición de dicha pena en los países que aún la preservan Por todo lo anterior, la Corte estima que las faltas Página 336 de 600

procesales en que incurrieron las autoridades judiciales implican violación al artículo 8.2.b) y 8.2.c) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma. Otras garantías: derecho a una evaluación sobre la salud mental en los casos de pena de muerte. Al evaluar si el Estado respetó y garantizó el derecho del señor DaCosta Cadogan a las garantías judiciales, el Tribunal observa que esta obligación es más exigente y amplia en aquellos procesos que puedan culminar en la pena de muerte . Esto se debe a que dicha pena conlleva una privación del más fundamental de los derechos , el derecho a la vida, con la consecuente imposibilidad de revertir la pena una vez que ésta se ha llevado a cabo. De lo contrario, una violación del derecho a las garantías judiciales del acusado en un caso de pena de muerte, tal como la de no proveerle medios razonables y adecuados para su defensa, a la luz del artículo 8.2.c y 8.2.f de la Convención, podría resultar en una privación arbitraria del derecho a la vida reconocido en el artículo 4 de la misma (supra párrs. 55 a 59). Es decir, la omisión del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar un debido proceso en un caso de pena de muerte, indudablemente podría resultar en una injusticia grave e irreversible, con el posible resultado de la ejecución de una persona, a la que no se le brindaron sus garantías judiciales. En este sentido, el Tribunal ha señalado en múltiples ocasiones que el objeto y propósito de la Convención, como instrumento para la protección del ser humano, requiere que el derecho a la vida sea interpretado y aplicado de manera que sus salvaguardas sean verdaderamente prácticas y efectivas (effet utile) . Por lo tanto, el análisis respecto de las garantías procesales que el Estado debió proveer al señor DaCosta Cadogan, debe hacerse teniendo en cuenta esta amplia protección que corresponde al derecho a la vida. Teniendo esto en cuenta, el Tribunal observa que la salud mental del señor DaCosta Cadogan nunca fue evaluada detalladamente durante el proceso penal en su contra, a pesar de que se presentó prueba que indicaba que el acusado había estado consumiendo una cantidad excesiva de alcohol el día de los hechos, y que tenía la intención de realizar un robo con el propósito de conseguir dinero para comprar más alcohol . Al respecto, resulta pertinente destacar que las supuestas enfermedades mentales que los representantes alegan padece o padeció el señor DaCosta Cadogan son la dependencia al alcohol y un "trastorno de personalidad anti-social”, que podrían haber permitido al señor DaCosta Cadogan sustentar una defensa de atenuantes de responsabilidad (supra párras. 77 y 81). Sin embargo, no se llevó a cabo una evaluación detallada respecto de su salud mental, ya que la defensa del señor DaCosta Cadogan no la solicitó durante el juicio, ni tampoco lo hizo el juez, a pesar de que éste instruyó al jurado que determinara el estado mental del señor DaCosta Cadogan al momento del delito. En este sentido, el juez indicó al jurado que debía determinar "si [_] las acciones del acusado descritas en el caso corresponden al comportamiento de un hombre que no ejercía control alguno sobre sus acciones, o que se encontraba tan afectado por el consumo de drogas y alcohol que no logró llegar a tener la intención de matar [_] o de causar [_] un grave daño físico”. Consecuentemente, el juez instruyó al jurado que si éste encontraba "que el acusado se encontraba tan afectado por el consumo de alcohol y drogas de manera que no logró llegar a tener la intención de matar o de causar un grave daño físico, [el jurado] debía encontrarlo inocente del delito de homicidio, pero culpable del delito de manslaughter". Adicionalmente, la Corte de Justicia del Caribe rechazó una Página 337 de 600

solicitud que hubiera permitido al señor DaCosta Cadogan presentar prueba adicional en este sentido . Según el Estado, el juez de primera instancia no solicitó una evaluación psiquiátrica más detallada, ya que no "encontró que hubiera prueba que le llevara a plantear la defensa de atenuantes de responsabilidad por su propia cuenta, ni tampoco encontró que existiera prueba de alguna incapacidad o impedimento mental". Al respecto, este Tribunal estima que para establecer la responsabilidad penal de un acusado, resulta necesario determinar el efecto que podría tener una enfermedad mental sobre el sujeto al momento de cometer el delito, lo cual va más allá de la determinación del estado de su salud mental durante el transcurso del juicio. En el caso particular del señor DaCosta Cadogan, la determinación del efecto que pudo tener una supuesta enfermedad mental en él al momento del delito era relevante en tanto podría haberle permitido alegar una defensa de atenuantes de responsabilidad . Al respecto, la Corte observa que los "trastornos de personalidad anti-social" y dependencia de alcohol, que se alega sufría el señor DaCosta Cadogan, no son necesariamente evidentes a primera vista, y requieren usualmente de la determinación de un profesional en salud mental, particularmente para diferenciar entre una situación de embriaguez común y una enfermedad relacionada con la dependencia de una sustancia. La diferencia entre una determinación u otra, en un caso de pena de muerte, particularmente de pena de muerte obligatoria, podría significar para el acusado la diferencia entre la vida y la muerte. No obstante que el ordenamiento jurídico interno permitía al juez solicitar la opinión de un experto para tales efectos, ésta nunca fue ordenada en el proceso seguido contra el señor DaCosta Cadogan. Es decir, el Estado omitió ordenar que se llevara a cabo una evaluación psiquiátrica con el propósito de determinar, inter alia, la existencia de una posible dependencia al alcohol u otros "trastornos de personalidad", que pudieron haber afectado al señor DaCosta Cadogan al momento del delito, y tampoco aseguró que el señor DaCosta Cadogan y su abogado tuvieran conciencia sobre la disponibilidad de una evaluación gratuita, voluntaria y detallada de su salud mental, con el fin de preparar su defensa en el juicio. El hecho de que el Estado no informó al señor DaCosta Cadogan o a su abogado, al inicio del proceso penal, de su derecho a obtener dicha evaluación, pudo haber resultado en la exclusión de pruebas relevantes para la preparación de una defensa adecuada en el juicio. Consecuentemente, la supuesta condición mental del señor DaCosta Cadogan al momento de los hechos nunca fue completamente evaluada por un profesional en la salud mental, para la preparación de su defensa, en un caso donde la muerte era la única sentencia posible. A diferencia de otros procesos penales, en los que esta actitud pasiva del Estado con respecto a la disponibilidad de evaluaciones psiquiátricas resultaría admisible, el caso del señor DaCosta Cadogan resulta diferente por varias razones. Primero, se trataba de un proceso sujeto a la imposición obligatoria de la pena de muerte que como se señaló anteriormente, exige la más amplia y estricta observación de las garantías procesales. Segundo, la situación particular del acusado al momento del delito razonablemente ameritaba al menos, una indagación respecto a una posible situación de dependencia al alcohol o algún "trastorno de personalidad", especialmente teniendo en cuenta que el juez planteó ante el jurado el asunto del efecto que pudo haber causado el consumo de alcohol y drogas en el estado mental del acusado. Tercero, teniendo en cuenta que fue el propio Estado el que designó a un abogado defensor a Página 338 de 600

favor del señor DaCosta Cadogan, correspondía al juez adoptar una posición más activa para asegurar que se adoptaran todas las medidas necesarias para velar por el respeto de las garantías judiciales. Cuarto, el señor DaCosta Cadogan solicitó en el proceso de apelación la posibilidad de presentar una evaluación más detallada respecto de su supuesto trastorno de personalidad y dependencia al alcohol, sin que ello le fuera permitido. Exigencias reforzadas en procesos vinculados con pena de muerte. Corte IDH. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126. El respeto al conjunto de garantías que informan el debido proceso y significan el límite a la regulación del poder penal estatal en una sociedad democrática, se hace especialmente infranqueable y riguroso cuando venga al caso la imposición de la pena de muerte. Corte IDH. Caso Dacosta Cadogan Vs. Barbados. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de septiembre de 2009. Serie C No. 204. Al respecto, la Corte recuerda que debido a la naturaleza excepcionalmente seria e irreversible de la pena de muerte, su imposición o aplicación está sujeta a ciertos requisitos procesales, que limitan el poder punitivo del Estado y cuyo cumplimiento debe ser estrictamente observado y revisado. En este sentido, el Tribunal observa que el artículo 8.1 de la Convención establece que "en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra [una persona]", se deben proveer las "debidas garantías[,] dentro de un plazo razonable". Los términos en que está redactado este artículo indican claramente que el sujeto del derecho es el acusado, quien podrá exigir el respeto de todas las referidas "debidas garantías" propias de un "debido proceso", las cuales podrán ser determinadas por el tribunal atendiendo a las particularidades de cada caso concreto. Es decir, todo juez tiene la obligación de asegurar que los procesos se lleven a cabo con el debido respeto de aquellas garantías judiciales, que sean necesarias para asegurar un juicio justo. De esta manera, el artículo 8.2 de dicho instrumento precisa cuáles constituyen las "garantías mínimas" a las que toda persona tiene derecho durante el proceso, en plena igualdad. Específicamente, el artículo 8.2.c de la Convención exige que individuos puedan defenderse adecuadamente contra cualquier acto del Estado que pudiera afectar sus derechos. Asimismo, el artículo 8.2.f reconoce el derecho de los acusados a interrogar a los testigos presentados contra ellos y aquéllos que declaran a su favor, bajo las mismas condiciones que el Estado, con el fin de defenderse. En todo caso, la Convención no impide que los Estados adopten medidas adicionales a aquellas reconocidas en el artículo 8.2 de la Convención con el propósito de garantizar un debido proceso. Al evaluar si el Estado respetó y garantizó el derecho del señor DaCosta Cadogan a las garantías judiciales, el Tribunal observa que esta obligación es más exigente y amplia en aquellos procesos que puedan culminar en la pena de muerte. Esto se debe a que dicha pena conlleva una privación del más fundamental de los derechos, el derecho a la vida, con la consecuente imposibilidad de revertir la pena una vez que ésta se ha llevado a cabo. De lo contrario, una violación del derecho a las garantías judiciales del acusado en un caso de pena de muerte, tal como la de no proveerle medios razonables y adecuados para su defensa, a la luz del artículo 8.2.c y 8.2.f de la Convención, podría resultar en una privación arbitraria del derecho a la vida reconocido en el artículo 4 de la misma (supra párrs. 55 a 59). Es decir, la omisión del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para Página 339 de 600

garantizar un debido proceso en un caso de pena de muerte, indudablemente podría resultar en una injusticia grave e irreversible, con el posible resultado de la ejecución de una persona, a la que no se le brindaron sus garantías judiciales. En este sentido, el Tribunal ha señalado en múltiples ocasiones que el objeto y propósito de la Convención, como instrumento para la protección del ser humano, requiere que el derecho a la vida sea interpretado y aplicado de manera que sus salvaguardas sean verdaderamente prácticas y efectivas (effet utile). Por lo tanto, el análisis respecto de las garantías procesales que el Estado debió proveer al señor DaCosta Cadogan, debe hacerse teniendo en cuenta esta amplia protección que corresponde al derecho a la vida. No declarar contra sí mismo y prohibición de coacción en la confesión (arts. 8.2.g) y 8.3). Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52. La Corte consideró probado que durante la declaración instructiva ante el Juez Instructor Militar Especial se exhortó a los inculpados a decir la verdad. Sin embargo, no hay constancia de que esa exhortación implicara la amenaza de pena u otra consecuencia jurídica adversa para el caso de que el exhortado faltara a la verdad. Tampoco hay prueba de que se hubiese requerido a los inculpados rendir juramento o formular promesa de decir la verdad, lo cual contrariaría el principio de libertad de aquéllas para declarar o abstenerse de hacerlo. Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69. Según se ha expresado en esta misma sentencia (supra párr. 104), Luis Alberto Cantoral Benavides fue sometido a torturas para doblegar su resistencia psíquica y obligarlo a autoinculparse o a confesar determinadas conductas delictivas. En el mismo sentido: Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220, párr. 174. La Corte concluye, en consecuencia, que el Estado violó, en perjuicio del señor Luis Alberto Cantoral Benavides, los artículos 8.2.g) y 8.3 de la Convención Americana. Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220. Al respecto, la Corte observa que la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante la tortura o tratos crueles e inhumanos (en adelante "regla de exclusión") ha sido reconocida por diversos tratados y órganos internacionales de protección de derechos humanos que han establecido que dicha regla es intrínseca a la prohibición de tales actos. Al respecto, la Corte considera que esta regla ostenta un carácter absoluto e inderogable. En este sentido, la Corte ha sostenido que la anulación de los actos procesales derivados de la tortura o tratos crueles constituye una medida efectiva para hacer cesar las consecuencias de una violación a las garantías judiciales. Además, el Tribunal considera necesario recalcar que la regla de exclusión no se aplica sólo a casos en los cuales se haya cometido tortura o tratos crueles. Al respecto, el artículo 8.3 de la Convención es claro al señalar que "[l]a confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza", es decir que no se limita el supuesto de hecho a que se haya perpetrado un acto de tortura o trato cruel, sino que se extiende a cualquier tipo de coacción. En efecto, al comprobarse cualquier tipo de coacción capaz de quebrantar la expresión espontánea de la voluntad de la persona, ello implica necesariamente la obligación de excluir la evidencia respectiva del proceso judicial. Esta anulación es un medio necesario para desincentivar el uso de cualquier Página 340 de 600

modalidad de coacción. En el mismo sentido: Caso Herrera Espinoza y otros Ks. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2016. Serie C No. 316, párr. 193. Por otra parte, este Tribunal considera que las declaraciones obtenidas mediante coacción no suelen ser veraces, ya que la persona intenta aseverar lo necesario para lograr que los tratos crueles o la tortura cesen. Por lo anterior, para el Tribunal, aceptar o dar valor probatorio a declaraciones o confesiones obtenidas mediante coacción, que afecten a la persona o a un tercero, constituye a su vez una infracción a un juicio justo. Asimismo, el carácter absoluto de la regla de exclusión se ve reflejado en la prohibición de otorgarle valor probatorio no sólo a la prueba obtenida directamente mediante coacción, sino también a la evidencia que se desprende de dicha acción. En consecuencia, la Corte considera que excluir la prueba que haya sido encontrada o derivada de la información obtenida mediante coacción, garantiza de manera adecuada la regla de exclusión. La Corte observa que los tribunales que resolvieron sobre el presente caso indicaron que: i) no se comprobó la existencia de malos tratos o tortura con el fin de obtener la confesión de los señores Cabrera y Montiel; ii) si bien no se demostró que las declaraciones ante el Ministerio Público fueran inválidas por ser el resultado de un trato cruel, tortura o por la incomunicación, los señores Cabrera y Montiel aceptaron ante el juez competente el día 7 de mayo de 1999 varios de los delitos por los cuales fueron condenados, razón por la cual su confesión sería válida, y iii) por lo anterior, se le otorgó valor probatorio a las declaraciones realizadas dicho día. No obstante, la Corte considera que al realizarse una comparación entre los delitos aceptados por los señores Cabrera y Montiel durante las tres declaraciones, y la sentencia final que los condenó, se puede concluir que fueron sentenciados por los mismos delitos que confesaron durante la declaración del 7 de mayo de 1999. En efecto, el señor Montiel Flores fue condenado por el porte de arma de fuego, mientras que el señor Cabrera García por el porte del rifle y el cargador. Para analizar la relación entre las tres declaraciones, la Corte observa que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Harutyunyan v. Armenia, indicó que en caso de existir evidencia razonable de que una persona ha sido torturada o tratada de manera cruel e inhumana, el hecho de que ratifique la confesión ante una autoridad distinta a la que realizó la acción, no conlleva automáticamente que dicha confesión sea válida. Lo anterior, debido a que la confesión posterior puede ser la consecuencia del maltrato que padeció la persona y específicamente, del miedo que subsiste después de este tipo de hechos. La Corte comparte el criterio anteriormente descrito, y reitera que la situación de indefensión y vulnerabilidad en la que se encuentran las personas a quienes en el momento de ser detenidas se les somete a tratos crueles, inhumanos y degradantes, con el objeto de suprimir su resistencia psíquica y forzarla a autoinculparse, pueden producir sentimientos de miedo, angustia e inferioridad capaz de humillar y devastar a una persona y posiblemente quebrar su resistencia física y moral. Al respecto, la Corte ya constató que los señores Cabrera y Montiel fueron objeto de tratos crueles e inhumanos los días en que estuvieron detenidos en Pizotla sin ser remitidos oportunamente ante una autoridad judicial competente (supra párr. 134). De lo anterior, es posible concluir que los señores Cabrera y Montiel fueron objeto de tratos crueles con el fin de doblegar su resistencia psíquica y obligarlos a autoinculparse o a confesar determinadas conductas delictivas. Los tratos crueles proyectaron sus efectos en las primeras Página 341 de 600

declaraciones rendidas ante el Ministerio Público, así como a la declaración de 7 de mayo de 1999. En consecuencia, el juez de instancia debió valorar este hecho y no descartar de plano los alegatos presentados por las víctimas. [_] Como mencionó anteriormente, este Tribunal reitera que la carga probatoria de este tipo de hechos recae en el Estado (supra párr. 136), por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla. Por todo lo anteriormente expuesto, la Corte concluye que los tribunales que conocieron la causa en todas las etapas del proceso debieron excluir totalmente las declaraciones ante el Ministerio Público y la confesión rendida el 7 de mayo de 1999, por cuanto la existencia de tratos crueles e inhumanos inhabilitaba el uso probatorio de dichas evidencias, de conformidad con los estándares internacionales anteriormente expuestos. Por tanto, la Corte declara la violación del artículo 8.3, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de los señores Cabrera y Montiel. Ne bis in ídem (art. 8.4). Concepto y fundamento de la garantía. Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33. En cuanto a la denuncia de la Comisión sobre violación en perjuicio de la señora María Elena Loayza Tamayo de la garantía judicial que prohíbe el doble enjuiciamiento, la Corte observa que el principio de non bis in idem está contemplado en el artículo 8.4 de la Convención en los siguientes términos: El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Este principio busca proteger los derechos de los individuos que han sido procesados por determinados hechos para que no vuelvan a ser enjuiciados por los mismos hechos. A diferencia de la fórmula utilizada por otros instrumentos internacionales de protección de derechos humanos (por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, artículo 14.7, que se refiere al mismo "delito”), la Convención Americana utiliza la expresión "los mismos hechos", que es un término más amplio en beneficio de la víctima. En el mismo sentido: Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr. 199; Caso Mohamed Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 noviembre de 2012 Serie C No. 255, párrs. 120 y 121; Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 259. En el caso presente, la Corte observa que la señora María Elena Loayza Tamayo fue procesada en el fuero privativo militar por el delito de traición a la patria que está estrechamente vinculado al delito de terrorismo, como se deduce de una lectura comparativa del artículo 2, incisos a, b y c del Decreto-Ley N° 25.659 (delito de traición a la patria) y de los artículos 2 y 4 del Decreto- Ley N° 25.475 (delito de terrorismo). Ambos decretos-leyes se refieren a conductas no estrictamente delimitadas por lo que podrían ser comprendidas indistintamente dentro de un delito como en otro, según los criterios del Ministerio Público y de los jueces respectivos y, como en el caso examinado, de la "propia Policía (DINCOTE)". Por lo tanto, los citados decretos-leyes en este aspecto son incompatibles con el artículo 8.4 de la Convención Americana. Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69. Observa la Corte que, entre los elementos que conforman la situación regulada por el artículo 8.4, se encuentra la realización de un primer juicio que culmina en una sentencia firme de carácter absolutorio. De acuerdo con la demanda Página 342 de 600

de la Comisión, ese primer juicio, en el presente caso, sería el constituido por las actuaciones realizadas por la justicia penal militar en contra de Luis Alberto Cantoral Benavides, en relación con el delito de traición a la patria. En el mismo sentido: Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr.202. En esta misma sentencia (supra párr. 114) se ha pronunciado la Corte en el sentido de que la aplicación de la justicia penal militar a civiles infringe las disposiciones relativas al juez competente, independiente e imparcial (artículo 8.1 de la Convención Americana). Eso es suficiente para determinar que las diligencias realizadas y las decisiones adoptadas por las autoridades del fuero privativo militar en relación con Luis Alberto Cantoral Benavides, no configuran el tipo de proceso que correspondería a los presupuestos del artículo 8.4 de la Convención. En el mismo sentido: Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr.206. Corte IDH. Caso Mohamed Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 noviembre de 2012. Serie C No. 255. La Corte reitera que el principio ne bis in idem, consagrado en el artículo 8.4 de la Convención, se sustenta en la prohibición de un nuevo juicio sobre los mismos hechos que han sido materia de la sentencia dotada con autoridad de cosa juzgada. La Corte considera que el señor Mohamed no fue sometido a dos juicios o procesos judiciales distintos sustentados en los mismos hechos. Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, párr. 186. En el presente caso, la información de la que dispone la Corte no permite concluir algo diferente a que la votación realizada el 8 de diciembre de 2004 reabrió un juicio político que ya había sido finalizado. En efecto, el 2 de diciembre de 2004 hubo una certificación expresa emitida por la Secretaría del Congreso en la que se señaló que no se habían aprobado y se habían declarado negadas las mociones de censura. Por ello, es posible afirmar que, de acuerdo a la normatividad interna, se había cumplido el presupuesto procesal para considerar que el juicio político había finalizado. Posteriormente, se utilizó una convocatoria a sesiones extraordinarias para reabrir la votación, a pesar de que ésta ya se había realizado. En consecuencia, esta reapertura de votación implicó un nuevo enjuiciamiento y la vulneración de la garantía de "ne bis in idem”. Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275. Para que se configure una violación del artículo 8.4 de la Convención Americana: (i) el imputado debe haber sido absuelto; (ii) la absolución debe ser el resultado de una sentencia firme, y (iii) el nuevo juicio debe estar fundado en los mismos hechos que motivaron la sustanciación del primer juicio. Excepciones. Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C No. 117. El desarrollo de la legislación y de la jurisprudencia internacionales ha permitido el examen de la llamada "cosa juzgada fraudulenta” que resulta de un juicio en el que no se han respetado las reglas del debido proceso, o cuando los jueces no obraron con independencia e imparcialidad. En el mismo sentido: Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 251, párr.196. Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Página 343 de 600

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154. En lo que toca al principio ne bis in idem, aún cuando es un derecho humano reconocido en el artículo 8.4 de la Convención Americana, no es un derecho absoluto y, por tanto, no resulta aplicable cuando: i) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia. Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada "aparente” o "fraudulenta”. Por otro lado, esta Corte considera que si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe un sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección del ne bis in idem. En el mismo sentido: Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 153; Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251, párr. 195; Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie CNo. 275, párr. 267. Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162. Específicamente en relación con la figura de la cosa juzgada, recientemente la Corte precisó que el principio non bis in idem no resulta aplicable cuando el procedimiento que culmina con el sobreseimiento de la causa o la absolución del responsable de una violación a los derechos humanos, constitutiva de una infracción al derecho internacional, ha sustraído al acusado de su responsabilidad penal, o cuando el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales. Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada "aparente” o "fraudulenta”. En el mismo sentido: En el mismo sentido: Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 251, párr.195. En tal sentido, al presentar una denuncia contra presuntos autores intelectuales de los hechos (supra párr. 80.82), en cuyo favor fue dispuesto un sobreseimiento en el fuero militar, la Procuraduría Ad Hoc estimó que es inadmisible considerar el auto de sobreseimiento emitido por jueces militares, carentes de competencia e imparcialidad, y en el curso de un proceso encaminado a cubrir con un manto de impunidad, como un obstáculo legal a la promoción de la acción penal ni como sentencia firme, por lo que no tendría calidad de cosa juzgada.

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4. GÉNERO, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PUEBLOS INDÍGENAS Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 1. GÉNERO: El patriarcado es el régimen de dominación masculina que a lo largo de la historia de la humanidad, articula de una manera desigual a las sociedades en su funcionamiento. El sustento ideológico del patriarcado es a dominación vertical y asimétrica de las relaciones sociales y tiene su mayor expresión en la subyugación de las mujeres. Este sistema de dominación ha impuesto sumisión a las mujeres en la esfera públicoprivada. En las relaciones privadas las mujeres quedan relegadas a la maternidad, lo que es interpretado por el grupo social en su conjunto como la función reproductiva de la misma sociedad. En las relaciones maritales a las mujeres se les somete al espacio doméstico prebenda histórica de la estructura patriarcal, para asegurar la legitimidad de su prole. Esta estructura mental se reviste de diferentes expresiones culturales, la cual es aceptada tanto por hombres como por mujeres. En todas y cada una de etas manifestaciones, las mujeres articulan dentro de la sociedad como un ente reproductor, aceptando, en la mayoría de los casos esta relación desigual. La imposición a través de la violencia por parte de las relaciones patriarcales somete a la mujer al espacio doméstico y la anula per se de cualquier posibilidad de participar en las instancias públicas, Este círculo de negaciones se reviste de violencia psicológica, verbal y física y en el peor de los casos puede devenir en la muerte. Desde la estructura privada se les niega su vinculación a la esfera pública por lo que se vedan todas sus capacidades intelectuales y quedan al margen de sus derechos y libertades fundamentales. En contraposición con los hombres son seres para sí en el mundo y quienes desarrollan trabajos valorizados y valorados. En la apropiación masculina de la agricultura, fue el punto de partida que redefinió y creo la diferenciación de las relaciones entre hombres y mujeres y otorgó el predominio a los hombres por la fuerza física. La actividad agrícola y la domesticación de animales, ambas actividades desarrolladas a mayor escala, exigieron fuerza bruta del “del hombre”, quien se apropió no solo de las actividades generadoras de alimento, sino también de la riqueza por ellas producida, lo que hizo que el hombre deseara heredar riqueza de sus rebaños y tierras a sus vástagos por lo que exigió fidelidad a una mujer, para garantizar así la paternidad de sus hijos, porque anteriormente la mujer era libre de tener los hombres que deseara y los hijos que se reconocían como hermanos por línea materna. Ante el impacto de las noticias relacionadas con la violencia contra las mujeres que se incrementó a partir del año 2000 algunas parlamentarias guatemaltecas y los grupos de mujeres organizados en la sociedad civil se pronunciaron en contra de la ola de horrendos crímenes hacia este sector de la población, donde surgen debates de la necesidad de identificar como Página 345 de 600

un delito específico, la muerte violenta en contra de las mujeres. (Motivo por el cual se aprobó ante el Congreso de la República de Guatemala la Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer en el campo penal el 08 de abril de 2008, la cual tipifica los asesinatos de mujeres por causas de género). a. EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES: En la antigua Roma sólo se reconocía la existencia de derechos a los hombres adultos que no fueran esclavos. Sólo ellos tienen la condición de ciudadanos. Las mujeres, en consecuencia, que no eran "sui iuris", sino "alieni Iuris" no eran consideradas como tales. La afirmación y reivindicación de los derechos de la mujer tiene un origen moderno, formando parte de los planteamientos de la Revolución Francesa, como consecuencia de la proclamación del principio de igualdad. Sin embargo, la lucha efectiva por los derechos no tendrá lugar hasta el siglo XIX. La evolución de los derechos de la mujer durante el siglo XX y XXI ha sido notable. Durante mucho tiempo la mujer sufrió de invisibilidad en los ámbitos de decisión (político, social y económico), en muchos Estados y también en Organizaciones Internacionales. La mirada machista y la discriminación de género aún existen pero afortunadamente cada día son más débiles. Los movimientos de mujeres de la segunda mitad del siglo pasado, tuvieron como base las reivindicaciones por el derecho al sufragio y la igualdad de derechos con los hombres. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se reunió por primera vez en Lake Success, Nueva York, en febrero de 1947, poco después de la creación de las Naciones Unidas. En aquel momento, los 15 representantes gubernamentales que formaban la Comisión eran mujeres. Desde su nacimiento, la Comisión contó con el apoyo de una dependencia de las Naciones Unidas que más tarde se convertiría en la División para el Adelanto de la Mujer, dependiente de la Secretaría de las Naciones Unidas. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer forjó una estrecha relación con las organizaciones no gubernamentales; aquellas reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social eran invitadas a participar en las sesiones de la Comisión en calidad de observadoras. Entre 1947 y 1962, la Comisión se centró en establecer normas y formular convenciones internacionales que cambiaran las leyes discriminatorias y aumentaran la sensibilización mundial sobre las cuestiones de la mujer. En sus aportaciones a la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Comisión defendió con éxito la necesidad de suprimir las referencias a “los hombres” como sinónimo de la humanidad, y logró incorporar un lenguaje nuevo y más inclusivo. Dado que la codificación de los derechos jurídicos de las mujeres debe apoyarse en datos y análisis, la Comisión inició una evaluación de la condición jurídica y social de la mujer a escala mundial. Se llevó a cabo amplias investigaciones gracias a las cuales se obtuvo un detallado panorama país por país de la situación política y jurídica de las mujeres, que con el tiempo serviría de Página 346 de 600

base para la redacción de los instrumentos de derechos humanos. La Comisión elaboró las primeras convenciones internacionales sobre los derechos de la mujer, como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1953, que fue el primer instrumento de derecho internacional en reconocer y proteger los derechos políticos de las mujeres; también fue la responsable de redactar los primeros acuerdos internacionales sobre los derechos de la mujer en el matrimonio, a saber, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada de 1957 y la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios de 1962. Además, contribuyó al trabajo de las oficinas de las Naciones Unidas, como el Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor de la Organización Internacional del Trabajo (1951), que consagró el principio de igual salario por trabajo igual. En 1963, los esfuerzos para consolidar las normas relativas a los derechos de la mujer condujeron a la Asamblea General de las Naciones Unidas a solicitar a la Comisión que elaborara una Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, que la Asamblea aprobó en última instancia en 1967. A dicha declaración siguió en 1979 la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), un instrumento jurídicamente vinculante cuya redacción también corrió a cargo de la Comisión. En 1999, el Protocolo Facultativo de la Convención introdujo el derecho de presentar una demanda para las mujeres víctimas de discriminación. A medida que en el decenio de 1960 comenzaban a acumularse las pruebas que demostraban que las mujeres se veían desproporcionadamente afectadas por la pobreza, la Comisión concentró su trabajo en las necesidades de las mujeres en las esferas del desarrollo comunitario y rural, el trabajo agrícola, la planificación familiar y los avances científicos y tecnológicos. La Comisión alentó al sistema de las Naciones Unidas a ampliar su asistencia técnica para acelerar el progreso de la mujer, especialmente en los países en desarrollo. En 1972, coincidiendo con el 25º aniversario de su creación, la Comisión recomendó que 1975 fuera declarado Año Internacional de la Mujer, una idea que contó con la adhesión de la Asamblea General y cuyo objetivo era llamar la atención sobre la igualdad entre mujeres y hombres y sobre la contribución de aquellas al desarrollo y la paz. Aquel año estuvo marcado por la celebración de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en Ciudad de México, a la que siguió en el periodo 1976-1985 el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz. Posteriormente se celebraron más conferencias mundiales en Copenhague (1980) y Nairobi (1985). También se crearon nuevas oficinas de las Naciones Unidas dedicadas a las mujeres, en particular el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer Página 347 de 600

(INSTRAW). En 1987, en el marco del seguimiento de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Nairobi, la Comisión asumió el liderazgo de las labores de coordinación y promoción del trabajo del sistema de las Naciones Unidas en los asuntos económicos y sociales para el empoderamiento de la mujer. Sus esfuerzos consiguieron elevar las cuestiones de género a la categoría de temas transversales, dejando de ser asuntos independientes. En ese mismo periodo, la Comisión contribuyó a que, por primera vez, el problema de la violencia contra las mujeres figurara en primer plano de los debates internacionales. Esos esfuerzos cristalizaron en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 1993. En 1994, la Comisión de Derechos Humanos nombró una Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, con el mandato de investigar e informar sobre todos los aspectos de la violencia contra las mujeres. La Comisión sirvió como órgano preparatorio para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, en la que se aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Tras la Conferencia, la Asamblea General dio a la Comisión el mandato de desempeñar un papel central en la supervisión de la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y de asesorar al Consejo Económico y Social en consecuencia. Como pedía la Plataforma de Acción, se creó una nueva oficina de las Naciones Unidas para la promoción de la igualdad de género: la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer. En 2011, las cuatro secciones del sistema de las Naciones Unidas que se mencionan en esta página —la División para el Adelanto de la Mujer, el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer, la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer— se fusionaron, convirtiéndose en ONU Mujeres, que hoy es la Secretaría de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Además de contemplar los derechos humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer aprobada en 1979 habla sobre "las libertades fundamentales de la mujer en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil o cualquier otra". A su vez, aclara que las mujeres tienen igualdad de derecho en educación, empleo, atención médica, matrimonio y relaciones familiares. No hay que pasar por alto que también "suprime todas las formas de trata de mujeres y explotación en la prostitución de la mujer". b. TEORÍA DE GÉNERO: Uno de los que marca un debate terminológico y filosófico entorno al término género es Robert Stoller, quien a finales de la década de los sesenta logra publicar el libro ¨Sexo y género¨ donde hace una evidente separación del sexo biológico del género social, lo que causa mucha polémica, marcando una oposición o tensión al respecto. Alude que el sexo apunta a los rasgos fisiológicos y biológicos de ser macho y hembra, Página 348 de 600

el género a la construcción social de las diferencias sexuales. Así, el sexo se hereda y el género se adquiere a través del aprendizaje cultural. Esta distinción abre una brecha e inaugura un nuevo camino para las reflexiones respecto a la constitución de las identidades de hombres y mujeres. Es el feminismo como movimiento intelectual quien se encarga de plasmar la evolución filosófica y política en torno a esta discusión, el concepto género marca la diferencia entre los sexos, designa tanto a los seres humanos en su conjunto como su división en dos categorías sexuadas. Se estaba haciendo necesario romper con la tradición que, al decir de Freud: ¨… la anatomía es el destino…¨ y hacer una distinción entre lo que depende de la naturaleza y lo que depende de lo social en la relación entre los sexos, separando por supuesto el hecho biológico de la construcción cultural. Ya entonces se podría afirmar que el sexo no tenía que ver con el género, desligando estas dos realidades. El concepto género va a marcar una dimensión reflexiva, se convierte en el soporte de una filosofía y una liberación ya posible. Entonces podríamos concordar con el criterio que tiene al respecto Geneviene Friasse, filósofa e investigadora y, directora de Investigaciones en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia (CNRS), quien expresó: ¨… la historicidad de la diferencia entre los sexos podría ser el hilo conductor, la historicidad no sólo como crítica de las representaciones atemporales de los sexos sino también como localización de los sexos en la máquina de la Historia…¨ Otro de los que incorpora el concepto de género al análisis científico es el psicólogo Jhon Money, quien por primera vez en 1951 usa el concepto género para referirse al componente cultural, fundamentalmente la influencia educativa, en la formación de la identidad sexual. Hace un estudio de personas transexuales, lo que lo llevó a constatar que en la educación de las personas se les pueden asignar papeles que no se corresponden con el sexo biológico. Ello se convirtió significativamente en un aporte para el conocimiento científico, pues contribuyó a demostrar que la identidad sexual de las personas (ser machos o hembras) no está determinado por el componente biológico, cuestión que con posterioridad hace que se reconozca al género dentro de la teoría feminista. Linda Nicholson plantea: “no podemos separar lo social de lo psicológico, como habremos de hacerlo si queremos utilizar lo último para explicar lo primero.” Sherry Ortner lo explica a partir del vínculo que se establece entre la actividad de gestación y lactancia de las mujeres y la naturaleza, considerada en todas las sociedades por debajo de la cultura o la sociedad. Entonces es cuando pregunta: ¿es la mujer a la naturaleza lo que el hombre a la cultura…?, demostrando que el status secundario de la mujer dentro de la sociedad constituye un verdadero universal. Es a partir de todo este análisis teórico cuando el género emerge como categoría de análisis, y por supuesto, ya tiene sus implicaciones dentro de las ciencias sociales, pues ya sus presupuestos teóricos dan respuesta a las diferencias, nos permiten replantearnos la cuestión de que: ha supuesto un campo epistemológico propio en el que convergen diversas disciplinas; supuso la idea de la variabilidad: hombres y mujeres son construcciones culturales, lo que hace que su definición varíe de Página 349 de 600

una cultura a otra, por tanto no se puede hablar de la mujer y el hombre; configura la idea relacional: alude a la construcción sociocultural de las diferencias sexuales, es decir a la distinción entre masculino y femenino y por tanto a la relación entre ellos; emerge el principio de la multiplicidad de elementos que constituyen la identidad del sujeto, identidad de género; ya que el género se experimenta de acuerdo a la pertenencia (étnica, racial, de clase, edad, etc.); emerge la idea del posicionamiento, es decir, un análisis de género supone el estudio del contexto en el que se dan las relaciones de género y la diversidad de posiciones que ellos ocuparán; plantea el desafío de explorar las realidades más que asumirlas; permite no solo conocer las realidades, sino que abre la posibilidad al cambio. el género es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, económicas asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo. El género está estrechamente vinculado tan al factor cultural como al social; este último está referido a los aspectos socioeconómicos que participan en los procesos de producción y reproducción de género, tales como las diferencias salariales, que las mujeres sean las máximas responsables de las tareas domésticas, las más ¨machacadas¨, desigual distribución de los roles domésticos, desigual o diferente representación en los espacios de toma de decisión; el primero comprende todo el simbolismo relacionado con el ser mujer o ser hombre, presente en cada cultura y época histórica. Podemos afirmar que la categoría de género es multidimencional: tiene una dimensión biológica, una social, una económica, una subjetiva y otra política. Las dimensiones biológica y social reflejan las diferencias de nacer macho o hembra (sexo), tales como prohibiciones, normativas, costumbres, todo un deber ser. Ello se traduce en la cultura patriarcal y la subjetividad social, generalizándolo a través de la familia, la escuela, las instituciones laborales y las religiosas. Cómo se presenta lo femenino y lo masculino, la representación de los roles tradicionales, cargados de simbolismo (lo que se debe hacer y no se debe hacer). En la dimensión económica se forman intereses diferenciales hacia las profesiones y oficios, en el caso de las mujeres en trabajos de poco esfuerzo físico, empleos que luego se masculinizaron. Las diferencias salariales y mala remuneración. Ejemplo de ello es el llamado trabajo informal, conocido también como cuenta propia, como resultado de las crisis económicas las mujeres tienen que trabajar aunque sus trabajos sean menos remunerados, acuden al trabajo informal, es aquí cuando las niñas empiezan abandonar la escuela para ayudar financieramente a sus madres (esto sucede con mucha frecuencia en Latinoamérica).Esto es economía de sobrevivencia y también de pobreza. Por su parte en la dimensión subjetiva vemos como las feministas apelaron al psicoanálisis, viendo el papel que tiene la subjetividad social como reproductora del género. Todo lo que ocurre es el resultado de la subjetividad de las personas. En cuanto a la dimensión política podemos decir que la primera jerarquización es la de género: los hombres con mayor peso que las mujeres. Ello ha sido un proceso histórico, se construye desde que se nace en las relaciones de poder, es por ello que a las mujeres les cuesta tanto llegar a la palestra política. Esto Página 350 de 600

reafirma que el género como perspectiva tiene una visión crítica, explicativa y alternativa a lo que acontece en el orden de género; es una visión científica, analítica y política. Ello permite analizar y comprender las características que definen a las mujeres y los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias. Sí, nos muestra una visión diferente de un mismo asunto y, ello lo logramos cuando generamos conciencia de género y promovemos el cambio. Marcela Lagarde en una de sus publicaciones (Género y feminismo) nos muestra que la perspectiva de género tiene como único objetivo: el de contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración (de la concepción del mundo) a partir de la re significación de la historia, la sociedad, la cultura y la política, desde las mujeres y con las mujeres. Señalando que el reconocimiento a la diversidad de género y la diversidad de cada uno es el principio esencial de esa perspectiva. Los componentes que conforman la subjetividad como producto y como proceso reproductor del género son: el biológico que plantea que lo recibimos está marcado por lo que somos (machos y hembras), ello está presente en el desarrollo subjetivo, la influencia que recibimos está determinada por lo que se espera que seamos. El social como sistema de ideas compartidas entorno a un objeto representacional, tiene una dimensión informativa que no se fundamenta científicamente, funciona como orientadora de las personas, de cómo incorporamos lo nuevo. Se trasmite de grupo a grupo y de grupo a individuos como referente de interpretación de lo que acontece. A este respecto Martínez Benlloch y Bonilla plantea: “.....para la construcción de su identidad, los individuos a pesar de los cambios generacionales, continúan utilizando modelos generalizados [...] de tal forma que la construcción de los géneros será al mismo tiempo, proceso y producto de su representación social. La representación social del género incide en su construcción en el plano subjetivo (individual) y la representación subjetiva del género influye en su construcción social.” Esto nos permite comprender que la identidad está dada como un sistema de codificación que autorreferencia al sujeto, es la síntesis de un proceso por el que las personas establecen la diferencia entre el yo y la alteridad o los otros individuos, en lo que la diferencia sexual es fundamental. Lo que permite replanearnos el yo (soy yo y no el otro, como sistema de codificación). La identidad debe entenderse como expresión de dinámicas de origen interno y externo del sujeto. Ahora bien, se hace necesario hacer una clara diferenciación en lo que respecta a la definición de identidad, como parte del sexo y como parte del género. El primero se refiere a la elaboración cognitiva que ambos sexos realizan partiendo de la toma de conciencia de su propia imagen corporal, de su sexo morfológico, lo que implica la autopercepción y convicción de la pertenencia a un sexo determinado y la comprensión de lo que ello supone; es un juicio de auto clasificación como hombre o mujer basada en aquellos aspectos que a lo largo de la historia de la especie, han ido incorporando culturalmente al hombre y a la mujer. El segundo es resultado de un proceso evolutivo por el que se interiorizan las expectativas y normas sociales relativas al dimorfismo sexual y hace referencia al sentido psicológico del individuo de ser varón o Página 351 de 600

mujer con los comportamientos sociales y psicológicos que la sociedad designa como femeninos o masculinos. c.PERPECTIVA DE GÉNERO: La integración general de la dimensión de género (o mainstreaming de género) suele considerarse un concepto innovador, que engloba muchas más cosas que la «tradicional» política de igualdad de oportunidades. La Comisión Europea adoptó el enfoque del mainstreaming [o transversalidad] de género en 1996, no con el fin de sustituir la política de igualdad de oportunidades, sino como complemento de la misma. Se trata, por tanto, de un enfoque integrado: «La transversalidad de género implica no limitar los esfuerzos de promoción de la igualdad a la adopción de medidas específicas a favor de las mujeres, sino movilizar todas las medidas y políticas generales específicas con el propósito de lograr la igualdad, teniendo en cuenta de forma activa y abierta en la etapa planificadora sus posibles efectos respecto a las situaciones respectivas de hombres y mujeres (la perspectiva de género). Ello supone estudiar de forma sistemática la dimensión de la igualdad en todas las medidas y políticas y tener en cuenta esos posibles efectos al definirlas y aplicarlas» De acuerdo con el Consejo de Europa, el mainstreaming de género puede definirse como «la organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas» Otra manera interesante de definir el mainstreaming de género consiste en distinguir entre tres tipos de estrategias de igualdad de género: reparar, adaptar a la medida y transformar: Por «reparar» se entiende las medidas dirigidas a establecer la igualdad formal entre hombres y mujeres, como la legislación de igualdad de trato y los mecanismos que garanticen el cumplimiento de la ley. Entre los ejemplos en la Unión Europea cabe citar las directivas en materia de igualdad salarial e igualdad de trato en el acceso al empleo, la formación, la promoción y las condiciones laborales. Reparar es, de hecho, una de las estrategias más antiguas para la promoción de la igualdad de oportunidades. La segunda estrategia consiste en «adaptar a la medida». Dado que la igualdad de trato no conduce automáticamente a igualdad en los resultados, pueden ser necesarias medidas y servicios específicos para las mujeres, tales como los programas de acción positiva para mujeres y los servicios de cuidado infantil. En este planteamiento de adaptar a la medida, se supone que las mujeres asimilan el statu quo, que en sí mismo no se discute. La tercera estrategia, «transformar», va un paso más allá al cuestionar el statu quo (es decir, la corriente dominante o «mainstream») y considerar que puede ser necesaria una transformación de las instituciones o de las organizaciones para alcanzar la igualdad de género. De esta forma, el mainstreaming de género supondría añadir este potencial de transformación a las políticas ya establecidas de igualdad formal y acción positiva en materia de igualdad de género. En lo relativo a la política de empleo, el mainstreaming de género implica que la política tiene expresamente en cuenta la desigual posición de hombres y mujeres Página 352 de 600

en el mercado laboral. Los 4 pasos de la perspectiva de género: A lo largo de los últimos años se han elaborado diversas guías sobre la manera de aplicar el mainstreaming de género, a menudo centradas en aspectos específicos o dirigidos a determinados grupos concretos. Un ejemplo a escala europea lo constituye la «Guía EQUAL sobre integración de la perspectiva de género», que está destinada a las personas implicadas en los proyectos EQUAL nacionales. Otro ejemplo más reciente se encuentra en la guía de mainstreaming de género elaborada por el Comité sueco de apoyo al mainstreaming de género. La mayoría de las guías definen un marco o distinguen diversas etapas. Así, por ejemplo, existe una guía que contempla un marco útil para aplicar el mainstreaming de género en las universidades. En esta guía se distinguen cuatro «cajas de herramientas» o conjuntos de instrumentos: 1) medición y seguimiento, 2) implantación y organización, 3) sensibilización e implicación, 4) comprobación y evaluación de género. También puede encontrarse información útil en guías que describen las diferentes etapas de un proceso de evaluación del impacto de género. A partir de la literatura existente y teniendo en cuenta la materia y las partes interesadas específicas, se ha elaborado una lista de comprobación del mainstreaming de género en las políticas de empleo, que consta de cuatro pasos: Organizarse. Este primer paso se centra fundamentalmente en la implantación y la organización, además de la sensibilización y la implicación. La implantación y la organización, así como la sensibilización y la implicación, pueden considerarse importantes condiciones previas para el éxito del mainstreaming de género. Por implantación y organización del mainstreaming de género se entiende el proceso de dotar de una base estructural y cultural a la igualdad de oportunidades. Esto incluye la formulación de objetivos y metas, la elaboración de un plan y de un presupuesto, y la definición de las funciones y responsabilidades de las distintas personas involucradas. En cuanto al presupuesto, es necesario obtener recursos suficientes para la implantación. Asimismo, podría contemplarse la posibilidad de utilizar un asesoramiento especializado (externo). El mainstreaming de género supone también que todas aquellas partes interesadas que participan en la política de empleo tengan en cuenta la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Para crear un cierto grado de sensibilización y conocimiento experto en materia de igualdad de género es esencial la formación. A su vez, las partes interesadas deberían considerar el mainstreaming de género como parte de sus tareas y responsabilidades. Por ese motivo es importante «lograr la implicación», aunque para ello pueden adoptarse distintas estrategias. En algunos casos, puede esperarse que se implique todo el equipo; sin embargo, cuando los niveles de sensibilización sean bajos, puede ser necesario comenzar nombrando a una persona concienciada y con conocimientos específicos dentro del equipo o la unidad encargada de la elaboración de las políticas. Conocer las diferencias de género. El objetivo del segundo paso es describir la desigualdad de género respecto de la participación, los recursos, los usos sociales y valores, y los derechos; así como evaluar tendencias en ausencia de intervención en las políticas. El Página 353 de 600

siguiente paso en el proceso del mainstreaming de género es la recopilación de datos pertinentes sobre la posición de mujeres y hombres. La descripción de la situación real resulta clave para evaluar la igualdad (o desigualdad) de género y para determinar las áreas a las que hay que prestar una atención prioritaria. Asimismo, el seguimiento de la situación a lo largo del tiempo proporciona información sobre las tendencias que se perciben en materia de igualdad (o desigualdad) de género. La Comisión Europea estableció en 1998 cuatro dimensiones para la evaluación de la desigualdad de género: la participación: La participación se refiere a la composición, desde el punto de vista del género, de la población o el colectivo al que se dirige la política, e implica la necesidad de recabar datos básicos, tales como el porcentaje de hombres y mujeres en situación de desempleo o con discapacidades o con contratos flexibles. Cuando las medidas políticas especifiquen grupos concretos de personas vulnerables, deberán tenerse en cuenta también las diferentes repercusiones que tales medidas puedan producir en hombres y mujeres. A lo largo de los últimos años ha mejorado considerablemente la disponibilidad de estadísticas diferenciadas por sexos, un avance que facilita el primer paso. Aunque las estadísticas parezcan claras, es importante también tener presentes los criterios de medición. Por ejemplo, el desempleo puede medirse de distintas maneras. Dependiendo del método, las diferencias de género podrían variar, pasando de ser más bien bajas a ser bastante altas. Los recursos: Las diferencias de género también pueden producirse en relación con el acceso o la distribución de recursos tales como el tiempo, el espacio, la información, el dinero, el poder político y económico, las cualificaciones, el transporte, el uso de los servicios públicos, etc. En concreto, el desigual reparto de las responsabilidades de cuidado de las personas dependientes tiene una gran repercusión en la distribución de los recursos. Por ejemplo, respecto a las políticas activas del mercado de trabajo debe tenerse en cuenta el hecho de que las mujeres soportan la responsabilidad principal en la crianza de los hijos. La disponibilidad de servicios de cuidados a los niños es, por consiguiente, muy importante para permitir, en particular, que las mujeres participen en los programas. En el ámbito de las políticas de conciliación, una cuestión relevante es que los permisos parentales sean o no retribuidos. Asimismo, es más probable que las mujeres se concentren en el área del mercado de trabajo en la que más influye el salario mínimo interprofesional y, por tanto, que se vean desproporcionadamente afectadas por las decisiones de aumentar dicho salario mínimo por encima o por debajo del porcentaje medio de aumento de los beneficios. Los usos sociales y valores: Los usos sociales y los valores influyen en los roles y la división del trabajo establecidos en función del género, así como en las actitudes y el comportamiento de mujeres y hombres. A ellos se deben también, en parte, las desigualdades en el valor que se concede a los hombres y a las mujeres o a las características masculinas y femeninas. Resulta esencial determinar el papel que desempeñan las políticas a la hora de reforzar los usos sociales y los valores que mantienen la desigualdad de género. Las políticas fiscales y de prestaciones, por ejemplo, se basan a menudo Página 354 de 600

en un modelo en el que el hombre es el sostén de la familia. El paso a modelos más individualizados puede tener, con independencia del impacto en los porcentajes de participación, un importante valor simbólico. En esta misma línea, una política centrada en un reparto más igualitario del trabajo retribuido y no retribuido —en el que los hombres asuman explícitamente un papel de cuidadores de personas dependientes— podría contribuir también a un conjunto de usos y valores más igualitarios. Y los derechos: Los derechos aluden a la discriminación directa o indirecta por razón de sexo, los derechos humanos y el acceso a la justicia en el ámbito jurídico, político o socioeconómico. Por ejemplo, ¿pueden acceder a los programas de políticas activas del mercado de trabajo las personas inactivas (las que desean reincorporarse al mercado laboral, y no solo las que solicitan prestaciones o subsidios) de la misma manera que las personas desempleadas que tienen derecho a prestación? Si no es así, las mujeres pueden sostener que tienen menos apoyo que los hombres para reincorporarse al trabajo. En este sentido, debería tenerse en cuenta también que incluso cuando las mujeres poseen los mismos derechos formales que los hombres, la falta de servicios puede limitar la capacidad de las mujeres para ejercer su derecho a aprovechar estas oportunidades. Del mismo modo, la existencia de derechos formales de los hombres a participar en las medidas de reconciliación no bastará necesariamente para promover la igualdad de género en las tareas de cuidado a las personas dependientes. Es importante considerar la situación inicial desde una perspectiva dinámica y no exclusivamente estática. Evaluar el impacto en las políticas. El tercer paso es analizar el potencial impacto de género de la política en lo referido a la participación, los recursos, los usos sociales y valores, y los derechos. El tercer paso requiere una evaluación del potencial impacto de género que produce la política en relación con la participación, los recursos, los usos sociales y valores, así como los derechos. En cuanto a la participación, es importante que se tengan en cuenta tanto aspectos cuantitativos como cualitativos. Por ejemplo, es posible que los programas destinados a crear puestos de trabajo vayan dirigidos, en particular, a las mujeres. Esto puede valorarse como algo positivo desde el punto de vista de la igualdad de género. Sin embargo, cuando la calidad de los puestos es problemática (por ejemplo, en cuanto a jornada y salario), esos programas podrían reforzar la desigualdad de género. En el caso del acceso a los recursos, resulta fundamental tener presente no solo el impacto en cuanto a los recursos familiares, sino también en cuanto a los recursos individuales. En lo que se refiere a los usos sociales y los valores, las políticas de conciliación deberían abordar la implicación de los hombres en las tareas domésticas. Si solo las mujeres hacen uso de las medidas de conciliación, la tradicional división desigual del trabajo no retribuido entre hombres y mujeres se verá reforzada y, a su vez, podría reforzar los usos sociales a este respecto. En lo que atañe a los derechos, es importante incluir el derecho a los servicios de cuidado infantil, así como el derecho a trabajar. Rediseñar la política. El cuarto paso consiste en encontrar posibilidades de rediseño de las políticas con el fin de promover la igualdad de género. Cuando, como resultado de la evaluación, se Página 355 de 600

concluye que la política tiene un impacto negativo en la igualdad de género o es, en general, neutral desde el punto de vista del género, resulta esencial encontrar formas de rediseñar la política con el fin de promover la igualdad de género. La necesidad de rediseñar es especialmente intensa cuando las diferencias de género iniciales son grandes y repercuten de manera importante en las oportunidades vitales de las mujeres. El rediseño no implica necesariamente realizar cambios fundamentales. Por ejemplo, en relación con las políticas activas del mercado de trabajo, una medida relativamente sencilla pero eficaz consiste en extender la posibilidad de acceso a los programas a todas las personas inactivas. Ofrecer servicios de apoyo a los padres y a las madres trabajadores tampoco parece excesivamente complicado. Otros aspectos, en cambio, pueden resultar más complejos. Por ejemplo, la reducción de la segregación vertical y horizontal exige aplicar políticas más amplias. El rediseño puede también requerir un planteamiento pluridimensional que afecte a más de un área política o a más de un departamento. Por ejemplo, puede ser necesario que el servicio público de empleo coopere activamente con el departamento responsable de la prestación de servicios de cuidado infantil para que las mujeres que desean trabajar tengan acceso a unos servicios de cuidado infantil que les faciliten la búsqueda de trabajo. El mainstreaming de género exige un planteamiento más integrado del diseño de las políticas cuando la política de empleo no se desarrolla de manera aislada respecto de los servicios de bienestar social y cuidado infantil, por un lado, o de las políticas fiscales y de prestaciones, por el otro. d. METODOLOGÍA DE GÉNERO: Es una metodología especializada y difiere del postulado de la neutralidad axiológica de las investigaciones de las ciencias experimentales que establece Max Weber, pues desde su concepción se fundamenta en el compromiso ético feminista, de observar y analizar la sociedad desde la visión de las mujeres; lo que no ha sido parte de la producción científica en miles de años. Se sustenta en un paradigma holográfico, pues la realidad social es multidimensional, y sus diferentes esferas ya sean políticas, económicas, jurídicas, sociales, religiosas o culturales, están íntimamente interrelacionadas y las mujeres deben ser sus sujetas protagónicas. Asimismo, considera que el desarrollo humano es una meta social a alcanzarse, pero que este desarrollo tiene que ser sostenible y con rostro humano; como una moneda, que en un lado tiene el rostro de la mujer y en la otra cara tiene la faz del hombre. La metodología de género es definida desde el cuerpo conceptual teórico de Los Estudios de Género, como un proceso pedagógico que tiene por finalidad la transformación particular de cada persona; dirigida a lograr cambios de actitudes, sentimientos y formas de vivir, a efecto de lograr la construcción de la igualdad genérica en todas las esferas de la vida social. La abogada feminista Alda Facio, ha formulado una metodología denominada “Análisis de género del fenómeno legal”, afirmando lo siguiente: “no pretendo presentarles un nuevo método de análisis, sino proponerles una teoría sobre cómo llegar a soluciones no sexistas ni Página 356 de 600

androcéntricas” (Facio: 2007,14). Esta autora explica que, debido a que la perspectiva de género es poco conocida, muchas/os la utilizan como sinónimo de mujer; así que opta por definir unos cuantos pasos que no son difíciles, una vez se ha tomado conciencia de lo que comprende el sexismo. A continuación se presentan algunos de sus pasos: 1. Tomar conciencia de la subordinación del sexo femenino en forma personal. 2. Identificar las formas de cómo se manifiesta el sexismo en los textos: • Androcentrismo • Ginopia • Misoginia • Dicotomismo sexual • Doble parámetro • Familismo 3. Identificar cuál es el modelo de mujer que aparece o está invisibilizada en el texto (mujer anciana, mujer indígena, mujer con capacidades diferenciadas). 4. Identificar cuál es la concepción de mujer que sirve de sustento al texto (mujer madre, mujer esposa, mujer honesta). 5. Utilización del lenguaje incluyente. 6. Eliminación de la insensibilidad de género. Paso 1: Tomar conciencia de la subordinación del sexo femenino en forma personal. El primer paso supone tomar conciencia a nivel personal, de que existe la discriminación contra las mujeres, ya que esta situación implica una nueva forma de percibir la propia vida y la vida de las mujeres que acuden a nuestros servicios a demandar justicia. Asimismo, entraña el tener conocimientos acerca de las formas de discriminación que enfrentan las mujeres, por ejemplo: no tener acceso a la educación, a un salario igual por igual trabajo realizado, a similares condiciones de contratación laboral, al crédito, a la vivienda, a la participación política o a la justicia pronta y cumplida. Este proceso parte de cuestionar el modelo social imperante que tiene al hombre como paradigma de lo humano y por tanto merecedor de todos los privilegios, facultado para el ejercicio de los derechos y libertades, en detrimento de una igualdad de trato para las mujeres. Tomar conciencia implica conocer y aceptar que la discriminación contra la mujer existe y que se debe eliminar. Para ello se debe partir de su respectiva definición teórica, misma que está contenida en el artículo 1 de la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer”, que textualmente dice: “A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer; independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera”. La discriminación basada en el sexo se manifiesta mediante una serie de actitudes y conductas fundamentadas en la creencia de que los hombres son seres superiores a las mujeres. La condición de inferioridad física que se les asigna a las mujeres ha sido argumentada sobre la base de que la mujer “por naturaleza” es madre, sumisa, débil y frágil. Sin embargo, es importante demostrar que esa supuesta debilidad es solo un mito, que es una construcción social y que por tanto es susceptible de ser cambiada. Los estilos tradicionales de socialización siempre estuvieron centrados en la hegemonía de la figura masculina, el paradigma de lo humano ha sido el hombre y desde él y para él se han creado las Página 357 de 600

religiones y leyes o se han diseñado las políticas; pero éstas se pueden cambiar si inicialmente se aprende a identificar las formas de discriminación contra las mujeres, o bien, de cómo las mujeres han sido excluidas o marginadas de todas las esferas de la vida. Paso 2: Identificar las formas cómo se manifiesta el sexismo en los textos. Explica Alda Facio en relación al análisis del fenómeno legal que “el fenómeno jurídico no se reduce a las leyes formalmente generadas, sino que también se forman a través de la administración o interpretación que de ellas hacen las personas operadoras de justicia, influenciadas por sus prejuicios, costumbres o tradiciones” (Facio: 2007,43). Por ello, al realizar el análisis de documentos educativos, legales, de comunicación, etc., es importante preguntarse: • ¿Quién es el modelo o paradigma de obligaciones y derechos en esta ley o texto, el hombre o la mujer? • ¿Contempla la ley o el texto diferencia de trato para mujeres y hombres? • ¿Cuál es el bien tutelado por la ley? ¿En qué contexto socio-cultural fue emitida la ley? • ¿A qué mujeres excluye o incluye esta ley o texto? Androcentrismo: Facio manifiesta que: “el androcentrismo es la forma más generalizada de sexismo. Consiste en ver el mundo desde la mirada de lo masculino, tomando al varón como parámetro de lo humano. A veces esta forma de sexismo se degenera devaluando lo femenino, lo que hace imposible ver la existencia de necesidades específicas de las mujeres, tampoco se acepta su existencia autónoma. En el lenguaje cotidiano, a estas formas de ver el mundo, o a las actitudes que los hombres asumen frente a la vida se le llama machismo. Así mismo debemos tener en cuenta que tanto mujeres como hombres pueden asumir este tipo de actitudes en la vida cotidiana” (Facio: 2007,24). Se está partiendo de una concepción androcentrista cuando: • Se reconocen exclusivamente las necesidades de los hombres. • El modelo del texto es un hombre o los hombres. • Solamente han participado hombres en su formulación. • Las acciones a realizar están dirigidas a resolver problemas de los hombres. • Cuando las necesidades, intereses, expectativas y opiniones de las mujeres no han sido tomadas en consideración, ya sean en la formulación y aplicación de las leyes, planes, programas, textos o proyectos. • Se incluye la perspectiva masculina como paradigma y centro de la experiencia humana, como única y relevante, ignorando la perspectiva femenina. Algunas de las múltiples formas que se pueden utilizar para eliminar el androcentrismo, y así construir formas más igualitarias de vida, sin sobrevalorar un género y desvalorizar al otro, son las siguientes: • Que mujeres y hombres participen en condiciones de paridad en la capacitación, planificación, ejecución y monitoreo de políticas públicas, programas o proyectos para que sus necesidades específicas sean tomadas en consideración. • En la vida familiar tratar con igualdad a hijas e hijos, así como valorar y respetar a nuestra pareja. • Establecer relaciones de valoración y respeto en el trabajo que abarquen a mujeres y hombres en condiciones de equidad. • Que el trato igualitario para mujeres y hombres sea parte de la cotidianidad laboral, familiar, política, económica, social y cultural. La autora Alda Facio explica que “El androcentrismo degenera en misoginia, que como su raíz latina lo indica, es el odio o desprecio a Página 358 de 600

lo femenino; o en ginopia, o sea, la imposibilidad de ver lo femenino o imposibilidad de aceptar la existencia autónoma de personas del sexo femenino. Estas dos formas extremas de sexismo son mucho más comunes de lo que a primera vista se desprende, porque las mujeres estamos tan acostumbradas a que se nos desprecie o invisibilice, que no nos damos cuenta de las muy variadas formas en que se nos niega la pertenencia al género humano, o peor aún, de cómo se nos niega la existencia misma” (Facio: 200,24). Dicotomismo sexual: En forma muy resumida se puede decir que el dicotomismo sexual es el concebir y tratar a los dos sexos como diametralmente opuestos y contradictorios. Las mujeres y los hombres son tratados como totalmente diferentes y contrarios, sin reconocer que entre ambos existen más igualdades que diferencias, por ejemplo: • Las mujeres son miedosas, los hombres valientes. • Los hombres son de la calle, las mujeres de la casa. • Las mujeres sienten, los hombres piensan. • Los hombres pueden cometer adulterio, las mujeres no. • Los hombres son activos, las mujeres pasivas. Como puede observarse, las características atribuidas a los hombres tienen más valor social. Para eliminar estas concepciones se debe dar igualdad de trato a los hombres y a las mujeres en las leyes, políticas, educación, salud, trabajo, etc., y no presentarlos como totalmente opuestos, sin ninguna característica semejante. Doble parámetro: Desde esta perspectiva, una misma conducta o situación idéntica es valorada en diferente forma si la realiza una mujer o un hombre. A este tipo de actitudes se le llama “doble moral”, ya que las conductas de mujeres y hombres son valoradas de acuerdo a los prejuicios sexistas imperantes en una sociedad y momento dado, prejuicios que generalmente privilegian a los hombres. En la vida cotidiana existen cantidad de ejemplos de cómo se produce esta situación, uno muy común es referirse con todo respeto a un político como a “un hombre público” y la desvalorización al referirse a una “mujer pública”. Asimismo, es considerado normal que el hombre tenga dos mujeres, que ande en la calle a altas horas de la noche, lo que jamás será aceptable para una mujer, por ejemplo: en algunos países la infidelidad de la esposa era causal de divorcio, la infidelidad del esposo no. De modo que, una ley se aplica en diferente forma a un hombre que a una mujer; o la misma actitud, conducta o características humanas similares, son valoradas o evaluadas con muy diferentes medidas si corresponden a un hombre o a una mujer. Familismo: Esta situación es producto de las concepciones tradicionales que ubican a la mujer como única responsable del cuidado del hogar. De acuerdo a las costumbres predominantes en las sociedades tradicionales “el deber ser de la mujer” era ser madre y dedicarse a la familia; por ello, cuando se habla de programas de la mujer, la incluyen con toda la familia. Un claro ejemplo de esta forma de sexismo es el diseño de programas para la mujer y reciben el nombre de “materno infantil”; existen también, organizaciones llamadas “de la Mujer, el niño y la familia”. En este contexto el hombre es visto como ajeno a la familia y por el otro lado la mujer es vista como sinónimo de familia, y por ende, las necesidades de las mujeres quedan postergadas, al priorizar necesidades familiares. Paso 3: Identificar cuál es el modelo de mujer que aparece o está Página 359 de 600

invisibilizada en el texto (mujer anciana, mujer indígena, mujer con capacidades diferenciadas). Identificar cuál es el modelo de mujer que se está contemplando o no aparece en la ley, en la política, en el proyecto o documento divulgativo; analizando cuál es su situación, condición y posición; tomando en consideración su etnia, edad, creencias, orientaciones sexuales, etc. O si es mujer pobre, mujer indígena o mujer con capacidades diferenciadas y cómo estas condiciones o situaciones influyen en el ejercicio de sus derechos, especialmente en el relativo al acceso a la justicia. Paso 4: Identificar cuál es la concepción de mujer que sirve de sustento al texto (mujer madre, mujer esposa, mujer honesta). Como producto de las construcciones sociales predominantes en determinada sociedad y momento histórico, surgen los llamados “modelos de ser mujer”, lo que significa un conjunto de ideas, creencias y juicios de valor que se le asignan a las mujeres. Es también la combinación de rasgos culturales, psicológicos, papeles sociales, valores, aspiraciones e intereses con que se representan a las mujeres en ese momento y lugar dado, lo cual es trasladado a los textos legales, educativos o de comunicación. En este paso metodológico se trata de identificar la concepción de mujer que priva en los textos legales o educativos, mensajes de comunicación o divulgación. Los modelos más conocidos son: mujer-madre, mujer-esposa, mujervirtuosa o mujer- honesta; a efecto de establecer si estos contribuyen a construir la igualdad de libertades, ejercicio de derechos y acceso a la justicia. De estos modelos se describen los siguientes: Mujer Esposa: Tradicionalmente las mujeres tienen como un fuerte imperativo social, contraer matrimonio (casarse); debido a que es el principal proyecto de vida que tradicionalmente se les ha asignado. Algunos refranes populares que ilustran esta situación son: “ojalá se case con el príncipe azul”; y la que no se casa, “ya la dejó el tren, es una solterona amargada”, “más vale desvestir borrachos, que vestir santos”. Estos prejuicios constituyen formas de presión social hacia las mujeres para inducirlas a que su principal aspiración sea el contraer nupcias; y con ello, a ser una esposa servicial, sumisa, paciente, obediente, que siempre cede y renuncia a sus gustos; dedicada exclusivamente al cuidado de su hogar, hijas e hijos, excelente cocinera, lavandera, enfermera, destinada a servir al esposo y vivir en función de su familia, postergando sus necesidades propias. En el Código Civil de Guatemala esta situación estaba normada, ya que la esposa que deseaba trabajar fuera del hogar debía solicitar autorización ante Juez competente para hacerlo. (Derogada en 1998)”8. Mujer Madre: La Antropóloga feminista Marcela Lagarde, definió la categoría científica de “madreesposa”, ya que en las concepciones tradicionales de lo que es “ser mujer”, esta función está totalmente ligada, no se puede ser esposa sin ser madre o viceversa. La imagen de la mujer ha sido idealizada como madre ejemplar y sacrificada, (situación explotada al máximo por el consumismo, estableciendo hasta un “día de la madre”). Hay refranes populares que expresan esta situación, por ejemplo el que afirma “no es mujer la que no es madre”. Los anteriores prejuicios forman parte integral de las personas que hacen las leyes, quienes las incorporan en los textos legales, influenciadas por las costumbres y tradiciones imperantes Página 360 de 600

en ese momento histórico o porque sufren presiones del colectivo social, que considera estos roles como los correctos para mujeres y hombres. Esposa Virtuosa: El trabajo de la mujer esposa (ama de casa) es idealizado, ya que supuestamente toda su vida transcurre en forma armoniosa y serena, no hay problema doméstico que ella no pueda resolver. Debe ser cariñosa, estar siempre de buen humor y ser tolerante, debe permanecer en la casa y hacer oficio todo el día. Su mundo es el ámbito privado del hogar, siempre actúa en nombre del amor a los hijos, al esposo, pero nunca en función de sí misma, por ello incluso posterga sus necesidades. Un claro ejemplo es: “ahora me dedico a cuidar a mis hijos e hijas, cuando sean mayores, trabajo o estudio”. Mujer que trabaja fuera de la casa: Actualmente la sociedad como producto de la modernidad vive una situación de rápidos cambios, en los que se acepta que la mujer realice un trabajo reproductivo fuera de su casa, pues antes, la mujer que trabajaba fuera de la casa era “una madre irresponsable que abandonaba a sus pobres hijos a los azares del destino”. Comúnmente se decía que, “como las mujeres se fueron a trabajar fuera de la casa, ahora hay tantos niños de la calle”. Pareciera que a las mujeres no se les reconociera la necesidad de desarrollarse como personas humanas en otras áreas como el deporte, mundo laboral, el arte o la política. Mujer Honesta: Como resultado de la persistencia de la ideología patriarcal en todas las esferas de la vida y por ende en la legislativa, aún privan criterios que llevan a exigir a la mujer ciertas virtudes que no le son exigidas a los hombres, dando origen a una gran desigualdad de trato ante la ley. El ejemplo siguiente lo ilustra claramente: • Código Penal, Artículo 176. (Estupro mediante inexperiencia o confianza). El acceso carnal con mujer honesta, mayor de 12 años y menor de catorce, aprovechando su inexperiencia u obteniendo su confianza, se sancionará con prisión de uno a dos años. Si la edad de la víctima estuviere comprendida entre los catorce y los dieciocho años, la pena a imponerse será de seis meses a un año. • Código Penal, Artículo 177. (Estupro mediante engaño). El acceso carnal con mujer honesta, menor de edad, interviniendo engaño o promesa falsa de matrimonio, se sancionará con prisión de dos años, si la edad de la víctima estuviere comprendida entre los doce y los catorce y con prisión de seis meses a un año, si la víctima fuere mayor de catorce años. Estos modelos estaban sustentados en las creencias tradicionales que indican que es parte de la “naturaleza de la mujer” el casarse, ser madre y ser ama de casa, pero se ha demostrado que esas son construcciones sociales propias de determinadas etapas de desarrollo histórico, que ya están cambiando y cambiarán más, ya que estos modelos no contemplan la diversidad de transformaciones existentes en la actualidad, en que grupos de mujeres protagonizan grandes conquistas en el campo político, económico, social, cultural y legal; pero también deben estar presentes en estos avances las mujeres indígenas y rurales de diversas etnias y grupos etarios; las obreras, campesinas y muchas otras que aún no han tenido acceso a la democratización de las oportunidades y a la promoción y cumplimiento de sus derechos como humanas. Paso 5: Utilización del lenguaje incluyente: El lenguaje es un sistema abierto de comunicación social que Página 361 de 600

responde a las necesidades de representación simbólica de la realidad, y por tanto debe corresponder a las transformaciones que se están produciendo en la vida de mujeres y hombres. Desde el feminismo, se ha propuesto como alternativa la utilización del lenguaje incluyente, tanto en los discursos como en comunicaciones orales y escritas. Este lenguaje tiene la particular característica que nombra, incluye y hace presente a la mitad de la población del mundo: las mujeres, que son invisibilizadas y excluidas por el lenguaje sexista. La mayor parte de normativas lingüísticas parten de una perspectiva sexista. Según la feminista guatemalteca Blanca de Sánchez, sexismo es “toda acción o actitud que subvalora, excluye, sub-representa y estereotipa a las personas por su sexo, favoreciendo a uno, en detrimento del otro”. (Sánchez, 1993.23). El sexismo es mantenido por los estereotipos sexistas; aquellas ideas o prejuicios impuestos por la cultura imperante, que son aplicados en forma general a todas las personas pertenecientes a una categoría a la que se hace referencia. Los estereotipos son modelos rígidos que se aplican a todas las personas por pertenecer a una categoría, ignorando sus atributos personales y cualidades. Por ejemplo: “todos los guatemaltecos son burlones, impuntuales e irresponsables”, “todas las mujeres son tiernas, cariñosas y buenas madres”. Uno de los objetivos que impulsa la Metodología de Género, es la erradicación de los prejuicios y estereotipos sexistas que limitan el desarrollo y potenciación de las capacidades y habilidades, elementos básicos para el logro de la autonomía de las personas. Desde la Metodología de Género, se han propuesto una serie de normativas propias del lenguaje incluyente, que contribuyen a hacer visibles e incorporar a las mujeres en los textos educativos o legales, en los mensajes comerciales, gráficas, ilustraciones y diversos contendidos de la comunicación oral y escrita, a efecto de lograr equilibrio y equidad. Principalmente se ha trabajado en torno a dos propuestas: • La utilización en el lenguaje de los términos neutros sustituyendo a los términos masculinos. Por ejemplo, nombrar en lugar de hombres: personas humanas, seres humanos, personas trabajadoras, personas empleadoras, o utilizar niñez en lugar de niños. La segunda tendencia es el lenguaje que haga visibles, incluya y nombre a los dos géneros, o sea, utilización simultánea de los dos géneros gramaticales: masculino y femenino. Esta dirección afirma que en el lenguaje oral y escrito se debe citar al género al que se hace referencia y utilizarlo en forma alterna, citando inicialmente a las mujeres y otras a los hombres y viceversa. A continuación se presenta un resumen de normativas lingüísticas Incluyentes: A. Sustituir la utilización del género masculino, como representante de ambos géneros, nombrando a ambos: Utilización de lenguaje tradicional sexista El hombre Los hombres Los derechos del hombre

Lenguaje incluyente o alternativo La mujer y el hombre Los hombres y las mujeres Los derechos humanos de las mujeres Los derechos humanos de las personas humanas o de la humanidad Página 362 de 600

El cuerpo del hombre

El cuerpo humano

B. Sustituir la utilización del género masculino para designar a ambos géneros, por ejemplo en gentilicios, grupos etarios, categorías de población: Utilización de lenguaje tradicional sexista Los ancianos Los guatemaltecos Los ciudadanos Los jefes de hogares

Lenguaje incluyente o alternativo Las ancianas y los ancianos Los guatemaltecos y las guatemaltecas Las ciudadanas y los ciudadanos Los y las jefas de hogares

C. Escribir las carreras, profesiones, cargos u oficios, en el respectivo género: Utilización de lenguaje tradicional sexista El doctor El ministro, el alcalde, el juez El gerente

Lenguaje incluyente o alternativo La doctora La ministra, la alcaldesa, la jueza La gerenta

Paso 6: Eliminación de la insensibilidad de género (Alda Facio) La insensibilidad al género: es ignorar que mujeres y hombres deben participar en condiciones de igualdad en las diferentes esferas de la vida, y por tanto deben involucrarse en la planificación y ejecución de las acciones para que respondan a las necesidades comunes de ambos y a las diferenciadas por cada sexo. e. DERECHO Y GÉNERO: Género: Generalidades: Género, lo define el diccionario como: “conjunto de seres o cosas que tienen caracteres comunes”. Los seres humanos en su esencia comparten las mismas características, no negando que biológicamente existen algunas diferencias que han trascendido al plano social, estableciendo roles diferentes para cada sexo, que se manifestaron al establecer diferencias para educar, actuar y hasta de pensar. Existe una diferencia real entre hombre y mujer, la biológica, pero ésta no solo existe biológicamente, sino también en el plano legal, la razón como lo señalan Alda Facio y Lorena Fries es “porque la diferencia mutua entre hombres y mujeres se concibió como, la diferencia de las mujeres con respecto a los hombres cuando los primeros tomaron el poder y se erigieron en el modelo de lo humano.” Esta desigualdad se encuentra enraizada dentro de todos los ámbitos de la sociedad, que permiten y perpetúan el estatus de inferioridad de las mujeres. Entre los factores que contribuyen a que esto continué están: la sociedad y las leyes. La sociedad, a través de los patrones establecidos, que vienen de generación en generación, y las leyes como reguladoras de la convivencia entre todos los seres humanos; las que al no ser imparciales, han promovido la desigualdad, que se perpetua a través del temor y la violencia. Como se ha observado a través de la historia, en toda situación injusta, se produce una rebelión por parte del sector oprimido. Así surgió el movimiento feminista, que se inició en el siglo XX. Aparecen las teorías feministas que no son más que: “un conjunto de saberes, valores y prácticas explicativas de las causas, formas, mecanismos, justificaciones y expresiones de la Página 363 de 600

subordinación de las mujeres que buscan transformarla. Una definición más clara la da Castells: “entenderemos por feminismo lo relativo a todas aquellas personas y grupos, reflexiones y actuaciones orientadas a acabar con la subordinación, desigualdad, y opresión de las mujeres y lograr, por tanto, su emancipación y la construcción de una sociedad en que ya no tengan cabida las discriminaciones por razón de sexo y género. La desigualdad ha trascendido al plano del derecho, ejemplo de ello, los preceptos legales que establecen la obediencia de la mujer a su marido, la representación legal le corresponde al marido, la oposición del marido a que la mujer trabaje, la no criminalización de la violencia sexual en el matrimonio, etc. En todos se hace evidente la desigualdad de trato, y quien detenta el poder sobre quién. En el Código Civil guatemalteco ya se ha logrado derogar algunas de ellas, pero aun así dentro del Código Penal subsisten algunos artículos que son clara evidencia de la desigualdad. Violencia de género: Se habla de género y violencia, porque a pesar de que ésta última, puede estar dirigida a cualquier miembro de una sociedad, se ha encontrado que la mayor incidencia es hacia las mujeres. La violencia contra la mujer se ha manifestado, a través de la historia, y en la mayoría de las culturas, debido a que el poder se le ha entregado al hombre como padre, esposo o hermano. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la cual estipula: “Todo acto de violencia basado en el género que resulte o tenga probabilidad de resultar, en daño físico, sexual o psicológico o de sufrimiento de la mujer e inclusive la amenaza de cometer esos actos, la coerción y la privación arbitraria de la libertad sea que ocurran en la vida pública o en la vida privada”. Cuando se habla entonces de violencia basada en género, se refiere a todas aquellas manifestaciones de violencia en contra de las mujeres de cualquier edad, raza, país o condición económica. f. SISTEMA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: Acuerdo 302010 de la Corte Suprema de Justicia. ARTÍCULO 4. CRITERIOS DE ATENCIÓN VICTIMOLÓGICA. Sin perjuicio de lo establecido en el ordenamiento jurídico, para operativizar los principios, derechos y garantías otorgados y reconocidos a las víctimas de Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer, los órganos jurisdiccionales deben adoptar todas las medidas tendientes a: a. Evitar que la víctima sea confrontada con el agresor, salvo cuando la ley expresamente señale que para la realización de un acto deben estar presentes la víctima y el victimario. b. Evitar la utilización de juicio de valor que estigmaticen a la víctima. c. Evitar el uso de terminología acciones, comentarios misóginos. d. Garantizar que en los actos y diligencias procesales se evite exponer la identidad, integridad física y psicológica de la víctima. e. Garantizar que la víctima reciba atención especializada necesaria durante todo el proceso, en especial, previamente a prestar declaraciones en cualquier etapa del proceso. f. Evitar que a la víctima declare innecesariamente dentro del proceso; sin perjuicio del derecho que le asiste a declarar cuantas veces ella lo considere. g. Evitar que en Página 364 de 600

el interrogatorio a la víctima le sean dirigidas preguntas en las que se utilicen términos discriminatorios o estigmatizantes. h. Garantizar que la víctima reciba información oportuna sobre el estado del proceso y el alcance de las actuaciones judiciales. i. Minimizar o eliminar los efectos colaterales que puedan derivar de la ejecución de las medidas de seguridad. ARTÍCULO 5. INDISPONIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Los hechos delictivos regulados en la Ley contra el Femicidio no admiten en momento alguno la suspensión o conclusión del proceso a causa de desistimiento, renuncia o conciliación de la víctima. La víctima deberá ser informada durante todo el proceso de manera clara y precisa sobre los alcances del procedimiento penal, los derechos y garantías que le asisten y los efectos de las resoluciones judiciales en especial que aún y cuando desista, renuncie o concilie con el victimario el proceso penal no se suspenderá y continuará hasta la resolución que ponga fin al caso. ARTÍCULO 6. SUSPENSIÓN DEL PROCESO. En ningún caso los órganos jurisdiccionales podrán suspender o dilatar la emisión o promoción de la ejecución de resoluciones judiciales, salvo que, conforme al ordenamiento jurídico, se hubiere emitido resolución expresa que declare la suspensión del proceso. CAPÍTULO II ACTIVIDAD PROCESAL SECCIÓN I SUSTANCIACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ARTÍCULO 7. SOLICITUD DE MEDIDAS DE SEGURIDAD. Las medidas de seguridad a favor de las víctimas de Femicidio u otras Formas de Violencia contra la Mujer podrán ser emitidas de oficio o a requerimiento verbal o escrito de cualquier persona a discreción de quien las solicita. El órgano jurisdiccional ante quien se presente la solicitud deberá conocer y resolver, inmediatamente, sin necesidad de la presencia de la víctima ni del presunto agresor. Al disponer la medida de seguridad correspondiente, el órgano jurisdiccional deberá individualizar a la persona responsable de la ejecución de la medida, el plazo para ejecutarla y el plazo para informar el resultado de la ejecución; de acuerdo a la naturaleza de las medidas impuestas. ARTÍCULO 8. EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. El órgano jurisdiccional que emitió la resolución de las medidas de seguridad a favor de las víctimas de Femicidio u otras Formas de Violencia contra la Mujer seguirá siendo competente para conocerlas hasta que hubiere verificado la ejecución de las mismas; y, oportunamente, deberá remitir las actuaciones al juzgado o tribunal competente. ARTÍCULO 9. CRITERIOS DE COMPETENCIA PARA DICTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD. Las medidas de seguridad a favor de la víctima por hechos de Femicidio u otras Formas de Violencia contra la Mujer serán emitidas por las y los jueces de: a. Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Turno, cuando no se hubiere emitido el auto de procesamiento. b. Paz independientemente de que exista o no Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. c. Primera Instancia o tribunales con competencia en materia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente cuando tengan conocimiento del caso. d. Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer cuando esté conociendo el caso luego de emitido el auto de procesamiento. Página 365 de 600

ARTÍCULO 11. PRORROGA, AMPLIACIÓN, SUSTITUCIÓN Y REVOCACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD. Los órganos jurisdiccionales competentes para conocer el proceso penal resolverán las solicitudes relacionadas con la prórroga, ampliación, sustitución o revocación de las medidas de seguridad que hubieren sido emitidas. Al recibir las actuaciones las juezas y jueces, de oficio, deberán verificar que las medidas de seguridad emitidas a favor de la víctima sean idóneas y efectivas de acuerdo a las necesidades particulares de cada una. La oposición a las medidas de seguridad se sustanciará conforme al procedimiento de los incidentes previsto en el Código Procesal Penal. Cuando la causa se encuentre en la Corte de Constitucionalidad será competente para conocer de todo lo relativo a las medidas de seguridad el juzgado o tribunal que hubiere emitido la resolución contra la cual se hubiere interpuesto la acción constitucional que motivó la remisión de la causa a dicha Corte. g. LEGISLACIÓN NACIONAL Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE GÉNERO: Legislación, derechos humanos y derechos de la mujer: Generalidades: La revolución francesa fue el inicio de la lucha por la libertad, los derechos y la igualdad del hombre, a través de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional en agosto de 1789, sin embargo, surge también una contradicción, pues a pesar de los ideales que le dieron origen, Libertad, Igualdad y Fraternidad, no incluía a las mujeres. La autora teatral y activista revolucionaria Olimpia de Gouges (1748-1793) fue la primera en iniciar la lucha por la igualdad de las mujeres al publicar en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que fue una copia de la Declaración de los Derechos del Hombre, enfocada hacia la mujer. La cual decía así: “Las madres, las hijas y las hermanas, representantes de la nación, piden ser constituidas en Asamblea Nacional. Considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una solemne declaración los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer (...)". Manifestaba en el mismo que la: "mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre en derechos" y que "la Ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las Ciudadanas y los Ciudadanos deben contribuir, personalmente o por medio de sus representantes, a su formación". A pesar de sus esfuerzos, el Código Civil napoleónico (1804), en el que se recogieron los principales avances sociales de la revolución, negó a las mujeres, los derechos civiles reconocidos para los hombres, durante el período revolucionario (igualdad jurídica, derecho de propiedad...), e impuso unas leyes discriminatorias, según las cuales el hogar era definido como el ámbito exclusivo de la actuación femenina. Surge así el movimiento llamado feminista, que se trazó como primera meta, la lucha por el derecho al voto, iniciado en Europa Occidental y Norteamérica. Los últimos cambios políticos, económicos y sociales en los países más desarrollados dieron mayor impulso a este movimiento, siendo sus principales objetivos: el derecho de Página 366 de 600

voto, la mejora de educación, la capacitación profesional y la apertura de nuevos horizontes laborales, la equiparación de sexos en la familia para evitar la subordinación de la mujer y la doble moral sexual. Uno de los primeros logros fue la resolución relativa al trabajo profesional de la mujer, emitida en el Primer Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores en 1866, la que desafiaba la tradición de que el lugar de las mujeres era el hogar. En 1975 se lleva a cabo en México la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, declarándose como Año Internacional de la Mujer, dando como resultado la proclamación por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el “Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1975-1985). Esta organización mediante la resolución 32/142, insta a los estados que proclamen un día del año, como día de las Naciones Unidas por los derechos de la mujer y la paz internacional. En 1979 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprueba la “Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”, a la que se han adherido más de 130 países, entre ellos Guatemala, habiendo ratificado su adhesión el 8 de julio de 1982, mediante Decreto Ley 49-82. Dicha convención declara en su Artículo 1 que:”Discriminación contra la mujer”: es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de las esferas política, económica, social, cultural y civil o de cualquier otra esfera. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, se reconoció a los Derechos de la Mujer como Derechos Humanos. Proclamando seis meses después la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer". En 1994 la Comisión de Derechos Humanos creó el cargo de Relator Especial sobre la violencia contra la mujer. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, reiteró los progresos de Viena, y la violencia contra la mujer pasó a ser el elemento central de su plataforma de acción. La aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención en el 2000, constituyó, otro paso importante, pues faculta a la Convención a examinar peticiones de mujeres particulares o de grupos de mujeres que hayan agotado los recursos de la jurisdicción interna. Además, faculta al comité a investigar violaciones graves o sistemáticas de la Convención. A nivel regional, en el año de 1994, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belén do Pará"), por iniciativa de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), aprobada en Guatemala por el Decreto 69-94 del Congreso de la República. En ese año, la Comisión Interamericana creó el cargo de Relatora Especial sobre los Derechos de la Mujer. Desde 1994 el acontecimiento más importante ha sido la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que define específicamente la violación y otros actos de violencia contra la mujer como actos que constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Finalmente, a nivel nacional se aprobó en 1996 Página 367 de 600

la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. Decreto 97-96. Otro de los instrumentos que reconoce los derechos de la mujer, es la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, que establece el derecho de votar, de ser electas, de ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas establecidas. También puede mencionarse entre otras: La Convención Sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada; la Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza; Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, que establece la edad mínima para contraer matrimonio y la obligación del registro de los matrimonios; el Convenio número 100 relativo a la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, para la mano de obra femenina como para la masculina, Convenio 103 relativo a la protección de la maternidad; Convenio número 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación y Convenio 118 sobre la igualdad de trato (Seguridad Social). En la legislación guatemalteca, una de las leyes que fue reformada de conformidad con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, fue el Código Civil, mediante Decretos 80-98 y 27-99, en relación a la representación conyugal y las obligaciones para con los hijos, también fueron derogados los Artículos 113 y 114 que se referían a la autoridad que podía ejercer el marido respecto del trabajo que pudiera desempeñar la esposa. Sin embargo, aún hace falta, que se promulguen otras reformas u otras leyes que apoyen los derechos de la mujer. Convenciones y Tratados de Derechos Humanos que protegen los derechos de la mujer. En estos instrumentos están contenidos los esfuerzos por mejorar la situación actual de la mujer a nivel mundial, en todos los ámbitos en los que se le ha discriminado, pero a pesar de ello, continúa dentro de la sociedad, la desigualdad de trato y la indiferencia de la mayoría de los países a los problemas que esto conlleva. Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. Esta Convención fue adoptada por Guatemala mediante Decreto Ley número 49-82 del 29 de junio de 1982, depositado el 12 de agosto de 1982 y publicado en el diario de Centroamérica, tomo CCXIX, número 54, del 6 de septiembre de ese mismo año. Quedando así comprometido el Estado de Guatemala a cumplir con reformar o derogar todas aquellas leyes que fueran discriminatorias contra la mujer, compromiso que se ha cumplido parcialmente, se reformaron los Artículos 109, 110, 115, 131, 132, 255 y derogado los Artículos 114 y 133 del Código Civil, de conformidad con lo establecido en el Artículo 15.2 que dicta: Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, capacidad idéntica a la del hombre… En particular le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes…; y lo que señala el Artículo 16.1 “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares; y en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem do para) Esta Convención fue aprobada en Página 368 de 600

Guatemala, por Decreto número 69-94 de fecha 15 de diciembre de 1994, consta de 25 Artículos, la importancia de esta convención radica en la redefinición que se hace acerca de la violencia contra la mujer. El Artículo 1 define el significado de violencia contra la mujer, señalando que: “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Señala también esta Convención, los ámbitos en los que se desarrolla la violencia y las acciones que constituyen la misma, en el Artículo 2: “se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violaciones, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. Los derechos protegidos mediante esta convención, se encuentran contenidos en los capítulos del 3 al 6, cito los siguientes pues corresponden al interés de este estudio: Artículo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: 1. El derecho a que se respete su vida; 2. El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 3. El derecho a la libertad y a la seguridad personal; 4. El derecho a no ser sometida a torturas; 5. El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; 6. El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 7. El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; 8. El derecho a la libertad de asociación; 9. El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley; y 10. El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. En su capítulo 3, establece esta convención, los Deberes de los Estados, que se comprometieron a cumplir con la misma, contemplados en el Artículo 7, siendo algunos de ellos: Incluir leyes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, adoptar medidas judiciales que conminen al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, su integridad o perjudique su propiedad, modificar leyes o prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer, medidas de protección, entre otros. Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer Consta de 6 Artículos, su objetivo es reforzar y complementar la aplicación de la Convención sobre la Página 369 de 600

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En esta declaración se reconoce “que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder, históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre.” Además señala que, para la eliminación de la violencia en todas sus formas, es necesario el compromiso por parte de los Estados de asumir sus responsabilidades, y también el compromiso de la comunidad internacional de velar por que se cumpla con esas responsabilidades. El Artículo 1 de este documento señala que: “violencia contra la mujer” se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Los actos que constituyen violencia contra la mujer, según reza el Artículo 2 de esta declaración son: 1. La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; 2. La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; 3. La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, Donde quiera que ocurra. h. POLÍTICA DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL MINISTERIO PÚBLICO: La igualdad es un derecho que se encuentra plasmado en el artículo 4 de la constitución política de la república de Guatemala, aunque también se encuentra plasmado en la parte filosófica que inspiro la creación, es decir en el preámbulo. En el mismo se establece que gobernados y gobernantes deben actuar con absoluto apego al derecho, nadie puede ni debe hacer actos contrarios al ordenamiento jurídico, sin importar si ostenta algún cargo público o no. i. ATENCIÓN A PERSONAS LGBTIQ VICTIMAS DEL DELITO: La ruta es un instrumento de acción tanto para la sociedad civil, a la hora de exigir sus derechos, como para las autoridades, en el momento de otorgar protección a los ciudadanos y ciudadanas, especialmente a las personas LGBTI que son víctimas de violencia por identidad de género o por razón de su orientación sexual. Estas violencias se pueden manifestar en forma directa e indirecta, tanto en ámbitos públicos como privados, y generan acciones de discriminación, estigmatización, exclusión y prejuicios hacia Página 370 de 600

hombres y mujeres de este grupo poblacional vulnerable. El objetivo de la Ruta de Atención a Personas LGBTI es tener los instrumentos adecuados y el personal capacitado para garantizar un idóneo tratamiento y protección a las personas LGBTI que son víctimas de violencia, a través de la prestación de atención oportuna, amplia, concertada y diferencial que se manifieste en: Implementación de esta Ruta de Atención a Personas LGBTI en el municipio. Funcionarios y funcionarias públicas capacitadas y competentes que respondan por la aplicación efectiva de la Ruta de Atención. Documentación y desarrollo de registros de los casos de violencia contra personas LGBTI desagregados por variables de sexo, género, orientación sexual, edad, pertenencia étnica/raza. Aplicación de estrategias para avanzar en la implementación de una atención integral eficaz para las víctimas LGBTI. Presentación de campañas para la sensibilización y promoción del reconocimiento y respeto de la diversidad sexual y las identidades de género. Puesta en marcha de acciones interinstitucionales especializadas en el seguimiento y control de las conductas violentas y los riesgos de afectación. Desarrollo de indicadores al interior de los sistemas de atención del municipio que permitan la evaluación de las intervenciones interinstitucionales. Disminución de los niveles de violencia debido a las intervenciones oportunas y eficaces de las instituciones y la población civil. La atención que se ofrece es: Interinstitucional: Es prestada por un grupo de servidores públicos que, desde sus diferentes disciplinas, proponen una intervención apropiada en la prevención sociopolítica de la violencia por prejuicio. Secuencial: Permite, desde la prevención y atención, proponer e implementar estrategias de reducción de los daños generados por el hecho violento. Preventiva: Logra identificar y neutralizar acciones o procesos que puedan ser perjudiciales para las personas LGBTI a partir de acciones y programas de trabajo municipal. Quienes son las personas LGBTI LGBTI: Se utiliza como término colectivo que designa a las personas cuya orientación sexual no es heterosexual -hombres y mujeres que se asumen como lesbianas, gays o bisexuales-, cuya identidad de género está más allá de las impuestas por la sociedad –reconocidas como personas trans-, o cuya construcción biológica del sexo rompe con los esquemas de macho y hembra –personas intersex-. Orientación sexual: Es la atracción física, erótica y/o afectiva hacia un sexo determinado o hacia ambos sexos. Existen tres tipos de orientación sexual: heterosexual, homosexual (gais y lesbianas) y bisexual. Heterosexuales: Son las personas cuyas emociones eróticas y/o afectivas están orientadas hacia personas del sexo opuesto: Hombre-Mujer y Mujer-Hombre.

