Accidentes Del Tránsito Tomo I Ok

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO

Tomo I MUERTE

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO ACCIDENTES DEL TRÁNSITO - TOMO I

© LEGAL PUBLISHING CHILE 2012 Legal Publishing Chile • Miraflores 383, piso 10, Santiago, Chile • Teléfono: 510 5000 • www.legalpublishing.cl ISBN Obra Completa 978 - 956 - 346 - 213 - 5 Registro de Propiedad Intelectual Nº 217.221 • I.S.B.N. 978 - 956 - 346 - 214 - 2 1ª edición junio 2012 Legal Publishing Chile Tiraje: 500 ejemplares Impresores: CyC Impresores - San Francisco 1434, Santiago IMPRESO EN CHILE / PRINTED IN CHILE ADVERTENCIA La Ley Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual prohíbe el uso no exceptuado de obras protegidas sin la autorización expresa de los titulares de los derechos de autor. El fotocopiado o reproducción por cualquier otro medio o procedimiento, de la presente publicación, queda expresamente prohibido. Usos infractores pueden constituir delito.

ÍNDICE

I

ÍNDICE

Página

Página PRÓLOGO..........................................................................................................................

XIII

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE FICHA Nº 1 I.

CONTRAVENCIÓN A LAS REGLAS DEL TRÁNSITO ................................................................... a. El accidente se debió a las claras infracciones reglamentarias y al manejo culpable del vehículo al mando del acusado, conducta que reúne las exigencias de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad necesarias para culparlo. b. No fue determinante para la ocurrencia del accidente el proceder del conductor del otro vehículo que participó en la colisión y que resultó fallecido.

3

FICHA Nº 2 I.

RESPONSABILIDAD OBJETIVA .......................................................................................... a. En nuestro derecho de daños es de carácter excepcional, esto es, sólo opera cuando el legislador interviene expresamente, y ello es así por cuanto su aplicación implica otorgar un tratamiento particular por sobre el régimen común y general. II. RESPONSABILIDAD DE LAS CONCESIONARIAS a. El resarcimiento de los daños derivados de accidentes ocurridos en carreteras o concesionadas no está sujeto a un régimen de responsabilidad objetiva o sin culpa, sino a una responsabilidad de índole subjetiva. b. De acuerdo a la Ley de Concesiones de Obras Públicas y a las pautas normativas y técnicas entregadas en el Manual de Carreteras, pesa sobre el concesionario para con el usuario de una ruta concesionada la obligación de adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes en aquélla.

5

FICHA Nº 3 I.

RELACIÓN DE CAUSALIDAD ............................................................................................ a. La obligación resarcitoria se configura cuando entre el hecho culpable y el daño existe una relación de causalidad de manera que el daño es resultado del primero. b. El artículo 2330 del Código Civil plantea una hipótesis de nexo causal inherente a la obligación de indemnizar perjuicios, la cual se refiere a que el daño se

7

ÍNDICE

II

Página genere por la conducta culpable del autor, a la que se suma como causa, la culpa de la víctima, lo que repercute en una atenuación de la responsabilidad indemnizatoria que empece al primero. II. EXPOSICIÓN IMPRUDENTE AL DAÑO a. Se expone imprudentemente al daño la persona que no lleva casco protector cuando viaja como pasajero en una motocicleta, más aun, si la ley ha dispuesto su carácter obligatorio. FICHA Nº 4 I.

INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL ................................................................................... a. La sola circunstancia de probarse que la muerte sufrida por la víctima se produjo a consecuencia de un agravio o de una transgresión legal, por ese hecho queda demostrada la existencia de tal daño, sin que sea necesario rendir prueba alguna sobre su monto. II. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA a. El artículo 174 de la ley 18.290, estableció una responsabilidad legal y objetiva que se aparta de los fundamentos de la teoría de la responsabilidad civil contenida en los artículos 2314 y siguiente del Código Civil, que exigen concurrencia de dolo o culpa. b. El fundamento de esta responsabilidad es el mero hecho de ser propietario del vehículo y de existir responsabilidad contravencional de parte del conductor, cualquiera sea la relación en que se encuentre con el propietario.

9

FICHA Nº 5 I.

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ......................................................................................... a. El artículo 174 de la ley Nº 18.290 permite accionar en contra del conductor, el propietario o el tenedor vehículo motorizado al arbitrio del afectado, no exigiéndose en caso alguno la simultaneidad de acciones en contra de los obligados a dicha indemnización.

11

FICHA Nº 6 I.

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ......................................................................................... a. El conductor y el dueño del camión tienen que responder solidariamente frente a los daños causados II. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Su regulación se verifica privativa y prudencialmente por el Tribunal, teniendo especialmente en consideración la calidad de las personas, la extensión del mal causado y las circunstancias en que se verificó el hecho. b. El daño moral tiene su fundamento en el padecimiento que el ilícito provoca en la sensibilidad física o psíquica de quienes lo sufren, en sus sentimientos o afectos.

13

ÍNDICE

III

Página III. EXPOSICIÓN IMPRUDENTE AL DAÑO a. La víctima se expuso imprudentemente al daño si conducía sin licencia y a exceso de velocidad, por lo tanto, se puede reducir la apreciación del daño. FICHA Nº 7 I.

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ......................................................................................... a. El artículo 174 de la ley Nº 18.290 previene que tanto el conductor como el propietario del vehículo con cuyo manejo se infringen los preceptos del tránsito público, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se ocasionan con motivo del uso del mismo. b. Excepcionalmente no existirá responsabilidad solidaria cuando el dueño del vehículo ha cedido la tenencia o posesión del automóvil en virtud de un contrato de arrendamiento o a cualquier otro título.

15

FICHA Nº 8 I.

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL............................................................................ a. Encontrándose acreditada la comisión del cuasidelito de homicidio y la participación culpable y penada por la ley nace la obligación de pagar los perjuicios derivadas de ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2314, 2322 y 2329 del Código Civil. II. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. El daño moral está constituido por el quiebre emocional y el daño psicológico que produce un hecho anormal en la vida de una persona y que debe tener tal magnitud para producir dichas consecuencias, lo que sin dudas ocurre en autos atendida la naturaleza del hecho y sus circunstancias.

17

FICHA Nº 9 I.

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL ................................................... a. Para que emane responsabilidad civil de un cuasidelito se requiere la concurrencia de elementos copulativos, consistentes estos en: una acción u omisión culposa, un resultado dañoso para la integridad física o la vida de una persona y una relación de causalidad entre la acción u omisión y el resultado dañoso.

19

FICHA Nº 10 I.

INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL ................................................................................. a. Se produce siempre que un hecho externo afecte la integridad física o moral de un individuo y como dada su naturaleza hay dificultades para su apreciación pecuniaria, los jueces están facultados para regularlo prudencialmente, tomando en cuenta como se produjo el cuasidelito y todas aquellas circuns-

21

ÍNDICE

IV

Página tancias que influyeron en la intensidad del dolor y sufrimiento de la víctima, así como las facultades económicas del responsable. FICHA Nº 11 I.

CASO FORTUITO COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD ...................................................... a. Es indispensable que sea la causa única del daño y que no contribuya a él la culpa del agente, vale decir, que no lo haya provocado y que en la producción del daño no haya cooperado el agente con su negligencia. b. La imprevisibilidad de un hecho se encuentra en estrecha relación con la diligencia que ha debido emplear una persona frente a un hecho determinado, de modo que si las medidas de prudencia aconsejadas por la circunstancias fueron tomadas y, a pesar de ello, el daño se produjo, existe un indicio de carácter imprevisible capaz de ser invocado como exculpatorio. II. NEGLIGENCIA E IMPRUDENCIA DEL EMPLEADOR a. Tiene culpa en cuanto permite que un solo chofer conduzca un camión con acoplado por sobre el máximo legal de horas aumentando el riesgo que por sí solo representa ese tipo de vehículos en la ruta. b. Existe relación de causalidad, mediata, pero de una entidad suficiente de probabilidad que ocurriera el hecho.

22

FICHA Nº 12 I.

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL ........................................................................... a. Para la procedencia de esta clase de responsabilidad deben reunirse, además del hecho ilícito, cuatro condiciones: a) el daño; b) culpa o dolo; c) una relación de causalidad entre dolo o culpa y el daño, y d) capacidad delictual. II. CULPA POR EL HECHO PROPIO a. Este tipo de culpa se expresa por la producción de situaciones de riesgo creadas por una persona y por la falta de cuidado en relación a las cosas de las cuales se responde. b. La culpa del demandado se encuentra debidamente acreditada por no haber probado que la soltura del animal o el extravío no era imputable a él o a sus dependientes, por lo que resulta responsable en grado de culpa de los daños causados por encontrarse el caballar en la vía pública. III. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Está constituido por el dolor, aflicción, pesar, molestias psíquicas que experimenta una persona por la acción culpable de otra.

25

FICHA Nº 13 I.

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ......................................................................................... a. El artículo 174 de la Ley de Tránsito, hace responsable solidariamente de los perjuicios causados en los accidentes de tránsito tanto al conductor como al propietario del vehículo

27

ÍNDICE

V

Página b. No se aplica este tipo de responsabilidad en contra de las Municipalidades por no contemplarla las normas de tránsito, respecto de la situación del conductor culpable funcionario municipal. FICHA Nº 14 I.

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL............................................................................ a. Según nuestro ordenamiento jurídico, todo hecho que cause daño, esto es, una lesión, detrimento o menoscabo patrimonial, físico, afectivo o moral, debe ser reparado.

30

FICHA Nº 15 I.

OBLIGACIÓN DEL CONDUCTOR......................................................................................... a. Debe estar atento a las condiciones del tránsito del momento y a conducir el vehículo a una velocidad razonable y prudente, considerando los riesgos y peligros presentes y posibles, para controlar el vehículo y evitar accidentes.

33

II. EXPOSICIÓN IMPRUDENTE AL DAÑO a. Se expone imprudentemente al daño la víctima que camina por un lugar prohibido para el tránsito de peatones, más aun si se desplazaba por una carretera. FICHA Nº 16 I.

EXPOSICIÓN IMPRUDENTE AL DAÑO ................................................................................. a. No obstante la ausencia de señalización y personal destinado a evitar la ocurrencia de algún accidente, era evidente que la máquina motoniveladora conducida por el sentenciado, se encontraba efectuando trabajos en la vía, lo que obviamente implica un riesgo manifiesto ya que estos vehículos, por la naturaleza del trabajo que ejecutan, avanzan y retroceden alternadamente. b. Lo anterior, obliga forzosamente a los transeúntes a emplear un mayor cuidado; máxime en el caso de la víctima, que se movilizaba en un triciclo pequeño, que no emite ruido y, por lo mismo, difícil de detectar.

35

FICHA Nº 17 I.

EXPOSICIÓN IMPRUDENTE AL DAÑO ................................................................................. a. Es un hecho de la causa que la víctima del atropello se encontraba de noche durmiendo en un tramo no habilitado de la ruta 5 Sur, con 3.21 gramos por mil de alcohol en la sangre, de acuerdo con lo que señala el resultado de la alcoholemia. b. La víctima se impuso imprudentemente al riesgo, no siendo posible exigir a ningún conductor que prevea una situación como la descrita arriba, siendo

37

ÍNDICE

VI

Página ajeno al resultado el hecho de que el conductor posea o no licencia de conducir. FICHA Nº 18 I.

CAUSA BASAL DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO ................................................................... a. Se entiende por esta cualquier circunstancia, comportamiento, acción o condición riesgosa, sin la cual el hecho no se habría producido. b. De un hecho culposo en la circulación vehicular, la ha de constituir el proceder descuidado, imprudente o negligente que “necesariamente” ha determinado la producción del resultado antijurídico ocurrido, la conducta infractora del deber general de atención y cuidado, por la cual ha devenido tal resultado. II. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL a. El comportamiento de la inculpada constituyó la infracción de cuidado que da origen al tipo de delito culposo, ejecutando un hecho que, de mediar malicia, configuraría un delito contra las personas, por lo que el producto dañoso fue jurídicamente obra suya, resultando manifiesto la existencia de una conducta negligente.

39

FICHA Nº 19 I.

CAUSA BASAL DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO ................................................................... a. La conducta del encausado ha constituido la causa basal de los hechos investigados en autos, al conducir no atento a las condiciones del tránsito del momento, sin ceder el derecho preferente de paso y al cambiar de pista sin tener el tiempo ni el espacio suficiente. II. LUCRO CESANTE a. Consiste en la pérdida de la utilidad o ganancia que legítimamente habría podido percibir el ofendido, de no mediar el hecho dañoso. III. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Se refiere a la lesión o menoscabo que el hecho dañoso puede ocasionar en un derecho o interés del que es titular la persona afectada y que dice relación con la esfera extrapatrimonial del individuo.

41

FICHA Nº 20 I.

Responsabilidad de las Municipalidades .............................................................. a. Si el accidente de tránsito no fue causado por el estado del puente en el cual se produjo, sino por la conducta del chofer del camión causante del mismo, no hay responsabilidad de la municipalidad en la muerte del causante de la parte demandante. b. No hay antecedentes que la Municipalidad tuviera responsabilidad en la mantención del puente en donde se produjo el accidente y que además, éste

43

ÍNDICE

VII

Página se ocasionó por la falta de mantención de dicho puente, ya que el suceso, según un fallo criminal, fue la consecuencia de la conducción descuidada de un conductor de un camión que chocó al vehículo de la víctima. II. FALTA DE SERVICIO a. Las municipalidades deberán responder de cualquier detrimento que se provoque a otro por no cumplir con las funciones que esta ley le encomienda para satisfacer las necesidades de la comunidad local. b. Para hacerlas responsables es necesario demostrar esa falta de servicio como causante del hecho que provocó el daño demandado, lo que en el presente caso no se ha producido. FICHA Nº 21 I.

CAUSA BASAL DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO ................................................................... a. La noción de causa basal envuelve la idea de que, en casos como los de estos autos, en los que concurren a la producción del resultado dos conductas equivalentemente causales y ambas creadoras de un riesgo que supera al permitido. b. Hay, sin embargo, a veces, sólo una de ellas que se realiza en tal desenlace y determina, por ende, que éste sea objetivamente imputable a su autor, al paso que la otra adquiere un carácter secundario.

45

FICHA Nº 22 I.

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ........................................................................................ a. La demandada civil, debe responder solidariamente por imponerle esta obligación el art. 174 de la Ley del Tránsito, precisamente por ser dueña del móvil participante, y no haber acreditado que el vehículo le hubiere sido tomado sin su consentimiento o autorización expresa o tácita. II. EXPOSICIÓN IMPRUDENTE AL DAÑO a. El vehículo conducido por la víctima tenía dos neumáticos en regular estado, y no llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que importa una exposición imprudente a los daños sufridos.

47

FICHA Nº 23 I.

OBLIGACIÓN DEL CONDUCTOR......................................................................................... a. Debe estar atento a las condiciones del momento, tal como lo ordena el artículo 114, inciso 2º, de la Ley de Tránsito. b. No parece verosímil que el imputado haya mirado hacia atrás por el espejo retrovisor izquierdo antes de abrir la puerta y descender del carro, por lo que puede presumirse, que no se encontraba atento a las condiciones del tránsito del momento.

49

ÍNDICE

VIII

Página FICHA Nº 24 I.

OBLIGACIÓN DEL CONDUCTOR......................................................................................... a. El conductor del camión no estaba atento a las condiciones del tránsito del momento, adelantó en un cruce, no mantuvo una distancia adecuada con el vehículo que lo antecedía y llevaba una velocidad mayor a la razonable y prudente bajo las condiciones existentes b. El quebrantamiento de las disposiciones legales que reglamentan la conducción de un vehículo motorizado, que fue la causa inmediata y directa en la producción del hecho dañoso.

51

II. RESPONSABILIDAD POR EL HECHO AJENO a. Si bien conforme a lo prevenido en el artículo 2320 del Código Civil, los empresarios son responsables de los delitos de acción u omisión cometidos por sus dependientes mientras estén bajo su cuidado, durante el tiempo que presten sus servicios o desempeñen las funciones que les estén encomendadas, en el caso de autos no se logró establecer relación de dependencia alguna entre el procesado y el dueño de la carga. III. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Es de índole netamente subjetiva y su fundamento se encuentra en la propia naturaleza de la psicología afectiva del ser humano. b. Tal daño se produce siempre que un hecho externo afecta a la integridad física o moral de un individuo. c. La apreciación pecuniaria de éste debe considerarse por entero entregada a la apreciación discrecional del Juez, pues dada su naturaleza es inconcuso que no puede ni requiere ser acreditada. FICHA Nº 25 I.

INFRACCIÓN A LAS LEYES DEL TRÁNSITO ............................................................................ a. No estar atento a las condiciones del tránsito del momento y no llevar una velocidad razonable y prudente. b. Si el sentenciado hubiera estado atento a las condiciones del tránsito del momento, podría haberse percatado de la existencia de una curva, reduciendo la velocidad en forma razonable y prudente, evitando el hecho típico.

II. OBLIGACIÓN DEL CONDUCTOR a. Todo conductor deberá mantener el control de su vehículo durante la circulación y conducirlo conforme a las normas de seguridad determinadas en esta ley. b. Asimismo, los conductores estarán obligados a mantenerse atento a las condiciones del tránsito del momento. c. Ninguna persona podrá conducir un vehículo a una velocidad mayor de la que sea razonable y prudente, bajo las condiciones existentes, debiendo considerar los riesgos y peligros presentes y los posibles.

53

ÍNDICE

IX

Página FICHA Nº 26 I.

OBLIGACIÓN DEL CONDUCTOR......................................................................................... a. El encausado no podía menos que representarse que al conducir un vehículo de locomoción colectiva debía permanecer en todo momento atento a las condiciones del tránsito, omisión en la que incurrió, al percatarse tardíamente de la presencia del vehículo que se encontraba estacionado en una recta con señales de advertencia reglamentarias.

55

II. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Tanto nuestra legislación como nuestros tribunales han seguido una de las tesis más clásicas como el pretium dolores, que afecta a la integridad espiritual de una persona, y este dolor no necesita de prueba específica, ya que es apreciado por el juez de acuerdo a los antecedentes del proceso y la equidad. III. ACCIONES CIVILES EN PROCESO PENAL a. En el proceso penal se pueden deducir las acciones civiles que tengan por objeto reparar los efectos civiles del hecho punible. FICHA Nº 27 I.

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. ..................................................................................... a. Velar por la salud y seguridad de sus trabajadores, lo que incluye otorgar descansos a los conductores. b. Actuó de manera culposa puesto que no envió un chofer que conduciera el vehículo hacia el lugar donde debían realizarse los trabajos.

59

FICHA Nº 28 I.

OBLIGACIÓN DEL CONDUCTOR. ........................................................................................ a. Estar atento a las condiciones del tránsito del momento. b. Respetar el derecho del peatón.

II. CUASIDELITO DE HOMICIDIO a. Establecida la existencia del hecho delictuoso y la calidad de autor que en él corresponde al procesado, queda legalmente en evidencia su obligación de indemnizar los perjuicios causados por su delito. III. EXPOSICIÓN IMPRUDENTE AL DAÑO a. Resulta irrelevante que la víctima se encontrará en estado de ebriedad al no ejecutar alguna acción constitutiva de infracción, no siendo capaz de eximir o atenuar la responsabilidad penal del conductor. IV. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA a. A la fecha del accidente, el camión figuraba inscrito a nombre del co-demandado civil.

61

ÍNDICE

X

Página FICHA Nº 29 I.

OBLIGACIÓN DEL CONDUCTOR......................................................................................... a. Considerar los riesgos y peligros del momento y las posibles consecuencias. b. Controlar el vehículo para evitar el accidente, aun cuando los peatones se hayan expuesto al riesgo. c. No manejar bajo la influencia del alcohol.

63

II. CAUSA BASAL DEL ACCIDENTE DE TRABAJO a. Se define como la causa necesaria y suficiente para que el accidente se produzca. III. TEORÍA DE LA EQUIVALENCIA DE LAS CONDICIONES. a. Todos los factores que intervinieron en el accidente que se produjo deben considerarse en igual mérito, siendo causa del resultado acontecido aquélla que eliminada intelectualmente tiene la virtud de suprimir la consecuencia o infracción. FICHA Nº 30 I.

OBLIGACIÓN DEL CONDUCTOR......................................................................................... a. Conducir el vehículo motorizado atento a las condiciones del tránsito del momento.

66

II. RESPONSABILIDAD CIVIL. a. El artículo 2314 del Código Civil obliga al que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro a indemnizar los perjuicios. b. La reparación debe ser completa. III. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Debe entenderse comprendido dentro de la acción indemnizatoria que permite que todo daño debe ser reparado. b. El daño debe ser indemnizado, pero como tiene un carácter abstracto su regulación queda entregada a la prudencia y equidad del sentenciador. FICHA Nº 31 I.

OBLIGACIÓN DEL CONDUCTOR......................................................................................... a. Estar atento a las condiciones del momento. b. Mantener el control del vehículo durante la circulación y conducirlo conforme a las normas de seguridad determinadas por la ley. c. Mantener una velocidad razonable y prudente bajo las condiciones existentes debiendo considerar los riesgos y peligros presentes y los posibles.

II. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. No puede ser avaluado objetivamente, pero puede ser apreciado por Tribunal ante la declaración de testigos.

68

ÍNDICE

XI

Página ANEXO DE JURISPRUDENCIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

ROL Nº: 1750-2009, CITA ONLINE: CL/JUR/16945/2010 .......................................... ROL Nº: 6919-2008, CITA ONLINE: CL/JUR/986/2010.............................................. ROL Nº: 3345-2008, CITA ONLINE: CL/JUR/8080/2009.......................................... ROL Nº: 3280-2008, CITA ONLINE: CL/JUR/8448/2009.......................................... ROL Nº: 4313-2007, CITA ONLINE: CL/JUR/5260/2008 ........................................... ROL Nº: 2697-2008, CITA ONLINE: CL/JUR/7631/2008............................................ ROL Nº: 1393-2007, CITA ONLINE: CL/JUR/5158/2008 ............................................ ROL Nº: 4789-2007, CITA ONLINE: CL/JUR/6677/2008 ........................................... ROL Nº: 3614-2006, CITA ONLINE: CL/JUR/7122/2007 ............................................ ROL Nº: 4393-2005, CITA ONLINE: CL/JUR/4642/2007........................................... ROL Nº: 68-2005, CITA ONLINE: CL/JUR/3446/2007............................................... ROL Nº: 5868-2005, CITA ONLINE: CL/JUR/8972/2006 .......................................... ROL Nº: 3461-2004, CITA ONLINE: CL/JUR/836/2006 ............................................. ROL Nº: 6047-2005, CITA ONLINE: CL/JUR/6064/2006 .......................................... ROL Nº: 4256-2003, CITA ONLINE: CL/JUR/7752/2006........................................... ROL Nº: 1820-2005, CITA ONLINE: CL/JUR/300/2006 ............................................ ROL Nº: 3776-2003, CITA ONLINE: CL/JUR/6266/2006 ........................................... ROL Nº: 2748-2003, CITA ONLINE: CL/JUR/6237/2006 ........................................... ROL Nº: 6469-2005, CITA ONLINE: CL/JUR/8557/2006 .......................................... ROL Nº: 1952-2005, CITA ONLINE: CL/JUR/4308/2005 ........................................... ROL Nº: 1376-2003, CITA ONLINE: CL/JUR/714/2005 .............................................. ROL Nº: 4421-2002, CITA ONLINE: CL/JUR/4127/2005 ............................................ ROL Nº: 4526-2002, CITA ONLINE: CL/JUR/1870/2004 ........................................... ROL Nº: 2187-2002, CITA ONLINE: CL/JUR/4936/2004............................................ ROL Nº: 4544-2002, CITA ONLINE: CL/JUR/4913/2004 ........................................... ROL Nº: 4836-2001, CITA ONLINE: CL/JUR/4691/2004 ............................................ ROL Nº: 4033-2002, CITA ONLINE: CL/JUR/1411/2003............................................. ROL Nº: 2388-2000, CITA ONLINE: CL/JUR/4514/2000........................................... ROL Nº: 3284-2000, CITA ONLINE: CL/JUR/4140/2000 .......................................... ROL Nº: 3830-1999, CITA ONLINE: CL/JUR/3630/2000.......................................... ROL Nº: 30557-1994, CITA ONLINE CL/JUR/1342/1997 ...........................................

73 76 101 112 125 146 157 166 178 194 206 223 225 244 259 270 284 297 318 326 334 338 350 362 379 387 404 416 426 442 448

PRÓLOGO

XIII

PRÓLOGO

El presente tomo del Tratado de Cuantificación se encuentra destinado a analizar, con la metodología utilizada hasta ahora, la manera en que nuestros jueces determinan y valoran los daños en los casos de responsabilidad extracontractual en accidentes del tránsito. Las reglas de responsabilidad en materia de tránsito, revela de un modo diáfano la manera en que han evolucionado clásicamente las reglas de responsabilidad y cómo estas son útiles como medios indirectos de regulación. Es evidente que el uso de vehículos motorizados es habitualmente esgrimido como una de las hipótesis de explicación de la expansión de las reglas de responsabilidad hacia sistemas más estrictos, que por lo mismo ha implicado la adopción de ciertas reglas destinadas a distribuir y contener infortunios sociales mediante la exigencia de seguros obligatorios, como mecanismo de diversificación de riesgos. En efecto, en materia de tránsito se manifiesta claramente la función preventiva de los sistemas de responsabilidad. Habitualmente se considera que la responsabilidad debe servir para reducir los costos de los accidentes y analizarlos en comparación con los costos de evitarlos, para decidir una regla de racionalidad de imputación. Si el costo de ser precavido es muy alto, y alto es el beneficio que se obtiene de no serlo porque las indemnizaciones se van a mantener en unos márgenes aceptables, la idea de que quien no fue precavido y por ello fue condenado, decidirá serlo en el futuro. Esto implica utilizar la responsabilidad también como un mecanismo de control social de las actividades que realizan los sujetos y que pueden generar daños que normalmente sólo pueden ser contingentes, individuales y aislados, como sucede en materia de accidentes del tránsito. La práctica de daños en materia de tránsito en nuestra jurisprudencia muestra algunas características comunes. Ella es consistente con la indispensable necesidad de distinguir si el daño era previsible y evitable para efectos de decidir la imputabilidad; que la exposición imprudente al daño de la víctima genera rebajas en los montos demandados, pero no exime del régimen de responsabilidad; que en el caso de la “responsabilidad solidaria” del dueño es habitualmente tratada como un modelo de responsabilidad estricta, de manera que los jueces tienden a no aceptar causales de exención de responsabilidad del propietario; la imposibilidad de obtener indemnizaciones por daño emergente, como en todos los casos tratados con anterioridad en esta colección y, a diferencia de otras materias, los jueces son más proclives a otorgar indemnizaciones en materia de daño moral.

XIV

PRÓLOGO

En la preparación de este libro ha actuado como coordinadora Francesca De Ferrari Moncada y como analistas de jurisprudencia Pablo Valladares Ljubetic y Daniela Fuenzalida Fuenzalida. Al igual que en el caso de los tomos anteriores de esta colección, esperemos que su contenido sea de utilidad para los operadores legales. LUIS CORDERO VEGA Director de Contenidos Thomson Reuters

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

3

FICHA Nº 1 I. CONTRAVENCIÓN A LAS REGLAS DEL TRÁNSITO a. El accidente se debió a las claras infracciones reglamentarias y al manejo culpable del vehículo al mando del acusado, conducta que reúne las exigencias de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad necesarias para culparlo. b. No fue determinante para la ocurrencia del accidente el proceder del conductor del otro vehículo que participó en la colisión y que resultó fallecido.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Chofer EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte HECHOS: Chofer de bus que no se mantenía atento a las condiciones del tránsito, quien circulaba por Av. Manuel Rodríguez hacia el Norte por segunda pista de circulación, ingresó al cruce de calle Santo Domingo, sin ceder el derecho preferente de paso a que está obligado impactando a un vehículo (radiotaxi), que circulaba por calle Santo Domingo al poniente por primera pista de circulación impactándolo en la parte lateral izquierda del móvil y desplazándose en dirección al poniente, embistiendo la barrera de contención y el poste de alumbrado público existente en el lugar, resultando el conductor del automóvil con heridas de gravedad que posteriormente le causaron la muerte. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral No se consigna $10.000.000 Daño Emergente No se consigna $3.000.000 ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve HECHOS: Pasajera sufre lesión grave al encontrarse dentro del radiotaxi que fue impactado por el chofer de un bus, quien no se encontraba atento a atento a las condiciones del tránsito. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral No se consigna $5.000.000

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

4

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve HECHOS: Pasajera sufre lesión grave al encontrarse dentro del radiotaxi que fue impactado por el chofer de un bus quien no se encontraba atento a atento a las condiciones del tránsito. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS Daño Moral No se consigna

MONTOS OTORGADOS $3.000.000

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 1750-2009 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (rechazado) Partes: “Valeria Francis Sánchez Rivera y otros con Carlos Styl Vergara”. Partes: Sres. Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L. y los Abogados Integrantes Sres. Luis Bates H. y Nelson Pozo S. Cita Online: CL/JUR/16945/2010 DOCTRINA I. Claramente fluye de los hechos y del comportamiento descrito y atribuido al acusado, que éste cometió las contravenciones a las reglas del tránsito que el dictamen objetado refiere y que se reúnen en él las exigencias de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad necesarias para sancionarlo. En atención a ello, forzoso es concluir que el accidente en comento no se debió al proceder del conductor del otro vehículo que participó en la colisión y que resultó fallecido, como pretende el recurrente, sino que a claras infracciones reglamentarias, descritas en el fallo impugnado, y al manejo culpable del vehículo al mando del enjuiciado. Por eso puede resolverse, como correctamente lo ha hecho la sentencia, que la causa determinante del accidente fueron las transgresiones cometidas por el acusado. (Considerandos 5º y 6º sentencia Corte Suprema) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Código Civil art. 2330.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

5

FICHA Nº 2 I. RESPONSABILIDAD OBJETIVA a. En nuestro derecho de daños es de carácter excepcional, esto es, sólo opera cuando el legislador interviene expresamente, y ello es así por cuanto su aplicación implica otorgar un tratamiento particular por sobre el régimen común y general. II. RESPONSABILIDAD DE LAS CONCESIONARIAS a. El resarcimiento de los daños derivados de accidentes ocurridos en carreteras o concesionadas no está sujeto a un régimen de responsabilidad objetiva o sin culpa, sino a una responsabilidad de índole subjetiva. b. De acuerdo a la Ley de Concesiones de Obras Públicas y a las pautas normativas y técnicas entregadas en el Manual de Carreteras, pesa sobre el concesionario para con el usuario de una ruta concesionada la obligación de adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes en aquélla.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Chofer EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte HECHOS: La víctima ejerciendo sus labores conducía un camión por la ruta 5 Sur, mientras manejaba en la calzada poniente de dicha carretera se le cruzaron de improviso dos caballos sueltos por la ruta, sin montura, jinete ni conductor. Ante esto el señor Palma logró esquivar a uno de los caballos, pero el otro le fue imposible, embistiendo e impactando de frente al camión, produciéndose la pérdida de control en la conducción del citado vehículo, el que salió de la ruta al no haber barrera de protección, cayendo a una zanja de dos metros de profundidad aproximadamente, volcándose y arrastrándose por la misma zanja por cerca de 40 metros. Producto del choque de los caballares, de la caída y del volcamiento en una zanja de dos metros de profundidad, el chofer del camión, el señor Palma, quedó mortalmente herido a la orilla de la ruta y el camión volcado en una zanja de dos metros. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $846.964.500 $23.000.00 (cada hijo) $11.000.000 (cónyuge) Daño Emergente $2.237.554 Rechazado Lucro Cesante $19.428.864 168 ingresos mínimos

6

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 6919-2008 Tipo: Recurso de Casación en la Forma y en el Fondo (rechazado) Partes: “María Magali Canales Valenzuela y otros con Ruta 5 Sur Tramo Talca Chillán S.A.; Fisco de Chile” Partes: Sr. Adalis Oyarzún, Sr. Héctor Carreño, Sra. Sonia Araneda, Sr. Haroldo Brito y el Abogado Integrante Sr. Arnaldo Gorziglia. Cita Online: CL/JUR/986/2010 DOCTRINA I.- La responsabilidad objetiva, estricta o sin culpa, es aquella cuyo único antecedente es la causalidad, de modo que el demandado se halla en la obligación de indemnizar los perjuicios que se acrediten como atribuibles al hecho causal. Este régimen busca mejorar la situación de las víctimas, dispensándolas de probar la existencia de una culpa en el origen del daño. La responsabilidad objetiva en nuestro derecho de daños es de carácter excepcional, esto es, sólo opera cuando el legislador interviene expresamente, y ello es así, por cuanto su aplicación implica otorgar un tratamiento particular por sobre el régimen común y general. Y si bien se vincula tradicionalmente el sistema de responsabilidad objetiva con las actividades riesgosas, no necesariamente responden a este criterio, sin que pueda advertirse una actividad identificable en conjunto como ámbito de aplicación para este régimen de responsabilidad, de manera que su análisis es necesariamente casuístico, es decir, se aplica a las hipótesis restringidas que la ley ha previsto. (Considerandos 21º a 23º, sentencia Corte Suprema) El resarcimiento de los daños derivados de accidentes ocurridos en carreteras o rutas concesionadas no está sujeto a un régimen de responsabilidad objetiva o sin culpa, sino a una responsabilidad de índole subjetiva o por culpa, que no excluye de la obligación indemnizatoria la exigencia de un juicio de culpabilidad. Que el artículo 35 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establezca que el concesionario responderá de los daños, de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución o explotación de la obra se ocasionaren a terceros, a menos que sean imputables a medidas impuestas por el MOP después de haber sido adjudicado el contrato, no permite fundar una responsabilidad objetiva, sino tiene por finalidad identificar como sujeto pasivo de la obligación de indemnización de perjuicios a la empresa concesionaria en el caso que se ocasionen daños con motivo de la ejecución o explotación de la obra. (Considerando 24º, sentencia Corte Suprema) II. De acuerdo a la Ley de Concesiones de Obras Públicas y a las pautas normativas y técnicas entregadas en el Manual de Carreteras, pesa sobre el concesionario para con el usuario de una ruta concesionada la obligación de adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes en aquélla, es decir, para permitir que los usuarios circulen por tal vía con total seguridad. Este deber de seguridad en la explotación y conservación de la ruta concesionada se traduce en la implementación de barreras laterales, resguardo necesario considerando las especiales características del camino o autopista y su entorno. (Considerandos 31º, 33º, 34º y 36º, sentencia Corte Suprema) En la especie, existe un vínculo de causalidad entre el incumplimiento del deber de seguridad y el daño ocurrido –muerte del conductor–, de manera que aun cuando existan otros agentes causales del daño, como el propietario del animal embestido por el vehículo o el ciclista que tiraba de los caballos, ello no es óbice para determinar que la sociedad concesionaria también es obligada a la indemnización por existir una concurrencia de causas o pluralidad de responsables. (Considerando 35º, sentencia Corte Suprema) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Artículos 1698, 2314 y siguientes del Código Civil, artículos 23 y 35 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

7

FICHA Nº 3 I. RELACIÓN DE CAUSALIDAD a. La obligación resarcitoria se configura cuando entre el hecho culpable y el daño existe una relación de causalidad de manera que el daño es resultado del primero. b. El artículo 2330 del Código Civil plantea una hipótesis de nexo causal inherente a la obligación de indemnizar perjuicios, la cual se refiere a que el daño se genere por la conducta culpable del autor, a la que se suma como causa, la culpa de la víctima, lo que repercute en una atenuación de la responsabilidad indemnizatoria que empece al primero. II. EXPOSICIÓN IMPRUDENTE AL DAÑO a. Se expone imprudentemente al daño la persona que no lleva casco protector cuando viaja como pasajero en una motocicleta, más aun, si la ley ha dispuesto su carácter obligatorio.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Estudiante EDAD: 23 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte (Traumatismo encéfalo craneal gravísimo) HECHOS: Automóvil no respeta paso preferencial y colisiona con motocicleta, en la cual iban dos personas, falleciendo uno de ellas. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial. VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $100.000.000 $35.000.000

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 3345-2008 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (Acogido) Partes: “Juan José Varas Hernández y otro con Claudio Enrique Aguayo Herrera”. Partes: Sr. Adalis Oyarzún, Sr. Pedro Pierry, Sra. Sonia Araneda, Sr. Haroldo Brito y el Abogado Integrante Sr. Guillermo Ruiz. Cita Online: CL/JUR/8080/2009 DOCTRINA I.- La Responsabilidad Civil Extracontractual reconoce fundamentación en nuestra legislación común en los artículos 1437, 2284, 2314 y 2329 del Código Civil. Estos dos últimos preceptos establecen que toda conducta culpable en la cual exista dolo o simple culpa que cause daño a terceros impone a su autor la obligación de indemnizar perjuicios. De lo anterior, se colige que la obligación resarcitoria se configura cuando entre el hecho culpable y el daño existe una relación de causalidad de manera que el daño es resultado del primero. El artículo 2330 del Código Civil plantea una hipótesis de nexo causal inherente a la obligación

8

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

de indemnizar perjuicios, la cual se refiere a que el daño se genere por la conducta culpable del autor, a la que se suma como concausa, la culpa de la víctima, lo que repercute en una atenuación de la responsabilidad indemnizatoria que empece al primero, la cual deberá compensarse con aquella que corresponde a la víctima, reduciéndose el monto de la indemnización. En el caso sub judice, al hecho basal del accidente, atribuible al demandado, se sumó la culpa de la víctima como factor eficaz en la generación del resultado de muerte, debido a la desprotección por la falta del casco de seguridad. No siendo, entonces, imputable en su integridad a la conducta del demandado la generación del daño, por haber interferido en la cadena causal que condujo a ese resultado un comportamiento falto de prudencia por parte de la víctima, no resulta ajustado a la equidad que el demandado haya de asumir el resarcimiento completo del perjuicio que se reclama mediante la presente acción indemnizatoria. Por tanto, debido a la conducta imprudente de la víctima, el monto de la reparación debe reducirse, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2330 del Código Civil. (Considerandos 8º al 14º, sentencia de Casación) II.- La circunstancia que la víctima, hijo de los actores, no haya llevado casco protector cuando viajaba como pasajero en la motocicleta que fue impactada por el automóvil que conducía el demandado, constituye una exposición imprudente al daño, como quiera que el elemento protector ha sido dispuesto por la ley en carácter de obligatorio y precisamente para aminorar los efectos de un golpe en la cabeza, en caso de accidente. (Considerando 1º sentencia de reemplazo) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Artículos 1437, 2284, 2314, 2329 y 2330 del Código Civil.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

9

FICHA Nº 4 I. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. La sola circunstancia de probarse que la muerte sufrida por la víctima se produjo a consecuencia de un agravio o de una transgresión legal, por ese hecho queda demostrada la existencia de tal daño, sin que sea necesario rendir prueba alguna sobre su monto. II. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA a. El artículo 174 de la ley Nº 18.290, estableció una responsabilidad legal y objetiva que se aparta de los fundamentos de la teoría de la responsabilidad civil contenida en los artículos 2314 y siguiente del Código Civil, que exigen concurrencia de dolo o culpa. b. El fundamento de esta responsabilidad es el mero hecho de ser propietario del vehículo y de existir responsabilidad contravencional de parte del conductor, cualquiera sea la relación en que se encuentre con el propietario.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte HECHOS: El conductor del camión, al efectuar una marcha de retroceso, no se percata de la presencia de la motocicleta que lo precede en la vía, impactándolo, para luego este último volcar, falleciendo el conductor de ésta. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $80.000.000 (hijo) $20.000.000 (A cada hijo) $75.000.000 (Cada hija) Daño Emergente $2.500.000 Rechazado ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 3280-2008 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (acogido) Partes: “Gabriel Pereira Canales y otros con Banco de Crédito e Inversiones” Partes: señor Jaime Rodríguez E., señora Gabriela Pérez P., señor Carlos Künsemüller L. y los Abogados Integrantes señores Benito Mauriz A. y Óscar Carrasco A. Cita Online: CL/JUR/8448/2009 DOCTRINA I.- Respecto al daño moral cabe tener presente que la sola circunstancia de probarse que la muerte sufrida por el conductor de la motocicleta se produjo a consecuencia de un agravio o de una transgresión legal, por ese hecho queda demostrada la existencia de tal daño, sin que sea necesario rendir prueba alguna sobre su monto. Sin perjuicio de ello, en

10

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

cuanto a la existencia y monto de los perjuicios provenientes del daño moral del que fueron víctimas los ofendidos, cabe tener presente que los antecedentes probatorios reunidos en autos configuran igualmente un cúmulo de indicios que sirven de fundamento a presunciones judiciales y que permiten dar por establecido que como consecuencia de la muerte, los demandantes sufrieron un detrimento en su esfera psíquica, consistente en el dolor y padecimiento psíquico, razón que lleva a esta sentenciadora a concluir que los actores deben ser indemnizados por este perjuicio. (Considerando 25º sentencia de primer grado) II.- El artículo 174 de la ley Nº 18.290, estableció una responsabilidad legal y objetiva que se aparta de los fundamentos de la teoría de la responsabilidad civil contenida en los artículos 2314 y siguiente del Código Civil, que exigen concurrencia de dolo o culpa. El fundamento de esta responsabilidad es el mero hecho de ser propietario del vehículo y de existir responsabilidad contravencional de parte del conductor, cualquiera sea la relación en que se encuentre con el propietario. (Considerando 28º sentencia de primer grado) La modificación introducida al artículo 174 por la ley Nº 20.068 –inaplicable al caso de autos, por haber ocurrido el hecho antes de su entrada en vigencia– destinada específicamente a posibilitar la exención de responsabilidad del propietario y su traslado al arrendatario, en el evento de un contrato de leasing con opción de compra e irrevocable, corrobora la irrelevancia jurídica de tal convención para alterar la responsabilidad objetiva consagrada en la ley del ramo, tratándose de ilícitos perpetrados al amparo del antiguo texto. (Considerando 4º sentencia de reemplazo) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Artículo 174 de la Ley del Tránsito.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

11

FICHA Nº 5 I. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA a. El artículo 174 de la ley Nº 18.290 permite accionar en contra del conductor, el propietario o el tenedor vehículo motorizado al arbitrio del afectado, no exigiéndose en caso alguno la simultaneidad de acciones en contra de los obligados a dicha indemnización.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte HECHOS: Bus en el que iban las víctimas colisionó frontalmente con el camión de propiedad del demandado. Producto de la colisión falleció en el lugar la cónyuge del demandante y quedó gravemente herido su hijo. Producto de lo anterior la Fiscalía Local decidió no investigar, atento a que el informe de Carabineros de Chile señaló que la causa basal del accidente se debería a la conducción imprudente del chofer del camión, quien falleció en el mismo lugar, habiéndose extinguido, por ende, su responsabilidad penal. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $100.000.000 $50.000.000 Daño Emergente $5.000.000 $945.000 ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 4313-2007 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo y en la Forma (rechazados) Partes: “Rojas Rodríguez, José Manuel y otros con Perales Armando Mesa”. Partes: señor Javier Aníbal Moya Cuadra, señora Cristina Araya Pastene y Abogado Integrante señor Vladimir Bordones Garrido. Cita Online: CL/JUR/5260/2008 DOCTRINA El artículo 174 de la ley Nº 18.290 que establece la solidaridad en los daños ocasionados por el uso de un vehículo motorizado permite accionar en contra del conductor, el propietario o el tenedor del mismo al arbitrio del afectado, no exigiéndose en caso alguno la simultaneidad de acciones en contra de los obligados a dicha indemnización. Del mismo modo, el inciso 4 del artículo 2320 del Código Civil que establece la responsabilidad por el hecho ajeno tampoco exige perentoriamente demandar conjuntamente al empresario como al trabajador responsable de los daños, por lo que no es necesario, como lo señala el sentenciador (de primera instancia), de que para pronunciarse respecto de la responsabilidad del chofer del camión, se requiere haber demandado a sus herederos conjuntamente con el deudor solidario, toda vez que la ley permite dirigir las acciones respectivas contra unos y otros, siendo esta

12

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

determinación independiente de la determinación del actuar doloso o culpable del autor del daño, requisito subjetivo de la responsabilidad extracontractual, motivo por el cual la actora no está obligada a demandar a los herederos del chofer. De lo anterior se concluye que, fundamentándose la demanda en la responsabilidad extracontractual del demandado, en su calidad de tercero civil, de acuerdo a la normativa aplicable en la especie referida anteriormente, era necesario, para que la acción prospere, acreditar los antecedentes fácticos de tal responsabilidad, tal como se hizo en el presente caso, sin que sea necesario, como parece entenderlo el recurrente, que exista una petición expresa en tal sentido, pues ella surge de los elementos que conforman la contienda jurídica sometida a conocimiento del Tribunal, de suerte que no existe la transgresión normativa que se denuncia en el recurso. (Considerando 17º sentencia Corte de Suprema) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Artículos 1514, 1520, 2314 y 2317 del Código Civil y artículo 174 de la Ley del Tránsito.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

13

FICHA Nº 6 I. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA a. El conductor y el dueño del camión tienen que responder solidariamente frente a los daños causados II. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Su regulación se verifica privativa y prudencialmente por el Tribunal, teniendo especialmente en consideración la calidad de las personas, la extensión del mal causado y las circunstancias en que se verificó el hecho. b. El daño moral tiene su fundamento en el padecimiento que el ilícito provoca en la sensibilidad física o psíquica de quienes lo sufren, en sus sentimientos o afectos. III. EXPOSICIÓN IMPRUDENTE AL DAÑO a. La víctima se expuso imprudentemente al daño si conducía sin licencia y a exceso de velocidad, por lo tanto, se puede reducir la apreciación del daño.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Estudiante EDAD: 17 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte HECHOS: Chofer de un camión con remolque fue colisionado por una moto que se desplazaba en dirección al sur, con dos pasajeras, impactándose con el lado izquierdo del camión, resultando con lesiones graves las dos ocupantes, quienes fueron trasladadas al Hospital, lugar en que falleció una de las lesionadas. El chofer del camión no habría respetado la luz roja, mientras la conductora de la moto no tenía licencia de conducir. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Total VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $20.000.000 $10.000.000

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 2697-2008 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (rechazado) Partes: “Luis Hernández con Alberto Valdivia Flores” Partes: señores Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros Cárcamo, Hugo Dolmestch Urra y el Abogado Integrante señor Fernando Castro Álamos. Cita Online: CL/JUR/7631/2008 DOCTRINA I.- El conductor y el dueño del camión serán responsables solidariamente de los daños y perjuicios causados por el uso del vehículo, por lo que será acogida la demanda deducida en forma pedida en contra del querellado y del propietario del camión conducido por éste. (Considerando 16º sentencia de Primer grado).

14

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

II.- La muerte y lesiones graves en un accidente de tránsito no pueden sino causar profunda aflicción y dolor, sufrimiento que, a fin de procurar una reparación completa del daño experimentado, debe ser indemnizado, pero su regulación, habiéndose establecido los presupuestos fácticos que lo tornan procedente y respecto de los cuales no se ha reclamado, se verifica privativa y prudencialmente por el Tribunal, teniendo especialmente en consideración la calidad de las personas, la extensión del mal causado y las circunstancias en que se verificó el hecho, dentro de las que se encuentra la forma en que la víctima guiaba su vehículo. El daño moral tiene su fundamento en el padecimiento que el ilícito provoca en la sensibilidad física o psíquica de quienes lo sufren, en sus sentimientos o afectos, de modo que para ordenar su procedencia, debe establecerse en el proceso el sufrimiento o dolor de la víctima, lo que desde luego origina dificultades para su apreciación pecuniaria, máxime si se trata de la pérdida definitiva de una hija joven en circunstancias tan lamentables, pero una reparación monetaria de esta naturaleza debe sopesar todos los elementos que rodearon el hecho delictuoso, no sólo del agente, sino también de aquellos que se vieron afectados con su proceder, sólo así se puede procurar que el perjudicado obtenga una satisfacción racionalmente equivalente. (Considerandos 4º y 5º sentencia Corte Suprema). III.- Los sentenciadores, en uso de sus facultades legales, estimaron que la acción de la conductora del vehículo motorizado menor lo hacía en forma que les ha parecido imprudente, al que se expuso por conducir sin licencia y a exceso de velocidad, con lo cual la norma del artículo 2330 del Código Civil los autorizaba para reducir la apreciación del daño. (Considerando 6º sentencia Corte Suprema) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Artículo 2330 del Código Civil.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

15

FICHA Nº 7 I. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA a. El artículo 174 de la ley Nº 18.290 previene que tanto el conductor como el propietario del vehículo con cuyo manejo se infringen los preceptos del tránsito público, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se ocasionan con motivo del uso del mismo. b. Excepcionalmente no existirá responsabilidad solidaria cuando el dueño del vehículo ha cedido la tenencia o posesión del automóvil en virtud de un contrato de arrendamiento o a cualquier otro título.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte HECHOS: Bus de locomoción colectiva chocó por atrás un camión, falleciendo el conductor del bus, el que conducía desatento, a exceso de velocidad y sin mantener la distancia respecto del camión que chocó, responsabilidad que se extinguió por el hecho de su muerte, determinando la responsabilidad civil solidaria de la demandada en su calidad de dueña del bus a la fecha del accidente. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS

MONTOS DEMANDADOS

MONTOS OTORGADOS

Daño Moral

$50.000.000 (hija) $20.000.000 (nietos)

$40.000.000

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Sin ocupación EDAD: 3 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Incapacidad HECHOS: Bus de locomoción colectiva chocó por atrás un camión, falleciendo el conductor del bus, resultaron varios lesionados y algunos fallecidos. A raíz de este accidente, sufrió lesiones graves y desprendimiento del cuero cabelludo, quedándole una cicatriz en la frente; el brazo facturado le quedó más corto, provocándole todo ello un retraimiento emocional. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS

MONTOS DEMANDADOS

MONTOS OTORGADOS

Daño Moral

$10.000.000 (víctima) $10.000.000 (padres)

$5.000.000

Daño Emergente

$1.800.000

$330.300

16

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 1393-2007 Tipo: Recurso de Casación en la Forma (acogido) Partes: “Aguirre Paredes, Juany otra con Compañía General de Leasing S.A.” Partes: Sr. Adalis Oyarzún, Sr. Pedro Pierry, Sra. Sonia Araneda y los Abogados Integrantes Sr. Fernando Castro y Sr. Óscar Herrera. Cita Online: CL/JUR/5158/2008 DOCTRINA I.- El artículo 174 de la ley Nº 18.290 en su inciso segundo previene que tanto el conductor como el propietario del vehículo con cuyo manejo se infringen los precepto del tránsito público, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se ocasionan con motivo del uso del mismo no pueda ignorarse, a la vez, que este último queda eximido de tal responsabilidad cuando ha cedido la tenencia o posesión de él en virtud de un contrato de arrendamiento o a cualquier otro título según así y excepcionalmente contempla el artículo 175 al inciso segundo de ese mismo cuerpo legal. Que por esta razón, de índole y origen exclusivamente legal, la demandada, está al margen de la obligación de resarcimiento civil extracontractual que el actor le demanda, pues aunque es indiscutible que ostentaba la condición de propietaria del autobús al tiempo de la colisión, también lo es, que la tenencia del mismo se ejercía por un tercero desde hacía un par de años antes en virtud de un contrato de arrendamiento con Leasing. (Considerandos 4º y 5º sentencia de primer grado) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Artículos 174 y 175 de la Ley del Tránsito.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

17

FICHA Nº 8 I. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL a. Encontrándose acreditada la comisión del cuasidelito de homicidio y la participación culpable y penada por la ley nace la obligación de pagar los perjuicios derivadas de ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2314, 2322 y 2329 del Código Civil. II. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. El daño moral está constituido por el quiebre emocional y el daño psicológico que produce un hecho anormal en la vida de una persona y que debe tener tal magnitud para producir dichas consecuencias, lo que sin dudas ocurre en autos atendida la naturaleza del hecho y sus circunstancias.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Estudiante EDAD: 17 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte HECHOS: El demandado conducía un camión con remolque, llegando al kilómetro 106 sector Cabimbao y tomar una curva existente hacia la izquierda, el carro remolque traspasó el eje de la calzada demarcado, obstruyendo la pista de circulación a la camioneta del demandante colisionándola en su parte izquierda. A raíz de lo anterior falleció en el mismo lugar de los hechos la hija del conductor de la camioneta, la que viajaba como acompañante. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral

$100.000.000

$20.000.000

Daño Emergente

$10.000.000

$5.838.798

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 4789-2007 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (rechazado) Partes: “René Arévalo Vera con José Antonio Camus Pavez y otros”. Partes: señores Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U. y Carlos Künsemüller L. Cita Online: CL/JUR/6677/2008 DOCTRINA I.- El inciso segundo del artículo 492 del Código Penal dispone que a los responsables de cuasidelito de homicidio se los sancionará además con la suspensión del carné, permiso o autorización para conducir vehículos motorizados, por el período de uno a dos años si el hecho de mediar malicia constituyera crimen. (Considerando 1º sentencia Corte de Apelaciones) Encontrándose acreditada la comisión del cuasidelito de homicidio y la participación culpable y penada por la ley nace la obligación de pagar los perjuicios derivados de ello, de

18

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

conformidad con lo dispuesto en los artículos 2314, 2322 y 2329 del Código Civil, acogiéndose la demanda civil sólo en cuanto a lo que se refiere a los daños derivados del fallecimiento de la hija del conductor y no de aquellos generados a la camioneta que conducía el querellante. (Considerando 17º sentencia de primer grado) II.- El daño moral está constituido por el quiebre emocional y el daño psicológico que produce un hecho anormal en la vida de una persona y que debe tener tal magnitud para producir dichas consecuencias, lo que sin dudas ocurre en autos atendida la naturaleza del hecho y sus circunstancias, por lo que esta Corte determinará prudencialmente su monto, en consecuencia, se condena a los demandados civiles a pagar solidariamente al actor la suma de $ 20.000.000 (veinte millones de pesos), aumentándose así el monto regulado en el fallo de primera instancia. (Considerando 10º sentencia Corte de Apelaciones) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Artículos 2314, 2322 y 2329 del Código Civil.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

19

FICHA Nº 9 I. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL a. Para que emane responsabilidad civil de un cuasidelito se requiere la concurrencia de elementos copulativos, consistentes estos en: una acción u omisión culposa, un resultado dañoso para la integridad física o la vida de una persona y una relación de causalidad entre la acción u omisión y el resultado dañoso.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte HECHOS: Accidente entre un bus y un camión ocurrido en la ruta 5 Norte en el cual se tiene como causa basal que en el lugar existía espesa neblina y ambos conductores efectuaron maniobras de adelantamiento e iban a exceso de velocidad. Como resultado del accidente ambos choferes fallecieron, como asimismo otros pasajeros del bus. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Emergente $40.000.000 Se les concede la suma única a todos los demandantes de $ 100.000.000 Lucro Cesante $24.000.000 Rechazado ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 3614-2006 Tipo: Recurso de Casación en el fondo (Rechazado) Partes: “Edgardo Ramón Saud Rojas, José Fernando Saud Rojas, Edgardo Yeris Saud Grey, Francisco Javier Saud Rojas y Jorge Neftalí Córdova Quiroz, Camila Córdova Saud y Mónica del Carmen Saud Rojas con Flota Barrios Limitada y Transportes Cold Truck Limitada”. Partes: Ministros Sr. Ricardo Gálvez, Sr. Milton Juica, Sr. Adalis Oyarzún y los Abogados Integrantes señores Fernando Castro y José Fernández. DOCTRINA I. Que para que emane responsabilidad civil de un cuasidelito se requiere la concurrencia de elementos copulativos, consistentes éstos en: una acción u omisión culposa, un resultado dañoso para la integridad física o la vida de una persona y una relación de causalidad entre la acción u omisión y el resultado dañoso antes referido; Que en la especie se ha configurado a partir de la exposición de los antecedentes de autos una responsabilidad extracontractual producto o con motivo de un accidente de tránsito, donde la responsabilidad penal aparece extinguida, pero no así la responsabilidad civil que emana de dicho ilícito, por lo cual debe recurrirse necesariamente a lo dispuesto en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil;

20

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Que, además, aplicando una operación mental hipotética de exclusión del elemento conducción antirreglamentaria, obviamente, el resultado dañoso no se habría producido atendido a que faltaría el elemento causal determinante en la génesis de la responsabilidad civil producida en el caso específico de autos. NORMATIVA RELEVANTE CITADA Artículos 114, 148, 149, 170, 172 Nº 2 y 7, 165 Nº 1 inciso 2º de la Ley del Tránsito, artículos 2314, 2326 y 2329 del Código Civil.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

21

FICHA Nº 10 I. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Se produce siempre que un hecho externo afecte la integridad física o moral de un individuo y como dada su naturaleza hay dificultades para su apreciación pecuniaria, los jueces están facultados para regularlo prudencialmente, tomando en cuenta como se produjo el cuasidelito y todas aquellas circunstancias que influyeron en la intensidad del dolor y sufrimiento de la víctima, así como las facultades económicas del responsable.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Estudiante EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte HECHOS: El conductor del camión con semi remolque guiaba éste por calle Bahía Catalina en dirección al sur cuando se le desprendieron del antepenúltimo eje del costado izquierdo del semi remolque, dos ruedas con su masa, las que tomaron una trayectoria diagonal en dirección al oriente, chocando con la solera, elevándose y golpeando en la cabeza a la menor, quien se encontraba esperando locomoción colectiva, falleciendo en el mismo lugar a raíz del impacto; para luego las ruedas continuar su trayectoria e impactar un portón metálico. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $180.000.000 $50.000.000 Daño Emergente $1.460.748 Rechazado ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 4393-2005 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (rechazado) Partes: “Alicia del Carmen Neira Ramos con Bernardo Alex Benavides Báez”. Partes: Señores Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U. y el Abogado Integrante señor Carlos Künsemüller L. Cita Online: CL/JUR/4642/2007 DOCTRINA I.- En lo referente al daño moral sufrido, éste se produce siempre que un hecho externo afecte la integridad física o moral de un individuo y como dada su naturaleza hay dificultades para su apreciación pecuniaria, los jueces están facultados para regularlo prudencialmente, tomando en cuenta cómo se produjo el cuasidelito y todas aquellas circunstancias que influyeron en la intensidad del dolor y sufrimiento de la víctima, así como las facultades económicas del responsable. Que haciendo uso de estas facultades y con el solo mérito de autos, tomando en cuenta que se trataba de la única hija de la querellante y que el demandado es sólo chofer de camión, este tribunal procederá a regular en la suma de $ 10.000.000. (Considerando 16º sentencia de primer grado) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Artículos 33 y 174 de la Ley del Tránsito.

