Recurso De Apelación En El Nuevo Código Procesal Civil De Nicaragua

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA

POSTGRADO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE NICARAGUA

RECURSO DE APELACIÓN DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS CON EL CÓDIGO PROCEDIMIENTO CIVIL Y EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Participantes: -

Lic. María Elizabeth Aguilar Romero. Lic. Gabriel Antonio Ruiz Acuña Lic. Franklin Rafael Dávila Escobar. Lic. Reynaldo Alfredo Escobar Torres.

Recurso de Apelación, Diferencias y Semejanzas Con el PR. Y CPCN

INDICE TEMA

PÁGINA 4 6

III. OBJETIVO ESPECIFICO IV. OBJETIVO GENERAL APUNTES HISTÓRICOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y SU SISTEMA DE ESCRITURALIDAD

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I. INTRODUCCIÓN II. JUSTIFICACIÓN

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5.1 DEFECTOS Y DEFICIENCIAS DE LA ESCRITURALIDAD

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VI. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y DE

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LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ORALIDAD. 6.1 VENTAJAS Y VIRTUDES DE LA ORALIDAD

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6. 2 ESTRUCTURA DEL CODIGO PROCESAL CIVIL DE NICARAGUA

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VII. RECURSO DE APELACIÓN.

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7.1 CONCEPTO DE APELACIÓN

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7.2 OBJETO DE LA APELACIÓN:

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7.3 FINALIDAD Y NATURALEZA

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VIII. APELACION DIFERIDA.

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8.1 OBJETO DE LA APELACIÓN DIFERIDA.

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8. 2 DEFINICIÓN DE APELACIÓN DIFERIDA:

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8.3 ORIGEN Y REGULACIÓN EN EL DERECHO COMPARADO DE LA

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APELACIÓN DIFERIDA: 8.4 NATURALEZA JURÍDICA DE LA APELACIÓN DIFERIDA.

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8.5 FUNDAMENTOS PARA SU APLICACIÓN

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8.6 EL PRINCIPIO DE P R O H I B I C I Ó N D E L A R E F O R M A T I O

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I N P EIUS” Y LA APELACIÓN DIFERIDA.8.7 EFICACIA DE LA APELACIÓN DIFERIDA

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IX. APELACIÓN DE LA CONTRAPARTE.-

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X. APELACIÓN DEL LITISCONSORTE

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XI. RESOLUCIONES RECURRIBLES POR MEDIO DE LA APELACION

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SEGÚN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y EL CODIGO PROCESAL CIVIL. XII. DIFEREENCIAS Y SEMENJANZAS DEL PROCEDIMIENTO DEL

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RECURSO DE APELACIÓN. 12.1.-COMPETENCIA

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12.2.- PARTES LEGITIMADAS:

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12.3.- TRATAMIENTO PROCESAL:

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12.4.-PLAZO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

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12.5.- ¿COMO DEBE INTERPONERSE EN EL ESCRITO?

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12.6.- COMPETENCIA DEL JUZGADO DURANTE LA APELACIÓN

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12.7.- AUDIENCIA DE APELACION.

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12.8.- ADHESIÓN A LA APELACIÓN

41

12.9.- LA SENTENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN

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XIII. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LO NOVEDOSO DEL RECURSO

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POR DENEGATORIA DE ADMISIÓN Y EL RECURSO DE HECHO.13.1.- Concepto

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13.2 COMPETENCIA

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13.3 CODIGO PROCESAL CIVL

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13.4 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

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13.5

PIEZAS

QUE

DEBEN

DE

TESTIMONIARSE

O

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FOTOCOPIAS CERTIFICADAS 13.6 TRAMITACIÓN Y DECISIÓN.-

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13.7 JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE

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JUSTICIA DEL RECURSO DE HECHO.BIBLIOGRAFÍA

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I. INTRODUCCIÓN. La Ley No. 902 “Código Procesal Civil de Nicaragua” que entrará en vigencia en el mes de Octubre de 2016, conlleva una transformación en el sistema Judicial de Nicaragua, respetando la supremacía de Nuestra Constitución Política, el legislador buscó la manera que los derechos y garantías indicados en nuestra carta magna sean integrados en el Nuevo Código Procesal Civil. Un Código que emana de la nueva vertiente de una corriente de procesalistas de varias partes del mundo que "coincidieron en la necesidad de un proceso más ágil y más cercano al individuo”1. De esta manera contribuyendo al acceso de Justicia Gratuito de forma expedita que todos estos años se ha venido solicitando. En la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, de la cual fue tomada como referencia para la elaboración de este código en su apartado I, el legislador expresa: “La efectividad de la tutela judicial civil debe suponer un acercamiento de la Justicia al justiciable, que no consiste en mejorar la imagen de la Justicia, para hacerla parecer más accesible, sino en estructurar procesalmente el trabajo jurisdiccional de modo que cada asunto haya de ser mejor seguido y conocido por el tribunal, tanto en su planteamiento inicial y para la eventual necesidad de depurar la existencia de óbices y falta de presupuestos procesales -nada más ineficaz que un proceso con sentencia absolutoria de la instancia-, como en la determinación de lo verdaderamente controvertido y en la práctica y valoración de la prueba, con oralidad, publicidad e inmediación. Así, la realidad del proceso disolverá la imagen de una Justicia lejana, aparentemente situada al final de trámites excesivos y dilatados, en los que resulta difícil percibir el interés y el esfuerzo de los Juzgados y Tribunales y de quienes los integran.”2 Significa entonces que las intenciones de muchos litigantes, incluyéndonos, es de que los procesos civiles, dejen de ser vistos solamente con papel, sino que los Jueces con su sana critica brinden derecho, conforme la preparación de la teoría del caso. Pero

1

Los Recursos en la Ejecución, según las nuevas tendencias modernas en la Reforma procesal civil latinoamericana. Dr. Flavio Chiong Arauz. 2

Ley de Enjuiciamiento Civil, 1/2000 de 7 de enero, España

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que sucede si alguna de las partes no se encuentra conforme con la forma del procedimiento, o si siente que no existe imparcialidad en el proceso, tienen las herramientas necesarias para llevar el proceso ante una jurisdicción de grado superior. Es de esta manera que debemos desarrollar todo los concerniente al Recurso de la Apelación, puesto que hoy en día una apelación puede durar años para que se emita una sentencia, verificando de esta manera que el procedimiento que indica el Código de Procedimiento Civil, actualmente en vigencia posee defectos y deficiencias en el método de Escrituralidad. En este pequeño trabajo abordaremos desde el concepto de la apelación, sus antecedentes, vamos a indicar las diferencias del Recurso de Apelación hoy en día versus el Nuevo Código de Procesal Civil de Nicaragua. Esperando que sea de agrado para investigación jurídica a la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) y al FORO DE ABOGADOS, a sus educandos, y a todo profesional del derecho que quiera comprender porque la necesidad del mismo.

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II. JUSTIFICACIÓN Siendo que el Procedimiento Indicado en el Código de Procedimiento Civil de Nicaragua, deja de ser obsoleto para que los ciudadanos/as puedan obtener un acceso a la Justicia gratis y agilizado conforme a derecho, y que era inminente que debía de existir un cambio en el Sistema Judicial de Nicaragua, El proceso civil es uno de los instrumentos de tutela jurisdiccional más importantes para los derechos de las personas, por lo que resulta imperativo que las decisiones que se adopten en el sean lo más correctas y justas posibles. Precisamente una de las instituciones procesales que se orientan a dicho objetivo se encuentra en el sistema de impugnación procesal. . Los medios impugnatorios son concebidos como aquellos mecanismos conferidos a las partes, y eventualmente a los terceros legitimados, para solicitar la revisión y consiguiente corrección de los actos procesales del juez, por considerar que les causan agravio al estar afectados de vicio o error.

En la Ley Número 902 Código Procesal Civil de la República de Nicaragua se encuentran regulados los remedios y los recursos; y entre éstos últimos, la reposición, la apelación.

Siendo que en la actualidad existen litigantes que ignoran que dentro del Código Procesal Civil deja de existir el efecto suspensivo en el trámite del recurso de apelación y que será en tratado en una sola audiencia, y de que este recurso también puede ser diferida y norma que también se puede practicar prueba. Con este fin es que vamos a realizar esta investigación, con apoyo de doctrina Española, y de diferentes Juristas que han escrito sobre la oralidad en el proceso civil.

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III. OBJETIVO GENERAL. Analizar y Desarrollar por medio del presente trabajo el procedimiento de la Interposición del Recurso de Apelación conforme el Nuevo Código Procesal Civil de Nicaragua y el Código Procedimiento Civil mediante doctrina.

IV. OBEJTIVO ESPECIFICOS.  Definir mediante doctrina el Concepto del Recurso de Apelación.  Explicar las diferencias que existen en el trámite del recurso de Apelación conforme el Código de Procedimiento Civil y el Nuevo Código Procesal Civil, ambos de Nicaragua.  Determinar que es una Apelación diferida.  Sintetizar el Procedimiento del Recurso de Apelación el Código Procesal de Nicaragua.

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V. APUNTES HISTORICOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y SU SISTEMA DE ESCRITURIALIDAD El Código de Procedimiento Civil de Nicaragua, entran en vigencia el primero de Enero de 1906, gobernando el General José Santos Zelaya, es decir, hace un siglo, indicando una serie de procedimiento para las diferentes acciones, adoptando desde un principio el sistema de Escrituralidad. Este Sistema de Escrituralidad tiene sus orígenes en el sistema romano, que fue reproducido en las Siete Partidas españolas del año 1265. Este derecho procesal español se introdujo en el continente americano y específicamente en Nicaragua desde la época colonial. En la época republicana la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855, de la misma raíz de las Siete Partidas pero reelaborada, sirvió de base para las leyes de Procedimiento Civil de Nicaragua. El 25 de Enero de 1867 se sancionó el primer Código Civil (calco del Código Civil de Chile de 1855) y el 22 de Mayo de 1871 el primer Código de Procedimientos Civiles. Este contenía mil ciento treinta y un artículos. Para facilitar la aplicación del segundo se sancionó el 18 de Marzo de 1875 un Código de Fórmulas Civiles, que contiene un formulario de actuaciones civiles y otro de cartulación, pues el Código de Procedimiento Civiles regulaba la materia de la cartulación. Fue redactado por el licenciado don Tomás Ayón. Más tarde el 1 de febrero de 1904 se sanciona el Código Civil vigente. Posteriormente, el 1 de enero de 1906, comienza a regir el vigente Código de Procedimiento Civil y se deroga el anterior; el Código de Procedimiento Civil está compuesto de dos mil ciento cuarenta y cinco artículos y dos leyes anexas: la de Notariado y la del Colegio de Abogados. Le sirvieron de modelo varios códigos, pero fundamentalmente el español (Lec) y chileno. También tomó muchos artículos del anterior. Los que redactaron ambos códigos fueron los juristas Bruno H. Buitrago, J.F. Aguijar y F. Paniagua Prado.3

El Código de Procedimiento Civil vigente en Nicaragua obedece a los principios siguientes4:

3

Los Recursos en la ejecución, según las nuevas tendencias modernas en la Reforma procesal civil latinoamericana, Dr. Flavio Chiong Arauz, Año 2008 4 Escobar Fornos, Iván. Introducción al Proceso. Nicaragua. 1998, Pág.37

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a) Rige el principio dispositivo en toda su extensión, aunque se autoriza al juez o tribunal a actuar de oficio en forma excepcional. b) Se aplica el principio de publicidad procesal –al menos teóricamente- en sus dos aspectos: formal (acceso del público al juicio) y material (intervención de las partes.

c) Se aplica el principio de igualdad procesal a lo largo del proceso.

d) El principio de adquisición procesal sólo se manifiesta en la prueba instrumental.

e) No se aplican los principios de concentración e inmediación (salvo éste en materia probatoria), como quiera que el proceso es escrito, largo y lento.

f) Rige el principio de preclusión, combinado con un sistema de plazos perentorios, pues nuestro proceso se divide en varias etapas preclusivas, las que una vez cerradas no pueden volverse a reabrir.

g) Funciona sobre la base del principio de la gratuidad de la justicia.

h) El principio de buena fe no se encuentra desarrollado en toda su amplitud.

i) Rige el sistema de la prueba legal con listas cerradas, aunque por excepción se aprecia la prueba pericial a través de la sana crítica.

j) Se regulan los recursos de reposición, reformas, aclaración, apelación y casación.

k) Los procedimientos están recargados de trámites y actos que atrasan el juicio: excepciones dilatorias

que

paralizan

el juicio,

incidentes de

previo 9

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pronunciamiento y un limitado derecho de recurrir contra las resoluciones judiciales, salvo las excepciones legales.

Por increíble que parezca ha transcurrido más de un siglo de vigencia del actual Código de Procedimiento Civil, y la esencia de su modelo procesal predominantemente escrito y la forma de tramitar los asuntos han permanecido sustancialmente invariables, lo que ha impedido responder, desde hace décadas, de forma eficaz y oportuna a los usuarios de la justicia civil y al pueblo en general en la búsqueda de la solución de sus conflictos. De forma categórica reafirmo, no se puede mejorar esta área de la administración de justicia, sin una innovación total de su cuerpo normativo, que aspire introducir un modelo y forma procesal que se caracterice por su simplicidad, agilidad, transparencia y publicidad, que abandone la prevalencia mayoritaria de la forma procesal escrita y dé paso al modelo procesal adversativo (opuesto) que privilegia las actuaciones procesales orales, como mecanismo efectivo de una justicia más pronta y cumplida. Los esfuerzos realizados desde el enfoque de la administración, organización y gerencia de los despachos judiciales, han sido muy positivos, sin embargo refuerzan la necesidad de dotar a los nicaragüenses de un nuevo proceso civil, donde prevalezca una forma de procesamiento distinta a la absolutamente escrita y que se acople con las exigencias y cambios que continuamente se experimentan desde la Sociedad. Hoy más que nunca por la prisa con que se vive en nuestros tiempos, se esperan respuestas rápidas de los órganos e instancias judiciales, y no debemos olvidar lo que se ha manifestado en reiteradas ocasiones, desde los espacios de la academia y del litigio que: “Justicia tardía no es Justicia”.5 Significa entonces que el Código de Procedimiento Civil desde un principio el sistema de Escrituralidad.

5.1 DEFECTOS Y DEFICIENCIAS DE LA ESCRITURALIDAD El doctor Flavio Chiong Arauz indica que la mayoría de abogados, jueces, funcionarios judiciales, profesores y público en general, concordamos que nuestro actual sistema de administración de justicia se caracteriza por lo siguiente:

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Discurso de Presentación del Nuevo Código Procesal Civil de la Dra. Ligia Arguello Molina (Q.E.P.D) año 2012.

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1. Los principales principios que deberían regir al proceso civil son ineficientes: a) Principio de Inmediación: Los jueces y tribunales de justicia pocas veces participan en las actuaciones judiciales esenciales del proceso como en las audiencias de Mediación, declaración de testigos, absolución de posiciones, exhibición de documentos y bienes, etc. b) Principio de Concentración: el desarrollo del proceso es desconcentrado y en fases preclusivas. Cada acto procesal es independiente y generalmente, el uno se da mucho tiempo después que el anterior. c) Principio de Publicidad: el proceso debe ser público para que sea la propia sociedad la que vigile la actuación de los jueces dentro de los procesos. Esto no se cumple por las propias barreras que el procedimiento escrito impone, inclusive los propios funcionarios judiciales. En realidad lo que se aplica es la publicidad relativa. d) Principio de Economía Procesal: el proceso debe buscar ahorro de tiempo, energías y recursos. Ninguno de éstos se da en el actual sistema. El excesivo formalismo obliga a tramitar los actos procesales de la forma prevista en la ley, so pena de nulidad. 2. Los juicios son lentos. Por un lado, da origen a que los jueces que inician y tramitan los procesos, en muchos de los casos no los sentencien y, por otro, que las partes procesales se desgasten anímica y físicamente, llegando inclusive a angustiarse, perdiendo confianza y credibilidad en el sistema judicial. 3. Congestión excesiva de la justicia ordinaria: debido a que el número de causas se incrementa año tras año, mientras que el número de jueces no, lo que conlleva a que de un año a otro queden acumulados para resolución más y más causas. 4. Falta de lealtad y buena fe procesal. El actual sistema escrito permite a los litigantes abusar de los Recursos procesales, Incidentes, muchas veces con el único fin de retardar el proceso. Las pruebas son guardadas por el actor, como “cartas” bajo la manga de la camisa, como se dice popularmente. Sin dejar de mencionar que muchos procesos se inician sin que el actor tenga prueba alguna, sólo como una táctica para forzar una negociación. 11

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5. Corrupción: Es generalizado el criterio de que esta existe en la administración de justicia. Aunque existen muchos jueces honestos, la percepción que se tiene del sistema judicial es negativa. Es decir es un sistema Obsoleto para garantizar que los principios consignados en la Constitución sean respetados y acatados. Las partes en proceso puede Iniciar y poner fin al proceso antes de que se dicte sentencia en cualquiera de las distancia, se deja en evidencia que en el caso de no está conforme con la dirección del proceso puede por medio de nulidades procesales relativas pueden apelar, y en el caso que difiera una de ellas de la resolución (sentencia) puede apelar. VI. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ORALIDAD. El Seis de Marzo del Año Dos Mil Doce, la doctora Ligia Molina Arguello (Q.E.P.D) presenta a la asamblea nacional de Nicaragua el ante proyecto del Código Procesal Civil de Nicaragua dentro del discurso que manifestó en su momento: “Con la presentación de la iniciativa del nuevo Código Procesal Civil, se ha cimentado el hito que demarcará un antes y un después en la administración de la justicia civil, se ha abierto la ventana que permitirá pasar de procesos predominantemente escritos, burocráticos, lentos, desconcentrados, faltos de inmediación y publicidad que afectan enormemente la transparencia, a procesos donde predominan la forma procesal oral sobre la escrita, que se caracterizan por su rapidez, agilidad, y por favorecer la concentración procesal que no es más que la realización de la mayor cantidad posible de actuaciones procesales en unidad de acto, con la obligada presencia y dirección del juez o magistrado, garantía de inmediación judicial, manifestación plena de mayor transparencia. Todos estos cambios cualitativos asociados a la publicidad, nos permitirá ofrecer una renovada tramitación de los procesos, abierta a los usuarios, al pueblo en general, lo que democratizará más la administración de justicia, a través de la apertura del ejercicio de la función jurisdiccional civil, al control social, al control del pueblo”. 12

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Con esta parte del discurso es como comienza la Asamblea Nacional de Nicaragua a abordar cada uno de los puntos del ante proyecto del Código Procesal Civil de Nicaragua. En el dictamen de Ley Presentado al Ingeniero Rene Nuñez Tellez del 19 de Noviembre de 2014 se lee: “La iniciativa de Ley fue presentada por la Corte Suprema de Justicia el veinticuatro de febrero del año dos mil doce y remitida a la Comisión para su debido proceso de consulta y dictamen el día siete de marzo del mismo año. Desde hace más de un siglo en Nicaragua el marco legal que regula el procedimiento en materia civil es el Código de Procedimiento Civil, instrumento jurídico que fue promulgado el día siete de noviembre de mil novecientos cinco, cobrando vigencia el primero de enero de mil novecientos seis, siendo objeto de innumerables reformas. Es importante reconocer el incalculable valor que para la sociedad nicaragüense a través del tiempo y de la historia ha cumplido este Código, pero el mismo fue creado para las exigencias de una realidad social que difiere mucho de la actual; lo que hace oportuno modificar la legislación procesal civil para adaptarla a una realidad existente que demanda cambios en esta materia. Para ello en el año dos mil seis, la Corte Suprema de Justicia conforma una comisión técnica encargada de redactar la iniciativa de Ley del Código Procesal Civil de Nicaragua, 3 integrada por funcionarios y funcionarias de ese Poder del Estado, quienes para su elaboración consideraron los antecedentes de la legislación procesal civil y sus implicaciones jurídicas, de igual manera se dieron a la tarea de recopilar y consultar diagnósticos sobre el sistema de justicia nicaragüense y hacer un estudio comparativo de las legislaciones en la región, estudiando las nuevas tendencias doctrinales, y valorando la experiencia forense. Posteriormente en el año dos mil ocho, esa comisión técnica redactora presenta el primer documento borrador y lo consultan con las y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes brindaron sus aportaciones y una vez sistematizados dieron lugar a un nuevo documento conocido como el “Texto Montelimar del Código Procesal Civil de Nicaragua”. Ese texto sirvió de base para el desarrollo de la consulta nacional con distintos operadores de justicia del área civil, para lo cual realizaron innumerables consultas recibiendo aportes de

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diferentes operadores de justicia. Igualmente esa comisión contó con la asesoría de los consultores extranjeros entre los cuales podemos destacar: Juan Miguel Carreras Marañas, Presidente de la Audiencia Provincial de Burgos y María Isabel González Cano, catedrática de la Universidad de Sevilla y ex asesora del Ministerio de Justicia, además recibieron aportes del Doctor Marcos Tulio Barahona, Magistrado de la Corte Suprema de Honduras quien brindó sus experiencias en la elaboración del Código Procesal de su país. 2. Objeto del proyecto de Ley Código Procesal Civil de Nicaragua Este Código tiene por objeto dotar a las y los usuarios de la justicia de un instrumento jurídico más simple, a fin de que los juicios en el ámbito civil se realicen a través de procedimientos más ágiles, públicos y transparentes, reduciendo las estructuras procesales y sus trámites. Que exista el contacto directo de la autoridad judicial con las partes y la prueba, destacándose el papel preponderante de un juez director del proceso. El Código se divide en ocho libros; el primero hace referencia a las disposiciones generales; el libro segundo; la prueba; libro tercero medidas cautelares, libro cuarto; de los procesos declarativos; libro quinto; recursos; libro sexto; la ejecución forzosa; el libro séptimo; procesos voluntarios y el libro octavo; disposiciones finales, adicionales, reformatorias, derogatorias, transitorias y vigencia” Con este objetivo fue aprobado el cuatro de Junio del Año Dos Mil Quince, y fue autografiado a los ocho días del mes de Julio del Año Dos Mil Quince, y publicado en el Gaceta Diario Oficial No. 191 del nueve de octubre del Año Dos Mil Quince, dejando indicado en el arto. 887 que entrará en vigencia un año después de publicado en el diario la gaceta. La Ley No. 902 “Código Procesal Civil de la república de Nicaragua”, trae consigo aparejada el sistema de Oralidad.