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Homosexuales: Son las personas cuyas emociones eróticas y/o afectivas están orientadas hacia personas de su mismo sexo: Hombre-Hombre (gais) y Mujer-Mujer (lesbianas). Lesbianas: Son las mujeres que se reconocen como tal y sienten atracción erótica y/o afectiva hacia otras mujeres. Gais: Son los hombres que se reconocen como tal y sienten atracción erótica y/o afectiva hacia otros hombres. Bisexuales: Son las personas cuyas emociones eróticas y/o afectivas están orientadas tanto hacia personas de su mismo sexo como hacia personas del sexo opuesto. Identidad de género: Es la vivencia del género tal como cada persona la siente profundamente y puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Incluye la vivencia del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Las personas con identidad de género diversa pueden ser: transformistas, travestis y transexuales. Transformistas: Son las personas que basan sus actuaciones en los cambios de traje y de caracterización de sus personas para asumir el género contrario. Por lo general lo hacen de manera esporádica y principalmente para espectáculos. Travestis: Son las personas que construyen su identidad de manera permanente con actitudes, atuendos y acciones del otro género, como un asunto de su vida cotidiana. En algunos casos se someten a tratamiento de hormonización para hacer sus cuerpos más femeninos. Transexuales: Son las personas cuya vivencia personal del género no corresponde con la que socialmente es considerada como propia del sexo asignado al momento de nacer. Es hombre trans la persona que fue asignada al sexo femenino al nacer y se identifica como hombre. Es mujer trans la persona que fue asignada al sexo masculino al nacer y se identifica como mujer. Sexo biológico: Responde a las características genéticas que definen ser macho, hembra o intersex. No determina la orientación sexual ni la identidad de género. Intersex: Son personas que presentan características genéticas y fenotípicas propias de hombres y mujeres en grados variables. 2. DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES a. PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Principios: de tutelaridad, contenido en el artículo 6 de la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia, estipula que: “El derecho de la niñez y adolescencia es un derecho tutelar de los niños, niñas y adolescentes, otorgándoles una protección jurídica preferente. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de carácter irrenunciable. El estado verá velar porque los niños, niñas y adolescentes reciban entre otros: a) Protección y socorro especial en caso de desastres; b) atención especializada en los servicios públicos o de naturaleza pública; c) formulación y ejecución de políticas públicas especificas; d) asignación específica de recursos públicos en las áreas relacionadas con la protección a la niñez y juventud adolescencia. 144. PRINCIPIO DE JUSTICIA Página 372 de 600

ESPECIALIZADA: Este principio es muy importante en virtud que en los procesos que se lleven en donde esté involucrado un niño, niña y adolescente estarán a cargo de órganos especializados y para ello tendrán alto conocimiento en Derechos Humanos. Psicología, Sociología, Criminología y ciencias del comportamiento Orientada en Adolescentes en conflicto con la ley penal. Artículo 145. PRINCIPIO DE LEGALIDAD: Este principio establece que no podrá iniciarse proceso en contra de un adolescente por hechos que no violen la ley penal. 146. PRINCIPIO DE LESIVIDAD: Establece que ningún adolescente podrá ser sometido a ninguna medida establecida en la ley sin antes no se comprueba que su conducta DAÑA O PONE en peligro un BJT. 147. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: Durante todo el proceso el adolescente deberá ser tratado como inocente mientras no se le comprueba por los medios establecidos su responsabilidad en el proceso. 150. NO BIS IN IDEM: Ningún adolescente podrá ser perseguido más de una vez por el mismo hecho. 151 PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR: El cual establece que los órganos Jurisdiccionales, así como cualquier otra institución ya sea pública o privada deberá tomar en cuenta para cualquier decisión el interés superior del niño, niña o adolescente. 153. PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD: Serán confidenciales los datos sobre los hechos cometidos por adolescentes, por lo tanto en todo momento deberá respetarse la identidad y la imagen del adolescente. 154. PRINCIPIO DE INVIOLABILIDAD DE LA DEFENSA: Tendrán derecho a que desde el inicio del proceso sean asistidos por un abogado defensor. 156. PRINCIPIO DE CONTRADICTORIO: Tendrán derecho a ser oídos, aportar pruebas e interrogar a los testigos y refutar los argumentos del contrario. 157. PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y PROPORCIONALIDAD: Este principio indica que la sanción a aplicar al adolescente deberá ser racional y proporcional a la transgresión cometida por el adolescente que viole la ley penal. 158. PRINCIPIO DE DETERMINACIÓN DE LAS SANCIONES: No podrán imponerse sanciones que no estén determinadas en la ley. Derechos y garantías fundamentales de la niñez y adolescencia: derechos humanos: estos se dividen en: individuales y sociales. A su vez, los derechos individuales se dividen en: Derecho a la vida: Comprende: supervivencia, seguridad y desarrollo integral. Protección, cuidado, asistencia necesaria para que se desarrollen físico, mental, social y espiritualmente. Desde su concepción. Derecho a la igualdad: Ningún tipo de discriminación (raza, color, sexo, idioma, discapacidad física, mental o sensorial Etc. Este comprende incluso su derecho de pertenencia e identidad (origen indígena, su propia vida cultural, educativa, espiritual, costumbres, idiomas, cosmovisión, Etc.) Derecho a la Integridad Personal: Implica: No descuido, abandono o violencia. No torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Derecho a la Libertad. Derecho a la Identidad. Derecho al Respeto. Derecho a la Dignidad. Derecho de Petición. Derecho a la familia. Derecho a la estabilidad de la familia. Derecho a la localización de padres o familias. Derecho a la adopción. Igualdad de derechos. Cuando un menor es adoptado en otro país, tiene derecho a que como mínimo se le garanticen los mismos derechos que le asisten en este país. Los derechos sociales se dividen en: Nivel de vida adecuado: Comprende: la salud, desde su nacimiento. Un desarrollo sano y armonioso, en condiciones dignas de existencia. Condiciones adecuadas para la lactancia materna: Estado, instituciones y empleadores deben proporcionar la realización de estas condiciones, incluso para madres privadas de libertad. Obligaciones de Página 373 de 600

establecimientos de Salud. Este artículo (27 Ley PINA) básicamente concede la obligación para los establecimientos de salud y por ende nacen derechos para los menores, que son estos: ser identificados (recién nacidos) mediante el registro de su impresión plantar y digital y de la identificación digital de la madre, sin perjuicio de otras formas normadas por la autoridad administrativa competente. El Registro Civil es el ente obligado para que esta norma se cumpla al momento de la inscripción del menor. Que se realicen exámenes con miras al diagnóstico y terapéutica de anormalidades en el metabolismo del recién nacido, y orientar a los padres. Derecho al sistema de salud. Acceso al sistema de salud pública, universal e igualitaria a acciones y servicios para promoción, protección y recuperación de la salud. Comunicación de casos de maltrato. Este derecho implica: Que se denuncie ante autoridad competente por parte de personal médico, paramédico, de atención social, educativa y otros el maltrato que se detecte sea cometido contra el menor. Programas de asistencia médica y odontológica. Derecho de que se realicen este tipo de programas para la prevención de enfermedades así como campañas de educación sanitaria y sexualidad humana para padres, educadores y alumnos. Vacunación. Con el fin de prevenir enfermedades epidémicas y endémicas. Autorización para tratamientos médicos. Por regla general; los padres, tutores o encargados son los que emiten esta autorización; no obstante, en aquellos casos que por razones culturales o religiosas se negare el consentimiento para hospitalizar al menor, el médico tratante está facultado para adoptar acciones inmediatas a efecto de proteger la vida o la integridad física de estos. Salud primaria. Derecho a participar en programas de atención integral dedicadas especialmente para menores hasta los seis años. (Sin perjuicio de las obligaciones que el Estado tiene para todos los menores) Certificados de vacunación. Los centros de enseñanza (desde prepa hasta diversificado) centros de cuidado diario, deben requerir estos certificados, si no se presenta o falta suministrar alguna dosis, deben remitir al encargado a las autoridades de salud más cercanas y dejar constancia de esto. Atención a la salud. Todos los centros de salud del país tienen ciertas obligaciones (Art. 35 ley Pina) lo cual conlleva derechos para los menores, siendo los siguientes: Que el recién nacido tenga contacto con la madre al nacer y alojamiento con ella. Ser diagnosticado y tener seguimiento médico si nace con problemas patológicos y con discapacidades físicas sensoriales y mentales. Que existan programas especializados para la atención de los menores que presenten problemas patológicos y discapacidades. Que se controle su crecimiento y que su desarrollo no sea inferior a la edad cronológica, así como que sus padres, tutores, o encargados sean orientados para la toma de medidas necesarias. Derecho a la Educación. Derecho a la Cultura. Derecho al Deporte. Derecho a la Recreación. Derecho a la Protección de la Niñez y Adolescencia con Discapacidad. Derecho a la Protección contra el tráfico ilegal, sustracción, secuestro, venta y trata de niños, niñas y adolescentes. Derecho a la Protección contra la Explotación Económica. Derecho a la Protección por el uso ilícito de sustancias que produzcan dependencia. Derecho a la protección por maltrato. Derecho a la protección por la explotación y abusos sexuales. Derecho a la protección por conflicto armado. Derecho a la protección de los niños, niñas y adolescentes refugiados. Derecho a la protección contra toda información y material perjudicial para el bienestar de la niñez y adolescencia. Principios generales del proceso de medidas de protección de la niñez y la Página 374 de 600

adolescencia La protección integral de la niñez y la adolescencia parte de la protección de los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y su determinación de promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, que las Naciones Unidas han proclamado en la declaración universal de derechos humanos “que toda persona tiene, todos los derechos y libertades enunciados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, opinión política o de cualquiera otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición y que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”. Que la necesidad de esa protección especial ha sido enunciada en la declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño y reconocida en la declaración universal de derechos humanos y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño, que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle. Proclama la declaración de los derechos del niño a fin de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian e insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente en conformidad con los siguientes principios: Principio uno: El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esa Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. Principio consagrado en el Artículo 2 de la Convención sobre los derechos del niño y en el Artículo 10 de la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia. Principio dos: El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. Contenido en el Artículo 3 de la Convención sobre los derechos del niño y en los Artículos 12, 13 y 16 de la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia. Principio tres: El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. Principio regulado en el Artículo 7 de la Convención sobre los derechos del niño y el Artículo 14 de la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia. Principio cuatro: El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. El cual está contenido en los Artículos 24 y 26 de la Convención sobre los derechos del niño y en los Artículos del 25 al 35 de la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia. Principio cinco: El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso Página 375 de 600

particular. Regulado en el Artículo 23 de la Convención sobre los derechos del niño y en los Artículos del 46 al 49 de la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia. Principio seis: El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole. Principio contenido en los Artículos 9 y 20 de la Convención sobre los derechos del niño. Principio siete: El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 31 El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. Principio regulado en los Artículos 3, 28 y 29 de la Convención sobre los derechos del niño y en los Artículos 3, 28 y 29 de la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia. Principio ocho: El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. Consagrado en el Artículo 31 de la Convención sobre los derechos del niño y en el Artículo 45 de la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia. Principio nueve: El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. Regulado en los Artículos 19, 32 y 37 de la Convención sobre los derechos del niño y Artículos 11, 16, 53 y 56 de la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia. Principio diez: El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y 32 fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. Consagrado en el Artículo 30 de la Convención sobre los derechos del niño y en el Artículo 10 de la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia. El Acuerdo 42-2007 de la Corte Suprema de Justicia, que contiene el Reglamento general de Juzgados y Tribunales con Competencia en Materia de la Niñez y Adolescencia Amenazada o Violada en sus Derechos Humanos y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, responde a la jurisdicción especializada para facilitar el acceso a la justicia para la niñez y adolescencia, basado en el principio a su interés superior, ya que en éste se regulan los principios rectores que permitan desarrollar el proceso de medidas de protección, tales como: Página 376 de 600

Inmediación: La organización del despacho judicial desarrollará las actividades administrativas que acompañan el ejercicio de la función jurisdiccional y no podrá afectar al principio según el cual es indispensable la presencia del juez en todos los actos del proceso. Como principio general las solicitudes y previsiones normativas serán resueltas y notificadas en audiencia, salvo cuando la ley lo prohíba expresamente. Celeridad, concentración y continuidad: La gestión del procedimiento deberá desarrollarse dentro de los plazos que señala la ley, concentrándose el mayor número de actuaciones en audiencias que se celebrarán de forma continúa. El juez deberá impulsar de oficio todas aquellas actuaciones que la ley le permita sin necesidad de previo requerimiento o solicitud de parte. Para el ejercicio de su función jurisdiccional deberá entenderse que los plazos fijados en la ley al tribunal o juzgado son máximos, por lo que no es necesario esperar su transcurso total. Interés superior del niño: En cualquier conflicto de interés que pueda originarse durante la gestión de los procesos deberá prevalecer el interés superior del niño. 33 En toda resolución judicial, el juez deberá fundamentar tácticamente la prevalencia del interés superior del niño, en concordancia con los instrumentos internacionales de los cuales forma parte el estado de Guatemala, la constitución política de la república y el ordenamiento jurídico del país. Cuando la decisión judicial implique el otorgamiento de una medida de protección o la imposición de una sanción, el juez deberá observar el carácter excepcional y provisional de la institucionalización o privación de libertad de los niños y adolescentes. Buena fe y colaboración con la justicia: Las partes, sus representantes, abogados y todos los partícipes del proceso, colaborarán con la administración de justicia para la realización de sus fines evitando entorpecer los procedimientos mediante cualquier conducta o actuación ilícita o dilatoria. (Acuerdo 42-2007 de la Corte Suprema de Justicia. Reglamento general de juzgados y tribunales con competencia en materia de la niñez y adolescencia amenazada o violada en sus derechos humanos y adolescentes en conflicto con la ley penal, Artículos 3, 4, 5 y 6) Regulación de los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia en el Decreto 27-2003, Ley de protección integral de la niñez y adolescencia. Principios procesales que rigen a los menores que se encuentran en abandono o desprotección: Tutelar: Las normas del derecho de la niñez y la adolescencia, como lo indica el Artículo 6 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, constituyen un derecho tutelar de los niños, niñas y adolescentes, otorgándoles una protección jurídica preferente. Las disposiciones de la ley entonces, son de orden público y de carácter irrenunciable. En aplicación de este derecho, el Estado tiene la obligación de velar porque los menores reciban: i. Protección y socorro especial en caso de desastres; ii. Atención especializada en los servicios públicos o de naturaleza pública; iii. Formulación y ejecución de políticas públicas específicas; iv. Asignación específica de recursos públicos en las áreas relacionadas con la protección a la niñez y adolescencia. Garantías procesales: De conformidad con el Artículo 116 de la ley en referencia, las garantías procesales que le asisten a la niñez y la adolescencia, son: a) Ser escuchado en su idioma, en todas las etapas del proceso y que su opinión y versiones sean tomadas en cuenta y consideradas en la resolución que dicte el juzgado, debiendo en su caso, estar presente un intérprete. b) No ser abrigado en institución pública o Página 377 de 600

privada, sino mediante declaración de autoridad competente, previa agotar las demás opciones de colocación. Asimismo, no podrán bajo ninguna circunstancia, ser internados en instituciones destinadas a adolescentes en conflicto con la ley penal, incurriendo en responsabilidad los funcionarios que no cumplieren esta disposición. c) Asistir a las audiencias judiciales programadas, acompañado por un trabajador social, psicólogo o cualquier otro profesional similar. d) Recibir información clara y precisa en su idioma materno, sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollen en su presencia, así como del contenido y las razones de cada una de las decisiones. e) Que todo procedimiento sea desarrollado sin demora. f) La justificación y determinación de la medida de protección ordenada. En la resolución en la que se le determine la medida de protección, el juez le deberá explicar, de acuerdo a la edad y madurez del adolescente, el motivo por el cual fue seleccionada esta medida. g) Una jurisdicción especializada; h) La discreción y reserva de las actuaciones; i) Tener y seleccionar un intérprete cuando fuere el caso; j) A no ser separado de sus padres o responsables contra la voluntad de estos excepto cuando el juez determine, previa investigación de los antecedentes, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño, en caso en que éste sea objeto de maltrato o descuido. k) A evitar que sea re victimizado al confrontarse con su agresor en cualquier etapa del proceso. Principios, derechos y garantías fundamentales en el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal: Garantías básicas: El Artículo 142 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia al respecto indica: “Desde el inicio de la investigación y durante la tramitación del proceso judicial, a los adolescentes les serán respetadas las garantías procesales básicas para el juzgamiento de adultos, además, las que les correspondan por su condición especial. Se consideran fundamentales, las garantías consagradas en la Constitución Política de la República, en los instrumentos internacionales aceptados y ratificados por Guatemala y en las leyes relacionadas con la materia objeto de esta ley. Todas las actuaciones en el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, serán gratuitas y se efectuarán oralmente, de forma suscita, se hará un relato escrito de la audiencia, relación que podrá tomarse taquigráficamente o por otros medios técnicos, según las posibilidades y disposiciones del juzgado. El juez o tribunal en su caso, el fiscal, el abogado defensor, el adolescente acusado y las partes procesales deberán asistir personalmente al desarrollo íntegro de todas las audiencias que se señalen”. Derecho a la igualdad y a no ser discriminado: Este derecho se encuentra establecido en el Artículo 143 de la ley y dice que durante la investigación y en el trámite del proceso en la ejecución de las medidas, se respetará a los adolescentes el derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminados por ningún motivo. El adolescente tiene derecho a un intérprete gratuito. Principios de racionalidad y de proporcionalidad: En el Artículo 157 de la ley en referencia indica que: “Las sanciones que se impongan dentro del proceso, tendrán que ser racionales y proporcionales a la transgresión cometida por el adolescente que viole la ley penal”. b. CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR GUATEMALA EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Declaración de los Derechos de los Niños. La Declaración de los Derechos del Niños fue el primer instrumento Página 378 de 600

internacional en reconocer que los niños son vulnerables y por lo tanto tienen derecho a un cuidado especial, razón por la cual debían gozar de reconocimiento exclusivo respecto a los Derechos Humanos. Convención Sobre los Derechos del Niño. En 1979 se proclamó el Año Internacional de la Niñez, lo que constituyó la oportunidad perfecta para todos aquellos países que deseaban que la Declaración de los Derechos del Niños se convirtiera en un tratado vinculante y obligatorio para los Estados. Ante esto la Comisión de Derechos Humanos de la ONU conformó un grupo de trabajo para considerar la cuestión de una Convención sobre Derechos de la Niñez. A partir de esta fecha se inició una década de debate respecto a todo el concepto y naturaleza de los derechos del niño. PROTOCOLO FACULTATIVO A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA VENTA DE NIÑO, LA PROSTITUCIÓN INFANTIL Y LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS EN LA PORNOGRAFÍA (2000). PROTOCOLO FACULTATIVO A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA PARTICIAPCIÓN DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS (2000). CONVENIO SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Directrices De Las Naciones Unidas Para La Prevención De La Delincuencia Juvenil. Menores Privados De Libertad (Asamblea De Naciones Unidas Resolución 45/113), Marco Legal y Político 9 14 de diciembre 1990. Esta incluye a menores privados de libertad por instituciones especiales de menores y a menores privados de libertad por razones de salud o por bienestar del adolescente. Reglas Mínimas Uniformes De Las Naciones Unidas Para La Administración De La Justicia De Menores (Asamblea General De Naciones Unidas - Resolución 40/33 29 De Noviembre 1985). Estas se orientan a proteger los derechos de los niños y jóvenes y responder a sus necesidades, mediante la elaboración de sistemas especiales para administrar la justicia de menores. Normas Uniformes Sobre La Igualdad De Oportunidades Para Las Personas Con Discapacidad (Asamblea General De Naciones Unidas –Resolución 48/96) 20 De Diciembre 1993. Esta garantiza que los niños y niñas, mujeres y hombres con discapacidad puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los demás. Programa Mundial De Acción Para La Juventud Para El Año 2000 y Más Allá Del Año 2000 (Resolución 1995/64 Del Consejo Económico y Social). Este Programa se adoptó el 2 de noviembre de 1995, su objetivo principal es el de proveer un marco para las políticas y una guía práctica para la acción nacional y el apoyo internacional, con el fin de mejorar la situación de la juventud. Este implica un compromiso a garantizar a todos los jóvenes el total disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de acuerdo a lo prescrito por la carta de naciones unidas y los instrumentos de derechos humanos. Se identifican diez áreas prioritarias de acción: educación, empleo, hambre y pobreza, salud; medio ambiente; abuso de drogas; delincuencia juvenil; actividades de tiempo libre; mujeres y mujeres adolescentes y participación total y efectiva de la juventud. Se destaca que la juventud debe de tener acceso a los servicios básicos de salud y se deben lograr los objetivos de salud Página 379 de 600

para todos, basados en la equidad y la justicia social, de acuerdo a lo establecido en la Declaración de Alma-Ata. c.LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: es un instrumento jurídico de integración familiar y promoción social, que persigue lograr el desarrollo integral y sostenible de la niñez y adolescencia guatemalteca, dentro de un marco democrático e irrestricto respeto a los derechos humanos. d. PROCESO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, AMENAZADA O VIOLADA EN SUS DERECHOS HUMANOS: GARANTIAS PROCESALES: Ser escuchado en su idioma en todas las etapas del proceso y que su opinión y versiones sean tomadas en cuenta y consideradas en la resolución que dicte el Juzgado, debiendo en su caso, estar presente un intérprete. No ser abrigado en institución pública o privada, sino mediante declaración de autoridad competente, PREVIO a agotar las demás opciones de colocación, así mismo bajo ninguna circunstancia no podrán ser internados en instituciones destinadas a adolescentes en conflicto con la ley penal, incurriendo en responsabilidad los funcionarios que no cumplieren esta disposición. Asistir a las audiencias judiciales programadas, acompañado por un trabajador social, psicólogo o cualquier otro profesional similar. Recibir información clara y precisa: en su idioma materno, sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales. Que todo procedimiento sea desarrollado sin demora. El Juez le deberá de explicar, de acuerdo a su edad y madurez, la justificación y determinación de la medida de protección ordenada en resolución. Una jurisdicción especializada. La discreción y reserva de las actuaciones. A no ser separado de sus padres o responsables contra la voluntad de éstos, Excepto cuando el Juez determine, previa investigación de los antecedentes, que tal separación es necesaria en interés superior del niño, en caso en que éste sea objeto de maltrato o descuido. A evitar que sea revictimizado al confrontarse con su agresor en cualquier etapa del proceso. INICIO DEL PROCESO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA AMENAZADA O VIOLADA EN SUS DERECHOS HUMANOS: FORMA DE INICIARSE: a) Por remisión de la Junta Municipal de Protección de la Niñez y/o del Juzgado de Paz. b) De oficio. c) Denuncia presentada por cualquier persona o autoridad. Durante el desarrollo el Juez deberá de tomar en cuenta las garantías procesales establecidas en la ley PINA.

1. RECIBIDO EL EXPEDIENTE: El Juez de la Niñez y la Adolescencia deberá dictar inmediatamente las medidas cautelares que correspondan, previstas artículos 112, 114 y 115 y señalará día y hora para audiencia que deberá celebrarse dentro de los 10 días siguientes, debiendo ser notificadas las partes por lo menos con 03 días de anticipación, en caso de delito o falta cometida en contra del niño, niña o adolescente certificará lo conducente a donde corresponda. 2. AUDIENCIA DE CONOCIMIENTO DE HECHOS: En la audiencia señalada para el efecto, el juez determinará: Página 380 de 600

 Si se encuentran presentes las partes  Instruirá en el idioma materno al niño o adolescente sobre la importancia y el significado de la audiencia, cuando se trate de asuntos que pueden causarle perjuicio psicológico, el Juez podrá disponer su retiro transitorio de la misma.  Oirá en su orden al niño, niña o adolescente, al representante de la PGN, al representante de otras instituciones, terceros involucrados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, maestros o testigos que tengan conocimiento del hecho; y a los padres, tutores o encargados, en caso de ausencia injustificada de las personas citadas a la audiencia, se certificará lo conducente a un juzgado del orden penal.  Habiendo oído a las partes y según la gravedad del caso, el Juez podrá proponer una solución definitiva y en caso de no ser aceptada ésta por las partes se suspenderá la audiencia, la que deberá continuar dentro de un plazo no mayor de 10 días, dándose para el efecto las partes por notificadas.  PROPOSICION DE PRUEBAS: 05 días antes de la continuación de la audiencia, las partes y el representante de la PGN deberán presentar al Juez un informe de los medios de prueba recabados que se aportarán en la audiencia definitiva. En este orden: Declaración de partes, testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, doctos, medios científicos. 2.1 SI SE PRORROGA LA AUDIENCIA EL JUEZ DEBERA:  Revocar, confirmar o modificar las medidas cautelares dictadas. En caso contrario, dictará de inmediato la resolución que corresponda. 3. AUDIENCIA DEFINITIVA: El día y hora señalados para la CONTINUACION de la audiencia, el juez procederá de la siguiente forma:  Determinará si se encuentran presentes las partes  Oirá en su orden al niño, niña o adolescente, al representante de la PGN, al representante de otras instituciones, terceros involucrados, profesionales, testigos y por último a los padres o tutores encargados.  Una vez recibida la prueba el juez declarará por finalizada la audiencia. Inmediatamente dictará SENTENCIA valorando la prueba en base a la sana crítica en la misma declarará si los derechos del niño o niña o adolescente se encuentran amenazados o violados y la forma como deberán ser restituidos, en la misma confirmará o revocará la medida cautelar decretada. Si x la complejidad de la hora se haga necesario diferir la redacción de la sentencia , el juez leerá solo la parte resolutiva y explicará en forma sintética los fundamentos de su decisión, la que se notificará dentro de los 03 días siguientes a su pronunciamiento de la parte resolutiva.

I.

e. PROCESO DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL: DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES DEL PROCESO: ART. 142 al 158 PRINCIPIO DE JUSTICIA ESPECIALIZADA: La aplicación de ésta Ley, tanto en el proceso como en la ejecución, estará a cargo de órganos especializados en materia de derechos humanos. El personal que trabaja en los distintos órganos deberá tener una formación especializada Página 381 de 600

en derecho, sociología, psicología, criminología y ciencias del comportamiento, orientada a la adolescencia en conflicto con la ley penal. PRINCIPIO DE LEGALIDAD: Ningún adolescente podrá ser sometido a un proceso por hechos que no violen la ley penal. Tampoco podrá ser sometido a procedimientos, medidas ni sanciones, que la ley no haya establecido previamente. PRINCIPIO DE LESIVIDAD: Ningún adolescente podrá ser sometido a ninguna medida establecida en ésta Ley, si no se comprueba que su conducta daña o pone en peligro un bien jurídico tutelado. PRESUNCION DE INOCENCIA: hasta en tanto no se les compruebe por los medios establecidos en ésta Ley u otros medios legales su participación en los hechos que se le atribuyen. DERECHO AL DEBIDO PROCESO. DERECHO DE ABSTENERSE DE DECLARAR. PRINCIPIO DEL “NON BIS IN IDEM”. PRINCIPIO DE INTERES SUPERIOR: Cuando a un adolescente puedan aplicársele dos leyes o normas diferentes, siempre se optará por la que resulte más favorable para sus derechos fundamentales. DERECHO A LA PRIVACIDAD: Los adolescentes tendrán derecho a que se les respete su vida privada y la de su familia, por lo que se prohíbe divulgar la identidad de un adolescente sometido a proceso. PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD: Serán confidenciales todos los datos sobre los hechos cometidos por adolescentes sometidos a ésta ley. PRINCIPIO DE INVIOLABILIDAD DE LA DEFENSA. DERECHO DE DEFENSA. PRINCIPIO DE CONTRADICTORIO. PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y DE PROPORCIONALIDAD: Las sanciones que se impongan dentro del proceso, tendrán que ser racionales y proporcionales a la transgresión cometida por el adolescente que viole la ley penal. PRINCIPIO DE DETERMINACION DE LAS SANCIONES. INTERNAMIENTO EN CENTROS ESPECIALIZADOS: En caso de ser sometidos a una sanción privativa de libertad, de manera provisional o definitiva, los adolescentes tendrán derecho a ser ubicados en un centro adecuado, exclusivo para adolescentes, no en uno destinado para personas adultas. Deberá de garantizarle un intérprete y que el juicio se desarrolle en su idioma tal como está previsto para los adultos. ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL: Art. 132, 133, 134: Debe entenderse como adolescente en conflicto con la ley penal a aquél o aquella cuya conducta viole la ley penal. Serán sujetos de la ley, todas las personas que tengan una edad comprendida entre los 13 y menos de 18 años al momento de incurrir en una acción en conflicto con la ley penal o leyes especiales. Aplicación de la ley PINA a todos los adolescentes que se encuentren en conflicto con la ley penal, así como a los que en el transcurso del proceso cumplan con la mayoría de edad. Igualmente se aplicará cuando los adolescentes sean acusados después de haber cumplido la mayoría de edad, siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro de las edades comprendidas para aplicarles la LEY PINA. PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL: art. 139: Protección integral del adolescente. Su interés superior. Respeto a sus derechos. Su formación integral. Reinserción en su familia y la sociedad. II.

GRUPOS ETARIOS: La Ley PINA diferenciará en cuanto al proceso, las medidas y su ejecución entre dos grupos, a partir de los 13 años y hasta 15 años de edad y a partir de los 15 años hasta en tanto no hayan cumplido los 18 años de edad.

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III.

MEDIDAS CAUTELARES: FLAGRANCIA: Cuando el adolescente sea aprehendido en flagrante violación a la ley penal, deberá ser presentado inmediatamente a su detención, ante el Juez competente. La detención deberá ser comunicada simultáneamente al Ministerio Púbico. En ningún caso el adolescente detenido puede ser llevado a cuerpo, cuartel o estación de policía o centro de detención para adultos. Quien traslade o detenga a un adolescente a un lugar distinto al señalado incurrirá en el delito de abuso de autoridad. El juez bajo su responsabilidad certificará lo conducente para los efectos de la persecución penal. Una vez escuchado el adolescente, el Juez podrá dictar auto de procesamiento en contra del mismo, cuando información sobre la existencia de un hecho delictivo y motivos racionales suficientes para creer que el adolescente lo ha cometido o participado en él; el que tiene por objetivo sujetar al adolescente al proceso y pronunciarse sobre la medida de coerción a adoptar y su justificación. LIBERTAD PROVISIONAL: Cuando el adolescente fuere puesto en libertad después de su declaración, deberá presentarse ante el Juez que conozca el caso y/o MP, cuantas veces sea solicitado por ello. Los padres tutores o responsables asumirán dicha obligación cuando estuviere bajo su cuidado, en caso de incumplimiento, el Juez podrá ordenar la conducción del adolescente si su presencia fuere estrictamente necesaria, en los casos en que el adolescente se oculte o se le halle en situación de rebeldía, el juez, aún sin declaración previa, podrá ordenar su conducción. FALTAS: En los casos de faltas o delitos con penas de prisión que no superen los 03 años o multas según el Código Penal o leyes penales especiales, si en su declaración el adolescente no aceptara los hechos o no fuere aplicable: Criterio de Oportunidad, O remisión. El Juez de paz convocará en un plazo no mayor de 10 días a un DEBATE RESERVADO al adolescente, al ofendido y a los agentes captores en el que se recibirá la prueba pertinente. Oirá brevemente a los comparecientes y dictará la resolución definitiva absolviendo o imponiendo una sanción si fuera procedente.

IV.

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO: SECCION III FORMAS DE TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCESO. ARTICULO 184.Terminación del proceso. El proceso termina en forma anticipada por: a) Cumplimiento de las obligaciones impuestas en el acta de conciliación. b) Remisión. c) Criterio de oportunidad reglado. ARTICULO 185 .Conciliación. Admiten conciliación todas las transgresiones a la ley penal donde no exista violencia grave contra las personas. ARTICULO 186 .Naturaleza de la conciliación. La conciliación es un acto voluntario entre la parte ofendida y el adolescente o sus padres, tutores o responsables. Para el cumplimiento de las obligaciones de contenido patrimonial podrá obligarse cualquier persona. No podrá autorizarse la conciliación cuando se vulnere el interés superior del adolescente. ARTICULO 187 .Procedencia. La conciliación procede de oficio o a instancia de parte, siempre que existan indicios o evidencias de la participación del adolescente en el hecho y no concurran causales excluyentes de responsabilidad. La conciliación procede hasta antes del debate ante el juez que esté conociendo. El fiscal podrá promover la conciliación y ésta será autorizada por el juez, previa opinión favorable del abogado defensor del adolescente. ARTICULO 188 .- Audiencia de conciliación. Para realizar la audiencia conciliatoria se citará al adolescente, a su representante legal o persona responsable, a la parte ofendida o víctima, que si fuere Página 383 de 600

adolescente, la citación comprenderá además a su representante legal. Se citará además al defensor y al fiscal, cuando ya hubieran tenido participación en el proceso. Si alguna de las partes indispensables dejase de concurrir a la audiencia de conciliación, se dejará constancia de ello y se continuará el procedimiento. Lo anterior no impedirá que pueda realizarse una nueva audiencia de conciliación. ARTICULO 189 .- Acta de conciliación. Presentes las partes, se les explicará el objeto de la diligencia, procediéndose a escuchar a los citados. Si se llegare a un acuerdo, se levantará acta que será firmada por los comparecientes. El arreglo conciliatorio suspende el procedimiento. Si no hubiese acuerdo se dejará constancia de ello y se continuará la tramitación del mismo. El cumplimiento de la conciliación extingue la acción ante los juzgados especializados y la acción civil ante los juzgados correspondientes. ARTICULO 190 .- Obligaciones. En el acta de conciliación se determinarán las obligaciones pactadas, entre las cuales se contemplará la reparación del daño a la víctima o a la parte ofendida, se señalará plazo para su cumplimiento y se constituirán las garantías, si fuera necesario. La certificación del acta de conciliación tendrá la calidad de título ejecutivo. ARTICULO 191 .- Responsabilidad de los representantes legales. Los representantes legales conjuntamente con el adolescente se comprometen solidariamente a cumplir con las obligaciones determinadas en el acta de conciliación, cuando se trate de obligaciones de contenido patrimonial. ARTICULO 192 .- Incumplimiento injustificado. Cuando el adolescente incumpliere sin causa justificada las obligaciones de contenido no patrimonial, determinadas en el acta de conciliación, el procedimiento continuará como si no se hubiese conciliado. Si se trata de obligaciones de contenido patrimonial, la parte ofendida antes de promover la acción civil podrá pedir al juez que solicite el pago obligado para el cumplimiento de las obligaciones. ARTICULO 193 .- La remisión. El juez podrá examinar la posibilidad de no continuar el proceso, cuando la acción contenida estuviere sancionada en el Código Penal, con pena de prisión cuyo mínimo sea inferior a tres años, con base en el grado de participación en el daño causado y la reparación del mismo. Si el juez considera que no procede la continuación del proceso, citará a las partes a una audiencia común y previo acuerdo con ellos resolverá remitir al adolescente a programas comunitarios, con el apoyo de su familia y bajo control de la institución que los realice, si no existiere acuerdo entre las parte se continuará el proceso. ARTICULO 194 .- Criterio de oportunidad reglado. El Ministerio Público tendrá la obligación de ejercer la acción pública ante los tribunales correspondientes, con arreglo a las disposiciones de esta Ley. No obstante, podrán solicitar al juez que se prescinda, total o parcialmente de la persecución; la limite a una o varias infracciones o a alguna de las personas que han participado en el hecho, cuando se trate de un hecho que por su insignificancia, lo exiguo de la contribución como partícipe no afecte el interés público. V.

FASES PROCESALES: SECCION I FLAGRANCIA ARTICULO 195 .{REFORMADO por el Art. 5 del DECRETO del CONGRESO No. {02-2004}, vigente desde el {14 de Enero de 2004}, el cual queda así:} "Flagrancia. Cuando el adolescente sea aprendido en flagrante violación a la ley penal, deberá ser presentado inmediatamente a su detención, ante el Juez competente. La detención deberá ser comunicada simultáneamente al Ministerio Público, el que actuará de conformidad con la Ley. En ningún Página 384 de 600

caso el adolescente detenido puede ser llevado a cuerpo, cuartel o estación de policía o centro de detención para adultos. Quien traslade o detenga a un adolescente a un lugar distinto al señalado incurrirá en el delito de abuso de autoridad. El juez bajo su estricta responsabilidad certificará lo conducente para los efectos de la persecución penal del responsable. En todos los casos, el juez al resolver el caso, del adolescente se pronunciará sobre la legalidad de la detención. Una vez escuchando el adolescente, el juez podrá dictar auto de procesamiento en contra del mismo. Este procede sólo cuando exista información sobre la existencia de un hecho delictivo y motivos racionales suficientes para creer que el adolescente lo ha cometido o participado en él. El auto de procesamiento tiene como objeto sujetar al adolescente al proceso. Dicho auto debe contener los datos de identificación personal del mismo, una enunciación de los hechos que se atribuyen al mismo, la calificación legal del delito o falta y su fundamento legal, los motivos y fundamentos de la decisión, y la parte resolutiva. En el mismo auto, el juez deberá pronunciarse sobre la medida de coerción a adoptar y su justificación." ARTICULO 196 .- Libertad provisional. Cuando el adolescente fuere puesto en libertad después de su declaración, deberá presentarse ante el juez que conozca el caso y/o Ministerio Público, cuantas veces sea solicitado por ellos. Los padres, tutores o responsables asumirán dicha obligación cuando estuviere bajo su cuidado, en caso de incumplimiento, el juez podrá ordenar la conducción del adolescente si su presencia fuere estrictamente necesario. En los casos en que el adolescente se oculte o se le halle en situación de rebeldía, el juez, aún sin declaración previa, podrá ordenar su conducción. ARTICULO 197 .- Faltas. En caso de faltas o delitos sancionados con pena de prisión que no supere los tres años o multa según el Código Penal o leyes penales especiales, si en su declaración de adolescente no aceptara los hechos o no fuera aplicable el criterio de oportunidad o remisión, el juez de paz convocará en un plazo no mayor de diez días a un debate reservado al adolescente ofendido y a los agentes captores en el que se recibirá la prueba pertinente. Oirá brevemente a los comparecientes y dictará la resolución definitiva absolviendo o imponiendo una sanción si fuera procedente. SECCION II FASE PREPARATORIA ARTICULO 198 .Iniciación. La investigación se iniciará de oficio o por denuncia. ARTICULO 199 .- Averiguación. El Ministerio Público deberá promover la averiguación de conformidad con la ley, teniendo en cuenta las restricciones que el procedimiento especial le impone. ARTICULO 200 .- Plazo. Una vez establecida la denuncia, por cualquier medio, deberá iniciarse una investigación que tendrá por objeto determinar la existencia del hecho, así como establecer los autores, cómplices o instigadores. También se verificará el daño causado por el delito. El plazo para realizar las diligencias de averiguación no podrá exceder de dos meses. El Ministerio Público podrá solicitar la ampliación al juez por una sola vez hasta por el mismo plazo, sólo en el caso de que el adolescente se encuentre sujeto a una medida de coerción no privativa de su libertad. Sin perjuicio de la investigación desarrollada, el juez podrá ordenar: a) Que de oficio o a petición de parte, el Ministerio Público practique otras diligencias. b) La recepción de pruebas anticipadas. Mientras no exista vinculación procesal mediante el auto de procesamiento la investigación no estará sujeta a plazos. ARTICULO 201 .- Conocimiento personal del juez. Cuando el juez tuviese conocimiento que algún adolescente ha realizado un acto violatorio a la ley penal, solicitará al Ministerio Público el inicio de la Página 385 de 600

averiguación. ARTICULO 202 .- Primeras diligencias. Al iniciar la averiguación, el Ministerio Público procederá a: a) Comprobar la edad e informar de ello inmediatamente al juez. b) Informar al adolescente, a sus padres, representantes legales o responsables y al juez sobre la infracción que se le atribuye; y en su caso, la persona que lo acusa. c) Practicar los estudios que el caso amerite cuando sea necesario. Durante la averiguación, el Ministerio Público, podrá solicitar la conciliación, oportunidad y remisión. ARTICULO 203 .- Resolución del Ministerio Público. Agotada la averiguación o concluido el plazo para la misma, el Ministerio Público solicitará al juez, en forma breve o razonada según el caso: a) El sobreseimiento, clausura provisional o el archivo. b) La acusación y apertura a debate, en cuyo caso señalará los hechos sobre los cuales versará el proceso y adjuntará las investigaciones realizadas. En la acusación el fiscal deberá proponer la sanción que estima más adecuada para el adolescente, debiendo razonar los fundamentos jurídicos y educativos de su solicitud. c) Solicitud de prórroga de la investigación. d) Aplicación del procedimiento abreviado. ARTICULO 204 .Comunicación. Cuando se formule acusación y se requiera la apertura del juicio o el sobreseimiento el juez ordenará a más tardar un día después de su presentación, la notificación a todas las partes, incluso al agraviado, si hubiere. En la resolución donde ordena la notificación a que se refiere el párrafo anterior el juez señalará día y hora para la audiencia oral y reservada del procedimiento intermedio, la cual deberá celebrarse en un plazo no mayor de diez días contados a partir de la fecha en que se presentó el requerimiento del Ministerio Público. Entre la audiencia del procedimiento intermedio y la notificación de la solicitud del Ministerio Público, deberán mediar por lo menos cinco días, a efecto de que las partes puedan ejercer su derecho de defensa. El pedido del Ministerio Público y los medios de investigación practicados por el fiscal quedarán en el juzgado para su consulta a partir de la presentación de la solicitud. ARTICULO 205 .- Audiencia del procedimiento intermedio. El día y hora fijados para la audiencia del procedimiento intermedio, el juez se constituirá en el lugar señalado para la audiencia, verificará la presencia del fiscal, del adolescente y su defensor, así como las demás partes que hubieren sido admitidas o que requieran su admisión. El juez declarará abierta la audiencia. Inmediatamente después, advertirá a las partes sobre la importancia y el significado de lo que sucederá, les indicará que presten atención y le concederá la palabra al fiscal para que fundamente su solicitud. Luego dará la palabra al agraviado o al querellante para que se manifieste sobre sus pretensiones y reproduzca los medios de convicción en que las funda. Concluida la intervención del agraviado o querellante, le dará la intervención al adolescente y al abogado defensor, para que se manifiesten sobre las pretensiones del fiscal y del querellante; y, en su caso, reproduzcan la prueba en que fundan sus pretensiones. Todas las cuestiones incidentales que se pudieran suscitar serán tratadas en un solo acto, en la audiencia, a menos que el juez resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna, según convenga al orden de la audiencia. En la discusión de las cuestiones incidentales se les concederá la palabra solamente una vez, por el tiempo que establezca el juez, al fiscal, al defensor y a las demás partes. ARTICULO 206 .- Otras solicitudes. Cuando el Ministerio Público requiera la clausura provisional, el archivo o la prórroga de la investigación el juez resolverá en un plazo que no exceda de las cuarenta y ocho horas. ARTICULO 207 .- Admisión de la acusación. La resolución por la cual el Página 386 de 600

juez decide admitir la acusación del fiscal, deberá contener: a) La descripción precisa del hecho objeto del juicio y la identidad del o los adolescentes. b) La calificación jurídica del hecho. c) La subsistencia o sustitución de las medidas preventivas. d) La descripción de la prueba que fundamenta la acusación. SECCION III FASE DEL JUICIO ARTICULO 208 .- Citación a juicio. Resuelta favorablemente la concreción de los hechos y la apertura del proceso, el juez citará al fiscal, las partes y los defensores, a fin de que en el plazo de cinco días hábiles, comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, los documentos y las cosas secuestradas, ofrezcan pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes. ARTICULO 209 .- Ofrecimiento de prueba. En el escrito de ofrecimiento de prueba, el Ministerio Público y el adolescente, su defensor o sus padres o representantes, podrán presentar todas las pruebas que consideren convenientes para ser evacuadas. ARTICULO 210 .- Admisión y rechazo de la prueba. Vencido el plazo para ofrecer pruebas, el juez deberá pronunciarse, mediante resolución razonada, sobre la admisión o rechazo de ellas. El juez podrá rechazar la prueba manifiestamente impertinente y ordenar, de oficio, la que considere necesaria. ARTICULO 211 .Señalamiento para debate. En la misma resolución en la que se admita la prueba, el juez señalará el día y la hora para celebrar el debate, el cual se efectuará en un plazo no superior a diez días. ARTICULO 212 .- Oralidad y privacidad. La audiencia deberá ser oral y privada, so pena de nulidad. Se realizará con la presencia del adolescente, su defensor, el ofendido y el fiscal. Además podrán estar presentes los padres o representantes del adolescente; si es posible, los testigos, peritos, intérpretes y otras personas que el juez considere conveniente. ARTICULO 213 .- El debate. El debate será reservado y se regirá, en cuanto sea aplicable, por el Código Procesal Penal. Al inicio, el juez instruirá al adolescente sobre la importancia y el significado del debate. Cuando sea necesario tratar asuntos que puedan causarle perjuicio psicológico, el juez, previa consulta a éste, a su defensor y a las partes, podrá disponer su retiro transitorio de la audiencia. El adolescente podrá comunicarse en todo momento con la defensa, de manera que deberá estar ubicado a su lado. En lo posible la sala de audiencia estará acondicionada de conformidad con el fin educativo que persigue este procedimiento especial. ARTICULO 214 .- División de debate. El juez dividirá el debate en dos etapas: a) Sobre el grado de responsabilidad del adolescente en el acto que viole la ley penal. b) Sobre la idoneidad y justificación de la sanción. Para la determinación de la sanción, el juez se asistirá de un psicólogo y un pedagogo. ARTICULO 215 .- Declaración del adolescente. Una vez que el juez haya constatado que el adolescente comprende el contenido de la acusación y verificada la identidad del mismo, le indicará que puede declarar o abstenerse de ello, sin que su silencio implique presunción de culpabilidad. Si el adolescente acepta declarar, después de hacerlo podrá ser interrogado por el fiscal y por su defensor. Igualmente podrá ser interrogado por el ofendido o su representante legal. Las preguntas deberán ser claras y directas y deberá constatarse que el adolescente las entiende. Durante el transcurso de la audiencia, el adolescente podrá rendir las declaraciones que considere oportunas, y las partes podrán formularle preguntas, con el objetivo de aclarar sus manifestaciones. ARTICULO 216 .- Recepción de pruebas. Después de la declaración del adolescente, el juez recibirá la prueba en el orden establecido en el Código Procesal Penal para la fase de debate, salvo que considere pertinente alterarlo. ARTICULO 217 .- Nuevas pruebas. El Página 387 de 600

tribunal podrá ordenar a petición de parte, la recepción de nuevos medios de prueba, si en el curso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. En este caso, la audiencia será suspendida a petición de alguna de las partes por un plazo no mayor de cinco días. También podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultaren insuficientes. Las operaciones periciales necesarias serán practicadas en la misma audiencia, cuando fuere posible. ARTICULO 218 .- Declaración de la primera etapa del debate. Probada la existencia de un hecho que viola la ley penal y el grado de participación en el mismo del adolescente, el juez lo declarará. ARTICULO 219 .- Conclusiones. Terminada la recepción de pruebas, el juez concederá la palabra al Ministerio Público y al defensor, para que en ese orden emitan sus conclusiones, tipo de sanción aplicable y su duración en el momento procesal oportuno. Además, invitará al transgresor y al ofendido a pronunciarse sobre lo que aconteció durante la audiencia. Las partes tendrán derecho a réplica, la cual deberá limitarse a la refutación de los argumentos adversos presentados en las conclusiones. ARTICULO 220 .Debate sobre la idoneidad de la sanción. Una vez concluida la primera etapa del debate y declarada la existencia del hecho que viola la ley penal y el grado de participación en el mismo del adolescente, se procederá a la discusión de la idoneidad de la sanción. El juez deberá determinar el grado de exigibilidad y justificar la sanción impuesta. En este mismo acto, el juez deberá establecer la finalidad de la sanción, el tiempo de duración y las condiciones en que debe ser cumplida; para el efecto, se asistirá de un psicólogo y un pedagogo. ARTICULO 221 .- Resolución sobre la responsabilidad transgresional del adolescente. El juez dictará resolución final inmediatamente después de concluida la audiencia, con base en los hechos probados, la existencia del hecho o su atipicidad, la autoría o la participación del adolescente, la existencia o la inexistencia de causales, excluyentes de responsabilidad, las circunstancias o gravedad del hecho y el grado de exigibilidad. El juez podrá dictar la resolución final, hasta tres días después de finalizar la audiencia. ARTICULO 222 .- Principios rectores. La resolución definitiva se ajustará a los principios generales que orientan esta Ley; y en particular a los siguientes: a) La respuesta a los adolescentes en conflicto con la ley penal, será siempre proporcional a las circunstancias y a la gravedad del hecho, el grado de exigibilidad y a sus circunstancias y necesidades. Las sanciones de privación de libertad deberán ser siempre fundamentadas y se reducirán al mínimo posible. b) El respeto de sus derechos humanos, su formación integral, su inserción familiar y social y su identidad personal y cultural. c) La privación de libertad sólo se impondrá como sanción de último recurso, previa justificación de la inexistencia de otra respuesta adecuada y siempre que concurran las causales señaladas en el artículo 252 de esta Ley. ARTICULO 223 .- Requisitos de la sentencia. Son requisitos de la sentencia los siguientes: a) El nombre, fecha y la ubicación del juzgado que dicta la resolución final. b) Los datos personales del adolescente y cualquier otro dato de identificación relevante. c) El razonamiento y la decisión del juez sobre cada una de las cuestiones planteadas durante la audiencia final, con exposición expresa de los motivos de hecho y de derecho en que se basa. d) La determinación precisa del hecho que el juez tenga por probado o no probado. e) Las sanciones legales aplicables. f) La determinación clara, precisa y fundamentada de la sanción impuesta. Deberán determinarse el tipo de sanción, su duración y el lugar donde debe ejecutarse. g) La firma Página 388 de 600

del juez. ARTICULO 224 .- Notificación. El contenido de la resolución final se notificará personalmente a las partes en las mismas audiencias, dejándose constancia escrita del acto y la hora. VI.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO: ARTICULO 169 .- Funciones del Ministerio Público. Con relación al proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, serán funciones del Ministerio Público, a través de sus fiscales especializados: a) Velar por el cumplimiento de la presente Ley. b) Iniciar la investigación y la persecución penal del adolescente conforme procedimiento establecido en esta Ley, practicando todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho delictivo, la autoría o participación del adolescente o en su caso, de personas adultas y verificar el daño causado. Si se estableciere la participación de personas adultas deberá ponerlo en conocimiento, inmediatamente y bajo su responsabilidad, del fiscal competente. c) Realizar la investigación de las transgresiones cometidas por adolescentes. d) Promover la acción correspondiente. e) Solicitar pruebas, aportarlas y, cuando proceda, participar en su producción. f) Solicitar, cuando proceda, la cesación, modificación o sustitución de las sanciones decretadas o interponer recursos legales. g) Brindar orientación legal y psicológica, cuando sea necesario, a la víctima del delito y mantener una comunicación constante y directa con la misma, notificándole todas las diligencias que realice. h) Asesorar al ofendido, durante la conciliación, cuando éste lo solicite. i) Estar presente en la primera declaración del adolescente y pronunciarse sobre su situación jurídica y procesal. j) Las demás funciones que ésta y otras leyes le fijen. En todas las fases del proceso el fiscal de adolescentes debe actuar con objetividad, imparcialidad y apego a los principios que esta Ley señala. ARTICULO 170 .- Unidad de Niñez y Adolescencia de la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil se encargará de auxiliar al Ministerio Público y a los tribunales de adolescentes en conflicto con la Ley Penal, en el descubrimiento y la verificación científica de las transgresiones y de sus presuntos responsables. La Policía Nacional Civil debe someter su actuación a los principios rectores, derechos y garantías reconocidos por esta Ley, respetando la dignidad, identidad, edad y sexo del adolescente. Queda prohibido el uso de medidas o actos denigrantes o humillantes, así como realizar cualquier tipo de interrogatorio, durante la aprehensión, detención o investigación.

VII.

ACTOS CONCLUSIVOS: ARTICULO 203 .- Resolución del Ministerio Público. Agotada la averiguación o concluido el plazo para la misma, el Ministerio Público solicitará al juez, en forma breve o razonada según el caso: a) El sobreseimiento, clausura provisional o el archivo. b) La acusación y apertura a debate, en cuyo caso señalará los hechos sobre los cuales versará el proceso y adjuntará las investigaciones realizadas. En la acusación el fiscal deberá proponer la sanción que estima más adecuada para el adolescente, debiendo razonar los fundamentos jurídicos y educativos de su solicitud. c) Solicitud de prórroga de la investigación. d) Aplicación del procedimiento abreviado.

VIII.

RECURSOS PROCESALES: CAPITULO VII RECURSOS ARTICULO 227 .Tipos de recursos. Las partes podrán recurrir las resoluciones del Juzgado de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, sólo mediante los recursos Página 389 de 600

de revocatoria, apelación casación y revisión. ARTICULO 228 .Revocatoria. Todas las resoluciones son revocables de oficio por el juez que las dictó o a instancia de parte, salvo las que pongan fin al procedimiento. La interposición del recurso puede hacerse en forma verbal o por escrito, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su notificación. El juez o tribunal ante quien se interponga el recurso de revocatoria, deberá resolverlo sin más trámite, dentro de las veinticuatro horas siguientes. ARTICULO 229 .- Reposición. El recurso de reposición se tramitará en las formas establecidas en el Código Procesal Penal. ARTICULO 230 .Recurso de apelación. Serán apelables la siguientes resoluciones: a) La que resuelva el conflicto de competencia. b) La que ordene una restricción provisional a un derecho fundamental. c) La que ordene la remisión. d) La que termine el proceso. e) La que modifique o substituya cualquier tipo de sanción en la etapa de ejecución. f) Las demás que causen gravamen irreparable. ARTICULO 231 .- Facultad de recurrir. El recurso de apelación procede sólo por los medios y en los casos establecidos de modo expreso. Las partes únicamente podrán recurrir cuando la resolución les produzca agravio. Cuando la resolución sólo haya sido recurrida a favor del adolescente, no podrá ser modificada en su perjuicio. ARTICULO 232 .- Trámite de recurso de apelación. El recurso de apelación deberá interponerse por escrito, dentro del plazo de tres días, ante el Juez de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal que conoce el asunto. En el escrito, deberán expresarse los motivos en que se fundamenta y las disposiciones legales aplicables; además, deberá ofrecerse la prueba pertinente, cuando proceda. Recibido el memorial, deberá remitirse inmediatamente a la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia. {PARRAFO REFORMADO por el Art. 6 del DECRETO del CONGRESO No. {02-2004}, vigente desde el {14 de Enero de 2004}), el cual queda así:} "Admitido el recurso, el tribunal emplazará a las partes para que comparezcan a una audiencia oral y fundamenten el recurso en un plazo de cinco días a partir de la notificación. Salvo los autos que no pongan fin al proceso, en este caso, recibidas las actuaciones, el tribunal resolverá dentro del plazo de tres días y, con certificación de lo resuelto, devolverá las actuaciones inmediatamente." El plazo será de diez días cuando existan razones por el término de la distancia. El mismo procedimiento y plazo se utilizará para el caso de las apelaciones que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas en esta materia y en los casos previstos por los jueces de paz. ARTICULO 233 .- Decisión del recurso de apelación. Inmediatamente después de la audiencia oral, la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia resolverá el recurso planteado, salvo en casos complejos, según criterio de ésta, en cuyo caso podrá, en un plazo no mayor de tres días, resolver el recurso interpuesto. ARTICULO 234 .- Recurso de casación. El recurso de casación procede contra las resoluciones que terminen el proceso y contra las fijaciones ulteriores de la sanción, siempre que el hecho no constituya una falta. ARTICULO 235 .- Tramitación del recurso de casación. El recurso de casación se tramitará de acuerdo con las formalidades y los plazos fijados para los adultos en el Código Procesal Penal. La Corte Suprema de Justicia constituida en Tribunal de Casación será competente para conocer de este recurso. ARTICULO 236 .- Recurso de revisión. El recurso de revisión procederá por los motivos fijados en el Código Procesal Penal. El Tribunal de Casación será competente para conocer de este recurso. ARTICULO 237 .- Facultad de recurrir en revisión. Podrán promover la revisión: a) El Página 390 de 600

defensor del adolescente sancionado. b) Los ascendientes, el cónyuge, o los hermanos del adolescente que fueren mayores de edad. c) El Ministerio Público. IX.

PRESCRIPCIÓN: CAPITULO VI PRESCRIPCION ARTICULO 225 .Prescripción de la acción. La acción contra infracciones a la ley penal cometida por los adolescentes prescribirá a los cinco años en el caso de delitos contra la vida, delitos sexuales y delitos contra la integridad física; en tres años cuando se trate de cualquier otro tipo de delito de acción pública. En delitos de acción privada y contravenciones, prescribirá en seis meses. Los plazos señalados para la prescripción de la acción, se contarán a partir del día en que se cometió el delito o la contravención o desde el día en que se decretó la suspensión del proceso. ARTICULO 226 .Prescripción de las sanciones. Las sanciones ordenadas en forma definitiva prescribirán en un plazo igual al ordenado para cumplirlas. Este plazo empezará a contarse desde la fecha en que se encuentre firme la resolución respectiva, o desde aquella en que compruebe que comenzó el incumplimiento.

X.

SANCION Y EJECUCION DE LAS SANCIONES SOCIOEDUCATIVAS: CAPITULO VIII SANCIONES SOCIOEDUCATIVAS SECCION I DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 238 .- Tipos de sanciones. Verificada la comisión o la participación del adolescente en un hecho que transgreda la ley penal, el juez correspondiente podrá aplicar los siguientes tipos de sanciones: a) Sanciones socioeducativas: 1) Amonestaciones y advertencia. 2) Libertad asistida. 3) Prestación de servicios a la comunidad. 4) Reparación de los daños al ofendido. b) Ordenes de orientación y supervisión: 1) Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él. 2) Abandonar el trato con determinadas personas. 3) Eliminar la visita a centros de diversión determinados. 4) Obligación de matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo sea enseñarle alguna profesión u oficio. 5) Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicas que produzcan adicción o hábito. 6) Obligación de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, laboral, de educación sexual, de educación vial u otros similares. c) Ordenar el internamiento terapéutico del niño, niña o adolescente o el tratamiento ambulatorio en un centro especializado de salud, público o privado, para desintoxicarlos o eliminar su adicción a las drogas antes mencionadas. {LITERAL REFORMADA por el Art. 7 del DECRETO del CONGRESO No. {02-2004}, vigente desde el {14 de Enero de 2004}, la cual queda así:} "d) Privación del permiso de conducir." {LITERAL ADICIONADA por el Art. 7 del DECRETO del CONGRESO No. {02-2004}, vigente desde el {14 de Enero de 2004}, la cual queda así:} "e) Sanciones privativas de libertad: 1. Privación de libertad domiciliaria. 2. Privación de libertad durante el tiempo libre. 3. Privación de libertad en centros especializados durante fines de semana, comprendido desde el sábado, de las ocho horas, hasta el domingo a las dieciocho horas. 4. Privación de libertad en centros especializados de cumplimiento en régimen abierto, semiabierto o cerrado." ARTICULO 239 .- Determinación de la sanción aplicable. Para determinar la sanción aplicable se debe tener en cuenta: a) La comprobación de una conducta que viole la ley penal. b) La comprobación de que el adolescente ha realizado o participado en la Página 391 de 600

transgresión a la ley penal. c) La capacidad para cumplir la sanción, asimismo, la proporcionalidad, racionalidad e idoneidad de ésta. d) La edad del adolescente, sexo, origen cultural y sus circunstancias personales, familiares y sociales. e) Los esfuerzos del adolescente por reparar los daños. f) Los efectos de la sanción para la vida futura del adolescente. ARTICULO 240 .- Forma de aplicación. Las sanciones señaladas deberán tener una finalidad primordialmente educativa y aplicarse, en su caso, con la intervención de la familia y el apoyo de los especialistas que se determinen. Las sanciones en ningún caso podrán superar el plazo señalado por esta Ley. SECCION II DEFINICION DE MEDIDAS O SANCIONES ARTICULO 241 .- Amonestación y advertencia. La amonestación es la llamada de atención que el Juez dirige oralmente al adolescente haciéndole comprender la gravedad del hecho cometido y la consecuencia que ha tenido, podría haber tenido, tanto para él como para terceros, exhortándolo a no volver a cometer tales hechos en el futuro, para que en lo sucesivo, se acoja a las normas de trato familiar y convivencia social. Cuando corresponda, deberá advertirles a los padres, tutores o responsables sobre la conducta seguida y les indicará que deben colaborar en el respeto de las normas legales y sociales. La amonestación y la advertencia deberán ser claras y directas, de manera que el adolescente y los responsables de su conducta comprendan lo ilícito de los hechos cometidos. ARTICULO 242 .- Libertad asistida. La libertad asistida es una sanción educativa, socializadora e individualizada, que consiste en otorgar la libertad del adolescente bajo la asistencia y supervisión de personal especializado. Se orientará al desarrollo de habilidades, capacidades y aptitudes para el desarrollo personal y social del adolescente. Su duración máxima será de dos años y su cumplimiento deberá iniciarse a más tardar quince días después de haber sido ordenada, tiempo en el cual el equipo técnico responsable elaborará el plan individual de la libertad asistida del adolescente. ARTICULO 243 .- Prestación de servicios a la comunidad. La prestación de servicios a la comunidad consiste en realizar tareas gratuitas, de interés general en entidades de asistencia, públicas o privadas, como hospitales, escuelas, parques nacionales y otros establecimientos similares. Las tareas deberán asignarse según las aptitudes de los adolescentes, procurando, cuando fuere posible, relacionar la naturaleza de la actividad con la el bien jurídico lesionado por el adolescente. Las tareas se cumplirán durante una jornada máxima de ocho horas semanales, los sábados domingos y días feriados o en días hábiles, pero sin perjudicar la asistencia a la escuela o la jornada normal de trabajo. Los servicios a la comunidad deberán prestarse durante un período máximo de seis meses. La sanción se mantendrá durante el tiempo necesario para que le servicio fijado se realice efectivamente o sea sustituido. La sanción será supervisada y orientada por la persona que el juez designe, quien elaborará un plan individual para el adolescente. ARTICULO 244 .- Obligación de reparar el daño. La reparación del daño consiste en una obligación de hacer del adolescente, a favor de la víctima, con el fin de resarcir el daño causado o restituir la cosa dañada por la conducta delictiva. Cuando el adolescente mayor a quince años realice un acto que afecte el patrimonio económico de la víctima, el juez podrá determinar, teniendo especial cuidado en su situación económica, que éste restituya la cosa, promueva el resarcimiento del daño o compense el perjuicio causado a la víctima. Cuando dicho acto sea cometido por un adolescente de trece a catorce años de edad, el juez Página 392 de 600

podrá también determinar la reparación del daño, quedando solidariamente, obligados los padres, tutores o responsables. El juez sólo podrá imponer esta sanción, cuando la víctima y el adolescente hayan dado su consentimiento. Si ambas partes acuerdan sustituir el trabajo por una suma de dinero, el juez procederá a fijar la cuantía que se considere equivalente a los daños y perjuicios ocasionados por el delito o falta. La sanción se considerará cumplida cuando el juez determine que el daño ha sido reparado de la mejor forma posible. La reparación del daño excluye la indemnización civil. ARTICULO 245 .- Ordenes de orientación y supervisión. Las órdenes de orientación y supervisión consisten en mandamientos o prohibiciones impuestas por el Juez de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal para regular la conducta de los adolescentes, así como promover y asegurar su formación. Las órdenes o prohibiciones durarán un período máximo de dos años y su cumplimiento deberá iniciarse a más tardar un mes después de ordenadas. Si se incumple cualquiera de estas obligaciones, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, modificar la orden o prohibición impuesta. ARTICULO 246 .Privación del permiso de conducir. La privación del permiso de conducir consiste en privar temporalmente al adolescente de su permiso de conducir o de su derecho a obtenerlo. Esta sanción podrá imponerse cuando el delito o falta se hubiere cometido utilizado un vehículo automotor. Esta sanción podrá imponerse por un período máximo de dos años. ARTICULO 247 .- Tratamiento ambulatorio o internamiento terapéutico. El tratamiento ambulatorio terapéutico consiste en someter al adolescente a un tratamiento a cargo de un profesional o centro especializado. El adolescente queda obligado a asistir al lugar designado con la periodicidad requerida por los facultativos que lo atiendan, así como a seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la adicción que padezca, o de las alteraciones en su percepción o anomalías o alteraciones psíquicas. El internamiento terapéutico consiste en el internamiento en un centro de atención terapéutica para que le brinden al adolescente una educación especializada o un tratamiento específico para la adicción o dependencia que padezca, o para tratar el padecimiento de anomalías o alteraciones psíquicas, o alteraciones en la percepción que determinen una alteración grave de la conciencia de la realidad. En ambos casos deberá informarse periódicamente al juez de los avances del tratamiento. Si el adolescente rechaza el tratamiento de deshabituación, el juez deberá adoptar otra sanción adecuada a sus circunstancias. La duración máxima de la sanción, en el caso del tratamiento ambulatorio no podrá ser superior a los doce meses, y en el caso de internamiento terapéutico no podrá superar los cuatro meses. ARTICULO 248 .- Sanciones privativas de libertad. La sanción privativa de libertad se utilizará como último recurso y sólo cuando no sea posible aplicar otro tipo de sanción. La privación de libertad tiene las modalidades siguientes: a) Privación de libertad domiciliaria. b) Privación de libertad durante el tiempo libre. c) Privación de libertad en centros especializados durante los fines de semana, comprendido desde el sábado de las ocho horas hasta el domingo a las dieciocho horas. d) Privación de libertad en centro especializado de cumplimiento en régimen abierto, semiabierto o cerrado. ARTICULO 249 .- Privación de libertad domiciliaria. La privación de libertad domiciliaria, consiste en la privación de libertad del adolescente en su casa de habitación, con su familia. De no poder cumplirse en su casa de habitación, por razones de inconveniencia o imposibilidad, se practicará en la casa de Página 393 de 600

cualquier familiar. Cuando no se cuente con ningún familiar, podrá ordenarse la privación de libertad en una vivienda o ente privado, que se ocupe de cuidar al adolescente. En este último caso, deberá contarse con su consentimiento. La privación de libertad domiciliaria no debe afectar el cumplimiento del trabajo ni la asistencia a su centro educativo. Un trabajador social del Juzgado de Control de Ejecución de Sanciones supervisará el cumplimiento de esta sanción, cuya duración no será mayor de un año. ARTICULO 250 .- Privación de libertad durante el tiempo libre. La aprobación de libertad durante el tiempo libre debe cumplirse en un centro especializado, durante el tiempo libre de que disponga el adolescente en el transcurso de la semana. La duración de este internamiento no podrá exceder de ocho meses. Se considera tiempo libre aquel durante el cual el adolescente no debe cumplir con su horario de trabajo ni asistir a un centro educativo. ARTICULO 251 .- Privación de libertad durante los fines de semana. La privación de libertad durante los fines de semana debe cumplirse en un centro especializado, desde el sábado a las ocho horas hasta el domingo a las dieciocho horas. Durante ese período se programarán actividades individuales para promover el proceso de responsabilización del adolescente. La duración máxima de esta sanción será de ocho meses. ARTICULO 252 .- Privación de libertad en centro especializado de cumplimiento. La sanción de privación de libertad en centro especializado de cumplimiento es de carácter excepcional. Puede ser aplicada sólo en los siguientes casos: a) Cuando se trate de una conducta realizada mediante grave amenaza o violencia hacia las personas y la propiedad y se trate de un delito contra la vida, la libertad sexual, la libertad individual, robo agravado y tráfico de estupefacientes. b) Cuando se trate de delitos dolosos sancionados en el Código Penal o leyes especiales, para mayores de edad con pena de prisión superior a seis años. La sanción de privación de libertad durará un período máximo de seis años para adolescentes entre los quince y los dieciocho años, y de dos años para adolescentes con edades entre los trece y los quince años. La sanción de privación de libertad nunca podrá aplicarse cuando no proceda para un adulto, según el Código Penal. Al aplicar una sanción de privación de libertad, el juez deberá considerar el período de detención provisional al que fue sometido el adolescente. La privación de libertad del adolescente se llevará a cabo de acuerdo al régimen que el juez señale, tomando en cuenta las circunstancias personales, familiares, sociales y educativas del adolescente. ARTICULO 253 .- Regímenes de privación de libertad en centro especial de cumplimiento. La privación de libertad en centro especial de cumplimiento se podrá llevar a cabo en alguno de los siguientes regímenes: a) Régimen abierto, consiste en que el adolescente tendrá como residencia habitual el centro especial de cumplimiento, estableciéndose en su plan individual y proyecto educativo, que todas sus actividades socio-educativas se llevarán a cabo fuera del centro, en los servicios del entorno. b) Régimen semi-abierto, consiste en que el adolescente tendrá como residencia habitual el centro especial de cumplimiento, estableciéndose en su plan individual y proyecto educativo que algunas de sus actividades formativas, educativas, laborales y de descanso se llevarán a cabo fuera del centro. c) Régimen cerrado, consiste en que el adolescente residirá en el centro, estableciéndose en su plan individual y proyecto educativo que todas sus actividades socioeducativas serán desarrolladas dentro del propio centro. La aplicación de los regímenes de privación de libertad pueden tener un carácter Página 394 de 600

progresivo. ARTICULO 254 .- Suspensión condicional de la sanción de privación de libertad. El juez podrá ordenar la suspensión condicional de las sanciones privativas de libertad, por un período igual al doble de la sanción impuesta, tomando en cuenta los supuestos siguientes: a) Los esfuerzos del adolescente por reparar el daño causado. b) La falta de gravedad de los hechos cometidos. c) La conveniencia para el desarrollo educativo o laboral del adolescente. d) La situación familiar y social en que se desenvuelve. e) El hecho de que el adolescente haya podido constituir, independientemente un proyecto de vida alternativo. Si durante el cumplimiento de la suspensión condicional, el adolescente comete un nuevo hecho que constituya violación a la ley penal, se le revocará la suspensión condicional y cumplirá con la sanción impuesta. SECCION III EJECUCION Y CONTROL DE LAS SANCIONES ARTICULO 255 .Objetivo de la ejecución. La ejecución de las sanciones deberá fijar y fomentar las acciones sociales necesarias que le permitan al adolescente, sometido a algún tipo de sanción, su permanente desarrollo personal y la reinserción en su familia y la sociedad, así como el desarrollo de sus capacidades y el sentido de su responsabilidad. Para la consecución del objetivo de la sanción, durante su ejecución se promoverá, como mínimo: a) Satisfacer las necesidades básicas de la persona sancionada. b) Posibilitar su desarrollo personal. c) Reforzar su sentido de dignidad y autoestima. d) Fomentar la participación del adolescente sancionado, en la elaboración y ejecución de su plan individual y proyecto educativo de cumplimiento. e) Minimizar los efectos negativos que la ejecución de la sanción pudieran provocar en la vida futura del adolescente. f) Fomentar, cuando sea posible y conveniente, los vínculos familiares del adolescente. g) Promover contactos directos e indirectos entre el adolescente y la comunidad local y sociedad en general. ARTICULO 256 .- Plan individual y proyecto educativo para el cumplimiento de la sanción y su ejecución. La ejecución de las sanciones se realizará mediante un plan individual de ejecución para cada adolescente sancionado, el plan será elaborado por el equipo técnico o profesional responsable del programa o unidad responsable de la ejecución de cada sanción. El plan contendrá el proyecto educativo del adolescente y en el mismo se hará constar una descripción clara de los objetivos que se persiguen alcanzar y los pasos a seguir. En su elaboración se deberá tener en cuenta los aspectos personales, familiares, culturales, económicos y educativos del adolescente, así como los principios rectores de esta Ley y los objetivos que para el caso concreto el juez señale. El plan se elaborará con la participación y compromiso del adolescente y, de ser posible, necesario y útil, con el de sus padres, tutores, responsables o familiares, quienes también deberán suscribirlo. El plan deberá ser elaborado para toda sanción impuesta, en un plazo no mayor de quince (15) días, contados a partir de que la sentencia esté firme. Es deber del juez que dictó la sentencia, velar por el cumplimiento del plan y de que éste sea el resultado de la correcta interpretación de la sentencia. El juez deberá aprobar el plan y ordenará su ejecución; si el juez considera necesario hacer alguna modificación al mismo, antes del inicio de su ejecución, lo hará saber al equipo técnico o profesional responsable de la ejecución. Para la aprobación del plan, el juez deberá consultar a su equipo técnico y tiene un plazo no mayor de tres (3) días para resolver. ARTICULO 257 .Competencia. El Juzgado de Control de Ejecución de Sanciones será el encargado de controlar la ejecución de las sanciones impuestas al Página 395 de 600

adolescente. Tendrá competencia para resolver las cuestiones o los incidentes que se susciten durante la ejecución y para controlar el cumplimiento de los objetivos fijados por esta Ley. Para verificar o controlar la ejecución de sanciones podrá delegarse a las juntas municipales u organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que desarrollan programas en el municipio, quienes estarán obligados a rendir informes periódicos sobre el cumplimiento de las mismas. ARTICULO 258 .- Funcionarios de los centros especializados. Los funcionarios de los centros especializados serán seleccionados de acuerdo con sus aptitudes y capacidades idóneas para el trabajo con adolescentes. Para el trabajo en los centros especializados de mujeres se preferirá, en igualdad de condiciones, a las mujeres. En los centros especializados, la portación y el uso de armas de fuego, por parte de los funcionarios, deberá reglamentarse y restringirse sólo a casos excepcionales y de necesidad. ARTICULO 259 .- {REFORMADO el PRIMER PARRAFO por el Art. 8 del DECRETO del CONGRESO No. {02-2004}, vigente desde el {14 de Enero de 2004}, el cual queda así:} "Autoridad competente en reinserción y resocialización. La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República es la autoridad competente y responsable de llevar a cabo todas las acciones relativas al cumplimiento de las sanciones impuestas a los adolescentes y de las medidas de protección." En materia de responsabilidad penal de la adolescencia tendrá, entre otras, las siguientes funciones: a) Organizar y administrar los programas que sean necesarios para el cumplimiento de las sanciones establecidas en esta Ley. b) Brindar servicio de atención terapéutica y orientación psicosocial a los adolescentes que se encuentren cumpliendo una sanción o medida cautelar, así como a sus familiares o responsables. c) Informar periódicamente al juez sobre el avance del proceso de reinserción y resocialización del adolescente. d) Organizar y administrar los centros especiales de custodia y de cumplimiento de privación de libertad, en sus distintos regímenes, así como velar por el cumplimiento de sus reglamentos, bajo la corresponsabilidad del Secretario de Bienestar Social y el director de cada centro. e) Promover, organizar y crear, en concertación con la sociedad civil y participación activa de las comunidades, asociaciones y organizaciones privadas, públicas y no gubernamentales, programas y unidades de apoyo para la reinserción y resocialización de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Garantizar que el personal encargado de la ejecución de las sanciones y en contacto directo con los adolescentes, sea competente y suficiente, el cual estará integrado por especialistas profesionales de los campos de educación, salud, trabajo social, psicología, psiquiatría y derecho, con formación especializada en derechos humanos de la niñez y adolescencia. Se promoverá su formación y capacitación continua. ARTICULO 260 .Derechos del adolescente durante la ejecución. Durante la ejecución de las sanciones, el adolescente tendrá, como mínimo, los derechos siguientes: a) Derecho a la vida, la dignidad y la integridad física y moral. b) Derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminado. c) Derecho a permanecer, preferiblemente en su medio familiar, si éste reúne los requisitos adecuados para el desarrollo del adolescente. d) Derecho a recibir los servicios de salud, educativos y sociales, adecuados a su edad y condiciones y a que se los proporcionen personas con la formación profesional requerida. e) Derecho a recibir información, desde el inicio de la ejecución de la sanción, sobre: 1. Los reglamentos internos de Página 396 de 600

comportamiento y vida en el centro, en especial la relativa a las sanciones disciplinarias que puedan aplicársele. 2. Sus derechos en relación con los funcionarios responsables del centro especializado. 3. El contenido del plan individual de ejecución para reinsertarlo en la sociedad. 4. La forma y los medios de comunicación hacia exterior del centro, los permisos de salida y el régimen de visitas. 5. Derecho a presentar peticiones ante cualquier autoridad y a que se le garantice respuesta. 6. Derecho a que se le mantenga, en cualquier caso, separado de los delincuentes condenados por la legislación penal común. 7. Derecho a que se le ubique en un lugar apto para el cumplimiento del plan de ejecución individual y a que no se le traslade arbitrariamente. 8. Derecho a no ser incomunicado en ningún caso, ni a ser sometido al régimen de aislamiento ni a la imposición de penas corporales. Cuando la incomunicación o el aislamiento deben ser aplicados para evitar actos de violencia contra el adolescente o terceros, esta sanción se comunicará al juez de Control de Ejecución de Sanciones y al procurador de los Derechos Humanos, para que, de ser necesario, la revisen y la fiscalicen. 9. Los demás derechos, especialmente los establecidos para los adultos y que sean aplicables a los adolescentes. ARTICULO 261 .- Continuación del internamiento de los mayores de edad. Si el adolescente privado de libertad cumple dieciocho (18) años de edad durante su internamiento, deberá ser ubicado separadamente de los adolescentes o ser trasladado a un centro especial para este fin. Por ningún motivo será trasladado a un centro penal de adultos. En los centros no se admitirán adolescentes sin orden previa y escrita de la autoridad competente. Deberán existir, dentro de estos centros, las separaciones necesarias según la edad. Se ubicará a los adolescentes con edades comprendidas entre los quince (15) y los dieciocho (18) años, en lugar diferente del destinado a los adolescentes con edades comprendidas entre los trece (13) y los quince (15) años; igualmente, se separarán los que se encuentren en internamiento provisional y los de internamiento definitivo, los infractores primarios y los reincidentes. ARTICULO 262 .- Informes del director del centro. El director del centro especializado de internamiento, donde se interne al adolescente, a partir de su ingreso enviará, al Juez de Control de Ejecución de Sanciones, un informe bimensual sobre la situación del sancionado y el desarrollo del plan de ejecución individual, con recomendaciones para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley. Además, indicará las posibilidades de que el adolescente sea sujeto a un régimen distinto, lo cual se hará de forma progresiva según los adelantos de éste. El incumplimiento de la obligación de enviar el referido informe será comunicado por el juez al jefe administrativo correspondiente, para que sancione al director. ARTICULO 263 .- Egreso del adolescente. Cuando el adolescente esté próximo a egresar del centro, deberá ser preparado para la salida, con la asistencia de especialistas en trabajo social, psicología y psiquiatría del centro; asimismo, con la colaboración de los padres o familiares, si es posible. ARTICULO 264 .- Derogatorias. Se deroga el Código de Menores, Decreto Número 78-79 del Congreso de la República, y el Decreto Número 78-96 del Congreso de la República y sus reformas. ARTICULO 265. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial. 3. PUEBLOS INDIGENAS ESTANDARES INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: Por estándares internacionales sobre derechos humanos Página 397 de 600

se entiende el conjunto de instrumentos jurídicos de distinta naturaleza, origen, contenido y efectos, que establecen, por un lado, las obligaciones internacionales a que están sujetos los Estados en materia de derechos humanos (tratados, convenios, convenciones, protocolos y normas consuetudinarias) y por otro, que contribuyen a precisar el contenido, objeto y alcances de dichas obligaciones, facilitando su interpretación, integración y cumplimiento (declaraciones, reglas mínimas, principios, observaciones generales y observaciones finales de Órganos de Tratados, entre otros). Los estándares internacionales constituyen obligaciones mínimas de los Estados. Entre los estándares internacionales que reconocen los derechos de los Pueblos Indígenas destacan: el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los PueblosIndígenas, las Observaciones Generales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; los informes de Relatores Especiales y Grupos de Trabajo; las Observaciones Finales emitidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial al Estado de Guatemala, entre otros estándares. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece normas y mecanismos a través de los cuales las obligaciones internacionales reconocidas en dichos estándares deben aplicarse a nivel nacional. Así, el artículo 46 de dicha Constitución, establece la preeminencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos sobre el derecho interno, lo que implica que el Convenio 169 de la OIT como otros tratados internacionales, no solamente tienen plena aplicabilidad, sino además una aplicación preferente sobre el derecho interno. En este mismo sentido, el artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece en su primer párrafo que: “Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana”. Esto implica un reconocimiento a los derechos cuyo desarrollo se encuentra en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala al interpretar el alcance de esta disposición constitucional, mediante sentencia de 17 de julio de 2012, contenida en el expediente No.1822-2011 configuró lo que en doctrina se denomina el bloque de constitucionalidad, que considera a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos, como un solo bloque, integrando el derecho internacional y el derecho nacional para una aplicación garantista. II. ESTANDARES INTERNACIONALES SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS: En términos de acceso a la justicia, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 8 establecen el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 2, párrafo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Página 398 de 600

reconocen el derecho de toda persona a un recurso efectivo que la proteja contra la violación de sus derechos. Dentro de los estándares internacionales sobre derechos humanos de los Pueblos Indígenas y acceso a la justicia, algunos de los más relevantes para fundamentar la presente Política, son los siguientes: El artículo 1 del Convenio 169 de la OIT, que establece los criterios para la determinaciónde quién es indígena, señalando en su segundo párrafo que la conciencia de la identidadindígena deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a losque se aplican las disposiciones sobre dichos pueblos. Esta norma, se complementacon las disposiciones del artículo 33 de la Declaración de las Naciones Unidas sobrelos Derechos de los Pueblos Indígenas, fundamentando la autoidentificación, en elderecho que tiene una persona o pueblo a determinar su propia identidad o pertenenciaconforme a sus costumbres y tradiciones. Este derecho ofrece a la persona la garantíapor un lado, de que la identidad étnica no le será atribuida de manera arbitraria, y porotro, que el sólo hecho de identificarse como indígena hace obligatorio para el Estadogarantizar el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos como miembro de unPueblo Indígena. El artículo 5 del Convenio 169 de la OIT, dispone que deben reconocerse y protegerselos valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propias de los PueblosIndígenas. Esto incluye el ejercicio de los mecanismos propios de administración dejusticia de los Pueblos Indígenas. En el mismo sentido, el artículo 5 de la Declaración delas Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce el derechode los Pueblos Indígenas a conservar sus instituciones jurídicas, sociales y culturales. El artículo 8.1 del Convenio 169 de la OIT establece que “[a]l aplicar la legislaciónnacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideraciónsus costumbres o su derecho consuetudinario”. El artículo 8.2 del mismo Convenioreconoce que “[d]ichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbrese instituciones propias, siempre que estas no sean incompatibles con los derechosfundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanosinternacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerseprocedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de esteprincipio”. Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos delos Pueblos Indígenas en el artículo 34, establece el derecho de los Pueblos Indígenasa promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sistemas jurídicosde conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. El artículo XXII.2de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece laobligación de reconocer y respetar los sistemas jurídicos indígenas en el orden jurídiconacional, regional e internacional; asimismo, en el artículo XXIII reconoce el derecho a laparticipación y aportes de los sistemas legales y organizativos indígenas. El artículo 9.1 del Convenio 169 de la OIT establece que “[e]n la medida en que ello seacompatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmentereconocidos, Página 399 de 600

deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurrentradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros”. Asimismo,en el artículo 9.2, dispone que “[l]as autoridades y los tribunales llamados a pronunciarsesobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos enla materia”. El artículo 1.1 de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas deDiscriminación Racial establece la definición de la discriminación racial en los términossiguientes, “(...) toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anularo menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de losderechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”. Este instrumento está destinado aprohibir expresamente la discriminación y establecer las medidas que deben adoptarsepara ello. El artículo 1.4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formasde Discriminación Racial dispone que “Las medidas especiales adoptadas con el finexclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o deciertas personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto degarantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanosy de las libertades fundamentales no se considerarán como medidas de discriminaciónracial, siempre que no conduzcan, como consecuencia, al mantenimiento de derechosdistintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantengan en vigor despuésde alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron”. El Convenio 169 de la OIT en elartículo 2, señala que “[l]os gobiernos deberán asumir la responsabilidad en desarrollar,con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática conmiras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”. El artículo 5.a) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formasde Discriminación Racial establece la obligación del Estado de prohibir y eliminar ladiscriminación racial en todas sus formas y garantizar el derecho de toda persona a laigualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmenteen el tratamiento en los tribunales y los demás órganos que administran justicia. iii. NORMATIVA NACIONAL APLICABLE AL ACCESO A LA JUSTICIA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS: A nivel constitucional existen varias normas que tienen relación con la obligación del Estado de garantizar el pleno acceso de los Pueblos Indígenas a la justicia. El artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, preceptúa que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. También reconoce que toda persona tiene el derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y resolverlas (artículo 28). Asimismo, en el artículo 29 constitucional garantiza el libre acceso de toda persona a los Página 400 de 600

tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos. Incorpora y garantiza los derechos inherentes a la persona humana aun cuando no figuren expresamente en ella (artículo 44), proclama que es pública la acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos (artículo 45). También establece que los tratados y convenciones de derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno (artículo 46), y dispone que Guatemala norma sus relaciones con otros Estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales relacionadas, entre otras materias, con el respeto y la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de los procesos democráticos (artículo 149). De manera específica, el respeto y garantía de los derechos de los Pueblos Indígenas se encuentra consagrado en los artículos 58 y 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establecen el derecho de las personas y las comunidades a su identidad cultural (artículo 58) y la obligación del Estado de reconocer, respetar y promover, las formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en mujeres y hombres, idiomas y dialectos (artículo 66), todo lo cual incluye las formas propias de administrar justicia de los Pueblos Indígenas. La Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Decreto 52-2005 del Congreso de la República, convierte en compromisos de Estado los Acuerdos de Paz, entre los cuales se encuentra el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. Ambos contienen aspectos relacionados con los derechos de los Pueblos Indígenas frente al sistema de justicia. El primer Acuerdo referido, reconoce que la normatividad tradicional de los Pueblos Indígenas es un elemento esencial para la regulación y cohesión social de la vida de las comunidades. Por su parte, el Código Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la República, en su artículo 8, dispone que son elementos básicos del municipio, entre otros, la autoridad ejercida por las Autoridades Indígenas propias de las comunidades y el derecho consuetudinario. La Ley de Idiomas Nacionales, Decreto 19-2003 del Congreso de la República, establece la obligación del Estado de facilitar el acceso a los servicios de salud, educación, justicia, seguridad, como sectores prioritarios, para los cuales la población deberá ser informada y atendida en el idioma propio de cada comunidad lingüística, sin menoscabo de la incorporación gradual de los demás servicios (artículo 15). 4. GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD a. LAS 100 REGLAS DE BRASILIA: La Cumbre Judicial Iberoamericana, dentro del marco de los trabajos de su XIV edición, ha considerado necesaria la elaboración de unas Reglas Básicas relativas al acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. De esta manera, se desarrollan los principios recogidos en la “Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano” (Cancún 2002), específicamente los que se incluyen en la parte titulada “Una justicia que protege a los más débiles” (apartados 23 a 34). En los Página 401 de 600

trabajos preparatorios de estas Reglas también han participado las principales redes iberoamericanas de operadores y servidores del sistema judicial: la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la Federación Iberoamericana de Ombudsman y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados. Sus aportaciones han enriquecido de forma indudable el contenido del presente documento. El sistema judicial se debe configurar, y se está configurando, como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho. Si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter general a todos los ámbitos de la política pública, es aún mayor cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad dado que éstas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio. Por ello, se deberá llevar a cabo una actuación más intensa para vencer, eliminar o mitigar dichas limitaciones. De esta manera, el propio sistema de justicia puede contribuir de forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión social. Las presentes Reglas no se limitan a establecer unas bases de reflexión sobre los problemas del acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sino que también recogen recomendaciones para los órganos públicos y para quienes prestan sus servicios en el sistema judicial. No solamente se refieren a la promoción de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de estas personas, sino también al trabajo cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento. CAPÍTULO I: PRELIMINAR Sección 1ª.- Finalidad (1) Las presentes Reglas tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial. (2) Se recomienda la elaboración, aprobación, implementación y fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Los servidores y operadores del sistema de justicia otorgarán a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares. Asimismo se recomienda priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de varias causas o por la gran incidencia de una de ellas. Sección 2ª.- Beneficiarios de las Reglas 1.- Concepto de las personas en situación de vulnerabilidad (3) Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. (4) Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la Página 402 de 600

edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico. 2.- Edad (5) Se considera niño, niña y adolescente a toda persona menor de dieciocho años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad en virtud de la legislación nacional aplicable. Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo. (6) El envejecimiento también puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando la persona adulta mayor encuentre especiales dificultades, atendiendo a sus capacidades funcionales, para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia. 3.- Discapacidad (7) Se entiende por discapacidad la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. (8) Se procurará establecer las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de justicia, incluyendo aquellas medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen su seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación. 4.- Pertenencia a comunidades indígenas (9) Las personas integrantes de las comunidades indígenas pueden encontrarse en condición de vulnerabilidad cuando ejercitan sus derechos ante el sistema de justicia estatal. Se promoverán las condiciones destinadas a posibilitar que las personas y los pueblos indígenas puedan ejercitar con plenitud tales derechos ante dicho sistema de justicia, sin discriminación alguna que pueda fundarse en su origen o identidad indígenas. Los poderes judiciales asegurarán que el trato que reciban por parte de los órganos de la administración de justicia estatal sea respetuoso con su dignidad, lengua y tradiciones culturales. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 48 sobre las formas de resolución de conflictos propios de los pueblos indígenas, propiciando su armonización con el sistema de administración de justicia estatal. 5.- Victimización (10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda persona física que ha sufrido un daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico. El término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima directa. (11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, Página 403 de 600

los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte violenta. (12) Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria). Asimismo se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria). Y se procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas que corran riesgo de intimidación, de represalias o de victimización reiterada o repetida (una misma persona es víctima de más de una infracción penal durante un periodo de tiempo). También podrá resultar necesario otorgar una protección particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará una especial atención en los casos de violencia intrafamiliar, así como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la comisión del delito. 6.Migración y desplazamiento interno (13) El desplazamiento de una persona fuera del territorio del Estado de su nacionalidad puede constituir una causa de vulnerabilidad, especialmente en los supuestos de los trabajadores migratorios y sus familiares. Se considera trabajador migratorio toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional. Asimismo se reconocerá una protección especial a los beneficiarios del estatuto de refugiado conforme a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, así como a los solicitantes de asilo. (14) También pueden encontrarse en condición de vulnerabilidad los desplazados internos, entendidos como personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. 7.- Pobreza (15) La pobreza constituye una causa de exclusión social, tanto en el plano económico como en los planos social y cultural, y supone un serio obstáculo para el acceso a la justicia especialmente en aquellas personas en las que también concurre alguna otra causa de vulnerabilidad. (16) Se promoverá la cultura o alfabetización jurídica de las personas en situación de pobreza, así como las condiciones para mejorar su efectivo acceso al sistema de justicia. 8.- Género (17) La discriminación que la mujer sufre en determinados ámbitos supone un obstáculo para el acceso a la justicia, que se ve agravado en aquellos casos en los que concurra alguna otra causa de vulnerabilidad. (18) Se entiende por discriminación contra la mujer toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. (19) Se considera violencia contra la Página 404 de 600

mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, mediante el empleo de la violencia física o psíquica. (20) Se impulsarán las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en el acceso al sistema de justicia para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando la igualdad efectiva de condiciones. Se prestará una especial atención en los supuestos de violencia contra la mujer, estableciendo mecanismos eficaces destinados a la protección de sus bienes jurídicos, al acceso a los procesos judiciales y a su tramitación ágil y oportuna. 9.- Pertenencia a minorías (21) Puede constituir una causa de vulnerabilidad la pertenencia de una persona a una minoría nacional o étnica, religiosa y lingüística, debiéndose respetar su dignidad cuando tenga contacto con el sistema de justicia. 10.- Privación de libertad (22) La privación de la libertad, ordenada por autoridad pública competente, puede generar dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia el resto de derechos de los que es titular la persona privada de libertad, especialmente cuando concurre alguna causa de vulnerabilidad enumerada en los apartados anteriores. (23) A efectos de estas Reglas, se considera privación de libertad la que ha sido ordenada por autoridad pública, ya sea por motivo de la investigación de un delito, por el cumplimiento de una condena penal, por enfermedad mental o por cualquier otro motivo. Sección 3ª.- Destinatarios: actores del sistema de justicia (24) Serán destinatarios del contenido de las presentes Reglas: a) Los responsables del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas dentro del sistema judicial; b) Los Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Procuradores y demás servidores que laboren en el sistema de Administración de Justicia de conformidad con la legislación interna de cada país; c) Los Abogados y otros profesionales del Derecho, así como los Colegios y Agrupaciones de Abogados; d) Las personas que desempeñan sus funciones en las instituciones de Ombudsman. e) Policías y servicios penitenciarios. f) Y, con carácter general, todos los operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento. CAPÍTULO II: EFECTIVO ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS El presente Capítulo es aplicable a aquellas personas en condición de vulnerabilidad que han de acceder o han accedido a la justicia, como parte del proceso, para la defensa de sus derechos. (25) Se promoverán las condiciones necesarias para que la tutela judicial de los derechos reconocidos por el ordenamiento sea efectiva, adoptando aquellas medidas que mejor se adapten a cada condición de vulnerabilidad. Sección 1ª.- Cultura jurídica (26) Se promoverán actuaciones destinadas a proporcionar información básica sobre sus derechos, así como los procedimientos y requisitos para garantizar un efectivo acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. (27) Se incentivará la participación de funcionarios y operadores del sistema de justicia en la labor de diseño, divulgación y capacitación de una cultura cívica jurídica, en especial de aquellas personas que colaboran con la administración de justicia en zonas rurales y en áreas desfavorecidas de las grandes Página 405 de 600