22

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

FICHA Nº 11 I. CASO FORTUITO COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD a. Es indispensable que sea la causa única del daño y que no contribuya a él la culpa del agente, vale decir, que no lo haya provocado y que en la producción del daño no haya cooperado el agente con su negligencia. b. La imprevisibilidad de un hecho se encuentra en estrecha relación con la diligencia que ha debido emplear una persona frente a un hecho determinado, de modo que si las medidas de prudencia aconsejadas por la circunstancias fueron tomadas y, a pesar de ello, el daño se produjo, existe un indicio de carácter imprevisible capaz de ser invocado como exculpatorio. II. NEGLIGENCIA E IMPRUDENCIA DEL EMPLEADOR a. Tiene culpa en cuanto permite que un solo chofer conduzca un camión con acoplado por sobre el máximo legal de horas aumentando el riesgo que por sí solo representa ese tipo de vehículos en la ruta. b. Existe relación de causalidad, mediata, pero de una entidad suficiente de probabilidad que ocurriera el hecho.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna (hija del conductor) EDAD: 21 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte HECHOS: El conductor de un camión marca Mercedes Benz que se dirigía de norte a sur, chocó repentinamente en la parte posterior, con un automóvil marca Daewoo que se encontraba detenido en un puente, a raíz de lo anterior resultaron con lesiones de diversa gravedad los 4 ocupantes del automóvil. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS

MONTOS DEMANDADOS

MONTOS OTORGADOS

Daño Moral

$200.000.000

10.000.000

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna (hijo del conductor) EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión leve EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS

MONTOS DEMANDADOS

MONTOS OTORGADOS

Daño Moral

$10.000.000

$1.000.000

Daño Emergente

$148.436

Rechazado.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

23

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna (conductor del vehículo) EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión leve EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS

MONTOS DEMANDADOS

MONTOS OTORGADOS

Daño Moral

$10.000.000

Rechazado

Daño Emergente

$3.290.000

$2.790.000

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna (pasajera del automóvil) EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión leve EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS Daño Moral $15.000.000

MONTOS OTORGADOS $1.000.000

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 68-2005 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (acogido) Partes: “Eduardo Cepeda Díaz y otros con Carlos Valenzuela Burgos y otros”. Partes: Señores Alberto Chaigneau del C., Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Hugo Dolmestch U. y el Abogado Integrante señor Domingo Hernández E. Cita Online: CL/JUR/3446/2007 DOCTRINA I.- Aunque el encausado haya conducido el camión a la velocidad que dice al enfrentar el puente en que se produjo el accidente, tal velocidad no puede calificarse de razonable y prudente, si se atiende a las condiciones existentes, los riesgos y peligros actuales y posibles, ya que, tratándose de la apreciación de la velocidad de un vehículo, esto exige un proceso complejo de medición de distancia, tiempo recorrido y otros elementos que, por cierto, el deponente en la especie no ha podido comprobar. Tampoco puede el encausado señalar, para exculparse, que la colisión se debió a un caso fortuito e imprevisto, pues para que éste constituya una eximente de responsabilidad es indispensable que sea la causa única del daño y que no contribuya a él la culpa del agente, vale decir, que no lo haya provocado y que en la producción del daño no haya cooperado el agente con su negligencia, cuyo no es el caso de la conducta del encausado. La imprevisibilidad de un hecho o circunstancia se encuentra en estrecha relación con la diligencia que ha debido emplear una persona frente a un hecho determinado, de modo que si las medidas de prudencia aconsejadas por la circunstancias fueron tomadas y, a pesar de ello, el daño se produjo,

24

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

existe, por cierto, un indicio de carácter imprevisible capaz de ser invocado como exculpatorio. (Considerandos 10º y 11º sentencia Corte de Apelaciones) II.- Ha quedado demostrado que el chofer del camión, causante del accidente, condujo este vehículo durante 8 horas y media continuas e ininterrumpidas sin descanso alguno. Además, no existe prueba que durante el trayecto se haya efectuado un relevo de conductor en la ciudad de Linares. También demuestra la investigación que la Sociedad demandada era la empleadora del encausado a esa fecha y este hecho no la exime de responsabilidad porque queda en evidencia su culpa en cuanto permite que un solo chofer conduzca un camión de las características de autos, con acoplado por sobre el máximo legal de horas aumentando el riesgo que por sí solo, además, representa este móvil en la ruta. La infracción al artículo 25 ya citado, constituye negligencia e imprudencia de la empleadora, circunstancia que la vincula materialmente al daño producido, puesto que si hubiere observado la ley habría disminuido el riesgo. Existe relación de causalidad, aunque mediata, pero de una entidad suficiente de probabilidad que ocurriera el hecho. Esta culpa, determina la responsabilidad solidaria de la Sociedad empleadora en los términos del artículo 2320 del Código Civil y, por lo tanto, debe reparar los perjuicios por su falta al deber que le impone la ley. (Considerandos 24º sentencia Corte de Apelaciones) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Artículo 2320 del Código Civil y artículo 174 de la Ley del Tránsito.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

25

FICHA Nº 12 I. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL a. Para la procedencia de esta clase de responsabilidad deben reunirse, además del hecho ilícito, cuatro condiciones: a) el daño; b) culpa o dolo; c) una relación de causalidad entre dolo o culpa y el daño, y d) capacidad delictual. II. CULPA POR EL HECHO PROPIO a. Este tipo de culpa se expresa por la producción de situaciones de riesgo creadas por una persona y por la falta de cuidado en relación a las cosas de las cuales se responde. b. La culpa del demandado se encuentra debidamente acreditada por no haber probado que la soltura del animal o el extravío no era imputable a él o a sus dependientes, por lo que resulta responsable en grado de culpa de los daños causados por encontrarse el caballar en la vía pública. III. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Está constituido por el dolor, aflicción, pesar, molestias psíquicas que experimenta una persona por la acción culpable de otra. CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Estudiante EDAD: 18 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte HECHOS: Mientras uno de los afectados conducía una camioneta por el camino a Antuco Los Ángeles, se cruzó un caballo, en la pista de circulación del vehículo, siendo impactado por éste y, como consecuencia del impacto, falleció un hombre de 18 años de edad, que acompañaba al conductor del móvil EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $ 70.000.000 (madre) $ 15.000.000 (madre) $40.000.000 (hermano) $10.000.000 (hermano) $30.000.000 (2 hermanos) $7.000.000 (Hermanos) ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 5868-2005 Tipo: Recurso de Casación en el fondo (Rechazado) Partes: “Graciela Tapia Figueroa, Grissel de Lourdes Salinas Tapia, René Ambrosio Salinas Tapia, David Isaac Salinas Tapia con Víctor Manuel Stevens Alegría”. Partes: Sr. Ricardo Gálvez, Sr. Milton Juica, Sr. Adalis Oyarzún y los Abogados Integrantes señores José Fernández y Arnaldo Gorziglia. Cita Online: CL/JUR/8972/2006 DOCTRINA I. Que los artículos 2314 y 2329 del Código Civil destacan los factores esenciales de la responsabilidad extracontractual. Para la procedencia de esta clase de responsabilidad de-

26

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

ben reunirse, además del hecho ilícito, cuatro condiciones: a) el daño; b) culpa o dolo; c) una relación de causalidad entre dolo o culpa y el daño, y d) capacidad delictual. II. Que de acuerdo al artículo 2326 del Código Civil, el dueño es responsable del daño causado por el animal que le pertenece aun después que se haya soltado o extraviado. De tal manera que el solo hecho de la soltura o extravío es culpa de su propietario. De acuerdo al autor Pablo Rodríguez Grez, nuestra ley civil contempla varios casos mal llamados de presunción de culpa por el hecho de las cosas. Dice que una vez más se trata de culpa por el hecho propio que se expresa por la producción de situaciones de riesgo creadas por una persona y por la falta de cuidado en relación a las cosas de las cuales se responde. (Responsabilidad Extracontractual, página 244, primera edición) Entre estas presunciones de culpa enumera la contenida precisamente en el artículo 2326 que se refiere al dueño o mero tenedor de un animal, los que son responsabilidad presuntiva de sus dueños. Que, en este orden de ideas, la culpa del demandado se encuentra debidamente acreditada por no haber probado que la soltura del animal o el extravío no era imputable a él o a sus dependientes, por lo que resulta responsable en grado de culpa de los daños causados por encontrarse el caballar en la vía pública, daño que consistió en la muerte del acompañante del conductor de la camioneta. III. Que en cuanto al daño moral, está constituido por el dolor, aflicción, pesar, molestias psíquicas que experimenta una persona por la acción culpable de otra, situación en que se encuentran incuestionablemente los demandantes, quienes se han visto afectados moralmente, siendo lesiva a sus facultades espirituales inherentes a la personalidad humana, por la muerte de su hijo y de su hermano, que es lo normal que así suceda en situaciones semejantes. NORMATIVA RELEVANTE CITADA Artículos 114, 148, 149, 170, 172 Nº 2 y 7, 165 Nº 1 inciso 2º de la Ley del Tránsito, artículos 2314, 2326 y 2329 del Código Civil.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

27

FICHA Nº 13 I. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA a. El artículo 174 de la Ley de Tránsito, hace responsable solidariamente de los perjuicios causados en los accidentes de tránsito tanto al conductor como al propietario del vehículo b. No se aplica este tipo de responsabilidad en contra de las Municipalidades por no contemplarla las normas de tránsito, respecto de la situación del conductor culpable funcionario municipal. CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte HECHOS: Un tercero conducía a exceso de velocidad el camión aljibe dirección al Oriente y al cruzar una intersección, sin respetar el signo Pare que tenía en frente, por mera imprudencia y negligencia impactó a un bus de locomoción colectiva, falleciendo a consecuencias de este accidente una persona y resultando con lesiones graves una menor, el conductor del bus y varios pasajeros. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $80.000.000.- (Padres $35.000.000 de la víctima) (A cada padre) ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Estudiante EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión grave (politraumatismo torácico complicado, fracturas múltiples) HECHOS: A raíz del choque la menor sufrió graves lesiones consistentes en politraumatismo torácico complicado, fracturas múltiples, fractura de antebrazo izquierdo, contusión cuero cabelludo, contusión brazo derecho, las que demoraron en sanar más o menos cuatro meses con 60 días de incapacidad. Además, esta menor a consecuencia del accidente, en el que falleció instantáneamente su madre se vio privada para siempre del cuidado y atención de su madre, hecho que obviamente ocasionó y seguirá ocasionando por tiempo indefinido un enorme dolor moral, espiritual y psicológico, el que debe de alguna manera ser compensado. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $50.000.000 $50.000.000 Daño Emergente $15.000.000 Rechazado

28

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión leve HECHOS: A raíz del choque sufrió múltiples erosiones lineales dorso torácicos con hematomas asociados en evolución que le provocaron incapacidad para el trabajo superior a 30 días EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $45.000.000 $3.000.000 Daño Emergente $500.000 Rechazado Lucro cesante $960.000 Rechazado ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión grave HECHOS: A raíz del choque sufrió lesiones graves que le ocasionaron una incapacidad para el trabajo de siete semanas y con igual período de recuperación. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $30.000.000 $500.000 Daño Emergente $1.000.000 Rechazado ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión leve HECHOS: Sufrió lesiones a consecuencia del accidente de carácter grave consistente en factura de cuarto dedo mano izquierda que le provocó incapacidad manual superior a 30 días. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $30.000.000 $500.000.Daño Emergente $3.000.000 Rechazado Daño Emergente $1.500.000 Rechazado

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

29

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 3461-2004 Tipo: Recurso de Casación en la forma (Acogido) Partes: “Leopoldo Torreblanca Urrea, Ramón Oyarzo Oliva, René Segundo Valdés Lazcano, Héctor Baltasar Navarro Barrera, Teresa Normanda Torreblanca Urrea, Silvia Gondre Hernández y Jorge Cisternas Pérez con Daniel Radulovich, BancoEstado y Municipalidad de Viña del Mar”. Partes: Sres. Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C y los Abogados Integrantes Sres. José Fernández R y Carlos Künsemüller L. Cita Online: CL/JUR/836/2006 DOCTRINA I.- Se rechazarán todas las acciones civiles deducidas en autos en cuanto se dirijan en contra de la Iltre. Municipalidad pretendiendo hacer efectiva la responsabilidad solidaria que permite el artículo 174 de la Ley del Tránsito por no contemplarla esta norma legal, respecto de la situación del conductor culpable funcionario municipal. Al efecto es necesario tener presente que la responsabilidad a que refieren los artículos 2320 y 2322 del Código Civil es de tipo personal y en el evento que se pretenda hacerla efectiva ella requiere que se ejerza una acción individual y en ningún caso en la forma que pretendieron hacerlo los actores civiles. (Considerando 14º sentencia Corte de Apelaciones) II.- El artículo 2314 del Código Civil dispone que el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito y el artículo 174 de la Ley del Tránsito, hace responsable solidariamente de los perjuicios causados en los accidentes de tránsito tanto al conductor como al propietario del vehículo, situación plenamente aplicable al conductor en su calidad de chofer y propietario del móvil que ocasionó el choque, respectivamente, por lo que corresponde a continuación regular las indemnizaciones que sean procedentes y que deberán cancelar solidariamente estos demandados civiles. (Considerando 17º sentencia Corte de Apelaciones) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Artículos 169, 170 Ley del Tránsito, 160 y 768 Código de Procedimiento Civil, 2322 y 2320 del Código Civil.

30

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

FICHA Nº 14 I. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL a. Según nuestro ordenamiento jurídico, todo hecho que cause daño, esto es, una lesión, detrimento o menoscabo patrimonial, físico, afectivo o moral, debe ser reparado.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Chofer EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte HECHOS: El chofer el bus Nº 190 de la empresa procedente de la ciudad de Valdivia con destino a Temuco, transportando alrededor de 15 pasajeros, se había internado en el puente Río Cruces, ubicado aproximadamente a 3 kilómetros al norte de la ciudad de Lanco, y al encontrarse a unos 10 metros de transponerlo, sorpresivamente le obstruyó la vía de circulación el camión Mercedes Benz, que era guiado en sentido contrario por su conductor, el cual momentos antes había perdido el control de su máquina por el exceso de velocidad que traía al aplicar su sistema de frenos, provocando el ronceo de la parte trasera del camión hacia el oriente, ocupando así ambas vías de circulación, obstruyendo totalmente la que le correspondía al bus. Ante esta situación, fue imposible para el chofer del bus evitar se produjese un brutal choque frontal entre ambos móviles, con consecuencias fatales para ambos conductores y también para el auxiliar del bus y, además, lesiones en los pasajeros de éste. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente. VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta. CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $60.000.000 $15.000.000 (Cónyuge) $8.000.000 (Cada hijo) ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Auxiliar de bus EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente. VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta. CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS Daño Moral $60.000.000

MONTOS OTORGADOS $20.000.000

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

31

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Estudiante EDAD: 12 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Incapacidad EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente. VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa e Indirecta. CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS Daño Moral $50.000.000 (Víctima) $25.000.000 (Cada padre) Daño Emergente $30.000.000

MONTOS OTORGADOS $10.000.000 (Víctima) $5.000.000 (Cada padre) Rechazado

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 6047-2005 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (Acogido) Partes: “Juan Gonzalo Alcoholado Castillo, Flor María Acuña Hermosilla, Rodrigo Gabriel Rivadeneira Acuña, Pamela Andrea Rivadeneira Acuña, Valentina Paz Rivadeneira Acuña, Héctor Roberto Márquez Chamorro, Juan Carlos Pérez Mora, Miriam del Carmen Fierro Martínez y Jorge Pérez Fierro con Sociedad de Transportes Hernández y Azócar Ltda.”. Partes: Adalís Oyarzún Miranda, José Fernández Richard, Milton Juica Arancibia, Óscar Carrasco Acuña, Ricardo Gálvez Blanco. Cita Online: CL/JUR/6064/2006 DOCTRINA I.- Que, de las probanzas documentales y testificales que constituyen plena prueba, se acredita que el impacto se produjo porque el conductor del camión, al no estar atento a las condiciones de tránsito del momento, motivó que se percatara tardíamente de la señalización vertical preventiva (puente angosto), a raíz de lo cual, en emergencia inició una maniobra evasiva de frenaje y producto de las condiciones de la carpeta de rodado, desvió su trayectoria en dirección al sur, sobrepasando con parte de su estructura el eje de la calzada demarcado con línea continua, obstruyendo la normal pista de circulación del bus, que transitaba en sentido contrario, colisionándolo frontalmente, en los instantes en que el conductor del bus efectuaba una maniobra evasiva de frenaje para evitar el accidente, siendo insuficientes para desvirtuar esta conclusión las pruebas de la demandada, en particular la testimonial, por cuanto no desvirtúa a la del demandante, a cuyos testigos se les ha asignado mérito de plena prueba, conforme al artículo 384 del Codicio de Procedimiento Civil, por tratarse de testigos presenciales (pasajeros del bus), que dan suficiente razón de sus dichos, describiendo en forma más precisa y acabada el desarrollo de los hechos que dieron origen a la colisión, por tanto, son testigos de mejor calidad y mayor número. (Considerando 14º, sentencia de Primer Grado) Establecida la existencia de una conducta negligente que produjo un hecho que ha ocasionado la muerte de tres personas, lesiones de carácter grave e irreversibles a un menor de edad, y daños de consideración a un bus, corresponde determinar, si ello fuera posible, la reparación del daño ocasionado, su compensación o su satisfacción; la existencia de la fuente de la obligación legal, esto es, culpa o dolo de las partes en la ocurrencia de los hechos. (Considerando 15º, sentencia Primer Grado)

32

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Que, según nuestro ordenamiento jurídico, todo hecho que cause daño, esto es, una lesión, detrimento o menoscabo patrimonial, físico, afectivo o moral, debe ser reparado. (Considerando 16º, sentencia Primer Grado) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Código Civil art. 2314; Código Civil art. 2322; Código de Procedimiento Civil art. 179; Código de Procedimiento Penal art. 409 Nº 1; ley Nº 18.290 año 1984 art. 174.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

33

FICHA Nº 15 I. OBLIGACIÓN DEL CONDUCTOR a. Debe estar atento a las condiciones del tránsito del momento y a conducir el vehículo a una velocidad razonable y prudente, considerando los riesgos y peligros presentes y posibles, para controlar el vehículo y evitar accidentes. II. EXPOSICIÓN IMPRUDENTE AL DAÑO a. Se expone imprudentemente al daño la víctima que camina por un lugar prohibido para el tránsito de peatones, más aun si se desplazaba por una carretera.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Empleado EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte HECHOS: El demandado conducía una camioneta de propiedad de la Constructora Edgar Hadida, de sur a norte, por la doble vía en construcción de la Ruta 5, en cumplimiento de labores diarias y atropelló a una de dos personas que transitaban en el mismo sentido por el lugar, con la parte delantera del móvil, a raíz de lo cual falleció en el lugar una de ellas, quien carecía de oídos e impidió que escuchara el móvil y que se movió sorpresivamente al costado derecho de la calzada, por lo que fue atropellado por el vehículo. (El lugar no se encontraba habilitado para el tránsito de peatones). EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $200.000.000 $7.000.000 ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 4256-2003 Tipo: Recurso de Casación en la Forma (Rechazado) Partes: “Juan Carlos Ovando Monsalve con Juan Carlos Riffo Muñoz”. Partes: Señores Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury U., Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E. y Rubén Ballesteros C. Cita Online: CL/JUR/7752/2006 DOCTRINA I. Que los hechos anteriormente establecidos constituyen cuasidelito de homicidio. No obstante que el conductor estaba autorizado para desplazarse por la vía, aún no entregada para el tránsito público, debió hacerlo con sujeción a los artículos 114 y 148 de la ley Nº 18.290, que le obligaban a estar atento a las condiciones del tránsito del momento y a conducir el vehículo a una velocidad razonable y prudente, considerando los riesgos y peligros presentes y posibles, para controlar el vehículo y evitar accidentes. Tales normas consagran conductas elementales para evitar daños, por lo que su transgresión evidencia imprudencia en el autor. Los hechos ocurrieron a las 11:00 horas, a plena luz; el conductor declaró que

34

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

tenía buena visibilidad y que siempre vio a los peatones, no obstante lo cual no disminuyó la velocidad ni les tocó la bocina, sino que continuó su marcha a gran velocidad hasta que, ante la reacción sorpresiva de uno de los peatones, lo impactó violentamente, a raíz de lo cual murió instantáneamente en el mismo lugar. Si el conductor hubiera conducido a una velocidad razonable y prudente probablemente habría detenido el vehículo o bien maniobrado para eludir al peatón; o si hubiera tocado la bocina con la debida anticipación los peatones se habrían salido de la calzada y no habría atropellado a uno de ellos. (Considerando 5º sentencia de Primer Grado) II. Que de lo expuesto precedentemente se infiere que la víctima caminaba por la calzada de la vía, es decir, por un lugar prohibido para el tránsito de peatones; y que ante el peligro inminente advertido por su acompañante reaccionó sorpresivamente cruzando hacia el oriente en circunstancias que debió hacerlo hacia el occidente. O sea, la conducta de la víctima también fue culpable e inadecuada pues se desplazaba por una carretera, es decir, un lugar diseñado para el tránsito de vehículos, por lo que no debió exponerse al riesgo de ser atropellado. (Considerando 17º sentencia Primer Grado) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Código de Procedimiento Penal art. 535 Nº 3; Código de Procedimiento Penal art. 546 Nº 3; Código de Procedimiento Penal art. 547 Nº 3; Código Penal art. 1º; Código Penal art. 2º; Código Penal art. 490 Nº 1; Código Penal art. 492; ley Nº 18.290 año 1984 art. 167; ley Nº 18.290 año 1984 art. 176.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

35

FICHA Nº 16 I. EXPOSICIÓN IMPRUDENTE AL DAÑO a. No obstante la ausencia de señalización y personal destinado a evitar la ocurrencia de algún accidente, era evidente que la máquina motoniveladora conducida por el sentenciado, se encontraba efectuando trabajos en la vía, lo que obviamente implica un riesgo manifiesto ya que estos vehículos, por la naturaleza del trabajo que ejecutan, avanzan y retroceden alternadamente. b. Lo anterior, obliga forzosamente a los transeúntes a emplear un mayor cuidado; máxime en el caso de la víctima, que se movilizaba en un triciclo pequeño, que no emite ruido y, por lo mismo, difícil de detectar.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte (traumatismo pelviano grave) HECHOS: Un tercero conducía una motoniveladora realizando trabajos a requerimiento de la municipalidad de Santa Cruz, sin la señalización y medidas de seguridad correspondientes en el terreno de faenas, procedió a efectuar una maniobra de retroceso para la cual carecía de toda preferencia, no percatándose de la presencia de un triciclo conducido por un minusválido en el sector, colisionándolo, sufriendo a raíz del impacto, el conductor del móvil menor, lesiones graves, falleciendo posteriormente al ingresar al Hospital Regional a consecuencia de las mismas. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral No se consigna $15.000.000 Daño Emergente No se consigna $152.000 ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 1820-2005 Tipo: Recurso de Casación en la Forma (rechazado) y en el Fondo (acogido parcialmente). Partes: “Jerardo Espinoza con I. Municipalidad de Santa Cruz y otro”. Partes: Señores Ministros Don Miguel Vázquez Plaza y don Raúl Mera Muñoz y Abogado Integrante don Mauricio Astudillo Pizarro. Cita Online: CL/JUR/300/2006 DOCTRINA I.- Con relación a la solicitud efectuada por los demandados civiles, en el sentido de considerar que el ofendido se habría expuesto imprudentemente al daño, ha de tenerse en cuenta que, no obstante la ausencia de señalización y personal destinado a evitar la ocurrencia de algún accidente, era evidente que la máquina motoniveladora conducida por el sentenciado,

36

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

se encontraba efectuando trabajos en la vía, lo que obviamente implica un riesgo manifiesto ya que estos vehículos, por la naturaleza del trabajo que ejecutan, avanzan y retroceden alternadamente. Esta circunstancia, obliga forzosamente a los transeúntes a emplear un mayor cuidado; máxime en el caso de la víctima, que se movilizaba en un triciclo pequeño, que no emite ruido y, por lo mismo, difícil de detectar. Este cuidado no fue empleado por el occiso, toda vez que siguió la trayectoria de la máquina pesada, sin anticiparse al evento muy probable que ésta, en algún momento, iniciaría una marcha en retroceso. Si bien, estos hechos no alcanzan a purgar la responsabilidad penal del procesado, sí atenúan su responsabilidad civil y la de los terceros que deban responder de la misma manera. (Considerando 4º sentencia Corte de Apelaciones) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Artículos 13 Nº 1, 114, 115, 174 de la Ley del Tránsito.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

37

FICHA Nº 17 I. EXPOSICIÓN IMPRUDENTE AL DAÑO a. Es un hecho de la causa que la víctima del atropello se encontraba de noche durmiendo en un tramo no habilitado de la ruta 5 Sur, con 3.21 gramos por mil de alcohol en la sangre, de acuerdo con lo que señala el resultado de la alcoholemia. b. La víctima se impuso imprudentemente al riesgo, no siendo posible exigir a ningún conductor que prevea una situación como la descrita arriba, siendo ajeno al resultado el hecho de que el conductor posea o no licencia de conducir.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte HECHOS: La víctima se encontraba ebria y tendido en la carretera (la cual no se encontraba habilitada para el tránsito), en ese momento apareció un vehículo ocupando la vía no habilitada, por lo que el hijo de la víctima se puso al lado de la berma haciéndole señales con sus manos, indicándole que se detenga, pero hizo caso omiso, lo hacía a mucha velocidad, por lo que al verlo hizo una maniobra hacia su izquierda y ahí pasó sobre el cuerpo de su padre e incluso lo arrastró alrededor de veinticinco metros y ahí lo soltó para detenerse un poco más adelante. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Total VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $70.000.000 Rechazado

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 3776-2003 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (rechazado) Partes: “Emelina Gutiérrez Alarcón con Héctor Gonzalo Espinoza Pérez y otros”. Partes: Señores Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury U., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C. y el Abogado Integrante señor Fernando Castro A. Cita Online: CL/JUR/6266/2006 DOCTRINA I.- Si bien existen algunas presunciones judiciales que han permitido procesar al inculpado en este juicio, es un hecho de la causa que la víctima del atropello se encontraba de noche durmiendo en un tramo no habilitado de la ruta 5 Sur, con 3.21 gramos por mil de alcohol en la sangre, de acuerdo con lo que señala el resultado de la alcoholemia. De acuerdo a lo razonado, puede deducirse que la víctima se impuso imprudentemente al riesgo, no siendo posible exigir a ningún conductor que prevea una situación como la descrita en los motivos segundo y tercero, siendo ajeno al resultado el hecho de que el conductor po-

38

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

sea o no licencia de conducir, de modo que no existe relación de causalidad entre la falta de licencia de quien guiaba el automóvil y el politraumatismo que causó la muerte de la persona que se encontraba ebria, durmiendo de noche en la carretera 5 Sur. (Considerandos 2º y 5º sentencia Corte de Apelaciones) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Artículos 2314 y siguiente del Código Civil y artículos 167 Nº 3 y 176 de la Ley del Tránsito.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

39

FICHA Nº 18 I. CAUSA BASAL DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO a. Se entiende por esta cualquier circunstancia, comportamiento, acción o condición riesgosa, sin la cual el hecho no se habría producido. b. De un hecho culposo en la circulación vehicular, la ha de constituir el proceder descuidado, imprudente o negligente que “necesariamente” ha determinado la producción del resultado antijurídico ocurrido, la conducta infractora del deber general de atención y cuidado, por la cual ha devenido tal resultado. II. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL a. El comportamiento de la inculpada constituyó la infracción de cuidado que da origen al tipo de delito culposo, ejecutando un hecho que, de mediar malicia, configuraría un delito contra las personas, por lo que el producto dañoso fue jurídicamente obra suya, resultando manifiesto la existencia de una conducta negligente. CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Agricultor EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte (Fractura cervical) HECHOS: La víctima iba caminando por la Ruta 5 Sur sin precaución ni iluminación alguna a pesar de la lluvia y la hora. Y en ese lugar fue atropellado por la demandada quien iba manejando por la pista poniente de dicha ruta, que a la época no estaba habilitada para el uso público, en dirección sur, la cual se dio a la fuga, más tarde fue encontrado el cuerpo sin vida de la víctima, y sin haber sido asistido por la causante del accidente quien tampoco dio aviso del hecho a la unidad policial más cercana. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $40.000.000 $2.000.000 ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 2748-2003 Tipo: Recurso de Casación en la Forma (Rechazado) Partes: “José Vera Vera con María Soledad Espíndola Gómez”. Partes: Señores Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury U., Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E. y Rubén Ballesteros C. Cita Online: CL/JUR/6237/2006 DOCTRINA I.- Se entiende por causa de un accidente de tránsito cualquier circunstancia, comportamiento, acción o condición riesgosa, sin la cual el hecho no se habría producido. En tal virtud, la denominada “causa basal” de un hecho culposo en la circulación vehicular, la ha de constituir el proceder descuidado, imprudente o negligente que “necesariamente” ha determinado

40

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

la producción del resultado antijurídico ocurrido, la conducta infractora del deber general de atención y cuidado, por la cual ha devenido tal resultado. (Considerando 13º, sentencia Corte Suprema) II.- Es evidente que el comportamiento de la recurrente como el del occiso, importaban contravenciones a las reglas del tránsito, siendo sus conductas carentes de prudencia, pues implicaban exceder el riesgo permitido en el tráfico vial. No obstante, el infortunio materia de autos, no resulta razonablemente explicable si se prescinde de la transgresión reglamentaria efectuada por la condenada y la imprudencia manifiesta en que incurrió, esto es, la conducción de un vehículo motorizado por una pista que a la época no estaba habilitada para el uso público, no atenta a las condiciones de tránsito del momento en los términos que le era exigido atendida las características de la vía por la que circulaba, atropellando a la víctima, para luego huir del lugar sin prestar el correspondiente auxilio. (Considerando 14º, sentencia Corte Suprema) Que, con lo que ya se ha reflexionado, es concluyente que el comportamiento de la inculpada constituyó la infracción de cuidado que da origen al tipo de delito culposo, ejecutando un hecho que, de mediar malicia, configuraría un delito contra las personas, por lo que el producto dañoso fue jurídicamente obra suya, resultando manifiesto la existencia de una conducta negligente y la consecuente violación de reglamento imputable a ella. (Considerandos 8º, 9º, 11º, Sentencia Corte Suprema) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Código de Procedimiento Civil art. 767 Nº 1; Código de Procedimiento Civil art. 772; Código de Procedimiento Penal arts. 472 y siguientes; Código de Procedimiento Penal arts. 474 y siguientes; Código de Procedimiento Penal arts. 477 y siguientes; Código de Procedimiento Penal art. 485; Código de Procedimiento Penal art. 487; Código de Procedimiento Penal art. 488; Código de Procedimiento Penal art. 546 Nº 3; Código de Procedimiento Penal art. 546 Nº 7; Código Penal art. 490 Nº 1; Código Penal art. 492; ley Nº 18.290 año 1984 art. 144; ley Nº 18.290 año 1984 art. 167 Nº 2; ley Nº 18.290 año 1984 art. 167 Nº 3; ley Nº 18.290 año 1984 art. 167 Nº 5; ley Nº 18.290 año 1984 art. 188.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

41

FICHA Nº 19 I. CAUSA BASAL DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO a. La conducta del encausado ha constituido la causa basal de los hechos investigados en autos, al conducir no atento a las condiciones del tránsito del momento, sin ceder el derecho preferente de paso y al cambiar de pista sin tener el tiempo ni el espacio suficiente. II. LUCRO CESANTE a. Consiste en la pérdida de la utilidad o ganancia que legítimamente habría podido percibir el ofendido, de no mediar el hecho dañoso. III. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Se refiere a la lesión o menoscabo que el hecho dañoso puede ocasionar en un derecho o interés del que es titular la persona afectada y que dice relación con la esfera extrapatrimonial del individuo.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte HECHOS: Dos buses de locomoción colectiva circulando por la Alameda colisionaron y debido al impacto el segundo bus se enganchó en la pisadera de la puerta trasera del primero, deslizándose hacia el costado derecho de la acera, atropellando contra un poste al peatón Ricardo Jiménez Soto, quien por la gravedad de sus lesiones falleció horas más tarde en la Posta Nº 3, donde era atendido. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $250.000.000 $50.000.000 Lucro cesante $200.000.000 $107.070.680 ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 6469-2005 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (Inadmisible) Partes: “Cecilia Sepúlveda Fuentealba, Noelia Jiménez Sepúlveda, Matías Jiménez Sepúlveda con Sergio Orlando Morales Rojas”. Partes: Señores Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury U., Rubén Ballesteros C., y los Abogados Integrantes señores Fernando Castro A. y Arnaldo Gorziglia B. Cita Online: CL/JUR/8557/2006 DOCTRINA I.- La conducta del encausado ha constituido la causa basal de los hechos investigados en autos, al conducir no atento a las condiciones del tránsito del momento, sin ceder el dere-

42

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

cho preferente de paso y al cambiar de pista sin tener el tiempo ni el espacio suficiente; siendo infractor de las disposiciones del tránsito establecidas en los artículos 114 y 124 de la ley Nº 18.290; configurándose a su respecto las presunciones de responsabilidad contempladas en los Nºs. 2, 7 y 13 del artículo 172 de la misma ley. (Considerando 7º sentencia de Primer Grado) II.- El lucro cesante consiste en la pérdida de la utilidad o ganancia que legítimamente habría podido percibir el ofendido, de no mediar el hecho dañoso. En la especie, al haberse ocasionado la muerte de la víctima, el lucro cesante demandado por su cónyuge e hijos menores ha de entenderse como el daño que se genera en el patrimonio de sus causahabientes; al dejar de percibir, a partir de su muerte, los ingresos que éste producía con su trabajo y que servían para el sostén del núcleo familiar. En opinión de estos sentenciadores, éste es un daño que debe ser cuantificado considerando el curso normal de los acontecimientos y sobre la base de elementos, si no exactos, fundados y razonables. (Considerando 4º sentencia Corte de Apelaciones) II.- En lo que respecta al daño moral demandado, éste es un concepto que se refiere a la lesión o menoscabo que el hecho dañoso puede ocasionar en un derecho o interés del que es titular la persona afectada y que dice relación con la esfera extrapatrimonial del individuo. En la especie, ha de considerar, por una parte, el sufrimiento y dolor de afección que la muerte de la víctima, presumiblemente, ha causado en su viuda e hijos menores cuyo parentesco se encuentra acreditado quienes, según consta de los testimonios, constituían una familia unida y disfrutaban de una sana convivencia; y por otra, el daño que la ausencia del marido, como pareja, provocará en la vida futura de su cónyuge y el daño que su ausencia, como padre, provocará en el crecimiento, desarrollo y madurez emocional de sus hijos, de 9 y 7 años a la fecha del fallecimiento de su padre. Los certificados médicos dan cuenta de los efectos sicológicos que la muerte de la víctima ha provocado en su viuda y la testimonial rendida en autos, los efectos negativos que se observan en la conducta de los niños. (Considerando 8º sentencia Corte de Apelaciones) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Código Civil art. 2314; Código Civil art. 2330; Código de Procedimiento Civil art. 767; Código de Procedimiento Civil art. 782; Código de Procedimiento Penal art. 456 bis; Código de Procedimiento Penal art. 456 bis; Código de Procedimiento Penal art. 535; Código de Procedimiento Penal art. 546; ley Nº 18.290 año 1984 art. 167; ley Nº 18.290 año 1984 art. 171.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

43

FICHA Nº 20 I. Responsabilidad de las Municipalidades a. Si el accidente de tránsito no fue causado por el estado del puente en el cual se produjo, sino por la conducta del chofer del camión causante del mismo, no hay responsabilidad de la municipalidad en la muerte del causante de la parte demandante. b. No hay antecedentes que la Municipalidad tuviera responsabilidad en la mantención del puente en donde se produjo el accidente y que además, éste se ocasionó por la falta de mantención de dicho puente, ya que el suceso, según un fallo criminal, fue la consecuencia de la conducción descuidada de un conductor de un camión que chocó al vehículo de la víctima. II. FALTA DE SERVICIO a. Las municipalidades deberán responder de cualquier detrimento que se provoque a otro por no cumplir con las funciones que esta ley le encomienda para satisfacer las necesidades de la comunidad local. b. Para hacerlas responsables es necesario demostrar esa falta de servicio como causante del hecho que provocó el daño demandado, lo que en el presente caso no se ha producido.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna EDAD: 50 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte. HECHOS: La víctima ingresó en su camioneta al puente Carlos Ibáñez del Campo y cuando faltaban pocos metros a la ribera sur del puente ingresó a éste en forma descuidada y a exceso de velocidad un camión colisionando frontalmente a la camioneta, la que luego de arrastrarla la aprisionó contra la baranda oriente del puente, la que cedió y permitió que la camioneta cayera a las aguas del Río Bueno, falleciendo el conductor por una fractura cervical. La caída no pudo evitarse por el mal estado de la baranda, pues en ese lugar existía un parche de aproximadamente veinte metros que no tenía ningún tipo de sustentación férrea con la base del puente. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Por rebote (cónyuge e hijas). CONCEPTOS DEMANDADOS

MONTOS DEMANDADOS

MONTOS OTORGADOS

Daño Moral

$120.000.000 ($40.000.000 para su cónyuge y $20.000.000 para cada hija)

Rechazado

Daño Emergente y Lucro Cesante

$153.000.000

Rechazado

44

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 1952-2005 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (rechazado). Partes: “María Patricia Prieto Concha y otros con Ilustre Municipalidad de Río Bueno”. Partes: Señores Ricardo Gálvez, Domingo Yurac, Milton Juica, señorita María Antonia Morales y señor Adalis Oyarzún. Cita Online: CL/JUR/4308/2005 DOCTRINA I.- Si el accidente de tránsito no fue causado por el estado del puente en el cual se produjo, sino por la conducta del chofer del camión causante del mismo, no hay responsabilidad de la municipalidad en la muerte del causante de la parte demandante; resultando irrelevante determinar el momento exacto en que dicha persona habría fallecido. (Considerandos 3º y 5º sentencia Corte de Apelaciones) II.- El inciso primero del artículo 141 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, preceptúa que estas corporaciones incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio, de lo cual se infiere que las municipalidades deberán responder de cualquier detrimento que se provoque a otro por no cumplir con las funciones que esta ley le encomienda para satisfacer las necesidades de la comunidad local y, por consecuencia, para hacerlas responsables es necesario demostrar esa falta de servicio como causante del hecho que provocó el daño demandado, lo que en el presente caso no se ha producido, ya que como se demostró por los jueces de la instancia, no hay antecedentes que la Municipalidad tuviera responsabilidad en la mantención del puente en donde se produjo el accidente y que, además, éste se ocasionó por la falta de mantención de dicho puente, ya que el suceso, según un fallo criminal, fue la consecuencia de la conducción descuidada de un conductor de un camión que chocó al vehículo de la víctima que provocó que este móvil con el afectado se precipitara al vacío y cayera al río falleciendo éste, como consecuencia de dicho accidente. (Considerando 9º sentencia Corte Suprema) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Artículo 2314 del Código Civil y artículo 141 de la Ley del Tránsito; artículo 141 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

45

FICHA Nº 21 I. CAUSA BASAL DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO a. La noción de causa basal envuelve la idea de que, en casos como los de estos autos, en los que concurren a la producción del resultado dos conductas equivalentemente causales y ambas creadoras de un riesgo que supera al permitido. b. Hay, sin embargo, a veces, sólo una de ellas que se realiza en tal desenlace y determina, por ende, que éste sea objetivamente imputable a su autor, al paso que la otra adquiere un carácter secundario.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte HECHOS: El demandado conducía un camión por el sector de Bulnes sur y al salir a la calle de servicio paralela a la Ruta 5 Sur, no se percató de la cercanía de otro camión, el que lo hacía por la calle de servicio de sur a norte, colisionándolo en la parte de la carrocería a la altura del estanque de combustible, a raíz de lo cual resultó muerto el chofer de este último vehículo. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS

MONTOS DEMANDADOS

MONTOS OTORGADOS

Daño Moral

No se consigna

$40.000.000

Daño Emergente

No se consigna

$4.000.000

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 1376-2003 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (rechazado) Partes: “Sin identificar con Jorge Francisco Hernández Encina”. Partes: Sres. Enrique Cury U., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C. y los Abogados Integrantes Sres. Manuel Daniel A. y Fernando Castro A. Cita Online: CL/JUR/714/2005 DOCTRINA I.- En un accidente pueden presentarse múltiples causas, con diferentes grados de incidencia. La noción de causa basal envuelve la idea de que, en casos como los de estos autos, en los que concurren a la producción del resultado dos conductas equivalentemente causales y ambas creadoras de un riesgo que supera al permitido, hay, sin embargo, a veces, sólo una de ellas que se realiza en tal desenlace y determina, por ende, que éste sea objetivamente imputable a su autor, al paso que la otra adquiere un carácter

46

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

secundario. Por eso puede resolverse, como correctamente lo ha hecho la sentencia recurrida, que la causa basal del accidente fue la transgresión cometida por el inculpado y no aquéllas en que eventualmente incurrió el extinto. (Considerando 13º sentencia Corte de Apelaciones) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Artículo 145 de la Ley del Tránsito.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

47

FICHA Nº 22 I. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA a. La demandada civil, debe responder solidariamente por imponerle esta obligación el art. 174 de la Ley del Tránsito, precisamente por ser dueña del móvil participante, y no haber acreditado que el vehículo le hubiere sido tomado sin su consentimiento o autorización expresa o tácita. II. EXPOSICIÓN IMPRUDENTE AL DAÑO a. El vehículo conducido por la víctima tenía dos neumáticos en regular estado, y no llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que importa una exposición imprudente a los daños sufridos.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Agricultor EDAD: 51 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte HECHOS: El 6 de octubre de 2000, siendo alrededor de las 17:30 horas, en circunstancias que un tercero conducía la camioneta patente LA 1607, al no ir atento a las condiciones del tránsito del momento y al no mantener una distancia prudente del móvil que lo antecedía, colisionó por alcance a la camioneta, por su parte posterior, provocando su volcamiento fuera de la vía, y el fallecimiento en el lugar de su conductor, debido a la gravedad de las lesiones sufridas. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $70.000.000 $20.000.000.- (Suma única junto al lucro cesante) Daño Emergente $2.600.000 $800.000 Lucro cesante $60.000.000 Se otorgó una suma única respecto al daño moral y al lucro cesante. ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 4421-2002 Tipo: Recurso de Casación en la forma (Casación de oficio) Partes: “Julia del Carmen Rivera Barría con Fernando José Fernández Cabrera; Sociedad Agrícola Ganadera Fernández Compañía”. Partes: Señores Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury U., Milton Juica A., Jaime Rodríguez E. y el Abogado Integrante señor Fernando Castro A. Cita Online: CL/JUR/4127/2005

48

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

DOCTRINA I.- La demandada civil debe responder solidariamente por imponerle esta obligación el art. 174 de la Ley del Tránsito, precisamente por ser dueña del móvil participante, y no haber acreditado que el vehículo le hubiere sido tomado sin su consentimiento o autorización expresa o tácita. (Considerando 24º, sentencia de Primer Grado) II.- Debe señalarse que tal como se ha dicho, el vehículo conducido por la víctima tenía dos neumáticos en regular estado, y no llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que importa una exposición imprudente a los daños sufridos, razón por la que, conforme a la norma del art. 2330 del Código Civil, el Tribunal acogerá esta petición de la forma que expresará. (Considerando 25º, sentencia de Primer Grado) III.- En la especie, no es posible aplicar la teoría de la equivalencia de las condiciones, como pretende la defensa del procesado, fundamentalmente, porque como se ha demostrado en los motivos que preceden, no cabe hablar aquí de pluralidad de causas, pues sólo una tiene el carácter de directa y necesaria para la producción del resultado: la conducción culpable y antirreglamentaria del procesado. (Considerando 13º, sentencia de Primer Grado) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Art. 174 de la Ley del Tránsito, Código Civil art. 2314; Código Civil art. 2330.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

49

FICHA Nº 23 I. OBLIGACIÓN DEL CONDUCTOR a. Debe estar atento a las condiciones del momento, tal como lo ordena el artículo 114, inciso 2º, de la Ley de Tránsito. b. No parece verosímil que el imputado haya mirado hacia atrás por el espejo retrovisor izquierdo antes de abrir la puerta y descender del carro, por lo que puede presumirse, que no se encontraba atento a las condiciones del tránsito del momento.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte HECHOS: El móvil del demandado estaba estacionado en calle Serrano de San Carlos frente al Nº 245 de sur a norte y al abrir la puerta lateral izquierda delantera de su lado, para bajar hacia la calzada, obstruyó la circulación chocando y volcando al ciclista quien transitaba en la misma dirección. A consecuencia de lo cual, éste resultó gravemente lesionado con traumatismo encéfalo craneano complicado que le causó la muerte. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta. CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $20.000.000 (madre) $2.000.0000 (a cada una $20.000.000 (madre del de las solicitantes). hijo menor de la víctima) ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 4526-2002 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (rechazado) Partes: “Mónica Henríquez Aguilera, y otro con Néstor Fuentes Baldecchi”. Partes: Señores Enrique Cury U., Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E. y los Abogados Integrantes señores Fernando Castro A. y Óscar Carrasco A. Cita Online: CL/JUR/1870/2004 DOCTRINA I.- Nuestra legislación y jurisprudencia han exigido que toda persona en la situación de manejar los dispositivos de movimiento de vehículos y aquella que, por su colocación, su función o por la importancia determinante de su desempeño, tiene o asume un rol directivo en la marcha del carruaje se entiende conductor y debe estar atenta a las condiciones del momento, tal como lo ordena el artículo 114, inciso 2º, de la Ley del Tránsito. En autos, no parece verosímil que este en imputado haya mirado hacia atrás por el espejo retrovisor izquierdo antes de abrir la puerta y descender del carro, por lo que puede presumirse, que no se encontraba atento a las condiciones del tránsito del momento. Con todo, el acto de descender por el lado del conductor no es un hecho de irrelevantes consecuencias, y tampoco puede

50

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

estimarse comprendido en la eximente de responsabilidad del artículo 10, Nº 8º del Código Penal, pues esta disposición, para que concurra, hace imprescindible que con motivo de la realización de un acto lícito y con la debida diligencia, suceda un accidente. Lo que no ocurre en autos, por cuanto descendía por un lado improcedente. (Considerandos 4º y 7º sentencia Corte Suprema) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Artículos 114 y 172 Nº 2 de la Ley del Tránsito.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

51

FICHA Nº 24 I. OBLIGACIÓN DEL CONDUCTOR a. El conductor del camión no estaba atento a las condiciones del tránsito del momento, adelantó en un cruce, no mantuvo una distancia adecuada con el vehículo que lo antecedía y llevaba una velocidad mayor a la razonable y prudente bajo las condiciones existentes b. El quebrantamiento de las disposiciones legales que reglamentan la conducción de un vehículo motorizado, que fue la causa inmediata y directa en la producción del hecho dañoso. II. RESPONSABILIDAD POR EL HECHO AJENO a. Si bien conforme a lo prevenido en el artículo 2320 del Código Civil, los empresarios son responsables de los delitos de acción u omisión cometidos por sus dependientes mientras estén bajo su cuidado, durante el tiempo que presten sus servicios o desempeñen las funciones que les estén encomendadas, en el caso de autos no se logró establecer relación de dependencia alguna entre el procesado y el dueño de la carga. III. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Es de índole netamente subjetiva y su fundamento se encuentra en la propia naturaleza de la psicología afectiva del ser humano. b. Tal daño se produce siempre que un hecho externo afecta a la integridad física o moral de un individuo. c. La apreciación pecuniaria de éste debe considerarse por entero entregada a la apreciación discrecional del Juez, pues dada su naturaleza es inconcuso que no puede ni requiere ser acreditada. CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Sin ocupación EDAD: 6 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte HECHOS: El minibús donde venían las víctimas al llegar al cruce El Peñón disminuyó su velocidad a unos 30 ó 40 kilómetros por hora. A fin de dirigirse a la localidad de Andacollo es que encendió el intermitente para virar hacia la izquierda y tomar el camino que conduce a dicha localidad, miró por el espejo retrovisor y divisó un camión que venía tras suyo. En estas circunstancias, mientras viraba, sintió un fuerte impacto en el costado izquierdo trasero de minibús que conducía. Tal impacto se debió a que el imputado, quien conducía el vehículo camión en esos instantes, frente al cruce en vez de disminuir su velocidad habiendo visto parpadear la luz izquierda de viraje de aquel vehículo debido a su exceso de velocidad y falta de atención de las condiciones del tránsito, procedió a adelantar en zona prohibida ocasionando las trágicas consecuencias investigadas en autos. A raíz de la colisión falleció el menor, y sufrió lesiones graves uno de los pasajeros sufriendo lesiones menos graves los menores. El vehículo que conducía el imputado se encontraba prestando servicios contractuales para la empresa. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $40.000.000 $40.000.000 Daño Emergente

$20.000.000

Rechazado

52

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Transportista EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión leve EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS Daño Moral 500 UF Daño Emergente 547 UF

MONTOS OTORGADOS $2.000.000 $8.490.000

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 2187-2002 Tipo: Recurso de Casación en el fondo (Rechazado) Partes: “Eduardo Antonio Araya Heraldo; Doris Carolina Marambio Flores con Herman Ricardo Díaz Plaza”. Partes: Enrique Cury Urzúa, Fernando Castro Álamos, Jaime Rodríguez Espoz, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña Cita Online: CL/JUR/4936/2004 DOCTRINA I. Encontrándose establecido que el conductor del camión no estaba atento a las condiciones del tránsito del momento, adelantó en un cruce, no mantuvo una distancia adecuada con el vehículo que lo antecedía y llevaba una velocidad mayor a la razonable y prudente bajo las condiciones existentes, resulta evidente el quebrantamiento de las disposiciones legales que reglamentan la conducción de un vehículo motorizado, que fue la causa inmediata y directa en la producción del hecho dañoso. En consecuencia, no resulta quebrantado el artículo 492 del Código Penal, al calificar el suceso como constitutivo del cuasidelito de homicidio y lesiones graves. (Considerandos 4º y 5º sentencia Corte Suprema) II. Las demandas interpuestas en contra del dueño de la carga, se desestiman por no existir relación contractual o extracontractual entre éste y el procesado, toda vez que el contrato de transporte que mantenía el primero lo era con el empleador del procesado, no existiendo, en consecuencia, responsabilidad por el hecho de un tercero o hecho ajeno. Cabe tener presente que si bien conforme a lo prevenido en el artículo 2320 del Código Civil, los empresarios, sean personas naturales o jurídicas, la ley no distingue, son responsables de los delitos de acción u omisión cometidos por sus dependientes mientras estén bajo su cuidado, durante el tiempo que presten sus servicios o desempeñen las funciones que les estén encomendadas, en el caso de autos no se logró establecer relación de dependencia alguna entre el procesado y el dueño de la carga. (Considerando 20º sentencia de primera instancia, en el mismo sentido Corte de Apelaciones) III. El daño moral es de índole netamente subjetiva y su fundamento se encuentra en la propia naturaleza de la psicología afectiva del ser humano, de manera que puede decirse que tal daño se produce siempre que un hecho externo afecta a la integridad física o moral de un individuo y, por lo tanto, la apreciación pecuniaria de éste debe considerarse por entero entregada a la apreciación discrecional del juez, pues dada su naturaleza es inconcuso que no puede ni requiere ser acreditada. (Considerando 17º Sentencia primer grado) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Ley Nº 18.290 año 1984 art. 114; ley Nº 18.290 año 1984 art. 127; ley Nº 18.290 año 1984 art. 130; ley Nº 18.290 año 1984 art. 148; ley Nº 18.290 año 1984 art. 149; ley Nº 18.290 año 1984 art. 150.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

53

FICHA Nº 25 I. INFRACCIÓN A LAS LEYES DEL TRÁNSITO a. No estar atento a las condiciones del tránsito del momento y no llevar una velocidad razonable y prudente. b. Si el sentenciado hubiera estado atento a las condiciones del tránsito del momento, podría haberse percatado de la existencia de una curva, reduciendo la velocidad en forma razonable y prudente, evitando el hecho típico. II. OBLIGACIÓN DEL CONDUCTOR a. Todo conductor deberá mantener el control de su vehículo durante la circulación y conducirlo conforme a las normas de seguridad determinadas en esta ley. b. Asimismo, los conductores estarán obligados a mantenerse atento a las condiciones del tránsito del momento. c. Ninguna persona podrá conducir un vehículo a una velocidad mayor de la que sea razonable y prudente, bajo las condiciones existentes, debiendo considerar los riesgos y peligros presentes y los posibles.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Conductor EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte HECHOS: El demandado, conducía un camión por la Ruta Q 50, en el sector de Tomeco, al llegar al kilómetro 30 y al no estar atento a las condiciones del tránsito del momento y no llevar una velocidad razonable y prudente ingresó a una curva, ampliando su radio de giro sobrepasando el eje central de la calzada, obstruyendo la pista de circulación del camión, colisionándolo para luego volcar, impactando a la vez a otro camión, falleciendo el conductor de este último en el lugar de los hechos aprisionado entre los fierros de la cabina y carrocería del camión. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $55.000.000 $20.000.000 Daño Emergente $500.000 $480.000 Lucro Cesante $33.480.000 Rechazado

54

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 4544-2002 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (rechazado). Partes: “María del Carmen Hernández Irribarra, y otros, con Álvaro Segura Quezada”. Partes: Señores Enrique Cury U., Milton Juica A., Nibaldo Segura P. y los Abogados Integrantes señor Fernando Castro A. y señora Luz María Jordán. Cita Online: CL/JUR/4913/2004 DOCTRINA I.- Como ha quedado probado, concurrieron como causales del accidente dos infracciones a la Ley del Tránsito: no estar atento a las condiciones del tránsito del momento y no llevar una velocidad razonable y prudente, sin que en la especie sea aplicable la disposición al artículo 196 B, porque el no llevar una velocidad razonable y prudente, fue una de las causas del accidente, pero no la determinante como lo exige la citada disposición legal, para la aplicación de la pena en su grado máximo. En efecto, si el sentenciado hubiera estado atento a las condiciones del tránsito del momento, podría haberse percatado de la existencia de una curva, reduciendo la velocidad en forma razonable y prudente, evitando el hecho típico, vale decir, influyeron en el accidente conjuntamente las dos infracciones indicadas, no siendo necesariamente determinante la velocidad sin que existiera, además, el hecho de que el conductor no estaba atento a las condiciones del tránsito del momento. (Considerando 4º sentencia Corte de Apelaciones) II.- El artículo 114 ordena que todo conductor deberá mantener el control de su vehículo durante la circulación y conducirlo conforme a las normas de seguridad determinadas en esta ley, sin que motivo alguno justifique el desconocimiento o incumplimiento de ella. Asimismo, los conductores estarán obligados a mantenerse atento a las condiciones del tránsito del momento. El artículo 148 estipula que ninguna persona podrá conducir un vehículo a una velocidad mayor de la que sea razonable y prudente, bajo las condiciones existentes, debiendo considerar los riesgos y peligros presentes y los posibles. En todo caso, la velocidad debe ser tal que permita controlar el vehículo cuando sea necesario, para evitar accidentes. El artículo 149 determina que el conductor de un vehículo deberá conducirlo a una velocidad reducida al ingresar a un cruce de calles o caminos, cuando se aproxime y vaya en una curva, etc. (Considerando 7º sentencia de primer grado) II.- El tercero que conducía el camión día y hora de los hechos probados, con su conducta imprudente y con clara infracción a la normatividad del tránsito, es la que tiene directa relación con el resultado producido, que aunque no querido por el señalado tercero, era previsible y evitable. Previsible, porque debió representarse que al no estar atento a las condiciones del tránsito del momento, etc., podía impactar otro vehículo, como efectivamente sucedió, y evitable porque de haber dado cumplimiento a las prescripciones precitadas de la ley Nº 18.290, no se habría producido el resultado típico. (Considerando 8º sentencia de primer grado) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Artículos 2314 y 2330 del Código Civil y artículos 547 Nº 7 y 547 del Código de Procedimiento Penal; artículos 114, 148,149.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

