Jurisprudencia En Derecho Concursal: Procedimiento Concursal De Liquidación Voluntaria. Ley Nº 20.720

JURISPRUDENCIA EN DERECHO CONCURSAL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA. LEY Nº 20.720

DIEGO BELMAR OJEDA SOL SAN MARTÍN ISMAEL GONZÁLEZ CERDA

BELMAR & CÍA ABOGADOS PRIMERA EDICIÓN

DIEGO BELMAR OJEDA SOL SAN MARTÍN ISMAEL GONZÁLEZ CERDA

JURISPRUDENCIA EN DERECHO CONCURSAL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA. LEY Nº 20.720

BELMAR & CÍA ABOGADOS EDICIONES

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TÍTULO ORIGINAL JURISPRUDENCIA EN DERECHO CONCURSAL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA. LEY Nº 20.720 BELMAR & CÍA ABOGADOS EDICIONES DIEGO BELMAR OJEDA SOL SAN MARTÍN ISMAEL GONZÁLEZ CERDA 1º EDICIÓN. MARZO 2020 FACEBOOK: BELMAR DEFENSORÍA JURÍDICA ARTURO PRAT Nº 350. OFICINA 809. TEMUCO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

PÁG. 5

1.- EL CRÉDITO CON AVAL DEL ESTADO EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

PÁG. 7

2.- EL CRÉDITO UNIVERSITARIO DE FONDO SOLIDARIO EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

PÁG. 21

3.- DESCUENTOS REALIZADOS POR CAJAS DE COMPENSACIÓN DURANTE UN PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

PÁG. 31

4.- LA EXISTENCIA DE JUICIOS PENDIENTES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

PÁG. 35

5.- BIENES INEMBARGABLES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

P ÁG. 48

6.- SITUACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES INCAUTADOS DEL CÓNYUGE DEL DEUDOR POR PARTE DEL LIQUIDADOR CONCURSAL

PÁG. 52

7.- DECLARACIÓN JURADA DE TERCERO NO ES PRUEBA SUFICIENTE PARA ACREDITAR LA TITULARIDAD DE SUS BIENES MUEBLES

PÁG. 58

8.- ACCIONES INDIVIDUALES DE COBRO POR LOS ACREEDORES DURANTE EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

PÁG. 65

9.- EL RECURSO DE HECHO EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

PÁG. 73

10.- EL CONCEPTO DE “BIENES SUFICIENTES” EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

PÁG. 81

11.- LA ACUMULACIÓN DE AUTOS RESPECTO A LOS FIADORES Y CODEUDORES SOLIDARIOS

PÁG. 99

12.- LA NECESIDAD DE INDICAR UN LISTADO DE BIENES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

PÁG. 108

13.- EL CRÉDITO CON AVAL DEL ESTADO DEBE SER INCLUIDO EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

PÁG. 114

14.- LA APLICACIÓN RESTRICTIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN EN LA LEY Nº 20.720

PÁG. 118

15.- BLOQUEO DE CUENTAS CORRIENTES Y VISTAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

PÁG. 126

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PRESENTACIÓN

DIEGO BELMAR OJEDA ABOGADO. MG © DERECHO DE LA EMPRESA SOCIO FUNDADOR BELMAR & CÍA ABOGADOS

“FRENTE A LAS DIFICULTADES JURÍDICO-PRÁCTICAS QUE INVOLUCRÓ LA REPRESENTACIÓN DE NUESTROS USUARIOS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 20.720 SOBRE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO, LES PRESENTAMOS AL MUNDO JURÍDICO UNA OBRA RECOPILATORIA DE JURISPRUDENCIA DE LOS PRINCIPALES DEBATES QUE SE HAN GENERADO EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA.”

BELMAR & CÍA ABOGADOS EDICIONES

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“EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA ES UN PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN CONCURSAL DESTINADO A LA REALIZACIÓN DE LOS BIENES DEL DEUDOR, SEA A CONSECUENCIA DE SU PROPIA SOLICITUD, DE UNA DEMANDA JUDICIAL POR SU ACREEDOR O ACREEDORES O COMO RESULTADO DE UN ESCENARIO DE REORGANIZACIÓN NO EXITOSO.” EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA

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EL CRÉDITO CON AVAL DEL ESTADO EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA 4656-2017 09 DE MAYO DE 2017 FALLO N°1 La deudora recurre de casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó el fallo del Primer Juzgado Civil de Temuco, que acoge la petición del Banco del Estado de Chile de excluir el Crédito con Aval del Estado del procedimiento concursal de liquidación voluntaria. La entidad bancaria se basa en la aplicación del principio de especialidad del artículo 8° de la ley N° 20.720, entendiéndose que la ley N°

20.027 contempla una serie de beneficios económicos para los titulares del crédito en situaciones temporales de imposibilidad de pago o insolvencia, debiendo aplicarse por sobre la ley de Insolvencia y Reemprendimiento.

“Que, por consiguiente, dado el carácter especial que corresponde atribuir a la Ley N° 20.027 frente a la normativa general que regula el procedimiento de liquidación, el crédito con garantía estatal del que es titular el Banco del Estado de Chile necesariamente ha de ser excluido del procedimiento de liquidación voluntaria, tal como lo resolvieron los jueces del fondo.”

El Fallo de la Excelentísima Corte Suprema, expresa que existe una antinomia o contradicción normativa entre la Ley N° 20.027 y la Ley N° 20.720, dado que, frente a la situación de incumplimiento de la obligación de pago del deudor de un crédito con garantía estatal, la primera regulación establece mecanismos particulares para el cobro del crédito y para hacer efectiva la garantía estatal, en tanto la segunda consagra un procedimiento

concursal general para liquidar los pasivos y activos de una empresa o persona deudora, concluyéndose que debe privilegiarse la aplicación de la normativa que regula el financiamiento de los estudios de educación superior, por tratarse de una ley especial.

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Santiago, nueve de mayo de dos

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mil diecisiete.

VISTOS : En estos autos Rol N° 4656-2017 de esta Corte Suprema sobre exclusión de crédito en proceso de liquidaci ón voluntaria, caratulados “Salazar González, Viviana Marisol”, seguidos ante el Primer Juzgado Civil de Temuco, bajo el Rol N° C-902-2016, la deudora solicitante recurri ó de casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco de veintiocho de diciembre de dos mil diecis éis, escrita a fojas 148 y siguientes, que confirmó el fallo de primer grado de dos de mayo del mismo año, que se lee a fojas 91 y siguientes, que acogi ó la petición del Banco del Estado de Chile de excluir del procedimiento de liquidación voluntaria de Viviana Marisol Salazar Gonz ález el cr édito con garantía estatal del que es titular la referida institución bancaria. Se ordenó traer los autos en relación. CONS IDE RA ND O: I.- En cuant o al recurso de cas aci ón en la forma. PRIME RO: Que el recurso de casación en la forma se funda en la causal prevista en el artículo 768 Nº 9 del Código de Procedimiento Civil, que consiste en haberse faltado a algún trámite o diligencia declarado esencial por la ley o a cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente que hay nulidad, vicio que se producir ía porque se habría efectuado un trámite no contemplado en este procedimiento por la Ley 20.720 de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, como lo fue el incidente de exclusión de créditos promovido por el Banco del Estado de Chile. Señala el recurrente que la única acción destinada a discutir la existencia, montos o preferencias de los créditos que se hayan verificado dentro del periodo ordinario es la contemplada en el artículo 174 de la citada ley, la que en todo caso tampoco es aplicable pues el Banco del Estado de Chile no verificó el crédito del que es titular. Agrega que conforme al artículo 8° de la Ley 20.720, en este procedimiento sólo pueden promoverse incidentes en aquellas materias en que esta ley lo permite expresamente, no siendo el caso del incidente promovido en autos.

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Por último señala que el

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traslado conferido al liquidador

también resulta improcedente, más aún si no se confirió traslado al deudor. Pide que se acoja el recurso, se invalide la sentencia recurrida y se dicte un fallo de reemplazo que rechace el incidente de exclusi ón de cr édito, con costas. SEGUNDO: Que del mérito del recurso se constata que los hechos denunciados no configuran la causal en comento, por cuanto el recurrente no da cuenta de la falta de alguna de las diligencias espec íficas que los artículos 795 y 800 del Código de Procedimiento Civil determinan como trámites o diligencias esenciales en primera o única y en segunda instancia, sino que reclama lo contrario, esto es, la realización de un trámite o diligencia que en su concepto no estaría contemplado expresamente en la ley. Es decir, denuncia una supuesta alteraci ón en la marcha o ritualidad del juicio, circunstancia que no configura el vicio invocado, lo que justifica el rechazo del presente arbitrio. II.- En cuanto al recurs o de casaci ón en el fondo. TERCERO: Que el recurso de casación sustantivo reclama que la sentencia impugnada infringe, en primer término, el art ículo 1 ° de la Ley 20.720, por cuanto esta norma establece que el procedimiento concursal establecido en la ley en referencia es de aplicación general y, en consecuencia, no puede estimarse que su artículo 8°, que establece que las normas contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las disposiciones de esta ley, dé cuenta de la existencia de otro procedimiento distinto y especial, para el caso de que el deudor de un crédito con garant ía estatal presente una situación de insolvencia, que justifique excluir un cr édito de este tipo del procedimiento general de liquidación. Agrega que, por lo demás, la Ley 20.027 es anterior a la Ley 20.720, de modo que no resulta posible aplicar el criterio de la especialidad, máxime si la nueva ley permite la rehabilitación del deudor, lo que obviamente no podría concretarse si se permitiera la exclusión de cr éditos del procedimiento concursal. En segundo lugar denuncia la transgresión del art ículo 255 de la Ley 20.720, por cuanto el objetivo de esta ley plasmado en la referida

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disposición

es

lograr

la

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rehabilitación del deudor para

todos los efectos legales, lo que no resulta compatible con la exclusi ón de créditos. En este mismo sentido, la exclusión atenta contra la par conditio

creditorum y con el carácter universal del procedimiento de liquidaci ón concursal. Pide que se acoja el recurso, se invalide la sentencia recurrida y se dicte un fallo de reemplazo que rechace el incidente de exclusi ón de cr édito, con costas. CUARTO: Que para la debida comprensión de los reproches jurídicos formulados en el presente arbitrio, cabe tener presente los siguientes antecedentes relevantes de este procedimiento: 1.- Con fecha 5 de febrero de 2016 Viviana Marisol Salazar Gonz ález solicitó su liquidación voluntaria conforme a la Ley 20.720, fundada en que se encuentra en un estado de absoluta insolvencia que le hace imposible cumplir con las obligaciones que tiene con sus acreedores. Indica que en el año 2006 ingresó a estudiar la carrera de trabajo social en la Universidad Mayor accediendo a un crédito con la banca. En el año 2008 se cambió de casa de estudios, contrayendo nuevas obligaciones con el banco para poder financiar su educación, logrando titularse de trabajadora social en el año 2013. Señala que sin embargo hasta la fecha no ha logrado conseguir un trabajo estable que le permita costear sus gastos y necesidades básicas, como tampoco sus obligaciones financieras, s ólo puede costear el arriendo de una pieza en la localidad de Cajón y sus gatos b ásicos de alimentación y movilización. En la nómina de acreedores precisa únicamente al Banco del Estado de Chile por un monto de $13.000.000, crédito valista y al Banco de Crédito e Inversiones por un monto de $3.000.000, crédito valista. En el listado de bienes de fojas 6 sólo se detallan los bienes muebles que guarnecen el inmueble que arrienda. En los juicios pendientes se indican el juicio ejecutivo Rol C-33522015 del Primer Juzgado Civil de Temuco, caratulado “Banco Cr édito e Inversiones con Salazar” y el juicio ejecutivo Rol C-6722-2015 del Primer Juzgado Civil de Temuco, caratulado “Banco Estado con Salazar ”.

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2.- Por resolución de 9 de

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marzo de 2016, que rola a fojas

17, se decretó la liquidación voluntaria como empresa deudora de Viviana Marisol Salazar González, ordenándose, entre otros aspectos, que se acumulen a este procedimiento concursal todos los juicios que estuvieren pendientes contra la deudora ante otros tribunales de cualquier jurisdicci ón y que puedan afectar sus bienes. Tambi én se cit ó a la audiencia de determinación del pasivo con derecho a voto, así como tambi én a la primera junta de acreedores. 3.- En la audiencia de determinación del pasivo de fecha 20 de abril de 2016, cuya acta rola a fojas 61, el Banco del Estado de Chile pidi ó que se excluya su crédito del procedimiento de liquidaci ón, dado que se trata de un crédito con garantía estatal que dicha instituci ón otorg ó a la deudora, mediante la respectiva licitación pública, mientras curs ó sus estudios de trabajo social desde el año 2008 en la Universidad Católica de Temuco. Agrega que la Ley 20.720 sobre Reorganizaci ón y Liquidaci ón de Empresas y Personas, en su artículo 8°, dispone que “las normas contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las disposiciones de esta ley ”, por lo que debe prevalecer la Ley 20.027 que Establece Normas para el Financiamiento de Estudios de Educación Superior, pues en ella se contempla una serie de beneficios económicos para los beneficiarios del crédito que atraviesen una situación temporal de imposibilidad de pago o insolvencia, de modo tal que de continuar con la liquidaci ón voluntaria en lo que se refiere al crédito en cuestión se har ía imposible que su parte pudiera cumplir con las exigencias establecidas en la ley para el cobro de la garantía estatal asociada. Se acompaña un certificado de deuda al 12 de marzo de 2016 emitido por la institución bancaria por la suma de $14.070.000, además de la copia del contrato de apertura de l ínea de crédito para estudiantes de educación superior con garant ía estatal seg ún Ley 20.027. QUINTO: Que la sentencia recurrida acogió la exclusión del crédito con garantía estatal del que es titular el Banco del Estado de Chile, considerando en síntesis que el artículo 8° de la Ley N° 20.720 ha delimitado el campo de actuación de la Ley de Procedimiento Concursal, estableciendo que “las normas contenidas en leyes especiales prevalecer án

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sobre las disposiciones de esta

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ley”,

norma

que

permite

discriminar ciertos negocios jurídicos, no haciendo absoluto el procedimiento a todos los créditos que se puedan contraer en la vida del derecho. Agrega que conforme a ello la Ley N° 20.027, que “Establece las normas para el financiamiento de la Educación Superior y crea la Comisi ón Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores ”, claramente es una ley especial incompatible con la Ley N° 20.720. Precisa que la Ley 20.027 ha contemplado procedimientos diversos a los de la Ley 20.720 para el caso de insolvencia o falta de pago del cr édito, atendido que el crédito con aval del Estado se otorga a personas con condiciones socioeconómicas desfavorables cuya capacidad de pago no le permite cubrir sus gastos educacionales, como ocurre con el procedimiento regulado en el artículo 13 de la ley en comento. Refiere que el tenor de esta norma excluye la posibilidad del deudor de someterse a un procedimiento de liquidaci ón concursal respecto a dicha clase de créditos, ya que la Ley N° 20.027 contempla el procedimiento especial aplicable para el caso de insolvencia o cesant ía del deudor de dicho crédito que permita abordar el costo de las cuotas mensuales, torn ándose incompatible con el procedimiento de la Ley 20.720, dada su especialidad. Añade el fallo que incluso la Ley N° 20.027 en sus art ículos 30 y siguientes contempla un procedimiento especial para que los alumnos realicen un plan de ahorro para el financiamiento de los estudios, contemplando subsidios estatales, y una vez que exista capacidad de pago, la ley contiene procedimientos para hacer pago a trav és de retenciones que deba hacer el empleador y a través de las devoluciones de Impuesto a la Renta. Concluye que, de esta manera, el procedimiento concursal de liquidación voluntaria en caso alguno alcanza a los cr éditos con garant ía estatal, añadiendo que la Ley 20.720 atiende más bien a cr éditos con fines comerciales, derivados del emprendimiento y en caso alguno a deudas relacionadas a los costos de los estudios en educación superior. Por otra parte, señala que lo dispuesto en el art ículo 255 de la Ley 20.720, en cuanto dispone que la resolución de término del procedimiento concursal produce la extinción por el solo ministerio de la ley y para todos

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los efectos legales de los saldos contraídas por el

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insolutos

de

las

obligaciones

deudor con anterioridad al inicio del procedimiento

concursal de liquidación, es absolutamente contradictorio con el art ículo 13 inciso 2° de la Ley 20.027, que establece que “las cuotas impagas del deudor, sea por cesantía o cualquier otra causal, no prescribir án, debiendo el Estado proceder al cobro de las mismas hasta la total extinci ón de la deuda, utilizando para ello los mecanismos establecidos en el Título V ”, norma que es acorde con que el Estado sea el garante del sistema bancario en el pago de los créditos. Agrega que, por lo demás, del propio mérito del acta de incautaci ón realizada es posible presumir que la deudora ha obtenido ingresos, al percibir una devolución de renta de $384.753, lo cual le podr ía permitir realizar, conforme a sus facultades socioecon ómicas, el pago de sus estudios universitarios. Por último, sostiene que respecto del crédito en cuesti ón la solicitud de liquidación voluntaria resulta contraria a los actos propios, citando además las palabras del profesor Gómez Balmaceda contenidas en el Informe de la Comisión de Constitución, Legislaci ón y Justicia evacuado en la tramitación de la Ley 20.720, en orden a que este procedimiento debe reservarse respecto de aquellos deudores que no pueden pagar sus deudas por hechos que no puedan serles imputados, de los cuales no sean culpables y responsables, sino que de accidentes inevitables, de casos fortuitos, de aquellos que el deudor no ha podido prever al obligarse, ni evitar, porque son extraños y superiores a sus fuerzas y posibilidades. Por su parte el fallo confirmatorio de segunda instancia, adem ás de reiterar que la Ley 20.027 es una ley especial que prevalece sobre la Ley 20.720 conforme lo dispone su propio artículo 8°, agrega que para solicitar la exclusión de créditos no se requiere que previamente hayan sido verificados, pues precisamente lo que se busca es que el cr édito no se realice dentro del procedimiento de quiebra, siendo adem ás oportuno que la exclusión se solicite en la audiencia de determinación del pasivo, conforme al artículo 190 de la Ley 20.720. Por último, señala que la Ley 20.027 regula un procedimiento particular que considera normas especiales e incompatibles con el

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procedimiento reglado por la Ley

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20.720,

como

aquellas

que

permiten suspender temporalmente la obligación de pago, que adem ás declara imprescriptibles las cuotas que se adeuden, ya que la Ley de Insolvencia, como también lo hacía la Ley de Quiebras, hace actualmente exigibles y de plazo vencido todas la obligaciones del deudor. De esta manera la Ley 20.027 no permite que las obligaciones derivadas de los créditos que ella regula se extingan de una manera distinta a lo que en ella se dispone, siendo entonces incompatible con lo dispuesto en la Ley 20.720. SEXTO:

Que del mérito del recurso y de lo consignado

precedentemente se constata que el conflicto jurídico de autos se traduce en determinar si, frente a la situación de insolvencia del deudor, el cr édito con garantía estatal debe regirse para los efectos de su cobro por la Ley 20.027 de 11 de junio de 2005 que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior o bien por la Ley 20.720 de 9 de enero de 2014 sobre reorganización y liquidación de empresas y personas, caso último en el cual los acreedores de tales créditos deberían verificarlos en el proceso de liquidación y pagarse de los mismos conforme al r égimen concursal. S ÉPTIMO: Que al efecto cabe señalar que la Ley 20.720 regula el régimen general de los procedimientos concursales destinados a reorganizar y/o liquidar los pasivos y activos de una empresa deudora, y a repactar los pasivos y/o liquidar los activos de una persona deudora. Y en su art ículo 8°, con el enunciado “Exigibilidad”, dispone: “Las normas contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las disposiciones de esta ley. Aquellas materias que no estén reguladas expresamente por leyes especiales, se regirán supletoriamente por las disposiciones de esta ley”. Por su parte la Ley 20.027 trata, en particular, sobre los cr éditos destinados a financiar estudios de educaci ón superior otorgados por instituciones financieras y que cuenten garantía estatal. En su artículo 12 dispone: “Los créditos objeto de garant ía estatal no serán exigibles antes de dieciocho meses contados desde la fecha referencial de término del plan de estudios correspondiente, la que se determinar á de acuerdo al procedimiento que fije el reglamento ”. Esta norma debe ser concordada con lo dispuesto en los incisos 2° y 5° del art ículo 11 bis, en

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cuanto

consagran

que

los

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deudores que no se encuentren en

mora, cuando el valor de la cuota resultante del cr édito sea mayor que el monto equivalente al 10% del promedio del total de la renta que hubiere obtenido durante los últimos doce meses, podrán optar por pagar este último monto, beneficio que se otorgará por seis meses pudiendo ser renovado. A su vez el artículo 13 expresa: “La obligaci ón de pago podr á suspenderse temporalmente, total o parcialmente, en caso de incapacidad de pago, producto de cesantía sobreviniente del deudor, debidamente calificada por la Comisión, la que deberá adicionalmente considerar el ingreso familiar del deudor en la forma y condiciones que determine el reglamento. En cualquier caso, las cuotas impagas del deudor, sea por cesant ía o cualquier otra causal, no prescribirán, debiendo el Estado proceder al cobro de las mismas hasta la total extinción de la deuda, utilizando para ello los mecanismos establecidos en el Título V”. Tales mecanismos son la deducción de las cuotas del cr édito de las remuneraciones por el empleador del deudor, la retenci ón de la devoluci ón de impuestos por parte de la Tesorería General de la Rep ública y las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que puede iniciar esta última respecto de los créditos de los que es titular el Fisco y aquellos en que se hubiera hecho efectiva la garantía. Por su parte y en lo que dice relaci ón con el pago de la garant ía estatal a la institución financiera otorgante del cr édito, el inciso 2 ° del artículo 3° de esta ley dispone que para que sea exigible esta garant ía las instituciones de educación superior deber án cumplir con las exigencias establecidas en el Título III de esta ley, donde se regulan los requisitos que deben cumplir las instituciones, los alumnos y los créditos garantizados, siendo el reglamento donde se señalarán las modalidades, exigencias y demás normas necesarias para determinar dichas exigencias. En este sentido, el artículo 35 del Reglamento de la Ley 20.027 de 7 de septiembre de 2005 dispone en su inciso 2°: “Para los efectos del pago de la garantía se entenderá que el beneficiario ha dejado de cumplir con la obligación de pago toda vez que agotadas las acciones de cobranza