ciudades. Sección 2ª.- Asistencia legal y defensa pública 1.Promoción de la asistencia técnico jurídica a la persona en condición de vulnerabilidad (28) Se constata la relevancia del asesoramiento técnico-jurídico para la efectividad de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad: En el ámbito de la asistencia legal, es decir, la consulta jurídica sobre toda cuestión susceptible de afectar a los derechos o intereses legítimos de la persona en condición de vulnerabilidad, incluso cuando aún no se ha iniciado un proceso judicial; En el ámbito de la defensa, para defender derechos en el proceso ante todas las jurisdicciones y en todas las instancias judiciales; Y en materia de asistencia letrada al detenido. (29) Se destaca la conveniencia de promover la política pública destinada a garantizar la asistencia técnico-jurídica de la persona vulnerable para la defensa de sus derechos en todos los órdenes jurisdiccionales: ya sea a través de la ampliación de funciones de la Defensoría Pública, no solamente en el orden penal sino también en otros órdenes jurisdiccionales; ya sea a través de la creación de mecanismos de asistencia letrada: consultorías jurídicas con la participación de las universidades, casas de justicia, intervención de colegios o barras de abogados… Todo ello sin perjuicio de la revisión de los procedimientos y los requisitos procesales como forma de facilitar el acceso a la justicia, a la que se refiere la Sección 4ª del presente Capítulo. 2.- Asistencia de calidad, especializada y gratuita (30) Se resalta la necesidad de garantizar una asistencia técnico-jurídica de calidad y especializada. A tal fin, se promoverán instrumentos destinados al control de la calidad de la asistencia. (31) Se promoverán acciones destinadas a garantizar la gratuidad de la asistencia técnico-jurídica de calidad a aquellas personas que se encuentran en la imposibilidad de afrontar los gastos con sus propios recursos y condiciones. Sección 3ª.Derecho a intérprete (32) Se garantizará el uso de intérprete cuando el extranjero que no conozca la lengua o lenguas oficiales ni, en su caso, la lengua oficial propia de la comunidad, hubiese de ser interrogado o prestar alguna declaración, o cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución. Sección 4ª.- Revisión de los procedimientos y los requisitos procesales como forma de facilitar el acceso a la justicia (33) Se revisarán las reglas de procedimiento para facilitar el acceso de las personas en condición de vulnerabilidad, adoptando aquellas medidas de organización y de gestión judicial que resulten conducentes a tal fin. 1.- Medidas procesales Dentro de esta categoría se incluyen aquellas actuaciones que afectan a la regulación del procedimiento, tanto en lo relativo a su tramitación, como en relación con los requisitos exigidos para la práctica de los actos procesales. (34) Requisitos de acceso al proceso y legitimación Se propiciarán medidas para la simplificación y divulgación de los requisitos exigidos por el ordenamiento para la práctica de determinados actos, a fin de favorecer el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, y sin perjuicio de la participación de otras instancias que puedan coadyuvar en el ejercicio de acciones en defensa de los derechos de estas personas. (35) Oralidad Se promoverá la oralidad para mejorar las condiciones de celebración de las actuaciones judiciales contempladas en el Capítulo III de las Página 406 de 600

presentes Reglas, y favorecer una mayor agilidad en la tramitación del proceso, disminuyendo los efectos del retraso de la resolución judicial sobre la situación de las personas en condición de vulnerabilidad. (36) Formularios Se promoverá la elaboración de formularios de fácil manejo para el ejercicio de determinadas acciones, estableciendo las condiciones para que los mismos sean accesibles y gratuitos para las personas usuarias, especialmente en aquellos supuestos en los que no sea preceptiva la asistencia letrada. (37) Anticipo jurisdiccional de la prueba. Se recomienda la adaptación de los procedimientos para permitir la práctica anticipada de la prueba en la que participe la persona en condición de vulnerabilidad, para evitar la reiteración de declaraciones, e incluso la práctica de la prueba antes del agravamiento de la discapacidad o de la enfermedad. A estos efectos, puede resultar necesaria la grabación en soporte audiovisual del acto procesal en el que participe la persona en condición de vulnerabilidad, de tal manera que pueda reproducirse en las sucesivas instancias judiciales. 2.- Medidas de organización y gestión judicial Dentro de esta categoría cabe incluir aquellas políticas y medidas que afecten a la organización y modelos de gestión de los órganos del sistema judicial, de tal manera que la propia forma de organización del sistema de justicia facilite el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Estas políticas y medidas podrán resultar de aplicación tanto a jueces profesionales como a jueces no profesionales. (38) Agilidad y prioridad Se adoptarán las medidas necesarias para evitar retrasos en la tramitación de las causas, garantizando la pronta resolución judicial, así como una ejecución rápida de lo resuelto. Cuando las circunstancias de la situación de vulnerabilidad lo aconsejen, se otorgará prioridad en la atención, resolución y ejecución del caso por parte de los órganos del sistema de justicia. (39) Coordinación Se establecerán mecanismos de coordinación intrainstitucionales e interinstitucionales, orgánicos y funcionales, destinados a gestionar las interdependencias de las actuaciones de los diferentes órganos y entidades, tanto públicas como privadas, que forman parte o participan en el sistema de justicia. (40) Especialización Se adoptarán medidas destinadas a la especialización de los profesionales, operadores y servidores del sistema judicial para la atención de las personas en condición de vulnerabilidad. En las materias en que se requiera, es conveniente la atribución de los asuntos a órganos especializados del sistema judicial. (41) Actuación interdisciplinaria Se destaca la importancia de la actuación de equipos multidisciplinarios, conformados por profesionales de las distintas áreas, para mejorar la respuesta del sistema judicial ante la demanda de justicia de una persona en condición de vulnerabilidad. (42) Proximidad Se promoverá la adopción de medidas de acercamiento de los servicios del sistema de justicia a aquellos grupos de población que, debido a las circunstancias propias de su situación de vulnerabilidad, se encuentran en lugares geográficamente lejanos o con especiales dificultades de comunicación. Sección 5ª.- Medios alternativos de resolución de conflictos 1.- Formas alternativas y personas en condición de vulnerabilidad (43) Se impulsarán las formas alternativas de resolución de conflictos en aquellos supuestos en los Página 407 de 600

que resulte apropiado, tanto antes del inicio del proceso como durante la tramitación del mismo. La mediación, la conciliación, el arbitraje y otros medios que no impliquen la resolución del conflicto por un tribunal, pueden contribuir a mejorar las condiciones de acceso a la justicia de determinados grupos de personas en condición de vulnerabilidad, así como a descongestionar el funcionamiento de los servicios formales de justicia. (44) En todo caso, antes de iniciar la utilización de una forma alternativa en un conflicto concreto, se tomarán en consideración las circunstancias particulares de cada una de las personas afectadas, especialmente si se encuentran en alguna de las condiciones o situaciones de vulnerabilidad contempladas en estas Reglas. Se fomentará la capacitación de los mediadores, árbitros y otras personas que intervengan en la resolución del conflicto. 2.- Difusión e información (45) Se deberá promover la difusión de la existencia y características de estos medios entre los grupos de población que resulten sus potenciales usuarios cuando la ley permita su utilización. (46) Cualquier persona vulnerable que participe en la resolución de un conflicto mediante cualquiera de estos medios deberá ser informada, con carácter previo, sobre su contenido, forma y efectos. Dicha información se suministrará de conformidad con lo dispuesto por la Sección 1ª del Capítulo III de las presentes reglas. 3.- Participación de las personas en condición de vulnerabilidad en la Resolución Alternativa de Conflictos (47) Se promoverá la adopción de medidas específicas que permitan la participación de las personas en condición de vulnerabilidad en el mecanismo elegido de Resolución Alternativa de Conflictos, tales como la asistencia de profesionales, participación de intérpretes, o la intervención de la autoridad parental para los menores de edad cuando sea necesaria. La actividad de Resolución Alternativa de Conflictos debe llevarse a cabo en un ambiente seguro y adecuado a las circunstancias de las personas que participen. Sección 6ª.Sistema de resolución de conflictos dentro de las comunidades indígenas (48) Con fundamento en los instrumentos internacionales en la materia, resulta conveniente estimular las formas propias de justicia en la resolución de conflictos surgidos en el ámbito de la comunidad indígena, así como propiciar la armonización de los sistemas de administración de justicia estatal e indígena basada en el principio de respeto mutuo y de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. (49) Además serán de aplicación las restantes medidas previstas en estas Reglas en aquellos supuestos de resolución de conflictos fuera de la comunidad indígena por parte del sistema de administración de justicia estatal, donde resulta asimismo conveniente abordar los temas relativos al peritaje cultural y al derecho a expresarse en el propio idioma. CAPÍTULO III: CELEBRACIÓN DE ACTOS JUDICIALES El contenido del presente Capítulo resulta de aplicación a cualquier persona en condición de vulnerabilidad que participe en un acto judicial, ya sea como parte o en cualquier otra condición. (50) Se velará para que en toda intervención en un acto judicial se respete la dignidad de la persona en condición de vulnerabilidad, otorgándole un trato específico adecuado a las circunstancias propias de su situación. Sección 1ª.- Información Página 408 de 600

procesal o jurisdiccional (51) Se promoverán las condiciones destinadas a garantizar que la persona en condición de vulnerabilidad sea debidamente informada sobre los aspectos relevantes de su intervención en el proceso judicial, en forma adaptada a las circunstancias determinantes de su vulnerabilidad. 1.- Contenido de la información (52) Cuando la persona vulnerable participe en una actuación judicial, en cualquier condición, será informada sobre los siguientes extremos: La naturaleza de la actuación judicial en la que va a participar Su papel dentro de dicha actuación El tipo de apoyo que puede recibir en relación con la concreta actuación, así como la información de qué organismo o institución puede prestarlo (53) Cuando sea parte en el proceso, o pueda llegar a serlo, tendrá derecho a recibir aquella información que resulte pertinente para la protección de sus intereses. Dicha información deberá incluir al menos: El tipo de apoyo o asistencia que puede recibir en el marco de las actuaciones judiciales Los derechos que puede ejercitar en el seno del proceso La forma y condiciones en las que puede acceder a asesoramiento jurídico o a la asistencia técnicojurídica gratuita en los casos en los que esta posibilidad sea contemplada por el ordenamiento existente El tipo de servicios u organizaciones a las que puede dirigirse para recibir apoyo 2.Tiempo de la información (54) Se deberá prestar la información desde el inicio del proceso y durante toda su tramitación, incluso desde el primer contacto con las autoridades policiales cuando se trate de un procedimiento penal. 3.- Forma o medios para el suministro de la información (55) La información se prestará de acuerdo a las circunstancias determinantes de la condición de vulnerabilidad, y de manera tal que se garantice que llegue a conocimiento de la persona destinataria. Se resalta la utilidad de crear o desarrollar oficinas de información u otras entidades creadas al efecto. Asimismo resultan destacables las ventajas derivadas de la utilización de las nuevas tecnologías para posibilitar la adaptación a la concreta situación de vulnerabilidad. 4.Disposiciones específicas relativas a la víctima (56) Se promoverá que las víctimas reciban información sobre los siguientes elementos del proceso jurisdiccional: Posibilidades de obtener la reparación del daño sufrido Lugar y modo en que pueden presentar una denuncia o escrito en el que ejercite una acción Curso dado a su denuncia o escrito Fases relevantes del desarrollo del proceso Resoluciones que dicte el órgano judicial (57) Cuando exista riesgo para los bienes jurídicos de la víctima, se procurará informarle de todas las decisiones judiciales que puedan afectar a su seguridad y, en todo caso, de aquéllas que se refieran a la puesta en libertad de la persona inculpada o condenada, especialmente en los supuestos de violencia intrafamiliar. Sección 2ª.- Comprensión de actuaciones judiciales (58) Se adoptarán las medidas necesarias para reducir las dificultades de comunicación que afecten a la comprensión del acto judicial en el que participe una persona en condición de vulnerabilidad, garantizando que ésta pueda comprender su alcance y significado. 1.- Notificaciones y requerimientos (59) En las notificaciones y requerimientos, se usarán términos y estructuras gramaticales simples y Página 409 de 600

comprensibles, que respondan a las necesidades particulares de las personas en condición de vulnerabilidad incluidas en estas Reglas. Asimismo, se evitarán expresiones o elementos intimidatorios, sin perjuicio de las ocasiones en que resulte necesario el uso de expresiones conminatorias. 2.- Contenido de las resoluciones judiciales (60) En las resoluciones judiciales se emplearán términos y construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico. 3.- Comprensión de actuaciones orales (61) Se fomentarán los mecanismos necesarios para que la persona en condición de vulnerabilidad comprenda los juicios, vistas, comparecencias y otras actuaciones judiciales orales en las que participe, teniéndose presente el contenido del apartado 3 de la Sección 3ª del presente Capítulo, Sección 3ª.- Comparecencia en dependencias judiciales (62) Se velará para que la comparecencia en actos judiciales de una persona en condición de vulnerabilidad se realice de manera adecuada a las circunstancias propias de dicha condición. 1.- Información sobre la comparecencia (63) Con carácter previo al acto judicial, se procurará proporcionar a la persona en condición de vulnerabilidad información directamente relacionada con la forma de celebración y contenido de la comparecencia, ya sea sobre la descripción de la sala y de las personas que van a participar, ya sea destinada a la familiarización con los términos y conceptos legales, así como otros datos relevantes al efecto. 2.- Asistencia (64) Previa a la celebración del acto Se procurará la prestación de asistencia por personal especializado (profesionales en Psicología, Trabajo Social, intérpretes, traductores u otros que se consideren necesarios) destinada a afrontar las preocupaciones y temores ligados a la celebración de la vista judicial. (65) Durante el acto judicial Cuando la concreta situación de vulnerabilidad lo aconseje, la declaración y demás actos procesales se llevarán a cabo con la presencia de un profesional, cuya función será la de contribuir a garantizar los derechos de la persona en condición de vulnerabilidad. También puede resultar conveniente la presencia en el acto de una persona que se configure como referente emocional de quien se encuentra en condición de vulnerabilidad. 3.- Condiciones de la comparecencia Lugar de la comparecencia (66) Resulta conveniente que la comparecencia tenga lugar en un entorno cómodo, accesible, seguro y tranquilo. (67) Para mitigar o evitar la tensión y angustia emocional, se procurará evitar en lo posible la coincidencia en dependencias judiciales de la víctima con el inculpado del delito; así como la confrontación de ambos durante la celebración de actos judiciales, procurando la protección visual de la víctima. Tiempo de la comparecencia (68) Se procurará que la persona vulnerable espere el menor tiempo posible para la celebración del acto judicial. Los actos judiciales deben celebrarse puntualmente. Cuando esté justificado por las razones concurrentes, podrá otorgarse preferencia o prelación a la celebración del acto judicial en el que participe la persona en condición de vulnerabilidad. (69) Es aconsejable evitar comparecencias innecesarias, de tal manera que solamente deberán comparecer cuando resulte estrictamente necesario conforme a la normativa jurídica. Se procurará asimismo la Página 410 de 600

concentración en el mismo día de la práctica de las diversas actuaciones en las que deba participar la misma persona. (70) Se recomienda analizar la posibilidad de preconstituir la prueba o anticipo jurisdiccional de la prueba, cuando sea posible de conformidad con el Derecho aplicable. (71) En determinadas ocasiones podrá procederse a la grabación en soporte audiovisual del acto, cuando ello pueda evitar que se repita su celebración en sucesivas instancias judiciales. Forma de la comparecencia (72) Se procurará adaptar el lenguaje utilizado a las condiciones de la persona en condición de vulnerabilidad, tales como la edad, el grado de madurez, el nivel educativo, la capacidad intelectiva, el grado de discapacidad o las condiciones socioculturales. Se debe procurar formular preguntas claras, con una estructura sencilla (73) Quienes participen en el acto de comparecencia deben evitar emitir juicios o críticas sobre el comportamiento de la persona, especialmente en los casos de víctimas del delito. (74) Cuando sea necesario se protegerá a la persona en condición de vulnerabilidad de las consecuencias de prestar declaración en audiencia pública, podrá plantearse la posibilidad de que su participación en el acto judicial se lleve a cabo en condiciones que permitan alcanzar dicho objetivo, incluso excluyendo su presencia física en el lugar del juicio o de la vista, siempre que resulte compatible con el Derecho del país. A tal efecto, puede resultar de utilidad el uso del sistema de videoconferencia o del circuito cerrado de televisión. 4.- Seguridad de las víctimas en condición de vulnerabilidad (75) Se recomienda adoptar las medidas necesarias para garantizar una protección efectiva de los bienes jurídicos de las personas en condición de vulnerabilidad que intervengan en el proceso judicial en calidad de víctimas o testigos; así como garantizar que la víctima sea oída en aquellos procesos penales en los que estén en juego sus intereses. (76) Se prestará especial atención en aquellos supuestos en los que la persona está sometida a un peligro de victimización reiterada o repetida, tales como víctimas amenazadas en los casos de delincuencia organizada, menores víctimas de abuso sexual o malos tratos, y mujeres víctimas de violencia dentro de la familia o de la pareja. 5.- Accesibilidad de las personas con discapacidad (77) Se facilitará la accesibilidad de las personas con discapacidad a la celebración del acto judicial en el que deban intervenir, y se promoverá en particular la reducción de barreras arquitectónicas, facilitando tanto el acceso como la estancia en los edificios judiciales. 6.- Participación de niños, niñas y adolescentes en actos judiciales (78) En los actos judiciales en los que participen menores se debe tener en cuenta su edad y desarrollo integral, y en todo caso: Se deberán celebrar en una sala adecuada. Se deberá facilitar la comprensión, utilizando un lenguaje sencillo. Se deberán evitar todos los formalismos innecesarios, tales como la toga, la distancia física con el tribunal y otros similares. 7.Integrantes de comunidades indígenas (79) En la celebración de los actos judiciales se respetará la dignidad, las costumbres y las tradiciones culturales de las personas integrantes de comunidades indígenas, conforme a la legislación interna de cada país. Sección 4ª.- Protección de la intimidad 1.- Reserva de las actuaciones judiciales (80) Cuando el respeto de los derechos de la persona en Página 411 de 600

condición de vulnerabilidad lo aconseje, podrá plantearse la posibilidad de que las actuaciones jurisdiccionales orales y escritas no sean públicas, de tal manera que solamente puedan acceder a su contenido las personas involucradas. 2.- Imagen (81) Puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en fotografía o en vídeo, en aquellos supuestos en los que pueda afectar de forma grave a la dignidad, a la situación emocional o a la seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad. (82) En todo caso, no debe estar permitida la toma y difusión de imágenes en relación con los niños, niñas y adolescentes, por cuanto afecta de forma decisiva a su desarrollo como persona. 3.- Protección de datos personales (83) En las situaciones de especial vulnerabilidad, se velará para evitar toda publicidad no deseada de los datos de carácter personal de los sujetos en condición de vulnerabilidad. (84) Se prestará una especial atención en aquellos supuestos en los cuales los datos se encuentran en soporte digital o en otros soportes que permitan su tratamiento automatizado. CAPÍTULO IV: EFICACIA DE LAS REGLAS Este Capítulo contempla expresamente una serie de medidas destinadas a fomentar la efectividad de las Reglas, de tal manera que contribuyan de manera eficaz a la mejora de las condiciones de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. 1.- Principio general de colaboración (85) La eficacia de las presentes Reglas está directamente ligada al grado de colaboración entre sus destinatarios, tal y como vienen definidos en la Sección 3ª del Capítulo I. La determinación de los órganos y entidades llamadas a colaborar depende de las circunstancias propias de cada país, por lo que los principales impulsores de las políticas públicas deben poner un especial cuidado tanto para identificarlos y recabar su participación, como para mantener su colaboración durante todo el proceso. (86) Se propiciará la implementación de una instancia permanente en la que puedan participar los diferentes actores a los que se refiere el apartado anterior, y que podrá establecerse de forma sectorial. (87) Se destaca la importancia de que el Poder Judicial colabore con los otros Poderes del Estado en la mejora del acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. (88) Se promoverá la participación de las autoridades federales y centrales, de las entidades de gobierno autonómico y regional, así como de las entidades estatales en los estados federales, dado que frecuentemente el ámbito de sus competencias se encuentra más próximo a la gestión directa de la protección social de las personas más desfavorecidas. (89) Cada país considerará la conveniencia de propiciar la participación de las entidades de la sociedad civil por su relevante papel en la cohesión social, y por su estrecha relación e implicación con los grupos de personas más desfavorecidas de la sociedad. 2.- Cooperación internacional (90) Se promoverá la creación de espacios que permitan el intercambio de experiencias en esta materia entre los distintos países, analizando las causas del éxito o del fracaso en cada una de ellas o, incluso, fijando buenas prácticas. Estos espacios de participación pueden ser sectoriales. En estos espacios podrán participar representantes de las instancias permanentes que puedan crearse en cada uno de los Estados. (91) Página 412 de 600

Se insta a las Organizaciones Internacionales y Agencias de Cooperación para que: Continúen brindando su asistencia técnica y económica en el fortalecimiento y mejora del acceso a la justicia. Tengan en cuenta el contenido de estas Reglas en sus actividades, y lo incorporen, de forma transversal, en los distintos programas y proyectos de modernización del sistema judicial en que participen. Impulsen y colaboren en el desarrollo de los mencionados espacios de participación. 3.- Investigación y estudios (92) Se promoverá la realización de estudios e investigaciones en esta materia, en colaboración con instituciones académicas y universitarias. 4.- Sensibilización y formación de profesionales (93) Se desarrollarán actividades que promuevan una cultura organizacional orientada a la adecuada atención de las personas en condición de vulnerabilidad a partir de los contenidos de las presentes Reglas. (94) Se adoptarán iniciativas destinadas a suministrar una adecuada formación a todas aquellas personas del sistema judicial que, con motivo de su intervención en el proceso, tienen un contacto con las personas en condición de vulnerabilidad. Se considera necesario integrar el contenido de estas Reglas en los distintos programas de formación y actualización dirigidos a las personas que trabajan en el sistema judicial. 5.- Nuevas tecnologías (95) Se procurará el aprovechamiento de las posibilidades que ofrezca el progreso técnico para mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. 6.- Manuales de buenas prácticas sectoriales (96) Se elaborarán instrumentos que recojan las mejores prácticas en cada uno de los sectores de vulnerabilidad, y que puedan desarrollar el contenido de las presentes Reglas adaptándolo a las circunstancias propias de cada grupo. (97) Asimismo se elaborará un catálogo de instrumentos internacionales referidos a cada uno de los sectores o grupos mencionados anteriormente. 7.- Difusión (98) Se promoverá la difusión de estas Reglas entre los diferentes destinatarios de las mismas definidos en la Sección 3ª del Capítulo I. (99) Se fomentarán actividades con los medios de comunicación para contribuir a configurar actitudes en relación con el contenido de las presentes Reglas. 8.- Comisión de seguimiento (100) Se constituirá una Comisión de Seguimiento con las siguientes finalidades: Elevar a cada Plenario de la Cumbre un informe sobre la aplicación de las presentes Reglas. Proponer un Plan Marco de Actividades, a efectos de garantizar el seguimiento a las tareas de implementación del contenido de las presentes reglas en cada país. A través de los órganos correspondientes de la Cumbre, promover ante los organismos internacionales hemisféricos y regionales, así como ante las Cumbres de Presidentes y Jefes de Estado de Iberoamérica, la definición, elaboración, adopción y fortalecimiento de políticas públicas que promuevan el mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia por parte de las personas en condición de vulnerabilidad. Proponer modificaciones y actualizaciones al contenido de estas Reglas. La Comisión estará compuesta por cinco miembros designados por la Cumbre Judicial Iberoamericana. En la misma podrán integrarse representantes de las otras Redes Iberoamericanas del sistema judicial que asuman las

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presentes Reglas. En todo caso, la Comisión tendrá un número máximo de nueve miembros. b. ATENCION A ADULTOS MAYORES VICTIMAS DE DELITO: Artículo 51 constitucional: El Estado protegerá la salud física, mental y moral (…) y de los ancianos. Les garantizará su derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social. En el contexto cultural guatemalteco, las perso¬nas adultas mayores ocupan un lugar importan¬te en la sociedad, de ahí que se deban tomar todas las medidas apropiadas para que todas las personas en esta etapa de la vida tengan me¬jores condiciones de vida. Este es el sentido de la protección a la que hace referencia el artículo 51 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Según la Procuraduría de Derechos Humanos, Los adultos mayores en Guatemala son las personas que se encuentran arriba de los 60 años y, por las propias condiciones de la matriz social del país, se les incluye dentro de las20 poblaciones denominadas vulnerables, por el hecho de que se encuentran expues¬tos, por edad, condición laboral y situación familiar, a diferentes presiones y afecciones, como la falta o baja significativa en sus Ingresos, problemas recurrentes de salud e incluso abandono familiar. Son personas que tienen un alto grado de marginalidad, exclusión y vulnerabilidad de manera que necesitan del apoyo del Estado, la sociedad y sus familias. Así lo es¬tablece el artículo 15 de la Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad. Esta norma señala que, en caso de maltrato, ofensas, humillaciones o lesiones, las y los ancianos, tienen derecho a solicitar protección prioritaria ante las autoridades competentes. En el ámbito internacional se reconoce que las personas adultas mayores tienen, entre otros, los derechos siguientes: a. Acceso a servicios jurídicos que les aseguren mayores niveles de autono¬mía, protección y cuidado. b. Acceso a medios apropiados de atención institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno humano y seguro. c. Disfrutar de sus derechos humanos y su libertad, es fundamental cuando re¬sidan en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamien¬to, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad. d. Adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida. e. Vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotación y de malos tratos físicos o mentales. f. Recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo, raza o pro¬cedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas independientemente de su contribución económica. En el marco de la atención integral a víctimas del delito, el Personal del Ministerio Público deberá tomar en especial consideración a las y los adultos mayores que se encuentren en situación de abandono, y garantizar la atención geriátrica de urgencia en los servicios de Trabajo Social, Psicología y Medicina. Adulto mayor, adulto en plenitud, tercera edad, personas de edad, personas adultas mayores, senectos y ancianos; son vocablos que se refieren a los mismo; a toda persona de 60 años o más de cualquier sexo, raza, religión, color, que por sus condiciones están dentro de los grupos vulnerables de la sociedad. La Organización de las Naciones en la Segunda Asamblea Página 414 de 600

Mundial sobre Envejecimiento las nombró como las personas de edad o personas mayores. Una política pública responsable debe estar basada en la defensa de los Derechos Humanos y exige prestar especial atención a este sector de la población. Ignorar las demandas y necesidades de los Mayores cercena las posibilidades de las generaciones futuras. El derecho a ser incluido, a participar y a contribuir, debe estar garantizado por la sociedad a todos sus miembros por igual, sin tener en cuenta la edad. La edad no puede ni debe ser una barrera para participar, enseñar, aprender, comunicarse, enamorarse, trabajar, elegir, ser independiente, elegir el domicilio, desarrollar su vocación, o defender su Dignidad. Los Estados deben responsablemente promover una imagen positiva de la vejez: ello significa reconocer que esta edad es una etapa normal del desarrollo de la vida, en la que la mujer y el hombre se adaptan mediante acciones que previenen, corrigen o atenúan los cambios producidos por la declinación de sus potencialidades, y se integra con los otros grupos de la población evitando las segregaciones y discriminaciones que lo marginan y destruyen. DERECHOS: TENER UNA VIDA DIGNA Y PLENA: Ello implica ser respetados en sus libertades fundamentales, su dignidad, creencias, intereses, necesidades e intimidad, así como adoptar decisiones sobre su cuidado y calidad de vida. NO SER DISCRIMINADOS: Tienen derecho a recibir un trato digno y a ejercer sus Derechos, independientemente de la edad, el sexo, la procedencia étnica, la capacidad, la situación económica u otras condiciones. NO RECIBIR MALOS TRATOS FÍSICOS O MENTALES, Y A TENER UNA VIDA LIBRE DE EXPLOTACIÓN: Todo tipo de maltrato es una violación a los Derechos Humanos. ENVEJECER EN SU CASA Y EN FAMILIA: Tienen derecho a residir en su propio domicilio todo el tiempo que sea posible, elegir su residencia y decidir cómo y con quiénes vivir. El domicilio es uno de los atributos de una persona física o jurídica; por lo cual toda variación del mismo debe ser en principio voluntaria. ACCEDER A INFORMACIÓN, A SER ESCUCHADOS Y EXPRESARSE LIBREMENTE: Ello implica que tienen derecho a la libertad de opinión y expresión, a investigar y a recibir informaciones, acceder a las nuevas tecnologías y difundirlas sin limitación de fronteras por todos los medios. ACCEDER A UNA SALUD DE CALIDAD: Ello quiere decir que puedan disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental a partir de la aplicación de políticas que aseguren una prevención, promoción, educación y tratamiento; para lo cual es imprescindible la formación y capacitación de los recursos humanos. PARTICIPAR EN LA TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LA SOCIEDAD: Tienen derecho a ser parte de la formulación y aplicación de las políticas públicas, especialmente aquellas que afectan directamente a su bienestar Bio-Psico-Socio-Cultural. APRENDER A DESARROLLAR SU POTENCIAL: Ello incluye el acceso a programas educativos y de capacitación adecuados a lo largo de toda su vida, a fin de lograr el pleno desarrollo de su personalidad, su potencial creador y el fortalecimiento del respeto a los Derechos Humanos y libertades fundamentales. REVALORIZAR LOS VÍNCULOS INTERGENERACIONALES: Esto significa que tienen Página 415 de 600

derecho a ejercer la responsabilidad en la transmisión de experiencias, valores y cultura a las generaciones más jóvenes, en especial, niños, niñas y adolescentes. DESARROLLARSE CIENTÍFICA Y CULTURALMENTE: Es decir, a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar del arte en todas sus manifestaciones y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Cuando una Sociedad valora una etapa de la Vida -la vejez- está valorizando a todas. Es el camino más eficiente para la construcción de una "sociedad para todas las edades", incluyente e integradora. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES: Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento: Este Plan fue adoptado por la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en Viena del 26 de julio al 6 de agosto de 1982. Tuvo como objetivo principal generar un plan de acción internacional específico sobre el envejecimiento, que debía ser aplicado a nivel mundial, por lo que cada país tiene el derecho y la responsabilidad de formular leyes que obedezcan a necesidades y objetivos nacionales concretos, para atender los problemas de población en proceso de envejecimiento. Dentro de las recomendaciones que se formularon se pueden mencionar las siguientes: a) Crear y aplicar políticas a los niveles internacional, regional y nacional para realizar la vida de las personas de edad como individuos, a fin de que, espiritual y físicamente, disfruten plena y libremente de sus años avanzados en paz, salud y seguridad; b) Estudiar las consecuencias del envejecimiento de la población sobre el desarrollo y las del desarrollo sobre las personas de edad; c) Reafirmar solemnemente su convicción que los derechos fundamentales e inalienables consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos se aplican plena e íntegramente a las personas de edad; d) Reconocer solemnemente que la calidad de la vida no es menos importante que la longevidad y que, por consiguiente, las personas de edad deben, en la medida de lo posible, disfrutar en el seno de sus propias familias y comunidades de una vida plena, saludable, segura y satisfactoria y ser estimadas como parte íntegramente de la sociedad. Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento Madrid: Fue creado en la Segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento la cual se llevó a cabo en Madrid del 8 al 12 de abril de 2002. Este Plan de Acción prestó especial atención a los países en desarrollo, a diferencia del Plan de Acción de Viena que se enfocó en los países desarrollados. Se centró en temas como garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores, así como de sus derechos civiles y políticos y la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas de la tercera edad. Ley de Protección a las Personas de la Tercer Edad (Decreto Legislativo 80-96 y sus Reformas 2-97 y 51-98): El objeto de la ley, según lo prescribe el artículo 1, es tutelar los intereses de las personas de la tercera edad buscando que el Estado garantice y promueva el derecho de los ancianos a un nivel de vida adecuado en condiciones que les ofrezcan educación, alimentación, vivienda, vestuario, asistencia médica geriátrica y gerontológica integral, recreación y esparcimiento, y los servicios Página 416 de 600

sociales necesarios para una existencia útil y digna. Asimismo el artículo 2 de la misma ley establece que ésta deberá interpretarse siempre a favor y en interés de las personas de la tercera edad, nombrándola como ley de Orden Público, la cual tendrá prevalencia sobre otras leyes relacionadas con la materia, pues tal como lo establece el artículo 7 se declara de interés nacional la protección de las personas de la tercera edad. c. ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VICTIMAS DE DELITO: Los derechos humanos son universales, políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a la personas con distintas discapacidades. Las personas discapacitadas deben gozar de sus derechos humanos y libertades fundamentales en términos iguales con otros en la sociedad, sin discriminación de ningún tipo. Ellos también disfrutan de ciertos derechos específicamente ligados a su status. Los derechos humanos en cuestión: Los derechos humanos para las personas discapacitadas incluyen los siguientes derechos indivisibles, interdependientes e interrelacionados. El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en su condición de discapacidad basada en el efecto de deteriorar el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales. El derecho a la igualdad de oportunidades. El derecho a una completa igualdad y protección ante la Ley. El derecho a una alto estándar de salud para un tratamiento médico, psicológico y funcional, de igual manera a una rehabilitación médica y social y otros servicios necesarios para el máximo desarrollo de las capacidades, habilidades y auto-confianza. El derecho a trabajar, de acuerdo con sus capacidades, a recibir salarios que igualitarios que contribuyan a un estándar de vida adecuado. El derecho a ser tratado con dignidad y respeto. ¿Cuáles son los derechos humanos de las personas con discapacidad? Todos los miembros de la sociedad tienen los mismos derechos humanos, que incluyen derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Entre estos derechos están los siguientes: Igualdad ante la ley sin discriminación: Derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona. Igual reconocimiento ante la ley y capacidad jurídica. Protección contra la tortura. Protección contra la explotación, la violencia y el abuso. Derecho al respeto de la integridad física y mental. Libertad de desplazamiento y nacionalidad. Derecho a vivir en la comunidad. Libertad de expresión y de opinión. Respeto de la privacidad. Respeto del hogar y de la familia. Derecho a la educación. Derecho a la salud. Derecho al trabajo. Derecho a un nivel de vida adecuado. Derecho a participar en la vida política y pública. Derecho a participar en la vida cultural. Derecho a que se tomen las medidas que les permitan lograr la mayor autonomía posible, es decir, que le permitan valerse por sí mismos en todos los aspectos, ejemplo la nivelación de las aceras, construcción de rampas y pasamanos especiales, instalación de puertas automáticas, adaptación de ascensores y baños, adaptación de medios de transporte colectivo, a efecto de que cuenten con mecanismos especiales para facilitar su uso por los discapacitados. Derecho a recibir atención médica, psicológica y funcional, Página 417 de 600

incluyendo los aparatos de prótesis y ortopedia. Derecho a la educación y la readaptación profesional especializadas cuando sea necesario. Derecho a programas especiales para su participación en la vida cultura, intelectual y deportiva. Derecho a los servicio de colocación de empleo que faciliten su integración económica. Derecho a la protección contra toda explotación económica, reglamentación o trato discriminatorio, como consecuencia de su discapacidad. Derecho a que en su participación dentro de un proceso judicial o administrativo, se tome en cuenta su condición de discapacidad y se dispongan las medidas necesarias, a efecto de que pueda gozar de los mismos derechos que las demás personas. Derecho a que se tome en cuenta sus necesidades en todas las etapas de planificación económica y social de los Estados. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a gozar, sin discriminación alguna, de todos sus derechos. Ello incluye el derecho a no ser víctima de discriminación por motivos de discapacidad, así como por cualquier otro motivo como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, el patrimonio, el nacimiento, o cualquier otra condición. ¿Cuáles son las provisiones de la Ley de derechos humanos que garantizan el goce completo de los derechos de las personas con discapacidad? Incluye síntesis de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención de los Derechos del Niño y la Convención de la Organización Internacional del Trabajo concerniente a la Rehabilitación Vocacional y Empleo para las personas discapacitadas (Convención 159). "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición............. no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional....... Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 1, 2, 7 y 25. "Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos... sin discriminación alguna...... Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar..... reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.......Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie..... Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia..... Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, Página 418 de 600

individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas necesarias..... Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental...... Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación..... Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre...... La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente..... La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados...... La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados..... Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona… Participar en la vida cultura… Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones…." Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Art. 2, 6, 7, 11, 12, 13 y 15 "....sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.... Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales.... Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos..... Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.... Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.... Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica... Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación..... Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques..... La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado..... Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello..... Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o Página 419 de 600

cualquier otra condición social…" Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 2, 7, 14, 16, 17, 23 y 26 "Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna... Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición... Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual... procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior... Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad... reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño... a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible" Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 2, 19 y 23 "De conformidad con las condiciones, práctica y posibilidades nacionales, todo Miembro formulará, aplicará y revisará periódicamente la política nacional sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas... Dicha política estará destinada a asegurar que existan medidas adecuadas de readaptación profesional al alcance de todas las categorías de personas inválidas y a promover oportunidades de empleo para las personas inválidas en el mercado regular del empleo... se basará en el principio de igualdad de oportunidades entre los trabajadores inválidos y los trabajadores en general. Deberá respetarse la igualdad de oportunidades y de trato para trabajadoras inválidas y trabajadores inválidos. Las medidas positivas especiales encaminadas a lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores inválidos y los demás trabajadores no deberán considerarse discriminatorias... Las autoridades competentes deberán adoptar medidas para proporcionar y evaluar los servicios de orientación y formación profesionales, colocación, empleo y otros afines, a fin de que las personas inválidas puedan lograr y conservar un empleo y progresar en el mismo... Se adoptarán medidas para promover el establecimiento y desarrollo de servicios de readaptación profesional y de empleo para personas inválidas en las zonas rurales Página 420 de 600

y en las comunidades apartadas..." Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la readaptación profesional y el empleo de las Personas Inválidas, Art. 2, 3, 4, 7, y 8 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas Las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad Aprobada por la Organización de los Estados Americanos, en la ciudad de Guatemala con fecha 7 de junio de 1999. De conformidad con el artículo 3, el objetivo de la misma es: “…Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, dentro las cuales se puede mencionar las siguientes: medidas para prevenir las discapacidades, 483 Morales Trujillo, Hilda. Op. Cit. Página 24 484 Loc. Cit. 485 Despouy, Leandro. Op. Cit. Página 4 176 medidas para lograr la integración al deporte, educación, servicios públicos, recreación, transporte, actividades políticas, entre otras, de las personas que padecen alguna discapacidad; para lo cual se buscar eliminar los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan con la finalidad de facilitar el acceso y uso para todas las personas.” Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta Convención fue adoptada el 13 de diciembre de 2006, mediante resolución 61/106. De conformidad con el artículo 42 de la Convención, ésta y su Protocolo Facultativo están abiertos a la firma de todos los Estados y las organizaciones de integración regional desde el 30 de marzo de 2007. La Convención busca proteger y garantizar la igualdad y el pleno goce de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad. Regula temas fundamentales como la accesibilidad, libertad de movimiento, salud, educación, empleo, habilitación y rehabilitación, participación en la vida política, y la igualdad. GUATEMALA: LEY DE ATENCIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ART. 53 CPRG. .LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (2006). Declaración sobre la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental. Declaración de los Derechos del Retrasado Mental. Declaración de los Derechos de los Impedidos. Convenio 159 Sobre la Readaptación Profesional y el Empleo (Personas Inválidas) OIT.

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5. DERECHO PENAL a. PODER PUNITIVO DEL ESTADO (IUSPUNIENDI): Pretensión del Estado en monopolizar el uso de la fuerza, con la finalidad de asegurar la paz social, evitando la venganza privada y protegiendo a los ciudadanos frente a lo que sería la tiranía del poderoso frente al débil. El monopolio del uso de la fuerza convierte al Estado en el único legitimado para responder con “violencia” frente a la comisión de los delitos, la manifestación de ésta violencia es el poder estatal para imponer penas y medidas de seguridad. (Sin embargo en un Estado democrático y de derecho ésta debe de tener límites, siendo en el presente caso a través del Organismo Legislativo en representación de los ciudadanos, quien asume qué conductas merecen sanción). Decisión que debe de plasmarse en una ley escrita que defina con precisión que conductas son prohibidas y determina la sanción aplicable por infringir ésta prohibición. Así la prohibición deberá de ser conocida previamente por los ciudadanos. b. PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO PENAL: Principio de Legalidad: Nadie podrá ser penado por acciones y omisiones que no estén expresamente calificadas como delitos o faltas en una ley anterior a su perpetración. Principio de intervención mínima: El poder sancionador del Estado, implica la vulneración de derechos fundamentales de la persona, como la propiedad, la libertad y en algunos casos hasta la vida, ésta vulneración solo se puede justificar como mal necesario para poder asegurar la paz social y los derechos fundamentales del resto de los ciudadanos. El Estado sólo podrá sancionar cuando sea estrictamente necesario. Principio de culpabilidad: La sanción sólo se podrá imponer en la medida en la que el infractor tenga capacidad de ser culpable, entendido dicho concepto como la capacidad de haber elegido realizar una conducta que lesiona o pone en peligro bienes jurídicos fundamentales. Por lo que no se podrá responsabilizar penalmente a las personas por hechos que no hayan cometido, ni por aquellos que no hubiesen podido prever su comisión. c. ÁMBITO DE VALIDÉZ DE LA LEY PENAL: El ámbito de validez de la ley penal determina los alcances y limites de la ley penal. encontramos el ámbito material que son las normas aplicables, el ámbito temporal que determina el momento y hasta cuando esta vigente la norma, el ámbito espacial que determina en que demarcación geográfica o espacio tiene aplicación la norma y por ultimo el ámbito personal que señala a quien o a quienes se aplica la norma. Página 422 de 600

Ámbito espacial de validez. Las leyes penales no pueden sancionar más allá del territorio del Estado que las dictó pero es aplicable a todos los que se encuentren dentro de su país, la ley penal no se aplica a nadie fuera de dicho territorio. Ámbito temporal de validez. Como principio tenemos la irretroactividad de las leyes penales, las conductas delictivas serán sancionadas por la ley penal vigente al momento de ser cometidas. En algunos casos si posteriormente a la ejecución de un delito la ley penal sufre una reforma o surge una nueva ley, es posible que se aplique a los hechos anteriores, siempre que beneficie al indiciado o procesado. Ámbito material de validez. Los Estados federados convienen en que la Federación determine cuales acciones delictivas serán sancionadas exclusivamente por las leyes penales federales, y cuáles podrán ser reguladas conforme a las leyes penales locales, otro ejemplo podría ser eel fuero militar. Ámbito Personal de validez. Ninguna condición personal puede oponerse a la aplicación de las leyes penales, con acepción de ciertos individuos que pertenecen a los órganos del Estado, se establece la necesidad de un procedimiento especial para la aplicación de la ley penal, pero no deja de aplicarse. 4. CONCURSO DE NORMAS PENALES Concepto Existirá concurso de leyes, o concurso aparente de normas penales, cuando uno o varios hechos sean aparentemente incluibles en varios preceptos penales pero tan sólo uno pueda aplicarse. En estos casos uno de los preceptos basta por sí solo para englobar todo el desvalor del hecho. Si no se actuase de esta manera se estaría violando el principio del “ne bis in idem” o prohibición de sancionar dos veces a una persona por unos hechos. Cuando una persona mata a su padre, su conducta es tipificable como delito de homicidio (art. 123 CP) o como parricidio (art. 131 CP). Sin embargo, es evidente que tan sólo concurre este último pues, por sí mismo, ya engloba todo el desvalor del hecho. Criterios de solución del concurso de leyes Para distinguir los concursos de leyes de los concursos de delitos (vid. infra) la doctrina ha elaborado varios principios de interpretación, de los cuales sólo vamos a analizar los dos más importantes: a.Principio de especialidad. El precepto especial deroga el precepto general. Un precepto es más especial que otro cuando requiere, además de los presupuestos del original, alguno adicional. Así el parricidio, además de exigir que se mate a otro, requiere que el sujeto pasivo sea familiar y que el autor conociese ese vínculo. La especialidad puede dar lugar a un castigo mayor (parricidio) o menor (infanticidio). b.Principio de concusión. Se dará en aquellos supuestos en los que un precepto penal absorbe a otro por motivos distintos de la especialidad. Se distinguen dos grupos de casos: * Supuestos en los que un hecho acompaña generalmente a otro: en el delito de violación (art.173 CP), las coacciones previas (art. 214 CP) no se penan; en el de homicidio quedan absorbidos los daños sobre la ropa del occiso (art.278 CP). * Actos posteriores impunes. Son hechos posteriores a un delito que son absorbidos por éste y que por sí solos constituirían un delito. Tales actos constituyen la forma de asegurar o realizar el beneficio obtenido o perseguido por el delito anterior. Por ejemplo, cuando un homicida entierra a su víctima, el delito de inhumación ilegal (art.311 CP) es absorbido por el de homicidio. Sin embargo, si el que entierra a la víctima es un tercero (no partícipe en el homicidio) se le sancionará por inhumación ilegal. No siempre será fácil distinguir estos supuestos del concurso de delitos.

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5. DERECHO PENAL INTERNACIONAL: El derecho penal internacional comprende todas las normas de derecho que directamente fundamentan, excluyen o de cualquier otro modo regulan una responsabilidad penal.1 En este sentido, los crímenes contra el derecho internacional son todos los que importan responsabilidad individual directa a partir del derecho internacional. Algunos autores utilizan la expresión «derecho penal internacional» en un sentido más amplio2, que incluye no solo los aspectos penales del derecho internacional, particularmente relacionado a los crímenes contra el derecho internacional, sino también los aspectos internacionales del derecho penal doméstico, especialmente en lo relativo a reglas domésticas sobre la jurisdicción sobre crímenes con un elemento extranjero. El derecho penal es la rama del derecho público que regula la potestad punitiva Se definen los crímenes internacionales (principalmente, genocidio, crimen de guerra, crímenes contra la humanidad y crimen de agresión) y regula el funcionamiento de los tribunales competentes para conocer de los casos en los que los individuos incurran en responsabilidad penal internacional, imponiendo las sanciones que correspondan. El surgimiento de esta rama supone una importante evolución respecto del Derecho internacional clásico, que era esencialmente interestatal y no consideraba a la persona como sujeto de Derecho internacional. Las normas de derecho penal internacional pueden ser aplicadas por tribunales domésticos e internacionales. La responsabilidad individual es independiente de la responsabilidad internacional del estado.3 El principal órgano del Derecho Penal Internacional es la Corte Penal Internacional, el primer tribunal de justicia penal internacional permanente, creado en 1998 a través del Estatuto de Roma. La Corte tiene sede en La Haya. 6. EXTRADICIÓN: EL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION EN GUATEMALA. CONCEPTO- Acto por el cual el Estado guatemalteco, entrega de acuerdo a un Tratado vigente un individuo a un Estado, que loredarna con el objeto de someterlo a. un proceso penal o para el cumplimiento de una sentencia, o lo solicita para los mismos fines. CLASES DE EXTRADICION. EXTRADICIÓN ACTIVA: Se da cuando el Estado. ·guatemalteco,. requiere a otro Estado· la entrega. EXTRADICION PASIVA: Cuando el Est.ado guatemalteco recibe la petición de otro Estado, para que se le entregue a un fugitivo QYé seencuentraén territorio guatemalteco. LEGISLACION APUCABLE: CONSTITUCIONPOLmCA DE LA R~pÚBUCA DE GUATEMALA: Artículo 27, segundo y tercer párrafo: "La extradición se rige por lo dispuesto en tratados intemadonates. Por delitos políticos no se intentará :lá extradición de guatemaltecos, quienes en ningún caso serán entregad0s a g9bi.eri:to extranjero, salvo lo dispuesto en tratados y convenciones con respectó a· los delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional." CODIGO PENAL: Artículo 8: . .. La extradición sólo podrá intentarse u otorgarse por delitos comunes. Cuando se trate de extradición comprendida en tratados internacionales, solo podrá otorgarse si existe reciprocidad. En ningún caso podrá intentarse ni otorgarse la extradición por delitos políticos, ni por delitos comunes conexos con aquellos." CONVENIOS Y TRATADOS DE EXTRADICION CELEBRADOS POR GUÁTEMALA. BILATERALES: • Bélgica: Tratado sobre Extradiciór;tdeCnminales suscrito en Guatemala, el. 20 de noviembre de 1897, modlñcado por' éi Convenio Adicional al Tratado de Página 424 de 600

Extradición de fecha 26 de abril' de i934 y posteriormente por el Protocolo Adicional a la Convención de Extradidóri: de fecha'21 de octubre de 1959. • España: Tratado de Extradicíón suscrito en Guatemala, el 7 1895. de noviembre' de • Estados Unidos de América: Tratado· qe Extradición suscrito en Washington. 27 de febrero de 1903, m~íficado.'P<>~.la·COriyencióSnuplementaria al Tratado de Extradición de fecha 20 de febrero.de 1940. • Gran Bretaña: Tratado de Extradicíón:suscrito en Gua~mala, el 4 de julio de 1885, modificado por el Protocolo Aciic'°né)I al Tratado de Extradición, de fecha 30 de mayo de 1940 y posteríormenté.por el canje de Notas para Extender las Estipulaciones del Tratado de Extr:a.diC~Ó,n a· Alg.unos Territorios Bajo el Mandato de la Gran Bretaña de fecha 21. ~ mayo de 1929 • México: Tratado de &tradición de· Crjmitiales suscrito en Guatemala, el 19 de mayo de 1894. MULnLATERALES: • Convención Sobre Extradición, suscrita en la VII Conferencia Internacional Americana, en Montevideo, el 26 de diciembre de 1933; • Convención de Extradición suscrita·en Washington el 7 de febrero de 1923 · en vigor para Costa Rica, El Salvador, Guatém()la y Nicaragua. REQUISITOS GENERALES Para UNA SOLICITUD DE EXTRADICION. • Que el Estado requirente tenga jurísdícdón para juzgar el hecho delictuoso que se le imputa al individuo reclamado; • Que el hecho por el cual se reclama la extradición tenga el carácter de delito y sea punible por las leyes del Estado requirente y por las del Estado requerido con la pena mínima de un año de prívadén de libertad; • Que no esté prescrita la acción penal o Ja pena; • Que el individuo inculpado no haya curnplído su condena en el país del delito o haya sido amnistiado o indultado; • Que el individuo solicitado no esté siendo juzgado en el Estado requerido por et hecho que se le imputa y en el cual se funda el pedido de extradición; • Que no se trate de un delito político o de los que le son conexos; • Que no se trate de delito militar o contra ta religión; • Que el delito se haya cometido en .el .territorio del Estado que pide la extradicíón. SOLICITUD DE DETENCION· PROVISJqNAL CON FINES DE EXTRADICION. • Esta puede hacerse por vía telegráfica o postal. A partir de la detención del inculpado, se tienen entre 40 días y tres meses para presentar la documentar la solicitud formal de Bctradición; • En la solicitud de una Detención Provisional se _debe asegurar la existencia de una resolución judicial de Orden de Detención, invocar el instrumento internacional correspondiente y proporci6nar datos personales tendientes a la identificación del extraditable. • Asimismo asegurar que la petición formal de Extradición, se presentará en el plazo que no exceda del tiempo indicado en el Convenio o Tratado respectivo, plazo que se cuenta a partir del momento de la notificación a la Misión Diplomática del Estado requirente sobre la detención del sujeto. TRAMITE DE LA soucrruo FoRMAL DE EXTRADICION. FASE ADMINISTRATIVA. • Presentación de la solicitud formal de extradición ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. • Traslado de la documentación a la Secretaria de la Corte Suprema de Justicia, en donde se designa el Tribunal que ha de conocer de la misma. FASE JUDICIAL. • Recibido el expediente procedente de , la Corte Suprema de Justicia, el Juez analiza la procedencia de la solicitud. • Si la solicitud está ajustada, el Juez emite una resolución en la que le .da trámite a la misma en la vía tnodental. • El Juez informa al detenido de la solicitud de extradición en su contra; le permite Página 425 de 600

nombrar un defensor y corre · · audienda al extradita ble, asimismo se da audiencia a la Misión Diplomática del país requirente y al Ministerio Público, por el plazo de dos días. Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, el juez, al vencer el plazo de la audiencia, resolverá ordenando la recepción de las pruebas ofrecidas por las partes al promover el incidente o al evacuar la audiencia, en no más de dos audiencias que tendrán verifrcativo dentro de los diez días hábiles siguientes. • Concluida la fase anterior, el Juez sín más trámite, resuelve dentro del tercer día, declarando la procedencia o la improcedenciade la extradición. • Declarada con ·lugar una solicitud de extradición, el Juez dentro de la misma resolución pone al detenido a disposición de Ministerio de Relaciones Exteriores, para los efectos subsiguientes. SEGUNDA FASE ADMINISTRATIVA. • En el caso de un nacional guate~alteco la persona solicitada, se pone a disposición del Ejecutivo para que el señor Presidente de la República, decida la entrega del mismo, ya que normalmente no se está obligado a entregar a un nacional. • La decisión de entrega la toma el señor Presidente de la República, mediante Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros.. Decidida la entrega, la persona se pone a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien se encarga de los trámites para llevar a cabo la extradición coordinando con la Misión Diplomática el lugar, la fecha y la hora de la entrega. Con anterioridad· la Misión correspondiente a solicitud del Ejecutivo ha garantizado en nombre de su Gobierno, que el extradítable gozará. de todos los derechos y garantías de conformidad con la Constitución de ese país; particularmente de que será considerado inocente hasta no ser declarado culpable; que su juicio será totalmente imparcial, que se le proveerá de un Abogado para su defensa, sin que no se pedirá en su contra ni se le aplicará la Pena de Muerte en el caso· de ser hallado culpable del delito que se le imputa. 7. TEORÍA DEL DELITO: TEORIA DEL DELITO DESDE LA PERSPECTIVA FINALISTA: En conclusión, la Teoría Jurídica del Delito estudia los principios y elementos que son comunes a todo delito, así como las características por las que se diferencian los delitos unos de otros, elementos, que como dijimos anteriormente son la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Consecuentemente, todo el estudio analítico de lo que comprende el delito, es tarea de la teoría jurídica del mismo. Por ello, se afirma que la teoría del delito es un producto de la dogmática. La doctrina partiendo del derecho positivo, al decir de Gimbernat, ha ordenado y sistematizado bajo las categorías tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad las reglas jurídicas que condicionan la posible responsabilidad penal de una persona. La ordenación y sistematización de estas reglas facilita su interpretación y su aplicación práctica en el análisis de los casos concretos. En tanto que las normas están integradas dentro de un sistema, su interpretación obliga a considerarlas en su conjunto de modo que guarden coherencia entre ellas. Por eso, la teoría del delito cumple también una función de garantía, pues no sólo evita una aplicación arbitraria de la ley penal, sino que también permite calcular cómo se va a aplicar dicha ley en un caso concreto. La médula del nuevo sistema es éste: ante el concepto causal de acción, Hans Welzel esgrimió el concepto finalista, y dijo: “Acción humana es ejercicio de actividad final”. El mismo Welzel asegura en su magna obra que la finalidad es “vidente”, en cambio la causalidad “ciega”. Siguiendo a Juan Bustos, diremos que para el sistema finalista, sus primeros principios fundamentales son que el delito es acción, pero no causal sino final, lo que significa que el actuar humano se determina desde el fin perseguido por el autor sobre la base de su experiencia causal. En suma, a) la tipicidad tiene un aspecto objetivo, descriptivo y valorativo (del proceso Página 426 de 600

causal) y un aspecto subjetivo (que recoge valorativamente el proceso desde el fin). Por ello dolo y culpa pertenecen a la tipicidad. b) la antijuridicidad es objetiva y valorativa, pero todas las causas de justificación contienen elementos subjetivos (conocimiento e intención). Para los finalistas, el injusto es un ámbito integrado de diferentes caracteres, pero en el que el elemento común es lo subjetivo. c) La culpabilidad es reprochabilidad (proceso valorativo) de la capacidad de motivación, esto es, de la capacidad de actuar de otra manera, esto es, conforme a la norma y a pesar de ello actuar en contra de ella (aspecto subjetivo). Luego los elementos de culpabilidad son sólo la imputabilidad y la conciencia del injusto. Para los finalistas la exigibilidad de la conducta por principio no puede ser elemento de la culpabilidad, pues el sujeto podía actuar de otra manera. Luego, en esas situaciones extremas todo lo más habría una dispensa estatal. En resumen, en la concepción de Medina Peñaloza, filosóficamente el sistema finalista se fundamenta en axiomas que le dan sustento y fuerza, y que son: El delito deja de ser un fenómeno natural que es producido por una causa y acarrea una consecuencia o resultado, para convertirse en una realidad del ser social, ya que el derecho se edifica sobre la base de la naturaleza real de las cosas. El concepto clásico del delito fue producto del pensamiento jurídico del positivismo científico, mientras que el finalismo partió de una fundamentación éticosocial del Derecho Penal; y con ello, de una concepción ius filosófica, que retomó criterios aportados por el derecho natural , pues, como dice Welzel, “para el conocimiento de los valores recurrió a lo que precede a la existencia humana: el sujeto responsable, el carácter ordenado del actuar ético-social y la concordancia de los órdenes ético-sociales”. Admite que el concepto del delito debe ser congruente con el fin y los medios del Derecho Penal y no con las causas y efectos (como un fenómeno natural). El fin estriba en la protección de la convivencia en comunidad frente a infracciones graves a la normatividad; mientras que el principal medio de que se sirve es la pena, traducida en la conminación e imposición de un mal estatal, en proporción a la gravedad de la lesión del Derecho, cuyo propósito es el mantenimiento de tal orden jurídico. Representa el paso del subjetivismo al objetivismo. Como consecuencia el método que sigue el finalismo para estudiar la teoría general del delito se funda en un derecho penal de medios afines. Reconoce que para fijar los criterios de punibilidad, la Teoría del delito se debe fundar en la naturaleza de la acción perpetrada, y no en la personalidad del delincuente, en atención a que la imposición de la pena debe circunscribirse a una responsabilidad del acto y no responsabilidad de autor, que impide que al sujeto se le apliquen criterios de peligrosidad, temibilidad, reincidencia o habitualidad, como resabios de un positivismo que se encuentra en contradicción con los principios del Derecho natural.(Medina, pp. 136 y 137) La teoría del delito es una construcción dogmática, que nos proporciona el camino lógico para averiguar si hay delito en cada caso concreto. La dogmática es un método del conocimiento, pero la delimitación de lo que hay que conocer no es una cuestión que incumba al método. Es una elaboración teórica, lógica (no contradictoria) y no contraria al texto de la ley; que nos permite definir cuando una conducta puede ser calificada como delito. La dogmática jurídico-penal “establece límites y construye conceptos, posibilita una aplicación del derecho penal segura y previsible y lo substrae de la irracionalidad, de la arbitrariedad y de la improvisación”. Conducta: La llamada teoría social de la acción (conducta), pretendió ser un puente o posición intermedia entre las teorías causal y final. Se basa en la afirmación de que no cualquier acción puede ser materia prohibida por el derecho penal, sino solo aquellas que tienen sentido social, es decir que trascienden a terceros, formando parte del interaccionar humano, solo las acciones que forman parte de esta interacción pueden interesar al derecho penal y no aquellas que no trascienden el ámbito individual. a. ACCIÓN: En materia penal se conoce como acto, hecho, hecho penal, conducta, acontecimiento, conducta humana, entendiéndose como una manifestación de voluntad por medio de Página 427 de 600

un hacer, que produce un cambio en el mundo exterior, o que por no hacer lo que se espera deja sin cambio el mundo exterior cuya modificación se protege. El delito, solo procede de la conducta humana, solo es imitable al ser humano, con exclusividad, lo que justifica que sea imprescindible la existencia de una relación de causalidad o nexo jurídico entre el hacer humano y el resultado delictivo, para determinar la culpabilidad del agente. Ver artículo 10 del CP., que indica que “los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado, cuando fueren consecuencias de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos”. Falta de acción: Puesto que el derecho penal solo se ocupa de acciones voluntarias, no habrá acción penalmente relevante cuando falte la voluntad, sucede esto en tres grupos de casos: Fuerza irresistible, Movimientos, reflejos, Estados de inconsciencia. b.TIPO PENAL: La tipicidad es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal. “nullum crimen sine lege”, solo los hechos tipificados en la ley penal como delitos, pueden ser considerados como tal, es decir es NULA LA ACCION DEL ESTADO, cuando pretende sancionar conductas del ser humano que la ley no ha calificado como acto ilícito. Ningún hecho, por antijurídico y culpable que sea, puede llegar a la categoría de delito si al mismo tiempo no es típico, es decir, no corresponde a la descripción contenida en una norma penal. Principios generales de la tipicidad: La tipicidad se encuentra apoyada en el ordenamiento jurídico y en especial en los preceptos constitucionales y estos principios supremos constituyen una garantía de legalidad. NULLUM CRIMEN SINE LEGE , No hay delito sin ley (indubio pro reo), NULLUM RIMEN SINE TIPO, No hay delito sin tipo, NULLUM POENA SINE TIPO, No hay pena sin tipo, NULLUM POENA SINE CRIMEN, No hay pena sin delito, NULLUM POENA SINE LEGE, No hay pena sin ley. e) Dolo: El ámbito subjetivo del tipo injusto de los delitos dolosos está constituido por el dolo. El termino dolo tiene varias acepciones en el ámbito del derecho. Aquí se entiende simplemente como conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito. Es la voluntad consciente dirigida a la ejecución de un hecho que es delictuoso, o sea que es propósito o intención deliberada de causar daño. El dolo se constituye por la presencia de dos elementos: UNO INTELECTUAL: debe saber qué es lo que hace y que constituye su acción típica según su capacidad. OTRO VOLITIVO: Voluntad de actuar dolosamente, serie de pensamientos previa a actuar. Culpa: Tiene lugar cuando se produce un resultado delictivo, sin intención de producirlo, pero este se materializa por falta de prudencia, pericia, cuidado o por negligencia del agente. Para don Eugenio Cuello Calón se define como aquel que obrando sin la previsión y diligencia debida, se causa un resultado dañoso, previsible y penado por la ley. La culpa posee tres ingredientes esenciales: IMPRUDENCIA: toda acción que lleva consigo un riesgo, falta de prudencia punible e inexcusable; NEGLIGENCIA: falta de precaución, despreocupación o indiferencia, por el acto que se ejecuta; olvido de las precauciones que la prudencia vulgar Página 428 de 600

aconseja, lo cual conduce a ejecutar hechos que, al mediar malicia en el actor serian delitos; IMPERICIA: la violación a los principios de experiencia, conocimiento y habilidad en la realización de un hecho, (descuido u omisión). Hay dos tipos de culpa: CON REPRESENTACION O PREVISION: que tiene lugar cuando el sujeto activo de la acción se representa el resultado típico pero confía indebidamente en poder evitarlo, ya que cree que dicho resultado no se producirá; y CULPA SIN REPRESENTACION: es aquella cuando el sujeto activo, no se representa la consecuencia típica de su conducta, habiendo podido haberla previsto. También podemos distinguir entre Culpa ata: es cuando el evento dañoso pudo haber sido previsto por cualquier hombre común, Culpa leve: cuando solo hubiere sido posible prever por un hombre diligente; y Culpa levísima: si el resultado se hubiera podido prever únicamente mediante el empleo de una diligencia extraordinaria. c. ANTIJURICIDAD: Debe entenderse por Antijuricidad, lo que es contra el derecho. h) Causas de justificación: Según Luis Jiménez de Asùa, son las causas o elementos negativos del delito, que excluyen la antijuricidad de una conducta que puede subsumirse en un tipo legal, son aquellos actos realizados conforme el derecho. El código penal en su artículo 24 contempla 3 causas de justificación 1. La legítima defensa 2.El estado de necesidad, Y 3. El legítimo ejercicio de un derecho. d.CULPABILIDAD: El fundamento de la culpabilidad está íntimamente ligado a las teorías que fundamentan la pena. Además de que una conducta humana sea típica, antijurídica, debe ser culpable, es decir, debe concurrir la manifestación de voluntad o voluntariedad de quien realiza la acción, constituyéndose en elemento subjetivo del delito. e. PUNIBILIDAD: Consiste en la amenaza estatal de imponer las sanciones al cumplirse con los presupuestos legales descritos en el tipo penal y el merecimiento de la sanción penal propiamente dicha. f. ERROR DE PROHIBICIÓN: es la figura jurídica por la que el autor de un hecho delictivo, al realizar el hecho, pensaba de forma equivocada que su actuación era lícita. En la teoría finalista del delito, cuando el error de prohibición es invencible, elimina la culpabilidad. g.ERROR DE TIPO: El error implica que el autor del delito ha obrado con un error sobre los elementos del tipo objetivo, es decir, sobre la concurrencia de circunstancias y elementos que permiten conocer la existencia de un peligro concreto de realización del tipo, es decir, el error es el desconocimiento o falta de representación o representación equivocada de alguno o de todos los hechos constitutivos del tipo realizado o de su significación antijurídica. El error de tipo concurre si el autor ha obrado desconociendo los elementos del tipo objetivo, ya bien sea sobre los hechos constitutivos de la infracción o sobre las circunstancias agravantes. El error de tipo excluye, por tanto, el dolo, al haber desconocimiento sobre la ilicitud del hecho, sobre que lo que se ataca es un bien jurídico protegido. Habrá error de tipo si el sujeto obra sin saber lo que está haciendo. El error de tipo invencible Página 429 de 600

(inevitable) atendiendo a las circunstancias del caso y personales del autor, tendrá en todos los casos, por consecuencia, la exclusión de la pena del delito doloso. Si el error sobre los elementos del tipo hubiera sido vencible (evitable), atendiendo a las circunstancias del caso y personales del autor, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente. El fundamento de la exclusión de castigo en los casos de error de tipo o prohibición inevitable por parte del sujeto, se encuentra en la superación en el campo penal del principio civilista "la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento", toda vez en el campo penal su interpretación se atenúa, al considerar que este principio debe referirse a la eficacia de las leyes, no a la culpabilidad del infractor.

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h.AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN: La autoría y participación en el derecho penal dice relación con la calidad del sujeto que realiza un acto típico y antijurídico, en cuanto a su mayor o menor proximidad con el hecho mismo y su elaboración material o intelectual. Dominio del autor El dominio del autor podemos observar que es manifestado de manera subjetiva y objetiva: Por un lado, se manifiesta de forma subjetiva porque el autor lo orienta a la lesión de un bien jurídico. Por otro lado, se expresa de manera objetiva porque tiene la capacidad de interrumpir el desarrollo del hecho si lo desea. Autoría mediata Es autor mediato quien causa un resultado sirviéndose de otra persona como medio o instrumento para realizar la ejecución. El criterio que se sigue en esta figura es que se deja de imputar el hecho al que lo ejecuta materialmente para pasar a la persona de atrás. Este criterio es el del dominio del hecho, ya que quién domina la acción es el autor mediato (persona de atrás), quien domina la voluntad de quien actúa. Quien comete el resultado lesivo realiza una conducta humana y nunca puede ser utilizado como mero objeto porque si no estaríamos hablando de una vis absoluta. En relación con los supuestos de autoría mediata podemos distinguir dos: Por una parte puede suceder que el autor inmediato actúe sin antijuridicidad porque: Puede ocurrir que el instrumento actúe de manera atípica. Que el autor inmediato actúe sin dolo o que en él no concurran los elementos subjetivos del injusto. Por último, puede concurrir alguna causa de justificación. Por otra parte, puede ocurrir que el instrumento sea un inimputable para la realización del hecho o que actúe por miedo insuperable o error de prohibición. Límites de la autoría mediata El principal límite de la autoría mediata se establece cuando el ejecutor directo no haya perdido el dominio del hecho. En el caso de los delitos especiales podemos hablar de autoría mediata cuando el hombre de atrás es un sujeto cualificado que utiliza a otro que no lo es como instrumento. En los delitos de propia mano nunca puede darse. Tampoco es posible en los delitos imprudentes. La coautoría El artículo 28 CP se refiere a la coautoría cuando señala que son autores quienes realizan el hecho conjunto. (En Guatemala no se da, ya que solo existe la figura de cómplice) Partiendo de este artículo podemos definir la coautoría como la realización conjunta de un delito por varias personas que colaboran consciente y voluntariamente. A diferencia de la conspiración, en la coautoría el coautor interviene en la ejecución del hecho delictivo. En la coautoría se aplica el principio de imputación recíproca de las aportaciones ajenas del delito. Este principio implica que los hechos realizados por cada coautor son imputables al resto, de esta manera se considera a cada uno de los coautores como autor de la totalidad. Podemos dividir la coautoría en elementos subjetivos y objetivos: Los elementos subjetivos se basan en el acuerdo de voluntades que convierte en partes de un plan global unitario las distintas aportaciones, que se vinculan recíprocamente. Los requisitos son: El hecho que se realice conjuntamente ha de ser típico. Debe de estar prevista la colaboración entre los coautores para alcanzar la finalidad. El hecho debe de ser recíproco. El acuerdo puede ser previo, simultáneo, expreso o tácito. No puede ser presunto. Cabe la coautoría Página 431 de 600

adhesiva que es cuando el acuerdo surge durante la ejecución. También cabe la coautoría sucesiva, que se produce cuando alguien suma su comportamiento al ya realizado por otro, a fin de lograr la conclusión de un delito cuyos actos ejecutivos ya habían sido realizados parcialmente por este. Hay un dolo común que abarca el conocimiento y voluntad de realizar el tipo conjuntamente. Los elementos objetivos está basado en el dominio funcional del hecho que se subsume en la conducta típica. Asimismo, la conducta del coautor se plasma en la última fase del iter criminis, es decir, en la parte inmediatamente anterior a la consumación del delito. Muñoz Conde diferencia entre coautoría ejecutiva y no ejecutiva. La ejecutiva se divide en directa, en la cual realizan los actos ejecutivos todos los coautores; y La coautoría ejecutiva parcial en la que se reparten las tareas ejecutivas. Cabe precisar que es posible que en el momento de la ejecución del hecho delictivo no estén todos los coautores presentes porque se ha producido un reparto de papeles. Es destacable comentar que el dominio del hecho lo tienen todos los coautores. Y que el simple acuerdo de voluntades no basta, ya que se debe de contribuir de alguna manera a la producción del hecho delictivo. Por último, hay que señalar que cada coautor solo responde del hecho que previamente han acordado producir y no de lo que no hayan consentido todos previamente. La Participación Se entiende por participación el hecho delictivo realizado por un conjunto de personas a las cuales se les impondrá la pena en función del modo de intervención en la comisión del delito. El comportamiento del partícipe depende del hecho principal el cual pertenece al autor, y por lo tanto su infracción no es autónoma. El tipo del partícipe depende del tipo principal que se le atribuye al autor. La accesoriedad de la participación La punición de la participación se debe a que se ha extendido el ámbito de personas responsables. Esta extensión se basa en el principio de accesoriedad. La accesoriedad significa que la incriminación de la participación depende de la conducta que tiene el partícipe respecto de la conducta del autor. Hay cuatro tipos de accesoriedad: En primer lugar está la hiperaccesoriedad, según la cual solo es punible si el autor realizó una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. En segundo lugar está la accesoriedad máxima, según la cual solo es punible si el autor actuó típica, antijurídica y culpablemente. En tercerlugar está la accesoriedad mínima según la cual es punible la participación en el caso en que el autor haya actuado típicamente y a pesar de que su conducta esté amparada por una causa de justificación. En cuarto lugar está el principio de accesoriedad limitada. Es el que mayor acogida tiene entre la doctrina y la jurisprudencia. Establece que la participación es accesoria respecto del hecho del autor el cual basta con que sea antijurídico. La inducción La inducción se caracteriza por ser una forma de participación parecida a la autoría que consiste en que una persona hace nacer en otra la decisión de delinquir a través de la persuasión. A diferencia de la autoría mediata, quien decide y domina la realización del delito es el inducido. Al inductor se le castiga con la misma pena que al autor porque aunque sea una forma típica de participación, el legislador por su entidad cualitativa la asimila a la autoría. Requisitos: La Página 432 de 600

inducción se debe de realizar con anterioridad a la ejecución del delito. Asimismo puede ser concomitante, por ejemplo cuando una discusión se incita a uno de los que discute a agredir a la parte contraria. Tiene que ser directa, es decir, entre el autor y el inducido debe de existir una relación personal e inmediata, a través de la cual se induzca de manera concreta a la realización de un delito. Muñoz Conde entiende que no cabe la inducción por omisión ni tampoco por imprudencia. Por su parte, Mir Puig diferencia entre inducción a un hecho doloso e inducción a un hecho imprudente. Inducción a un hecho doloso: Tipo objetivo: El inductor debe provocar que otra persona realice la producción del resultado criminal. La conducta del inducido debe subsumirse en un tipo doloso de autoría. Tipo subjetivo: Hay un dolo en el inductor según el cual el inductor quiere que se produzca el hecho delictivo y que se realice efectivamente el hecho. Inducción a un hecho imprudente: Es posible si se admite la participación en hechos imprudentes Tipo objetivo: La decisión del autor ha de ser de realizar una conducta imprudente. La conducta del inducido debe subsumirse en un tipo imprudente. Tipo subjetivo: En el inductor debe concurrir la voluntad de inducir a realizar la conducta imprudente. La Cooperación El cooperador necesario es aquel que interviene en la comisión del delito a través de una aportación determinante para que sea posible la realización del hecho. En la cooperación necesaria distinguimos entre un elemento subjetivo y otro objetivo: En cuanto al elemento subjetivo debe de haber un acuerdo previo para delinquir. El elemento objetivo se basa en la aportación eficaz, necesaria y trascendente en el resultado producido. La aportación basta con que sea difícilmente reemplazable. El cómplice es aquella persona que auxilia, contribuyendo o favoreciendo, eficazmente al ejecutor o ejecutores del delito colaborando voluntariamente sin incidir en la realización del hecho. Su actuación es importante para la consecución del hecho, pero no es esencial. Requisitos: Debe de haber un acuerdo de voluntades previo. El cómplice debe de conocer el plan del autor. Conocimiento de que se está cooperando en el plan. La contribución debe de ser secundaria. Es relevante la distinción entre el cooperador necesario y el cómplice porque de ella depende que al sujeto activo se le castigue como si fuera el autor del hecho o con la pena inferior en grado. Para diferenciar estas dos figuras debemos de preguntarnos si es necesaria la cooperación para la producción del resultado. Asimismo, hay que acudir a la teoría de los bienes escasos fundamentada por Gimbernat, según la cual lo importante de la aportación es que sea complicado su reemplazo. Para saber si específicamente la aportación es determinante, es necesario el estudio de las circunstancias de cada caso. Encubrimiento No es una forma de participación en un delito. Aquí no se ejecuta de manera directa o indirecta el delito ni se ayuda en su realización, sino que realiza aquellas acciones tendientes a impedir a las autoridades judiciales o civiles el esclarecimiento del delito o hacer efectiva la responsabilidad penal de los autores y/o cómplices, sea eliminando u ocultando pruebas o personas.

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i. CONCURSO DE DELITOS: Habrá concurso de delitos cuando un mismo hecho es constitutivo de dos o más delitos (concurso ideal) o cuando varios hechos cometidos por una misma persona constituyen varios delitos siempre que ninguno haya tenido lugar tras la existencia de condena por alguno de ellos (concurso real). En nuestro código Penal se encuentra contemplados en Concurso de delitos en el capítulo III, en donde establece el artículo 69 Concurso Real, en el artículo 70 Concurso Ideal y en el artículo 71 Delito Continuado. 8. CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO: El Derecho penal es una rama de derecho, que se encarga de estudia al delito y las consecuencias jurídicas que sufre la persona que ha cometido un hecho delictivo, entre las consecuencias que regula el Derecho penal guatemalteco encontramos la pena y las medidas de seguridad. En este capítulo se explicaran claramente a que refiere cada una, como se regula y como es aplicada en la actualidad, ya que muchas veces las personas desconocen lo que sucede al momento de cometer un delito. 9. CLASIFICACION DOCTRINARIA Y LEGAL DE LOS DELITOS: Los delitos se clasifican por las formas de culpabilidad, por la forma de acción, por la calidad del sujeto activo, por la forma procesal, por el resultado y por el daño que causan; por otra parte también existe la gran clasificación genérica que los divide en delitos civiles y penales.

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Formas de Culpabilidad. Doloso.Esto se debe a que la persona cometió el hecho punible con toda la intención de dañar a la otra persona o bien al objeto contra el cual va la acción. Imprudente (culposo).En este caso el hecho no se debe a la intención de la persona dirigida a dañar, de hecho, su ocurrencia escapa de toda voluntad, el mismo obedece a la inobservancia de una regla o bien normativa. Formas de la acción. Comisión. Esto se debe a la realización en sí de la acción, es decir por la propia ejecución de aquella, que es lo que permitió que se llevara a cabo el delito. Omisión. Esto ocurre cuando la persona comete el delito como producto de la no realización de una conducta que debía efectuarse conforme al derecho o bien a la moral. Por la calidad del sujeto activo. Comunes. Que son aquellos delitos contemplados por la legislación y que puede llevar a cabo cualquier persona. Especiales. Se debe su nombre a que para su configuración los delitos deben ser llevados por determinadas personas con el fin de que puedan catalogarse como tal, como es el caso del adulterio. Por la forma procesal. De acción pública.Considerados así por para iniciar el proceso de punibilidad, las propias entidades jurídicas del Estado, ya que no ameritan que la víctima haga ninguna acción. De acción privada. Considerados así porque para proceder ameritan que la víctima haga la respectiva denuncia ante el ente competente. Por el resultado. Materiales. Denominados así porque ameritan que los mismos coincidan entre la realización del hecho, la consecución del mismo y el resultado de este; en efecto, se produce un esquema delictivo integral. Formales. Son aquellos que suceden sin que medie la causa específica, en efecto, sin que se pueda acceder a los mismos esquemas donde el resultado no es conjugable con la acción. Por el daño que causan De lesión. Son aquellos que acarrean una lesión en la integridad de la persona. De Peligro. Son aquellos que ocasionan una situación de riesgo, sin que el daño se haya materializado. Delitos Civiles/Delitos Penales. La distinción reside en la ley que los juzga, entre la ley penal y civil.

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10. TEORIA DE LA PENA: El principal medio de que dispone el Estado como reacción frente al delito es la pena, en el sentido de restricción de derechos del responsable. El orden jurídico prevé además las denominadas medidas de seguridad destinadas a paliar situaciones respecto de las cuales el uso de las penas no resulta plausible. De manera que el sistema de reacciones penales se integra con dos clases de instrumentos; penas y medidas de seguridad. Desde la antigüedad se discuten acerca del fin de la pena, fundamentalmente tres concepciones que en sus más variadas combinaciones continúan hoy caracterizando la discusión, así, para explicar estos remedios incluidos en la legislación penal se ofrecen estas diversas teorías que parten de puntos de vista retributivos o preventivos, puros o mixtos que se encargan de fundamentar de diverso modo y de explicar los presupuestos que condicionan el ejercicio del "ius puniendi" y la finalidad perseguida por el Estado con la incriminación penal. Teorías absolutas de la pena: Son aquellas que sostienen que la pena halla su justificación en sí misma, sin que pueda ser considerada como un medio para fines ulteriores. Absoluta porque en ésta teoría el sentido de la pena es independiente de su efecto social, se suelta de él. La teoría de la justa retribución: Desarrollada por Kant, para quien la pena "debe ser" aun cuando el Estado y la sociedad ya no existan, y Hegel cuya fundamentación de la pena pública, fue la base que permitió la sistematización de la teoría del delito, (elaborada a partir de la teoría de las normas de Binding) concibe al delito como al negación del derecho, y a la pena, como la negación de la negación, como anulación del delito, como restablecimiento del derecho, entiende que la superación del delito es el castigo. En coincidencia con Kant, tampoco Hegel reconoce finalidades de prevención, como el mejoramiento y la intimidación, como fines de la pena. Es concebida por ésta teoría como reacción por lo sucedido y desvinculada del porvenir ya que su fin es reparar el delito y no evitar delitos futuros. Esto explica la sólida interconexión establecida entre las teorías del delito y la pena: El fin de la pena es restablecer el orden alterado por el delito; El delito, condición de la pena, exige la realización de un comportamiento contrario a la norma, más, la existencia de culpabilidad en el autor del mismo. El sistema se basa en el libre albedrío siendo culpable aquél sujeto que pudiendo motivarse en el respeto de la norma tomó la opción contraria y delinquió. El haberse mantenido al margen de las exigencias que le plantaba el orden Jurídico, no obstante haber podido ajustarse a ellas (el haber podido obrar de otro modo) es el criterio generalmente aceptado sobre el cual se fundamenta el juicio de culpabilidad. La medida de la pena depende de la gravedad del hecho realizado y el grado de culpabilidad del autor, estableciéndose así un criterio de proporcionalidad entre el delito y la pena. En relación al fundamento y límite del "ius puniendi": Fundamenta el para qué del castigo pero no explica ¿cuándo? el Estado debe hacerlo. No fija un límite en cuanto al contenido de la potestad penal estatal. Presupone la necesidad de la pena que debería en realidad justificar; llevada al extremo concluiría en que debe castigarse al delincuente aunque ello no resulte necesario en el caso concreto. Imposibilidad de verificar el libre albedrío: Presupone el libre albedrío o libertad de voluntad respecto de lo cual se sostiene que es irracional fundamentar el derecho del Estado a imponer penas en la existencia de una culpabilidad basada en él debido a que la libertad de voluntad del autor no es empíricamente demostrable. La retribución como pago del mal con el mal. La racionalización de la venganza. El pago o la devolución de un mal corresponden al arraigado impulso de venganza humano. La afirmación de que con la pena se ejerce una retribución fáctica solamente puede justificarse en la medida en que ella impide los actos de Página 436 de 600

justicia por propia mano. Se entiende que el criterio retributivo no puede ser absoluto debido a que resulta evidente que no toda culpabilidad debe ser castigada ya que la pena, en el caso concreto, puede producir efectos contraproducentes (no explica ¿cuándo? el Estado debe aplicar la pena). La idea de retribución compensadora es vulnerable debido a que la pena no borra el mal causado por el delito sino que en realidad añade un segundo mal, "el criterio talionario no permite recuperar el ojo de la víctima quitando un ojo al autor". Más allá de las críticas a la teoría hasta aquí expuesta, el derecho penal contemporáneo no ha evolucionado hacia un abandono total de los puntos de vista retributivos debido, fundamentalmente, a la fragilidad de las teorías preventivas propuestas como alternativas. La sistematización de los presupuestos de punibilidad, formulados por la escuela clásica desde perspectivas retributivas se ve como un conjunto de garantías del gobernado frente al Estado y en los modelos propuestos en su reemplazo parecería estar corriendo riesgo, ello origina un rechazo de éstos, además, la circunstancia de que no se haya formulado aun ningún sistema que ofrezca presupuestos de incriminación (teoría del delito) diferentes a los enunciados como consecuencia de la concepción retributiva, da más fuerza a la sensación de que el abandono de dichas teorías produciría inseguridad jurídica. Teorías relativas de la pena: Las teorías preventivas renuncian a ofrecer fundamentos éticos a la pena, ella será entendida como un medio para la obtención de ulteriores objetivos, como un instrumento de motivación, un remedio para impedir el delito. Para explicar su utilidad, en relación a la prevención de la criminalidad, se busca apoyo científico. Teorías de la prevención especial: Según éste punto de vista preventivo especial, el fin de la pena es disuadir al autor de futuros hechos punibles, es decir, evitar las reincidencias (versión moderna de la teoría) y sólo es indispensable aquella pena que se necesite para lograrlo, se procurará readaptar al autor mediante tratamientos de resocialización. Así, la necesidad de prevención especial es la que legitima la pena, para Von Liszt; sólo la pena necesaria es justa. Se habla de relativa porque su finalidad está referida a la evitación del delito. Para dicho autor la prevención especial actúa de tres maneras: Corrigiendo al corregible: resocialización, Intimidando al intimidable, Haciendo inofensivos a quienes no son corregibles ni intimidables. La necesidad de la pena es la que fundamenta en esta teoría de la imposición. Pese a que existen razones para considerarlo concepción dominante, éste punto de vista también es vulnerable. Algunas objeciones a la teoría de la prevención especial: En cuanto al fundamento y límites del "ius puniendi". El ideal de corrección explica el fin que persigue la pena pero no contiene ninguna justificación del "ius puniendi". No sirve para fundamentar la conminación de penas, sino en todo caso, para fundamentar la aplicación y ejecución de penas. No posibilitan una delimitación del ius puniendi en cuanto a su contenido. - Imposibilidad de determinar la necesidad de la pena. En la mayoría de los casos, los conocimientos empíricos no bastan para delimitar la necesidad de la pena, lo que resulta extensivo a lo relativo a naturaleza y quantum de la pena. En aquellos supuestos en que resulte posible determinar la falta de necesidad de prevención especial la única conclusión viable seria la impunidad. Delincuentes primarios y ocasionales: Porque no manifiestan peligro de volver a delinquir. Delitos graves: en ciertos casos no hay peligro de repetición. Delitos cometidos en situaciones excepcionales: porque casi con seguridad no se volverán a repetir. Delincuentes habituales: a veces no hay posibilidad de resocializarlos. Delincuentes por convicción: se dificulta la resocialización debido a que para que la misma resulte viable es indispensable la colaboración del delincuente y Página 437 de 600

no cabe su imposición coactiva, no podría aplicársele por la fuerza. En el ámbito de individualización de la pena, surgen nuevas objeciones por la imposibilidad de predecir los efectos del tratamiento (si la pena se prolonga hasta que el tratamiento tenga éxito, el condenado queda a merced de la intervención estatal). Ilegitimidad de la resocialización coactiva: El Estado o la sociedad no tienen derecho alguno que les permita readaptar a según las reglas socialmente impuestas, en forma coactiva, al autor de un delito determinado. No se puede, además, agotar el sentido de la pena en la readaptación social del condenado y el propósito de evitar la reincidencia. La razón por la cual la teoría de la prevención especial quedó detenida en su evolución, no logrando superar las críticas apuntadas, se relacionan con su prematuro abandono de los conocimientos de las ciencias sociales y de la investigación empírica para construir las categorías de autor que debían servir de base al sistema. Teorías de la prevención general: Tiene origen científico en Feuerbach, concibe a la pena como una amenaza que por medio de las leyes se dirige a toda la colectividad con el fin de limitar al peligro derivado de la delincuencia latente en su seno.Esta coacción formulada en abstracto se concretiza en la sentencia, cuando el juez refuerza la prevención general al condenar al autor debido a que por éste acto está anunciando a los demás lo que les ocurrirá si realizan idéntica conducta. Teoría de la prevención general positiva: La prevención general puede ser entendida de un modo diverso al precedentemente expuesto. Por una parte, puede manifestarse por la vía de la intimidación a los posibles delincuentes, y, por la otra, como prevalecimiento o afirmación del derecho a los ojos de la colectividad. Algunas objeciones a la teoría de la prevención general: Es muy difícil verificar cual es el efecto preventivo general de la pena. La idea de que la intensidad de la amenaza es proporcional al efecto preventivo resulta, al menos, dudosa. Utilización del delincuente para amedrentar a otros hombres. El interés público en la evitación de delitos no basta para justificar, respecto del afectado, lo que la pena a él le ocasiona: la garantía de la dignidad humana prohíbe utilizar al hombre como medio para los fines de otros hombres. Es impugnable en sí mismo un criterio que utiliza al hombre de esa forma ya que no se lo castiga por su acción sino por comportamientos que se supone que otros hombres pueden realizar, asumiendo sentido la objeción kantiana a que lo seres humanos sean manejados como instrumentos para prevenir las intenciones de otros.