55

FICHA Nº 26 I. OBLIGACIÓN DEL CONDUCTOR a. El encausado no podía menos que representarse que al conducir un vehículo de locomoción colectiva debía permanecer en todo momento atento a las condiciones del tránsito, omisión en la que incurrió, al percatarse tardíamente de la presencia del vehículo que se encontraba estacionado en una recta con señales de advertencia reglamentarias. II. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Tanto nuestra legislación como nuestros tribunales han seguido una de las tesis más clásicas como el pretium dolores, que afecta a la integridad espiritual de una persona, y este dolor no necesita de prueba específica, ya que es apreciado por el juez de acuerdo a los antecedentes del proceso y la equidad. III. ACCIONES CIVILES EN PROCESO PENAL a. En el proceso penal se pueden deducir las acciones civiles que tengan por objeto reparar los efectos civiles del hecho punible. CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Chofer EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte HECHOS: Chofer conducía un bus de locomoción colectiva con pasajeros por la Ruta S 30 en dirección a Temuco, sin estar atento a las condiciones del tránsito, a una velocidad no inferior a 75 kilómetros por hora, impacta a un camión que se encontraba estacionado en panne, ocupando parte de la calzada con las señales de advertencia reglamentarias, y a raíz del impacto resultaron lesionados el conductor del camión, que se encontraba debajo del mismo, reparándolo y que dada la gravedad de las lesiones falleció, como asimismo resultaron lesionados 11 pasajeros del autobús. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $50.000.000 $10.000.000 ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Pasajero EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión leve EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa. CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS Daño Moral $80.000.000 Daño Emergente y Lucro Cesante $5.000.000

MONTOS OTORGADOS $1.500.000 Rechazado

56

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Pasajero EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Incapacidad (fractura piso órbita izquierda, con fractura de clavícula y fractura dorsal). EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $15.000.000 $1.500.000 ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Pasajero EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión leve EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS

MONTOS DEMANDADOS

MONTOS OTORGADOS

Daño Moral

$15.000.000

$300.000

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Pasajero EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión leve EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS

MONTOS DEMANDADOS

MONTOS OTORGADOS

Daño Moral

$40.000.000

$350.000

Daño emergente y Lucro Cesante

$250.000

$75.000

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Pasajero EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión leve EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS

MONTOS DEMANDADOS

MONTOS OTORGADOS

Daño Moral

$30.000.000

$250.000

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

57

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Pasajero EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión leve EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS

MONTOS DEMANDADOS

MONTOS OTORGADOS

Daño Moral

$10.000.000

$200.000

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 4836-2001 Tipo: Recurso de Casación en la Forma y en el Fondo (rechazado) Partes: “Luis Méndez Saavedra con Max Arriagada Sandoval y otros”. Partes: Señores Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury U., Milton Juica A., Nibaldo Segura P. y el Abogado Integrante señor Fernando Castro A. Cita Online: CL/JUR/4691/2004 DOCTRINA I.- La declaración del encausado constituye una confesión judicial, la que por reunir los requisitos del artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, servirán para tener por acreditada su participación en calidad de autor en los hechos investigados, por haber participado en ellos de una manera inmediata y directa, obrando culpablemente y con infracción a los reglamentos del tránsito. Culpable, ya que el encausado no podía menos que representarse que al conducir un vehículo de locomoción colectiva debía permanecer en todo momento atento a las condiciones del tránsito, omisión en la que incurrió, al percatarse tardíamente de la presencia del vehículo que se encontraba estacionado en una recta con señales de advertencia reglamentarias. Con infracción reglamentaria, por una parte, por cuanto debió conducir el vehículo atento a las condiciones del tránsito del momento, por otra, al conducir a una velocidad mayor de la que sea razonable y prudente, considerando los riesgos presentes y los posibles, y en todo caso, que le permita controlar el vehículo cuando sea necesario para evitar accidentes; y del mérito de los antecedentes se desprende que la velocidad no era la adecuada, pues de lo contrario habría logrado controlar el vehículo. En consecuencia, no es posible dudar que los hechos que causaron la muerte, y las lesiones graves y menos graves de los pasajeros del bus, fueron causados por la conducción descuidada del encartado pues, como se señala, la causa basal del accidente fue que el conductor del bus conducía el móvil y al distraer su atención en la conducción se percata tardíamente de la presencia del móvil que lo antecede en panne y con las señalizaciones de advertencia, al cual choca y por proyección el móvil aplasta al occiso que se encontraba bajo él. (Considerando 3º sentencia de primera instancia, en el mismo sentido considerando 8º sentencia Corte Suprema) II.- La causal de falta de consideraciones en que se estima incurre la sentencia impugnada, por no existir prueba ni en el sumario ni en el plenario para dar por acreditado el daño moral sufrido por la viuda del occiso, debe ser rechazada, ya que el recurrente solamente hizo mención de infracciones de disposiciones civiles que no pueden aplicarse a una sentencia criminal como la que ha sido objeto de la apelación. Más aún, de la lectura fallo de primera

58

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

instancia, reproducido parcialmente por el de segunda, y del fallo atacado, se puede constatar que efectivamente los sentenciadores hicieron reflexiones que son compatibles con la aceptación y elevación del daño moral sufrido, que no necesita de probanzas por su naturaleza y que, por lo demás, es de exclusiva facultad del Tribunal de Fondo, lo que impide a esta Corte alterarla. (Considerando 4º sentencia Corte Suprema) Tanto nuestra legislación como numerosas sentencias de nuestros tribunales, en lo que se refiere al daño moral, han seguido una de las tesis más clásicas como el pretium dolores, que afecta a la integridad espiritual de una persona, y este dolor no necesita de prueba específica, ya que es apreciado por el juez de acuerdo a los antecedentes del proceso y la equidad. (Considerando 10º sentencia Corte Suprema) III.- En el proceso penal se pueden deducir las acciones civiles que tengan por objeto reparar los efectos civiles del hecho punible. Esto, con arreglo a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, según lo dispone el artículo 10. Así, por expresa disposición del artículo 63 del mismo Código, los recursos de apelación se verán ante los tribunales que deben conocer de ellos sin esperar la comparecencia de las partes. En consecuencia, no tiene aplicación la disposición del artículo 200 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, el hecho que la actora civil no haya comparecido en segunda instancia, y haberse aumentado por el tribunal de alzada la indemnización, no puede estimarse como ultrapetita, ya que versa sobre situaciones procesales que no tienen relación alguna con ese vicio. La ultrapetita se produce cuando apartándose de los términos en los que las partes situaron la controversia por medio de sus respectivas acciones y excepciones, se altera el contenido de éstas, cambiando su objeto o modificando su causa de pedir. En el caso analizado, tal cosa no ha pasado pues, si bien se alzó la suma de la indemnización, ello pudo hacerse sin problema legal alguno y estando habilitada para hacerlo la Corte mediante el recurso de apelación de que conoció. (Considerando 3º sentencia Corte Suprema) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Artículos 2314 del Código Civil, artículos 114, 148 y 172 Nº 2 de la Ley del Tránsito.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

59

FICHA Nº 27 I. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. a. Velar por la salud y seguridad de sus trabajadores, lo que incluye otorgar descansos a los conductores. b. Actuó de manera culposa puesto que no envió un chofer que conduciera el vehículo hacia el lugar donde debían realizarse los trabajos.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Trabajador EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte HECHOS: Un tercero conducía una camioneta en la cual iba la víctima, el tercero era nuevo en la empresa y por orden del superior debió manejar luego de varias horas de trabajo y producto del cansancio se durmió al volante, provocándose el accidente. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $ 80.000.000 $35.000.000 Lucro Cesante $90.400.000 Rechaza ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 4033-2002 Tipo: Recurso de Casación en el fondo y en el fondo (Rechazado) Partes: “Gabriela de Lourdes Elgueda Olmedo; Ángelo Patricio Cortés Elgueda con Servicios B y B LTDA.”. Partes: Señores Orlando Álvarez H., Urbano Marín V., Jorge Medina C. y los Abogados Integrantes señores Patricio Novoa F. y Fernando Castro A. Cita Online: CL/JUR/1411/2003 DOCTRINA I.- Encontrándose establecido que una camioneta de la empresa demandada que transportaba a algunos trabajadores sufrió un accidente que ocasionó la muerte de uno de ellos, luego de reparar un vehículo en la vía pública, que el supervisor ordenó que volvieran de las faenas, sin que los trabajadores descansaran antes de su regreso y que el conductor del vehículo se quedó dormido producto del cansancio. En estas circunstancias, aparece que el empleador infringió el artículo 184 del Código del Trabajo, al no velar por la salud y seguridad de sus trabajadores. En efecto, del estudio de la causa basal del accidente, éste se debió a que el conductor de la camioneta perteneciente al empleador, lo hacía en el móvil junto al occiso y al supervisor, habiendo concurrido a reparar el vehículo de un tercero por orden de aquél, y que se quedó dormido al volante mientras conducía de regreso a Antofagasta debido al cansancio, después de una prolongada jornada laboral. (Considerando 2º sentencia Corte de Apelaciones y considerandos 6º y 7º sentencia Corte Suprema)

60

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

II. Por lucro cesante debe entenderse que éste consiste en la pérdida de una legítima ganancia o de las rentas que se han dejado de percibir, y en el presente caso se traduce en las posibles remuneraciones que habría podido percibir el occiso, petición que habrá de rechazarse, puesto que es menester señalar que era solamente eventual que aquél hubiese tenido la posibilidad de vivir hasta los sesenta y cinco años y percibir una remuneración como la que se considera para demandar, a lo que cabe añadir que el menor hijo del trabajador fallecido, percibe una pensión de supervivencia, por lo que la petición por el concepto aludido anteriormente habrá de rechazarse. (Considerando 8º sentencia Corte de Apelaciones) III. Debido a un actuar culpable de la parte demandada, se produjo un accidente que en definitiva se tradujo que a consecuencia de él falleció el padre del menor, quien se vio privado de su progenitor para siempre, lo que a juicio de los sentenciadores implica un sufrimiento que es preciso sea indemnizado. (Considerando 9º sentencia Corte de Apelaciones) IV. La demandada de autos actuó en forma culposa, toda vez que no pudo menos que prever que después de la jornada ordinaria de trabajo el enviar a trabajadores que ya la habían cumplido a reparar un móvil que se encontraba a varias horas de camino del lugar de trabajo que se ubicaba en la carretera, perteneciente a una tercera empresa sin un conductor destinado únicamente para ese efecto, constituye un riesgo para la seguridad de los trabajadores, ya que además del trabajo a realizar también habían de conducir el vehículo en el que viajaban, habiendo de consignarse, además, que resulta también obligado por el actuar negligente del supervisor que era la persona que había de tomar las decisiones pertinentes respecto de lo que debía de hacerse una vez terminado el trabajo, y éste decidió regresar a Antofagasta. (Considerando 5º sentencia Corte de Apelaciones) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Código de Procedimiento Civil art. 768 Nº 7; Código del Trabajo art. 184; Código del Trabajo art. 420; ley Nº 16.744 año 1968 art. 5º.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

61

FICHA Nº 28 I. OBLIGACIÓN DEL CONDUCTOR. a. Estar atento a las condiciones del tránsito del momento. b. Respetar el derecho del peatón. II. CUASIDELITO DE HOMICIDIO a. Establecida la existencia del hecho delictuoso y la calidad de autor que en él corresponde al procesado, queda legalmente en evidencia su obligación de indemnizar los perjuicios causados por su delito. III. EXPOSICIÓN IMPRUDENTE AL DAÑO a. Resulta irrelevante que la víctima se encontrará en estado de ebriedad al no ejecutar alguna acción constitutiva de infracción, no siendo capaz de eximir o atenuar la responsabilidad penal del conductor. IV. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA a. A la fecha del accidente, el camión figuraba inscrito a nombre del co-demandado civil. CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte HECHOS: Conductor de un camión al intentar doblar por una calle estrecha subiéndose a la vereda atropella a un peatón causándole la muerte. Para luego escapar del lugar sin prestar ayuda alguna. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $20.000.000 $4.000.000 ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 2388-2000 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (rechazado) Partes: “Viviana del Pilar Navarrete Martínez con Manuel Reyes Aránguiz y otro”. Partes: Señores Jorge Rodríguez A., Enrique Cury U., José Luis Pérez Z. y los Abogados Integrantes señores Fernando Castro A. y Álvaro Rencoret S. Cita Online: CL/JUR/4514/2000 DOCTRINA I.- Se ha acreditado que la víctima se encontraba esperando locomoción en un pasaje, momento en el que fue pasado a llevar por el costado derecho delantero de un camión tolva, que el imputado conducía, el cual viró hacia el pasaje y dado su gran tamaño se subió al sector de tierra contigua a la única pista pavimentada del pasaje, a raíz de lo cual la víctima se desestabilizó cayendo bajo la rueda trasera derecha del móvil, resultando con su cráneo y tórax aplastados; lesiones descritas en el protocolo de autopsia que le causaron una muerte

62

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

instantánea debido a la gravedad de las mismas. Hechos que constituyen una conducta temeraria, imprudente y culpable con infracción a lo dispuesto en los artículos 114 y 138 de la ley Nº 18.290. Ello, toda vez que el conductor no iba atento a las condiciones del tránsito del momento y realizó un viraje sin respetar el derecho del peatón que se encontraba esperando locomoción en tal esquina. Infracción que tipifica el cuasidelito de homicidio, previsto en el artículo 492 y sancionado en el artículo 490 Nº 1, ambos del Código Penal. (Considerando 2º sentencia de primer grado) II.- Habiéndose establecido la existencia del hecho delictuoso y la calidad de autor que en él corresponde al procesado, queda legalmente en evidencia su obligación de indemnizar los perjuicios causados por su delito. (Considerando 15º sentencia de primer grado) III.- El estado de ebriedad de la víctima en el caso resulta irrelevante, no siendo capaz de eximir o atenuar la responsabilidad penal del conductor del camión. En efecto, no se encontraba ejecutando ninguna acción constitutiva de infracción, que amerite una exposición imprudente al daño, por el contrario, consta en estos autos, que estaba en la vereda cuando fue atropellado, por una torpe maniobra de viraje realizada por el chofer imputado. (Considerando 2º sentencia Corte de Apelaciones) IV.- Que para hacer efectiva la responsabilidad solidaria de que habla el artículo 174 de la Ley del Tránsito, cabe tener presente que a la fecha del accidente, el camión figuraba inscrito a nombre del co-demandado civil, según consta en certificado que él mismo acompaña a autos, presunción de dominio que se encuentra ratificada en el proceso, con el hecho de haber comparecido él mismo, solicitando, como dueño del vehículo y actuando a nombre propio, su devolución; que no puede desvirtuarse luego mediante prueba documental, según la cual vendió el camión en cuestión antes del accidente, y autorización otorgada al día siguiente de éste por medio de la cual la supuesta nueva dueña del automóvil le autorizó para retirarlo del Tribunal. (Considerandos 4º a 7º sentencia Corte de Apelaciones) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Artículos 47, 2314, 2329 y 2330 Código Civil y artículos 33, 38, 138 y 174 de la Ley del Tránsito.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

63

FICHA Nº 29 I. OBLIGACIÓN DEL CONDUCTOR a. Considerar los riesgos y peligros del momento y las posibles consecuencias. b. Controlar el vehículo para evitar el accidente, aun cuando los peatones se hayan expuesto al riesgo. c. No manejar bajo la influencia del alcohol. II. CAUSA BASAL DEL ACCIDENTE DE TRABAJO a. Se define como la causa necesaria y suficiente para que el accidente se produzca. III. TEORÍA DE LA EQUIVALENCIA DE LAS CONDICIONES. a. Todos los factores que intervinieron en el accidente que se produjo deben considerarse en igual mérito, siendo causa del resultado acontecido aquélla que eliminada intelectualmente tiene la virtud de suprimir la consecuencia o infracción.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte HECHOS: Cinco personas fueron atropelladas por un furgón cuyo conductor iba a exceso de velocidad y ebrio. Causándole la muerte a 4 de ellas. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS

MONTOS DEMANDADOS

MONTOS OTORGADOS

Daño Moral

$80.000.000

$ 10.000.000

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS

MONTOS DEMANDADOS

MONTOS OTORGADOS

Daño Moral

$ 80.000.000

$ 10.000.000

64

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: - No se consigna EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS

MONTOS DEMANDADOS

MONTOS OTORGADOS

Daño Moral

$ 80.000.000

$ 10.000.000

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS Daño Moral $ 80.000.000

MONTOS OTORGADOS $ 10.000.000

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Incapacidad EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa e indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS Daño Moral $15.000.000 (víctima) $ 5.000.000 (Padre)

MONTOS OTORGADOS $4.000.000 (víctima) $ 2.000.000 (Padre)

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 3284-2000 Tipo: Recurso de Casación en el fondo (Desistido) Partes: “Ramón Enrique Barra Salgado, Patricio Antonio Barra Cifuentes, Víctor Hugo Jerez Rivas y Eduviges Solís Rivas; Carlos Leal Osse, Cupertina Araya Araya y Luciana Leal Araya, María Delgado Vargas, Francisco Muñoz Rocha e Iván Muñoz Fernández con José Díaz Almazan y Sociedad Constructora Fe Grande S.A”. Partes: Señores Luis Correa B., Guillermo Navas B., Alberto Chaigneau del C. y José Luis Pérez Z. y el Abogado Integrante señor Fernando Castro A. Cita Online: CL/JUR/4140/2000 DOCTRINA I. El encausado guiaba el móvil a exceso de velocidad, infringiendo lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley de Tránsito, sin considerar los riesgos y peligros del momento y las posi-

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

65

bles consecuencias como lo señala la citada disposición, de no ser así habría podido controlar el vehículo para evitar el accidente, aun cuando los peatones se hayan expuesto al riesgo, como consigna el informe técnico de la Siat a fs. 111, ello sumado al hecho de guiar bajo la influencia del alcohol, infringiendo el artículo 115 de la misma. Tal conducta imprudente y con infracción a la reglamentación del tránsito, tiene relación directa con el resultado acaecido, que aunque no querido por el autor, era previsible desde que podía representarse anticipadamente como posible el hecho que iba a acaecer como consecuencia de las maniobras imprudentes que realizó, y evitable porque si no hubiere infringido las normas del tránsito habría ejecutado los actos tendientes para evitar el resultado típico. (Considerandos 17º y 19º sentencia de primer grado) II.- En un accidente pueden presentarse múltiples causas, con diferentes grados de incidencia. Por tanto, debe despejarse el entorno, permitiendo conocer la Causa Basal que se define como la causa necesaria y suficiente para que el accidente se produzca. Con los elementos de prueba analizados y con los hechos acreditados en esta sentencia se encuentra establecido que la causa basal del accidente fue que el conductor conducía a una velocidad mayor de la razonable y prudente, bajo las condiciones existentes en ese momento, ya que habiendo apreciado a cierta distancia la presencia de peatones en el bandejón central y en el costado derecho de la calzada, efectuó varios cambios de luces, no obstante lo cual no frenó ni disminuyó la velocidad del móvil, atropellando a los peatones cuando éstos cruzaban la vía, en los instantes en que el móvil se desplazaba en rodaje libre, impactándolos con la parte frontal de éste. (Considerando 13º Sentencia Corte de Apelaciones) III. Dentro de la teoría de la equivalencia de las condiciones, todos los factores que intervinieron en el accidente que se produjo deben considerarse en igual mérito, siendo causa del resultado acontecido aquella que eliminada intelectualmente tiene la virtud de suprimir la consecuencia o infracción. Todos los factores examinados reviste especial importancia como causa del accidente la circunstancia que el chofer se desplazaba por la vía a una velocidad mayor a la razonable y prudente, infringiendo con ello el artículo 148 de la Ley del Tránsito, disposición que prima por la del artículo 150 de la misma ley. Conforme lo expuesto, si el chofer del minibús al ver la presencia de peatones en la calzada hubiere disminuido la velocidad hasta detener el móvil, teniendo tiempo para ello, pues hizo varias veces cambios de luces, no se habría producido el accidente, careciendo de relevancia que los peatones cruzaron la calzada por un lugar no habilitado y que se encontraran en estado de intemperancia alcohólica. El conductor vio a las personas a cierta distancia, antes que cruzaran la calzada, y teniendo tiempo para detener el móvil no lo hizo. La circunstancia que el chofer del minibús no llevara una velocidad razonable y prudente bajo las condiciones existentes, como la noche y la mala visibilidad, fluye no sólo de los elementos de convicción, sino también de los daños experimentados por el vehículo, de la gravedad y magnitud de las lesiones sufridas por las víctimas, de la proyección y distancia en que quedaron los cuerpos de las víctimas y la distancia recorrida por el minibús después del impacto hasta quedar detenido, calculada en 200 metros. (Considerando 23º Sentencia Corte de Apelaciones) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Código Civil art. 2330; Código de Procedimiento Civil art. 782; Código Penal art. 11 Nº 6; Código Penal art. 492 Nº 1; Código Penal art. 492 Nº 2; Código Penal art. 75; ley Nº 18.290 año 1984 art. 115; ley Nº 18.290 año 1984 art. 148; ley Nº 18.290 año 1984 art. 149; ley Nº 18.290 año 1984 art. 150; ley Nº 18.290 año 1984 art. 172 Nº 7; ley Nº 18.290 año 1984 art. 174 inc. 2º.

66

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

FICHA Nº 30 I. OBLIGACIÓN DEL CONDUCTOR a. Conducir el vehículo motorizado atento a las condiciones del tránsito del momento. II. RESPONSABILIDAD CIVIL. a. El artículo 2314 del Código Civil obliga al que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro a indemnizar los perjuicios. b. La reparación debe ser completa. III. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Debe entenderse comprendido dentro de la acción indemnizatoria que permite que todo daño debe ser reparado. b. El daño debe ser indemnizado, pero como tiene un carácter abstracto su regulación queda entregada a la prudencia y equidad del sentenciador.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte HECHOS: Un individuo conducía en la ciudad de Osorno el camión por calle Mackenna en dirección Oriente Poniente y al llegar a la esquina de la calle J. Pérez la peatón cruzó en forma sorpresiva la intersección en el cruce peatonal, siendo golpeada con la parte derecha del camión, ocasionándole lesiones de carácter grave, falleciendo en el hospital el día 28 de julio de 1997. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $20.000.000 $15.000.000 Daño Emergente $500.000 Rechazado ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 3830-1999 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (rechazado) Partes: “Delfín Alfonso Vidal Vidal con Luis Jaime Barrientos Barrientos y otro”. Partes: Señores Luis Correa B., Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury U. y José Luis Pérez Z. y el Abogado Integrante señor Vivian Bullemore G. Cita Online: CL/JUR/3630/2000 DOCTRINA I.- El conductor, dada la escasa velocidad que llevaba, tuvo tiempo más que suficiente para aplicar los frenos y detener el móvil ante la presencia de la víctima, y si sólo lo hizo cuando sus compañeros de cabina se lo advirtieron, puede deducirse racionalmente que realizaba su conducción con infracción a la regla contenida en el inciso 2º del artículo 114 de la ley

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

67

Nº 18.290, esto es, conducir un vehículo motorizado sin estar atento a las condiciones del tránsito del momento, y como el accidente se produjo en la intersección de las calles y dentro de los 10 metros reglamentarios, permite concluir que le afectan las presunciones de responsabilidad del inciso 2º del artículo 492 del Código Penal y las de los números 2º y 10º del artículo 172 de la ley Nº 18.290. (Considerando 2º sentencia de reemplazo) II.- El artículo 2314 del Código Civil obliga al que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro a indemnizar los perjuicios, sin perjuicio de la pena que le corresponda por el delito o cuasidelito, y por disposición del artículo 2329 del mismo cuerpo legal, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. Las normas citadas obligan a reparar el perjuicio causado por el hecho ilícito, reparación que, como es natural, debe ser completa, esto es, devolver al patrimonio del afectado una cantidad equivalente a la que constituye el daño, pero en autos el actor civil no ha rendido prueba alguna tendiente a acreditar el daño material sufrido, y por ello esta pretensión no será oída. En cuanto al daño moral que se reclama, debe entenderse comprendido dentro de la acción indemnizatoria que permite que todo daño debe ser reparado, y en la especie este daño consiste en la aflicción y dolor que experimenta el cónyuge de la víctima y su grupo familiar por la pérdida tan repentina, violenta y trágica de la dueña de casa, con quien estuvo casado por casi 20 años, daño que debe ser indemnizado, pero como tiene un carácter abstracto su regulación queda entregada a la prudencia y equidad del sentenciador. (Considerandos 13º, 15º y 16º, sentencia de reemplazo) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Artículos 2314, 2329 y 2330 Código Civil y artículos 114, 172 Nº 2 y 10 y 174 inciso 2º de la Ley del Tránsito.

68

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

FICHA Nº 31 I. OBLIGACIÓN DEL CONDUCTOR a. Estar atento a las condiciones del momento. b. Mantener el control del vehículo durante la circulación y conducirlo conforme a las normas de seguridad determinadas por la ley. c. Mantener una velocidad razonable y prudente bajo las condiciones existentes debiendo considerar los riesgos y peligros presentes y los posibles. II. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. No puede ser avaluado objetivamente, pero puede ser apreciado por Tribunal ante la declaración de testigos.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: No se consigna EDAD: 24 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte (TEC abierto, contusión cerebral grave) HECHOS: El inculpado conducía un automóvil y al llegar a un semáforo que se encontraba color verde, sorpresivamente atropelló a la peatona, quien cruzó la calzada de Poniente a Oriente, por el paso peatonal, no respetando la luz roja que tenía para peatones y además sin mirar si venían vehículos. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Total VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $12.000.000 $4.200.000 ANTECEDENTES DEL FALLO Rol Nº: 30557-1994 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (rechazado) Partes: “Liones Leal Araneda, con Rubén Beltrán Sandoval y otro”. Partes: Señores Enrique Zurita C., Hernán Álvarez G. y Mario Garrido M. y los Abogados Integrantes señores Arturo Montes R. y Jorge Rodríguez A. Cita Online: CL/JUR/1342/1997 DOCTRINA I.- De los antecedentes reunidos en autos y estudiados en el fundamento 1º demuestran que el conductor del vehículo particular al momento de la colisión a la ofendida no conducía atento a las condiciones del tránsito del momento –era de noche, había neblina y el pavimento estaba mojado–; ya que era su obligación mantener el control del vehículo durante la circulación y conducirlo conforme a las normas de seguridad determinadas por la ley –el mismo dice que vio a la ofendida cruzar distraída y le tocó la bocina y después frenó, la cual debió hacerlo en forma inmediata–; su velocidad no era razonable ni prudente bajo las condiciones existentes debiendo considerar los riesgos y peligros presentes y los posibles, sobre todo a su llegada a un cruce donde debía reducirla a tal extremo que le hubiere permitido

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

69

controlar el vehículo y evitar el atropello, cuyo resultado fue fatal. (Considerando 4º, sentencia de Primer Grado) II.- La parte querellante y demandante, sólo ha solicitado se indemnice el daño moral que ha sufrido el padre y los familiares de la ofendida, daño que no es posible avaluarlo de acuerdo a pautas objetivas, pero que resulta posible ser apreciado por el Tribunal, teniendo presente las declaraciones de los testigos, quienes deponen sobre el dolor y pérdida irreparable de una joven de 24 años, que era el principal sostén de su familia al realizar al momento de su muerte una actividad laboral remunerada, antecedentes todos que se tendrán presente para la regulación del monto de la indemnización. (Considerando 12º, sentencia de Primer Grado) NORMATIVA RELEVANTE CITADA Artículos 170 Nº 2, 170 Nº 2 y 170 Nº 7 de la Ley del Tránsito.

ANEXO DE JURISPRUDENCIA

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

73

FICHA 1

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 1750-2009 Cita Online: CL/JUR/16945/2010 I.- CORTE SUPREMA Santiago, veinticuatro de noviembre de dos mil diez. VISTOS: En esta causa Rol Nº 211.659 2004 del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, por sentencia de siete de junio de dos mil siete, que se lee de fojas 555 a 573, se condenó a Carlos Eduardo Styl Vergara a cien días de reclusión menor en su grado mínimo, accesoria de suspensión para cargos u oficios públicos durante el tiempo de la condena y de suspensión de licencia para conducir vehículos motorizados por el término de seis meses, más el pago de las costas de litigio, como autor del cuasidelito de homicidio de Christian Alexis Valdebenito Olatte y de lesiones graves en la persona de María Olivia Rivera Bilbao y Emma Rivera Bilbao, cometidos el veintitrés de febrero de dos mil cuatro. En su sección civil, se rechazó la demanda entablada en representación de Valeria Francis Sánchez Rivera en el primer otrosí de fojas 195 (actual 196), acogiéndose, en cambio, aquellas deducidas a fojas 203 (204), 206 (207), 213 (214) y 219 (220), condenando solidariamente a Carlos Eduardo Styl Vergara y Luis Humberto Núñez Muñoz, a pagar las siguientes sumas: a) tres millones de pesos ($3.000.000) por concepto de daño emergente a Ofelia Olatte Arduz; b) diez millones de pesos ($10.000.000) por concepto de daño moral a Mario Valdebenito Fornes y Claudina Ofelia Olatte Arduz; c) diez millones de pesos ($10.000.000) por concepto de daño moral a Sandra Andrea Pavez Gómez; d) diez millones de pesos ($10.000.000) a María Olivia Rivera Bilbao, como resarcimiento del daño moral; y e) tres millones de pesos ($3.000.000) a Emma Rivera Bilbao por este mismo último rubro, todo ello con los reajustes e intereses que se indican en el fundamento 22º del fallo. Impugnada esta decisión, una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por resolución de doce de enero dos mil nueve, que se lee de fojas 637 a 638, la confirmó, con declaración que rechaza la pretensión por daño material, demandada en el primer otrosí del libelo de fojas 206, y se reduce el monto de la indemnización concedida a María Olivia Rivera Bilbao a la suma de cinco millones de pesos ($5.000.000). Contra este último pronunciamiento, el abogado Rafael Moreno Olivares, en representación de Carlos Styl Vergara y Luis Núñez Muñoz, dedujo recurso de casación en el fondo sustentado en el numeral tercero y en el inciso final del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, como se desprende de fojas 639 a 647. Declarado admisible el indicado arbitrio, a fojas 653 se ordenó traer los autos en relación. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el medio de impugnación intentado descansa en la causal tercera del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, esto es, en que la sentencia califique como delito un hecho que la ley penal no considera como tal y, en lo atinente a su sección civil, en el inciso final del mismo artículo y cuerpo legal. Estima infringidos los artículos 1º, 490 y 492 del Código Penal, 102, 148, 171 y 174 de la ley Nº 18.290, 15 de la ley Nº 18.490 y 2314 y 2330 del Código Civil. Sobre el primero de estos tópicos, aduce el compareciente que los errores de derecho en que incurre el dictamen consisten en que considera la existencia de cuasidelitos homicidio y lesiones en circunstancias que no se tipifica ninguna de dichas figuras penales, pues para determinar la presencia de los indicados injustos el tribunal debe alcanzar su convicción, como lo indica el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal. En la especie, asegura que tal exigencia no se cumple, toda vez que es un hecho de la causa que al momento de acaecer los sucesos indagados, los semáforos que regulaban la intersección se encontraban apagados, asunto de responsabilidad de la concesionaria Autopista Central, que estaba realizando trabajos en el lugar, por lo tanto resulta aplicable lo previsto en el artículo 102 de la ley Nº 18.290, precepto que consagra la responsabilidad solidaria de aquel que encarga la

74

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

obra y de quienes la ejecutan. La concesionaria hacía labores en la vía pública, con lo que se encontraba obligada a colocar y mantener por su cuenta, de día y noche, la señalización correspondiente, lo que al momento de los hechos no cumplió. Sin perjuicio de ello, destaca que el occiso conducía un vehículo que usaba como radiotaxi sin la licencia competente, es decir, de acuerdo al artículo 196, letra d, de la ley Nº 18.290, Valdebenito Olatte, al producirse la colisión, delinquía. Refiere que lo relevante de estos hechos desvirtúa la tipificación de los cuasidelitos de homicidio y lesiones, de manera tal que se ha hecho una aplicación liviana del artículo 143 de la mencionada ley, pues tanto las sentencias de primera y segunda instancia como el informe de SIAT, omiten esta circunstancia. En lo concerniente a la decisión civil, estima que al determinarse el monto de las indemnizaciones no se tomaron en cuenta otras que también se debían imputar a esos rubros y, además, no se resolvió la excepción de exposición imprudente al daño, alegadas por el procesado y el tercero civilmente responsable. La primera se relaciona con el artículo 15 de la ley Nº 18.490, conforme al cual se imputará a lo que deba pagar el conductor o el propietario del móvil, todas las indemnizaciones pagadas a los perjudicados por el accidente, cualquiera sea su origen. En este sentido, de acuerdo al tenor del documento que rola a fojas 130 y siguientes del proceso, la Compañía Aseguradora Mapfre pagó a Sandra Pavez Gómez, Mario Valdebenito Fornes y a Claudina Olatte Arduz, por el fallecimiento del señor Valdebenito Olatte, setecientas unidades de fomento, documento en el que la aseguradora hace expresa reserva de la acción civil. Por ende, a lo que eventualmente deba pagarse a los afectados, hay que imputar todo lo recibido por concepto de seguro obligatorio y de vida, lo que asciende a la suma de mil unidades de fomento, alegaciones respecto de las cuales el tribunal no se pronunció. La segunda alegación dice relación con que su parte alegó la exposición imprudente al daño regulada en el artículo 2330 del Código Civil, pues Valdebenito Olatte no conducía con la licencia requerida y lo hacía a exceso de velocidad, lo que acarrea una rebaja prudencial de todas las indemnizaciones. Con tales argumentos, solicita la invalidación del dictamen de alzada a fin de que, en su reemplazo, se dicte otro ajustado a derecho. SEGUNDO: Que el soporte de la presente nulidad de fondo radica en la alegación del oponente acerca de la presunta responsabilidad del chofer Valdebenito Olatte en el ilícito indagado y la ausencia de ella respecto del conductor del bus de propiedad de su representada o bien, en último término, a la rebaja del monto de las indemnizaciones de perjuicios ordenadas pagar, en razón de haberse recibido otras y por mediar exposición imprudente al daño por parte de la víctima. TERCERO: Que para la decisión del asunto resulta necesario tener presente que los jueces del fondo han fijado como hechos de la causa aquellos contenidos en los fundamentos 3º, 4º y 6º del fallo de primer grado, reproducidos por el de alzada, y que consisten en que: “El día 23 de febrero 2004, alrededor de las 06:15 horas, un sujeto que conducía un bus placa patente FP 5237 por Av. Manuel Rodríguez hacia el norte por segunda pista de circulación, ingresó al cruce de calle Santo Domingo, sin ceder el derecho preferente de paso a que esta (sic) obligado impactando a un vehículo (radiotaxi) patente VE 3332, que circulaba por calle Santo Domingo al poniente por primera pista de circulación impactándolo en la parte lateral izquierda del móvil y desplazándose en dirección al poniente, embistiendo la barrera de contención y el poste de alumbrado público existente en el lugar, resultando el conductor del automóvil con heridas de gravedad que posteriormente le causaron la muerte, y dos pasajeras del mismo con lesiones de carácter grave. “En efecto, se encuentra suficientemente comprobado que el conductor del bus … no se mantenía atento a las condiciones del tránsito del momento y mientras guiaba su vehículo por Av. Manuel Rodríguez, ingresó al cruce de calles sin ceder el derecho preferente de paso al vehículo que venía (sic) por calle santo Domingo (sic), a lo que se encuentra obligado por acceder este último desde la derecha y por una vía diferente, infracciones reglamentarias que fueron causa determinante de las lesiones que experimentaron las pasajeras antes y vigorizados y provocaron también la muerte del conductor Christian Alexis Valdbenito Olate (sic). “ … el tribunal no dará crédito a la exculpación que formula el acusado en el sentido de que el conductor de radiotaxi habría cruzado con luz roja, ya que según información consignada en el parte policial e informe de SIAT de Carabineros, el día del accidente semáforo ubicado en el cruce de Av. Manuel Rodríguez con Santo Domingo se encontraba en mal estado ...”.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

75

CUARTO: Que como puede advertirse, en los términos que ha sido planteado el recurso implica modificar el escenario fáctico establecido por los magistrados del grado, empero, tales acontecimientos son inamovibles para este tribunal de casación, que sólo podría alterarlos si se demostrase que se los acreditó con vulneración de las leyes reguladoras de la prueba, para lo que resulta indispensable fundar el recurso en la causal de casación en el fondo contemplada en el artículo 546, Nº 7º, del Código de Enjuiciamiento Criminal, lo que en la especie no ha sucedido, de modo que sólo con arreglo a ellos ha de examinarse la causal sustantiva esgrimida. QUINTO: Que, entonces, encontrándose consolidados los hechos establecidos por la decisión recurrida, sólo resta dilucidar si la sentencia califica como delito un hecho que la ley penal no considera como tal, es decir, si se ha impuesto un castigo por un hecho atípico, que no encuentra cabida en ninguna disposición legal. Sin embargo, claramente fluye de los hechos y del comportamiento descrito y atribuido a Styl Vergara, que este cometió las contravenciones a las reglas del tránsito que el dictamen objetado refiere y que se reúnen en él las exigencias de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad necesarias para sancionarlo. SEXTO: Que, en atención a ello, forzoso es concluir que el accidente en comento no se debió al proceder del conductor del otro vehículo que participó en la colisión y que resultó fallecido, como pretende el recurrente, sino que a claras infracciones reglamentarias, descritas en el fallo impugnado, y al manejo culpable del vehículo al mando del enjuiciado. Por eso puede resolverse, como correctamente lo ha hecho la sentencia, que la causa determinante del accidente fueron las transgresiones cometidas por Styl Vergara. SÉPTIMO: Que en lo que dice relación con el segundo capítulo de nulidad propuesto, conforme al cual se cuestiona la decisión civil de la sentencia de alzada, el reclamo acerca de la falta de pronunciamiento sobre algunos aspectos esgrimidos por la defensa no es tal, pues es fácil advertir que los jueces extendieron sus raciocinios a los extremos que echa de menos el recurrente, como se advierte de la lectura del fundamento 21º del dictamen de primer grado, que el de alzada reproduce. Sin embargo, no es posible soslayar que las pretensiones del compareciente son contradictorias entre sí. Por una parte persigue la ausencia de responsabilidad del sancionado y, enseguida, centra sus reclamos en el monto de las indemnizaciones que solidariamente se encuentran obligados a pagar el infractor y el propietario del vehículo, alegación que conlleva el abandono del reclamo previo, pues el resarcimiento del daño no es sino consecuencia de la imputación delictiva comprobada. OCTAVO: Que las reflexiones precedentes permiten sostener que el pronunciamiento refutado no ha incurrido en ninguna hipótesis de nulidad de aquellas que hacen procedente su invalidación, toda vez que no se han producido las vulneraciones de ley que el arbitrio procesal intentado refiere, lo que conduce necesariamente a desestimarlo Y VISTO, además, lo dispuesto en los artículos 535 y 546, Nº 3º del Código de Instrucción Criminal y 772 del de Procedimiento Civil, SE RECHAZA el recurso de casación en el fondo deducido por el abogado Rafael Moreno Olivares, en representación de los sentenciados Carlos Styl Vergara y Luis Núñez Muñoz, en contra del fallo de doce de enero de dos mil nueve, que corre a fojas 637 y siguiente, el que, por ende, no es nulo. Regístrese y devuélvase con su agregado. Redacción del Ministro señor Ballesteros. Rol Nº 1750 2009. Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L. y los abogados integrantes Sres. Luis Bates H. y Nelson Pozo S. No firma el Ministro Sr. Dolmestch, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios. Autorizada por la Secretaria de esta Corte Suprema Sra. Rosa María Pinto Egusquiza. En Santiago, a veinticuatro de noviembre de dos mil diez, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente a la señora Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

76

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

FICHA 2

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 6919-2008 Cita Online: CL/JUR/986/2010 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO Santiago, miércoles doce de enero de dos mil cinco. VISTOS: Comparece don Javier Albornoz Sepúlveda, abogado, domiciliado para estos efectos en calle Bandera Nº 341, oficina Nº 358, comuna de Santiago, en representación de doña María Magali Canales Valenzuela, labores de casa, y de su hija menor de edad, doña Camila Alejandra Palma Canales, estudiante, de don Edwison Antonio Palma Canales, estudiante, y de doña Ángela Marisol Palma Canales, estudiante, domiciliados en Tunca El Medio s/n comuna de San Vicente de Tagua Tagua; viene en interponer demanda civil de indemnización de perjuicios, fundado en las normas de la responsabilidad extracontractual, en contra de la sociedad denominada Ruta 5, tramo Talca Chillán S.A., persona jurídica del giro comercial, representada por don Eduardo Larrabe Lucero, ignora profesión u oficio, domiciliados en Avenida Andrés Bello Nº 2711, piso 17, comuna de Las Condes y en contra del Estado o Fisco de Chile, representada por doña Clara Szczaranski Cerda, abogada, en su calidad de Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, ambos con domicilio en Agustinas Nº 1.167, comuna y ciudad de Santiago. Funda su demanda en que con fecha 19 de mayo del año 2002, en las cercanías del Sector San Rafael, kilómetro 240 de la Ruta 5 Sur, el marido y padre de sus representados, señor Fidel Antonio Palma Valencia, ejerciendo sus labores, conducía el camión marca Isuzu, patente PD–3403, en dirección norte sur; a las 6:30 horas aproximadamente, mientras manejaba en la calzada poniente de dicha carretera se le cruzaron de improviso dos caballos sueltos por la ruta, sin montura, jinete ni conductor. Agrega, que con la presencia intempestiva de los animales en la calzada, el señor Palma logró esquivar a uno de los caballos, pero el otro le fue imposible, embistiendo e impactando de frente al camión señalado, produciéndose la pérdida de control en la conducción del citado vehículo, el que salió de la ruta al no haber barrera de protección, cayendo a una zanja de dos metros de profundidad aproximadamente, volcándose y arrastrándose por la misma zanja por cerca de 40 metros. Señala, que al efecto el chofer del camión señor Fidel Antonio Palma Valencia, producto del choque de los caballares, de la caída y del volcamiento en una zanja de dos metros de profundidad, quedó mortalmente herido a la orilla de la ruta y el camión volcado en una zanja de dos metros. Su acompañante don Patricio González Vergara, quedó gravemente herido entre los fierros retorcidos del camión, siendo rescatado posteriormente por una unidad del SAMU. Ahora, con ocasión del accidente mortal, el conductor del camión resultó con las siguientes lesiones “Politraumatizado, TEC, contusión ocular izquierda, fractura maxilofacial, fracturas mandibular, contusión pulmón derecho, fractura nasal, fractura expuesta pierna derecha, fractura costal derecha de carácter grave”; falleciendo en el Hospital de Talca. Asimismo, el acompañante del conductor, señor Patricio González Vergara sufrió lesiones graves, debiendo internarse en un centro asistencial por varios meses, lo que le ocasionó múltiples secuelas. A mayor abundamiento, el camión mencionado resultó completamente destruido y el valor de reparación era superior al costo de reemplazo del mismo. El lugar del accidente, corresponde al Km 240 de la Ruta 5 Sur, que según consta del decreto supremo Nº 21, del Ministerio de Obras Públicas, de fecha 12 de enero de 1996, está comprendido dentro del tramo de los Km 221,490 y 413,800, entregado por el Fisco de Chile, Ministerio de Obras Públicas, en concesión al consorcio licitante conformado por las sociedades “Ferrovial Chile Limitada, Inversiones Portfolio S.A., Inversiones Capital Investiments Chile Ltda., Empresa Constructora Delta S.A. y Cruz Blanca S.A.”, para la ejecución, conservación y explotación de las obras públicas fiscales denominada, concesión que se denomina “Concesión Ruta 5 Tramo Talca Chillán”. Ahora, según consta de la resolución Nº 1566 de la Dirección General de Obras Públicas, del 26 de mayo del año 2000, se autorizó a

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

77

la sociedad Ruta 5, Tramo Talca Chillán S.A. a poner en servicio en forma definitiva la totalidad de la obra pública fiscal denominada “Concesión Ruta 5, tramo Talca– Chillán” a partir de las 00:00 horas del día 24 de abril del año 2000, es decir antes de los hechos materia de esta litis, ya que el accidente en cuestión aconteció el día 19 de mayo del año 2002. Añade, que el contrato de concesión establece que el concesionario, explotará y conservará las obras que se indican en las bases técnicas, situadas entre los Km 221,900 y 413,800 de la Ruta 5 Sur, conforme a las bases de licitación. A mayor abundamiento, el demandante reproduce diversas disposiciones contenidas en las bases de licitación, en los que se refiere a las diversas obligaciones y responsabilidad de la concesionaria. Ahora, los demandados conforme al contrato aludido y las bases de licitación, debieron entregar como mínimo a los usuarios, un servicio seguro y eficaz que le permitiera circular en vehículo por la ruta, sin que existieran peligros mortales o fatales para los usuarios de la vía; en especial, sin la posibilidad de que ingresaran, circularen o transitaran por la calzada animales sueltos que pudieran provocar accidentes, pudiesen caer en la zanja adyacente a la misma, de la omisión del deber de cuidado y vigilancia de la respectiva carretera, además de los errores de diseño de la misma y su recepción por parte del Estado, han provocado daños incluyendo el fallecimiento del señor Palma Valencia, los que deben ser reparados conforme a las normas de la responsabilidad extracontractual y demás normas especiales. Debiendo el Estado de Chile asumir la responsabilidad que le corresponde por falta de servicio al proyectar, concesionar y autorizar una carretera sin cumplir con las normas de seguridad. Respecto a la demandada Concesionaria Ruta 5 Tramo Talca–Chillán S.A., señala que la demanda bajo el estatuto de la responsabilidad extracontractual, en especial las señaladas en el D.F.L Nº 164 de 1991, pues la demandada procedió a explotar una carretera de alta velocidad sin el respectivo deber de vigilancia que debe entregar a quienes transitan en ella, permitiendo que ingresaran y circularan por ella animales equinos sueltos en la vía, además de poseer graves falencias con el objeto de impedir, mediante la existencia de barreras de seguridad, la caída de vehículos que pueden legalmente circular a 120 Km/hora, a una zanja adyacente sin que existan los resguardos mínimos para evitar las consecuencias de muerte de los usuarios. Al haber ejercido la demandada Ruta 5, su actividad económica sin prestar el adecuado servicio y en forma negligente y culpable provocó la muerte su cónyuge y padre de mis representados, daño que debe ser indemnizado. Agrega que hay responsabilidad objetiva de la sociedad demandada, sin que la parte demandante deba probar dolo o culpa, entendida esta última como negligencia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 del DFL 164 de 1991, reproduciéndolo, y señalando que la expresión “responderá de los daños” indica una responsabilidad objetiva, en que bastaría la existencia de los daños ocurridos dentro del contexto o marco de la explotación de la obra con la concesionada, para que la sociedad deba responder, a menos que se trate de negligencia o imprudencia de la víctima del daño, la que en todo caso, la concesionaria de carreteras debe demostrar fehacientemente. Seguidamente señala que en el artículo 21 del DFL 164 de 1991, el legislador establece que el concesionario de una obra pública debe responder en términos más estrictos, estableciendo una responsabilidad objetiva proveniente de la falta de servicio propia del Fisco, no siendo necesario acreditar su dolo o culpa, según las normas ordinarias que para tal caso prescribe el derecho civil, sosteniendo que si nada se ha dicho a este respecto es a objeto de igualar la responsabilidad de concesionario con la del Estado en materia de responsabilidad por daños causados a terceros. En subsidio plantea la responsabilidad subjetiva de la sociedad demandada, solicitando se tenga presente que la ilicitud del acto dice relación con la culpa civil en la que ha incurrido el agente dañoso, culpa que no posee graduación y que se asimila a la culpa leve. Señalando que la sociedad demandada ha incurrido en al menos un cuasidelito civil, representado por al menos: a.– Permitir el ingreso, tránsito o circulación de caballares sueltos en una carretera de alta velocidad, de la que tenía el deber de vigilar. b.– Omitir la construcción de la respectivas barreras de protección en una zona en que existe una zanja adyacente a la carretera con la suficiente profundidad para hacer caer un vehículo; c.– No mantener debidamente cerrada al carretera por sus costados.