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prejudiciales

por

parte

de

la

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entidad financiera respectiva, el

alumno no haya pagado, a lo menos, tres cuotas consecutivas de su cr édito. Para que proceda el pago de la garant ía estatal, la entidad financiera deberá acreditar ante la Comisión lo siguiente: a) El agotamiento de las acciones de cobranza prejudiciales. b) El incumplimiento de pago del deudor en los términos señalados en el inciso anterior. c) La presentación, ante el tribunal competente, de las acciones judiciales tendientes al cobro de lo adeudado. Efectuado el pago por concepto de garant ía estatal, el Estado podr á convenir con la entidad financiera para que ésta contin úe con las gestiones de cobranza. De los recursos provenientes de este cobro, se deber án entregar al Fisco las cantidades que correspondan, de acuerdo al monto pagado por la garantía asociada a este crédito”. OCTAVO:

Que suele decirse que existe una antinomia o

contradicción normativa cuando dentro de un mismo sistema jur ídico se imputan consecuencias incompatibles a las mismas condiciones f ácticas, es decir, cuando en presencia de un cierto comportamiento o situaci ón de hecho se encuentran diferentes orientaciones que no pueden observarse simultáneamente. En la especie la sentencia recurrida, luego de estimar que existe una contradicción normativa entre la Ley 20.027 y la Ley 20.720, dado que frente a la situación de incumplimiento de la obligaci ón de pago del deudor de un crédito con garantía estatal, la primera regulaci ón establece mecanismos particulares para el cobro del crédito y para hacer efectiva la garantía estatal, en tanto la segunda consagra un procedimiento concursal general para liquidar los pasivos y activos de una empresa o persona deudora, concluye que debe privilegiarse la aplicaci ón de la normativa que regula el financiamiento de los estudios de educación superior por tratarse de una ley especial. Al respecto cabe tener presente, tal como lo destaca la profesora Miriam Henríquez Viñas, que “los criterios de resolución de antinomias pueden ser definidos -conforme a Chiassoni- como aquel tipo particular de

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metanormas metodológicas cuya

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función consiste en establecer: a) cual, de entre dos normas incompatibles, debe prevalecer sobre otra; y además, b) de qué manera ésta debe prevalecer, esto es, con qué efectos desde el punto de vista del ordenamiento jurídico pertinente, o bien de un sector o subsector de aqu él ” (Estudios Constitucionales, Año 11, Nº 1, 2013, pág. 463). Ahora bien, los parámetros tradicionalmente utilizados para resolver las antinomias son: el jerárquico, en cuya virtud la ley superior deroga a la inferior; el cronológico, por el que la ley posterior deroga a la anterior; y el de especialidad, que ordena la derogación de la ley general en presencia de la especial. El primero de ellos no tiene aplicación en este caso pues las normas en cuestión son de igual jerarquía y en cuanto al criterio cronol ógico y de especialidad, su aplicación dependerá de si la norma anterior que resulta incompatible con una posterior tiene el carácter de ley especial, pues en ese caso existe consenso en la doctrina en cuanto a que ley posterior general no deroga la ley anterior especial, por lo que el conflicto entre el criterio de especialidad y el criterio cronológico se resuelve a favor del primero. NOVE NO: Que para definir la existencia de una relación de especialidad entre una norma y otra cabe tener presente que la elecci ón del criterio de especialidad implica hacer posible la aplicaci ón de normativas singulares a grupos sociales diferenciados, permitir que determinados sectores no se rijan por el patrón general, habilit ándoles una regulaci ón específica que se adapte en mayor medida a sus particularidades. En la especie, no cabe duda de que los estudiantes que acceden a un crédito con garantía estatal destinado a financiar su educaci ón superior constituyen un grupo de deudores particulares, que deben cumplir determinados requisitos legales para obtener su otorgamiento, entre los que es dable destacar que el alumno y su grupo familiar cuente con ciertas condiciones socioeconómicas que justifiquen su concesión, las que deben ser evaluadas por la Comisión Administradora del Sistema de Créditos. En este sentido, tal como deja constancia en sus considerandos el Reglamento de la Ley 20.027, esta ley creó un nuevo sistema de financiamiento de estudios de educación superior y estableció la institucionalidad necesaria para apoyar de

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manera permanente y sustentable

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el acceso al financiamiento de estudiantes que, teniendo las condiciones académicas requeridas, no disponen de recursos suficientes para financiar sus estudios. Además, no son sólo las particularidades de los deudores y la finalidad del crédito con garantía estatal las que hacen que la regulaci ón contenida en la Ley 20.027 sea especial frente a la normativa general sobre procedimientos concursales, sino también y muy especialmente la regulaci ón contenida en la Ley 20.027 para el caso de que el deudor no pague el crédito, relativa a los mecanismos para exigir el pago previstos en su t ítulo V, los que ya se enunciaron precedentemente. D ÉCIMO: Que a lo anterior cabe agregar que en el caso de autos Viviana Marisol Salazar González solicitó la liquidación voluntaria como “empresa deudora” y no como “persona deudora”, por tratarse seg ún indica en su presentación de fojas 1 de una persona natural contribuyente de primera categoría, en los términos definidos en el artículo 2° N° 13 de la Ley 20.720. Ahora bien, la calificación de empresa deudora que hace la propia solicitante en razón de ser un contribuyente de primera categor ía cuyas rentas son las que provienen del capital y de las empresas comerciales, industriales, mineras y otras, se muestra ajena a la categorizaci ón legal de un deudor de un crédito con garantía estatal destinado a financiar la educación superior, constatación que refuerza el carácter especial que en este caso ha de darse a la Ley 20.027 por sobre la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, en lo que dice relaci ón con la ejecución del crédito con garantía estatal del que es deudora la Sra. Salazar González. UND ÉC IMO: Que, por consiguiente, dado el car ácter especial que corresponde atribuir a la Ley 20.027 frente a la normativa general que regula el procedimiento de liquidación de una empresa o persona deudora, el crédito con garantía estatal del que es titular el Banco del Estado de Chile necesariamente ha de ser excluido del procedimiento de liquidaci ón voluntaria iniciado por Viviana Marisol Salazar González, tal como lo resolvieron los jueces del fondo, de modo tal que esta Corte no visualiza

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yerro

jurídico

alguno

en

la

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decisión recurrida, lo que justifica el rechazo del recurso de casaci ón en el fondo deducido en autos. Por estas consideraciones y lo preceptuado en los artículos 765, 766 y 768 del Código de Procedimiento Civil, se rechaz an los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos en lo principal y primer otros í de fojas 152 por el abogado Gabriel Jamarne Nimer, en representaci ón de la deudora en proceso de liquidación voluntaria Viviana Marisol Salazar González, en contra de la sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, escrita a fojas 148 y siguientes. Regístrese y devuélvase. Redacción a cargo del Ministro Sr. Héctor Carreño S. Rol N° 4656-2017 Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sres. Patricio Valdés A., Héctor Carreño S., Sr. Guillermo Silva G. Sra. Rosa Maggi D. y Sr. Juan Eduardo Fuentes B. No firman los Ministros Sres. Valdés y Carreño, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar en comisi ón de servicio el primero y con feriado legal el segundo.

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Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a nueve de mayo de dos mil diecisiete, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa. XXYRBFFELE

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EL CRÉDITO UNIVERSITARIO DE FONDO SOLIDARIO EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA 22.377-2019 29 DE OCTUBRE DE 2019 FALLO N°2 La deudora recurre de casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó el fallo del Primer Juzgado Civil de Temuco, que acoge la petición de la Universidad Católica de Temuco de excluir el Crédito Universitario de Fondo Solidario del procedimiento concursal de liquidación voluntaria. La entidad universitaria se basa en que

dicho crédito se encuentra regulado por las leyes N° 18.591 y N° 19.287 que otorgan un trato especial y privilegiado al deudor, por lo que, de conformidad al principio de especialidad, establecido en el artículo 8° de la ley N° 20.720, se generaría un régimenparaconcursal alternativo para este tipo de créditos.

“Que, para resolver acertadamente la controversia planteada, no debe olvidarse que cuando el legislador ha establecido una ley especial para regular una determinada materia, su voluntad ha sido exceptuarla de la regulación general. Este principio de especialidad emana de los artículos 4 y 13 del Código Civil, prevaleciendo lo especial por sobre lo general.”

El Fallo de la Excelentísima Corte Suprema, expresa que resulta pertinente reiterar que la ley N° 20.720 estatuye un procedimiento concursal general para todo deudor,

dejando a salvo aquellas normativas especiales, como

lo es la regulación del crédito destinado a financiar los estudios de educación superior. En efecto, la Jurisprudencia de la Corte ha señalado que los estudiantes que acceden a un crédito con garantía estatal destinado a financiar su educación superior constituye un grupo

de deudores particulares que deben cumplir determinados requisitos legales para obtener su otorgamiento.

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Santiago, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Visto y teniendo presente: Primero: Que en este procedimiento de liquidación voluntaria tramitado digitalmente ante el Primer Juzgado Civil de Temuco bajo el Rol C- 186-2018, caratulado “Yañez”, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad de los recursos de casación en la forma y en el fondo deducido por la solicitante contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco de fecha veintisiete de mayo del año en curso, que confirm ó la resolución de primer grado, que decidió excluir del procedimiento de liquidación voluntaria el crédito estudiantil para financiamiento de estudios superiores. En cuanto al recurs o de casaci ón en la forma: Segundo: Que el recurrente esgrime la causal de nulidad formal prevista en el artículo 768 Nº9 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto que la resolución de primera instancia se enmarca en un procedimiento vicioso, pues se tramitó un incidente no contemplado en la Ley 20.720, según lo prescrito en el artículo 5. Tercero: Que la revisión de los antecedentes permite constatar que la sentencia de resolución de primer grado, de fecha cinco de diciembre del año dos mil dieciocho, fue impugnada únicamente por vía de apelación. Cuart o: Que en mérito de lo expuesto queda en evidencia que el recurso de casación formal no fue preparado en los t érminos que exige el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil, pues el recurrente no impugnó mediante todos los recursos procesales pertinentes, de manera oportuna y en todos sus grados, el defecto formal que ahora reclama, de modo que el recurso de invalidez formal no puede tener acogida. En cuanto al recurs o de casaci ón en el fondo: Quinto: Que el recurrente de nulidad sustancial afirma que el fallo cuestionado infringe los artículos 1, 5, 8 y 255 de la Ley N°20.720 de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, en relaci ón con lo dispuesto en la Ley N°20.027 sobre Financiamiento de Estudios de Educación Superior. Sostiene -en síntesis- que la nueva ley concursal establece un procedimiento general para la reorganización y/o liquidaci ón de los pasivos y activos de un deudor, de suerte tal que dicho r égimen rige

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para todo tipo de créditos sin distinción alguna. Por consiguiente, no resulta procedente la exclusión del crédito para estudios superiores en atenci ón a que se encuentra regulado por una normativa especial, la Ley N °20.027 sobre Financiamiento de Estudios de Educación Superior, puesto que esta última no contempla la situación de insolvencia o cesación de pagos . Concluye señalando que de haberse aplicado correctamente la ley, el fallo debió rechazar la solicitud de exclusión del crédito estudiantil de este procedimiento de liquidación voluntaria. Sexto : Que las alegaciones del recurrente, ponen de manifiesto que la crítica de ilegalidad se circunscribe a determinar si el cr édito con garant ía estatal regido por la Ley N°20.027 queda comprendido en el procedimiento concursal de la Ley N°20.720. S éptimo : Que la sentencia de alzada confirmó la resolución del tribunal de primera instancia que hizo lugar a lo solicitado por la Universidad Católica de Temuco y excluyó del procedimiento de liquidación el crédito estudiantil con garantía estatal . Octavo : Que para resolver acertadamente la controversia planteada no debe olvidarse que cuando el legislador ha establecido una ley especial para regular una determinada materia, su voluntad ha sido exceptuarla de la regulación general. Este principio de especialidad emana de los art ículos 4 y 13 del Código Civil, prevaleciendo lo especial por sobre lo general. Noveno: Que, en concordancia con lo reseñado, resulta pertinente reiterar que la Ley Nº20.720 estatuye un procedimiento concursal general para todo deudor, dejando a salvo aquellas normativas especiales, como lo es la regulación del crédito destinado a financiar los estudios de educaci ón superior. En efecto, la Jurisprudencia de esta Corte ha señalado que los estudiantes que acceden a un crédito con garant ía estatal destinado a financiar su educación superior constituyen un grupo de deudores particulares que deben cumplir determinados requisitos legales para obtener su otorgamiento. Y no sólo la particularidad del deudor as í como la finalidad del crédito hacen que la regulación contenida en la Ley N °20.027 sea especial frente a la normativa general sobre procedimientos concursales, sino también la regulación contenida en dicho estatuto en lo tocante a los mecanismos para exigir el pago (Corte Suprema, Roles N °54-2017, 4656-

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2017, 2727-2018). D écimo: Que una vez estatuido el carácter especial que corresponde atribuir a la Ley N°20.027, se concluye que resuelven correctamente los juzgadores al excluir el crédito con garantía estatal del procedimiento de liquidación voluntaria. Und écimo : Que en mérito de lo expuesto el recurso de casación no puede prosperar por adolecer de manifiesta falta de fundamento. Duod écimo: Que por último tampoco se observa en autos que concurran los presupuestos del inciso 2° del artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, atendido lo razonado en los motivos supra, para que esta Corte ejerza sus facultades oficiosas. Por estas consideraciones y de conformidad además con lo previsto en el artículo 772, 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se declara inadmisib le el recurso de casación en la forma y se rechaza el recurso de casación en el fondo, ambos interpuestos por el abogado Diego Belmar Ojeda, en representación de la solicitante María Angélica Yáñez Laras, contra la sentencia de veintisiete de mayo del año en curso. Regístrese y devuélvase, vía interconexión. N º 22.377-2.019. Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sra. Rosa Egnem S., Sr. Juan Eduardo Fuentes B., Sr. Arturo Prado P. y Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos G. y Sr. Rafael Gómez B. No firman el Ministro Sr. Prado y el Abogado Integrante Sr. G ómez, no obstante haber concurrido ambos a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar con licencia médica el primero y ausente el segundo.

ROSA DEL CARMEN EGNEM SALDIAS JUAN EDUARDO FUENTES BELMAR MINISTRA MINISTRO Fecha: 29/10/2019 13:07:18 Fecha: 29/10/2019 13:07:18

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JORGE LAGOS GATICA ABOGADO INTEGRANTE Fecha: 29/10/2019 13:07:19

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26 null En Santiago, a veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa. En aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta corresponde al horario establecido para Chile Continental.

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Temuco, a cinco de diciembre de dos mil dieciocho.

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VISTOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que con fecha 28 de septiembre de 2018, comparece la Universidad Católica de Temuco, debidamente representada solicitando la exclusi ón del crédito que posee en contra de la deudora de estos autos do ña MAR ÍA ANGÉLIZA YÁÑEZ LARAS, por la suma total de $15.143.507.-, lo cual se subdivide en la suma de $13.995.022.- por concepto del Cr édito Universitario del Fondo Solidario, y el monto de $1.148.485.- originado por un Cr édito Rotatorio otorgado por la Universidad. Funda su solicitud indicando que las deudas por concepto de Fondo Solidario del Crédito Universitario se encuentran reguladas en las leyes N° 18.591 y N° 19.287, que otorgan un trato especial y privilegiado al Deudor, distintas a las que rigen el derecho común, citando al efecto el art ículo 8° de la Ley N° 19.287, que sujeta el pago del crédito a la obtenci ón de ingresos totales por parte del Deudor, o las normas especiales en materia de reprogramaci ón de deudas, todo lo cual generaría un Régimen Paraconcursal alternativo al contemplado en la Ley 20720, consagrando un conjunto de normas y reglas que estatuyen una serie de alternativas en lo que la exigibilidad y mecanismos de cobro del cr édito refiere, frente a hipótesis de insolvencia, cesación o falta de pago del mismo. Por otro lado, señala que la jurisprudencia sostenidamente ha afirmado que los estudiantes que acceden a un crédito destinado a financiar su educaci ón superior constituye un grupo de deudores particulares diferenciado, que accedieron bajo ciertas condiciones socioeconómicas y bajo el cumplimiento de ciertas exigencias a un crédito especial, citando los fallos que la Corte Suprema ha pronunciado en las causas Rol N° 54-2017, 4656-2017 y 2727-2018. Finalmente indica que conforme lo dispuesto en el art ículo 8 de la Ley 20.720, prevalece la ley especial que regula el Cr édito del Fondo Solidario, lo que además fue reconocido por el Tribunal Constitucional seg ún sentencia de causa Rol 2066-11, y se infiere de la historia fidedigna de la Ley del ramo. SEGUNDO: Que evacuando el traslado el abogado de la deudora solicita el rechazo de la exclusión. Hace presente en primer t érmino que las alegaciones de la Universidad solo dicen relación al Cr édito Universitario del Fondo Solidario y no con el Crédito con aval del Estado. Señala que lo que caracteriza los procedimientos concursales es su naturaleza universal, y que al excluir a un acreedor se estar ía vulnerando el derecho igualitario de todos los acreedores al pago de sus deudas. Agrega que las leyes especiales citadas por la contraria, en ningún pasaje indican que dichos cr éditos se excluirán dentro de un procedimiento concursal. Menciona además que ha existido discusión jurisprudencial referente a los créditos universitarios, citando al efecto diversos fallos que no dan lugar la tesis exclusión, por no contener la norma especial (ley 20.027) un sistema distinto de

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aquel contenido en la ley 20.720, para el caso en que el deudor caiga en situaci ón de insolvencia; estar concebida dicha ley para el supuesto de cesant ía y no para la declaración de liquidación voluntaria y por cuanto la historia de la ley 20.027 no hace alusión a la insolvencia económica sino que a situaciones de diversa naturaleza. Añade no es efectivo la existencia de un r égimen paraconcursal alternativo, puesto ninguna de las reglas contenidas en leyes especiales, permiten ser calificadas como ley concursal especial, constituyendo solo condiciones de pago particulares frente a la cesantía sobrevenida del deudor. Menciona que según consta en el mensaje de la ley 20.720, dicha normativa no solo es aplicable a particulares por cr éditos comerciales, sino tambi én a estudiantes que se encuentren en situación de cesaci ón de pago por deudas universitarias. Finaliza indicando que la ley de insolvencia no hace distinci ón alguna en cuanto a la naturaleza de las obligaciones que haya contra ído el deudor, de modo que donde el legislador no distingue, no es l ícito al int érprete distinguir y que por lo demás la presente incidencia no es de aquellas que establece el art ículo 5 de la ley 20.720 TERCERO: Que previo a pronunciarme sobre el fondo del asunto, resulta necesario determinar la procedencia de la interposici ón del presente incidente. En este punto es del caso indicar que no existe para el acreedor solicitante un medio eficaz e idóneo para para hacer valer ante el Tribunal su pretensi ón basándose en la Ley Concursal, por lo que debe necesariamente ce ñirse a las reglas generales del proceso civil, como así tambi én lo ha considerado éste Tribunal al conferir Traslado de su solicitud, resultando en consecuencia procedente la tramitación y resolución por vía incidental por aplicaci ón del art ículo 1 del C ódigo de Procedimiento Civil. Además, ésta magistrada no puede eludir el Principio de Inexcusabilidad, consagrado en el inciso 3 del artículo 76 de la Carta Fundamental y en el art ículo 10 del Código Orgánico de Tribunales, as í como el principio de bilateralidad de la audiencia y el debido proceso. CUARTO: Que en cuanto al fondo de la incidencia, se debe primeramente afirmar que la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO invoca dos cr éditos claramente diferenciados, uno basado en el Cr édito Universitario del Fondo Solidario por la suma total de $13.995.022.- y otro originado en un Cr édito Rotatorio otorgado por la Universidad por un monto de $1.148.485.-, por lo que tratándose de créditos de diferente naturaleza se analizaran por separado. QUINTO: Que respecto del Crédito Universitario del Fondo Solidario, se debe considerar que se encuentra regulado por la Ley N° 18.591, que contempla “Normas Complementarias de Administración Financiera, de Incidencia Presupuestaria y de Personal” y específicamente por la Ley N° 19.287 que

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“Modifica la Ley 18.591 y Establece Normas Sobre Fondos Solidarios de Cr édito Universitario”. Del análisis de los referidos cuerpos normativos se infiere que éstos efectivamente otorgan un trato especial y privilegiado al deudor, distinto de los que rigen el derecho común, estableciendo una serie de mecanismos para el caso de imposibilidad de pago del deudor. Así las leyes 18.591 y 19.287, establecen un beneficio que da origen a un crédito que no puede ser homologado a los otros cr éditos que presenta la deudora, desde que establece condiciones más flexibles y beneficiosas, a saber, dispone un plazo de gracia de dos años para la exigibilidad del pago de la deuda, establece el cobro un porcentaje de los ingresos del deudor, contempla la posibilidad de un pago parcializado en cuotas y finalmente establece la posibilidad de suspender el pago por estudios o cesantía sobreviniente, entre otros. SEXTO: Que estas concesiones al deudor, constituyen a juicio de esta magistrada un régimen especial frente a la regulaci ón contenida en la ley 20.720, de forma tal que al tenor de lo dispuesto en el art ículo 8 del mencionado cuerpo legal, corresponde resolver el asunto de autos con el criterio de especialidad, por lo que la solicitud de exclusión del Crédito Universitario del Fondo Solidario deber á necesariamente acogerse, como se dirá en lo resolutivo de ésta sentencia. SEPTIMO: Que a mayor abundamiento, es una máxima universal del Derecho que las normativas especiales que rigen una determinada materia tienen primacía por sobre la normativa general de que trata una misma Ley, principio que se encuentra reconocido en los artículos 4 y 13 del Código Civil, y que ha sido refrendado por la Jurisprudencia y doctrina nacional. OCTAVO: Que en cuanto al Crédito Rotatorio otorgado por la Universidad al Deudor, no encontrándose regulado por las normas citadas al efecto, claramente presentan una naturaleza diferente, que al no ser de Leyes especiales deben ce ñirse a las reglas generales del derecho común, por lo que su exclusi ón carece de todo fundamento legal. De ésta forma, en mérito de lo expuesto, y lo dispuesto en las Leyes N° 18.591 y N° 19.287, se resuelve: I.- Que SE ACOGE la exclusión del Cr édito Universitario del Fondo Solidario por la suma de $13.995.022.-, solicitado por el acreedor UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO, en contra de doña MARÍA ANGÉLIZA YÁÑEZ LARAS, por lo que se excluye de este Procedimiento de Liquidaci ón voluntaria el Crédito señalado, no afectándole a éste la Resolución de Liquidaci ón dictada en autos. II.- Que SE RECHAZA la exclusión del Cr édito Rotatorio por la suma de $1.148.485.-, solicitada por el acreedor UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO, por lo que dicho crédito deberá someterse al Procedimiento de Liquidación voluntaria de doña MARÍA ANGÉLIZA YÁÑEZ LARAS, afect ándole la Resolución de Liquidación dictada en autos.