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11. LA PENA: PRINCIPIO, CLASIFICACION Y APLICACIÓN: La Pena. Los libros de derecho penal a través de la historia, ha ido redactando a la humanidad, de cómo el hombre viola la norma y que ha base de todo esto se llega a tener que castigar al individuo con una pena que es el recurso que el Estado utiliza para castigar a las personas al momento en que estas cometen el delito, aunque en la actualidad la Pena ya no es la única consecuencia jurídica del delito, puesto que también se pueden imponer medidas de seguridad. Evolución y origen de la Pena. Evolución: La pena ha pasado por cinco etapas Históricas. La primera, la etapa primitiva, la cual simplemente era una Venganza; la segunda, la pena tiene un aspecto religioso, se da el derecho a castigar a los sacerdotes, más que al poder civil; la tercera etapa, tiene un fundamento ético; la pena tiene el sentido de castigar y moralizar al delincuente; la Cuarta etapa, Ferri la denomina ético jurídica, porque no solamente tiene los aspectos éticos, donde va intervenir el mundo jurídico, los principios ya conocidos y que da la Escuela Clásica de Derecho penal; la quinta etapa sería una etapa social de la pena, el momento en el cual el delincuente es considerado más que como delincuente como un enfermo social, y por lo tanto la sociedad tiene que hacerse cargo de él, lo que es muy diferente a que la sociedad lo castigue. Definiciones de la pena. Pena es una consecuencia jurídica del delito, que consiste en la privación o restricción de ciertos bienes jurídicos, que impone el órgano jurisdiccional, basado en la culpabilidad del agente y que tiene como objetivo la resocialización del mismo. Principio Ámbito de aplicación de la ley penal. Aplicación temporal. Cuando la doctrina se refiere a la ley penal es el especio, lo hace con el fin de explicar el campo de aplicación que puede tener la ley penal en un país determinado. La determinación del ámbito especial de validez de la ley penal es el resultado de un conjunto de principios jurídicos que fijan el alcance de la validez de las leyes penales del Estado con relación al espacio. El ámbito especial de validez de una ley es mucho más amplio que el denominado territorio, la ley penal de un país regularmente trasciende a regular hechos cometidos fuera de su territorio. Vigencia y derogación. Irretroactividad. Retroactividad de la ley favorable. Retroactividad: consiste en aplicar una ley vigente con efectos hacia el pasado, a pesar de que se haya cometido el hecho bajo el imperio de una ley distinta y ya se haya dictado sentencia. Principio de territorialidad. Sostiene que la ley penal debe aplicarse únicamente a los hechos cometidos dentro del los límites del territorio del Estado que la expide y dentro de ese limite la ley penal debe aplicarse a autores o a cómplices de los delitos, sin importar su condición de nacional o extranjero, residente o transeúnte, ni la pretensión punitiva de otro Estado. Se fundamenta en la soberanía de los Estados, por lo que la ley penal no puede ir más allá del territorio donde ejerce su soberanía determinado territorio. Ver art. 4 del C.P. Extraterritorialidad. Es una partícula excepción al principio de territorialidad y sostiene que la ley penal de un país, si puede aplicarse a delitos cometidos fuera de su territorio teniendo como base los siguientes principios (ver art. 5 y 6 del C.P.). Principio real o de protección de intereses. Fundamenta la extra territorialidad de la ley penal, diciendo que un Estado no puede permanecer aislado frente a ataques contra la comunidad que representa por el solo hecho de que se realicen en extranjero de tal manera que la competencia del Estado para el ejercicio de la actividad punitiva está determinada porque el interés lesionado o puesto en peligro por el delito sea nacional. Ejemplo: falsificación de moneda nacional en el extranjero. Ver art. 5 incisos 1, 2, 4 y 6 del CP. Principio de personalidad. La ley penal del Estado sigue al nacional donde quiera que este vaya, de modo que la competencia se determina por la nacionalidad del autor del delito y tiene en la Página 439 de 600

actualidad aplicación cuando se dan las siguientes circunstancias: Que el delincuente nacional no haya sido penado en el extranjero y que se encuentre en su propio país. Se fundamenta en una desconfianza existente respecto de una posible falta de garantías al enjuicia el hecho cometido por un nacional de un país extranjero. Ver art. 5 inciso 3 del CP. Principio universal. Principio universal o de comunidad de intereses: Sostiene que la ley penal de cada Estado tiene validez universal, por lo que todas las naciones tienen derecho a sancionar a los autores de determinados delitos, no importando su nacionalidad, lugar de comisión de delito, ni el interés jurídico vulnerado, la única condición es que el delincuente se encuentre en el territorio de su Estado y que haya sido castigado por este delito. Ver art 5 inciso 5 del CP. Clasificación. La penología. Clasificación doctrinaria y legal. Clasificación doctrinaria. Por sus consecuencias: Reversible. Por su aplicación: principal, accesoria, complementaria. Por su finalidad que persigue: correctiva, intimidatoria o preventiva, eliminatoria. Por el bien jurídico que afecta: Capital, Corporal, Pecuniarias, Laborales, Informantes. Medidas sustitutivas: Condena condicional, Libertad preparatoria, Libertad provisional. Clasificación legal: Penas principales (Art. 41)  La de muerte  La de prisión  El arresto y  La multa Penas accesorias (Art. 42)  Inhabilitación absoluta  Inhabilitación especial  Comiso y pérdida de los objetos o instrumentos del delito  Expulsión de extranjeros del territorio nacional  Pago de costas y gastos procesales  Publicación de la sentencia y todas aquellas que otras leyes señalen Medidas de seguridad (Art. 88)  Internamiento en establecimiento siquiátrico  Internamiento en granja agrícola, centro industrial u otro análogo  Internamiento en establecimiento educativo o de tratamiento especial  Libertad vigilada  Prohibición de residir en lugar determinado  Prohibición de concurrir a determinados lugares  Caución de buena conducta Clasificación Legal de las penas. La legislación Guatemalteca regula en su artículo 61 al 64 del código penal las penas se dividen: Principales y Accesorias. Penas Principales. Se les denomina Principales porque gozan de autonomía en su imposición de tal manera que pueden imponerse solas, prescindiendo de la imposición de otra u otras, por cuanto tienen independencia propia. La legislación guatemalteca en su artículo 41 del Código penal establece que son penas principales: la pena de muerte, la pena de multa, la pena de prisión y la pena de arresto. La pena de muerte. La pena de muerte siempre ha ido acompañada de la humanidad ya que ha surgido desde tiempos muy antiguos y cada uno la ha aplicado de diferente forma de acuerdo a sus usos y costumbre, como por ejemplo; la hoguera, la rueda el garrote, etc. Todas estas formas eran muy crueles porque pretendían que la persona que había cometido el delito sufriera. En Guatemala la pena de muerte ha significado una práctica lamentable en el transcurso de nuestra historia, desde la época Precolombina se estipulan penas corporales como la muerte, la esclavitud y el tormento. Durante el régimen colonial constituyo una práctica constante principalmente Página 440 de 600

contra los autores de motines en los pueblos indios. La ejecución de la pena capital aparece en los documentos bajo tres formas: garrote, disparo de arma de fuego y ahorcamiento. En la actualidad la pena de muerte tiene carácter extraordinario, y solo se aplicará en los casos expresamente consignados en la ley, sin embargo no se ejecutará, sino después de agotarse todos los recursos legales. Entre los delitos que el Código penal guatemalteco establece son los siguientes: Parricidio: regulado en el Artículo 131 del Código penal, establece que se impondrá la pena de muerte si las circunstancias del hecho, la manera de realizarlo y existe mayor peligrosidad de la persona que cometió el delito. Asesinato: regulado en el artículo 132 del Código penal, también establece al igual que el parricidio que se impondrá la pena de muerte si las circunstancias del hecho, la manera de realizarlo y existe mayor peligrosidad de la persona que cometió el delito. Ejecución Extrajudicial: regulado en el artículo 132 Bis del Código penal, se le da un margen de libertad al juzgador ya que se impondrá pena de muerte solamente cuando la víctima sea menor de doce años de edad o persona mayor de sesenta años y también cuando exista peligrosidad del agente. Y en los demás caso será sancionado con prisión de 25 o 30 años. Violación Calificada: regulado en el artículo 175 del código penal, se impondrá la pena de muerte cuando resultare la muerte de la víctima y no hubiera cumplido 10 años de edad. Plagio o secuestro: regulado en el artículo 201 del Código penal, el legislador establece que se aplicara la pena de muerte cuando se plagie o secuestre a una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de persona o la toma de cualquier otro propósito similar o igual. Desaparición Forzada: regulado en el artículo 201 Ter del Código penal, al igual que el delito de violación forzada ya que se aplicara la pena de muerte cuando la víctima resultaré con lesiones graves o gravísimas, trauma psíquico o psicológico permanente o falleciere. Caso de Muerte: regulado en el artículo 383 del Código pena, al igual que el delito de asesinato y parricidio se impondrá la pena de muerte cuando exista peligrosidad del agente. La ley de Narcoactividad en su artículo 52 establece, que se sanciona con pena de muerte como cuando consecuencia de los delitos tipificados en esta ley, resultare la muerte de una o más personas. En Guatemala existe un procedimiento especifico para la aplicación de la pena de muerte que se realiza de la siguiente forma: en el interior del presidio que corresponda, pudiendo estar presentes únicamente: el Juez ejecutor, el ejecutor, el médico forense, el personal paramédico que se estime necesario, el director del presidio, el fiscal del Ministerio Público, el abogado defensor, el capellán mayor, un ministro de la religión o culto que profese el reo, su esposa o conviviente, sus familiares dentro de los grados de ley, así como los representantes de la prensa hablada, escrita y televisada. Se suspenderá la ejecución de la pena capital, cuando el reo, se hallare privado de la razón o padeciendo una enfermedad grave, previo informe médico legal y únicamente por el tiempo estrictamente necesario para la recuperación del mismo. Se procederá a la notificación del auto que mande el cumplimiento de la pena capital y una vez llegada la hora dispuesta para la misma, el director del centro penitenciario conducirá al reo al lugar destinado para el efecto; se procederá a la lectura de la sentencia y de la resolución judicial que ordena el cumplimiento de la pena. Después de la lectura, se procede a ejecutar la pena de muerte Página 441 de 600

mediante el procedimiento de la inyección letal. Aplicación: Aplicación en Guatemala: En Guatemala, se aplican las penas de acuerdo a lo preceptuado en el Título VI (De las Penas) Capítulo II (De la aplicación de las penas) como lo indica en los Artículos siguientes: Artículo 62. El autor del delito consumado. Artículo 63. El autor de tentativa y al cómplice del delito consumado. Artículo 64. Al cómplice de tentativa. 12. EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL: Después que se ha comprobado la existencia de un delito y que se atribuye a una persona determinada, esta deviene en responsable del mismo y se sujeta a las consecuencias penales y civiles por la comisión del mismo. Sin embrago nuestra legislación considera la extinción del derecho de acción penal (extinción de la responsabilidad) y la extinción del derecho de ejecución de la pena (extinción de la pena). En la extinción del derecho de acción penal de cuyo ejercicio conforme lo prescribe el art. 24 del C. Procesal Penal, es titular el Ministerio Público, pero que alternativa y eventualmente pueden ejercer además, los agraviados y cualquier persona o asociación de personas cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos que hubieren violado Derechos Humanos. Las causas de extinción de la responsabilidad penal son determinadas circunstancias que sobrevienen después de la comisión del delito y anulan la acción penal. Extinción de la pena. El derecho a la ejecución de la pena que nuestra ley llama extinción de la pena, tiene las siguientes causas: ( art. 102 CP) POR SU CUMPLIMIENTO: Cuando el reo cumple la pena impuesta por el Estado a través del órgano jurisdiccional competente por lo que es indudable que la responsabilidad penal se ha extinguido (art. 493 CPP). POR MUERTE DEL REO: Es cuando el reo se encuentra cumpliendo la condena y fallece. Se extingue el derecho a la ejecución de la pena y sus consecuencias penales, solo las responsabilidades civiles pasan a ser un gravamen del patrimonio del reo fallecido. AMNISTIA: es la más completa expresión del derecho de gracia y supone completo del delito y sus consecuencias. Solo podrá otorgarse por delitos políticos y comunes conexos cuando lo exija la conveniencia pública. La concede el congreso. Es el olvido de los delitos políticos. INDULTO: es una gracia concedida tradicionalmente al jefe del ejecutivo y ha quedado como resabio de los derechos que los reyes o soberanos ejercían remitiendo ha atenuado las penas impuestas con base en el poder omnimodo que ejercían. Solo extingue la pena principal. PERDON DEL OFENDIDO: se da en los delitos perseguibles mediante denuncia o querella, solo se aplica en los casos permitidos por la ley (arts. 116,172 y 234 CP) PRESCRIPCIÓN: su base es el transcurso del tiempo. El fundamento de la prescripción de la pena es la falta de utilización por el Estado, no obstante haber transcurrido el tiempo. Las penas impuestas por sentencia firme prescriben por el transcurso de un doble de la pena fijada, sin que pueda exceder de 30 años, comenzando a contarse el término desde la fecha en que la sentencia queda firme desde el quebrantamiento de la condena. Se interrumpe la pena quedando sin efecto el tiempo transcurrido por la comisión de un nuevo delito o porque el reo se presente o sea habido. Modalidades de la imposición de la pena. Principales y accesorias. PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y DE LA PENA: La prescripción de la acción penal se interrumpe desde que se inicie proceso contra el imputado, corriendo de nuevo el tiempo de la prescripción desde que se paralice su prosecución por cualquier circunstancia. También se interrumpe respecto a quien cometiere otro delito. Artículo 110 Prescripción de la pena. 13. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CORRECCIÓN: Medidas de seguridad (Art. 88) Internamiento en establecimiento siquiátrico, Internamiento en granja agrícola, centro industrial u otro análogo, Internamiento en establecimiento educativo o de tratamiento Página 442 de 600

especial, Libertad vigilada, Prohibición de residir en lugar determinado, Prohibición de concurrir a determinados lugares, Caución de buena conducta. 14. SUSTITUTIVOS PENALES: “Los sustitutivos penales, son medios que utiliza el Estado, a través de los órganos jurisdiccionales, encaminados a sustituir la pena de prisión, atendiendo a una política criminal con el fin de resocializar al delincuente, dándole la oportunidad de reintegrarse a la sociedad y que no vuelva a delinquir.” Los sustitutivos penales “consisten en beneficios que cambian el cumplimiento de la pena de multa y de la pena de prisión, cuando ésta es de corta duración, y que se otorgan siempre y cuando se cumplan los requisitos y los presupuestos señalados en la ley para su procedencia.” Características de los sustitutivos penales. Como sanción penal: La sustitución de las penas privativas de libertad consiste en el mecanismo que establece la legislación penal para aplicar un sustitutivo. La sustitución presupone la existencia de una sentencia condenatoria, en la que se establezca una pena presidiaria, que posteriormente se decide sustituir a entera discreción de los jueces o tribunales. Como medio para evadir la pena privativa de libertad: El fundamento esencial de este cambio de pena, consiste en la facultad que se les otorga a los jueces para no hacer ejecutar la pena privativa de libertad si estiman la conveniencia al condenado, dadas las circunstancias del hecho y de la persona. Como medida alternativa: La idea fundamental de la sustitución de la pena privativa de libertad es evitar en lo posible la pena de prisión y por eso constituye una alternativa para eludir la resocialización del delincuente. Como acto intelectual del juez: Es importante indicar que el juez antes de imponer la pena sustitutoria, deberá llevar a cabo un proceso intelectivo y orientado a la aplicación de la sustitución de una pena por otra, verificando la concurrencia de cada uno de los requisitos que se tienen que dar para que se aplique la pena sustitutoria. Como actividad discrecional del juzgador: Este proceso que realiza el juzgador para la aplicación y ejecución de la pena, se fundamenta en la facultad legal de aplicar una sanción eficaz para evitar la cárcel, que se apoya en el margen de discrecionalidad que se les otorga legalmente para determinar la conveniencia de sustituir la pena de prisión por otra pena menos drástica. Como medio necesario para lograr la resocialización del condenado: El fin primordial de la aplicación de las penas sustitutivas es la de evitar el encarcelamiento del delincuente y consecuentemente obtener su resocialización y así cumplir a cabalidad el mandato constitucional, por lo que deben de conducir al delincuente, lo más pronto y lo más seguramente posible, a su reintegro a la sociedad, como un miembro activo de ella. Clasificación legal de los sustitutivos penales. Dentro de la legislación guatemalteca se encuentran regulados en el Código Penal las siguientes figuras que son consideradas como sustitutivos penales aplicables dentro del proceso penal: La suspensión condicional de la pena, La libertad condicional y El perdón judicial. La suspensión condicional de la pena. Consiste en “el beneficio penitenciario por el cual se deja en libertad a los penados que hayan observado un comportamiento adecuado durante los diversos períodos de su condena y cuando ya se encuentren en la última parte del tratamiento penal, siempre que se sometan a las condiciones de buena conducta y demás disposiciones que para el efecto el juez señale.” “Es el beneficio que confiere la gran mayoría de los ordenamientos penales, de suspender la efectividad de la pena, condicionando esa suspensión a la no correspondiente al nuevo delito.” El perdón judicial. “El perdón judicial es un sustitutivo penal, o medio que utiliza el Estado, a través de los órganos jurisdiccionales, encaminado a sustituir la pena de prisión o multa, atendiendo a una política criminal con el fin de resocializar al delincuente, dándole la oportunidad de reintegrarse a la sociedad y que no vuelva a delinquir”, “Es la facultad discrecional que algunas legislaciones penales Página 443 de 600

modernas atribuyen a los tribunales para proceder fundamentalmente a remitir la pena prevista para el delito cometido por el reo condenado, cuando resulte más útil esta decisión.” Tiene como efecto la extinción de la responsabilidad penal. La libertad condicional. “Es un beneficio que se concede judicialmente a los condenados después que han cumplido determinada parte de su condena y observando buena conducta; siempre que no se trate de reincidentes que se atengan a ciertas reglas impuestas por el juez. Al no ser observadas algunas de esas condiciones el condenado vuelve a ser recluido por el tiempo faltante para el cumplimiento de la pena, sin que en el cómputo se tenga en cuenta el tiempo que se estuvo libre.” Diferencia de los sustitutivos penales con otras figuras jurídicas. La sustitución de la pena tiene sentido cuando “es cambiada por otra figura que permite evitar el cumplimiento de la pena de prisión otorgando libertad personal al condenado en sentencia, por lo que no se está ante la cesación de sus efectos sino ante un proceso sustitutivo de una consecuencia jurídica por otra pero, únicamente al ser impuesta en sentencia condenatoria, por esto se excluye como sustitutivos penales a las medidas sustitutivas, a las medidas de seguridad y a los criterios de oportunidad, pudiendo ser otorgadas en cualquier etapa del proceso.” Diferencias de los sustitutivos penales con las medidas sustitutivas. Las medidas sustitutivas “son alternativas que ofrece el Código Procesal Penal a la prisión preventiva, en aquellos casos en que los fines de la misma pueden lograrse por otras vías menos gravosas para el sindicado, por lo que en el proceso penal es necesario adoptar medidas cautelares o asegurativas que garanticen la realización del juicio y la efectividad de la sentencia que se dicte. “Las condiciones para la aplicación de una medida sustitutiva son la existencia de un hecho punible y de indicios suficientes de responsabilidad penal del imputado por una parte y el peligro de fuga o de obstaculización a la investigación por otra. Cuando razonablemente se pueda pensar que la fuga o la obstaculización pueda evitarse a través de una medida sustitutiva, se preferirá ésta antes que la prisión incluso dentro de las medidas sustitutivas se dará prioridad a las menos gravosas cuando así se puedan cumplir los objetivos señalados.” Mientras que los sustitutivos se constituyen en medios que vienen a reemplazar la pena de prisión o multa impuestas al final del proceso y dictada dentro de una sentencia condenatoria, no sólo suspendiendo de forma condicional su cumplimiento y efectos sino que incluso puede extinguir los mismos y liberar al condenado de toda responsabilidad penal quedando vigente únicamente la responsabilidad civil. Diferencias de los sustitutivos penales con las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad “constituyen una medida no penal, consideradas como tratamientos impuestos por el Estado a determinados delincuentes encaminados a obtener su adaptación a la vida social o a su segregación de la misma. Tienen un fin preventivo, rehabilitador no retributivo, porque pretenden prevenir la comisión de futuros delitos a través de la educación, corrección y curación de los sujetos con probabilidad de delinquir, desprovistas del castigo expiatorio.” “Parten del estudio de la personalidad del delincuente, por lo que se consideran un complemento necesario de la pena, pues éstas tratan de impedir la realización de futuros delitos y miran a la prevención especial imponiéndolas a los inimputables peligros y aún a los no peligrosos, por lo que el hecho ilícito cometido se valora como un síntoma de la personalidad antisocial y sirve de base a la creencia de que no es un episodio aislado y que si no se toman ciertas medidas asegurativas habrá de repetirse sistemáticamente. Es lo que se denomina peligrosidad delictual o criminal, y consiste en la “posibilidad de que el agente cometa nuevos delitos.” En cuanto a su diferencia con los sustitutivos penales, para que éstos procedan debe existir previamente un debido proceso iniciado con motivo de la comisión de un hecho delictivo concluido con una sentencia condenatoria en la cual se imponga una pena Página 444 de 600

privativa de libertad, mientras que las medidas de seguridad por no constituir una figura punitiva sino preventiva, cuentan con un procedimiento específico el cual consiste en un juicio especial para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, el cual procederá en cualquier etapa del proceso. Además, las medidas de seguridad pueden dictarse como medida principal o accesoria a una pena sin que ésta sea necesariamente privativa de libertad, para prevenir o como consecuencia de la comisión de un delito, y pueden dictarse ya sea dentro de un proceso penal o a través de su proceso específico según sea el caso, pudiendo dictarse de forma indefinida; mientras que los sustitutivos penales se aplican en forma temporal en tanto se extinguen las causas que les dieron origen, es decir, terminan mediante su revocación o con la extinción de la pena. 15. REPARACIÓN DIGNA: Proviene del latín reparatio, onis. Se define como la acción o efecto de restituir a su condición normal y de buen funcionamiento, a cosas materiales mal hechas, deterioradas, o rotas. En la jurisprudencia, la reparación es la reposición por parte de un criminal de una pérdida causada a una víctima. La reparación monetaria es una forma común de reparación. La reparación junto con la verdad y la justicia, es uno de los elementos principales que se buscan en un proceso transicional, en el que se busca implementar un nuevo orden que se lleve a cabo en un proceso de paz. Es imprescindible para establecer el monto de la reparación digna, que la misma cumpla con los extremos siguientes: que sea viable, proporcional, objetiva, legal, la prueba debe acreditar que es efecto propio del ilícito que se juzga, además reparadora, rehabilitadora o reinsertadora y que viabilice la paz social. Otro aspecto a tomar en cuenta es las condiciones físicas, psicológicas, económicas, sociales y culturales de la persona obligada, ya que en igualdad de condiciones el juzgador deberá considerar estos extremos para la existencia del debido proceso en igualdad de condiciones sin discriminación alguna. REPARACIÓN DIGNA. (Código Procesal Penal Guatemalteco Dto. 51-92. Dto. 7-2011). La reparación privada; sección primera; acción civil. Código Procesal Penal Artículo 124. Derecho a la reparación digna. (DEFINICIÓN LEGAL DE REPARACIÓN DIGNA) La reparación a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias como sujeto de derechos contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado, en la medida que tal reparación sea humanamente posible y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito; para el ejercicio de este derecho deben observarse las siguientes reglas: REQUISITOS PARA QUE PROCEDA LA REPARACIÓN DIGNA. Sentencia Condenatoria, Víctima determinada. 1) La acción de reparación podrá ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria". El Juez o tribunal que dicte la sentencia de condena, cuando exista víctima determinada, en el relato de la sentencia se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación, la que se llevará a cabo al tercer día. (PROBAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS) 2) En la audiencia de reparación deberá acreditar el monto de la indemnización, la restitución y, en su caso, los daños y perjuicios conforme a las reglas probatorias y, pronunciarse la decisión inmediatamente en la propia audiencia. 3) Con la decisión de reparación, y previamente relatada responsabilidad penal y pena, se integra la sentencia escrita. (MEDIDAS CAUTELARES) 4) No obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal, la víctima o agraviado podrán solicitar al juez o tribunal competente, la adopción de medidas cautelares que permitan, asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación. (SENTENCIA EJECUTABLE) 5) La declaración de responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme. Si la acción reparadora no se hubiere ejercido en esta vía, queda a salvo el derecho de la víctima o agraviado a ejercerla en la vía civil. Parte Página 445 de 600

resolutiva de la sentencia Código Procesal Penal. Artículo 390. Pronunciamiento. "La sentencia se pronunciará siempre en el nombre de la República de Guatemala. Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencia, después de ser convocados verbalmente todas las partes en el debate, y… La lectura de la sentencia se deberá llevar a cabo, a más tardar dentro de las cinco días posteriores al pronunciamiento de la parte resolutiva" Código Procesal Penal Artículo. 124, numeral 1. "En el relato de la sentencia se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación, la que se llevará a cabo al tercer día." AUDIENCIA DE REPARACION DIGNA 1) Apertura 2) Se le otorga la palabra a la víctima o agraviado, Querellante Adhesivo (pretensión y aporte sus pruebas). 3) Se le da palabra al Ministerio Público (Pretensión y Prueba). 4) Se le da palabra al abogado Defensor (Pretensión y Prueba). 5) Se admite o rechaza la prueba. 6) Se diligencia la prueba. 7) Pronunciamiento de la decisión de Reparación Digna. 8) Artículo 278. REMISIÓN. Código Procesal Penal: "El embargo de bienes y las demás medidas de coerción para garantizar la multa o la reparación, sus incidentes, diligencias, ejecución y tercerías, se regirán por el Código Procesal Civil y Mercantil". (Libro 5to. Alternativas comunes a todos los procesos) VÍCTIMAS. Artículo 117, numeral 1, Código Procesal Penal. (Reformado por el art. 38 de la Ley Orgánica del Instituto de Asistencia y Atención a la Víctima del delito Dto. 21-2016) 1. Las personas que, individual o colectivamente, haya sufrido daño. Incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la ley penal vigente. 2. Cónyuges. 3. Familiares. 4. Dependientes inmediatos de la víctima directa. 5. Persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito. 6. Personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. RESPONSABILIDAD CIVIL. Código Penal. Artículo 112. Personas responsables. "Toda persona responsable penalmente de un delito o falta, lo es también civilmente". RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Código Penal Artículo 113. Solidaridad de las obligaciones. "En el caso de ser dos o más los responsables civilmente de un delito o falta, el tribunal señalará la cuota por la que debe responder cada uno. Sin embargo, los autores y los cómplices responderán solidariamente entre sí y responderán subsidiariamente de las cuotas que correspondan, no solo a los insolventes de su respectivo grupo, sino también de los insolventes del otro. Tanto en uno como en el otro caso, queda a salvo el derecho de quien hubiere pagado, de repetir contra los demás por las cuotas correspondiente de cada uno". TRANSMISIÓN. Código Penal. Artículo 115. "La responsabilidad civil derivada de un delito o falta, se transmite a los herederos del responsable; igualmente se transmite a los herederos del perjudicado la acción para hacerla efectiva". RESPONSABILIDAD CIVIL DE INIMPUTABLES. Código Penal. Artículo 116. "Los comprendidos en el artículo 23 (Código Penal, no es imputable), responderán con sus bienes por los daños que causaren. Si fueren insolventes, responderán subsidiariamente quienes los tengan bajo su potestad o guarda legal, salvo que demuestren que no incurrieron en descuido o negligencia en la vigilancia del que cometió el hecho". CLASES DE REPARACIÓN. (Artículo 124 Código Procesal Penal) Económicas Pago de Indemnización, Pago de Daños, Pago de Perjuicios. No económicas Art. 29 Ley Orgánica del Instituto de Asistencia y Atención de la Víctima del delito. Dto. 21-2016. Es obligación del Instituto de la Víctima coadyuvar con el Ministerio Público en la garantía y defensa del derecho a la reparación digna de la víctima del delito, cuando ésta se haya constituido como querellante adhesivo. Rehabilitación, Compensación, Satisfacción, Medidas de no Repetición. MATERIALES Restitución EN CASOS DE FEMICIDIO Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER NO ECONÓMICA Artículo 3, literal h, Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Médica, Psicológica, Moral, Social. OBLIGACION DE REPARAR. DAÑOS Y PERJUICIOS. ARTÍCULO 1646 Código Civil: "El responsable de un delito doloso o culposo, está obligado a reparar a la víctima los daños o perjuicios que le haya causado". DAÑOS Y PERJUICIOS. ARTÍCULO 1434. Código Civil: Página 446 de 600

"Los daños, que consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio, y Los perjuicios, que son las ganancias lícitas que deja de percibir. Deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse". EJEMPLO: MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Sentencia de fecha 19 de mayo de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Veliz Franco Vrs. Guatemala. Párrafo 256. 1. La Sentencia "Per se". 2. Publicación de la sentencia en el diario oficial. 3. Publicación de la sentencia en un diario de amplia circulación. 4. Publicación de la sentencia por 1 año, en la página web, del Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional Civil. 5. Disculpas públicas. EJEMPLO: GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN: Sentencia de fecha 19 de mayo de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Veliz Franco Vrs. Guatemala. Que hechos similares no se vuelvan a repetir y contribuyan a la prevención.Párrafo 264. 1. Adoptar una legislación orientada a combatir la violencia 2. Fortalecer el INACIF y asignarle adecuados recursos para ampliar sus actividades en el territorio nacional. 3. Implementar órganos jurisdiccionales especializados en femicidio en toda la República", así como de fiscalías especializadas. 4. Implementar programas y cursos para funcionarios públicos pertenecientes al Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional Civil que estén vinculados a la investigación de actos de homicidio de mujeres. 5. Crear un Sistema Nacional de Información sobre Violencia contra la Mujer. 6. Brindar atención médica o psicológica gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva a las personas afectadas. DAÑO INMATERIAL Sentencia de fecha 19 de mayo de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Veliz Franco Vrs. Guatemala. Párrafo 295. "ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño inmaterial y ha establecido que éste puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados por la violación como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y cualquier alteración, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas. Dado que no es posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, sólo puede ser objeto de compensación, para los fines de la reparación integral a la víctima, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad". EJECUCION. Artículo 124, numeral 5, Código Procesal Penal "La declaración de responsabilidad civil será, ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme". ¿En dónde se ejecuta? EJECUCION. Expediente No. 2038-2011 de duda de competencia CSJ Sentencia del 14/10/2011 "...Que del análisis de las actuaciones Cámara Penal encuentra que la duda de competencia que se plantea con relación a que si el juzgado de Ejecución Penal únicamente está facultado para el cobro de conmutas de penas de prisión o multas y no así para el cobro de reparaciones de orden civil…" "se puede determinar que es competencia de los jueces de ejecución el conocer lo referente a la ejecución de las reparaciones dignas de las víctimas en los procesos penales en los que se haya ejercitado dicho derecho, con la salvedad de que si no se hubiere ejercido en esta vía, puedan ejercerla en la vía civil. En tal sentido, el Juzgado Primero de Ejecución Penal de Guatemala deberá seguir conociendo con referencia a la duda planteada de la sustanciación de la fase de ejecución..." RESPONSABILIDAD CIVIL: Generalidades sobre responsabilidad civil. Concepto de responsabilidad: El diccionario de la Real Academia define la responsabilidad como: “deuda u obligación de reparar y satisfacer”, aplicado este concepto al mundo jurídico, supondría “la sujeción de una persona que vulnera un deber y produce un daño, y la obligación de resarcir el daño producido”. Responsabilidad civil Definición: Etimológicamente la palabra –responsabilidadviene del latín respondere. Y, se puede decir, que responsabilidad civil es el efecto que el ordenamiento jurídico hace recaer sobre el patrimonio de un sujeto que está correlacionado con la infracción de un deber prestatario, ya sea éste de Página 447 de 600

naturaleza positiva o negativa. Díez-Picazo define la responsabilidad como: “la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el daño producido”. Según el tratadista Manuel Ossorio, responsabilidad civil: “es la que lleva consigo el resarcimiento de los daños causados y de los perjuicios provocados por uno mismo o por tercero, por el que debe responderse”. Entonces la responsabilidad civil, se da cuando la persona que ha causado el daño tiene la obligación de repararlo, en naturaleza o por un equivalente monetario (normalmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios). El fundamento de la responsabilidad civil. Para nadie es un misterio que los códigos modernos tienen la culpa como fundamento de la responsabilidad civil. Sin embargo en el siglo recién pasado la culpa ha sufrido importantes embates. La crítica a la insuficiencia del sistema basado en la culpa dio lugar a la teoría del riesgo. La dificultad de probar la culpa en accidentes de trabajo dejaba a las víctimas sin ninguna indemnización. El debate estaba planteado: ¿la culpa constituye el único fundamento posible de la responsabilidad civil? la respuesta negativa se confirma con la aparición de la responsabilidad objetiva. Los derechos de la víctima en la responsabilidad civil. La doctrina muestra una tendencia a ver los problemas de responsabilidad civil desde el punto de vista del autor. La víctima y sus derechos no han merecido una acuciosa reflexión. Ahora bien la víctima no siempre debe acreditar los mismos elementos para exigir la responsabilidad del autor o deudor. La posición más precaria es aquella en que la víctima debe probar la culpa, el hecho generador, el daño y el vínculo causal entre los dos últimos. Esto ocurre en presencia de las obligaciones de medio en materia contractual y en todos los casos en que no exista una presunción de culpa o una hipótesis de responsabilidad objetiva en el ámbito extracontractual. Este es el grado menor de protección y garantía de la víctima. En segundo término, es posible que exista una presunción de culpa. La víctima sólo debe probar el hecho generador, el daño y el vínculo causa entre ambos. Corresponde al deudor probar la ausencia de culpa para librarse de responsabilidad. En tercer lugar, es posible que la víctima deba ser indemnizada sin importar la culpa del autor o deudor. La responsabilidad objetiva hace óbice al análisis de la culpa. Esta no presenta ninguna relevancia para el establecimiento de la responsabilidad. La víctima prueba el hecho dañino y el vínculo causal. El autor y el deudor sólo pueden eximirse de responsabilidad probando la concurrencia de alguna de las hipótesis que interrumpa el vínculo causal entre el hecho y el daño. Esto es, fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o, por último, el hecho de la víctima absoluto. En materia contractual, las obligaciones de resultado constituyen un ejemplo de responsabilidad objetiva. Objetivo de la responsabilidad civil. “El objetivo principal de la responsabilidad civil es procurar la reparación, que consiste en restablecer el equilibrio que existía entre el patrimonio del autor del daño y el patrimonio de la víctima antes de sufrir el perjuicio. La responsabilidad civil posee un aspecto preventivo, que lleva a los ciudadanos a actuar con prudencia para evitar comprometer su responsabilidad; y un aspecto punitivo, de pena privada”. Como se puede observar el único objetivo de la responsabilidad es resarcir el daño provocado a la víctima y devolver las cosas al estado que se encontraban antes de que ocurriera el percance que provocó el daño. Diferencia con la responsabilidad penal. Es importante distinguir la responsabilidad civil de la responsabilidad penal, ya que ésta última tiene por finalidad designar a la persona que deberá responder por los daños o Página 448 de 600

perjuicios causados a la sociedad en su totalidad, no a un individuo en particular. A la vez, todas estas especies de responsabilidad jurídica deben distinguirse de la responsabilidad moral, en la cual los responsables no responden de sus actos ante la sociedad, sino ante su propia conciencia o ante Dios. Para la responsabilidad penal los daños o perjuicios tienen un carácter social, pues son considerados como atentados contra el orden público lo suficientemente graves como para ser fuertemente reprobados y ser erigidos en infracciones. Las sanciones penales tienen una función esencialmente punitiva y represiva, y sólo buscan la prevención de manera accesoria (ya sea a través de la intimidación y la disuasión, o a través de la rehabilitación del culpable, de su reeducación o de su reinserción social). Clases de responsabilidad La diferencia entre la responsabilidad civil subjetiva y la responsabilidad civil objetiva radica en que la responsabilidad subjetiva está basada en la idea de culpabilidad y nace de la actuación negligente de un sujeto; esto es, que una persona responde de las consecuencias de una acción por el hecho de haber actuado (dolosa o culposamente), por lo tanto quedará exento de responsabilidad si prueba haber obrado con toda la diligencia debida. Sin embargo, existe responsabilidad civil objetiva, cuando se impone a un sujeto la obligación de responder por haberse ocasionado un daño y prescindiendo totalmente de si el sujeto ha actuado o no de forma negligente. Prueba y presunción de culpabilidad La tradición jurídica ha fundamentado siempre la responsabilidad en la idea de culpa, sin embargo a partir del año 1964 en que se promulga el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 106 y 107 respectivamente; abriendo paso a una tendencia a la objetivación de responsabilidad, mediante la inversión de la carga de la prueba, la creación del riesgo profesional, la idea de compensación de beneficios, etcétera, ley que tiene por objeto dar solución práctica al problema que se plantea cuando alguien sufre una lesión en sus bienes y derechos, sin tener una obligación jurídica de soportar los mismos. En cuanto a la forma en que obra la inversión de la carga de la prueba, la misma supone que frente al principio general de que quien alega un hecho debe probarlo, se establece que quien ha producido un resultado dañoso se presume que ha sido debido a culpa del mismo, debiendo acreditar, para exonerarse de responsabilidad, haber actuado con toda la diligencia debida y descargando de la obligación de probar a la persona que ha sufrido el daño. La teoría del riesgo profesional, tiene su fundamento en que la persona que pone en funcionamiento una actividad constitutiva de riesgo, debe responder del riesgo creado. Por su parte, la teoría de la compensación del beneficio, parte que la persona que obtiene beneficio de una determinada conducta, debe también asumir los riesgos que de la misma se deriven. No obstante estas teorías, se debe señalar que el sistema jurídico guatemalteco, postula como requisito necesario para exigir responsabilidad civil, la culpa del agente causante del daño, entendiéndose que hay culpa siempre que se trasgreden las normas objetivas de cuidado, por muy leve que sea la trasgresión que se produzca. SISTEMA PENITENCIARIO: Definición del Sistema Penitenciario. Institución gubernamental encargada de la custodia de las personas que se encuentran detenidas preventivamente y de las que en sentencia firme han sido declaradas culpables de delitos cometidos en contra de la sociedad, así como la entidad encargada de crear las instancias y políticas que tiendan a la reeducación y readaptación de los reclusos a la misma. Antecedentes en Guatemala del Página 449 de 600

Sistema Penitenciario. El 9 de julio de 1875 el señor José F. Quezada visito por encargo de la Municipalidad de Guatemala, la cárcel de hombres y de corrección Santa Catarina, ubicada en la 3ª. Avenida y 5ª. Calle de la zona 1 de la ciudad capital, la observación que hizo de esta visita fue impactante ya que pudo darse cuenta que las condiciones del edificio eran desastrosas, los presos se encontraban en estados degradantes que no correspondían a condiciones humanas, que carecían de servicios esenciales, el estado deplorable de las celdas eran comparadas con caballerizas, los presos enfermos morían por falta de cuidados médicos, y su enfermedad prolongaba más aún la pena del castigo, siendo así la cárcel en ese entonces una maldición caída del cielo puesto que el que cumplía condena por delitos menores y sin relevancia social era considerado igual como el peor de los asesinos que pudiese existir, ya que el que se encontraba guardando prisión pasaba por las más duras de las penas impuestas tanto por el trato de sus compañeros como el de los celadores, sin embargo lo que hacía más desastrosa la condición de detenido eran las condiciones de la cárcel. A raíz de esta observación, el señor Quezada rinde al Alcalde su informe del estado de la cárcel y las condiciones de los reclusos. Dando así lugar a que por orden y apoyo del gobierno del General Justo Rufino Barrios se iniciara la construcción de la Penitenciaría Central, el 11 de enero de 1877 misma que fuera construida en el terreno llamado “El Campamento”. Dicha Penitenciaría era de estilo panóptico y tenía un sistema moderno de seguridad, contaba con instalaciones apropiadas tanto para los reclusos como para los empleados de la misma. Sin embargo lo que en principio fue un paso hacia al iluminismo dejando atrás al pasado con sistemas y métodos ortodoxos, no tardo en pasar unos cuantos años para que se volviera al mismo abandono y regresara el mismo trato a los reclusos e inclusive al mismo estado de las instalaciones regresando al hacinamiento puesto que la capacidad de dicha penitenciaría era para recluir a quinientos reclusos y se agudiza al alojar a más de dos mil quinientos. Antecedentes en la historia del Sistema Penitenciario. Los sistemas penitenciarios tienen por objeto la reforma o enmienda del delincuente. Antiguamente al someter a un individuo a una pena privativa de libertad se perseguía el propósito de aislarlo de la sociedad, haciéndole cumplir un castigo con un fin expiatorio, más tarde evolucionó hasta considerar que era necesario someter a ese individuo que había cometido un delito, a un sistema que tuviera por objeto reformarlo. Los sistemas penitenciarios son también todos los procedimientos ideados y llevados a la práctica para el tratamiento, castigo y corrección de todos aquellos que han violado la norma penal. Históricamente han existido 5 sistemas los cuales son: 1) Filadelfico o celular, 2) De aurbun o sing sing nueva york, 3) Sistema de reformatorios, 4) Ingles de los borstals y 5) Sistemas progresivos. Sistema filadelfico o celular. En los Estados Unidos surge en el año de 1777, bajo el nombre de The Philadelfia Society For Distressed Prisioners, el sistema Filadelfico o celular, que prevenía en primer lugar el aislamiento continuo de los detenidos que presentaban peligrosidad mayor y así permitirles alcanzar el arrepentimiento en la calma contemplativa más absoluta. Para aquellos reclusos menos difíciles estaba prevista la ocupación en trabajos útiles a la comunidad. Si bien es cierto, que el fin inspirador provenía de los cuáqueros como consecuencia de ello, de lo más humanos, en la práctica se reveló la falacia de un sistema que constreñía el aislamiento más absoluto para llevar a la penitencia y rehabilitación. Sistema de auburn y sing sing, new york. Como consecuencia de las críticas al sistema Filadelfico se intentó otra dirección, Página 450 de 600

que encontró su primera expresión en 1823, sistema que se fundaba en ese concepto: De día el trabajo se desempeñaba en común, bajo un estricto rigor disciplinario y el más absoluto silencio, de noche imperaba el absoluto aislamiento en pequeños cuartos individuales. Si el primer sistema fallaba por la falta de asociación o comprensión entre los hombres, factores naturales indispensables para el sano desarrollo de la personalidad humana, el segundo fallaba por exceso de disciplina, considerado como un mal necesario. Resta el hecho de que ambos sistemas representaban en concreto el intento de institución y organización de una causa de pena, para utilizarla como prisión para delincuentes sentenciados a penas privativas. Puede afirmarse que en este período existe una ambivalencia de actitudes, por una parte persiste la tradición de la venganza el deseo de castigar dolosamente a quien ha pecado. Por otra parte se abre paso a un sentimiento de piedad cristiana por condición miserable en la que son abandonados los detenidos en las cárceles. Sistemas reformatorios. En 1876 en New York este sistema representa la experiencia Norteamericana de Elmira, consistiendo en una forma de disciplina especial para adolescentes y jóvenes adultos, de los 16 a 30 años, condenados con sentencias indeterminadas. Este sistema anglosajón consiste en un procedimiento de imposición de una sanción penal en su conjunto y no la sola sentencia emitida por el juez. Consiste en un tratamiento progresivo para estimular al máximo en el joven interno, la capacidad de obtener con el trabajo y el buen comportamiento la libertad. Sistema ingles de los borstals. Es una forma de sistema progresivo y se debió a Evelyn Ruggles Brise, que a comienzos del siglo pasado, ensayó en un sector de una antigua prisión del municipio de Borstals, próximo a la ciudad de Londres, Inglaterra, alojando a menores reincidentes, de 16 a 21 años. Ante el éxito obtenido lo amplió a todo el establecimiento. Los jóvenes enviados a ese establecimiento tenían condenas indeterminadas que oscilaban entre los nueve meses y tres años; Lo fundamental era el estudio físico y psíquico de los individuos, para saber a que tipo de establecimiento en Borstals debía de ser remitidos, ya que los había de menor o mayor seguridad, urbanos o rurales para enfermos mentales, la forma progresiva se percibe en los distintos grados que se van obteniendo conforme a la conducta y buena aplicación, el primero se denomina ordinario y dura tres meses aproximadamente y tiene características del sistema Filadelfico, es decir no se les permite tener conversaciones y el pupilo solo puede recibir una carta y una visita, no hay juegos y se introduce el sistema Auburniano, se trabaja en común de día y se recibe instrucción de noche. En este período se práctica la observación. Sistema progresivo. Consistía en obtener la rehabilitación social, mediante etapas o grados. Es estrictamente científico, porque está basado en el estudio del sujeto y en progresivo tratamiento, con una base técnica. También incluye una elemental clasificación y diversificación de establecimientos. Es el adoptado por las Naciones Unidas en sus recomendaciones y por casi todos los países del mundo en vías de transformación penitenciaria. Comienza en Europa a fines del siglo pasado y se extiende a América a mediados del siglo XX. Se comenzó midiendo la pena con la suma de trabajo y la buena conducta del recluso. Según el primero se les daba marcas o vales y cuando obtenían un número determinado de éstos recuperaban su libertad. En consecuencia todo dependía del propio recluso. En casos de malas conductas se imponían multas. El sistema comenzó con el capitán Maconochie, que en 1840 fue nombrado gobernador de la isla de Norfolk, señalando que al llegar a la isla, la encontró convertida en un infierno, la dejo transformada en una Página 451 de 600

comunidad ordenada y bien reglamentada. La pena era indeterminada y basada en tres períodos: 1) De prueba (aislamiento diurno y nocturno), y trabajo obligatorio. 2) Labor en común durante el día y el aislamiento nocturno (interviene el sistema de vales), y 3) Libertad condicional. En una primera etapa los reclusos debían guardar silencio, pero vivían en común. En una segunda etapa, se les hacia un estudio de personalidad y eran seleccionados en números de veinticinco a treinta, siendo los grupos de carácter homogéneo. Por medio del trabajo y conducta los reclusos podían recuperar su libertad en forma condicional y reducir hasta una tercera parte su condena. Walter Crofton Director de Prisiones de Irlanda, viene a perfeccionar el sistema, al establecer prisiones intermedias. Era un medio de prueba para obtener la libertad. Entonces encontramos cuatro períodos: El primero de aislamiento sin comunicación, y con dieta alimenticia. El segundo, trabajo en común y silencio nocturno. Es el sistema Auburniano. El tercero período intermedio, introducido por Crofton es el trabajo al aire libre, en el exterior, en tareas agrícolas especialmente, como el actual sistema de extramuros. Entre innovaciones se encuentra el no uso del traje penal. El cuarto período es la libertad condicional sobre la base de vales, al igual que en el sistema de Maconochie, ganados por la conducta y el trabajo. Organización del Sistema Penitenciario Guatemalteco. El Sistema Penitenciario está organizado bajo una Dirección General, de esta por escala jerárquica sigue la Escuela de Estudios Penitenciarios, la cual está encargada de la capacitación del personal penitenciario, posteriormente sigue la Subdirección General, misma que se encuentra subordinada a la Dirección General y está encargada en la coordinación y políticas del sistema, luego se encuentra la Unidad de Asesoría Jurídica y la Unidad de Cómputo, luego la Unidad de Infraestructura Física encargada de la observancia del estado y reconstrucción de los edificios a cargo del sistema, posteriormente la Dirección Administrativa Financiera la cual tiene a su cargo los departamentos administrativos como es la Selección del Personal, Desarrollo del Personal, Servicios Administrativos, Registros de Personal, el Departamento del Presupuesto, Tesorería, y Contabilidad. Subsiguientemente la Dirección de Seguridad que tiene a su cargo la seguridad de los centros penales, los centros de condena, centros preventivos, Departamento de Libertades, Departamento de Control de Internos, Departamento de Supervisión del Personal de Seguridad conjuntamente con la Armería. Luego sigue la dirección de Salud Integral y Programas Penitenciarios, el cual tiene a su cargo los departamentos de Salud Integral, Servicios Médicos, Tratamiento y Rehabilitación, Educativo-Laboral, compuestos de las secciones educativa y laboral y finalmente en el escalón del organigrama se encuentran las Granjas Penales de Rehabilitación, Centros de Condena y Presidios Departamentales.

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6. LEYES PENALES: El Derecho Penal puede definirse como una parte del derecho compuesta por un conjunto de normas y principios establecidos por el Estado para determinar los delitos, las penas y/o las medidas de seguridad que han de aplicarse a quienes los cometen. A lo largo de la historia se puede observar como el derecho así como los delitos y las formas de cometer los ilícitos penales han ido evolucionando, de tal forma que se hace necesario regular determinadas actitudes de una forma más específica y detallada. Es por ello que surgen LAS LEYES PENALES ESPECIALES, en las cuales se regulan las distintas formas en que se puede atentar o violentar contra los bienes jurídicos tutelados o fundamentales a través de la imposición y ejecución de penas más específicas. a. CÓDIGO PENAL: Un código penal es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de las normas jurídicas punitivas de un Estado, es decir, las leyes o un compendio ordenado de la legislación aplicable en materia penal que busca la eliminación de redundancias, la ausencia de lagunas y la universalidad: esto es, que no existan normas penales vigentes fuera del compendio. Los códigos penales son, en cierto sentido, la facultad sancionadora del Estado. De esta manera, el Estado mismo a través del legislador, busca evitar la aplicación de penas arbitrarias, ya que sólo puede ser sancionada penalmente una conducta cuando ésta se consigna expresamente en el mismo código penal y con la sanción que el mismo establece.

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b. LEY CONTRA EL FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: tiene como objeto garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, y de la ley, particularmente cuando por condición de género, en las relaciones de poder o confianza, en el ámbito público o privado, quien agrede cometa en contra de ellas prácticas discriminatorias, de violencia física, psicológica, económica o de menosprecio a sus derechos. El fin es promover e implementar disposiciones orientadas a la erradicación de la violencia física, psicológica, sexual, económica o cualquier tipo de coacción en contra de las mujeres, garantizándoles una vida libre de violencia, según lo estipulado en la Constitución Política de la República e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, ratificados por Guatemala. c. LEY CONTRA EL LAVADO DE DIENRO U OTROS ACTIVOS: DECRETO 67-2001 BIEN JURÍDICO TUTELADO: La Economía Nacional, el comercio, la industria y el régimen tributario.tiene por objeto prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos precedentes de la comisión de cualquier delito, y establece las normas que para este efecto deberán observar las personas obligadas a que se refiere el artículo 18 de esta ley y las autoridades competentes; siendo estas: Las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, las personas individuales o jurídicas que se dediquen al corretaje o a la intermediación en la negociación de valores, las entidades emisoras y operadoras de tarjetas de crédito, las entidades fuera de plaza denominadas off-shore que operan en Guatemala, que se definen como entidades dedicadas a la intermediación financiera constituidas o registradas bajo las leyes de otro país y que realizan sus actividades principalmente fuera de la jurisdicción de dicho país, las personas individuales o jurídicas que realicen cualesquiera de las siguientes actividades: operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de cheques, operaciones sistemáticas o sustanciales de emisión, venta o compra de cheques de viajero o giros postales, transferencias sistemáticas o sustanciales de fondos y/o movilización de capitales, factorajes, arrendamiento financiero, compra venta de divisas, cualquier otra actividad que por naturaleza de sus operaciones pueda ser utilizada para el lavado de dinero u otros activos, como se establezcan en el reglamento. RESUMEN DE LA LEY: ¿Qué es el lavado de dinero? El lavado de dinero (también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o legitimación de capitales) es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversación pública, extorsión, trabajo ilegal, piratería y últimamente terrorismo). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero. ¿Para qué fue creada esta ley? La siguiente ley fue creada en nuestro país Página 454 de 600

por el compromiso que este tiene con los tratados internacionales que este ha firmado y ratificado, comprometiéndose con ello a controlar y sancionar el lavado de dinero y otros activos, con el fin de proteger la economía nacional y el sistema financiero guatemalteco. Es obligación del Estado proteger la formación del capital, ahorro e inversión y crear las condiciones adecuadas para promover la inversión en el país de capitales nacionales y extranjeros para lo cual creó las siguientes disposiciones legales. Esta ley en su capítulo primero articulo 1 nos dice cuál es el objeto de la ley que es la de prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero y otros activos provenientes de la comisión de cualquier delito y establece las normas que deberán cumplir las personas que se mencionan en el artículo 18 del esta misma ley. En su capítulo segundo nos habla sobre el delito, los responsables y de las penas, en su sección primera en el artículo 2 nos dice que cometen este delito las personas que inviertan, transfieran o realicen cualquier transacción financiera, administren, posean, tengan, utilicen, oculten o impidan la determinación de la verdadera naturaleza u origen del dinero o bienes, teniendo el conocimiento de que la adquisición de estos es de la comisión de algún delito. También nos indica en su artículo 3 que si este delito es cometido por un extranjero éste da lugar a la extradición del mismo de forma activa o pasiva de conformidad con la ley vigente. La sección segunda nos habla de los responsables y las penas nos dice que el que cometa este delito será sancionado con prisión de 6 a 20 años, tendrá que pagar una multa igual a los bienes, instrumentos o productos objetos del delito, el comiso, la pérdida o destrucción de los instrumentos para su comisión y el pago de costas y gastos procesales y la publicación de la sentencia en por lo menos 2 de los medios de comunicación social escritos de mayor circulación en el país y si es extranjero además de la pena que se le otorgue se le impondrá la pena de expulsión de territorio nacional después de que haya cumplido con la anterior. Además se establece que si es una persona jurídica la que comete el delito, la ley se aplicara sin importar la responsabilidad penal. el papel que estos desempeñen en la empresa y además se le cobrar una multa de $10,000.00 a $625,000.00 dólares de los Estados Unidos Americanos o su equivalente en moneda nacional y si este vuelve a reincidir se le cancelara su personalidad jurídica de forma efectiva, también se le impondrá la misma pena que a la persona individual y si es una persona jurídica sujeta a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos, el juez notificará al órgano superior la sentencia condenatoria respectiva. También se le considera responsables a los que participan en la conspiración o proposición para cometer este delito solo que su pena es rebajada a una tercera parte y se le aplicaran las demás penas accesorias. La pena se agravara si este delito es cometido por un funcionario o empleado público. La sanción se aumentará una tercera parte, las penas accesorias y se le impondrá la pena accesoria de inhabilitación especial para el cumplimiento de un cargo por el doble del tiempo de la pena privativa de libertad. Los bienes serán decomisados por el Estado a no ser que pertenezcan a un tercero no responsable de la comisión del delito. En su capítulo tercero sección primera nos habla del procedimiento y nos indica que en la persecución de los delitos y en la aplicación de las penas se llevará a cabo el procedimiento señalado por el Página 455 de 600

Código Procesal Penal para los delitos de acción pública. Y que por la naturaleza de los delitos que ésta contempla se realizará el curso del procedimiento preparatorio del proceso penal con reserva según lo que establece la Constitución Política de la República. La sección II habla sobre las providencias cautelares que pueden ser dictadas por juez o tribunal que tenga conocimiento del caso en cualquier tiempo sin notificación ni audiencia previa, cuando lo requiera el Ministerio Publico pero este deberá ser conocido y resuelto por un juez o tribunal inmediato. Nos indica que el Ministerio Publico puede ordenar la incautación, embargo o inmovilización de bienes, documentos y cuentas bancarias. Que los bienes, productos o instrumentos objeto de medidas cautelares quedan bajo la custodia del Ministerio Publico o de la persona que este designe. Las providencias cautelares pueden ser revisadas, revocadas o modificadas en cualquier tiempo por un juez o tribunal cuando sea requerido, además el juez pude permitir el uso temporal de los bienes en comiso a las autoridades que tienen conocimiento del caso siempre no se pueda encontrar al dueño legítimo de éstos; y para que les sean devueltos debe de cumplir con los requisitos de tener legítimo derecho respecto a los bienes, no poder ser imputado en la comisión del delito y entre otros. Se establece que las personas obligadas son las que se encargan de las transacciones monetarias y las que se encuentran bajo la vigilancia de la Superintendencia de Bancos. Éstas personas están obligadas a ejecutar normas y programas para el control idóneo para evitar el mal uso de sus servicios, tienen prohibida la apertura de cuentas anónimas, siempre se debe tener conocimiento de la identidad de las terceras personas que realizan transacciones en sus instituciones, además se deben de actualizar los datos y mantener un registro por lo menos de 5 años después del cierre de esas transacciones. Toda persona está obligada a declarar lo que transporta dentro y fuera del territorio nacional en los puertos de entrada y salida llenando el formulario correspondiente, que las personas obligadas tienen la obligación de hacer conocer las transacciones irregulares o sospechosas a la Intendencia de Verificación Especial (I V E), que no puede hacer de conocimiento público las transacciones que esos realizan, salvo a un tribunal o al Ministerio Público si estos se lo solicitan. Están obligadas a dar información a la IVE cuando ésta la solicite, se deben tener siempre copias de los registros. Se exime de toda culpa a las personas que brinden información siempre en cumplimiento de la ley y la sanción que reciben estos si no cumplen con lo que la IVE le solicita, la multa es de $10,000.00 a $50,000.00 dólares o su equivalente en moneda local y con el cumplimiento de la obligación omitida por éstos. También la ley estipula lo referente a la creación y funcionamiento de la Intendencia de Verificación Especial, ésta es creada dentro de la Superintendencia de Bancos y es la encargada de velar por el objeto, cumplimiento de la ley y de su reglamento. Algunas de las funciones de la Intendencia de Verificación Especial que son: ❖ Requerir o recibir de las personas obligadas toda la información relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con el lavado de dinero y otros activos. ❖ Analizar la información obtenida para confirmar la existencia de transacciones sospechosas, elaborar y mantener los registros y estadísticas Página 456 de 600

necesarias para el desarrollo de sus funciones. ❖ Proveer al Ministerio Público cualquier asistencia requerida en el análisis de información que posea. ❖ Imponer las multas correspondientes. La I V E al igual que el Ministerio Público y cualquier otra autoridad competente pueden solicitar y prestar asistencia a las autoridades competentes de otros países para: recibir los testimonios o tomar declaración a las personas; presentar documentos judiciales; efectuar inspecciones e incautaciones, etc. También estas entidades podrán prestar y recibir asistencia administrativa de otras autoridades competentes de otros países. Todas las personas que trabajan para dicha institución tienen la obligación de guardar reserva de las transacciones bancarias y financieras, salvo para fines estadísticos. Las multas que está recibe son destinados en un 50 % para la capacitación del personal y el otro 50 % para incrementar su presupuesto. La ley estipula que el Intendente de Verificación Especial es el encargado de la dirección de la I V E junto con el personal necesario para su operatividad. El Intendente debe cumplir con unas calidades que la ley establece como: ❖ Ser guatemalteco de los comprendidos el Art. 144 de la Constitución de la República. ❖ Ser mayor de treinta años. ❖ Ser de reconocida honorabilidad. ❖ Encontrarse en el goce de sus derechos civiles. Además se establece que hay personas que no pueden ser nombrados para este cargo como los dirigentes de organizaciones de carácter político, gremial, empresarial o sindical, los ministros de cualquier culto o religión, los parientes dentro del cuarto grado de parentesco del presidente, vicepresidente, etc. El Intendente nombrado por la Junta Monetaria, a propuesta de la Superintendencia de Bancos. Si este por cualquier motivo se ausenta temporalmente será sustituido por el funcionario que el Superintendente de Bancos designe y este posee derecho de antejuicio. Por último se encuentran las disposiciones finales que estipulan que el reglamento debe ser creado por la Superintendencia de Bancos a través de la I V E dentro de los 60 días siguientes a la vigencia de la ley y ser sometida a consideración y conocimiento del Presidente de la República para su aprobación. La Intendencia de Verificación Especial iniciará operaciones dentro de los 180 días de la fecha de la vigencia de la ley, ésta prevalecerá sobre cualquier otra ley anterior o posterior con relación a la misma materia. d. LEY CONTRA LA DEFRAUDACION Y EL CONTRABANDO ADUANEROS: esta ley fue creada considerando que el gobierno de la Republica ha adoptado disposiciones tendientes a la reestructuración y perfeccionamiento del sistema aduanero del país, siendo indispensable para complementarlas emitir las medidas que permitan el control efectivo del contrabando y defraudación en el ramo aduanero, asi como combatir eficazmente la corrupción, que durante muchos años se ha agudizado en la internación y egreso de mercancías, a efecto de que las mismas ingresen por las vías legalmente establecidas y se cancelen los tributos correspondientes. Establece un listado de acciones consideradas como delitos y las penas a imponer.

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e. LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA: tiene por objeto establecer las conductas delictivas atribuibles a los integrantes y/o participantes de las organizaciones criminales; el establecimiento y regulación de los métodos especiales de investigación y persecución penal así como todas aquellas medidas con el fin de prevenir, combatir, desarticular y erradicar la delincuencia organizada de conformidad y con los dispuesto en la Constitución Política de la República, los tratados internacionales suscritos y ratificados por Guatemala, y leyes ordinarias. f. LEY CONTRA LA NARCOACTIVIDAD: DECRETO NÚMERO 48-92 BIEN JURIDICO TUTELADO: La salud, la integridad de la persona, la economía nacional, el comercio y la industria. Es de interés público, en protección de la salud, se declara de interés público la adopción por parte del estado de las medidas necesarias para prevenir, controlar, investigar, evitar y sancionar toda actividad relacionada con la producción, fabricación, uso, tenencia, tráfico y comercialización de los estupefacientes psicotrópicos y las demás drogas y fármacos susceptibles de producir alteraciones o transformaciones del sistema nervioso central y cuyo uso es capaz de provocar dependencia física o psíquica, incluidos en los convenios y tratados internacionales al respecto, ratificados por Guatemala y en cualquier otro instrumento jurídico internacional que sobre ésta materia se apruebe. RESUMEN DE LA LEY: La Ley contra la Narcoactividad estipula que únicamente se podrá autorizar la importación, fabricación, extracción, posesión y uso de las drogas en las cantidades estrictamente necesarias, exclusivamente por personas legalmente facultadas, tal uso de la droga deberá ser únicamente para el tratamiento de una enfermedad, un análisis toxicológico, para la investigación científica o para la elaboración de algún fármaco. También se establece que podrá autorizarse la tenencia de drogas y estupefacientes para fines de entrenamiento canino en la Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino, de la Policía Nacional Civil. El Director de la Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino conservará la droga o sustancia autorizada en custodia bajo su estricta responsabilidad y bajo su responsabilidad. Las sustancias deberán mantenerse bajo estrictas medidas de seguridad y se llevará un registro de control en donde aparecerán los datos del peso, pureza, uso y pérdida por el uso de las sustancias. Al finalizar el curso de Entrenamiento Canino, el Director deberá presentar un informe ante un juez, detallando todo el contenido de las sustancias que hubieren sobrado y el juez ordenará su total destrucción. Los establecimientos que bajo autorización legal se dediquen a trabajar con sustancias que puedan ser utilizadas como estupefacientes o psicotrópicos, deberán contar con previa autorización del Ministerio de Salud Pública. Se establece en la presente ley que el Estado deberá promover los programas de desarrollo, rehabilitación y reinserción a la sociedad de las personas dependientes de sustancias como las drogas. Además las personas jurídicas colectivas de carácter social, cultural o religioso contribuirán con la tarea del Estado para erradicar el uso de drogas y promover la prevención de los delitos y consumo ilícito de drogas. Serán imputables los autores y cómplices de los delitos relacionados con el narcotráfico, no importando que se tratare de personas Página 458 de 600

físicas o personas jurídicas, de igual forma tendrán que cumplir con las penas establecidas respectivamente para cada una. Las penas a imponer a las personas físicas son las siguientes: 1. De muerte. 2. De prisión. 3. Multa. 4. Inhabilitación absoluta o especial. 5. El comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes del delito y de los instrumentos utilizados para la comisión del mismo. 6. Expulsión del territorio nacional de extranjeros. 7. Pago de costas y gastos procesales. 8. Publicación de la sentencia condenatoria. Además se establecen penas específicas para las personas jurídicas que incurran en delitos relacionados con el narcotráfico: a. Multa. b. Cancelación de la personalidad jurídica. c. Suspensión total o parcial de actividades. d. El comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes del delito y de los instrumentos utilizados para su comisión. e. Pago de costas procesales. f. Publicación de la sentencia. Se podrá aplicar la conmutación de la pena en el caso de cometer delitos de narcotráfico únicamente cuando la pena no exceda de cinco años. La conmuta se realizará fijando un mínimo de Q.5.00 como mínimo y un máximo de Q.100.00 por cada día, tal monto variará de acuerdo a las condiciones económicas del penado. Cabe mencionar también la forma en que la ley regula la suspensión condicional de la pena, atendiendo este beneficio a las características especiales del hecho o a la personalidad del condenado que no le permitan o le sea inútil la ejecución de la pena. Además se impondrán medidas de seguridad y corrección, las cuales se revisarán cada año. Al momento de realizar una incautación o decomiso de drogas; el cual consiste en la pérdida a favor del Estado de los instrumentos de delito; se procederá a realizar todos los análisis y estudios pertinentes para determinar la pureza, peso y otras características de la sustancia incautada. Después de haber pasado por todo este proceso de análisis científico, el Juez de Primera Instancia ordenará su destrucción dentro de los 20 días siguientes a su incautación. Cuando se encontraren plantaciones de drogas, el Ministerio Público está facultado para destruir en el mismo lugar todas las sustancias incautadas; teniendo como base que se conservará una cantidad razonable de la sustancia, que posteriormente será analizada en sus propiedades y características y podrá ser utilizada como medio de prueba. Desde el momento en que una droga o sustancia es incautada deberá permanecer en el almacén correspondiente de la Policía Nacional Civil, quienes serán los responsables de su traslado, guarda y custodia. Al momento de cometer cualquiera de los delitos tipificados dentro del marco de la presente ley, nace la obligación de reparar el grave daño material y moral ocasionado a la sociedad, tal obligación será de forma solidaria entre todos los responsables de la comisión del delito, no importando si fueren personas físicas o jurídicas. Para poder calcular el daño material y moral causado a la sociedad se tendrá en cuenta lo siguiente: el valor de las drogas incautadas, el valor de los bienes relacionados con el delito, la capacidad de cultivo y producción de la sustancia, la gravedad del delito cometido y las lesiones económicas provocadas a la sociedad por la inversión de recursos en la lucha contra el narcotráfico. A continuación se establecen los nombres de los delitos en que se puede incurrir al estar relacionado con actividades de narcotráfico: 1. Tránsito internacional. 2. Siembra y Cultivo. 3. Fabricación y Página 459 de 600

Transformación. 4. Comercio, Tráfico y almacenamiento ilícito. 5. Posesión para el consumo. 6. Promoción y fomento. 7. Facilitación de medios. 8. Alteración. 9. Expendio ilícito. 10. Receta o suministro. 11. Transacciones e inversiones ilícitas. 12. Asociaciones delictivas. 13. Procuración de impunidad o evasión. 14. Encubrimiento real. 15. Encubrimiento personal. Para poder iniciar un proceso de enjuiciamiento de los delitos mencionados anteriormente, se aplicará el procedimiento fijado en el Código Procesal Penal. Con el fin de crear medidas de prevención y tratamientos contra las adicciones y acciones ilícitas vinculadas con el tráfico de drogas se crea la COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, que tendrá como objetivo principal diseñar y ejecutar políticas y estrategias de prevención y tratamiento de las adicciones, así como adoptar recomendaciones sobre prevención del delito de narcotráfico, impulsando el perfeccionamiento del marco jurídico existente relativo a los delitos de drogas y otras sustancias prohibidas. g. LEY CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS: tiene por objeto prevenir, reprimir, sancionar y erradicar la violencia sexual, la explotación y la trata de personas, la atención y protección de sus víctimas y resarcir los daños y perjuicios ocasionados. h. LEY DE AREAS PROTEGIDAS: Tiene como principios fundamentales: el Interés nacional, la cracion del sistema guatemalteco de áreas protegidas, la educación ambiental y la coordinación. Los objetivos de la ley son: a. Asegurar el funcionamiento optimo de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas naturales vitales para el beneficio de todos los guatemaltecos. B) Lograr la conservación de la diversidad biológica del país. C) Alcanzar la capacidad de una utilización sostenida de las especies y ecosistemas en todo el territorio nacional. D) Defender y preservar el patrimonio natural de la nación. E) Establecer las áreas protegidas necesarias en el territorio nacional con carácter de utilidad pública e interés social. Es de aplicación general en todo el territorio de la República y pata efectos de la mejor atención de las necesidades locales y regionales en las materias de su competencia, los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y las Municipalidades coadyuvaran en la identificación, estudio, proposición, y desarrollo de áreas protegidas, dentro del ámbito de su respectiva región. El órgano de dirección y encargado de la aplicación de esta ley es el Consejo Nacional de Areas Protegidas y su Secretaria Ejecutiva. Regula Faltas en materia de vida silvestre y áreas protegidas asi como los delitos de Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación, Trafico Ilegal de flora y fauna, usurpación de áreas protegidas, establece multas y penas a cumplir. i.

LEY DE ARMAS Y MUNICIONES: DECRETO NÚMERO 15-2009 BIEN JURÍDICO TUTELADO: La vida, la integridad física, la libertad, la seguridad y la justicia. regula la tenencia, portación, importación, exportación, fabricación, comercialización, donación, traslado, compraventa, almacenaje, des almacenaje, transporte, tráfico, y todos los servicios Página 460 de 600

relativos a las armas y las municiones. RESUMEN DE LA LEY: Debido al crecimiento desmedido de la cantidad de armas de fuego que circulan dentro de la sociedad guatemalteca, se hace necesario la creación de esta ley para poder tener de cierta forma el control de las armas; decimos de cierta forma porque se tiene control solo sobre las armas y municiones registradas en la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM) que es la dependencia del Ministerio de la Defensa Nacional encargada de registrar la tenencia de armas de fuego y extender la constancia correspondiente, autorizar licencias de portación, registrar las huellas balísticas de todas las armas de fuego, y entre otras atribuciones. Para los efectos y estudio de la Ley de Armas y Municiones, las armas se clasifican de la siguiente forma: armas de fuego, armas de acción por gases comprimidos, armas blancas, armas explosivas, armas químicas, armas biológicas, armas atómicas, misiles trampas bélicas, armas experimentales, armas hechizas y o artesanales. Esta ley nos indica que todas las personas en Guatemala (que demuestren no tener problemas psicológicos) tenemos derecho a tener en nuestras casas o portar armas de fuego de las que están permitidas por la misma; inclusive los extranjeros que viven en nuestro país (con algunas restricciones), pero también tienen el mismo derecho que los nacionales, con la respectiva autorización de la DIGECAM. Sin embargo también establece algunas prohibiciones para la portación de arma de fuego, dentro de las cuales encontramos las siguientes: • Personas menores de veinticinco años de edad. • Personas declaradas en estado de interdicción • Personas que hayan sido condenadas por tribunal competente por los delitos de homicidio doloso, asesinato, secuestro, ejecución extrajudicial, robo y robo agravado, lesiones graves y gravísimas provocadas con arma de fuego o portación ilegal de arma de fuego. • Y los delitos establecidos en la ley de delincuencia organizada. La obtención de la tarjeta de tenencia o de la licencia de portación de arma, tiene un procedimiento el cual es muy sencillo y después de haber cancelado la cuota correspondiente, podemos hacernos acreedores de la misma, hasta por un plazo de tres años, pudiendo renovarla llenando los requisitos específicos para la renovación. También debemos mencionar que dentro de esta ley no está regulada la portación de armas de fuego para los miembros del Ejército de Guatemala y de la Policía Nacional Civil, quienes se rigen por sus propios reglamentos internos, pero todas las armas con las que cuenten estas instituciones si deben ser registradas en la DIGECAM, por el Ministerio de Gobernación. Sin embargo si se deben tipificar los ilícitos penales ocasionados por quienes porten armas y/o municiones de uso exclusivo del Ejército de Guatemala y fuerzas del orden público del estado. Debemos destacar que existen armas no registrables y estas son las armas blancas bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, pero si deberán quedar en depósito en las instalaciones de la DIGECAM, pero los artefactos bélicos como explosivos y similares por su peligrosidad, deberán ser almacenados en lugares adecuados a disposición del Ministerio de la Defensa Nacional, para su resguardo, mantenimiento, utilización o destrucción. También esta ley establece los requisitos que deben cumplir las personas o empresas que compran armas debiendo estar siempre bajo el control de la seguridad de Página 461 de 600

la DIGECAM para su transporte o traslado o bien de las dependencias con las cuales esta coordine dichas acciones. Así mismo se hace referencia a las armerías y a los polígonos de tiro, quienes para poder tener instalaciones de esta naturaleza deben contar con la respectiva licencia o autorización de la DIGECAM, previo a cumplir con los requisitos establecidos en esta ley. Llama la atención lo rigurosa que resulta ser esta ley en cuanto a las sanciones para los delitos de este tipo, porque impone la pena de prisión inconmutable más el comiso de las armas, municiones o maquinaria para el mantenimiento o la elaboración de las mismas y en el caso de reincidencia, la pena de prisión se duplica. Y para las personas que tengan licencia de portación de arma y cometan el ilícito en varias ocasiones, se les cancelará la misma. Y finalmente esta ley establece que todos los pagos que las personas individuales o jurídicas deban realizar, se harán directamente en las cajas de la DIGECAM, los que pasaran a ser parte de los fondos privativos de dicha institución, para sus gastos de administración y funcionamiento. j. LEY DE BANCOS Y GRUPOS FINANCIEROS: La presente Ley tiene por objeto regular lo relativo a la creación, organización, fusión, actividades, operaciones, funcionamiento, suspensión de operaciones y liquidación de bancos y grupos financieros, así como al establecimiento y clausura de sucursales y de oficinas de representación de bancos extranjeros. 1. LEY DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS: La presente ley es de orden público y de interés social, y tiene por objeto la protección de los derechos de los autores de obras literarias y artísticas, de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión. 2. LEY DE EQUIPOS Y TERMINALES MÓVILES: Tiene por objeto crear y regular: 1. Un registro de los usuarios actuales y futuros de servicios de telecomunicaciones móviles. 2. Un registro de los importadores, vendedores y distribuidores de equipos terinales móviles. 3. Un registro delos distribuidores y comercializadores para la venta y distribución de tarjetas SIM en el país. 4. La restricción del uso y portación de equipos terminale móviles que sean denunciados como robados, hurtados o reportados como extraviados, asi como aquellos equipos que hayan sido alterados. 5. La prohibición del uso y portación de equipos terminales móviles y cualquier tipo de teconologia que utilice tarjetas SIM, Micro SIM o cualquier otro tipo de equipo de comunicaciones móviles en todos los centros de privación de libertad, carcelarios, correccionales y penitenciarios, tanto para menores de edad como mayores de edad. 6. La tipificación de los actos delictivos que se cometan utilizando tecnología de comunicación o un equipo terminal móvil. Se exceptúan del ámbito de aplicación de esta ley, los equipos terminales móviles que se encuentren realizando itinerancia internacional o roaming internacional en alguna de las redesy servicios de telecomunicaciones móviles que operan en el país. En su Capitulo V se encuentran regulados los delitos, sanciones y prohibiciones. Página 462 de 600

3. LEY DE MIGRACIÓN: OBJETO: La presente ley tiene por objeto garantizar un eficaz ordenamiento migratorio, regulando la entrada y salida de nacionales y extranjeros del territorio nacional, así como la permanencia de estos últimos dentro del mismo. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y su observancia se extiende a todas las personas nacionales y extranjeras, exceptuándose a los funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros, a los representantes o funcionarios de otros Estados y a funcionarios de Organismos Internacionales acreditados en el país y sus familias, mientras permanezcan en sus funciones quienes estarán sujetos a la ley y a las disposiciones de los Convenios, Acuerdos o Tratados Internacionales de los que Guatemala sea parte. Funciones que al respecto le correspondan a través de la Dirección General de Migración, la cual depende de dicho Ministerio. DELITOS: COMETE EL DELITO DE INGRESO ILEGAL DE PERSONAS. COMETE EL DEITO DE TRANSITO ILEGAL DE PERSONAS. COMETE EL DELITO DE TRANSPORTE DE ILEGALES. COMETE EL DELITO DE OCULTACION DE ILEGALES. COMETE EL DELITO DE CONTRATACION DE ILEGALES 4. LEY DE PROBIDAD Y RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS: tiene por objeto crear normas y procedimientos para transparentar el ejercicio dela administración publica y asegurar la obervancia estricta de los preceptos constitucionales y legales en el ejercicio de las funciones publicas estatales, evitar el desvio de los recursos, bienes, fondos y valores públicos en perjuicio de los intereses del estado; establecer los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios y empleados públicos durante el ejercicio de sus cargos, y prevenir el aprovechamiento personal o cualquier forma de enriquecimiento ilícito de las personas al servicio del estado y de otras personas individuales o jurídicas que manejen, administren, custodien, recauden e inviertan fondos a valores públicos, determinando la responsabilidad en que incurran. 5. LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: Esta ley tiene por objeto la protección, estimulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio y, en particular, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y de modelos de utilidad y de los diseños industriales, asi como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal. La propiedad industrial es la rama de la propiedad intelectual que protege las creaciones en el campo comercial e industrial. Entre las entidades mundiales que protegen la propiedad intelectual se encuentra: la Organización mundial de propiedad intelectual y la organización mundial del comercio. Los temas que tiene la ley de propiedad industrial son los siguientes: Signos distintivos: estos tienen por objeto identificar productos, servicios, empresas y establecimientos de unos con otros; entre

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ellos están: la marca, el nombre comercial, emblema, expresión o señal de publicidad y denominación de origen geográfica. Patentes de invención: que dan legalidad al invento, siendo este la creación intelectual del ser humano, el cual es novedoso y debe ser aplicable a la industria. Modelo de utilidad: que son las mejoras o innovaciones que se le hacen a un producto ya creado. Diseños industriales: Que son las combinaciones de líneas y colores que le dan un aspecto propio a un producto. Secreto Empresarial: Conjunto de fórmulas e informaciones necesarias para crear un producto y es prohibido revelar Competencia desleal: son prácticas o actividades que comete un comerciante en contra de la buena fe y la verdad sabida, dañando a otro comerciante. 6. LEY DE TABACOS Y SUS PRODUCTOS: esta ley fue creada considerando que es necesario dar mayores facilidades a los fabricantes de cigarrillos y productores de tabaco para elcumplimiento de sus obligaciones tributarias, las que por estar contenidas en diversas leyes y disposiciones dificulta su aplicación y además es conveniente asegurar el ingreso tributario de esta actividad económica. Contiene sanciones y faltas administrativas. 7. LEY NACIONAL DE ADUANAS: Tiene por objeto establecer procedimientos y disposiciones complementarias aduaneras, infracciones aduaneras administrativas y sus sanciones. Contiene el recurso de Revisión el cual se encuentra regulado en el articulo 51, que remite al Recauca, ya que el recurso que se encuentra establecido en esa ley, también procede contra las resoluciones o actos que emita la autoridad aduanera, que causen agravio al destinatario de la resolucion, en relación con los regímenes, tramites, operaciones y procedimientos regulados en el código aduanero uniforme centroamericano y su reglamento. Asi también establece una serie de delitos que puede cometer cualquier persona que se dedique a la importación de mercadería, esto en el CAPITULO6, SECCION I, donde regula las Reformas a la Ley Contra la Defraudación y el Contrabam¿ndo Aduaneros. 8. LEY PARA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN: tiene por objeto regular la protección, defensa, investigación, conservación y recuperación de los bienes que integran el patrimonio cultural de la Nación. Corresponde al Estado cumplir con estas funciones por conducto del Ministerio de Cultura y Deportes. 9. LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO: NATURALEZA DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO. •No es una pena, ni accesoria, ni principal •Su ámbito es más amplio que el del delito •Es una consecuencia patrimonial de las actividades ilícitas (antijurídicas), que consiste en la pérdida del derecho de dominio a favor del Estado sin contraprestación, ni compensación de naturaleza alguna para su titular. •Es jurisdiccional, sólo un juez puede declarar que por el irregular carácter de la misma, el titular no es Página 464 de 600

merecedor de protección constitucional alguna. Es una acción pública. •Es una acción directa. •Es una acción autónoma. •No hace parte del poder punitivo del Estado contra una persona, por lo que no se le pueden trasladar las garantías constitucionales referidas al delito. AUTÓNOMA Y ESPECIAL. Derecho nuevo: Tanto sustantivamente como procesal y probatorio es un Derecho especial y exclusivo; es independiente de los Derechos, sustantivos y procesales, Penal, Civil, Mercantil u otras materias jurídicas. Se sustancia y declara al margen de la gravedad del hecho punible y de la responsabilidad penal personal; únicamente considera la vinculación, nexo o relación entre el bien o derechos accesorios y las causales enumeradas. No aplican las normas o los principios relativos a la pena o a la culpabilidad como el Dolo, la Proporcionalidad, la Ofensividad, la Relación de causalidad penal, de Intervención Mínima, etc. Tampoco el Derecho Probatorio penal. ES ESPECIAL •No es una acción penal, civil o administrativa, es sui generis: procedimiento propio, expedito y normas especiales. •El proceso penal no puede invocarse como asunto prejudicial para que proceda o no la acción de extinción. •No está regido por las mismas garantías y principios a que se encuentra sujeto el proceso penal y la acción penal. •Se ejerce independientemente de las resultas del proceso penal (absolución, prescripción, extinción de la acción penal). •Se limitan las nulidades, oposiciones, excepciones, incidentes como posibilidades dilatorios o entorpecedoras del proceso... y se determina el momento procesal oportuno para resolverlas. •No cabe Casación –aunque sí el Amparo- SE TRASMITE A TERCEROS Y HEREDEROS: •Persigue bienes de Terceros y Herederos no responsables de las actividades delictivas pero beneficiados Una persona beneficiada es el heredero o tercero que no habiendo participado en la actividad ilícita se beneficia de ella. •Ej. La empleada del servicio a quien el narcotraficante coloca bienes a su nombre. •El menor de edad que hereda de su padre bienes de procedencia ilícita. ES EXTRATERRITORIAL: EXTRATERRITORIAL: Puede intentarse contra bienes que se encuentren en el extranjero, adquiridos por nacionales producto de actividades ilícitas y por bienes que se encuentren en territorio nacional en caso de actividades ilícitas o condenas proferidas en el extranjero. ES JURISDICCIONAL •ESJURISDICCIONAL–Solo un juez o tribunal puede declararla. •LA RESOLUCIÓN ES DECLARATIVACONSTITUTIVA: Declara que dado el carácter irregular de la propiedad, esta no merece la protección constitucional, después de determinar la preexistencia de las actividades ilícitas o delictivas, las causales y su nexo de relación con los bienes. ES REAL Y DE CONTENIDO PATRIMONIAL. •Procede contra cualquier derecho real, principal o accesorio, se inicia y desarrolla en relación con bienes concretos y determinados. NO ES SANCIÓN PENAL, ES AUTÓNOMA: •Noesunapenaprincipalniaccesoria.Esunaconsecuenciapatrimonialdelasac tividadesilícitasoantijurídicas.Ynorequieredeclaracióndeculpabilidad. •Tiene un objeto propio, causales independientes, características particulares y procedimiento propio. PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD PROBATORIA. 1. Quien está en mejores condiciones de probar, debe aportar la prueba (Convenciones internacionales). 2. Valoración según grado probatorio de la Balanza de probabilidades o de la Preponderancia Página 465 de 600

de la Prueba (se decide a favor de lo que es más probable que lo contrario) 3. Introducción taxativa de la Prueba Indiciaria o Circunstancial (Convenios internacionales-Derecho probatorio). ES GARANTISTA. •SE PROTEGEN DERECHOS DE TERCEROS DE BUENA FE (Sin culpa ni simulación). •Aunque es un término jurídico conocido, sobre todo en el ámbito civil y mercantil, debe definirse conforme a la finalidad y el fundamento de la LED: Tercero de buena fe, es el propietario o poseedor de los bienes, ganancias o instrumentos adquiridos, capaz de garantizar y demostrar que la adquisición es lícita y ha cumplido con su deber de vigilancia de la cosa, y que no se trata de negocio simulado para ocultar el origen ilícito o delictivo, o el verdadero propietario, su destino…RETROSPECTIVA: Debe partirse de la necesidad de resolver el conflicto de leyes, que ocurre cuando un hecho o una situación ocurre bajo una determinada ley, pero se consolida durante la vigencia de una ley nueva, para solucionar tal situación en principio debe acudirse al principio de la: •Irretroactividad: según el cual la ley regula situaciones y hechos ocurridos a partir de su vigencia. Excepcionalmente se habla de: •Ultractividad: La ley derogada continúa regulando situaciones nacidas bajo su imperio. 10. LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA: Tiene por objeto: 1. Garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la información publica en posesión de las autoridades y sujetos obligados por la presente ley. 2. Garantizar a toda persona individual el derecho a conocer y proteger los datos personas de lo que de ella conste en archivos estatales, asi como de las actualizaciones de los mismos. 3. Garantizar la transparencia de la administración publica y de los sujetos obligados y el derecho de toda persona a tener acceso libre a la información publica. 4. Establecer como obligatorio el principio de máxima publicidad y transparencia en la administración publica y para los sujetos obligados en la presente ley. 5. Establecer, a manera de excepción y de manera limitativa, los supuesto en que se restrinja el acceso a la información publica. 6. Favorecer por el Estado la rendición de cuentas a los gobernados, de manera que puedan auditar el desempeño de la administración publica. 7. Garantizar que toda persona tenga acceso a los actos de la administración publica. Dentro de su contenido se encuentra el Recurso de Revisión que es un medio de defensa jurídica que tiene por objeto garantizar que en los actos y resoluciones de los sujetos obligados se repeten las garantías de legalidad y seguridad jurídica. La máxima autoridad de cada sujeto obligado será la competente para resolver los recursos de revisión interpuestos contra actos o resoluciones de los sujetos obligados referidas en esta ley, en materia de acceso a la información pública y habeas data. 11. LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO: La compra, venta y contratación de bienes, suministros, obras y servicios que requieran los organismos del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales, se sujetan a la presente ley y su reglamento. Las donaciones que a favor del Estado, sus dependencias, instituciones o municipalidades Página 466 de 600

hagan personas, entidades, asociaciones u otros Estados o Gobiernos extranjeros, se regirán únicamente por lo convenido entre las partes. Si tales entidades o dependencias tienen que hacer alguna aportación, a excepción de las municipalidades, previamente oirán al Ministerio de Finanzas Públicas. En lo relativo a lo dispuesto en convenios y tratados internacionales de los cuales la República de Guatemala sea parte, las disposiciones contenidas en la presente ley y reglamentos de la materia, se aplicarán en forma complementaria, siempre y cuando no contradigan los mismos. 12. LEY EN MATERIA DE ANTEJUICIO: tiene por objeto crear los procedimientos para el trámite de las diligencias de antejuicio que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, se promuevan en contra de los dignatarios y funcionarios a quienes la Constitución Política de la República [* y las leyes *] conceden ese derecho; su ámbito de aplicación, su tramitación y efectos. 13. LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR, Y ERRADICAR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: La violencia intrafamiliar, constituye una violación a los derechos humanos y para los efectos de la presente ley, debe entenderse como cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta causare daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el privado, a persona integrante del grupo familiar, por parte de parientes o conviviente o exconviviente, conyuge o exconyuge o con quien se haya procreado hijos o hijas. La presente ley regulará la aplicación de medidias de protección necesarias para garantizar la vida, integridad, seguridad y dignidad de las victimas de violencia intrafamiliar. Asimismo tiene como objetivo brindar protección especial a mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos y ancianas y personas discapacitadas, tomando en consideración las situaciones especificas de cada caso. Las medidas de protección se aplicaran independientemente de las sanciones específicas establecidas por los códigos penal y procesal penal, en el caso de hechos constitutivos de delito o falta. Ademas de las contenidas en el artículo 88 del código penal, los tribunales de justicia, cuando se trate de situaciones de violencia intrafamiliar, acordaran cualquiera de las siguientes medidas de seguridad. Se podrá aplicar más de una medida: a) Ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente de la residencia común. Si resiste, se utilizara la fuerza pública. b) Ordenar la asistencia obligatoria a instituciones con programas terapéuticoeducativos, crados para ese fin. C) Ordenra el allanamiento de la morada cuando, por violencia intrafamiliar, se arriesgue gravemente la integridad física, sexual, patrimonial o psicológica de cualquiera de sus habitantes. D) Prohibir que se introduzca o se mantengan armas en la casa de habitación, cuando se utilicen para intimidar, amenazar o causar daño a alguna de las personas integrantes del grupo familiar. E) Decomisar las armas en posesión del presunto agresor, aun cuando tenga licencia de portación. F) Suspenderle provisionalmente al presunto agresor, la guarda y custodia de sus hijos e hijas menores de edad. G) Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, en cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, Página 467 de 600

crianza y educación de sus hijos e hijas. H) Suspenderle al preseunto agresor el derecho de visitar a sus hijos e hijas, en caso de agresión sexual contra menores de edad. I) Prohibir, al presunto agresor que perturbe o intimide a cualquier integrante del grupo familiar. J) Prohibir el acceso del presunto agresor al domicilio permanente o temporal de la persona agredida y a su lugar de trabajo o estudio. K) Fijar una obligación alimentaria provisional, de conformidad con lo establecido en el Código Civil. L) Disponer el embargo preventivo de bienes, del presunto agresor. Para aplicar esta medida no será necesario ningún depósito de garantía. A juicio de la autoridad judicial competente, el embargo recaerá sobre la casa de habitación familiar y sobre los bienes necesarios para respaldar la obligación alimentaria a favor de la persona agredida y los dependientes que corresponda, conforme a la ley. M) Levantar un inventario de los bienes muebles exostentes en el nucleo habitacional, en particular el menaje de casa u otros que le sirvan como medio de trabajo a la persona agredida. N) Otorgar el uso exclusivo, por un plazo determinado, del menaje de casa a la persona agredida. Deberán salvaguardarse especialmente la vivienda y el menaje amparado al régimen de patrimonio familiar. Ñ) Ordenar, al presunto agresor, que se abstenga de interferir en el uso y disfrute de los instrumentos de trabajo de la persona agredida. Cuando ésta tenga 60 años o mas o sea discapacitada, el presunto agresor no deberá interferir en el uso y disfrute de instrumentos indispensables para que la victima pueda valerse por si misma o integrarse a la sociedad. O) Ordenar al presunto agresor, la reparación en dinero efectivo de los daños ocasionados a la persona agredida, o a los bienes que le sean indispensables para continuar su vida normal. Se incluyen gastos de traslado, reparaciones a la propiedad, alojamiento y gastos médicos. El monto se hará efectivo en la forma y procedimiento que la autoridad judicial estime conveniente para garantizar que la misma sea cumplida. Las medidas de seguridad contenidas en la presente ley, podrán ser acompañadas de dispositivo de control telemático, para la efectiva protección de integridad física de las victimas, por el plazo otorgado por el juez competente en las medidas de seguridad aplicadas; dicho dispositivo se colocará al presunto agresor al venticimiento del plazo de oposición. 14. LEY REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN: El procedimiento de extradición se regirá por los tratados o convenios de los cuales Guatemala sea parte; en lo no previsto en los mismos se regirá por la presente ley. 15. LEY PARA LA PROTECCIÓN DE SUJETOS PROCESALES Y PERSONAS VINCULADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL: DENOMINACION: Se crea el Servicio de protección de sujetos procesales y personas vinculadas a la adminsitracion de justicia penal, la cual se denomina como SERVICIO DE PROTECCION misma que funciona dentro de la organización del Ministerio Público. ART. 1. OBJETO: El servicio de protección tiene como objetivo esencial, proporcionar protección a funcionarios y empleados del Organismo Judicial, de las Página 468 de 600

fuerzas de seguridad civil y del Ministerio Público, así como a testigos, peritos, consultores, querellantes adhesivos, mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, así como otras personas que estén expuestas a riesgos por su intervención en procesos penales. Tambien dará cobertura a periodistas que lo necesiten por encontrarse en riesgo, debido al cumplimiento de su función informativa. Art. 2 ORGANOS Y COMPETENCIAS: El servicio de Protección se integra por el Consejo Directivo, que es el órgano superior y encargado de diseñar las políticas generales para la protección de los beneficiarios; y la Oficina de Protección, que es el órgano ejecutor de las políticas generales de protección. ART. 3 Y 5 PLANES DE PROTECCION: El servicio de protección comprende: (ART. 8) Protección del Beneficiario con personal de seguridad; Cambio de lugar de residencia del beneficiario; La protección con personal de seguridad de la residencia y/o lugar de trabajo del beneficiario. Cambio de identidad del beneficiario Así mismo el articulo 18 establece que esos beneficios o planes de protección pueden extenderse a los familiares del beneficiario (conyuge o conviviente, hijos, padres y hermanos) 16. LEY FORESTAL: Con la presente ley se declara de urgencia nacional y de interés social la reforestación y la conservación de los bosques, para lo cual se propiciará el desarrollo forestal y su manejo sostenible, mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos: a) Reducir la deforestación de tierras de vocación forestal y el avance de la frontera agrícola, a través del incremento del uso de la tierra de acuerdo con su vocación y sin omitir las propias características de suelo, topografía y el clima; b) Promover la reforestación de áreas forestales actualmente sin bosque, para proveer al país de los productos forestales que requiera; c) Incrementar la productividad de los bosques existentes, sometiéndolos a manejo racional y sostenido de acuerdo a su potencial biológico y económico, fomentando el uso de sistemas y equipos industriales que logren el mayor valor agregado a los productos forestales; d) Apoyar, promover e incentivar la inversión pública y privada en actividades forestales para que se incremente la producción, comercialización, diversificación, industrialización y conservación de los recursos forestales; e) Conservar los ecosistemas forestales del país, a través del desarrollo de programas y estrategias que promuevan el cumplimiento de la legislación respectiva; y f) Propiciar el mejoramiento del nivel de vida de las comunidades al aumentar la provisión de bienes y servicios provenientes del bosque para satisfacer las necesidades de leña, vivienda, infraestructura rural y alimentos.