78

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Indicando que siempre partiría de la base de que existe culpa de la sociedad demandada, y no dolo de alguno de sus agentes o dependientes, pues entonces se entendería que el accidente fue provocado intencionadamente. A continuación procede a señalar los actos ilícitos de la sociedad, que contribuyen a configurar el factor de atribución de responsabilidad extracontractual. Entrega de un servicio sin cumplir elementos mínimos de seguridad para con el usuario, puesto que en una carretera de alta velocidad como la de la especie, se deben entregar mínimas medidas de seguridad, como por ejemplo mantenerla debidamente cerrada, lo que no se dio en la especie, con los resultados conocidos y que motivan esta demandada. La ilicitud nace así de la transgresión de las normas de cuidado que debe entregar todo ente explotador de una actividad que puede provocar riesgo al usuario, considerando además que la sociedad demandada persigue fines de lucro, y debiendo asumir como mínima contrapartida un cuidado o vigilancia a fin de permitir un seguro tránsito. Esta ilicitud se agravaría por cuanto la sociedad no alertó a los usuarios y transeúntes del riesgo mortal que podían sufrir en el uso de la misma, constituyéndose la ilicitud por falta de previsión y anuncio oportuno a los usuarios de la existencia de animales mayores en la vía. También existiría ilicitud proveniente de incumplimiento contractual, el que lo obligaba a efectuar la labor de vigilancia de la respectiva carretera, para garantizar un tránsito seguro a sus usuarios. Agrega la demandante que, en las bases de licitación, se establecen las responsabilidad del concesionario respecto de las medidas de control y seguridad en el tramo de la concesión, el cual seria incluso anterior a la construcción de la carretera, puesto que hechos como los relatados en esta demanda fueron previstos en los proyectos y contratos de concesión. Otra razón que acreditaría la ilicitud del acto de la demandada, estaría configurado al haber permitido la existencia de una zanja inmediatamente adyacente a la calzada y la berma, sin colocación de barrera alguna que impidiera la caída de los vehículos. Indica como segundo requisito que acreditaría la responsabilidad extracontractual de la sociedad demandada, sería su capacidad, siendo una persona jurídica legalmente constituida, a la que el legislador expresamente le ha reconocido la capacidad para responder por los daños cometidos a terceros, según lo disponen diversas normas que detalla. El tercer requisito que configuraría la responsabilidad extracontractual sería el daño moral y patrimonial inferido a la demandante por la sociedad demandada, el primero quedaría de manifiesto en el dolor y sufrimiento experimentado por la actora y sus hijos frente a la carencia afectiva y la ausencia perpetua de jefe de hogar, en tanto el segundo, correspondiente al daño emergente las siguientes sumas: gastos clínicos: $1.467.344, gastos asociados al sepelio $770.210 pesos, haciendo un total de $2.237.554, equivalentes al 1 de agosto de 2003, a 132,0925 Unidades de Fomento, en cuanto al lucro cesante éste se produce por haber sido el señor Palma Valencia un hombre de 51 años y que constituía el único sustento de la familia al tener una remuneración ascendente a $105.500 pesos los que aportaba en su totalidad a la familia, obteniendo además ingresos como chofer los que también entregaba para la subsistencia familiar; con el fallecimiento del señor Palma la familia sobreviviente ha visto perjudicado su acceso a la salud por no haber cotizante activo que lo solvente y el acceso a la educación de los hijos, se debe además considerar que teniendo 51 años al momento de fallecer le restaban al menos 14 años para acceder a una pensión así considerando sólo su ingresos fijo de $105.500 multiplicándolo por los 14 años que le restarían trabajarse puede acreditar que los demandantes dejaron de percibir a lo menos la suma de $17.724.000, mas si se considera que el ingreso mínimo fue reajustado con fecha 1 de julio de 2003 a las suma de $115.648, la cantidad ascenderle a no menos de $19.428.864 pesos, lo que expresado al 1 de agosto de 2003 correspondería a 1.146,97 Unidades de Fomento, en tanto que respecto del daño moral la avaluación que se hace corresponde a 50.000 Unidades de Fomento, la que se descompone de la siguiente manera, todos los cálculos hechos equivalentes al 1 de agosto de 2003, según se precisa: 20.000 Unidades de Fomento a la cónyuge demandante, ascendente a la suma de $338.785.800; 10.000 Unidades de Fomento a cada uno de los hijos del occiso, la que equivale a la suma de $169.392.900 por cada uno de ellos. Hacen presente que las sumas demandadas no serían arbitrarias sino que atendido el hecho de haber sida el acto dañoso previsible y más aún encontrándose en la obligación de preverlo, según los razonamientos expuestos por la demandante.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

79

En resumen las sumas cobradas se avalúan de la forma que sigue: – Por concepto de daño moral 50.000 Unidades de Fomento, equivalentes al 1 de agosto de 2003 a la suma de $846.964.500. –Por concepto de daño emergente: 132.092 Unidades de Fomento, equivalentes al día de la presentación de la demanda a $2.237.554; –Por concepto de lucro cesante: 1.146,66 Unidades de Fomento, equivalentes al día de la presentación de la demanda a $19.428.864. Lo que hace un total demandado de 51.278,752 Unidades de Fomento, equivalentes al 1 de agosto de 2003 a la suma de $868.630.198 pesos. En cuarto lugar a fin de declarar que la responsabilidad extracontractual de la sociedad, hay que observar la relación de causalidad de los daños sufridos y la acción de la contraria, el cual se desprende de las siguientes argumentaciones de hecho que hace la demandante: Si la sociedad demandada hubiera vigilado la carretera hubiera precavido la existencia de los caballares y avisado a los usuarios de la carretera, si hubiera cerrado debidamente la carretera no hubieran ingresado los caballares, de haber provisto de barreras de protección a la carretera hubiese sido más dificultoso el ingreso de los equinos a ella y el camión al contar con esa protección no hubiese caldo a la zanja, y por último si la sociedad hubiese hecho trabajos en la zanja ésta no hubiese existido por lo que se hubiese prevenido el choque y la caída del camión a ella. Según afirma la prueba más patente del daño moral infligido a la demandante es la misma muerte del señor Palma. Como acápite anexo a su demanda, plantea la responsabilidad del Fisco y de la Sociedad Concesionaria, la cual estaría apoyada por normas jurídicas de distintos cuerpos legales que pasa a reseñar, indica asimismo que la sociedad demandada previamente habría tomado una póliza de seguro de responsabilidad civil, con una cobertura ascendente a 165.000 Unidades de Fomento, declarando en cualquier caso que cualquier suma de dinero que se entregue no podrá reparar el dolor causado, de forma íntegra, pero, a lo menos debería involucrar sumas tales que permitan al agente culpable evitar la repetición de tales actos. Destaca la demandante que nunca tuvieron acercamiento de parte de la sociedad demandada, ni recibieron ayuda alguna de ellos, con lo que se incrementó la sensación de impotencia padecida por los actores al ver que se desentendieron totalmente de sus obligaciones, todo lo cual solicitan sea considerado al momento de determinar la indemnización por daño moral. Respecto del demandado Fisco de Chile, sostiene que éste deberá responder pecuniariamente por su omisión en la entrega de un adecuado servicio a los usuarios de bienes de uso público dados en concesión, reseñando seguidamente diversas normas jurídicas que darían sustento a su postura, y haciendo observaciones al modo en que el Fisco habría dado cumplimiento a su deberes de acuerdo a las normas expuestas, concluyendo que el Fisco incurrió en falta de servicio al usuario del camino público concesionado y en tal situación se encontraría en posición de responder pecuniariamente a quienes se vieron afectados de la omisión del adecuado servicio. Concluye la demandante, sosteniendo que la responsabilidad de la sociedad concesionaria y del Estado es objetiva, y a la vez solidaria, solicitando en subsidio de lo anterior que el Estado de Chile sea condenado en forma subsidiaria al pago de las indemnizaciones demandada, en todo aquello no cubierto por la sociedad concesionaria. Por lo expuesto y previa cita de normas legales es que solicita tener por presentada demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de Ruta 5 Sur Tramo Talca–Chillán S.A, representada por don Eduardo Larrabe Lucero, ambos ya individualizados y el Fisco de Chile representada por la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado doña Clara Szczaranski Cerda, a objeto de que sean condenadas a pagar en forma solidaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2317 del Código Civil, o en subsidio, condenando en forma principal a la sociedad concesionaria y en forma subsidiaria al Fisco o bien, condenado en forma independiente a uno y otro de los demandados, a pagar a la demandante en la forma señalada en el cuerpo de su demanda la cantidad de 51.278.752 Unidades de Fomento, equivalentes al día 5 de agosto de 2003 a la suma de $868.964.500 por daño moral; 132,092 Unidades de Fomento, equivalentes a $2.237.554, por daño emergente y 1.146,97 Unidades de Fomento, equivalentes a

80

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

$19.428.864 por lucro cesante, más intereses y reajustes de la unidad de fomento desde el fallecimiento del señor Palma, hasta el pago efectivo, con expresa condenación en costas. En subsidio, para el caso que se estime que la única responsable de los daños y perjuicios sufridos por los demandantes es la Concesionaria Ruta 5, Tramo Talca–Chillán S.A., solicita que se condene a la Concesionaria ya singularizada, al pago de las sumas de dinero indicadas anteriormente o lo que SS. estime que procedería en justicia, con intereses, reajustes de la Unidad de Fomento y costas de la causa. A fojas 71, rola la contestación de la demandada Ruta 5 Tramo Talca– Chillán, comparece señalando que no controvertirá la ocurrencia del accidente, la consecuencia fatal de dicho accidente ni el hecho de encontrarse ese tramo comprendido dentro de su concesión, mientras que niega rotunda, enfática y categóricamente que Ruta 5 Tramo Talca Chillán S.A. tenga cualquier clase o grado de responsabilidad legal en la ocurrencia del accidente, sea en sus circunstancias esenciales o accidentales, así como en sus consecuencias personales y económicas. Comienza señalando, que en la relación de los hechos presentados en la demanda se omitieron varias circunstancias, que acreditarían que lo acontecido al señor Palma pudo ser previsto por él con lo que se hubiese evitado el desenlace fatal del mismo, aseveran que el conductor no iba atento a las condiciones del tránsito, como lo dispone la Ley del Tránsito, conducía a una velocidad inapropiada puesto que aún cuando circulaba dentro del límite legal, ésta no le habría permitido mantener el control del vehículo y tener la capacidad de prevenir accidentes. Añade que los caballares habrían venido frente al camión, en sentido contrario guiados por un ciclista, adicionalmente señala que también fue omitido del relato de los hechos la circunstancia de que el conductor señor Palma, no llevaba su cinturón de seguridad al momento de la colisión, hecho que estaría comprobado por el estado en que quedó el vehículo. Atendidos las circunstancias referidas precedentemente es que no sería posible aseverar que la causa directa del accidente corresponderla a alguna acción u omisión de su representada, por lo que cualquier indemnización que pudiesen recibir los demandantes debiera verse claramente mermada por la exposición imprudente al daño por parte del señor Palma. Agrega que, la actora ha hecho una errónea calificación de de circunstancias y hechos, exponiendo que respecto a la aseveración de que debió existir una barrera de protección al borde de la berma, y el Fisco debió exigirla, esto no sería efectivo, puesto que no se encontraría obligada a instalarlas en dicha zona, por no estar contemplado en la concesión; en cuanto a la llamada “zanja”, se trataría de un foso que se ajustarla a la normativa, y por lo que respecta a la instalación de barreras de protección y cierros efectivos en toda la ruta, estos no se encontrarían contemplados en el proyecto más cuando dadas las condiciones del terreno esto no sería factible de llevar a cabo. Señala en cuanto a la alegación de la actora de que la sociedad demandada sería responsable civilmente, de forma objetiva y por otra parte, en forma subsidiaria, se le imputa responsabilidad civil extracontractual, con respecto a la existencia de una responsabilidad civil objetiva, debiendo responder en razón del riesgo creado y no por la culpa o dolo de quien lo provoca, puesto que según indican los demandantes bastaría con la sola existencia de los daños y que estos se hubieren producido dentro de los límites de la concesión, afirma que no es así pues deben concurrir varios requisitos para que exista esta responsabilidad, como lo serían: el hecho de que el daño sufrido y por el que se demanda haya sido ocasionado con motivo de la ejecución o explotación de la obra, como consecuencia directa de ésta, haciendo notar que si ese no fuese el caso, los agentes involucrados directamente serán los que deberán asumir su responsabilidad, soportando por entero las consecuencias de su acción u omisión, pues parecería ser excesivo, a sus ojos, el hecho de que tan solo por ocurrir un accidente en un tramo de la carretera concesionada produciéndose daños estos fueran per se, de exclusiva y automática responsabilidad de la sociedad concesionaria. Hace hincapié en que habrían concurrido otras circunstancias al fatal accidente como serían el no haber estado atento a las condiciones del tránsito, no uso del cinturón de seguridad por parte del señor Palma, el manejo a una velocidad superior a la razonable, y sería por haber infligido todas estas normas contenidas en la ley del tránsito lo que configuraría la presunción de responsabilidad del accidente del occiso y determinaría a su vez la improcedencia del derecho a recibir indemnización por parte de los demandantes.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

81

Por otra parte y reproduciendo una serie de argumentaciones hechas por la actora en su libelo, concluye que no sería dable decir ni atribuir a su representada una responsabilidad de carácter objetivo, con lo que quedaría claro que la única clase de responsabilidad que es dable imputar a las concesionarias sería la de orden subjetivo; puesto que la responsabilidad objetiva está reservada, en forma exclusiva, al Estado y sus órganos de Administración, más aún cuando estaría así dispuesto en la ley que regula la materia y en otros cuerpos legales, disposiciones que va reseñando, y que avalarían su postura, En cuanto a la responsabilidad subjetiva atribuida a su representada, afirma que la sociedad demandada no ha cometido ningún delito ni cuasidelito civil, reproduciendo las normas fundantes al respecto, y señalando que respecto de los tres puntos que indica como base de la responsabilidad de la demandada Ruta 5, ninguno de los cuales son parte de sus obligaciones toda vez que estas se encuentran delimitadas, pasando a analizar cada uno de los tres puntos, respecto a la responsabilidad por el ingreso de animales a la carretera, señala que según la normativa legal sería don Samuel Segundo León Poblete y a don Guillermo Jesús Bravo Verdugo a quienes le correspondería responder a ese punto, puesto que el deber de vigilancia que pesa sobre las concesionarias tendría el límite de lo previsible. Por lo que respecta a la supuesta infracción por no haber dotado a la carretera de “barreras de protección” señala que en la zona del accidente estas no estaban previstas en la concesión, más cuando se trata de un tramo preexistente en el que no se preveían modificaciones. Por último en relación a la alegación por la omisión de mantener la carretera debidamente cerrada añade que por la geografía propia del lugar esto sería impracticable, además de carecer de asidero, sentido y justificación. Por lo que de haber alguna responsabilidad esta debería recaer en manos de los propietarios de los caballos, más aún los propios demandantes perderían su derecho a indemnización atendido a la negligencia del demandante, antes expuesta. A mayor abundamiento señala que el juzgamiento de las eventuales responsabilidades debería de hacerse de acuerdo a las leyes especiales que reglan la materia esto es, la Ley del Tránsito. Por cuanto la causa basal del accidente no sería la indicada por la demandante, por lo que no existiría la causa directa entre la infracción y el daño producido por lo no se configuraría tampoco la existencia de un delito o cuasidelito, que diera lugar a la responsabilidad extracontractual. Agrega que sin perjuicio de que la sociedad demandada no tenga ningún tipo de responsabilidad en los hechos de la causa, para el caso que SS. estima que alguno de los demandados tiene responsabilidad en ella opone excepción fundada en la exposición imprudente al daño del señor Palma, basado en lo antes expuesto, esto es no haber estado atento a las condiciones del tránsito, conducir a exceso de velocidad y no cumplir con el uso de cinturón de seguridad, lo anterior es que en caso de que se estime procedente la indemnización esta se debería rebajar por las razones ya esgrimidas. Además la demandada sin perjuicio de dejar establecida la inexistencia de responsabilidad en los daños y perjuicios demandados en autos, señala que dada la imprevisibilidad y total posibilidad de evitar lo ocurrido, el accidente de autos constituiría un caso fortuito. Con respecto a la existencia y cuantía de los daños demandados, y partiendo de la base que su representada no tiene responsabilidad legal por lo ocurrido, niega el hecho de que su representada tenga obligación de asumir parte alguna de los daños y perjuicios demandados, negando que los demandantes hayan experimentado daños y perjuicios de la entidad de los reclamados por lo que solicita su rechazo con costas. Finalmente y para el caso en que se estimara que exista responsabilidad del Fisco, en el caso de marras, opone la excepción de inexistencia de la solidaridad pasiva de cualquier especie entre los demandados, por cuanto no existe ni por convención ni por ley. Hace como último descargo a la observación de los demandantes en cuanto a la existencia y monto de un seguro de responsabilidad civil declarando que 1º es una exigencia de la concesionante, para el caso en que la concesionaria incurra en una conducta que la determine como responsable de daños y perjuicios experimentados por una usuario; 2º las sumas aseguradas no guardan relación con ninguna clase de reconocimiento o avaluación anticipada de riesgo o perjuicios; 3º las sumas aseguradas solo representan un acto de previsión, 4º sería una prueba más de que la demandada no está sujeta al régimen de responsabilidad objetiva.

82

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Que a fojas 105, rola el escrito de contestación de demanda del Consejo de Defensa del Estado, quien procede primeramente a entregar antecedentes de la obra concesionada y del lugar donde ocurrió el accidente, detallando en que consiste la concesión y que ítemes comprende ésta, y luego la descripción física del lugar de los hechos. Acto seguido procede a hacer las alegaciones señalando que el Fisco no tendría responsabilidad alguna en el accidente de autos, no ha cometido delito ni cuasidelito civil ni habría incurrido en falta de servicio, sin que se dieran los supuestos de responsabilidad del Estado, alegando que el ha cumplido todas las obligaciones que la ley le impone y la inexistencia de supuestos de hecho y de derecho que justifiquen su responsabilidad por los perjuicios alegados. Relata que el supuesto de hecho para demandar al Fisco, sería el hecho de no haber fiscalizado debidamente el cumplimiento de las obligaciones de la sociedad concesionaria, lo que no sería dable por lo dispuesto en la Ley de Concesiones, pasando a citar algunas de sus disposiciones, puesto que en único caso en que cabría responsabilidad del Estado es en aquel en que medie una orden impuesta del Ministerio de Obras Públicas, lo que no acontece en la especie. Respecto de las normas civiles que les serían aplicables para hacer efectiva la responsabilidad del Estado, señala en su defensa, que no se advierten hechos por los cuales se pueda dar aplicación a dichas disposiciones; ni a las contenidas en otros cuerpos legales, y que permitiese dar lugar la indemnización, tampoco cabría por cuanto no existiría lo que el demandante ha calificado como falta de servicio por no concurrir los requisitos para ello. En cuanto a la alegación de corresponderle al Estado una responsabilidad objetiva, esta carecería de todo fundamento, por cuanto las normas citadas por la demandante estarían orientadas a regular otros pasajes de responsabilidad del Estado como la jurisdicción entre otros; agrega que conforme al relato de los hechos estos habrían sido consecuencia directa de la colisión con los caballares por lo que citando artículos de distintas fuentes legales afirma que existiría una presunción legal que haría responsable al dueño de los animales, por lo que sería contra el dueño de los animales contra quien debería dirigir la acción de indemnización, por lo que además la acción intentada contra el Fisco carecería de legitimidad pasiva. A mayor abundamiento señala que en cuanto a la solicitud de condenación solidaria esta se hizo sin indicar la fuente de la cual esta nacería, por lo que esta condenación resultaría improcedente. En subsidio el Fisco desconoce el daño cuya reparación pretende el actor y alega la improcedencia de las sumas demandadas a título de indemnización, sin perjuicio de lo anterior agrega que las sumas cobradas a título de reajustes e intereses serían improcedentes, puesto que no existe ley que obligue al Fisco a pagar de esa forma las sumas cobradas, más aún cuando los demandantes carecen de fuente legal que las origine. Que a fojas 117, rola el escrito de réplica de la parte demandante respecto de la contestación de la demanda de Fisco Chile, que señala, que el Fisco hizo una errada interpretación de las normas citadas en su escrito, limitando sus deberes y obligaciones por el hecho de haber entregado en concesión la citada carretera, citando otras fuentes es que el demandante refuerza la idea planteada en cuanto a la responsabilidad del Estado, entregando nuevas fuentes y reiterando sus argumentaciones entorno a la existencia y naturaleza de la responsabilidad, y destacando el hecho de que el Estado no puede excusar su falta de servicio en la supuesta responsabilidad de terceros como lo sería el dueño de los equinos. Por último respecto de la responsabilidad solidaria señala que su fuente es legal citando para ello los artículos pertinentes. Que a fojas 134, la parte demandante evacuó el trámite de réplica respecto de la sociedad demandada, señalando en relación a las alegaciones hechas en cuanto el accidente habría sido consecuencia de la excesiva exposición al riesgo por parte del señor Palma, en cuanto a las alegaciones que hiciera la sociedad demandada con respecto a la inexistencia de la responsabilidad tanto objetiva como subjetiva reiterando las argumentaciones contenidas en la demanda, y reproduciendo pasajes de las base de licitación así como de otras fuentes legales. Insistiendo en que a lo menos la suciedad demandada tendría responsabilidad extracontractual, señalando sus fundamentos, para luego realizar un análisis sobre la responsabilidad solidaria de los demandados, citando para tal efecto el artículo 2317 del Código Civil.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

83

Con el mérito de lo señalado, solicita tener por evacuado el trámite de la réplica. Que, a fojas 152 la sociedad demandada viene en evacuar el trámite de la dúplica, señalando en dicho trámite la inexistencia de la responsabilidad que se le imputa y en especial destaca el hecho de que la parte contraria estaría constantemente confundiendo la clase de responsabilidades por las que demanda; y atendido a que demanda la responsabilidad subjetiva de los artículos 2.314 y siguientes del Código Civil, sostiene que la actora tendrá la inevitable necesidad de demostrar los supuestos de aquella. Por lo señalado en ella, solicita tener por evacuado el trámite de la dúplica. Que, a fojas 161 el Fisco de Chile viene en evacuar el trámite de la dúplica, en la que realiza un análisis sobre el artículo 38 de la Constitución Política de Chile, señalando que esta no sería una norma sustantiva destinada a regular la responsabilidad del Estado, sino que a entregar la competencia para conocer los asuntos contenciosos administrativos, a los tribunales que señale la ley; asimismo realiza un análisis sobre el artículo 4º y 44 de la ley Nº 18.575. Finalmente reitera el hecho de que en la especie no existiría responsabilidad extracontractual del Estado de carácter objetivo, toda vez que además los predios aledaños a la Ruta se encontrarían debidamente cercados, y en consecuencia los caballares que supuestamente habían ocasionado el accidente, sólo pudieron salir algunos de los predios ubicados en los caminos vecinales y a un acceso particular, los cuales son imposibles de cerrar. Con lo expuesto, solícita tener por evacuado el trámite de la dúplica. Que, a fojas 171 se llevó a efecto la audiencia de estilo. Llamadas las partes a conciliación, no se produce. Que, a fojas 175, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos substanciales, pertinentes y controvertidos que deben probarse. Que, a fojas 728, se citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: SOBRE LA OBJECIÓN DE DOCUMENTOS: PRIMERO Que, a fojas 240 la parte demandante objetó documentos acompañados por la Sociedad Concesionaria Ruta 5 Tramo Talca Chillán a fojas 234, la que ha consistido en 19 fotografías, correspondientes al kilómetro 239 al 241 de la Ruta 5 Sur, por no constarle su veracidad, integridad y fecha de los documentos, toda vez que ellos no se encuentran certificadas como tales, por un ministro de fe. SEGUNDO: Que, del análisis de las fotografías objetadas, se puede concluir que ellas constituyen un instrumento privado, que da constancia de un hecho y que ha sido otorgado sin formalidad o solemnidad alguna; por lo que al no llevar algún sello de autenticidad, no demostraría primae facie si en realidad corresponden al lugar y fecha en que acontecieron los hechos del caso sublite; razón por lo que al objetarse de conformidad a las causas legales, ellas deben ser acogidas, por lo razonado precedentemente. SOBRE EL FONDO: TERCERO: Que, don Javier Albornoz Sepúlveda, abogado, en representación de doña María Magali Canales Valenzuela, y de su hija menor de edad, doña Camila Alejandra Palma Canales, de don Edwison Antonio Palma Canales, y de doña Ángela Marisol Palma Canales; viene en interponer demanda civil de indemnización de perjuicios, fundado en las normas de la responsabilidad extracontractual, en contra de la sociedad denominada Ruta 5, tramo Talca Chillán S.A., representada por don Eduardo Larrabe Lucero, y en contra del Estado o Fisco de Chile, representada por doña Clara Szczaranski Cerda; por la responsabilidad civil que les cabria a estos en la muerte sufrida por don Fidel Antonio Palma Valencia, cónyuge y padre de los demandantes. CUARTO: Que, al contestar la demanda la sociedad Ruta 5 Tramo Talca–Chillán, señala que no discutirá la ocurrencia del accidente, la consecuencia fatal de dicho accidente ni el hecho de encontrarse ese tramo comprendido dentro de su concesión; sin embargo si lo hizo, rechazando enfáticamente que ella tenga cualquier clase o grado de responsabilidad legal en la ocurrencia de los acontecimientos que han dado origen a este juicio, sea en sus circunstancias esenciales o accidentales, así como en sus consecuencias personales y económicas, para lo cual se da por reproducido los señalado en la parte expositiva de este fallo; solicitando su total rechazo, con expresa condenación en costas.

84

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

QUINTO: Que, asimismo, el Fisco al contestar la demanda impetrada en su contra ha reseñado las peticiones de la demandante, los antecedentes de la obra concesionada y del lugar donde supuestamente ocurrió el accidente; además de insistir en la inexistencia de la pretendida responsabilidad objetiva del Estado, la responsabilidad del dueño de los animales, falta de relación de causalidad entre el hecho expuesto y la supuesta falta de servicio del Fisco, inexistencia de la responsabilidad solidaria, asimismo desconoce el daño cuya reparación pretende el actor; solicitando de esta forma su total rechazo, con expresa condenación en costas. SEXTO: Que, del análisis de los escritos fundamentales se ha podido concluir que son hechos no controvertidos los siguientes: a.– Que, el día 19 de mayo del año 2002 ocurrió un accidente en las cercanías del kilómetro 240 de la Ruta 5 Sur, aproximadamente a las 06:30 horas. b.– Que, por dicho lugar, iba circulando don Fidel Palma Valencia, quien conduela un camión marca Isuzu, patente PD 3403, en Dirección Norte Sur, acompañado por don Patricio González c.– Que, en dicha oportunidad se le cruzaron al señor Fidel Palma dos caballares, de los que a uno de ellos embistió, provocando la caída y volcamiento del móvil, ocasionando la muerte del conductor a raíz de las graves lesiones sufridas en el, resultando su acompañante gravemente herido pero con vida. SÉPTIMO: Que, el problema consiste en dilucidar si a los demandados en autos les cabe algún tipo de responsabilidad civil en los hechos; existencia de daños sufridos a raíz de aquellos hechos por los demandantes; además de la relación de causalidad entre el hecho ilícito imputable a las partes y los daños irrogados; naturaleza y monto de dichos perjuicios. OCTAVO: Que, a fin de dar una acertada solución al caso de marras, habrá que analizar toda la prueba rendida en autos. La parte demandante en la presentación de su demanda acompañó certificado de defunción de don Fidel Antonio Palma Valencia; certificado de matrimonio; certificado de nacimiento de los hijos del matrimonio; contrato de trabajo de don Fidel Palma Valencia; liquidaciones de remuneraciones; cinco fotografías autorizadas ante Notario que muestran el lugar del accidente y el estado en que quedó el camión; copia autorizada de protocolización en la que el Fisco de Chile adjudica la concesión vial a la sociedad demandada, entre los kilómetros 221,490 a 413,80 de la carretera 5 Sur; copia autorizada de bases de licitación; copia autorizada del contrato de construcción; copia autorizada de la protocolización del convenio complementario de modificación del contrato de concesión; copia autorizada de la circular aclaratoria Nº 2 y 5; copias autorizadas de Pólizas de seguros de responsabilidad civil de obras civiles; copia autorizada de resolución Nº 1566 del Ministerio de Obras Públicas, de fecha 26 de mayo del año 2000, la que autoriza a la sociedad demandada a poner en servicio en forma definitiva la totalidad de la obra pública Fiscal denominada “Concesión Ruta 5 Tramo Talca Chillán”, a partir de las 00:00 horas del día 24 de abril del año 2000. Asimismo, en su presentación de fojas 202, esta parte acompañó bases de licitación denominada “Concesión Internacional Tramo Talca Chillán”; contrato de construcción Ruta 5 Tramo Talca Chillán y sus respectivos anexos; Decreto Nº 21 de fecha 12 de enero del año 1996 del Ministerio de Obras Públicas; circular aclaratoria Nº 2 y 5 del Ministerio de Obras Públicas; Póliza de Seguro de responsabilidad civil; endosos de Póliza de Seguro Nº 62802–3: resolución Nº 1566 de la Dirección de Obras Públicas. A fojas 266, acompañó un informe socioeconómico de la demandante doña María Magali Canales Valenzuela; certificado de estudios de la demandante doña Camila Palma Canales; informe médico de la demandante doña Camila Palma Canales; copias de recibos de arrendamiento. Por otro lado a fojas 429, esta parte acompañó copias autorizadas ante Notario Público del expediente instruida por el Ministerio Público Local de Talca y copias de dos sentencias judiciales ejecutoriadas. Instrumentos que han sido legalmente acompañados y que no han sido objetados u observados por los demandados en autos. NOVENO: Que, el Fisco de Chile demandado en estos autos, en su presentación de fojas 218 acompañó una serie de documentos, los que han consistido en: dos Aerofotogrametrías de la zona del accidente, panorámica extendida y una más acotada al sector; copia Memo Nº 14/ 2003; copia de bases de

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

85

licitación; copia de circulares aclaratorias, copia anuario 2001 denominado “Accidentes en el Tránsito y ferroviarios, ocurridos en la República de Chile”; copia “Estudios de Niveles de Riesgo en los contratos concesionados”, año 2001; copia sección 3.304.3 del Volumen 3 del Manual de carreteras de la Dirección de Vialidad; copia de lámina 4.301–002 del Volumen 4 del Manual de carreteras de la Dirección de Vialidad. DÉCIMO: Que, a fojas 234 la sociedad demandada acompañó un set de fotografías, las que fueron objetadas y dichas objeciones acogidas, según se indicó en el considerando segundo. A fojas 301, acompañó fotocopias simples de cinco sentencias dictadas por Jueces de Policía Local y una por la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena. UNDÉCIMO: Que, a fojas 707 el Director del Hospital Regional de Talca, acompañó fotocopia de la ficha clínica correspondiente a don Fidel Palma Valencia y don Patricio González Vergara, en su oficio respuesta, el que no fue objetado por las partes en este proceso. DUODÉCIMO: Que, a fojas 729 se decretó como medida para mejor resolver la realización de un peritaje, a fin de que informen sobre el vínculo afectivo habido entre los demandantes y don Fidel Antonio Palma Valencia, además si han sufrido pesar en los sentimientos por su muerte, en 1a afirmativa intensidad y magnitud del mismo, informe que fue evacuado por los peritos médicos psiquiatras don Hugo Marcial García Valencia y don Rolando Mariano Ahubert Cornejo, según consta a fojas 749 y 752 y siguientes. DECIMOTERCERO: Que, para resolver si en el caso sub lite les corresponde a las demandadas algún tipo de responsabilidad y que clase sería esta, resulta prioritario analizar las bases de la licitación y el contrato de concesión celebrado entre ambos. En virtud de lo anterior resulta destacable señalar lo que establece las bases de licitación, la que en su punto 1.5.11, dispone que “El concesionario deberá tomar todas las precauciones para evitar daños a terceros y al personal que trabaja en la obra”. Luego añade que “Todo daño, de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de la obra y de su explotación se cause a terceros,… será de exclusiva responsabilidad del Concesionario, a menos que sean exclusivamente imputables a medidas impuestas por el MOP después de haber suscrito el contrato”. Asimismo, el punto 2.5.3.2, establece que “El Concesionario será responsable de establecer las medidas de control y seguridad en el tramo de la concesión, sujeto a todas las disposiciones legales vigentes. El concesionario es el responsable de operar y mantener el camino en condiciones normales de servicio, de modo de evitar accidentes y deberá responder ante toda acción legal que los usuarios pudieren entablar en su contra, debido a negligencias cometidas a este respecto”. Dentro de las bases de licitación, el punto que a juicio de este sentenciador resulta destacable citar es el que corresponde al Nº 2.5.3.5, en el que se señala que “Todo daño de cualquier naturaleza que se cause a terceros con motivo de la ejecución de la obra, de construcción o conservación, así como los daños que puedan ocasionar los baches o cualquier otra condición deficiente de la conservación de la obra, será de exclusiva responsabilidad del concesionario a quien corresponderá efectuar las gestiones ante la Compañía de Seguros para que se efectúe el pago por esos daños”. DECIMOCUARTO: Que, por su parte la Circular Aclaratoria Nº 5 de fecha 30 de noviembre de 1995, para los Licitantes preclasificados que han recibido las Bases de la Licitación, se señaló que “La concesión incluye el mantenimiento de las obras preexistentes es los estándares que indican las bases técnicas. Si alguna de estas obras no cumple con los estándares de las bases técnicas, ¿es obligatorio modificarlos a repararlas para cumplir los estándares, antes de la puesta en servicio? Respuesta: Sí”. DECIMOQUINTO: Que, el inciso primero del artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 164, del año 1991, establece que: “El concesionario cumplirá las funciones incorporadas en el contrato de concesión con arreglo a las normas de derecho público, especialmente en lo referente a sus relaciones con el Ministerio, a las regulaciones sobre los regímenes de construcción y explotación de los obras y al cobro de las tarifas...”. Asimismo, el artículo 35 del cuerpo normativo en comento ha establecido, que “El concesionario responderá de los daños, de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de la obra o de la explotación de la misma se ocasionaren a terceros, a menos que sean exclusivamente imputables a medidas impuestas por el Ministerio de Obras Públicas, después de haber sido adjudicado el

86

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

contrato”, estableciéndose de esta forma el estatuto jurídico sobre la responsabilidad de las empresas concesionarias. DECIMOSEXTO: Que, los perjuicios que demanda la parte demandante en contra de la Ruta 5 Tramo Talca Chillán S.A., debe estarse a las normas legales y reglamentarias citadas precedentemente, sin perjuicio de exigirse además la existencia de un hecho ilícito, de daños y perjuicios, además de la relación de causalidad entre ambas; ya que según se desprende del artículo 35 del decreto con fuerza de ley Nº 164 del año 1991, precedentemente citado, el concesionario tendrá una responsabilidad de carácter objetivo, enmarada en las circunstancias de que los daños por los que se demandan se hayan producido con ocasión de la explotación de la obra concesionada; no exigiéndose por parte del legislador el dolo o culpa para que pueda nacer este tipo de responsabilidad. DECIMOSÉPTIMO: Que, no obstante el estatuto de responsabilidad de la empresa concesionario, del análisis de la prueba rendida en autos y en especial de los documentos que constituyen las Bases de Licitación, circular aclaratoria Nº 5, copias autorizadas ante Notario Público del expediente de la investigación del accidente fatal que dio origen a esta causa, instruida por el Ministerio Público Local de Talca y fotografías autorizadas que muestran el lugar y estado de la Ruta, se evidencia la ausencia de barreras de protección en el lugar en que acontecieron los hechos; prueba documental de la que se puede colegir que la sociedad demandada ha tenido un actuar poco diligente en materia de seguridad a fin de impedir el tránsito de caballares por lo ruta, los que constituyeron la causa basal del accidente y que constituyen un riesgo previsible y respecto del cual se deben adoptar las medidas necesarias para evitar consecuencias como las del caso de marras. En consecuencia, la sociedad demandada ha cometido un hecho ilícito al permitir el ingreso, tránsito o circulación de caballares sueltos en una carretera de alta velocidad, de la que tenía el deber de vigilar, omitiendo además la construcción de la respectivas barreras de protección en una zona en que existe una zanja adyacente a la carretera con la suficiente profundidad para hacer caer un vehículo, circunstancias que no obstante haberse alegado como cumplidas por la sociedad demandada no fueron debidamente acreditadas en estos autos. DECIMOCTAVO: Que, a mayor abundamiento según los antecedentes tenidos a la vista, no fue acreditado por ninguno de los demandados, que en el accidente ocurrido el día 19 de mayo del año 2002, entre los 115,90 y 118,90 metros al sur poniente de la pasarela peatonal Colonia Panguilemito, Km 239,400, comuna de San Rafael, a las 6:30 horas aproximadamente, en el que murió producto de las lesiones sufridas, don Fidel Antonio Palma Valencia, éste haya ido sin cinturón de seguridad, a exceso de velocidad o exponiéndose innecesariamente al riesgo; concluyéndose por el Informe Técnico de la Prefectura de Talca Nº 14 de Carabineros de Chile, que la causa basal del accidente fue la existencia de un caballar suelto en la vía pública, el que “obstruye la circulación” al móvil que lo impacta, y que al no existir constancia en autos de la debida vigilancia y medidas de seguridad adoptadas por la empresa demandada, quedó en evidencia la responsabilidad que en este caso le cabe a la sociedad demandada. Por lo tanto tampoco, guarda relevancia para el caso sub lite de que los caballares hubieren sido robados a su dueño. DECIMONOVENO: Que, según lo reseñado en forma precedentemente la sociedad concesionaria demandada deberá ser condenada a indemnizar los perjuicios que se demandan previo análisis de su existencia y monto. VIGÉSIMO PRIMERO: (sic) Que, en cuanto al daño emergente éste no fue acreditado, toda vez que no se rindió prueba que pueda acreditar el monto de los gastos clínicos, funerarios y otros, razón por la que no se dará lugar a la indemnización solicitada bajo este concepto. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en cuanto al lucro cesante que se demanda, éste ha sido debidamente demostrado teniendo a la vista el certificado de defunción y sus correspondientes liquidación de sueldo, del que se concluye que el señor Palma a la fecha de su fallecimiento, le faltaban alrededor de catorce años para jubilar, y para cuyo cálculo se considera que su ingreso actualmente ascendería al ingreso mínimo mensual el que se multiplicará por los años que a éste le faltarían para jubilar. VIGÉSIMO TERCERO: Que, de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista y en especial los elementos aportados por los médicos psiquiatras en la medida para mejor resolver, es posible visualizar la existencia de un menoscabo de proporciones, en los sentimientos de los demandantes con ocasión de

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

87

la muerte de don Fidel Palma, padre y cónyuge de los demandantes, según los certificados emanados del Registro Civil e Identificación. Sin embargo, para determinar el monto a indemnizar por concepto de daño moral es necesario tener presente que éste se provoca por toda acción u omisión que deteriora a perturba las facultades espirituales, afectos o condiciones inherentes a la personalidad humana, produciendo aflicción, dolor, pesar en los sentimientos, afectos o sensibilidad, situación que evidentemente concurre respecto de los demandantes, al existir una omisión en el deber de brindar seguridad necesaria en la vía concesionada por parte de la empresa demanda; por lo que se dará lugar a la indemnización por este concepto según el monto que se indicará en parte resolutiva de este fallo. VIGÉSIMO CUARTO: Que, el pilar fundamental de la demanda impetrada en contra del Fisco de Chile es la falta de servicio para lo cual resulta indispensable señalar que se entiende por tal. Que, la falta de servicio, acorde con el articulo 44 de la ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, es el mal funcionamiento del servicio público o falta de funcionamiento de este servicio, esto significaría de que en condiciones normales de funcionamiento haya dejado de prestar servicio, imputación que efectuaría la parte demandante en estos autos, en virtud de su deber de vigilancia, omisión que constituiría la fuente jurídica de la pretendida responsabilidad del Estado, de acuerdo a les artículos 38 inciso 2º, 1º, 5º, 6º, 7º de la Constitución Política y artículo 4º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. VIGÉSIMO QUINTO: Que, la responsabilidad del Estado es de derecho público y objetiva, esto quiere decir que bastaría con el daño y el mal funcionamiento o la falta de funcionamiento del Servicio para que nazca la obligación de indemnizar. Luego, y a mayor abundamiento, la responsabilidad del Estado en la que debe responder por su actividad dañosa, según los artículos 6º, 7º y 38 inciso 2º de la Constitución Política del Estado, será constitucional en tanto obliga a que el ejercicio de la función estatal –que tiende al bien común– respete la Constitución, y por tanto, se resarza, compense o restituya al tercero víctima del Estado en su actividad. VIGÉSIMO SEXTO: Que, no obstante lo expuesto precedentemente, para que nazca a la vida del derecho dicha responsabilidad, es menester, que exista el elemento de la reprochabilidad, el que se traduciría en la mala organización o funcionamiento defectuoso de la Administración, elemento del cual deberá prescindirse, toda vez que la ejecución y explotación de la obra concesionada habría sido delegada a la sociedad demandada, sin perjuicio de la labor de vigilancia imputable al organismo público competente –Ministerio de Obras Públicas y/o Dirección de Vialidad– y de haber dado íntegro y cabal cumplimiento a la normativa legal vigente durante todo el procedimiento que concluyó con la autorización para la puesta en servicio definitiva total de la obra pública fiscal denominada “Concesión Ruta 5, Tramo Talca– Chillán”. En consecuencia desaparecida la reprochabilidad como factor de atribución de la responsabilidad en sedes objetivas, no puede condenarse al Fisco por este concepto. Y Vistos además lo dispuesto en los artículos 1º, 6º, 7º, 38 y siguientes de la Constitución Política de la República; 4, 44 y siguiente de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; 2314 y siguientes del Código Civil; 160, 170, 254, 341 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; 35 y siguientes del Decreto 900 del Ministerio de Obras Públicas, de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 164, de 1991, de Obras Públicas, Ley de concesiones y su reglamento; y demás normas jurídicas aplicables al caso; SE DECLARA: I.– Que, a lugar a la objeción de documentos planteada por la demandante a fojas 240. II.– Que, se hace lugar a la demanda sólo en cuanto se condena a la sociedad “Ruta 5 Sur Tramo Talca Chillán S.A.” a pagar a la parte demandante la suma única y total ascendente a $102.237.554, debidamente reajustada de acuerdo a la variación que experimente la Unidad de Fomento a contar de la fecha de la notificación del presente fallo, más intereses corrientes para operaciones reajustables, y costas. III. – Que, se rechaza la demanda impetrada en contra del Fisco de Chile, por las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo. Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

88

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

DESE COPIA A LAS PARTES, SIN COSTO ALGUNO PARA ELLAS. DICTADA POR DOÑA SYLVIA PAPA BELETTI, JUEZ SUPLENTE DEL VIGÉSIMO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO AUTORIZA DOÑA ALBA ELIANA VALDÉS GONZÁLEZ, SECRETARIA TITULAR. Rol Nº 6.497–2002.

II.- CORTE DE APELACIONES Santiago, veintiuno de agosto de dos mil ocho. VISTOS: I.– En cuanto al recurso de casación en la forma. PRIMERO: Que la parte demandante dedujo recurso de casación en la forma, el que funda en la causal del artículo 768 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 170 Nº 6 del mismo texto legal, toda vez que puede entenderse que se omitió la decisión del asunto controvertido, ya que se pidió se condenara a los demandados en forma solidaria o, en subsidio, en forma principal a la sociedad concesionaria y subsidiariamente al Fisco, o bien, finalmente, en forma independiente a cada uno de ellos, al pago de una suma equivalente UF 51.278,572, que a la fecha de presentación de la demanda alcanza el monto de $ 868.630.198, que corresponde a la indemnización por el daño moral en favor de la cónyuge por UF 20.000 y de cada hijo del occiso por UF 10.000; por daño emergente a UF 1.320,92 y por lucro cesante a UF 1.146,66. Habiéndose señalado en la demanda con toda precisión cada uno de estos conceptos, la sentencia en su considerando vigésimo primero, concluyó que el daño emergente no fue acreditado; en su considerando vigésimo segundo expresó que el lucro cesante se encuentra demostrado, por lo cual es procedente dar lugar al mismo, para cuyo cálculo se considera que el ingreso del occiso ascendería al mínimo mensual, que se multiplicará por los años que le faltarían para jubilar, pero no indica si tal ingreso mínimo corresponde al vigente a la fecha del accidente, a la de la presentación de la demanda o a la del pronunciamiento de la sentencia. En su considerando vigésimo tercero se pronuncia sobre el daño moral haciendo consideraciones sobre su existencia, para concluir que se dará lugar a la indemnización pedida, según el monto que se indicará en la parte resolutiva del fallo. En lo resolutivo de la sentencia se puede apreciar que la sentenciadora no cumplió con lo que había dispuesto, en cuanto a señalar el monto a que ascendería la indemnización por al daño moral, limitándose sólo a fijar como condena el pago de una suma única y total ascendente a $ 102.237.554, sin indicar ni distinguir cuál es la que corresponde al lucro cesante y la que se fija por concepto de daño moral, como también la forma como debe distribuirse la misma entre los distintos demandantes, lo que importa no haber resuelto cada una de las acciones ejercidas en forma conjunta a través de una litis consorcio activa, configurándose así la causal de casación señalada, por lo que debe invalidarse la sentencia dictada y dictarse otra en su reemplazo. SEGUNDO: Que el solo cotejo que se hace entre las peticiones formuladas en la demanda y lo resuelto por el fallo de primer grado, pone de manifiesto que este adolece de las deficiencias a que alude el recurrente, toda vez que la fijación de una suma única y total por la que se acoge la demanda, no guarda relación alguna con los conceptos y montos por los cuales se ha pedido el pago de una indemnización, cuestión de suyo relevante para determinar su procedencia, toda vez que respecto de cada uno de ellos se hacía necesario considerar factores tan disímiles como la calidad del peticionario y los antecedentes que debían tenerse en cuenta para determinar la cantidad a pagar. Queda así en evidencia, que la sentencia no cumplió con el mandato establecido en al artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, particularmente en su numeral 6, configurándose un vicio que amerita su invalidación. No obstante, si se considera que uno de los fundamentos del recurso de apelación persigue la modificación de la sentencia dictada en esta parte, es posible que por esta vía se introduzcan en ella las modificaciones necesarias que le den validez, evitándose así tan drástica sanción como lo es su nulidad total, siendo esta la única razón para desechar el recurso planteado. II.– En cuanto al recurso de apelación. Se reproduce el fallo de alzada con excepción de sus fundamentos décimo sexto y décimo séptimo, que se eliminan, como asimismo el párrafo segundo de su fundamento vigésimo tercero, y teniendo en su lugar presente:

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

89

TERCERO: Que a la empresa demandada le corresponde una responsabilidad objetiva en los hechos que sirven de fundamento a la demanda, si se tienen en consideración las expresiones utilizadas en las Bases de la Licitación y en el Contrato de Concesión celebrado entre ella y el Fisco de Chile, tales como “el concesionario deberá tomar todas las precauciones para evitar daños a terceros...” o “Todo daño, de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de la obra y de su explotación se cause a terceros... será de exclusiva responsabilidad del concesionario...”, toda vez que tales declaraciones involucran la voluntad de sustraerse a las normas supletorias del Código Civil, de aplicación general, las que regulan la responsabilidad extracontractual, sin necesidad de declaración expresa de las partes, como sí ocurre en la especie. En efecto, acorde a las disposiciones del Código Civil, que acoge el principio de la responsabilidad subjetiva, todo daño debe ser reparado. En consecuencia, siendo la norma legal imperativa del Código citado, la que indica la obligación de reparar todo daño, y según las normas de la responsabilidad subjetiva, ocurre que al expresarse taxativamente en un contrato el hecho de asumirse responsabilidad por eventuales daños, tal expresión indica la voluntad de restarse a las normas de la responsabilidad subjetiva y por ende de liberar al acreedor de la obligación de probar la culpa o dolo, ya que de lo contrario sería innecesaria la estipulación, pues a todo evento, según ya se expresó, cualquier daño debe ser indemnizado según los artículos 2314 y siguientes del Código Civil. En consecuencia, sostener que expresiones tales como “que todo daño, de cualquier naturaleza, será de exclusiva responsabilidad del concesionario” equivale a someterse a las reglas de la responsabilidad objetiva no es sino interpretar esas estipulaciones en el sentido que produzcan algún efecto, desechando la interpretación acorde la cual no producirían efecto alguno, pues si no involucraran la intención de regirse por la responsabilidad objetiva, no tendrían sentido alguno las referidas expresiones, ya que a todo evento, sin ellas, regiría la responsabilidad subjetiva del Código. CUARTO: Que en razón de lo dicho, procede rechazar el argumento de haberse expuesto la víctima imprudentemente al riesgo al no ir atento a las condiciones del tránsito, ya que resultó no controvertido en el juicio el hecho de haber embestido los caballares de frente al móvil conducido por la víctima, animales que iban guiados por un ciclista. En estas circunstancias no resulta digno de reproche alguno el ser embestido por un ciclista que viaja de frente llevando algunos caballos, ya que tal hecho por la naturaleza misma de lo original e inesperado que resulta, no permite alertar suficientemente a un conductor como para impedir las consecuencias de ese actuar. Podrá sostenerse que se expone imprudentemente a un riesgo quien asume una actitud riesgosa, ya sea por acción u omisión; pero mal puede considerarse algún grado de exposición al riesgo en quien conduce normalmente un vehículo motorizado por una vía destinada a ello, en condiciones que permiten hacerlo incluso a velocidades de hasta 120 kilómetros por hora, sin que quepa la posibilidad de imputársele reproche alguno en tal accionar. Igualmente, tampoco tiene cabida la excepción alegada por la concesionaria en cuanto a que no estaba obligada a instalar una barrera de protección al borde de la berma, ya que según sus dichos tal obligación no existía en el contrato, en base a la siguiente argumentación. Como los contratos deben ejecutarse de buena fe y según dispone el artículo 1546 del Código Civil no sólo obligan a lo que en ellos se expresa, sino que además a todas las cosas que emanan, precisamente, de la naturaleza de la obligación, y toda vez que es propio de la obligación de la concesionaria el brindar un servicio eficaz y seguro a los usuarios, resulta lógico concluir que es obligación de la concesionaria instalar no solamente esas barrerás, sino que realizar todas aquellas obras necesarias para el cumplimiento oportuno de la obligación de otorgar seguridad a los usuarios que se sirvan de tal concesión. En cuanto a que si la producción del daño causado se debió a la intervención de terceros, en la especie el ciclista que conducía los caballos, o la explotación de la obra, deberá concluirse a favor de esta última posibilidad toda vez que es quien explota la concesión, el que tiene la obligación de mantener el camino concesionado en términos tales de no producir daños a quienes por él transitan normalmente. Así, es de responsabilidad del concesionario el realizar todas las obras, adoptar toda las prevenciones y tomar todos los resguardos que las especiales características del camino o autopista y su entorno requieran para el normal cumplimiento de su obligación, cual es permitir que los usuarios circulen por tal vía con total seguridad.

90

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Del mismo modo no es plausible aceptar que la geografía del lugar impediría la construcción de barreras de protección, pues los hechos, en cuanto a su realización, se pueden clasificar en posibles o imposibles físicamente. La posibilidad o imposibilidad debe ser coetánea a la celebración del contrato, por lo que de resultar imposible la construcción de estas protecciones, atendido principio de que a lo imposible nadie está obligado, no debió haberse celebrado el contrato ya que al concesionario le constaba que no iba a poder cumplir un hecho imposible, y no es lícito obligarse a sabiendas de un incumplimiento futuro. Pero, a contrario sensu, si no constaba la imposibilidad es porque el hecho era posible, por lo que bien debió y pudo haberse realizado. QUINTO: Que la suma equivalente a 168 ingresos mínimos mensuales que se fija por concepto de lucro cesante, se distribuirá entre cada uno de los demandantes, tomando en consideración el mismo criterio que el legislador emplea en el artículo 988 inciso segundo del Código Civil, por lo que corresponderá un 40% a su cónyuge sobreviviente, doña María Magali Canales Valenzuela, y un 20% a cada uno de los hijos del causante: Camila Alejandra, Edwison Antonio y Ángela Marisol, todos de apellidos Palma Canales. Respecto del daño moral, considerándose en esta oportunidad el factor etario, se estima necesario que la reparación pecuniaria sea mayor para los hijos, por lo que se fijará como suma a pagar la cantidad de $23.000.000.– a cada uno de ellos, y la suma de $11.000.000.– a la actora viuda de la víctima, doña María Magali Canales Valenzuela. Estas últimas cantidades se pagarán debidamente reajustadas de acuerdo a la variación que experimente el índice de precios al consumidor, más los intereses corrientes, que se calcularán contar de la fecha en que quede ejecutoriada esta sentencia y la de su efectivo pago. Por estas consideraciones se resuelve: I.– Que se rechaza el recurso de casación en la forma deducido en lo principal de fs. 1085. II.– Que se confirma la sentencia apelada de doce de Enero de dos mil cinco, escrita a fs. 1009 y siguientes con declaración que la sociedad “Ruta 5 Sur Tramo Talca Chillán S.A.” queda condenada a pagar a los demandantes por concepto de indemnización de perjuicios las cantidades que se indican a continuación: A.– Por concepto de lucro cesante el equivalente a 168 ingresos mínimos, suma que corresponderá en un 40% a su cónyuge sobreviviente doña María Magali Canales Valenzuela, y en un 20% a cada uno de los actores hijos del causante: Camila Alejandra, Edwison Antonio y Ángela Marisol, todos de apellidos Palma Canales. B.– Por concepto de daño moral la suma de $23.000.000 (veintitrés millones de pesos) a cada uno de los hijos, esto es, Camila Alejandra, Edwison Antonio y Ángela Marisol todos de apellidos Palma Canales; y la suma de $11.000.000 (once millones de pesos) a la actora viuda de la víctima, doña María Magali Canales Valenzuela. Estas últimas cantidades se pagarán debidamente reajustadas de acuerdo a la variación que experimente la unidad de fomento a contar de la fecha de la notificación del presente fallo, más intereses corrientes para operaciones reajustables, y costas. Acordado lo anterior con el voto en contra del Ministro Sr. Gajardo, quien fue de parecer revocar la sentencia en alzada y negar lugar a la demanda deducida, para lo cual tuvo en consideración lo siguiente: a.) Que no resulta posible concluir como lo hace el fallo de primer grado en su fundamento décimo sexto, que en la especie exista un responsabilidad objetiva, de carácter excepcional en nuestra legislación, en virtud de la cual la concesionaria deba responder por lo daños producidos con motivo de la ocurrencia de un hecho en la vía que produzca perjuicios a determinada persona. En efecto, si bien la normativa legal a que alude la sentenciadora dispone que será de exclusiva responsabilidad del concesionario todo daño, de cualquiera naturaleza, que se cause a terceros con motivo de la ejecución de la obra, de construcción o conservación, así como aquellos que puedan ocasionar los baches o cualquiera otra condición deficiente de la conservación de obra, de ello en modo alguno se puede inferir que, con prescindencia de alguna conducta que le fuera atribuible, debiera responder por daños sólo por la circunstancia que se produjeron en la vía concesionada, sin consideración a la existencia de cualquier otro hecho. Ni los textos legales ni su correcto entendimiento pueden conducir a esta conclusión.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

91

b.) Que siendo aplicable al caso la normativa sobre responsabilidad extracontractual, debió demostrarse alguna conducta dolosa o culposa de la empresa demandada, que estuviere en relación de causa a efecto con el daño producido. Esto no aconteció y sólo se alude en la sentencia de primer grado al haber permitido “... el ingreso, tránsito o circulación de caballares sueltos en una carretera de alta velocidad...” y omitir “...la construcción de las respectivas barreras de protección en una zona en que existe una zanja adyacente con la suficiente profundidad para hacer caer un vehículo...” sin señalarse de que manera estas omisiones serían la causa determinante del accidente. Se señala también que la presencia de caballares en la ruta constituía un riesgo previsible y respecto del cual se debieron adoptar las medidas necesarias para evitarlo, prescindiéndose por completo del hecho acreditado en la causa, en cuanto que los animales le habían sido sustraídos a sus dueños y eran conducidos por la carretera en horas de la madrugada por una persona, presunto autor de los delitos, que se dio a la fuga. Este hecho, de especial relevancia, debió ser ponderado debidamente, puesto que sin su ocurrencia el accidente no se habría producido y porque cabe preguntarse si preverlo, era una exigencia que pueda hacerse a la demandada. c.) Que en conformidad a la dicho, los supuestos de la responsabilidad extracontractual, única que pudo invocarse, no se acreditaron y por ello la demanda no puede prosperar. Regístrese y devuélvanse, con todos sus agregados. Redacción del voto de mayoría del Abogado Integrante Sr. Enrique Pérez Levetzow y de la disidencia, su autor. Pronunciada por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por el Ministro señor Raúl Héctor Rocha Pérez e integrada por el Ministro señor Carlos Gajardo Galdames y el Abogado Integrante señor Enrique Pérez Levetzow. Rol Nº 2.330–2005.

III.- CORTE SUPREMA Santiago, veintiocho de enero de dos mil diez. VISTOS: En estos autos Rol Nº 6.497–2002 del 20º Juzgado Civil de Santiago, juicio ordinario de indemnización de perjuicios, seguidos por don Javier Albornoz Sepúlveda en representación de doña María Magali Canales Valenzuela y de su hija menor de edad Camila Alejandra Palma Canales, de don Edwison Antonio Palma Canales y de doña Ángela Marisol Palma Canales, en contra de la sociedad denominada Ruta Cinco Tramo Talca Chillán S.A. y del Fisco de Chile, se dictó sentencia de primera instancia por la juez suplente de ese tribunal por la que se acogió la demanda sólo en cuanto se condena a la referida sociedad a pagar a los actores la suma única y total ascendente a $102.237.554 y se la rechaza en cuanto se dirige en contra del Fisco de Chile. En contra de dicha sentencia la demandada sociedad Ruta Cinco Tramo Talca Chillán S.A. interpuso recurso de apelación, en tanto la parte demandante dedujo recursos de casación en la forma y de apelación. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad formal y confirmó la sentencia con declaración de que la demandada sociedad Ruta 5 Tramo Talca Chillán S.A. queda condenada a pagar las siguientes sumas por concepto de indemnización de perjuicios: a) Por lucro cesante el equivalente a 168 ingresos mínimos, suma que corresponderá en un 40% a doña María Magali Canales Valenzuela y en un 20% a cada uno de los actores hijos del causante: Camila Alejandra, Edwison Antonio y Ángela Marisol, todos de apellidos Palma Canales; b) Por daño moral la suma de $23.000.000 a cada uno de sus tres hijos ya individualizados, y a doña María Canales Valenzuela la cantidad de $11.000.000, más reajustes e intereses en la forma que se indica. En contra de esta última decisión la parte demandante interpuso recurso de casación en la forma y la demandada sociedad Ruta 5 Tramo Talca Chillán S.A. dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo. Se trajeron los autos en relación.