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6.1 VENTAJAS Y VIRTUDES DE LA ORALIDAD En contraposición a las deficiencias del sistema escrito, analicemos lo que la teoría y la práctica nos enseña respecto a las principales ventajas y virtudes de la oralidad, que son prácticamente la antítesis de los defectos y deficiencias de la Escrituralidad6: a) Plena vigencia del principio de inmediación. "El proceso se realiza, así, en forma dialogal y conforme su naturaleza humana", pues se encuentran presentes en la audiencia el juez, las partes procesales, sus abogados, testigos, peritos, todos participando y dialogando en un mismo acto procesal, para llegar a la verdad material. b) La directa asunción del Juez o Tribunal de las aportaciones probatorias, con la intervención directa de las partes. c) Se elimina la dispersión de los actos procesales y, se verifica, por el contrario, una concentración de los mismos en la audiencia, que evita ciertos actos procesales como continuas notificaciones a las partes. d) La eficaz publicidad de la actuación judicial, puesto que las audiencias son abiertas al público, salvo ciertas excepciones. e) La corrupción en caso de haberla, queda reducida, puesto que la concentración de los actos procesales y el inmediato pronunciamiento del fallo, imposibilitarían efectivizarla. f) El juez pasa a ser parte importante dentro del proceso, puesto que tiene facultades de gran importancia, como por ejemplo, dirige, impulsa e impide la paralización del proceso, puede sancionar el dolo o fraude de los abogados, debe adaptar la demanda a la vía procesal apropiada, puede ordenar diligencias probatorias de oficio u ordenar la comparecencia personal de las partes, cuando lo creyere oportuno, puede expulsar de las actuaciones a quienes alteren o perturben el desarrollo del proceso, inclusive puede ordenar la detención, por un tiempo limitado, de las personas que se resistan, sin justificación alguna, a cumplir sus mandatos.

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Dr. Flavio Chiong Arauz, Los Recursos en la ejecución, según las nuevas tendencias modernas en la Reforma procesal civil latinoamericana.

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A este respecto el maestro Mauro Cappelletti7 refiere que la oralidad tiene la sencillez, simplicidad, no es tan formalista; por eso se considera que la escritura debe ser para aquellos actos en que prevalece la precisión y la conservación; en cambio, la forma oral es para aquellos actos en los cuales se consideran predominantes los valores de espontaneidad, de mediación y de simplicidad. 6. 2 ESTRUCTURA DEL CODIGO PROCESAL CIVIL DE NICARAGUA El Código Procesal Civil de Nicaragua quedo conformado de esta manera: Tiene ocho libros, veintiséis títulos, ciento treinta y cinco capítulos y ochocientos ochenta y siete artículos. VII. RECURSO DE APELACIÓN. Indicando así el Recurso de Apelación, antes de explicar sus diferencias y semejanzas y del procedimiento que Indica el Código Procesal Civil de Nicaragua, vamos a explicar su origen. El Recurso de Apelación, al igual que los otros Recurso de Impugnación fueron establecidos por el pueblo romano en su derecho, del cual los heredamos, este Recurso fue introducido por los romanos después de reformar su antiguo derecho galo germánico, el cual en su primitivo proceso, inicialmente con una idea insipiente de la justicia y producto de su integración social de innegable raigambre religiosa, no tenía cabida la apelación, pues el enjuiciamiento estaba dotado de un carácter infalible y a ávidas cuentas que era inspirado por la divinidad. Fue primero Teodocio, en su Código Teodiciano quien introdujo una figura parecida a la apelación llamada Ruego o Rogatio, pero es Justiniano quien lleva al Senado y luego introduce en su ensayo Pluri Luri Civilis o primer Código de Justiniano la figura Ruegun Apellatio.8

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CAPPELLETTI, Mauro. op. cit. Páginas 10-11.

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La Apelación, Ing.-Lic. Yunior Andrés Castillo, www.monografias.com

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Es entonces en tiempos del imperio romano la apelación es permitida al recurrente reclamar una revisión y luego una anulación de las resoluciones estimadas injustas o carentes de legalidad. Durante ese mismo período se conoció en el procedimiento criminal y como una formalidad fija, el derecho de provocación, este consistía en la facultad de alzarse de la decisión de los Magistrados, ante los comicios, que tenían autoridad para anularla aunque esta era una figura que estaba sometida a ciertas reglas procesales que le daban un carácter limitativo y discriminatorio ya que solo podía interponerla quien perteneciera, por su clase, a los comicios, de ahí que un ciudadano únicamente podía deducirla si previamente se le reconocía el privilegio para ello.9 En los tiempos posteriores a las decisiones de los magistrados revestidos de poder constituyente, estaban sustraídas a la provocación, pues su mismo carácter no estaba sometido a la constitución dicho medio de defensa era concedido contra sentencias de muerte o contra las que condenaban a una pena pecuniaria que no traspasase los límites de la provocación. La decisión final, no obedecía a un procedimiento contradictorio propiamente, sino que el magistrado sentenciador presentaba su resolución para que la votara y confirmara la ciudadanía, que con anterioridad ya se había informado suficiente por efecto de las discusiones que había realizado con la comunidad. Este proceso teórica y prácticamente se estimaba como una instancia de gracia, es decir pedir clemencia sin desconocer la condena, por lo que no era admisible contra sentencias absolutorias dictadas en primer grado, pues el tribunal del pueblo estaba aún menos sometido a reglas jurídico procesales que el magistrado de primera instancia. Algunos Juristas, no ven en esta impugnación el antecedente remoto de los recursos impugnativos argumentando esencialmente, la ausencia de un órgano jurisdiccional de mayor jerarquía que el que emitía la resolución impugnada, 9

Idem, La Apelación, Ing.-Lic. Yunior Andrés Castillo, www.monografias.com

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encargado de revisar el fallo y resolver sobre su modificación o revocación, pues como se ha visto en la provocación, era el pueblo mismo el que se ocupaba de confirmar o modificar el fallo y no se contemplaba como una impugnación por órgano o por vía jurisdiccional. Al final de la República Romana, los recursos de los que disponían las partes eran: la in integrum restitutio; la revocatio in duplum y la apellatio. La integrum restitutio determinaba la nulidad de la sentencia, cuando en el litigio se dictaba un acto jurídico o se aplicaban inexactamente principios del derecho civil que afectaban a algunos de los contendientes por resultar injustos o inequitativos, o también cuando se hubiese sido víctima de dolo de intimidación o de un error justificable o se hubiese descubierto la existencia de un testimonio falso, en el que se hubiere apoyado la resolución. En estos casos había que solicitar la in integrum restitutio, es decir, la decisión en virtud de la cual el pretor, teniendo por no sucedida la causa de juicio, destruía los efectos poniendo las cosas en el estado que tenían antes. Las partes disponían de un año útil para interponer el recurso, contado a partir del momento que se descubriera la causa motivadora del mismo, término que Justiniano extendió a cuatro (4) años continuos, pero solo se ordenaba dar entrada a la demanda, después que el magistrado realizaba el examen del caso, cerciorándose que reunía todas las condiciones debidas. La revocatio in duplum, se interponía contra resoluciones dictadas con violación de la ley, buscando su anulación, pero si no era probada la causa de la anulación de la sentencia, al recurrente se le duplicaba la condena, de ahí el nombre de la impugnación. La Apelletio, su origen se encuentra en la ley Julia judiciaria del emperador Augusto, que autorizaba primero a apelar ante el prefecto, y de este ante el emperador, y preservaba el derecho de todo magistrado bajo la república de oponer su veto a las decisiones de un magistrado igual o inferior, anulándola o reemplazándola por otra sentencia; además admitía el efecto suspensivo o sea que 18

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impedía la ejecución de la sentencia impugnada, y los efectos que producía, como se afirma era confirmarla o revocarla para, en su caso, dictar una nueva, la cual también era apelable hasta llegar al último grado, teniendo en cuenta, que quien juzgaba en última instancia era el emperador. La persona que quisiera quejarse de la decisión de un magistrado, podía desde luego reclamar la intercepción del magistrado superior o apellare magistratum, de aquí procede la apelación. Con la aparición de la apellatio, es indudable que es el punto de partida o el origen de La Apelación, pues al agraviado se le otorgaba la potestad de quejarse ante el magistrado superior, para que por su conducto anulara el decisorio y juzgara de nuevo el asunto, de manera que la resolución impugnada era apelable ante el pretor y sucesivamente ante el perfecto del territorio, hasta llegar al emperador, por lo que se instituyeron tantas instancias con funcionarios figuraban en el organigrama de la justicia hasta llegar al emperador, en la inteligencia de que la única resolución apelable era la sentencia. La apelación, se destacó sus orígenes en el antiguo derecho romano que como todos sabemos este derecho fue luego recogido o anotado por los franceses en la recopilación del suyo, que es, de donde decora o deriva el nuestro es por cuanto, que estas figuras jurídicas están hoy presente en nuestro sistema doctrinal y procesal. 7.1 CONCEPTO DE APELACIÓN Recurso de Apelación según el Doctor William Ernesto Torrez Peralta es un recurso ordinario, devolutivo, contra sentencias o resoluciones equiparadas, en cuyo caso tiene, generalmente, carácter suspensivo, y arras resoluciones, generalmente, no tiene carácter suspensivo, gravosas para las partes que lo utilizan, que se plantean ante el mismo órgano jurisdiccional que las dictó (órgano a quo) para ante el órgano judicial superior inmediato (órgano ad quem) que resuelve, una vez recibidas las actuaciones