7. DERECHO PROCESAL PENAL a. DERECHOS Y GARANTIAS PROCESALES: Garantías procesales y principios en el proceso penal guatemalteco. Conceptualización de las garantías procesales. La Constitución Política de la República es la ley superior, la ley fundamental, es el fundamento del ordenamiento jurídico de una nación. Es la Constitución la que permite el nacimiento, desarrollo y Página 469 de 600

aplicabilidad, del ordenamiento jurídico de cada ámbito del derecho. La Constitución ha incorporado al derecho penal, determinadas garantías de relevancia constitucional, que determinan aspectos orgánicos de la jurisdiccional penal y del proceso penal, siendo que el derecho penal es el instrumento jurídico por el cual el Estado ejerce uno de los poderes fundamentales contra sus gobernados, “el poder penal”. Sintetizando lo dicho, se puede conceptualizar que las garantías procesales, constitucionales o adjetivas, son reglas o seguridades jurídicas originadas por la necesidad histórico-social, de proteger a los gobernados y hacer respetar sus derechos consagrados en la ley suprema, contra el ejercicio arbitrario del poder penal por parte de la autoridad. Definición de las garantías procesales. Para el profesor Barrientos Pellecer en la exposición de motivos del Código Procesal Penal, las garantías procesales: ¨Son una serie de derechos y garantías que protegen a la persona contra el ejercicio arbitrario del poder penal¨. Las garantías procesales; según García Laguardia dice que: “Son medios técnicosjurídicos orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando éstas son infringidas, reintegrando el orden jurídico…”. Al respecto es importante definir los principios y según Ramiro Podetti citado por el licenciado Chicas Hernández, son “las directrices o líneas matrices dentro de las cuales han de desarrollarse las instituciones del proceso”. Cabanellas define al principio como el “primer instante del ser, de la existencia de una institución o grupo. Razón, fundamento, origen”. Garantías del proceso penal reguladas en la Constitución Política de la República. La Constitución Política de la República, en el capítulo I “de las garantías individuales”, introdujo preceptos sobre garantías procesales, que revisten una trascendental importancia, a tal punto que el gobernado encuentra una amplia protección a los diversos bienes que integran la esfera de sus derechos. Las garantías individuales de carácter procesal que regula nuestra Constitución y que serán objeto de análisis del presente título son: Garantía de legalidad. Regula el Artículo 17 de la Constitución de la República de Guatemala que: “No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por la ley anterior a su perpetración” así mismo en el Artículo 1 del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República se establece acerca “(de la legalidad). Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas, por ley anterior a su perpetración; ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas por la ley “, lo cual se integra a lo regulado por nuestra constitución y a lo establecido en el Artículo 1 del Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República, estableciendo que “No hay pena sin ley. (Nullum poena sine lege). No se impondrá pena alguna si la ley no lo hubiere fijado con anterioridad” así pues el Artículo 2 del citado Código, regula: “No hay proceso sin ley. (Nullum proceso sine lege). No podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. Sin ese presupuesto, es nulo lo actuado e induce responsabilidad del tribunal”. Garantía del juicio previo. La Constitución Política de Guatemala, señala como principio en su Artículo 12, que nadie puede ser “condenado sin haber sido citado, oído y Página 470 de 600

vencido en proceso legal ante Juez o Tribunal competente y preestablecido”. En el mismo sentido se pronuncia el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (Art. 14) y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de 1969 (Art.8). La existencia de un juicio previo a cualquier condena es pues, un requisito constitucional. Las consecuencias directas de este principio son según el Manual del Fiscal, las siguientes: 1º. Las condiciones que habilitan para imponer pena, así como la pena misma, han de haber sido establecidas con anterioridad al hecho que se pretende sancionar. 2º. Toda sanción debe haber sido fijada en una sentencia, dictada tras un juicio previamente establecido. La inobservancia de una regla de garantía establecida a favor del imputado, no se podrá hacer valer en su contra”. Garantía de ser tratado como inocente. Durante el desarrollo del proceso penal el imputado tiene el estatus jurídico de inocente, hasta que una sentencia dictada por un juez competente, lo declare culpable. Esta presunción de inocencia está contenida en el Artículo 14 de la Constitución y en el 14 del Código Procesal Penal, y sus consecuencias jurídicas son: 1º. El in dubio pro reo: La declaración de culpabilidad en una sentencia, sólo puede estar fundada en la certeza del tribunal que falla acerca de la existencia del hecho punible y del grado de participación del imputado. Si existiere duda razonable, no se podrá condenar, pues esta favorece al imputado. Art. 14 Código Procesal Penal. 2º. La carga de la prueba corre a cargo de las partes acusadoras. El imputado no necesita probar su inocencia pues constituye el estatus jurídico que lo ampara, de tal manera que quien acusa debe destruir completamente esa posición arribando a la certeza sobre la comisión de un hecho punible y la responsabilidad del mismo. La carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y al querellante, según el caso. 3º. La reserva de la investigación: Como consecuencia del principio de inocencia del imputado y del tratamiento como tal, la investigación debe evitar en lo posible las consecuencias negativas que supone, a ojos de la sociedad, el hecho de ser sometido a persecución penal. En esta línea, el Artículo 314 establece el carácter reservado de las actuaciones y el Artículo 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, limita el derecho a la información así como el de presentación de imputados ante los medios de comunicación para salvaguardar el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad. 4º. El carácter excepcional de las medias de coerción: Las medidas de coerción limitan el derecho a ser tratado como inocente. Por ello, sólo se justifican cuando exista un real peligro de obstaculización en la averiguación de la verdad o peligro de fuga. Incluso dentro de las mismas, se dará preferencia a las menos gravosas (por ejemplo una medida sustitutiva antes que la prisión preventiva). En ningún caso las medidas coercitivas pueden utilizarse como una sanción o pena anticipada. Garantía del derecho de defensa. La Constitución, establece en el Artículo 12, la inviolabilidad al derecho de defensa. La persona tiene derecho a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no 7 tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo. Las principales Página 471 de 600

manifestaciones del derecho de defensa, según el Manual del Fiscal, son: 1º. El derecho de defensa material. Es el derecho que tiene el imputado a intervenir personalmente en el procedimiento para ejercer su defensa. De esta forma, el imputado puede, a lo largo del procedimiento realizar las declaraciones, hacer pedidos al fiscal o al juez, proponer por sí mismo pruebas, etc.. En el debate tiene además el derecho a la última palabra. 2º. La declaración del imputado. El Artículo 15 del Código Procesal Penal, en desarrollo del Artículo 16 de la Constitución, estipula el principio de declaración libre, por el que el imputado no puede ser obligado a declarar contra sí, ni a declararse culpable. La declaración del imputado tiene por finalidad básica, ser un medio de defensa material y no una fuente de información privilegiada y absoluta, como existía en el proceso anterior. No se puede plantear acusación, sin haberse oído al imputado, Artículo 334 del Código Procesal Penal. 3º. El derecho de defensa técnica: El Código Procesal Penal, obliga a que la defensa técnica sea realizada por un abogado. El imputado tiene derecho a elegir un abogado, de su confianza o a que se le nombre uno de oficio. El Artículo 92, faculta al imputado a defenderse por sí mismo, sin necesidad de defensor técnico. Sin embargo, será necesaria la autorización del juez quien deberá asegurarse que el derecho de defensa no va a ser afectado. 4º. Necesario conocimiento de la imputación: El derecho de defensa implica el derecho de conocer los hechos que se le imputan, tanto antes de la primera declaración (Art. 81 Código Procesal Penal), como al plantearse la acusación y al iniciarse el debate, para de que esta manera poder defenderse sobre los mismos. El respeto a este principio genera la obligatoria correlación entre acusación y sentencia, por el cual no se puede condenar por hechos por los que no se ha acusado. 5º. Derecho a tener un traductor. Si el imputado no comprende la lengua oficial, lo cual está regulado en el Artículo 90 Código Procesal Penal. La ley prevé en el Artículo 142, que los actos procesales se realicen en idiomas indígenas, con traducción simultánea al español. Garantía a un juez imparcial. Los mecanismos constitucionales y legales existentes para asegurar la imparcialidad del juez son: 1º. La independencia judicial: La independencia del juez es un principio constitucional, establecido en sus Artículos 203 y 205. Al dictar sus resoluciones, los jueces y magistrados, sólo deben atenerse a lo fijado por la Constitución, los tratados internacionales ratificados por Guatemala y por las leyes del país. La independencia judicial se articula en un doble plano: Independencia del Organismo Judicial frente a los poderes del Estado: Es independiente frente al poder ejecutivo y legislativo. Independencia del juez frente a las autoridades del Organismo Judicial: La independencia, no sólo se debe dar frente a los otros poderes, sino también frente a los otros jueces y magistrados. Por ello, el artículo 205, inciso c, establece como una de las garantías, la no remoción de magistrados y jueces. 2º. La exigencia de un juez competente preestablecido. Esta garantía contenida en el Artículo 12 de la Constitución, tiene como finalidad asegurar la independencia del juez, evitando que los poderes interfieran del estado y puedan elegir en cada caso, al juez que convenga más a sus intereses. Quedan totalmente prohibidos los tribunales de fuero especial. Por estas razones es de suma Página 472 de 600

importancia la existencia de un mecanismo objetivo y no manipulable en la determinación de la competencia de cada juez o Tribunal. 3º. El principio acusatorio. La separación de funciones entre investigación, control de la investigación y juzgamiento tiene como finalidad, garantizar la imparcialidad del juez, evitando su contaminación y predisposición en contra del imputado. Es muy difícil que la misma persona que investiga pueda a la vez controlar que la investigación respete las garantías legales y constitucionales y mucho menos pueda decidir objetivamente sobre la culpabilidad o inocencia del reo. Por ello, el Código Procesal, rompiendo con el sistema inquisitivo, delimita entre fiscal, juez de primera instancia y tribunal de sentencia, las funciones de investigar, controlar la investigación y dictar sentencia. 4º. La imparcialidad del juez en el caso concreto. Todos los mecanismos anteriores, tienen por finalidad crear las condiciones abstractas para que un juez sea imparcial. Sin embargo, puede no ser suficiente pues el juez puede tener amistad, enemistad, prejuicio, interés, parentesco con alguno de los sujetos procesales, pudiendo poner en peligro la objetividad. Para ello, el Código Procesal Penal, en el Artículo 62 y la Ley del Organismo Judicial, especifican y desarrollan los impedimentos, excusas y recusaciones. La garantía procesal de juez imparcial, garantiza una limpia e igualitaria contienda procesal, permite al juez desempeñar un papel de operador constitucional, (super parte); es decir proteger la efectividad del derecho en un proceso en el que se observen todas las garantías que lo rigen y en su resolución que dicte debe materializarse la aplicación de la ley. Garantía de prohibición a la persecución y sanción penal múltiple. En un estado de derecho, en base a los principios de libertad y seguridad jurídica, no se puede permitir que una persona pueda ser enjuiciada o sancionada repetidas veces por los mismos hechos (non bis in idem). Lo regula y desarrolla el Código Procesal Penal en su Artículo 17. Garantía de publicidad. La publicidad de los actos administrativos se encuentra estipulada en el Artículo 30 de la Constitución y la desarrolla el Código procesal penal prescribe en su Artículo 12, que impone la publicidad del proceso, lo cual permite una mejor intervención del imputado, el control ciudadano sobre la actividad de los jueces y fiscales y en general mayor transparencia. Garantía de ser juzgado en un tiempo razonable. El hecho de estar sometido a un proceso, supone un perjuicio psíquico y económico en la persona del imputado, que se agrava en el supuesto en el que se le imponga alguna medida de coerción. Por todo ello, es un derecho básico el que se resuelva la situación jurídica del sindicado en el menor tiempo posible. Dentro del Código se han regulado importantes instituciones, siendo alguna de ellas el procedimiento abreviado, las medidas desjudicializadoras y según el Artículo 323 del Código, que fija un plazo para el desarrollo de la etapa preparatoria, tres meses si el sindicado se encuentra bajo la medida de coerción de prisión preventiva y seis meses si se encuentra en libertad mediante medida sustitutiva. Garantía de la limitación estatal a la recolección de información. Dentro de los fines del proceso penal esta la averiguación de la verdad o de la acción realizada por la persona que se adecua a la descrita en alguna norma jurídica sustantiva, calificada como delito o falta, así como el grado y participación del imputado. Estos fines no son absolutos, Página 473 de 600

están limitados al respeto de los derechos humanos individuales contenidos en la Constitución y las leyes. Las principales limitaciones a la recolección de información son: 1º. El derecho a no declarar contra sí ni contra parientes. Este principio se encuentra recogido en la Constitución en su Artículo 16. 2º. Ineficacia de interrogatorio judicial. Este principio se encuentra regulado en el Artículo 9, párrafo segundo de la Constitución, que dicta que: “El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio, siendo las autoridades judiciales las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos. 3º. Inviolabilidad de la vivienda. (Artículo 23 de la Constitución). El ingreso a la vivienda solo se admite con autorización judicial competente o en los supuestos de urgencia tasados por la ley. 4º. Inviolabilidad de correspondencia y libros. El Artículo 24 de la Constitución, preceptúa que solo podrá revisarse la correspondencia y libros en virtud de resolución judicial firme. 5º. Secreto de comunicaciones telefónicas, radiofónicas cablegráficas y otros productos de tecnología moderna. Artículo 24 de la Constitución. 6º. Limitación al registro de personas y vehículos, garantía regulada en el Artículo 25 de la Constitución, que impone que el registro solo lo podrán hacer elementos de las fuerzas de seguridad, debidamente uniformados y del mismo sexo que el registrado. De acuerdo al Artículo 183 del Código Procesal Penal, la información obtenida vulnerándose estos principios se considerará prueba prohibida y no podrá valorarse. Garantía del debido proceso. Se contempla en la Constitución Política de la República de Guatemala en el Artículo 12, que: “Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal…” haciendo referencia al debido proceso que además se encuentra contemplado en el Artículo 4, de nuestro Código Procesal Penal que refiere a este principio regulando “…un procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones de este código y a las normas de la constitución, con observancia de las garantías previstas para las personas y de las facultades y derechos del imputado o acusado. El debido proceso es llevado a cabo en el momento mismo en que se manifiesta la acción penal a través de “cualquier indicación que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o de participar en él, ante alguna de las autoridades de la persecución penal”, según Artículo 71 del Código Procesal Penal, siendo esto lo que conocemos como actos introductorios, administrando justicia pronta. Pero respetando, claro está, los derechos, garantías y recursos que la ley le otorga al sindicado en el ejercicio de su defensa. Garantía de transparencia. Siendo un deber del Estado de Guatemala: “Garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona” como lo regula la constitución en el Artículo 2, es importante que el desempeño del órgano jurisdiccional este dotado de transparencia para que prevalezca la justicia, es así como en el mismo cuerpo legal pero en su Artículo 203, se regula que: “La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Garantía a los límites a la investigación. El Artículo 6 de la Constitución, regula que: “Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial Página 474 de 600

competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta”, a su vez el Artículo 16 del mismo cuerpo legal establece que dentro del proceso penal: “Ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley” y no podrá dictarse un auto de prisión sin que preceda información de haberse cometido un delito y sin que concurran motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él, como lo regula el Artículo 13 de nuestra Constitución. Garantía de la acción penal. El Artículo 251 de la Constitución Política regula esta garantía fundamental dentro del sistema de justicia penal, atribuyendo al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal pública, lo que lo faculta para perseguir penalmente los delitos de acción pública. Es una garantía, pues está determinado constitucionalmente, quién es el órgano encargado de investigar las acciones delictivas, teniendo como pretensión fundamental, alcanzar los fines del proceso penal. El Ministerio Público debe aplicar en su actuación los principios y garantías constitucionales y ordinarias que rigen el proceso penal y de esta forma alcanzar la justicia y la paz social. Es importante indicar que existen otras garantías procesales, inmersas en la Constitución Política de la República, que también dirigen o fundamentan el procedimiento penal, como lo son: Artículo. 5.- La libertad de acción. Toda persona puede hacer lo que la ley no prohíbe. Artículo. 7.Notificación de la causa de detención. Toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente, en forma verbal y por escrito, de la causa que motivó su detención, autoridad que la ordenó y lugar en el que permanecerá. Artículo. 8.- Derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos, en forma que le sean comprensibles, y que puede proveerse de un defensor. Artículo. 9.Interrogatorio a detenido o preso. Las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos. Esta deberá practicarse en un plazo que no exceda de veinticuatro horas. El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio. Artículo. 10.Centro de detención legal. Los centros de detención, arresto o prisión provisional, serán distintos a aquellos en que han de cumplirse las condenas. Artículo. 11.- Detención por faltas e infracciones. Por faltas o por infracciones a los reglamentos no deben permanecer detenidas las personas cuya identidad pueda establecerse mediante documentación, por el testimonio de persona de arraigo, o por la propia autoridad. Artículo. 13.- Motivos para dictar auto de prisión. Información de haberse cometido un delito y motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él. Artículo. 15.Irretroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Artículo. 18.- Pena de muerte. La pena de muerte no podrá imponerse en los siguientes casos: a. Con fundamento en presunciones; b. A las mujeres; c. A los mayores de sesenta años; d. A los reos de delitos políticos y comunes conexos con los políticos; y e. A reos cuya extradición no haya sido concedida bajo esa condición. Artículo. 20.- Menores de edad. Los menores de edad que transgredan la ley son inimputables. Artículo. 22.- Antecedentes penales y policíacos. Página 475 de 600

No son causa para que a las personas se les restrinja en el ejercicio de sus derechos que la Constitución y la ley garantizan. Artículo. 28.- El derecho de petición. Los habitantes de la república de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. Garantías procesales reguladas en el Código Procesal Penal. El Decreto número 5192 del Congreso de la República, Código Procesal Penal, que entro en vigencia el 1º de julio de 1994, regula y desarrolla las garantías individuales de carácter procesal de jerarquía constitucional, que siendo fundamentales no se contemplaban por legislaciones anteriores. Las garantías procesales que se encuentran reguladas en el mencionado Código son: La garantía criminal. Artículo 1 y 2. No hay pena sin ley. (nullum crime sine lege). Esta garantía procesal, prohíbe imponer pena alguna si la ley no la hubiere fijado con anterioridad. Se refiere esta “anterioridad”, a la perpetración de la acción calificada previamente en la ley como delito o falta. Esta garantía consiste en la protección que tiene toda persona que no puede ser sancionada por conductas que no estén calificadas previamente como delito o falta en la ley penal y que sea previa a su comisión, se encuentra regulada en el Artículo 2 de nuestro Código Procesal Penal. La garantía penal, (nullum poena sine lege). Se desarrolla está garantía en base a que cualquier persona sindicada de la comisión de un hecho señalado como delito o falta no se le podrán imponer más penas, que aquellas que se encuentren previamente establecidas por la ley penal a la comisión de este, se encuentra establecida en el Artículo1 del Código Procesal Penal. La garantía jurisdiccional. Es otra protección regulada en diversas normas, del Código Procesal Penal, en sus Artículos 2, 4 y 7 en la cual se establece el juzgamiento y decisión de las causas penales a jueces preestablecidos previamente a la comisión del delito o falta; esta garantía se encuentra relacionada con la garantía de juez natural ya que no se podrá juzgar a nadie ante un juez o tribunal que no sea por los designados para el efecto por la ley penal. La garantía procesal. Artículo 2. No hay proceso sin ley. ¨ No podrá iniciarse proceso ni se tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley. Sin ese presupuesto, es nulo lo actuado e induce en responsabilidad del tribunal.¨ La garantía de ejecución. Esta garantía protege a las personas de que una vez resuelta su situación jurídica y establecida su responsabilidad en la participación en la comisión de un hecho delictivo con el pronunciamiento de una sentencia por un tribunal competente para ello le corresponderá en única instancia a los jueces de ejecución la ejecución de la misma en los lugares destinados para el efecto. La garantía de imperatividad del proceso. Contemplada en el Artículo 3 del Código Procesal Penal que regula: “Los tribunales y los sujetos procesales no podrán variar las formas del proceso, ni la de sus diligencias o incidencias” así mismo podemos complementar la norma con lo que se encuentra regulado en el Artículo 52, de la Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89 del Congreso de la República que regula: “El Organismo Judicial no está sujeto a subordinación alguna... sólo a la Constitución Política de la República de Guatemala y a las leyes” lo que garantiza un procedimiento preestablecido para su aplicación. Garantía de juicio previo. Se establece según Figueroa Página 476 de 600

Sarti: “El juicio previo es desarrollado en los Artículos 2, 3 y 4 del Código Procesal Penal, para que pueda juzgarse a las personas se requiere de un procedimiento establecido con anterioridad. Las formas del proceso no podrán variar y nadie podrá ser condenado o sometido a medida de seguridad y corrección sino en sentencia firme. Juicio y sentencia son utilizados como sinónimos, por que la sentencia es el juicio del tribunal fundado en ley anterior al hecho del proceso”. La garantía de protección a los fines del proceso. Esta garantía se consagra en el Artículo 5 del Código Procesal Penal, preceptúa los fines del proceso encontrándose como tales a la averiguación de un hecho señalado como delito o falta, el establecer las circunstancias en las que este pudo haberse cometido, la individualización del autor, así como el establecimiento de los medios que pueden determinar su participación, contemplando el pronunciamiento de una sentencia y la ejecución de la misma. Garantía de posterioridad del proceso. Esta garantía está regulada en el Artículo 6 del Código Procesal Penal, se refiere a que solo después de cometido un hecho punible o una acción calificada en la ley como delito, se iniciará proceso en contra del autor o partícipe de la acción delictiva. Garantía de Independencia e imparcialidad judicial. El Artículo 7 del Código Procesal Penal, regula que el juzgamiento y decisión de las causas penales se llevará a cabo por jueces imparciales e independientes, sólo sometidos a la Constitución y a la ley. Según Figueroa Sarti “el juez no es un sujeto procesal neutro, está del lado de la justicia y su tarea es alcanzarla en sus decisiones”. Garantía de exclusividad jurisdiccional. Esta garantía se puede resumir así: Para conocer de un asunto, el Órgano Jurisdiccional debe haber sido creado por la ley y estar en funciones y tener competencia preestablecida. Nadie puede ser extraído del juez designado por la ley antes de la acción de la causa. Artículo 7, párrafo segundo del Código. Garantía del juez natural. La norma contenida en el Artículo 7, del Código Procesal Penal, consagra la garantía de juez natural, principio en virtud del cual nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por órganos jurisdiccionales preestablecidos que tienen la función de aplicar, integrar e interpretar las leyes en los casos concretos. Es absoluta la prohibición de “juzgamiento fuera del poder judicial”. Garantía de la independencia del Ministerio Público. El Ministerio Público, como institución, goza de plena independencia para el ejercicio de la acción penal y la investigación de los delitos. Esto implica que el Ministerio Público no está subordinado a ningún otro órgano estatal. Art. 8 del Código Procesal Penal. Garantía de la fundamentación. Esta garantía impone a los jueces y magistrados que administran justicia que ¨ Los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión, su ausencia constituye un defecto absoluto de forma ¨. Contenida en el Artículo 11 Bis del Código Procesal Penal. Toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. Garantía de la obligatoriedad, gratuidad y publicidad. La función de los tribunales en los procesos penales es obligatoria, gratuita y pública. Salvo casos excepciones regulados en la ley, por ejemplo la reserva de las actuaciones, regulada en el Artículo 12 y 314 del Código Procesal Penal. Garantía de indisponibilidad. Esta garantía Página 477 de 600

consiste en la prohibición de los tribunales de renunciar al ejercicio de su función y de que los interesados puedan recurrir a un tribunal distinto del competente, reforzando de esta manera la garantía del juez natural; regulada en el Artículo 13 del Código Procesal Penal. Garantía de ser tratado como inocente. Esta garantía determina el estatus jurídico del sindicado durante el desarrollo del proceso penal, la norma citada regula: “Todo procesado será tratado como inocente durante el proceso, hasta que sea declarado culpable mediante sentencia firme debidamente ejecutoriada”, según lo estipulado en el Artículo 14 del Código Procesal Penal. Garantía in dubio pro reo. La ley impone: “En caso de duda esta favorece al imputado”. Esto obliga al Ministerio Público a probar con plena certeza que el acusado es responsable de la acción que se le imputa. La duda es la falta de certeza de destruir la presunción de inocencia, por lo que en caso de existir duda la resolución o sentencia deberá ser absolutoria. Esta garantía está contenida en el Artículo 14 párrafo segundo, Código Procesal Penal. Garantía de declaración libre. El imputado no podrá ser obligado a declararse culpable y deberá contar con toda la libertad para responder a las preguntas; regulada en el Artículo 15 del Código Procesal Penal. Según Figueroa Sarti: “Dada la inclinación a la búsqueda de la aceptación de los hechos atribuidos mediante métodos coactivos o violentos, o que en un estado de derecho deben rechazarse como formas de averiguación de la verdad, la declaración del imputado es un medio de defensa, más que un medio de prueba”. Garantía al respeto a los derechos humanos. El Artículo 16 del Código Procesal Penal preceptúa: “Los tribunales y autoridades que intervienen en los procesos, deben cumplir los deberes que imponen la Constitución de la República y tratados internacionales sobre derechos humanos”. Garantía de única persecución. Esta garantía le asegura a la persona que no podrá ser perseguida penalmente más de una vez por un mismo hecho, por el cual ya fue procesado. Esta garantía regulada en el Artículo 17 del Código Procesal Penal, establece la prohibición a la persecución penal múltiple, simultánea o sucesiva por un mismo hecho, debiendo existir para considerar una violación a esta garantía una identidad en persona, objeto y de causa. Garantía de cosa juzgada. Esta garantía regulada en el Artículo citado, regula que ¨ Un proceso fenecido no podrá ser abierto de nuevo, excepto el caso de revisión ¨, y este recurso solo podrá ser utilizado solo en beneficio del condenado. Este recurso tiene especial legitimación, pues aún el Ministerio Público está obligado a plantearlo a favor del imputado cuando concurran los motivos de su procedencia. Sin embargo puede existir un segundo proceso, en uso de nuevas circunstancias que beneficien al condenado, siendo el caso del recurso de revisión. Apunta Binder refiriéndose a las condiciones en las que puede violarse esta garantía que: “En primer lugar se debe tratar de la misma persona, en segundo lugar, se debe tratar del mismo hecho, en tercer lugar debe tratarse del mismo motivo de persecución. Estas tres correspondencias se suelen identificar con los nombres latinos de eadem persona, eadem res, eadem causapetendi”. Garantía de la continuidad del proceso. El Código acoge esta garantía y estipula, “No puede suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar un proceso, en cualquiera de sus trámites, salvo los casos Página 478 de 600

determinados por la ley expresamente”. Dentro de los casos determinados en la ley que pueden suspender un proceso, se encuentran la clausura provisional, la suspensión condicional de la persecución penal, la declaración de rebeldía o la interrupción del debate por las causas determinadas en la ley. Estipulada en el Artículo 19 del Código Procesal Penal. Garantía de defensa. Esta garantía de jerarquía constitucional es acogida por el Código, y la preceptúa de la siguiente manera: “La defensa de la persona o de sus derechos es inviolable en el proceso penal. Nadie podrá ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en procedimiento preestablecido y ante tribunal competente, en el que se hayan observado las formalidades y garantías de ley”. Contenida en el Artículo 20 del Código Procesal Penal. Garantía de igualdad en el proceso. Quienes se encuentren sometidos a proceso, gozarán de las garantías y derechos que la Constitución y las leyes establecen, sin discriminación. Cualquier discriminación que sufra el sindicado durante la tramitación del proceso penal, es considerada como una violación a esta garantía; la cual está consagrada en el Artículo 21 del Código Procesal Penal. Garantía de seguridad y certeza jurídica. El Estado de Guatemala, constitucionalmente garantiza a los habitantes de la República, la justicia y la seguridad jurídica de la persona. Entendemos por seguridad jurídica según Ossorio: “Una condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones sin que la arbitrariedad o mala voluntad de las autoridades puedan afectarles sus derechos y causarles perjuicio. A su vez la seguridad limita y determina las facultades y los deberes del los poderes públicos. Como es lógico la seguridad jurídica sólo se logra en los estados de derecho.”. La garantía de certeza jurídica, suele confundirse con la seguridad jurídica, siendo que estas garantías se encuentran íntimamente ligadas, se complementan, es difícil la búsqueda de certeza sin la ayuda de la seguridad e igualmente no se puede concebir a la seguridad sin que esta se encuentre acompañada de certeza. Ossorio la ubica como “…clara, segura y firme convicción de la verdad. Ausencia de dudas sobre un hecho o cosa…” además la refiere en el ámbito procesal, como “…convencimiento que adquiere el juzgador por lo resultante de autos; y que se traduce en la apreciación que hace de las pruebas…”. Garantía procesal, regulada en la Ley del Organismo Judicial. Garantía de no ser condenado en ausencia. Esta garantía es especial, pues es un principio que rige todo el ordenamiento jurídico guatemalteco. La ley del Organismo Judicial en el artículo 152 regula: ¨Inafectabilidad de terceros inauditos ¨, esta garantía asegura a la persona que: ¨ La sentencia dada contra una parte, no perjudica a tercero que no haya tenido oportunidad de ser oído y de defenderse en el proceso ¨. b. PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN EL PROCESO PENAL: Los principios especiales son: Oficialidad; Contradicción; Oralidad; Concentración; Inmediación; Publicidad; Sana Crítica Razonada; Doble Instancia; Cosa juzgada.

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c. FINES DEL PROCESO: ARTÍCULO 5.- Fines del proceso. El proceso penal tiene por objeto: La averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, El establecimiento de la posible participación del sindicado; El pronunciamiento de la sentencia respectiva, y La ejecución de la misma. (Ricardo Levene) El proceso penal contiene fines generales y específicos. Fines Generales: Investigar el hecho que se considera delictuoso y la responsabilidad criminal del acusado. Fines específicos: El castigo de los culpables y la absolución de los inocentes conforme a la realidad de los hechos, y como consecuencia de una investigación total y libre de prejuicios. La reintegración del autor y la seguridad de la comunidad jurídica. d. CRIMINOLOGÍA: ciencia social que estudia las causas y circunstancias de

los distintos delitos, la personas de los delincuentes y el tratamiento adecuado para su represión. Los criminólogos estudian las pautas de comportamiento, los factores sociales y demás circunstancias que lleven a una persona a cometer un delito. Es una ciencia que busca la relación causa – efecto en la explicación del fenómeno criminal. La criminología es una ciencia humana e interdisciplinaria que tiene como objetivo el estudio del delincuente, el lugar de los hechos, el delito, las conductas desviadas, el control social, con relación al delito mismo, sin dejar de lado del todo a la víctima, la cual será en todo caso objeto total de estudio de la victimología, con el objetivo de entender al criminal y las distintas motivaciones que lo llevaron a cometer determinados crímenes. Basa sus fundamentos en conocimientos diversos de disciplinas y ciencias tales como lo sonla sociología, psicología, medicina, antropología, matemática, física y q uímica, apoyándose de manera indirecta del derecho penal y de otras ciencias de carácter penal o forense. Cabe destacar que es frecuente confundir la criminología forense, que se centra en las razones de los asesinatos con la criminalística, que lo hace en el proceso de investigación. Las áreas de investigación criminológicas incluyen el iter criminis, la incidencia y las formas o mecanismos de los crímenes, así como sus causas y algunas consecuencias. Cesare Lombroso, se le considera el padre de la criminología, ya que en sus estudios acerca de la antropología criminal, cimentó bases y teorías que hasta nuestros días perduran, ya sea como antecedentes o como directrices mismas de la ciencia. e. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA: El principio de la tutela judicial efectiva está desarrollado limitadamente a lo establecido en los Artículos 28 y 29 que se complementa con los artículos 12 y 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Definición de la tutela judicial efectiva. El derecho a la tutela judicial efectiva es aquél por el cual toda persona, como integrante de una sociedad, puede acceder a los órganos jurisdiccionales para el ejercicio o defensa de sus derechos e intereses, con sujeción a que sea atendida a través de un proceso que le ofrezca garantías mínimas para su efectiva realización, proporcionándole la certeza legal de que su petición va ser recibida, analizada y resuelta por el ente encargado de impartir justicia, agregando que el calificativo de efectiva que se le añade le otorga una connotación de realidad a la tutela jurisdiccional, nutriéndola de contenido, aplicando los conceptos teóricos en la práctica procesal. Garantías que integran el derecho de la tutela judicial efectiva Derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales; Derecho al debido proceso; Página 480 de 600

Decisión ajustada a derecho; Derecho a recurrir de la decisión y Derecho a ejecutar la decisión. Derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales El derecho de acceso a la jurisdicción se materializa a través del derecho de petición, que se elabora ante cualesquiera entidad administrativa, la cual incluye por supuesto la que presta el organismo judicial a través de los tribunales de justicia especializados en cada rama y que lleva implícito el resultado de obtener con celeridad una resolución motivada, se encuentra regulada en el Artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, pero desarrollado en forma específica en el Artículo 51 del Código Procesal Civil y Mercantil. En síntesis, el derecho de acceso a la justicia confiere a todos los ciudadanos, la posibilidad de presentar sus conflictos a los tribunales competentes, someterlos a su decisión como terceros imparciales y desde ese momento se comienza a ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva. Derecho al debido proceso El derecho al debido proceso es un derecho individual de carácter fundamental integrado por un conjunto de garantías constitucionales procesales mínimas que permiten un proceso justo, razonable y confiable. El derecho al debido proceso engloba una serie de garantías, que se encuentran consagradas en los Artículos 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17 y 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Decisión ajustada a derecho La sentencia debe estar motivada y esta motivación se hace a través de las argumentaciones de hecho y de derecho que expliquen las razones que tuvo el juzgador para acoger o no la pretensión. El artículo 15 de la Ley del Organismo Judicial que establece: “Obligación de resolver y resolverán de acuerdo con las reglas establecidas en el Artículo 10 de esta ley. El operador de justicia debe enmarcar su decisión, sobre los hechos que han sido alegados en la demanda y contradichos en la contestación correspondiente, es decir, que debe pronunciarse, sólo sobre aquellos hechos que han sido debatidos o controvertidos por las partes en el proceso, y sobre los cuales ha recaído la actividad probatoria de éstos, pues si se pronuncia sobre algún hecho no expuesto por las partes en la fase alegatoria de proceso, se configura el vicio de incongruencia positiva, en tanto que si deja de pronunciarse sobre algún hecho controvertido en la litis, se produce el vicio de incongruencia negativa. Derecho a recurrir de la decisión Como se ha venido señalando, ese conjunto de actos procesales realizados ante el órgano jurisdiccional, culmina con la decisión que dictará el operador, en esta decisión como es lógico, habrá un ganador y un perdedor, y precisamente aquel sujeto que resulte perjudicado con el fallo dictado, no con los motivos de hecho y de derecho que sostienen el dispositivo del mismo, sino con el propio dispositivo, constitucionalmente tiene el derecho de impugnar la decisión por la vía de los recursos legales que regula la Ley. Todo sujeto perjudicado con la decisión judicial tiene el derecho a recurrir de la misma, activándose de esta manera el derecho o garantía constitucional del doble grado de jurisdicción a que se refiere el Artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que constituye igualmente una manifestación de la garantía a la tutela judicial efectiva a que se refiere el Artículo154 de la Ley del Organismo Judicial que establece: “Interposición de recursos. Los plazos para interponer un recurso se contarán a partir del día siguiente a la última notificación de la totalidad de la sentencia o del auto en que se resuelva la aclaración o la ampliación, según el caso.” Derecho a ejecutar la decisión Es cuando el operador de justicia que por omisión, pasividad o defecto de entendimiento, se aparta sin causa justificada de lo previsto en el fallo que Página 481 de 600

debe ejecutarse, o se abstiene de adoptar las medidas necesarias para su ejecución, cuando le sean legalmente exigibles, desconoce la garantía a la tutela judicial efectiva a través del régimen de ejecución y efectividad en el cumplimiento de la decisión judicial. Según lo establecido por el Artículo156 de la Ley del Organismo Judicial, indica que: “La Ejecución. Debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó en primera instancia. En lo penal se atenderá a lo que preceptúa la ley respectiva.”. De esta manera la cosa juzgada es la calidad o atributo que dimana de la decisión judicial, la autoridad, cuando contra ella no existen medios de ataque que permitan modificarla, que le imprime eficacia, la cual se traduce en inimpugnabilidad de la decisión judicial, inmutabilidad y coercibilidad, en otras palabras, la cosa juzgada consiste en la autoridad y eficacia que alcanza una resolución judicial, cuando contra la misma no pueden ejercerse recursos ordinarios o extraordinarios que permitan su modificación. La tutela judicial efectiva también supone la observancia de ciertos requisitos en los procesos de ejecución de sentencias: a) La ejecución de la sentencias corresponde a los Jueces y Tribunales, según las normas de competencia y procedimiento que las leyes procesales establezcan. b) En principio, la ejecución procederá únicamente respecto de las sentencias y demás resoluciones ejecutoriadas, excepcionalmente, las normas procesales pueden eximir de esta cualidad a ciertas resoluciones para que presten mérito ejecutivo. c) La ejecución ha de cumplirse al contenido del fallo, no puede el Tribunal apartarse sin causa justificada de lo previsto en la sentencia, y por tanto, será nula la resolución en la que se opera la modificación. “No obstante, podrá sustituirse la condena por su equivalencia pecuniaria o por otro tipo de prestación, en los supuestos previstos por el ordenamiento procesal”. d) “La resolución judicial debe ser susceptible de ejecución, esto es, que preste mérito ejecutivo, pues de lo contrario, será preciso una actividad adicional de las partes, a fin de lograr un título suficiente que permita la ejecución en caso de ser necesario.”. e) Deben de adoptarse medidas oportunas para llevar a efecto la ejecución con independencia de cuál sea el momento en que el órgano jurisdiccional las dicta, “La tardanza excesiva e irrazonable lesiona el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, que también abarca el proceso ejecutivo.”. Convenios y Tratados Internacionales que contemplan el derecho a la tutela judicial efectiva Desde la perspectiva del derecho internacional el derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra consagrado en diversos tratados aprobados y ratificados por Guatemala. Entre estos tratados encontramos los siguientes: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esta declaración aprobada por la Novena Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia en 1948, expresa en su Artículo XVIII:“Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por la cual la justicia la ampare contra actos de la autoridad que viole, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”, en este artículo se observa claramente el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia que tiene cualquier persona, el cual se encuentra consagrado en el art. 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La Declaración Universal de Derechos Humanos.Esta declaración adoptada por la resolución 217A (III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 10 de Diciembre de 1948, establece un sistema de derecho y garantías judiciales entre las que cabe citar: “Artículo 8: Toda persona tiene derecho Página 482 de 600

a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que viole sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.”;así mismo el Artículo 10 de La Declaración Universal de Derechos Humanos, establece: “Toda persona tiene 20 derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, o para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.”;de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos anteriormente citados, se observa la consagración del derecho a recurrir de una decisión y el derecho a ser oída públicamente y con justicia en condiciones de plena igualdad. Tales derechos se encuentran reflejados en el derecho positivo guatemalteco en los Artículos 211 y 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Específicamente el capítulo II sobre Derechos Civiles y Políticos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de Noviembre de 1969, se integra con una serie de disposiciones de relevante trascendencia en materia de tutela jurisdiccional, entre las que cabe destacar: “Artículo 8: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”; en el Artículo trascrito se hace referencia a las garantías judiciales de las cuales goza toda persona ante cualquier acusación formulada contra ella; es decir, el derecho al debido proceso, consagrado en el Artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. También el Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, indica: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención aún cuando tal violación sea cometido por personas que actúen en ejercicio de funciones oficiales.”;se aprecia en el Artículo anterior la referencia a la protección judicial por medio del derecho que tiene toda persona contra actos que violen sus garantías a ejercer un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los tribunales competentes, regulados en los Artículos 211 y 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito en Nueva York el 19 de Diciembre de 1966, establece en su parte II que los Estados se comprometen a garantizar: “Artículo 2: Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido violados, podrá interponer un recurso efectivo, aún cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales.”; en la norma transcrita se reitera el derecho que tiene toda persona a recurrir de la sentencia cuando se violan sus derechos sin menoscabo de que tal violación sea cometida por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Función de la tutela judicial. La tutela judicial efectiva es un derecho amplio, que garantiza el indiscutido carácter universal de la justicia y como institución jurídica constitucional engloba una serie de derechos a saber: a) el acceso a los órganos de administración de justicia; b) una decisión ajustada a derecho; c) el derecho a recurrir de la decisión; el derecho a ejecutar la decisión y el derecho al debido proceso; por tanto, al verse vulnerados uno de estos Página 483 de 600

derechos se afecta insoslayablemente la tutela judicial efectiva contemplada dispersamente en los Artículos 12, 29 y 203 de la Constitución política de la república de Guatemala. f. LA ACCION PENAL: La acción es un instituto jurídico–procesal autónomo, por medio del cual se materializa el derecho de peticionar ante la autoridad judicial, la actividad pública necesaria para conocer y juzgar respecto de una pretensión jurídica por ella presentada. (Cabanellas) La acción es la exigencia de una actividad encaminada a incoar el proceso, a pedir la aplicación de la ley penal en el caso concreto. A través de la acción penal se hace valer la pretensión punitiva del Estado, para imponer la pena al delincuente, por un delito cometido. ¿Cuáles son los caracteres de la Acción Penal? Es pública; Oficialidad; Es única; e, Irrevocable. ¿Por la forma de su ejercicio, la acción penal puede ser? 1) Acción pública; 2) Acción pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal; 3) Acción Privad. (Art. 24 del CPP). g. CODIGO PROCESAL PENAL: El proceso de reforma de la justicia penal que vive Guatemala desde 1994, es mucho mas profundo y va mucho mas alla que el simple cambio de un código, se trata de sentar las bases, de construir los cimientos de un estado constitucional de derecho en un país que camina desde 1985, por la senda de la democracia como forma de gobierno, lo cual impone como instrumento para impartit justicia, un modelo de proceso enal democrático sobre la base de un derecho penal minimo, de ultima ratio, eminentemente garantista y protector de los derechos humanos, cuya construcción necesita de la decidida participación en todos los niveles de nuestra sociedad. Asi como la reforma técnica y científica requiere de la participación de académicos, intelectuales y todos los prucuradores (operadores) de la justicia penal, también se requiere la participación de otros profesionales, de la clase política, de la sociedad civil, de estudiantes y demás grupos sociales e instituciones, porque la administración de justicia no es solamente problema de abogados, sino de toda la sociedad, por supuesto que los abogados estamos mucho mas obligados a tener una conciencia clara del problema y participar en la propuesta de soluciones; el profesor Alberto Binder, decía con razón en la conferencia para administradores de justicia celebrada en Washington en 1991, que esta reforma era una tarea pendiente en America Latina desde la época de la independiencia. Guatemala llevo a cabo sus primero intentos de reforma procesal penal, después de la emancipación política del reino de España 1821, que había legado a todos los países hispanoamericanos, el sistema inquisitivo propio de la organización política monárquica y absolutista que imperaba en España en época de la colonización de america. El movimiento político de aquella época, pretendió consolidar la independencia haciendo cambios estructurales que permitieran la construcción de un nuevo país con un gobernó republicano, y dentro de esos cambios se incluia la administración de justicia. Fue el Doctoro Mariano Galvez (ilustre jurisconsulto y presidente de la republica) quien en el año 1836 logra la aprobación de los denominados “códigos de Livingston” que adoptaban un modelo de justicia penal radicalmente opuesto al imperante sistema inquisitivo; aquella visionaria y malograda legislación iba incluso mas alla de la reforma actual, ya que adopto el sistema de jurados con participación de la población en la impartición de la justicia en defensa de valores y libertades que recién se habían logrado, de Página 484 de 600

tal suerte que se ha dicho que a él –dr.Mariano Galvez- le corresponde una de las manifestaciones mas fuertes de confianza en el pueblo de Guatemala y fe en el sistema republicano y democrático, afianzada en la convicción de que solo el ejercicio de un poder transparente y democrático y el disfrute de las libertades de la republica, habrían de garantizar la verdadera independencia de la nación que recién nacia. Desafortunadamente para Guatemala e hispanoamerica, las desavenencias interesadas en no conslidar el nuevo sistema, le imputaron ser una de las causas que motivaron la revolución que terminara con ese gobierno y de paso con la federación centroamericana, la legislación fue abrogada y de retorno al sistema inquisitorial de la colonia. A los códigos de Livingston le sucedió el código procesal penal de 1877, que siguió la tendencia del sistema inquisitivo que impero durante toda la época colonial y veintiun años después, durante el gobierno del general Jose Maria Reyna Barrios se emite el decreto 551 de fecha 7 de enero de 1898 que contenía el nuevo código de procedimientos penales de Guatemala que se decía segui un modelo mixto por cuanto contemplaba dos fases: la de instrucción o sumario y la de juicio o plenaria, sin embargo, el procedimiento se desarrollaba solamente por escrito tanto en la primera como en la segunda fase, el juez que era el mismo en ambas, tenia amplias facultades para prceder de oficio en todo el proceso hasta dictar sentencia, sin importar la presencia del acusador publico o privado; la doble instancia estaba segura aun sin necesidad del dobre recurso de apelación ya que imperaba el sistema de la consulta al órgano superior; la valoración de la prueba era tasada y la presentada durante el sumario servia para fundamentar la sentencia, dándole especial importancia a la confesión del inculpado; la prisión preventiva era regla general y existía todo un capitulo del código que regulaba la incomunicación del procesado, con lo cual se evidencia que se trataba de un modelo eminentemente inquisitivo, y que se mantuvo vigente por setenta y cinco años hasta la promulgación del decreto 52-73 del congreso de la republica, que contenía el código procesal penal que entro en vigencia el 1 de enero de 1974, que se mantuvo con una serie de reformas parciales y modificaciones hasta la reforma procesl que nos ocupa; a pesar de que este código presentaba toda una estructura forma, incluyendo principios, que lo ubicaban dentro de un modelo mixto, su desarrollo forense fue inquisitivo. Previamente a la reforma procesal penal que vivimos, se pueden contabilizar cinco tentativas serias por modificar la legislación procesal penal, 2 antes de la vigencia del código procesal abrogado y 2 despues. El 6 de septiembre de 1961, el ejecutivo presento al confreso de la republica un proyecto de código procesal penal elaborado por el profesor argentino Sebastian Soler y los profesores guatemaltecos, Romeo Augusto De León y Benjamin Lemus Moran, dicho proyecto se basaba en el texto que Alfredo velez mariconde y el propio soler, formularon en 1937 para la provincia argentina de Córdoba, que estaba basado en el procedimiento oral, y que para adaptarlo al medio guatemalteco, sebastian soler propuso algunas modificaciones que, al parecer de los profesores De León y Lemus Moran, introducían graves desordenes en el proceso, razón por la cual hicieron cambios sustanciales que hacían desaparece el sistema oral, finalmente no fue aprobado por el congreso de la republica. El 5 de julio de 1973 el congreso de la republica emite el decreto 52-73 que contenía el código procesal penal, en sustitución del código de procedimientos penales de 1898 que elaboro el jurista guatemalteco Hernan Hurtado Aguilar, cuya estructura formal Página 485 de 600

aparentemente se ubica en el sistema mixto, con características muy especiales que lo hacían único, desafiando los postulados y principios de la dotrina procesal. Con la aprobación y entrada en vigencia del nuevo Codigo Procesal Penal, que establece un nuevo modelo de administrat justicia, no solo se esta cumpliendo con la constitución en cuanto a garantizar los derechos fundamentales de las personas y preservar la dignidad humana, sino se ha dado el salto fundamental para la reforma de la justicia penal en Guatemala, quedando aun pendiente y con caracte de urgente, la reforma del código penal sustantivo que es totalmente obsoleto, por cuanto que resonde a un derecho penal peligrosista de corte positivista con algunas instituciones de la escuela clásica, asi mismo deviene necesario la creación de una legislación penal ejecutiva (penitenciaria) que no existe en nuestro país, a pesar que estamos de acuerdo con Maier y Binder al decir que no se debe ignorar que las normas, por si solas, no operan en ningún cambio aunque sean indispensables para ellos; será la inteligencia y la buena voluntad de los hombres encargados de aplicarlas, las únicas armas que permitirán recuperar una administración de justicia penal razonablemente justa, según nuestras concepciones culturales actuales. 8. MEDIDAS DESJUDICIALIZADORAS: DESJUDICIALIZACION: La desjudicialización es un medio para expulsar la estructura burocrática de los tribunales de justicia y así resolver rápidamente y de manera sencilla ciertos casos penales, destinando el proceso penal ordinario a delitos graves ya que no tiene sentido agotar todas las fases del juzgamiento en asuntos de menor impacto social o en los que la reestructuración de la paz social, así como la defensa contra el delito. Facilita el acceso a la justicia, simplifica y expedita los casos sencillos. Busca estimular la aceptación de los hechos por parte del imputado, el pago de las responsabilidades civiles a cambio de beneficios procésales, de tal manera que la finalidad del proceso no solo busca imponer mecánicamente una pena, sino solucionar el conflicto tanto social como individual que ocasiona la comisión de un delito. El código procesal penal establece 4 presupuestos en los que es posible aplicar este principio: criterio de oportunidad, conversión, suspensión condicional de la persecución penal, procedimiento abreviado. a) CRITERIO DE OPORTUNIDAD: CONCEPTO: Es la facultad que tiene el MP, bajo el control del juez, de no ejercer la acción penal debido a la escasa trascendencia social del delito o mínima afectación del bien jurídico protegido, a las circunstancias especiales en la responsabilidad del sindicado o cuando el imputado sufre las consecuencias de un delito culposo. También se podrá aplicar el criterio de oportunidad a favor de cómplices y encubridores. Objetivo: El objetivo es doble: Por un lado la descarga de trabajo para el MP y por otro la intervención mínima del estado en problemas que pueden resolverse a través de la conciliación entre las partes recogiéndose de esta manera los principios humanizadores y racionalizadores del derecho moderno penal. Supuestos: Los supuestos para la aplicación del criterio de oportunidad se establecen en el art. 25 del CPP, y son: Por delitos no sancionados con prisión; Delitos persegibles por instancia particular; Delitos de acción pública con pena máxima de prisión de 5 años; Que la responsabilidad o contribución en el delito sea mínima; Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada; El criterio de oportunidad se aplicará por los jueces de primera instancia obligadamente a los cómplices o autores del delito de encubrimiento que presten declaración eficaz contra los autores de los delitos en señalados en el numeral 6 del art. 25 del CPP. El criterio de oportunidad no podrá Página 486 de 600

aplicarse cuando a criterio del MP el delito puede afectar o amenazar gravemente al interés público y a la seguridad ciudadana y cuando el delito ha sido cometido por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo. Para poder aplicar el criterio de oportunidad será necesario llenar los requisitos establecidos en el art. 25 bis del CPP: 1. Autorización Judicial, 2. Consentimiento del agraviado, si lo hubiere. 3. Que el sindicado haya reparado el daño o exista acuerdo para la reparación. 4. Que el sindicado no haya sido beneficiado previamente por la abstención del ejercicio de la acción, por la comisión de un delito doloso que haya dañado o puesto en peligro el mismo bien jurídico (art. 25 quinquies CPP). Efectos: Si no se impugna pasado un año de su aprobación se produce la extinción de la pena, La impugnación del criterio de oportunidad se podrá realizar que hubo dolo, fraude, simulación o violencia para su otorgamiento o si surgieren elementos que demuestren que la figura delictiva era más grave y que de no haberse conocido no hubiere permitido la aplicación del criterio de oportunidad (art. 25 bis). El criterio de oportunidad se podrá dar desde que se tiene conocimiento del ilícito hasta el comienzo del debate (art. 286 CPP). Una vez formulada la solicitud por el MP, síndico municipal, agraviado o imputado el juez de paz (si la pena del delito cometido no es mayor de tres años) citará a las partes a una audiencia conciliatoria, si se llega a un acuerdo las partes firmaran el acta la cual tiene fuerza de título ejecutivo en acción civil, si el MP considera que procede el criterio de oportunidad, pero el agraviado no está de acuerdo con las fórmulas de conciliación, se podrá otorgar la conversión de la acción a petición del agraviado. Cuando procede el criterio de oportunidad se podrá someter el conflicto a centros de mediación (art. 25 quáter). En losmunicipios en que no hubiere ningún fiscal, actuará como tal los síndicos municipales (art. 85 de la ley orgánica del MP). Contra la admisión del criterio de oportunidad procede la apelación –art.404 CPP, numeral 5). Cuando el criterio de oportunidad genere el sobreseimiento se podrá recurrir en apelación (art. 404 CPP inciso 8) o en apelación especial (art. 415 CPP). Cuando el juez de instancia no autoriza el criterio de oportunidad cabe la reposición (art. 402 CPP). b) LA CONVERSION (art. 26 CPP): La conversión supone la transformación de una acción penal de ejercicio público en un procedimiento por delito de acción privada, ejercitada únicamente por el agraviado. Objetivo: se pretende liberar al MP de la obligación de intervenir en los casos en que no haya intereses públicos afectados y puedan ser tratados como delitos de acción pública. Los supuestos para que pueda convertirse la acción los determina el artículo 26 del CPP, y son: En los casos que cuando proceda no se hubiera aplicado el criterio de oportunidad, Los delitos que requieran denuncia a instancia particular (Art. 24 ter CPP) a pedido del legitimado a instar. En los delitos contra el patrimonio a excepción del hurto y robo agravados. Para convertir el ejercicio público en acción privada se requiere que los hechos que dieron lugar a la acción pública no produzcan impacto social, que exista consentimiento del agraviado. No se precisa la aceptación del imputado ni autorización del juez de primera instancia, aunque existe un control, ya que el tribunal de sentencia que conocerá la querella debe decidir sobre la admisión de la misma. Los efectos de la conversión son que el MP ya no ejercerá la acción sino la víctima, y una vez transformada la acción ya no es posible volver a la acción pública ya que al haberse desistido la misma con anterioridad se provocó el sobreseimiento (Art. 48a CPP), La acción se entenderá transformada cuando el tribunal de sentencia la acepte para su trámite (ver art. 475 CPP). La ley no fija un momento procesal específico para pedir la conversión, pero lo conveniente es realizarla al inicio del procedimiento preparatorio, esto en base al objetivo de esta figura. La ley no señala un procedimiento específico para la conversión. Contra la resolución que deniega el trámite de la querella dictada por el tribunal de sentencia procede el Página 487 de 600

recurso de apelación especial (art. 415 CPP). c) Suspensión condicional de la persecución penal (Art. 27 CPP y 72 CP). Es el mecanismo a través del cual se interrumpe la persecución penal, sometiendo al imputado a una serie de condiciones durante un tiempo determinado, que si se cumplen, producen la extinción de la persecución penal. En caso contrario, se reanudará el procedimiento penal. El objetivo principal de esta figura es evitarle al imputado el desarrollo de todo un proceso en su contra, cuando la consecuencia del mismo posiblemente va a ser la suspensión de la ejecución de la condena y se otorga por razones de economía procesal. Podrá aplicarse en los delitos cuya pena máxima de prisión sea de cinco años y en los delitos culposos. Los requisitos que establece el art. 72 del CP son: Que la pena consistente en privación de la libertad no exceda de cinco años, Que el beneficiado no haya sido condenado anteriormente en delito doloso, Que antes de la perpetración del delito el beneficiario haya mostrado una buena conducta y ser un trabajador constante, y Que la naturaleza del delito no revele peligrosidad y que se presuma que el agente no volverá a delinquir. El Ministerio Público deberá acompañar a la solicitud: la aceptación de los hechos por el imputado y los acuerdos celebrados entre las partes con respecto al pago de las responsabilidades civiles provenientes del delito. La resolución se dictará en una audiencia convocada para el efecto. La solicitud podrá ser verbal o escrita, siempre fundada, y puede plantearse al juez de primera instancia durante el transcurso de la etapa preparatoria y en el inicio de la intermedia, quien citará a las partes para establecer su procedencia. d) Procedimiento abreviado Aunque este es un proceso resumido, algunos autores lo colocan dentro de los procedimientos de dejudicialización, porque tiene como fin agilizar la administración de justicia mediante formas que permiten una decisión rápida del juez sobre los hechos sometidos a su conocimiento. (Este tema se trata más adelante en el tema procedimientos especiales para casos concretos). 9. DERECHO PENAL PREMIAL: En definitiva, dos han sido las principales razones

que han llevado a los diferentes Estados a plantear nuevas formas de afrontar la delincuencia organizada tal es el caso: de la transnacionalidad real y la transnacionalidad virtual. En Italia en los años 70 se vieron en la necesidad de dar origen al Derecho Penal Premial, empezándose a utilizar el término Pentiti, plural de Pentito que significa “el que se arrepiente”, normalmente son personas que tienen un amplio conocimiento de la red criminal, en muchos casos son personas que manejan información sobre la estructura financiera de la organización. El nombre técnico de esta figura jurídica en el idioma italiano es la de “collaboratori di giustizia” que significa “Colaborador con la Justicia” ya que sin esta persona el Derecho penal premial no podría existir. El primeros beneficiados en Italia fue Tommaso Buscetta, quien fue condenado a cadena perpetua, situación que lo llevó a buscar la forma de fugarse de las cárceles de Italia, lo cual consiguió en reiteradas ocasiones, refugiándose en diferentes países, pero desafortunadamente para él, lo encontraban y lo arrestaban nuevamente; situaciones que surgieron en reiteradas ocasiones siendo tanta su decepción que siempre regresaba a la cárcel que llegó a tal grado de quererse suicidar pero no lo consiguió, entonces mejor prefirió ser uno de los primeros colaboradores con la justicia y así hacerse acreedor de los beneficios que presta el derecho Penal Premial, otorgando información veraz acerca de casos relacionados al tráfico ilegal de cigarrillo, al tráfico de drogas y posteriormente colabora para dar con los responsables de dos crímenes en los cuales él había participado, logrando con ello brindar la información suficiente para desmantelar la columna vertebral de su organización y así poder investirle de los beneficios que otorga el Derecho penal premial. DENOMINACIONES DEL DERECHO PENAL PREMIAL En el derecho Página 488 de 600

penal premial, su principal objetivo es el de otorgar beneficios a las personas que colaboran con la justicia, y que esa colaboración o información le facilite el trabajo a las autoridades a descubrir la identidad de aquellos personas que participan en la comisión de un delito, a los cuales se les denomina colaborador o colaboradores eficaces. Los colaboradores brindan información eficaz y veraz con el fin de lograr la captura y posterior sometimiento a juicio de los involucrados, siempre y cuando sea a cambio de un “premio”, entendido éste como: “la recompensa, remuneración de un mérito o servicio” que se da a una persona como reconocimiento por una obra, una actividad o una cualidad”. Entre las denominaciones más comunes o sobresalientes para esta nueva figura, y que son adoptadas por el Derecho penal premial están las siguientes: arrepentido, colaborador, delator, testigo principal, prueba cómplice, pentiti, colaborador eficaz, chivato, soplón, testigo de la corona, entre otras. Estos han expandido en el moderno derecho penal en sectores particularmente graves en donde reina la criminalidad específicamente el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Se encuentran dos modelos de derecho penal premial el que hace referencia a los colaboradores, arrepentido etc, que prestan información eficaz para poder dar con los responsables de los delitos cometidos y así desvirtuar poco a poco las bandas criminales y por el otro lado refiriéndose a los beneficios que otorga como recompensa a la información veraz y eficaz que presta: *La figura del Derecho penal premial (el arrepentido) entra en escena como testigo en el juicio oral y está obligado a declarar en el mismo como condición para obtener algún tipo de inmunidad, privilegio o beneficio que otorga el derecho penal premial y así dejar de ser imputado (grant of inmunity)36 y convertirse en parte del proceso. Esta figura está expuesta a un peligro especial por la banda criminal a la que delató, por lo cual se le otorga la condición de testigo protegido, ya que después de fungir como testigo en contra de su propia organización corre el peligro de alguna represalia por ser un soplón es por ello que cuenta con medidas de seguridad. Así se suele encontrar en los países anglosajones como Estados Unidos, Gran Bretaña y Polonia el derecho penal premial. *El arrepentido interviene fundamentalmente en la fase preparatoria e intermedia del procedimiento, esto cuando desde el principio de su detención está dispuesto a colaborar o bien durante el proceso desea hacerlo, colaborando con las autoridades a la persecución penal en el esclarecimiento de los hechos y en el descubrimiento de los culpables; conducta premiada generalmente de modo facultativo por el juez con una rebaja o incluso con una exclusión de la pena. Este es el modelo propio de los países como Alemania, Austria, Suiza, Holanda y también del derecho español al momento de aplicar los beneficios que presenta la nueva corriente de Derecho penal premial”. DEFINICIÓN DE DERECHO PENAL PREMIAL Derecho penal premial: Es aquella persona miembro de una organización criminal, quien brinda información relacionada a la misma y sobre la comisión de delitos, con la finalidad de que se le otorguen beneficios en el proceso que se tramita en su contra. Derecho Penal Premial o Sistema Penal Premial: Es Conjunto de principios y normas jurídicas mediante las cuales el Estado por razones de política criminal, cede ante los delincuentes miembros de una organización criminal, que aportan información relevante para el proceso penal, a cambio se le otorgan premios. Derecho penal Premial: La persona que ha participado en un hecho delictivo, sea o no integrante de un grupo delictivo organizado, que preste ayuda o colaboración eficaz para la investigación y persecución de miembros de grupo delictivo organizado, podrá recibir los beneficios otorgados en la presente Ley. OBJETO Y NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO PENAL PREMIAL. El Objeto del Derecho penal premial: Es descubrir a los grupos criminales organizados, establecer métodos especiales de investigación, regular medidas para prevenir, combatir, desarticular Página 489 de 600

y erradicar la delincuencia organizada total o parcialmente, todo esto por medio de los beneficios que presta el Derecho penal premial ya que la responsabilidad penal del imputado que se vuelve colaborador de la justicia, o bien las personas que no han tenido participación en los hechos pero que también coadyuvan a las entidades encargadas de la administración de justicia y la persecución penal, a proporcionar datos relevantes acerca de la comisión de delitos o por medio de la acusación de otros que han tenido participación en el hecho. Naturaleza jurídica del Derecho penal premial: es evidente que las disposiciones, lineamientos, ordenamientos jurídicos, así como también la adopción de medidas de seguridad y procedimientos para enjuiciar a los responsables y ejecutar las penas aplicables a toda actividad relacionada con el crimen organizado o delincuencia organizada son de orden público, puesto que afectan a la colectividad y además son de interés y observancia general. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO PENAL PREMIAL Las características del Derecho penal premial, se estudian luego de haber detenido a las personas involucradas en el hecho y que estas personas estén en toda la disposición y voluntad de colaborar proporcionando información veraz y eficaz para dar con su estructura criminal, volviéndose posteriormente en un colaborador eficaz en donde ya con más amplitud del caso se puede analizar lo que a continuación se presenta como lo es: el delito, delincuente, grupo delictivo organizado, grupo estructurado, conducta desviada, prevención del delito y disuasión del delincuente. Delito: Se deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley, en otras palabras esla persona que viola la ley sustantiva aquella que regula lo relativo a los delitos, faltas y sanciones. Es una de las características que da origen al nacimiento del Derecho penal premial siempre y cuando el detenido colabore eficazmente, debido a que esta nueva corriente del Derecho penal necesita la colaboración de las personas involucradas en la ejecución de dicho delito tipificado dentro de la norma legal, y posteriormente que se dé con la captura de todos los responsables. Delincuente: “Sujeto que ha cometido un acto sancionado como delito por la ley penal”. Es aquél que transgrede la ley penal cometiendo un delito y se clasifican en delincuentes, asesinos, ladrones violentos y cínicos, delincuentes sexuales, violadores, estupradores, raptores, psicópatas sexuales incluso terroristas. A los cuales después de su captura se arrepienten y desean ayudar a los Órganos Jurisdiccionales, y así poder ser favorecidos con los beneficios que presta el Derecho penal premial a cambio de la rebaja de la pena, de la no persecución penal u otorgarles el criterio de oportunidad, siendo este otro de los factores que diferencia al Derecho penal premial. Grupos delictivos Organizados: Se considera grupo delictivo organizado u organización criminal, (específicamente en Guatemala) a cualquier grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actué concertadamente, con el propósito de cometer uno o más de los delitos siguientes: a) De los contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad; b) De los contenidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u otros activos; c) De los cometidos en la Ley de Migración; d) De los contenidos en la Ley para la Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo; e) De los contenidos en el Código penal como el peculado, fraude, evasión, asesinato, terrorismo, entre otros. Son delitos que están tipificados en las normas legales y no necesariamente es imperativo que se le haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico y otro beneficio de orden material para motivar aquellas personas a que ejecuten un delito. El Derecho penal premial uno de sus objetivos significativos es la destrucción o minimización de los grupos delictivos así como también la minimización de los delitos; ya que la idea del Página 490 de 600

legislador fue premiar a uno o varias de las personas que se ven involucradas en la comisión del delito y que colaboran con información y así poder eliminar los grupos delictivos a través del Derecho penal premial y otorgar beneficios al colaborador eficaz. Conducta desviada: Este concepto surge en los Estados Unidos y engloba no solo delitos, sino conductas que transgreden cualquier norma de carácter social o de cualquier otra índole, y no únicamente a los delitos de carácter penal. En el caso de la conducta desviada, la transgresión no necesariamente tiene que ser violenta, propiamente dicha, por lo que es de carácter social por lo que las conductas delictivas como las violentas que no llegan a serlo; habría que englobarlas como conductas desviadas. Siendo conductas desviadas las siguientes: El crimen, El suicidio, Los desordenes mentales, El alcoholismo etc. Prevención del delito y la Disuasión del delincuente: Estas dos definiciones van íntimamente ligadas, toda vez que, prevenir equivale a disuadir al infractor potencial con la amenaza del castigo. En esencia, la definición de Prevención del delito: implica la reducción o la eliminación de los hechos delictivos que de otra manera hubiesen ocurrido. Todo esto por medio de la creación de la nueva corriente el Derecho penal premial que trata de combatir, prevención y disuadir la eliminación de crímenes, por medio de la colaboración de sus integrantes para con la justicia y tarde o temprano dar con los responsables de los delitos. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL DERECHO PENAL PREMIAL Estos principios surgen a raíz de las definiciones que se aportan de lo que es el Derecho Penal Premial, en sí se entiende por principios aquellas fuentes a las cuales se debe acudir para que los jueces puedan decretar las resoluciones finales (sentencias) siempre y cuando existan lagunas de la norma legal o bien no se pueda aplicar la analogía, desprendiendo los siguientes principios desde el punto de vista de la colaboración que presta el sindicado y se desprenden los siguientes en base: Eficacia: La información que brindará el colaborador tiene que ser de gran magnitud, verídica, valorativa y por consiguiente pueda ayudar a dar con los responsables de los hechos delictivos así como también con las organizaciones criminales, para que de esta forma se pueda hacer acreedor de los beneficios que presta el Derecho penal Premial como un premio por la ayuda que ha prestado con el objetivo de desarticular a todas las bandas de criminales que imperan en los países; el colaborador también debe aportar las suficientes pruebas para llevar a juicio a los miembros de las estructuras criminales, a efecto de que no queden impunes los delitos que cometieron. Oportunidad: La información que vaya a proporcionar el colaborador debe obtenerse de manera oportuna, y capturar tanto a los miembros como también a los cabecillas de la organización criminal, para que al momento de dar con ellos se obtengan los decomisos suficientes que fueron o serán producto de la comisión de algún delito, y por consiguiente incriminarles varios de los delitos de los cuales son culpables y todo esto para la recolección de las evidencias que se puedan recabar en el lugar de detención. Proporcionalidad: El beneficio que presta el Derecho penal Premial hacia el colaborador por la información veraz y eficaz que otorgó a las autoridades jurisdiccionales debe ser recompensada con un beneficio pero este debe ser en forma proporcional a la eficacia, importancia y veracidad de la información que haya aportado durante el proceso penal, de esta forma el Ministerio Publico en el caso de Guatemala pueda solicitar al Juez los beneficios a los cuales se ha hecho acreedor por la ayuda que prestó, haciendo del conocimiento del juez que fue lo que se le ofreció es decir que beneficio en específico, dentro del compromiso que firmó el detenido. Comprobación: En este apartado se considera que no es suficiente la simple declaración del colaborador, sino por el contrario hacer que su testimonio debe de ser verificable y comprobable con otros medios de investigación científicos como escuchas telefónicas, análisis de cámaras de video, Página 491 de 600

informes periciales y de las telefonías nacionales, es decir que en este caso el Ministerio Público en el caso de Guatemala nuevamente, compara las pruebas de los indicios con la declaración que presta el sindicado y comprobar si está diciendo la verdad o por el contrario está desviando las investigaciones que se tienen. Formalidad: Es necesario suscribir un acuerdo de colaboración en forma escrita, el cual debe firmar el agente fiscal del Ministerio Público, el sindicado y su abogado defensor, para que al momento de la detención de la organización o bien de las personas que han participado en los delitos y comprobada eficazmente la colaboración se exhiba al juez el acuerdo al que había llegado el Ministerio Publico con el sindicado y de esta forma el juez otorgue ya legalmente cualquiera de los beneficios que otorgue el derecho penal premial. La declaración del colaborador es ante un juez competente en calidad de prueba anticipada, que es de manera voluntaria, espontánea y con el compromiso de hablar con la verdad. Control judicial: El juez competente ya en sentencia luego de calificar la declaración del sindicado y comprobar que realmente fue un medio de ayuda para dar con las bandas criminales de manera rápida, éste tiene la facultad de autorizar o modificar los beneficios que presta el Derecho penal premial de forma proporcional con la colaboración, o bien, el beneficio que mejor se adecue a su colaboración ya que la ley contempla el respeto a la independencia judicial. Revocabilidad: Consiste en que los beneficios que se le han otorgado a una persona ya en sentencia y que goza de ellos por haber fungido como colaborador eficaz dentro de un proceso, los cuales pueden ser revocados, siempre y cuando no vuelva a cometer otro delito en el plazo al doble de la pena máxima por el delito que se le sindique, caso contrario perderá el beneficio y siendo penado nuevamente por los delitos cometidos. O bien cuando se compruebe que el sindicado ha mentido, ha sido falsa su declaración o se niega a cumplir con los compromisos que suscribió en el acuerdo. FINALIDAD DEL DERECHO PENAL PREMIAL La finalidad que busca el derecho penal premial es que a cambio de la información que proveen, a los pentiti o colaboradores eficaces se les otorgue sentencias más cortas por los crímenes que hayan cometido y en algunos casos otorgarles hasta incluso la libertad. Dentro del sistema judicial italiano, los pentiti obtienen protección personal, proveyéndoles un nuevo nombre y algo de dinero para comenzar una nueva vida en otro lugar, normalmente en el extranjero, para prevenir todo aquello de las represalias de las organizaciones criminales en contra de ellos y de su familia. Esta práctica es muy común en países como los Estados Unidos. Otra de las finalidades que busca el Derecho penal premial es dar con las personas que han cometido hechos delictivos, pudiendo estos delatar a la organización criminal de la que forman parte, para que los órganos jurisdiccionales descubran las estructuras de dicha organización, logrando agilizar los procesos penales, y por último como se mencionaba anteriormente brindar seguridad a los delatores así como también otorgarles los beneficios que esta corriente presta a las personas que colaboran dando la información veraz a los órganos jurisdiccionales o a la institución que necesita información para las investigaciones tratando de desaparecer las organizaciones delictivas, o bien la disminución de los delitos. RESULTADOS QUE PERSIGUE EL DERECHO PENAL PREMIAL El Derecho penal premial, busca localizar el porqué o para qué de los beneficios que se les otorgan a las personas que colaboran con la justicia, es decir cuál es el resultado que persigue al negociar el Estado reducción de penas a cambio de información. Se ha estipulado que el colaborador brinde información esencial para evitar que se continúe con la comisión de delito, así como también a que ayude a esclarecer los hechos de los cuales tiene conocimiento, investigando y proporcionando información útil y suficiente para probar la participación de otros imputados, siempre que la conducta del colaborador facilite y evite la Página 492 de 600

continuación de los delitos, valorando la información brindada, y los controles que tenga paraconsiderar su fiabilidad, pues no es de extrañar la existencia de falsos arrepentidos que tengan como finalidad desviar una investigación. Debe ser una información importante que tenga incidencia sobre el proceso de investigación y que le permita a la autoridad competente llegar a dar con los superiores jerárquicos del aparato del poder organizado, su funcionamiento, los elementos, bienes, recursos con que se cuenta para delinquir. El integrante o los integrantes del aparato del poder organizado no serán castigados de la misma forma que los superiores de determinada organización, teniendo como beneficio la rebaja de las penas en dado caso que aporten información suficientes para la aprehensión de otros integrantes del aparato del poder organizado o bien cuando la información que hayan aportado pase a formar medios de convicción suficientes para llegar a dar con los superiores de dicha organización y poder desmantelar la misma. Se considera que la colaboración ha permitido que el sistema de justicia cuente con la información adecuada para iniciar y desarrollar las diferentes investigaciones contra integrantes del crimen organizado, pese a existir el sistema integral de protección de testigos. Si el Estado a través de sus funcionarios, no planifica una estrategia de protección de testigos, entonces puede decirse que el tema de la colaboración eficaz no interesa, ya que las personas interesadas en acogerse a ciertos y determinados beneficios contemplados en la ley, no tienen ninguna seguridad ni tampoco alguna medida de protección con la que puedan resguardarse. Es evidente que la colaboración eficaz ha permitido que el sistema de justicia cuente con la información adecuada para iniciar y desarrollar las diferentes investigaciones contra integrantes del crimen organizado. Por ello cabe mencionar que corresponde al sector Justicia aislar a los testigos y redoblar las medidas de protección y seguridad, para evitar nuevos crímenes y para promover e incentivar a la población a que denuncie en caso de que tenga conocimiento de hechos ilícitos cometidos o que están por cometerse. En un sentido muy amplio, el derecho penal premial, busca resultados por medio de su finalidad, la de otorgar beneficios a todas aquellas personas que tuvieron en un momento oportuno influencia o conocimiento del manejo de los hilos del aparato de poder organizado y posteriormente a su detención pasan a brindar información eficaz para poder llegar a desvirtuar un aparato de poder organizado a cambio del otorgamiento de un beneficio o un premio como doctrinariamente lo llama el derecho penal premial como prestación a la conducta post delictual realizada por dicha persona o dichas personas. En definitiva, la configuración de esa relación en el proceso penal y la necesidad de proteger bienes jurídicos esenciales como lo es la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de aquellas personas sometidas objetivamente a una situación de riesgo o de peligro por la posición adoptada en el proceso, es uno de los resultados que busca esta corriente del Derecho penal premial la protección de los bienes jurídicos tutelados ya que es problemático para todas aquellas personas que desean acogerse a este tipo de beneficios. En conclusión el resultado que persigue el derecho penal premial es otorgar determinados beneficios a imputados que presten suficiente información para poder desvirtuar un aparato de poder organizado, ya que Los resultados que persigue el derecho penal premial son: Ayudar, Cooperar o Auxiliar a la justicia en la investigación de todos aquellos delitos relacionados con la criminalidad organizada. INTRODUCCIÓN DEL DERECHO PENAL PREMIAL EN EL PROCESO PENAL GUATEMALTECO. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO PENAL PREMIAL EN GUATEMALA. En Guatemala no estaba regulado específicamente en ninguna ley, lo único que estaba establecido en la legislación guatemalteca era el Criterio de Oportunidad, este fue el primer y único medio en Guatemala que puede estar relacionado con el Página 493 de 600

Derecho penal premial. En Guatemala, el Congreso aprobó la reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada, Decretos No. 17-2009, No. 23-2009 entrando en vigencia el 2 de Agosto de 2006, fue propuesta por la Comisión Internacional Contra laImpunidad siendo su impulsor el Doctor Carlos Castresana Fernández, reforma que hace referencia a la Colaboración Eficaz en el Proceso Penal bajo el epígrafe Derecho Penal Premial. Esta nueva ley por medio de la corriente del Derecho penal premial establece que quienes colaboren con el desmantelamiento de alguna organización criminal a la que pertenezcan podrán solicitar una rebaja de la pena, suspensión condicional de la condena, la libertad vigilada y seguridad. Sin embargo a este beneficio, no tienen derecho los jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones que hayan sido acusados de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura u otros delitos de lesa humanidad, la normativa dispone que el colaborador deberá entregar a la justicia todos los bienes obtenidos en sus actividades delictivas a cambio de recibir beneficios, siendo esta una herramienta que ayudará a dar con los autores materiales e intelectuales de las organizaciones. El Derecho penal premial tienen restricciones específicas como en el caso de los delitos cometidos por genocidio, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y delitos contra deberes de humanidad, que por su calidad de delitos crueles, NO generan beneficios a través del Derecho penal premial aún así hayan prestado información eficaz debido al gran impacto social que ocasionan esos delitos. De igual forma, se deniega toda clase de beneficios que sean regulados por cualquier otra ley así como lo es el caso del criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal o sobreseimiento, a los Jefes, Cabecillas o Dirigentes de Organizaciones Criminales. En el presente punto es necesario ver la diferencia que existe entre colaborador eficaz y agente encubierto, debido a que se prestan para poder ser utilizados como sinónimos, ya que ambas personas aportan información a la fiscalía, a los órganos jurisdiccionales o incluso a la policía, información que es de vital importancia debido a que en ambos casos dicha información va dirigida sobre la estructura interna como también la agenda de una red u organización criminal. La diferencia radica en que el Colaborador Eficaz es un colaborador casual que por su posición dentro de la estructura tiene información privilegiada por el hecho de formar parte de esa estructura y delatar a quiénes la integran, y dar a conocer cuáles son los recursos financieros con los que cuenta, etc. El colaborador eficaz debe ser incentivado para que brinde esa información, es decir espera algo a cambio de su información en este caso gozar de los beneficios que otorga el Derecho penal premial los cuales se encuentra regulados en la ley contra la delincuencia organizada. Por otra partetenemos al Agente Encubierto, es un oficial o agente público que se involucra y forma parte de una organización criminal siendo su objetivo el descubrir la forma en que opera la organización, descubrir los hechos que han cometido o están por cometerse, y principalmente descubrir quienes son los que conforman la organización criminal y la estructura jerárquica de los jefes organización para que posteriormente de haber descubierto y recolectado información se desligue de la organización a la que formó parte para volver nuevamente a su puesto, al cual le pertenece, y luego se desmantele esa organización completamente. FINALIDAD DEL DERECHO PENAL PREMIAL EN GUATEMALA. La finalidad que persigue el Derecho penal premial surge cuando la información que haya proporcionado el colaborador permita cualquiera de los siguientes resultados siguientes: Evitar la continuidad y consumación de delitos o disminuir su magnitud; Conocer las circunstancias en que se planificó y ejecutó el delito, o las circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando; Identificar a los autores o partícipes de un delito cometido o por cometerse; o a los jefes, cabecillas o directores de la organización criminal; Identificar a los Página 494 de 600

integrantes de una organización criminal y su funcionamiento, que permita desarticularla, menguarla o detener a uno o varios de sus miembros; Averiguar el paradero o destino de los instrumentos, bienes, efectos y ganancias del delito, así como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones criminales; La entrega de los instrumentos, efectos, ganancias o bienes producto de la actividad ilícita a las autoridades competentes. EL DERECHO PENAL PREMIAL Y SU REGULACION LEGAL EN GUATEMALA La regulación jurídica, norma todo lo relacionado con el Derecho penal premial y su evolución histórica en Guatemala desde el punto de los beneficios que presta esta nueva corriente del Derecho penal, lo cual conlleva al surgimiento de nuevas figuras delictivas, la diversificación de las formas de delinquir, así como el surgimiento de grupos organizados de criminales. En la legislación guatemalteca, el tema del Derecho penal premial, se encuentra regulado en los siguientes cuerpos legales: a) Constitución Política de la República de Guatemala; b) Decreto Número 21-2006, Ley Contra la Delincuencia Organizada; c) Decreto Número 1773, Código Penal; d) Decreto Número 51-92, Código Procesal Penal; e) Decreto Número 40-94, Ley Orgánica del Ministerio Público; f) Decreto Número 2-89, Ley del Organismo Judicial; y g) Decreto Número 70-96, Ley para la Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia Penal. Constitución Política de la República de Guatemala. La Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y su fin supremo es la realización del bien común. Asimismo es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. En Guatemala se ha observado que la delincuencia organizada ha sido como un castigo en la actualidad, colocando a los habitantes de la República en un estado de indefensión, por su funcionamiento organizacional; por lo que se ve en la necesidad de la creación de un instrumento legal para perseguir, procesar y erradicar a la delincuencia organizada, pudiendo prevenir y combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional y garantizar lo establecido dentro de sus primeros dos artículos constitucionales. Ley Contra La Delincuencia Organizada; Decreto 21-2006 del Congreso de la República de Guatemala. Debido a que la delincuencia organizada es un flagelo que ha puesto a los habitantes de Guatemala en un estado indefenso, se hace necesaria la creación de una norma legal que pueda perseguir, procesar y erradicar a la delincuencia organizada. Así es como se origina la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto 21-2006 del Congreso de la República de Guatemala. El Decreto anteriormente mencionado, manifiesta dentro de su Artículo 90 la definición de Derecho penal premial como: “la persona que ha participado en un hecho delictivo, sea o no integrante de un grupo delictivo organizado, que preste ayuda o colaboración eficaz para la investigación y persecución de miembros de grupo delictivo organizado” que recibe los beneficios establecidos en la ley. Es importante necesario subrayar que el Derecho penal premial, no se encuentra definido únicamente se define como una figura del colaborador eficaz, que es el personaje que se hace acreedor a los beneficios que otorga esta corriente, ya que contempla su participación en un hecho delictivo como lo es la de una persona individual que pertenece a un grupo organizado; por lo que se hace evidente que el derecho penal premial como tal no tiene una enunciación plenamente definida. Código Penal; Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala. El Código Penal Decreto 17-73, fue creado para establecer en el ordenamiento jurídico guatemalteco todas aquellas conductas y hechos delictivos como también criminales, así como la participación que realizan las personas al momento de la ejecución del delito, y que luego son merecedoras de una pena o sanción según el Página 495 de 600

grado criminal y la gravedad de cada hecho delictivo, debido a que ponen en riesgo el fin último del Estado, que es garantizar el bien común. Dentro del Código Penal se exponen las circunstancias que modifican la responsabilidad penal, específicamente en el Artículo 26 # 4: Son circunstancias atenuantes: Arrepentimiento eficaz: Si el delincuente ha procurado, con celo, reparar el daño causado o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias. Este inciso hace referencia nuevamente a la forma de cómo se manifiesta en este caso el Derecho penal premial, ya que menciona de un beneficio en dado caso al agresor que colabora reparando el daño causado o bien impedir que se siga con la ejecución del mismo. El Código Penal, regula también en sus Artículos 35, 36 y 37, lo relativo a la participación en el delito, lo cual también debe ser observado para el otorgamiento de los beneficios que contempla el derecho penal premial. Artículo 35. Responsables. Menciona dicho artículo que los responsables de los delitos son los autores y los cómplices y únicamente de las faltas serán los autores que realizan dicha falta, por consiguiente el Código penal guatemalteco es bastante claro al mencionar dicha diferencia. Artículo 36. Autores. Dicho artículo especifica en si quienes son autores: Son aquellas personas forman parte directa de la ejecución del delito; las personas que fuercen o induzcan a otra persona a que lo ejecutarlo; las personas que cooperen a su realización ya sea en su preparación o ejecución y finalmente aquellas que habiéndose reunido con otros para la ejecución del delito. Artículo 37. Cómplices. Son cómplices: Ahora bien el presente artículo indica que los cómplices del delito son: Las personas que animaren o alentaren a otro para que realice el delito; las personas que cooperen después de haber cometido el delito; las personas que suministraren informes o medios para realizar el delito; las personas que actúan como intermediarios para realizar el delito. Los artículos anteriormente citados hacen referencia, uno a los beneficios y el segundo a las personas que van dirigidos esos beneficios en este caso a los autores y los cómplices, encontrándonos ya en el punto de enlace se observa nuevamente la relación que se tiene con el Derecho Penal Premial, por lo que las circunstancias atenuantes tienen como objetivo la disminución de la responsabilidad criminal o penal y consecuentemente otorgar un menor quórum de pena a los autores y cómplices de las organizaciones criminales. Código Procesal Penal; Decreto 51-92 del Congreso de la República de Guatemala. Se crea el Código Procesal Penal, para que de esta forma se pueda consolidar el estado de derecho en este caso llevando a proceso legal a todos los delitos contemplados en el Código Penal. Su finalidad es alcanzar la pronta y efectiva justicia penal y poder brindar a los habitantes de Guatemala, la paz, tranquilidad y seguridad ciudadanas, así como también garantizar el respeto a los derechos humanos. El Código Procesal Penal, Decreto 51-92, regula en su Artículo 25, uno de los beneficios que otorga el derecho procesal penal a los infractores, tal beneficio es el denominado Criterio de Oportunidad, para lo cual establece: Articulo 25 Criterio de Oportunidad: Cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en los siguientes casos:…. Esta norma como lo es en este caso el Código Procesal Penal guarda intima relación nuevamente con el Derecho penal premial ya que otorga un beneficio como lo es el Criterio de Oportunidad que, en resumen, lo que busca es una conciliación entre ambas partes para hacer a un lado las sanciones y las penas, este beneficio que presta será aplicado por los jueces de primera instancia obligadamente a los cómplices o autores del delito, que presten declaración eficazmente contra los autores de los delitos siguientes: Contra la salud, Defraudación, Contrabando, Delitos contra la hacienda pública, la economía nacional, la seguridad del Estado, Página 496 de 600