92

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

CONSIDERANDO: I.– En cuanto al recurso de casación en la forma deducido por la parte demandada Sociedad Ruta Cinco Tramo Talca Chillán S.A. PRIMERO: Que el recurrente sostiene como primera causal de casación la consagrada en el artículo 768 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170 del mismo cuerpo legal, en este caso, la decisión del asunto controvertido a que se refiere el número 6 de esta última norma. Explica que el vicio se produce porque la Corte de Apelaciones no resolvió dos apelaciones deducidas por la parte demandante en contra de las resoluciones que decidieron un incidente de nulidad de una prueba testimonial y la solicitud de una exhibición de documentos. Señala que estas apelaciones –que se encontraban en estado de relación– se ordenaron acumular materialmente al ingreso principal en virtud de lo dispuesto en el artículo 66 del Código Orgánico de Tribunales. Reclama que el fallo de 21 de agosto de 2008 sólo se pronuncia sobre los recursos contra la sentencia definitiva. SEGUNDO: Que como segundo defecto formal el recurso atribuye a la sentencia el haber incurrido en la causal de casación en la forma prevista en el artículo 768 Nº 7 del Código de Enjuiciamiento Civil, esto es, en contener decisiones contradictorias. Explica que el vicio se produce porque en el considerando tercero de la sentencia impugnada se determina que a la demandada le corresponde responsabilidad objetiva; sin embargo, dejó subsistente del fallo de primer grado el fundamento 18º que afirma que su parte no acreditó la debida vigilancia y el 26º que razona que el Fisco no es condenado por cuanto no hay reprochabilidad. Lo anterior significa que se mezclan razonamientos de responsabilidad objetiva y subjetiva. Agrega que el defecto se produce además debido a que en el basamento 4º del fallo los jueces del fondo aceptan que la intromisión de los caballos a tiro de una bicicleta fue un hecho inesperado y que no era posible de prever, esto es, acepta un caso fortuito y lo admite como causa basal. Sin embargo, el tribunal arriba a una posición contradictoria, atendido que para el conductor no es reprochable por tratarse de caso fortuito, en cambio para la concesionaria lo es y se lo califica como previsible y evitable. Por último, acusa que frente a una misma situación condena a la concesionaria sobre la base de la responsabilidad objetiva y exculpa al Fisco teniendo en cuenta la responsabilidad subjetiva. TERCERO: Que el recurso explica que las infracciones que se hacen valer influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo, lo que amerita su invalidación y la dictación de una sentencia de reemplazo que revoque la de primer grado y rechace la demanda. CUARTO: Que entrando al análisis de la primera causal del recurso, cabe señalar que la exigencia que se contiene en el artículo 170 Nº 6 del Código de Enjuiciamiento Civil es la de decidir la litis, esto es, la resolución de las peticiones que se consignan en la conclusión de la demanda y de su contestación, que es lo que forma el asunto controvertido. Por ello, no omite este requisito la sentencia de segunda instancia que decide acoger la pretensión contenida en la demanda sin pronunciarse acerca de dos apelaciones incidentales, por cuanto no ha dejado de resolver la acción y las excepciones hechas valer por las partes. QUINTO: Que en lo concerniente al segundo vicio que se invoca en la impugnación formal, del tenor del libelo que la contiene se advierte que los hechos en que se funda no constituyen tal causal, por cuanto aquella concurre sólo cuando una sentencia contiene decisiones imposibles de cumplir por contraponerse unas con otras; pero no cuando –como lo estima el recurrente– existe contradicción en las argumentaciones. En efecto, la incompatibilidad denunciada no es constitutiva de error revisable por vía de esta causal de nulidad formal, sino que apunta a una eventual contradicción interna entre considerandos del veredicto atacado. Así, la sentencia censurada contiene sólo una decisión, que consiste en que se acoge la demanda intentada condenando a la sociedad demandada a pagar una indemnización de perjuicios por lucro cesante y daño moral, razón por la cual este capítulo de casación tampoco puede prosperar. II.– En cuanto al recurso de casación en la forma interpuesto por la parte demandante. SEXTO: Que el recurso denuncia que el fallo impugnado incurrió en la causal de casación adjetiva prevista en el artículo 768 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil, al haber sido pronunciada con

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

93

omisión de la exigencia señalada en el numeral 4 del artículo 170 del mismo cuerpo legal, esto es, las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia. Explica que la infracción se produce porque el fallo reconoce a la viuda una indemnización por daño moral que es inferior al cincuenta por ciento que recibirá cada uno de sus hijos, no obstante que la privación que sufrió es tanto o más grave que la de los hijos. Por ello estima que la sentencia debió ser coherente y establecer que la indemnización del daño moral debió fijarse para la madre al menos en el doble de lo que reciba cada hijo, del mismo modo que se decidió en la distribución del lucro cesante siguiendo las reglas de la sucesión intestada. Aduce que el fallo presenta un criterio etario para justificar el quantum del daño moral; sin embargo, no explica la forma en que opera tal pauta, por cuanto la viuda a la fecha del accidente tenía una edad cercana a los cuarenta años y si las perspectivas de vida promedio para las mujeres superan los setenta y cinco, querría decir que dicha demandante compensa su perspectiva de vida (por 35 años) sin su marido con una suma exigua que no se condice con el sufrimiento experimentado. De otro lado expresa que, siguiendo la misma lógica, la fijación de la indemnización para los hijos mayores debió ser distinta que la de la menor. Apunta que aplicando la lógica y experiencia, el tribunal debió fijar a favor de la viuda a lo menos en $46.000.000 la indemnización por daño moral conforme a las reglas de la sucesión intestada. SÉPTIMO: Que un segundo defecto formal que imputa a la sentencia censurada es la de contener decisiones contradictorias, con arreglo a la causal prevista en el numeral 7 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. Explica que el fallo contiene fundamentos contradictorios, lo que determina que adolezca de decisiones contradictorias. Sostiene que el basamento cuarto argumenta respecto al lucro cesante y acude al criterio que el legislador emplea en el artículo 988 inciso segundo del Código Civil, por lo que decide que corresponderá un cuarenta por ciento a su cónyuge y un veinte por ciento a cada uno de sus hijos. Sin embargo, respecto del daño moral recurre a un factor etario, lo que implica que contradice su criterio. Concluye que la decisión del fallo es contradictoria al conceder a la viuda una indemnización por daño moral que es inferior a la mitad de la que se fijó por cada hijo. Por otro lado, afirma que aceptando un criterio etario debió fijar la indemnización para la hija menor en una suma superior a la establecida para los hijos mayores. OCTAVO: Que señalando la forma en que los vicios han influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, expresa que debió declararse que por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral doña María Magali Canales Valenzuela recibirá al menos el doble de lo determinado para cada hijo o la suma superior que el tribunal determine. NOVENO: Que respecto a la primera causal invocada, cabe consignar que los magistrados de la instancia para la determinación de la indemnización de perjuicios por daño moral consideran el factor etario y así definen que la reparación sea mayor para los hijos que para la viuda de la víctima, mientras que el lucro cesante es determinado en su totalidad en la suma equivalente a 168 ingresos mínimos mensuales y es distribuido conforme al criterio que emplea el artículo 988 inciso segundo del Código Civil. DÉCIMO: Que como es posible advertir con meridiana claridad, los falladores acuden a un criterio de valoración para la determinación del monto del perjuicio extrapatrimonial, explicitado en el caso como “factor etario”, pero que en otras palabras alude básicamente a la mayor o menor permanencia o duración de la aflicción psíquica causada por la muerte de la víctima directa en los afectados por repercusión. En consecuencia, no resultan efectivos los reproches formulados a la sentencia, porque –al contrario de lo sostenido por la recurrente– ésta contiene las debidas fundamentaciones que explican la decisión, lo que difiere de la circunstancia de que se discrepe de tales razonamientos. UNDÉCIMO: Que respecto al segundo vicio invocado, al igual como se señaló en el considerando quinto que precede, la causal en análisis se configura cuando una sentencia contiene decisiones imposibles de cumplir por contraponerse unas con otras, pero no cuando existe contradicción en las argumentaciones, del tal suerte que las alegaciones que fundamentan el defecto formal denunciado no logran conducir a su configuración, por cuanto, como se expresó, el fallo atacado contiene sólo una decisión,

94

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

que consiste en que se acoge la demanda intentada condenando a la sociedad demandada a pagar una indemnización de perjuicios por lucro cesante y daño moral. DUODÉCIMO: Que por todo lo expresado, los recursos de casación en la forma deducidos por la parte demandante y la demandada Sociedad Ruta Cinco Tramo Talca Chillán serán desestimados. III.– En cuanto al recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandada Sociedad Ruta Cinco Tramo Talca Chillón S.A. DECIMOTERCERO: Que en un primer capítulo del recurso de nulidad sustancial se acusa la violación de normas reguladoras de la prueba. En primer término aduce que se vulnera el artículo 1698 del Código Civil, lo que se produce porque se libera al actor de la obligación de rendir prueba sobre la existencia de una participación culpable de su parte y acerca de la relación causal entre los daños y esa participación. Manifiesta que se trate de responsabilidad objetiva o subjetiva, es el actor quien debe probar que el demandado infringió las normas legales y contractuales a las cuales debe someter su actuar, que ha obrado con negligencia, que se irrogó un perjuicio y la existencia del vínculo causal. En esta misma sección aduce que se transgredieron los artículos 1700, 1702 y 1703 del Código Civil al omitir considerar el valor probatorio que la ley le asigna a los documentos, en relación con los artículos 342 Nº 3 y 346 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil. En primer lugar se refiere a documentos relativos a la participación de su parte, causa basal y la inexistencia del nexo causal, adicionalmente al caso fortuito alegado. Nombra los siguientes instrumentos: copias del expediente instruido por el Ministerio Público e informe del SIAT, los que hacen plena prueba acerca de que la causa basal del accidente se debió a la intromisión de los caballos, como consecuencia de un acto de quien los ingresó a tiro a la vía minutos antes del accidente. Enseguida, se refiere a documentos que guardan relación con la naturaleza y extensión de las obligaciones que le cabe a la concesionaria conforme al contrato de concesión. Indica que se agregaron dos aerofotogrametrías de la zona; copia de memo Nº 14 emanado del Inspector Fiscal de la obra; contrato de concesión; las bases de licitación; las circulares aclaratorias y un convenio complementario. Destaca que el memorándum asienta que la vía es de doble calzada, unidireccional con barrera en la mediana; los cercos que limitan la faja vial se encuentran en buen estado, sin aberturas, salvo los puntos que corresponden a accesos de caminos vecinales; el pavimento, bermas, señalización, demarcación y defensas camineras de la mediana se encuentran en buenas condiciones; se cumple la normativa del Manual de Carreteras, que por las alturas y anchos de la calzada no considera elementos de contención o defensas camineras; existen a lo menos cuatro alternativas de ingreso a la carretera por caminos vecinales por donde pueden salir intempestivamente animales, caminos que atienden a predios en los cuales no tiene injerencia la concesión. Afirma que las bases de licitación son concordantes en este sentido, las que acreditan que se ajustó al proyecto que no consideraba la construcción de las barreras; por ende, no incurrió en su incumplimiento; y si no le era exigible impedir el ingreso de animales, menos le era exigible controlar acciones de terceros. DECIMOCUARTO: Que en un segundo grupo de disposiciones legales infringidas el recurrente menciona los artículos 1545 y 1445 del Código Civil, en relación con los artículos 1547, 1553, 1556 y 1558 del mismo cuerpo legal en lo que respecta a la responsabilidad contractual, artículos 2314 a 2334 del mismo Código en lo que concierne a la responsabilidad extracontractual y artículos 21 y 35 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas. Hace presente que el fallo atacado parte de la base de que el contrato de concesión y las bases de licitación establecen un tipo de responsabilidad objetiva que prescinde del factor de imputación o juicio de reproche. Apunta que el yerro se manifiesta al advertir que no pueden las partes del aludido contrato transformar la responsabilidad subjetiva en objetiva a favor de terceros. Indica que lo anterior se demuestra con las siguientes argumentaciones: 1) El contrato tiene efecto relativo, de acuerdo al artículo 1545 del Código Civil; 2) Su parte se obligó para con la administración y no para con los usuarios, por lo que se infringe el artículo 1445 del mismo cuerpo normativo al extender a los usuarios las obligaciones asumidas con el Ministerio de Obras Públicas. Destaca que no es posible delegar la responsabilidad objetiva que puede existir entre el concesionario y el ente público, ni

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

95

interpretar extensivamente las disposiciones legales de excepción que consagran casos de responsabilidad objetiva; 3) En cuanto a los artículos 1547, 1553, 1556 y 1558 del Código de Bello, éstos exigen para que exista responsabilidad contractual la concurrencia de un factor de imputación (dolo o culpa) y por ello no se puede imponer responsabilidad sin que se haya incurrido en una acción reprochable; 4) De acuerdo a los artículos 2314 a 2334 del Código Civil la responsabilidad extracontractual exige un factor de imputación subjetivo; 5) Fundado en el artículo 21 del D.F.L. 164 puede sostenerse que la responsabilidad del concesionario para con la administración es objetiva; empero, no sucede lo mismo con los terceros vinculados jurídicamente con el concesionario según se desprende del inciso 2º. Anota que esta interpretación se refuerza en virtud de lo señalado por el artículo 35 de la misma ley, ya que no alude ni a la responsabilidad subjetiva ni a la objetiva; 6) No es dable a las partes de un contrato de obra pública establecer un régimen de responsabilidad objetiva a favor de los usuarios, porque este tipo de responsabilidad sólo puede estar consagrado en la ley y no en la convención; 7) No es posible transferir a los concesionarios una supuesta responsabilidad objetiva que se dice pesa sobre el Estado por falta de servicio; 8) El hecho que causó el daño proviene de la acción de un tercero, que consistió en introducir a la vía animales y llevarlos contra el sentido del tránsito. En este sentido destaca que el concesionario, cualquiera haya sido su capacidad de previsibilidad y las medidas adoptadas, estaba en imposibilidad de evitar el daño; 9) La responsabilidad objetiva para la doctrina y jurisprudencia está fundada en el riesgo, en la creación de un ámbito fáctico en que aumentan las posibilidades de sufrir un daño de acuerdo al desarrollo normal de las cosas. Agrega que este régimen es excepcional. Señala que en el sistema de concesiones ocurre lo contrario, el riesgo de sufrir un perjuicio disminuye considerablemente por la naturaleza de la obra concesionada y las medidas de seguridad impuestas en la ley y en los contratos. Desde esta perspectiva, afirma que la sentencia infringe la doctrina y la jurisprudencia. DECIMOQUINTO: Que en un tercer capítulo de la impugnación sustancial se acusa la vulneración de los artículos 19, 20 y 22 del Código Civil en relación con los artículos 21 inciso 2º, 23 y 35 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y los artículos 1437, 2284 y 2314 del Código Civil. Explica que este error se produce al fijarse erróneamente el sentido y alcance de las normas del D.F.L. 164. Plantea que se desatiende el claro tenor literal, la intención del legislador y el contexto del ordenamiento en que se ubican los preceptos, lo que resulta al convertir en responsabilidad objetiva una responsabilidad que la ley concibe como subjetiva. Principia indicando que se infringe el inciso 2º del artículo 21 del D.F.L. al no considerar que distingue en la regulación su relación con su contraparte en el contrato y los usuarios. En este sentido sostiene que su relación con el Ministerio de Obras Públicas se rige por normas de derecho público, debiendo cumplir las obligaciones que le impone el contrato, lo que se traduce en construir la obra de acuerdo a los planos, proyectos y especificaciones técnicas y en la fase de explotación garantizar un acceso igualitario al servicio y su funcionamiento, en tanto que sus relaciones con los usuarios se rigen por el derecho privado. Postula que el artículo 35 de la misma Ley no regula la responsabilidad de la concesionaria para con los usuarios, sino que norma quién dentro de la relación contractual con el Ministerio de Obras Públicas será responsable entre ellos respecto de un hecho u omisión que con culpa haya causado daño a un particular. Resalta que el precepto no consagra un régimen de responsabilidad objetiva, sino que distribuye las responsabilidades internas entre concesionario y el Ministerio en términos que si existe un hecho del cual surja responsabilidad conforme al sistema general de responsabilidad subjetiva, las consecuencias que se deriven de tal hecho deben ser soportadas por aquél a menos que el daño se deba a medidas impuestas por la referida cartera ministerial. Subraya que la circunstancia que deba adoptar todas las medidas para evitar daños a terceros y de otorgar seguridad a quienes transitan por la vía concesionada no cambia el sistema de responsabilidad extracontractual. Precisa que aun si existiere responsabilidad objetiva no es posible imputársela, ya que la conducta que se le reprocha no es antijurídica y no existe relación causal. Manifiesta que la obligación de la concesionaria relativa a la seguridad en la ruta no es aquella difusa e indeterminada que cita el fallo; son exigencias específicas contenidas en cada contrato, que se traducen en lo exigido en las bases de licitación. Aclara que el artículo 54 letra b) del Reglamento de

96

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

la Ley de Concesiones de Obras Públicas exige la “conservación de la obra en óptimas condiciones de uso, según lo exigido en las bases de licitación”, mientras que el artículo 60 Nº 1 señala: “En el plazo que dispongan las bases de licitación, el concesionario debe cercar bajo la supervisión del Ministerio de Obras Públicas en la forma que indiquen las bases de licitación”. Asevera que la norma que regula la responsabilidad del concesionario respecto de las condiciones de seguridad es el artículo 63 del señalado Reglamento, que dice: “El concesionario será siempre responsable del cumplimiento cabal, íntegro y oportuno del contrato de concesión, de la correcta ejecución de los proyectos y de las obras, y del cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el contrato de concesión, sin perjuicio de las funciones de dirección y control que corresponden al Ministerio de Obras Públicas”. Refuerza lo señalado al imputar la infracción de los artículos 1437, 2284 y 2314 del Código Civil por omisión en su aplicación al caso, por cuanto la concesionaria responde a los usuarios bajo la regla general de la responsabilidad subjetiva. DECIMOSEXTO: Que en un cuarto capítulo del recurso el impugnante invoca el quebrantamiento de los artículos 19, 22 y 2326 del Código Civil, en relación con los artículos 165 Nº 11 y 198 Nº 23 de la ley Nº 18.290 y 21 inciso 2º del D.F.L. 164 del Ministerio de Obras Públicas. Argumenta que la sentencia no consideró que los tramos concesionados son caminos públicos y conforme a lo estatuido por el artículo 598 del Código Civil, el uso y goce para el tránsito de un bien nacional de uso público se rige por el Código Civil y por las ordenanzas generales o particulares, norma que no fue modificada al dictarse la Ley de Concesiones de Obras Públicas, encontrándose vigentes las normas del Código citado, la Ley de Tránsito y otras aplicables al caso en virtud del artículo 21 inciso 2º del D.F.L. 164. En esta línea argumental, asevera que la responsabilidad por los daños provocados por animales recae sobre el dueño del animal o quien se sirve de él, de acuerdo al artículo 2326 del Código Civil y además a los artículos 165 Nº 11 y 198 Nº 23 de la Ley de Tránsito que sanciona al que tiene animales sueltos en la vía pública. DECIMOSÉPTIMO: Que, finalmente, atribuye un quinto error de derecho al fallo cuya invalidez pretende, la infracción del artículo 1546 del Código Civil en relación con los artículos 19, 21 inciso primero y 23 del D.F.L. Nº 164, Ley de Concesiones de Obras Públicas. Expone que la sentencia se equivoca al considerar que es obligación de la concesionaria instalar barreras y realizar todas aquellas obras necesarias para el cumplimiento oportuno de la obligación de otorgar seguridad a los usuarios que se sirvan de la concesión; además, razona que quien la explota es quien tiene el deber de mantener el camino en términos tales de no producir daños a quienes por él transiten normalmente, concluyendo que es responsabilidad del concesionario realizar todas las obras, adoptar todas las prevenciones y tomar todos los resguardos que las especiales características del camino o autopista y su entorno requieran para el normal cumplimiento de su obligación, cual es permitir que los usuarios circulen por la vía con total seguridad. Asegura que lo indicado constituye un error al extender los efectos del contrato de concesión, invocando el artículo 1546 del Código Civil, a obligaciones que no forman parte de él, ni por esencia, ni por naturaleza, desconociendo que el sistema concesional supone el cumplimiento de un contrato bajo normas de derecho estricto conforme a las cuales el concesionario no puede introducir modificaciones a las obras o a la prestación del servicio sin autorización del Ministerio de Obras Públicas, tal como lo prescribe el artículo 19 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas. Asimismo, añade el libelo, de acuerdo al artículo 21 inciso 1º de la misma Ley sus relaciones con el Ministerio de Obras Públicas se rigen por normas de derecho público y por ende se encuentra vedada la posibilidad de hacer cambios a su solo arbitrio. En resumen, el recurrente expresa que hay yerro jurídico al exigírsele una obligación que ni la ley ni el contrato de concesión prescriben. DECIMOCTAVO: Que señalando la influencia de los errores en lo dispositivo del fallo, expresa que de no haberse incurrido en ellos se debió revocar la sentencia de primera instancia y rechazar la demanda deducida en su contra. DECIMONOVENO: Que como puede advertirse con claridad, los capítulos del recurso de casación descansan en un sustrato jurídico común, cual es que la naturaleza de la responsabilidad que tendría

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

97

cabida en el presente caso y que asigna el ordenamiento jurídico es de índole subjetiva y no objetiva como lo afirman los falladores del mérito. VIGÉSIMO: Que es pertinente indicar que los sentenciadores consideran que en este caso corresponde a la sociedad concesionaria una responsabilidad de naturaleza objetiva. Acuñan este razonamiento entendiendo que en las bases de licitación y en el contrato de concesión celebrado entre la sociedad concesionaria y el Fisco de Chile se utilizan expresiones tales como “el concesionario deberá tomar todas las precauciones para evitar daños a terceros...” o “Todo daño, de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de la obra y de su explotación se cause a terceros...será de exclusiva responsabilidad del concesionario...”. Coligen que esas declaraciones involucran la voluntad de sustraerse a las normas supletorias de aplicación general que regulan la responsabilidad extracontractual del Código Civil. Refuerzan el razonamiento al sostener que al expresarse en un contrato el hecho de asumirse responsabilidad por eventuales daños, la expresión indica la voluntad de restarse a las normas de responsabilidad subjetiva y por ende de liberar al acreedor de la obligación de probar la culpa o dolo. Es menester además destacar que la sentencia del tribunal de alzada suprime el fundamento décimo sexto del fallo de primera instancia que había también determinado que a la sociedad demandada le correspondía responsabilidad objetiva, pero fundado en lo dispuesto en el artículo 35 del D.F.L. 164, Ley de Concesiones de Obras Públicas. VIGÉSIMO PRIMERO: Que lo indicado obliga a traer a colación lo que básicamente se ha acuñado en doctrina acerca de la noción de responsabilidad objetiva, también denominada responsabilidad estricta o sin culpa. Es así que se ha expresado que este tipo de responsabilidad se refiere a aquella cuyo único antecedente es la causalidad, de modo que el demandado se halla en la obligación de indemnizar los perjuicios que se acrediten como atribuibles al hecho causal. Se ha expuesto además que lo que se busca mediante este régimen es mejorar la situación de las víctimas, dispensándolas de probar la existencia de una culpa en el origen del daño. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que existe también consenso en doctrina que la responsabilidad objetiva o estricta en nuestro derecho de daños es de carácter excepcional, esto es, sólo opera cuando el legislador interviene expresamente y ello es así por cuanto su aplicación implica otorgar un tratamiento particular por sobre el régimen común y general. VIGÉSIMO TERCERO: Que de otra parte y si bien se ha vinculado tradicionalmente el sistema de responsabilidad objetiva con las actividades riesgosas, no necesariamente responden a este criterio, sin que pueda advertirse una actividad identificable en conjunto como ámbito de aplicación para este régimen de responsabilidad, de manera que su análisis es necesariamente casuístico, esto es, se aplica a las hipótesis restringidas que la ley ha previsto. VIGÉSIMO CUARTO: Que es preciso analizar si es efectivo que la normativa legal consagra un régimen de responsabilidad sin culpa tratándose del resarcimiento de daños derivados de accidentes ocurridos en carreteras o rutas concesionadas. Según se anticipó, la sentencia atacada fundamenta la responsabilidad de naturaleza objetiva en las expresiones que se utilizaron en las bases de licitación y en el contrato de concesión, lo que resulta errado a la luz de lo que se reflexiona. Por otra parte, tampoco es posible consagrar en la especie el aludido sistema de responsabilidad sustentado en alguna norma legal. En este sentido y para despejar dudas, no puede ser base de la tesis que pretende objetivar esta responsabilidad lo preceptuado en el artículo 35 del D.F.L. 164, que dice: “El concesionario responderá de los daños, de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de la obra o de la explotación de la misma se ocasionaren a terceros, a menos que sean exclusivamente imputables a medidas impuestas por el Ministerio de Obras Públicas, después de haber sido adjudicado el contrato”. Ciertamente esta regla sólo tiene por finalidad identificar como sujeto pasivo de la obligación de indemnización de perjuicios a la empresa concesionaria en el caso de que se ocasionen daños con motivo de la ejecución de la obra o de la explotación de la misma. Lo razonado se desprende claramente de la atenta lectura del precepto, en el que no aparece que se excluya de la obligación indemnizatoria la exigencia de un juicio de culpabilidad. Por ello, sólo cabe concluir que la naturaleza de la responsabilidad que asiste a la sociedad demandada es de índole subjetiva y en esta perspectiva constituye un error jurídico fundar una responsabilidad estricta sin base en precepto legal.

98

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

VIGÉSIMO QUINTO: Que para culminar las particularidades que se han esbozado sobre el estatuto jurídico aplicable a la responsabilidad que atañe en el presente caso a una sociedad concesionaria respecto de daños ocurridos en una ruta o carretera concesionada, cabe subrayar que, según se dirá y ante la falta de establecimiento de un vínculo jurídico previo entre la víctima directa y dicha sociedad, ésta es de orden extracontractual. VIGÉSIMO SEXTO: Que señalados los razonamientos que anteceden, es apropiado analizar el primer motivo de nulidad sustancial, que dice relación –en un primer ítem– con la acusación de haberse alterado el peso de la prueba, transgrediendo de este modo el artículo 1698 del Código Civil. VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que existe infracción al onus probandi cuando se altera el orden establecido, esto es, si se pretende que debe probar el demandado para desvirtuar un hecho alegado y no probado por el actor, o viceversa. Considerado lo anterior, no es efectivo que el fallo impugnado haya invertido la carga de la prueba. En efecto, de su atenta lectura no es posible advertir algún fundamento en que exprese, o del que sea posible concluir, que correspondía al demandado acreditar que actuó sin culpa o sin dolo. En efecto, los sentenciadores razonaron –equivocadamente– que en el presente caso la naturaleza de la responsabilidad por daños era objetiva y en esa perspectiva no correspondía probar la culpa o dolo. Pero tal aserto no importa alteración del onus probandi, sino únicamente la consideración de que el elemento de culpabilidad en la especie no era una exigencia de la responsabilidad, sin perjuicio de lo que se dirá en los basamentos que siguen. VIGÉSIMO OCTAVO: Que en un segundo acápite del primer grupo de normas que denuncia infringidas el impugnante, aduce el quebrantamiento de los artículos 1700, 1702 y 1703 del Código Civil, porque se ha omitido considerar el valor probatorio que la ley le asigna a los documentos, en relación con los artículos 342 Nº 3 y 346 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil. La lectura de tal reparo motiva traer a colación lo expresado anteriormente por esta Corte Suprema en orden a que el recurso de casación en el fondo procede cada vez que en la sentencia impugnada exista una infracción de ley que influya sustancialmente en su parte resolutiva, sin otro límite que semejante vulneración normativa no configure en sí misma una causal específica justificativa del recurso de casación en la forma, prevista como tal en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil; no resultando, por ende, procedente fundar un recurso de casación en el fondo en actos u omisiones que constituyan causales del recurso de casación formal. La premisa así enunciada resulta aplicable respecto del reproche en análisis, esto es, la falta de apreciación de la prueba, por cuanto esa omisión precisamente configura el motivo de casación en la forma contemplado en el numeral 5º del precepto legal recién aludido, consistente en haber sido pronunciada la sentencia con omisión de un requisito de los exigidos en el artículo 170 de la señalada codificación, en el caso de que se trata aquél de su número 4 referido a la ausencia de consideraciones de hecho que sirvan de fundamento al fallo. De lo expresado se sigue que en el aspecto recién examinado el recurso de autos no puede prosperar. VIGÉSIMO NOVENO: Que descartada la infracción de las normas que el recurso denomina reguladoras de la prueba, conviene señalar que los jueces de la causa establecieron la siguiente situación fáctica: 1.– El día 19 de mayo de 2002 ocurrió un accidente en las cercanías del kilómetro 240 de la Ruta 5 Sur, aproximadamente a las 6,30 horas (considerando 6º de la sentencia de primer grado); 2.– Por dicho lugar circulaba Fidel Palma, quien conducía un camión marca Isuzu, patente PD 3403, en dirección norte sur acompañado por Patricio González Vergara (considerando 6º de la sentencia de primer grado); 3.– En dicha oportunidad se le cruzaron dos caballos, a uno de los cuales embistió, provocando la caída y volcamiento del móvil, ocasionando la muerte del conductor a raíz de las graves lesiones sufridas, resultando su acompañante gravemente herido pero con vida (considerando 6º de la sentencia de primer grado); 4.– Los animales iban guiados por un ciclista (fundamento 4º del fallo de segunda instancia);

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

99

5.– No fue acreditado que en el accidente ocurrido el día 19 de mayo de 2002, entre los 115,90 y 118,90 metros al sur poniente de la pasarela peatonal Colonia Panguilemito, Km. 239,400, comuna de San Rafael, a las 6,30 aproximadamente, en el que murió producto de las lesiones sufridas Fidel Antonio Palma Valencia, éste haya ido sin cinturón de seguridad, a exceso de velocidad o exponiéndose innecesariamente al riesgo (basamento 18º del fallo de primer grado). TRIGÉSIMO: Que sobre la base de tales presupuestos fácticos el juez de la causa concluyó que queda en evidencia la responsabilidad que le cabe a la sociedad demandada al no existir constancia en autos de la debida vigilancia y medidas de seguridad adoptadas por ella; y que no guarda relevancia que los caballares hubieren sido robados a su dueño (considerando 18º de la sentencia de primera instancia). Asimismo, se concluye por los magistrados de la instancia que es propio de la obligación de la concesionaria no solamente instalar barreras, sino que realizar todas las obras necesarias para el cumplimiento oportuno de otorgar seguridad a los usuarios que se sirvan de la concesión. Agregan más adelante que es responsabilidad del concesionario realizar todas las obras, adoptar todas las prevenciones y tomar todos los resguardos que las especiales características del camino o autopista y su entorno requieran para el normal cumplimiento de su obligación, cual es permitir que los usuarios circulen por tal vía con total seguridad. TRIGÉSIMO PRIMERO: Que lo expresado es relevante para los efectos de estudiar los siguientes capítulos del recurso de nulidad sustancial, porque a pesar de haber señalado los jueces del fondo que en el presente caso se trataba de atribución de responsabilidad objetiva, lo cierto es que los razonamientos esgrimidos guardan relación directa con el análisis de un presupuesto de la responsabilidad extracontractual fundada en las normas del derecho común, esto es, la ocurrencia de un hecho ilícito consistente en el incumplimiento de deberes de cuidado, particularmente del deber de seguridad que le era exigible a la demandada y que no es sino afirmar que existiría culpa en la responsabilidad. TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que según se dijo en lo expositivo, en el segundo y tercer capítulo del recurso de casación se mencionan como infringidos los artículos 1545 y 1445 del Código Civil, en relación con los artículos 1547, 1553, 1556 y 1558 del mismo cuerpo legal en lo que respecta a la responsabilidad contractual; artículos 2314 a 2334 del mismo Código en lo que concierne a la responsabilidad extracontractual y los preceptos del D.F.L. 164, Ley de Concesiones de Obras Públicas. Que lo atinente a la normativa sobre responsabilidad contractual, según se ha venido indicando, es ajeno a la resolución de la controversia, en tanto que los preceptos del D.F.L. 164 no fueron planteados por los sentenciadores para solucionar la litis, sin perjuicio de lo reflexiona acerca de la correcta interpretación del artículo 35 y de lo que se razonará en los basamentos que se desarrollan a continuación. TRIGÉSIMO TERCERO: Que considerado lo que se ha manifestado en la motivación 31º, cabe analizar si es efectivo que se infringen las normas sobre responsabilidad aquiliana, partiendo del planteamiento formulado por los jueces del mérito en orden a que la sociedad concesionaria incumplió una obligación de seguridad que le era exigible, específicamente el deber de implementar barreras laterales en la ruta concesionada. Al respecto es necesario señalar que el artículo 23 del D.F.L. 164, Ley de Concesiones de Obras Públicas, expresa que es obligación de la sociedad concesionaria la de conservar las obras, sus accesos, señalización y servicios en condiciones normales de utilización, facilitar la continuidad de la prestación del servicio en absoluta normalidad, suprimiendo las causas que originen molestias, incomodidades, inconvenientes o peligrosidad a los usuarios de las obras, salvo que la adopción de medidas que alteren la normalidad del servicio obedezcan a razones de seguridad o de urgente reparación y a prestar ininterrumpidamente el servicio, salvo situaciones excepcionales debidas a caso fortuito o fuerza mayor. Esta regla guarda correspondencia con la pauta normativa y técnica entregada por la Dirección de Vialidad en el Manual de Carreteras, que establece en el punto 3.802.3 que “Sea en curva o en recta se debe considerar la instalación de defensas; si existe una posibilidad de accidente o si la altura del terraplén o en el terreno abrupto provocan una sensación de inseguridad en el conductor”. Destaca: “Los sectores que pueden presentar condiciones adversas de neblina, hielo o nieve o sectores de camino con tránsito de alta velocidad o elevado volumen, justifican la consideración de defensas”. TRIGÉSIMO CUARTO: Que en dicha línea argumental, este Tribunal comparte el planteamiento enunciado por la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago en cuanto efectivamente pesa sobre

100

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

la sociedad concesionaria para con el usuario de una ruta concesionada la obligación de adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes en aquélla, la que en el caso que se analiza fue incumplida. En efecto, como lo expone el fallo impugnado, existía un deber de implementar barreras laterales, resguardo que era necesario en razón de lo que se puntualiza por los jueces, esto es, considerando las especiales características del camino o autopista y su entorno. TRIGÉSIMO QUINTO: Que, de otra parte, la sentencia cuya invalidez se pretende evidencia que hay vínculo causal entre el incumplimiento del deber de seguridad y el daño ocurrido, reflejado inmediatamente en la muerte del conductor. Lo expresado revela que aunque fuere cierto el sustento fáctico de lo que se propugna en el recurso en el cuarto capítulo, esto es, que existan otros agentes causales del daño –como el propietario del animal embestido por el camión o el ciclista que tiraba de los caballos– ello no es óbice para determinar que la sociedad concesionaria también es obligada a la indemnización por existir una concurrencia de causas o, en otras palabras, pluralidad de responsables. Por ello, no es efectivo que se haya cometido error de derecho respecto a las normas de responsabilidad extracontractual. TRIGÉSIMO SEXTO: Que en el último capítulo del recurso de nulidad se sostiene que es un error considerar que es obligación de la concesionaria instalar barreras y realizar todas aquellas obras necesarias para el cumplimiento oportuno de la obligación de otorgar seguridad a los usuarios basado ello en una extensión de los efectos del contrato de concesión invocando el artículo 1546 del Código Civil. Con arreglo a lo que se ha razonado a lo largo de este fallo, es inequívoco que en la sociedad demandada recae el deber de seguridad en la explotación y conservación de las rutas concesionadas, traducido en la especie en la implementación de barreras laterales consideradas las particulares características del tramo en que ocurrió el accidente y su entorno –conclusión a la que en definitiva llega el fallo impugnado–, obligación que como se ha visto nace del artículo 23 del D.F.L. 160 en correspondencia con las pautas normativas y técnicas entregadas en el Manual de Carreteras. En esas circunstancias, no resulta efectivo el yerro que se atribuye en el capítulo aludido. TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que en virtud de los razonamientos expresados, cabe concluir que en el presente caso asiste responsabilidad extracontractual a la sociedad demandada, tal como lo decidieron los jueces del fondo; y que, por lo tanto, pese al yerro jurídico de haber señalado que se trataba de una responsabilidad objetiva, éste no tiene la entidad bastante para alterar lo decidido, como quiera que de la sentencia impugnada se colige que se incumplió un deber de cuidado que era jurídicamente exigible a la empresa concesionaria, que hubo relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño producido y que se ocasionaron los perjuicios que han sido finalmente determinados. TRIGÉSIMO OCTAVO: Que, en consecuencia, el recurso de casación en el fondo no podrá prosperar. Por estas consideraciones y visto además lo preceptuado en los artículos 764, 765, 766, 767, 768, 772, 785, 805 y 806 del Código de Procedimiento Civil, se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por la demandada Sociedad Ruta Cinco Tramo Talca Chillán S.A. en la presentación de fojas 1207 y el recurso de casación en la forma interpuesto por la parte demandante a fojas 1257 en contra de la sentencia de veintiuno de agosto de dos mil ocho, escrita a fojas 1194. Regístrese y devuélvase con sus agregados. Redacción a careo del Ministro señor Carreño. Rol Nº 6.919–2008. Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Adalis Oyarzún, Sr. Héctor Carreño, Sra. Sonia Araneda, Sr. Haroldo Brito y el Abogado Integrante Sr. Arnaldo Gorziglia. No firman, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo el Ministro señor Brito por estar en comisión de servicios y el Abogado Integrante señor Gorziglia por estar ausente. Santiago, 28 de enero de 2010. Autorizada por la Secretaria subrogante de esta Corte Sra. Carola Herrera Brummer.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

101

FICHA 3

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 3345-2008 Cita Online: CL/JUR/8080/2009 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO Viña del Mar, treinta y uno de mayo de dos mil siete. VISTO: A fojas 1, comparece don Juan José Varas Hernández, empresario, y doña María Graciela Cisternas González, labores de casa, ambos domiciliados para estos efectos en Valparaíso, Plaza Justicia 45, oficina 509 y expresan que, como padres matrimoniales de Juan Andrés Varas Cisternas, muerto el 21 de enero de 2004, vienen en interponer demanda de indemnización de perjuicios en juicio sumario por el cuasidelito de homicidio del hijo de ambos, del que es responsable el demandado don Claudio Enrique Aguayo Herrera, oficial de Armada en retiro, domiciliado en Ocho Norte 980, depto. 62, Viña del Mar. Que el 21 de enero de 2004, el demandado conducía su automóvil por la calzada sur de Avenida Blanca Estela de Concón, en dirección poniente a oriente y al llegar a la intersección con calle Saint Margaret efectuó un viraje a la izquierda e ingresó a esta última calle, sin respetar las reglas de los artículos 138, 139 y 143 de la Ley de Tránsito Nº 18.290, esto es, que careciendo de toda preferencia debió detener su marcha y respetar el derecho preferente de paso de cualquier otro vehículo, que transitara por Avenida Blanca Estela, la que tiene dos pistas principales separadas por bandejón central; que en ese momento transitaba por la calzada norte de la avenida Blanca Estela en dirección de oriente a poniente la motocicleta conducida por don Pablo Gutiérrez Herrera, quien llevaba como pasajero al hijo de ambos de 23 años de edad; que su automóvil colisionó con la motocicleta conducida por don Pedro Pablo Gutiérrez Herrera, y como pasajero el hijo, que a consecuencia de la colisión y al ser lanzado a distancia al pavimento sufrió traumatismo encéfalo craneal gravísimo que le provocó su muerte el 21 de enero de 2004 a las 23:48 hrs. en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. Que el hecho fue recogido y consignado en el parte policial y ratificado en el informe técnico del SIAT de Valparaíso que concluye señalando como causa basal del accidente: “El participante señor Aguayo ingresa al cruce de ambas vías efectuando un viraje a la izquierda, maniobra que carece de toda preferencia para ser efectuada sin respetar el derecho preferente de paso al móvil al que le obstruye la normal pista de circulación, siendo colisionado por este. Posteriormente, por proyección vuelca. Que quedó demostrado en la investigación que ha llevado a cabo la Fiscal de Viña del Mar doña Ymay Ortiz Pulgar que la muerte del hijo de ambos debe atribuirse a la infracción culpable del conductor y demandado de autos. Que de acuerdo a las disposiciones legales de la Ley de Tránsito, el demandado es el responsable de la muerte del hijo de ambos, lo que ha constituido un cuasidelito penal y civil que les ha causado un daño eminentemente moral de la mayor gravedad, por lo que es obligado a indemnizar, sin perjuicio de las consecuencias penales. Que la muerte del hijo los ha sumido en profundo dolor y pena, ya que el era el mayor de los hijos y brazo derecho de su padre en el trabajo, respetuoso y afectuoso; que siendo la causa de su muerte el resultado de un acto culpable de un tercero, violento e intempestivo les ha causado el dolor de su alejamiento prematuro e irreparable, de lo que no tienen consuelo y por tal dolor invaluable. Demandan una reparación monetaria que procure que sea posible la obtención de satisfacciones racionalmente equivalentes, fijando tal reparación con el pago de una indemnización de $ 100.000.000 Solicitan tener por interpuesta demanda en juicio sumario en contra de don Claudio Enrique Aguayo Herrera, Oficial de la Armada en retiro, domiciliado en Ocho Norte 980 Depto. 62, Viña del Mar, se acoja y se condene al demandado a pagarles como indemnización del daño moral que les ha causado la muerte del hijo de ambos la suma de $ 100.000.000 o la suma que el tribunal determine, con costas.

102

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

A fojas 12, la parte demandante acompañó documentos. A fojas 29, la parte demandada acompañó documentos. A fojas 102, la parte demandada contesta la demanda solicitando su rechazo, con costas. A fojas 114, rola certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el registro de vehículos motorizados. A fojas 116, la demandante evacúa el trámite de réplica. A fojas 122, la demandada evacúa el trámite de dúplica. A fojas 133 y 133 vta., rola oficio del Juzgado de Garantía de Viña del Mar. A fojas 139, se adjunta hoja de vida del conductor don Juan Andrés Varas Cisternas. A fojas 152, se lleva a cabo comparendo de conciliación. A fojas 156, se recibió, la causa a prueba. A fojas 169, se lleva a cabo la audiencia de prueba testimonial de la parte demandada, en la cual comparecen los testigos don Marcelo González Cruz, don Luis Acevedo Pérez, don Marco Contreras Gacitúa y don Roberto Olivares Castro. A fojas 175, se lleva a cabo la audiencia de prueba testimonial de la parte demandante, en la cual comparecen los testigos doña Rayen Moraga Navarro, doña Jocelyn Romero Carreño y don Pedro Muñoz Miranda. Se citó a las partes a oír sentencia. Se decretó medida para mejor resolver. CONSIDERANDO: I.– En cuanto a las tachas: A fojas 170, vta., la parte demandante tacha al testigo don Luis Acevedo Pérez, por cuanto existe un vínculo de subordinación y dependencia con el demandado y quien según sus propias declaraciones expresa que el demandado es su ex patrón y no descarta ser requerido nuevamente por el demandado, por lo que es presumible que el testigo quiera estar bien con su patrón, de modo de asegurar sus ingresos, en relación al artículo 358 Nº 4 y 5 del Código de Procedimiento Civil. Por su parte la demandada solicita el rechazo de la tacha en atención que la causal del Nº 4 del artículo 358 del cuerpo legal citado dice relación a que el declarante tenga la calidad de empleado doméstico o dependiente de la parte que lo presenta, lo que en este caso no es efectivo. Que en cuanto a la causal Nº 5, no se da en la especie la calidad del deponente como trabajador o labrador dependiente de quien exige el testimonio. Que se niega lugar a la tacha formulada basada en dos causales de inhabilidad por considerar que el testigo no labora actualmente para la parte que lo presenta. A fojas,171 vta. La parte demandante tacha al testigo don Marcos Contreras Gacitúa por existir vínculo de subordinación y dependencia con la parte que lo presenta, por ser el demandado su jefe y en la actualidad aún le presta servicios, lo que le resta imparcialidad para declarar como testigo. Por su parte la demandada solicita el rechazo de la tacha y expresa la falta de imparcialidad no consta de manera alguna a su parte. Que se hará lugar a la tacha formulada por estimar que se encuentra acreditada la causal de inhabilidad. A fojas 172 vta., la parte demandante tacha al testigo don Roberto Olivares Castro, quien expresó trabajar para el señor Aguayo y existir un vínculo de subordinación y dependencia respecto del demandado por lo que carece de imparcialidad. Por su parte la demandada solicita el rechazo de la tacha por no constar en forma alguna la imparcialidad del testigo. Que se hará lugar a la tacha formulada por estimar que se encuentra acreditada la causal de inhabilidad. II.– En cuanto al fondo: PRIMERO: Que a fojas 1, comparece don Juan José Varas Hernández, empresario, y doña María Graciela Cisternas González, labores de casa, ambos domiciliados para estos efectos en Valparaíso, Plaza Justicia 45, oficina 509 y expresan que, cómo padres matrimoniales de Juan Andrés Varas Cisternas, muerto el 21 de enero de 2004, vienen en interponer demanda de indemnización de perjuicios en juicio

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

103

sumario por el cuasidelito de homicidio del hijo de ambos, del que es responsable el demandado don Claudio Enrique Aguayo Herrera, Oficial de Armada en Retiro, domiciliado en Ocho Norte 980, depto. 62, Viña del Mar. Que el 21 de enero de 2004, el demandado conducía su automóvil por la calzada sur de Avenida Blanca Estela de Concón, en dirección poniente a oriente y al llegar a la intersección con calle Saint Margaret efectuó un viraje a la izquierda e ingresó a esta última calle, sin respetar las reglas de los artículos 138, 139 y 143 de la Ley de Tránsito Nº 18.290, esto es, que careciendo de toda preferencia debió detener su marcha y respetar el derecho preferente de paso de cualquier otro vehículo, que transitara por Avenida Blanca Estela, la que tiene dos pista principales separadas por bandejón central; que en ese momento transitaba por la calzada norte de la avenida Blanca Estela en dirección de oriente a poniente la motocicleta conducida por don Pablo Gutiérrez Herrera, quien llevaba como pasajero al hijo de ambos de 23 años de edad; que su automóvil colisionó con la motocicleta conducida por don Pedro Pablo Gutiérrez Herrera, y como pasajero el hijo, que a consecuencia de la colisión y al ser lanzado a distancia al pavimento sufrió traumatismo encéfalo craneal gravísimo que le provocó su muerte el 21 de enero de 2004 a las 23:48 hrs. en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. Que el hecho fue recogido y consignado en el parte policial y ratificado en el informe técnico del SIAT de Valparaíso que concluye señalando como causa basal del accidente: “El participante señor Aguayo ingresa al cruce de ambas vías efectuando un viraje a la izquierda, maniobra que carece de toda preferencia para ser efectuada sin respetar el derecho preferente de paso al móvil al que le obstruye la normal pista de circulación, siendo colisionado por este. Posteriormente, por proyección vuelca. Que quedó demostrado en la investigación que ha llevado a cabo la Fiscal de Viña del Mar doña Ymay Ortiz Pulgar que la muerte del hijo de ambos debe atribuirse a la infracción culpable del conductor y demandado de autos. Que de acuerdo a las disposiciones legales de la Ley de Tránsito, el demandado es el responsable de la muerte del hijo de ambos, lo que ha constituido un cuasidelito penal y civil que les ha causado, un daño eminentemente moral de la mayor gravedad, por lo que es obligado a indemnizar, sin perjuicio de las consecuencias penales. Que la muerte del hijo los ha sumido en profundo dolor y pena, ya que el era el mayor de los hijos y brazo derecho de su padre en el trabajo, respetuoso y afectuoso; que siendo la causa de su muerte el resultado de un acto culpable de un tercero, violento e intempestivo les ha causado el dolor de su alejamiento prematuro e irreparable, de lo que no tienen consuelo y por tal dolor invaluable demandan una reparación monetaria que procure que sea posible la obtención de satisfacciones racionalmente equivalentes, fijando tal reparación con el pago de una indemnización de $ 100.000.000.–. Solicitan tener por interpuesta demanda en juicio sumario en contra de don Claudio Enrique Aguayo Herrera, Oficial de la Armada en retiro, domiciliado en Ocho Norte 980 depto. 62, Viña del Mar; se acoja y se condene al demandado a pagarles como indemnización del daño moral que les ha causado la muerte del hijo de ambos la suma de $ 100.000.000.– o la suma que el tribunal determine, con costas. SEGUNDO: Que a fojas 12, la parte demandante acompañó los siguientes documentos: 1.– certificado de nacimiento del difunto; 2.– certificado de defunción de Juan Varas Cisternas; 3.– certificado de matrimonio de los demandantes; 4.– copia de acta de audiencia por la que suspendió condicionalmente el procedimiento a favor del demandado e imputado Claudio Aguayo Herrera. TERCERO: Que a fojas 29, la parte demandada acompañó los siguientes documentos: 1.– consignación efectuada ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar por $ 6.000.000 como indemnización de perjuicios decretada en tal tribunal; 2.– Informe Pericial de tránsito emitido por el perito judicial Sr. Carlos Ovalle Aguilera, Ingeniero Industrial–Transportes. CUARTO: Que a fojas 102, la parte demandada contesta la demanda solicitando su rechazo, con costas. Expresa que el día 21 de enero de 2004 a las 17:00 hrs. su auto se desplazaba por la calzada de la Avenida Blanca estela del sector Bosques de Montemar, Concón, dirección poniente a oriente y al llegar a la intersección con calle Saint Margaret, procedió a efectuar un viraje para tomar la izquierda, maniobra efectuada con todos los ritualismos preventivos de conducción que la ley contempla, sin embargo

104

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

ni toda la precaución del mundo puede prever lo imprevisible, esto es, la negligencia del hombre en el cuidado de su propia vida. Que, si bien viró a baja velocidad y observando la pista de circulación contraria, la misma a casi 100 mtrs. presentaba una ondulación que impedía observar más allá de ella, apareciendo el vehículo PPU FR–225, tanto el móvil como el conductor sin su documentación, sin casco el acompañante y bajo la influencia de drogas según posterior análisis pericial sobre el tema. Que es dable recalcar que el examen toxicológico sólo se practicó al señor Varas fallecido y no al conductor. Que, habiendo transpuesto su vehículo prácticamente toda la calzada, fue impactado en el tercio anterior por la motocicleta, resultando el señor Varas muerto. Que un análisis detallado de los hechos y el informe pericial acompañado por su parte en la causa criminal, evacuado por el perito judicial, Ingeniero y Ex Oficial de Carabineros señor Carlos Ovalle Aguilera, permiten determinar que el accidente con consecuencias fatales se debió a la propia irresponsabilidad del conductor del móvil de dos ruedas y del occiso, lo que no es un hecho menor, ya que se ha generado una causal de exoneración de responsabilidad al demandado lo que su parte sostiene, por no existir relación de causalidad entre la actividad de su parte y el perjuicio que ha sufrido la víctima, ello aún cuando su conducta haya sido culpable desde el punto de vista del nexo causal y no en atención a la causalidad. Que quien conducía la motocicleta lo hacía sin documentación al día, no constando que dicho móvil pudiera estar apto para circular y ser conducido y menos autorizado para ello sin licencia para conducir motocicletas, a exceso de velocidad, según propia declaración libre y espontánea que forma parte del informe evacuado por la S.I.A.T. de Carabineros de Vehículos y obra en la carpeta de antecedentes del Ministerio Público la cual solicita tener a la vista. Que además, le es aplicable al conductor de la motocicleta el artículo 143 de la ley Nº 18.290 Ley de Tránsito, esto es.,– la obligación del conductor de todo vehículo que se aproxime a un cruce de hacerlo a una velocidad razonable y prudente, lo que no ocurrió, ya que la motocicleta; ara conducida a 70 u 80 kilómetros por hora según su propia versión excediendo el máximo de velocidad, no reduciendo la velocidad en un cruce. Que respecto del daño moral, aquel sufrimiento, en su producción, extensión y cuantificación es de única y exclusiva responsabilidad del señor Varas Cisternas, dada la forma y circunstancia en que se movilizó en el vehículo y condiciones ya expresadas, siendo la causa directa y consecuencial del hecho la conducción imprudente de la motocicleta por parte del señor Pedro Gutiérrez Herrera y el permitir ser transportado en la motocicleta sin ningún elemento de seguridad y bajo la influencia de drogas prohibidas. Solicita tener por contestada la demanda, negando lugar a ella, con costas. QUINTO: Que a fojas 114, rola certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el registro de vehículos motorizados correspondiente a moto Suzuki de propiedad de Enzo Casanello Valenzuela, Rancagua, adquirida el 30 de diciembre de 1998; la cual no registra seguro obligatorio vigente al 4 de noviembre de 2005. SEXTO: Que a fojas 116, la demandante evacúa el trámite de réplica y expresa que el hecho que el demandado llegó a la intersección de Avenida Blanca Estela con Saint Margaret donde viró a la izquierda e ingresó a la calle Saint Margaret, avanzando luego en dirección a su destino atravesando la calzada norte de Blanca Estela por la misma que en esos momentos transitaba la motocicleta que conducía Pedro Pablo Gutiérrez, llevando de pasajero a don Juan Varas Cisternas; que en ese instante se produjo la colisión de la motocicleta contra el costado derecho del automóvil conducido por el demandado, impactándolo entre el tapabarros delantero y la puerta derecha del automóvil, con resultado de muerte del acompañante hijo de los demandantes; hechos irredargüibles establecidos suficientemente por la Policía e informados a la Fiscalía y Juzgado de Garantía de Viña del Mar. Que el artículo 143 de la ley Nº 18.290 dispone que el conductor al acercarse a un cruce exige velocidad razonable y prudente deteniéndose si fuere necesario, imponiéndole al de la izquierda la obligación de ceder el paso al que se acerque al cruce por la derecha, quien tendrá derecho preferente de paso. Que el conductor del vehículo de la izquierda reiniciará la marcha e ingresará a la intersección sólo cuando se asegure que no hay riesgo de accidente.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

105

Que la apreciación que realiza el organismo técnico policial competente, el SIAT, concluye que “El señor Aguayo ingresa al cruce de ambas vías efectuando un viraje a la izquierda, maniobra que carece de toda preferencia para ser efectuada sin respetar el derecho preferente de paso al móvil motocicleta, al que le obstruye la normal pista de circulación, siendo colisionado por este, posteriormente, la motocicleta, por proyección, vuelca. Que la colisión se produjo por la infracción del demandado y fue la causa necesaria de la muerte del joven Varas. Que si bien es cierto, el joven Varas no llevaba casco protector, el mero hecho de esta infracción, no determina necesariamente responsabilidad civil de la víctima o del conductor del vehículo menor porque no existe relación causal entre la infracción y el daño producido, según lo previsto en el artículo 171 de la ley Nº 18.290. Que rechaza enérgicamente el hecho de que el joven Varas transitaba bajo la influencia de drogas prohibidas, por ser una falsedad absoluta sin fundamento. SÉPTIMO: Que a fojas 122, la demandada evacúa el trámite de duplica haciendo mención a los mismo fundamentos de la contestación de la demanda y agrega que al demandado no le asiste responsabilidad infraccional en los hechos, ni responsabilidad civil indemnizatoria, lo que se encuentra acreditado mediante pericia técnica practicada por don Carlos Ovalle, desvirtuando presunciones de responsabilidad atribuibles a su parte, ya que la inusual forma de conducir la motocicleta aparece como la causal primera de su propio accidente y muerte al acceder a la zona de cruce a una velocidad contraria al reglamento, sin casco protector, tanto más si el demandado transitaba a una velocidad prudente, por lo que la culpa le es sólo atribuible a él mismo. Que su parte estima que el centro de su discusión está en la asunción voluntaria de la posibilidad del daño por parte del occiso Varas Cisternas, lo que según la doctrina, autoriza a reducir el momento de la indemnización si se estima que la víctima actuó con imprudencia; que cuando la víctima se ha expuesto al daño a sabiendas o con la debida información de que puede sobrevenir, no podrá después, demandar su reparación, lo que aparece medianamente claro en la especie, ya que como acompañante el señor Varas Cisternas no llevaba casco protector y estaba bajo la influencia de drogas, que el móvil era guiado a exceso de velocidad y su conductor no se encontraba habilitado para hacerlo por carecer de licencia y en un vehículo del cual no consta que estuviere en condiciones para ser conducido por no poseer documentación. Que el consentimiento expreso de la víctima en ponerse en situaciones de riesgo, exposición imprudente al daño funciona como un verdadero legítimamente de la conducta del agresor, siempre que no haya existido dolo, eximiendo de responsabilidad al ser la causa única o principal del daño. OCTAVO: Que a, fojas 133 y 133 vta., rola oficio del Juzgado de Garantía de Viña del Mar e individualización de la audiencia de la causa por cuasidelito de homicidio seguida en contra el señor Aguayo, documentos de los cuales se expresa que la misma estaría sobreseída total y definitivamente con fecha 7 de julio de 2005. NOVENO: Que a fojas 139, mediante oficio Nº 037338 remitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación con fecha 28 de octubre de 2005, se adjunta hoja de vida del conductor don Juan Andrés Varas Cisternas, el cual presenta una anotación respecto a la causa Nº 98.800–99 del 4º Juzgado del Crimen de Viña del Mar por infracción a la ley Nº 18.290 en su artículo 96 letra D y condenado con fecha 28 de febrero de 200x siendo condenado a 61 días de presidio menor, en su grado mínimo. DÉCIMO: Que a fojas 152, se lleva a cabo el comparendo de conciliación, celebrado con la asistencia de la parte demandante y en rebeldía de de la demandada, llamadas las partes a conciliación no se produce por la inasistencia de la demandada. UNDÉCIMO: Que a fojas 169, se lleva a cabo la audiencia de prueba testimonial de la parte demandada, en la cual comparecen los testigos don Marcelo González Cruz y don Luis Acevedo Pérez. Expresa el primer testigo que se encontraba trabajando en el lugar del accidente por lo que vio pasar la motocicleta varias veces por el lugar demasiado fuerte, llegando a emitir sonido los neumáticos, pero el accidente no lo vio, puesto que se encontraba en la excavación aproximadamente a una cuadra de distancia, en la cual no trabajaba bajo tierra por ser una excavación de 50 cm. Que el acompañante no llevaba casco.

106

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Expresa el segundo testigo que no vio el accidente, escuchó ruidos fuertes de motocicleta mientras se encontraba trabajando, la que se movilizaba rápido por un tramo, corto, que en una oportunidad casi se cayeron en una curva; que luego sintió el impacto y corrió al lugar del accidente; que uno de los dos ocupantes de la motocicleta no llevaba casco. Que el lugar de su trabajo donde arreglaba la fachada de una casa por ser carpintero se encontraba a seis metros de distancia del lugar del accidente y se encontraba en altura por lo que veía la motocicleta pasar. DUODÉCIMO: Que a fojas 175, se lleva a cabo la audiencia de prueba testimonial de la parte demandante, en la cual comparecen los testigos doña Rayen Moraga Navarro, doña Jocelyn Romero Carreño y don Pedro Muñoz Miranda. Expresa el primer testigo que fue testigo ocular del accidente, que luego se enteró por un llamado que el accidentado era su amigo, enterándose al día siguiente que había fallecido. Que la madre del fallecido sufre dolor emocional que no le pasará nunca y que para el padre es aún más fuerte, ya que eran muy cercanos y era su mano derecha. Que el fallecido era un hijo ejemplar, preocupado de sus padres y hermanos menores, por lo que trabajaba para ayudar en todo lo posible; que era muy querido por los vecinos; que lo anterior le consta por haber estado cerca de la familia después de accidente, acompañándolos; que conoció al fallecido hace unos diez años atrás; que el daño moral provocado por la muerte del hijo de los demandantes no lo superarán nunca, sus rostros tiene expresión de tristeza y en forma permanente. Expresa la segunda testigo quien fue por dos años la polola del fallecido, que se enteró por los padres de éste del accidente; que un amigo le contó que el auto del demandado cruzó sin mirar por lo que produjo el accidente; el daño fue grande, la familia decayó totalmente, nada fue igual que antes que su pololo era un buen hijo, preocupado de su familia y de sus hermanos menores, trabajador, humilde, trabajaba en la empresa de su padre como chofer de camión y además vivía con ellos; que el padre del fallecido cayó en una tristeza depresiva, su madre ya no era la persona alegre y dinámica de siempre; que el resto de los hermanos no podían realizase afectivamente; que nunca podrán resignarse; que la pérdida de su pololo la afectó psicológicamente. Expresa el tercer testigo que vio el accidente por estar trabajando en la calle San Margaret; que se produjo en el lado norte, de oriente a poniente en calle Blanca Estela con San Margaret, allí dobló el auto del demandado (por Blanca Estela hacia San Margaret), a mano izquierda por lo que sucede el choque, no respetando a la moto que venía por su lado derecho, que el automóvil pasó de largo sin respetar nada; que el golpe fue de tal manera que los dos ocupantes de la motocicleta saltaron por el aire, golpeándose Juan Varas Cisternas la cabeza en el borde de la solera. Quiere además hacer presente al tribunal que cuando el demandado dobló hacia la calle San Margaret estaba hablando por celular, que después del accidente, fue este testigo quien recogió el celular y se lo entregó al demandado, quien de inmediato se puso a llamar a su empresa y dio aviso a Carabineros, luego se llamó a los papás y a la ambulancia. Que todo lo sabe por haberlo visto y estado presente en ese momento. Agrega que el automóvil del demandado iba muy apurado; que la moto de igual manera iba rápido, pero a mano derecha del demandado por lo cual tenía la preferencia; que el automóvil en ningún momento detuvo su marcha, sólo lo detuvo el accidente; que el conductor del automóvil, señala nuevamente, iba hablando por celular, llevando la mano izquierda en el volante y la derecha sujetando el celular el que debido al impacto saltó, siendo el mismo quien se lo entregara. Que vio al hijo de los demandantes graves, al otro joven no lo quisieron mover, quedando tendido en la vereda mientras llegaba la ambulancia; que en su opinión, aunque el fallecido hubiera llevado casco protector, igual habría fallecido, porque cayó de cabeza en un borde; que voló por los aires aproximadamente unos 8 mtrs. Que como testigo del accidente se encontraba a casi 30 mtrs, esto es casi en el mismo lugar del hecho; Que no declaró ante el Ministerio Público por no haber sido citado ni llamado a hacerlo. DECIMOTERCERO: Que a fojas 203, rola oficio del Juzgado de Garantía de Viña del Mar de fecha 16 de noviembre de 2006, del cual se desprende que el imputado señor Claudio Aguayo Herrera dio cumplimiento al acuerdo reparatorio depositando la suma de $ 6.000.000.– en la cuenta corriente del tribunal, adjuntando copia de la audiencia la que rola a fojas 207.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

107

DECIMOCUARTO: Que a fojas 212, rola informe pericial mecánico y de tránsito ordenado como medida para mejor resolver, a cargo del perito don Juan Carlos Gómez G., de cuya conclusión se desprende que se puede establecer que la causa basal del accidente es la maniobra de viraje efectuada por el demandado quien se desplazaba de poniente a oriente por tercera pista de circulación, efectuando un viraje a la izquierda en la intersección de la calle Saint Margaret, quien ingresa al cruce sin respetar el derecho preferente de paso y sin estar atento a las condiciones del tránsito al no percatarse de la cercanía de la motocicleta conducida por el señor Pedro Pablo Gutiérrez, quien lo hacía de oriente a poniente por tercera pista de circulación en trayectoria recta y con derecho preferente de paso a su favor, siendo obstaculizado su normal desplazamiento, razón por la cual ambos móviles impactan originando de esta manera las lesiones y posterior muerte del acompañante del vehículo menor. DECIMOQUINTO: Que a fojas 156 se recibió la causa a prueba y se establecieron los siguientes hechos controvertidos: 1.– Responsabilidad del demandado don Claudio Aguayo en el accidente fundamento de la demanda; 2.– Responsabilidad de la víctima don Juan Varas Cisternas en el accidente fundamento de la demanda; 3.– Efectividad de existir perjuicio, monto y naturaleza de los mismos. En todos los casos se estableció a fin de probar los hechos que lo acreditarían. Que en lo referente al primer hecho controvertido y que dice relación con la responsabilidad en el accidente del señor Aguayo debemos considerar el mérito de los documentos acompañados por la actora a fojas 12; los oficios remitidos por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar a fojas 103 y 233; la declaración testimonial de la demandante de fojas 175 y en especial el informe pericial del perito don Juan Carlos Gómez, rolante a fojas 212, que determina como causa basal del accidente la maniobra de viraje a la izquierda efectuada por el demandado, quien ingresó al cruce sin respetar el derecho preferente de paso de la motocicleta conducida por el señor Pedro Pablo Gutiérrez. Que en cuanto al segundo hecho controvertido no existe prueba que permita determinar responsabilidad en los hechos que motivaron el accidente de parte de don Juan Varas Cisternas. Que por último en cuanto al tercer hecho controvertido relativo a los perjuicios, monto y naturaleza de los mismos, se debe señalar que en definitiva a través de toda la prueba rendida en auto se ha acreditado que la demandante sufrió efectivamente perjuicios con motivo del accidente ocurrido el 21 de enero de 2004 y que dice relación con la muerte del hijo de ambos demandantes, don Juan Andrés Varas Cisternas, atendido que la pérdida de un hijo en tales circunstancias ha provocado un dolor invaluable económicamente, dolor que se encuentra ratificado conforme al mérito de la prueba ya analizada y en especial la testimonial rendida a fojas 175, consistente en la declaración de tres testigos. DECIMOSEXTO: Que tal como se expresó en el considerando precedente y a la luz de los hechos controvertidos que se probaron en la presente causa y que son que efectivamente el demandado don Claudio Enrique Aguayo Herrera fue el responsable en la ocurrencia del accidente en el que falleció don Juan Andrés Varas Cisternas hijo de los demandantes y que efectivamente se ocasionó un perjuicio a los actores consistente en un daño moral que se intentará evaluar en lo resolutivo del presente fallo. Que en tal sentido se deberá tener en cuenta que el fallecido nació el 27 de julio de 1979, que era el hijo mayor de los actores y que trabajaba a fin de ayudar a su familia. Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1555, 1556, 1557, 1558, 1698 del Código Civil; 160, 170, 253 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara: I.– En cuanto a las tachas: Que se niega lugar a la tacha formulada por la demandante a fojas 170 vuelta y se hace lugar a la tacha invocada por la misma parte a fojas 171 vuelta y 172 vuelta. II.– En cuanto al fondo: Que se hace lugar a la demanda interpuesta a fojas 1, por don Juan José Varas Hernández y doña María Graciela Cisternas González en contra del demandado don Claudio Enrique Aguayo Herrera y en consecuencia se condena a este último a pagar como indemnización por daño moral por la muerte del hijo de ambos la suma de $ 50.000.000.– (cincuenta millones de pesos), con costas. Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. Rol Nº 3.552–2004.