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Regístrese y Notifíquese. Resolvió NATALIA ESTEFANY FERRADA RETAMAL, Jueza Suplente del Primer Juzgado Civil de Temuco.

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Natalia Estefany Ferrada Retamal Fecha: 05/12/2018 08:33:25

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa. A contar del 12 de agosto de 2018, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl

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DESCUENTOS REALIZADOS POR CAJAS DE COMPENSACIÓN DURANTE UN PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

TERCER JUZGADO CIVIL DE TEMUCO C-5659-2017 22 DE JUNIO DE 2018 FALLO N°3 La deudora presenta solicitud de audiencia de resolución de controversias ante el Tercer Juzgado Civil de Temuco para efectos de conocer y resolver los descuentos realizados por Caja de Compensación La Araucana durante el procedimiento concursal de liquidación con el objeto de proceder a la suspensión y devolución de lo descontado desde la resolución de liquidación. La deudora se basa

en que el acreedor debe proceder a verificar su crédito dentro del procedimiento y no perseguir el cobro unilateral en perjuicio de los otros acreedores.

“Que en conjunto con todos los demás acreedores de la deudora a la luz del principio esencial del Derecho Concursal de la par conditio creditorum, todos los acreedores tiene el mismo e igualitario tratamiento para el cobro de sus acreencias, esencial principio que se ve infringido, si uno de los acreedores obtiene el pago de sus acreencias fuera del procedimiento concursal.”

El Fallo del Tercer Juzgado Civil de Temuco, expresa que habiéndose dictado la resolución de liquidación, siendo uno de los efectos jurídicos más importantes respecto de sus acreedores, que las obligaciones dinerarias se entienden vencidas y exigibles, no pueden ser

cobradas en forma individual por el acreedor, sino dentro del

procedimiento concursal de liquidación, más aún que se vulneraría el principio esencial del Derecho Concursal de la “par conditio creditorum”, por lo que Caja de Compensación y

Asignación La Araucana, deberá cesar en el cobro individual de su crédito y restituir las sumas percibidas con posterioridad de la Resolución de Liquidación.

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WBXMFSTGGV Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa. A contar del 13 de mayo de 2018, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl

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LA EXISTENCIA DE JUICIOS PENDIENTES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO CIVIL- 677-2016 05 DE OCTUBRE DE 2016 FALLO N°4

El deudor deduce recurso de queja en contra del Juez Subrogante del Primer Juzgado Civil de Temuco en atención al rechazo de la solicitud de liquidación interpuesta, resolución dictada con falta o abuso grave, que genera perjuicio e indefensión y que ha infringido las normas del debido proceso. En dicha resolución, el Juez de primera instancia expresa que el fundamento del rechazo de la

solicitud se debe al no cumplimiento de un requisito formal, el cual es: “La relación de

juicios pendientes con efectos patrimoniales.”

“En suma, la existencia de juicios pendientes no constituye un requisito de procedencia de la solicitud, sino que únicamente un antecedente que permite garantizar la igualdad procesal de los acreedores y el efecto suspensivo de los juicios que acarrea la liquidación.”

El Fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, expresa que, efectivamente el juez a quo incurrió en una errónea inteligencia de la norma, pues entendió que la exigencia que impone el legislador al deudor en orden acompañar una relación de juicios pendientes con efectos patrimoniales, implicaba, además, la necesidad de que él tuviera efectivamente juicios pendientes, sentido y alcance que no se condice ni con su tenor literal, ni con la intención del legislador claramente manifestada en la historia fidedigna de su establecimiento. En este mismo orden de ideas, la

necesidad de acompañar una relación de juicios con efectos patrimoniales, tiene como única finalidad conocer si existen ejecuciones o causas iniciadas que puedan afectar bienes del deudor, de modo que se puedan verificar por parte del tribunal las comunicaciones pertinentes para su posterior paralización y acumulación, como principales efectos de la resolución de liquidación.

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Foja: 71 Setenta y Uno C.A. de Temuco Temuco, cinco de octubre de dos mil dieciséis. Vistos: A fojas 14 comparece don Fern ando Miran da Cerda , abogado, en representación de don Jaime Huaiquin ao Parra , en autos caratulados “Espinosa con Parra”, Rol C-3124-2016 seguidos ante el Primer Juzgado Civil de Temuco, quien deduce recurso de queja en contra del subrogante del citado Tribunal, don Javier Basc ur Pavez , en atención a que con fecha 15 de junio de 2016 se notificó sentencia interlocutoria que puso fin al procedimiento o ha hecho imposible su continuación, la que ha sido dictada con falta o abuso grave, generando perjuicio e indefensión al solicitante, infringiendo las normas del debido proceso. Explica que la resolución no da lugar a la solicitud voluntaria de liquidación de su representada, para atender al pago de las deudas contraídas en calidad de deudor directo. Dicha resolución, en su examen de admisibilidad estima que no se cumple con la exigencia del artículo 273 N° 3 de la Ley N° 20.720, toda vez que no tiene juicios pendientes con efectos patrimoniales, lo que constituye una falta o abuso grave. Expresa que consta en autos que el 03 de junio de 2016 ingresó solicitud de liquidación voluntaria de bienes de la deudora, conforme al artículo 273 de la Ley Nº 20.720; y respecto a los requisitos estima que ha cumplido cabalmente cada uno de ellos, agotando los requisitos formales y que son aplicables a la realidad del deudor. Expresa que conforme al artículo 274 de la se ñalada ley, solo se faculta al tribunal para que, una vez recibido el certificado de nominación emitido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento,

dicte

la

correspondiente

Resolución

de

Liquidación. Por lo que lo resuelto por el tribunal excede las facultades que confiere la ley, provocando un agravio a la parte solicitante.

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Que respecto a los requisitos del artículo 273 de la Ley Nº20.720, se ha señalado

el

listado de bienes y lugar en que se

encuentran, relación de juicios pendientes con efectos patrimoniales y estado de las deudas. Respecto de la relación de juicios pendientes con efectos patrimoniales, señalado en el punto tercero de la resolución, estima el recurrente que cumple con el requisito formal, pues relata que su representada no tiene juicios iniciados en su contra. Que es errada la interpretación de una minoría de tribunales que estiman que el hecho de existir demandas en su contra ayudar ía a acreditar un estado de insolvencia; por cuanto atenta contra el espíritu de la ley al considerar que el deudor que aún no haya sido demandado por sus acreedores no puede accionar en un procedimiento de liquidaci ón voluntaria por cuanto le estaría vedado. Que el otro procedimiento que establece la normativa concursal corresponde a un procedimiento de renegociaci ón tendiente a salvar los activos de una persona para responder a sus obligaciones, pero no se encontraría en un estado de insolvencia. Señala además que la existencia de ese requisito formal exige una relación de los juicios pendientes y no es una exigencia en orden a acreditar su existencia, señalar o hacer una relación de juicios con efectos patrimoniales, exigido por la ley, tiene como única finalidad conocer si existen ejecuciones o causas iniciadas que pueden afectar bienes del deudor, para verificar comunicaciones pertinentes para su posterior paralización y acumulación, como principales efectos de los efectos de la liquidación. Añade que la doctrina ha señalado que uno de los hechos reveladores del estado de insolvencia es el sometimiento voluntario a este tipo de procedimiento; asumiendo las consecuencias de su declaración voluntaria y existen diversos Tribunales de Letras del pa ís que han decretado la liquidación sin necesidad de existir juicios pendientes contra los solicitantes, existiendo otras formas de acreditar el estado de insolvencia del deudor.

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Respecto a la confesión del deudor de su estado de insolvencia, argumenta que la circunstancia que una persona tenga o no juicios en su contra, depende únicamente del hecho de que sus acreedores hagan el impulso procesal que su título les justifique. Por lo tanto el hecho de que el juzgador supedite la solicitud de liquidaci ón a la existencia o no de juicios pendientes con efectos patrimoniales, atenta directamente contra la naturaleza de este tipo de procedimiento. Que respecto al supuesto examen de admisibilidad de la solicitud de liquidación voluntaria de bienes, el artículo 274 de la Ley Nº 20.720 no establece las facultades para que el juez realice un examen de admisibilidad, y sin perjuicio de que el tribunal pudiera realizarlo, s ólo podría ser de carácter formal y no de fondo, como ha ocurrido, de esta forma, el juez ha excedido en sus facultades estableciendo un requisito que no está expresamente contemplado en la ley. En cuanto al carácter abusivo de la resoluci ón y procedencia del recurso de queja, estima que la resolución objeto del recurso constituye un abuso grave que debe ser corregido ya que dada la naturaleza de la misma no procede recurso alguno, conforme al artículo 4 ° de la ya mencionada Ley N° 20.720. De esta manera, con dicha resolución se ha dejado en indefensión a su representado, por cuanto el juez recurrido ha cometido abuso por interpretación errada del artículo 273 Nº 3 del ya citado cuerpo legal, en cuanto a los requisitos formales que se exigen y del artículo 274 en cuanto al examen de admisibilidad efectuado en autos, ya que debió necesariamente dar curso a la solicitud. Por lo anterior, solicita tener por deducido recurso de queja, se declare admisible determinando las medidas conducentes a remediar la falta o abuso reclamado y en uso de sus facultades disciplinarias, invalidar

la

resolución

jurisdiccional

aplicando

las

medidas

disciplinarias que estime conducentes. A fojas 31, rola

informe de don Javier Bascur Pavez, Juez

Subrogante del Primer Juzgado Civil de Temuco, quien se ñala que se

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efectuó presentación de liquidación voluntaria por don Jaime Hern án Huiaquinao Parra, Rol asignado 3124-2016. Que, habiendo revisado la solicitud en los términos del artículo 273 de la Ley Nº 20.720, no cumple con el numeral tercero que exige relaci ón de juicios pendientes con efectos patrimoniales y su existencia, requisito que, a juicio del informante, es absolutamente necesario ya que puede acreditar el estado de insolvencia y justificar el inicio del procedimiento, y pensar de otra forma iría contra el espíritu de la ley. Señala además que, respecto a la posibilidad de realizar examen de admisibilidad, estima que es procedente desde que la misma ley establece requisitos para su procedencia los cuales solo deben ser analizados en esta etapa, ya que de estimarse cumplidos, no existir ía otra oportunidad de revisarlos. CON LO RELACIONAD O Y CONSIDE RA ND O: PRIMERO: Que, el arbitrio procesal que ocupa este an álisis está previsto y regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata específicamente “De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales ”, el que se encuentra reglamentado en su párrafo primero que lleva el ep ígrafe “De las facultades disciplinarias” y, sobre el particular, el inciso primero del artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales estatuye: “El recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de resoluciones de car ácter jurisdiccional. Sólo procederá cuando la falta o abuso se cometa en la sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación o definitiva, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario, sin perjuicio de la atribuci ón de la Corte Suprema para actuar de oficio en el ejercicio de sus facultades disciplinarias. Se exceptúan las sentencias definitivas de primera o única instancia dictadas por árbitros arbitradores, en cuyo caso proceder á el recurso de queja además del recurso de casación en la forma”.

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SEGU ND O: Que, la resolución que el recurrente estima se ha dictado con falta o abuso grave es aquella de fecha 17 de mayo de 2016, por la cual se negó lugar a la solicitud de liquidaci ón voluntaria de bienes de la persona deudora, en específico, por no cumplirse con lo dispuesto en el número tercero del artículo 273 de la Ley Nº 20.720, en lo relativo a que el deudor debe efectuar una relaci ón de los juicios pendientes con efectos patrimoniales. Entiende el recurrente que la interpretación realizada por el Juez A Quo es errada y contraria a la ley, lo que fundamenta la presentación del recurso en estudio, pues el Juez debe limitarse, una vez recibido el certificado de nominaci ón emitido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento a dictar la resolución de liquidación. TE RCE RO: Que, según lo informado por el Juez recurrido, debe estarse al cumplimiento de los requisitos establecidos en el art ículo 273 de la Ley Nº 20.720, pues acreditando la existencia de juicios pendientes puede justificar su estado de insolvencia al inicio del referido procedimiento, de lo contrario, señala el Juez, se estar ía yendo en contra del espíritu de la ley y de los principios del derecho concursal. CUA RTO: Que de lo antes relacionado, se desprende que la conducta denunciada por el recurrente se refiere a un requisito de inadmisibilidad de la solicitud de liquidaci ón voluntaria que el recurrente efectuó ante el Primer Juzgado Civil de esta ciudad; particularmente el N° 3 del artículo 283 de la Ley N° 20.720. QUINTO: Que, al respecto se debe tener presente que

“Históricamente, en un comienzo, la quiebra fue concebida como un procedimiento destinado a proteger a los acreedores, al mismo tiempo que la declaratoria de quiebra implicaba para el deudor una situaci ón infamante en la que nadie deseaba incurrir.

Progresivamente, esta

tendencia fue cambiando hasta que en la actualidad, en la mayor ía de los países se advierte una tendencia a considerar la quiebra como un procedimiento destinado, primeramente, a salvar al deudor de sus

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insolvencia y proveer de medios jurídicos para que la empresa en peligro pueda continuar con sus operaciones y sólo en segundo término, a liquidar los activos y bienes del deudor cuya recuperaci ón económica se estima imposible (…) El sistema chileno ha estado tradicionalmente vinculado a la primera concepción.” (Contreras Strauch,

Osvaldo,

Instituciones

de

Derecho

Comercial,

Legal

Publishing, Santiago, 2011, pp. 1384-1385). SEXTO: Que,

para la adecuada resolución de la presente

discusión, conviene tener en vista las disposiciones legales aplicables en la materia: En primer lugar el artículo 273 de la Ley N°20.720 que dispone:

“Artículo 273.- Ámbito de aplicación y requisitos. Toda Persona Deudora podrá solicitar ante el tribunal competente la liquidaci ón voluntaria de sus bienes, acompañando los siguientes antecedentes: 1) Lista de sus bienes, lugar en que se encuentren y los grav ámenes que les afecten; 2) Lista de los bienes legalmente excluidos de la Liquidaci ón de los Bienes de la Persona Deudora; 3) Relación de juicios pendientes con efectos patrimoniales, y 4) Estado de deudas, con nombre, domicilio y datos de contacto de los acreedores, así como la naturaleza de sus créditos”. A su turno el artículo 129 del mismo texto concursal dispone en su parte pertinente:

“Artículo 129.- Resolución de Liquidación contendrá, además de lo establecido en los artículos 169 y 170 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:…5) La orden de acumular al Procedimiento Concursal de Liquidación todos los juicios pendientes contra el deudor que puedan afectar sus bienes, seguidos ante otros tribunales de cualquier jurisdicción, salvo las excepciones legales”. Por su parte el artículo 135 de la citada ley prescribe: “Artículo

135.- Suspensión de ejecuciones individuales. La dictaci ón de la

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Resolución de Liquidación suspende el derecho de los acreedores para ejecutar individualmente al Deudor…”. A su turno el artículo 260 dispone: “Artículo 260.- Ámbito de

aplicación y requisitos. El Procedimiento Concursal de Renegociaci ón será aplicable sólo a la Persona Deudora, que para efectos de este Capítulo se denominará indistintamente Persona Deudora o Deudor. La Persona Deudora podrá someterse a un Procedimiento Concursal de Renegociación si tuviere dos o más obligaciones vencidas por más de 90 días corridos, actualmente exigibles, provenientes de obligaciones diversas, cuyo monto total sea superior a 80 unidades de fomento, siempre y cuando no haya sido notificada de una demanda que solicite el inicio de un Procedimiento Concursal de Liquidaci ón o de cualquier otro juicio ejecutivo iniciado en su contra que no sea de origen laboral”. Por último el artículo 282 del texto legal en análisis estatuye:

“Artículo 282.- Causal para solicitar el inicio de un Procedimiento Concursal de Liquidación de los bienes de una Persona Deudora. Mientras no se declare la admisibilidad de un Procedimiento Concursal de Renegociación de una Persona Deudora, cualquier acreedor podr á solicitar el inicio del Procedimiento Concursal de Liquidaci ón de los bienes de la Persona Deudora, siempre que existieren en contra de ésta dos o más títulos ejecutivos vencidos, provenientes de obligaciones diversas, encontrándose iniciadas a lo menos dos ejecuciones, y no se hubieren presentado dentro de los cuatro días siguientes al respectivo requerimiento, bienes suficientes para responder a la prestación que adeude y a sus costas”. S ÉP TIMO : Que, del análisis de las normas citadas, se desprende que efectivamente el juez a quo incurrió en una errónea inteligencia de la norma contenida en el art ículo 273 N°3 del texto concursal, pues entendió que la exigencia que impone el legislador al deudor en orden acompañar una relación de juicios pendientes con efectos patrimoniales, implicaba, además, la necesidad de que él tuviera

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efectivamente juicios pendientes, sentido y alcance que no se condice ni con su tenor literal, ni con la intención del legislador claramente manifestada en la historia fidedigna de su establecimiento. En efecto, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento concursal de liquidación forzosa, que se inicia a instancias del acreedor, quien debe necesariamente invocar una causal legal de liquidaci ón, fundarla

y

justificarla

con

los

antecedentes

documentales

correspondientes, en el procedimiento concursal de liquidaci ón voluntaria, sea de la empresa deudora o de la persona deudora, no resulta exigible la acreditación de causales, ya que en este caso es el propio deudor quien exterioriza su estado de insolvencia. En nuestro sistema concursal el legislador optó por un sistema basado

en la existencia de causales de cesación de pagos, esto es,

hechos o circunstancias reveladoras de la insolvencia, las que se circunscriben únicamente a los procedimientos concursales forzosos. En los concursos voluntarios, cuyo es el caso de autos, el legislador sólo exige al deudor acompañar antecedentes, cuya justificación se encuentra en la necesidad de garantizar la aplicaci ón efectiva de los principios concursales clásicos par condictio creditorum y de universalidad, además de asegurar la plena vigencia de los efectos sustantivos y procesales que derivan de la resolución de liquidaci ón. De acuerdo con lo anterior y analizando los dem ás antecedentes que se deben acompañar a la solicitud de liquidaci ón, es posible concluir que el hecho que el deudor deba acompa ñar un listado de bienes y señalar su ubicación,

responde a la necesidad de

determinación del activo para facilitar la labor posterior de incautaci ón que le compete al liquidador. Lo mismo ocurre con la individualizaci ón de los acreedores y su domicilio, pues ello permitir á la notificaci ón de los acreedores concursales a objeto de que concurran a verificar sus créditos, hecho que marcará el inicio de la etapa de depuraci ón del pasivo.

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En este mismo orden de ideas, la necesidad de acompañar una relación de juicios con efectos patrimoniales, tiene como única finalidad conocer si existen ejecuciones o causas iniciadas que puedan afectar bienes del deudor, de modo que se puedan verificar por parte del tribunal las comunicaciones pertinentes para su posterior paralizaci ón y acumulación, como principales efectos de la resolución de liquidaci ón. En suma, la existencia de juicios pendientes no constituye un requisito de procedencia de la solicitud, sino que únicamente un antecedente que permite garantizar la igualdad procesal de los acreedores y el efecto suspensivo de los juicios que acarrea la liquidaci ón, seg ún se desprende claramente de las normas antes transcritas. OCTA VO: Las reflexiones precedentes, permiten advertir que el tribunal a quo, al negar lugar a la tramitación del procedimiento concursal de liquidación voluntaria, dejó en indefensión al demandante, pues le impide utilizar un procedimiento plenamente disponible para la persona deudora, atendida su situación de insolvencia, revelada por su propia confesión judicial, negándole hacer uso de los derechos que le confiere la Ley N° 20.720. NOVENO: La interpretación contenida en los fundamentos precedentes, aparece concordante, además con la historia fidedigna de establecimiento de la ley, pues en el propio Mensaje del Proyecto resulta imperiosa la necesidad de crear un régimen especial para las

personas naturales que se encuentran en incapacidad de responder a sus obligaciones financieras por distintas razones, como por ejemplo, presentar niveles de consumo muy por encima de su capacidad real de pago. Así, el Proyecto busca crear, primeramente, la posibilidad de solucionar una insolvencia personal en un escenario armónico y adaptado a la realidad de un deudor persona natural, d ándole la posibilidad de responder con sus propios bienes de manera m ás breve y menos costosa que en una liquidación de empresas y, as í, impulsar comportamientos crediticios responsables en el consumidor a largo plazo, mejorando la educación financiera por medio de normas que la

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hagan aplicable”, de cuyo tenor se desprende que el legislador no quiso supeditar ni limitar la liquidación voluntaria de la persona deudora a la existencia de juicios, sino únicamente a un estado generalizado de impotencia patrimonial que le sirva de presupuesto, requisito que la solicitud de autos, conforme a los antecedentes acompa ñados, satisface plenamente. De este modo, al impedir el juez de la causa la substanciaci ón de la acción de liquidación voluntaria, ha transgredido uno de los principios orientadores de todo procedimiento, cual es, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, integrante indiscutible del rector en la materia, esto es, el debido proceso, garantizado constitucionalmente en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental. Por estos fundamentos y de conformidad, adem ás, con lo dispuesto por los artículos 545, 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, SE ACOGE el recurso de queja interpuesto en lo principal de la presentación de fojas 14, por los abogados Mario Espinosa Valderrama y Fernando Miranda Cerda, en representación de don Jaime Huaiquinao Parra , en autos Rol C-3124-2016 seguidos ante el 1º Juzgado Civil de Temuco, y, en consecuencia, se deja sin efecto la resolución de fecha 15 de junio de 2016, dictada en los autos Consursales Rol 3124-2016, Caratulados Espinosa/Parra, dictada por el Sr. Juez Subrogante del Primer Juzgado Civil de Temuco, don Javier Bascur Pavez, que no dio lugar a la solicitud de liquidación voluntaria de bienes del deudor, debiendo el Sr. Juez Titular del Primer Juzgado Civil de Temuco dar curso progresivo a la solicitud de liquidación voluntaria de bienes efectuada por la recurrente, en los autos concursales ya referidos. No se remiten los antecedentes al Pleno del Tribunal por estimar que no existe mérito para ello, por tratarse solo de una discrepancia de interpretación, al no existir texto legal expreso.

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Redacción de la Ministra Titular doña María Elena Llanos Morales. Regístrese, notifíquese y archívese. Civil-677-2016.

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47 Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Temuco integrada por Ministro Presidente Luis Alberto Troncoso L. y los Ministros (as) Aner Ismael Padilla B., Maria Elena Llanos M. Temuco, cinco de octubre de dos mil dieciséis.