Contra la Constitución, Contra el orden público, Contra la tranquilidad social, Cohecho, Peculado, Negociaciones ilícitas, y Plagio o secuestro. Ley Orgánica Del Ministerio Público; Decreto 40-94 del Congreso de la República de Guatemala. El Ministerio Público es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. En el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público buscará la realización de la justicia pronta y efectiva, y actuará con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad, en los términos que la ley establece. Artículo 47 Ejercicio de la Función:…. Este obtener los beneficios como lo es el criterio de oportunidad, la no persecución penal, la rebaja de la pena, entre otros. Ley del Organismo Judicial; Decreto 2-89 del Congreso de la República de Guatemala. La Constitución Política de la República de Guatemala es clara al manifestar que el Organismo Judicial es el encargado de impartir justicia a través de sus jueces al aplicar las normas equitativamente, con independencia y con la potestad de juzgar. Artículo 51 de la Ley del Organismo Judicial…Artículo 5 Ámbito de aplicación de la ley:..Artículo 57 Justicia:.. La misión del Organismo Judicial es recuperar y mantener la armonía y paz social a través de forma más satisfactoria de administrar justicia basado en los principios de imparcialidad, celeridad, sencillez, responsabilidad, eficacia y economía, con el propósito de hacer realidad y alcanzar los valores de justicia, verdad y equidad, para que de esta forma el colaborar crea en estos órganos jurisdiccionales y con toda confianza proporciones cualquier clase de información a la que tenga conocimiento y poder descubrir y desmantelar a las organizaciones criminales, ya que él está seguro que a través de los Jueces va a obtener que presta el derecho penal premial que hayan acordado. Para una mejor organización y funcionamiento del Organismo Judicial y poder dar mayor eficacia y funcionalidad a la administración de justicia se creó la Ley del Organismo Judicial, con el Decreto 2-89 del Congreso de la República de Guatemala el veintiocho de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, publicado en el Diario Oficial el 23 de diciembre de 1990 y entró en vigencia ocho días después. Ley para la protección de sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de justicia penal; decreto 70-96 del congreso de la república de Guatemala. Esta ley, establece que se crea el Servicio de Protección de sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de justicia penal, el cual funcionará dentro de la organización del Ministerio Público, y contempla: Artículo 8. Planes de protección. Dentro de los planes de protección se encuentra la Protección del beneficiario, con personal de seguridad; Cambio del lugar de residencia del beneficiario, la protección, con personal de seguridad, en la residencia y lugar de trabajo del beneficiario; y proporcionar un cambio de identidad del beneficiario. Artículo 10 Protección a Testigos. El fiscal del Ministerio Público podrá solicitar la protección del interesado de oficio o a solicitud del interesado para que de esta forma la Oficina de Protección evalué el caso con el objeto de someterla a la aprobación del director. Artículo 11 Beneficios Los beneficios se otorgaran una vez se haya realizado el estudio previo que realiza la Oficina de Protección, posteriormente dar información por escrito, de su decisión al juez que conozca del proceso. Conteniendo para otorgar los beneficios a los testigos: Que el riesgo al que se expone el testigo exista; La gravedad del hecho; El valor de la declaración para acusar a los participes; La posibilidad de obtener medios de información; Que su declaración pueda llevar a identificar a los partícipes del hecho. Artículo 14. Finalización de beneficios. Los beneficios del servicio de Protección se darán por terminado cuando finalice el plazo por el cual fueron otorgados, cuando desaparezcan las circunstancias de riesgo que motivaron la protección, o cuando el beneficiario incumpla las Página 497 de 600

condiciones u obligaciones establecidas en el convenio suscrito con el director. Artículo 18. Ampliación de beneficios. Los beneficios se podrán extender hacia el cónyuge o conviviente, padres, hijos y hermanos del beneficiario, así como a cualquier persona ligada al beneficiario y expuesta a riesgo por las mismas causas. Como bien cabe recalcar la presente Ley para la Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia Penal; Decreto 70-96 del Congreso de la República de Guatemala, busca brindar la protección necesaria a todas aquellas personas que se encuentran expuestas a riesgos por su intervención en procesos penales, es decir delatar ante los órganos jurisdiccionales a las organizaciones criminales a las que formaron parte y que por consiguiente su vida e integridad física está en peligro por cualquier represalia en contra de ellos o de su familia es por ello que nuevamente son recompensados con beneficios que otorga el derecho penal premial garantizando la seguridad y protección personal. La finalidad de la referida ley es que los procesados puedan coadyuvar sin temor alguno con los órganos jurisdiccionales para la correcta administración de justicia, y culminar con la ejecución de los delitos, con las organizaciones criminales beneficiando y protegiendo a los colaboradores y así el Estado cumplir con sus fines primordiales de brindar a los ciudadanos la libertad, la vida, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral en beneficio del bien común, tal y como lo estipula la Constitución Política de la República de Guatemala. INSTITUCIONES Y ÓRGANOS RELACIONADOS CON EL DERECHO PENAL PREMIAL EN GUATEMALA Corte Suprema de Justicia. Ministerio Público. Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Policía Nacional Civil. FIGURAS QUE CONTIENE EL DERECHO PENAL PREMIAL GUATEMALTECO. Testigo de Corona: Es una de las primeras figuras que apareció al lado del derecho penal premial, denominándolo testigo de la corona, testigo protegido o arrepentido, es el coautor, cómplice o instigador de delito que, habiéndosele imputado en causa penal, negocia con el Ministerio Público –bajo el control de los jueces– para lograr inmunidad procesal, a cambio de pruebas que permita la condena de los otros partícipes del delito y el comiso del dinero producto de la actividad criminal. Si los datos aportados por el testigo de corona tienen veracidad, el proceso en su contra termina; si la información es falsa, la persecución penal continúa. En resumen se dice que el Testigo de Corona es quien declara en contra de su Rey y a cambio recibirá un premio como lo son los beneficios que otorga el derecho penal premial como por ejemplo la reducción de la pena, desistimiento de la persecución penal, prisión preventiva ya que de otra forma este testigo no tendría porque ayudar con pruebas o bien señalar, involucrar y denunciar a terceras personas partícipes de los delitos. Pentiti o Pentito: El Pentiti, plural de Pentito, surge en Italia para llamar a la persona que forma parte de una organización criminal o terrorista y que luego de ser arrestada, se “arrepiente” y decide colaborar con el sistema judicial en las investigaciones que involucran a su organización. Esto con el fin de obtener beneficios que concede el derecho penal premiala cambio de la información veraz suministrada. Estos pentiti, son normalmente personas que tienen un amplio conocimiento de la red criminal, en muchos casos son personas que manejan información sobre la estructura financiera de la organización. Desde el punto de vista de la logística, estas personas son quienes conocen en detalle las transacciones y los objetivos de la red de la que hacen parte. Con la información que brindan, ayudan a desmantelar la columna vertebral de su organización. Arrepentido: Se podría definir como aquel imputado que pretende beneficiarse con eximirse de la pena, o con su atenuación, por el hecho de prestar colaboración post-delictual con los órganos de la investigación, auto incriminándose o delatando a sus cómplices. En principio, el arrepentimiento se debe entender o Página 498 de 600

interpretar como un acto de confesión voluntaria, proporcionando información de la que tiene conocimiento, es por ello de su denominación: arrepentido, este arrepentimiento como bien se ha mencionado; viene posteriormente de haber cometido el delito, es decir, cuando la persona ya está en prisión, al momento de su arrepentimiento se aparta automáticamente del grupo u organización terrorista de la que formaba parte, así como también de los ilícitos que hubiera o haya cometido, gozando desde ya de seguridad personal por las represalias que pueda tomar esta organización. Agente Encubierto: Son agentes encubiertos los funcionarios policiales especiales que voluntariamente, a solicitud del Ministerio Público, se les designe una función con la finalidad de obtener evidencias o información que permitan descubrir y procesar a los miembros de grupos delictivos organizados. Cómplice: Es aquella persona que es responsable penal de un delito o falta, pero no por haber sido el autor directo del mismo, sino por haber cooperado a la ejecución del hecho, con actos anteriores o simultáneos. Colaborador eficaz: El término “Colaboración Eficaz” es utilizado dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, como la forma de generalizar la figura jurídica del derecho penal premial del arrepentimiento en los demás tipos penales como: el tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios, los tipos aduaneros, entre otros. Por lo mismo, el colaborador eficaz sería aquel investigado, procesado o sentenciado que colabora con la justicia esclareciendo los hechos ilícitos e identificando a los otros coinculpados, consiguiendo finalmente una recompensa por el apoyo a la justicia penal. CREACION DE LA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, (Decreto 21-2006). Los Diputados del Congreso de la República aprobaron dos propuestas legislativas impulsadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala: la primera: La Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo; y la segunda: La reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada que enmienda la corriente del Derecho penal premial, ambas propuestas aprobadas por 145 y 143 votos favorables respectivamente, de un total de 158 Diputados. Esta ley busca el desmantelamiento de las estructuras del crimen organizado que opera en Guatemala y ofrece beneficios a los que se entreguen a la justicia y/o ayuden a la captura de los cabecillas de esos grupos organizados, permitiendo así resolver casos con la ayuda de testimonios de personas involucradas en un crimen y que de manera voluntaria y de acuerdo a la importancia de la información, la persona puede o no recibir algunos beneficios en su proceso judicial. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de acuerdo con la aprobación de las propuestas legislativas está conforme con el trabajo realizado por los Diputados del Congreso de la República de Guatemala, pudiendo así como Institución lograr sus propios objetivos, que son los de colaborar con el país en la desarticulación de los Cuerpos Ilegales, Aparatos Clandestinos de Seguridad, y poder ayudar a desmantelar a las mafias del crimen organizado que se han incrustado en las instituciones del Estado guatemalteco, demostrando su compromiso con la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento del Sistema de Justicia de Guatemala. TRAMITE DE LOS BENEFICIOS QUE OTORGA EL DERECHO PENAL PREMIAL EN GUATEMALA Es muy clara la definición que presta la norma legal dentro de su Artículo 90 del Decreto 21-2006 manifestando: El Derecho penal premial se va a otorgar a las personas que han participado en un hecho delictivo, sean o no integrantes de un grupo delictivo organizado, que presten ayuda o colaboración eficaz para la investigación y persecución de miembros de grupos delictivos organizados, la información que proporcione el colaborador debe de buscar ciertos resultados favorables tales como: Evitar la continuidad y consumación de delitos o disminuir su magnitud; Conocer las circunstancias en que se planificó y ejecutó el delito, o las circunstancias en las que Página 499 de 600

se viene planificando o ejecutando; Identificar a los autores o partícipes de un delito cometido o por cometerse: o a los jefes, cabecillas o directores de la organización criminal; Identificar a los integrantes de una organización criminal y su funcionamiento, que permita desarticularla, menguarla o detener a uno o varios de sus miembros; Averiguar el paradero o destino de los instrumentos, bienes, efectos y ganancias del delito, así como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones criminales; La entrega de los instrumentos, efectos, ganancias o bienes producto de la actividad ilícita a las autoridades competentes. Teniendo ya la información que ha proporcionado el colaborador y consiguiendo algunos de los resultados favorables mencionados anteriormente, el Derecho penal premial le otorga a cambio de su colaboración, en este caso eficaz, beneficios condicionales siempre que el colaborador no cometa algún delito doloso, por un tiempo no menor del doble de la pena máxima por el delito que se le sindique o hubiere cometido, dentro de los beneficios que otorga el Derecho penal premial, puedo mencionar: el criterio de oportunidad; la suspensión de la persecución penal; el sobreseimiento para los cómplices; o la rebaja de la pena hasta las dos terceras partes, beneficios que no se pueden otorgar a los jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales. Entrando ya en materia, el procedimiento a seguir para otorgar los beneficios que presta el Derecho penal premial se inicia con la voluntad del sindicado de proporcionar información al Ministerio Público, posteriormente de la información que haya presentado el colaborador, el Fiscal investigará para corroborar la información proporcionada, ordenando a la Policía Nacional Civil realizar las pesquisas y averiguaciones necesarias para poder entregar un informe al Fiscal de toda la investigación y pesquisa que realizó, desde el momento que el sindicado da la información y mientras se corrobora si es cierto o no, el fiscal queda obligado a proteger al sindicado garantizándole seguridad personal por medio de la protección policial para él como para sus familiares, cambio de residencia y ocultación de su paradero; preservar u ocultar la identidad y sus datos personales; otorgar el cambio de identidad y facilitar su salida del país, en dado caso, no fuera cierta la información que proporcionó el colaborador, el Fiscal negará el beneficio y el acuerdo a la persona interesada, caso contrario tanto la Policía Nacional Civil como el Ministerio Público corroboran que la información proporcionada por el sindicado es eficaz, realizan un acta solicitando al Juez competente lo siguiente: El beneficio otorgado al que se ha hecho acreedor el sindicado por su valiosa colaboración; Describir la información proporcionada por el colaborador y las averiguaciones o pesquisas que hayan corroborado dicha información; Las medidas de seguridad que le facilitaron durante el plazo de las investigaciones que serán necesarias para garantizar su protección personal; El compromiso del sindicado de seguir colaborando durante el desarrollo del proceso penal; Las obligaciones a la que queda sujeto el sindicado. Posteriormente a su colaboración y ante la solicitud presentada ante el Juzgado competente, el sindicado tiende a rendir declaración como un medio de prueba anticipada para que de esta forma se pueda dar con las personas que están involucradas en hechos delictivos iniciando así con la persecución penal en contra de éstos. Después de la prueba anticipada se fija fecha, día y hora para la audiencia citando a los sujetos procesales, iniciando con la Fase Preparatoria y/o Intermedia teniendo ya con un número de expediente y el nombre del delito impuesto al colaborador y como en todo proceso penal se verifica la presencia de los sujetos procesales, registro de la audiencia, advertencias al sindicado, amonestaciones, verificación de los datos de identificación, declaración del sindicado, interrogatorio, protestas, conclusiones del cierre, para que finalmente se dicte sentencia. El juez dentro de la audiencia analiza el acuerdo que contenga el o los beneficios que se van a otorgar como Página 500 de 600

recompensa o como premio al sindicado por su colaboración, si la resolución fuere negativa el fiscal podrá apelarla conforme al procedimiento que establece el Código Procesal Penal, para el efecto son apelables los autos que denieguen o autorice: interceptación de comunidades; medidas precautorias; así como el auto que apruebe o no el acuerdo de colaboración eficaz. Caso contrario el Juez resolviera favorablemente para el sindicado podrá hacer las modificaciones pertinentes para adecuar el beneficio de acuerdo a la naturaleza y modalidad del hecho punible, concedido ya el beneficio el sindicado tendrá la obligación de: Presentarse periódicamente ante las autoridades competentes; Reparar los daños ocasionados por los ilícitos cometidos de acuerdo a su capacidad económica; No acudir a determinados lugares o visitar determinadas personas; Prohibición de portar armas de fuego, salvo que el fiscal lo considere necesario por su propia seguridad; En caso de ser necesario adoptar alguna identidad distinta que permita una mejor colaboración; Devolver los bienes producto de la actividad ilícita; No salir de determinada circunscripción territorial sin previa autorización judicial. PARÁMETROS PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS BENEFICIOS QUE OTORGA EL DERECHO PENAL PREMIAL EN GUATEMALA La legislación guatemalteca específicamente en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, prevee ciertos parámetros para el otorgamiento de los beneficios antes mencionados. Dentro de los parámetros establecidos en el Artículo 94 de la referida ley, encontramos: El grado de eficacia o importancia de la colaboración en el esclarecimiento de los delitos investigados y en la sanción de los principales responsables; La gravedad de los delitos que han sido objeto de la colaboración eficaz; El grado de responsabilidad en la organización criminal del colaborador eficaz, sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo 92; y, La gravedad del delito y el grado de responsabilidad que en él se le atribuye al colaborador eficaz. Existen ciertas consideraciones procesales. Para ello se requiere: Que el colaborador se acerque por sí o por otro ante el fiscal de turno o el fiscal que conoce del caso (la ley no faculta a otra autoridad); Que solicite expresamente su deseo de acogerse a este procedimiento, sea por escrito o en acta levantada; Que se le asigne una clave o código para cuidar su identidad; Que se reciba su declaración inicial en la cual proporciona la información o hace entrega de la documentación o pruebas que sustentan su dicho, si fuera el caso; Que la fiscalía comience la verificación de lo expresado por el colaborador, pudiéndose contar con el auxilio de la Policía Nacional Civil; Además de verificada la información y si aparecen elementos de juicio básicos para el ejercicio de la acción penal, se procederá de inmediato o en su caso se abrirá investigación preliminar por el mismo fiscal o por el que sea competente, o si el proceso penal ya se encuentra abierto, se remitirá lo pertinente a dicho juzgado o fiscalía, a fin de que proceda a su incorporación; En el procedimiento por colaboración se precisa día y hora para proceder a la diligencia del acuerdo; se cita al colaborador, si está libre, y a su defensor (se convoca también al Procurador General de la Nación, si el Estado es el agraviado); Fijados los términos del acuerdo y levantada el acta, se remite lo actuado al juez penal competente para que proceda al control de la legalidad del mismo; Si el juez aprueba el acuerdo, se dicta sentencia sobre la base de aquél (si lo observa, se subsana la omisión; si lo desaprueba, es posible la impugnación ante la sala superior); La colaboración aprobada tiene la calidad de cosa juzgada. El colaborador se libera del resto del proceso penal, si existiera, y puede ser llamado a declarar almismo u otros procesos además de cumplir con lo que disponga la sentencia, especialmente el pago de la reparación civil. Por ello, es necesario que la información proporcionada se verifique, que se asegure la prueba, y que sea útil en el proceso. La cautela y la reserva son importantes en estos casos, pues lo que se pretende, en esencia, es descubrir la verdad, asegurar Página 501 de 600

el caudal probatorio, iniciar nuevas investigaciones o fortalecer las existentes y concluir el proceso sancionando a los responsables. De allí que este procedimiento brinde resultados positivos en la lucha contra el crimen organizado y se mantenga en el nuevo proceso penal. BENEFICIOS QUE OTORGA EL DERECHO PENAL PREMIAL GUATEMALTECO: El objetivo primordial de otorgar estos beneficios o privilegios, es: Premiar y fomentar conductas de desistimiento, Renuncia, abandono o arrepentimiento eficaz de la actividad criminal o, en su caso, auxiliar o colaborar con la justicia en el desmantelamiento de los grupos de organización criminal a la que pertenece el imputado. Para lograr cumplir con los fines del Estado y las garantías otorgadas en la Constitución Política de la República de Guatemala. Dichos beneficios son de naturaleza penal. Nuestra legislación otorga los siguientes beneficios para el colaborador eficaz: *El criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal regulados en el Código Procesal Penal, a quienes de conformidad con el Código Penal son autores: así como al autor del delito de encubrimiento. *La no persecución penal o el sobreseimiento del ya iniciado a los que de conformidad al Código Penal son cómplices. *La rebaja de la pena en dos terceras partes a quien se encuentre cumpliendo condena, o la extinción de la misma cuando la rebaje en dos terceras partes haga efectiva el cumplimiento de la pena. *Así como también la Pena atenuada, Liberación de la pena, Sobreseimiento, Libertad condicional, entre otras. APLICACIÓN DEL DERECHO PENAL PREMIAL SE TRADUCE EN LA EXIMENTE DE LA CULPABILIDAD. Para poder entender este apartado es conveniente mencionar ¿Que es Delito? Delito es toda acción humana típica, antijurídica y culpable. Es Típico por el hecho de estar descrito en la ley dentro del Ordenamiento Jurídico; Es Antijurídico por lo que el hecho es contrario a derecho; y es Culpable por el hecho puede ser atribuido a su autor. Ahora bien dentro del Código Penal surgen los Delitos Culposos, que son aquellos que se cometen como consecuencia de una acción u omisión licita causando un mal por negligencia, impericia o imprudencia. Es Negligente. 10. ETAPA PREPARATORIA: El órgano encargado de realizar el procedimiento preparatorio es el Ministerio Público, tiene como fin averiguar las circunstancias del hecho que se reputa como delito y la vinculación del imputado con el mismo. Los actos introductorios del procedimiento preparatorio son: La denuncia, la querella, el conocimiento de oficio. La denuncia debe llenar ciertos requisitos para cumplir su finalidad, debe contener un relato del hecho que se denuncia, los datos y los posibles participes testigos o victimas e información sobre elementos de prueba que se conozcan. La Corte de constitucionalidad ha declarado sin embargo denunciar un hecho delictivo ante los tribunales es deber jurídico de la persona que tenga conocimiento del mismo. No obstante si existen circunstancias especiales en las que el poder público puede exigir que se denuncie. La querella acto introductorio que quien la presente debe demostrar que está legitimado para ejercitar la acción penal. El MP entre otras diligencias puede conocer la declaración del imputado, inspeccionar, registrar lugares, practicar allanamientos, realizar reconocimientos personales o mentales del imputado, interrogar testigos ordenar peritajes. La prueba anticipada puede producirse en las ocasiones en que no es posible esperar el juicio para producir la prueba. La etapa preparatoria termina con los actos conclusivos, los cuales son actos procesales que dan por terminada de manera formal la investigación o fase preparatoria. El más importante de estos actos conclusivos es la Acusación que además de concluir la fase preparatoria inicia la etapa del juicio, el sobreseimiento puede presentarse cuando no se encuentran elementos para presentar una acusación. La clausura provisional se presenta cuando no puede desecharse la posibilidad de construir un Página 502 de 600

caso. Procedimiento Preparatorio Introducción Tiene como fin fundamentar la acusación del MP. La exigencia de averiguación de la verdad como uno de los fines del procedimiento, se hace necesario una investigación, que deberá contar con todas las garantías para el imputado, especialmente la de defensa. Actos Iníciales del Proceso El derecho penal debe ser el último recurso que el estado utilice para solucionar un conflicto idea que constituye el principio de Ultima Ratio. Siendo estos: Denuncia, Querella, Conocimiento de Oficio ROL DEL MP EN EL PROCEDIMIENTO PREPARATORIO Al MP le corresponde la actividad de investigación, es decir el esclarecimiento del hecho, teniendo la facultad de decidir el tipo de investigación que practicará dependiendo del caso concreto, pero cuando se trata de una investigación que requiere restringir los derechos y garantías de las personas es necesario que el MP solicite autorización jurisdiccional y sin esta autorización el acto será nulo. El fiscal a cargo de la investigación, deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para: Determinar la existencia del hecho con las circunstancias de importancia para la ley penal. Comprobar que personas intervinieron y de qué forma lo hicieron. Verificar el daño causado por el delito, aun cuando no se haya ejercido la acción civil. Papel del Juez en el Procedimiento Preparatorio Al juez le corresponde la responsabilidad de autorizar y controlar las diligencias de investigación que signifiquen restricciones a los derechos y garantías que establece la Constitución, los Tratados Internacionales aprobados y ratificados por el Estado de Guatemala en materia de Derechos Humanos, controlar los plazos que determina la ley, Así como la prueba anticipada. El Juez es un órgano independiente e imparcial que decide en forma autónoma la peticiones que realice el MP, la defensa o los otros sujetos procesales Art. 10 Declaración Universal de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En caso de duda obligan a interpretar siempre la regla in favor libertatis. Mero resguardo de las condiciones necesarias para su eventual incorporación posterior al debate: -El control sobre la decisión de ejercicio de la acción. -La decisión sobre la aplicación de alguna medida de coerción sobre el imputado. -La autorización en diligencias limitativas de derechos constitucionales. -La práctica de prueba anticipada. -El control de duración de la investigación. ROL DEL IMPUTADO Y SU DEFENSOR EN EL PROCEDIMIENTO PREPARATORIO El derecho de proponer diligencias, de participar en actos jurisdiccionales o de investigación con el objeto de fiscalizarlos u oponerse a ellos, formular peticiones al juez. ROL DEL QUERELLANTE EN EL PROCEDIMIENTO PREPARATORIO El querellante puede colaborar con el MP en la investigación que realiza cuando se trata de delitos de acción pública cuando se trata de delitos de acción pública o delitos de acción pública dependientes de instancia particular. Tiene el derecho de fiscalizar la forma en el que el MP está dirigiendo la investigación objetar actos conclusivos que sean perjudiciales a sus intereses. 345 quater. DILIGENCIAS QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN JUDICIAL El fiscal no puede realizar diligencias de investigación que supongan la restricción de los siguientes derechos fundamentales. Libertad salvo flagrancia. Derecho a declarar libremente. No autoincriminación o incriminación del conyuge y parientes dentro de los grados de la ley. Inviolabilidad de la vivienda. Requisitos para autorizar Actos de Investigación Al juez le corresponde la responsabilidad de vigilar y controlar la investigación que realiza el MP para que no se violen derechos y garantías que establece la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos aprobados y ratificados por Guatemala. El MP tiene la obligación de solicitar al juez autorización para realizar determinados actos de investigación donde se restrinjan derechos fundamentales del imputado, sin esta autorización el acto será nulo. La doctrina indica los presupuestos necesarios para la Página 503 de 600

autorización de actos de investigación que presenten injerencia a derechos fundamentales *Legalidad es preciso que se acredite con claridad el hecho que se investiga para poder definir con precisión si se trata o no de un delito. *Que el hecho tal y como esta descrito encuadre en un tipo penal. *Motivación la falta de motivación de las resoluciones constitucionales producen su nulidad *Por motivación fáctica se entiende el hecho que el tribunal declara demostrado, la motivación probatoria es la valoración que realice el tribunal sobre los medios de prueba, la motivación jurídica estriba en que el tribunal realiza la argumentación concreta del porque los hechos acreditados encajan en una norma que habilita la autorización de la restricción de un derecho fundamental. La Convención Americana de Derechos Humanos indica las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo. LA DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PREPARATORIO La etapa preparatoria debe durar el mínimo de tiempo posible artículo 332 bis y 82 numeral 6to CPP, La exigencia de que el proceso penal este limitado a un plazo razonable está establecido también en los pactos internacionales de Derechos Humanos Ratificados por Guatemala. a. DERECHOS DEL DETENIDO: Los Derechos del detenido. Están regulados en el “Artículo 8 de la Constitución Política de la República de Guatemala”, está íntimamente relacionada con la garantía de la notificación de la causa de la detención; debido a que al ser notificada la persona del por qué fue aprehendida, se le debe indicar cuáles son sus derechos; es decir, que tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza y que de no contar con los recursos económicos adecuados para ese fin, se nombrará a su favor un defensor público que lo atenderá de manera gratuita; además, se le debe hacer saber que tendrá la oportunidad de declarar ante juez competente para hacer valer su derecho de defensa. b.DECLARACIÓN DEL SINDICADO: ¿Para la Declaración del Sindicado, cuáles son las indicaciones y Advertencias Preliminares que deben formularse al mismo, antes de comenzar las preguntas? Respuesta: Se le indica el hecho que se le atribuye, con circunstancias de tiempo, lugar y modo; La calificación jurídica provisional del hecho; Un resumen de las pruebas que se tuvieren y disposiciones penales; Se le advierte que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio; Que puede exigir la presencia de un defensor y consultar con él antes de declarar. ¿Cuándo el sindicado es detenido, dentro de que tiempo debe ser puesto a disposición de las autoridades judiciales? Respuesta: Dentro de un plazo que no exceda las seis (6) horas (Art. 6 CPRG). ¿Dentro de que plazo prestará su declaración una persona que fue aprehendida? Respuesta: Dentro de las veinticuatro (24) horas a contar desde el momento de su aprehensión. ¿En qué momento el Querellante Adhesivo podrá provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público? Respuesta: Antes que el Ministerio Público requiera la apertura del juicio o el sobreseimiento. (Art. 118 CPP). c. ACTOS INTRODUCTORIOS: Actos Introductorios. El Código Procesal Penal contempla tres formas de inicio del proceso: La Página 504 de 600

prevención policial. La denuncia. La querella. Prevención de oficio. Prevención Policial. La mayoría de procesos se inicia partiendo de la prevención policial, en la cual se informa de un hecho que, a juicio de quien la redacta, reviste características de delito y en las que se detiene y consigna al presunto responsable del hecho delictivo. Normalmente, esos partes policíacos son remitidos a Juzgados de Paz del Ramo Penal, los que raramente cumplen con lo ordenado en el inciso c) del artículo 44 del Código Procesal Penal, pues se concretan a hacerle saber al detenido el motivo de su detención y excusándose en que ellos no pueden resolver la situación jurídica de aquel. Lo que sobresale de las actas que documentan esa diligencia, es que como están elaboradas conforme a un machote, ni el Juez, ni los oficiales le hacen saber al detenido efectivamente por qué se le detiene, quién es el afectado, sino solo transcriben parte de la norma 81. Eso podría generar en contra del funcionario judicial un incumplimiento de deberes (Artículo 416 del Código Procesal Penal). El Juez debe oír al sindicado y agotar los medios a su alcance para proveerlos de defensor e inmediatamente o a más tardar al primer día hábil siguiente remitir las actuaciones al juzgado de primera instancia para resolver la situación jurídica de aquel. La Denuncia El Ministerio Público, a través de la Oficina de Atención Permanente, recibe denuncias orales y escritas, incluyéndose en éstas las que le son remitidas por los juzgados de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente (Artículos 2-297-300-310 del Código Procesal Penal). Dentro del análisis y clasificación que la respectiva Fiscalía realiza, decide cuáles pueden ser objeto de desjudicialización; cuáles pueden no constituir delito, solicitando la desestimación y archivo, a la espera de lo que el órgano jurisdiccional resuelva. Y cuando estima que el hecho denunciado constituye delito y se ha individualizado al sospechoso, si está autorizada solicita se le cite para oírlo a la orden de aprehensión. Aquí, el Ministerio Público debe ser cuidadoso y tomar en cuenta la clasificación que el Código hace en cuanto a los delitos en: De acción pública: El Ministerio Público puede ejercer la acción penal sin ninguna limitación. De acción pública dependiente de instancia particular: El Ministerio Público puede proceder sólo cuando ha sido requerido para actuar, no bastando la denuncia o la querella De acción privada: El Ministerio Público no puede proceder. Artículo 24 y sus adicciones. Aun cuando la ley no exige el auxilio de abogado, pues no otra cosa se infiere de los requisitos del artículo 302 del Código Procesal Penal, este requisito debe cumplirse al tenor de lo que para el efecto preceptúa el artículo 197 de la Ley del Organismo Judicial, obviamente cuando la denuncia se hace por escrito. La Querella Para ésta la ley exige la formulación por escrito que debe reunir determinados requisitos, no incluyendo dentro de ellos el auxilio de abogado. Como en otras situaciones, entre los jueces no se ha unificado el criterio en lo que el auxilio de abogado se refiere, puesto que algunos lo exigen apoyándose en lo que para el efecto estable el artículo 197 de la Ley del Organismo Judicial, convirtiendo a la víctima del hecho en víctima de los juzgadores. Empero, como se indica líneas arriba, si se exige para la denuncia escrita en la que el denunciante no figura como sujeto procesal Página 505 de 600

(artículo 300 del CPP), con mayor razón debe exigirse en la querella, siempre que el que la interpone esté comprendido dentro de los casos que la ley señala (artículo 117 CPP). Problemas que se presentan con relación a la Denuncia y a la Querella: En el documento (acta o memorial) el denunciante se constituye en acusador formal (sujeto procesal inexistente) o en querellante y solicita medidas cautelares (sin que se le haya dado intervención provisional como actor civil). El agraviado se constituye como querellante adhesivo y también solicita medidas cautelares. Se recomienda que si asume la calidad de sujeto procesal como querellante adhesivo, cumpla con los requisitos idóneos, que son los contemplados en el ya citado artículo 302: y si pretende la aplicación de medidas cautelares, solicite previamente su intervención provisional como actor civil, al tenor de los que establecen los artículos 129, 130 y 133 del Código Procesal Penal, de lo contrario su solicitud no puede ser atendida, la que puede reformular dado que no opera el Principio de Preclusión, pues la ley permite su constitución como querellante adhesivo y/o actor civil, aún en la etapa intermedia (segundo párrafo del artículo 340 CPP) d.METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL: La investigación criminal Debe de ser profunda y comparte dos fases distintas. La primera puede ser considerada como pasiva ya que la Policía no interviene en el acontecimiento, sino que luego lo constata. De la manera más metódica posible va a registrar los hechos, los va a analizar y los va a mencionar de forma escrita. La segunda fase es más positiva, puesto que la policía va a tomar la iniciativa, elaborando hipótesis de trabajo tendientes a lograr el esclarecimiento de la verdad, la identificación y la detención de los autores. Debemos recordar que: La función de investigar en una tarea técnico profesional. El fin de la misma es hallar la verdad del hecho sin apasionamiento. Esa tarea debe terminar en el despacho de un Juez o tribunal. La existencia de este último punto, significa la diferencia entre un investigador y un oficinista. El segundo recopila datos para una carpeta que guarda en un estante. Las pruebas recogidas servirán de base para una acusación, o como defensa en una demanda. Con esta visión y no otra se debe trabajar. El investigador debe ser observador, segaz, minucioso, paciente con buena memoria, ordenado, intuitivo, discreto y perseverante. Se ha comprobado que los investigadores que su experiencia la han adquirido empíricamente, no es imprescindible un título universitario para ser investigadores, pero si es un buen complemento en el perfil. Estas dos tareas insumen menos de diez minutos, y le da al investigador una visión en conjunto del hecho pudiendo definir: *El delito cometido *Las pérdidas sufridas *El método utilizado por el o los delincuentes *Tiempo que transcurrió (tiempo relatado por la víctima) *Descripción del delincuente (fuera del hurto). El investigador debe diferenciar precisamente dos aspectos del razonamiento CREAR y JUZGAR. El primero es una hipótesis falsa o verdadera. Por lo que no se debe trabajar tampoco con prejuicios. Las anotaciones deben ser hechas ordenadamente con letra clara y en la medida de lo posible, ir resumiendo. Se verá que con esta práctica, contribuirá a darle claridad mental necesaria Página 506 de 600

para encarar con éxito la tarea; y se evitara la clásica frase "que más me faltaba" Para reunir información se debe tener conciencia de los siguientes puntos: *Que le permitan en cada caso centrar el asunto sobre el que trabaja. *Sentido ético y de estricta justicia para no exagerar caprichosamente los datos adquiridos. *Responsabilidad *Ser discreto. e. MEDIDAS DE COERCIÓN PERSONAL: MEDIDAS DE COERCION. Coerción personal del Imputado: Concepto: Las medidas de coerción personal son aquellos medios de restricción al ejercicio de derechos personales del imputado impuestos durante el curso de un proceso penal y tendiente a garantizar el logro de sus fines: el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley substantiva al caso concreto. Son medios jurídicos de carácter cautelar o temporal de los que dispone el órgano jurisdiccional, para poder legalmente vincular al proceso penal a la persona sindicada de la comisión de un delito. Si se aprehende a una persona y se le aplica prisión preventiva o detención, esto constituye una medida coercitiva personal o directa, ya que es una limitación que se impone a la libertad del imputado para asegurar la consecución de los fines del proceso. Fines: Garantizar que el imputado no evada su responsabilidad, en caso de obtener una sentencia de condena. Estas medidas deben interpretarse siempre en forma restringida, y aplicarse en forma excepcional contra el sindicato, ya que en las ocasiones en que el juzgador las dicte, será porque en efecto es indispensable vincular al imputado al proceso, para evitar que éste se fugue, o en su caso, que exista peligro de obstaculización de la verdad y sólo debe decretarse cuando fuere absolutamente indispensable para asegurar el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. La detención provisional tiene como fin asegurar que el imputado no burle el cumplimiento de la ley, ya sea, obstaculizando la verdad del hecho, o bien a través de una posible fuga, o que haga desaparecer los vestigios y evidencias de la escena del crimen, o intimidar a los testigos, por ejemplo. Presentación espontánea: La ley dice que quien considere que puede estar sindicado en un procedimiento penal podrá presentarse ante el Ministerio Público, pidiendo ser escuchado. (Art. 254). Aprehensión: La policía deberá aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. La policía iniciará la persecución inmediatamente del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. (Art. 257 del CPP). El deber y la facultad previstos en el artículo anterior se extenderán a la aprehensión de la persona cuya detención haya sido ordenada o de quien se fugue del establecimiento donde cumple su condena o prisión preventiva. En estos casos el aprehendido será puesto inmediatamente a disposición de la Página 507 de 600

autoridad que ordenó su detención o del encargado de su custodia. (Art. 258 CPP). Formas y casos: Como ya se vio en la definición legal anterior las formas son dos: a) en el momento de la comisión del delito; b) y posteriormente a su comisión existiendo continuidad en la persecución. Los casos serían cuando hay delito flagrante y cuando hay orden de juez competente para la detención. Detención: En los casos en que el imputado se oculte o se halle en situación de rebeldía, el juez, aún sin declaración previa, podrá ordenar su detención. Si ya hubiere sido dictada la prisión preventiva, bastará remitirse a ella y expresar el motivo que provoca la necesidad actual del encarcelamiento. (Art. 266 del CPP). De la definición anterior, se desprende que la detención es una medida coercitiva personal que consiste en la privación de la libertad de una persona, contra quien existe presunción de responsabilidad de la comisión de un delito. A esta persona se le priva momentáneamente de su libertad con el fin de ponerla a disposición del tribunal competente, asegurándola para los fines del mismo y para una eventual prisión preventiva. Podemos decir entonces que los presupuestos procesales para que el Juez ordene la detención cuando la persona a la que se le imputa la comisión de un hecho delictivo se oculte o se halle en situación de rebeldía. (Véase art. 79 CPP). Prisión Preventiva: La prisión preventiva es el encarcelamiento de una persona para asegurar que comparezca al juicio, que la pena será cumplida, y que en una y otra circunstancia no se verán frustradas por una eventual fuga del imputado u obstaculización de la verdad del hecho. En ese sentido vale decir que la sentencia de condena, pronunciada por un Juez, o tribunal competente, es el único título legítimo que el Estado puede exhibir para aplicar una pena de prisión, restringiendo el derecho de libertad personal del imputado... Sustanciación: Esta medida a la que también se le denomina auto de presión, está contemplada en el Artículo 259 del Código Procesal Penal que establece: "Prisión Provisional. Se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado, cuando media información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él. La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso." El artículo subsiguiente establece los requisitos que ha de contener el auto de prisión dictado por el juez competente; luego, el artículo 261 prescribe los casos de excepción, en el sentido de que en los delitos menos graves no será necesaria la prisión preventiva, salvo que exista presunción razonable de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad, asimismo de que no se podrá ordenar la prisión preventiva en los delitos que no tengan prevista pena privativa de libertad o cuando, en el caso concreto, no se espera dicha sanción. Inmediatamente después en los artículos 262 y 263 se establecen los parámetros para determinar cuándo hay peligro de fuga y cuándo peligro de obstaculización, respectivamente. Medidas Sustitutivas de la Prisión Provisional: No obstante el iusimperium del Estado para defender a la colectividad del crimen, existe el principio de excepcionalidad al encarcelamiento preventivo, en aquellos casos que no haya peligro de fuga ni de Página 508 de 600

obstaculización de la averiguación de la verdad. De tal manera que las medidas sustitutivas son alternativas o medios jurídicos procesales, de los que dispone el órgano jurisdiccional para aplicar el principio de excepcionalidad en el proceso penal, limitando todo tipo de medida coercitiva que restrinja la libertad del sindicado, haciendo patente, los derechos y garantías constitucionales del imputado. Ver artículo 264 del Código Procesal Penal. Ver artículo 264 Bis. Arresto Domiciliario en Hechos de Tránsito. Ver artículo 265 CPP. Acta. Cauciones: Son medidas de coerción personal o actos cautelares de restricción al ejercicio patrimonial, limitando la disposición sobre una parte de su patrimonio del imputado impuesto durante el curso de un proceso penal, tendientes a garantizar el logro de sus fines: el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley substantiva al caso concreto. Son medios jurídicos de carácter cautelar o temporal de los que dispone el órgano jurisdiccional, para poder legalmente vincular al proceso penal a la persona sindicada de la comisión de un delito. Formas: Ya vimos que las medidas de coerción personal se clasifican en personales y reales; siendo las personales las que abordamos en el apartado anterior. En tanto que las medidas de coerción real son aquellas que recaen sobre el patrimonio del imputado, entre ellas pueden citarse: el embargo y el secuestro. Pero ambas medidas tienen una misma finalidad, la cual consiste en garantizar la consecución de los fines del proceso los que pueden afectar, como ya se vio, al imputado o a terceras personas. Sustanciación: ver artículo 264 del Código Procesal Penal. También que previo a la ejecución de este tipo de medidas sustitutivas, se levantará un acta con los requisitos del artículo 265. Y en la sustanciación también: "Artículo 269. Cauciones. El tribunal, cuando corresponda, fijara el importe y la clase de caución, decidirá sobre la idoneidad del fiador, según libre apreciación de las circunstancias del caso. A pedido del tribunal, el fiador justificará su solvencia. Cuando la caución fuere prestada por otra persona, ella asumirá solidariamente por el imputado la obligación de pagar, sin beneficio de exclusión, la suma que el tribunal haya fijado. El imputado y el fiador podrán sustituir la caución por otra equivalente, previa autorización del tribunal." Embargo y secuestro. Embargo: El embargo es el acto de coerción real por el cual se establece la indisponibilidad de una suma de dinero y otros bienes determinados (muebles o inmuebles), con el fin de dejarlos afectados al cumplimiento de las eventuales consecuencias económicas que pudieran surgir de la sentencia (pena pecuniaria, indemnización civil y costas). Tal cumplimiento se llevará a cabo por el simple traspaso de lo embargado (si se tratara de dinero) o por su previa conversión en dinero mediante la ejecución forzada (si se tratara de otros bienes). El Artículo 278 del Código Procesal Penal, prescribe: "...Remisión. El embargo y las demás medidas de coerción para garantizar la multa o la reparación, sus incidentes, diligencias, ejecución y tercerías, se regirán por el Código Procesal Civil y Mercantil. En los delitos promovidos por la Administración Tributaria, se aplicará lo prescrito en el Artículo 170 del Código Tributario. En estos casos será competente el juez de primera instancia o el tribunal que conoce de ellos. Sólo serán recurribles, cuando lo admita la Página 509 de 600

mencionada ley y con el efecto que ella prevé." Secuestro: El secuestro consiste en la aprehensión de una cosa por parte de la autoridad judicial, con el objeto de asegurar el cumplimiento de su función específica que es la investigación de la verdad y la actuación de la ley penal. Precisa indicar que el secuestro es un acto coercitivo, porque implica una restricción a derechos patrimoniales del imputado o de terceros, ya que inhibe temporalmente la disponibilidad de una cosa que pasa a poder y disposición de la justicia. Limita el derecho de propiedad o cualquier otro en cuya virtud el tenedor use, goce o mantenga en su poder al objeto secuestrado. Otro aspecto que merece destacarse es que únicamente se puede secuestrar cosas o documentos objetivamente individualizados, aunque estén fuera del comercio. El fin de esta medida apunta a un desapoderamiento de objetos, bien del propietario o de tercera persona, con los fines de aseguramiento de pruebas, evidencias, recuperación de objetos de delito, si se trata de los relacionados con el delito. Y también como complemento del embargo, con el fin de poner los bienes embargados en efectivo poder del depositario nombrado. El secuestro puede terminar antes de la resolución definitiva del proceso o después. Puede cesar antes cuando los objetos sobre los cuales recayó dejaron de ser necesarios, sea porque se comprobó su desvinculación con el hecho investigado, o porque su documentación (copias, reproducciones, fotografías) tornó innecesaria su custodia judicial. Pero si tales efectos pudiesen estar sujetos a confiscación, restitución o embargo, deberá continuar secuestrados hasta que la sentencia se pronuncie sobre su destino. Fuera de este caso, las cosas secuestradas serán devueltas a la persona de cuyo poder se sacaron, en forma definitiva o provisionalmente en calidad de depósito, imponiéndose al depositario el imperativo de su exhibición al tribunal si éste lo requiere. Las cosas secuestradas pueden ser recuperadas de oficio o a solicitud de parte, antes de dictarse la sentencia o al dictarse la misma; si hay revocación de prisión preventiva o sobreseimiento, o bien por la obtención de una sentencia absolutoria, respectivamente y según el caso. Ver Código Procesal Penal, artículo 198. Revisión de las Medidas de Coerción Personal: De conformidad con la ley, la revisión de las medidas de coerción personal, se podrá hacer de la manera siguiente: "Artículo 276. Carácter de las decisiones. El auto que imponga una medida de coerción o la rechace es revocable o reformable, aún de oficio." "Artículo 277. Revisión a pedido del imputado. El imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación, o de cualquiera otra medida de coerción personal que hubiere sido impuesta, en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieren variado las circunstancias primitivas. El examen se producirá en audiencia oral, a la cual serán citados todos los intervinientes. El tribunal decidirá inmediatamente en presencia de los que concurran. Se podrá interrumpir la audiencia o la decisión por un lapso breve, con el fin de practicar una averiguación sumaria."

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f. MEDIDAS DE COERCION PATRIMONIAL: Medidas de Coerción Reales. Las medidas de coerción o cautelares son instrumentos procesales que se imponen durante el curso de un proceso penal, con el objeto de restringir el ejercicio de los derechos personales o patrimoniales del imputado o de terceras personas. Medidas Cautelares Reales. Las medidas de coerción o cautelares son instrumentos procesales que se imponen durante el curso de un proceso penal, con el objeto de restringir el ejercicio de los derechos personales o patrimoniales del imputado o de terceras personas. Medidas Cautelares Reales. Tienen por objeto el patrimonio de quien, a la postre, podrá resultar obligado a hacer frente a las responsabilidades económicas fijadas en la sentencia. Medidas de coerción o cautelares personales: 1. La citación. 2. El arresto. 3. La prisión preventiva. 4. La presentación de garantía económica. 5. Impedimento de salida del país o localidad. 6. Someterse al cuidado o vigilancia de persona o institución. 7. Presentación periódica ante el juez o autoridad. 8. Arresto domiciliario. 9. Colocación de localizadores electrónicos. Medidas de Coerción Reales Es un fundamento genérico de asegurar el resultado del juicio y evitar la obstaculización de la investigación. Dentro de las medidas reales se distinguen: Embargo El embargo de bienes y las demás medidas de coerción para garantizar la multa y reparación, sus incidentes, diligencia, ejecuciones y tercerías, se regirán por el Código Procesal Civil y Mercantil, en los delitos promovidos por la administración Tributaria, se aplicara lo establecido en el artículo 170 del Código Tributario. En estos casos será competente el juez de primera instancia o el tribunal que conoce de ellos. En el artículo 527 Procesal Civil y Mercantil, establece que podrá decretarse precautoriamente el embargo de bienes que alcancen a cubrir el valor de lo demandado, intereses y costas, para cuyo efecto son aplicables. El embargo deberá trabarse sobre bienes suficientes que cubran las responsabilidades civiles y las costas procesales y que puede recaer sobre muebles, vehículos u objetos recogidos con motivo de hecho. La excepcionalidad de éste es que puede ser: Revocado en cualquier estado del proceso; Sustituible también mediante fianza; y Termina en virtud de una sentencia absolutoria. El embargo como medida de coerción recae sobre los bienes (muebles o inmuebles, fungibles y no fungibles, perecedero y no perecederos, y todos aquellos bienes susceptibles de apropiación) individuales del procesado, con el afán de asegurar las responsabilidades pecuniarias de éste. Secuestro Se puede establecer que el Diccionario de Lengua Española, lo define depósito judicial por embargo de bienes, o como medida de aseguramiento en cuanto a los litigios. Para el connotado jurista Herrarte, determina que es una coerción real decretada por el estado, por medio del cual y para los fines de la prueba se limita temporalmente el derecho de propiedad sobre un mueble, sometiéndola a una custodia especial. Los entes susceptibles de secuestro se clasifican en: Bienes muebles o semovientes (excluyendo el mismo hombre en vida), aunque si puede serlo el cadáver y partes inertes del cuerpo humano; Bienes inmuebles, que en todo caso pueden ser objeto de clausura; y Cualquier objeto mueble, que sirva a los fines de la investigación. Asimismo, no es Página 511 de 600

necesario que los bienes, objeto del secuestro sean propiedad del sindicado. Se trata entonces de asegurar toda clase de responsabilidades civiles ocasionadas por el sindicado o procesado participe o autor de un delito. Para connotar el secuestro es necesario tener en cuenta las siguientes características: *Es una medida procesal para el aseguramiento de la prueba. *Es una medida limitativa de la propiedad privada que garantiza la constitución. El Manual del Fiscal, determina que está figura legal surge con el fin de conservar las cosas y documentos relacionadas con el delito, es su estado inicial para que sobre ella se practique inspección pericial, reconocimiento u otro medio probatorio, es necesaria la recolección y depósito de los mismos. La persona que tuviese estos bienes en posesión estará obligada a entregarlos. En el caso de que se oponga, se dispondrá su secuestro, artículo 198. El secuestro es la incautación que se realiza, con orden del juez o tribunal, de cosas y documentos relacionados con el proceso, que no han querido ser entregados voluntariamente por sus tenedores, con el fin de conservarlos y asegurar su valoración a través de distintos medios de prueba. La orden se secuestro podrá solicitarse, inmediatamente después la autorización judicial y consignar las cosas o documentos ante juez o tribunal competente. En caso, de que el tribunal no autorice el secuestro, las cosas o documentos serán devueltos, artículo 200. Las cosas y bienes secuestrados son entregados al juez, sin embargo, cuando el Ministerio Público precise las evidencias para la práctica de pericias u otras diligencias puede retenerlas o remitirlas una vez que estos son realizados artículo 200. Las limitaciones de acuerdo con el artículo 199, no podrán ser sometidos a secuestro las comunicaciones escritas entre imputado y aquellos que puedan abstenerse de declarar como testigos por motivos profesionales o familiares, o las notas que estos hubiesen tomado sobre comunicaciones confiadas por el imputado. Ello sólo se dará cuando las notas de comunicaciones se encuentran en poder de los citados. La base de esta limitación es el derecho constitucional a no declarar contra uno mismo ni contra parientes. El procedimiento del secuestro lo regula el artículo 201, el que estipula que para el secuestro regirán en lo posible las normas del registro. La orden de secuestro le será entregada al poseedor o encargado de la cosa o documento. Cuando el secuestro lo realice de urgencia del Ministerio Público, la comunicación de la orden será verbal. Si se dice oposición a la entrega de la cosa o documento, se podrá hacer uso de la fuerza. Finalizada la diligencia de secuestro se levantará acta en la que se describirán y detallaran con precisión los bienes incautados. No obstante, cuando el secuestro se dé durante una diligencia de reconocimiento inspección o registro, no habría inconveniente en levantar una sola acta en la que se detallen las distintas diligencias realizadas. Es fundamental, para evitar que la prueba quede viciada, que el fiscal a cargo de la investigación afiance la cadena de custodia. El destino final de los bienes secuestrados, porque una vez que la cosa o documento secuestrado haya cumplido su fin en el proceso, se le debe dar su destino final de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 201, 202, dejándose destino de los objetos. Del secuestro legal puede darse varias figuras Página 512 de 600

especiales reguladas de la siguiente forma: *Secuestro de correspondencia se da entre el imputado y otra persona, dentro de la correspondencia figuran: la comunicación postal, telegráfica, teletipo gráfica como envíos. La orden se solicitará ante juez competente. Ésta correspondencia será abierta ente el juez que expidió la orden, levantándose acta, se leerá y examinara la misma y si tuviere que ver con el proceso se secuestrara. En caso contrario se mantendrá en reserva y dispondrá la entrega a su destinatario. *Clausura de locales, ésta es una medida que se aplica a bienes mueble. Al respecto el artículo 206, dispone que aquellos casos que sean imprescindibles para la averiguación de un hecho punible la clausura de local la inmovilización de bien mueble que no pueda ser sometido a depósito, se procederá a su aseguramiento siguiendo la normativa del depósito. Esto se complementa con la medida de cierre del local registrado, dispuesto en el artículo 192, en el cual establece que el Ministerio Público puede ordenar el cierre de una calle u otro lugar público, para asegurar la investigación (Escena del Crimen). Hay que tener en cuenta que el fiscal ha de ser muy cuidadoso en no abusar de esta medida y limitarla al tiempo estrictamente necesario de aseguramiento de la diligencia. g.ACTOS CONCLUSIVOS: La etapa preparatoria termina con los actos conclusivos, los cuales son actos procesales que dan por terminada de manera formal la investigación o fase preparatoria. El más importante de estos actos conclusivos es la Acusación que además de concluir la fase preparatoria inicia la etapa del juicio, el sobreseimiento puede presentarse cuando no se encuentran elementos para presentar una acusación. La clausura provisional se presenta cuando no puede desecharse la posibilidad de construir un caso. ¿Cuáles son los actos conclusivos anormales del procedimiento? La desestimación (Arts. 310 y 311 CPP); El Sobreseimiento (art. 328-330 CPP); ACTOS CONCLUSIVOS Entre ellos La Acusación acto por medio del cual el MP requiere la elevación de su investigación a juicio para que las pruebas puedan ser producidas y valoradas en un proceso contradictorio y público. Sobreseimiento * Clausura Provisional PROCEDIMIENTO INTERMEDIO es la fase procesal en la que se ejerce control sobre el requerimiento o acto conclusivo decidido por el MP al concluir la investigación. La ley procesal señala que la etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de otras solicitudes del MP. La Ley Procesal señala la individualización del imputado, la relación clara precisa del hecho objeto del proceso, la calificación jurídica del mismo, un resumen de la imputación la forma de participación del imputado, el grado de ejecución del hecho agravantes, atenuantes. En el procedimiento intermedio cobra importancia el principio contradictorio, permitiendo a la defensa asumir igualdad de posiciones que fue restringida en la etapa preparatoria. h.DESESTIMACIÓN: ARTÍCULO 310.- Desestimación. El Ministerio Público solicitará al juez de primera instancia el archivo de la Página 513 de 600

denuncia, la querella o la prevención policial, cuando sea manifiesto que el hecho no es punible o cuando no se pueda proceder. i. ARCHIVO: Archivo. Es una forma no definitiva de finalizar el proceso, procede en los casos cuando no se haya individualizado al imputado o se haya declarado su rebeldía, en la que el MP dispone del archivo de las actuaciones. Requisitos para el archivo *Que la investigación se haya agotado, que no exista posibilidad de practicar nuevas pruebas útiles; *Que se notifique la resolución a las demás partes; *Efectos cierra el procedimiento, pero no definitivamente. *La decisión de archivo le compete al MP, en virtud de lo anterior el juez solo puede conocerlo si las partes recurren a él. ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES El Código contempla varios casos de archivo (310-327) *Cuando es manifiesto que el hecho no es punible; *cuando no se puede proceder, *Cuando no se haya individualizado al imputado, *Cuando sea declarado rebelde el imputado. En los primeros dos casos el Ministerio Público debe hacer su planteamiento ante el Juez contralor de la investigación y éste es el que lo resuelve: ordenándolo o denegando la solicitud y, en ambos casos, devolviéndole las actuaciones. En los otros dos casos es dicho Ministerio el que lo dispone, pero tiene la obligación de notificarlo a las partes; y si hay objeción, debe conocerla el Juez, quien decide si confirma el archivo o revoca la decisión de dicho Ministerio. En los dos primeros casos puede constituir un acto conclusivo, en los otros dos, solo aparece un efecto suspensivo en tanto se individualiza al imputado o es habido. Materialmente, archivar es guardar el expediente en un lugar seguro. Formalmente, es suspender o hacer cesar las actuaciones. Esta figura se da cuando se agota la investigación y el resultado de la misma es estéril. Pero para tener una base legal, es necesario que haya una resolución que emane del Ministerio Público o de un Juez, en tanto no se modifiquen las circunstancias que obligaron a decretarlo. 11. ETAPA INTERMEDIA: PROCEDIMIENTO INTERMEDIO OBJETIVO Su razón de ser consiste en que el juez controle el requerimiento del Ministerio Público con el objeto de no permitir la realización de juicios defectuosos y fijar en forma definitiva el objeto del juicio, o en su caso evitar el sobreseimiento o clausura ilegales. Tiene como objetivos fundamentales garantizar la libertad y el derecho de defensa del acusado, el que deberá conocer cuál es el hecho o hechos concretos que se le imputan y ello solo es posible mediante su acusación bien fundamentada que contenga concretamente el hecho sobre el cual versará el juicio. Solo de esa manera el acusado podrá ejercer su derecho de defensa material y también su defensa técnica por medio de su defensor, porque sabe con claridad y precisión cuáles son los hechos de que se le acusa, con todos sus elementos de carácter objetivo y subjetivo. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalué si existe fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en el hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del MP. Una vez formulado el requerimiento del fiscal, básicamente se apunta a los siguientes requerimientos: Control formal sobre la petición del fiscal - Control sobre los presupuestos del juicio - Control sobre el ejercicio de la acción penal - Control sobre la calificación jurídica del hecho - Control sobre los fundamentos de la petición Desarrollo del Procedimiento Intermedio *La fase intermedia se inicia con la presentación del Página 514 de 600

requerimiento por parte del MP *Se llevará a cabo una audiencia oral *En la audiencia las partes podrán hacer valer sus pretensiones de conformidad con los artículos 336, 337, 338, 339 del CPP. *Al concluir la audiencia oral el juez deberá dictar la resolución que corresponda al caso, pudiendo diferir la misma por 24 horas por la complejidad del caso, fundamentando la misma. Fines de la Fase intermedia *Control formal sobre la petición *Control sobre los presupuestos del juicio *Control sobre la obligatoriedad de la acción *Control sobre la calificación jurídica del hecho. *Control sobre los fundamentos de la petición a. ACUSACIÓN LA ACUSACIÓN Es la concreción del ejercicio de la acción penal, imputa a persona o personas determinadas la comisión de un hecho punible, basándose en los medios de investigación reunidos durante la investigación. La Acusación supone el convencimiento objetivo y firme por parte del MP de que el imputado es el posible autor de un hecho delictivo. La acusación formulada por el MP debe estar basada en los medios probatorios concretos obtenidos durante la investigación en la fase preparatoria. Lo descrito en la acusación delimita los hechos por los cuáles el acusado deberá comparecer y defenderse en juicio, el fundamento legal está contenido en el art. 332 Bis. del CPP. 1) CONTENIDO CONTENIDO DE LA ACUSACIÓN Los datos que sirven para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor, y la indicación del lugar para notificarle. La relación clara precisa, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica; Los fundamentos resumidos de la imputación, con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa; La calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables; La indicación del tribunal competente para el juicio. En el caso de que sea una acusación y sean varios los procesados deben individualizarse los actos que cada uno realizó, pues esto tiene que ver con la intimación procesal, es decir los hechos por los que se está siendo juzgada una persona. En la acusación debe describirse individualmente cada uno de los actos realizados por cada uno de los imputados, y no caer en el error de elaborar hecho para imputárselo a todos por igual. El hecho imputado se determina con todas sus circunstancias en la acusación. Consignar los fundamentos resumidos de la imputación, con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. La elaboración de la acusación debe permitir con una sola lectura determinar con claridad el hecho, el autor o participes, calificación jurídica, los fundamentos y medios de prueba que acreditan que la imputación tiene un alto grado de probabilidad. La calificación jurídica del hecho punible razonándose el delito que cada uno de los imputados cometió la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias atenuantes y agravantes aplicables.

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2) REQUISITOS Los contenidos en el artículo 332 bis del Código Procesal Penal. 3) PLATAFORMA PROBATORIA, FACTICA Y JURÍDICA Plataforma fáctica: La verdad histórica del hecho criminal y verdad real primaria, son dos elementos irreversibles de un mismo objeto. Estos elementos reales se producen a través de las manos de los humanos, provocando consecuencias jurídicas, como lo es el delito y que constituye la plataforma fáctica de la acusación. La teoría del caso es un tema que resulta de suma importancia para el nuevo sistema de justicia penal, es una pieza fundamental para la fiscalía y para la defensa y sin una teoría del caso carecería de debate la audiencia de juicio oral. La teoría del caso se conforma por distintas partes fundamentales, las cuales son: Teoría fáctica: se refiere a la teoría de los sucesos o hechos, es decir, es la historia de cómo sucedieron los hechos; Teoría jurídica: se refiere a la teoría de la clasificación jurídica penal; Teoría probatoria: se refiere a las pruebas que unen los hechos (teoría fáctica) con el delito (teoría jurídica). Dichos elementos están tan entrelazados que sin una teoría probatoria, no podríamos tener una relación (nexo causal) entre la teoría fáctica y la teoría jurídica. Dentro de las partes del nuevo sistema, tenemos que cada una de ellas tiene su propia teoría del caso. La fiscalía no tiene muchas opciones de teoría del caso, y al exponer primero, deben de tener una definida a diferencia de la defensa que puede por principio de contradicción una serie de posibilidades dentro del proceso, aquí existen tres posibilidades: *No lo hizo (se utiliza cuando es inocente el imputado); *Lo hizo, pero (se utiliza cuando hay una causa de defensa legal); *Duda razonable (es la más débil de las teorías ya que depende de la contraparte y sus pruebas). La teoría del caso es sumamente importante en estos casos, puesto que en aquellos casos en que la teoría probatoria resulta ser indirecta o insuficiente, con una teoría del caso puede fortalecer la postura. b.SOBRESEIMIENTO El Sobreseimiento representa una absolución anticipada, ya sea porque el imputado no tuvo participación en el hecho punible de que se trata, cierra irrevocablemente el proceso. El auto produce cosa juzga y ello prohíbe la reapertura del proceso. En qué casos procede el sobreseimiento según el CPP: Resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena. Entre estas causas están: Causas de Inimputabilidad *Causas de Justificación *Causas de Inculpabilidad. También se podrá sobreseer cuando luego de la Clausura Provisional no se hubiere reabierto el proceso durante el tiempo de cinco años Art. 345 quater. CPP c. CLAUSURA PROVISIONAL Clausura Provisional Doble objetivo Evitar que se produzca el sobreseimiento, con el efecto de cosa juzgada, en los casos en que la investigación no se ha agotado. Limitar el mantenimiento de un proceso abierto en contra del imputado, exclusivamente a los supuestos en lo que existan medios de prueba concretos y determinados que puedan practicarse. Procede cuando vencido el plazo para la investigación no correspondiere el sobreseimiento y los elementos de prueba Página 516 de 600

resultaren insuficientes para requerir fundamentalmente la apertura a juicio. El MP deberá indicar la forma concreta y los elementos de prueba que podrá incorporar, en qué plazo y que elemento o elementos probaría con dichos medios de prueba. Efectos cese de toda medida de coerción a favor del imputado. 12. ETAPA DE JUICIO Fase del debate: Esta fase inicia con la preparación y en la cual las partes en los términos que indica la ley podrán interponer recusaciones y excepciones fundadas en nuevos hechos en el plazo legal, al igual ofrecerán las pruebas que estimen pertinentes para que sean diligenciadas dentro del debate. En síntesis, esta etapa es para dejar preparado todo el marco jurídico que será necesario para el desarrollo del debate, por lo cual debe ser tomada de acuerdo a las prescripciones legales. Ya en la fase del debate, se realizan todas las diligencias y actos pertinentes para llegar a una conclusión sobre el asunto de que se trate, con la presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar sentencia, con la presencia del Ministerio Público, del acusado, de su defensor, y de las demás partes o sus representantes, y donde se presentan todas las pruebas recabadas a lo largo de la investigación del Ministerio Público, y donde se recibe la declaración del imputado, y en base a todo ello el Tribunal de Sentencia dictará la sentencia que en derecho corresponde. a. PRUEBA Teoría de la Prueba Importancia de la Prueba en el Proceso Penal La teoría del prueba constituye un tema de tanta importancia y especialización, que desde hace años atrás ha logrado su independencia como rama jurídica, recibiendo la denominación de Derecho Probatorio o Evidenciario. Concepto de Derecho Probatorio Rolando Emmanuelli Jimenez señala que el Derecho Probatorio establece las normas para la presentación, rechazo admisión, evaluación y suficiencia de la evidencia que presentan las partes en un proceso judicial, con el fin de descubrir la verdad y hacer adjudicaciones justas rápidas y económicas. El derecho probatorio comprende todas aquellas normas que cada Estado establece en torno a 1. Que constituye evidencia 2. Como debe presentarse 3. En qué caso es admisible o pertinente, 4. Cuando una prueba debe excluirse 5. Forma como debe valorarse. LA PRUEBA DEFINICION Y ACEPCIONES En sentido amplio, cabe decir que prueba es lo que confirma o desvirtúa una hipótesis o afirmación precedente. Llamamos prueba a todo aquello que en el procedimiento representa el esfuerzo por incorporar rastros o señales que conducen al conocimiento cierto o probable de su objeto. Medios de Prueba y Fuente de Prueba Medio de Prueba Actividad del juez, de las partes o de terceros, desarrollada dentro del proceso, para traer Fuentes de Prueba, esa actividad se realiza de la manera indicada en cada ordenamiento procesal Medios de prueba serán los procedimientos que la ley señala para poder incorporar al proceso las fuentes de prueba pertinente. Fuentes de Prueba Son las personas o cosas cuya existencia son anteriores al proceso e independientes de él, que tienen conocimiento o representan el hecho a probar. Cuerpo del Delito Conjunto de todos los aspectos o circunstancias que integran y exteriorizan el hecho delictuoso, o como la reconstrucción de sus elementos materiales, o como la realidad externa de la infracción, es decir todos los episodios de su realización externa. Actividad Probatoria Página 517 de 600

Está constituida por la actuación que realizan dentro del proceso todos los sujetos procesales (MP, imputado, partes civiles) con el fin de establecer la exactitud o inexactitud de los hechos objetos del proceso. El artículo 182 establece la libertad Prueba, de manera que podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para caso por cualquier medio de prueba permitido. Sin embargo para que un medio de prueba sea admisible dentro del proceso penal y pueda entrar a ser valorado por el juez, debe observar ciertos PROCEDIMIENTOS Debe ser ofrecido legalmente es decir con las formas y oportunidad prevista. (343 CPP) Debe ser admitido por el juez o tribunal. (343CPP) La admisibilidad de un medio de prueba ofrecido por las partes viene determinada según el artículo 343 CPP *Debe ser Pertinente *Debe ser útil idóneo *No debe ser sobreabundante *Debe ser lícito *Debe ser incorporado o reproducido al proceso durante el debate *Debe ser objeto de fiscalización por parte de la defensa. CLASES DE PRUEBA De acuerdo a su utilidad en la búsqueda de la verdad Directa: Son todos aquellos datos que de ser valorados por el juzgador comprueben los hechos que se buscaba demostrar sin ningún otro tipo de consideración. Indirecta también llamada circunstancial: las cuales permiten en un momento dado convencer al juzgador de la forma en ocurrieron determinados hechos. De acuerdo a su forma de presentación en el debate: Testimonial También denominada personal por otros autores, comprende todas aquellas personas que suministran información al juzgador Testigo Lego Persona común y corriente que tiene conocimiento personal y directo de la forma en que ocurrieron determinados hechos. Testigo Perito Persona que por sus conocimientos en determinada ciencia o arte puede ser considerado experto en la materia. Demostrativa: Objetos o representaciones perceptibles por los sentidos. Real Los objetos que se presentan son los mismos que parte del hecho en cual se quieren presentar como prueba. Ilustrativa Consiste en aquellas representaciones que ilustran al juzgador sobre cómo ocurrieron los hechos que se pretenden probar; un arma del mismo calibre. Requisitos de la prueba *Legalidad, *Admisibilidad, y *Pertinencia. Toda prueba pertinente es admisible, una prueba es pertinente cuando tiene relación y sirve para convencer al juzgador con relación al hecho que se pretende probar, En relación a la admisibilidad, el derecho evidenciario regula el principio general de que toda prueba pertinente es admisible salvo que exista alguna regla de exclusión. La regla de exclusión es aquella disposición de derecho probatorio que excluye prueba pertinente fundamentándose en factores de: *Falta de confiabilidad de la prueba, *Razones exteriores de política pública, El posible entorpecimiento o daño que dicha evidencia pudiera causar al descubrimiento de la verdad. b.DEBATE ORAL Y PÚBLICO EL DEBATE Es la etapa más importante de todo el procedimiento, tiene como objetivo resolver en definitiva el conflicto que ha sido presentado al Estado para que busque una solución. La cesura del debate consiste en dividir el debate en dos fases: la primera para analizar y pronunciarse sobre la culpabilidad del imputado y la segunda dirigida al análisis y decisión sobre la pena. La inmediación exige la presencia personal Página 518 de 600

en el juicio de los sujetos procesales y por supuesto del tribunal. La publicidad otro principio que tiene como objeto asegurar el control popular. Alberto Binder dice que una vez producido el encuentro de las personas en el juicio, en condiciones de validez inmediación y publicidad comienza a desarrollarse el debate en cuatro fases: *La apertura y la constitución del objeto del debate, *La de producción de la prueba, *La discusión sobre la prueba o alegatos sobre la misma y *La clausura del debate. La apertura del debate verifica la inmediación y fija el objeto del debate, con la lectura de la acusación y la declaración del imputado queda fijado el objeto del debate. Recepción de la prueba el orden que rige para producir cada una de ellas en el debate es el siguiente Peritajes, prueba testimonial prueba documental, cosas y otros elementos de convicción, inspecciones y reconstrucción de hechos. Discusión final y clausura, cada parte expone sus argumentos y conclusiones. La deliberación rige por las reglas de la Sana Crítica Razonada. Deben deliberar sobre lo relativo a la responsabilidad penal, la calificación legal del delito, la pena a imponer la responsabilidad civil y las costas procesales. La sentencia debe respetar los principios de congruencia la sentencia solo se puede basar en el hecho y las circunstancias proferidas en la acusación, la sentencia no podrá dar por acreditado otros hechos u otras circunstancias que las descritas en la acusación, la sentencia es el acto con el cual se materializa la decisión del tribunal, es un acto formal ya que su misión es establecer la solución que el orden jurídico a través de la institución judicial ha encontrado para el caso que motivo el proceso. La sentencia de condena significa que los jueces consideran que se presentan los requisitos que el Estado de derecho exigen para la imposición de una pena, y en sentido contrario la absolución significa que no se llena los requisitos exigidos para aplicar una pena, bien porque el hecho ilícito no fue probado, no se demostró la participación del acusado, ante tal situación los jueces deben absolver pues el fallo de condena puede surgir solamente de la certeza de la responsabilidad. c. CESURA DEL DEBATE La cesura del debate consiste en dividir el debate en dos fases: La primera para analizar y pronunciarse sobre la culpabilidad del imputado y La segunda dirigida al análisis y decisión sobre la pena. d.CONCLUSIONES Y REPLICA CONCLUSIONES Discusión final, las partes procesales hacen uso de argumentaciones dialécticas y retoricas con el objeto de efectuar un análisis profundo y minucioso de todo lo que aconteció en el desarrollo del debate La discusión final debe ser la fase donde se tiende a convencer al tribunal de sentencia de la hipótesis sostenida (acusación defensa) con el resultado de cada uno de los medios de prueba desarrollados. Principios básicos que deben informar a las conclusiones son: *Preparación, *Convicción, *Coherencia, *Razonamiento jurídico, *Recapitulación, *Conclusión, y *Solicitud concreta. En cuanto a la estructura: *Introducción, *Planteamiento de la hipótesis, *Valoración de la prueba desarrollada, *Razonamiento jurídico doctrinal y Jurisprudencial y *Una petición final. Replicas Tienen derecho a réplica el MP, querellante, actor civil, defensor, abogado del tercero civilmente demandado. Tienen derecho a la misma el Página 519 de 600

MP y el defensor, consiste en responder o contra argumentar lo expuesto por ambos, en sus respectivas discusiones. La finalidad esencial de esta institución procesal es la facultad que tienen estos sujetos procesales para poder profundizar bilateralmente todos aquellos aspectos que no fueron indicado o muy bien desarrollados en sus respectivas exposiciones finales. CLAUSURA Se le concede la palabra al agraviado del hecho delictivo y posteriormente al acusado, para que si lo desean expongan todo lo que consideren a su conveniencia exponer. El presidente declara cerrado el debate. e. SENTENCIA La sentencia debe respetar los principios de congruencia, la sentencia solo se puede basar en el hecho y las circunstancias proferidas en la acusación, la sentencia no podrá dar por acreditado otros hechos u otras circunstancias que las descritas en la acusación, la sentencia es el acto con el cual se materializa la decisión del tribunal, es un acto formal ya que su misión es establecer la solución que el orden jurídico a través de la institución judicial ha encontrado para el caso que motivo el proceso.

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f. AUDIENCIA DE REPARACION Es imprescindible para establecer el monto de la reparación digna, que la misma cumpla con los extremos siguientes: que sea viable, proporcional, objetiva, legal, la prueba debe acreditar que es efecto propio del ilícito que se juzga, además reparadora, rehabilitadora o reinsertadora y que viabilice la paz social. Otro aspecto a tomar en cuenta es las condiciones físicas, psicológicas, económicas, sociales y culturales de la persona obligada, ya que en igualdad de condiciones el juzgador deberá considerar estos extremos para la existencia del debido proceso en igualdad de condiciones sin discriminación alguna. REPARACIÓN DIGNA (Código Procesal Penal Guatemalteco Dto. 51-92. Dto. 7-2011) La reparación privada; sección primera; acción civil Código Procesal Penal Artículo 124. Derecho a la reparación digna. (DEFINICIÓN LEGAL DE REPARACIÓN DIGNA) La reparación a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias como sujeto de derechos contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado, en la medida que tal reparación sea humanamente posible y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito; para el ejercicio de este derecho deben observarse las siguientes reglas: REQUISITOS PARA QUE PROCEDA LA REPARACIÓN DIGNA *Sentencia Condenatoria *Víctima determinada 1) La acción de reparación podrá ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria". El Juez o tribunal que dicte la sentencia de condena, cuando exista víctima determinada, en el relato de la sentencia se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación, la que se llevará a cabo al tercer día. (PROBAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS) 2) En la audiencia de reparación deberá acreditar el monto de la indemnización, la restitución y, en su caso, los daños y perjuicios conforme a las reglas probatorias y, pronunciarse la decisión inmediatamente en la propia audiencia. 3) Con la decisión de reparación, y previamente relatada responsabilidad penal y pena, se integra la sentencia escrita. (MEDIDAS CAUTELARES) 4) No obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal, la víctima o agraviado podrán solicitar al juez o tribunal competente, la adopción de medidas cautelares que permitan, asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación. (SENTENCIA EJECUTABLE) 5) La declaración de responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme. Si la acción reparadora no se hubiere ejercido en esta vía, queda a salvo el derecho de la víctima o agraviado a ejercerla en la vía civil. Parte resolutiva de la sentencia Código Procesal Penal. Artículo 390. Pronunciamiento. "La sentencia se pronunciará siempre en el nombre de la República de Guatemala. Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencia, después de ser convocados verbalmente todas las partes en el debate, y… La lectura de la sentencia se deberá llevar a cabo, a más tardar dentro de las cinco días posteriores al pronunciamiento de la parte Página 521 de 600

resolutiva" Código Procesal Penal Artículo. 124, numeral 1. "En el relato de la sentencia se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación, la que se llevará a cabo al tercer día." AUDIENCIA DE REPARACION DIGNA 1) Apertura 2) Se le otorga la palabra a la víctima o agraviado, Querellante Adhesivo (pretensión y aporte sus pruebas). 3) Se le da palabra al Ministerio Público (Pretensión y Prueba). 4) Se le da palabra al abogado Defensor (Pretensión y Prueba). 5) Se admite o rechaza la prueba. 6) Se diligencia la prueba. 7) Pronunciamiento de la decisión de Reparación Digna. 8) Artículo 278. REMISIÓN. Código Procesal Penal: "El embargo de bienes y las demás medidas de coerción para garantizar la multa o la reparación, sus incidentes, diligencias, ejecución y tercerías, se regirán por el Código Procesal Civil y Mercantil". (Libro 5to. Alternativas comunes a todos los procesos) VÍCTIMAS. Artículo 117, numeral 1, Código Procesal Penal. (Reformado por el art. 38 de la Ley Orgánica del Instituto de Asistencia y Atención a la Víctima del delito Dto. 212016) 1. Las personas que, individual o colectivamente, haya sufrido daño. Incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la ley penal vigente. 2. Cónyuges. 3. Familiares. 4. Dependientes inmediatos de la víctima directa. 5. Persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito. 6. Personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. RESPONSABILIDAD CIVIL. Código Penal. Artículo 112. Personas responsables. "Toda persona responsable penalmente de un delito o falta, lo es también civilmente". RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Código Penal Artículo 113. Solidaridad de las obligaciones. "En el caso de ser dos o más los responsables civilmente de un delito o falta, el tribunal señalará la cuota por la que debe responder cada uno. Sin embargo, los autores y los cómplices responderán solidariamente entre sí y responderán subsidiariamente de las cuotas que correspondan, no solo a los insolventes de su respectivo grupo, sino también de los insolventes del otro. Tanto en uno como en el otro caso, queda a salvo el derecho de quien hubiere pagado, de repetir contra los demás por las cuotas correspondiente de cada uno". TRANSMISIÓN. Código Penal. Artículo 115. "La responsabilidad civil derivada de un delito o falta, se transmite a los herederos del responsable; igualmente se transmite a los herederos del perjudicado la acción para hacerla efectiva". RESPONSABILIDAD CIVIL DE INIMPUTABLES. Código Penal. Artículo 116. "Los comprendidos en el artículo 23 (Código Penal, no es imputable), responderán con sus bienes por los daños que causaren. Si fueren insolventes, responderán subsidiariamente quienes los tengan bajo su potestad o guarda legal, salvo que demuestren que no incurrieron en descuido o negligencia en la vigilancia del que cometió el hecho". CLASES DE REPARACIÓN. (Artículo 124 Código Procesal Penal) Económicas *Pago de Indemnización *Pago de Daños *Pago de Perjuicios No económicas Art. 29 Ley Orgánica del Instituto de Asistencia y Atención de la Víctima del delito. Dto. 21-2016. Es obligación del Instituto de la Página 522 de 600

Víctima coadyuvar con el Ministerio Público en la garantía y defensa del derecho a la reparación digna de la víctima del delito, cuando ésta se haya constituido como querellante adhesivo. *Rehabilitación *Compensación *Satisfacción *Medidas de no Repetición MATERIALES Restitución. EN CASOS DE FEMICIDIO Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER NO ECONÓMICA Artículo 3, literal h, Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. *Médica *Psicológica *Moral *Social OBLIGACION DE REPARAR DAÑOS Y PERJUICIOS. ARTÍCULO 1646 Código Civil: "El responsable de un delito doloso o culposo, está obligado a reparar a la víctima los daños o perjuicios que le haya causado". DAÑOS Y PERJUICIOS. ARTÍCULO 1434. Código Civil: "Los daños, que consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio, y Los perjuicios, que son las ganancias lícitas que deja de percibir. Deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse". EJEMPLO: MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Sentencia de fecha 19 de mayo de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Veliz Franco Vrs. Guatemala. Párrafo 256. *La Sentencia "Per se". *Publicación de la sentencia en el diario oficial. *Publicación de la sentencia en un diario de amplia circulación. *Publicación de la sentencia por 1 año, en la página web, del Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional Civil. *Disculpas públicas. EJEMPLO: GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN: Sentencia de fecha 19 de mayo de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Veliz Franco Vrs. Guatemala. Que hechos similares no se vuelvan a repetir y contribuyan a la prevención. Párrafo 264. *Adoptar una legislación orientada a combatir la violencia *Fortalecer el INACIF y asignarle adecuados recursos para ampliar sus actividades en el territorio nacional. *Implementar órganos jurisdiccionales especializados en femicidio en toda la República", así como de fiscalías especializadas. *Implementar programas y cursos para funcionarios públicos pertenecientes al Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional Civil que estén vinculados a la investigación de actos de homicidio de mujeres. *Crear un Sistema Nacional de Información sobre Violencia contra la Mujer. *6. Brindar atención médica o psicológica gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva a las personas afectadas. DAÑO INMATERIAL Sentencia de fecha 19 de mayo de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Veliz Franco Vrs. Guatemala. Párrafo 295. "ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño inmaterial y ha establecido que éste puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados por la violación como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y cualquier alteración, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas. Dado que no es posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, sólo puede ser objeto de compensación, para los fines de la reparación integral a la víctima, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad". EJECUCION. Artículo 124, numeral 5, Código Procesal Página 523 de 600

Penal "La declaración de responsabilidad civil será, ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme". ¿En dónde se ejecuta? La reparación digna en Guatemala es un mecanismo de resarcimiento adoptado recientemente en la legislación adjetiva penal, que fortalece uno de los objetivos establecidos en el proceso penal, específicamente la tutela judicial efectiva, establecida en el segundo párrafo del artículo 5 del código procesal penal. Queda a cargo del mismo juez de ejecución penal, tramitar, conocer y resolver, los asuntos en materia de reparación digna y realizar las diligencias pertinentes para poder hacer efectiva la reparación digna a favor de la víctima, siempre y cuando la sentencia condenatoria cause firmeza. Una vez obtenida la sentencia condenatoria penal y la individualización de la víctima, esta última puede hacer efectivo su derecho de hacer efectiva la reparación digna dentro del propio proceso penal inmediatamente después de pronunciado el fallo, el cual constituye título ejecutivo. g.ESTRATEGIA DE LITIGIO El litigio estratégico consiste en la presentación de casos ante tribunales con el objetivo de realizar cambios legales y sociales. La idea de este tipo de litigio es muy diferente de la idea tradicional de un servicio legal. El litigio estratégico es diseñado para ver el caso dentro de un panorama completo y busca la modificación de políticas y patrones de comportamiento.

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h.ORATORIA FORENSE ORATORIA FORENSE.- Es la que tiene por objeto ilustrar la inteligencia y mover la voluntad de los jueces para decidir si un hecho se ha realizado o no, si una persona es o no culpable, si ha de aplicarse tal o cual regla jurídica o si ésta ha de interpretarse en uno u otro sentido. Esta finalidad especial de la oratoria forense requiere 3 reglas especiales, primero las Cualidades del Orador, segundo la Materia del Discurso, y tercero el estilo. Todos ellos llevan conocido grandes valorizaciones, las cuales son reflejadas en el foro. Estos aspectos serán expuestos en los siguientes trabajos posteriores, dejando al siguiente (estudiante) en orden al tema de exposición la correlativa explicación. ARGUMENTACION JURIDICA Objetivo general Argumentar inductivamente y deductivamente en la audiencia de juicio oral. Objetivos específicos *Construir argumentos inductivos en la audiencia de juicio oral. *Construir argumentos deductivos en la audiencia de juicio oral. *Descomponer los argumentos presentados por los demás intervinientes en la audiencia de juicio oral. *Presentar contraargumentos en la audiencia de juicio oral. LA UTILIZACIÓN DE ARGUMENTOS INDUCTIVOS PARA LA PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA AUDIENCIA DEL JUICIO ORAL. El fiscal debe iniciar la preparación del caso desde el momento mismo en que le sea asignado, y debe seguir un procedimiento que le permita construir una argumentación razonable que luego presentará al juez en la respectiva audiencia. Puede afirmarse que el fiscal realiza dos procedimientos intelectivos determinantes para cumplir su función, pues inicialmente debe establecer qué fue lo que realmente ocurrió, cuál es la trascendencia jurídica y la ubicación típica concreta de la conducta realizada por un determinado ciudadano y cuáles las evidencias que demuestran los hechos, y luego debe establecer la mejor forma de llevar dicha información al juez con el propósito de convencerlo de que su tesis es la más razonable. Cabe insistir que en un sistema de tendencia acusatoria el juez conoce de los hechos aquello que las partes le informen mediante los diferentes medios de prueba y las argumentaciones que presenten en las respectivas audiencias. i. LITIGIO ESTRATEGICO ALGUNOS ELEMENTOS DEL LITIGIO ESTRATÉGICO *Utilización de una metodología de análisis para resolución de casos; *Análisis político y social del contexto en que se produjeron los hechos y del contexto en el que se desarrolla el litigio; *Preparación técnica, en forma continua, del equipo de litigio durante todo el proceso. 13. RECURSOS EN EL PROCESO PENAL RECURSOS EN EL PROCESO PENAL El Código Procesal Penal guatemalteco acoge los distintos recursos judiciales a partir del libro lll. Se presentan los mismos partiendo de los principios propios de un sistema penal acusatorio, cuidando este Código que tales figuras jurídicas no se interpongan ante los tribunales en la forma a como tradicionalmente se utilizaban, cuyo ejercicio era prácticamente para alargar el proceso, dependiendo de quién lo intentara, aunque considero que uno de los recursos que atentan en contra de la oralidad del proceso es la Apelación Especial. Reposición La reposición es un recurso que se puede plantear frente a cualquier resolución de juez o tribunal, que se haya dictado sin audiencia previa, siempre y cuando no quepa frente a las Página 525 de 600

mismas, recurso de apelación o de apelación especial, con el objetivo que se reforme o revoque. El recurso de reposición se interpone ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución. (Artículo 402 Código Procesal Penal). Este puede ser por motivos de forma o de fondo y es de suma utilidad y de mayor uso durante las audiencias, en especial durante el debate, donde cualquiera de las resoluciones puede ser impugnada por esta vía. La interposición del recurso de reposición en el debate vale como protesta previa para recurrir en Apelación Especial. Tiempo y forma del recurso de reposición Conforme al Artículo 402 del Código Procesal Penal, en los procedimientos por escrito, los requisitos que acota son: *En primer lugar la interposición por escrito; *Segundo, ha de plantearse dentro de los tres días de notificada la resolución; y *Tercero, el recurso ha de ser fundado, tal y como se indicó en el recurso de Apelación; El recurso de reposición se resolverá́ con un auto y en su caso se reformará la resolución recurrida. Conforme el Artículo 403 del Código Procesal Penal, en el debate y en el resto de las audiencias que se celebren, los requisitos son: *Primero, interposición oral; *Segundo, ha de plantearse inmediatamente después de dictada la resolución o cuando esta surta sus efectos si no hubiere sido interpuesta en ese momento; y *Tercero, ha de ser fundado. El recurso se reposición se resolverá́ inmediatamente y en forma verbal. El efecto de la interposición del recurso de reposición durante el juicio vale como protesta de recurrir en apelación especial y deberá́ dejarse constancia en el acta del debate de todos los recursos interpuestos y de la resolución del tribunal. Apelación El recurso de apelación, es el medio de impugnación que se interpone frente a las resoluciones del Juez de Primera Instancia, para que la Sala de Apelaciones, reexamine lo resuelto y revoque o modifique la resolución recurrida. El Recurso de Apelación es un recurso amplio en cuanto a los motivos por los que procede, no así́ frente a los casos en los que se puede interponer, dado que en el Artículo 404 del Código Procesal Penal, se expresan taxativamente las resoluciones que pueden ser susceptibles de ser impugnadas mediante este recurso. En cuanto a los motivos por los que procede el recurso de apelación, se dice que son amplios porque pueden discutirse cuestiones referidas a la aplicación del derecho (tanto penal como procesal), o cuestiones de valoración de los hechos y la prueba que funda la decisión. Según el Artículo 404 del Código Procesal Penal, pueden impugnarse, mediante este recurso, los autos de los Jueces de Primera Instancia que resuelvan: • Los conflictos de competencia; • Los impedimentos, excusas y recusaciones; • Los que admitan, denieguen o declaren abandonada la intervención del querellante adhesivo o del actor civil; • Los que admitan o denieguen la intervención del tercero civilmente demandado; • Los que autoricen la abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público; • Los que denieguen la práctica de la prueba anticipada; • Los que declaren la suspensión condicional de la persecución Penal; • Los que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso; • Los que declaren la presión o imposición de medidas sustitutivas y sus modificaciones; • Los que denieguen o restrinjan la libertad; • Los que fijen término al procedimiento preparatorio; • Los que resuelvan excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil; • Los autos en los cuales se declare la falta de mérito;

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• Las Sentencias que emitan los Jueces de Primera Instancia que resuelvan el Procedimiento Abreviado; Tiempo y forma del recurso de apelación Según lo preceptuado por el Artículo 407 del Código Procesal Penal, los requisitos para el planteo del recurso de apelación son que debe ser por escrito, debe plantearse dentro de los tres días de notificada la resolución apelada; y debe ser fundado. Trámite del recurso de apelación El recurso de apelación se presenta ante el Juez de Primera Instancia o ante el Juez de Paz o de Ejecución, si se impugnara una resolución de éstos últimos. Deberá interponerse en el plazo de tres días desde la notificación a todas las partes de la resolución recurrida. El Juez realizará una primera revisión en cuanto a la forma de presentación. En el caso de que no admita la apelación, se podrá recurrir en queja (Artículo 412 Código Procesal Penal). Si el Juez acepta la apelación, notificará a las partes. Una vez hecha las notificaciones, que deben hacerse al día siguiente de dictadas las resoluciones de acuerdo al Artículo 160 del Código Procesal Penal, se elevarán las actuaciones a la Corte de Apelaciones. La Sala deberá resolver en tres días desde la elevación de las actuaciones (Artículo 411 Código Procesal Penal). La notificación de la resolución de la Corte de Apelaciones se dará dentro de las veinticuatro horas siguientes. En caso de que sea recurrida una sentencia dictada conforme al procedimiento abreviado, la Sala convocará a una audiencia dentro de los cinco días. La exposición en la audiencia podrá ser reemplazada por un escrito. Apelación en el procedimiento de faltas. El recurso de apelación podrá interponerse verbalmente o por escrito en el término de dos días desde la notificación de la sentencia. El Juzgado de Primera Instancia resolverá en el plazo de tres días y con certificación de lo resuelto devolverá las actuaciones inmediatamente. Queja Cuando se interpone un recurso de apelación o de apelación especial, el Juez de Primera Instancia, el Juez de Paz, el Juez de Ejecución o el Tribunal de Sentencia, dependiendo de quién haya dictado la resolución, realizará un examen de procedibilidad del recurso, esto es, si el escrito donde se plantea el recurso contiene las exigencias de forma que plantea la ley. En caso que en éste examen de procedibilidad el tribunal ante quién se presenta el recurso lo rechace, se habilita la vía del recurso de queja, con el objeto de que la Sala de Apelaciones solicite las actuaciones y resuelva su procedencia y, en su caso, sobre el fondo de la cuestión. Tiempo, forma y trámite del recurso de queja El Recurso de queja debe presentarse ante la Sala de la Corte de Apelaciones dentro de los tres días de notificada la resolución del juez que dictó la resolución apelada según el Artículo 412 Código Procesal Penal, por escrito. La Sala solicitará los antecedentes al juez respectivo dentro de las veinticuatro horas y en el mismo plazo resolverá. Si el recurso de queja no es admitido se rechazará sin más trámite y si se admite, la Sala pasará a resolver sobre el fondo. (Artículos 413 y 414 Código Procesal Penal). Caso especial de queja El Artículo 179 del Código Procesal Penal, permite la interposición de una queja ante el Tribunal Superior, cuando el juez o tribunal incumpla los plazos para dictar resolución. El Tribunal Superior, previo informe del denunciado resolverá lo procedente y en su caso emplazará al Juzgado o Tribunal para que dicte resolución. Apelación especial De acuerdo al Artículo 415 del Código Procesal Penal, la apelación especial es un recurso restringido en cuanto a sus motivos que procede contra de las sentencias del Tribunal de Sentencia, las resoluciones del Tribunal de Sentencia que declaren el sobreseimiento o el archivo; las resoluciones del Juez de Ejecución que pongan fin a la pena, a medida de seguridad y corrección o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena. Este recurso tiene como objeto controlar las decisiones de los tribunales que dictan sentencia, asegurando de esta forma el derecho al recurso reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Objeto del recurso de apelación especial Página 527 de 600

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El objeto de este recurso es la sentencia o la resolución que pone fin al procedimiento. El recurso de apelación especial puede ser de fondo y de forma. Apelación especial de fondo El Artículo 419 del Código Procesal Penal indica que la apelación especial de fondo puede interponerse, por los siguientes motivos, inobservancia de la ley; interpretación Indebida o por errónea aplicación de la ley. Apelación especial de forma Con este recurso se busca que en el desarrollo del juicio se respete el rito establecido por la ley, es decir, las normas que determinan el modo en que deben realizarse los actos, el tiempo, el lugar y en general, todas aquellas normas que regulan la actividad de los sujetos procesales. La ley, en su Artículo 419 del Código Procesal Penal, señala que procede el recurso de apelación especial contra una sentencia o resolución, cuando se haya operado una inobservancia o errónea aplicación de la ley que constituya un defecto del procedimiento. Trámite del recurso de apelación especial Inicialmente debe interponerse por escrito en el plazo de diez días ante el tribunal que dictó la resolución recurrida según el Artículo 423 Código Procesal Penal; El tribunal notificará a todas las partes la interposición del recurso. Inmediatamente de realizada las notificaciones remitirá las actuaciones a la Sala de la Corte de Apelaciones correspondiente, emplazando a las partes para que comparezcan ante el mismo; En el plazo de cinco días desde el emplazamiento, las partes comparecerán ante la Sala y en su caso señalarán nuevo lugar para ser notificadas. En el caso de no comparecer se entenderá abandonado el recurso. Dentro de ése plazo de diez días las otras partes podrán adherirse al recurso planteado; Recibidas las actuaciones y vencido el plazo de cinco días, la Sala analizará el recurso y las adhesiones y revisará si contienen los requisitos de tiempo, argumentaciones, fundamentación y protesta; Admitido el recurso, las actuaciones quedarán por seis días en la oficina del tribunal, para que los interesados puedan examinarlos. Vencido ése plazo el presidente fijará audiencia para el debate, con intervalo no menor de diez días y notificando a las partes; Las audiencias se celebrarán con las formalidades previstas en el Artículo 427 del Código Procesal Penal. Casación Casación deriva del verbo casar (caso, casare) que significa anular, quebrar. Aunque tradicionalmente se ha reconocido que la actividad anulatoria de casación se produce ante la presencia de un error in procedendo (error en el procedimiento o en la forma) o ante un error in iudicando (error de juicio o por el fondo), la moderna doctrina y la jurisprudencia han orientado éstos y otros aspectos hacia situaciones menos restringidas y formales (en especial el excesivo ritualismo) que caracterizaron a esta modalidad de recurso, otorgándole un sentido de amplitud más acorde con una adecuada administración de justicia (no sólo desde el punto de vista de la materia penal sino, además, en las restantes áreas del derecho en que suele utilizarse). El recurso de casación, tal y como esta configurado en el Código Procesal Penal, es un recurso limitado en sus motivos, que puede plantearse ante la Corte Suprema de Justicia, frente a algunos de los autos y sentencias que resuelvan recursos de apelación y apelación especial. Asimismo, este recurso cumple una función de unificación de la jurisprudencia de las distintas salas de la Corte de Apelaciones. De acuerdo al Artículo 437 del Código Procesal Penal, procede: • Frente a las sentencias de la sala que resuelvan los recursos de apelación especial planteados contra las sentencias emitidas por los tribunales de

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sentencia o en caso de división del debate, contra la resolución que integra la sentencia; • Frente a las sentencias de la sala que resuelvan los recursos de apelación especial planteados contra los autos de sobreseimiento dictados por los tribunales de sentencia; • Frente a las sentencias de la Sala de la Corte de Apelaciones que resuelvan los recursos de apelación planteados contra las sentencias emitidas por los Jueces de Primera Instancia, en el procedimiento abreviado; • Frente a los autos de la Sala de la Corte de Apelaciones que resuelvan los autos dictados por los Jueces de Primera Instancia que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso y los que resuelvan excepciones u obstáculos a la persecución penal. • El recurso de casación puede ser de forma y de fondo. Forma y trámite del recurso de casación Según el Artículo 443 del Código Procesal Penal, sólo se tendrán por debidamente fundados los recursos de casación cuando se expresen de manera clara y precisa los artículos e incisos que autoricen el recurso, indicándose si es casación de forma o de fondo, así como si contiene los artículos e incisos que se consideren violados por las leyes respectivas. Trámite del recurso de casación • En un plazo de quince días desde la notificación de la resolución de la Sala de la Corte de Apelaciones, el recurrente tendrá que interponer el recurso. El mismo podrá interponerse ante la Corte Suprema de Justicia o ante la sala que resolvió la resolución recurrida. En este último supuesto, la sala elevará de inmediato el recurso a la Corte Suprema de Justicia, según el Artículo 443 Código Procesal Penal; • Una vez recibido el recurso, la Corte Suprema de Justicia analizará si el mismo cumple los requisitos de forma. Si se interpusiese fuera de plazo o no cumpliere los requisitos del Artículo 443 Código Procesal Penal, la Corte lo rechazará sin más trámite. En caso contrario, lo admitirá, pedirá los autos y señalará día y hora para la audiencia; • El día y hora señalados se celebrará vista pública a la que se citará a las partes, procediéndose de acuerdo a lo señalado en el Artículo 446 del Código Procesal Penal; • En un plazo de quince días desde la audiencia, la Corte Suprema de Justicia deberá dictar sentencia. Revisión En consecuencia, debe quedar claro que no toda condena equivocada es revisable. Solamente lo es aquella sentencia condenatoria que se funda en información falsa o no ha tenido en cuenta información relevante. Este es un límite específico del recurso de revisión y, sin duda, deja subsistente un problema: ¿qué sucede si se han agotado todos los recursos, no existe nueva información, pero es evidente que todos los jueces han valorado la información de un modo manifiestamente incorrecto? ¿Podría funcionar el habeas corpus como la última herramienta que tienen los ciudadanos para evitar la prisión injusta? ¿O prefiere el Estado sostener el principio de cosa juzgada, aun a costa de la prisión de un inocente? La duda queda planteada. Este principio general que requiere de información nueva se suele plasmar en los distintos sistemas procesales por medio de ejemplos tradicionales o que, según la experiencia histórica constituyen los casos tradicionales de revisión. Ellos son: Cuando se presentan, después de la sentencia, nuevos documentos de carácter decisivo que, por distintas razones, no hubieran sido incorporados al proceso; Cuando los testigos son falsos o el peritaje ha sido fraguado; Página 529 de 600

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Cuando los testigos tenían alguna forma de inhabilidad relevante, desconocida al momento de dictar sentencia; Cuando aparece viva la persona que se había dado por muerta; Cuando se comprueba la falsedad de algún documento u otro tipo de prueba, que habían sido considerados como auténticos. Estos son apenas ejemplos. Sin embargo, en algunos textos normativos que no establecen un criterio general, se plantea el problema de si la lista de casos descritos es meramente ejemplificativa o exhaustiva, con relación a supuestos similares. Una interpretación correcta, teniendo en cuenta el conjunto de las garantías constitucionales y el principio rector del respeto a la inocencia y repudio a la prisión injusta, debe llevar a considerar que los casos que se establecen son siempre ejemplificativos y que la revisión de una condena no puede ser limitada por los textos procesales, puesto que se hallan en juego principios y garantías de superior jerarquía. Existe también una modalidad indirecta de revisión, que se habilita cuando otra sentencia, penal o de otro tipo, que le haya servido de base es, por su parte, revisada. Por ejemplo: una sentencia había declarado válido un matrimonio y sobre esa base se dictó una condena por bigamia; si luego se declara nulo el primer matrimonio, la condena por bigamia es revisada. Un tercer caso de revisión se da cuando el juez ha dictado deliberadamente una sentencia en contra de la información perteneciente a la causa o en contra de la ley. El caso más común es el del prevaricato, delito funcional de los jueces. También pueden existir casos en los que el delito de prevaricato no sea tipificado como tal, pero exista una grave infracción a los deberes del Juez. Supongamos como ejemplo el caso de un Juez que dictó una sentencia que ha quedado firme pero, en realidad, lo hizo antes de haber sido nombrado formalmente o luego de haber sido destituido. La revisión es un medio extraordinario, que procede por motivos taxativamente fijados, para rescindir sentencias firmes de condena. La Revisión supone un límite al efecto de cosa juzgada de las sentencias, por cuanto se plantea en procesos ya terminados. El Artículo 455 Código Procesal Penal, establece para que haya revisión es necesario: Que exista una sentencia condenatoria firme; Que aparezcan nuevos hechos o nuevos medios de prueba; Los nuevos hechos o reforma legal produzcan la absolución o la reducción de la condena o medida de seguridad. Por lo tanto es necesario que la nueva situación produzca un efecto en la pena o medida de seguridad. Forma y trámite de la revisión Para ser admitido debe ser promovido por escrito ante la Corte Suprema de Justicia, señalándose expresamente los motivos en los que se funda la revisión y los preceptos jurídicos aplicables; Recibida la impugnación la Corte decidirá sobre su procedencia. Si faltaren requisitos, podrá otorgar un plazo para que éstos se cumplan; Una vez admitida la revisión, la Corte dará intervención al Ministerio Público o al condenado, según el caso y dispondrá, si fuese necesaria la recepción de medios de prueba solicitados por el recurrente. La Corte podrá ordenar la recepción de pruebas de oficio; finalizada la instrucción se dará una audiencia para oír a los intervinientes, pudiéndose entregar alegatos por escrito. Finalizada la misma, el tribunal declarará si ha lugar o no a la revisión.