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o testimonios suficientes, previo los trámites legales, mediante nueva sentencia que revoca o confirma, total o parcialmente, o anula la anterior.10 El recurso de apelación lo interpone la parte que se ha considerada lesionada por una sentencia en primer grado en solicitud de que la sentencia contra la cual se recurre sea reformada o revocada. Es importante señalar que la apelación como recurso ordinario para impugnar auto y sentencias está regido por principios específicos que orientan su actuación, entre los que se destaca dos que consideramos principales y son: El Principio tantum devolutum cuantum apellatum, este principio descansa sobre la base de la congruencia, significa que el órgano revisor Ad quem al resolver la apelación deberá pronunciarse solamente sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por el impugnante en su recurso, es decir, que el tribunal de segunda instancia solo puede decidir y conocer aquellas cuestiones a las que ha limitado la apelación el recurrente, en consecuencia, no tiene más facultades de revisión que aquellas que han sido objeto del recurso, apuntan algunos doctrinarios que el tribunal superior no puede entrar en el examen de las cuestiones consentidas por las partes o que no han sido objeto del recurso de acuerdo a estas definiciones en doctrina se han establecido tres clases de incongruencias: la incongruencia ultra petita, surge cuando el juez concede a las partes más de lo pedido; la incongruencia extra petita, cuando el juez concede una pretensión diferente a la pedida por las partes; la incongruencia citra petita, sucede cuando el juez deja de pronunciarse sobre una o algunas de las pretensiones de las partes. El principio de prohibición de la reformatio in peius, este implica el impedimento del órgano revisor de modificar la resolución impugnada empeorando la situación del apelante, salvo que exista apelación o adhesión de la otra parte o sea el apelado este principio, prohíbe al Juez Ad quem pronunciarse en perjuicio del apelante y a lo sumo se limitará a no amparar su pretensión quedando su situación invariada. Esto se basa en la justificación, de que siendo la pretensión impugnativa diferente a la pretensión principal objeto de la demanda, que, la apelante trata de mejorar su situación frente a

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Manual de Derecho Procesal Civil; tomo II Dr. William Ernesto Torrez Peralta

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un pronunciamiento que le causó agravio, sería ilógico que su propia impugnación altere la decisión en su contra máxime si la otra parte la consintió. 7.2 OBJETO DE LA APELACIÓN: Objeto mismo de la Apelación es el agravio y su necesidad de reparación por acto del superior. El acto provocatorio del apelante, no supone que la sentencia sea verdaderamente injusta: basta con que él la considera como tal, para que el recurso sea otorgado y surja la segunda instancia. El objeto es, en consecuencia, la operación de revisión a cargo del superior, sobre la justicia o injusticia apelada. (Couture). Escriche la define como: “como la provocación hecha del juez inferior al superior por razón del agravio causado o que puede causarle por la sentencia; o bien, la reclamación o recurso que alguno de los litigantes u otro interesado hace al juez o tribunal superior para que revoque o reforme la sentencia del inferior”. Para enmendar el daño causado a los injustamente agraviados Para corregir la ignorancia o malicia de los jueces inferiores Para que los litigantes que hubiesen recibido algún agravio, por su impericia, negligencia, traten de reparar ese defecto, obteniendo justicia en segunda instancia Es un Recurso Ordinario Lo concede la Ley a los litigantes, a sus procuradores o representantes legales y aún a los terceros interesados en la causa Se da para reclamar ante un Tribunal Superior de los agravios que se crea haber recibido en la sentencia definitiva pronunciada en primera instancia o Tribunal Inferior. 7.3 FINALIDAD Y NATURALEZA La finalidad y naturaleza del recurso de apelación son, como dice la doctrina científica, simplemente revisoras y no renovadoras, por lo que la prueba en segunda instancia está condicionada, salvo en el caso de rebeldía, a la necesaria alegación de hechos nuevos o de nuevo conocimiento si son fundamento de la pretensión inicial, y, por tanto, el momento de la alegación de estos hechos no puede ser otro que el destinado a la petición adicional de recibimiento a prueba.

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VIII. APELACION DIFERIDA. En el ordenamiento procesal civil actual la apelación es regulada como un recurso y por consiguiente, como un medio impugnatorio orientado a cuestionar resoluciones contenidas en autos y sentencia, el Art.- 458 Pr. establece que.- “Son apelables todas las sentencias definitivas y las interlocutorias de primera instancia, salvo en los casos en que la ley niegue este recurso”. Por consiguiente en las siguientes líneas intentaremos realizar un breve estudio sobre esta importante figura procesal, no sin antes hacer un repaso teórico de los aspectos más importantes del recurso de apelación, concebido como uno de los medios impugnatorios más significativos y de mayor uso en la práctica procesal

Para luego enfocarnos en la figura de la Apelación Diferida, cuya presencia en nuestro nuevo ordenamiento procesal civil Ley 902 Código Procesal

Civil de

Nicaragua nos ha generado ciertas inquietudes y ha motivado que abordemos su estudio en esta oportunidad.

En cuanto a las características esenciales del recurso de apelación, de inicio diremos que se trata de un recurso ordinario.

En la medida que no requiere de causales o supuestos especiales para su admisión y procedencia, limitándose sólo al cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo establecidos, de manera general, por la ley procesal para todos los recursos. Algunos procesalistas, como Jaime Guasp11 sostienen que “la apelación es un proceso de impugnación en el que se pretende la eliminación y sustitución de una resolución judicial por el superior inmediato jerárquico del que dictó la resolución impugnada”;

es decir, se concibe a éste recurso no como una

continuación del proceso principal, sino como un proceso singular, casi autónomo, que se desarrolla en la instancia superior en el cual interviene un juez o Tribunal Ad que 11

GUASP, Jaime. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Cuarta Edición. Editorial Civitas, Madrid, 1998 p. 575. También BRICEÑO SIERRA tiene la misma concepción sobre la apelación. Citado por HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Medios Impugnatorios en el Proceso Civil. Gaceta Jurídica, Lima, 2002. p. 101

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acogiendo la pretensión de la parte que impugna la resolución que le fue adversa, a fin de revisarla y emitir una decisión confirmatoria o sustitutoria de la misma. Sin restar alguna validez a la concepción anterior, debemos anotar también que el recurso de apelación es definido en la ley procesal civil como el medio o instrumento procesal conferido a las partes y, eventualmente, a los terceros legitimados, para solicitar la revisión, ante el juez o tribunal superior en grado, de un auto o una sentencia que consideren les causa agravio por adolecer de vicio o error, a fin de que sea revocada o anulada total o parcialmente.

8.1 OBJETO DE LA APELACIÓN DIFERIDA. Su regulación en el nuevo ordenamiento procesal está contenida en la Ley 902 “Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua Artículo 548, siendo la particularidad que no tiene efecto suspensivo y con la calidad de diferida, denominada simplemente apelación diferida, en los términos siguientes:

1. Cuando se interponga recurso de apelación contra autos, se diferirá la expresión de agravios y su trámite al momento en que se impugne la sentencia definitiva de primera instancia, en los casos que expresamente señale este Código. 2. El recurso de apelación diferida estará condicionado a que la parte reitere la apelación, y que el punto tenga trascendencia en la resolución final. 3. La falta de apelación de la sentencia definitiva o del auto, en su caso, determinará la ineficacia de las apelaciones diferidas que se hubieren promovido. 4. El juzgado o tribunal respectivo resolverá las apelaciones diferidas, en la misma sentencia que resuelva el recurso

Como se puede apreciar se regula la apelación diferida para distinguirla de aquella apelación concedida sin la calidad de diferida (que implicaba una actuación inmediata de la misma), debido a que algunas de las características de la apelación (sin efecto suspensivo) debía sufrir ciertas variaciones a fin de poder adecuarse a los nuevos fines 23

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requeridos por un proceso civil fundado en principios como los de economía y celeridad, para hacer efectivo el verdadero derecho a una tutela judicial efectiva, bajo un debido proceso y sin dilaciones indebidas.

Se puede decir entonces que ha sido la nueva concepción de un proceso civil, fundado en principios, la que ha servido de sustento para la regulación de esta figura impugnativa en nuestra ley procesal.

8. 2 DEFINICIÓN DE APELACIÓN DIFERIDA: Es la apelación concedida sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida, denominada también apelación con efecto diferido o simplemente apelación diferida, e implica que su trámite queda reservado por el Juez para que sea resuelto por el Superior jerárquico conjuntamente con la apelación de la sentencia o el auto definitivo del proceso.

Es decir, esta apelación es concedida pero su tramitación y consiguiente resolución queda condicionada a la formulación de otro recurso de apelación que se interponga contra la sentencia o auto que pone fin al proceso en la instancia inicial. En caso de plantearse ésta última apelación, a la que se puede llamar “apelación principal”, los autos serán elevados al Superior para que resuelva también, y en forma previa, la apelación diferida. Algunos autores como Enrique Falcón sostienen que “la tramitación del recurso de apelación es diferida si la interposición del recurso y su fundamento y tratamiento se distancian del proceso; el fundamento y el tratamiento del recurso se reservan para una etapa posterior”. Por su lado, Kielmanovich opina que “el efecto diferido corresponde sólo cuando la ley así lo dispone, e implica la postergación de la etapa de fundamentación y resolución del recurso a un momento ulterior desvinculado de la interposición, ya que precisamente tal efecto está dirigido a evitar la interrupción de los procedimientos de 24

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primera instancia y su elevación a la alzada, consecuencia, normal del recurso de apelación”.

8.3 ORIGEN Y REGULACIÓN EN EL DERECHO COMPARADO DE LA APELACIÓN DIFERIDA: Cabe recordar en principio que el Código de Procedimiento Civil de 1906 regula el recurso de apelación en dos clases, apelación con doble efecto y apelación con un solo efecto, que equivale a efecto suspensivo y apelación sin efecto suspensivo (sin la calidad de diferida) respectivamente; sin embargo, el referido código no regulaba a la apelación con efecto diferido o apelación diferida, como lo hace el nuevo Código Procesal Civil; por lo que, por lo menos a nivel de la legislación nacional, dicha figura impugnativa nace recién con este Código.

En referencia a su origen y regulación en otras legislaciones del hemisferio, la autora María Eugenia Ariano Deho cita lo siguiente: “Este instituto ha sido introducido por primera vez en el Código de Costa Rica, pero los autores intelectuales del nuevo instituto han sido los participantes a los Congresos de Derecho Procesal. Ha sido luego introducido en el Código de la Nación Argentino y en el Código ‘Modelo’ de Uruguay. Sin dejar de decir que no se entiende cómo así la apelación diferida de resoluciones interlocutorias pueda hacer más eficiente la tutela jurisdiccional de los derechos, hay que señalar que el “instituto” no se inventó en los Congresos de Derecho Procesal, sino, como ya vimos, en el Código Italiano (rectius, fascista) de 1940, en sus Arts. 339 y 340; Citado por Hinostroza Minguez Op. Cit. p. 156, citado en el artículo “En defensa del derecho de impugnar en el proceso civil. Vicisitudes de una Garantía “incomprendida”. Publicado en la Revista de la Universidad de Lima, Fondo de Desarrollo Editorial. A propósito del II Congreso de Derecho Procesal, Lima.- 2002, p. 147 y ss. Asimismo, refiere que “el Código General del Proceso de Uruguay regula un modelo de apelación diferida ligeramente distinto al nuestro. El artículo 251 de la citada norma procesal, según Enrique Véscovi, estaría orientado a hacer la tutela 25

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jurisdiccional de los derechos más rápida y eficiente: La apelación con efecto diferido constituye un tercer tipo de este recurso...., que impide la suspensión del proceso, sobre todo de la audiencia. El actor manifiesta su voluntad de apelar, pero presentará los motivos de apelación sólo en el caso en el cual mantenga su voluntad de apelar en el momento en el cual es pronunciada la sentencia”.