En Temuco, a cinco de octubre de dos mil dieciséis, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

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BIENES INEMBARGABLES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

TERCER JUZGADO CIVIL DE TEMUCO C-3991-2019 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 FALLO N°5

El deudor presenta solicitud de audiencia de resolución de controversias ante el Tercer Juzgado Civil de Temuco para efectos de conocer y resolver la exclusión de los bienes muebles “estufa a leña tipo

salamandra y un estanque de agua vertical” de la incautación

El deudor se basa en que tales bienes muebles serían considerados inembargables conforme a la ley, por lo que no deben ser ingresados al procedimiento de liquidación voluntaria.

realizada por el Sr. Liquidador en el inmueble del deudor.

“Que efectivamente aparece entre los bienes muebles incautados una estufa a leña tipo salamandra y un estanque de agua vertical, bienes muebles que, atendida su función, esto es, calefacción el primero y proveer de agua potable, se encuentran dentro de la hipótesis de inembargabilidad.”

El Fallo del Tercer Juzgado Civil de Temuco, expresa que de conformidad a lo establecido en el artículo 445 Nº 13 del Código de Procedimiento Civil y Artículo 1618 Nº 7 del Código Civil, dichos bienes muebles están destinados a combustible y alimento, de tal manera que se acogerá la solicitud, ordenando el alzamiento respecto a los bienes muebles “una estufa a leña tipo salamandra y un estanque de agua vertical”, de la diligencia de incautación e inventario, debiéndose suspenderse el

retiro de bienes y notificar al Sr. Martillero Concursal.

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Maria Cristina de la Cruz Arriagada Fecha: 27/11/2019 13:03:23

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa. A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl

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SITUACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES INCAUTADOS DEL CÓNYUGE DEL DEUDOR POR PARTE DEL LIQUIDADOR CONCURSAL

PRIMER JUZGADO CIVIL DE TEMUCO C-4789-2018 19 DE FEBRERO DE 2019 FALLO N°6 La cónyuge del deudor presenta solicitud de audiencia de resolución de controversias ante el Primer Juzgado Civil de Temuco para efectos de conocer y resolver la exclusión de los bienes muebles incautados por el Sr. Liquidador en su domicilio.

bienes se encontraban bajo su posesión al momento de la diligencia de incautación, por lo que no deben ser ingresados al procedimiento de liquidación voluntaria.

La cónyuge del deudor se basa en que se encuentra casada bajo el régimen de separación total de bienes y que dichos

“Que así las cosas, habiéndose acreditado solvencia económica de la tercerista y que el inmueble donde se produjo la incautación es de su propiedad y considerando además que es presumible que quien trabaje y sea propietaria de un inmueble adquiera muebles para guarnecerlo, se acogerá la petición.”

El Fallo del Primer Juzgado Civil de Temuco, expresa que, beneficia a la tercerista la presunción del artículo 700 del Código Civil, por cuanto la copia de la inscripción además de dar cuenta del dominio del inmueble, es prueba de posesión del mismo, siendo atendible estimar que dentro de dicho inmueble existan bienes muebles que a ella pertenezcan, más aún si mantiene su domicilio en dicho lugar, por lo que se acogerá la solicitud de la tercerista y en consecuencia, se decreta la exclusión de los bienes

muebles incautados por el Sr. Liquidador.

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Natalia Estefany Ferrada Retamal Fecha: 19/02/2019 15:49:22

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa. A contar del 12 de agosto de 2018, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl

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DECLARACIÓN JURADA DE TERCERO NO ES PRUEBA SUFICIENTE PARA ACREDITAR LA TITULARIDAD DE SUS BIENES MUEBLES

SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TEMUCO C-191-2019 23 DE MAYO DE 2019 FALLO N°7 El Tercerista presenta solicitud de audiencia de resolución de controversias ante el Segundo Juzgado Civil de Temuco para efectos de conocer y resolver la exclusión de los bienes muebles incautados por el Sr. Liquidador en el domicilio de la deudora.

bienes muebles en el domicilio de la deudora. Sin embargo, dichos bienes se encontraban bajo su posesión y son de su exclusiva titularidad.

El tercerista se fundamenta en que, al momento de la diligencia de incautación e inventario, se encontraban sus

“Que valorando la prueba rendida conforme a la sana crítica, debe señalarse que en cuanto a la declaración jurada ante Notario Público, se trata de un documento privado firmado ante Notario Público, que no tiene mérito suficiente para dar por acreditado que los bienes muebles se encontraban en posesión del tercerista y emana de la propia parte en favor suyo.”

El Fallo del Segundo Juzgado Civil de Temuco, expresa que, como cuestión previa, debe señalarse que en el acta de incautación da cuenta que todos los bienes incautados se encontraban en el domicilio de la deudora y no se

observa que se hayan presentado terceros alegando derechos conforme al artículo 164 de la ley Nº 20.720.

Además, conforme a las reglas de la sana crítica, esto es, en base a las normas de la lógica, las máximas de las experiencias y los conocimientos científicamente afianzados, a juicio de la sentenciadora, no es suficiente para tener por acreditado que el

tercerista estaba en posesión de los bienes incautados que se señala en su presentación, en los términos del artículo 700 del Código Civil, por lo que se procederá a rechazar la solicitud de exclusión de los bienes muebles incautados por el Sr. Liquidador Concursal.

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Maria Alejandra Margarita Santibanez Chesta Fecha: 23/05/2019 14:14:19

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa. A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl

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ACCIONES INDIVIDUALES DE COBRO POR LOS ACREEDORES DURANTE EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO PROTECCIÓN- 1568-2018 30 DE ABRIL DE 2018 FALLO N°8 La deudora interpone recurso de protección en contra de la Empresa Emprende Microfinanzas S.A., en virtud de las amenazas y vulneraciones realizadas por los actos arbitrarios e ilegales en contra de su derecho a la integridad física y psíquica tutelado en el artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República.

el hecho de que se encuentra en un procedimiento concursal de liquidación voluntaria ante el Juzgado de Letras de Nueva Imperial y ha sido acosada telefónicamente para efectos de proceder al pago de una deuda con dicha empresa, por lo que solicita a la Ilustrísima Corte cesar las acciones individuales de cobranza.

La deudora se fundamenta en

“Es posible concluir que no se encuentran actualmente justificadas las acciones de cobro dirigidas personalmente contra la deudora y recurrente por encontrarse aquella inserta en un Procedimiento de liquidación voluntaria de sus bienes, indicando la demandante quienes son sus acreedores, entre los cuales se encuentra mencionado el crédito con la recurrida.”

El Fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, expresa que, encontrándose nombrado el liquidador, y por tratarse de un procedimiento colectivo de satisfacción de las acreencias, deja de tener

justificación racional, los cobros individuales dirigidos por un acreedor contra la deudora. Además, la acción

de cobro resulta ser ilegal y arbitraria y afecta la garantía constitucional invocada, debiendo imponerse a la recurrida la paralización de todo acto de cobranza en perjuicio de la recurrente, por

lo que la acción de protección será acogida en contra de la Empresa Emprende Microfinanzas S..A., ordenándose el cese de las acciones individuales de cobranza telefónica o vía de mensajes de texto, por sí o a través de empresas externas.

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C.A. de Temuco Temuco, treinta de abril de dos mil dieciocho. |

VIS TOS Comparece

don

ALEJANDRO

RODRIGO

ZUNIGA ́ ̃

GARRIDO, Abogado, cedula ́ de identidad numero ́ 17.583.579-2, domiciliado en calle Antonio Varas numero ́ 687, oficina 1104, de Temuco, en representacion ́ de donã MARIA ́ ANGELICA ́ TORO CURIMAN, ́ domiciliada en Sector Mololhue Bajo, comuna de Teodoro Schmidt, quien interpone acción de protección en contra de EMPRENDE MICROFINANZAS S.A., sociedad anonima ́ financiera, representada

legalmente

por

don

JOSÉ PABLO

COLOMA

CORREA, ambos domiciliados para estos efectos en calle Catedral Nº 1284 de Santiago, refiriendo que aquella le ha amenazado y vulnerado con actos arbitrarios e ilegales, el derecho a la integridad fisica ́ y psiquica ́ tutelado en el articulo ́ 19 numero ́ 1 de la Constitucioń Politica ́ de la Republica. ́ Refiere que donã MARIA ́ ANGELICA ́ TORO CURIMAN, ́ es clienta de EMPRENDE MICROFINANZAS S.A., desde el 05 de Febrero de 2.016, a traveś de su sucursal ubicada en la comuna de Carahue. Que, en dicho contexto comercial, donã MARIA ́ ANGELICA ́ TORO CURIMAN, ́ solicitó a dicha institucion ́ un credito ́ comercial en cuotas, numero ́ de operacion ́ 20.447, por un monto capital inicial $1.611.652. Que, como consecuencia de su precaria situacion ́ economica, ́ con fecha 16 de octubre de 2017, donã MARIA ́ ANGELICA ́ TORO CURIMAN, ́ presentó ante el Juzgado de Letras en lo Civil de Nueva Imperial, “SOLICITUD PARA INICIO DE PROCEDIMIENTO

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de $1.026.300, adeudando al diá 23 de Junio de 2.017 la suma de

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CONCURSAL DE LIQUIDACION ́ VOLUNTARIA DE BIENES DE LA PERSONA DEUDORA”, procedimiento actualmente vigente en causa caratulada como “/TORO”, bajo el ROL C-300-2017 del Juzgado de Letras en lo Civil de Nueva Imperial.Luego, en el marco de dicho proceso judicial, mediante resolucion ́ de fecha 5 de Enero de 2018, se decreto ́ la liquidacioń voluntaria de los bienes de donã MARIA ́ ANGELICA ́ TORO CURIMAN, ́ mediante la correspondiente “Resolucion ́ de Liquidacioń ”, senalandose ̃ ́ en su numeral quinto “Comuniquese ́ a todos los acreedores residentes en el territorio de la Republica, ́ que tienen el plazo de treinta dias, ́ contados desde la fecha de publicacioń de la presente resolucion, ́ para que se presenten con los documentos justificativos de sus creditos, ́ bajo apercibimiento de ser afectados por los resultados del juicio, sin nueva citacioń ”, resolucion ́ que conforme a lo dispuesto en la Ley 20.720, fue publicada en el Boletiń Concursal con fecha 8 de Enero de 2018.Como resultado de esta resolucion, ́ se ve en la imposibilidad juridica ́ de efectuar alguna especie o tipo de pago a cualquiera de sus acreedores,

dentro

de

los

cuales

se

encuentra

EMPRENDE

MICROFINANZAS S.A., ya que asume la administracion ́ de sus bienes el liquidador concursal nombrado por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, quien es el unico ́ facultado para proceder al pago de los creditos, ́ con el producto que obtenga de la realizacion ́ de los bienes de la deudora.Señala que no obstante aquello, mí representada animadversivo acoso telefonico ́ por parte de uno de sus acreedores, a saber, contante un agobio, amenaza y amedrentamiento telefonico, ́ tanto por la viá de llamadas telefonicas ́ a sus celular, como de mensajes de textos de cobranza.

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EMPRENDE MICROFINANZAS S.A., desarrollandose ́ en forma

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Cita el detalle de fecha y hora de llamadas y mensajes (5 mensajes y 3 llamadas la más tarde 18:23, desde el 05 al 22 de maro del presente año). Acusa que esta situacion ́ le ha generado hasta el diá de hoy 4 de Abril de 2.018, inconvenientes hasta el punto de tenerla en un estado constante de stress y temor generalizado, a causa del acoso del que ha sido victima ́ por parte de EMPRENDE MICROFINANZAS S.A., viendose ́ en la obligacion ́ de presentar esta accion ́ de proteccioń con el objeto de tutelar el derecho a la integridad sicologica. ́ Afirma la arbitrariedad e ilegalidad del acto fundado en la infracción las disposiciones contenidas en la Ley 20.720, en especial, los articulos ́ numero ́ 36, 130 y siguientes, que reglan las administracioń de los bienes del deudor, y que indican de forma expresa la administracion ́ de los bienes presentes por parte del liquidador, y que eĺ es el unico ́ ente facultado durante la liquidacioń para proceder al pago de las deudas de la persona deudora. Pide

en

concreto

que

se

prohiba ́

a

EMPRENDE

MICROFINANZAS S.A., ya sea, de forma directa o a traveś de servicios prestados por persona juridica ́ o natural diversa, a tomar contacto con donã MARIA ́ ANGELICA ́ TORO CURIMAN, ́ ya individualizada, a traveś de llamadas telefonicas ́ y/o por cualquier otro medio de comunicacion ́ destinado al efecto, que tenga como objeto: solicitar,

recordar,

mencionar,

precisar,

determinar,

compeler,

informar, senalar, ̃ amenazar o instar al pago de la deuda existente entre dicha institucion ́ y la recurrente de autos y se condene a la recurrida en costas.1.

Certificado

de

deuda

emitido

por

EMPRENDE

MICROFINANZAS S.A., denominado “Consulta de Plan de Pagos ”, que acredita la existencia de una deuda vigente con dicha institucioń por la suma de $1.611.652; 2.Resolucion ́ de liquidacion ́ de fecha 16 de Octubre de 2.017, emanada del Juzgado de Letras en lo Civil de

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Acomañó a su presentación:

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Nueva Imperial, en causa Rol C-300-2017, caratulada “/TORO”; 3.Copia simple de cuatro imagenes ́ telefonicas ́ que dan cuenta de los mensajes de texto enviados por EMPRENDE MICROFINANZAS S.A. a mí representada; 4. Copia simple de imagen telefonica ́ que da cuenta de las llamadas telefonicas ́ efectuadas por EMPRENDE MICROFINANZAS S.A. Con fecha 9 de abril de 2018 se declar ó admisible el recurso y se concedió orden de no innovar, ordenando informar. Que evacuó informe la recurrida a través de doña Rosa González Aramundiz, en calidad de gerente comercial de la recurrida. Afirma que efectivamente la recurrente contrató un crédito en dos cuotas con último vencimiento el día 20 de marzo de 2017, y que la clienta no ha cancelado ninguna de las cuotas referidas, manteniéndolas impagas mas intereses y costas. Por esa razón en septiembre del año 2017 se encomendó la cobranza a la empresa T-cobra. De acuerdo a lo informado por dicha empresa externa s ólo han podido contactarla en dos oportunidades 3 de octubre de 2017, y 7 de marzo de 2018, ocasión en que la clienta señaló ue pagar ía con los ingresos de cosecha de hortalizas. Añade

que

nunca

mencionó

estar

afecta

a

un

procedimiento judicial de liquidación de bienes, y que hasta la llegada del oficio que motiva el informe, no ha sido notificada ni tiene conocimeinto del procedimiento de liquidación voluntaria referido por la recurrente. Sin perjuicio de lo anterior habiendo tomado conocimiento gestiones de cobranza, instruyendo a la empresa de cobranza externa que se abstenga de cualquier tipo de acción, solicitando la devoluci ón de los antecedentes respectivos. Se trajeron los autos en relación. CON LO RELAC IONA DO Y CONS IDERANDO

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por la presente vía de protección informan que han terminado las

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PRIME RO: Que del mérito de los antecedentes agregados, y el contenido

del

informe

emitido

por

la

recurrida,

no

resulta

controvertido, y consta, la efectividad que la recurrente es actualmente sujeto de un procedimiento de liquidación voluntaria ante el Juzgado de Letras de Nueva Imperial, tramitado en antecedentes Rol Civil C300-2017, procedimiento en el cual se ha dictado con fecha 05 de octubre la resolución de liquidación que contiene la orden de citaci ón de los acreedores y la designación de liquidador. Por su parte la recurrida alegó no tener conocimiento a la fecha sobre el inicio del referido proceso, sin perjuicio de lo cual inform ó que con ocasión de la recepción de los antecedentes del presente recurso de protección, ordenó a la empresa de cobranza externa, detener los cobros y la devolución de los antecedentes de la deudora recurrente. SEGUNDO: Que teniendo a la vista lo obrado en expediente de tramitación digital Rol 300-2017 del Juzgado de Letras de Nueva Imperial, es posible concluir que no se encuentran actualmente justificadas la acciones de cobro dirigidas personalmente contra la deudora y recurrente por encontrarse aquella inserta en un Procedimiento de liquidación voluntaria de sus bienes, el que se ha iniciado de conformidad a la ley, indicando la demandante quienes son sus acreedores, entre los cuales se encuentra mencionado el cr édito con la recurrida, por lo que encontrándose nombrado el liquidador, y por tratarse de un procedimiento colectivo de satisfacci ón de las acreencias, deja de tener justificación racional, los cobros individuales dirigidos por un acreedor contra la deudora. TERCERO: Que, en este entendido, se estima que la acción constitucional invocada, debiendo imponerse a la recurrida la paralización de todo acto de cobranza en perjuicio de la recurrida, como se dirá en lo resolutivo. Por lo razonado y visto lo dispuesto por el art ículo 19 N|1 y 20 de la Constitución Política de la República se resuelve que SE

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de cobro resulta ser ilegal y arbitraria, que afecta la garant ía

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ACOGE el recurso de protección interpuesto por don ALEJANDRO RODRIGO ZUNIGA ́ ̃ GARRIDO, en representación de donã MARIA ́ ANGELICA ́ TORO CURIMAN, ́ contra de EMPRENDE MICROFINANZAS S.A, y se ordena a la recurrida cesar las acciones individuales de cobranza telefónica o v ía mensajes de texto, por si o a través de empresas externas. Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad. N°Protección-1568-2018.

Alejandro Alfonso Vera Quilodran Ministro Fecha: 30/04/2018 10:25:56

Oscar Luis Vinuela Aller Fiscal Fecha: 30/04/2018 10:25:56

Roberto David Contreras Eddinger Abogado Fecha: 30/04/2018 10:25:57

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72 Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Temuco integrada por Ministro Alejandro Vera Q., Fiscal Judicial Oscar Luis Viñuela A. y Abogado Integrante Roberto David Contreras E. Temuco, treinta de abril de dos mil dieciocho.

En Temuco, a treinta de abril de dos mil dieciocho, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

NVZXFXQMTY Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa. A contar del 13 de agosto de 2017, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl.

73

EL RECURSO DE HECHO EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO CIVIL- 1118-2019 20 DE ENERO DE 2020 FALLO N°9 La deudora interpone recurso de hecho en contra de la resolución dictada por el Juzgado de Letras de Victoria que denegó el recurso de apelación, debiendo haberse concedido por ser procedente.

costas personales, debiendo haberse regulado en un 2% del primer crédito invocado, de conformidad a lo establecido en el artículo 245 de la ley Nº 20.720.

La deudora se fundamenta en la circunstancia de que el Juez de Letras de Victoria denegó un recurso de apelación en contra de la resolución que rechazaba la objeción de

“Que en este sentido y teniendo presente precisamente la naturaleza de la resolución impugnada, a saber que no pertenece al fondo de lo discutido al tenor de lo que establece la Ley 20.720, aplicándose las normas generales que rigen todo procedimiento, particularmente lo dispuesto en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, 82 y siguientes, 138, todos del Código de Procedimiento Civil, es que esta Corte estima que el recurso de hecho incoado en estos antecedentes debe ser acogido, estableciéndose que la resolución es efectivamente recurrible de apelación.”

El Fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, expresa que, junto con tenerse presente lo señalado en la Ley 20.720, debe considerarse la naturaleza de

la resolución impugnada, ello de acuerdo lo dispuesto en el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, del cual podemos concluir que lo recurrido es una sentencia interlocutoria de aquellas que establecen derechos permanentes entre las partes, específicamente fija las costas de la misma, sin resolver el fondo de lo presentado a la

resolución del tribunal de acuerdo lo establecido en la Ley 20.720, por lo que se acogerá el recurso de hecho en contra de la resolución del Juez de Letras de Victoria y se declarará admisible el recurso de apelación en el solo efecto devolutivo.

74

C.A. de Temuco Temuco, veinte de enero de dos mil veinte. Vistos: 1) Que comparece don DIEGO BELMAR OJEDA, abogado, domiciliado en Arturo Prat Nº 350, Oficina 607, por la persona deudora,

en

autos

sobre

liquidación

voluntaria,

caratulada

“PEDRERO”, ROL C-278-2019 del Juzgado de Letras de Victoria interponiendo recurso de hecho en contra de la resolución dictada con fecha 01 de Agosto de 2019 que denegó el recurso de apelaci ón por parte del Juzgado de Letras de Victoria, debiendo haberse concedido por ser procedente. Que con fecha 09 de Julio de 2019, en procedimiento concursal de liquidación voluntaria de su representada

CECILIA DEL

CARMEN PEDRERO BARRERA, se presentó escrito de regulaci ón de costas personales en virtud de lo establecido en el art ículo 245 de la ley Nº 20.720. Con fecha 10 de Julio de 2019, se resolvió a tal petición: “A lo Principal: VISTOS: Atendido el mérito de autos, se regulan las costas personales en la suma de $ 50.000.- (Cincuenta mil pesos), téngase por aprobada si no fuere objetada dentro de plazo legal. Luego, con fecha 12 de Julio de 2019, su parte objet ó la regulación de

costas personales

antes

indicada. Que con fecha 15

de Julio de 2019, U.S., otorgó traslado a la Sra. Liquidadora de la presente causa, siendo evacuado con fecha 18 de Julio de 2019, en que solicita el rechazo de la objeción de costas planteada, fundado en que los bienes puestos a disposición e incautados en la liquidaci ón concursales. Además, la acción del abogado patrocinante de la deudora no produjo ningún beneficio para los acreedores y es una carga adicional

para

la

Liquidadora.

Con fecha 24 de Julio de 2019, el Juzgado de Letras de Victoria, falló la incidencia planteada, indicándose en su parte resolutiva: “se

MKKXXBYXQY

voluntaria son absolutamente insuficientes para cubrir los gastos

75

resuelve que se rechaza la objeción de costas personales deducida por el abogado de la deudora Diego Belmar Ojeda, sin costas. El día 30 de Julio de 2019, se interpuso recurso de apelaci ón en contra de la resolución dictada con fecha 24 de Julio de 2019. Sin embargo, lo anterior, el Juzgado de Letras de Victoria con fecha de Agosto de

2019,

expresó,

Atendido

mérito

de

el

4°

N°

1

y

de

Insolvencia

2

que:

“A

lo dispuesto

en

de

la

lo

Ley

y Reemprendimiento,

no

01

Principal:

el

art ículo

N°

20720,

ha

lugar

a

la

apelación. Que Letras

en de

virtud

de

Victoria,

siendo procedente

lo

anterior,

deneg ó un

conforme a

la

el

recurso

normativa

Juzgado

de

de

apelaci ón

legal

pertinente.