14. JUSTICIA RESTAURATIVA JUSTICIA RESTAURATIVA. TUTELA EFECTIVA La

justicia restaurativa, también llamada justicia reparadora o justicia compasiva, Página 530 de 600

es una forma de pensar la justicia cuyo foco de atención son las necesidades de las víctimas y los autores o responsables del delito, y no el castigo a estos últimos ni el cumplimiento de principios legales abstractos. A menudo se usa el término "ofensores" como concepto alternativo al de "delincuentes" o "criminales", pues la justicia restaurativa intenta evitar estigmatizar a las personas que han cometido un delito. Howard Zehr, profesor en la Universidad Menonita de Harrisonburg, ha sido un pionero de este enfoque, sobre el que ha publicado diversos estudios. Marshall Rosenberg y Dominic Barter se cuentan también entre los mayores defensores de la justicia restaurativa y han mostrado a través de sus prácticas los resultados de esta forma de justicia en contraposición a la justicia punitiva. Según John Braithwaite (2004), la justicia restaurativa es "...un proceso en el cual todas las personas afectadas por una injusticia tienen la oportunidad de discutir cómo han sido afectadas por ella y decidir qué debe hacerse para reparar el daño. Según Van Ness y Strong, son valores centrales de la justicia restaurativa: El Encuentro: consiste en el encuentro personal y directo entre la víctima, el autor u ofensor y/u otras personas que puedan servir de apoyo a las partes y que constituyen sus comunidades de cuidado o afecto. La Reparación: Es la respuesta que la justicia restaurativa da al delito. Puede consistir en restitución o devolución de la cosa, pago monetario, o trabajo en beneficio de la víctima o de la comunidad. La reparación debe ir primero en beneficio de la víctima concreta y real, y luego, dependiendo de las circunstancias, puede beneficiar a víctimas secundarias y a la comunidad. La Reintegración: Se refiere a la reintegración tanto de la víctima como del ofensor en la comunidad. Significa no sólo tolerar la presencia de la persona en el seno de la comunidad sino que, más aún, contribuir a su reingreso como una persona integral, cooperadora y productiva. La Participación o inclusión: Consiste en regalar a las partes (víctimas, ofensores y eventualmente, la comunidad), la oportunidad para involucrarse de manera directa y completa en todas las etapas de encuentro, reparación y reintegración. Requiere de procesos que transformen la inclusión de las partes en algo relevante y valioso, y que aumenten las posibilidades de que dicha participación sea voluntaria. Definiciones de conceptos clave La justicia restaurativa es una forma de responder al comportamiento delictivo balanceando las necesidades de la comunidad, de las víctimas y de los delincuentes. Un “proceso restaurativo” se define como “todo proceso en que la víctima, el delincuente y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito participen conjuntamente de forma activa. Los individuos involucrados en este proceso son denominados “partes”. De acuerdo a los Principios Básicos, un “resultado restaurativo” es un acuerdo alcanzado como resultado de un proceso restaurativo. El acuerdo puede incluir remisiones a programas como el de la reparación, el de la restitución y el de los servicios comunitarios, “encaminados a atender las necesidades y las responsabilidades individuales y colectivas de las partes, y a lograr la reintegración de la víctima y del delincuente”. En casos que involucran ofensas serias, también puede combinarse con otras medidas. Objetivos de la justicia restaurativa *Restaurar el orden y la paz de la comunidad y reparar las relaciones dañadas *Denunciar el comportamiento delictivo como inaceptable y reafirmar los valores de la comunidad *Dar apoyo a las víctimas, darles voz, permitir su participación y atender sus necesidades *Motivar a todas las partes relacionadas para responsabilizarse, especialmente a los ofensores *Identificar resultados restaurativos futuros *Prevenir la reincidencia motivando el cambio en los ofensores y facilitando su reintegración a la comunidad. Orígenes El modelo de Justicia Restaurativa es muy reciente, no obstante, esta idea de justicia está basada en tradiciones indígenas y consiste en la reparación del daño y la sanación de las heridas originadas a partir del hecho dañoso, a través de la Página 531 de 600

discusión y la interacción entre el víctimario, la víctima y la comunidad. La Justicia Restaurativa es diferente al sistema de justicia convencional, este sistema restaurativo se construye desde la premisa de que el delito causa daño directamente a la víctima y extiende sus efectos negativos a la comunidad en general. Principios fundamentales del proceso restaurativo La Justicia Restaurativa no sólo busca involucrar a todas las partes de un conflicto en su solución, sino que también pretende la restauración de los valores morales, la dignidad de las personas y la equidad social. La Justicia Restaurativa se enfoca en reparar y curar el daño como resultado de un conflicto o de cualquier ofensa, mientras que el sistema legal tradicional se basa en la imposición de castigos ante la infracción de las reglas establecidas. Entre los procesos restaurativos se pueden incluir: la mediación, la conciliación, la celebración de conversaciones y las reuniones para decidir sentencias, pero pese a la diversidad entre estos mecanismos, todos tienen en común una serie de principios que les dan sustento a su naturaleza restaurativa y sanadora. Son tres los principios que sientan las bases de la Justicia Restaurativa: *El objetivo general del proceso de justicia penal debe ser la restauración de víctimas, ofensores y comunidades a través de la reparación de daños causados por el delito y la reconciliación de las partes. La justicia debe trabajar para volver a su estado original a aquellos que se han visto perjudicados por la comisión del delito, intentando satisfacer las necesidades de los ofendidos así como reparar los daños. *2) El proceso de justicia penal debe facilitar la participación activa de las víctimas, ofensores y comunidades. Por tanto, debe existir la posibilidad para que los perjudicados puedan participar de lleno y de manera voluntaria, equitativa y directa en la respuesta al hecho delictivo. *3) El gobierno no debe dominar el proceso. De esta forma, el delito es una ofensa en primer lugar, contra la víctima; en segundo lugar contra la sociedad y, por último, contra la ley. El Estado por tanto, tiene como papel el preservar un orden público justo y la comunidad debe ayudar a construir y mantener una paz justa. 15. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES O ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES: Objetivos del proceso: El proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal tendrá como objetivos establecer la existencia de una transgresión a la ley penal, determinar quién es su autor o partícipe, buscará la reinserción del adolescente en su familia y en la sociedad, según los principios rectores establecidos en la ley. Juzgados: *a) De la niñez y la Adolescencia; *b) De Adolescencia en Conflicto con la Ley Penal; *c) De Control de Ejecución de Medidas; y, *d) Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia. Jurisdicción: de los Tribunales de la Niñez y la Adolescencia y de Adolescentes en conflicto con la Ley Penal será especializada. Atribuciones de los Juzgados de Paz: A) En materia de derechos de la niñez y adolescencia: a) Conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares que sean necesarias para el cese de la amenaza o violación de un derecho humano de la niñez y la adolescencia, pudiendo dictas las medidas establecidas en las literales e), g) h), e), i) del artículo 112 y la contemplada en el artículo 115. b) Supervisar la ejecución de las medidas cautelares y definitivas que el Juez de la Niñez y Adolescencia dicte y así le sea solicitado. c) Una vez decretada la medida cautelar, remitir a la primera hora hábil del día siguiente el expediente al Juzgado de la Niñez y Adolescencia competente. B) En materia de adolescentes en conflicto con la ley penal: Conocer, tramitar, juzgar y resolver los hechos, atribuidos a los adolescentes, constitutivos de falta, delitos contra la seguridad del tránsito y delitos cuya pena máxima de prisión no Página 532 de 600

sea superior a los 03 años o consista en pena de multa, según el Código Penal o Leyes Penales Especiales, de acuerdo al Procedimiento Específico del Juicio de Faltas, respetando los principios derechos y garantías que la ley reconoce a los adolescentes. (Estando autorizados en éstos casos para promover a conciliación, la remisión y el Criterio de Oportunidad). Al resolver únicamente podrán imponer las sanciones siguientes: 1) Socioeducativas: a) Amonestación y advertencia; b) Prestación de servicios a la comunidad, por un período máximo de 02 meses; c) Reparación de los daños. 2) Ordenes de orientación y supervisión de las contempladas en el literal b) del artículo 238 y la privación del permiso de conducir contemplada en el artículo 246 de la referida ley. 2. 1 Instalarse en un lugar de residencia o cambiarse de él 2. 2 Abandonar el trato con determinadas personas. 2. 3 Eliminar la visita a centros de diversión determinados. 2. 4. Obligación de matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo sea enseñarle alguna profesión u oficio. 2.5. Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, estupefacientes o tóxicas que produzcan adicción o hábito. 2.6. Obligación de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, educación sexual, educación vial. 2.7 Ordenar el internamiento terapéutico del niño o niña o adolescente o el tratamiento ambulatorio en un centro especializado de salud, público o privado, para desintoxicarlos o eliminar su adicción a las drogas. 3) Sanciones privativas de libertad: 1. Privación de libertad domiciliaria. 2. Privación de libertad durante el tiempo libre. 3. Privación de libertad en centros especializados durante fines de semana, comprendido desde el sábado, de las ocho horas, hasta el domingo a las 18:00 horas. 4. Privación de libertad en centros especializados de cumplimiento en régimen abierto, semi-abierto o cerrado. 4) En los demás casos realizarán las primeras diligencias: y conocerán, a prevención, en donde no hubiere Juez de Adolescentes en Conflicto con la Ley o que se encuentre cerrado, agotadas las primeras diligencias remitirá lo actuado al Juez de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal con 02 copias. En los casos de flagrancia o de presentación del adolescente sindicado de la comisión de un hecho calificado como delito, se pronunciará sobre su situación jurídica y procesal, quedará sujeto al proceso de adolescente en conflicto con la ley penal, cuando el caso amerite de lo contrario, dictará una resolución por falta de mérito y ordenará la inmediata libertad. Si el adolescente queda sujeto a proceso, podrá disponer: * La medida de coerción adecuada, de acuerdo a lo establecido por ésta Ley; * Y ordenará practicar las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento del caso. En los casos de que el Juez de Paz conoce a prevención: remitirá lo actuado al Juez de la Niñez y Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, a primera hora hábil del día siguiente. a. PROCEDIMIENTO ABREVIADO Concepto: Es el instrumento por medio del cual el poder judicial permite una decisión rápida del juez, sobre los hechos sometidos a su conocimiento, que se caracterizan por su baja repercusión social y a pedido del Ministerio Público. Puede ser definido como un procedimiento especial en el Página 533 de 600

cual el debate es sustituido por una audiencia ante el juez de primera instancia, en la cual deben regir los principios del debate. Se aplica en aquellos casos en los cuales el imputado reconoce haber cometido los hechos y la pena a imponer sea baja por lo que el debate es innecesario. La aplicación de este procedimiento beneficia al Ministerio Publico puesto que supone un trabajo menor que el llevar un juicio por el procedimiento común, beneficia al imputado pues también evita que este vaya a un debate oral y público en su contra así como en agilizar la resolución de su caso, descarga el trabajo en los tribunales de justicia y paralelamente se cumple con la garantía de acceso a la justicia y se da salida legal al problema planteado. Es el único caso en que el juez de primera instancia que controla la investigación dicta sentencia. Este procedimiento especifico no precisa, para su aplicación el consentimiento del querellante adhesivo. Con la aplicación de este procedimiento se alcanza de una manera simple y en estricta observancia a la ley los fines del derecho procesal penal que se traducen en resolver en forma inmediata mediante un fallo judicial los conflictos sociales de carácter penal menores o de poco impacto social. Requisitos: El procedimiento abreviado se puede aplicar para cualquier delito, siempre y cuando se cumplan los requisitos siguientes: - Que el Ministerio Público estime suficiente la imposición de una pena privativa de libertad no superior a cinco años o cualquier otra pena no privativa de libertad o aún en forma conjunta. - Que tanto imputado como su defensor admitan los hechos descritos en la acusación y su grado de participación. En este sentido es importante aclarar que la referida admisión de los hechos y su participación en la comisión del delito no implica una admisión de culpabilidad, y es por ello que los hechos contenidos en la acusación deben probarse en la audiencia, de lo contrario el juez puede dictar una sentencia absolutoria. - Aceptar llevar el proceso por la vía del procedimiento abreviado. Efectos: La sentencia dictada en este procedimiento especial, tiene iguales efectos que una sentencia dictada en el procedimiento penal común, variando únicamente en lo que se refiere a los medios de impugnación y la reparación privada. En este procedimiento la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia que la dicta es apelable y también puede ser objeto de casación, la reparación civil deberá llevarse ante el tribunal competente del orden civil, asimismo el actor civil tiene derecho a recurrir en apelación en la medida en la que la sentencia influya sobre su resultado que espera en el futuro, principalmente si el acusado es absuelto. Momento procesal y procedimiento: Este procedimiento se inicia una vez terminada la fase preparatoria o de investigación con la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público. El ente investigador del Estado solicitará en la acusación que se siga la vía del procedimiento abreviado. El juzgado de primera instancia al recibir el requerimiento del Ministerio Público, notificará a las partes fijando fecha y hora para la audiencia. En la audiencia el juez de primera instancia oirá al imputado y a las demás partes y dictará inmediatamente la resolución que corresponda. El juez podrá absolver o condenar, pero nunca podrá imponer una pena mayor que la propuesta por el Ministerio Público. El juez también tiene facultad para no admitir la vía del procedimiento abreviado y emplazar al Ministerio Público para que concluya la investigación y se siga el procedimiento común, contra esta resolución no cabe recurso alguno. b. PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO En Guatemala el procedimiento simplificado fue adicionado al Código Procesal Penal (CPP) por el decreto 7-2011 del Congreso de la República de Guatemala; el cual entra en vigencia el día treinta del junio del 2011, adicionado por el artículo 12, dicho decreto en el encabezado de sus considerandos establece: “que las debilidades del sistema de justicia penal deben ser atendidas y resueltas con medidas oportunas, de aplicación inmediata y de Página 534 de 600

bajo costo, con el aprovechamiento máximo de los recursos económicos y humanos, y que la justicia es un derecho humano de impostergable cumplimiento. La propia Corte Suprema de Justicia afirma “que después de dieciséis años, al final de la etapa de readecuaciones normativas con la presente iniciativa de la CSJ, por cuanto plantea aspectos de urgente y necesaria prioridad procesal dirigidos a: 1. Ampliar el acceso de la justicia a las víctimas y generar, así, condiciones para la tutela efectiva; 2. fortalecer la acción penal a cargo del Ministerio público y facilitar la persecución y sanción de delitos; 3. Activar la judicatura de paz, para resolver las causas por delitos menores graves mediante un procedimiento específico, así como verificar la efectiva respuesta del Ministerio Público a los requerimientos de las víctimas; 4. Crear condiciones objetivas para los requerimientos de la acción penal tengan la debida respuesta judicial inmediata, con el objeto de visibilizar la lucha contra la impunidad.” Estos son los motivos señalados por la CSJ. Fases del Procedimiento El procedimiento simplificado se caracteriza por agilizar el proceso al no contar con la fase preparatoria del procedimiento penal común sino solo de la fase intermedia y del juicio, este se encuentra regulado en el artículo 465 bis del CPP de Guatemala. Las etapas del procedimiento simplificado inician cuando el fiscal lo solicita en caso exista un caso de flagrancia o por citación u orden de aprehensión. Asimismo, el artículo en el referido cuerpo legal se establece que: “El Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de ley y que resulta necesario su encarcelamiento, en cuyo caso lo pondrá a disposición del juez que controla la investigación. El juez podrá ordenar cualquier medida sustitutiva”. Como la propia norma lo indica tanto la policía, un sujeto en particular puede practicar la aprehensión y el Ministerio Público puede solicitarla cuando no requiera realizar una investigación posterior o complementar la que tiene. Una vez solicitados se inicia con: 1. Fase de Diligencias previas a la audiencia: En donde el Ministerio público solicita la aplicación de procedimiento simplificado haciéndole saber al imputado los cargos de los que se le acusa y de todos los elementos de investigación con que el fiscal cuenta hasta el momento, sin menospreciar el derecho de defensa que le asiste al acusado, se le dará un periodo prudencial para preparar su defensa. Así mismo debe de comunicársele a la victima la decisión del fiscal y de la audiencia posterior. 2. Fase de Diligencias propias de la audiencia: Una vez en la audiencia se procede a identificar al acusado, preguntándole su nombre completo, edad estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio y lugar de residencia, si los tuviere, nombre del cónyuge, hijos y personas con las que vive, si dependen de él o están bajo su guardia. El juez le advertirá de sus derechos fundamentales y le advertirá de abstenerse a declarar, le explicara con palabras sencillas y claras los cargos que se le imputan haciéndose referencia a la fundamentación y requerimiento de llevar a juicio al imputado, también señalarán el hecho verificable y los medios de prueba con los que cuenta el Ministerio Público. En seguida, el imputado hace valer su derecho de elegir a el defensor de su confianza y si no ejerciere este derecho el tribunal le otorgará uno de oficio. Se le dará intervención a la defensa y al querellante para que presenten sus argumentos y fundamenten su pretensión. El tribunal dará intervención al querellante adhesivo, actor civil, víctima o agraviado, para que se manifiesten sobre las intervenciones posteriores. Finalmente el juez dará su decisión Página 535 de 600

debidamente razonada. Si en su caso se declara la apertura a juicio se procede conforme a las reglas del proceso común. El Procedimiento Simplificado penal en plano formal, material y garantista. En el procedimiento simplificado se encuentran varios principios y garantías, como el de legalidad ya que dicho proceso conlleva a una condena al acusado pero a la vez busca la pronta reparación de la víctima, la reinserción social del imputado, al no seguirse un procedimiento penal común que le puede conllevar años en litigio y fuertes gastos económicos, dando acceso a una forma de terminar el proceso de forma equilibrada, accesible no solo para el imputado sino para todos los sujetos procesales y sin ser menos importante se respeta el derecho de defensa ya que el imputado puede optar por un proceso penal común, si lo cree conveniente. Las garantías que asisten al procedimiento simplificado no solo se basan en la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG), sino también se dan en el ámbito internacional como lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 5 “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles e inhumanos o degradantes, en el artículo 7 “ todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley; en el artículo 10 “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”, Sin mencionar el artículo 11 en donde se plasma el principio de inocencia. De igual forma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en donde se encuentran plasmadas las siguientes garantías procesales, artículo 9 derecho a la libertad y a la seguridad personal; artículo 8 “derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral fiscal o de cualquier otro carácter”, y el artículo 14 que regula el principio de igualdad ante la ley. Entonces se puede decir que el procedimiento simplificado se fundamenta no solo en la legislación nacional con la CPRG y el CPP, sino en pactos y tratados internacionales que buscan que los fines del Estado y la justicia se cumplan, dando paso a mecanismos que concreten dichos objetivos permitiendo la evolución del derecho, de acuerdo a las necesidades de la misma sociedad. Puntos negativos, el autor Mauricio Duce: “la negociación está cada vez abriéndose más margen en el sistema como una forma de llegar a respuestas o soluciones. C. JUICIO PARA LA APLICACIÓN EXCLUSIVA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CORRECCION En primer lugar es necesario aclarar que el Código Penal a lo largo de todo su articulado únicamente se refiere a medidas de seguridad, en cambio el Código Procesal Penal a lo largo de todos sus artículos se refiere a medidas de seguridad y corrección. Que como ya lo hemos anotado con anterioridad, en honor al principio de legalidad que rige las medidas de seguridad según el Código Penal, no pueden imponerse más medias de seguridad que las establecidas en el Artículo 88, y por consiguiente en virtud de declaración de estado Página 536 de 600

de peligrosidad social de un sujeto sólo podrán imponerse las medidas señaladas por el Artículo 88 del Código Penal y dentro de ellas, la única medida de corrección es el internamiento en centro educativo. Según la propuesta contenida en esta tesis, este es el procedimiento que requiere una urgente modificación, para una verdadera protección de la sociedad. A continuación exponemos los Artículos del Código procesal penal que regulan ese procedimiento; inmediatamente hacemos las observaciones que, según nuestro particular punto de vista, le hacen deficiente. “Articulo 484 Procedencia. Cuando el Ministerio Público, después del procedimiento preparatorio, estime que sólo corresponde aplicar una medida de seguridad y corrección, requerirá la apertura del juicio en la forma y las condiciones previstas para la acusación en el juicio común, indicando también los antecedentes y circunstancias que motivan el pedido.” El Artículo transcrito impone los siguientes requisitos al procedimiento para la imposición exclusiva de una medida de seguridad. • La solicitud se centraliza en el Ministerio Público. Indica el Artículo citado que... Cuando el Ministerio Público, ..., estime que sólo corresponde aplicar una medida de seguridad y corrección, requerirá la apertura del juicio... es decir que únicamente al órgano oficial para ejercer la acción penal, corresponde pedir la aplicación de la medida de seguridad. • Debe agotarse la fase preparatoria. El procedimiento sólo se iniciará después de la fase preparatoria lo que conlleva dos inconvenientes; por una parte, como anteriormente lo estudiamos, la fase preparatoria es parte del procedimiento común, procedimiento que es aplicado a delitos de mayor gravedad en los que no es posible aplicar el juicio por faltas, tampoco alguna medida desjudicializadora, ni el procedimiento abreviado. Por otra parte, como oportunamente vimos, al analizar el procedimiento penal común, la fase preparatoria tarda hasta tres meses si el sindicado estuviere detenido; y hasta seis meses si se hubiere otorgado una medida sustitutiva y no estará sujeta a plazos cuando no hubiere prisión provisional ni medida sustitutiva. • Se tramita ante el tribunal de sentencia. Indica el Artículo que estamos comentando (484), que: “el Ministerio Público requerirá la apertura del juicio en la forma y las condiciones previstas para la acusación en el juicio común, indicando también los antecedentes y circunstancias que motivan el pedido.” Es decir que aunque se haya establecido que no habrá la imposición de una pena; en el debate debe probarse el estado de peligrosidad social del agente. Consideramos que esto es completamente antieconómico, porque de conformidad con el análisis desarrollado, el costo que conlleva realizar una audiencia ante un Tribunal de Sentencia, es de más de veinticinco mil quetzales, lo que es un derroche de recursos que serían mejor utilizados en una audiencia para juzgar un delito de alto impacto. Debe entenderse entonces que ocurrido un hecho grave, al que no puede aplicársele una medida desjudicializadora, que no es Página 537 de 600

susceptible de ser juzgado mediante el juicio por faltas, o el procedimiento abreviado, si agotada la investigación el ministerio público establece que por algún motivo no podrá imponerse la pena respectiva, llevará el caso a debate, únicamente para probar el estado de peligrosidad y que el tribunal de sentencia aplique una medida de seguridad. El siguiente Artículo que regula este procedimiento es el 485 que prescribe: “Remisión y reglas especiales. El procedimiento se regirá por las reglas comunes, salvo las establecidas a continuación: 1) Cuando el imputado sea incapaz, será representado por su tutor o por quien designe el tribunal, con quien se llevarán a cabo todas las diligencias del procedimiento, salvo los actos de carácter personal. 2) En el caso previsto en el inciso anterior, no regirá lo dispuesto para la declaración del imputado, si fuere imposible su cumplimiento. 3) El juez de primera instancia en la etapa de procedimiento intermedio podrá también rechazar el requerimiento, por entender que corresponde la aplicación de una pena, y ordenar la acusación. 4) El juicio aquí previsto se tramitará independientemente de cualquier otro juicio. Con esta norma debe entenderse que no puede tramitarse la imposición exclusiva de una medida de seguridad dentro del juicio por faltas, procedimiento abreviado, o por delito de acción privada. 5) El debate se realizará a puertas cerradas, sin la presencia del imputado, cuando fuere imposible a causa de su estado o inconveniente por razones de orden, seguridad o salud, caso en el cual será representado por su tutor. El imputado podrá ser traído al debate cuando su presencia fuere indispensable. 6) La sentencia versará sobre la absolución o sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección. 7) No serán de aplicación las reglas referidas al procedimiento abreviado. Esto no significa que en sentencia del procedimiento abreviado no pueda imponerse una medida de seguridad, sino que ni el Ministerio Público ni el sindicado, pueden admitir la aplicación de una medida de seguridad para abstraerse del proceso. “Artículo 486 Transformación y advertencia. Si después de la apertura del juicio resulta posible la aplicación de una pena, el tribunal hará las advertencias al imputado conforme las disposiciones aplicables para la ampliación o notificación de la acusación. Articulo 487 Menores. El presente capítulo no rige para los menores de edad que estarán a lo que dispone el Código de Menores respectivo; al tiempo de iniciarse la vigencia del Código procesal penal se encontraba vigente el Código de Menores Decreto legislativo 7879 que fue derogado por el decreto legislativo 78-96 Código de la niñez y la juventud, que a su vez fue derogado por la actual Ley de protección integral de la niñez y adolescencia. Decreto legislativo 27-2003. Concluimos este capítulo afirmando que aunque las medidas de seguridad pueden imponerse en cualquiera de los procedimientos penales contemplados en el Código Procesal Penal, en los que se dicta sentencia por delito o falta, todos tienen Página 538 de 600

en común que la pueden imponer hasta después de cometido el ilícito, lo que no representa una eficaz protección para la sociedad, ni para algunos de los mismos sujetos peligrosos. D. PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE AVERIGUACION La exhibición personal como presupuesto procesal para la procedencia del procedimiento especial de averiguación. El Habeas Corpus es una institución que tiene sus raíces en el derecho anglosajón y una profunda remembranza en el derecho histórico español con antecedentes lejanos como el denominado recurso de manifestación de personas del reino de Aragón y algunos en el fuero de Vizcaya y otros ordenamientos formales. La exhibición personal: Es la acción que ejercita todo individuo de cualquier edad, sexo, condición categoría, que se siente perjudicado o agraviado en su libertad individual o seguridad personal que la Constitución de la República establece, para que se resuelva si su arresto fue, es o no legal, para mantenerse o levantarse; si la amenaza a la perdida de su libertad o los vejámenes que sufriere en prisión son ilegales, o en caso contrario que se restituya en su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto, por ser contrario a la disciplina política de la nación. Procedimiento legal de una exhibición personal. a. Interposición. Es por el agraviado o por cualquier persona o de oficio de conformidadcon el Artículo 85 y 86 del Decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente. B. Tribunal competente. No obstante regirse la competencia de la Exhibición Personal por las reglas de los tribunales de amparo, por la naturaleza de la acción que es eminentemente Constitucional se puede iniciar ante cualquier tribunal de justicia, el que dictará a prevención, las providencias urgentes que el caso requiera, pasando sin demora el conocimiento del asunto con informe de lo actuado al tribunal competente. C. Tramitación. El tribunal en nombre de la república de Guatemala emite auto de exhibición y podrá comisionar a un ejecutor para que ordene a la autoridad o funcionario a presentar al ofendido, dentro de un plazo que no podrá exceder de 24 horas a partir de la petición o denuncia. (Artículos 88, 89, 91 del Decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente). Era necesario analizar brevemente aspectos generales de la exhibición personal, toda vez que finalizado el trámite de esta, sin resultados favorables, y si hubieren sospechas de que la persona a cuyo favor se solicitó sigue ilegalmente detenido, entonces podemos accionar a través del procedimiento especial de averiguación el cual se tratará a continuación. El procedimiento especial de averiguación. El código procesal penal ha creado un procedimiento específico para aquellos casos en los que la exhibición personal no ha determinado el paradero de la persona a cuyo favor se interpuso, este es el procedimiento especial de averiguación, el cual mantiene la estructura del procedimiento común en la fase intermedia y en la del juicio oral Página 539 de 600

pero introduce modificaciones en el preparatorio. Concepto. El procedimiento especial de averiguación es el medio a través del cual, se propone brindar protección contra todo uso arbitrario del poder, que conculca o pone en peligro la libertad locomotiva de las personas, después de agotada la acción de exhibición personal sin resultado positivo. Puede ser definido también como el procedimiento que se inicia ante la Corte Suprema de Justicia después de haberse declarado sin lugar una exhibición personal y se tiene conocimiento que persiste la violación ilegal y arbitraria de los derechos humanos de la persona. Trámite Legal: 1.Procedencia: Procede el procedimiento especial de averiguación cuando agotada la exhibición personal, sin resultado favorable es decir, sin hallar a la persona a cuyo favor se solicitó, habiendo existido motivos de sospecha suficientes para afirmar que ella ha sido detenida o mantenida ilegalmente en detención por un funcionario público, por miembros de las fuerzas de seguridad del estado o por agentes regulares o irregulares sin que se de razón de su paradero. 2.- Autoridad Competente: La autoridad competente para conocer de este procedimiento es la Corte Suprema de Justicia, quien para resolver sobre la procedencia de la averiguación especial, convocará a una audiencia al Ministerio Público a quien instó el procedimiento y a los interesados en la averiguación que se hubieren presentado espontáneamente. La Corte Suprema de Justicia en virtud de los medios de prueba que los interesados le presenten resuelve en deliberación privada, fundadamente sobre la prosperidad o rechazo de este procedimiento. La Corte Suprema de Justicia podrá intimar o sea hacer saber con fuerza para ser obedecido al Ministerio Público para que informe sobre el progreso y resultado de la investigación, la ley indica un plazo de cinco días el cual puede ser abreviado cuando sea necesario, o en su caso encargar la averiguación en orden excluyente a: a) Al procurador de los derechos humanos; b) A una entidad o asociación jurídicamente establecida en el país; c) Al cónyuge o a los parientes de la víctima. Resuelto esto la Corte Suprema de Justicia expedirá el mandato de la averiguación llenando los requisitos establecidos en el Artículo 469 del Código Procesal Penal para que se garantice la eficiencia de la investigación, siendo uno de los efectos el de equiparar al investigador designado a los agentes del Ministerio Público. Expedido el mandato de averiguación el investigador designado conformará su averiguación según las reglas comunes del procedimiento de preparación de la acción pública, sin perjuicio de la actividad que pudiere cumplir el Ministerio Público, el importante también le indicar que la Corte Suprema de Justicia en el mandato de averiguación indicará los plazos en los cuales se le debe presentar resultados de la investigación y también que designará el juez que debe controlar la investigación. Si existiera dentro de la investigación algún sindicado, la declaración de este solo podrá proceder por orden de juez contralor de la Página 540 de 600

investigación a pedido del investigador. La acusación será formulada por el Ministerio Público o por el investigador designado, y el procedimiento intermedio será conocido por el juzgado competente a cargo de la investigación, aquí también se aplica la regla de remisión en el sentido que cumplida la investigación se siguen las reglas del procedimiento común. La Corte Suprema de Justicia cualquiera que sea el orden en que concluya, será informada del resultado de la averiguación. Dentro de otros aspectos importantes de mencionar, están que el investigador nombrado por la Corte Suprema de Justicia puede ser removido de su cargo si no cumple diligentemente dentro de los plazos señalados por la Corte Suprema de Justicia en este caso caducará su mandato y se podrá designar otro investigador. Es importante mencionar también que a partir del auto de apertura del juicio rigen las reglas comunes, inclusive para decidir el tribunal de sentencia competente y si el investigador lo hubiere solicitado en su acusación será considerado y continuará como querellante en todo momento del procedimiento. Este procedimiento finaliza por sentencia del tribunal competente. Características. Dentro de las características más sobresalientes del procedimiento especial de averiguación están: - Que este procedimiento únicamente puede ser iniciado ante la Corte Suprema de Justicia. - Como requisito previo debe existir un resultado de una exhibición personal sin resultado favorable, con motivos de sospecha suficiente de que la persona a cuyo favor se planteo se encuentra ilegalmente detenida. - La Corte Suprema de Justicia puede nombrar como investigador al Procurador de los Derechos Humanos, al cónyuge o parientes de la víctima o a una entidad o asociación jurídicamente establecida en el país, quienes son equiparados para desempeñar su función a los agentes del Ministerio Público. - En el contenido del mandato de averiguación que la Corte Suprema de Justicia le otorga al investigador deberá designar al juez que controla la investigación. - El investigador debe informar a la Corte Suprema de Justicia, cualquiera que sea el resultado. - Dictado el auto de apertura a juicio rigen las reglas comunes, inclusive para decidir el tribunal de sentencia competente. - Si el investigador lo hubiere solicitado en la acusación continuará como querellante. - La Corte Suprema de Justicia será garante de este procedimiento y por lo mismo brindará protección a los que intervengan en el mismo. Aplicación práctica: Al expedir el mandato especial de averiguación la Corte Suprema de Justicia puede ordenar todas aquellas medidas que sean adecuadas para garantizar sin lugar a dudas que la averiguación será llevada con toda la eficiencia y seriedad a efecto de conseguir los fines pretendidos de tutelar la libertad del ciudadano Guatemalteco, persiguiendo toda conducta lesiva de la misma, que provenga de funcionarios o miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Al declarar la procedencia de la averiguación, la Corte Suprema de Justicia debe Página 541 de 600

emitir inmediatamente un mandato, en el que se debe contener instrucciones precisas que permitan al mandatario cumplir fielmente su obligación de averiguación, éstas instrucciones se constituyen esencialmente a los siguientes: a) designación de la institución o persona a quien se le encomienda la averiguación; b) identificación de la persona desaparecida, resumiéndose el hecho supuestamente cometido, motivos por los que no fructificó la exhibición personal y el fundamento de la sospecha de que determinada autoridad y en determinado lugar se retiene al desaparecido; c) indicación de que el investigador designado se haya equiparado a los agentes del Ministerio Público para esclarecer el hecho descrito y ordena a funcionarios y empleados del estado de prestar la misma colaboración respecto que al funcionario mencionado; d) expresión de los plazos en que debe presentar a la Corte Suprema de Justicia los informes del resultado de la averiguación, y designación del juez que controla la investigación. Es importante resaltar que el investigador designado esta equiparado a agentes del Ministerio Público y como tal solo a este le compete averiguar sobre el paradero del desaparecido, esto sin embargo no quita las obligaciones propias del Ministerio Público quien a su vez tendrá que realizar aquellas actividades de investigación que se le encomienden específicamente o que pudiera realizar de oficio como corresponde a los hechos penales de carácter público. Si el investigador determina la necesidad de que sea escuchado el funcionario o autoridad sospechosa deberá solicitarlo al juez que corresponda. Una vez se realiza la investigación y arroja mérito para dictar alguna medida coercitiva, la dicta el Juez que controla la investigación si el caso lo amerita, también el auto de procesamiento, para concluir con el planteamiento de la acusación. En toda la actividad de investigación, la Corte Suprema de Justicia dará al investigador designado todo el auxilio necesario para que desempeñe su función como tal. Si se planteará una controversia entre investigador y Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia resolverá convenientemente lo procedente. Respecto al procedimiento intermedio, la acusación puede ser planteada al juez de primera instancia, tanto por el investigador designado como por el Ministerio Público, situación que obliga a la apertura de la fase intermedia, sin perjuicio de que deba informarse a la Corte Suprema de Justicia, también sobre el resultado que tuvo la averiguación. El procedimiento intermedio sufre el trámite común indicado en la ley para el proceso penal común. Respecto a la fase del juicio, al concluir el procedimiento intermedio, si el Juez de primera instancia resuelve la apertura del juicio el tribunal de sentencia competente toma la secuencia procesal aplicando la normativa referida a la etapa del juicio, desarrollando la preparación del debate, el debate y dicta la sentencia correspondiente. Juicio para la aplicación exclusiva de medidas Página 542 de 600

de seguridad y corrección. Concepto: Es un juicio contradictorio, similar al común y con las mismas garantías en donde se resuelve la aplicación de una medida de seguridad y corrección en vez de una pena al imputado. Tradicionalmente la declaración de inimputabilidad por enfermedad mental, desarrollo psíquico incompleto o retardado o de trastorno mental transitorio no estaba rodeada de garantías suficientes. Cuando se sospechaba que una persona de estas características había cometido un hecho delictivo, se declaraba la inimputabilidad y sin más trámite se le dictaba una medida de seguridad sin detenerse a verificar si efectivamente era la autora. En la legislación procesal penal guatemalteca derogada se tomaba abandonada en la práctica del proceso penal contra inimputables, todas las garantías y derechos pensados para los imputables tales como el principio de inocencia, defensa en juicio, porque en la mayoría de casos no existía una persona que los hiciere efectivos. Nuestro actual Código Procesal Penal trata de tener una vigencia absoluta y mas estricta en el proceso para la aplicación de medidas de seguridad y corrección por lo que su finalidad es la de realizar una vigilancia más estricta en la vigencia de las garantías judiciales, aumentando las posibilidades reales de defensa del imputado cuando sea incapaz permitiendo que el mismo sea representado por el tutor o por quien designe el tribunal. Trámite legal. El juicio especifico para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección sigue básicamente las reglas del procedimiento común. Es el Ministerio Público el que después del procedimiento preparatorio estima que solo corresponde aplicar una medida de seguridad y corrección, requiere la apertura del juicio en la forma y las condiciones previstas para la acusación en el juicio común, indicando también los antecedentes y circunstancias que motivan el pedido. El procedimiento se regirá por las reglas comunes salvo las establecidas siguientes: - En caso ser incapaz el imputado será representado por su tutor o persona que designe el tribunal. - Si el juez de primera instancia en la etapa del procedimiento intermedio considera que le corresponde la aplicación de una pena rechazará el procedimiento y ordenará que el Ministerio público formalice acusación - El juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección se tramitará independientemente a cualquier otro. - Por situaciones especiales el debate se realizará a puerta cerrada, sin presencia del imputado, salvo el caso cuando su presencia sea indispensable. La sentencia versará sobre la absolución o sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección. - Las reglas del procedimiento abreviado no se aplicará en este trámite. - En ningún caso este procedimiento se podrá aplicar a los menores de edad, quienes tienen su propia legislación. E. PROCEDIMIENTO PARA DELITOS MENOS GRAVES El objeto del procedimiento de delitos menos graves, es darle competencia a los Juzgados de Paz, para que conozcan delitos con prisión que Página 543 de 600

se consideran que no son de gravedad o impacto social, a efecto de agilizar en los Juzgados de Primera Instancia Penal, los procesos que son de trascendencia y que por el impacto social del asunto, deben de resolverse con mayor celeridad, sin que otros procedimientos no graves impidan su prosecución y pronta resolución. Algunos delitos menos graves regulados en el código penal: *Suposición de muerte, Artículo 130 del código penal. *Aborto Procurado, artículo 134 del código penal. *Lesiones leves, artículo 148 del código penal. *Maltrato contra personas menores de edad, artículo 150 bis del código penal. *Injuria, Articulo 161 del código penal. *Exhibicionismo Sexual, artículo 188 del código penal. *Allanamiento, artículo 206 del código penal. *Inducción al abandono del hogar, articulo 212 del código penal. *Turbación de actos de culto, articulo 224 del código penal. *Matrimonio ilegal, artículo 226 del código penal. *Negación de asistencia, articulo 242 del código penal. *Alteración de linderos, artículo 258 del código penal. *Incendio y Estrago culposo, articulo 285 del código penal. Artículo 465 Ter. Procedimiento para delitos menos graves. Código Procesal Penal. El procedimiento para delitos menos graves constituye un procedimiento especial, que se aplica para el juzgamiento de delitos sancionados en el Código Penal con pena máxima de cinco años de prisión. Para este procedimiento son competentes los jueces de paz, y se rige, aparte de las normas procesales generales, por las especiales siguientes: 1. Inicio del proceso: El proceso da inicio con la presentación de la acusación fiscal o querella de la víctima o agraviado; 2. Audiencia de conocimiento de cargos: Esta audiencia debe realizarse dentro de los diez (10) días de presentada la acusación o querella, convocando al ofendido, acusador, imputado y su abogado defensor, desarrollándose de la siguiente manera: a. En la audiencia, el juez de paz concederá la palabra, en su orden, al fiscal o, según el caso, a la víctima o agraviado, para que argumenten y fundamenten su requerimiento; luego al acusado y a su defensor para que ejerzan el control sobre el requerimiento; b. Oídos los intervinientes, el juez de paz puede decidir: I. Abrir a juicio penal el caso, estableciendo los hechos concretos de la imputación; II. Desestimar la causa por no poder proceder, no constituir delito o no tener la probabilidad de participación del imputado en el mismo; c. Si abre a juicio, concederá nuevamente la palabra a los intervinientes a excepción de la defensa, para que en su orden ofrezcan la prueba lícita, legal, pertinente e idónea a ser reproducida en debate, asegurando el contradictorio para proveer el control de la imputación probatoria. Seguidamente el juez de paz decidirá sobre la admisión o rechazo de la prueba ofrecida, señalando la fecha y hora del debate oral y público, el que debe realizarse dentro de los veinte días siguientes a la audiencia en que se admite la prueba; d. Las pruebas de la defensa, cuando así se pida en la audiencia, serán comunicadas al juzgado por lo Página 544 de 600

menos cinco días antes del juicio donde serán puestas a disposición del fiscal o querellante; e. A solicitud de uno de los sujetos procesales, se podrá ordenar al juez de paz más cercano, que practique una diligencia de prueba anticipada para ser valorada en el debate. 3. Audiencia de debate: Los sujetos procesales deben comparecer con sus respectivos medios de prueba al debate oral y público, mismo que se rige por las disposiciones siguientes: a. Identificación de la causa y advertencias preliminares por parte del juez de paz; b. Alegatos de apertura de cada uno de los intervinientes al debate; c. Reproducción de prueba mediante el examen directo y contraexamen de testigos y peritos, incorporando a través de ellos la prueba documental y material; d. Alegatos finales de cada uno de los intervinientes al debate; e. Pronunciamiento relatado de la sentencia, inmediatamente de vertidos los alegados finales, en forma oral en la propia audiencia; En todos estos casos, cuando se trate de conflictos entre particulares, el Ministerio Público puede convertir la acción penal pública en privada." Artículo 466. Efectos. Código Procesal Penal. Contra la sentencia será admisible el recurso de apelación, interpuesto por el Ministerio Público, o por el acusado, su defensor y el querellante por adhesión.

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VIII.CRIMINALISTICA 1. DEFINICION DE CRIMINALISTICA: Es la ciencia que aplica heterogéneos conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias, con el propósito de descubrir y verificar el cuándo, el dónde, el quién y en qué circunstancias acaeció un hecho o dejó de acaecer. 2. ESCENA DEL CRIMEN: es el lugar donde los hechos sujetos a investigación fueron cometidos, los rastros y restos que quedan en la victima y victimario y en algunos casos en personas (testigos, cómplices, encubridores, coautores o cualquier otra persona) presenciales de los hechos u omisiones. 3. CLASES DE ESCENA DEL CRIMEN: La escena del crimen y zonas aledañas: No existe una norma que establezca la dimensión de una escena del crimen, ello dependerá del hecho, modo y circunstancias en que fue cometido. Es importante al determinar la dimensión de la escena, las zonas aledañas, ya que en esos lugares pueden existir indicios que por no tomarse en cuenta en el momento oportuno, se pueden perder o contaminar. La escena del crimen por su forma se podría clasificar en lnternas y externas, estas dependerán si el crimen fue cometido en el interior de un inmueble, casa de habitación o negocio; o bien en sus afueras. Las abiertas y cerradas. Si la escena es aire libre se le llama abierta, si es un lugar protegido del medio ambiente, recibe el nombre de cerrada. Las grandes y pequeñas, las cuales se pueden clasificar de esta forma, dependiendo de su dimensión y por último las simples y complicadas, a las que se les llama simples a aquellas escenas en que no se requiere mayor tiempo de trabajo, técnicas y peritos. Las complicadas requieren mejor equipo de trabajo, esfuerzo y especialización. De principio no existe una escena del crimen simple, sin importar el tipo de delito, ya que siempre deberá trabajarse con empeño, para poder recolectar el mayor número de indicios. El investigador en una escena del crimen en delitos patrimoniales, sin importar su dimensión y forma, debe buscar todo tipo de indicio que le ayude a esclarecer el hecho delictivo. Siempre se debe iniciar por buscar huellas o impresiones dactilares ocultas o poco visibles, ya que éstas se pueden perder fácilmente o bien si se dejaran por último se podrían Página 546 de 600

confundir con alguna dejada sobre alguna superficie correspondiente al personal que trabajó la escena. El resultado del estudio de huellas dactilares, es determinante porque a través de él se establece qué persona estuvo en el lugar del hecho, antes o durante la comisión delito. Cualquier detalle por pequeño que sea puede resultar un elemento útil a la investigación; desde los que puedan pasar inadvertidos como por ejemplo, un botón de saco, una colilla de cigarro, etc.; hasta las más evidentes como armas de fuego, herramientas utilizadas para forzar una chapa o mueble, sangre, entre otros. Nada debe pasar por inadvertido, una prenda de vestir, huellas de neumáticos, vidrios fracturados, vehículos que se encuentren en el lugar deben tomarse en cuenta y ser estudiados de forma científica. Principalmente debe tomarse en cuenta todo indicio al que se le pueda realizar análisis de ADN, por medio del cual se identificaría plenamente al responsable del delito, tales como manchas de sangre, cabellos, semen, que puedan ser localizados en la escena del crimen, que permitan la individualización del sujeto activo del delito. 4. PROCESAMIENTO DE LA ESCENA DEL CRIMEN: Escena del Crimen: No existe norma que pueda definir con exactitud las dimensiones de la Escena del Crimen; pero por lo general, es considerada solamente el punto o lugar donde se ha llevado a cabo el evento delictivo, sin embargo, el término es más amplio y debe incluir también las zonas circundantes por la que haya pasado el posible autor o la víctima al dirigirse al lugar o retirarse del mismo; pues en dichas zonas pueden haberse producido descuidos por parte del agente delictivo y haber dejado huellas de importancia criminalística que prueben más adelante su culpabilidad, consiguientemente, la Escena del Crimen debe comprender el lugar donde se ha cometido el delito y la zona circundante a ésta. Tipos de escenas del crimen: En la actualidad se conocen cinco tipos o modalidades de escenas del delito, siendo éstas las siguientes: 1 Escena abierta: Que se caracteriza por estar situada al aire libre y expuesta a las inclemencias del medio ambiente y de las personas. (Vía pública, parques, estadios, playas, predios baldíos, etc.) 2 Escena cerrada: Se denomina así al lugar del hecho que se encuentra delimitado generalmente por paredes y bajo techo. (Ej. viviendas, locales, moteles, etc.) 3 Escena mixta: Es la que presenta evidencias relacionadas, en un sitio cerrado y otro abierto y que corresponden a un mismo hecho. (Ej. Interior y patio de una vivienda) 4 Escena prolongada: Es la que inicia en un lugar y termina en otro en forma continua sin interrupción, en los cuales hay indicios y/o evidencias relacionadas al mismo hecho y a los mismos protagonistas. 5 Escena de liberación: Es el lugar diferente a la escena original, en la que el delincuente abandona o se deshace de la evidencia que pudiera incriminarlo o relacionarlo con el hecho delictivo. Esta escena también se conoce como “lugar del hallazgo”, es decir, el sitio donde se encuentran evidencias relacionadas al hecho delictivo, sin que necesariamente sea éste donde se originó el crimen o donde finalizó. Es importante señalar que cualquiera de las anteriores escenas del delito está expuesta a una alteración, lo que podría tratarse de un escenario elaborado a propósito por el criminal, con el objeto de dejar su propia marca, su firma o simplemente retrasar u Página 547 de 600

orientar equivocadamente la investigación. Aspectos operativos a seguir por el fiscal: La protección de la escena del crimen inicia con las medidas que adoptan las y los primeros agentes policiales que llegan al lugar de los hechos, verificando y confirmando la noticia criminal. La protección debe mantenerse sin interrupción hasta que la o el Fiscal responsable del procesamiento considere finalizada la diligencia. a. Entrevistar al policía que protege la escena y solicitarle el reporte de novedades. b. Determinar un puesto de mando en coordinación con el equipo multidisciplinario (PNC, DEIC, DICRI). c. Observar en el área circundante a la escena y tomar nota de aquello que le parezca sospechoso o relevante. d. Trasladar a las o los testigos y/o víctimas a la oficina principal o aislarlos procurando la seguridad de los mismos. e. Verificar la identidad de la víctima y solicitar informe sobre sus antecedentes. f. Coordinar la Realización de capturas por flagrancias cuando sea necesario y procedente a través de PNC. g. Dejar constancia, mediante acta, del procesamiento de la escena del delito, así como de los eventos que se presenten durante la misma, de toda la evidencia física recuperada y de los análisis requeridos por parte del personal fiscal; la cual deberá ser firmada por todos los intervinientes. Partes de la escena del crimen: normalmente se establecen 4 áreas de estudio: epicentro: es el sitio más rico en indicios, en él suelen encontrarse el cadáver, el arma o cualquier otro elemento relevante para la investigación (por ejemplo, una caja fuerte en caso de robos). Ruta de acceso: es el lugar por donde el delincuente llego hasta el núcleo de la escena. Casi siempre son puertas, ventanas, pasillos y escaleras. Los indicios hallados en estos lugares son valiosos, porque por lo general los delincuentes prestan más atención a borrar sus huellas en el núcleo que en las rutas de acceso. Ruta de escape: es el lugar por donde abandona el sitio de los hechos. Se suele suponer que corresponde a la misma ruta de acceso, pero no siempre se da esta conjunción, por lo que el investigador debe suponer al inicio de sus indagaciones que son diferentes. En muchas ocasiones la ruta de escape es rica en indicios, porque en la huída el malhechor suele descuidarse debido al nerviosismo o al temor de ser sorprendido infraganti. Área circundante: es un perímetro alrededor de la zona donde es posible encontrar otros indicios. La extensión de esta área depende de las circunstancias de cada caso. Lo ideal es comenzar con una zona amplia que luego se irá delimitando, así se evita la perdida de indicios que se encuentren alejados del núcleo. Métodos de búsqueda en la escena del crimen: 1. Método de Cuadros: Consiste en dividir dos o más cuadrantes con tiza o crayón para realizar el registro del lugar, metódicamente cuadro por cuadro, asignando un número y/o letra a cada uno de los cuadrantes. Así, si se dispone de personal suficiente se puede responsabilizar a cada uno de ellos de la parte que le corresponda. Es un método recomendado para lugares cerrados como el caso de una habitación, baño, cocina, etc. 2. Método Lineal o Peine: El personal ingresará en fila al lugar del registro por uno de los extremos, para luego avanzar paralelamente hasta el extremo opuesto. Luego gira siempre en fila hacia uno de los lados y dando vuelta regresa sin dejar terreno por registrar. En esta forma peina toda la escena. Este método es recomendado para campo abierto, pero también es útil en campo cerrado. Página 548 de 600

3. Método Espiral o Reloj: El personal ingresa a la escena del delito haciendo círculo del exterior hacia el interior, utilizando dos o más peritos en línea, uno al costado del otro encargándose cada uno del sector que le corresponde. Al llegar al centro pueden regresar en sentido contrario, repasando nuevamente su recorrido para asegurarse que no ha quedado lugar alguno sin ser registrado. Es recomendado para campo abierto. 4. Método Directo: El perito se desplaza indistintamente por la escena sin hacer ninguna figura geométrica. Se usa para casos sencillos o lugar cerrado, en todo caso, dependerá del tipo de delito. 5. Método por Zonas: Se divide por zonas de importancia: - Zona "A": es el foco y la de mayor importancia. - Zona "B": es la zona adyacente al foco. - Zona "C": la del tercer orden en importancia. También puede dividirse de acuerdo a la infraestructura del lugar (sala, comedor, cocina, baño, pasadizo, escape, etc.). 6. Método por Franjas: Es un "doble peine" por ejemplo: primero se peina de sur a norte y luego de oeste a este. Es recomendado para escenas grandes y en campo abierto. Inclusive se puede utilizar bicicletas, motos u otros vehículos que permitan el desplazamiento personal. 7. Método del Abanico: Es el método más práctico. Se ingresa por un extremo y se abanica con la vista el piso, paredes y techo, avanzando sistemáticamente. La utilización de los métodos seria lados, tiene como finalidad, realizar una inspección criminalística ordenada, eficaz y profesional con el prop6sito de no dejar espacios sin registrar y par lo tanto evidencias sin hallar. 5.

METODOS DE BUSQUEDA DE EVIDENCIA: la investigación en la escena del crimen es determinante para responder las preguntas básicas y encontrar indicios de quien pudo cometer el delito. La búsqueda o rastreo debe ser debidamente planificada, organizada, ordenad, sistemática, ejecutada, coordinadamente, para no contaminar, alterar, perder indicios e información valiosa y no desperdiciar o duplicar esfuerzos. observe con todos los sentidos ( ver, oler, sentir, oír) sea criticó, visualice que sucedió formule una hipótesis, no asuma asegúrese de revisar en detalle de manera sistemática para no dejar pasar nada, así por ejemplo observar siempre de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, dividir por áreas y segmentos paredes, piso, techo, gradas entre otros. Él fiscal debe hacer una valoración inicial y discutir con el equipo el tipo de rostro, indicio o evidencia que es posible encontrar o es necesario buscar de acuerdo al tipo de hecho de escena. Debe planificar los métodos y técnicas de búsqueda y discutirlas con el equipo. a) Método de Franjas o Líneas: un metodo apropiado para areas otorgadas como zanjas o carreteras. Uno o mas investigadores trabajan desde un punto conocido hasta otro punto conocido exelente para las areas boscosas.

b) Método de Rejas o cuadricula: este método es parecido al de franjas, brinda doble cobertura al cubrir dos direcciones ( norte a sur y este a oeste) se suele usar

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en áreas mas restringidas para localizar objetos mas pequeños, así como en la antropología forense.

c) Método de Espiral o Circular de Círculos concéntricos: Se realiza la búsqueda de izquierda a derecha o viceversa. empiece en el centro y vaya girando en torno a un punto fijo extendiendo el radio de búsqueda en la siguiente pasada o viceversa. se utiliza en escenas a campo abierto como escenas cerradas. en lugares abiertos se inicia la búsqueda dirigida la vista de la periférica al centro, en forma espiral hasta llegar al centro mismo del lugar de los hechos o viceversa. la búsqueda en forma de círculos concéntricos, en todo el lugar de los hecho, en lugares cerrados, se realiza la búsqueda de afuera hacia adentro, en lugares abiertos, al contrario. LO IMPORTANTE ES NO DEJAR INADVERTIDA NINGUNA AREA.

d) Sistema de Zonas, Sectores o cuadrantes: algunos lo consideran no como un metodo o sistem, sino una forma de dividir un area, es muy util para enfocarse en areas especificas se puede usar un grupo para revisar el sector ´a´ y otro para el sector ´b´, luego cada grupo se desplaza a otro sector.

6. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ALLANAMIENTO, INSPECCION Y REGISTRO: Previo a realizar un allanamiento se debe tomar en cuenta: 1. Información inicial del hecho a investigar. 2. Confiabilidad de la información. 3. Delito imputado y personas sospechosas. 4. Identificar el lugar a allanar: si no se cuenta con dirección exacta, es necesario tener al menos: # de contador, puntos de referencia cercanos, nombre popular que pudiera tener la casa, el lugar o su entorno, entre otros. Es importante la discrecionalidad. Hay que indicarle al juez: 1. El motivo y necesidad de la diligencia. 2. El presunto delito. 3. Identificar a sospechosos, si se tuviesen. 4. Describir que se pretende encontrar. 5. Dirección exacta / identificación del inmueble. Es importante presentar en la audiencia el Página 550 de 600

informe de investigación policial, declaración de los agentes y cualquier otra investigación preliminar. Durante la diligencia se puede ordenar que no se ausenten los moradores, se debe evitar el uso de la fuerza, se debe entregar una copia de la orden al morador, el fiscal debe presenciar el registro. Art 147 CPP. a. DILIGENCIAS PREVIAS*: Se deben realizar las diligencias de investigación que permitan la individualización del sujeto activo y del lugar en donde podría ubicarse, se debe individualizar y describir bien el lugar en donde podría localizarse cualquier vestigio del delito y la persona que lo pudo haber cometido, con descripción detadallada del lugar, numero de contador y cualquier otra descripción que pueda individualizar el inmueble. Se debe acudir ante el juez que tiene el control jurisdiccional a efecto de que emita una autorización para el ingreso al inmueble. b.PROCESAMIENTO: durante el procesamiento se debe de hacer el llamado en el inmueble, reunir a todos los moradores en un solo lugar, pedir a uno de los moradores que acompañe en el diligenciamiento de la inspección, se debe de nombrar a las personas (agentes de PNC) que colaboraran con la inspección a efecto de no tener mucha mas gente de la necesaria en el inmueble, se le notifica el motivo de nuestra presencia por lo que debe de firmar una copia de la orden judicial y se le debe de dejar una copia, al finalizar la diligencia se debe hacer constar mediante acta ministerial todo lo acontesido en la diligencia, asi como se debe detallar cada uno de los indicios que se pudieron haber recolectado dentro del inmueble y se le debe de notificar, (si se localiza en el interior) a la persona sobre la que recaiga orden de aprehensión a efecto de que la PNC proceda con su captura y posterior traslado a donde corresponda, al finalizar el acta deben de firmar todos los comparecientes y si no lo hacen el motivo por el cual no firma. c. DILIGENCIAS POSTERIORES*: Se debe informar al juez sobre el resultado de las diligencias realizadas y la convalidación de las evidencias recolectadas. *regulado en el articulo 187-199 y 206 CPP 7. DILIGENCIAMIENTO DE LA ORDEN DE SECUESTRO: regulado en los artículos 200,201,202,203,204 CPP 8. TECNICAS DE INVESTIGACION CRIMINAL: La investigación criminal es el proceso tendiente a comprobar la existencia de un delito y la responsabilidad del autor. Tanto uno como el otro conlleva a realizar una investigación y esta deberá ser llevada a cabo por un investigador. La investigación criminal, entonces, resulta ser un procedimiento científico que hace acopio de las distintas ramas científicas que pueden aportar al conocimiento y explicación de los hechos criminales, en donde a partir de los indicios encontrados en la escena del crimen, permiten establecer el modus operandi del victimario, la forma en que se produjo el hecho delictivo, el tipo de arma utilizada, las características del agresor, así como los elementos que permitan su persecución y captura. La técnica de la observación: Es la técnica de campo que tiene por objeto detectar en el Página 551 de 600

lugar de los hechos o escena del crimen los aspectos objetivos que permitan obtener rastros del ilícito que se debe investigar. La observación puede ser participativa o no participativa. La observación participativa es aquella en la que el investigador se inserta en el grupo social que estudia y toma parte en la vida del grupo. Un ejemplo en el caso de la investigación criminal sería convivir durante un tiempo con los miembros de una pandilla juvenil. La observación no participativa es aquella mediante la cual el investigador observa desde fuera el fenómeno que estudia. Aquí el investigador asiste como público a un hecho con consecuencias jurídicopenales. “Al practicar la observación, conviene estar consciente de la participación que pueden tener los elementos subjetivos dentro del investigador…De todos modos hay que tener en cuenta que, todas las observaciones han de estar a favor o en contra de algún punto de vista, para que sean de alguna utilidad. La técnica de la entrevista: La entrevista es un contacto personal que tiene por objeto el acopio de testimonios orales. De acuerdo con el número de las personas entrevistadas, la entrevista puede ser considerada como individual o colectiva. La entrevista colectiva puede tener por objeto el contacto de todas las personas afectadas por una situación o con un número representativo de ellas. “De acuerdo con el número de las personas entrevistadas en una misma sesión, las entrevistas pueden dividirse en personales o de grupo. Las primeras son más útiles para el acopio de información confidencial, que el informante no proporcionaría en público. La segunda puede ser más útil cuando el informante se siente obligado a decir la verdad frente a testigos. Asimismo, de acuerdo con la estructuración de la entrevista, ésta podría clasificarse como libre o dirigida. En el primer caso el entrevistador conduce la entrevista en una forma más espontánea para el entrevistado. En la segunda, el cuestionario propone un número fijo de preguntas. La primera permite profundizar más en la mente del entrevistado. La segunda facilita la comparación de las respuestas.” 27 En relación con el número de veces que una misma persona puede ser entrevistada, las entrevistas pueden considerarse como únicas y repetidas. Las primeras representan la ventaja del ahorro que implica y la posibilidad de reducir al mínimo las molestas ocasionadas al entrevistado. Las segundas permiten mayor posibilidad de verificación, así como la observación de cambios en el desarrollo de las situaciones. Cuando las entrevistas son numerosas, y se requiere de los servicios de un equipo, éste debe ser seleccionado, además, de acuerdo con su experiencia y su habilidad para seguir instrucciones. El equipo debe ser entrenado y controlado, con objeto de que los resultados sean comparables. El investigador criminal puede entrevistar al sindicado, a la víctima si es posible, a los testigos y a informantes de acuerdo al tipo de delito que esté investigando y los objetivos que persigue en función de la línea de investigación que ha definido llevar a cabo para la averiguación del hecho señalado como delito, las circunstancias en que pudo haberse cometido y la posible participación del sindicado. La técnica de la investigación documental: Esta técnica consiste en la búsqueda de información secundaria, la cual ha sido procesada por terceras personas, las cuales han dejado testimonio de los resultados por escrito. Con esta técnica es posible conocer los informes de los peritos, los dictámenes de Página 552 de 600

expertos, las conclusiones de una investigación teórica o empírica que no ha sido publicada, lo informado por un testigo, los resultados obtenidos en otra época sobre un caso similar al que se está investigando y otra serie de información que permita recabar datos, hechos, indicios o elementos orientados hacia el esclarecimiento del hecho sometido a investigación. 9. METODOS ESPECIALES DE INVESTIGACION: La Ley Contra la Delincuencia Organizada busca establecer tipos penales que pueden atribuirse a los integrantes y/o participantes de las organizaciones criminales (establecidas en ella), el establecimiento y regulación de los métodos especiales de investigación, así como aquellas medidas con el fin de prevenir, combatir, desarticular y erradicar la delincuencia organizada en Guatemala, en seguimiento a lo establecido por la CPRG, tratados internacionales suscritos por Guatemala en la materia y demás normativa interna. Por ello, cabe concluir que esta legislación señala la diferencia entre la persecución del crimen común y el crimen organizado; distinguiendo el tratamiento investigativo que se hace a alguien que comete un acto delictivo común de aquel que comete un delito y forma parte del crimen organizado, dicho contraste esencialmente radica en los medios de investigación utilizados durante la investigación preliminar. La ley les denomina a los medios de investigación en los delitos cometidos por parte del crimen organizado “métodos especiales de investigación”, los cuales son: a) Operaciones encubiertas; b) Entregas vigiladas; e, c) Intercepciones telefónicas y otros medios de comunicación. El agente encubierto - Operaciones encubiertas (artículo 21 al 34, LCDO) Las operaciones encubiertas son aquellas realizadas por agentes encubiertos que tienen como fin la obtención de información o evidencias que permitan procesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su desarticulación, mediante el diseño de estrategias eficaces bajo el control del MP. Para llevar a cabo una operación encubierta se debe contar con la autorización y supervisión del MP, y estará bajo su responsabilidad. La autorización corresponde al Fiscal General de la República y Jefe del MP, las cuales tendrán como tiempo máximo seis meses, pudiendo renovarlo de ser necesario sin que el plazo total de la operación exceda de un año. La solicitud de la operación encubierta deberá hacerse por escrito y deberá contener: a) Descripción del hecho que se investiga indicando el o los posibles delitos en que incurre. b) Antecedentes que permitan presumir que la operación encubierta facilitará la consecución de los objetivos que se persiguen; la justificación del uso de esta medida fundamentando su necesidad por la probabilidad que el sistema ordinario de investigación no logrará la obtención de la información necesaria. c) En términos generales, las actividades que el agente encubierto desarrollará para la obtención de la información y los métodos que se utilizarán para documentar la información recabada. d) La identidad ficticia que asumirán y las funciones de los agentes encubiertos que intervendrán en la operación; la identidad real será únicamente del conocimiento del fiscal encargado del caso. e) En plica cerrada la identidad real del agente encubierto, la que quedará al resguardo del Fiscal General de la República y Jefe del MP sin que este pueda conocer el contenido, salvo caso necesario al darse por terminada la Página 553 de 600

operación. f) Cuando se conozca, el nombre, sobrenombre o cualquier otra circunstancia que permita identificar a las personas o integrantes presuntamente vinculadas a la organización criminal o las operaciones ilícitas de las mismas. El Fiscal General de la República y Jefe del MP deberá conocer y resolver en forma inmediata la solicitud planteada por el fiscal. La resolución deberá ser fundada y en caso de autorizarse deberá contener: a) La determinación de los agentes encubiertos que participarán en la operación. b) Indicación de las actividades generales que se autoriza realizar durante la operación encubierta y los métodos que se utilizarán para documentar la información que proporcionen los agentes encubiertos. c) El objeto y plazo por el cual se autoriza la operación encubierta. d) La obligación del fiscal de informar verbalmente cada 30 días al Fiscal General de la República y Jefe del MP sobre el desarrollo de las actividades realizadas por los agentes encubiertos, para verificar si la medida está cumpliendo con la finalidad perseguida y con las reglas establecidas en la ley para la utilización de la medida. e) La prohibición expresa de que los agentes encubiertos provoquen la comisión de delitos para lograr una eventual detención o procesamiento de cualquier persona. De las operaciones encubiertas quedan prohibidas y excluidas de las siguientes actividades: 1. La provocación de delitos. 2. Las operaciones que se hagan fuera de las acciones y planificaciones en la fase de investigación. Se debe entender por agentes encubiertos a los funcionarios policiales especiales que voluntariamente, a solicitud del MP, se les designe una función con la finalidad de obtener evidencias o información que permitan descubrir y procesar a los miembros de grupos delictivos organizados. Podrán asumir transitoriamente identidades y roles ficticios; actuar de modo secreto y omitir la realización de los procedimientos normales de su cargo ante la comisión de delitos, en los casos asignados a ellos, con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de integrantes de dichas organizaciones. Están facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del imputado o los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o transacciones. Igualmente, si encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la operación, información útil para los fines de la operación, lo hará saber al fiscal encargado de la investigación para que este disponga el desarrollo de una operación especial, para la recopilación de la información y los elementos materiales o evidencia física encontrados. Durante la operación encubierta los fiscales deberán documentar la información que reciban de forma verbal por los agentes encubiertos. Esta podrá obtenerse mediante seguimientos, vigilancias, grabaciones de voces de las personas investigadas, la utilización de micrófonos u otros mecanismos que permitan tal finalidad, fotografías, grabaciones de imágenes u otros métodos técnico científicos que permitan verificar la información proporcionada por los agentes encubiertos. Un tema importante en este tipo de investigación es la exención de la responsabilidad del agente encubierto, estará exento de responsabilidad penal, civil y administrativa cuando incurra en actividades ilícitas necesarias para el cumplimiento de su cometido, siempre que reúnan las siguientes condiciones: Esto tiene como excepción cuando los Página 554 de 600

agentes encubiertos tuvieren conocimiento de la futura comisión de delitos contra la vida, plagio o secuestro, tortura, lesiones específicas, graves o gravísimas, delitos de violación y abusos deshonestos; en este caso deberán ponerlo en conocimiento inmediato de las autoridades respectivas a efecto de evitar la comisión de los mismos (artículo 25) a. Que su actuación cuente con la autorización previa del Fiscal General de la República y Jefe del MP. b. Que su actividad esté dentro de los lineamientos determinados por el Ministerio Público en el ejercicio de la dirección de la investigación. c. Que el agente encubierto informe periódicamente al fiscal encargado del caso y a sus superiores, sobre los actos y diligencias que realice y el resultado de los mismos. d. Que sus actividades no estén orientadas a ocultar, destruir o alterar evidencias de la actividad de la organización criminal, o a encubrir fallas en el operativo o en la actuación de sus superiores u otros agentes. e. Que el agente encubierto no motive, induzca o provoque la comisión delictiva de algún miembro de la organización criminal o de otras personas. f. Que las actividades no estén orientadas al lucro o beneficio personal del agente encubierto o de sus parientes dentro de los grados de ley. g. Que las actividades no consistan en los siguientes hechos punibles: Delitos contra la vida, plagio o secuestro, tortura, lesiones específicas, graves o gravísimas, delitos de violación y abusos deshonestos. El agente encubierto que cometa delito por extralimitarse en las actividades generales a que está autorizado, será sancionado con la pena señalada para el delito cometido aumentada en una cuarta parte. Los agentes fiscales serán los responsables de la dirección, desarrollo y documentación de la operación encubierta. Si detectaren desviaciones o abusos en el desarrollo de la operación por parte de los agentes encubiertos, deberán suspender inmediatamente la operación e informar al Fiscal General de la República y Jefe del MP los motivos de la misma y, si fuere procedente, deberá formular la acusación respectiva para el procesamiento del agente encubierto. Con relación al control administrativo, es el Ministro de Gobernación el superior jerárquico responsable de ejercer dicho control sobre el personal que desempeña funciones de agente encubierto, quedando el control de la información e investigación con exclusividad al Fiscal General de la República y Jefe del MP y al agente fiscal respectivo. Al momento de que la información otorgada por el agente encubierta sea utilizada para la acusación de una persona, a partir de la primera declaración, el imputado o su defensor podrá revisar el expediente que deberá contener la documentación de la información recabada durante la operación encubierta, con el objeto de constatar si en el procedimiento y en los actos realizados no se vulneraron los derechos y garantías del imputado y si se respetó el contenido de la LCDO. Entregas vigiladas (artículos 34 al 47 de la LCDO) Se entenderá por entrega vigilada el método de investigación que permite el transporte y tránsito de remesas ilícitas o sospechosas, así como de drogas o estupefacientes y otras sustancias, materiales u objetos prohibidos o de ilícito comercio, que ingresen, circulen o salgan del país, bajo la estricta vigilancia o seguimiento de las autoridades correspondientes. Este método se utilizará con el fin de descubrir las vías de tránsito, el modo de entrada y salida del país, el sistema de distribución y comercialización, la obtención Página 555 de 600

de elementos probatorios, la identificación y procesamiento de los organizadores, transportadores, compradores, protectores y demás partícipes de las actividades ilegales. Durante el desarrollo de operaciones encubiertas, el Fiscal General de la República y Jefe del MP, a requerimiento y bajo la responsabilidad del agente fiscal encargado del caso podrá autorizar que uno o más agentes encubiertos pongan a circular dentro de un grupo delictivo organizado, drogas o estupefacientes, así como otras sustancias, materiales u objetos prohibidos o de ilícito comercio, a efecto de descubrir el funcionamiento y operación de dichas organizaciones y obtener la demás información que se persigue mediante la utilización de las entregas vigiladas. Las entregas vigiladas deberán ser realizadas por un equipo especial formado por personal de la PNC, bajo la supervisión y dirección estricta del MP, y serán periódicamente evaluados con métodos científicos para garantizar su idoneidad en el ejercicio de dichas actividades. Los agentes fiscales encargados del caso deberán solicitar por escrito y bajo su responsabilidad, ante el Fiscal General de la República y Jefe del MP, la autorización de la entrega vigilada, quien deberá resolver inmediatamente. Dicha solicitud deberá contener: a. Descripción del hecho que se investiga indicando el o los delitos en que se encuadran los mismos. b. Los antecedentes que permitan presumir que la entrega vigilada facilitará la consecución de los objetivos perseguidos. c. La justificación del uso de esta medida fundamentando su necesidad por la probabilidad que el sistema ordinario de investigación no logrará la obtención de la información necesaria. d. En términos generales, los métodos que se desarrollarán para documentar la información de la entrega vigilada. e. Cuando proceda, el detalle de las sustancias, bienes u objetos de ilícito comercio que se pondrán a circulación, indicando con precisión las cantidades de los mismos, y la justificación de los resultados que se pretenden alcanzar. Cuando esto no sea posible porque dichas sustancias, bienes u objetos no serán puestos en circulación por agentes encubiertos, deberá indicarse en términos generales la clase de sustancias o bienes que se dejarán circular para el alcance de los fines de la entrega vigilada. Será competente para la autorización de entregas vigiladas, bajo su responsabilidad, el Fiscal General de la República y Jefe del MP, quien deberá dictar su resolución debidamente fundamentada, determinando los siguientes puntos: a. Descripción del hecho que se investiga. b. La justificación del uso de esta medida fundamentando su necesidad por la probabilidad que el sistema ordinario de investigación no logrará la obtención de la información necesaria. c. En términos generales, los métodos que se autorizan para documentar la información de la entrega vigilada. d. Si las sustancias o bienes serán puestos en circulación por agentes encubiertos, deberá indicarse el detalle de las sustancias, bienes u objetos de ilícito comercio que se pondrán a circulación, indicando con precisión las cantidades y características de los mismos, y la justificación de los resultados que se pretenden alcanzar. e. Cuando las sustancias o bienes no sean puestos en circulación por agentes encubiertos, deberá indicarse en términos generales la clase de sustancias o bienes que se dejarán circular para el alcance de los fines de la entrega vigilada. Si de lo manifestado por el fiscal encargado del caso en su solicitud, el Fiscal Página 556 de 600

General de la República y Jefe del MP considera que no es viable la autorización de la entrega vigilada, por deficiencias en la solicitud, deberá comunicar inmediatamente al fiscal las fallas o deficiencias de que adolezca la misma a efecto de que estas puedan ser subsanadas de forma inmediata o en un plazo no mayor de 24 horas. De no lograrse subsanar tales deficiencias, el Fiscal General de la República y Jefe del MP dictará la resolución correspondiente con la debida fundamentación. Autorizada la entrega vigilada, el fiscal responsable del caso deberá coordinar con el jefe de la unidad especial, la designación de los agentes que desarrollarán la entrega vigilada, quienes serán responsables de informar permanentemente al fiscal del avance de la operación, para que este pueda decidir las diligencias procesales pertinentes cuando lo estime necesario. Durante la operación de entrega vigilada los agentes que intervengan en la misma, bajo la dirección del fiscal, deberán documentar la entrega vigilada, mediante grabaciones de voces, utilización de micrófonos, fotografías, grabaciones de imágenes, u otros métodos técnico-científicos que permitan garantizar el debido control de la operación. La información documentada deberá ser puesta a disposición del fiscal encargado del caso inmediatamente. Dentro de los 3 días de haber concluido la entrega vigilada, el Fiscal General de la República y Jefe del MP, deberá ser informado por el fiscal encargado del caso sobre los resultados de dicha operación, en especial, sobre la existencia y paradero de las sustancias, bienes u objetos ilícitos, que se dejaron circular. Para la autorización de entregas vigiladas de sustancias, bienes u objetos de ilícito comercio provenientes de otros países, las autoridades del país requirente o el país de destino final de las mismas, deberán suministrar al Ministerio Público la información necesaria para que el fiscal designado pueda fundamentar solicitud para efectos de la autorización respectiva. Cuando haya concluido la entrega vigilada y se hayan incautado sustancias, bienes u objetos de ilícito comercio, los agentes encargados de la operación, bajo la dirección del fiscal responsable del caso, deberán asegurar la cadena de custodia para garantizar que las evidencias obtenidas llenen los requisitos para ser incorporadas en el proceso. El Fiscal General de la República y Jefe del MP podrá resolver en cualquier momento la cesación de las operaciones encubiertas o del procedimiento de entrega vigilada, la detención de los partícipes en el hecho ilícito y la incautación de las substancias y de los instrumentos del delito, poniéndolos a disposición del juez competente, si a su criterio: 1. La operación pone en serio peligro la vida o la integridad física de algún agente encubierto u otras personas ajenas a los actos ilícitos de la organización criminal. 2. La operación obstaculiza o impide la comprobación de los ilícitos investigados. 3. La operación facilita a los partícipes eludir la acción de la justicia. 4. La operación se desvía de finalidad o evidencia en sus ejecutores, abusos, negligencia, imprudencia o impericia. 5. Han cambiado o desaparecido los presupuestos de hecho que sustenten la conveniencia de seguir aplicando la modalidad de las operaciones encubiertas o de las de entregas vigiladas. 6. La operación haya violado un precepto constitucional. Evidentemente, este método de investigación tiene una aplicación restringida toda vez que no se puede hacer uso de él sino en casos muy específicos y concretos, por ejemplo el Página 557 de 600

narcotráfico o el terrorismo. En función de lo que pretende la LCDO y que resulta de los artículos 34 y siguientes de la misma, teniendo como fin el descubrir las vías de tránsito, modos de entrada y salida del país, distribución y comercialización, así como la obtención de elementos probatorios, parece un medio adecuado de investigación y desde luego sumamente novedoso en Guatemala, siendo positivo por la cantidad de delitos que pueden impedirse, encuadrándose en un sistema preventivo del delito. Las intercepciones telefónicas (artículo 48 al 71 de la LCDO) “Consiste en la interceptación, grabación y reproducción con autorización judicial de las comunicaciones orales, escritas, telefónicas, radiotelefónicas, informáticas y similares que utilicen el espectro electromagnético, así como de cualesquiera de otra naturaleza que en el futuro existan cuando sea necesario evitar, interrumpir o investigar la comisión de los delitos regulados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada” . Este método fue regulado por medio del acuerdo gubernativo 188-2007, Reglamento para la aplicación del método especial de investigación de interceptaciones telefónicas y otros medios de comunicación. Cuando sea necesario evitar, interrumpir o investigar la comisión de los delitos regulados en la LCDO, podrá interceptarse, grabarse y reproducirse, con autorización judicial, comunicaciones orales, escritas, telefónicas, radiotelefónicas, informáticas y similares que utilicen el espectro electromagnético, así como cualesquiera de otra naturaleza que en el futuro existan. Los fiscales del MP son los únicos competentes ante el juez correspondiente, para la solicitud de autorización de la interceptación de las comunicaciones mencionadas en el artículo anterior, cuando la situación lo haga conveniente. Cuando el órgano policial tenga conocimiento de la comisión o planificación de la comisión de delitos por grupos delictivos organizados, deberán acudir inmediatamente al MP proporcionando toda la información necesaria para fundamentar la solicitud de la interceptación de dichas comunicaciones. Las solicitudes de autorización para la interceptación de las comunicaciones, deberán presentarse por escrito ante el juez competente con los siguientes requisitos: a. Descripción del hecho que se investiga, indicando el o los delitos en que se encuadran los mismos. b. Números de teléfonos, frecuencias, direcciones electrónicas, según corresponda, cualesquiera otros datos que sean útiles para determinar el medio electrónico o informático que se pretende interceptar para la escucha, grabación o reproducción de comunicación respectiva. c. Descripción de las diligencias y medios de investigación que hasta el momento se hayan realizado. d. Justificación del uso de esta medida, fundamentando su necesidad e idoneidad. e. Si se tuvieren, nombres y otros datos que permitan identificar a la persona o personas que serán afectadas con la medida. En los delitos en que esté en peligro la vida o la libertad personal, el MP podrá presentar verbalmente la solicitud al juez competente quien resolverá en forma inmediata. Se entenderá que existe necesidad de la interceptación de las comunicaciones cuando, los medios de investigación realizados demuestren que en los delitos cometidos por miembros de grupos delictivos organizados se estén utilizando los medios de comunicación señalados por la LCDO. Asimismo, se entenderá que existe idoneidad Página 558 de 600

cuando atendiendo a la naturaleza del delito, se puede determinar que la interceptación de las comunicaciones es eficaz para obtener elementos de investigación que permitan evitar, interrumpir o esclarecer la comisión de los delitos ejecutados por miembros de grupos delictivos organizados. Serán competentes para la autorización de interceptación de las comunicaciones, los jueces de primera instancia del ramo penal, correspondiente a la circunscripción territorial donde se haya cometido, se esté cometiendo o se esté planificando la comisión de delitos por miembros de grupos delictivos organizados. Cuando la comisión del delito se haya realizado o se esté planificando cometer en distintos lugares, cualquiera de los jueces de primera instancia del ramo penal, de dichos lugares deberá conocer de las solicitudes de interceptación de estas comunicaciones. Cuando por razón de horario o cualquier otro motivo no fuere posible que los jueces de primera instancia conozcan de forma inmediata la solicitud de interceptación, podrá presentarse ante el juez de paz correspondiente. En este caso, el juez de paz deberá resolver de forma inmediata y enviar las actuaciones a la primera hora hábil del día siguiente al juez de primera instancia jurisdiccional competente para que, en un término máximo de tres días, ratifique, modifique o revoque la decisión adoptada. El juez competente deberá resolver inmediatamente las solicitudes de interceptaciones, siendo responsable por la demora injustificada en la resolución de las mismas. El auto que resuelva este tipo de solicitudes, además de los requisitos formales de un auto judicial, deberá contener los siguientes: a. Justificación del uso de esta medida indicando los motivos por los que autoriza o deniega la solicitud de interceptación. b. Definición del hecho que se investiga o se pretende evitar o interrumpir, indicando el o los delitos en que se encuadran los mismos. c. Números de teléfonos, frecuencias, direcciones electrónicas, según corresponda, o cualesquiera otros datos que sean útiles para determinar el medio electrónico o informático que se autoriza interceptar. d. Plazo por el que autoriza la interceptación, tomando en cuenta que la autorización tendrá una duración máxima de treinta días, la cual podrá prorrogarse. e. Nombres y otros datos que permitan identificar a la persona o personas que serán afectadas con la medida, en caso éstos hayan sido proporcionados por el órgano requirente. f. Fecha y hora para la audiencia de revisión del informe. El fiscal encargado del caso deberá cesar inmediatamente la interceptación cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos (artículo 47): a. Se pone en serio peligro la vida o integridad física de alguna persona ajena a los actos ilícitos de la organización criminal. b. Obstaculiza o impide la comprobación de los ilícitos investigados. c. Facilita a los partícipes eludir la acción de la justicia. d. Se desvía de la finalidad o evidencia en sus ejecutores, abusos, negligencia, imprudencia o impericia. e. Han cambiado o desaparecido los presupuestos de hecho que sustenten la conveniencia de seguir aplicando este método. f. Se haya violado un precepto constitucional. Si de lo manifestado por el fiscal en la solicitud, el juez competente considera que no es viable la autorización de la interceptación de las comunicaciones, por deficiencias en la solicitud, deberá comunicar inmediatamente al fiscal las fallas o deficiencias de que adolezca la misma a efecto que estas puedan Página 559 de 600

ser subsanadas de forma inmediata o en un plazo no mayor de veinticuatro horas. De no lograrse subsanar tales deficiencias, el juez dictará la resolución correspondiente con la debida fundamentación. La interceptación, grabación y reproducción de las comunicaciones, será realizada por personal especializado de la PNC, quienes serán periódicamente evaluados con métodos científicos para garantizar su idoneidad en el ejercicio de dichas actividades. El Ministro de Gobernación deberá conformar un equipo especial de técnicos que serán destinados exclusivamente para la realización de dichas funciones. El MP organizará las unidades de terminales de consultas donde se realizarán las interceptaciones, grabaciones y reproducciones de las comunicaciones, las cuales deberán ser estrictamente reglamentadas a efecto que, de toda actividad realizada en dichas unidades, quede registro informático y electrónico para el efectivo control del respeto a las garantías y el apego a la legalidad de quienes intervengan en ellas. Para el efecto todas las empresas prestadoras de servicios de comunicación telefónica, informática u otras de naturaleza electrónica, deberán colaborar con el Ministerio Público con el equipo necesario para el desarrollo de las interceptaciones de las comunicaciones brindadas por sus servicios. Los jueces de primera instancia del ramo penal que hayan autorizado las interceptaciones de las comunicaciones previstas en la ley deberán acudir a verificar que los procedimientos se estén desarrollando de conformidad con la ley y que no se estén desarrollando interceptaciones, grabaciones o reproducciones de comunicaciones no autorizadas, dicho control deberá realizarlo personalmente por lo menos una vez dentro del período autorizado, levantando acta de dicha visita. La autorización de la medida expirará una vez se cumpla el plazo autorizado por el juez, salvo que se solicite prórroga por el fiscal responsable de la investigación. En este caso, deberá justificarse la necesidad e idoneidad de continuar con dicha actividad. Podrá asimismo terminarse la medida cuando se logre el objetivo para el cual ha sido expedida la autorización de interceptación. En el mismo momento en que se autorice la medida de interceptación, el juez competente deberá establecer la obligación del fiscal a informar cada quince días sobre el desarrollo de la actividad de interceptación, grabación y reproducción de las comunicaciones, para verificar si la medida está cumpliendo con la finalidad perseguida y si se está cumpliendo con las reglas establecidas por la ley para la utilización de la medida. La omisión por el fiscal de la presentación de este informe verbal o escrito, o si sus explicaciones no fueren satisfactorias para el juez, podrán ser motivo suficiente para revocar la autorización y ordenar la suspensión de la interceptación. El fiscal y sus investigadores deberán levantar acta detallada de la transcripción de las comunicaciones útiles y relevantes para la comprobación o aportación de evidencias del hecho punible que se investiga, tomando en cuenta que cualquier otra información personal o íntima, será excluida del informe certificado que se aporte como prueba del crimen o delito. El MP conservará los originales de las transcripciones así como el o los cassettes sin editar que contienen las voces grabadas, hasta que se solicite la recepción de la primera declaración de la persona sindicada, momento en el que deberá poner a disposición del juez Página 560 de 600

competente las actuaciones que obren en su poder. Una vez terminada la audiencia de la primera declaración, las actuaciones originales volverán a poder del MP para completar la etapa preparatoria del proceso penal. Las comunicaciones, informaciones, mensajes, datos o sonidos transmitidos en un idioma que no sea el español, serán traducidas a este idioma por un intérprete autorizado por el juez contralor. En todos los casos, las traducciones se ejecutarán previo juramento de realizar versiones fieles, conforme a lo dicho por el investigado. El medio de prueba será las grabaciones o resultados directos de las interceptaciones, y las transcripciones servirán únicamente como guías para una correcta comprensión de las mismas. En caso de contradicción, prevalecerá lo primero sobre las transcripciones. El resultado final de las grabaciones deberá tener como único objetivo la sustanciación del procedimiento que impulse el fiscal en contra de la persona a quien va dirigida la interceptación de su comunicación. Para garantizar el derecho de defensa, las grabaciones podrán ser revisadas por la persona que ha sido objeto o blanco de ellas, a partir de la primera declaración de dicha persona en los tribunales penales correspondientes. El contenido de las grabaciones realizadas de conformidad la ley, solo tendrá validez como medio de prueba cuando sea el resultado de una interceptación autorizada de conformidad con el procedimiento establecido. La prueba obtenida con violación de estas formalidades o la violación al derecho a la privacidad más allá de lo establecido por la autorización judicial es ilegal, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que incurra la persona que la realiza. Cuando a consecuencia de una medida de interceptación autorizada, resultare información de hechos delictivos del investigado o de un tercero no previstos en la autorización judicial, el fiscal deberá ponerlo en conocimiento inmediato del juez contralor, a efecto de solicitar una nueva autorización con respecto a los nuevos hechos descubiertos. Los jueces de primera instancia del ramo penal, llevarán un libro de registro de todas las solicitudes presentadas a su consideración, indicando la fecha y hora en que fueron recibidas, el número de la solicitud y el nombre del representante del Ministerio Público que la presenta. Únicamente al fiscal encargado del caso se le entregará copia de la solicitud y de la decisión judicial. A ninguna entidad o persona se le debe suministrar información relacionada con las actuaciones de interceptaciones reguladas en la presente Ley. Los registros y actas en los cuales consten las interceptaciones de las comunicaciones, hayan dado o no resultados, deberán ser destruidos bajo supervisión judicial, un año después de finalizada la persecución penal o la sentencia impuesta haya sido ejecutoriada en el caso que existan personas condenadas. La destrucción no incluye el expediente del proceso penal que haya fenecido. El MP solicitará la prórroga del período de la interceptación de las comunicaciones por lo menos con dos días de anticipación a la fecha en que fenezca el periodo anterior. El juez resolverá inmediatamente con base en el informe que se le hubiere presentado. Cuando se hubiere denegado la prórroga, el fiscal encargado del caso deberá concluir la interceptación autorizada, debiendo levantar acta y rendir informe complementario al juez competente. Cuando hubiere concluido toda interceptación de Página 561 de 600

comunicaciones, el fiscal encargado del caso informará al juez competente sobre su desarrollo y sus resultados, debiendo levantar el acta respectiva para efectos de dicho informe. El fiscal encargado del caso levantará acta circunstanciada de toda interceptación realizada que contendrá las fechas de inicio y término de la misma; un inventario detallado de los documentos, objetos, cintas de audio y cualquier otro medio utilizado, que contengan los sonidos captados durante la misma; la identificación de quienes hayan participado en las diligencias, así como los demás datos que considere relevantes para la investigación. Los documentos, objetos, cintas y cualquier otro registro obtenido en las interceptaciones, se numerarán en original y en duplicado de forma progresiva y contendrán los datos necesarios para su identificación. Se guardarán en sobre sellado para conservar la cadena de custodia de la prueba y el fiscal encargado del caso será responsable de su seguridad, cuidado e integridad, debiendo dejar constancia de todo acto que realiza. Quienes participen en alguna intervención de comunicaciones privadas deberán guardar reserva sobre el contenido de las mismas. Las voces provenientes de una comunicación interceptada contra el imputado podrán ser cotejadas por los medios idóneos para ser incorporados en el proceso penal como evidencias o medios de prueba. Por lo que a los métodos de investigación se refiere, se está de acuerdo con la sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad de fecha 15 de enero de 2008 (expediente 2837-2006), cuando señala en el Considerando II que “…existe un conflicto de derechos fundamentales entre la garantía del secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna, contenido en el artículo 24 constitucional, y la seguridad de la persona, estipulada como deber del Estado y derecho individual en los artículos 2° y 3° constitucionales…”, que la propia Corte de Constitucionalidad resuelve señalando que “…la interpretación valorativa de la Constitución en orden a los derechos humanos contenidos en ella debe dar por presupuestos que: a) esos derechos son, ontológicamente, limitados, porque son derechos “del hombre en sociedad”; y b) esos derechos son relativos y, por ende, admiten limitaciones razonables al tenor de lo que en ese punto habilita la Constitución”. Por lo expuesto, los tres métodos de investigación no conculcan derechos fundamentales de la persona toda vez que ningún derecho es absoluto, siendo relativos cuando éstos se ven limitados por el interés social (según lo establecido por la Corte de Constitucionalidad en la citada sentencia). En relación al agente encubierto, pese a encontrarse regulado en la legislación guatemalteca, y a la prevención en la comisión de muchos delitos que el método podría suponer; es lo cierto que el mismo resulta absolutamente inoperante en Guatemala, donde no es utilizado debido a que no existe una estructura técnica que permita ejecutar el método con garantías (seguridad) tanto de la propia investigación como de los sujetos que la llevan a cabo. Por su parte, las entregas vigiladas constituyen un método de investigación de aplicación restringida, limitándolo a determinados tipos penales en los cuales se dé el tránsito de bienes de ilícito comercio, siendo de utilidad para la prevención del delito. Las intercepciones telefónicas, en cuanto constituyan un método de investigación son útiles como un instrumento Página 562 de 600

para recabar indicios que posteriormente puedan presentarse como prueba, pudiendo además constituir medio de prueba si de la escucha telefónica se refiere a hechos de terceros ajenos a la persona que es objeto de la misma; más no como prueba toda vez que con ello se podría ver conculcado el derecho a no declarar contra sí mismo y parientes establecido en el artículo 16 de la CPRG. 10.CADENA DE CUSTODIA: Concepto: “Es un procedimiento establecido por la normatividad jurídica que tiene el propósito de garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de elementos materiales de prueba, como documentos, muestras (orgánicas e inorgánicas), armas de fuego, proyectiles, vainillas o casquillos, armas blancas, estupefacientes y sus derivados”. La cadena de custodia, es el seguimiento que se da a la evidencia, con el objeto que no vaya a ser alterada, cambiada o perdida. Con ese fin los indicios deben ser etiquetados y la persona que lo recibe deberá entregar a cambio una constancia o cargo. “Además la cadena de custodia supone que la evidencia se mantiene en un lugar seguro donde no tengan acceso personas no facultadas para ello”. La cadena de custodia “es la aplicación de una serie de normas tendientes a asegurar, embalar, y proteger cada elemento material probatorio, para evitar su destrucción, suplantación o contaminación, lo que podría implicar serios tropiezos en la investigación de una cadena punible”. La cadena de custodia, es un procedimiento técnico científico, que asegura el manejo de la evidencia desde su descubrimiento en la escena del crimen, hasta su presentación como prueba ante la corte o tribunal; por medio de registro de recibo y entrega de quien tiene contacto con dicha evidencia con el fin de protegerla de posibles cambios, deterioros y alteraciones mal intencionadas, para que no pierda su valor probatorio, debe demostrarse que la prueba, presentada ante el tribunal, es la misma que se fijo, levanto y se embolso en la escena del crimen. Embalaje: Se denomina así “al acto mediante el cual el perito guarda las evidencias en los recipientes apropiados a los que se denomina embalaje; el cual incluye el cierre y sellado de dichos recipientes en donde se conservaran”. Fundamentos legales: En Guatemala no existe una reglamentación que norme los pasos que deben componer la cadena de custodia de la evidencia, y así tanto el Ministerio Público y la Policía Nacional civil, utilizan sus propios procedimientos, formularios, embalajes y lugares de análisis, peritación y resguardo de la evidencia. En otros países, la cadena de custodia de la evidencia física es realizada por una institución específica como forma de garantizar la pureza de la misma, así mismo el almacenaje y archivo final por otra institución, encontrándose cada uno debidamente regulada. La cadena de custodia conlleva intrínsecamente responsabilidad de las personas que intervienen en ella. Inicialmente en el lugar de los hechos recae la responsabilidad a los agentes policiales uniformados que conocen primero el caso, al fiscal, a los investigadores, técnicos de procesamiento de escena del crimen, a los demás técnicos que acuden a la escena (fotógrafos, dactiloscopistas, planimetristas), y en sí todas las personas que participen de una u otra manera en la diligencia. Seguidamente la responsabilidad recae en el personal de los laboratorios que por la Página 563 de 600

naturaleza del caso tengan que efectuar análisis sobre la evidencia recolectada en el lugar y finalmente en quienes conducen el cadáver a la morgue correspondiente. Posteriormente la responsabilidad es del jefe de grupo, sección área o coordinador de laboratorio, personal técnico o profesionales (los peritos), personal forense y demás funcionarios que reciben o transporte elementos de prueba y los documentos que los acompañan (hojas de control de cadena de custodia, actas, oficios, solicitudes de análisis), lo mismo aquellos que transcriban dictámenes criminalísticas o médico legales, deben tener conocimiento integral de todos los procesos de cadena de custodia, relacionados lógicamente con su área o sección. El jefe encargado del laboratorio será el responsable de la inducción, control y seguimiento en el cumplimiento de los procedimientos de cadena de custodia establecidos en su respectiva área o laboratorio, velando por que el menor número de personas o funcionarios investiguen en estas. Toda muestra o elemento probatorio enviado por la autoridad o que se origine al aplicar los procedimientos criminalísticos o médico legales, debe ser custodiado por los funcionarios, que conforman la cadena de custodia sea indicado, quienes responden por la seguridad, integridad y la preservación de las muestras. Es responsabilidad del jefe del laboratorio actuar directamente ante los clientes, externos e internos, en los casos en que se requieran aclaraciones, información adicional o se presenten inconsistencias, dejando el registro respectivo. Es responsabilidad de todo funcionario que integre la cadena de custodia, verificación de documentos y elementos de prueba que recibe y, en caso de encontrar inconsistencia, dejar constancia escrita e informar oportunamente al jefe inmediato superior. El perito es responsable por el trámite ágil y oportuno de las Inter. Consultas y remisiones de solicitud de análisis que se dan entre los distintos laboratorios, criminalísticos, garantizando que se diligencie en forma legible, completa y que la copia sea idéntica a su contenido original. El perito forma parte directa de la cadena de custodia y es responsable de garantizar la integridad, preservación y seguridad, tanto de las muestras que recibe y le remitan para análisis, como de aquellas que devuelva a la autoridad respectiva como remanente o contra muestra, y que en determinado momento no podrá cumplir la función de perito y guardián de la evidencia que analiza por lo que esta deberá ser enviada a un lugar especifico para el cumplimiento de esta función. El funcionario asignado o el perito es responsable del embalaje y rotación de los elementos de prueba, pero no quien debe tenerlos en archivos dentro de él mismo laboratorio de análisis, y más delicado aún si no existe ninguna regulación legal que los ampare para la guarda y custodia final de la evidencia, en determinado momento puede perderse la cadena de custodia por este hecho y perderse el valor probatorio de la misma. Funciones de la cadena de custodia Garantizar la autenticidad de los elementos materiales de prueba recolectados y examinados, asegurando que pertenecen al caso investigado, sin confusión adulteración o sustracción, es desplegado por los funcionarios y personas bajo cuya responsabilidad se encuentran los elementos probatorios, iniciándose con la autoridad que inicialmente protege la escena del crimen, quienes los recaudan y finaliza con los diferentes funcionarios judiciales. Página 564 de 600