8.4 NATURALEZA JURÍDICA DE LA APELACIÓN DIFERIDA. Reconocida la apelación diferida como una modalidad de apelación sin efecto suspensivo, el efecto en que es concedida y tramitada determina una variación en cuanto a su naturaleza, pues si bien en un primer momento se ha reconocido al recurso de apelación como un medio de actuación inmediata, es decir, una vez concedido, su actuación y resolución por el Superior era producido sin más trámite que el fijado en la ley, con el devenir del tiempo se fueron verificando diversos inconvenientes en su tramitación que han pasado por generar gastos y dilación de tiempo innecesarios en los procesos, con evidente perjuicio para las partes como al mismo Estado que se veía impedido de resolver los conflictos de manera rápida y oportuna.

Entendidos tales inconvenientes de la apelación en determinados supuestos, como en el caso de los autos interlocutorios emitidos en procesos abreviados y sumarísimos, se estableció la necesidad de variar su procedimiento a un trámite dónde la actuación y resolución de la misma debía reservarse hasta que fuere resuelto el proceso en lo principal y en caso las partes impugnaran la decisión final, por que bien podría ocurrir que el Juez dicte una sentencia que finalmente dejó conforme a las partes, por ende no hubo necesidad de actuar una apelación que de haber sido inmediata habría causado mayor dilación y gastos a las partes.

Concebida así esta nueva modalidad de la apelación, podemos decir que su naturaleza es la de un acto de impugnación condicionado, toda vez que su eficacia depende de la verificación de un acto futuro e incierto, que es la apelación de la sentencia u otra resolución definitoria de la instancia procesal que, eventualmente, se podría plantear. 26

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8.5 FUNDAMENTOS PARA SU APLICACIÓN Consideramos que la introducción de la apelación diferida en el sistema de impugnación procesal se sustenta básicamente en dos grandes fines:

1).- Hacer efectivo los principios de celeridad y economía procesal, sobre todo en aquellos procesos que se caracterizan por su brevedad y sencillez en la resolución del conflicto (abreviados, sumarísimos, de ejecución); y

2).- Otorgar a los justiciables una tutela a sus derechos en forma rápida y oportuna a través de un debido proceso, sin dilaciones indebidas. Respecto a lo primero, Véscovi señala que “la finalidad de admitir esta forma de recurrencia (apelación diferida) responde al principio de celeridad, evitando las continuas interrupciones del procedimiento principal; opinión que es afirmada a su vez por Loutayf Ranea para quien “el fundamento de la apelación en efecto diferido reside en la conveniencia de evitar frecuentes interrupciones que, en desmedro de la celeridad

procesal, sufre

el

procedimiento

de

primera

instancia

sometido

exclusivamente a un régimen de apelaciones inmediatas”.

Por otra parte, la Constitución garantiza a los ciudadanos la tutela efectiva de sus derechos a través de un debido proceso y sin dilaciones indebidas, entonces delega a la ley para que dentro de su ámbito establezca los mecanismos adecuados para cumplir tal finalidad, entre los cuales se encuentra la apelación diferida, que permite evitar que el proceso civil se paralice o condicione su trámite a la resolución de las diversas apelaciones al interior del proceso.

8.6 EL PRINCIPIO DE P R O H I B I C I Ó N D E L A R E F O R M A T I O I N P EIUS” Y LA APELACIÓN DIFERIDA.El principio de prohibición de la reformatio in peius implica el impedimento del órgano revisor de modificar la resolución impugnada empeorando la situación del apelante, 27

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salvo que exista apelación o adhesión de la otra parte. Este principio, prohíbe al Juez Ad quem pronunciarse en perjuicio del apelante y a lo sumo se limitará a no amparar su pretensión quedando su situación invariada. Ello se justifica en la medida que al ser la pretensión impugnatoria diferente a la pretensión contenida en la demanda, donde el apelante realiza una actividad para tratar de mejorar su situación frente a un pronunciamiento que le causó agravio, sería ilógico que su propia impugnación altere la decisión en su contra tanto más si la otra parte la consintió. .- LOUTAYF RANEA, Roberto. Op. Cit. p. 117- RAMOS MENDEZ, Francisco. Derecho Procesal Civil. Tomo II, 5ta edición, J.M. Bosch Editor, Barcelona, 1992, p. 732

Si bien es cierto las excepciones contempladas en la norma procesal se refieren a los casos de apelación o adhesión de la otra parte, se puede comprender también el caso de la existencia de una apelación diferida, puesto que la resolución de está podría conllevar en algunos casos la nulidad de la sentencia que le fue favorable al apelante; sin embargo, ello no podría verse como una afectación a dicho principio en la medida que el Ad quem se encontraba obligado a pronunciarse sobre la apelación diferida. Resulta importante señalar al respecto que, conforme se había mencionado anteriormente, la simple apelación de la sentencia u de un auto definitorio del proceso activa el trámite de la apelación diferida concedida en el mismo, consecuentemente la prohibición de la reformatio in peius no resultaría aplicable en el caso antes citado, puesto que existe una apelación que se encontraba pendiente de resolver, sobre la cual el Ad quem está obligado a pronunciarse. Ello implica además que el apelante de una sentencia de fondo podría verse perjudicado cuando el órgano revisor, en atención a sus potestades correctivas sobre el debido proceso y a fin de excluir posibles nulidades que se hubieren producido, puede pronunciarse en contra de los intereses del apelante quien podría ver que las alegaciones que sustentan su pretensión impugnatoria no son estimadas, por atender a posibles vicios de carácter procesal no advertidos ni alegados por ninguna de las partes.

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8.7 EFICACIA DE LA APELACIÓN DIFERIDA De acuerdo con el Art. 548 del CPCN la apelación diferida será eficaz desde que es concedida la apelación contra la sentencia o el auto que pone fin al proceso y es elevado al Superior en grado para que sea resuelta conjuntamente con la ‘apelación principal’, específicamente antes

que ésta; de lo contrario, la apelación diferida

devendrá en ineficaz en tanto no se ha cumplido el acto procesal que la condicionaba. Sin embargo, cabe plantearse una cuestión en el sentido de que si la apelación de la sentencia o auto definitivo no ha sido formulada por la parte que propuso la apelación diferida ¿en qué medida estaría obligado el Superior a pronunciarse sobre ésta última? En principio, según la norma procesal estudiada, el Juez debería resolver previamente la apelación diferida sin considerar qué parte haya apelado la decisión final; no obstante ello, es pertinente analizar las situaciones que pueden presentarse en relación a la eficacia de dicha figura impugnativa.

IX. APELACIÓN DE LA CONTRAPARTE.Cuando estamos en el caso del demandante o demandado, quien habiendo interpuesto recurso de apelación concedido con efecto diferido, no interpone apelación contra la sentencia ya sea por serle favorable o por estar conforme con tal decisión; sin embargo, es la otra parte quien apela la decisión final y por consiguiente los actuados son elevados al Superior para su correspondiente revisión. Producida esta situación el Superior se encontrará con una apelación diferida que no fue interpuesta por el apelante de la sentencia, sino por la otra parte quien había consentido la decisión final, no obstante atendiendo a lo establecido en el CPCN tendrá que pronunciarse previamente por la apelación diferida toda vez que su eficacia no ha desaparecido, puesto que la norma no precisa o distingue sobre cuál sujeto procesal (en relación a las partes) debe apelar para que tenga eficacia, simplemente señala en forma genérica que la ausencia de apelación de la sentencia o de la resolución señalada por el Juez determina la ineficacia de la apelación diferida. Por lo tanto, sólo devendrá en ineficaz la apelación diferida cuando no exista apelación alguna de la decisión final

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.No obstante, consideramos que esta formulación de la norma tal vez debería ser replanteada en el sentido que la apelación diferida sea resuelta por el Superior sólo en el caso en que sea el mismo apelante quien a su vez apele la resolución final, pues podría darse el caso que una sentencia que le fue favorable pueda resultar anulada al ampararse la apelación diferida, perjudicando de algún modo sus intereses ya que pudo estar conforme con la sentencia o el auto final.

X. APELACIÓN DEL LITISCONSORTE Ocurre cuando se trata de procesos donde existe acumulación procesal subjetiva, ya sea por la parte demandante, demandada o de ambas partes, produciéndose lo que técnicamente se denomina litisconsorcio activo, pasivo o mixto, pero de lo que se trata es que si bien pueden concurrir varias personas como demandantes o demandados, éstas pueden realizar actos procesales en favor propio o de todos los conformantes de la parte, como el caso de interponer una apelación por serle desfavorable la decisión sobre un pedido (una excepción por ejemplo), habiéndose concedido la apelación con efecto diferido; no obstante, al finalizar el proceso éste litisconsorte que interpuso la apelación diferida no apela la sentencia o el auto definitivo, haciéndolo más bien otro litisconsorte, en este caso, de acuerdo a la norma tampoco existirá mayores inconvenientes para que el Superior se pronuncie sobre la apelación diferida, toda vez que, se debe tener en cuenta que en caso de litisconsorcio necesario, el acto que produzca en forma individual un integrante de la parte activa o pasiva, afectará siempre a la parte (conformado por dos o más individuos) y no al sujeto considerado individualmente; sin embargo, no sucederá lo mismo en el caso del litisconsorcio facultativo donde los sujetos actúan conjuntamente pero con derechos o intereses propios, por lo que las decisiones que se adopten no siempre los afectará de igual manera; por lo tanto, al igual que en el caso anterior, también consideramos que se debería reformular o precisar la norma a fin de que, eventualmente, no resulte afectado los intereses de la parte que estuvo conforme con la decisión final.

A manera de conclusiones finales podemos expresar que la denominada apelación diferida es una modalidad de apelación concedida para los casos de impugnación de 30

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autos que no ponen fin al proceso (interlocutorios o no definitivos) y en especial en aquellos procesos que se caracterizan por su brevedad y sencillez en la solución del conflicto como los abreviados, sumarísimos y de ejecución.

Este tipo de apelación no suspende los efectos de la resolución impugnada y su trámite propio queda suspendido hasta que se defina el proceso en lo principal y ésta decisión (que puede ser auto o sentencia) sea a su vez apelada por cualquiera o por ambas partes.

El fundamento principal para conceder este tipo de apelación radica en la necesidad de evitar las frecuentes interrupciones en aquellos procesos breves y rápidos en desmedro de los principios de celeridad y economía procesal que los caracterizan (punto de vista legal) y garantizar a los ciudadanos un efectiva tutela de sus derechos a través de un debido proceso sin dilaciones indebidas (punto de vista constitucional).

Finalmente, de acuerdo al modo como está previsto en el CPCN vigente, la apelación diferida deberá ser resuelta por el Superior así la parte apelante de la misma haya consentido la resolución final, bastando que ésta fuere impugnada por cualquiera de las partes o un tercero.

De todos modos, observamos ciertos inconvenientes en la forma como está prevista dicha apelación diferida en el código, en relación con el principio dispositivo que rige también el proceso civil, en tanto si la parte ha consentido la resolución final por encontrar satisfechos sus intereses, mal podría esperar un pronunciamiento que eventualmente altere dicha situación favorable; por lo que se hace necesario para precisar o

AGREGAR QUE LA APELACIÓN DIFERIDA será objeto de

pronunciamiento por el Superior siempre que la parte apelante no haya consentido la decisión final o, en su caso, reafirme en la instancia superior su interés en que se resuelva su apelación diferida.