EL DERECHO.El artículo 4 Nº 2 de la ley Nº 20.720 ha expresado que: “Apelación: Procederá contra las resoluciones que esta ley se ñale expresamente y deberá interponerse dentro del plazo de cinco d ías contado desde la notificación de aquéllas. Ser á solo

efecto

devolutivo,

salvo

las

concedida

excepciones

en que

el esta

ley” En este sentido, la Ley Nº 20.720 ha expresado específicamente los recursos que proceden en contra las resoluciones que se pueden generar en un procedimiento concursal. Una de ellas, es el recurso de apelación y en el caso de autos, tratándose de una sentencia interlocutoria que resuelve una incidencia respecto a la objeci ón de costas personales, es procedente el recurso de apelación a la luz de lo en

la

norma

legal.

El artículo 203 del Código de Procedimiento Civil expresa que: “ Si el tribunal inferior deniega un recurso de apelaci ón que ha debido concederse, la parte agraviada podrá ocurrir al superior respectivo, dentro del plazo de cinco días contado la negativa, para

desde

que declare admisible

la

notificaci ón

dicho recurso.”

de

MKKXXBYXQY

expresado

76

Pide, tener por interpuesto recurso de hecho en contra de la resolución de fecha 01 de Agosto de 2019 que deniega el recurso de apelación

de

fecha

definitiva,

decretar

procedente

a

la

30

de

que luz

Julio el

de

lo

20.720, con expresa condenación 2)

Que,

comparece

de

2019;

recurso

de

establecido en

evacuando

acogerlo

y

apelaci ón en

la

ley

en es Nº

costas. informe

FRANCISCO

MARAGAÑO URIBE, Juez Titular del Juzgado de Letras y Familia de Victoria, señalando que en procedimiento concursal voluntario, el abogado recurrente don Diego Belmar, solicitó sean reguladas las costas personales. Estas fueron fijadas en la suma de $50.000.- siendo objetadas por el abogado recurrente, por cuanto consider ó que la suma era exigua. De dicha objeción se dio traslado a la Liquidadora, quien solicit ó el rechazo de la objeción. El Tribunal con fecha 24 de julio de 2019, rechazó la objeción de las costas personales. Con fecha 30 de julio de 2019, el abogado de la deudora y recurrente en este recurso de hecho, interpuso recurso de apelaci ón en contra de la resolución que rechazó la objeción de las costas. El tribunal, con fecha 01 de agosto de 2019, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4 N°2 de la Ley N°20.720.- y teniendo en cuenta el régimen restrictivo en materia de recursos de la ley ya mencionada, estimó la resolución que resuelve la objeción de las costas, es inapelable. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el recurso de hecho es un instrumento adjetivo, que resolución del tribunal inferior que no provee a tramitaci ón un recurso de apelación que era procedente, para pedir directamente al superior que enmiende dicha resolución con arreglo a derecho; requiere en consecuencia, que el tribunal inferior haya cometido errores al

MKKXXBYXQY

la ley concede a las partes que han resultado agraviadas por la

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momento de negar lugar a la admisión a tramitaci ón el referido recurso. SEGUNDO: Que, del mérito de los antecedentes tenidos a la vista, consta que se dedujo un verdadero recurso de hecho por no haberse concedido una apelación que resultaba procedente. Ello resuelto por el tribunal a quo el uno de agosto de

seg ún lo 2019,

de

conformidad a su juicio de la norma contenida en la Ley 20.720, en su artículo 4 número 2, que establece un régimen restrictivo en materia de recursos para la Ley ya mencionada, estimó consecuencialmente que la resolución que resuelve la objeción de las costas, es inapelable. TERCERO. Que, efectivamente la Ley 20.720 en su artículo 4, establece un régimen recursivo limitado, señalando en el caso que nos interesa que. “Artículo 4º.- Recursos. Las resoluciones judiciales que se pronuncien en los Procedimientos Concursales de Reorganizaci ón y de Liquidación establecidos en esta ley sólo serán susceptibles de los recursos que siguen: 2) Apelación: Procederá contra las resoluciones que esta ley señale expresamente y deberá interponerse dentro del plazo de cinco días contado desde la notificación de aqu éllas. Ser á concedida en el solo efecto devolutivo, salvo las excepciones que esta ley señale y, en ambos, casos gozará de preferencia para su inclusión en la tabla y para su vista y fallo. En el caso de las resoluciones susceptibles de recurrirse de reposición y de apelaci ón, la segunda deberá interponerse en subsidio de la primera, de acuerdo a las reglas generales”. Dicho ello efectivamente se limita la posibilidad de que dentro del procedimiento concursal definido en la Ley se deduzca el recurso de apelación, salvo para aquellos casos espec íficamente aquellas materias que digan relación con el mismo. Dicho ello, debemos además coincidir con que lo debatido por esta vía se relaciona con la apelación presentada en contra de la resolución que no dio lugar a la objeción de costas planteada por el abogado recurrente don Diego Belmar. Es así como en esta parte y con el objeto de resolver lo

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permitidos. Todo ello dentro del procedimiento concursal y para

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debatido debe, junto con tenerse presente lo señalado en la Ley 20.720, debe considerarse la naturaleza de la resoluci ón impugnada, ello de acuerdo lo dispuesto en el artículo 158 del C ódigo de Procedimiento Civil, del cual podemos concluir que lo recurrido es una sentencia interlocutoria de aquellas que establecen derechos permanentes entre las partes, específicamente fija las costas de la misma, sin que resuelva el fondo de lo presentado a la resolución del tribunal de acuerdo lo establecido en la Ley 20.720, lo que se desprende de la propia petici ón presentada. CUARTO:

Que en este sentido y teniendo presente precisamente la

naturaleza de la resolución impugnada, a saber que no pertenece al fondo de lo discutido al tenor de lo que establece la Ley 20.720, aplicándose las normas generales que rigen todo procedimiento, particularmente lo dispuesto en el artículo 187 del C ódigo de Procedimiento Civil, 82 y siguientes, 138, todos del C ódigo de Procedimiento Civil, es que esta Corte estima que el recurso de hecho incoado en estos antecedentes debe ser acogido, estableci éndose que la resolución es efectivamente recurrible de apelación, tal como se dir á en lo resolutivo de esta sentencia. Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los art ículo, 82, 138, 196 y 203 del Código de Procedimiento Civil, y demás normas legales pertinentes, se declara que se ACOGE el recurso de hecho interpuesto por don

DIEGO BELMAR OJEDA , en contra de la

resolución del Juez de Letras de la ciudad de Victoria, Don Francisco Maragaño Uribe, quien por resolución de fecha uno de agosto del a ño en curso no dio lugar al recurso de apelaci ón presentado por su parte ROL C-278-2019 del mencionado Tribunal y

en consecuencia, se

declara admisible el recurso de apelación y se concede el recurso de apelación deducido, en el solo efecto devolutivo, en contra de la resolución dictada el día 1 de agosto de 2019 por el Tribunal A Quo, debiendo el Juzgado de Letras de Victoria elevar las piezas pertinentes

MKKXXBYXQY

en causa de sobre liquidación voluntaria, caratulada “PEDRERO ”,

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y necesarias para conocer del correspondiente recurso de apelaci ón. Remítanse los antecedentes por interconexión al Juzgado de Letras de Victoria, incorporando copia de la presente sentencia, comunic ándosele lo precedentemente resuelto. Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. Comuníquese lo resuelto al Juez recurrido. Redacción del abogado integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa. Rol Corte 1118-2019 Se deja constancia que no firman el Ministro Sr. Aner Padilla Buzada y el abogado integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa, no obstante concurrir a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausentes.

Maria Elena Llanos Morales Ministro Fecha: 20/01/2020 13:16:28

MKKXXBYXQY

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Proveído por el Señor Presidente de la Segunda Sala de la C.A. de Temuco.

En Temuco, a veinte de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

MKKXXBYXQY Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa. A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl

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EL CONCEPTO DE “BIENES SUFICIENTES” EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA 39.766-2017 09 DE MAYO DE 2018 FALLO N°10 El deudor interpone recurso de casación en el fondo en contra de la resolución dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó la resolución del 10º Juzgado Civil de Santiago, rechazando la liquidación voluntaria de persona deudora por considerar que no existen bienes suficientes ofrecidos en su solicitud.

El deudor denuncia la incorrecta aplicación del artículo 273, 275 y 115 de la ley Nº 20.720 por ser mal interpretados y motiva a un error de derecho al exigir un requisito que la ley no establece, como es la existencia de bienes suficientes para liquidar en un procedimiento concursal de tal naturaleza.

“Que en consecuencia es posible advertir que la ley no exige ni agrega un requisito adicional como “que sus bienes sean suficientes”, tal cual lo ordenó el tribunal para denegar la liquidación. Por ende, se puede colegir que el sentenciador se atribuye facultades que el legislador no le entrega al rechazar y no dar lugar a la solicitud de liquidación por no acompañarse en la demanda lo que califica de “bienes suficientes”, cuestión alejada de la exigencia legal.”

El Fallo de la Excelentísima Corte Suprema expresa que, ha quedado en evidencia el error de derecho denunciado por la recurrente en cuanto a la norma de los artículos 273 y 274 de la Ley N° 20.720, toda vez que se ha

entendido que el tribunal tiene más atribuciones que las otorgadas legalmente, lo que

deviene en una interpretación errónea e incorrecta de las normas que regulan la materia, yerro que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo y determinaron el rechazo que se cuestiona en el presente arbitrio. En efecto, tal errónea aplicación de la ley ha tenido influencia substancial en

lo dispositivo del fallo pues no se hizo lugar a una solicitud de persona deudora que debió ser acogida, por lo que corresponde aceptar la nulidad sustantiva interpuesta.

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Santiago, nueve de mayo de dos mil dieciocho. VIS TOS: En estos autos tramitados ante el Décimo Juzgado Civil de Santiago bajo el Rol N° 2286-2017 caratulados “Hugo Silva Marín ”, por sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil diecisiete, escrita a fojas 6, se denegó la solicitud de liquidación voluntaria de persona deudora pedida por Hugo Silva Marín en tal calidad. Apelado dicho fallo por el solicitante, una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de dieciocho de julio de dos mil diecisiete, lo confirmó sin modificaciones. En contra de esta última decisión los abogados José Tom ás Méndez Purcell y Christian Amthauer Lara por la parte solicitante deducen recurso de casación en el fondo. Se trajeron los autos en relación. CONS IDE RA ND O: PRIME RO :

Que los

recurrentes denuncian

la

incorrecta

aplicación del artículo 273 de la Ley N° 20.720. Al efecto refieren que los artículos 274 y 115 de la misma ley han sido mal interpretados lo que motiva un error de derecho al exigir un requisito que la ley no establece, como es la existencia de bienes suficientes

que liquidar unido a la

omisión de considerar por el sentenciador los antecedentes acompa ñados que dan cuenta de la crítica situación econ ómica del solicitante. Agregan que corresponde al juez de la causa únicamente verificar el cumplimiento de los elementos formales, los que en el caso de autos se cumplen, sin que pueda el sentenciador atribuirse facultades para indagar acerca de aspectos sustantivos, econ ómicos o t écnicos ajenos a los que la ley exige, pues se trat ó de una decisi ón personal del deudor quien optó por acogerse a este sistema concursal. En efecto, agregan, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento concursal de liquidación forzosa, que se inicia a instancias del acreedor quien debe necesariamente invocar una causal legal de liquidaci ón, fundarla y

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justificarla con los antecedentes documentales correspondientes, en el procedimiento concursal de liquidaci ón voluntaria, sea de empresa deudora o de persona deudora, no resulta exigible la acreditación de causales, ya que en este caso es el propio deudor quien exteriorizó su estado de insolvencia. Aducen, en este orden de consideraciones, que el legislador s ólo exige al deudor acompañar antecedentes cuya justificaci ón se encuentra en la necesidad de garantizar la aplicaci ón efectiva de los principios concursales clásicos, además de asegurar la plena vigencia de los efectos sustantivos y procesales que derivan de la resolución de liquidaci ón. Por ello es que se debe acompañar un listado de bienes y se ñalar su ubicación, como asimismo individualizar a los acreedores e indicar su domicilio para facilitar la labor de incautaci ón

que le compete al

liquidador y que los acreedores verifiquen créditos. De acuerdo a lo anterior, es posible concluir que el hecho de que el deudor deba acompa ñar un listado de bienes y se ñalar su ubicación responde a la necesidad de determinaci ón del activo para facilitar la labor posterior de incautaci ón que le compete al liquidador. Lo mismo ocurre con la individualizaci ón de los acreedores y su domicilio, pues ello permitir á la notificaci ón de los acreedores concursales a objeto de que concurran a verificar sus créditos, hecho que marcará el inicio de la etapa de depuraci ón del pasivo. Contrario a dicho fundamento, expresan que el sentenciador de instancia se ha conferido atribuciones que el legislador no le otorgó, pues no existe en la Ley N° 20.720 sobre Insolvencia y Reemprendimiento un examen de admisibilidad en la solicitud de Liquidación Voluntaria de la persona deudora y menos la facultad del juez para analizar la suficiencia de bienes. La norma del art ículo 274 de la Ley N° 20.720 señala que una vez acompa ñados los

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antecedentes que exige el art ículo 273, el tribunal dictar á la resolución de liquidación. Por su parte, el artículo 273 de la misma ley solo exige que el solicitante -persona deudora- acompa ñe ciertos antecedentes, a saber: a) Lista de sus bienes, lugar en que se encuentren y los gravámenes que les afecten; b) Lista de los bienes legalmente excluidos de la liquidación de bienes de la persona deudora; e) Relación de juicios pendientes con efectos patrimoniales, y d) Estado de deudas, con nombre, domicilio y datos de contacto de los acreedores, así como la naturaleza de sus cr éditos. Asimismo, mencionan que la sentencia en su motivo cuarto alude a la aplicación del art ículo 115 de la Ley 20.720 considerando erróneamente que en él se establecen los requisitos que la persona deudora debe satisfacer para solicitar su liquidaci ón voluntaria, siendo que dicho artículo se refiere a los requisitos aplicables a las empresas deudoras. Enseguida hacen alusión a la historia de la ley en el mensaje de la Ley 20.720: “Resulta imperiosa la necesidad de crear un régimen especial para las personas naturales que se encuentran en incapacidad de responder a sus obligaciones financieras por distintas razones, como por ejemplo, presentar niveles de consumo muy por encima de su capacidad real de pago. As í, el Proyecto busca crear, primeramente, la posibilidad de solucionar una insolvencia personal en un escenario armónico y adaptado a la realidad de un deudor persona natural, dándole la posibilidad de responder con sus propios bienes de manera más breve y menos costosa que en una liquidaci ón de empresas y así, impulsar comportamientos crediticios responsables en el consumidor a largo plazo, mejorando la educaci ón financiera por medio de normas que la hagan aplicable"; de cuyo tenor se desprende que el legislador no quiso supeditar ni limitar la liquidación voluntaria de la persona deudora a la suficiencia de bienes, sino únicamente a un estado generalizado de impotencia

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patrimonial que le sirva de presupuesto, requisito que la solicitud de autos,

conforme

o

los

antecedentes

acompa ñados,

satisface

plenamente. Concluyen expresando que de no haberse incurrido en este error el tribunal debió haber dado lugar a la solicitud, toda vez que el legislador no quiso supeditar ni limitar la liquidaci ón voluntaria de la persona deudora a la suficiencia de bienes, sino únicamente a un estado generalizado de impotencia patrimonial que le sirva de presupuesto, requisito que la presente solicitud satisface de acuerdo a los antecedentes acompañados. SEGUND O : Que para una adecuada inteligencia del asunto y resolución del recurso de casación en el fondo interpuesto, cabe tener presente los siguientes antecedentes del proceso: 1.- Que comparece Hugo Silva Marín, ingeniero civil, quien solicita se dicte resolución de liquidación voluntaria de persona deudora en razón de no contar con la liquidez necesaria para atender al pago de las deudas contraídas en su calidad de deudor directo. Aduce situaci ón crítica de deudas bancarias y casas comerciales y acompaña en su presentación un listado de bienes sin gravámenes ubicados en el lugar donde habita, los bienes legalmente excluidos, su estado de deudas e indica los juicios pendientes con efectos patrimoniales. 2.- Que el tribunal de primer grado en su fundamentaci ón para denegar la petición hace presente que no resulta ser suficiente la confesión del mal estado de los negocios y expone: “Cuarto: Que así las cosas, como se adelant ó, la norma contemplada en el artículo 115 de la Ley 20.720 establece determinados requisitos que la Persona Deudora ha de satisfacer para solicitar su Liquidación Voluntaria, demostrativos de aquel "desequilibrio generalizado, permanente e irremontable" que le aqueja. En ese

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entendido y realizando la revisión que la ley citada dispone, no se advierte la existencia de bienes suficientes para proceder a la liquidación rápida y eficiente de los bienes de la empresa deudora, para que pueda pagar a sus acreedores, como requisito previo de admisibilidad, desde que en un procedimiento como el descrito lo esencial del Procedimiento Concursal de Liquidaci ón es realizar el patrimonio del deudor, para con el producto de dicha realizaci ón pagar a los acreedores en el orden de preferencia legal. As í, aun cuando el solicitante indica en su presentaci ón una lista de sus bienes, lo cierto es que se advierte en ella la inclusi ón de enseres que no dicen relación con el pasivo declarado. Por consiguiente, no se logra convicción acerca de la existencia de bienes suficientes del deudor para liquidar, que justifique un procedimiento como el iniciado”. La anterior conclusión lo conduce a rechazar la petici ón del deudor al juzgador. 3.- Que ante tal decisión, el demandante deduce recurso de apelación ante el tribunal de alzada expresando que y erra el tribunal al exigir la existencia de bienes suficientes, ya que la ley no ordena tal requisito, cumpliendo su parte con lo que establece el art ículo 273 de la Ley N° 20.720. 4.- Que la Corte de Apelaciones de esta ciudad confirm ó la resolución en todas sus partes, sin modificaciones. TERCERO :

Que,

según

se

desprende

de

lo

manifestado

previamente, el asunto principal sometido a la decisi ón de este tribunal a través del recurso de nulidad sustancial consiste esencialmente en determinar si puede el juez de instancia exigir “bienes suficientes ” para iniciar un procedimiento de liquidación voluntaria de bienes de persona deudora que permita justificar su solicitud; o, por el contrario, si dicha solicitud requiere que el tribunal se limite a un examen de admisibilidad en orden a revisar si se cumplen los requisitos que el legislador determin ó para

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dar curso al procedimiento concursal de persona deudora. CUA RTO: Que es dable manifestar que en el mensaje de la ley se menciona que es necesario un acercamiento normativo a la poblaci ón, al ciudadano interesado en acogerse a sus disposiciones, permitiendo un tratamiento integral de las dificultades asociadas a la cesaci ón de pagos y a su superación en corto plazo. Se da un especial inter és a las propuestas relativas al tratamiento de la insolvencia de la persona natural y en consecuencia del patrimonio familiar, regulándose un procedimiento de liquidación simplificada judicial, especialmente diseñado para persona natural. Es así como en el capítulo V: De los procedimientos concursales de la persona deudora, en su Título 2,

Del Procedimiento Concursal de

Liquidación de la Persona Deudora, Párrafo 1, De la Liquidaci ón Voluntaria de la Persona Deudora, el artículo 273 dispone: Ámbito de aplicación y requisitos. Toda Persona Deudora podrá solicitar ante el tribunal competente su Liquidación Voluntaria, acompa ñando los siguientes antecedentes: 1) Lista de sus bienes, lugar en que se encuentren y los grav ámenes que les afecten; 2) Lista de los bienes legalmente excluidos de la Liquidaci ón de la Persona Deudora; 3) Relación de juicios pendientes con efectos patrimoniales, y 4) Estado de deudas, con nombre, domicilio y datos de contacto de los acreedores, así como la naturaleza de sus créditos. Por su parte, el artículo 274 agrega: Tramitación y resoluci ón. Conjuntamente con lo dispuesto en el artículo anterior, la Persona Deudora solicitará la nominación del Liquidador de conformidad a lo dispuesto en el

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artículo 37 de esta Ley. Recibido el Certificado de Nominaci ón, el tribunal dictará la resolución que ordena la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora, la que contendr á las menciones señaladas en el artículo 129, la que será publicada en el Bolet ín Concursal conforme lo dispone el inciso final de dicha norma. QUINTO: Que incardinado con lo anterior cabe señalar que el ámbito de aplicación de la liquidación voluntaria lo es dentro de un procedimiento de naturaleza tutelar que representa para el propio deudor la posibilidad de resolver su situación patrimonial crítica, cautelando en mejor forma sus intereses que bajo el régimen de las defensas individuales ejercidas por sus acreedores. En consecuencia, para la procedencia de estos procedimientos concursales que se ventilan ante los tribunales ordinarios del domicilio del deudor se deben acompañar los antecedentes que exige el artículo 273 de la ley del ramo, lista que es similar a la antigua Ley de Quiebras en su artículo 42, sin exigirse en la legislaci ón actual una memoria de las causas directas e inmediatas del mal estado de los negocios, elemento que era necesario para probar su estado patrimonial complicado o comprometido. (Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas. Ricardo Sandoval López, Editorial Jurídica de Chile año 2014, p áginas 110, 395, 396) SEXTO: Que es dable precisar que el espíritu de la ley es liquidar bienes y repartir su producto dentro de un procedimiento universal donde se integran los intereses que convergen y que d é lugar a un estado indivisible para el deudor y acreedores, que tiene como resultado una ejecución colectiva en que están presentes el interés público al organizar los medios legales para hacer efectiva la liquidación rápida y expedita, respetando la igualdad o la denominada “par condictio creditorum ” y, por otra parte, de protección al deudor para que el resultado de esta liquidaci ón cumpla su propósito de ejecución universal. Finalmente est á la tutela del interés privado de los acreedores y terceros, que ven en este procedimiento

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una defensa colectiva y una tutela judicial eficaz a sus derechos amagados con la insolvencia, presupuesto necesario de toda liquidación. S ÉP TIMO : Que conforme a lo que se viene razonando, es necesario hacer precisiones en cuanto a que la ley que se aplica en la especie contiene una serie de alternativas y remedios administrativos anteriores a la intervención judicial, la que queda circunscrita a casos donde sea ineludible la declaración de liquidaci ón, cuya finalidad es la liquidaci ón rápida y prolija de los bienes del deudor para el pago a los acreedores, permitiendo el legislador que lo pida el propio deudor como persona natural debiendo satisfacer los requisitos legales; y, cumplidos que sean, deberá el tribunal del concurso dictar sentencia sin más trámite. El profesor Puga Vial en su obra “Del Procedimiento Concursal de Liquidación” refiere que hasta la ley concursal actual no exist ía en Chile un sistema concursal pensado para un consumidor, esto es una persona natural que el texto legal denomina “ persona deudora ”, que por diversas razones como pérdida de empleo, un siniestro o enfermedad u otra causa, estaba en cesación de pagos de sus deudas de consumo como cuentas de suministros de servicios básicos, tarjetas de crédito, de casas comerciales, haciéndose cargo la ley de su problemática iniciando el proceso al cumplirse con lo que indica la ley, para poder realizar los bienes conforme a un procedimiento sumario o simplificado de realización. (ob. Cit. Pag. 665.) OCTA VO: Que continuando con la línea argumentativa que precede, la acción la puede ejercer el deudor insolvente al tener el derecho e interés para que, ante su situación crítica, su patrimonio no sea desmembrado desordenadamente por sus acreedores, constituyendo la petición del deudor una verdadera acción y no una excepci ón, incluso una confesión, que otorga al solicitante el ejercicio del poder procesal que le compete para promover el procedimiento de quiebra como medio de realización de su derecho subjetivo de cooperar al cumplimiento de los fines de conseguir su liberación.