108

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Dictada por doña Cecilia Sagredo Olivares, Juez Titular. Autoriza don Carlos Quijada Poblete, Secretario Subrogante.

II.- CORTE DE APELACIONES Valparaíso, veintidós de abril de dos mil ocho. VISTOS: Se reproduce el fallo en alzada, con las siguientes enmiendas: En el considerando cuarto, párrafo último, se sustituye la grafía “ara por la forma verbal “era. En el considerando Décimo, se elimina la preposición “de que se lee a continuación de la palabra “rebeldía. En el considerando Undécimo, párrafo último acápite, se sustituye la preposición “en” que se lee entre las expresiones “sintió” e “impacto” por el artículo “el”. En el razonamiento Duodécimo, tercer apartado, se elimina la expresión “por lo que antecede” a la forma verbal “trabajaba”. Y se tiene, además, presente: PRIMERO: Que la demandada solicitó se rechazara la demanda de indemnización de perjuicios, por inexistencia de responsabilidad del señor Aguayo en el choque de la motocicleta –que transportaba como pasajero al occiso e hijo de los demandantes– con el automóvil que aquél conducía. Que la exposición imprudente al daño y la consecuencia fatal que se pretende indemnizar debe ser tenida en cuenta para la reducción de responsabilidad del autor. SEGUNDO: Que, de los supuestos fácticos que señala el demandado, sólo se acreditó, por los medios de prueba legales, que la víctima fatal transitaba como pasajero de la motocicleta sin casco protector, como lo prescribe el artículo 84 de la ley Nº 18.290, pues la velocidad del vehículo menor no se pudo establecer, según la pericia de fojas 213 y, la influencia de drogas prohibidas que acusara el informe sobre examen químico toxicológico a la muestra de bilis del occiso Juan Andrés Varas Cisternas, de fecha dieciocho de junio de dos mil cuatro, agregado a la carpeta de la investigación llevada por la Fiscalía Local de Viña del Mar, ninguna influencia tuvo en el desenlace fatal desde que no era el conductor. Aun más, las alegaciones exculpatorias, relativas a la conducción de la motocicleta no pueden afectar la cuantía indemnizatoria, desde que no es atribuible a quien transitaba, como se dijo en el vehículo siniestrado como acompañante. TERCERO: Que, en concepto de esta Corte la circunstancia que la víctima no llevara el casco protector, por sí misma no tiene la virtud de aminorar el monto de la indemnización que se pretende en los autos, toda vez que el choque se produjo por la directa, imprudente y antirreglamentaria maniobra del conductor demandado, sin la cual no se habría producido el infausto resultado. CUARTO: Que, debe deducirse del monto que se dispone pagar la suma de cinco millones de pesos: ($ 5.000.000) que el demandado, señor Aguayo, entregó en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar a la madre de Juan Andrés Varas Cisternas. QUINTO: Que, la acción deducida en autos, pretendía el pago de cien millones de pesos ($ 100.000.000) y fue acogida por una cantidad menor; en consecuencia, al no ser vencida totalmente la demandada debe liberársele de las costas, del juicio. Y VISTO, además, lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, SE DECLARA: I.– Se revoca la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil siete, escrita de fojas 229 a 235, en cuanto impone costas a la demandada y, en su reemplazo, se le libera de ellas. II.– Se confirma, en lo demás, apelado el aludido fallo, debiendo descontarse de la suma que se dispone pagar la cantidad de cinco millones de pesos ($ 5.000.000;–) ya entregado por el demandado don Claudio Enrique Aguayo Herrera. Regístrese y devuélvase. Redacción del Ministro Sr. Mario Gómez Montoya. Pronunciada por los Señores Ministros Titulares de la Ilustrísima Corte Sr. Mario Gómez Montoya, Sra. Gabriela Corti Ortiz, Abogados integrantes Sr. Carlos Fuentes Puelma. En Valparaíso, a 22 de abril de 2008, notifiqué por el estado la resolución precedente. Rol Nº 11.549–2007.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

109

III.- SENTENCIA DE CASACIÓN Santiago, quince de diciembre de dos mil nueve. VISTOS: En estos autos rol Nº 3345–2008, caratulados “Varas Hernández Juan y otro con Aguayo Herrera Claudio”, sobre indemnización de perjuicios, los actores demandaron al señor Aguayo Herrera por la responsabilidad que le cabe en la muerte de su hijo Juan Andrés Varas Cisternas, quien, el día 21 de enero de 2004, alrededor de las 17 horas, iba de pasajero en una moto conducida por Pedro Pablo Gutiérrez Herrera, por avenida Blanca Estela de la comuna de Concón, siendo impactado por un automóvil que conducía el demandado, el cual efectuó un viraje a la izquierda sin respetar el derecho preferente de paso de la motocicleta; a raíz de lo cual, el hijo de los actores sufrió un traumatismo encéfalo craneal gravísimo que posteriormente le ocasionó la muerte. La sentencia de primera instancia condenó al demandado al pago de una indemnización por daño moral, ascendente a la suma de $ 50.000.000, con costas. Apelado que fue dicho fallo, una sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso lo revocó en cuanto a la condena en costas y lo confirmó en lo referente a la suma Ordenada pagar, disponiendo que debe descontarse de ella la cifra de $ 5.000.000.– que en su oportunidad pagó el demandado en sede penal. En contra de esta última sentencia, el demandado ha deducido recurso de casación en el fondo, por estimar que ella ha sido dictada con infracción de ley, que amerita su invalidación. Se trajeren los autos en relación. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el demandado ha sostenido que la sentencia impugnada ha incurrido en error de derecho, al vulnerar lo dispuesto en el artículo 2330 del Código Civil, omitiendo su aplicación en circunstancias que ello era procedente ante la exposición imprudente al daño por parte de la víctima, que, en la oportunidad del accidente, no portaba casco protector y, atendido que a los actores, en su condición de herederos de la víctima, les es plenamente aplicable esa disposición, como sus sucesores legales; SEGUNDO: Que, en segundo término, el demandado acusa la vulneración del artículo 84 de la ley Nº 18.290, que exige perentoriamente el uso del casco protector tanto para el conductor de una motocicleta como para el pasajero o acompañante; luego, en ese escenario, la conducta obligada era el uso de dicho elemento de protección que se establece con claridad y precisión para minimizar, sino evitar la exposición al daño; TERCERO: Que, al explicar cómo los errores de derecho denunciados han tenido influencia en lo resolutivo de la sentencia impugnada, expresa que, de haberse aplicado correctamente la ley, se habría tenido que llegar a la conclusión necesaria que existió por parte de la víctima una exposición imprudente al daño y también causales concurrentes de responsabilidad, como consecuencia de lo cual, la apreciación del daño y la obligación de indemnizar, por mandato de la ley, debió ser distinta a la resuelta; CUARTO: Que son hechos de la causa, por haber quedado establecidos como tales en el fallo recurrido, los siguientes: A.– El día 21 de enero de 2004 en circunstancias que una motocicleta conducida por Pedro Pablo Gutiérrez Herrera circulaba por la calle Blanca Estela de la comuna de Concón, llevando como pasajero a Juan Andrés Varas Cisternas, fue impactada por un automóvil guiado por Claudio Aguayo Herrera, que invadió la pista de circulación del vehículo menor; B.– A consecuencia del accidente, Juan Andrés Varas Cisternas fue lanzado al pavimento, sufriendo un traumatismo encéfalo, craneal que le provocó la muerte; y C.– En la, oportunidad Juan Andrés Varas Cisternas viajaba en la motocicleta sin casco protector; QUINTO: Que, sobre la base de tales hechos, los jueces del grado estimaron que la circunstancia de que la víctima no llevara el casco protector, por sí sola, no produce el efecto de aminorar el monto de la indemnización pretendida por los actores, toda vez que el choque ocurrió por la directa, imprudente y antirreglamentaria maniobra del conductor demandado, sin la cual no habría tenido lugar el infausto resultado; SEXTO: Que, según el artículo 84 –actual artículo 80– de la ley Nº 18.290 sobre Tránsito, todo conductor de motocicleta, motonetas, bicimoto y su acompañante, deben portar casco protector y reglamentario;

110

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

SÉPTIMO: Que, como se expresó en el considerando cuarto de este fallo, la víctima, Juan Andrés Varas Cisternas, acompañante del conductor de la motocicleta impactada por el automóvil del demandado Claudio Aguayo Herrera, no portaba en la oportunidad del accidente el respectivo casco de seguridad, desatendiendo con ello el deber de cuidado y preocupación implícito en la prescripción legal recién citada. Por otra parte, de lo señalado en el mismo fundamento también consta que Varas Cisternas, como consecuencia de la colisión entre ambos vehículos, fue lanzado sobre el pavimento, sufriendo un traumatismo de cráneo grave que le causó la muerte; OCTAVO: Que a los efectos de una correcta decisión de las cuestiones jurídicas planteadas en el recurso, es necesario tener presente que la responsabilidad civil extracontractual reconoce fundamentación normativa, dentro de nuestro ordenamiento común, en los artículos 1437, 2284, 2314 y 2329 del Código Civil, constituyendo un principio de derecho que adquiere expresión positiva en estos dos últimos preceptos, de acuerdo con los cuales, toda conducta culpable en la cual exista dolo o simple culpa que cause daño a terceros impone a su autor la obligación de indemnizar el perjuicio correspondiente; NOVENO: Que del enunciado normativo que antecede se colige que la obligación resarcitoria se configura cuando entre el hecho culpable y el daño existe una relación de causalidad en términos de que este último viene a ser resultado del primero. En el plano del nexo causal inherente a la obligación de indemnizar es dable distinguir, en general, tres situaciones básicas: a) el resultado nocivo obedece exclusivamente a culpa del autor del hecho, caso en que éste debe asumir la responsabilidad en la reparación total del daño, b) la producción del daño se debe a la culpa propia y privativa de la víctima, situación en que el autor del hecho se halla exonerado por completo de la obligación de indemnizar, pues no se advierte en ese evento la existencia de una relación causal entre su conducta y el efecto nocivo; y c) el daño se genera por la conducta culpable del autor, a la que se suma como concausa, la culpa de la víctima, lo que repercute en una atenuación de la responsabilidad indemnizatoria que empece al primero, la cual deberá compensarse con aquélla que corresponde, a la víctima, reduciéndose el monto de la indemnización correspondiente; DÉCIMO: Que a la tercera de las hipótesis mencionadas se refiere el artículo 2330 del Código Civil –cuya vulneración se denuncia por el recurso en examen– cuando dispone que la apreciación del daño está sujeta a reducción si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente; UNDÉCIMO: Que en el caso sub judice no puede discutirse, a la luz de los antecedentes tácticos determinados por los jueces del fondo en su sentencia, que al hecho basal del accidente, atribuible al demandado, se sumó la culpa de la víctima como, factor eficaz en la generación del resultado de muerte que la afectó, debido a un traumatismo severo radicado precisamente en la región del cráneo, desprotegida por la falta del casco de seguridad; DECIMOSEGUNDO: Que, en las circunstancias descritas, debe entenderse configurada en el plano indemnizatorio una compensación de culpas entre aquélla que empece al demandado y la que le cupo al occiso en el desenlace nocivo, a cuyo acaecimiento ambas contribuyeron la del primero de una manera determinante y la del segundo con un vigor atenuado; DECIMOTERCERO: Que, no siendo, entonces, imputable en su integridad a la conducta del demandado la generación del daño, por haber interferido en la cadena causal que condujo a ese resultado un comportamiento falto de prudencia por parte de la víctima, no resulta ajustado a la equidad que aquél haya de asumir el resarcimiento completo del perjuicio que se reclama mediante la presente acción indemnizatoria, correspondiendo que, en atención, a la concurrencia de dicha conducta el monto de la reparación se reduzca, con arreglo a lo dispuesto en el referido artículo 2330 del Código Civil, desde que no se advierte la razón por la cual la aminoración del perjuicio, producida en las circunstancias descritas, tenga lugar cuando el ofendido sobrevive y demanda indemnización por sus lesiones o, cuando, por haber fallecido, impetran lo mismo los herederos, como sus sucesores legales y no se haga extensivo ese efecto mitigante del daño respecto de quienes, como los demandantes de autos, no han alegado tal condición, sino que han accionado en el juicio como víctimas mediatas, invocando un daño propio que los afecta en forma refleja o por repercusión DECIMOCUARTO: Que las reflexiones anteriores demuestran que la sentencia impugnada incurrió, al no acceder a la reducción del monto de la indemnización impetrada por la parte demandada, en vulneración de la norma prevista en el tantas veces mencionado artículo 2330 del Código Civil; influyendo

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

111

la falta de aplicación de ese precepto sustancialmente en lo resuelto por dicho fallo, pues en el evento de habérsele dado cumplimiento, semejante excepción debió ser acogida. Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 767, 783, 785 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de fojas 283 contra la sentencia de veintidós de abril de dos mil ocho, escrita a fojas 281 la que por consiguiente es nula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación. Regístrese y devuélvase con sus agregados. Redacción del Ministro señor Oyarzún. Rol Nº 3.345–2008. Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Adalis Oyarzún, Sr. Pedro Pierry, Sra. Sonia Araneda, Sr. Haroldo Brito y el Abogado Integrante Sr. Guillermo Ruiz. No firma, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo el Abogado Integrante Sr. Ruiz, por estar ausente. Santiago, 15 de diciembre de 2009. Autorizada por la Secretaria subrogante de esta Corte Sra. Carola Herrera Brummer. En Santiago, a quince de diciembre de dos mil nueve, notifiqué en Secretaria por el estado diario precedente.

IV.- SENTENCIA DE REEMPLAZO Santiago, quince de diciembre de dos mil nueve. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo: VISTOS: Se reproduce la sentencia la sentencia, de primer grado y aquella objeto de la casación, a excepción de su basamento tercero, que se suprime. De la sentencia de casación que antecede se reproducen sus fundamentos sexto a décimo tercero. Y se tiene en su lugar y, además, presente: PRIMERO: Que la circunstancia que la víctima, hijo de los actores, no haya llevado casco protector cuando viajaba como pasajero en la motocicleta que fue impactada por el automóvil que conducía el demandado, constituye una exposición imprudente al daño, como quiera que el elemento protector ha sido dispuesto por la ley en carácter de obligatorio y precisamente para aminorar los efectos de un golpe en la cabeza, en caso de accidente; SEGUNDO: Que, conforme a lo señalado, corresponde disminuir la indemnización que, a título de daño moral, han demandado los actores, por lo que estos sentenciadores, apreciando los demás antecedentes consignados en la sentencia de primera instancia, regulan ese daño en la suma de $ 35.000.000, a la que deberá rebajarse la cifra de $ 5.000.000, referida en la sentencia de segundo grado reproducida. Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 186 y 227 del Código de Procedimiento Civil, se declara: I.– Que se revoca la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil siete, escrita a fojas 229, en cuanto impone costas a la demandada y, en su reemplazo, se le libera de ellas. II.– Se confirma, en lo demás apelado la referida sentencia, con declaración que la suma que se fija como indemnización por daño moral asciende a $ 35.000.000.–, debiendo descontarse de ella $ 5.000.000 ya entregado por el demandado en sede penal. Regístrese y devuélvase. Redacción del Ministro señor Oyarzún. Rol Nº 3.345–2008. Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Adalis Oyarzún, Sr. Pedro Pierry, Sra. Sonia Araneda, Sr. Haroldo Brito y el Abogado Integrante Sr. Guillermo Ruiz. No firma, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo el Abogado Integrante Sr. Ruiz por estar ausente. Santiago, 15 de diciembre de 2009. Autorizada por la Secretaria subrogante de esta Corte Sra. Carola Herrera Brümmer. En Santiago, a quince de diciembre de dos mil nueve, notifiqué en Secretaría por el estado diario la resolución precedente.

112

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

FICHA 4

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 3280-2008 Cita Online: CL/JUR/8448/2009 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO Santiago, siete de septiembre del año dos mil cinco. VISTOS: Que se instruyó esta causa rol Nº 8.045–2004–9, para indagar la existencia de un cuasidelito de homicidio en la persona de Belarmino Humberto Castro Cortés, y para determinar la participación y responsabilidad que, en ese hecho, le cupo a Gabriel Marcelo Pereira Canales, chileno, 33 años de edad, casado, estudios medios, lee y escribe, chofer, cédula de identidad Nº 8.596.310–4 Nacional, domiciliado en Pasaje Ignacio Serrano Nº 0212, de la comuna de Puente Alto, nunca antes condenado. A fojas 1, rola parte de Carabineros de Chile, por medio del cual se puso a disposición del Tribunal a un sujeto, detenido por la responsabilidad que le pueda afectar en muerte en choque. A fojas 8, rola declaración de Gabriel Marcelo Pereira Canales A fojas 70 y 74, rola querella criminal interpuesta por Claudio Castro Araya, en su calidad de hijo de Belarmino Humberto Castro Cortés, en contra de Gabriel Pereira Canales, como autor de cuasidelito de homicidio. A fojas 112, se sometió a proceso a Gabriel Marcelo Pereira Canales, como autor del cuasidelito de homicidio, en la persona de Belarmino Humberto Castro Cortés. A fojas 117, rola prontuario del encausado Pereira Canales. A fojas 120, se declaró cerrado el sumario. A fojas 124, se acusó a Gabriel Marcelo Pereira Canales, como autor del cuasidelito de homicidio, en la persona de Belarmino Humberto Castro Cortés. A fojas 128, el apoderado dé la parte querellante se adhirió a la acusación e interpuso demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del acusado Gabriel Marcelo Pereira Canales y en contra del Banco de Crédito e Inversiones, representada por su gerente general don Guillermo Lionel Olavarría Leyton, en su calidad de tercero civil responsable. A fojas 137, rola demanda civil deducida por María Alejandra Castro Araya e Isabel Margarita Castro Araya, en sus calidades de hijas de Belarmino Humberto Castro Cortés, en contra del acusado Gabriel Marcelo Pereira Canales y en forma solidaria en contra del Banco de Crédito e Inversiones, del giro de su denominación, representada por su gerente general don Guillermo Lionel Olavarría Leyton. A fojas 156, el apoderado del encausado contestó la acusación fiscal, adhesión y demandas civiles, y solicitó lo que en su presentación indica. A fojas 168, el apoderado del tercero civil demandado Banco de Crédito e Inversiones, contestó las demandas civiles y solicitó lo que en su presentación indica. Encontrándose la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia. Considerando. En cuanto a las tachas. PRIMERO: Que conforme lo autoriza el artículo 493 del Código de Procedimiento Penal, la defensa del tercero civil demandado dedujo tacha en contra de Mauricio Osvaldo Chacón Townsend en la audiencia de prueba de fojas 190, por incurrir el testigo en las causales de inhabilidad prescritas en los Nºs 7 y 8 del artículo 460 de dicho cuerpo normativo, por cuanto considera que el testigo tiene una íntima amistad con la parte demandante, hace más de 15 años, siendo socio en sus actividades comerciales, y en relación con la causal del numeral 8, sostiene que existió una relación entre su padre y la víctima, esto es, el padre del demandante, señalando el testigo que el dolor sufrido por éste ha repercutido en él, lo cual confirma su falta de imparcialidad y la inhabilidad de su testimonio.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

113

Que se confirió traslado al demandante Claudio Castro Araya, cuyo apoderado lo evacuó en el mismo acto, expresando que el testigo en su testimonio en ningún caso ha manifestado que su amistad tenga la calidad de íntima en los términos que lo exigen el legislador y la jurisprudencia, ya que ésta debe verse demostrada por actos que supongan una relación de tal entidad, lo que en la especie no ha ocurrido. Agrega que el testigo ha declarado haber experimentado congoja por la muerte de Belarmino Castro, pero de ello no puede verse inferida una supuesta falta de imparcialidad para declarar sobre el daño moral experimentado por el demandante. Que, igualmente, la parte demandada Banco de Crédito e Inversiones dedujo tacha en contra de José Miguel Bakulic Viveros, en la audiencia de prueba de fojas 193, por incurrir el testigo en las causales de inhabilidad prescritas en los Nºs. 7 y 8 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto señala que es evidente que tiene una relación de amistad íntima con el cónyuge y la familia de una de las demandantes, además de cumplirse con otra de las inhabilidades establecidas en el mismo número, esto es, las relaciones comerciales o sociales con la parte que lo presenta a declarar. Sostiene que respecto de la inhabilidad contemplada en el Nº 8, el testigo carece de imparcialidad necesaria, considerando que la muerte de la supuesta víctima repercutió en la productividad e ingresos de su propia empresa. De la tacha se dio traslado a las demandantes Isabel Margarita y María Alejandra Castro Araya, cuya defensa lo evacuó en la misma audiencia de prueba, indicando que no es posible concluir de los propios dichos del testigo, que exista un grado de amistad en los términos exigidos en la norma en la cual se funda la tacha. Añade que si bien el testigo ha reconocido que producto de la trágica muerte del suegro de su socio se vio afectada en términos económicos la empresa en que participa, de manera alguna puede sostenerse que el testigo haya sufrido un perjuicio o beneficio económico, más aún considerando que su relación comercial es con el cónyuge de la demandante civil. SEGUNDO: Que en lo relativo a las tachas fundadas en el Nº 7 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, éstas deberán ser rechazadas, ya que no es aplicable en la especie, toda vez que sólo concurre respecto de los amigos íntimos del procesado o de su acusador particular, los socios, dependientes o sirvientes de uno u otro y los cómplices y los encubridores del delito. En cuanto a la causal del Nº 8 del artículo 460 del cuerpo legal citado, del mérito de autos, aparece que de la declaración de los testigos Mauricio Chacón Townsend y José Bakulic Viveros, no se desprende inhabilidad alguna, ya que toda persona tiene o debe tener un interés porque se haga justicia, y que este interés no es de aquellos que fundamentan dicha causal de imparcialidad, el cual se refiere a un interés pecuniario en el resultado del juicio, lo que no es el caso de autos, máxime si este último sostiene que la relación comercial la mantiene con el cónyuge de la demandante civil, por lo que sólo procede rechazar las tachas deducidas por el tercero civil demandado. En cuanto a la acción penal. TERCERO: Que a fojas 124, se acusó a Gabriel Marcelo Pereira Canales, como autor del cuasidelito de homicidio, en la persona de Belarmino Humberto Castro Cortés. CUARTO: Que en orden a establecer la existencia del hecho punible enunciado, se han allegado los siguientes antecedentes: a) Parte policial de fojas 1, mediante el cual se puso a disposición del Tribunal a un sujeto, detenido el 15 de diciembre del año 2004, a las 12:30 horas, en Avenida Jorge Hirmas esquina calle Juana Atala de Hirmas, de la comuna de Renca, señalando que, según su propia versión, alrededor de las 12:00 horas, en circunstancias que conducía el camión patente VU–2552, marca Ford, modelo C2631162, color plateado, año 2003, por la primera de las arterias mencionadas en dirección al oriente, al llegar a Juana Atala de Hirmas trató de efectuar un viraje por dicha calle, no logrando frenar y pasándose unos cinco metros aproximadamente, por lo que realizó una maniobra de retroceso sin percatarse que en la parte posterior se encontraba Belarmino Humberto Castro Cortés, en la moto patente LR–0674, marca Motorrad, modelo New Custom 150, color rojo, año 2004, chocándolo. A raíz de lo anterior, Castro Cortés resultó con fractura brazo derecho y traumatismo abdominal complejo, falleciendo en la sala de recuperación de la Posta Central a las 13:20 horas. Se señaló como causa basal probable del accidente, que el conductor del camión, al efectuar una marcha de retroceso, no se percata de la presencia de la motocicleta que lo precede en la vía, impactándolo, para luego

114

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

este último volcar. Se adjuntó al parte acta de notificación de derechos del detenido y comprobantes de atención de urgencia. b) Certificados de inscripción y anotaciones vigentes de fojas 14 y 127, en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, correspondientes a la moto patente LR.0674–6 y al camión patente VU 2552–8, en los que constan los datos de sus propietarios Belarmino Humberto Castro Cortés y el Banco de Crédito e Inversiones, respectivamente. c) Certificado de defunción de fojas 16 y 107, en que consta la inscripción de la muerte de Belarmino Humberto Castro Cortés en la circunscripción Independencia, bajo el Nº 3835, Registro S2, año 2004, con fecha de defunción 15 de diciembre de 2004 a las 13:30 horas, por politraumatismo, accidente de tránsito. d) Querella criminal de fojas 70 y 74, deducida por Claudio Castro Araya, en su calidad de hijo de Belarmino Humberto Castro Cortés, en contra de Gabriel Pereira Canales, como autor de cuasidelito de homicidio. e) Informe técnico pericial de investigación de accidentes de tránsito de fojas 78, del Departamento I.A.T. de Carabineros de Chile, el que concluye que el accidente de tránsito analizado, tuvo como causa basal que el conductor del camión patente VU–2551 debido a que da inicio a una marcha de retroceso antirreglamentaria, colisiona o choca a la motocicleta patente LR–0674, conducida por Belarmino Humberto Castro Cortés al cual precede en la vía, volcando posteriormente. f) Certificado de antecedentes de conductor de fojas 89, perteneciente a Gabriel Marcelo Pereira Canales, en el que consta que el inculpado registra licencias de conducir clase A1, A2 y B, de la I. Municipalidad de Puente Alto y Calera de Tango. g) Informe del Instituto Médico Legal, de fojas 92, en el que consta el protocolo de autopsia de Belarmino Humberto Castro Cortés, donde se señala que es inspeccionado tanto externa como internamente. Concluye que la causa de muerte se debió a un politraumatismo en accidente de tránsito, consistente en traumatismo torácico, abdominal y raquídeo dorsal. Era portador de enfermedad hipertensiva, ateromatosis coronaria y cirrosis hepática. h) Informe de fojas 97, de la Unidad de Toxicología del Servicio Médico Legal, realizado a las muestras de orina, pertenecientes a Belarmino Castro Cortés, el que concluye que no se encontró sustancias tóxicas ni medicamentosas de investigación habitual, en cantidades detectables por las técnicas empleadas. QUINTO: Que, los antecedentes analizados en el razonamiento que antecede, son indicios que constituyen bases de presunciones judiciales que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten dar por acreditado que alrededor de las 12:00 horas del día 15 de diciembre de 2004, un sujeto conducía el camión patente VU–2552 por Avenida Jorge Hirmas en dirección al oriente, y al llegar a calle Juana Atala de Hirmas, efectuó una maniobra de retroceso antirreglamentaria, sin advertir la presencia de la motocicleta patente LR–0674 a la cual precede en la vía, colisionándola. Que a consecuencia de lo anterior, Belarmino Humberto Castro Cortés resultó con un politraumatismo, el que posteriormente le ocasionó la muerte. SEXTO: Que el hecho antes descrito constituye un cuasidelito de homicidio, en la persona de Belarmino Humberto Castro Cortés, previsto y sancionado en los artículos 490 Nº 1 y 492, ambos del Código Penal. Participación. SÉPTIMO: Que prestando declaración indagatoria a fojas 8, el encausado Gabriel Marcelo Pereira Canales, ratificó el parte policial y señaló que el día del hecho, a las 12:00 horas, conducía el camión patente VU–2551, de propiedad de la constructora Rodel Limitada, por la pista derecha de Avenida Jorge Hirmas en dirección al oriente, a unos 20 kilómetros por hora, y al transitar por la bifurcación de calle Juana Atala Hirmas, se percató que había pasado de largo unos cinco metros, por lo que detuvo el camión con la intención de retroceder, puso las luces de emergencia, verificó por los espejos y comenzó a retroceder y cuando ya había retrocedido un metro y medio, vio por el espejo retrovisor derecho una rueda de motocicleta que se encontraba en la parte posterior derecha del camión que conducía, corriéndose hacia adelante y deteniendo el camión. Agregó que fue a

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

115

ver a la persona, que aún estaba consciente, llegando Carabineros al lugar, quienes adoptaron el procedimiento de rigor y se le practicó la alcoholemia en la posta local de Renca, pese que no había bebido. OCTAVO: Que el procesado reconoce haber participado en el hecho que se le imputa, pero por tratarse de un problema de culpa, este Tribunal deberá determinar si obró con imprudencia temeraria, negligencia culpable o infracción de reglamentos. NOVENO: Que se establecieron como hechos de la causa los siguientes: a) Que el 15 de diciembre del año 2004, a las 12:00 horas aproximadamente, Gabriel Marcelo Pereira Canales conducía el camión patente VU–2552, por Avenida Jorge Hirmas en dirección al oriente; b) Que el conductor del camión a que se hizo referencia en la letra a), al llegar a calle Juana Atala de Hirmas, efectuó una maniobra de retroceso antirreglamentaria; c) Que en las condiciones antes señaladas, el conductor del camión sin advertir la presencia de vehículos, colisionó la motocicleta a la cual precede en la vía, con el tercio medio de la parte frontal de su estructura en la parte delantera de la carrocería de la motocicleta; d) Que a consecuencia de lo anterior, Belarmino Humberto Castro Cortés sufrió un politraumatismo que le ocasionó su muerte. Que los hechos señalados en las letras precedentes, constituyen infracciones a los artículos 114, 119 y 172 Nº 2 de la ley 18 290. Que por lo señalado en el párrafo precedente, el Tribunal adquiere la convicción que el encausado participó en el hecho culposo que en su oportunidad se le imputó, en calidad de autor. Defensas y modificatorias de responsabilidad. DÉCIMO: Que a lo principal de fojas 128, el apoderado de la parte querellante se adhirió a la acusación fiscal. UNDÉCIMO: Que al contestar la acusación fiscal y adhesión a fojas 156, el apoderado del encausado, luego de relatar los hechos, solicitó se le absuelva de todo cargo, toda vez que su representado detuvo la marcha debido a que llegó a un cruce y para no invadir dicha intersección, tomando las providencias del caso, procedió a retroceder el camión que conducía sólo unos pocos metros para mantener la libre circulación de los demás vehículos, en el entendido que el vehículo que circulaba detrás de él mantenía la distancia reglamentaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la ley de Tránsito. Agregó que el conductor de la motocicleta, al no cumplir con la disposición legal, se expuso imprudentemente a los daños sufridos, por lo que en la apreciación de dichos daños se debe considerar lo dispuesto en el artículo 2.330 del Código Civil. Finalmente, sostiene que el conductor de la motocicleta lo hacía con la licencia clase B, y no con clase C, que es la que habilita a las personas para conducir ese tipo de vehículos. En subsidio, invocó en su favor las atenuantes de responsabilidad establecidas en los numerales 6 y 8 del artículo 11 del Código Penal, y en el tercer otrosí de su presentación, solicitó se le conceda el beneficio de la remisión condicional de la pena u otro, de conformidad a la ley 18.216. DUODÉCIMO: Que la solicitud de absolución será desestimada por este Tribunal, en la medida que, como bien se ha señalado en los considerandos sexto y noveno, tanto la existencia del hecho punible materia de la investigación, cuanto la autoría atribuida a Pereira Canales, se ha estimado suficientemente acreditada con el mérito de los diversos elementos de juicio señalados en el basamento cuarto, todos ellos apreciados de la manera establecida en la ley. DECIMOTERCERO: Que, tal como lo sostiene su defensa, al procesado le favorece la atenuante de responsabilidad prevista en el Nº 6 del artículo 11 del Código Penal, acreditada con su extracto de filiación y antecedentes aparejado a fojas 182, que no registra otras anotaciones penales que la correspondiente a la presente causa, y los documentos agregados a fojas 143 a 149, antecedentes que permiten tener esa conducta como carente de reproche. En cambio se rechazará la atenuante invocada del Nº 8, por no encontrarse debidamente comprobados sus presupuestos de hecho, si bien el encausado reconoció su autoría en el hecho y, en este entendido, colaboró con su esclarecimiento, lo cierto es que no hay prueba suficiente de que hubiera podido eludir la acción de la justicia mediante la fuga o el ocultamiento, pues una vez acaecido el hecho ya que contaba con antecedentes suficientes que permitían individualizarlo.

116

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

DECIMOCUARTO: Que, no existen otras circunstancias modificatorias de responsabilidad que analizar, y respecto a la solicitud de aplicación de algún beneficio de la ley 18.216, se estará a lo resolutivo de la presente sentencia. DECIMOQUINTO: Que, el procesado es responsable de un cuasidelito de homicidio, el que se encuadra en la escala de penas contempladas en el Nº 1 del artículo 490 y 492 del Código Penal, esto es, reclusión o relegación menores en sus grados mínimos a medios, y suspensión del carnet, permiso o autorización que los habilite para conducir vehículos por un período de uno a dos años, y favoreciéndole una atenuante sin que le perjudiquen agravantes, en conformidad a lo prevenido en el artículo 68 del Código Penal, no se aplicará en el grado máximo la pena señalada al delito. En cuanto a las acciones civiles. DECIMOSEXTO: Que, en el primer otrosí de la presentación de fojas 128, el abogado Hugo Soto Bustos, en representación de Claudio Castro Araya, constructor civil, domiciliado en Walker Martínez Nº 61, La Florida, Santiago, quien es hijo de don Belarmino Humberto Castro Cortés, interpone demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de Gabriel Marcelo Pereira Canales, ya individualizado, por la responsabilidad civil que le cabe en su calidad de conductor del móvil patente VU–2552, y en contra del Banco de Crédito e Inversiones, del giro de su denominación, sociedad anónima representada por su gerente general don Guillermo Lionel Olavarría Leyton, de quien desconoce profesión u oficio, domiciliados en Huérfanos Nº 835, Santiago, en su calidad de propietario del móvil guiado por el acusado, según lo preceptúa el artículo 174 de la ley de tránsito, a objeto de que sean condenados en forma solidaria, simplemente conjunta o de la manera que se estime procedente conforme a derecho, a pagar: A) $ 2.500.000, por concepto de daño emergente, representados por el perjuicio producido por la destrucción de la motocicleta patente LR–0674, la cual a consecuencia de los serios daños provocados por la colisión, ocasionó una pérdida total y absoluta de dicho bien y; B) $ 80.000.000 por concepto de daño moral, representados por el menoscabo espiritual, psíquico y físico que el suceso de autos ha provocado en el actor, quien es hijo de don Belarmino Humberto Castro Cortés. Demanda en total la suma de $ 82.500.000, o la que el Tribunal determine de acuerdo al mérito de autos, la equidad y la justicia, más el reajuste e intereses que se estimen procedentes, con costas. DECIMOSÉPTIMO: Que, a lo principal de la presentación de fojas 137, doña María Alejandra Castro Araya, comerciante, e Isabel Margarita Castro Araya, labores de hogar, domiciliadas en Bilbao 1881, departamento 43–A, Santiago, conforme lo dispone el artículo 431 del Código de Procedimiento Penal y en sus calidades de hijas de don Belarmino Humberto Castro Cortés, interponen demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de Gabriel Marcelo Pereira Canales, ya individualizado, por la responsabilidad civil que le cabe en su calidad de conductor del camión patente VU–2552, y en contra del Banco de Crédito e Inversiones, del giro de su denominación, representada por su gerente general don Guillermo Lionel Olavarría Leyton, de quien desconoce profesión u oficio, domiciliados en Huérfanos Nº 835, Santiago, en su calidad de propietario del móvil guiado por el acusado, según lo establecido en el artículo 174 de la ley de Tránsito, fundado en los mismos hechos establecidos en autos, a objeto de que sean condenados en forma solidaria, simplemente conjunta o de la manera que se estime procedente conforme a derecho, a pagar la suma de $ 75.000.000 por cada una de las suscritas, por concepto de daño moral, representados por el dolor, angustia y menoscabo espiritual, psíquico y físico que les ha provocado la muerte de la víctima, su padre. Demandan en total el pago de $ 150.000.000, o las sumas que el Tribunal determine de acuerdo al mérito del proceso, más los reajustes e intereses que fueren procedentes, con expresa condenación en costas. DECIMOCTAVO: Que, evacuando el traslado al primer otrosí de su presentación de fojas 156, el abogado Nelson Campos Alfaro, por el acusado y demandado civil Gabriel Marcelo Pereira Canales, contestó las demandas civiles y solicitó sean desechadas en todas sus partes, fundado en que a su representado no le ha cabido responsabilidad en los hechos materia de esta causa, ya que el conductor de la motocicleta se expuso imprudentemente a los daños sufridos, según lo sostiene al contestar la acusación fiscal, además de ser un modesto trabajador que de ninguna manera podría responder por tan elevadas sumas demandadas, ya que carece absolutamente de bienes propios. DECIMONOVENO: Que, evacuando el traslado a lo principal de fojas 168, el abogado Franz Ruz Aguilera, en representación del Banco de Crédito e Inversiones, con domicilio en Miguel Cruchaga

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

117

Nº 920, 8º piso, Santiago, contestó las demandas civiles y solicitó se rechacen en todas sus partes, con costas, o, para el evento que las demandas sean acogidas, se reduzcan las cantidades que se ordenen pagar a su representado a una que resulte acreditada en autos, eximiendo a su parte del pago de las costas, no aplicando reajustes sino desde la fecha de la sentencia que quede ejecutoriada y no dando lugar a los intereses demandados sino hasta la fecha en que se encuentre en mora. Funda su defensa, en primer término, en la falta de legitimación pasiva, toda vez que la responsabilidad del propietario del vehículo prevista en el artículo 174 de la ley 18.290 tiene su fundamento y explicación en la doctrina del riesgo de la empresa, esto es, con el control y dirección empresarial del riesgo de una cosa y/o actividad peligrosa. En tal sentido, aun cuando dicha norma determina un régimen de responsabilidad objetiva del propietario de un vehículo en relación a los daños y perjuicios que se ocasionan con el uso del mismo, en el caso del empresario transportista la naturaleza jurídica de la responsabilidad no es sólo objetiva por el hecho de ser dueño del vehículo, sino que es una responsabilidad que se funda en la doctrina del riesgo de la empresa, y, en consecuencia, puede eximirse de responsabilidad civil si ha dejado de ser el detentador o explotador del vehículo por haber cedido el uso o goce del mismo a un tercero, en virtud de un contrato oneroso o gratuito. De esta forma el empresario es sólo responsable de los accidentes de su vehículo en que él sea el detentador, explotador o titular de los riesgos típicos del vehículo, pero no cuando ha cedido la dirección, detentación, explotación y control del vehículo a un tercero, pomo en el caso de autos, en virtud de un contrato de leasing, antes de la fecha de comisión del ilícito penal investigado, cediendo la dirección, control, detentación y explotación del móvil a la Constructora Rodel Limitada. Por tal motivo e interpretando lo dispuesto en el artículo 174 de la ley 18.290, debe estimarse y concluirse que no es su representada la que ejerce los atributos propios del dominio, sino que la Constructora Rogel Limitada, con la sola excepción de la facultad de oposición, la que está sujeta a la condición de ejercer la arrendataria la opción de compra, conforme a lo estipulado en el contrato. En segundo término, y en forma subsidiaria, opone la excepción de que el vehículo fue tomado sin autorización o conocimiento expreso o tácito del Banco de Crédito e Inversiones, en relación a lo dispuesto en los artículos 174 inciso 2º y 175 inciso 3º de la ley 18.290, por cuanto el camión que participó en el siniestro fue dado en contrato de leasing arriendo, por lo que el vehículo no estaba bajo la tenencia, control y cuidado de su mandante; es decir, fue tomado sin su conocimiento a sin autorización expresa o tácita por el conductor, quien no tiene ninguna vinculación ni jurídica ni de hecho con su representada. En tercer lugar, sostiene que no se han acreditado los perjuicios demandados, ya que en lo que se refiere al daño emergente que alega Claudio Castro Araya, dicho demandado carece de titularidad de la acción para recabarlos, y en cuanto al daño moral reclamado por los actores, es necesario demostrar la existencia real de un vínculo afectivo. Por último solicitó se descuente de cualquier indemnización, las cantidades pagadas, en virtud del seguro automotriz obligatorio, conforme lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 15 de la ley 18.490. VIGÉSIMO: Que en orden a acreditar los perjuicios experimentados por el actor Claudio Belarmino Castro Araya, se rindió la siguiente: I.– Prueba documental, consistente en: a) certificado de inscripción y anotaciones vigentes de fojas 14, en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, correspondiente a la moto patente LR 0674–6, en el que constan los datos de su propietario Belarmino Humberto Castro Cortés; b) certificado de defunción de fojas 16, en que consta la inscripción de la muerte de Belarmino Humberto Castro Cortés, con fecha de defunción 15 de diciembre de 2004 a las 13.30 horas, por politraumatismo, accidente de tránsito; c) certificado de nacimiento de fojas 72, perteneciente a Claudio Belarmino Castro Araya, en el que constan los nombres del padre Belarmino Humberto Castro Cortés y de la madre Teresa Luisa Araya Madariaga y, d) certificado de inscripción y anotaciones vigentes de fojas 127, en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, correspondiente al camión patente VU 2551–K, en el que constan los datos de su propietario el Banco de Crédito e Inversiones; II.– Prueba testimonial, consistente en los dichos de Jorge Alberto Díaz Gálvez y Mauricio Osvaldo Chacón Townsend, de fojas 189 y 190. VIGÉSIMO PRIMERO: Que en orden a acreditar los perjuicios experimentados por las actoras María Alejandra Castro Araya e Isabel Margarita Castro Araya, se rindió la siguiente: I.– Prueba documental, consistente en: a) certificado de nacimiento de fojas 135, perteneciente a María Alejandra Castro Araya, en el que constan los nombres del padre Belarmino Humberto Castro Cortés y de la madre Teresa Luisa

118

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Araya Madariaga y; b) certificado de nacimiento de fojas 136, perteneciente a Isabel Margarita Castro Araya, en el que constan los nombres del padre Belarmino Humberto Castro Cortés y de la madre Teresa Luisa Araya Madariaga; II.– Prueba testimonial, consistente en los dichos de José Miguel Bakulic Viveros, de fojas 193. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que en orden a acreditar los fundamentos de su defensa, el tercero civilmente demandado produjo la siguiente prueba instrumental: a) copia autorizada del acta Nº 2.243, de la reunión del comité ejecutivo del Banco de Crédito e Inversiones, celebrada el martes 22 de marzo de, 2005, otorgada en la Notaría de don Alberto Mozo Aguilar, en la que se acredita la personería para representar al Banco de Crédito e Inversiones de don Daniel Antonio Pesce Pavone, rolante a fojas 163 y; b) copia autorizada de mandato judicial otorgado por el Banco de Crédito e Inversiones a Franz Ruiz Aguilera y otro, por escritura pública de la Notaría de don Félix Jara Cadot, de fecha 28 de julio de 2005, de fojas 167. VIGÉSIMO TERCERO: Que, en orden a justificar los fundamentos de su defensa, la demandada no produjo pruebas. VIGÉSIMO CUARTO: Que las conclusiones consignadas en los motivos 5º, 6º y 9º de este fallo, –en los cuales se determinó que la causa que determinó la ocurrencia del hecho pesquisado radicó en la infracción por parte del encartado Pereira Canales a la norma que establecen los artículos 490 Nº 1 y 492 del Código Penal–, desvirtúan los argumentos en que la defensa basa su petición de rechazo de las demandas interpuestas en estos autos y en virtud de tales razones se desecha esa pretensión; por lo demás, en conformidad a lo prevenido por los artículos 2.314 del Código Civil y 24 del Código Penal, las demandas civiles deducidas en esta causa son procedentes, puesto que toda persona que ha cometido una acción ilícita es obligada a indemnizar los daños y perjuicios causados. Sin embargo, en autos no se ha aportado antecedente alguno por el demandante Claudio Castro Araya dentro de plazo legal, para establecer la naturaleza ni el monto de los gastos que se invocan como daño emergente, razón por la cual la demanda será desestimada en cuanto a esta pretensión de indemnización. VIGÉSIMO QUINTO: Que, respecto al daño moral cabe tener presente que la sola circunstancia de probarse que la muerte sufrida por Belarmino Humberto Castro Cortés se produjo a consecuencia de un agravio o de una transgresión legal, por ese hecho queda demostrada la existencia de tal daño, sin que sea necesario rendir prueba alguna sobre su monto. Sin perjuicio de ello, en cuanto a la existencia y monto de los perjuicios provenientes del daño moral del que fueron víctimas los ofendidos, cabe tener presente que los antecedentes probatorios reunidos en autos configuran igualmente un cúmulo de indicios que sirven de fundamento a presunciones judiciales y que permiten dar por establecido que como consecuencia de la muerte de Belarmino Castro Cortés, los demandantes sufrieron un detrimento en su esfera psíquica, consistente en el dolor y padecimiento psíquico, razón que lleva a esta sentenciadora a concluir que los actores deben ser indemnizados por este perjuicio, acogiendo las demandas civiles deducidas a fojas 128 y 137 por este concepto, y atendida la naturaleza netamente subjetiva del daño moral, se fijará prudencialmente su monto en la suma total de $ 20.000.000 (veinte millones de pesos) respecto de Claudio Castro Araya, María Castro Araya e Isabel Castro Araya. Para determinar dicho monto, este Tribunal tiene presente tanto la naturaleza del hecho delictual y del derecho extrapatrimonial agraviado, como las facultades, condiciones y situación personal de los ofendidos, y la manera como han sido afectados en sus actividades normales. VIGÉSIMO SEXTO: Que, no se acogerá la petición del demandado civil en orden a aplicar el artículo 2.330 del Código Civil, puesto que de los antecedentes analizados en el noveno considerando no se desprende actitud imprudente alguna por parte de Belarmino Humberto Castro Cortés que lo haya expuesto a sufrir el daño recibido. VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, determinados los montos a indemnizar y la obligación que en tal sentido le cabe al demandado Gabriel Marcelo Pereira Canales, corresponde ahora dilucidar si dicha obligación se extiende solidariamente al tercero civil demandado Banco de Crédito e Inversiones, y la naturaleza de su responsabilidad civil. VIGÉSIMO OCTAVO: Que los demandantes de fojas 128 y 137, jurídicamente sustentan la acción en contra del Banco de Crédito e Inversiones, en el artículo 174 inciso segundo de la ley 18.290, en cuanto

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

119

prescribe que el conductor y el propietario del vehículo, a menos que este último acredite que el vehículo fue usado sin su consentimiento o autorización expresa o tácita, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se ocasionen con motivo del uso del vehículo, todo sin perjuicio de la responsabilidad de terceras personas, en conformidad a la legislación vigente. Es así, que tratándose de la propietaria del “camión patente VU–2552, será solidariamente responsable de los daños causados por el autor material. De lo anterior, cabe concluir que el artículo 174 de la ley 18 290, deja sentado un régimen de responsabilidad objetiva que impone una carga inmediatamente sucedánea al hecho probado de ser dueño del rodante que causa el estropicio, en tanto su inciso segundo la levanta por la circunstancia comprobada de ignorancia u oposición. En este orden de cosas, si bien el dueño del móvil tendrá una responsabilidad objetiva, respecto a los daños y perjuicios que se ocasionen con motivo del uso del vehículo, por el sólo hecho de tener tal calidad, dicha responsabilidad ha de entenderse respecto del detentador, explotador o titular de los riesgos típicos del vehículo, lo que no puede estimarse si ha operado un contrato oneroso en que se ha cedido la dirección y el control de un móvil a un tercero. Que de lo anterior, y de los documentos agregados a fojas 27 y siguientes, resulta que el vehículo que ocasionó los perjuicios que alegan los actores en sus demandas, fue objeto de un contrato de leasing entre el Banco de Crédito e Inversiones y la Constructora y Arriendo de Maquinarias Rodel Limitada, celebrado con fecha 24 de julio de 2003, esto es, antes de la comisión del ilícito de autos, fecha desde la cual esta última detenta y/o explota el móvil que causó los daños. Por lo antes dicho e interpretando la norma del artículo 174 de la ley de Tránsito, ha de estimarse que ésta y no la entidad bancaria ejerce los atributos impropios del dominio, a excepción de la disposición, que está sujeta a la condición de ejercer su opción de compra, lo que se encuentra corroborado por las solicitudes planteadas a fojas 23 y 62 por Cecilio Rodrigo Arévalo, en las que es posible advertir el ejercicio de actos únicamente atribuibles al propietario, razón por la cual, se desestimarán las acciones intentadas a fojas 128 y 137, en contra del tercero civil demandado Banco de Crédito e Inversiones, sin costas, por estimar este Tribunal que los actores han tenido motivo plausible para litigar en su contra. VIGÉSIMO NOVENO: Que, en estas condiciones, se acogen las demandas deducidas al primer otrosí de fojas 128 y a lo principal de fojas 137, sólo en cuanto se condena al demandado Gabriel Marcelo Pereira Canales, a pagar a los actores Claudio Castro Araya, María Castro Araya e Isabel Castro Araya, la suma total de $ 20.000.000 (veinte millones de pesos), por concepto de daño moral, la que deberá reajustarse en la misma variación que experimente el Indice de Precios al Consumidor, entre el mes anterior a la fecha de notificación de las demandas y el mes anterior a la fecha de pago efectivo, más intereses corrientes desde que el deudor se encuentre en mora, con costas, desestimándose en lo demás las referidas demandas. TRIGÉSIMO: Que, en el juicio criminal, la prueba de las acciones civiles se sujeta a las normas civiles en cuanto a la determinación de la parte que debe probar, y a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal en cuanto a su procedencia, oportunidad, forma de rendirla y valor probatorio. Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 2, 4, 5, 11 Nº 6, 14 Nº 1, 15 Nº 1, 30, 50, 68, 490 Nº 2 y 492 del Código Penal; artículos 114, 130, 167, 172 Nºs. 2, 10 y 17 y 174 de la ley de Tránsito, artículos 1.556, 1.698, 2 314 y 2 330 y siguientes del Código Civil; y artículos 108, 109, 110, 456 bis, 457, 458, 459, 472, 481, 487, 488, 488 bis, 493, 500, 503, 504 y 505 del Código de Procedimiento Penal, se declara: En cuanto a las tachas. I.– Que se rechazan las tachas deducidas por la defensa del tercero civil demandado en contra de los testigos Mauricio Osvaldo Chacón Townsend y José Miguel Bakulic Viveros, en las audiencias de prueba de fojas 189 y 193, de acuerdo a lo razonado en el considerando segundo, que se tiene por reproducido En cuanto a las acciones civiles. II.– Que se acogen las demandas civiles de indemnización de perjuicios deducidas por Claudio Castro Araya, María Castro Araya e Isabel Castro Araya, sólo en cuanto se condena a Gabriel Marcelo Pereira Canales, a pagar la suma total de $ 20.000.000 (veinte millones de pesos), en la

120

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

forma señalada en el motivo vigésimo noveno, con costas, desechándose, en lo demás las referidas demandas. III.– Que se rechazan las demandas civiles deducidas al primer otrosí de fojas 128 y a lo principal de fojas 137, en contra del Banco de Crédito e Inversiones, en su calidad de tercero civil responsable, sin costas. En cuanto a la acción penal. IV.– Que se condena a Gabriel Marcelo Pereira Canales, ya individualizado en autos, a la pena de doscientos días de reclusión menor en su grado mínimo, a las accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, a la suspensión de su licencia o carné de conducir por el término de un año, y al pago de las costas de la causa, como autor del cuasidelito de homicidio, en la persona de Belarmino Humberto Castro Cortés, perpetrado en la comuna de Renca, el 15 de diciembre de 2004. V.– Reuniéndose en la especie las condiciones establecidas en el artículo cuarto de la ley 18.216, se remite condicionalmente la pena de reclusión impuesta al sentenciado, debiendo permanecer sujeto bajo el control y vigilancia de la autoridad administrativa de Gendarmería de Chile, Sección de Tratamiento en el Medio Libre, por el término de un año y cumplir con las demás exigencias contempladas en el artículo 5º de la citada ley. Si este beneficio le fuere revocado y tuviere que ingresar a cumplir la pena impuesta, ella se le contará desde que se presente o sea habido, sirviéndole de abono los días que permaneció privado de libertad por esta causa, desde el 15 al 17 de diciembre de 2004, según consta del parte policial de fojas 1 y de la certificación de fojas 13. Ejecutoriado que sea este fallo, dése cumplimiento riguroso a lo ordenado por el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal. Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare. Rol Nº 8.045–2004–9. Dictada por doña Ana María Hernández Medina, Juez Titular. Autoriza doña Mónica Alejandra Jeldres Salazar, Secretaria Titular.