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XI. RESOLUCIONES RECURRIBLES POR MEDIO DE LA APELACION SEGÚN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y EL CODIGO PROCESAL CIVIL. Según el contenido del aún vigente Código de Procedimiento Civil en su Arto. 458, Son apelables todas las sentencias definitivas y las interlocutorias de primera instancia, salvo en los casos en que la ley niegue este recurso, y además conforme el párrafo segundo del artículo 459 los autos son apelables cuando alteren la sustanciación o recaigan sobre trámites que no están expresamente ordenados por la Ley, o que se dé indebida intervención a una o más personas extrañas al juicio o incidente. Actualmente explicar el Dr. Iván Escobar Fornos, en su libro de Introducción al proceso, página 317, que el caso del Recurso de Apelación el sistema funciona así: -

No se permite que se aleguen en segunda instancia nuevas acciones, ni modificar las ejecutadas. Lo impiden los arts. 424, 436, inc. 6, 490, 831, 835, 1036, 1055 y 1110 Pr.

-

Se pueden oponer en segunda instancia excepciones perentorias protestando que hasta entonces no han llegado a conocimiento del que las esgrime. Así lo permite el art. 825 Pr. No es necesario la protesta para oponer la prescripción positiva, según lo ha dicho la Corte Suprema, como podrá verse más adelante. De acuerdo con el art. 824 inc. 2 Pr., las excepciones dilatorias que versen sobre nulidades absolutas o que procedan de hechos supervinientes se pueden promover en apelación.

-

Como norma general, no se permite que se aleguen nuevos hechos en segunda instancia; solo excepcionalmente se puede hacer: cuando hubieren ocurrido después del término probatorio de primera instancia, siempre que los hechos nuevos sean de influencia en el juicio; cuando los hechos de influencia en el pleito llegaron a conocimiento del proponente después del término probatorio de primera instancia, aunque hayan sucedido antes, siempre que asegure en verdad que anteriormente no tuvo conocimiento de ellos. Así se desprende de los arts. 424,436, inc. 6, 490, 1110 y 2024 Pr.12

12

Introducción al Proceso, Dr. Iván Escobar Fornos.

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-

La apertura a prueba se concede en forma excepcional, según el art. 2024 Pr., a saber: en los dos últimos casos anteriores: en el supuesto del art. 1083 Pr.; y cuando por razones no imputables al proponente no se recibió la prueba, en todo o en parte, en primera instancia.

-

En los juicios ejecutivos, sumarios, concursos, no se admite la recepción a prueba en segunda instancia, salvo para pedir compulsa de algún documento, probar ciertos hechos que invaliden la subasta de los bienes, o para pedir posiciones o reconocimientos.

-

Empero, se permite la recepción en segunda instancia de la prueba documental, de la confesión judicial provocada (posiciones) y la promesa estimatoria, de acuerdo, respectivamente, con los arts. 1136, 1203 y 1248 Pr.

-

También el tribunal de alzada puede decretar pruebas para mejor proveer.

-

Conforme a nuestro derecho, al juez de primera instancia le toca levantar toda la estructura fundamental del proceso. Con base en ella, debe sentenciar el juez o tribunal de alzada, así como lo hizo aquel. El tribunal de alzada no puede alterar el material de hecho de primera instancia, salvo en los supuestos anteriormente referidos. La sentencia es el techo de esa estructura. El tribunal puede cambiar o modificar el techo, pero no la estructura, salvo las excepciones contempladas.

-

Puede advertirse fácilmente que el tribunal de apelaciones tiene amplias facultades para sentenciar, como las del juez; pero su límite o amplitud está sujeto a los agravios del recurrente. También tiene facultades para revisar de oficio los presupuestos procesales y la improcedencia del recurso. Los agravios pueden limitar la facultad del tribunal, pues los no expresados no pueden ser suplidos de oficio.

Son apelables las sentencias interlocutorias simples, las interlocutorias con fuerza definitiva, las interlocutorias con fuerza de definitiva y las definitivas de primera instancia. Así se colige del art. 458 Pr. El derecho de apelar tiene restricciones. No se permite la apelación Según el Código de Procedimiento Civil:

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a) De los autos, salvo que alteren la sustanciación o recaigan sobre trámites que no están expresamente ordenados por la ley, o que den indebida intervención a una persona extraña al juicio o incidente13. Confirmando lo expuesto, los arts. 497 inc. 1 y 1081 Pr. niegan la apelación del auto de apertura a prueba. Pero el último artículo admite la apelación del auto que niega la apertura a pruebas. b) Cuando entre las partes hubo pacto de no apelar. La Corte Suprema ha sostenido que la renuncia debe ser de ambas partes. c) De las resoluciones de los jueces de distrito de lo civil, cuando desechen nulidades de forma promovidas incidentalmente, en los casos en que sea posible reproducir la articulación en el tribunal. d) De las resoluciones que declaren el reconocimiento de firma por confesión expresa o tácita, pero la parte conserva el derecho para impugnarías cuando el documento se le opusiere en juicio. Sin embargo, son apelables las resoluciones que declaran la confesión ficta en diligencias prejudiciales. e) De las sentencias arbitrales, cuando las partes hubieren renunciado el derecho de apelar. Se refiere a los árbitros de derecho, pues los laudos o resoluciones de los arbitradores solo admiten casación, puesto que resulta innecesario renunciar a lo que no se tiene derecho. f) De las sentencias pronunciadas en virtud de la promesa decisoria o confesión de parte, real o ficta, salvo que el juicio verse sobre puntos de derecho, o que la confesión se impugne por error, falsedad u otro defecto que la vicie. g) De las que declaren pasada en autoridad de cosa juzgada o ejecutoriada una sentencia. h) De las que recaigan sobre tacha de peritos. i) De las resoluciones para mejor proveer.

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Art. 459 Pr., reformado por Ley del 9 de octubre de 1969

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j) De la que resuelve la reposición de un auto o sentencia simplemente interlocutoria. k) De la que ordena la ampliación del término de prueba en los incidentes. l) De las medidas precautorias urgentes en la obra ruinosa. En el Nuevo Código Procesal Civil, se puede apreciar que el legislador ha minimizado relativamente la procedencia de las resoluciones judiciales apelables, ya que según el Art. 546 Serán recurribles en apelación las sentencias definitivas dictadas en toda clase de procesos, los autos definitivos que pongan fin a los mismos y aquellos otros que la ley expresamente señale. El Código Procesal Civil más que nada indica que se tiene el derecho de apelar: 1. En contra de auto que acuerde la suspensión del asunto civil en primera instancia.14 2. Contra el auto que acuerde la terminación por carencia sobre venida del Objeto del Proceso o por satisfacción procesal.15 3. contra el auto que declare la caducidad por fuerza mayor o por error en el cómputo.16 4. Contra el auto que admite las Medidas Cautelares.17 5. Contra el auto que deniegue la práctica de las diligencias preparatorias. 18 6. Contra el auto que la autoridad deniegue el despacho de ejecución en caso de laudos arbitrales.19 7. contra el auto que ponga fin al proceso en cuestiones Incidentales. 20 Hasta ahí el legislador cierra la posibilidad de poder utilizar este medio de impugnación, contra otras resoluciones distintas a las que se mencionaron anteriormente y que no está demás hacer la aclaración que es necesario ubicar algunas disposiciones que permitan expresamente este recurso, tal es el caso del de 14

Arto. 62 CPCN. Arto. 97CPCN. 16 Arto. 108CPCN 17 Arto. 379 CPCN 18 Arto. 401 CPCN. 19 Arto. 410 CPCN 20 Arto. 419 CPCN 15

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la impugnación de la declaración de caducidad de la instancia por ejemplo, el cual menciona que contra ese auto que se dicte cabra recurso de apelación XII. DIFEREENCIAS Y SEMENJANZAS DEL PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN. 12.1.-COMPETENCIA: Con respecto a quien será competente para conocer del recurso de apelación, el principio de Competencia Objetiva o básica, podemos decir que se encuentra de igual manera regulado en ambos códigos que serán competentes por territorio, el superior jerárquico inmediato del juzgado de primera instancia que haya dictado la resolución recurrible de apelación y en cuanto a competencia objetiva, serán tribunales de apelaciones los jueces de distrito de lo civil en el caso de las resoluciones apelables dictadas por un juez local y la sala Civil del Tribunal de Apelaciones en el caso de las resoluciones apelables dictadas por los jueces de distrito de lo civil (art. 256Pr. Y sigtes) y por su parte en el artículo 547CPCN regula que de los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones de los juzgados locales, conocerá el juzgado de distrito de su circunscripción y en aquellos casos que expresamente se indiquen en la ley, conocerá el Tribunal de Apelaciones respectivo, así mismo de los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones de los juzgados de distrito, conocerá el Tribunal de Apelaciones de su circunscripción. Podemos decir que será competente para conocer del recurso de apelación el tribunal de la circunscripción a la que pertenezca el juzgado cuya resolución se recurra, debemos entender que independientemente quien emita la resolución en primera instancia quien será competente siempre para conocer el superior de su misma materia, pero sin perder de vista que se refiere a las resoluciones emitidas por los juzgados de primera instancia.El recurso de apelación tendrá como finalidad revisar las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, los hechos probados fijados en la resolución y la valorización de la prueba, consecuentemente se revisara el derecho aplicado para

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resolver las cuestiones objeto de debate y finalmente revisar la prueba que no hubiere sido admitida. 12.2.- PARTES LEGITIMADAS: El Jurista Giuseppe Chiovenda indica que: “El concepto de partes se deriva del concepto del proceso y de la relación procesal. Es parte aquel que pide en propio nombre (o en cuyo nombre se pide) la actuación de una voluntad de la ley, y aquel frente al cual es pedida. La idea de parte viene dada, por consiguiente, por la litis misma, por la relación procesal, por la demanda; no hay que buscarla fuera de la litis y, en particular, a la relación sustantiva que es objeto de la controversia, ya que, por un lado, puede haber sujetos de una relación jurídica litigiosa que no están en el proceso (copropietarios, codeudores, etc., que sean ajenos al pleito sobre la propiedad, sobre la deuda, etc.), y, por otro lado, se puede deducir en juicio una relación sustantiva por una persona o frente a una persona que no sea sujeto de ella (como cuando se pide la declaración de un derecho frente a un tercero, por ejemplo, Cód. Civ., art. 2126; como en las cuestiones entre acreedores concurrentes en la ejecución, en la quiebra, o entre acreedor ejecutante y tercero depositario; como en los casos de sustitución procesal. Se confirma también aquí la autonomía de la acción y la independencia de la relación procesal respecto de la sustantiva.”21 La parte agraviada puede apelar. Sin agravio que cause perjuicio, no existe interés para apelar. El victorioso, por ejemplo, carece de interés para apelar. También lo pueden hacer los terceros interesados, según el art. 492 Pr., que dice: “Pueden también apelar de las sentencias todas aquellas personas que tengan interés actual por el daño o provecho que les viniese del juicio. El interés se supone cuando la parte contraria no lo negare; pero si hubiere oposición, se resolverá el interés por medio de un incidente”. En los juicios ejecutivos los terceros no pueden apelar de las sentencias de pago o de remate, pues sus intervenciones solo las pueden hacer en esos juicios por medio de las tercerías de dominio, prelación y de pago.