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En consecuencia, la acción concursal requiere ser deducida como demanda, la que debe cumplir los requisitos que consagra el art ículo 254 del Código de Procedimiento Civil además de los propios de la normativa concursal, en el caso del deudor personal, en los art ículos 273 y siguientes de la Ley N° 20.720, pero dada la especial caracter ística de ser varios los demandados se le exime de su individualización con un listado de los acreedores de manera correlativa. Para la liquidación voluntaria la ley no exige que el deudor acredite la veracidad de su pasivo mediante alg ún certificado de un auditor registrado ante la Superintendencia de Valores y Seguros como una valorización de sus bienes gravados con prenda o hipoteca, como se exige en la propuesta de acuerdo de reorganización. En este punto es conveniente considerar que si bien la ley no exige que los bienes sean “suficientes”, se debe demostrar un listado para cumplir con el requisito y mover al órgano jurisdiccional a impulsar la liquidaci ón, sin perjuicio de señalar que el legislador no establece

un par ámetro

objetivo del concepto “bienes suficientes” para ponderar si se cumpli ó con el requisito formal para acceder a la liquidaci ón. NOVENO: Que en consecuencia es posible advertir que la ley no exige ni agrega un requisito adicional como “que sus bienes sean suficientes”, tal cual lo ordenó el tribunal para denegar la liquidaci ón. Por ende se puede colegir que el sentenciador se atribuye facultades que el legislador no le entrega al rechazar y no dar lugar a la solicitud de liquidación por no acompañarse en la demanda lo que califica de “bienes suficientes”, cuestión alejada de la exigencia legal, toda vez que el listado de bienes y su ubicación tiene como finalidad la determinaci ón del activo y colaborar con la labor del liquidador al incautar, debiendo efectuar un examen del cumplimento de los requisitos que la ley ordena pero no calificaciones de suficiencia que el legislador no contempla, debiendo cumplir, al acreditarse las hipótesis que en la especie en este tipo de remedios se contemplan, con dictar la resolución de liquidación.

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D ÉCIMO: Que con lo expuesto ha quedado en evidencia el error de derecho denunciado por la recurrente en cuanto a la norma de los artículos 273 y 274 de la Ley N° 20.720, toda vez que se ha entendido que el tribunal tiene más atribuciones que las otorgadas legalmente, lo que deviene en una interpretación errónea e incorrecta de las normas que regulan la materia, yerro que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo y determinaron el rechazo que se cuestiona en el presente arbitrio. En efecto, tal errónea aplicación de la ley ha tenido influencia substancial en lo dispositivo del fallo pues no se hizo lugar a una solicitud de persona deudora que debió ser acogida, por lo que corresponde aceptar la nulidad sustantiva interpuesta. UND ÉCIMO: Que sin perjuicio de lo ya expresado, en la revisión de la solicitud de Hugo Silva Marín aparecen deudas de casas e instituciones

de

estudios

superiores,

lo

que

ha

dado

lugar

a

pronunciamientos de esta Corte en orden a establecer que respecto de dichos créditos, otorgados a conforme la Ley N° 20.027, deber á estarse a esa normativa especial en la etapa procesal correspondiente. En efecto, se ha expresado que la Ley 20.720 regula el régimen general de los procedimientos concursales destinados a reorganizar y/o liquidar los pasivos y activos de una empresa deudora y a repactar los pasivos y/o liquidar los activos de una persona deudora. Y en su art ículo 8 °, se dispone que las normas contenidas en leyes especiales prevalecer án sobre las disposiciones de esta ley. Conforme a la jurisprudencia expresada en las sentencias roles N° 4656-2017 y 54-2017, dado el carácter especial que corresponde atribuir de acuerdo al artículo 8° de la Ley N° 20.027 frente a la normativa general que regula el procedimiento de liquidaci ón voluntaria de empresa o persona deudora, debe primar la normativa sobre cr éditos con garant ía estatal. En efecto, la Ley 20.027 trata, en particular, sobre los cr éditos destinados a financiar estudios de educación superior otorgados por instituciones financieras y que cuenten con garant ía estatal, por lo que en

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la etapa procesal correspondiente dichos créditos deber án ser excluidos del procedimiento de liquidación voluntaria. Por estas consideraciones y de conformidad además con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 785 del Código de Procedimiento Civil, se acoge, sin costas, el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal del escrito presentado con fecha dos de agosto del a ño pasado, a través de la Oficina Judicial Virtual, por los abogados Jos é Tom ás M éndez y Christian Amthauer Lara, en representación de Hugo Silva Mar ín, contra la sentencia de dieciocho de julio de dos mil diecisiete, escrita a fojas 43, la que se invalida y reemplaza por la que se dicta acto continuo, pero separadamente y sin nueva vista de la causa. Regístrese. Redacción a cargo del Ministro señor Héctor Carreño S. Rol N° 39.766-2017. Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sr. Héctor Carreño S., Sr. Guillermo Silva G., Sra. Mar ía Eugenia Sandoval G. y Abogados Integrantes Sres. Daniel Peñailillo A. y Juan Eduardo Figueroa V. No firman los Abogados Integrantes Sres. Peñailillo y Figueroa, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar ambos ausentes.

HECTOR GUILLERMO CARREÑO SEAMAN MINISTRO Fecha: 09/05/2018 12:56:03

GUILLERMO ENRIQUE SILVA GUNDELACH MINISTRO Fecha: 09/05/2018 12:56:03

MARIA EUGENIA SANDOVAL GOUET MINISTRA Fecha: 09/05/2018 13:08:28

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93 null En Santiago, a nueve de mayo de dos mil dieciocho, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa. BEDDFDQNXZ

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Santiago, nueve de mayo de dos mil dieciocho. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 785 del C ódigo de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo. VIS TOS: Se reproduce la sentencia de primer grado con excepci ón de sus fundamentos tercero, cuarto y quinto, que se eliminan y se tiene en su lugar y además presente: PRIME RO: Que según el artículo 273 de la Ley N°20.720 sobre Insolvencia y Reemprendimiento, toda persona deudora podrá solicitar ante el tribunal competente la liquidación voluntaria de sus bienes. SEGUNDO: Que a folio 1 de fecha 02 de febrero del a ño 2017 compareció Hugo Silva Marín, ingeniero civil, cédula de identidad N ° 13.447.122-0, con domicilio en calle Echazarreta N° 632 de esta ciudad, quien, de conformidad con lo dispuesto en el art ículo 273 y siguientes de la Ley N°20.720, solicitó que se dictara resolución de liquidaci ón a su respecto en razón de no contar con la liquidez necesaria para atender al pago de las deudas contraídas en calidad de deudor directo, acompañando lista de sus bienes, de los legalmente excluidos, del estado de sus deudas y los juicios pendientes con efectos patrimoniales. Hace presente que su situación es crítica, con cobranzas bancarias y de casas comerciales, y que a pesar de su intención de pagar, aquello no ha estado dentro de sus posibilidades, derivando en una situación de insolvencia que lo obliga a solicitar su liquidación. TERCERO: Que en folio N°5 de fecha 22 de febrero de 2017 la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento acompa ñó el Certificado de Nominación de Liquidador Titular y Suplente para el Procedimiento Concursal de Liquidación Voluntaria de la Solicitante. Por las consideraciones expuestas y por cumplir el solicitante con los requisitos señalados en el artículo 273 de la Ley N °20.720 sobre Insolvencia y Reemprendimiento, de conformidad a lo dispuesto en la

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citada Ley N 20.720, se revoca la resolución de fecha diez de marzo del año dos mil diecisiete y se declara: Ha lug ar a lo solicit ado. I.- Se decreta la liquidación de Hugo Silva Marín, ingeniero civil, cédula de identidad N° 13.447.122-0, con domicilio en calle Echazarreta N° 632 de esta ciudad. II.-

De conformidad con lo consignado en Certificado de

Nominación de folio N° 5, emitido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento con fecha 21 de febrero de del año 2017, se designa como Liquidador Titular a don Ra úl Andr és Cornejo Mendoza, con domicilio en calle Los Cóndores N° 181 de Puerto Montt, correo electrónico [email protected] y como Liquidador Suplente a don Andrés Eduardo Barreau Velasco, con domicilio en Av. Apoquindo N° 6314, of. 501, Las Condes, teléfono

228935132,

correo

electrónico

[email protected], ambos en carácter de provisionales. Comuníquese esta resolución al liquidador antes señalado a fin de que proceda a incautar todos los bienes del deudor, sus libros y documentos bajo inventario, prestándosele para este objeto auxilio de la fuerza pública, con exhibición de la copia autorizada de la presente resolución. III.- Ofíciese a Correos y

a Chilexpress para que entreguen al

liquidador designado la correspondencia y despachos telegr áficos cuyo destinatario sea el deudor. IV.- Acumúlese al presente procedimiento concursal de liquidaci ón todos los juicios pendientes contra el deudor que puedan afectar sus bienes, seguidos ante otros tribunales de cualquier jurisdicci ón, salvo las excepciones legales, oficiándose al efecto. V.- Adviértase al público que no se debe pagar ni entregar mercaderías al deudor¸ so pena de nulidad de los pagos y entregas. Igualmente, adviértase a las personas que tengan bienes o

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documentos del deudor que deben ponerlos a disposici ón del liquidador designado dentro de tercero día. VI.- Póngase en conocimiento de todos los acreedores residentes en el territorio de la República que tienen el plazo de treinta d ías, contados desde la fecha de publicación de la presente resoluci ón, para que se presenten con los documentos justificativos de sus créditos, bajo apercibimiento de que les afectar án los resultados del juicio, sin nueva citación. La misma noticia deberá notificarse por el medio más expedito posible a todos los acreedores que se encuentren fuera del territorio de la República. VII.- Inscríbase esta resolución en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y en los correspondientes a cada uno de los inmuebles pertenecientes al liquidado, si los hubiere. Para los efectos de la audiencia del artículo 190 de la Ley N°20.720 – determinación de derecho a voto de acreedores con créditos no reconocidos-, aplicable por remisión del art ículo 277 de la misma ley, se fija el trigésimo segundo día hábil o el siguiente hábil, si recayere en sábado, contado desde la publicaci ón en el Boletín Concursal de la presente Resolución de Liquidación, a realizarse a las 10:00 horas en sala de audiencia del D écimo Juzgado Civil de esta ciudad. Notifíquese esta resolución en el Boletín Concursal de la forma señalada en el inciso final del artículo 129 de la Ley N° 20.720. El liquidador deberá dejar constancia por escrito en el expediente de la respectiva publicación en el Boletín Concursal, el mismo d ía en que ésta se practique, remitiéndola vía correo electrónico. Regístrese y notifíquese. Comuníquese al liquidador titular y suplente

por correo

electrónico, dejándose constancia en autos.

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Notifíquese. Regístrese y devuélvase con sus agregados. Redacción a cargo del Ministro Sr. Carreño. Rol N°39.766-2017. Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sr. Héctor Carreño S., Sr. Guillermo Silva G., Sra. Mar ía Eugenia Sandoval G. y Abogados Integrantes Sres. Daniel Peñailillo A. y Juan Eduardo Figueroa V. No firman los Abogados Integrantes Sres. Peñailillo y Figueroa, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar ambos ausentes.

HECTOR GUILLERMO CARREÑO SEAMAN MINISTRO Fecha: 09/05/2018 12:56:04

GUILLERMO ENRIQUE SILVA GUNDELACH MINISTRO Fecha: 09/05/2018 12:56:05

MARIA EUGENIA SANDOVAL GOUET MINISTRA Fecha: 09/05/2018 13:08:29

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98 null En Santiago, a nueve de mayo de dos mil dieciocho, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa. HKXSFDCQXZ

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LA ACUMULACIÓN DE AUTOS RESPECTO A LOS FIADORES Y CODEUDORES SOLIDARIOS

EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA 35.735-2017 17 DE ENERO DE 2018 FALLO N°11

El acreedor Rendic Hermanos S.A., interpone recurso de casación en la forma y en el fondo en contra de la resolución dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó la resolución del 10º Juzgado Civil de Santiago, denegando la prosecución de la gestión preparatoria de la vía ejecutiva en contra del fiador y codeudor solidario de una misma obligación contraída con el deudor sometido a un procedimiento concursal de liquidación. El acreedor argumenta que los jueces estiman que por

haber verificado un acreedor el crédito adeudado por la empresa sometida a una liquidación voluntaria, dicha parte queda imposibilitada de continuar la tramitación de una gestión preparatoria dirigida en contra del fiador y codeudor solidario.

“Que, entonces, ante el requerimiento de acumulación que practicara el tribunal de liquidación, el Primer Juzgado Civil de Santiago sólo debía remitir las copias autorizadas de la gestión preparatoria seguida en contra de la empresa deudora y conservar para sí el expediente original, continuando la tramitación de la gestión preparatoria seguida en contra del fiador y codeudor solidario.”

El Fallo de la Excelentísima Corte Suprema expresa que, en tales condiciones y atendida la

manifiesta incorrección en que incurrió tanto el tribunal de liquidación, al disponer la acumulación de un proceso que no sólo se sigue en contra de la empresa deudora, como el Primer Juzgado Civil de Santiago, que al remitir los antecedentes se inhibió de seguir conociendo un asunto que no es de competencia del tribunal de liquidación,

procederá esta Corte a ejercer sus facultades oficiosas con arreglo a lo prevenido en el inciso final del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, se invalida la

resolución, así como lo obrado con posterioridad en relación a esta materia, y en su lugar se dispone que el tribunal de liquidación conserve copias de la causa del Primer Juzgado Civil de Santiago y remita al tribunal de origen el referido expediente, el que deberá continuar la

tramitación de la gestión preparatoria en cuanto dice relación con el fiador y codeudor solidario. .

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Santiago, diecisiete de enero de dos mil dieciocho. VISTOS : En estos autos rol N° 23.038-2016 del Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago sobre procedimiento concursal de liquidaci ón voluntaria, caratulados “Bigger Asociados SpA.”, mediante resoluci ón de seis de diciembre de dos mil dieciséis, escrita a fojas 99, el tribunal negó lugar a la petición del acreedor Rendic Hermanos S.A. de proseguir la tramitación de la gestión preparatoria de la vía ejecutiva contenida en el expediente Rol C-17.605-2016 del Primer Juzgado Civil de esta ciudad acumulado al procedimiento concursal. La parte de Rendic Hermanos S.A. impugn ó lo decidido mediante recursos de reposición y apelación y, desestimado por el juez aquo el primer arbitrio, en resolución de nueve de junio de dos mil diecisiete, que se lee a fojas 124, la Corte de Apelaciones de esta ciudad confirmó lo resuelto en primera instancia. En contra de esta última sentencia, la misma parte dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo. Se trajeron los autos en relación. CONS IDE RA ND O: PRIMERO : Que como cuestión previa a toda otra reflexión esta Corte Suprema debe revisar, en la situación en estudio, la regularidad formal de lo actuado, puesto que si advierte alguna anomalía en lo atinente a dicho aspecto carece de sentido entrar al análisis de la materia objeto de los recursos de casación en la forma y en el fondo intentados en la especie. SEGUNDO : Que para los efectos recién enunciados, el mérito del proceso da cuenta de las siguientes actuaciones de relevancia: 1.- Consta en la copia del pronunciamiento agregado a fojas 8 que el siete de octubre de dos mil dieciséis el juez subrogante del Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago dictó Resolución de Liquidación voluntaria de la sociedad Bigger Asociados SpA., antes Network Retail SpA, que fue publicada en el boletín concursal el 11 de

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octubre de ese año según da cuenta el Liquidador Concursal en su escrito de fojas 14. 2.- De conformidad a lo dispuesto en esa resolución y lo previsto en los artículos 129 N° 5, 135 y 144 de la Ley N° 20.720, a fojas 17 el apoderado de la solicitante requirió al tribunal la acumulación de cuatro juicios seguidos en contra de la empresa en liquidación; entre ellos, el seguido ante el Primer Juzgado Civil de Santiago rol C-17.6052016, caratulado “Rendic Hermanos S.A. con Network Retail SpA.”, solicitud a la que el tribunal hizo lugar a fojas 19, ordenando se despachara el oficio respectivo. El expediente se tuvo por recibido en la resolución de 15 de noviembre de 2016 que corre a fojas 20. 3.- Consta a fojas 27 que en fecha 16 de noviembre de ese año compareció la sociedad Rendic Hermanos S.A. verificando un crédito ascendente a 135.015,46 unidades de fomento, correspondiente al saldo de precio de una compraventa de acciones de la sociedad Bigger SpA acordada entre Rendic Hermanos S.A y la empresa deudora Bigger Asociados SpA, conforme a lo convenido en los instrumentos privados suscritos entre las partes los días 3 de junio y 25 de noviembre de 2014 y 1 de junio de 2015, que en copia rolan agregados de fojas 31 a 63, crédito que se tuvo por verificado en la resolución de 22 de noviembre de 2016 que se lee a fojas 94. 4.- En la presentación de 24 de noviembre del mismo año (fojas 95) el apoderado de Rendic Hermanos S.A. solicitó dar curso progresivo a la gestión preparatoria de la vía ejecutiva que estaba siendo tramitada ante el Primer Juzgado Civil de Santiago en la causa rol C-17.605-2016 y acumulada al procedimiento concursal, petición que fue denegada a fojas 99 “atendido el mérito de autos y encontrándose verificado el crédito”. 5.- A fojas 103 la misma parte impugnó la resolución por medio de recursos de reposición y apelación subsidiaria, haciendo presente que en el proceso acumulado se pretendía preparar la vía ejecutiva mediante el reconocimiento de firma puesta en instrumentos privados, a fin de demandar tanto a la empresa deudora por el crédito verificado

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en autos como a Guillermo Villablanca Rojas, en su condición de fiador y codeudor solidario, arguyendo que el efecto de la Resolución de Liquidación de suspender el derecho de ejecutar individualmente a esa sociedad no se hace extensivo al fiador y codeudor solidario y afirmando a la vez que como la Ley N° 20.720 no contiene regla especial sobre los efectos procesales de la declaración de liquidación en las gestiones preparatorias, corresponde aplicar la norma prevista en su artículo 142, precepto que dispone que los juicios pendientes en que sea parte el deudor deben acumularse al tribunal de la liquidación y tramitarse en lo sucesivo con arreglo “al procedimiento que corresponda según la naturaleza, hasta que quede ejecutoriada la sentencia definitiva”, esto es, en la especie, mediante la citación a reconocer firma de Villablanca Rojas, que no es parte del procedimiento de liquidación concursal. 6.- A fojas 109 el tribunal desestimó el recurso de reposición y concedió el de apelación, que fue fallado por el tribunal de alzada a fojas 124 confirmando lo decidido “En atención a la pluralidad de actores y que el deudor principal se encuentra en procedimiento de liquidación voluntaria”. TERCERO : Que, en síntesis, de la reseña que antecede se aprecia que los jueces estiman que por haber verificado un acreedor el crédito adeudado por la empresa sometida a liquidación voluntaria, dicha parte queda imposibilitada de continuar la tramitación de una gestión preparatoria dirigida en contra del fiador y codeudor solidario de esa misma obligación para obtener un título ejecutivo que permita cobrarle esa deuda en su condición de garante personal. CUARTO : Que el mérito del proceso enseña que el procedimiento del Primer Juzgado Civil de Santiago Rol C-17.6052016 acumulado al actual procedimiento concursal consiste en la gestión preparatoria de la vía ejecutiva iniciada por Rendic Hermanos S.A. el 19 de julio de 2016, es decir, con anterioridad a la dictación de la Resolución de Liquidación de la especie, promovida con la finalidad de obtener el reconocimiento de la firma puesta en instrumentos

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privados –los mismos que dicha parte invocó en el actual juicio para verificar su crédito- “para efectos de preparar la vía ejecutiva contra la compañía Network Retail SpA

y contra el propio señor Guillermo

Antonio Villablanca Rojas, en su calidad de fiador y codeudor solidario, conforme éste se obligó por escritura pública de 3 de junio de 2014”, gestión que en el tribunal de origen no fue notificada a los requeridos ya que se acumuló al juicio de autos. QUINTO: Que, en general, el procedimiento concursal de liquidación busca satisfacer todas las deudas de una empresa o una persona natural y a todos sus acreedores, privilegiando los intereses de la colectividad toda, así como los del deudor y acreedor. Se trata, en otras palabras, de una tutela colectiva y excepcional que regula con carácter de indivisible todos los bienes y obligaciones del deudor, velando por un tratamiento igualitario de los acreedores dentro de un mismo proceso, salvo las excepciones que expresamente prevé la ley. Por ello es que el inciso primero del artículo 135 de la Ley N° 20.720 dispone que “La dictación de la Resolución de Liquidación suspende el derecho de los acreedores para ejecutar individualmente al Deudor”, para lo cual el artículo 142 desarrolla una regla general de acumulación al Procedimiento Concursal de Liquidación, estatuyendo que “Todos los juicios civiles pendientes contra el Deudor ante otros tribunales se acumularán al Procedimiento Concursal de Liquidación” y, asimismo, que “Los juicios civiles acumulados al Procedimiento Concursal de Liquidación seguirán tramitándose con arreglo al procedimiento que corresponda según su naturaleza, hasta que quede ejecutoriada la sentencia definitiva”. Así, para dar cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de Liquidación, el tribunal dispuso la acumulación, entre otros, del procedimiento iniciado por Rendic Hermanos S.A. en contra de Bigger Asociados SpA ante el Primer Juzgado Civil. Sin embargo, aun cuando la Ley N° 20.720 no contenga una regla particular sobre los efectos procesales de la declaración de liquidación en las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, como