II.- CORTE DE APELACIONES Santiago, veintinueve de abril de dos mil ocho. A fojas 268: téngase presente. VISTOS: Sustituyendo en sus citas legales la referencia al artículo “490 Nº 2” por “490 Nº 1”, se confirma la sentencia apelada de siete de septiembre de dos mil cinco, escrita a fojas 204 y siguientes. Regístrese y devuélvase. Rol Nº 31.178–2005. Pronunciada por la Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Lamberito Cisternas Rocha, e integrada por la Ministro señora Amanda Valdovinos Jeldes y por el Abogado Integrante señor Manuel Hazbún Comandari,

III.- SENTENCIA DE CASACIÓN Santiago, ocho de abril de dos mil nueve. VISTOS: En estos antecedentes rol Nº 8045–04, seguidos ante el 18º Juzgado del Crimen de Santiago, por sentencia de primera instancia, pronunciada el siete de septiembre de dos mil cinco, que se lee a fs. 204 y siguientes, se condenó a Gabriel Marcelo Pereira Canales como autor del cuasidelito de homicidio de Belarmino Castro Cortés, ocurrido el 15 de diciembre de 2004, a cumplir una condena de doscientos días de reclusión menor en su grado mínimo, accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, a la suspensión de su licencia o carné de conductor por el término de un año y a pagar las costas de la causa. Se le concedió el beneficio de remisión condicional de la pena, la que se reguló en un año de sujeción a la vigilancia de la autoridad y se acogieron las demandas civiles deducidas por Claudio Castro Araya, María Castro Araya e Isabel Castro Araya, condenándose sólo al acusado a pagar $ 20.000.000

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

121

por concepto de daño moral, desechándose esa misma acción en cuanto en forma solidaria, se dirigió contra el Banco de Crédito e Inversiones. Esa decisión fue apelada por los querellantes y por el acusado, y conocidos tales recursos por una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, resultó confirmada. Contra este último fallo, recurrió de casación en el fondo el querellante Claudio Castro, solicitando se condene en forma solidaria al Banco mencionado a pagar la suma regulada por concepto de daño moral. A fs. 280, se trajeron los autos en relación. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que por el recurso se ha invocado el inciso final del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, denunciando infracción a los artículos 174 de la ley 18.290 y 19 inciso 2º del Código Civil, por haberse hecho una interpretación errónea de la primera norma, apartándose los juzgadores de su sentido natural y obvio. Sostiene que a la fecha de ocurrencia del hecho, la redacción de la disposición imponía responsabilidad objetiva y de carácter solidaria, tanto al dueño del vehículo como al conductor, de modo que en la sentencia que impugna, se ha incurrido en un error de derecho al exculpar al Banco propietario B.C.I. y que había entregado el vehículo en virtud de un contrato de leasing a la empresa Constructora Rodel Ltda. Para tal efecto, la Juez de primera instancia señaló que existía un contrato oneroso por el cual se cedió la dirección y el control del vehículo a un tercero, y ello constituía precisamente la excepción opuesta por el Banco demandado. Sin embargo, arguye el actor, el contrato de arrendamiento no transfiere la principal facultad del dominio, cual es la de disposición, que conserva el arrendador, de modo que es el Banco quien tiene la calidad de propietario. Esta situación sólo se vino a modificar el 10 de diciembre de 2005, con la reforma introducida por la ley 20.068. SEGUNDO: Que en estos antecedentes no existe discusión acerca del dominio del vehículo, el que estaba radicado en el Banco de Crédito e Inversiones, entidad bancaria que celebró contrato de leasing con la empresa Constructora Rodel Ltda., en cuya virtud entregó las facultades de uso y goce del vehículo que causó el accidente. Fue precisamente este argumento el que se usó por los Jueces del fondo para acoger la excepción del Banco demandado. TERCERO: Que la norma del artículo 174 de la ley de Tránsito, vigente a la fecha de ocurrencia del cuasidelito de que se trata, establecía que “sin perjuicio de la responsabilidad de otras personas en conformidad al derecho común, estarán obligados solidariamente al pago de los daños y perjuicios causados, el conductor y el propietario del vehículo, a menos que este último pruebe que el vehículo le ha sido tomado sin su conocimiento o autorización expresa o tácita”. CUARTO: Que tal se deduce de la redacción del contrato de leasing que está agregado a fs. 27 y siguientes de autos, si bien es cierto que el 24 de julio de 2003 se convino la entrega del camión involucrado por el Banco propietario a la arrendataria Rodel Limitada, se acordaron también las siguientes cláusulas: “PRIMERO: Descripción de los bienes arrendados: Uno) Por instrucciones de la arrendataria y con el preciso y exclusivo objeto de dárselo en arrendamiento con opción de compra, conforme a las estipulaciones contenidas en las cláusulas que siguen, Banco de Crédito e Inversiones procederá a adquirir para sí a Auto Summit Chile S.QA., en adelante también e indistintamente “el proveedor, tres camiones marca Ford, modelo Cargo dos mil seiscientos treinta y uno, seis por cuatro, tolva, año dos mil tres, nuevos y sin uso, placa patente VU dos cinco cinco tres guión seis; VU dos cinco cinco guión K y VU dos cinco cinco dos guión ocho. Dos) Cualquier modificación en relación con la especificación de los bienes arrendados, de su proveedor u otra, deberá ser aceptada expresamente y por escrito por Banco de Crédito e Inversiones. “SEGUNDO: Arrendamiento. Por el presente instrumento Banco de Crédito e Inversiones da en arrendamiento a Constructora y Arriendo de Maquinarias Rodel Limitada, los bienes individualizados en la cláusula precedente. La arrendataria acepta para sí los bienes arrendados y declara que. los destinará a la explotación de sus propias actividades comerciales.

122

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

“SEXTO: Seguro de los bienes arrendados. Uno) Durante todo el período de vigencia del arrendamiento y hasta la devolución de los bienes arrendados o hasta la transferencia de los mismos a la arrendataria, según el caso, los bienes arrendados deberán mantenerse asegurados por la arrendataria contra todo riesgo normal y asegurable que pudiere afectarles, incluyendo la siguiente cobertura: vehículos motorizados pesado: “Ella deberá comprender daños materiales robo, hurto o uso no autorizado. según las condiciones generales, inscritas en el Registro de Pólizas bajo el Código Pol uno nueve ocho cero dos dos, incluyendo los siguientes adicionales:... daños materiales causados por conductores dependientes. Dos) El costo de dichos seguros será de cargo exclusivo de la arrendataria y serán tomados a favor de Banco de Crédito e Inversiones, debiendo enviársele oportunamente las pólizas correspondientes y los comprobantes de pago de las primas. “DECIMOPRIMERO: Dominio de los bienes arrendados. Uno) La arrendataria reconoce que el dominio de los bienes arrendados pertenece a Banco de Crédito e Inversiones y, por lo tanto, se compromete a no ejecutar acto alguno que pueda alterar la titularidad del dominio o que tienda a su enajenación. transferencia o gravamen o que tenga por resultado uno cualquiera de estos actos. “DECIMOCTAVO: Responsabilidad. Don Cecilio Rodrigo Arévalo, ya individualizado, en representación de Constructora y Arriendo de Maquinarias Rodel Limitada, expone que en la representación que inviste asume, reconoce y se obliga a pagar al Banco de Crédito e Inversiones. División Leasing, la suma o valor que por concepto de infracciones de tránsito y/o indemnización por daño moral y/o daños en choque, intereses y costas procesales y personales, fuere ordenada pagar por sentencia judicial, que condene al conductor del vehículo objeto del presente contrato y subsidiariamente al Banco de Crédito e Inversiones, en su calidad de propietario del vehículo. QUINTO: Que de lo anterior resulta indubitable que, por una parte, el dominio del camión que conducía el sentenciado, quedó radicado en el Banco ya individualizado y, por otra, que esa entidad entregó el bien materia del contrato para ser utilizado libremente por la arrendataria, con la sola limitación de ser destinado a la explotación de sus actividades comerciales Por otra parte, la circunstancia de incorporarse al seguro el “uso no autorizado por la empresa, deja en evidencia que el Banco estuvo de acuerdo en que la empresa arrendataria del vehículo decidiera sobre el uso ordinario que le daría, de modo que sólo ella podría alegar la existencia de un uso no autorizado, resguardando el Banco sus intereses precisamente a través de dicho seguro. De acuerdo a la cláusula décimo octava, antes transcrita, la arrendataria quedaba obligada a reembolsar al arrendador cualquiera suma ordenada pagar en virtud de sentencia judicial que condenara al conductor del vehículo y al Banco en calidad de propietario. SEXTO: Que en estas circunstancias, la disposición del artículo 174 de la ley 18.290, en su redacción vigente a la fecha del cuasidelito, era plenamente aplicable en la especie, siendo errónea la interpretación realizada en ambas instancias, que por existir el contrato de leasing la empresa arrendataria y no el Banco ejercía al producirse el delito culposo, los atributos propios del dominio respecto al camión objeto del arrendamiento. En tal virtud, resulta efectiva y fundada en las decisiones adoptadas en primera y segunda instancia, la infracción de ley denunciada por el recurrente, motivo por el cual procede acoger su recurso. Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 535 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido a fs. 270 y se invalida la sentencia de veintinueve de abril de dos mil ocho, escrita a fs. 269 de estos antecedentes, la que se reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero en forma separada. Regístrese. Redacción del Ministro señor Carlos Künsemüller L. Rol Nº 3.280–08. Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros señor Jaime Rodríguez E., señora Gabriela Pérez P., señor Carlos Künsemüller L. y los Abogados Integrantes señores Benito Mauriz A. y Oscar Carrasco A. No firma Ministro señor Rodríguez y el Abogado Integrante señor Carrasco, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso y por haber cesado en sus funciones, respectivamente. Autorizada por la Secretaria de esta Corte Suprema señora Rosa María Pinto Egusquiza.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

123

IV.- SENTENCIA DE REEMPLAZO Santiago, ocho de abril de dos mil nueve. En cumplimiento de lo ordenado por el fallo de casación que antecede y lo prevenido en los artículos 535 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo. VISTOS: Se reproduce la sentencia apelada de siete de septiembre de dos mil cinco, escrita a fs. 204 y siguientes, con excepción de sus motivos vigésimo octavo y vigésimo noveno, que se eliminan. Se reproducen, asimismo, los razonamientos tercero y cuarto de la sentencia de casación que antecede. Y SE TIENE, ADEMÁS, PRESENTE: PRIMERO: Que el Banco de Crédito e Inversiones opuso la excepción de falta de legitimación pasiva, fundada en que aun cuando el artículo 174 de la ley 18.290 establece la responsabilidad solidaria del vehículo, ésta no es sólo objetiva por el hecho de ser el dueño, sino que es una responsabilidad que se funda en la doctrina del riesgo de la empresa y, en consecuencia, puede eximirse de responsabilidad civil si ha dejado de ser el explotador o detentador del vehículo por haber cedido el uso o goce del mismo a un tercero, en virtud de un contrato oneroso o gratuito. En la especie, y como el Banco cedió la dirección, detentación, explotación y control del vehículo a un tercero, en virtud del contrato de leasing, antes de la fecha de comisión del ilícito, no ejercía los atributos propios del dominio, salvo la facultad de disposición, la que está sujeta a la condición de ejercer la arrendataria la opción de compra, conforme a lo estipulado en el contrato. En forma subsidiaria, el representante de esta demandada, opuso la excepción de haberle sido tomado el vehículo sin su autorización o conocimiento expreso o tácito, sobre la base de que, como efecto del contrato de leasing, el camión no estaba bajo la tenencia, control y cuidado del Banco, “es decir, fue tomado sin su conocimiento ni su autorización expresa o tácita por el conductor, quien no tiene ninguna vinculación jurídica ni de hecho con su representada”. SEGUNDO: Que en cuanto a la primera excepción referida, ella debe ser rechazada, toda vez que estando acreditado que el dominio del camión estaba radicado en el Banco demandado al momento de incurrir el conductor en el cuasi delito de homicidio, la acción civil indemnizatoria se dirigió correctamente en contra de la persona jurídica cuya responsabilidad solidaria establece imperativamente el artículo 174 de la ley Nº 18.290. Para estos efectos carece de relevancia la celebración del contrato de leasing entre el dueño arrendador del bien y el arrendatario, desde que, como quedó claramente demostrado en la sentencia de casación, el Banco de Crédito e Inversiones no perdió su calidad jurídica de propietario del vehículo y reconoció, además, en forma expresa, su responsabilidad civil derivada de tal condición, imponiendo al arrendatario la obligación de pagarle las sumas a cuyo pago hubiere sido condenado a título de indemnización de perjuicios por sentencia judicial. El artículo 174 de la ley 18.290 estableció una responsabilidad legal y objetiva que se aparta de los fundamentos de la teoría de la responsabilidad civil contenida en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, que exigen concurrencia de dolo o culpa. (R.D.J., t. 70, 1973, 2ª parte, secc. 4ª, p. 28 y t. 73, 1976, 2ª parte, secc. 4ª, p. 234). El fundamento de esta responsabilidad es el mero hecho de ser propietario del vehículo y de existir responsabilidad contravencional de parte del conductor, cualquiera sea la relación en que se encuentre con el propietario (R.D.J., t. 70, 1973, 2ª parte, secc. 4ª, p. 28). La doctrina ha señalado que el precepto legal citado consagra un sistema híbrido de responsabilidad. Por un lado, respecto del conductor del vehículo se recurre al sistema clásico de la responsabilidad subjetiva y por el otro, respecto del propietario, se recurre al sistema de responsabilidad objetiva (Patricio Lagos Narváez, La Responsabilidad Objetiva, Doctrina, Legislación y Jurisprudencia, Pacsed Editores, 1990, p. 81) La modificación introducida al artículo 174 por la ley 20.068 –inaplicable al caso de autos, por haber ocurrido el hecho antes de su entrada en vigencia– destinada específicamente a posibilitar la exención de responsabilidad del propietario y su traslado al arrendatario, en el evento de un contrato de leasing con opción de compra e irrevocable, corrobora la irrelevancia jurídica de tal convención para alterar la responsabilidad objetiva consagrada en la ley del ramo, tratándose de ilícitos perpetrados al amparo del antiguo texto. En tal virtud, el precepto legal aplicable al caso de autos, cuyo

124

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

sentido y alcance surge con claridad del sólo tenor literal, no demanda del Tribunal ninguna interpretación particular, como la esgrimida por el demandado.. TERCERO: Que la segunda excepción. opuesta en forma subsidiaria por el Banco, también debe ser rechazada, atendida la circunstancia de no haberse demostrado el supuesto fáctico que origina la exención de responsabilidad contemplada en el inciso segundo, párrafo final, del citado artículo 174, esto es, que el vehículo hubiere sido tomado sin su conocimiento o autorización expresa o tácita. CUARTO: Que por las razones expresadas, deben acogerse las demandas civiles interpuestas en el primer otrosí de fs. 128 y en lo principal de fs. 137, en cuanto se han dirigido en contra del Banco de Crédito e Inversiones, sobre la base de su responsabilidad solidaria como propietario del vehículo conducido por el acusado Gabriel Marcelo Pereira Canales. Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo prevenido en los artículos 514 y 527 del Código de Procedimiento Penal, se revoca la sentencia apelada de siete de septiembre de dos mil cinco, escrita a fs. 204 y siguientes, en cuanto por su ordinal III rechazó las demandas civiles interpuestas por Claudio Castro Araya, María Castro Araya e Isabel Castro Araya, contra el Banco de Crédito e Inversiones en su calidad de tercero civilmente responsable, y en su lugar se decide que se acogen, con costas, quedando esa institución bancaria condenada en forma solidaria con el conductor sancionado, a pagar la suma de $ 20.000.000 (veinte millones de pesos), la que deberá reajustarse en la misma variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, entre el mes anterior a la fecha de notificación de las demandas y el mes anterior a la fecha de pago efectivo, más intereses corrientes desde que el deudor se encuentre en mora, desestimándose en lo demás la referidas demandas. Se confirma en lo demás apelado, la referida sentencia. Regístrese y devuélvase. Redacción del Ministro señor Carlos Künsemüller L. Rol Nº 3.280–08. Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros señor Jaime Rodríguez E., señora Gabriela Pérez P., señor Carlos Kunsemuller L, y los Abogados Integrantes señores Benito Mauriz A. y Oscar Carrasco A. No firma el Ministro señor Rodríguez y el Abogado Integrante señor Carrasco, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso y por haber cesado en sus funciones, respectivamente. Autorizada por la Secretaria de esta Corte Suprema señora Rosa María Pinto Egusquiza.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

125

FICHA 5

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 4313-2007 Cita Online: CL/JUR/5260/2008 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO Arica, dieciséis de marzo de dos mil siete. VISTO: A fojas 1, comparece don José Manuel Antonio Rojas Rodríguez, empleado, por sí y en representación de sus hijos menores de edad Benjamín Matías, Valentina Paz y Francisca Alejandra, todos ellos apellidados Rojas Ramírez, domiciliados en Pasaje Bremen Nº 1399, Arica, y deduce demanda de indemnización de perjuicios en juicio sumario en contra de don Jaime Armando Perales Mesa, empresario, domiciliado en Avda. Diego Portales Nº 2522 y en calle Petorca Nº 5093 de esta ciudad, en su calidad de responsable solidario que le atribuye la ley Nº 18.290, a fin que se le condene a indemnizarle el daño material y moral que le causó el accidente de tránsito producido por el camión patente PC 9325, de propiedad del demandado, ocasión en la que falleció su cónyuge doña Marcela María Ramírez Lara y quedó gravemente herido su hijo Benjamín Matías Rojas Ramírez. Funda la demanda expresando que el 31 de agosto de 2005, a la altura del Km. 1978 de la Ruta 5 Norte, siendo las 21:15 horas, el bus patente XV 2149 de la Empresa Transportes Carmelita colisionó frontalmente con el camión patente PC 9325, de propiedad del demandado, conducido en ese momento por don Carlos San Juan Peña. Añade que producto de la colisión falleció en el fugar su cónyuge doña Marcela María Ramírez Lara y quedó gravemente herido su hijo Benjamín Matías Rojas Ramírez. Indica que producto de lo anterior la Fiscalía Local decidió no investigar, atento a que el informe de I.A.T. de Carabineros de Chile de Arica señaló que la causa basal del accidente se debería a la conducción imprudente del chofer del camión, señor San Juan, quien falleció en el mismo lugar, habiéndose extinguido, por ende, su responsabilidad penal. Indica que siendo esa la razón del accidente que costó la vida a su cónyuge y graves lesiones a su hijo, de conformidad al artículo 2329 del Código Civil, procede esta indemnización de perjuicios, siendo el demandado responsable solidario de los mismos por mandato del artículo 174 de la ley Nº 18.290, pues el chofer del camión propiedad del demandado es el responsable directo de los hechos reseñados y, por ende, de los perjuicios causados, siendo pertinente a la especie lo que dispone el artículo 2320 del Código Civil, en cuanto el chofer fallecido era también dependiente del demandado. Indica el actor que los perjuicios que se demandan están integrados por la suma de $ 5.000.000, proveniente de los daños efectivos o materiales sufridos, derivados de los gastos funerarios y de sepultación de doña Marcela Ramírez Lara, así como el costo de consultas médicas, medicamentos, terapias físicas y sicológicas para su hijo Benjamín, así como para el resto de sus hijos, mientras que los morales, que se avalúan en la suma de $ 100.000.000, derivan de hecho de la pérdida de su cónyuge y madre de sus hijos y del sufrimiento padecido por su hijo Benjamín, hechos que han producido toda clase de trastornos en la familia, que no se ha podido sobreponer a la pérdida de la persona más importante en sus vidas, especialmente en la de su hijos. Indica que tan grande ha sido el sufrimiento de sus hijos que ellos se encuentran en tratamiento psicológico y presentan alteraciones de angustia, pesadillas, sudoraciones nocturnas, etc. Precisa que el procedimiento incoado es el sumario porque se requiere la más pronta determinación del resarcimiento, ya que otros afectados por el accidente han iniciado acciones en contra del demandado, entre ellas la compañía de seguros que pagó la indemnización por el siniestro del bus en el que viajaban sus seres queridos, lo que mermará considerablemente el patrimonio del demandado. Pide, en consecuencia, que se condene al demandado a pagarle la suma de $ 105.000.000, o la suma que el Tribunal determine, con costas. A fojas 38 tuvo lugar la audiencia de estilo, con asistencia de ambas partes. Llamadas estas a conciliación, ella no se produjo.

126

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

En ese acto, por medio del escrito que rola a fojas 33 y siguientes, el demandado contestó la demanda deducida en su contra, pidiendo su completo rechazo, con costas, señalando como primera defensa que el procedimiento utilizado para la tramitación de este juicio no es el que indica la ley, pues se trata de una acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, lo cual corresponde que sea conocido en un juicio declarativo de lato conocimiento, esto es, en un juicio ordinario de mayor cuantía, y no en juicio sumario, procedimiento este último que perjudica su derecho a ejercer a una adecuada defensa y podría constituir un vicio de casación, debiendo rechazarse la demanda por este hecho. Agrega como segunda defensa que se ha demandado una responsabilidad solidaria extracontractual del demandado como dueño de un vehículo motorizado involucrado en un accidente de tránsito, pero no existe sentencia ejecutoriada alguna que haya declarado la existencia del delito o cuasidelito penal o infraccional, cual es la necesaria fuente de la obligación que permita sustentar esta demanda indemnizatoria. Como tercera excepción propone que los hechos de la demanda ni siquiera fueron objeto de conocimiento por ningún Tribunal y reitera que no existe determinación de responsabilidad delictual ni cuasidelictual del chofer del camión, de la cual deriva el demandante la responsabilidad solidaria que atribuye a su parte, como quiera que ésta no es autónoma e independiente de la responsabilidad del conductor del camión, sino que ella sólo nace cuando se establece la responsabilidad del autor directo del delito o cuasidelito civil. Como cuarta excepción añade que la ley establece la responsabilidad como personal y sólo por excepción por actos ajenos, y en el caso del artículo 2320 del Código Civil, ella sólo existe cuando el empresario se encuentra en la posibilidad de impedir la conducta ilícita de su dependiente, lo que en este caso no ocurrió, ya que su parte no se encontraba, por cierto, presente en el lugar del accidente al momento de ocurrir éste. Agrega que tampoco procede la aplicación de este precepto, pues el vínculo laboral se extiende únicamente a la instrucción de conducir un vehículo determinado, también desde un lugar determinado a otro, pero por la naturaleza de la labor el empleador no está en condiciones de supervigilar el ejercicio de ellas por parte del dependiente. Como quinta defensa, plantea que de conformidad a le responsabilidad solidaria que establece el artículo 174 de la ley del tránsito, ella configura una excepción a la regla general de la responsabilidad personal, y para que la misma nazca es preciso que la responsabilidad del autor directo de la infracción a las leyes del tránsito sea declarada, y sólo cuando ello ocurre nace la responsabilidad solidaria del dueño del vehículo, de suerte que la ley exige que previamente se responsabilice al conductor como autor de la infracción y sólo una vez que ella ha sido declarada por sentencia firme, y se haya acreditado que los daños son producto de dicha infracción, nace la responsabilidad solidaria que el demandante invoca. Finalmente, el demandado al contestar su demanda incluyó un capítulo, el Nº 6, que nada tiene que ver con la materia debatida en este juicio y parece corresponder a la defensa planteada en otro juicio, por lo que el Tribunal no se hará cargo de tales argumentaciones. Pide, para concluir, el rechazo de la demanda en todas sus partes con costas. A fojas.42 se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que rola en autos. A fojas 121 se citó a las partes para oír sentencia. CONSIDERANDO: I. En cuanto a las tachas: PRIMERO: Que a fojas 50 la demandada dedujo tacha de conformidad al Nº 4 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil en contra de la testigo doña Iris Andrea Rubio Medina, basado en su carácter de dependiente de la parte que la presenta, ya que reconoció ser la sicóloga que atiende a los hijos del demandado y que percibe de éste una remuneración por su servicios. SEGUNDO: Que, evacuando el traslado conferido de dicha tacha, la parte demandante solicitó su rechazo, atendido que la testigo sólo desarrolla su actividad para los hijos del demandado de manera esporádica en su calidad de sicóloga, de manera que no tiene el carácter de dependiente de la parte que la presenta. TERCERO: Que estima el Tribunal que esta techa ha de ser desechada, pues le parece del todo obvio que la testigo desempeña una profesión liberal, ofreciendo sus servicios en general a las personas, de manera que el hecho que atienda profesionalmente a los hijos del demandante y reciba una remuneración por ello no la convierte en dependiente del mismo.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

127

CUARTO: Que a fojas 59 la demandada dedujo tacha de conformidad al Nº 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil en contra de la testigo doña Benigna Juana Morales Montes, basado en que ha manifestado su interés que el demandante gane el juicio y que reciba una indemnización de parte de la demandada. QUINTO: Que, evacuando el traslado conferido de dicha tacha, la parte demandante solicitó su rechazo, atendido que la testigo no ha señalado tener un interés de carácter económico en las resultas del juicio, único que la inhabilitaría para declarar en el mismo. SEXTO: Que el Tribunal rechazará esta techa, pues de las respuestas a las correspondientes preguntas que se le propusieron a la testigo no se advierte que la declarante tenga interés directo o indirecto en el juicio, aun menos de carácter patrimonial, como lo ha exigido desde antiguo la Jurisprudencia para inhabilitar a un testigo por la causal del artículo 358 Nº 6 del Código de Procedimiento Civil. SÉPTIMO: Que a fojas 84 la demandante dedujo tacha de conformidad al Nº 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil en contra del testigo don Francklin Olivares Valencia, basado en que de sus dichos queda establecido que el testigo es perito de una compañía de seguros que eventualmente deberá cubrir los riesgos del cuasidelito investigado si el demandante es condenado a ello, lo que manifiesta un interés en los resultados del juicio. OCTAVO: Que, evacuando el traslado conferido de dicha tacha, la parte demandada solicitó su rechazo, atendido que de sus dichos no se puede colegir que el testigo tenga un interés propio en las resulta del juicio, que es el que la ley exige, mientras que la tacha deducida se sustenta en el interés que podría tener una compañía de seguros en los resultados del mismo, basándose en hipótesis y no en hechos, no siendo la misma clara ni precisa en cuanto a los términos en que ha sido propuesta. NOVENO: Que el Tribunal desechará esta techa, pues de las respuestas a las correspondientes preguntas que se le propusieron al testigo no revelan que el declarante tenga interés propio, directo o indirecto, en el juicio, aun menos de carácter económico, como es el que ha exigido desde antiguo la jurisprudencia para inhabilitar a un testigo por la causal del artículo 358 Nº 6 del Código de Procedimiento Civil. DÉCIMO: Que a fojas 88 la demandante dedujo tacha de conformidad al Nº 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil en contra del testigo don Jorge Gaete Ganora, basado en que de sus dichos queda establecido que el testigo trabaja para una compañía de seguros que eventualmente deberá cubrir los riesgos del cuasidelito investigado si el demandante es condenado a ello, lo que manifiesta un interés en los resultados del juicio. UNDÉCIMO: Que, evacuando el traslado conferido de dicha tacha, la parte demandada solicitó su rechazo, atendido que de sus dichos no se puede colegir que el testigo tenga un interés propio en las resulta del juicio que es el que la ley exige, mientras que la tacha deducida se sustenta en el interés que podría tener una compañía de seguros en los resultados del mismo, no siendo la misma clara ni precisa en cuanto a los términos en que ha sido propuesta. DUODÉCIMO: Que el Tribunal desechará esta techa, pues de las respuestas a las correspondientes preguntas que se le propusieron al testigo no revelan que el declarante tenga interés propio, directo o indirecto, en el juicio, aun menos de carácter económico, como es el que ha exigido desde antiguo la jurisprudencia para inhabilitar a un testigo por la causal del artículo 358 Nº 6 del Código de Procedimiento Civil. DECIMOTERCERO: Que a fojas 90 la demandante dedujo tacha de conformidad al Nº 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil en contra del testigo don Jaime Mancilla Bahamondes, basado en que de sus dichos queda establecido que el testigo es gerente de una compañía de seguros que eventualmente deberá cubrir los riesgos del cuasidelito investigado si el demandante es condenado a ello, lo que manifiesta un interés en los resultados del juicio. DECIMOCUARTO: Que, evacuando el traslado conferido de dicha tacha, la parte demandada solicitó su rechazo, atendido que de sus dichos no se puede colegir que el testigo tenga un interés propio o personal en las resulta del juicio que es el que la ley exige, mientras que la tacha deducida se sustenta en el interés que podría tener una compañía de seguros en los resultados del mismo, no siendo la misma clara ni precisa en cuanto a los términos en que ha sido propuesta.

128

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

DECIMOQUINTO: Que el Tribunal desechará esta techa, pues de las respuestas a las correspondientes preguntas que se le propusieron al testigo no revelan que el declarante tenga interés propio, directo o indirecto, en el juicio, aun menos de carácter económico, como es el que ha exigido desde antiguo la jurisprudencia para inhabilitar a un testigo por la causal del artículo 358 Nº 6 del Código de Procedimiento Civil. DECIMOSEXTO: Que a fojas 94 la demandante dedujo tacha de conformidad a los Nºs 4 y 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil en contra del testigo don Jorge Baeza Sandoval, basado en que de sus dichos queda establecido que el testigo trabaja para el demandado, habiendo admitido que lo hacía cuando se produjo el accidente y espera hacerlo en el futuro, relacionándose con el demandado en términos de dependencia que hacen su testimonio parcial. DECIMOSÉPTIMO: Que, evacuando el traslado conferido de dicha tacha, la parte demandada solicitó su rechazo, atendido que la causal del Nº 4 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil exige que los servicios se presten habitualmente y no de manera esporádica, como lo ha dicho el testigo, mientras que en el numeral 5 de dicho precepto legal se exige que el testigo tenga el carácter de dependiente de quien lo presenta, lo que tampoco concurre en la especie, además que la tacha opuesta no es clara ni precisa en cuanto a los términos en que ha sido propuesta. DECIMOCTAVO: Que el Tribunal desechará esta techa, pues de las respuestas a las correspondientes preguntas que se le propusieron al testigo revelan que el declarante ha trabajado como chofer para el demandado y espera hacerlo en el futuro, admisión de la que no deriva ni la habitualidad ni el vínculo de dependencia para con la persona que lo presenta, requisitos que exige la ley para inhabilitar a un testigo. DECIMONOVENO: Que a fojas 99 la demandante dedujo tacha de conformidad a los Nºs 4 y 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil en contra del testigo don Erick Baeza Sandoval, basado en que de sus dichos queda establecido que el testigo ha trabajado para el demandado como chofer y espera hacerlo en el futuro, relacionándose con el demandado en términos de dependencia que hacen su testimonio parcial. VIGÉSIMO: Que, evacuando el traslado conferido de dicha tacha, la parte demandada solicitó su rechazo, atendido que la causal del Nº 4 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil exige que los servicios se presten habitualmente y no de manera esporádica, como lo ha dicho el testigo, mientras que en el numeral 5 de dicho precepto legal se exige que el testigo tenga el carácter de dependiente de quien lo presenta, lo que tampoco concurre en la especie, además que la tacha opuesta no es clara ni precisa en cuanto a los términos en que ha sido propuesta. VIGÉSIMO PRIMERO: Que el Tribunal desechará esta techa, pues de las respuestas a las correspondientes preguntas que se le propusieron al testigo revelan que el declarante ha trabajado como chofer para el demandado y espera hacerlo en el futuro, admisión de la que no se deriva ni la habitualidad ni el vínculo de dependencia para con la persona que lo presenta, requisitos que exige la ley para inhabilitar a un testigo. II. En cuanto al fondo: VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, conforme se relacionó en la parte expositiva de esta sentencia, el demandado opuso como primera defensa la impertinencia del procedimiento sumario para la tramitación y conocimiento de este juicio, pues se trata de una acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, lo cual corresponde que sea conocido en un juicio declarativo de lato conocimiento, esto es, en un juicio ordinario de mayor cuantía, y no en juicio sumario, procedimiento este último que perjudica su derecho a ejercer a una adecuada defensa y constituir un vicio de casación, debiendo rechazarse la demanda por este hecho. VIGÉSIMO TERCERO: Que, en concepto del Tribunal, cabe desechar esta primera defensa pues ella ataca formalmente a la acción y, por ende, debió proponerse como excepción dilatoria, lo que no se hizo. Asimismo, el demandado tuvo a su disposición la norma del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil y pudo pedir oportunamente la sustitución de este procedimiento, de sumario a ordinario, lo que tampoco hizo. Así, entonces, esta primera excepción debe ser desechada por el Tribunal.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

129

VIGÉSIMO CUARTO: Que, como segunda excepción a la acción deducida en su contra, el demandado propuso que se ha invocado una responsabilidad solidaria extracontractual del demandado como dueño de un vehículo motorizado involucrado en un accidente de tránsito, pero no existe sentencia ejecutoriada alguna que haya declarado la existencia del delito o cuasidelito penal o infraccional, cual es la necesaria fuente de la obligación que permita sustentar esta demanda indemnizatoria. VIGÉSIMO QUINTO: Que, efectivamente, y como consta de la demanda de fojas 1, la acción deducida en contra del demandado se basa en lo que dispone el artículo 174 de la ley Nº 18.290 y en lo que prescribe el artículo 2320 del Código Civil, de donde aparece de manera diáfana que el demandante admite que se trata de una responsabilidad extracontractual, más todavía, delictual o cuasidelictual, por el hecho ajeno. VIGÉSIMO SEXTO: Que, como el propio actor lo reconoce en su demanda al invocar expresamente el artículo 2329 del Código Civil en sustento de su acción, la regla general de nuestro derecho es que la responsabilidad es siempre personal, y sólo por excepción una persona puede ser obligada a responder por los perjuicios causados por otro, como ocurre en el caso de las disposiciones legales citadas en el motivo precedente. VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, sobre este asunto, ha de tener presente el Tribunal que, por definición, la responsabilidad solidaria del dueño del vehículo, a la que se refiere el artículo 174 de la ley Nº 18.290, exige como cuestión previa e ineludible que se haya determinado que el conductor del mismo es responsable de una o más infracciones de tránsito y, más todavía, que las mismas hayan tenido directa relación, en carácter de causa basal de los mismos, con los daños y perjuicios que puedan derivarse de un accidente de tránsito. De otra manera, la responsabilidad solidaria invocada por el actor respecto del demandado no es autónoma ni independiente, sino que se encuentra en directa relación con la responsabilidad que al conductor del vehículo le haya cabido en el accidente de tránsito, como quiera que aquella responsabilidad por el hecho ajeno sólo nace a la vida jurídica cuando se ha establecido, de manera legal, la directa y personal responsabilidad infraccional del conductor. VIGÉSIMO OCTAVO: Que, así las cosas, resulta claro que en la especie la responsabilidad infraccional del fallecido conductor del camión patente PC 9325, don Carlos San Juan Peña, nunca fue establecida, como quiera que el Ministerio Público local decidió ejercer su facultad de no investigar, atento al fallecimiento de dicha persona y al hecho que el informe oficial sobre el accidente de tránsito en el que se vio involucrado indicó que sería (esto es, sugirió o propuso, más no lo afirmó) el señor San Juan el que habría conducido el camión a su cargo de manera descuidada. VIGÉSIMO NOVENO: Que, por otra parte, tampoco podría este sentenciador declarar la existencia de tal responsabilidad directa del chofer señor San Juan como autor de las eventuales infracciones a la ley de Tránsito que pudieran haber sido la causa basal de la colisión que resultó en la muerte de la cónyuge del actor y en las lesiones de su hijo menor de edad, como quiera que el demandado no lo pidió en su demanda, y especialmente porque mal podría este Tribunal declarar tal cosa respecto de una persona que no fue demandada a través de sus herederos, para que se declarara su responsabilidad directa en los hechos que el actor ha relatado en su libelo de fojas 1. TRIGÉSIMO: Que, en consecuencia, estando ausente en autos el fundamental requisito exigido por la ley para hacer surgir la responsabilidad solidaria del demandado en relación a los daños y perjuicios del accidente de tránsito descrito en el libelo de fojas 1, sustento jurídico de la acción deducida, esto es, que se haya establecido de manera legal la responsabilidad del chofer del camión patente PC 9325 en el accidente de tránsito relacionado en la demanda, no cabe sino que ella sea rechazada por el Tribunal, como se hará. TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, atento a lo decidido, resulta innecesario para el Tribunal emitir pronunciamiento sobre las restantes excepciones opuestas por la parte demandada. Y VISTO, además, lo dispuesto en los artículos 1698, 2314, 2329 y 2330 del Código Civil; 174 de la ley Nº 18.290; y 690 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, SE DECLARA: I. Que se rechazan las tachas deducidas por la parte demandada en contra de las testigos señoras Iris Rubio Medina y Benigna Morales Montes.

130

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

II. Que se desestiman las tachas deducidas por la parte demandante en contra de los testigos señores Francklin Olivares Valencia, Jorge Gaete Ganora, Jaime Mancilla Bahamondes, Jorge Baeza Sandoval y Erick Baeza Sandoval. III. Que no ha lugar, en todas sus partes, a la demanda interpuesta a fojas 1 por don José Manuel Antonio Rojas Rodríguez, empleado, por sí y en representación de sus hijos menores de edad Benjamín Matías, Valentina Paz y Francisca Alejandra, en contra de don Jaime Armando Perales Mesa. IV. Que no se condena en costas al demandante, por estimar el Tribunal que ha tenido motivo plausible para litigar. Regístrese y notifíquese. Rol Nº 1.176 2006. Dictada por el señor Andrés Pinto Fraser, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras de Arica. Autoriza el señor Kendar O’Ryan Vásquez, Secretario Subrogante.

II. CORTE DE APELACIONES Arica, doce de julio de dos mil siete. VISTO: Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de los considerandos vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, vigésimo noveno, trigésimo y apartados primero, segundo y números III y IV del considerando trigésimo primero, que se eliminan, y con las siguientes precisiones: En los considerandos tercero, sexto, noveno, decimosegundo, decimoquinto, decimoctavo y vigésimo primero se remplaza la palabra “techa” por “tacha”. Y teniendo en su lugar y, además, presente: PRIMERO: Que el apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación en contra del fallo de primer grado a fojas 140 y siguientes, solicitando su revocación, señalando que el Juez a quo estimó para rechazar la acción, que en el proceso no se acreditó la concurrencia del requisito fundamental de la responsabilidad solidaria invocada, esto es, que se haya establecido de manera legal la responsabilidad del chofer del camión de propiedad del demandado en el accidente de tránsito, toda vez que el Ministerio Público Local decidió ejercer la facultad de no iniciar la investigación respecto de dicho hecho, habida cuenta de que según el parecer del sentenciador la investigación oficial sobre el accidente sólo indicó que sería el chofer del camión el autor del siniestro por su manejo descuidado, pero no lo afirmó categóricamente. Agrega que el Tribunal a quo se excusa de declarar la responsabilidad directa del chofer en las eventuales infracciones a la ley del Tránsito que pudieron haber sido la causa basal de los perjuicios reclamados por cuanto la actora no la habría solicitado, y especialmente porque en estos autos no se demandó a los herederos del mismo para proceder a efectuar esta declaración. En relación con el rechazo de la acción por no existir esta declaración previa de la responsabilidad del chofer en el accidente, el apelante indica que dicha argumentación no es aceptable por cuanto la acción deducida en autos implicaba necesariamente que en “este procedimiento se declarase dicha responsabilidad, la que lógicamente es el sustento de la indemnización reclamada al demandado”. Acota que la pretensión de la acción incoada es la indemnización de los perjuicios ocasionados con el accidente a los actores, cuya procedencia necesariamente debe ser establecida en un juicio declarativo como lo es el procedimiento sumario impetrado, toda vez que lo que se reclama es una responsabilidad extracontractual derivada de un cuasidelito civil, la que es independiente de la responsabilidad penal e infraccional y que puede coexistir con éstas, dado que un mismo hecho puede ser al mismo tiempo civil y criminalmente delictuoso. Agrega que es por ello que en este procedimiento, para declararse la obligación del tercero civilmente responsable exigida, era menester previamente determinar si se daban en autos los requisitos de la responsabilidad extracontractual reclamada por los daños ocasionados en el accidente denunciado, pero no buscarla en un procedimiento previo. Y luego de determinada la existencia de un daño susceptible de indemnizar debía verse si el sujeto pasivo de la misma, es decir, en contra de quien se dirigió la acción, está o no en la necesidad jurídica de satisfacer dicha indemnización, ya que de acuerdo a la ley, tal obligación no necesariamente va a recaer en el autor de los daños. Sostiene el recurrente, que de haberse establecido previamente la responsabilidad de la manera exigida por el Juez a quo, el procedimiento hubiera sido distinto, por cuanto ello implicaría la existen-

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

131

cia de una sentencia firme o ejecutoriada, pudiendo ser exigida ejecutivamente. Que en su opinión, lo anterior fue entendido así en un primer momento por el sentenciador, al fijar los puntos de prueba que exigían la acreditación de los daños denunciados y el resto de los requisitos de la responsabilidad extracontractual. En cuanto al considerando vigésimo noveno de la sentencia apelada, en orden a no poder declarar la responsabilidad directa del chofer del camión de propiedad del demandado en el accidente, necesaria para la procedencia de la indemnización reclamada, por no haberse demandado a los herederos. La apelante señala que el sujeto pasivo contra el cual se accionará en estos casos, por regla general va a ser el autor del daño, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2316 del Código Civil, pero no obstante ello, éste no es el único obligado que puede responder de los perjuicios, por cuanto la ley permite dirigir la acción respecto de otros, como lo son los herederos del mismo, el que se aprovechó del dolo ajeno y también respecto del tercero civilmente responsable. Sostiene la recurrente que consta del expediente que la persona sindicada como autor directo de los daños falleció, generándose por lo mismo la necesidad de determinar contra quien podía dirigirse la acción, resolviendo finalmente intentarla contra el dueño del camión y empleador del chofer fallecido, en su calidad de tercero civilmente responsable impuesta el artículo 174 de la ley Nº 18.290 y el inciso 4 del artículo 2320 del Código Civil, norma esta última relativa a la responsabilidad por el hecho ajeno del empresario respecto de sus trabajadores. Agrega que la norma que establece la solidaridad en los daños ocasionados por el uso de un vehículo motorizado permite accionar en contra del conductor, el propietario o el tenedor del mismo al arbitrio del afectado, no exigiéndose en caso alguno la simultaneidad de acciones en contra de los obligados a dicha indemnización, lo que concuerda con lo dispuesto en el artículo 1514 del Código Civil. Asimismo refiere que la norma que establece la responsabilidad por el hecho ajeno tampoco exige perentoriamente demandar conjuntamente al empresario como al trabajador responsable de los daños, por lo que no es necesario, como lo señala el sentenciador, de que para pronunciarse respecto de la responsabilidad del chofer del camión patente PC 9325, se requiere haber demandado a sus herederos conjuntamente con el deudor solidario, toda vez que la ley permite dirigir las acciones respectivas contra unos y otros, siendo esta determinación independiente de la determinación del actuar doloso o culpable del autor del daño, requisito subjetivo de la responsabilidad extracontractual, motivo por el cual la actora manifiesta que para ella era irrelevante demandar a los herederos del chofer. Por último señala que la sentencia no se pronuncia respecto de la indemnización de perjuicios exigidos y la obligación del demandado de satisfacerlos, no obstante estar plenamente acreditados los daños materiales y morales, la culpabilidad del autor directo de los daños y la relación de causalidad exigida entre su actuar y éstos, los que fueron acreditados con la copia íntegra de la investigación realizada por el Ministerio Público que llegó a tales conclusiones y la capacidad delictual del autor de los hechos. SEGUNDO: Que, el hecho en que se fundamenta la demanda, es un accidente de tránsito, acaecido el 31 de agosto de 2005, a la altura del kilómetro 1978 de la ruta A 5 Norte, a las 21:15 horas entre un bus de la empresa de trasportes Carmelita, placa patente XV 2149, y el camión placa patente PC 9325 de propiedad del demandado don Jaime Armando Perales Mesa, conducido por el chofer don Carlos San Juan Peña. Producto de la colisión fallecieron ambos choferes y la pasajera del bus Carmelita, doña Marcela María Ramírez Lara, quien viajaba acompañada de su hijo, Benjamín Matías Rojas Ramírez, quien resultó con lesiones graves, por lo que don José Manuel Antonio Rojas Rodríguez por sí y en representación de sus hijos menores de edad, Benjamín Matías Rojas Ramírez, Valentina Paz Rojas Ramírez y Francisca Alejandra Rojas Ramírez deducen demanda de indemnización de perjuicios en contra de don Jaime Armando Perales Mesa, en su calidad de responsable solidario de conformidad con la ley Nº 18.290. TERCERO: Que la Fiscalía Local de Arica inició una investigación por cuasidelito de homicidio R.U.C. 0500405639 8 R.I.F. 01010508357 la que finalizó por haber ejercido el Fiscal la facultad de no iniciar la investigación por haberse extinguido la responsabilidad penal de don Carlos Iván San Juan Peña. CUARTO: Que al contestar la acción, la demandada opuso seis excepciones perentorias, de las cuales la primera de ellas fue desestimada por el Tribunal a quo en el considerando vigésimo tercero y respecto de la excepción sexta, estimó en forma acertada que no tiene relación alguna con este proceso,

132

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

señalando que “parece corresponder a la defensa planteada en otro juicio, por lo que el Tribunal no se hará cargo de tales argumentaciones, como deja expresa constancia en la parte final de fojas 126. Que las excepciones números tres a cinco no fueron resueltas por el Tribunal inferior, como consecuencia de haberse acogido la segunda excepción, que se indica en el motivo siguiente y que esta Corte no comparte, por lo que será desestimada, lo que hace necesario pronunciarse respecto de las excepciones segunda a quinta. QUINTO: Que la segunda excepción opuesta por la demandada, radica en que: “No existe hecho ilícito que sirva de fuente de la obligación de la demandada. Al respecto argumenta que para que nazca la responsabilidad extra contractual de cualquier tipo, es necesario que previamente se declare la existencia del delito o cuasidelito, penal o infraccional según sea el caso que demande el actor, declarado así por sentencia ejecutoriada dictada por un Tribunal competente, argumento que fue acogido por el sentenciador de primer grado. SEXTO: Que en concepto de esta Corte, cabe desestimar la segunda excepción, por las razones expuestas por la demandante en su escrito de apelación de fojas 140 a 142 y además, porque se encuentra acreditado con los antecedentes del cuaderno de documentos, que existió un hecho ilícito cometido sin la intención de dañar, que provocó la muerte de varias personas, entre ellas, la de doña Marcela María Ramírez Lara, cónyuge del actor don José Manuel Antonio Rojas Rodríguez y madre de los tres menores que actúan representados por éste. Que asimismo, también la Fiscalía Local de Arica a fojas 2 del cuaderno de documentos, al ejercer la facultad de no investigar señala “que la responsabilidad penal del autor de los hechos investigados se encuentra extinguida”, es decir, se encuentra determinado el responsable de los hechos y a fojas 3, reafirman lo anterior al decir “Que, los antecedentes y datos suministrados permiten establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad criminal del afectado, toda vez que según el informe evacuado por la I.A.T. Arica de Carabineros de Chile, la causa basal del accidente sería atribuible a la conducción imprudente de don Carlos Iván San Juan Peña, quien habría fallecido en el lugar del accidente producto de las lesiones sufridas en él. Que no es dable interpretar que la transcripción anterior del informe técnico de la I.A.T. Arica de Carabineros de Chile, sosteniendo que ésta es una mera sugerencia o propuesta, y que como consecuencia de ello, no hay certeza sobre quién es el responsable de los hechos. Dicho razonamiento conduciría a que el informe técnico tendría que afirmar en forma categórica quién es el autor de los hechos, lo que implicaría arrogarse atribuciones que son propias del Poder Judicial. Reafirma lo anterior, que de los antecedentes está claro que don Carlos Iván San Juan Peña, murió en el lugar del accidente como se aprecia en la fotografía Nº 6 de fojas 63 del cuaderno de documentos, sin embargo se señala que éste “habría fallecido en el lugar del accidente, no pudiendo tampoco concluirse de esta redacción que se está proponiendo o sugiriendo el lugar en que acaeció el fallecimiento del conductor ya individualizado”. Que para intentar la acción civil proveniente de un delito o cuasidelito que es a la vez penal, no es menester deducir previa o conjuntamente la acción penal, ni que una sentencia haya establecido y penado ese delito o cuasidelito con anterioridad, por lo que se desestima esta segunda excepción. SÉPTIMO: La tercera excepción opuesta por la demandada se funda en que “los hechos de la demanda ni siquiera fueron de conocimiento del Tribunal y no existe determinación de responsabilidad delictual o cuasidelictual. Lo anterior lo funda en la Fiscalía Local “investigó el hecho en proceso R.U.C. 0500405639 8, a cuyo término determinó su archivo, sin formalizar, y por ende sin acusar a nadie, por lo que reitera de que no existe sentencia definitiva y ejecutoriada al efecto. Esta excepción se rechaza por las razones expuestas en el motivo precedente y además porque en el presente juicio no se ha pretendido establecer la responsabilidad criminal de los conductores, por lo demás, fallecidos en el accidente, sino la existencia del hecho que origina la indemnización solicitada, así como la responsabilidad que en él ha cabido a la parte demandada, por concurrir los presupuestos establecidos en el artículo 174 de la ley Nº 18.290. (Sentencia de casación de 11 de octubre de 2006 de la Excelentísima Corte Suprema en causa rol Nº 6.047 2005). OCTAVO: La cuarta excepción de la demandada. “En cuanto a la responsabilidad por hechos del dependiente, la ley limita al caso en que el empresario no impide la conducta pudiendo hacerlo. Agrega que la ley establece como regla general queja responsabilidad es personal y sólo nace respecto de los

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

133

propios actos. Por excepción se establecen casos en que una persona responde por hechos de terceros, excepciones que tienen su fuente en la ley o en el contrato y que en la especie su representado no estaba en situación de emplear su autoridad contractual de empleador para impedir el hecho. Esta excepción se rechaza porque la responsabilidad solidaria de la demandada está establecida en el artículo 174 inciso segundo de la ley Nº 18.290, presunción legal que no ha sido desvirtuada por la demandada. NOVENO: Quinta excepción opuesta por la demandada. “En cuanto a la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo con que un conductor causa un accidente de tránsito”. Sostiene que el artículo 174 de la ley Nº 18.290 exige que previamente se responsabilice al conductor, como autor de las infracciones de la ley de tránsito, y se acredite que ellas son la causa del siniestro. Esta excepción se rechaza porque la demandada no desvirtuó la presunción legal del artículo 174 inciso segundo de la ley Nº 18.290 y a mayor abundamiento, la demandante probó los tres puntos del auto de prueba de fojas 42, en especial el punto Nº 1 “Efectividad de haberse producido el accidente de tránsito que sirve de fundamento a la demanda”. Circunstancias del mismo, lo que se encuentra acreditado con los documentos e informe pericial del cuaderno de documentos. DÉCIMO: En cuanto al considerando vigésimo noveno de la sentencia apelada, por el que el Juez a quo dice que “tampoco podría este sentenciador declarar la existencia de tal responsabilidad directa del chofer señor San Juan como autor de las eventuales infracciones a la ley de tránsito que pudieran haber sido la causa basal de la colisión que resultó en la muerte de la cónyuge del actor y en las lesiones de su hijo de menor edad, como quiera que el demandado no lo pidió en su demanda, y especialmente porque mal podría este Tribunal declarar tal cosa respecto de una persona que no fue demandada, a través de sus herederos, para que se declarara su responsabilidad directa en los hechos que el actor ha relatado en su libelo de fojas 1. Al respecto esta Corte comparte los argumentos del apelante, consistente en que el sujeto pasivo contra el cual se accionará en estos casos, por regla general va a ser el autor del daño, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2316 del Código Civil, pero no obstante ello, éste no es el único obligado que puede responder de los perjuicios, por cuanto la ley permite dirigir la acción respecto de otros, como lo son los herederos del mismo, el que se aprovechó del dolo ajeno y también respecto del tercero civilmente responsable. Que consta del expediente que la persona sindicada como autor directo de los daños falleció, y que la acción se dedujo en contra del dueño del camión y empleador del chofer fallecido, en su calidad de tercero civilmente responsable de conformidad con el artículo 174 de la ley Nº 18.290 y el inciso 4 del artículo 2320 del Código Civil, norma esta última relativa a la responsabilidad por el hecho ajeno del empresario respecto de sus trabajadores. Que la norma que establece la solidaridad en los daños ocasionados por el uso de un vehículo motorizado permite accionar en contra del conductor, el propietario o el tenedor del mismo al arbitrio del afectado, no exigiéndose en caso alguno la simultaneidad de acciones en contra de los obligados a dicha indemnización. Que la norma que establece la responsabilidad por el hecho ajeno tampoco exige perentoriamente demandar conjuntamente al empresario como al trabajador responsable de los daños, por lo que no es necesario, como lo señala el sentenciador, de que para pronunciarse respecto de la responsabilidad del chofer del camión patente PC 9325, se requiere haber demandado a sus herederos conjuntamente con el deudor solidario, toda vez que la ley permite dirigir las acciones respectivas contra unos y otros, siendo esta determinación independiente de la determinación del actuar doloso o culpable del autor del daño, requisito subjetivo de la responsabilidad extracontractual, motivo por el cual la actora no está obligada a demandar a los herederos del chofer. UNDÉCIMO: Que la sentencia de primer grado no se pronuncia respecto de la indemnización de perjuicios exigidos y la obligación del demandado de satisfacerlos, no obstante estar plenamente acreditados los daños materiales y morales, la culpabilidad del autor directo de los daños y la relación de causalidad exigida entre su actuar y éstos, los que fueron probados con la copia integra de la investigación realizada por el Ministerio Público que llegó a tales conclusiones y la capacidad delictual del autor de los hechos.