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Curso de Derecho Procesal Civil. Editorial Pedagógica Iberoamericana. México. 1995, pág. 322.

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Con el Nuevo Código Procesal Civil indica que la parte apelante que se sienta agraviada por medio de un auto o sentencia puede solicitarla presentado el escrito que expresé los agravios que le cause, la petición de revocación total o parcial del auto o sentencia, la necesidad de nuevo examen de las actuaciones de primera instancia, y en su caso, la propuesta de nuevos medios de prueba22. En el Código de Procedimiento Civil se regula tal situación en el artículo 491 el cual dispone que las partes al apelar de una sentencia y el artículo 492 dispone que pueden también apelar de las sentencias todas aquellas personas que tengan interés actuar por el daño o provecho que les viniese del juicio. El interés se supone cuando la parte contraria no lo negare pero si hubiere oposición resolverá el interés por medio de un incidente; misma situación que se regula en el nuevo CPCN en su artículo 536 el cual dispone que tienen legitimación para impugnar las resoluciones judiciales, las partes, entre las cuales se entienden incluidos los terceros intervinientes en el proceso y demás sujetos alcanzados por la resolución, a quienes les cause un perjuicio aunque sea parcial; como vemos en el Código Procesal Civil se conserva la legitimación procesal para recurrir que existe en el Código de Procedimiento Civil. 12.3.- TRATAMIENTO PROCESAL: En el Código de Procedimiento Civil se definen dos trámites procesales de a la apelación uno para autos y otro para sentencias, en el nuevo CPCN se define a la primera apelación diferida y a la segunda como apelación.En primer lugar ante quien deberá presentarse el recurso de apelación es ante el juez que hubiera dictado la resolución impugnada, que a simple vista se pudiese decir que él tiene alguna facultad dentro de la tramitación del recurso, pero que a estas alturas debemos tener más que claro según la explicación previamente establecida que simplemente tendrá que recibir el escrito, realizar la notificación a la parte contraria y hacerlo llegar al tribunal de alzada o sea ante el juez superior.

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Arto. 549 CPCN “Ley No. 902. Código Procesal Civil”

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Estas disposiciones del código procesal civil contenidas en sus artículos conservan el trámite procesal, además de que conserva la disposición que regula que la interposición se hará por escrito. 12.4 PLAZO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN En este aspecto existe una diferencia marcada por la duración del plazo para interponer el recurso de Apelación; la regulación actual en el código de procedimiento civil contenida en su artículo 459 regula que toda apelación establecida deberá interponerse por la parte interesada el mismo día que le sea notificada la resolución correspondiente o dentro de los tres días posteriores, y nunca en forma condicional, sea esa apelación de auto o de sentencia. Sin embargo en el Código Procesal Civil en el artículo 549 referido a la Interposición y formalización del recurso de apelación, se establece que el recurso de apelación se interpondrá ante el juzgado que haya dictado la resolución que se impugne, dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente a su notificación. 12.5 ¿COMO DEBE INTERPONERSE EN EL ESCRITO? El inciso segundo del Art. 549 del .C.P.C.N, establece que en el escrito de interposición del recurso, la parte apelante expresará los agravios que la resolución le cause, la petición de revocación total o parcial del auto o sentencia, la necesidad de nuevo examen de las actuaciones de primera instancia, y en su caso, la propuesta de nuevos medios de prueba. Se expresaran ordenadamente y con suficiente claridad y precisión las razones en las que se funda el recurso, lo cual da la impresión que se sale de la doble interposición del escrito que se tenía anteriormente, ya que primero se interponía un escrito en el que simplemente la parte agraviada manifestaba que apelaba de la resolución y posteriormente tenía que presentar otro escrito fundamentando las razones por las cuales interponía el recurso de apelación (Agravios). Sin embargo con este nuevo código procesal civil se realiza un solo escrito en el cual se le pide al recurrente que haga reparo de lo referente a la revisión de la aplicación e interpretación del derecho aplicado, de las que afecten a la revisión de la fijación de 39

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los hechos y valorización de pruebas, es decir que exprese sus agravios en el escrito de interposición. En este apartado consideramos importante señalar que existe otra diferencia entre las regulaciones que ambos códigos en estudio hacen del recurso de Apelación, y es el referido a los efectos en los cuales puede admitirse el recurso. En efecto en el artículo 465, 466 y 467 del código de procedimiento civil se establece que el juez puede admitir la apelación en el efecto suspensivo y en el efecto devolutivo, y de manera particular dispone que en los asuntos de jurisdicción voluntaria siempre se admitirá en ambos efectos al igual que cuando el judicial no fijase en que efecto admite la apelación se entiende que es en ambos efectos; y en el caso que la resolución apelada haya sido en favor del demandado en los juicios ejecutivos y sumarios o cuando recaiga sobre resoluciones de incidentes y apelación de autos, será admitida en un solo efecto. Por el contrario el código procesal civil en su artículo 551 regula que una vez Interpuesto válidamente el recurso, la autoridad judicial que dictó la resolución, dentro de tercero día lo admitirá mediante auto. Y además tendrá la facultad de mandar a corregir en un plazo de cinco días los defectos o faltas subsanables de contenido o alcance meramente formales y transcurrido ese plazo, resolverá sobre la admisión del recurso. Y finalmente dispone que en ningún caso la Apelación tendrá efecto suspensivo, conservando la autoridad judicial su competencia para las actuaciones derivadas de la resolución, sin que proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiera resuelto. 12. 6.- COMPETENCIA DEL JUZGADO DURANTE LA APELACIÓN. Este Art. 552 del C.P.C.N, nos establece que una vez presentada la apelación, el juez inferior deberá notificar a la parte contraria, quien deberá contestar los agravios y luego se remitirá al superior, al contrario del código de procedimiento civil en la que la única diligencia que podrá realizar el juez de primera instancia con respecto al recurso era admitirlo, ya que posteriormente tendría que remitirlo inmediatamente al tribunal

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superior, sin ninguna valorización de su parte más que ver que fuese interpuesto en tiempo. Ahora en el código procesal civil, el juez de primera instancia tiene la facultad de examinar los presupuestos procesales del escrito de apelación y recibir la contestación de agravios 12.7.- AUDIENCIA DE APELACION. Es en este apartado donde radica la principal novedad del código procesal civil, ya que se regula a petición de parte y si es necesaria, la realización de una audiencia oral en donde se debatirán los agravios y la contestación de los mismos.A diferencia del actual código de procedimiento civil en donde todo el trámite es escrito, y los agravios así como la contestación de los mismos solamente constan por escrito, en el código procesal civil el artículo 557 dispone que el juzgado o tribunal que haya de resolver sobre la apelación, a solicitud de parte y si fuera necesario, convocará y celebrará una audiencia conforme el proceso sumario donde las partes alegarán lo que consideren oportuno en apoyo a su expresión y contestación de agravios, admitiéndose y practicándose la prueba cuando proceda, en la misma audiencia. 12.8.- ADHESIÓN A LA APELACIÓN Es posible que a una de las partes la sentencia la favorezca en la mayor parte de sus pretensiones, no así en otras, en las cuales resulta agraviada, pero para no seguir en incertidumbre y evitar gastos, es posible que decida no apelar. Sin embargo, la otra parte apela, por lo cual se podría ver compelida a apelar si está en tiempo o a adherirse a la apelación de su contraparte en los puntos que la agravian para que el tribunal pueda reformarlos, pues no podría hacerlo de oficio. Si el apelado no apela o se adhiere a los puntos que le son gravosos, los consiente y ya no pueden ser reformados por el tribunal. Si no hay adhesión, el apelado solo podrá pedir la confirmación de la sentencia. Se ha dicho que la adhesión es la apelación del apelado.

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En el derecho romano existieron dos sistemas: el de la personalidad del recurso y el de la comunidad del recurso. En el derecho anterior a la Constitución Ampliorem de Justiniano, el juez que conocía de la apelación no podía reformar o modificar la sentencia a favor de quien no había apelado (el apelado), pues para mejorar su suerte debía también interponer apelación; en otras palabras, la sentencia sólo podía reformarse en favor del apelante y jamás en favor de apelado. Este era el sistema de la personalidad del recurso. En la citada Constitución fue sustituido el sistema de la personalidad de la apelación por el sistema de la comunidad de la apelación. Este sistema le permite al juez de la apelación reformar de oficio la sentencia en contra del apelante y en beneficio del apelado, aunque este haya dejado transcurrir el término sin apelar, a fin de ajustarla a las leyes y a la justicia. Si el apelado comparecía, asumía su defensa y el juez sentenciaba sobre el material alegado por el apelante y por el apelado. Si no comparecía, el juez defendía oficiosamente sus intereses. La adhesión a la apelación puede considerarse como un sistema intermedio entre los dos mencionados, que le permite al apelado pedir la reforma de la sentencia, a pesar de no haber apelado oportunamente; pero siempre responde al principio dispositivo del proceso. El sistema de la personalidad de la apelación se deriva del principio dispositivo; por el contrario, el de la comunidad de la apelación responde al inquisitivo, que parte de la idea de que se administra justicia para satisfacer el interés público y no el particular de las partes. Para que exista la adhesión son necesarios dos requisitos, según el doctor Iván Escobar Fornos: a) La admisión de una apelación principal contra la sentencia que ataca en parte la adhesión. b) la existencia de agravios.