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acusa quien recurre, ello no autoriza a invocar la norma recién citada para instar por la prosecución de la gestión en cuanto dice relación al fiador y codeudor solidario de la empresa deudora, habida consideración a que los artículos 1 y 3 de la Ley N° 20.720 definen que la competencia del Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago queda circunscrita únicamente al procedimiento seguido en contra de Bigger Asociados SpA. SEXTO: Que en tales condiciones y a fin de satisfacer el imperativo contenido en el inciso segundo del artículo 76 de la Constitución Política de la República y en el inciso segundo del artículo 10 del Código de Tribunales, la situación que aqueja a Rendic Hermanos S.A. bien puede ser resuelta acudiendo a las demás reglas de acumulación que determina el legislador concursal, adquiriendo relevancia la norma común para juicios ejecutivos que desarrolla el artículo 146 del citado cuerpo legal, que señala: “Si entre los ejecutados existieren personas distintas del Deudor, el tribunal de la ejecución deberá: 1) Suspender la tramitación sólo respecto del Deudor; 2) Remitir al tribunal que esté conociendo del Procedimiento Concursal de Liquidación copias autorizadas del expediente, para que continúe la sustanciación respecto del Deudor, y 3) Conservar para sí el expediente original a fin de continuar la ejecución de los restantes demandados. S ÉPTIMO:

Que,

entonces,

ante

el

requerimiento

de

acumulación que practicara el tribunal de liquidación, el Primer Juzgado Civil de Santiago sólo debía remitir las copias autorizadas de la gestión preparatoria

seguida en contra de la empresa deudora y

conservar para sí el expediente original, continuando la tramitación de la gestión preparatoria seguida en contra del fiador y codeudor solidario. OCTAVO : Que en tales condiciones y atendida la manifiesta incorrección en que incurrió tanto el tribunal de liquidaci ón, al disponer la acumulación de un proceso que no solo se sigue en contra de la empresa deudora, como el Primer Juzgado Civil de Santiago, que al remitir los antecedentes se inhibió de seguir conociendo un

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asunto que no es de competencia del tribunal de liquidaci ón, procederá esta Corte a ejercer sus facultades oficiosas con arreglo a lo prevenido en el inciso final del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia y en razón de los fundamentos expresados, se invalid a la resoluci ón de seis de diciembre de 2016 escrita a fojas 99 del cuadern o de compulsas y a fojas 173 del expedient e origin al en la part e que se pronuncia sobre la pres entaci ón de Rendic Herman os S.A. de 24 de noviembre

de

2016,

as í

como

lo

obrado

con

posterioridad en relaci ón a est a materia, y en su lugar se dispone que el trib unal de liquidaci ón conserve copias de la causa rol C-17.605- 2016 del Primer Juzgado Civil de Santiago y remita al tribun al de orig en el referido expedient e, el que deb er á continuar la tramit ac i ón de la gesti ón preparatoria en cuant o dice relaci ón a Guillermo Antonio Villablanc a Rojas, junto con la copia aut oriz ada del actual pronunciamient o. En atención a lo decidido precedentemente, no se emite pronunciamiento sobre los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por el abogado Cristóbal Jimenez Farfán, en representación de Rendic Hermanos S.A., a fojas 126. Regístrese y devuélvase con sus agregados. Redacción a cargo del ministro señor Carreño S. N ° 35.735-2017. Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sr. Patricio Valdés A., Sr. Héctor Carreño S., Sr. Guillermo Silva G., Sra. Rosa María Maggi D. y Sr. Juan Eduardo Fuentes B. No firma el Ministro Sr. Valdés, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal.

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HECTOR GUILLERMO CARREÑO SEAMAN MINISTRO Fecha: 17/01/2018 13:26:15

GUILLERMO ENRIQUE SILVA GUNDELACH MINISTRO Fecha: 17/01/2018 13:26:16

ROSA MARIA MAGGI DUCOMMUN MINISTRA Fecha: 17/01/2018 13:26:17

JUAN EDUARDO FUENTES BELMAR MINISTRO Fecha: 17/01/2018 13:26:17

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107 null En Santiago, a diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa. NXKDXNBXT

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LA NECESIDAD DE INDICAR UN LISTADO DE BIENES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA 23.087-2019 09 DE ENERO DE 2020 FALLO N°12 El deudor interpone recurso de casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción que confirmó la resolución del 2º Juzgado de Letras de Los Ángeles, que deniega la solicitud de liquidación voluntaria por no tener bienes suficientes para entregar a sus acreedores.

N° 20.720, sosteniéndose que dicha ley, contiene normas que en forma expresa permiten las liquidaciones sin bienes y que el sentenciador parece desconocer, por lo que debe procederse a dar curso a la solicitud de liquidación voluntaria del deudor.

El deudor argumenta que, en la dictación de la sentencia de alzada, se han infringido los artículos 38, 40 y 115 N° 1 de la Ley

“Que de conformidad con lo reseñado en el motivo que precede. se observa que los sentenciadores han efectuado una correcta aplicación de la normativa atinente al caso que se trata, puesto que el procedimiento de liquidación voluntaria tiene como objeto la realización de los bienes del deudor. y su ámbito de aplicación es precisamente la liquidación y/o reorganización de bienes y los pasivos; en razón de ello el artículo 115 N° 1 de la Ley exige el señalamiento de los bienes del deudor al momento de presentar la solicitud voluntaria puesto que con ellos se le otorga la posibilidad al deudor de responder en forma rápida y expedita ante sus deudas.”

El Fallo de la Excelentísima Corte Suprema expresa que, la liquidación voluntaria, es el

procedimiento judicial que tiene por fin una liquidación rápida y eficiente de los bienes del deudor, para con ello propender al pago de los acreedores. Además, el procedimiento de organización concursal obedece al tratamiento legal del procedimiento destinado a la realización de los bienes del deudor, sea a consecuencia de su propia solicitud, de una demanda judicial iniciada por su acreedor o acreedores o como resultado de un escenario de reorganización no exitoso.

Que en este sentido, si el deudor no indica bienes en su solicitud de liquidación, implicaría hacer inviable el fin de la ley, esto es, que el deudor pueda pagar a sus acreedores en forma rápida con los activos con que cuenta para salir del endeudamiento y reemprender.

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Santiago, nueve de enero de dos mil veinte. Visto y teniendo presente: Primero: Que en este procedimiento concursal, tramitado ante el 2° Juzgado de Letras de los Ángeles bajo el rol N°1.846-2019, caratulado “Antuco Ltda.”, se ha ordenado dar cuenta sobre los recursos de casaci ón en la forma y en el fondo interpuestos por la sociedad Antuco Ltda., en contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepci ón de fecha uno de julio del año en curso, que confirmó la resolución de primer grado, de trece de mayo del presente, que no dio curso a la solicitud de liquidaci ón voluntaria. En cuanto al recurs o de casaci ón en la forma: Segundo: Que en su libelo de nulidad formal la recurrente invoca la causal contemplada en el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del art ículo 170 y los artículos 19 N° 3 inciso 5 de la Constitución Política de la Rep ública, 38, 40 y N° 1 del artículo 115 de la Ley N° 20.720. Al efecto sostiene que los sentenciadores no se hacen cargo en su sentencia de ninguno de los antecedentes legales, doctrinarios y jurisprudenciales, los que de haber sido analizados y considerados debieron necesariamente revocar el fallo de primera instancia. Tercero: Que al analizar esta causal de impugnación formal no debe olvidarse que el vicio denunciado aparece solo cuando el fallo carece de las consideraciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento, no así cuando aquéllas difieren de la tesis sustentada por el reclamante. Y del estudio de los antecedentes es posible constatar que la sentencia de primer grado confirmada por los sentenciadores señala que el procedimiento establecido de la Ley 20.720 parte del supuesto de la existencia de bienes para proceder a su liquidación y habiendo manifestado el solicitante la no existencia de bienes, sino que concurre la exigencia del art ículo 115 del N ° 1 de la citada Ley, en consecuencia, el fallo contiene las razones que llevaron al sentenciador a no dar curso a la solicitud. Distinto es, ciertamente, que la impugnante no comparta dichas consideraciones, pero esa crítica constituye un cuestionamiento de carácter sustantivo y no uno

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que amerite la invalidación de lo resuelto por razones de orden únicamente formal. En cuanto al recurs o de casaci ón en el fondo: Cuart o: Que la recurrente de nulidad sustancial expresa que en la dictación de la sentencia de alzada se han infringidos los artículos 38, 40 y115 N° 1, de la Ley N° 20.720. Sostiene que la Ley 20.720 contiene normas que en forma expresa permiten las liquidaciones sin bienes y que el sentenciador parece desconocer. Quinto: Que la liquidación voluntaria, es el procedimiento judicial que tiene por fin una liquidación rápida y eficiente de los bienes del deudor, para con ello propender al pago de los acreedores. El mensaje presidencial de la ley N° 20.720, que creó la nueva legislación concursal mediante la Ley de reorganización y liquidación de empresas y personas; indicó que para efectos de nuestra legislación actual, un escenario que genera la aplicación de la normativa que se pretende modificar es aquel en que una persona natural o jurídica se encuentra en la incapacidad financiera de responder al pago de todas sus obligaciones para con sus acreedores y donde, adicionalmente, sus bienes considerados en conjunto tampoco alcanzan para saldar tales débitos con el producto de su realización. Agregó que, el procedimiento de organización concursal obedece al tratamiento legal del procedimiento destinado a la realización de los bienes del deudor, sea a consecuencia de su propia solicitud, de una demanda judicial iniciada por su acreedor o acreedores o como resultado de un escenario de reorganización no exitoso. Luego el artículo 1º de la Ley N° 20.720, en lo relativo al ámbito de aplicación de la ley, dispone que se establece el régimen general de los procedimientos concursales destinados a reorganizar y/o liquidar los pasivos y activos de una Empresa Deudora, y a repactar los pasivos y/o liquidar los activos de una Persona Deudora. El artículo 115 en su numeral 1° exige que la empresa deudora al momento de solicitar la liquidación voluntaria deba acompañar una lista de sus bienes, lugar en que se encuentran y los gravámenes que les afectan. Sexto: Que de conformidad con lo reseñado en el motivo que precede. se observa que los sentenciadores han efectuado una correcta aplicación de la normativa atinente al caso que se trata, puesto que el

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procedimiento de liquidación voluntaria tiene como objeto la realización de los bienes del deudor. y su ámbito de aplicación es precisamente la liquidación y/o reorganización de bienes y los pasivos; en razón de ello el artículo 115 N° 1 de la Ley exige el señalamiento de los bienes del deudor al momento de presentar la solicitud voluntaria puesto que con ellos se le otorga la posibilidad al deudor de responder en forma rápida y expedita ante sus deudas, lo contrario esto es, permitir que el deudor sin bienes pueda solicitar su propia liquidación, hace inviable el fin de la ley, esto es que el deudor pueda pagar a sus acreedores en forma rápida con los activos con que cuenta, salir del endeudamiento y reemprender, S éptimo: Que en mérito de lo expuesto no es posible advertir las infracciones denunciadas y el recurso de casación no podrá prosperar por adolecer de manifiesta falta de fundamento Por estas consideraciones y de conformidad además a lo prevenido en los artículos 768, 772, 781, 782 y 785 del Código de Procedimiento Civil, se declara inadmisible el recurso de casación en la forma y se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuestos por el abogado Roberto Neira Cáceres, en presentación de la solicitante, contra la sentencia de uno de julio del año en curso. Regístrese y devuélvase, por interconexión. N ° 23.087-2.019. Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sr. Guillermo Silva G., Sra. Rosa María Maggi D., Sra. Rosa Egnem S., y Abogados Integrantes Sr. Diego Munita L. y Sra. Mar ía Cristina Gajardo H. No firma la Abogada Integrante Sra. Gajardo, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por ausencia.

GUILLERMO ENRIQUE SILVA GUNDELACH MINISTRO(P) Fecha: 09/01/2020 14:06:12

ROSA MARIA MAGGI DUCOMMUN MINISTRA Fecha: 09/01/2020 13:42:02

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ROSA DEL CARMEN EGNEM SALDIAS DIEGO ANTONIO MUNITA LUCO MINISTRA ABOGADO INTEGRANTE Fecha: 09/01/2020 13:42:02 Fecha: 09/01/2020 13:48:07

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En Santiago, a nueve de enero de dos mil veinte, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa. En aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta corresponde al horario establecido para Chile Continental.

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EL CRÉDITO CON AVAL DEL ESTADO DEBE SER INCLUIDO EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

20º JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO C-9175-2018 21 DE AGOSTO DE 2018 FALLO N°13 El Acreedor Banco Itaú Corpbanca interpone recurso de reposición y apelación en forma subsidiaria en contra de la resolución dictada por el 20º Juzgado Civil de Santiago que rechaza el incidente de Exclusión del Crédito con Aval del Estado dentro del procedimiento concursal de liquidación voluntaria.

insolvencia del deudor. Además, por considerarse una ley especial debe aplicarse con preferencia a la ley Nº 20.720, según lo establecido en el Artículo 8º de dicha ley, que expresa: “Las normas contenidas en leyes

especiales prevalecerán sobre las disposiciones de esta ley.”

La entidad bancaria argumenta que dicho crédito está regulado por una ley especial Nº 20.027 que contiene un procedimiento especial para el caso de

“Que en la especie para que se aplique con preferencia una norma sobre la otra, debemos encontrarnos ante un conflicto normativo, que haga inconciliables las disposiciones de la Ley N° 20.027 y la ley N° 20.720. Además, este conflicto normativo, debe ser de absoluta incompatibilidad entre ambas normas, de manera que no puedan interpretarse ambas de manera armónica en un caso en concreto.”

El Fallo del 20º Juzgado Civil Santiago, expresa que a la luz lo expresado en el artículo 8º la ley Nº 20.720, no existe

de de de

un conflicto normativo que implique excluir el Crédito Con Aval del Estado del procedimiento de liquidación voluntaria, toda vez

que sólo la Ley N°20.720 regula la insolvencia, siendo este un fenómeno jurídico económico por medio del cual un deudor carece de la liquidez para extinguir sus obligaciones a través del pago de sus obligaciones. Por otro lado, la Ley N° 20.027 regula una situación específica de cesación de pago, fundada en una sola causal, que es la cesación de

pagos y que además requiere ser calificada por un organismo denominado Comisión Administradora del Sistema de Créditos, por lo que en virtud de ello, deberá rechazarse el medio de impugnación de la recurrente.

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NOMENCLATURA JUZGADO CAUSA ROL CARATULADO

: 1. [83]Falla recurso de reposición : 20º Juzgado Civil de Santiago : C-9175-2018 : /ARIAS

Santiago, veintiuno de Agosto de dos mil dieciocho A la presentación de fecha 17 de agosto de 2018 A lo principal: Ténganse por acompañadas y agregadas las bases de remate y por aprobadas si no fueran, objetadas dentro de segundo día; Al otrosí: Téngase presente.A la presentación de fecha 9 de agosto de 2018 A lo principal: Téngase por interpuesto recurso de reposición. Autos.-

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VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.1°.- Que con fecha 9 de agosto de 2018, el acreedor Itau Corpbanca interpone recurso de reposición en contra de la resolución de autos de fecha 6 de agosto de 2018. I) Que sin duda la Ley N° 20.027 es una Ley especial, y se aplica con preferencia por lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N°20.720; II) Que los créditos verificados por los acreedores, pueden ser de la más diversa naturaleza, pudiendo encontrarse en un mismo procedimiento de liquidación con normas especiales, como la Ley N° 19983 que regula la transferencia de facturas, El Código del Trabajo que regula los créditos laborales, DFL N°3 que regula las transacciones bancarias, Ley N° 18833 que regula el estatuto de las cajas de compensación, entre muchas otras siento todas estas leyes especiales, por ello para determinar la aplicación preferente de una ley por sobre la otra no basta con que exista una ley especial y una general. Que respecto de la especialidad de una ley debemos interpretar el artículo 8 de la Ley N° 20.720 a la luz del artículo 13 del Código Civil, que señala “Art. 13. Las disposiciones de una ley, relativas a cosas o negocios particulares, prevalecerán sobre las disposiciones generales de la misma ley, cuando entre las unas y las otras hubiere oposición.” Que en la especie para que se aplique con preferencia una norma sobre la otra debemos encontrarnos ante un conflicto normativo, que haga inconciliables las disposiciones de la Ley N° 20.027 y la ley N° 20.720. Además este conflicto normativo, debe ser de absoluta incompatibilidad entre ambas normas, de manera que no puedan interpretarse ambas de manera armónica en un caso en concreto. Que en la especie la Ley N° 20.027 no es una ley de insolvencia, ni revisada la historia de este se advierte que el parlamento se hubiera manifestado en este sentido, al respecto del actual artículo 13, antigüo artículo 12 bis del proyecto el diputado Germán Becker Bäechler señaló “La obligación de pago de las cuotas del crédito podrá suspenderse temporalmente en caso de incapacidad de pago, producto de cesantía sobreviniente del deudor y su cónyuge...,”. Pensamos que no es requisito que ambos cónyuges estén cesantes para suspender el pago. Tendremos que ver cómo superar esa situación. Reconocemos que si el deudor no tiene trabajo es difícil que pueda pagar.” Asimismo en la discusión en sala se señaló lo siguiente “Se señaló en la Comisión que la cesantía es un evento que le sucede a una persona por cambios en su vida laboral. También se tomó en consideración, tal como acontece con los sistemas de seguros en otras latitudes, que no puede avalarse a instituciones que están sacando generaciones de estudiantes que no ingresan al mercado laboral. En consecuencia, por una parte, se avala mediante la suspensión del pago la cesantía del profesional deudor y, por la otra, no se avala ni se garantiza con fondos públicos a las instituciones cuyos egresados tienen tasas de cesantía que

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superan en dos veces el nivel de empleo, como lo establecen los dos incisos siguientes del artículo 12 bis.” Que en la especie no existiendo alusión alguno en la discusión parlamentaria de la Ley N° 20.027 a términos como insolvencia, cesación de pagos, evidentemente nos encontramos ante normas que regulan situaciones de diversa naturaleza.Que en la especie en términos orgánicos no existe un conflicto normativo toda vez que sólo la Ley N°20.720 regula la insolvencia, siendo este un fenómeno jurídico económico por medio del cual un deudor carece de la liquidez para extinguir sus obligaciones a través del pago de sus obligaciones. Por otro lado la Ley N° 20.720 regula una situación específica de cesación de pago, fundada en una sola causal que es la cesación de pagos y que además requiere ser calificada por un organismo denominado Comisión Administradora del Sistema de Créditos.Que respecto de la imprescriptibilidad de la deuda, tenemos que tener presente que la prescripción es un modo de extinguir obligaciones, encontrándose este enumerado en el artículo 1567 del Código Civil, asimismo tanto del tenor literal del artículo 13 de la Ley N° 20.027, como de la historia de su ley este término se usó en su sentido técnico, no siendo procedente que el sentenciador extienda sus efectos a otros modos de extinguir obligaciones.Que en la especie el artículo 255 de la Ley N° 20.720 establece una nueva forma de extinguir obligaciones, correspondiente a la circunstancia de encontrarse firme y ejecutoriara la resolución que declaró el término del procedimiento concursal de liquidación, este modo de extinguir obligaciones no se ve afectado de manera alguna por la imprescriptibilidad del Crédito con Aval del Estado, toda vez que corresponde a otro modo de extinguir obligaciones.Que el recurrente indica que la rehabilitación financiera del deudor “no significa establecer el carácter universal de los créditos que forman parte de este proceso, puesto que la misma ley 20.720.” Que la aseveración del recurrente es errónea toda vez que el legislador expresamente en el artículo 395 estableció una definición de procedimiento concursal en los siguientes términos: “procedimiento judicial o administrativo incoado en virtud de una resolución de liquidación o la presentación de proposiciones de acuerdo de reorganización y, en general, cualquier procedimiento ejecutivo patrimonial de carácter universal y colectivo que regule la administración y/o liquidación de los bienes de un deudor insolvente, así como el pago a los acreedores, conforme a la prelación legal." Que en esta materia la voluntad del legislador democráticamente elegido fue clara al redactar el artículo 395, sino que además dicha discusión fue planteada con claridad en las palabras del jurista Juan Antonio Puga al referirse a la naturaleza del procedimiento de liquidación en la comisión redactora de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento “en que el juicio de liquidación comienza como procedimiento singular, o sea, entre un demandante determinado y el deudor, para luego, al acogerse la demanda, y pronunciarse la resolución de liquidación, transformarse en un juicio de carácter universal. Afirmó que esta circunstancia no sólo es válida, sino además comprensible y atendible, toda vez que pretender reunir a todos o a la mayoría de los acreedores a efectos de discutir anticipadamente acerca de la procedencia o no de la liquidación respecto de un deudor específico, crearía un caos judicial y administrativo que convertiría a la liquidación en una acción inmanejable”. Que asimismo en términos procesales en la Ley N° 20.720 no existe procedimiento alguno destinado a regular la exclusión de créditos cuya existencia se encuentre acreditada, toda vez que el legislador al considerar este un procedimiento de naturaleza universal, carece de sentido establecer un trato preferente a algunos acreedores a fin de que no se vean afectados por el presente procedimiento de liquidación.Que sin perjuicio de lo anterior el artículo 190 de la Ley N° 20.720 regula la exclusión del crédito sólo para efectos del derecho a voto.

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Que para terminar el artículo 255 de la Ley de insolvencia es claro, al manifestar que “Una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del Procedimiento Concursal de Liquidación, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el Deudor con anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación.” En este sentido la Ley no hace distingo alguno, y por ello no le es lícito al interprete distinguir que créditos se extinguen y cuales no, toda vez que ello implicaría una discriminación injustificada.-ccm. Resolviendo el recurso de apelación interpuesto en el otrosí de la resolución de fecha 9 de agosto de 2018.Que no encontrándose la resolución objeto del recurso de apelación interpuesto dentro de las señaladas en el artículo 4 N°2 de la Ley N° 20.720, se resuelve: No ha lugar por improcedente.PROVEYÓ DOÑA GABRIELA SILVA HERRERA, JUEZ TITULAR.

En Santiago, a veintiuno de Agosto de dos mil dieciocho , se notificó por el estado diario, la resolución precedente.

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GABRIELA SILVIA SILVA HERRERA Fecha: 21/08/2018 08:34:26

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa. A contar del 12 de agosto de 2018, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl

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LA APLICACIÓN RESTRICTIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN EN LA LEY Nº 20.720

EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA 25.196-2018 06 DE JUNIO DE 2019 FALLO N°14

El deudor interpone recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua que declaró inadmisible un recurso de apelación en contra de la resolución del Primer Juzgado de Letras de San Fernando que rechazó la solicitud de liquidación voluntaria.