Implican que estos elementos de prueba se mantendrán en un lugar seguro y protegido, sin que pueda tener acceso ellos personas no autorizadas, sino únicamente quienes tengan que tener contacto con ella por razón del cargo o puesto que ejerzan. Debe tenerse un control y actualización para el mejor desempeño en la función de cadena de custodia los siguientes funcionarios. 1. El jefe de laboratorio y cada coordinador de área o grupo, debe conocer y actualizas los procedimientos de cadena de custodia de acuerdo con la función que cumple. 2. El perito del laboratorio Criminalístico o de medicina legal o ciencias forenses, al analizar muestras o elementos de prueba, dejara constancia escrita de la descripción detallada de ellos, de las técnicas o procedimientos de análisis utilizados, así como las modificaciones realizadas o si quedaron remanentes. 3. Los jefes de laboratorio Criminalístico y medicina legal, deben establecer indicadores de control para garantizar la efectividad de la cadena de custodia. 4. Realizar el seguimiento para los casos que requieran la participación de dos o más laboratorios, valiéndose de mecanismos de coordinación, comunicación y para obtener respuesta integral y oportuna de los casos. 5. Evaluar periódicamente el servicio conformado, indicadores de efectividad (calidad por área o sección), lo cual permitirá desarrollar y suplementar mejoras en los procesos con la cadena de custodia. Se efectúa sobre elementos físicos y actas en las que se ha hecho constar la existencia de elementos materiales de prueba que han sido destruidos o difícil preservación. Al momento de recargar los elementos materiales de prueba, se debe dejar constancia en el acta de la diligencia original, haciendo la descripción completa y discriminada, registrando su naturaleza, lugar exacto de donde fue removido o tomado y el funcionario que lo obtiene. Al requerirse un procedimiento técnico o científico, la recolección la debe efectuar personal calificado, capacitado o entrenado para estos efectos. “En caso de no contarse con él, se realizará siguiendo estrictamente las reglas señaladas para seguridad personal, a fin de no destruir los elementos e impedir que se obtengan resultados contrarios o diferentes a la investigación”.(López Calvo, Pedro y Gómez Silva Pedro, Ob. Cit. Pág. 140. 112 5.5. Principios básicos de cadena de custodia.) De lo anteriormente expuesto deberá de considerarse cada uno de los principios básicos de cadena de custodia que a continuación se detalla una a uno: a) La cadena de custodia es el mecanismo que garantiza la autenticidad de los elementos de prueba recolectados y examinados, esto es, que las pruebas correspondan al caso investigado, sin que dé lugar a confusión, adulteración ni sustracción alguna. Por tanto todo funcionario que participe en el proceso de cadena de custodia, deberá velar por la seguridad, integridad y preservación de dichos elementos. b) La cadena de custodia está conformada por los funcionarios y personas bajo cuya responsabilidad se encuentran los elementos de prueba respectivos, durante las diferentes etapas del proceso penal. Por consiguiente, todo funcionario que reciba, genere o analice muestras o elementos de prueba y documentos, forman parte de la cadena de custodia. c) La cadena de custodia se inicia con la autoridad que recolecta los elementos de prueba, desde el mismo momento en que se conoce el hecho presuntamente delictuoso, en la diligencia de inspección de cadáver o inspección judicial y Página 565 de 600

finaliza con el juez de la causa y los diferentes funcionarios jurisdiccionales. d) Desde un primer momento, en el lugar de los hechos, la cadena de custodia se efectúa con una orden por escrito, impartida por autoridad competente, al funcionario investigador y así sigue hasta salir del laboratorio, igual en forma escrita, un resultado y el elemento material objeto de análisis o estudio. e) Los procedimientos de custodia deben aplicarse a todo elemento probatorio, sea un cadáver, un documento o cualquier otro material físico. Esta misma protección y vigilancia se deben ejercer de manera idéntica sobre las actas y oficios que acompañan este material. f) Es responsabilidad de todo funcionario que participa en el proceso de cadena de custodia, conocer los procedimientos generales y específicos establecidos para tal fin. g) Cada uno de los funcionarios que participan en la cadena de custodia es responsable del control y registro de su actuación directa dentro del proceso. h) Al momento de recolectar los elementos de prueba se debe dejar constancia en el acta de la diligencia correspondiente, haciendo la descripción completa de los mismos, registrando su naturaleza, sitio exacto donde fue removido o tomado y la persona o funcionario que lo recolecto. i) Toda muestra o elemento probatorio tendrá el registro de cadena de custodia el cual debe acompañar a cada uno de los elementos de prueba a través de su curso judicial. Por consiguiente toda transferencia de custodia quedará consignada en el registro, indicando: fecha, hora nombre y firma de quien recibe y de quien entrega. j) Toda muestra o elemento probatorio y contra muestra o remanente de ésta, deben llegar debidamente embalados y rotulados, de acuerdo con lo establecido en los manuales de los diferentes laboratorios criminalísticos y del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense. k) Todo funcionario (perito), que analiza muestras o elementos de prueba, dejará en el dictamen pericial constancia escrita de la descripción detallada de los mismos; de las técnicas y procedimientos de análisis utilizados, así como de las modificaciones realizadas sobre los elementos de prueba, mencionando si estos se agotaron en los análisis o si quedaron remanentes; este aspecto es muy importante cuando se analizan estupefacientes. l) La cadena de custodia implica que todos los elementos de prueba como los documentos que los acompañan, se deben mantener siempre en un lugar seguro. m) Los laboratorios criminalísticos o el Instituto Nacional de Medicina Legal, podrán abstenerse de análisis elementos de prueba enviados por las autoridades competentes, cuando se comprueba que no ha existido cadena de custodia o que esta se ha interrumpido. n) En el formato de cadena de custodia aparecerán las firmas de quien recibe y entrega en forma legible (nombres y apellidos claros), no rúbrica tanto en el original como en la copia. o) En el formato de cadena de custodia no se admiten tachones, borrones enmendaduras, espacios y líneas en blanco, tintas de diferente color o interlineaciones (palabras o signos entre líneas), no adiciones en la copia al carbón. p) El formato de cadena de custodia se diligenciará completamente, teniendo en cuenta lo siguiente: 1. Si existen o quedan espacios en blanco se anularán en cada renglón a continuación de la última palabra del texto con “X” y/o rayas. 2. Cuando existan referencias a cantidades, valores o cifras, se expresarán en letras seguidas con el número correspondientes entre Página 566 de 600

paréntesis. 3. En caso de que requiera mayor espacio para escribir, del preestablecido en el formato de cadena de custodia, se deberá hacer mención de la continuidad con el siguiente texto “continúa al respaldo” y reiniciar con la palabra “continuación”. Seguidamente se consignada el texto faltante sin dejar espacios en blanco (véase literal a), concluyendo con la firma y la fecha. q) El control y diligenciamiento del registro de cadena de custodia, continúa e inicia internamente en los laboratorios criminalísticos y forenses, en la oficina de correspondencia respectiva. r) El registro de cadena de custodia se diligencia por todos y cada uno de los funcionarios por cuyas manos pase el material de prueba y los documentos que lo acompañan. s) El funcionario de correspondencia o internamente en cada área, sección o laboratorio, responsable por la cadena de custodia, debe almacenar adecuadamente y en sitio seguro los oficios, petitorios, elementos de prueba y documentos anexos, que se reciben de las autoridades, garantizando la integridad y preservación de los mismos. t) Si se presentan inconvenientes o inconsistencias en la revisión de cadena de custodia por parte de los jefes o responsables, se informará en forma inmediata al jefe directo, dejando la constancia de la anomalía detectada, por escrito. u) Para evitar que se rompa un eslabón de la cadena de custodia en los laboratorios criminalísticos y forenses, se cumplirán normas de seguridad personal, industrial e/o instrumentales. v) Internamente en los laboratorios se llevará un control, con la información suficiente de casos o respuestas pendiente. En los emergentes sistemas acusatorias o mixtos de América Latina se habla mucho de “cadena de custodia” como una doctrina jurídica. Sin embargo en el sistema procesal penal, de Guatemala, la cadena de custodia no es nada más ni nada menos que el nombre que se utiliza para cualquier sistema interno del manejo de evidencia, diseñado para asegurar su integridad durante su custodia por alguna autoridad, generalmente una dependencia especifica, la que debe llenar debidamente las medidas de seguridad y control para la debida guarda custodia y archivo final de los elementos físicos de prueba. El concepto nace como un apéndice a la garantía constitucional del debido proceso, aplicable a las polifacéticas garantías que están incluidas en el debido proceso, es la de “confrontación” de la prueba (es decir, el derecho de controvertir la prueba), así como la imparcialidad de las autoridades encargadas del ejercicio de la acción penal. Obedeciendo estas garantías, las autoridades investigativas acusadoras (Policía y Fiscalías del Ministerios Público) tienen la obligación de conservar las evidencias físicas en el estado en que las recibieron para evitar su cuestionamiento a base de un posible trasplante, alteración o clasificación. En consecuencia, se han visto obligados a implementar procedimientos administrativos, posibilitando ante juez competente en el momento del juicio, su absoluta integridad, esto no solo incluye el momento de su recepción en juicio oral, sino también el momento de su sometimiento a prueba criminalística según su naturaleza (sangre, sustancia tóxica, drogas, armas de fuego, casquillos, proyectiles, encamisados de blindaje, fragmentos de proyectil de arma de fuego, pelos, etc.). Otros aspectos en el manejo de la evidencia física, que no tienen que ver con el debido Página 567 de 600

proceso, pero es de importancia trascendental para cualquier sistema de justicia penal en una sociedad democrática, es el de la ética de sus componentes y su imagen y credibilidad ante la sociedad. En los sistemas garantistas donde la defensa juega el papel de fiscalizador auxiliar, el ente monopolizador de la acción penal (la fiscalía) este nunca está exento de ataques a base de la posible alteración o falsificación de los elementos físicos de la prueba y no es suficiente basar sus respuestas en su “buena fe” como institución del estado. Sus actuaciones tienen que ser respaldados por una transparencia notable y perfecta en la medida de lo posible. Esta realidad opera como otra razón más para la existencia del control que representa la cadena de custodia. Por lo general, cada una de las dependencias que tiene contacto con evidencia física, cuentan con protocolo únicamente de forma interna, unificando procedimientos de embalaje y conservación. Pero en todas las dependencias cuentan con las hojas de tramite en la cual dejan constancias del traslado de las evidencias, porque muy fácilmente puede perderse la cadena de custodia y en determinado momento no podrá identificarse a las personas que tuvieron contacto con la evidencia. Así en algunos casos que se cuestione la cadena de custodia, los fiscales no podrán demostrar por medios documentales el correcto y adecuado manejo de custodia de la evidencia física. La cadena de custodia comienza con la requisa de la escena del delito, o el allanamiento en donde los técnicos documentan en forma escrita y con fotografías la ubicación de los objetos. Después de su registro pasan a manos de un custodio de evidencias, que debe ser una persona formada en el manejo de las mismas. En general, estas personas cuentan con un depósito diseñado especialmente para tales efectos, y él guarda el objeto durante todo el proceso o lo evacua hacia un lugar más seguro. Es prácticamente inconcebible que, en algún momento un fiscal tenga custodia de la evidencia física. Se evita porque en general los fiscales no tienen facilidades ni procedimientos para el adecuado manejo de la evidencia física, siendo que es deber de la dependencia que la ley establezca. Además y demás importancia, el hecho que un fiscal llegue a ser eslabón en la cadena conllevaría el riesgo de que se convierta en testigo, con su consecuente recusación. Un problema prácticamente universal en cuanto al manejo de evidencias en los países de la región, es el hecho de que la evidencia física sigue físicamente al expediente. Eso da una situación en que fiscales o jueces de instrucción se ven obligados a recibir evidencias recabadas por órganos auxiliares a guardar evidencias físicas que ellos han recabado, sin facilidades para su aseguramiento. Como propósito general, se debe designar a una persona como responsable, y esta persona, debe ser la única que tiene acceso al depósito y la única facultada para recibir y cumplir con exhortos por partes de fiscales o jueces, para traslado de evidencias. En la medida que se posible el depósito se ubicaría en la misma localidad que sirve para minimizar las necesidades logísticas inherentes en traslado. Según el tamaño de la dependencia el responsable no tiene que desempeñar el trabajo de tiempo completo. El depósito seria Página 568 de 600

reglamentado con sistemas de registro único, sello único y procedimiento de traslado único, de forzoso cumplimiento para todos los componentes, incluyendo laboratorios forenses, que obligadamente deberían enviar todos los elementos físicos analizados al lugar correspondiente. 1. La cadena de custodia es una herramienta que permite garantizar la idoneidad, inviolabilidad e inalterabilidad de los elementos que son materia de prueba y facilitan establecer controles sobre los procesos - La ruta seguida por muestras, documentos y oficios. - Las personas responsables que intervienen en la cadena de custodia - Los procedimientos de transferencias y cambios de custodia. - Tiempos de permanencia y sistemas de seguridad de cada eslabón. 2. Toda muestra o elemento probatorio, sea este un cadáver, documento y/o cualquier material físico, enviados por la autoridad competente o que se origine al aplicar los procedimientos criminalísticos o médico-legales y de ciencias forenses, debe poseer el registro de cadena de custodia debidamente diligenciado. 3. En el registro de cadena de custodia se consignará toda la transferencia de custodia, indicando: Nombre (legible) y firmas de quien recibe y entrega, fecha, hora y las observaciones sobre las condiciones y estado de la muestra, en caso de ameritarlo por presentarse inconformidades respecto a la descripción de aquella relacionada en la solicitud. 4. Toda muestra para ser devuelta como remanente a la autoridad competente o para ser tramitada a ínter laboratorio, será embalada y rotulada, de acuerdo con los procedimientos de embalaje, protección y manejo estandarizado por cada área, sección o laboratorio. 5. El jefe del laboratorio Criminalístico o de grupo realizara auditorias periódicas sobre los procesos de cadena de custodia, en cada una de las áreas Criminalísticas o forenses. 6. Los registros de cadena de custodia serán guardados, garantizando la seguridad y conservación de ellos. 7. La recepción de muestras en los laboratorios criminalísticos, médico legales y ciencias forenses, la debe efectuar un funcionario asignado para este fin, quién conocerá los procedimientos que se han de seguir con cadena de custodia, lo cual permite garantizar la integridad, preservación y seguridad de las muestras. 8. Toda muestra se recibirá embalada y rotulada; en caso de existir inconformidad con este requerimiento, el funcionario responsable de recibir, dejará constancia escrita en el oficio petitorio, informando dicha anomalía al solicitante o a quien trae la muestra. 9. “Toda muestra o elemento probatorio, sea cadáver, documento y/o cualquier material físico, enviado por la autoridad o que se originen al aplicar los procedimientos criminalísticos o de ciencias forenses, será sometido a revisión y verificación por el funcionario responsable de recibir, y en caso de existir inconsistencias entre lo anunciado y lo efectivamente recibido, informará el remitente de la solicitud dejando constancia escrita con fecha y firma”. Etapas en la cadena de custodia: la cadena de custodia comprende un proceso integral que puede prolongarse en el tiempo. Técnicamente la duración de toda cadena de custodia va desde el momento en que las autoridades legan al lugar de los hechos investigando un presunto hecho delictuoso, hasta que la investigación concluye (en el juicio), o Página 569 de 600

precluye (por termino de los plazos legales o insuficiencia de pruebas, entre otros). Los pasos de la cadena e custodia puede simplificarse en 6 grandes momentos: Recolección de la prueba en el lugar de los hechos Embalaje Transporte Análisis Almacenamiento Identificación de los responsables en cada paso. 11.DECLARACION EN CAMARA GESSEL O CIRCUITO CERRADO: Definición: Un área dividida en dos ambientes, en cuya parte divisoria existe una ventana, denominado ventana reflexiva. El área que cuenta con venta reflexiva, será denominada sala de entrevista y será utilizada para el desarrollo de la diligencia. La otra área será denominada sala de observación y en ella se colocaran las personas que sean autorizadas a presenciar la diligencia. Las salas estarán conectadas por un sistema de intercomunicación y cada una será amueblada con mobiliario que varía dependiendo del objeto para el cual van a ser destinadas. Surge con el afán que el ente investigador cumpla con efectividad la función encomendada adoptando medidas para garantizar el resguardo de los derechos de las víctimas y en especial de los niños, niñas, adolescentes para evitar re victimización, siempre con el respeto a la garantía constitucional del debido proceso, control efectivo de la prueba y derecho a la defensa que le corresponde al imputado. Siendo la cámara Gessel un herramienta que permite aplicar pautas para la atención integral a las víctimas, la cual mejora la persecución penal, la reducción de la victimización secundaria para garantizar el bienestar de la víctima del delito. Los principios que rigen las cámaras Gessel son: Dirección funcional, la no re victimización, interés superior del niño, acceso a las justicia, igualdad y debido proceso. El ámbito de aplicación de la cámara Gessel: diligencias de investigación y especialmente entrevistas, declaraciones de victimas. La prioridad serán asuntos que obedezcan a situaciones de cualquier tipo de violencia física, sexual, psicología, personas de tercera edad. Acuerdos instrucciones relacionadas con el tema de victimología: Acuerdo Número 34-2003 en donde se establece la Aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Red Nacional de Derivación para Atención a Víctimas. Acuerdo Número 352003 en donde se crea la Aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Redes de Derivación Locales para Atención a Víctimas. Acuerdo Número 74-2004 en donde se crea el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Oficinas de Atención a la Víctima de Las Fiscalías Distritales y Municipales. Acuerdo Número 09-2005 en donde se establece el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima. Instrucción General Número 09-2008 contiene el Protocolo para la Atención de la Niñez y Adolescencia Víctimas Directas y Colaterales. Instrucción General Número 10-2008 contiene el Protocolo para la Atención a Víctimas de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual, y el Pudor, en las Oficinas de Atención a la Víctima. Acuerdo 35-2010 que establece el Manual de Página 570 de 600

Normas y Procedimientos del Modelo de Atención Integral de Casos de Violencia Intrafamiliar, Delitos Sexuales y Violencia contra la Mujer en el Área Metropolitana. Instrucción General 04-2014 que contiene las bases para la Aplicación del “Protocolo de Atención Integral para las Víctimas de Delito”. Acuerdo Número 41-2010 que contiene el “Reglamento para uso de Cámara Gessel dentro del Proceso Penal”. Instrucción General Número 02-2013 que es “Para la Atención y Persecución Penal de Delitos Cometidos en Contra de la Niñez y Adolescencia”. Breve descripción de los Acuerdos e Instrucciones. Los Acuerdos 34 y 35 ambos del 2003, Acuerdo 49-2008 y la Instrucción 07-2008 regulan todo lo relacionado a la organización, atención y procedimiento de referencia a la Red de Derivación. El Acuerdo 74-2004 regula las consideraciones y disposiciones generales del MAI, así como su organización, funciones e integración, de las psicólogas, trabajadoras sociales y médica. El Acuerdo 09-2005 regula la creación del DCAV, el cual regula la organización, integración y funcionamiento del mismo, así como, de las áreas que lo integran: La Jefatura. Área de Coordinación Legal – Victimológica. Área de Coordinación de Servicios Integrales de las OAV. Área de Coordinación de Redes de Derivación. La Instrucción 09-2008 establece el protocolo para atención a la niñez y adolescencia víctimas directas y colaterales, proporcionando definiciones en cuanto a la atención; así como técnicas de atención para la aplicación de la entrevista con estos grupos de personas. La Instrucción 10-2008 aporta elementos para atención a víctimas que han sufrido violencia sexual en cuanto a la atención psicológica, social y médica. El Acuerdo 35-2010 establece las normas el Manual de Normas y Procedimientos del Modelo de Atención Integral de Casos de Violencia Intrafamiliar, Delitos Sexuales y Violencia contra la Mujer en el Área Metropolitana.

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IX.

VICTIMOLOGIA a. CONCEPTOS GENERALES: Es la ciencia que estudia el papel que la víctima desempeña con relación al delito y a las consecuencias que el delito ocasiona en las víctimas. En primer lugar, la victimología es el estudio de las personas que son víctimas de un delito u otros sucesos que causan dolor y sufrimiento. En segundo lugar, es el estudio del incidente de victimización, que incluye aquellas condiciones que causan una interrupción en la vida de alguien y que dan lugar al sufrimiento. En tercer lugar, es el estudio de cómo las agencias responden a una victimización para ayudar a la persona afectada a recuperarse financiera, física y emocionalmente. La victimología, en su inicio (en los años 50) se promueve como una disciplina independiente de la criminología, así como, de otras ciencias sociales. En los años 60, se identifican los programas de asistencia a víctimas que, desde la década de los setenta, han tenido un gran auge, tanto en número como en la variedad. BREVE HISTORIA: Escuela clásica (Pensadores Sócrates, Platón, Aristóteles entre otros, causa primordial del delito se consideraba la discapacidad mental y factores hereditarios). Siglo XVIII, surgen pensadores más revolucionarios como Cesare Becaria, Jeremías Bentham Howard, Lavater y Gall basándose en un método de investigación abstracto-deductivo fundamentado en los silogismos. QUE ENTENDEMOS POR VICTIMA: Podrá considerarse víctima a una persona con arreglo a la presente declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión “Víctima” se incluye además en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños, al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. (Art. 2 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas de delito y abuso de poder). b. DERECHOS HUMANOS DE LA VICTIMA: La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder. Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, del 29 de noviembre de 1985. Acceso a la justicia y a un trato justo, Resarcimiento, Indemnización, Asistencia. DERECHOS HUMANOS: Son un conjunto de garantías y derecho inalienables que tiene el hombre, basados en la dignidad humana, que le son indispensables para subsistencia como tal y para su desarrollo dentro de la sociedad (López, 2008). RELACION DE LA VICTIMOLOGIA CON LOS DERECHOS HUMANOS: La victimología como parte del control social y el estudio de la víctima, se relaciona con los derechos humanos por medio de los derechos que le son inherentes a cada persona, según lo establecido en nuestra CPRG en su artículo 44 y el 117 Página 572 de 600

del CPP. La trilogía de los derechos humanos es: 1. Vida, 2. Integridad, 3. Dignidad. Obligaciones del Estado frente al acto delictivo: Constitución Política de la República de Guatemala, Arts. 1, 2, 140 y 141 Obligación de Respetar los Derechos (Convención Americana de DDHH). 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole. La Convención Interamericana de Derechos Humanos: Deber de garantizar los derechos humanos impone al Estado de Guatemala. Prevenir razonablemente por todos los medios a su alcance la violación de los derechos humanos. Investigar toda violación de un derecho humano (especialmente, cuando tal hecho es constitutivo de un delito) cuando esta haya ocurrido. Sancionar las violaciones a los derechos humanos, (delitos) a través de las correspondientes penas impuestas tras un proceso penal. Garantizar una reparación integral a la víctima por todas las consecuencias derivadas del delito. Derechos reconocidos dentro del Ministerio Público: Ser atendida/o en forma respetuosa e inmediata por el personal de justicia durante el proceso penal. Ser escuchada/o con atención, sin interrupciones y en su propio idioma. Expresar libremente sus opiniones e inquietudes. Colaborar con el proceso penal de la investigación. 5. Recibir información sobre el proceso legal que genera su testimonio o denuncia y sobre lo actuado en su proceso. 6. Que no se publique en los medios de comunicación su nombre, apellidos, fotografías, cuando se trate de delitos como violación, agresión sexual, explotación sexual, secuestro, menores de edad y otros. 7. Trabajar conjuntamente con el Ministerio Público para seguir el proceso penal. 8. Que no se le exponga frente al acusado o a la acusada, en especial cuando se trate de niñez y adolescencia víctima, por delitos de secuestro y delitos sexuales a fin de evitar la revictimización. Mantener comunicación constante con la persona o personas que lleven su caso. A ser notificada de las resoluciones de las fiscalías y de los tribunales. No ser discriminada por ninguna razón. c. REPARACION DIGNA: REPARACIÓN: Proviene del latín reparatio, onis. Se define como la acción o efecto de restituir a su condición normal y de buen funcionamiento, a cosas materiales mal hechas, deterioradas, o rotas. En la jurisprudencia, la reparación es la reposición por parte de un criminal de una pérdida causada a una víctima. La reparación monetaria es una forma común de reparación. La reparación junto con la verdad y la justicia, es uno de los elementos principales que se buscan en un proceso transicional, en el que se busca implementar un nuevo orden que se lleve a cabo en un proceso de paz. Es imprescindible para establecer el monto de la reparación digna, que la misma cumpla con los extremos siguientes: que sea viable, proporcional, objetiva, legal, la prueba debe acreditar que es efecto propio del ilícito que se juzga, además reparadora, rehabilitadora o reinsertadora y que viabilice la paz social. Otro aspecto a tomar en cuenta es las condiciones físicas, psicológicas, económicas, sociales y culturales de la persona obligada, ya que en igualdad de condiciones el juzgador deberá Página 573 de 600

considerar estos extremos para la existencia del debido proceso en igualdad de condiciones sin discriminación alguna. LA REPARACIÓN PRIVADA; SECCIÓN PRIMERA; ACCIÓN CIVIL. Código Procesal Penal Artículo 124. Derecho a la reparación digna. (DEFINICIÓN LEGAL DE REPARACIÓN DIGNA). La reparación a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias como sujeto de derechos contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado, en la medida que tal reparación sea humanamente posible y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito; para el ejercicio de este derecho deben observarse las siguientes reglas: REQUISITOS PARA QUE PROCEDA LA REPARACIÓN DIGNA: Sentencia Condenatoria, Víctima determinada. 1) La acción de reparación podrá ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria". El Juez o tribunal que dicte la sentencia de condena, cuando exista víctima determinada, en el relato de la sentencia se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación, la que se llevará a cabo al tercer día. (PROBAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS). 2) En la audiencia de reparación deberá acreditar el monto de la indemnización, la restitución y, en su caso, los daños y perjuicios conforme a las reglas probatorias y, pronunciarse la decisión inmediatamente en la propia audiencia. 3) Con la decisión de reparación, y previamente relatada responsabilidad penal y pena, se integra la sentencia escrita. (MEDIDAS CAUTELARES). 4) No obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal, la víctima o agraviado podrán solicitar al juez o tribunal competente, la adopción de medidas cautelares que permitan, asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación. (SENTENCIA EJECUTABLE). 5) La declaración de responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme. Si la acción reparadora no se hubiere ejercido en esta vía, queda a salvo el derecho de la víctima o agraviado a ejercerla en la vía civil. Parte resolutiva de la sentencia. Código Procesal Penal. Artículo 390. Pronunciamiento. "La sentencia se pronunciará siempre en el nombre de la República de Guatemala. Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencia, después de ser convocados verbalmente todas las partes en el debate, y… La lectura de la sentencia se deberá llevar a cabo, a más tardar dentro de las cinco días posteriores al pronunciamiento de la parte resolutiva". Código Procesal Penal Artículo. 124, numeral 1. "En el relato de la sentencia se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación, la que se llevará a cabo al tercer día." AUDIENCIA DE REPARACION DIGNA: 1) Apertura. 2) Se le otorga la palabra a la víctima o agraviado, Querellante Adhesivo (pretensión y aporte sus pruebas). 3) Se le da palabra al Ministerio Público (Pretensión y Prueba). 4) Se le da palabra al abogado Defensor (Pretensión y Prueba). 5) Se admite o rechaza la prueba. 6) Se diligencia la prueba. 7) Pronunciamiento de la decisión de Reparación Digna. 8) Artículo 278. REMISIÓN. Código Procesal Penal: "El embargo de Página 574 de 600

bienes y las demás medidas de coerción para garantizar la multa o la reparación, sus incidentes, diligencias, ejecución y tercerías, se regirán por el Código Procesal Civil y Mercantil". (Libro 5to. Alternativas comunes a todos los procesos). VÍCTIMAS. Artículo 117, numeral 1, Código Procesal Penal. (Reformado por el art. 38 de la Ley Orgánica del Instituto de Asistencia y Atención a la Víctima del delito Dto. 21-2016) 1. Las personas que, individual o colectivamente, haya sufrido daño. Incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la ley penal vigente. 2. Cónyuges. 3. Familiares. 4. Dependientes inmediatos de la víctima directa. 5. Persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito. 6. Personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. RESPONSABILIDAD CIVIL. Código Penal. Artículo 112. Personas responsables. "Toda persona responsable penalmente de un delito o falta, lo es también civilmente". RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Código Penal Artículo 113. Solidaridad de las obligaciones. "En el caso de ser dos o más los responsables civilmente de un delito o falta, el tribunal señalará la cuota por la que debe responder cada uno. Sin embargo, los autores y los cómplices responderán solidariamente entre sí y responderán subsidiariamente de las cuotas que correspondan, no solo a los insolventes de su respectivo grupo, sino también de los insolventes del otro. Tanto en uno como en el otro caso, queda a salvo el derecho de quien hubiere pagado, de repetir contra los demás por las cuotas correspondiente de cada uno". TRANSMISIÓN. Código Penal. Artículo 115. "La responsabilidad civil derivada de un delito o falta, se transmite a los herederos del responsable; igualmente se transmite a los herederos del perjudicado la acción para hacerla efectiva". RESPONSABILIDAD CIVIL DE INIMPUTABLES. Código Penal. Artículo 116. "Los comprendidos en el artículo 23 (Código Penal, no es imputable), responderán con sus bienes por los daños que causaren. Si fueren insolventes, responderán subsidiariamente quienes los tengan bajo su potestad o guarda legal, salvo que demuestren que no incurrieron en descuido o negligencia en la vigilancia del que cometió el hecho". CLASES DE REPARACIÓN. (Artículo 124 Código Procesal Penal) ECONÓMICAS. Pago de Indemnización, Pago de Daños, Pago de Perjuicios. NO ECONÓMICAS. Art. 29 Ley Orgánica del Instituto de Asistencia y Atención de la Víctima del delito. Dto. 21-2016. Es obligación del Instituto de la Víctima coadyuvar con el Ministerio Público en la garantía y defensa del derecho a la reparación digna de la víctima del delito, cuando ésta se haya constituido como querellante adhesivo. Rehabilitación, Compensación, Satisfacción, Medidas de no Repetición. MATERIALES. Restitución. EN CASOS DE FEMICIDIO Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. NO ECONÓMICA. Artículo 3, literal h, Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Médica, Psicológica, Moral, Social. OBLIGACION DE REPARAR. DAÑOS Y PERJUICIOS. ARTÍCULO 1646 Código Civil: "El responsable de un delito doloso o culposo, está obligado a reparar a la víctima los daños o perjuicios que le haya causado". DAÑOS Y PERJUICIOS. ARTÍCULO 1434. Código Civil: "Los daños, que consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su Página 575 de 600

patrimonio, y Los perjuicios, que son las ganancias lícitas que deja de percibir. Deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse". EJEMPLO: MEDIDAS DE SATISFACCIÓN: Sentencia de fecha 19 de mayo de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Veliz Franco Vrs. Guatemala. Párrafo 256. 1. La Sentencia "Per se". 2. Publicación de la sentencia en el diario oficial. 3. Publicación de la sentencia en un diario de amplia circulación. 4. Publicación de la sentencia por 1 año, en la página web, del Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional Civil. 5. Disculpas públicas. EJEMPLO: GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN: Sentencia de fecha 19 de mayo de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Veliz Franco Vrs. Guatemala. Que hechos similares no se vuelvan a repetir y contribuyan a la prevención. Párrafo 264. 1. Adoptar una legislación orientada a combatir la violencia. 2. Fortalecer el INACIF y asignarle adecuados recursos para ampliar sus actividades en el territorio nacional. 3. Implementar órganos jurisdiccionales especializados en femicidio en toda la República", así como de fiscalías especializadas. 4. Implementar programas y cursos para funcionarios públicos pertenecientes al Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional Civil que estén vinculados a la investigación de actos de homicidio de mujeres. 5. Crear un Sistema Nacional de Información sobre Violencia contra la Mujer. 6. Brindar atención médica o psicológica gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva a las personas afectadas. DAÑO INMATERIAL. Sentencia de fecha 19 de mayo de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Veliz Franco Vrs. Guatemala. Párrafo 295. "ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño inmaterial y ha establecido que éste puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados por la violación como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y cualquier alteración, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas. Dado que no es posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, sólo puede ser objeto de compensación, para los fines de la reparación integral a la víctima, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad". EJECUCION. Artículo 124, numeral 5, Código Procesal Penal. "La declaración de responsabilidad civil será, ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme". ¿En dónde se ejecuta? EJECUCION. Expediente No. 2038-2011 de duda de competencia CSJ Sentencia del 14/10/2011. "...Que del análisis de las actuaciones Cámara Penal encuentra que la duda de competencia que se plantea con relación a que si el juzgado de Ejecución Penal únicamente está facultado para el cobro de conmutas de penas de prisión o multas y no así para el cobro de reparaciones de orden civil…" "se puede determinar que es competencia de los jueces de ejecución el conocer lo referente a la ejecución de las reparaciones dignas de las víctimas en los procesos penales en los que se haya ejercitado dicho derecho, con la salvedad de que si no se hubiere ejercido en esta vía, puedan ejercerla en la vía civil. En tal sentido, el Juzgado Primero de Ejecución Penal de Guatemala deberá seguir Página 576 de 600

conociendo con referencia a la duda planteada de la sustanciación de la fase de ejecución..." CONCLUSION. La reparación digna en Guatemala es un mecanismo de resarcimiento adoptado recientemente en la legislación adjetiva penal, que fortalece uno de los objetivos establecidos en el proceso penal, específicamente la tutela judicial efectiva, establecida en el segundo párrafo del artículo 5 del código procesal penal. Queda a cargo del mismo juez de ejecución penal, tramitar, conocer y resolver, los asuntos en materia de reparación digna y realizar las diligencias pertinentes para poder hacer efectiva la reparación digna a favor de la víctima, siempre y cuando la sentencia condenatoria cause firmeza. Una vez obtenida la sentencia condenatoria penal y la individualización de la víctima, esta última puede hacer efectivo su derecho de hacer efectiva la reparación digna dentro del propio proceso penal inmediatamente después de pronunciado el fallo, el cual constituye título ejecutivo. d. EL ROL DE LA VICTIMA EN EL PROCESO PENAL: Denuncia. Es la Primera Intervención que hace la víctima dentro del proceso penal, en ella se encuentra la facultad de accionar ante los órganos del Estado para que se inicie proceso, ya dentro del proceso para que la víctima se convierta en Querellante Adhesivo. Art. 116, Durante la Primera Declaración Art. 82. El Querellante Legalmente acreditado podrá intervenir en la audiencia a continuación del fiscal. En la Etapa Preparatoria su participación es muy importante en virtud que con el objeto de no ser re victimizada se puede gestionar su declaración testimonial en calidad de anticipo de prueba tal y como lo establecen los articulo 218 y 317 cpp. En la Etapa Intermedia si estuviere constituido como Querellante Adhesivo según el artículo 337 C.P.P. puede: Adherirse a la acusación, señalar los vicios formales de la acusación en que incurre el escrito de acusación y solicitar su corrección, objetar la acusación por omitir algún sindicado y puede requerir las ampliaciones correspondientes. Según el artículo 343 CPP tiene derecho a ofrecer prueba en la Etapa del Juicio puede estar presente acompañado de su abogado técnico quien podrá intervenir en el desarrollo del mismo, si la sentencia es de Carácter condenatorio tiene derecho a solicitar la reparación DIGNA regulada en el artículo 124 CPP, según el artículo 398 CPP tienen facultad de recurrir. ANTECEDENES DE LA VICTIMOLOGIA EN DERECHO PENAL: Se empieza a hablar de víctima en el siglo XVIII, con el nacimiento de la dogmática penal, la víctima es caracterizada como el sujeto pasivo del delito, un receptor paciente de la acción, tomando mayor importancia el sujeto activo. Este pensamiento comienza a cambiar en torno a la Segunda Guerra Mundial. Quizás fue el Profesor israelita Meniamim Mendelsohn, el que realizó el primer estudio sistematizado sobre la víctima en el año 1940. Hans Von Henting publicó en la Universidad de Yale un libro denominado: “El criminal y su víctima” en 1948 y se enfoca en la vulnerabilidad de ciertos tipos de personas, como lo son los más jóvenes o viejos, inmigrantes recientes, grupos minoritarios y personas con deficiencias mentales. Symposium International de 1973 se efectuó el estudio de la víctima, estableciéndose lo siguiente: a) concepto y definición de la víctima, metodología y aspectos interdisciplinarios de la victimología. Relación de la Victimología con el Derecho Penal: Se Página 577 de 600

relaciona la victimología estrechamente con el derecho penal porque la primera estudia a la víctima y el segundo por considerar a la víctima como sujeto pasivo del delito, este planteamiento toma auge por el sistema penal acusatorio en donde se le reconoce y garantiza más los derechos a la víctima para encontrar justicia y reparación digna. FUNDAMENTO LEGAL: Constitución Política de la Republica de Guatemala art. 44 y 46, Código Procesal Penal art. 117, Ley Orgánica del Ministerio Público art. 8 y 26. La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas de delito y abuso de poder. e. EL MODELO DE ATENCION INTEGRAL: Atención Victimológica: Es aquella observación y escucha activa que se brinda a la víctima, con sensibilidad y calidad humana, para saneamiento y restitución del sufrimiento al que fue sometida. De acuerdo al protocolo para la atención integral de las víctimas del delito se entiende ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE DELITO: el conjunto de acciones que ofrecen seguridad, confianza y protección a las personas que ha sido víctima de un delito. Por su naturaleza, son de carácter secuencial, están relacionadas entre sí y responden, de manera integral, a las necesidades físicas, psicológicas o emocionales, jurídicas, sociales médicas, de la víctima, con miras a contener los efectos del delito y logras su restablecimiento, estas acciones deben estar integradas en tres esquemas: RESPUESTA INMEDIATA: Se integra por el conjunto de servicios que se proporcionan desde el momento en que la víctima del delito tiene el primer contacto con la institución, su misión es contener la situación de crisis y salvaguardar la integridad física y emocional de la víctima. ACOMPAÑAMIENTO: es una acción que se inicia una vez resuelto el estado de crisis y su objeto es orientar y en su caso conducir a la víctima hacia los servicios y procesos a seguir para denunciar el delito. EXPEDIENTE ÚNICO: se establece a través de este un esquema que coordina el trabajo del MP y de las instituciones públicas que participan en la atención integral de la víctima del delito. Unidad de atención integral: es una unidad que se encarga de la atención primaria del usuario. Recibe, orienta, filtra, desestima, archiva y distribuye a donde corresponda las denuncias, prevenciones policiales, querellas y documentos. Además realiza la valoración de riesgo o crisis de la victima para su atención inmediata. Unidad de atención integral: es una unidad que se encarga de la atención primaria del usuario, recibe, orienta, filtra, desestima, archiva y distribuye a donde corresponda las denuncias, prevenciones policiales, querellas y documentos, además realiza la valoración de riesgo o crisis de la víctima para su atención inmediata. Dentro de sus funciones esta: Brindar atención inmediata, permanente e integral a las víctimas; Brindas un servicio integral y coordinado con la fiscalía especializada de manera que se evite la victimización secundaria; Recibir de manera inmediata y completa las denuncias con presencia de víctima, evitar re victimizar y obtener información para la persecución penal estratégica. Brindar asesoría a víctimas y denunciantes para las acciones inmediata que ameriten cada caso y sus derechos procesales.

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f. REDES DE DERIVACION: La red de derivación nace de la necesidad de la coordinación y cooperación permanente de funciones conjuntas con otras instituciones y personas individuales o jurídicas que intervienen en el proceso de atención a las víctimas en función de su competencia, especialización y limitaciones. Existen redes de derivación locales en cada departamento y municipio, con el objetivo de coordinar en forma nacional e interinstitucional para que se facilite una asistencia complementaria e integral para las víctimas. Por lo tanto crea mecanismos de identificación, respaldo, apoyo, compromiso social y coordinación entre las organizaciones multidisciplinarias, gubernamentales, no gubernamentales, para beneficio de la sociedad guatemalteca. La red nacional de derivación facilita y agiliza la remisión de casos y asistencia a las víctimas a través de mecanismos formalizados y consensuados. Esta es el conjunto de organizaciones multidisciplinarias, gubernamentales, no jurídicas en los diferentes departamento de la república de Guatemala, que proporcionan su apoyo y sus servicios especializados a todas las personas que hayan sido víctimas. Esta red está integrada por las oficinas de atención a la víctima del MP y diferentes organizaciones multidisciplinarias. El apoyo que esta red de derivación pueda brindar: atención psicológica, psiquiátrica, atención medica, asesoría legal, albergue, alimentación, vestuario, transporte, servicios educativos, capacitación laboral, servicios de intérprete, y otros servicios afines. g. LA VICTIMIZACION SECUNDARIA (ANTICIPO DE PRUEBA): Naciones Unidas define este concepto como aquella victimización que ocurre a través de la respuesta de las Instituciones y las personas hacia la víctima de un delito; no es un resultado directo de la acción delictiva. Prueba anticipada Conocida también en doctrina como anticipo de prueba, o anticipo jurisdiccional de prueba, y la cual es de carácter excepcional, consistiendo en practicar por el órgano jurisdiccional una prueba en forma urgente que se cree que tiende a desaparecer y no va a ser posible practicarla en el debate, por lo que es necesario diligenciarla con la ritualidad que para tal prueba ordena la ley, ya que si no se observa dicha ritualidad la prueba sería viciada y no surtiría ningún efecto jurídico, puede ser protestada por los sujetos procesales. Se debe coordinar un anticipo de prueba. Los fiscales y OAV preparan todo para el debate. Tomar en cuenta la vulnerabilidad física y desarrollo emocional que les impide defenderse de los agresores, sumisión por autoridad, dependencia económica o inexperiencia. h. MEDIOS TECNOLOGICOS PARA EVITAR LA VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA: CÁMARA GESSEL DEFINICIÓN: Es un área dividida en dos ambientes, en cuya parte divisoria existe una ventana, denominado ventana reflexiva. El área que cuenta con venta reflexiva, será denominada sala de entrevista y será utilizada para el desarrollo de la diligencia. La otra área será denominada sala de observación y en ella se colocaran las personas que sean autorizadas a presenciar la diligencia. Las salas estarán conectadas por un sistema de Página 579 de 600

intercomunicación y cada una será amueblada con mobiliario que varía dependiendo del objeto para el cual van a ser destinadas. Surge con el afán que el ente investigador cumpla con efectividad la función encomendada adoptando medidas para garantizar el resguardo de los derechos de las víctimas y en especial de los niños, niñas, adolescentes para evitar revictimización, siempre con el respeto a la garantía constitucional del debido proceso, control efectivo de la prueba y derecho a la defensa que le corresponde al imputado. Siendo la cámara gessel un herramienta que permite aplicar pautas para la atención integral a las víctimas, la cual mejora la persecución penal, la reducción de la victimización secundaria para garantizar el bienestar de la víctima del delito. Los principios que rigen las cámaras gessel son: Dirección funcional, La no revictimización, Interés superior del niño, Acceso a las justicia, Igualdad y debido proceso. El ámbito de aplicación de la cámara gessel: diligencias de investigación y especialmente entrevistas, declaraciones de victimas. La prioridad serán asuntos que obedezcan a situaciones de cualquier tipo de violencia física, sexual, psicología, personas de tercera edad. La Instrucción 09-2008 establece el protocolo para atención a la niñez y adolescencia víctimas directas y colaterales, proporcionando definiciones en cuanto a la atención; así como técnicas de atención para la aplicación de la entrevista con estos grupos de personas. La Instrucción 10-2008 aporta elementos para atención a víctimas que han sufrido violencia sexual en cuanto a la atención psicológica, social y médica. El Acuerdo 35-2010 establece las normas el Manual de Normas y Procedimientos del Modelo de Atención Integral de Casos de Violencia Intrafamiliar, Delitos Sexuales y Violencia contra la Mujer en el Área Metropolitana. ACUERDOS INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON EL TEMA DE VICTIMOLOGIA: Acuerdo Número 34-2003 en donde se establece la Aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Red Nacional de Derivación para Atención a Víctimas. Acuerdo Número 35-2003 en donde se crea la Aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Redes de Derivación Locales para Atención a Víctimas. Acuerdo Número 74-2004 en donde se crea el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Oficinas de Atención a la Víctima de Las Fiscalías Distritales y Municipales. Acuerdo Número 09-2005 en donde se establece el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima. Instrucción General Número 09-2008 contiene el Protocolo para la Atención de la Niñez y Adolescencia Víctimas Directas y Colaterales. Instrucción General Número 10-2008 contiene el Protocolo para la Atención a Víctimas de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual, y el Pudor, en las Oficinas de Atención a la Víctima. Acuerdo 35-2010 que establece el Manual de Normas y Procedimientos del Modelo de Atención Integral de Casos de Violencia Intrafamiliar, Delitos Sexuales y Violencia contra la Mujer en el Área Metropolitana. Instrucción General 04-2014 que contiene las bases para la Aplicación del “Protocolo de Atención Integral para las Víctimas de Delito”. Acuerdo Número 41-2010 que contiene el “Reglamento para uso de Cámara Gesell dentro del Proceso Penal”. Instrucción General Número 02-2013 que es “Para la Atención y Página 580 de 600

Persecución Penal de Delitos Cometidos en Contra de la Niñez y Adolescencia”. Breve descripción de los Acuerdos e Instrucciones: Los Acuerdos 34 y 35 ambos del 2003, Acuerdo 49-2008 y la Instrucción 072008 regulan todo lo relacionado a la organización, atención y procedimiento de referencia a la Red de Derivación. El Acuerdo 74-2004 regula las consideraciones y disposiciones generales del MAI, así como su organización, funciones e integración, de las psicólogas, trabajadoras sociales y médica. El Acuerdo 09-2005 regula la creación del DCAV, el cual regula la organización, integración y funcionamiento del mismo, así como, de las áreas que lo integran: La Jefatura, Área de Coordinación Legal – Victimológica, Área de Coordinación de Servicios Integrales de las OAV, Área de Coordinación de Redes de Derivación, La Instrucción 09-2008 establece el protocolo para atención a la niñez y adolescencia víctimas directas y colaterales, proporcionando definiciones en cuanto a la atención; así como técnicas de atención para la aplicación de la entrevista con estos grupos de personas. La Instrucción 10-2008 aporta elementos para atención a victimas que han sufrido violencia sexual en cuanto a la atención psicológica, social y médica. El Acuerdo 35-2010 establece las normas el Manual de Normas y Procedimientos del Modelo de Atención Integral de Casos de Violencia Intrafamiliar, Delitos Sexuales y Violencia contra la Mujer en el Área Metropolitana. i. PROTOCOLO DE ATENCION INTEGRAL PARA LAS VICTIMAS DEL DELITO, INSTRUCCIÓN GENERAL 04-2014: *adjunta*

X.

POLITICAS INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO PUBLICO 1. POLITICA CRIMINAL La Política Criminal es una disciplina eminentemente valorativa. ZIPF plantea que la política Página 581 de 600

criminal es el conjunto de respuesta penales del Estado, para este autor es una concepción Jurídico penal, para DELMAS MARTY es el conjunto de respuestas de la Sociedad frente a un fenómeno que es social la criminalidad parte de una concepción social. La política criminal como parte de la Política en general de un Estado, tiene las características básicas de cualquier actuación política: es un conjunto de estrategias para un determinado fin. El fin general de la Política Criminal: La realización de los Derechos fundamentales. Es una disciplina teleológica o valorativa; no hay pues actuación política que no esté orientada por una determinada ideología. Fines y objetivos de la política criminal: Como fin concreto, la prevención de la delincuencia, así como controlar todas sus consecuencias, los efectos hacia las víctimas, sobre el delincuente, sobre la familia del delincuente y sobre la Sociedad en general. Buscando como objetivo privilegiar la prevención a la reprensión utilizando políticas criminales integrales. 2. PRINCIPIOS DE LA POLITICA CRIMINAL Principios rectores de la Política Criminal *Principio de Subsidiariedad *Principio de Humanidad *Principio de Eficacia 3. POLITICA CRIMINAL DEMOCRATICA DEL ESTADO DE GUATEMALA 2015-2035 fue formulada bajo el criterio ordenador de la Constitución Política y todos los instrumentos pertinentes de derecho internacional y de derechos humanos suscritos por el país, así como atendiendo el resultado de las consultas que se hicieron a los diversos sectores sociales, religiosos, empresariales, institucionales y autoridades de los pueblos indígenas, entre otros. Tiene como función esencial la creación de las estrategias interinstitucionales para el abordaje articulado de los hechos y fenómenos criminales priorizados, sobre la base de cuatro ejes: la prevención, la investigación, la sanción y la reinserción, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil y otros actores del país. Pretende enfrentar la criminalidad y la violencia bajo el paradigma de la seguridad ciudadana, por lo que es una política criminal inclusiva, orientada a atender también las particularidades de las poblaciones vulnerabilizadas, con perspectiva de género, pertinencia cultural y lingüística, enfoque victimológico y consideración particular del derecho indígena. En términos de la construcción de la democracia y la convivencia pacífica, la presente política constituye un insumo de primer orden para fortalecer la acción del estado a favor del bien común, la vida, el desarrollo humano, la paz y el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia. Se promueve la cultura de legalidad que obliga al respeto irrestricto del marco normativo nacional e internacional vigente. Prioriza la prevención del delito, establece una investigación centralizada, científica, articulada, estratégica y efectiva de los hechos que más impacto y regularidad social presentan. Página 582 de 600

Tiene como objetivo general la creación de estrategias articuladas que permitan a las instituciones del sector justicia y seguridad ciudadana, el abordaje de los principales hechos de violencia y criminalidad que ocurren en el país y que afectan los bienes jurídicos, los cuales el Estado tiene el deber de proteger, tanto desde la óptica de las posibilidades efectivas de tutela, como desde la prevención, considerada herramienta de primer orden para minimizar la incidencia delictiva. La articulación deberá considerar la participación de las organizaciones de la sociedad civil, la academia, la iniciativa privada y los pueblos indígenas, entre otros sectores. Pretende enfrentar el fenómeno de la violencia y el delito a través de una metodología que se oriente a desarrollar un análisis de las causas de los mismos, con el apoyo de herramientas y de investigación que ofrecen la criminología, la victimología, la sociología, la antropología, psicología, la estadística, la informática y otras. Con estas ciencias auxiliares de la política criminal, será posible analizar los diversos aspectos del delito, la violencia y sus consecuencias, así como proveer recomendaciones y observaciones que permitan diseñar estrategias que faciliten identificar y entender las causas del delito y sus efectos; al mismo tiempo que se buscara la reparación de los daños ocasionados a las víctimas y se asegurará una pronta y adecuada imposición y ejecución de las penas. Está concebida como un conjunto articulado de lineamientos de carácter estratégico, para incidir, desde la prevención, en las estructuras sociales que puedan mejorar la condición política, económica, social, educativa y cultural, a fin de reducir o evitar la comisión de hechos delictivos, potenciando las condiciones que permitan una efectiva prevención del delito, la construcción de una cultura de legalidad y tolerancia ciudadana, teniendo como aliados a los medios de comunicación, fortaleciendo a las demás instituciones estatales encargadas de la persecución penal e investigación criminal, a fin de evitar la impunidad y la corrupción, así como garantizar condiciones efectivas de tratamiento y retorno al contexto social, para las personas que hayan infringido la ley. Articula la investigación criminal, generando mecanismos más adecuados de uso de la información, planificación de acciones estratégicas a nivel nacional y regional, selección de casos, para enfrentar los distintos fenómenos criminales, particularmente de las áreas priorizadas, de conformidad con las condiciones específicas de los distintos departamentos y su incidencia criminal. De igual forma, se orienta hacia decisiones afectivas que permitan afrontar la corrupción y la impunidad, mejorando las capacidades de las instituciones, la formación de sus empleados (as) y funcionarios (as), definiendo además mecanismos más eficientes para el control disciplinario, evaluación de desempeño y reclutamiento de personal. En el eje de la sanción, plantea racionalizar el uso de la pena privativa de libertad, considerando la intensidad de la lesión a los bienes jurídicos que afecta a la convivencia armónica, las condiciones particulares del autor del hecho delictivo, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de resolución alterna de conflictos y ampliar las alternativas de sanción previstas en la legislación penal. El eje de la reinserción social, articula los esfuerzos que se llevan a cabo desde otras políticas, orientados a disminuir el hacinamiento carcelario, mejorar las condiciones de reclusión, generar mecanismos que posibiliten

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el cumplimiento del fin resocializador y rehabilitador de la sanción y políticas para el retorno al contexto social. 4. POLITICA DE DERECHOS HUMANOS PARA LA PERSECUCIÓN PENAL DEL MINISTERIO PUBLICO RETOS ACTUALES DE LA POLITICA CRIMINAL Las concepciones actuales funcionalistas del Derecho Penal consideran que es función de la intervención penal lograr fines sociales de prevención de la criminalidad. La prevención de la criminalidad por parte del sistema penal o por cualquier medio de control social no parece verificarse pero tampoco se realiza algún esfuerzo por comprobarlo. Diseñar una serie de políticas sociales, institucionales, económicas, educativas, públicas y privadas para llevar a cabo una eficaz labor de dirección social y contención de riesgos. Estudiar estos otros instrumentos de control: sociales, educativos, informales, comunitarios, estudiarlos para complementar una verdadera visión de los medios de control social. Una política criminal que respete el principio de intervención mínima necesariamente tiene que aplicar el principio de subsidiariedad. FERRJOLI se ha proclamado la universalidad y la igualdad de los derechos fundamentales, si éstos son derechos mínimos de todos los ciudadanos del mundo, el satisfacer sus necesidades primarias debe ser una tarea de un constitucionalismo mundial que se presenta como paradigma de todas las relaciones sociales, políticas y económicas. Los Derechos Humanos considerados en clave universal, están siendo hoy en día la piedra de toque para resolver los problemas de esta nueva sociedad. 5. POLITICA DE PERSECUCION PENAL DEMOCRATICA DEL MINISTERIO PUBLICO Configurar la respuesta del Estado frente al fenómeno criminal La política criminal son las respuestas al fenómeno criminal, a partir de ahí la respuesta gira en torno a tres puntos 1. Quien o quienes hacen la política criminal, 2. Qué tipo de respuestas al fenómeno criminal se incluyen en las mismas, 3. Cuál es la naturaleza de la política criminal. La política criminal como respuesta del estado al fenómeno criminal Delmas Marty considera que la política criminal es conjunto de métodos con los que el cuerpo social organiza las respuestas al fenómeno criminal La política criminal como respuesta coactiva del Estado al fenómeno criminal El principio de última ratio, determina que el derecho penal solamente puede intervenir cuando otros mecanismos menos lesivos han fallado, así pues la definición restrictiva puede ser útil para fortalecer los principios limitativos de la política criminal y para clarificar su ámbito de actuación. La Política criminal como parte de una política Como ciencia es posible construir modelos que expliquen este fenómeno social o modelos que definan una situación ideal, el modelo de política criminal que quisiéramos que exista de un Estado, esto significa que la política criminal como ciencia puede proporcionar tanto Página 584 de 600

categorías que ayuden a explicar como ocurre este fenómeno en la realidad como modelos que nos permitan fijar el rumbo, el deber ser de una determinada política criminal. Formulación y configuración de la política criminal Formulación: momento inicial en que una decisión de política criminal es objetiva, dando comienzo a un proceso social. Este momento está integrado fundamentalmente por la elaboración de los distintos cuerpos normativos. Ej. CPP Configuración: Se integra por lo que resulta en la realidad de la aplicación estas decisiones iníciales. 6. PARTICIPACION ACTIVA Y RESPETO A LOS DERECHOS DE LA VICTIMA 7. PARTICIAPCION CIUDADANA Y COMUNITARIA Se requiere un esfuerzo sistemático de planificación y construcción de acciones, así como la consideración de una gran variedad de aspectos y de actores que deben involucrarse, en un enfoque integral, que identifique los problemas principales, con participación ciudadana y defina las acciones correspondientes para brindar respuestas satisfactorias. De acuerdo con la visión de desarrollo para los próximos 20 años contenida en el Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032: “La seguridad y la justicia constituyen dos de las obligaciones más significativas del Estado. Seguridad implica la posibilidad de la plena convivencia, sin presiones, temores y amenazas que limiten el desarrollo individual y colectivo. La justicia es la condición suprema que garantiza el respeto de las obligaciones y deberes de todo ciudadano”. (Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural –CONADUR–, 2014)

XI. GERENCIA Y ADMINISTRACION PUBLICA 1. PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION PÚBLICA PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA. PRINCIPIO DE LEGALIDAD: De acuerdo con este principio, toda la actividad de la administración pública queda sometida a la a ley y esto no escapa de los contratos. De acuerdo a este principio todo contrato debe de basarse en una norma jurídica vigente, sea administrativa o civil, o basada en los principios generales del derecho. PRINCIPIO DE SEGUIMIENTO DE OFICIO: Seguimiento de oficio significa que la Administración Pública no debe ser rogada dentro de sus procedimientos, sino por el contrario debe agilizar, desarrollar, dinamizar y vigilar que los procedimientos finalicen sin que para ello resulte como un proceso civil. La Administración Pública y sus órganos tienen la obligación y responsabilidad de dirigir el procedimiento administrativo y ordenar que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para dictar el acto o resolución final, independientemente que el mismo se inicie de oficio o a petición del interesado. PRINCIPIO DE INFORMALIDAD: Todo procedimiento administrativo no debe estar sujeto a formalidad alguna, salvo en los casos especiales donde sí se requiere de algún tipo de Página 585 de 600

formalismo en cuanto a requisitos. Si hay formalidades dentro de la ley o el reglamento, los particulares y los funcionarios menores e intermedios deben ser debidamente informados y orientados a través de las circulares e instrucciones, para que cuando se inicie el procedimiento se cumplan los requisitos que se exigen desde el principio para no entorpecerlo el ya iniciado, asegurando con ello la eficiencia de lo pedido. En Guatemala, dentro del procedimiento no se cumple a cabalidad con este principio, principalmente con los medios de Impugnación, en los que se revisan como si fueran demandas judiciales, aplicando supletoriamente le Ley del Organismo Judicial y el Código Procesal Civil y Mercantil, lo que implica revestir de muchos formalismos al procedimiento administrativo. PRINCIPIO DE RESPETO AL DERECHO DE DEFENSA O AUDIENCIA PREVIA: Este principio debe ser tomado como una norma general y obligatoria para la administración y consiste en que el administrador antes de dictar una resolución, debe dar la oportunidad al particular que se defienda, principalmente si se trata de una sanción o por el comportamiento personal del administrado. La administración tiene la obligación de informar al particular de la existencia del procedimiento cuando se ha iniciado de oficio y dársele la oportunidad de enterarse de contenido y los motivos del mismo y presentar dentro del procedimiento las pruebas que considere necesarias, a efecto de desvirtuar lo que la administración dice. Este principio o derecho se contiene en el Artículo 12 de la Constitución Política de la República, aplicándolo supletoriamente en lo administrativo; pero si se hace un análisis de lo que significa la juridicidad, podemos considerar que el principio citado debe ser aplicado sin necesidad de una aplicación supletoria del Artículo constitucional mencionado, ya que toda disposición constitucional nunca puede ser supletoria, sino de observancia y aplicación prioritaria o preferente. Este principio debe ser aplicado independiente, pues recordemos que los principios equivalen a normas, aun que no se encuentren plasmados en una ley, es decir tienen existencia por si solos. PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD: Si bien es cierto que el administrador debe cuidar por el orden público, también lo es que cuando pueda causar perjuicio al particular, o exista conflicto de intereses entre particulares, debe resolver en una forma imparcial atendiendo al interés público, sin inclinaciones hacia alguno de los administrados. PRINCIPIO DE PROCEDIMIENTO SIN COSTAS: Cuando en un procedimiento administrativo se dicta la resolución final, no hay pronunciamiento de condena en costas al administrado, ya que el procedimiento administrativo es gratuito, como lo establece el Artículo 2 del Decreto número 11996, Ley de lo Contencioso Administrativo. PRINCIPIO DE PROCEDIMIENTO ESCRITO: El procedimiento administrativo es eminentemente escrito y todas sus actuaciones, pruebas, inspecciones, etc., deben quedar escritas dentro del mismo. Los dictámenes, informes, notificaciones, peritajes, resoluciones, deberán plasmarse por escrito, ya sea mediante actas, oficios, providencias, notificaciones, etc., asegurando así la proyección de sus efectos hacia el futuro. Estos actos debidamente ordenados en riguroso orden de fechas y plasmados en el documento forman el expediente. Para la Administración Pública la escritura es la prueba fehaciente que se cumplió con todas las formalidades contenidas en la ley. La escritura materializa la voluntad del órgano, la mantiene viva, la proyecta en el tiempo, es prueba palpable para que los actos previos, den nacimiento al acto administrativo y produzca el efecto perseguido y sea eficaz para lo pretendido. La forma escrita evita que las actuaciones sean cambiadas o alteradas en el transcurso del tiempo, dando seguridad, perdurabilidad y certeza al acto administrativo. El procedimiento administrativo debe ser escrito, pero debe ir combinado con la oralidad. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD: Este principio de publicidad de los actos de la Administración Pública, lo Consagra Nuestra Constitución Política, en el Artículo 30, al establecer que: “Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en Página 586 de 600

cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.” PRINCIPIO DE SENCILLEZ, RAPIDEZ, ECONOMÍA Y EFICACIA: Este conjunto de principios tiene como propósito posibilitar que la Administración Pública moderna no burocratice los expedientes y que, si se cumplieron los requisitos o se verificaron gestiones internas dentro del procedimiento, deba resolverse conforme a la ley. En este caso el procedimiento administrativo debe culminar con un resultado quesea beneficioso tanto para la administración como para los particulares.

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2. PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Principios de la Administración De Recursos Humanos: La administración de recursos humanos lleva por defecto ciertos principios que son aplicables en todos los casos, estos principios son: Del Derecho al trabajo: es una norma que regula las relaciones de trabajo, el funcionamiento de las instituciones que intervienen en este ámbito. Por otro lado, regulan las relaciones entre empleadores, trabajadores, así como de estos con los poderes públicos. Del Mérito Personal: este principio proclama que toda persona interesada en ingresar en una organización, así como mantenerse en la misma, debe demostrar que posee la capacidad y las demás cualidades exigidas por el puesto para ser desempeñados con eficiencia. De Igualdad de trato, trato justo o debida consideración a la dignidad humana: este principio prescribe la debida consideración a la dignidad humana, el respeto, trato justo y garantía de los valores personales del trabajador. El supervisor o ejecutivo en función de líder, tiene la responsabilidad de obtener el respaldo de sus subordinados ejerciendo de manera democrática el poder y autoridad que le confiere el cargo, y tratando de persuadir, antes que de imponer arbitrariamente sus decisiones. De Remuneración o retribución adecuada: la remuneración y los métodos de retribución deben ser justos y propiciar la misma satisfacción posible para los trabajadores y para el empleado. Estos deben fundamentarse en una política salarial que considere los factores de orden económico y social que inciden en la vía del obrero, empleado o funcionario. De Estabilidad Laboral: este principio consiste en el derecho que un trabajador tiene a conservar su puesto de trabajo, de no incurrir en faltas previamente determinadas o de no acaecer en circunstancias extrañas garantizando así sus ingresos en forma directa, lo que permite satisfacer las necesidades de su núcleo familiar y garantizar los ingresos de la empresa, ya que trabajadores adiestrados y expertos, integrados con la empresa, brindaran índices satisfactorios de producción y productividad. Del Análisis y valoración del trabajo: este principio demanda el análisis y valoración objetiva e impersonal de las funciones y responsabilidades asignadas a los puestos de una institución, a fin de establecer un sistema uniforme de clasificación, basado en la agrupación de cargos de funciones homogéneas, en que prevalezca la distribución equitativa del trabajo. Mediante este sistema se puede obtener la mayor eficiencia y mejor justo trato de los que trabajan en unidades colectivas, máxime cuando el personal de esta es numeroso. De igualdad de oportunidades, publicidad: prescribe que debe darse oportunidad de ingresar al servicio de una organización o empresa a todos aquellos ciudadanos que se hallen en aptitud y con el deseo de hacerlo.

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Las áreas de recursos humanos tienen el papel relevante de vincular a los trabajadores de la organización con la misión, la visión y los objetivos corporativos. Para tal efecto, es vital que áreas cuenten con un código de ética que contenga las máximas que deben regir en la prestación de servicios, de tal suerte que estas contribuyan al mejoramiento de la productividad de todos los colaboradores. Las normas éticas de las oficinas encargadas del manejo de personal deben prever y difundir ciertos valores básicos, según Alma Patricia Aduna Mondragón, Epifanio García Mata, Érika J. Chávez Gutiérrez, estudiosos del área de recursos humanos. En el trabajo intitulado Modelos de gestión de recursos humanos, estos especialistas precisan que esos valores básicos son: responsabilidad social, esto implica implementar la consciencia de servir y contribuir. desarrollo profesional, conlleva infundir la necesidad de esforzarse para alcanzar altos estándares de competencia y compromiso. liderazgo ético, las unidades de recursos humanos deben fungir como modelo a efectos de mantener la conducta ética. imparcialidad y justicia, las oficinas de recursos humanos como un valor ético tienen que promover estas posturas. conflicto de intereses, se trata de llevar una comunicación sincera, proteger sus intereses e integridad profesional y no involucrarse en fenómenos de dicha naturaleza, y uso de la información, alude a la obligación que tienen los profesionales en la administración de los trabajado es de respetar los derechos de estos, y en especial, lo que alude a sus datos. Para la implementación del código de ética que contenga los principios que se pretenden fijar, es recomendable elaborar un plan de acción; por ende, se deben contemplar estas prácticas: 

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crear un cronograma de transmisión de los valores por cierto plazo (la Organización Internacional del Trabajo en el trabajo Mejore su Negocio, El Recurso Humano y la Productividad recomienda entre tres o seis meses), plantear metas realistas para la filtración de los principios contenidos en el código, conservar el documento a disposición de los operadores de la gestión del personal, y si es posible, colocarlo en un espacio que lo haga visible, y fijar revisiones periódicas relacionadas con el avance del establecimiento del cuerpo normativo.

La actuación ética implica que la persona tome decisiones por el camino correcto, y en el campo del manejo del personal, a llegar a los profesionales de los recursos humanos un instrumento de esta índole, les ayudará a saber cuidar a los trabajadores, que son un componente indispensable para la rentabilidad de las empresas. 3. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL El Artículo 81 bis. establece: “Evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño es el sistema permanente por medio del cual se califica el rendimiento del personal de carrera, tendrá como fin de calidad determinar la eficiencia y eficacia del personal en el cumplimiento de sus funciones, así como establecer necesidades de capacitación a efecto de superar las deficiencias encontradas y reconocimientos. Las evaluaciones de desempeño se efectuarán al menos una vez al año. El Ministerio Público contará con una unidad especializada, integrada por equipos multidisciplinarios, que se encargará de desarrollar y ejecutar el sistema de evaluación de desempeño, los integrantes de la unidad especializada deberán ser profesionales con cinco (5) años o más de colegiación profesional y encontrarse colegiados activos.” El Artículo 57. Se adiciona el artículo 81 ter al Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así: “Artículo 81 ter. Contenido. La evaluación comprenderá: a. El análisis de la eficiencia y eficacia en la gestión y en las actuaciones Página 588 de 600

técnico-jurídicas de los casos que tenga bajo su responsabilidad según la función que se desempeña de acuerdo a la ley, instrucciones, manuales y reglamentos. b. La debida diligencia en la atención a la víctima, testigos, querellantes y otros actores del proceso. c. La evaluación disciplinaria, la que comprende las sanciones firmes emitidas por la junta disciplinaria. d. La evaluación académica que compren de los créditos obtenidos en cursos teóricos y prácticos impartidos por la unidad de capacitación, los cuales se complementan con estudios a nivel de post grados y otros conocimientos adquiridos por los funcionarios. La Unidad de Evaluación deberá elaborar los manuales e instrumentos de evaluación correspondientes. El reglamento respectivo desarrollará la metodología de evaluación, los aspectos a evaluar, la valoración que le sea asignada a cada uno de ellos y la escala de calificación. El Jefe del Ministerio Público deberá aprobar el reglamento de evaluación de desempeño.” El “Artículo 81 quater. Resultados de la evaluación de desempeño. Solamente quienes aprueben la evaluación de desempeño con la nota establecida en el reglamento, podrán optar a ascensos en la institución. Previo a decidir sobre la concesión de un ascenso, debe evaluarse la mesa de trabajo del aspirante a efecto de determinar su perfil de trabajo. Cuando el funcionario sea reiteradamente calificado como deficiente en evaluaciones de desempeño, el Fiscal General procederá a su destitución, previo agotar el procedimiento disciplinario correspondiente. Se entenderá que hay reiteración al producirse dos calificaciones deficientes consecutivas. La Dirección de Recursos Humanos deberá mantener un registro actualizado del expediente de todo el personal de la institución, que contenga, entre otra información, los resultados de las evaluaciones de desempeño, las faltas cometidas y las cancelaciones, los resultados de la evaluación de desempeño serán de acceso público. Cuando del proceso de evaluación se adviertan indicios sobre la existencia de delitos, faltas o infracciones administrativas, se comunicará inmediatamente al órgano correspondiente para el inicio de las investigaciones.” El Artículo 81 quinquies. Recursos. El funcionario evaluado, deberá ser notificado del resultado de las evaluaciones de desempeño y podrá solicitar su revisión de forma fundamentada ante el jefe de la unidad de evaluación dentro de los ocho (8) días siguientes de haber recibido la calificación, debiendo resolverse la misma dentro de los quince (15) días siguientes. Contra esta resolución procede el recurso de reconsideración ante el Fiscal General, el cual se podrá solicitar si se considera que: La evaluación se realizó con base a aspectos, parámetros y procedimientos distintos o contradictorios a los contemplados en el presente Ley y en el reglamento. El interponente deberá indicar concretamente el error en el que considere que se incurrió en la evaluación. 4. SISTEMA DISCIPLINARIO DE LA CARRERA PROFESIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO El “Artículo 60. Principios. El sistema disciplinario de la carrera profesional del Ministerio Público se rige conforme los siguientes principios: Principio de legalidad. Los funcionarios y empleados del Ministerio Público están sujetos a responsabilidad disciplinaria. Solo podrá imponérseles sanción disciplinaria cuando realicen acciones u omisiones previstas como falta en la ley y siguiendo el procedimiento establecido en esta Ley y sus reglamentos. El personal contratado por servicios personales y profesionales, se regirá por las cláusulas contractuales con el Ministerio Público y demás leyes vigentes en el país. Non bis in idem. Nadie puede Página 589 de 600

ser sancionado administrativamente dos veces por el mismo hecho. Independencia del procedimiento disciplinario. El inicio de persecución penal no interrumpe ni impide el procedimiento administrativo disciplinario. El procedimiento disciplinario se realizará y aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales y no impedirá la sustanciación de dicho proceso. Derecho de defensa. Nadie podrá ser sancionado, ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en el sistema disciplinario de la carrera profesional. Proporcionalidad. En todo el procedimiento disciplinario y al momento de imponer las sanciones administrativas, se atenderá el principio de proporcionalidad, tomando en cuenta: 5. La naturaleza del servicio afectado. 6. Grado de responsabilidad. 7. El grado de perturbación efectiva del servicio. 8. La naturaleza de los bienes jurídicos afectados. 9. Las circunstancias en las que sucedió el hecho. 10. Los antecedentes laborales del trabajador en la institución.” El “Artículo 61. Prescripción y extinción de la responsabilidad administrativa. Las faltas establecidas en la presente Ley y las sanciones que se pueden iniciar a raíz de las mismas, prescriben conforme a las siguientes reglas: 1) La acción disciplinaria prescribe en seis (6) meses para las faltas leves, en un (1) año para las faltas graves y en dos (2) años para las faltas muy graves. En todos los casos el plazo se computa para las faltas consumadas desde el día de su consumación, y para las de carácter permanente o continuado, desde la realización del último acto. 2) Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo procedimiento, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas. 3) La sanción disciplinaria prescribe en un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del fallo. Constarán en los registros de los órganos disciplinarios del Ministerio Público, las faltas que sean declaradas con lugar y sin lugar, sin perjuicio de los derechos laborales existentes.” El “Artículo 62. Faltas. Sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles, se consideran faltas las siguientes: a. Faltas leves: a. La inobservancia del horario de trabajo sin causa justificada, siempre que no implique una falta de mayor gravedad conforme a esta Ley. b. La falta de respeto debido hacia el público, compañeros y subalternos en el desempeño del cargo, la víctima, el imputado, funcionarios judiciales, representantes de órganos auxiliares de la administración de justicia, miembros del Ministerio Público, del Instituto de la Defensa Pública Penal y los abogados litigantes. c. La negligencia en el cumplimiento de las funciones propias de su cargo, siempre que la misma no constituya falta grave o gravísima. d. El uso inapropiado de las instalaciones, bienes muebles e inmuebles de la institución. b. Faltas graves: a. Ausencia o abandono injustificado a sus labores, o inobservancia reiterada del horario de trabajo, o ausencia injustificada de las oficinas donde se Página 590 de 600

labora. b. Faltar a la debida celeridad en el trámite de los procesos e incurrir en retrasos y descuidos injustificados en la tramitación de los procesos. c. No guardar la discreción debida en aquellos asuntos que por su naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos requieran reserva, ocasionando consecuencias graves para el desarrollo del proceso. d. La falta en el acatamiento de las normas o instrucciones generales o específicas de la autoridad fiscal en las investigaciones, ocasionando consecuencias graves para el desarrollo del proceso. e. Ocultar a las partes documentos o información de naturaleza pública, sin perjuicio de responsabilidades de otro tipo contenidas en otras leyes. f. Presentarse a trabajar o laborar en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes. g. La injuria, la calumnia o las vías de hecho en contra de jefes, funcionarios, representantes del Ministerio Público o cualquier otro trabajador. h. Causar intencionalmente daño o usar en provecho propio o de terceras personas, los bienes muebles o inmuebles del Ministerio Público. i. Hacer durante el trabajo o dentro de las oficinas del Ministerio Público actividades políticas partidistas o de proselitismo religioso. j. Delegar funciones inherentes a su cargo a sus subordinados. k. Omitir informar a la víctima del resultado de las investigaciones fuera de los casos en que la ley dispone la reserva de la investigación u omitir notificar la resolución del juez que ponga fin al proceso. l. Hacer acusaciones, pedimentos, formular conclusiones o rendir informes o dictámenes carentes de fundamento legal. m. No ingresar ni actualizar, la información del avance de las investigaciones en el sistema informático oficial del Ministerio Público, en los casos en que no constituya falta gravísima. c. Faltas muy graves: a. Desempeñar simultáneamente a la función, empleos o cargos remunerados, con excepción de la docencia, o prestar cualquier clase de servicio profesional. b. Interferir en el ejercicio de funciones de los otros Organismos del Estado, sus agentes o representantes, o permitir la interferencia a cualquier organismo, institución o persona que atente contra la función del Ministerio Público. c. Cometer cualquier acto de acoso, coacción o abuso, especialmente aquellos de índole sexual o laboral. d. Solicitar o aceptar favores, préstamos, regalías o dádivas en dinero o en especie, directa o indirectamente, en relación a cualquier procedimiento. e. No ingresar ni actualizar, la información del avance de las investigaciones en el sistema informático oficial del Ministerio Público, obstaculizando el trámite del proceso o la evaluación de desempeño profesional. f. Incumplir con los plazos procesales, ocasionando con ello la finalización del proceso. g. Ejecutar hechos o incurrir en omisiones que hagan imposible la elaboración de un adecuado requerimiento fiscal, o bien provoquen la carencia de sustento y evidencia para fundamentar la pretensión del Ministerio Público. h. Introducir evidencias por medios ilegales, o bien sustraer, destruir, alterar o extraviar evidencias, así como alterar informes y dictámenes que recaigan en ellas. i. Recurrir a medios ilegales en la fase de investigación. j. Hacer acusaciones, pedimentos, formular conclusiones o rendir dictámenes que tengan como base hechos manifiestamente falsos. Página 591 de 600

k. l.

m. n. o. p.

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r. s.

La negativa manifiesta a acatar las normas o instrucciones generales o específicas de la autoridad fiscal en las investigaciones bajo su conocimiento. Impedir u obstaculizar a las partes el ejercicio de sus derechos en cualquier procedimiento, o bien darles información errónea u ocultarles información cuando no se haya declarado la reserva de las actuaciones. Revelar o proporcionar información confidencial que conozca con ocasión de su cargo. Incumplir las normas sobre confidencialidad de los testigos, colaboradores, víctimas y sujetos procesales bajo protección del Ministerio Público. Portar armas de cualquier clase durante la jornada de trabajo, excepto cuando lo requiera la índole del servicio. Intervenir en cualquier acto procesal a sabiendas de que se encuentra en alguna causal de inhibitoria, o en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la ley. Faltar a la verdad, en un proceso de contratación, calificación o ascenso señalando tener calidades, calificaciones académicas, historial disciplinario, experiencia profesional, condiciones o conocimientos que no se poseen; sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan. La circunstancia del ocultamiento o presentación de datos falsos no podrá ser saneada posteriormente por prescripción. Realizar una acción comprendida entre las prohibiciones establecidas en la presente Ley, salvo que constituya una falta específica. La conducta y trato discriminatorio, incluyendo el insultar o proferir frases discriminatorias, basado en motivos deraza, etnia, prácticas culturales, religión, género, sexo, edad, idioma o de otra índole en el ejercicio del cargo en contra del personal de la institución, partes procesales, sus abogados o público en general.

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Ejercerla profesión de abogado litigando asuntos particulares por sí o por interpósita persona. u. Extraer fuera de los casos en que la ley lo autoriza, los expedientes y documentos fuera de la oficina en que deban estar, o de las del Ministerio Público.” El “Artículo 63. Sanciones. Las sanciones que se impongan serán conforme al tipo de falta cometida. a. Sanciones para faltas leves: Amonestación verbal y escrita. b. Sanciones para faltas graves: Suspensión de empleo o cargo sin goce de salario hasta por veinte (20) días. c. Sanciones para faltas muy graves: Suspensión desde veintiuno (21) hasta noventa (90) días sin goce de salario o destitución. La imposición de una sanción por falta grave o por tres faltas leves, impide el ascenso en la carrera e impone la limitación temporal de optar a becas dentro o fuera del país y optar a otros cargos dentro de la institución, mientras no se haya cancelado la anotación en el expediente del sancionado. La sanción del cargo o empleo impide el reingreso de la persona en el Ministerio Público.” El “Artículo 64. Juntas disciplinarias. Se crean las juntas disciplinarias, las que tendrán a su cargo conocer y en su caso, imponer las sanciones por faltas leves, graves y muy graves, de conformidad con la presente Ley a Fiscales Regionales, Fiscales de Distrito, Fiscales de distrito adjunto, fiscales de sección, fiscales de sección adjunto, Agentes Fiscales, fiscales para asuntos especiales, auxiliares fiscales, oficiales de fiscalía y personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas. El Fiscal General establecerá el número y ubicación de las juntas disciplinarias conforme a las necesidades del servicio, tomando en consideración el acceso de las partes y la carga de trabajo de las juntas existentes. Las juntas disciplinarias serán de carácter permanente y se integrarán por tres miembros titulares y tres suplentes, quienes serán designados por el Fiscal General, mediante concurso público de oposición, de conformidad con la carrera del Ministerio Público. Al menos un integrante titular y un suplente deberán tener experiencia por lo menos de tres (3) años y estar en funciones como agente fiscal, fiscal de distrito, fiscal de sección, o auxiliar fiscal.

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PAOLA MISHELLE ESCOBAR QUIÑONEZ.

Para ser integrante de la junta disciplinaria se requiere: 1) No haber sido condenado por la comisión de delitos dolosos. 2) Ser abogado y notario, con cinco (5) años o más de colegiación profesional y encontrarse colegiado activo. 3) No tener sanciones vigentes impuestas por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios o de otro órgano disciplinario de la institución en donde se haya desempeñado. Cuando se inicie procedimiento disciplinario contra un miembro de una junta disciplinaria, este deberá ser sustituido por el suplente respectivo.” El “Artículo 64 bis. Atribuciones de la junta disciplinaria. Son atribuciones de la junta disciplinaria: 1) Conocer, tramitar y resolver los procedimientos disciplinarios, imponiendo las sanciones correspondientes de acuerdo a la presente Ley. 2) Remitir a la unidad de evaluación de desempeño la información relativa a sanciones firmes, a efecto de ser consideradas como parte de la evaluación de desempeño.” El “Artículo 65. Supervisión General. Se crea la Supervisión General, a la que corresponde la función de investigar la comisión de hechos constitutivos de faltas administrativas, y en su caso formular la imputación que corresponda. Orgánicamente dependerá del Fiscal General, actuará por instrucciones de este o de oficio y tendrá la facultad de desarrollar supervisiones generales o específicas para revisar el trabajo de la institución. En el ejercicio de sus funciones actuará en forma independiente. El Fiscal General nombrará al Supervisor General del Ministerio Público y al personal conforme a las necesidades del servicio, mediante concurso público de oposición de conformidad con la carrera profesional del Ministerio Público. El Supervisor General deberá cumplir con lo requerido en el artículo 28 de la presente Ley y el personal a su cargo con lo establecido en el artículo 43 de la presente Ley. La Supervisión General deberá recolectar los elementos de prueba de cargo y descargo que permitan fundar el requerimiento conclusivo de la investigación, pudiendo para el efecto solicitar informes, peritajes, documentos y recibir declaraciones de particulares y otros elementos de prueba que sean idóneos, de cualquier funcionario o empleado de la institución o de cualquier otra. Cuando se inicie procedimiento disciplinario contra el personal de la Supervisión General, el Fiscal General designará a la persona que deba desarrollar la investigación respectiva en los términos establecidos en la presente Ley.” El “Artículo 65bis. Inicio del procedimiento disciplinario para la carrera fiscal. El procedimiento disciplinario puede iniciarse por: a) Denuncia escrita o verbal presentada por particulares, funcionarios o empleados públicos; b) Por comunicación de los superiores jerárquicos inmediatos; c) Por hallazgos de los supervisores en la realización de supervisiones generales o específicas. La denuncia podrá presentarse ante cualquier dependencia de la institución, la cual deberá remitir la misma a la Supervisión General en el plazo máximo de dos (2) días, debiéndose expedir constancia gratuita de la misma. En caso que el superior jerárquico tome conocimiento de una posible falta administrativa, levantará un acta y la remitirá a Supervisión General del Ministerio Público dentro del plazo de dos (2) días.” El “Artículo 65ter. Primera decisión. La Supervisión General, dentro de los dos (2) días

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siguientes de haber recibido la denuncia deberá: a) Desestimar mediante resolución motivada el caso, si la denuncia se refiere a actos que no son constitutivos de faltas. b) Remitir la denuncia a la junta disciplinaria, si considera que el hecho es constitutivo de falta leve. c) Iniciar la investigación cuando existan indicios suficientes de la comisión de falta grave o muy grave. Durante el desarrollo del proceso disciplinario el Jefe del Ministerio Público, a solicitud de la Supervisión General, podrá suspender provisionalmente al denunciado en tanto duren las investigaciones y hasta por un máximo de treinta (30) días cuando existan indicios de la comisión de una falta muy grave, en los siguientes casos: a. Si se considera que de continuar laborando se producirá afectación al desarrollo normal del servicio; b. Si existe la posibilidad de que el funcionario dificulte o entorpezca el desarrollo del procedimiento disciplinario. La resolución en que el Fiscal General se pronuncie sobre la suspensión provisional será susceptible de recurso de reposición. De igual manera se procederá en el caso que se dicte auto de procesamiento contra un funcionario de la institución por la comisión de un delito, en este caso la medida durará hasta que se dicte la resolución que ponga fin al proceso.” El “Artículo 65 quater. Investigación. La investigación de las faltas graves y muy graves tendrá una duración máxima de un (1) mes, contado a partir de la resolución de Supervisión General. La Supervisión General podrá concluir la investigación antes del vencimiento del plazo previsto y adoptar las decisiones establecidas en la presente Ley, o en casos estrictamente necesarios solicitara la junta disciplinaria la ampliación del plazo de investigación por el período improrrogable de quince (15) días. El denunciado y el denunciante podrán proponer medios de prueba a la Supervisión General. En caso de negativa en diligenciar las pruebas propuestas, podrán acudir a la junta disciplinaria a efecto que se revise la decisión de la Supervisión General. La junta disciplinaria deberá resolver en un plazo máximo de dos (2) días. En cualquier momento de la investigación, se remitirá la denuncia a la Oficina de Atención Permanente correspondiente, si se determina que el hecho investigado es a demás constitutivo de delito.” El “Artículo 65 quinquies. Actos conclusivos. Finalizada la investigación, la Supervisión General deberá, con base a los medios de prueba obtenidos, formular fundadamente cualquiera de los siguientes actos conclusivos ante la junta disciplinaria: a) El sobreseimiento de la denuncia, si se determina que el hecho no constituye falta administrativa o no se demostrare la responsabilidad del denunciado. b) La imputación de cargos solicitando la sanción correspondiente. La imputación de cargos deberá contener: 1. La descripción precisa y circunstanciada del hecho que se atribuye al funcionario o empleado con indicación del lugar, tiempo y forma conocidos; 2. La indicación de la falta cometida, de conformidad con lo establecido en la presente Ley; 3. Las pruebas con indicación precisa de los hechos que cada una pretende demostrar. El acto conclusivo deberá ser notificado por la Supervisión General al denunciado y denunciante. Junto con la solicitud, se elevará el expediente respectivo a la junta disciplinaria.”

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El “Artículo 65 sexies. Audiencia oral. Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la solicitud, la junta disciplinaria convocará a una audiencia oral, en la que se oirá a la Supervisión General y al funcionario o empleado investigado. A esta audiencia deberá convocarse al denunciante y a la víctima, quienes podrán intervenir en el desarrollo de la misma. La incomparecencia del denunciante y la víctima no suspenderá el procedimiento. En caso de incomparecencia del funcionario o empleado denunciado con causa justificada, se suspenderá la audiencia, fijándose nueva fecha y hora para su realización. Cuando no exista causa justificada, la junta disciplinaria continuará con el procedimiento sin su presencia. En caso de incomparecencia del representante de la Supervisión General se suspenderá la audiencia, fijándose nueva fecha y hora para su realización. Cuando no exista causa justificada, la junta disciplinaria denunciará el hecho a la Supervisión General para que inicie el procedimiento disciplinario correspondiente. Inmediatamente después de celebrada la audiencia, la junta disciplinaria analizará todo lo actuado y emitirá fundadamente la resolución que corresponda, imponiendo en su caso, la sanción correspondiente. Contra las resoluciones de la junta disciplinaria únicamente cabrá el recurso de apelación ante el Fiscal General. El recurso podrá interponerse por la Supervisión, el denunciante o el sancionado, dentro de los tres (3) días siguientes de haber sido notificada la resolución respectiva y deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes. El Fiscal General resolverá fundadamente ratificando, revocando o modificando la resolución impugnada. Cuando el recurso sea interpuesto exclusivamente por el sancionado no podrán imponerse sanciones más graves a las impuestas por el órgano sancionador.” El “Artículo 65 septies. Procedimiento disciplinario para el área administrativa, técnica y de apoyo. El procedimiento para sancionar las faltas cometidas por los empleados del área administrativa, técnica y de apoyo, podrá iniciarlo el superior jerárquico del trabajador (a) que será sujeto a procedimiento disciplinario, deberá faccionar un acta en la cual se harán constar las acciones u omisión es en que incurrió la persona a quien se implica en la comisión de hechos que son constitutivos de procedimiento disciplinario, debiendo señalar la disposición legal en la que encuadran los mismos. De dicha acta y de todas las pruebas de cargo que acrediten los hechos que constan en la misma, deberá darse conocimiento al trabajador (a), debiéndosele conferir audiencia por dos (2) días para el trabajador (a) de la región metropolitana y un día más para trabajadores (as) del interior del país, por razón de distancia, oportunidad en la que podrá ofrecer la prueba pertinente. La Supervisión General del Ministerio Público, con citación del trabajador (a) interesado, recibirá las pruebas ofrecidas en su oportunidad y/o diligenciará aquellas que le indique el trabajador (a), dentro de los tres (3) días siguientes para los trabajadores (as) del área metropolitana y cinco (5) días para los trabajadores (as) del interior del país, plazo que deberá contar sea partir del día siguiente de la citación.

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Con la prueba diligenciada, el expediente se remitirá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de lo actuado, según sea el caso a: 1.

El superior jerárquico (fiscal de distrito o de sección o jefes de dependencias del Ministerio Público) para los casos de amonestación verbal o escrita, para que resuelva en el plazo de tres (3) días;

2.

Al Jefe del Ministerio Público, para que resuelva dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del expediente para el caso de suspensión o despido. En los casos que el trabajador (a) no evacue audiencia y/o no proponga prueba, el expediente deberá ser remitido a la Supervisión General, que al constatar este extremo remitirá el expediente en forma inmediata a donde corresponda.

En todos los casos se valorará toda la prueba aportada por el trabajador (a). Asimismo, los plazos establecidos se computarán como días hábiles, y de todo lo actuado se dejará constancia escrita.” El “Artículo 65 octies. Ejecución de sanciones. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán cuando se encuentre firme la resolución respectiva. La autoridad que dicte la última resolución deberá oficiar la misma a la Dirección de Recursos Humanos para que la haga efectiva. Las sanciones impuestas se anotarán en el expediente personal del trabajador, que obra en la Dirección de Recursos Humanos. La habilitación de la sanción se acordará de oficio transcurrido el plazo de tres (3) meses en caso de amonestación verbal, doce (12) meses en caso de amonestación escrita y dieciocho (18) meses en caso de suspensión de labores sin goce de salario.” El “Artículo 65 nonies. Procedimiento disciplinarlo para los Secretarios, Sub Secretarios, Supervisor General, Jefes del área administrativa, técnica y de apoyo. El procedimiento para sancionar las faltas cometidas por los empleados demás alta jerarquía en el Ministerio Público, tales como secretarios y sub secretarios de las distintas secretarías, supervisor general, jefes del área administrativa, jefe de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, jefes del área técnica y de apoyo deberá iniciarlo el Fiscal General de la República, previo informe detallado de la Supervisión General y la junta disciplinaria, el cual contendrá los antecedentes del caso a que esta se refiera, con este informe el Jefe del Ministerio Público decidirá si inicia procedimiento o no, lo cual hará constar en resolución motivada, que será notificada al denunciante, quien tendrá derecho de interponer recurso de reposición. Si decidiere iniciarse procedimiento, notificará la resolución motivada al denunciado y nombrará a una persona de la junta disciplinaria y una persona de la Supervisión General quienes diligenciarán la prueba que proponga el denunciado y el denunciante, con citación de ambas partes, de todo lo actuado dejarán constancia escrita; y una vez diligenciada toda la prueba propuesta lo cual deberá realizarse en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, la remitirá a la Fiscalía General para que el Jefe del Ministerio Público decida si procede imponer o no una sanción al personal denunciado, el que podrá impugnar la resolución mediante recurso de reposición.” 5. MANEJO DEL CLIMA LABORAL EN EL AREA DE TRABAJO Cómo mejorar el clima laboral: 5 características del ambiente de laboral

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perfecto: El ambiente laboral es uno de los factores más influyentes en el bienestar de los empleados. Por ambiente laboral o de trabajo entendemos todo aquello que involucra a los empleados en el trabajo, como por ejemplo: La relación con los compañeros de trabajo y líderes. La cultura organizacional o corporativa. El espacio disponible para el desarrollo personal. La principal ventaja de un clima laboral positivo es que los empleados sienten como agradable la idea de ir cada día a su trabajo. Esto les da una motivación que mantienen durante el resto del día. No importa en qué tipo de empresa trabajes. Evaluar el ambiente laboral es una tarea que no debes pasar por alto… ¿o acaso hay algo peor que ir cada día a un sitio donde detestas estar? Cada trabajo es diferente, pero existen ciertas características muy valoradas por todos los trabajadores de cualquier empresa. Podríamos decir que son puntos universales, con raras excepciones. 1. Comunicación abierta y transparente Hace sentir al empleado que su opinión importa, y que forma parte de la organización. Si se siente valorado, se genera un sentimiento mutuo de afiliación. Discutiendo de vez en cuando sobre la filosofía, la misión y los valores de la empresa, podremos asegurarnos de que todos los miembros trabajen más allá de por un simple sueldo. Esto hace mucho más sencillo que puedan compartir sus puntos de vista sobre cómo alcanzar los objetivos de la empresa. Para recibir, primero hay que dar: Una comunicación abierta y bidireccional acaba con los clásicos obstáculos de las organizaciones jerarquizadas e incrementa la confianza entre compañeros; así como entre líderes y liderados. Se fomenta el respeto mutuo entre todos los miembros, sin importar sus estatutos oficiales. Los empleados se sienten animados a sugerir ideas para mejorar los procesos de trabajo, y la respuesta es un mejor ambiente laboral para toda la organización. 2. Conciliación laboral Para que un ambiente laboral positivo sea posible, debe existir cierto equilibrio entre la vida personal y laboral de los trabajadores. Normalmente, un sentimiento de equilibrio mejora la satisfacción entre los empleados, porque sienten que pueden atender otros aspectos de sus vidas, tan importantes como el trabajo. Pensando más allá del trabajo Los empleados se sienten más seguros de sí mismos y de su desempeño cuando pueden satisfacer otras necesidades de su vida. La familia, los amigos, el autodesarrollo o el crecimiento espiritual reportan experiencias que también se pueden aplicar al trabajo. El equilibrio entre la vida personal y el laboral fomenta la creatividad y el pensamiento divergente. Más no siempre es mejor ¿Alguna vez has oído que un buen empleado es aquel que se sacrifica por su trabajo, depositando grandes esfuerzos y parte de su tiempo personal para crecer profesionalmente? Estas personas muchas veces se vuelven adictas al trabajo y dejan de lado otros aspectos importantes de su vida, mermando cualquier posibilidad de un buen ambiente en el trabajo. La responsabilidad de un gerente es premiar a los empleados que mantienen buenos hábitos y que se esfuerzan por conciliar su vida personal con el trabajo, para que eso repercuta positivamente en su productividad. Aquí es donde la organización debe tomar las medidas oportunas para que los empleados entiendan los beneficios de mantener ese equilibrio en sus vidas, incluyéndolo en la declaración de su misión. 3. Entrenamiento y desarrollo enfocado Una organización centrada en mantener y mejorar su

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productividad general cuenta con una hoja de ruta clara para capacitar a sus empleados hacia los dos tipos de habilidades que pueden desarrollar: habilidades duras y blandas. Las habilidades duras tienen un impacto directo en la productividad. Por ejemplo, cuando un trabajador sabe cómo manejar el nuevo programa de gestión de clientes podemos decir que tiene habilidades duras. Las habilidades blandas tienen que ver con las capacidades interpersonales que tienen que ver con la moral de la organización. Se engloban aquí las dotes comunicativas, la automotivación, el liderazgo, el trabajo en equipo, la resolución de problemas o la flexibilidad. Mediante un clima laboral positivo se puede mejorar la eficiencia e inculcar actitudes positivas entre todos los miembros de la organización. 4. Reconocimiento del trabajo duro Las recompensas son un gran estímulo para fomentar ciertas conductas en las personas. En psicología, esto se conoce como refuerzo positivo bajo condicionamiento operante. Pero también se puede emplear en la gestión del comportamiento dentro de tu empresa, premiando a aquellos empleados que se esfuercen más. Esto promoverá actitudes similares en el futuro. Lo bueno, si breve... ¡dos veces bueno! Una recompensa no tiene por qué ser monetaria; ni siquiera tiene por qué ser tangible. En ocasiones, un simple reconocimiento verbal por parte del líder es suficiente para motivar a los empleados. Este enfoque es saludable, porque los empleados se sentirán igualmente valorados, aunque no reciban nada a cambio. Reconociendo su presencia Las interacciones diarias también son muy efectivas a la hora de reconocer los esfuerzos, aunque tan solo sean pequeños logros. Sus reconocimientos deben ser específicos y personales, para que el empleado sienta que se le toma en serio y se le valora. 5. Fuerte espíritu de equipo Resolver los conflictos en equipo evoca una sensación de unidad en el equipo, que hará que los empleados se sientan parte de un grupo que les apoya. En lugar de sentir que trabajan para sí mismos, reconocerán que se encuentran trabajando para algo más grande que ellos mismos: para su equipo. Solo es posible inculcar un fuerte espíritu de equipo cuando los diferentes compañeros de trabajo toleran y aceptan las diversas perspectivas y estilos de trabajo. Todos en el mismo barco Para mejorar el ambiente laboral, es importante dedicar algo de tiempo a realizar actividades que fortalezcan los vínculos positivos de cada empleado, al mismo tiempo que se anulan los negativos. Celebrar fechas importantes, como cumpleaños; o tratar los problemas como un equipo, hará que cada miembro se sienta único. El pensamiento grupal sucede cuando el espíritu de equipo es alto. Este fenómeno psicológico tiene lugar cuando la cohesión del grupo es tan fuerte que los juicios o la toma de decisiones se nublan. Cuando esto sucede, los empleados tienden a apoyar cualquier decisión que se tome como equipo, sin plantear objeciones válidas. La solución para ello, es tener un miembro que desempeñe el papel de Defensor del Diablo durante las discusiones. 6. PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO PUBLICO 7. REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL MINISTERIO PUBLICO

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