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12.9.- LA SENTENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN Finalmente en lo referido a la Sentencia que debe recaer sobre la apelación planteada el artículo 558 del código procesal civil dispone que concluidas las actuaciones, el juzgado o tribunal que haya de resolver sobre la apelación, dictará su sentencia dentro del plazo de veinte días; no obstante podrá emitir oralmente su fallo una vez concluida la audiencia, para dictar posteriormente la sentencia; la sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y en su caso en los escritos de adhesión, aquí radica otra diferencia a la apelación regulada en el código de procedimiento civil donde se establece que la sentencia se tomara mediante votos de los magistrados anotados en el libro de votos y posterior se dictara la sentencia y se notificara a las partes, sin establecer un plazo.XIII. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LO NOVEDOSO DEL RECURSO POR DENEGATORIA DE ADMISIÓN Y EL RECURSO DE HECHO.13.1.- Concepto: CPCN: El recurso por denegatoria de tiene por objeto el examen del auto que deniegue la interposición del recurso de Apelación. Pr: En la doctrina actual relacionada con el procedimiento vigente el concepto que hasta el momento prevalece es el siguiente: “El Recurso de Hecho, es un recurso extraordinario que se da cuando se niega a admitir un recurso de Apelación.Básicamente se puede observar que ambos conceptos son similares en cuanto al hecho mismo que este tipo de recurso va dirigido a la negativa de admisibilidad del Recurso de Apelación, en este sentido podemos afirmar que no existen variación sustanciales en dicho concepto tanto en la aplicación vigente como en lo contemplado en el nuevo proceso, en otras palabras la finalidad del recurso en estudio es la misma, como es la de analizar si la inadmisión del recurso de Apelación es o no correcta.Nuestro Código de Procedimiento Civil de Nicaragua contempla en su Arto. 579 la Solicitud de la Copia Certificada, en la que el recurrente una vez denegado el Recurso de Apelación podrá pedir las fotocopias a sus costas, todo esto lo hará dentro del 43

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término de tres días después de haber sido notificado, posteriormente el judicial deberá de expedir y entregar dentro de tercero día las fotocopias certificadas y en el caso de que el recurrente no las retire dentro del término de diez días una vez notificado mediante auto se tendrá por desistido el recurso, para esto el judicial ordenará el cierre y archivo de las diligencias del recurso por denegatoria de admisión. En nuestro sistema vigente del Pr la solicitud dirigida al judicial para solicitar el testimonio o lo que se mencionó como Fotocopia Certificada en el CPCN también deberá de ser pedida dentro del término de tercero día una vez notificada la denegatoria del Recurso de Apelación todo de conformidad a los Artos. 477 y 481Pr, una vez que el apelante recibe el testimonio se debe de tener cuidado que se consigne la fecha correcta del recibido, porque a partir de ese momento inicia a correr el término que tiene para interponer el recurso de hecho, dicho término es de tres días más el término de la distancia. En este caso de la solicitud de la copia existen semejanzas y diferencias sustanciales al momento de esta etapa, debido a que al respecto de la interposición del Recurso se tendrá los mismos tres días que hasta el momento se daban para solicitar las copias una vez notificada la inadmisibilidad del recurso, así mismo, se puede observar que una vez entregada las diligencias o copias en el proceso vigente del Pr se tiene el término de tres días para interponer el recurso de hecho y el nuevo Código CPCN el término que se le concede al recurrente una vez entregada las fotocopias será de diez días, en el caso que no hicieran uso de su derecho los recurrentes el judicial procederá a declarar por desistido el recurso ordenando el archivo de la causa.13.2 COMPETENCIA En ambos casos, tanto para el Nuevo Código de Procedimiento Civil como para el Pr Vigente se contemplan la misma jerarquía en cuanto a la interposición o ante quien se debe de interponer el recurso de Apelación. Para este tipo de Recurso se interpondrá ante el Juzgado o Tribunal en que se interpuso el recurso de Apelación, es decir, ante el Juzgado o Tribunal que denegó el recurso; así mismo, se interpondrá el recurso de Denegatoria de Admisión ante la Sala 44

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Civil de la Corte Suprema de Justicia en caso de denegatoria del recurso de Casación. En ambos sistemas se conservan las jerarquías y las reglas de competencia para este tipo de recursos, así se encuentra establecido de manera común en el Pr y el CPCN. En caso de Inadmisibilidad que debe el escrito del Recurso por Denegatoria de Admisión y el de Hecho.13.3 CODIGO PROCESAL CIVL: Según lo establecido al Arto. 582 al momento de interponerse el Recurso por Denegatoria de Admisión se debe de presentar lo siguiente: 1.- Relación Sucinta de los hechos. 2.- Identificación de la resolución recurrida y fecha de su notificación. 3.- fecha de la interposición del recurso de Derecho.4.- Identificación del auto denegatorio y fecha de su notificación. 5.- Los fundamentos por los cuales la parte recurrente estima que el recurso debió ser admitido. 6.- Solicitud de admisión a trámite del recurso interpuesto, y 7.- Relación de los documentos anexos que acompaña, inclusive el poder con el que se acredita la calidad de la comparecencia.13.4 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL: 1.- Interponer el recurso dentro del término de tres días a partir de la entrega del testimonio.2.- Acompañar al escrito de interposición el testimonio indicado. 3.- Adjuntar Poder que legitime la personería del recurrente cuando uno procede en nombre de otra persona.4.- Expresar la clase de juicio que se ventila.-

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5.- Identificar la Sentencia recurrida y de manera especial identificar la resolución denegatoria.6.- Señalar las razones legales por las que se considera que fue mal denegado el recurso de apelación; y además 7.- Se debe de especificar que recurre de hecho, caso contrario se declara sin lugar.13.5 PIEZAS QUE DEBEN DE TESTIMONIARSE O FOTOCOPIAS CERTIFICADAS.Piezas que deberán de presentarse en Fotocopias Certificadas según CPCN: 1.- Auto o Sentencia impugnada y su debida notificación.2.- Escrito de Interposición del Recurso de Apelación.3.- Negativa del Recurso con su notificación, todo debidamente razonado por secretaría.Piezas que deberán de presentarse en fotocopias testimoniadas según el Pr vigente: 1.- Escrito de demanda y Contestación.2.- Sentencia.3.- Escrito de Apelación y Auto de Negativa del Recurso.4.- Escrito en que pide el testimonio y su presentado correspondiente.5.- Notificaciones de las resoluciones recurridas.6.- Notificación de la Resolución denegatoria.13.6 TRAMITACIÓN Y DECISIÓN.Una vez que se presenta el recurso por denegatoria de admisión, el órgano competente examinará si cumple con los requisitos, una vez verificado los requisitos la autoridad judicial mediante auto en el término de cinco días ordena a la autoridad que dictó la resolución a que continúe con el trámite del recurso de apelación conforme lo que establece el Código CPCN.-

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La interposición y Tramitación de este recurso, en ningún caso suspenderá la eficacia de la resolución recurrida.Con respecto a lo establecido en el Procedimiento vigente (PR) en dicha etapa de este recurso se pueden dar algunas situaciones. El tribunal durante esta etapa debe de examinar si se han llenado las siguientes formalidades: 1.- Si el auto o resolución recurrida es apelable.2.- Si el recurso fue introducido en tiempo.3.- Si el recurso fue presentado ante el órgano correspondiente, es decir, ante el tribunal Ad-quem y no ante el Juzgado A-quo.4.- Si el testimonio posee todas las piezas indispensables que señala el Arto. 477Pr, que no sea diminuto.5.- Si en el caso que haya interpuesto el recurso en nombre de otro, se acompañó por el interesado el respectivo poder con que legítima su personería.6.- En el caso que el judicial A-quo haya negado el testimonio, el recurrente acompaño ante el tribunal uno de los escritos a que se refiere el Arto. 484Pr.Según lo que establece el CPCN al respecto del presente punto y de conformidad al Arto. 584 segundo párrafo establece que: Si el recurso fuere infundado, se declara firme la resolución recurrida, notificándolo a las partes y se comunica al órgano judicial inferior. Pero en el caso que se cumplan todos y cada uno de los requisitos se dicta auto dentro del término de cinco días ordenando que se continúe con el trámite de apelación.En el trámite que se establece en el PR vigente explica que de no concurrir algunos de los requisitos indicados para que se proceda con el recurso de hecho, la Sala de lo Civil del Tribunal declara la Improcedencia del Recurso todo de conformidad a las voces del Arto. 478Pr que dice: “Si el Tribunal Juzgare que con los datos del testimonio presentado basta para resolver la improcedencia del recurso denegado, podrá dictar su resolución sin necesidad de pedir los autos”.-

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De lo antes expresado se puede decir que: Que este recurso tiene la especialidad de ser interpuesto ante el Superior, y su finalidad exclusiva es demostrar la procedencia del recurso de derecho, que fue denegada infundadamente por el Judicial. La Corte Suprema de Justicia señala en el B.J. 12.330 y 19,649 que lo fundamental de parte del apelante de hecho es atacar la negativa del juez inferior y no limitarse a reproducir el recurso de derecho.- Se ataca la providencia denegatoria y sólo tiene por objeto probar la procedencia del recurso.13.7 JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEL RECURSO DE HECHO.1.- Testimonio Defectuoso: Si en el testimonio presentado no corren las contestaciones dadas por los demandados, tal testimonio es defectuoso por diminuto. Por lo tanto debe declararse la improcedencia del recurso de hecho interpuesto sin que valga la alegación de que el recurrente solicitó oportunamente al Tribunal A-quo que el testimonio comprendiera las contestaciones de la Demanda, porque los litigantes deben vigilar diligentemente las actuaciones judiciales y pedir oportunamente la subsanación cuando sean defectuosas o ilegibles.- Sentencia de las 10:30 a.m del 21 de mayo de 1970, página 90.2.- Improcedencia del Recurso de Hecho: No se admite recurso porque el apoderado de la recurrente no concretó su petición en el sentido de que sea admitido un recurso denegado por un tribunal inferior, sino que usa del medio del recurso de hecho para interponer el de casación, formulándolo nuevamente. Sentencia de las 10:00 a.m del 19 de Septiembre de 1972, página 223.3.- Recurso de Hecho solicitud de Testimonio Extemporánea: Está bien denegado el Testimonio para recurrir de Hecho ya que el interesado no cumplió con el Arto. 481Pr, reformado por el Arto. 5 de la ley del 2 de Julio de 1972, aplicable a la Apelación, pidiendo el testimonio respectivo dentro de Tercero día de denegado el recurso. Sentencia de las 11:00 a.m del 28 de octubre de 1974, página 239.4.- Recurso de Hecho está bien denegado: Los recursos interpuestos el primero contra una sentencia que declaró improcedente la apelación de un auto que suspende la 48

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inmisión y remite a las partes al juicio ordinario, porque el recurso pierde toda finalidad cuando luego de la apelación respectiva se declara nulo todo lo actuado desde tal providencia en adelante. No procede el recurso contra una sentencia que favorece, y tampoco la que deniega las costas por no admitir recurso en forma autónoma. Sentencia de las 10:00 a.m del 24 de Abril de 1972, página 64.-

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BREVE RESUMEN DEL RECURSO DE APELACIÓN SEGÚN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE NICARAGUA.

SON RECURIBLES: Las Sentencias Definitivas dictadas en toda clase de proceso Los autos definitivos que pongan fin al proceso. Todos los que señale la ley conforme a los protestos indicados (apelación diferida)

COMPETENCIA (ARTO.547 CPCN) De las resoluciones que vengan del Juzgado Locales tiene competencia los Juzgados de Distrito. De los Juzgados de Distrito el competente es el TAP

Se presenta ante el tribunal 10 días después de haber sido notificado de la resolución que se va impugnar, una vez presentado la autoridad judicial que dicto resolución 3 días lo admite mediante auto.

Si encontrase errores u omisiones lo mandarán a subsanar en el término de 5 días, subsanada o no debe emitir auto mandando a emplazar a la parte apelada para que en el plazo de 10 días conteste agravios. En el caso de existir una adhesión al recurso, se correrá traslado de diez días a la parte apelante para que se manifiesta sobre la adhesión.

Una vez contestado todo se enviará expediente al TAP o el Juzgado de Jurisdicción competente quien realizar audiencia única para evacuar medios de pruebas nuevo o hechos nuevos interpuesto en el escrito de agravios o contestación. 50

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