Orgánico de Tribunales, arguyendo que si bien dicha ley no contempla un recurso de apelación en contra de la resolución que se impugna, igualmente el juez está llamado a conocer por un principio de inexcusabilidad y en resguardo a su derecho en segunda instancia.

El deudor argumenta que el fallo quebranta lo previsto en los artículos 4º Nº 2 de la ley Nº 20.720, 188 y 189 del Código

“El principio general contenido en el artículo 4º del Código Civil -que en materia procesal reitera el artículo 3º del Código de Procedimiento Civil- determina que, por su especialidad, el artículo 4º de la Ley N° 20.720 prima por sobre las disposiciones de carácter general, pues, como ya fuera enunciado, la intención del legislador concursal fue modificar el sistema recursivo y restringir el ámbito de aplicación del recurso de apelación, limitándolo sólo a los casos expresamente contenidos en ese estatuto.”

El Fallo de la Excelentísima Corte Suprema, expresa que aun cuando el recurso de apelación tiene el carácter de un recurso ordinario que procede en general en contra todas las resoluciones, según los cánones amplios de los artículos 187 y 188 del Código de Procedimiento Civil, en la especie

no corresponde dilucidar la pertinencia del recurso sobre la base de tales preceptos si ello ya ha sido abordado en una regla particular contenida en la ley especial. Además, el caso en cuestión permite dilucidar la aplicación normativa de la ley Nº 20.720 en su artículo 4º ya que se trata de

una resolución que niega lugar a la solicitud de liquidación voluntaria de bienes del deudor, de modo que la posibilidad de que sea revisada por un tribunal superior mediante la vía de apelación también ha de ser definida a la luz de las normas especiales previstas en la ley Nº 20.720, por lo no debe prosperar el recurso interpuesto.

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Santiago, seis de junio de dos mil diecinueve. VIS TOS : En estos autos rol N° 1.864-2018 del Primer Juzgado de Letras de San Fernando, caratulados “Reyes Astorga, Ricardo Andrés”, mediante resolución de dos de agosto de dos mil dieciocho el referido tribunal rechaz ó la solicitud de liquidación voluntaria de bienes deducida en este procedimiento concursal. El solicitante dedujo recurso de apelación en contra de ese fallo y la Corte de Apelaciones de Rancagua declaró inadmisible dicho recurso en resolución de catorce de septiembre de dos mil dieciocho. En contra de este último pronunciamiento, la misma parte dedujo recurso de casación en el fondo. Se trajeron los autos en relación. PRIMERO : Que la recurrente asevera que el fallo quebranta lo previsto en los artículos 4° N° 2 de la Ley N° 20.720, 188 y 189 del C ódigo Orgánico de Tribunales. Expresa que si bien la Ley N° 20.720 no contempla el recurso de apelación respecto de aquellas resoluciones que rechacen una solicitud de liquidación voluntaria, igualmente los jueces estaban llamados a conocer el recurso por el principio de inexcusabilidad y en resguardo a su derecho a una segunda instancia, tal como ya lo ha resuelto esta Corte Suprema en el fallo que cita. SEGU ND O: Que la resolución impugnada declaró inadmisible por improcedente el recurso de apelación que dedujo la impugnante en contra de la resolución de 2 de agosto de 2018 dictada por el tribunal a quo que rechazó su solicitud de liquidación voluntaria de bienes, al estimar los sentenciadores que la Ley N° 20.720 no contiene norma expresa que contemple el recurso de apelación para la resolución de alzada, teniendo además presente lo dispuesto en el artículo 4 de dicho estatuto legal. TE RCE RO : Que la Ley N° 20.720 que rige ahora los procedimientos concursales establece, entre otros, el de la liquidaci ón voluntaria de la empresa deudora. Se trata de un procedimiento concursal

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de naturaleza tutelar que representa para la empresa deudora la posibilidad de resolver su situación patrimonial crítica, cautelando en mejor forma sus intereses. Lo esencial de este procedimiento concursal es “realizar el patrimonio

del deudor, sea desmembrándolo, sea como unidad econ ómica, para con el producto de dicha realización pagar a los acreedores en el orden de preferencia legal” (Juan Esteban Puga Vial, El Procedimiento Concursal de Liquidación, Ley N° 20.720, Editorial Jurídica de Chile, cuarta edici ón actualizada, junio 2015, pág. 206). Su presupuesto esencial es la cesación de pagos, esto es, un estado patrimonial que impide al deudor cubrir en integridad y oportunidad sus compromisos, lo viene a ser la causa de pedir de la acción respectiva. CUA RTO : Que el procedimiento en cuestión se inicia mediante el ejercicio de la acción de liquidación concursal, cuyo objeto es la liquidaci ón o ejecución del patrimonio insolvente. Como toda acción, requiere expresarse por intermedio del acto jurídico procesal –demanda-, libelo que deberá cumplir además con los requisitos del art ículo 254 del C ódigo de Procedimiento Civil y los que la Ley N° 20.720 determina. Esta etapa, denominada fase de apertura de la liquidaci ón concursal, va desde la demanda de liquidaci ón concursal hasta que quede firme y ejecutoriada la sentencia denominada “Resolución de Liquidaci ón ”, que es la equivalente a la antigua sentencia declaratoria de quiebra, cuyo objeto principal es determinar si es o no procedente la ejecuci ón colectiva del deudor. Presentado el libelo el tribunal tendrá el plazo de tres d ías para declarar si éste cumple con las exigencias del artículo 115 de la citada ley o, en su defecto, ordenar su complementación o simplemente desestimar la solicitud de liquidación voluntaria si el interesado no subsana los defectos que se le ordene corregir, como se colige de lo dispuesto en el art ículo 119 del mencionado estatuto legal. QUINTO : Que si bien en algunas ocasiones esta Corte ha emitido pronunciamientos que por la vía de la actuación de oficio han declarado

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admisible el recurso de apelación en una situaci ón como la que se analiza, el conocimiento de ulteriores asuntos sobre la misma materia ha permitido advertir la existencia de diferentes interpretaciones sobre los razonamientos desarrollados para resolver aquellos casos particulares, por lo que corresponde precisar el correcto sentido, alcance y ámbito de aplicaci ón del artículo 4 de la Ley N° 20.720. SEXTO : Que con la finalidad recién expresada corresponde señalar, en primer lugar, que la Ley N° 20.720 es una ley especial y contiene una serie de reglas procesales que difieren de las normas generales en materia de derecho procesal civil, las que deben ser analizadas conforme a sus antecedentes lógicos y sistemáticos, debiendo considerarse, en lo que por ahora incumbe analizar, que la particular naturaleza y finalidad de los distintos procedimientos concursales que la ley somete al conocimiento del órgano jurisdiccional requieren una tramitación rápida y eficaz. Ahora bien, dentro de las innovaciones desarrolladas en esta ley especial se encuentra la manera en que se ha regulado su sistema recursivo, lo que indudablemente denota que el espíritu del legislador fue el de simplificar el procedimiento y restringir el ejercicio de los recursos que contempla el Código de Procedimiento Civil, limitándolos s ólo a los casos en que expresamente consagre tal derecho. Sobre esto el profesor Juan Esteban Puga Vial explica que, en materia de apelación, el gran cambio que introduce la citada ley es que ahora dicho arbitrio procede “sólo contra aquellas resoluciones que la ley expresamente

conceda el recurso. Por regla general casi todas la resoluciones importantes son apelables, pero quedan fuera todas aquellas otras sentencias interlocutorias no previstas en la ley” (ob. cit. pág. 285). Al efecto, el artículo 4 de la Ley N° 20.720 regula la procedencia de los recursos en contra de las resoluciones dictadas en este tipo de procedimientos, indicando que “Las resoluciones judiciales que se

pronuncien en los Procedimientos Concursales de Reorganización y de Liquidación establecidos en esta ley sólo serán susceptibles de los recursos que siguen:

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1) Reposición: Procederá contra aquellas resoluciones susceptibles de este recurso conforme a las reglas generales, deberá interponerse dentro del plazo de tres días contado desde la notificaci ón de aqu élla y podr á resolverse de plano o previa tramitación incidental, según determine el tribunal. Contra la resolución que resuelva la reposición no proceder á recurso alguno. 2) Apelación: Procederá contra las resoluciones que esta ley señale expresamente y deberá interponerse dentro del plazo de cinco d ías contado desde la notificación de aquéllas. Será concedida en el solo efecto devolutivo, salvo las excepciones que esta ley señale y, en ambos casos gozará de preferencia para su inclusión en la tabla y para su vista y fallo. En el caso de las resoluciones susceptibles de recurrirse de reposici ón y de apelación, la segunda deberá interponerse en subsidio de la primera, de acuerdo a las reglas generales. 3) Casación: Procederá en los casos y en las formas establecidas en la ley”. S ÉP TIMO : Que en el caso en estudio los sentenciadores declararon inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la recurrente en contra del pronunciamiento de primera instancia que no dio lugar a su solicitud de liquidación voluntaria. De conformidad con las reglas generales, tal resoluci ón tiene la naturaleza jurídica de una sentencia interlocutoria y, por ende, resulta procedente su impugnación mediante un recurso de apelaci ón, pues as í lo determina el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil en relaci ón al 158 de ese mismo texto procesal. Empero, la Ley N° 20.720 no la considera expresamente entre las resoluciones que admiten apelación, situación en la cual corresponde aplicar lo previsto en su artículo 4. El principio general contenido en el art ículo 4 del C ódigo Civil -que en materia procesal reitera el artículo 3 del Código de Procedimiento Civildetermina que, por su especialidad, el artículo 4 de la Ley N° 20.720 prima por sobre las disposiciones de carácter general, pues, como ya fuera

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enunciado, la intención del legislador concursal fue modificar el sistema recursivo y restringir el ámbito de aplicación del recurso de apelaci ón, limitándolo sólo a los casos expresamente contenidos en ese estatuto. En consecuencia, aun cuando el recurso de apelaci ón tiene el car ácter de un recurso ordinario que procede en general en contra todas las resoluciones, según los cánones amplios de los artículos 187 y 188 del Código de Procedimiento Civil, en la especie no corresponde dilucidar la pertinencia del recurso sobre la base de tales preceptos si ello ya ha sido abordado en un regla particular contenida en la ley especial. Por esa misma razón tampoco es correcto acudir a lo preceptuado en el artículo 189 del Código Orgánico de Tribunales, en tanto se remite al segundo numeral del artículo 131 de ese mismo c ódigo, que admite el recurso de apelación en “Todas las cuestiones relativas a procedimientos concursales de reorganización o de liquidación entre el deudor y los acreedores”, ya que esa norma general necesariamente se subordina a lo que la ley especial en este punto ha reglamentado. OCTA VO: Que, asimismo, este nuevo estudio de la situación que se presenta en el caso sub lite también permite a esta Corte modificar su postura doctrinal en lo relativo a la aplicación de la normativa de la Ley N ° 20.720 –y ciertamente su artículo 4- en la etapa en que se encuentra el proceso que se examina, justamente porque se trata de una resoluci ón que niega lugar a tramitar la solicitud de liquidación voluntaria de los bienes del deudor en razón de la falta de concurrencia de sus presupuestos de procedencia previstos en ese mismo cuerpo legal, de modo que la posibilidad de que sea revisada por el tribunal superior mediante la v ía de la apelación también ha de ser definida a la luz de las normas especiales previstas para tal efecto. NOVENO : Que las reflexiones que preceden llevan ineludiblemente a concluir que los magistrados de la instancia han hecho correcta aplicaci ón de la normativa atinente al caso de que se trata, raz ón por la cual la sentencia objeto del recurso no ha incurrido en los errores de derecho que

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se le atribuyen y, por ello, el arbitrio de casaci ón en el fondo debe ser desestimado. Por estas consideraciones y lo preceptuado en los art ículos 765 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se rechaz a el recurso de casación en el fondo deducido por el abogado Mario Espinosa Valderrama, en representación del solicitante, en contra de la sentencia de catorce de septiembre de dos mil dieciocho. Regístrese y devuélvase. Redacción a cargo de la ministra señora Maggi D. N ° 25.196- 2018 .Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sr. Héctor Carreño S., Sra. Rosa Maggi D., Sra. Rosa Egnem S., Sr. Juan Eduardo Fuentes B., y el abogado integrante Sr Daniel Pe ñailillo A. No firman el Ministro Sr. Carreño y el Abogado Integrante Sr. Pe ñailillo, no obstante haber ambos concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones el primero y estar ausente el segundo. Santiago, seis de junio de dos mil diecinueve.

ROSA MARIA MAGGI DUCOMMUN MINISTRA Fecha: 06/06/2019 12:04:31

ROSA DEL CARMEN EGNEM SALDIAS MINISTRA Fecha: 06/06/2019 12:04:31

JUAN EDUARDO FUENTES BELMAR MINISTRO Fecha: 06/06/2019 12:04:32

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En Santiago, a seis de junio de dos mil diecinueve, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa. En aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta corresponde al horario establecido para Chile Continental.

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BLOQUEO DE CUENTAS CORRIENTES Y VISTAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO PROTECCIÓN- 74.981-2019 17 DE ENERO DE 2020 FALLO N°15 Deudores sometidos al procedimiento concursal de liquidación voluntaria interponen recurso de protección en contra del Banco de Chile en razón de la retención de sus remuneraciones, lo que estiman vulneratorio de las garantías contenidas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, por lo que piden ordenar a la recurrida cesar en la política discriminatoria “LIR”, y disponer el desbloqueo de las cuentas vistas, conjuntamente con la devolución de sus remuneraciones.

Los deudores argumentan que el conjunto de medidas adoptadas por las entidades bancarias para este tipo de casos, por ejemplo, denegar el acceso a renovar una tarjeta e incluso bloquear las cuentas, son ilegales, ya que la ley Nº 20.720 no los faculta a realizar estas prácticas.

“Que, según se desprende del mérito de los antecedentes resulta que el bloqueo de las cuentas vistas de los recurrentes se ha producido por la circunstancia que éstos se encuentran en un proceso de liquidación concursal y, por ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 130 y 275 de la Ley N° 20.720 los cuenta correntistas quedan privados de la administración de sus bienes, la cual pasa al liquidador a cargo del proceso concursal.”

El Fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, expresa que, una vez sometidos al procedimiento de liquidación voluntaria, el liquidador concursal toma la administración de los bienes del deudor. Además, el bloqueo de las cuentas corrientes y vistas resultan totalmente procedentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 611 del Código de Comercio, que dispone que, cualquier procedimiento legal que prive a uno de los contratantes de una cuenta corriente de la libre administración de sus bienes, obliga a poner los fondos que existen en ellas a disposición del liquidador, lo que es

precisamente lo que ha ocurrido en la especie, por lo que no puede prosperar la acción cautelar.

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C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de enero de dos mil veinte. VIS TOS Y TENIENDO PRESE NTE: PRIMERO: Que, comparecen Fabi án

Andr és

Alfaro

Bolad os , Sandra Ver ónica Flores Quintan a y Catherin e Merc ed es

G ómez

Paredes,

quienes interponen recurso de

protección en contra de Banco de Chile, en razón del acto que denuncian, consistente en la retención de dineros que refieren por parte de la recurrida, lo que estiman vulneratorio de las garant ías contenidas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, por lo que piden se ordene a la recurrida cesar en la política discriminatoria “LIR”, y disponer el desbloqueo de las cuentas vista que indican, conjuntamente con la devoluci ón de los dineros que mencionan, con costas. Para fundar su recurso exponen que actualmente se encuentran acogidos a un procedimiento de liquidaci ón voluntaria de persona deudora en virtud de lo dispuesto en la Ley N ° 20.720, y como consecuencia de ello, el banco recurrido pone distintas trabas a su calidad de cliente en dicha entidad, al punto de inhibir el retiro de una de sus remuneraciones, ya que según la misma institución, se encuentran segregados bajo la nomenclatura “LIR” (Ley de Insolvencia y Reemprendimiento), sigla en virtud de la cual, la entidad recurrida tiene políticas tales como denegar el acceso a renovar una tarjeta, e inclusive bloquear las cuentas vista de las que son titular, neg ándose en el mismo contexto a restituir el dinero contenido en dichas cuentas, en razón de encontrarse acogidos a un procedimiento concursal de normativa. Añaden que el conjunto de medidas tomadas por la entidad recurrida, son ilegales, por cuanto aun estando declarado “en

liquidación” o “en quiebra”, la Ley N° 20.720 no establece que alguna entidad bancaria tenga la facultad de realizar las prácticas ya se ñaladas,

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liquidación voluntaria de persona deudora regulado en la mencionada

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por lo que no existe justificación legal o racional que permita a la entidad recurrida, tomar las actitudes discriminatorias referidas. Explican que lo anterior vulnera las garantías constitucionales contempladas en los artículos 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, solicitando se ordene a la recurrida cesar en la política discriminatoria “LIR”, y disponer el desbloqueo de las cuentas vista que individualizan, conjuntamente con la devoluci ón de los montos que señalan, con costas. SEGU ND O: Que, informó el recurrido Banco de Chile, solicitando el rechazo del recurso, con costas. Manifiesta que es un hecho no controvertido que los recurrentes se encuentran sujetos a procedimiento de liquidaci ón de sus bienes, conforme a la ley antes citada, lo que implica que la resoluci ón que as í lo declaró fue publicada en el Bolet ín Concursal; medio a trav és del cual el Banco de Chile tomo conocimiento de dicha situación. Sostiene que advertido el Banco de que sus clientes se encuentran en procedimiento de liquidación, por mandato legalartículos 130 y 275 de la Ley 20.720-, se produce de pleno derecho el desasimiento de ellos en relación a sus bienes; esto es, los recurrentes por imperio de la ley quedan privados de la administraci ón de sus bienes, la que pasa de igual modo al Liquidador; raz ón por la cual no tiene no es de extrañar que los recurrentes no puedan retirar los dineros que se encontraban depositados en dichas cuentas, porque eso solo lo puede hacer el liquidador. Sobre este punto, indica que los fondos existentes en las cuentas se encuentran en el Banco a disposición del respectivo liquidador, el que ya solicit ó su entrega, en el En lo que concierne al cierre de las cuentas vista, expresa que ello es completamente procedente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 611 del Código de Comercio, conforme al cual la cuenta corriente concluye por la “quiebra” o “cualquier otro suceso legal que prive a uno de los contratantes de la libre administraci ón de sus

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caso del Sr. Alfaro.

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bienes”, por lo que encontrándose la conducta del recurrido amparada por los artículos 130 y 375 de la Ley 20.720 y 611 del C ódigo de Comercio, al cerrar las cuentas y poner los fondos a disposici ón del liquidador, el banco no ha incurrido en conducta ilegal ni arbitraria alguna, causa por la cual deben rechazarse los recursos de protecci ón de autos. TE RCE RO: Que, en este arbitrio de naturaleza cautelar, cobra especial importancia determinar si ha existido un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque una privación, perturbaci ón o amenaza que afecte a una o más garantías preexistentes protegidas por la Constitución Política de la República. CUA RTO:

Que, según se desprende del mérito de los

antecedentes resulta que el bloqueo de las cuentas vistas de los recurrentes se ha producido por la circunstancia que estos se encuentran en un proceso de liquidación concursal y, por ello en virtud de lo dispuesto en los artículo 130 y 275 de la Ley N° 20.720 los cuenta correntistas quedan privados de la administraci ón de sus bienes, la cual pasa al liquidador a cargo del proceso concursal. Por otra parte, también es necesario señalar que el referido bloqueo de las cuentas antes señaladas también resultan procedente de acuerdo a lo dispuesto en al art ículo 611 del C ódigo de Comercio, que dispone que cualquier procedimiento legal que prive a uno de los contratantes de una cuenta corriente de la libre administraci ón de sus bienes, obliga a poner los fondos que existen en ellas a disposici ón del liquidador, lo que es precisamente lo que ha ocurrido en la especie; aparece que el desbloqueo solicitado respecto de los fondos existentes en las respectivas cuentas vistas, aparece como algo absolutamente improcedente tal como se ha señalado precedentemente y, por ello al no existir un derecho indubitado que favorezca a los recurrentes no se ha producido ninguna afectación a las garant ías constitucionales

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QUINTO : Que, en virtud de lo expuesto precedentemente

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contempladas en los N°s 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental y, por ello corresponde desestimar la acción cautelar ya señalada. Por lo considerado y, visto, además, lo dispuesto en las normas constitucionales y legales citadas y, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de recurso de protecci ón de garantías constitucionales se declara que se rechaz an los recursos de protección deducidos por Fabián Andres Alfaro Bolados, Sandra Verónica Flores Quintana y Catherine Mercedes Gómez Paredes en contra del Banco de Chile. Regístrese y comuníquese en su oportunidad. Red acc i ón

del

Ministro

Sr.

Alejan dro

Madrid

Crohar é. Prot ecci ón N ° 74981- 2019 (acumulados Rol IC N ° 75066- 2019 y 75188- 2019)

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Cort e de Apelaciones de Santiag o , presidida por el Ministro (P) señor Javier Moya Cuadra, conformada por el Ministro señor Alejandro Madrid Crohare y la Abogado Integrante señora María Cecilia Ram írez Guzmán.

JAVIER ANIBAL MOYA CUADRA MINISTRO(P) Fecha: 17/01/2020 10:01:40

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MARIA CECILIA DEL PILAR RAMIREZ GUZMAN Abogado Fecha: 17/01/2020 12:22:34

ALEJANDRO MADRID CROHARE MINISTRO Fecha: 17/01/2020 09:54:34

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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Presidente Javier Anibal Moya C., Ministro Alejandro Madrid C. y Abogada Integrante Maria Cecilia Ramirez G. Santiago, diecisiete de enero de dos mil veinte.

En Santiago, a diecisiete de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

KVLBKQJGXX Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa. A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl

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BELMAR & CÍA ABOGADOS EDICIONES

EN LA PRESENTE RECOPILACIÓN DE JURISPRUDENCIA CONCURSAL, ENCONTRARÁS LOS DEBATES MÁS IMPORTANTES QUE SE HAN GENERADO EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA. ENTRE ELLOS, SE DESTACAN PRONUNCIAMIENTOS DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA, ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES Y TRIBUNALES CIVILES DEL PAÍS. LA OBRA RECOPILATORIA ESTÁ DIRIGIDA A JUECES DEL PODER JUDICIAL, LIQUIDADORES, ABOGADOS, LICENCIADOS, EGRESADOS Y ESTUDIANTES DE TODAS LAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS.

DIEGO BELMAR OJEDA SOL SAN MARTÍN ISMAEL GONZÁLEZ CERDA

BELMAR & CÍA ABOGADOS PRIMERA EDICIÓN