134

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

DUODÉCIMO: Que en consecuencia, corresponde que en este proceso, la actora acredite que el responsable del accidente fue el conductor del camión, don Carlos Iván San Juan Peña y que consecuencialmente el demandado Jaime Armando Perales Mesa debe responder solidariamente de los daños ocasionados por éste, y que con motivo del mismo, la demandante sufrió los perjuicios que reclama, y el monto de los mismos. DECIMOTERCERO: Que, al respecto, debe señalarse que un mismo hecho puede constituir a la vez delito o cuasidelito civil y penal, lo que ocurrirá cuando haya causado daño a otro y esté penado por la ley. La responsabilidad penal es la que proviene de un delito o cuasidelito penal, de una acción u omisión penada por la ley (artículos 1 y 2 del Código Penal), que es independiente de toda idea de daño, es decir, aunque éste no se produzca, y acarrea sanciones penales que se persiguen y se hacen efectivas mediante la acción penal que nace de todo delito; en cambio, la responsabilidad civil es la que proviene de un hecho o de una omisión que causa daño a otro, la que puede ser contractual, delictual, cuasidelictual o legal, y para que exista es indispensable que se haya causado un daño en la persona o en la propiedad de otro, sea por violación de una obligación preexistente, por la ejecución de un hecho ilícito, y aun sin culpa, como en el caso de la responsabilidad legal; y su efecto es reparar ese daño, dejar indemne el patrimonio del que lo ha sufrido. La responsabilidad penal y la responsabilidad civil son independientes y provienen de causas diversas y persiguen finalidades distintas. Dicha separación está expresamente reconocida por nuestra legislación positiva, muy especialmente en los artículos 2314 del Código Civil, y 30 del Código de Procedimiento Penal (actuales artículos 53 a 58 del Código Procesal Penal), al disponer el primero que el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito, y los de enjuiciamiento penal que de todo delito nace acción penal para castigar al culpable. Por ende, para intentar la acción civil proveniente de un delito o cuasidelito que es a la vez penal, no es menester deducir previa o conjuntamente la acción penal, ni que una sentencia haya establecido y penado ese delito o cuasidelito con anterioridad. Estos conceptos se encuentran reseñados en el texto de la responsabilidad extra contractual en el Derecho Civil Chileno, del autor Arturo Alessandri Rodríguez, Tomo I, Editorial Jurídica, editado en 1983. DECIMOCUARTO: Que, al respecto, el mismo autor citado anteriormente en la referida obra sostiene que en Derecho Civil y en Derecho Penal la culpa consiste siempre en una falta de cuidado o diligencia, en una imprudencia, negligencia o descuido cometido sin intención de dañar (artículos 2284 del Código Civil y 2 del Código Punitivo), y que el primer cuerpo de leyes ha definido la culpa en su artículo 44, por lo que de ella y de los artículos 2319 y 2329, para los efectos que nos preocupa, la culpa es sinónimo de descuido o negligencia, es la falta de cuidado que los hombres prudentes emplean ordinariamente en sus actos y negocios; por ello la culpa es un error de conducta, supone descuido, imprudencia, negligencia, falta de preocupación, atención y vigilancia, inadvertencia, omisión de aquellos cuidados que la prudencia requiere o hace necesarios. Agrega que la apreciación de la conducta del autor del daño es innecesaria si éste proviene de la violación de una obligación determinada impuesta por la ley o un reglamento, como es el caso de los reglamentos del tránsito. Cuando ello ocurre, hay culpa por el solo hecho de que el agente haya ejecutado el acto prohibido o no haya realizado el ordenado por la ley o el reglamento, pues ello significa que omitió las medidas de prudencia o precaución que una u otro estimaron necesarias para evitar un daño. Añade que para que el hecho de una persona engendre responsabilidad cuasidelictual civil, no basta su ejecución con culpa, siendo indispensable que cause daño, es decir, todo detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su persona, bienes, libertad, honor, crédito, afectos, creencias, etc. También asevera que para que el hecho de una persona le imponga responsabilidad cuasidelictual civil, además de haber sido ejecutado con culpa y cause daño, también es menester que entre la culpa y el daño haya una relación de causalidad, es decir, que éste sea la consecuencia o el efecto de esa culpa, conforme con lo previsto en el artículo 2314 del Código Civil, y lo refuerza el artículo 2329 al estatuir que

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

135

todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta. Y hay relación de causalidad cuando el hecho culposo es la causa directa del daño, cuando sin éste no se habría producido. DECIMOQUINTO: Que la actora demanda $ 5.000.000 por concepto de daño emergente, consistentes en los perjuicios provenientes como consecuencia directa del accidente, como gastos propios del funeral de doña Marcela María Ramírez Lara, traslados de la familia para estos efectos, consultas médicas para Benjamín Matías Rojas Ramírez, gastos de medicamentos y terapias tanto físicas como psicológicas para él y sus hermanos, contratación de personas para su cuidado y asistencia y por daño moral la suma de $ 100.000.000 por el hecho de haber perdido el actor su esposa y madre de sus hijos y el sufrimiento padecido por su hijo Benjamín Matías Rojas Ramírez quien sobrevivió al accidente. DECIMOSEXTO: Que, respecto al daño emergente, los actores los acreditaron con el contrato de servicios funerarios de fojas 17 que su costo era de $ 200.000, los que fueron pagados con $ 100.000 en efectivo y tres letras de $ 34.000, lo que da un total de $ 202.000, documento que no fue objetado; A fojas 65 rola fotocopia autorizada ante Notario Público de orden de ingresos municipales Nº 705799 de 2 de septiembre de 2005, correspondiente a sepultación de doña Marcela María Ramírez Lara, por $ 294.595; orden de ingreso municipal de fojas 66, correspondiente a pago de sepultación de doña Marcela Ramírez Lara, por $ 44.965 de fojas 66; certificado de la traumatóloga, doctora Denis Fuentes Ibarra de 30 de septiembre de 2005, en que se indica fractura de fémur, evaluación kinésica y sesiones de terapia, correspondiente al menor de 3 años, Benjamín Rojas Ramírez que rola a fojas 68; órdenes de exámenes expedida por la doctora Denis del menor Benjamín Rojas Ramírez de fojas 69; boleta de honorario Nº 000248 de 30 de septiembre de 2005 por la suma de $ 20.000, extendida por la doctora Denis Fuentes Ibarra, documento rolante a fojas 70; comprobante de pago de Sky Airline de fojas 72 de 24 de mayo de 2006 a nombre de don José Manuel Rojas por $ 251.156; comprobante de pago de Sky Airline a nombre del actor y de sus hijos menores Benjamín, Francisca y Valentina Rojas por $ 67.415 de fojas 74; comprobante de pago de Sky Airline de fojas 75 a nombre de don José Manuel Rojas por $ 33.658; dos certificados del médico psiquiatra don Cristián Guido Osorio Godoy, en que consta atención al paciente don José Rojas Rodríguez, documentos que rolan a fojas 77 y 78; y boleta de honorarios electrónica otorgada por el doctor Cristián Guido Osorio Godoy de fecha 3 de octubre de 2005, por la suma de $ 30.000 de fojas 79, documentos que no fueron objetados. DECIMOSÉPTIMO: Que para acreditar el daño moral, la actora rindió prueba testimonial, consistente en la declaración de tres testigos: La primera de ellas, la sicóloga doña Iris Andrea Rubio Medina, quien depone a fojas 50 a 53 y que declara que el menor Benjamín Rojas es su paciente, el que a la fecha tiene 4 años “está teniendo problemas emocionales y trastornos producto de la experiencia vivida...”, más adelante agrega que “presenta crisis de angustia, eneuresis, ecupesis, retraimiento, introversión, llantos incontrolables, aislamientos, poco manejo de la frustración, que no son acordes al comportamiento de un niño de su edad...” lo que la lleva “a deducir que va a tener que realizar una terapia de muchos años para superar la experiencia vivida. Por ejemplo usa pañales y tiene más de cuatro años, el niño no habla, el niño a veces tiene conductas autistas, el niño se hace daño a veces, tiene pesadillas, por lo tanto todos esos síntomas indican un claro daño emocional, por lo tanto se tendrá que invertir en él muchos años de sicoterapeutas, sicopedagogos y fonoaudiólogos para que logre el nivel adecuado para un niño de su edad. La testigo manifiesta que “el hecho de que el accidente ocurrió en la noche donde un niño de tres años en ese entonces vivió esa experiencia, le va a costar afrontar situaciones que cualesquier persona sin esos traumas podría afrontar”. Además el accidente cambió significativamente su modo de vivir y los niños están acostumbrados a regirse por parámetros similares, por lo tanto debió readecuarse a un modo de vida distinto sin su madre y con un buen tiempo sin poder caminar. Agrega que “La familia se encuentra dañada, con los mismos síntomas del menor, yo pude observarlos a través de una conversación cuando cité a la familia a mi consulta, pero fue sólo una única vez, no puedo hablar de la gravedad que los afecta, ya que no son mis pacientes, pero sí puedo dar fe de su daño, a través de la conversación que yo realice esa vez, yo los cité a ellos para aumentar

136

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

mi nivel de información de mi paciente Benjamín Rojas, acerca del comportamiento que tenía antes, durante después del accidente y allí pude constatar que las menores sobre todo el padre están afectados. La testigo Angélica Luisa Olmedo Milla, quien declara que viajaba como pasajera del bus Carmelita y a fojas 57 que ella dice que estuvo “hospitalizada en la sala de pediatría, no había lugar, el niño gritó toda la noche buscando a su mamá, es un perjuicio terrible para la madre que murió, para el niño, para la familia”. La calidad de testigo presencial se encuentra corroborado por el listado de pasajeros del cuaderno de documentos a fojas 60, en que aparece individualizada como Luisa Olmedo Millas de 67 años. La testigo Benigna Juana Morales Montes, pasajera del bus Carmelita, quien declara a fojas 62 “Yo pienso en esa familia como deben estar sicológicamente, sin mamá, el niño también sufrió tanto físico como psicológico”. La calidad de testigo presencial, encuentra corroborado por el listado de pasajeros del cuaderno de documentos a fojas 60, en que aparece individualizada como Juana Morales Montes de 55 años. Que los dichos de los testigos de la demandante, por su número y calidad, deben estimarse plena prueba para establecer la pretensión de los actores, conforme lo prevé el artículo 384 Nº 2 del Código de Procedimiento Civil. DECIMOCTAVO: En cuanto a la causa del accidente: La testigo Angélica Luisa Olmedo Milla quien declara a fojas 55 a 58, señala que era pasajera del bus Carmelita, y que el accidente fue a las “nueve y media de la noche, yo iba despierta y fuimos impactados en una forma extraordinariamente fuerte por un camión de transportes, grande, inmenso. El bus iba tranquilamente porque iba a una velocidad moderada y ahí se produce el accidente...” agrega que fue “un choque frontal, quedamos completamente a obscuras y posteriormente yo no sabía en qué dirección estaba, nunca perdí el conocimiento...”. Repreguntada la testigo para que diga quién fue el responsable del accidente relatado. La testigo responde, con absoluta seguridad, fue el camión que nos chocó.... (fojas 56). Agrega que “el camión que se mete a la línea donde nosotros vamos circulando, es lo que me hace decir que nos chocaron; a nosotros nos chocaron”. La testigo Benigna Juana Morales Montes quien declara a fojas 59 a 63, señala que era pasajera del bus Carmelita, y al ser repreguntada indica que el camión se cambió de pista “porque el camión estaba para el lado del bus, no sé cómo explicar y además todos los que venían adelante decían que el camión fue el que se salió de la pista” y más adelante agrega que “al retirar los documentos de fiscalía, ahí me enteré que el camión, era el que tenía la culpa”. Que las declaraciones de las testigos de la actora son coincidentes con el informe pericial de la SIAT de Carabineros de Chile que se encuentra agregado al cuaderno de documentos, por lo que sus declaraciones constituyen plena prueba de conformidad con el artículo 384 Nº 2 del Código de Procedimiento Civil. Por su parte la demandada rindió prueba testimonial con los testigos Francklin Patricio Olivares Valencia, de fojas 84 a 89, quien manifiesta que en su calidad de perito judicial en materia de tránsito e investigación de accidentes, se le requirió profesionalmente un informe pericial por la Compañía Aseguradora Cruz del Sur, peritaje que no forma parte del proceso, y sus declaración pierde valor por existir el informe técnico pericial Nº 17 C 2005 de Carabineros de Chile que rola a fojas 49 67 del cuaderno de documentos, único documento oficial respecto del accidente materia de la litis. Testigo Jorge Orlando Gaete Ganora, trabajador de la Aseguradora Royal & Sunalliance Seguros Chile S.A. quien a fojas 89 señala que “nosotros tuvimos conocimiento como Cía. el mismo día del accidente, presentándonos en el sitio del suceso, alrededor de las once o doce de la noche, fueron como tres o dos horas después del accidente y constatando que efectivamente hubo un accidente y encontrando antecedentes y pruebas que demostrarían la culpabilidad del bus, en declaración que no guarda relación con el informe técnico pericial de Carabineros de Chile, ya citado”. Declaración del testigo Jaime Guillermo de Lourdes Mancilla Bahamondes, gerente de la Compañía de Seguros, que al momento del accidente se llamaba Cía. de Seguros Generales Cruz del Sur, actualmente es Compañía de Seguros Royal & Sunalliance Seguros Chile (fojas 90). En su opinión el responsable del accidente de tránsito “el bus sobrepasa el eje de la calzada..., lo que no se condice con

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

137

el informe técnico pericial Nº 17 C 2005 de Carabineros de Chile que rola a fojas 49 67 del cuaderno de documentos”. Declaración del testigo Jorge Enrique Baeza Sandoval, trabajador esporádico de la demandada (fojas 93) quien señala que “De acuerdo a mi apreciación el accidente se produjo por culpa del bus, que trató de adelantar a otro bus...”. Agrega que “lo que yo vi fue que la rampla del camión estaba en la pista del lado derecho, de norte a sur por el hecho, yo creo que el bus, venía adelantando, porque si no el camión hubiera estado todo en la pista izquierda...” (fojas 94 y 95). Más adelante agrega, “que los ejes de la rampla estaban al lado derecho de la calzada y esa era su pista y él chocó, o el tracto camión estaba en la pista izquierda producto del impacto” (fojas 95). De la declaración del testigo se llega a la conclusión de que si el tracto camión estaba en la pista contraria, es porque éste obstruyó la circulación del bus al ingresar a la pista por la que circulaba éste, quedando la rampla del camión en la pista derecha, sin perjuicio del informe técnico pericial Nº 17 C 2005 de Carabineros de Chile que rola a fojas 49 67 del cuaderno de documentos, único documento oficial respecto del accidente materia de la litis. Declaración del testigo Heriberto Hernán Hidalgo Huerta, liquidador de seguros, quien presta servicios a diferentes compañías aseguradoras, en este caso para Cruz del Sur, compañía que tiene asegurado el camión de la demandada (fojas 97), quien manifiesta que de “acuerdo a mi apreciación considerando las pruebas existentes en el lugar, el bus sobrepasó el eje central de la calzada invadiendo la circulación de la calzada del camión...” (fojas 97), declaración que no se condice con el informe técnico pericial ya individualizado. Testigo Erick Claudio Baeza Sandoval, trabajador esporádico de la demandada (fojas 99) quien señala que “yo llegué al lugar del accidente cuando habían pasado sólo cinco minutos, por lo mismo que íbamos en caravana bajando y Carlos iba adelante, en ese momento el bus hizo un adelantamiento, cruzando el eje de la calzada, intentando adelantar a un bus, Tur Bus...etc”. Esta declaración es poco verosímil, porque el accidente ocurrió de noche y si a ello se agrega que según el testigo llegó cinco minutos después de acuerdo exclusivamente a sus dichos y que en carretera ello implica una distancia de varios kilómetros, partiendo de la base que el camión que colisionó con el bus viajaba a una velocidad de 100 kilómetros por hora, y que el camión conducido por el testigo viajaba a una velocidad igual al de su antecesor, siete minutos y medio equivalen a recorrer 12,2 kilómetros, por lo que aunque se hubiese encontrado a tres kilómetros de distancia no habría podido ver el adelantamiento que dice haber visto y menos de noche. Que las declaraciones de los testigos de la demandada son contradictorias con la de los testigos de la demandante, pero en consideración a que dos de éstos últimos eran pasajeros del bus Carmelita siniestrado, y que además sus declaraciones son coincidentes con el peritaje de la I.A.T. de Carabineros de Chile agregado al cuaderno de documentos a fojas 49 y siguientes, se tendrá por cierto lo declarado por los testigos de la actora de conformidad con el artículo 384 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil. DECIMONOVENO: Que la parte demandante solicitó que se trajese a la vista el expediente criminal por cuasidelito de homicidio R.U.C. 0500405639 8 el que fue remitido por Fiscalía Local de Arica a fojas 111, ordenándose la formación de cuaderno separado a fojas 112, en el cual se encuentran dos informes, el primero de ellos, pericial mecánico que rola a fojas 38 y siguientes del cuaderno de documentos en que se señala: 1. “La posición de los interruptores de los brakes en posición off, permite inferir que, el tracto camión circulaba con uno de sus sistemas de seguridad de frenos, desconectado. (fojas 44 del cuaderno de documentos). 2. “Los neumáticos del bus, tractocamión y semi-remolque, no evidenciaban indicios de frenado brusco en sus bandas de rodadura, ni sedimentos de elementos de fricción recientes de los componentes de los conjuntos de frenos, en cada una de sus ruedas. (fojas 44 del cuaderno de documentos). 3. En la conclusión 3.4, se indica que “El bus exhibía daños atribuibles a impacto por cuerpo dinámico (tractocamión en el sector frontal; y además, presentaba daños atribuibles a volcamiento sobre el costado derecho de su estructura” (fojas 44 del cuaderno de documentos). El segundo informe técnico pericial de investigación de accidentes en el tránsito Nº 17 C 2005 de fojas 49 a 67 del cuaderno de documentos en que se señala que:

138

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

1. La visual era “regular, limitada para ambos participantes a los haces luminosos proyectados por sus focos delanteros” (fojas 50 del cuaderno de documentos). 2. Señalización horizontal: “Eje de calzada demarcado por línea discontinúa” y por “tachas reflectantes” (fojas 50 del cuaderno de documentos). 3. “Derrumbes de piedras” (fojas 51 del cuaderno de documentos). 4. Aclaración previa: El camión corresponde al participante (1) y el bus al participante (2). Dinámica general del accidente: “El participante (1), conducía el móvil por el costado derecho de la Ruta 5 Norte, en dirección al sur, a una velocidad estimada no inferior a los 100 k/h. El participante 2) conducía el móvil por el costado derecho de la calzada de la Ruta R 5 Norte, en dirección al norte, a una velocidad no determinada por falta de elementos técnicos de juicios suficientes que permitan su cálculo. En las condiciones antes descritas, el participante (1) presumiblemente al efectuar una maniobra evasiva hacia la izquierda con el fin de evadir áridos en la calzada (piedras y tierra), provocados por un derrumbe del talud poniente de la cuesta Camarones, traspasó el eje de calzada demarcado con línea discontinua, a raíz de lo cual, obstruyó la normal circulación al móvil (2) colisionando con el tercio y medio de la parte frontal de su carrocería, en el tercio izquierdo de la parte frontal de la estructura del móvil (2), hecho ocurrido en la zona de impacto acotada y achurada en el levantamiento planimétrico adjunto, en circunstancias que ambos móviles se desplazaban en rodaje libre, (fojas 56 del cuaderno de documentos). Fundamentos del accidente investigado: “Se fundamenta la estimación de la velocidad del móvil (1) sobre la base de la aguja del velocímetro fijada a los 100 k/h., del cual se adjuntan fotografías; magnitud de los daños en ambos móviles y desplazamientos de ambos móviles luego de ocurrido el impacto. Se fundamenta la zona de impacto entre el móvil (1) y el móvil (2) y zona de volcamiento del móvil (2), sobre la base de los siguientes aspectos: a) Eje de trayectoria desarrollado por ambos móviles en sus respectivos desplazamientos por la vía, antes de producirse el accidente. b) Localización de los daños estructurales de ambos móviles y descritos por el oficial investigador en la respectiva descripción de daños, a los cuales fueron sometidos en el lugar del accidente. c) Estudio de los indicios proyectados y esparcidos sobre la calzada, tales como restos de pintura, vidrios, micas, tierra, restos de aceite y combustible, debidamente acotados en el plano. d) Proyecciones post impacto de ambos móviles. e) Posición final de ambos móviles en la vía. f) Marcha analítica desarrollada por el oficial investigador, en el lugar del accidente el que involucró el estudio del terreno y vehículos. Se fundamenta la presunción que el móvil (1) efectuó una maniobra evasiva a la izquierda y con el cual traspasó el eje de la calzada, a raíz de lo cual, obstruyó la normal circulación al móvil (2), sobre la base de los siguientes aspectos: a) La velocidad que le imprimía el conductor del móvil (1) al vehículo, no siendo ésta inferior a los 100 k/h, se traduce en que el móvil avanzaba a una distancia de 27,7 metros por segundo, con lo cual incide con la distancia de la ubicación de la zona de impacto entre ambos móviles y la ubicación del derrumbe en el plano, existiendo una distancia de 24 metros, con lo cual, ratifica que el conductor del móvil (1) a la velocidad que se desplazaba y su distancia de recorridos, al momento de efectuar la maniobra evasiva a la izquierda es tan sólo de un segundo, se salió de su correcta pista de circulación, obstruyendo la normal circulación al móvil (2). b) Sumado con el punto anterior, la ubicación de los daños de ambos móviles donde se concentran en el tercio derecho y medio de la parte frontal del móvil (1), conlleva que éste fue el primer punto de contacto con la carrocería del móvil (2), corroborando que dicho conductor efectuó una maniobra evasiva a la izquierda. c) Las posiciones finales y proyecciones de ambos móviles post impacto, ya que ambos vehículos quedaron entre la calzada y berma oriente de la vía, siendo la normal circulación del móvil (2), antes del accidente.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

139

d) El lugar del accidente ocurre en un tramo recto de la vía, por ende, ambos conductores mantenían una buena visual referente uno de otro, teniendo en consideración que los dos vehículos transitaban con las luces delanteras prendidas y los haces proyectaban una luminosidad mínima de 150 metros, debido al ser zona rural y por tanto deben conducir con luces altas, ante lo cual, ambos conductores se percataron del vehículo en sentido contrario a una distancia razonable y prudente, antes de efectuar el cambio de luz baja. e) Además de la ausencia de huellas de frenada y/o evasivas, lo que hace presumir y corroborar que el accidente se produjo por una maniobra sorpresiva. f) Se pudo apreciar que efectivamente el neumático delantero derecho del móvil (1) se encontraba con adherencia de restos de tierra pertenecientes al mismo tipo que las del derrumbe, por tal motivo, éste pasó sobre áridos en el lugar. g) Además, las primeras personas en llegar al sitio del suceso, removieron parte de las piedras del derrumbe que se encontraban en parte de la calzada, con el fin de evitar otro accidente por tal motivo, en el levantamiento planimétrico, se hace presente dichos áridos sólo en la berma. (fojas 57 a 58 del cuaderno de documentos). Lo anterior tiene su fundamento en las fotografías de fojas 62 a 65 y en el levantamiento planimétrico en el que se representa el accidente de tránsito de fojas 66 y 67. VIGÉSIMO: Que el peritaje anterior lleva a esta Corte a presumir judicialmente que la causa basal de la colisión fue que el camión patente PC 9325 conducido por el chofer Carlos Iván San Juan Peña era de cien kilómetros por hora (fotografía Nº 5 de fojas 63 del cuaderno de documentos y parte final del informe pericial de fojas 57); Que había derrumbes de piedras y tierra en la pista por la que circulaba el camión, (letras f) y g) de fundamentos del accidente investigado rolante a fojas 55 del cuaderno de documentos) y que al intentar esquivar éstas, el camión conducido por don Carlos Iván San Juan Peña traspasó la línea de demarcación al tratar de esquivar las piedras, obstruyendo la normal circulación del bus, colisionando con el tercio derecho y medio de la parte frontal de su carrocería, en el tercio izquierdo de la parte frontal del bus XV 2149 que lo hacía en sentido contrario, quedando en definitiva el tracto camión y el bus en la pista de circulación de éste último (fojas 56 y 157 de informe pericial del cuaderno de documentos), presunción que a juicio de esta Corte, constituye plena prueba, por revestir caracteres de gravedad, precisión y concordancia suficientes para formar su convencimiento. VIGÉSIMO PRIMERO: Que, de acuerdo con la prueba rendida en autos, por la actora pormenorizada precedentemente y ponderada comparativamente, han quedado establecidos en el proceso, los siguientes hechos: Que el 31 de agosto de 2005, aproximadamente a las 21:30 horas, don Carlos San Juan Peña conducía el camión patente PC 9325, de propiedad del demandado don Jaime Armando Perales Mesa, en dirección al sur, a una velocidad de 100 kilómetros por hora, y a la altura del kilómetro 1.978 se encontró presumiblemente con piedras en la calzada, producto de derrumbes, y para esquivarlas cruzó a la pista contraria impactando de frente al bus patente XV 2149, conducido por don Carlos Soto Soto según consta de fojas 55 del cuaderno de documentos, de propiedad de la empresa Carmelita, quien transitaba en dirección al norte, y a consecuencia de lo cual fallecieron ambos choferes y la pasajera del bus, doña Marcela María Ramírez Lara de 35 años, y resultando con fractura de fémur en su pierna izquierda el menor, Benjamín Matías Rojas Ramírez, que a esa fecha tenía tres años. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que corresponde dejar establecido que don Jaime Armando Perales Mesa no ha desvirtuado las presunción legal de dominio del camión inscripción PC 9325, en cuya virtud ha sido demandado, establecida en el artículo 38 de la ley Nº 18.290, ley de Tránsito, y en especial la del artículo 174 inciso segundo de ese mismo cuerpo legal. En consecuencia las presunciones legales precedentes constituyen plena prueba, por no haber sido destruidas por la demandada. VIGÉSIMO TERCERO: Que ratifica este hecho culposo, la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de esta ciudad, con fecha 11 de noviembre de 2005 en la causa R.U.C. Nº 0500405639 8, R.I.T. Nº 4294 2005, que resuelve que los hechos investigados no son constitutivos de delito, como consta de fojas 1 del cuaderno de documentos y con el escrito de 10 de noviembre de 2005, que rola a fojas 2 de dicho cuaderno, por el cual la Fiscalía Local de Arica, ejerció la facultad de no investigar del artículo 168 del Código de Procesal Penal, “toda vez que la responsabilidad penal del autor de los hechos investigados se encuentra extinguida”, lo que se encuentra relacionado con el punto 3 de fojas 4 del cuaderno

140

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

de documentos, en que se señala: “Que los antecedentes y datos suministrados permiten establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad criminal del afectado, toda vez que según el informe evacuado por la I.A.T. Arica de Carabineros de Chile, la causa basal sería atribuible a la conducción imprudente de don Carlos Iván San Juan Peña”. VIGÉSIMO CUARTO: Que el artículo 2314 del Código Civil dispone que el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito. Por su parte, el artículo 2329 del citado cuerpo legal, agrega que por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta. De lo anterior, se desprenden los presupuestos de la responsabilidad extracontractual: 1. Que se haya causado daño; 2. Que el hecho que lo generó provenga de dolo o culpa; 3. Que exista un nexo causal entre el hecho culposo y el daño y 4. Que el autor sea capaz de delito o cuasidelito civil. VIGÉSIMO QUINTO: Que habiéndose establecido que el conductor del camión don Carlos San Juan Peña, fallecido en el accidente de tránsito, conducía un camión a 100 kilómetros por hora de noche, siendo las 21:30 horas, en una zona recta, al realizar una maniobra evasiva a la izquierda, por existir piedras y tierra producto de derrumbes en la vía, traspasó el eje de la calzada, a raíz de lo cual obstruyó la normal circulación del bus, por lo que con su actuar infringió los artículos 148; 150 Nº 2.3; 170; 172 Nºs. 2, 7 y 13, de la ley Nº 18.290, Ley de Tránsito, que lo obligaban a conducir a una velocidad razonable y prudente, bajo las condiciones existentes, para evitar accidentes, por lo que, conforme con el artículo 2314 del Código Civil, debido a su actuar culposo es el responsable del accidente y consecuencialmente el propietario del camión placa patente PC 9325, don Jaime Armando Perales Mesa está obligado a la indemnización de los daños de conformidad al artículo 174 inciso segundo de la ley Nº 18.290, que hace responsable de los daños causados por un vehículo a su conductor y solidariamente a su dueño. VIGÉSIMO SEXTO: Que existe una relación de causalidad entre el hecho negligente y el daño provocado a los actores, es directo e inmediato, ya que causó la muerte de doña Marcela María Ramírez Lara de 35 años de edad, madre de los tres menores que actúan representados por su padre, y la pérdida para éste de su cónyuge y además las lesiones graves sufridas por el menor Benjamín Matías Rojas Ramírez. VIGÉSIMO SÉPTIMO: En cuanto al daño emergente, el actor demandó por la suma de $ 5.000.000 y al efecto rindió prueba instrumental, consistente en los documentos no objetados de fojas 17, 65, 66, 70, 72, 74 y 79, con lo que probó daño emergente por la suma de $ 945.789, por lo que se acogerá éste sólo por dicho monto. VIGÉSIMO OCTAVO: Que en cuanto al daño moral, que se cobra como consecuencia de la muerte de doña Marcela María Ramírez Lara, cónyuge del actor don José Manuel Antonio Rojas Rodríguez, persona que a la fecha de su fallecimiento tenía 35 años de edad y de las lesiones graves sufridas por el menor Benjamín Matías Rojas Ramírez, que a la fecha del accidente tenía tres años de edad, y quien resultó con fractura en su fémur izquierdo y herida contusa en su cuero cabelludo, de carácter grave, las mismas aparecen acreditadas al individualizarse los pasajeros lesionados del bus a fojas 55 y 56 del cuaderno de documentos y con la fotocopia del documento público agregado a fojas 7, consistente en el certificado de defunción de doña Marcela María Ramírez Lara y del protocolo de autopsia que rola a fojas 11 a 13 de la médico legista, doctora M. Soledad Arredondo Bahamonde, del Servicio Médico Legal de Arica, en que se constató que la causa de la muerte fue traumatismo craneanoencefálico y de extremidades inferiores. VIGÉSIMO NOVENO: Que, obviamente, la muerte de su cónyuge y madre de los menores Benjamín Matías Rojas Ramírez; Valentina Paz Rojas Ramírez y Francisca Alejandra Rojas Ramírez, que actúan representados por su padre y las lesiones graves sufridas por el menor Benjamín Matías Rojas Ramírez, como consecuencia del accidente de tránsito de que se trata, han sido motivo suficiente para producirle a la familia y a cada uno de los actores en forma individual un estado de aflicción, debido al fallecimiento de doña Marcela María Ramírez Lara, madre y esposa de los actores y de la enfermedad e incapacidad que produjeron especialmente en el menor Benjamín Matías Rojas Ramírez, las que le han causado un sufrimiento moral y físico, el que legalmente no requiere ser probado, los que son regulados prudencialmente por el Tribunal en la suma de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos).

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

141

Por las razones expuestas precedentemente, normas legales citadas, y de conformidad con los artículos 148; 150 Nº 2.3; 170; 172 Nº 2, 7 y 13 y artículo 174 inciso segundo de la ley Nº 18.290; artículos 1698; 1712; 2314 y 2329 del Código Civil; 144; 170; 208; 342; 346; 384 Nº 2 y 3, 426 y 680 inciso 1º del Código de Procedimiento Civil, se declara que se revoca, en lo apelado, la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil siete, escrita de fojas 122 a 138, que rechaza la demanda interpuesta en lo principal del escrito de fojas 1, y en su lugar se declara que se la acoge sólo en cuanto se condena al demandado Jaime Armando Perales Mesa a pagar al actor José Manuel Antonio Rojas Rodríguez y a sus hijos menores Benjamín Matías Rojas Ramírez; Valentina Paz Rojas Ramírez y Francisca Alejandra Rojas Ramírez la suma de $ 945.789 (novecientos cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y nueve pesos) por daño emergente, y $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) por daño moral, más reajustes e intereses corrientes a partir de la fecha de ejecutoria del presente fallo y hasta su pago efectivo, con costas, por haber sido vencido totalmente la demandada. Regístrese y devuélvase. Redacción del Abogado Integrante señor Vladimir Bordones Garrido. Pronunciado por la Primera Sala integrada por los Ministros señor Javier Aníbal Moya Cuadra, señora Cristina Araya Pastene y Abogado Integrante señor Vladimir Bordones Garrido. Autoriza el Secretario don Fernando González Morales. Rol Nº 69 2007 Civil.

III. CORTE SUPREMA Santiago, dieciocho de diciembre de dos mil ocho. VISTOS: En los autos rol Nº 1176 2006 del Primer Juzgado de Letras de Arica, sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios incoado por José Manuel Antonio Rojas Rodríguez, por sí y en representación de tres hijos menores, en contra de Jaime Armando Perales Mesa, se dictó por el Juez titular de ese Tribunal sentencia definitiva, en la que desestimó la demanda en todas sus partes. Apelado este fallo, la Corte de Apelaciones de Arica lo revocó, condenando al demandado a pagar a la parte demandante determinadas sumas de dinero, por concepto de daño emergente y daño moral, con los intereses y reajustes que en la sentencia de alzada se indican. En contra de este fallo el demandado interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo. Se trajeron los autos en relación. CONSIDERANDO: A. En cuanto al recurso de casación en la forma: PRIMERO: Que el recurrente ha sostenido que la sentencia impugnada incurrió en la causal de casación formal consagrada en el artículo 768 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170 del mismo cuerpo legal, en este caso, las consideraciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento, a que se refiere el número 4º de esta última norma. Explica, a este respecto, la recurrente que en su fundamento sexto la sentencia impugnada expresa que “cabe desestimar la segunda excepción (de la demandada) por las razones expuestas por la demandante en su escrito de apelación de fs. 140 a 142; remisión a una pieza procesal ajena a la misma sentencia, violándose así la obligación establecida en el artículo 170 Nº 4 citado, pues resulta insuficiente para darle al fallo una debida sustentación”; SEGUNDO: Que, como segunda causal de casación en la forma, el recurso sostiene que la sentencia fue pronunciada ultrapetita, otorgando más de lo pedido por la demandante y extendiéndose a puntos no sometidos a la decisión del Tribunal, configurando con ello la causal de invalidez del artículo 768 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil. Fundamentando esta causal, expone el recurrente que en el fallo se formulan diversas consideraciones en torno a la existencia de un hecho ilícito que configuraría un cuasidelito y de la responsabilidad que en él le cabría al chofer del camión Carlos San Juan Peña; empero el demandante no fundamentó su pretensión en la existencia del citado ilícito ni en la presunta culpa del conductor del vehículo de propiedad del demandado, limitándose el actor en su libelo a relatar la existencia del accidente; de lo que se deduce que los Jueces del fondo excedieron su competencia,

142

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

actuando de oficio en un juicio civil, al pesquisar un ilícito, declarar su existencia y establecer responsabilidades; TERCERO: Que, explicando la forma como los vicios denunciados han influido en lo sustantivo del fallo, el recurso señala que al carecer la sentencia de fundamentos, remitiéndose únicamente a una pieza del proceso, dejó en la indefensión a su parte, pues no pudo conocer el alcance de los basamentos que los sentenciadores tuvieron en consideración y ello se limitó el ejercicio de sus derechos. Respecto de la segunda infracción la ultra petita indica que el perjuicio a su parte se produjo, pues, al no ser los hechos descritos en el fallo parte de los fundamentos o peticiones de la demanda, no fueron aspectos controvertidos, con lo que se le impidió ejercer su defensa en forma eficiente y oportuna. CUARTO: Que, en lo que dice relación con el primer vicio denunciado, si bien en el motivo sexto de la sentencia que motiva el presente recurso se hace una referencia al escrito de apelación del demandante para desestimar la segunda de las excepciones opuestas por el demandado, en el mismo fundamento se agregan las razones que llevan a los sentenciadores a concluir en tal rechazo punto éste sobre el cual se extienden latamente, haciendo referencia pormenorizada de los antecedentes del proceso que acreditan la existencia de un ilícito y de la responsabilidad del conductor del camión en el mismo para terminar explicando la razón jurídica que motiva su decisión. En consecuencia, no siendo efectivos los fundamentos en que se apoya el recurso de casación en esta parte, él no puede prosperar bajo tal respecto; QUINTO: Que, de conformidad con lo que dispone el artículo 768 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil, se incurre en ultra petita cuando la sentencia otorga más de lo pedido o se extiende a puntos no sometidos a la decisión del Tribunal. En estos autos el demandante solicitó una indemnización de perjuicios por la responsabilidad extracontractual que imputó al demandado, como propietario del camión que ocasionó el accidente en el cual perdió la vida su cónyuge y quedó gravemente herido su hijo de tres años y, dentro de ese contexto, el fallo acogió en parte la acción, estimando que el conductor del camión Carlos San Juan Peña era responsable del accidente y, en consecuencia, el demandado debía responder de los perjuicios causados en su calidad de tercero civil, tal como fue demandado. Así lo entendieron, por lo demás, tanto el sentenciador de primer grado como las partes del juicio, siendo esas circunstancias de hecho recogidas en el punto primero de la interlocutoria de prueba que se lee a fs. 42, situación no reparada en su oportunidad por el recurrente, lo que a su vez, motivó que las partes aportaran prueba respecto de tales hechos, la que fue ponderada por el Tribunal y lo llevó a concluir del modo en que lo hizo; SEXTO: Que, en virtud de los razonamientos anteriores, el recurso de casación en la forma debe ser desestimado; B. En cuanto al recurso de casación en el fondo: SÉPTIMO: Que el recurso denuncia que la sentencia de segundo grado ha incurrido en la vulneración de lo dispuesto en los artículos 2314 del Código Civil y 174 de la ley 18.290, yerro que se produciría al estimar los sentenciadores que bastaba atribuir responsabilidad civil al propietario del camión que participó en el accidente, sin que sea necesario pedir que se declare la existencia de un ilícito por parte del conductor y autor directo del daño. Expone que la responsabilidad civil del propietario del camión, no es autónoma ni independiente de la responsabilidad del conductor, de modo que sólo nace en cuanto se acredite la responsabilidad de éste en los hechos, cuyo no es el caso. Agrega que la ley extraordinariamente establece casos en que una persona responde solidariamente por hechos de terceros; excepciones, que tienen su fuente en la ley o en el contrato y que deben ser interpretadas en forma restrictiva, constituyendo una de ellas la contemplada en el artículo 174 de la ley del Tránsito, solidaridad que exige que previamente se responsabilice al conductor del vehículo como autor de infracciones a la ley y que ellas sean causa del siniestro o daños, cosa que en el caso de autos no fue solicitada en la demanda, por lo que ésta debió ser rechazada; OCTAVO: Que, en segundo término, el recurrente aduce, que se ha incurrido en una infracción al artículo 1698 del Código Civil, de acuerdo con el cual, correspondía al actor invocar la existencia del ilícito que sirve de fuente a la obligación, probar su existencia y pedir que ésta fuera declarada; sin embargo, en el caso de autos, quienes declararon y dieron por probados tales hechos fueron los sentenciadores;

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

143

NOVENO: Que, enseguida, el recurso denuncia la vulneración de las normas reguladoras de la prueba, que se produciría en relación a los artículos 426 del Código de Procedimiento Civil y 1712 del Código Civil, en cuanto las presunciones judiciales exigen la concurrencia de los requisitos de gravedad y precisión, los cuales a su juicio, no se darían en autos; DÉCIMO: Que otro capítulo de la casación se hace consistir en haberse transgredido el artículo 1698 del Código Civil, al señalarse en la sentencia recurrida que el daño moral no debe ser probado pues la doctrina mayoritaria en este punto sostiene que esa especie de perjuicio debe ser acreditado, máxime si no existe norma legal que permita excepcionarse de la obligación de prueba que se impone en el artículo 1698 del Código Civil; UNDÉCIMO: Que el recurrente acusa, también, la violación del artículo 2329 del Código Civil, según el cual, “por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta. Afirma, al respecto, que la disposición transcrita, claramente, ordena indemnizar el menoscabo económico sufrido; deber que no se cumple en este caso, porque el monto fijado como indemnización deja de ser compensatorio, por excesivo; DUODÉCIMO: Que, finalmente, el recurso invoca como defecto del fallo cuestionado una errónea interpretación del artículo 174 de la ley del Tránsito en relación a su ámbito de aplicación, señalando que la maniobra del conductor del camión, que habría provocado el accidente que motiva la acción de autos, según el mismo fallo lo indica, se produjo debido a las piedras y tierra que había en el camino a causa de un derrumbe en la vía. Aduce que el mencionado artículo 174 establece en su inciso quinto la responsabilidad del Fisco y las Municipalidades por los daños que se produzcan con ocasión del mal estado de las vías públicas o su falta o inadecuada señalización; razón por la que la solidaridad establecida en ese precepto para el propietario del vehículo causante de los daños, se da siempre que no exista responsabilidad del Fisco o de alguna Municipalidad por el mal estado de las vías, ya que en ese caso debe aplicarse el inciso quinto de esa norma legal y no su inciso segundo, en que se consagra tal solidaridad. Invoca, asimismo, la existencia de un caso fortuito, toda vez que la presencia de obstáculos en el camino no era previsible para el conductor del camión, circunstancia que lo exime de responsabilidad civil extracontractual, concluyendo su argumentación en este punto que si no se puede dar por establecida la responsabilidad del conductor del vehículo, tampoco cabe determinar la del propietario que deriva de aquélla suya, por ser ambas de carácter solidario; DECIMOTERCERO: Que, finalmente, al indicar cómo los errores de derecho denunciados han influido en lo dispositivo de la sentencia, explica el recurrente que de no haberse incurrido en ellos, la sentencia de primera instancia habría sido confirmada, rechazándose de este modo la demanda, en todas sus partes; DECIMOCUARTO: Que son hechos de la causa, por así haberlos establecido los Jueces del fondo, los siguientes: a. El 31 de agosto de 2005, aproximadamente a las 21.30 horas, Carlos San Juan Peña conducía el camión patente PC 9325, de propiedad del demandado Jaime Armando Perales Mesa, en dirección al sur, a una velocidad de 100 kilómetros por hora y al realizar una maniobra evasiva hacia la izquierda, por existir piedras y tierra a causa de un derrumbe en la vía, traspasó el eje de la calzada, a raíz de lo cual obstruyó la normal circulación del bus, de la empresa de transportes Carmelita, en que viajaban las víctimas, por lo que fue responsable del accidente; b. El demandado Jaime Armando Perales Mesa es el propietario del camión que provocó el accidente en cuestión; c. Se acreditó por el actor daño emergente por la suma de $ 945.789; y d. La muerte de la cónyuge del actor y madre de los menores, que actúan representados en la causa por aquél, como las lesiones graves sufridas por el menor Benjamín Matías Rojas Ramírez, a causa del accidente de tránsito de que se trata, han sido motivo suficiente para producirle daños a la familia y a cada uno de ellos, en forma individual; DECIMOQUINTO: Que, en base a tales hechos, los Jueces del grado concluyeron que el chofer del camión, con su actuar, infringió los artículos 148, 150 Nº 2, 3, 170, 172 Nº 2, 7 y 13 de la ley 18.290 ley del Tránsito, que lo obligaban a conducir a una velocidad razonable y prudente, bajo las condiciones

144

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

que existían en el momento para evitar accidentes; razón por la que, debido a su actuar culposo, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 2314 del Código Civil, es el responsable del que ocurrió, y, consecuencialmente, también lo es el propietario del camión, el demandado Jaime Armando Perales Mesa, quien está obligado a la indemnización de los daños, de conformidad al artículo 174 del la ley 18.290, que hace responsable de los daños causados por un vehículo a su conductor y solidariamente a su propietario. Los sentenciadores del fondo establecieron, asimismo, la existencia de una relación de causalidad directa e inmediata entre el hecho negligente y el daño provocado, desde que la conducta culpable del chofer del camión provocó la muerte de doña Marcela María Ramírez Lara, madre de los tres menores que actúan representados por el actor su padre y la pérdida para éste, de su cónyuge; y, además, las lesiones graves sufridas por el menor Benjamín Matías Rojas Ramírez; DECIMOSEXTO: Que, como en su oportunidad, se expresó, un primer fundamento esgrimido en el recurso para fundamentar la infracciones denunciadas respecto de los artículos 1698 y 2314 del Código Civil y 174 de la ley 18.290, se hizo consistir en la circunstancia de no haberse solicitado en la demanda la investigación y declaración de la existencia del cuasidelito pese a lo cual, los sentenciadores obraron de oficio en este punto; DECIMOSÉPTIMO: Que, sobre el particular, cabe tener presente que la demanda de autos se fundamenta jurídicamente en los artículos 2329 del Código Civil, en que se establece que, por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser indemnizado por ésta; y 174 de la ley 18.290, que en su inciso segundo dispone que “el conductor, el propietario del vehículo y el tenedor del mismo a cualquier título, a menos que estos últimos acrediten que el vehículo fue usado contra su voluntad, son solidariamente responsables de los daños o perjuicios que se ocasionen con su uso, sin perjuicio de la responsabilidad de terceros, de acuerdo a la legislación vigente. En efecto, la demanda, luego de invocar las disposiciones legales citadas señala que “el chofer del camión de propiedad de la demandada es el responsable directo de los perjuicios denunciados previamente en autos, producto de su imprudencia, los que deben ser indemnizados a mí y a mis hijos; y, finaliza solicitando en su parte petitoria que se declare que el demandado debe indemnizar a él y a sus hijos todos los perjuicios causados, a consecuencia del accidente del tránsito, en su calidad de responsable solidario. De lo anterior se concluye que, fundamentándose la demanda en la responsabilidad extracontractual del demandado, en su calidad de tercero civil, de acuerdo a la normativa aplicable en la especie referida anteriormente, era necesario, para que la acción prospere, acreditar los antecedentes fácticos de tal responsabilidad, tal como se hizo en el presente caso, sin que sea necesario, como parece entenderlo el recurrente, que exista una petición expresa en tal sentido, pues ella surge de los elementos que conforman la contienda jurídica sometida a conocimiento del Tribunal, de suerte que no existe la transgresión normativa que se denuncia en el recurso; DECIMOCTAVO: Que, en cuanto a la infracción denunciada respecto de los artículos 426 del Código de Procedimiento Civil, 1698 y 1712 del Código Civil, cabe recordar que se produce vulneración a las normas reguladoras de la prueba cuando los sentenciadores invierten, el onus probandi o carga probatoria, rechazan medios que la ley admite o aceptan otros que la ley rechaza, desconocen el valor probatorio que en determinados casos la ley asigna a aquéllas producidas en juicio o alteran el orden de precedencia que la ley ha impuesto; de esta manera, el estudio de una eventual infracción de ley por este motivo se limita a verificar si la sentencia incurre en alguna de tales situaciones. A este respecto, cabe advertir que ninguno de los antedichos supuestos ha sido denunciado en el recurso, toda vez que quien lo interpone se ha limitado a plantear una divergencia en cuanto a la apreciación de la prueba rendida en la presente reclamación; situación distinta del error jurídico que constituye la causal de nulidad de que se trata, sin perjuicio, además, que los argumentos esgrimidos pugnan con los hechos establecidos por los Jueces de fondo; DECIMONOVENO: Que, en lo que concierne a la vulneración de los artículos 1698 y 2329 del Código Civil, que se habría producido, por haberse indicado en la sentencia que el daño moral no debe ser acreditado, debe señalarse que de la lectura del fallo cuestionado se concluye que aquello que los sentenciadores estiman innecesario probar es el quantum del daño moral; afirmación que, en casos

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

145

como el de autos resulta procedente, puesto que ningún medio de prueba podría dimensionar el real impacto psicológico que un hecho dañoso como aquél del que dan cuenta estos antecedentes pudo efectivamente producir en las víctimas. En tales circunstancias, cabe reconocer a los Jueces del mérito discrecionalidad para regularlo sobre la base de los antecedentes objetivos que entregue el proceso pertinente, como ha ocurrido en este caso. VIGÉSIMO: Que, finalmente en lo que dice relación a la vulneración del artículo 174 de la ley 18.290, al no haberse aplicado el inciso quinto de tal disposición, por existir responsabilidad en los hechos del Fisco o de la Municipalidad, el recurso no puede prosperar, por constituir ésta una alegación efectuada solamente a propósito del presente recurso y que no fue alegada con anterioridad, por lo que los sentenciadores de la instancia no estuvieron en condiciones de hacerse cargo de la misma; VIGÉSIMO PRIMERO: Que, del modo como se ha venido razonando, cabe desechar el recurso de nulidad en estudio, por cuanto, en la decisión adoptada se ha dado correcta aplicación al derecho que regula la presente litis. En conformidad además, a lo dispuesto en los artículos 764, 765, 766, 767 y 808 del Código de Procedimiento Civil, se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos en lo principal y primer otrosí de fojas 183, contra la sentencia de doce de julio de dos mil siete, escrita a fojas 154. Regístrese y devuélvase, con sus agregados. Redacción a cargo del Ministro señor Oyarzún. Rol Nº 4.313 2007. Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros señores Adalis Oyarzún, Héctor Carreño, Pedro Pierry, señora Sonia Araneda y el Abogado Integrante señor Gorziglia. No firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo el Abogado Integrante señor Gorziglia por estar ausente. Santiago, 18 de diciembre de 2008. Autorizada por la Secretaria Subrogante de esta Corte señora Carola Herrera B.

146

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

FICHA 6

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 2697-2008 Cita Online: CL/JUR/7631/2008 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO San Antonio, seis de agosto de dos mil siete. VISTO: Que se ha instruido en este Primer Juzgado de Letras de San Antonio sumario criminal en causa rol Nro. 9.984–A para investigar la existencia del cuasidelito de homicidio, en la persona de Carolina del Pilar Hernández Soto y de cuasidelito de lesiones graves, en la persona de Marisa Soledad Rozas Ulloa y la responsabilidad que pudiere corresponderle a Alberto Enrique Valdivia Flores, 41 años de edad, chofer, lee y escribe, casado, natural de Lagunillas, chileno, apodado “El Corbata”, cédula de identidad 8.564.777–6, domiciliado en Callejón del Colegio s/n, Chorombo Bajo, comuna de María Pinto, Melipilla, sin anotaciones pretéritas. A fojas 5 y siguientes, rola parte policial Nro. 829 de fecha 7 de octubre de 2001 de la Primera Comisaría de Carabineros de San Antonio, mediante el cual se pone a disposición del Tribunal en calidad de detenido al recién nombrado, por su responsabilidad en los hechos. A fojas 50 rola querella criminal interpuesta por Luis Hernández Velásquez. A fojas 133, 134, 138, 138 vuelta, 184 y 184 vuelta se somete a proceso y acusa respectivamente a Alberto Enrique Valdivia Flores, como autor de un cuasidelito con resultado múltiple de homicidio y lesiones graves, previsto y sancionado en los artículos 490 y 492 Nro. 1 del Código Penal en la persona de Carolina del Pilar Hernández Soto y en perjuicio de Marisa Soledad Rosas Ulloa. A fojas 160 y siguientes rola querella criminal interpuesta por Marisa Rosas Ulloa. A fojas 193 y siguientes la parte querellante correspondiente a Luis Hernández Velásquez, representada por el abogado don Gustavo González Moya, se adhiere a la acusación fiscal y deduce demanda civil, en contra del procesado y de Luis Enrique Gárate Verdugo en su calidad de propietario del vehículo impactador, solicitando sean condenados solidariamente a pagarle a su mandante la suma de $ 20.000.000 por concepto de daño moral más intereses y reajustes, o la suma que SS. determine en la sentencia, con costas. A fojas 223 y siguientes la defensa del procesado, contesta la acusación, adhesión y demanda civil, en cuanto a la acusación, solicita se falle declarando la inocencia de su representado, toda vez que su defendido es inocente del delito que se le ha imputado. En subsidio, alega a favor, de su defendido la circunstancia atenuante de responsabilidad penal Nro. 6 del artículo 11 del Código Penal, esto es, la de irreprochable conducta anterior. Finalmente, solicita se le conceda la medida de remisión condicional de la pena, establecida en el artículo 1, letra A) y reglamentada en los artículos 3ero. y siguientes, todos de la ley 18.216. En cuanto a la demanda civil, solicita sea rechazada en todas sus partes por cuanto no recae responsabilidad alguna a su defendido en los hechos materia de autos por lo que solicita evaluar los antecedentes que constan en autos y en atención a lo señalado en el artículo 2330 del Código Civil, “la apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso imprudentemente a él, y que efectivamente de los hechos que constan en el sumario se llega a la conclusión que la conductora Carolina Hernández Soto se expuso imprudentemente al daño de conducir el móvil sin tener licencia para ello, a exceso de velocidad y sin casco, por lo que solicita que al momento de fijar la respectiva indemnización, se reduzca ésta por el motivo señalado”. A fojas 232 se recibe la causa a prueba. A fojas 275 se certifica el vencimiento probatorio y pasan los autos para los efectos del artículo 499 del Código de Procedimiento Penal. A fojas 280 se decretan medidas para mejor resolver. A fojas 289 se da cumplimiento a las medidas para mejor resolver. A fojas 305 vta., se dejaron los autos para fallo.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

147

CONSIDERANDO: En cuanto a la parte penal: PRIMERO: Que, a fin de acreditar el hecho punible, se han agregado los siguientes antecedentes: a) Parte policial Nro. 829 de fecha 07 de octubre de 2001 rolante a fojas 5 y siguientes, mediante el cual Carabineros de la Primera Comisaría de Carabineros de San Antonio, puso a disposición del Tribunal en calidad de detenido a un sujeto, por cuanto ese día, alrededor de las 03:25 horas, un tercero que conducía un camión con remolque por calle 10 Sur en dirección al oriente y al cruzar la avenida Barros Luco para tomar la ruta G–15 nuevo acceso a San Antonio, fue colisionado por una moto que se desplazaba en dirección al sur, con dos pasajeras, impactándose con el lado izquierdo del camión, resultando con lesiones graves las dos ocupantes, quienes fueron trasladadas al Hospital Claudio Vicuña de esta ciudad, lugar en que falleció una de las lesionadas identificada como Carolina del Pilar Hernández Soto de 17 años de edad, y resultando con lesiones de carácter grave la afectada Marisa Soledad Rozas Ulloa según peritaje clínico agregado a fojas 137. b) Declaración de Luis Humberto Hernández Velásquez rolante a fojas 13 y 79 en la que señala que es el padre legítimo de la menor Carolina del Pilar Hernández Soto, fallecida en la madrugada del domingo 7 de octubre del año 2001, y que sobre el hecho nada sabe ni le consta por cuanto no lo presenció y que sólo tuvo conocimiento de él cerca de las 03:40 horas, concurriendo de inmediato con su esposa al hospital en donde el médico de turno le diagnosticó a su hija una grave lesión cerebral, falleciendo posteriormente a las 07:30 horas, que había sabido que su hija había intervenido en un choque con un camión y que ella conducía la moto y que ese día ella había salido con una amiga en dicho vehículo alrededor de las 21:00 horas, a un cumpleaños de otra chica y que cuando transitaba por avenida Barros Luco en dirección a Llo–Lleo se habían encontrado con un camión que salía de calle 10 Sur, produciéndose el accidente que a la larga le costó la vida a su hija y que mantenía grave a su acompañante. Señala que ignora si su hija tenía licencia para conducir moto. A fojas 79, ratifica la querella interpuesta en autos, agregando que se había enterado por un testigo que el camión había pasado con luz roja. c) Declaración de Fernando Andrés González Donoso quien a fojas 14 y 15 señala que él fue testigo presencial del accidente que le costó la vida a Carolina Hernández y que esa noche cerca de las 03:15 horas venía desde Llo–Lleo por avenida Barros Luco manejando su automóvil y que al llegar a la calle 10 Sur se había detenido esperando la luz verde del semáforo y mientras esperaba la luz, había visto que por esa arteria y en dirección al sur, a la altura de la cuadra del estadio municipal, para ser más preciso, frente al Instituto de Seguridad del Trabajo, circulaba a una velocidad de 70 kilómetros más o menos, una moto con dos personas y que en ese mismo instante, por calle 10 Sur y aproximándose al cruce con Barros Luco en dirección oriente, venía apareciendo un camión el que al llegar a la referida esquina y cambiar el semáforo a luz roja para su pista, no había respetado esta señal, continuando la marcha al mismo tiempo que la moto se disponía a cruzar, y que al parecer su conductora había querido frenar y virar para evitar el impacto, no logrando esto e impactándose en el costado izquierdo del camión con la parte trasera de la moto quedando enredada entre sus ruedas, saltando la conductora a unos 7 metros quedando botada hacia el oriente y su acompañante había seguido en la moto cayendo cerca de ella, que al parecer el conductor del camión no se había percatado del accidente ya que no había detenido su marcha, enfilando por la ruta nuevo acceso, por lo que él, una vez que había podido reanudar su marcha, había salido detrás de él alcanzándolo más o menos unos 100 metros más arriba de la esquina de Barros Luco, adelantándosele y haciéndole señas para que detuviera su marcha, que el conductor se había sorprendido y se había tomado la cabeza con las manos y se había cortado completamente, que entonces él sólo había atinado a correr hacia las personas que iban en la moto para prestarles su ayuda y que la conductora se quejaba de dolor en la pelvis y que estaba consciente y que al pedirle los documentos le había dicho que buscara debajo del asiento de la moto, llegando en ese momento la ambulancia, trasladándolas al hospital, agrega además que ambas muchachas usaban casco de protección en sus cabezas y que a ninguna de las personas involucradas en el accidente, tanto el chofer del camión como las personas de la moto les había notado aliento alcohólico. d) Declaración del funcionario aprehensor José Luis Contreras Pozo, quien a fojas 27 y 28 depone que ratifica íntegramente el parte policial de autos y que por un comunicado radial había tomado conocimiento de este hecho, trasladándose de inmediato al lugar, encontrando a una lesionada botada en

148

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

la calzada cerca del bandejón central, la que en ese momento era atendida por los paramédicos de la ambulancia que se encontraba en el lugar del suceso y que según versiones recogidas entre los espectadores, se habían enterado que a la otra lesionada ya se la habían llevado al Hospital de esta ciudad y que ambas eran pasajeras de una moto, concurriendo entonces a conversar con el chofer del camión para trasladarlo posteriormente al hospital para la alcoholemia de rigor, el que se encontraba en normal estado de temperancia y no presentaba lesiones, manifestando no haber tenido responsabilidad en el hecho. e) Peritaje mecánico del camión Pegaso patente EB–3713, en el que se concluye que su estado mecánico era bueno, resultando con un golpe en el chasis lado izquierdo. f) Declaración de César Iván Hernández Manzo, quien a fojas 34 y 35 señala que comparece voluntariamente al Tribunal a declarar puesto que había sido testigo del accidente y que el día de los hechos más o menos a las 03:30 horas venía él conduciendo el camión a su cargo y que lo hacía detrás del camión que conducía el chofer Alberto Valdivia y que al enfrentar la calle 10 Sur al llegar a la intersección de Avenida Barros Luco, se había percatado que Valdivia se había detenido en la esquina, por cuanto el semáforo marcaba luz roja y que él había hecho lo mismo quedándose como a 10 metros de la cola de su remolque y que al obtener luz verde, Valdivia había reiniciado la marcha despacio, o sea a unos 10 o 15 kilómetros y que cuando ya su camión había cruzado el eje de la calzada, había sentido un golpe de impacto, que en un primer momento no sabía de qué se trataba y que entonces se había detenido, estacionándose y bajándose a mirar, esto como a los 5 minutos después, y había visto que una moto se había estrellado con el costado izquierdo del camión a la altura del eje de tracción y que en el suelo se encontraban tendidas dos personas. Agrega que solamente había observado que una de ellas sangraba y que como estas cosas le impactan había decidido retirarse a su camión sin hablar con Valdivia a quien había divisado entre las personas que habían concurrido a mirar el hecho. g) Certificado de nacimiento y defunción rolante a fojas 37 y 40, correspondiente a Carolina del Pilar Hernández Soto, señalándose como causa de muerte, politraumatismo severo, accidente de tránsito en moto. h) Protocolo de autopsia Nro. 101–2.001 rolante a fojas 53 y siguientes del Servicio Médico Legal de San Antonio, correspondiente a Carolina del Pilar Hernández Soto, con fotografías, en el que se señala que la causa de muerte fue politraumatismo severo, compatible con colisión mientras conducía moto, muerte accidental, data de muerte el 07 de octubre de 2001 a las 05:40 horas. i) Informes de alcoholemias Nros. 7968 y 8072–01 rolantes a fojas 64 y 77 correspondientes a Carolina del Pilar Hernández Soto y a Alberto Valdivia Flores cuyos resultados para ambos es de 0,00 g% (cero coma cero gramos por mil) de alcohol en la sangre. j) Extracto de filiación y antecedentes de Alberto Valdivia Flores rolante a fojas 66, exento de anotaciones prontuáriales. k) Informe técnico Nro. 143–2.001, de la S.I.A.T. de Valparaíso rolante a fojas 82 y siguientes, en el cual se señala como causa basal del accidente el hecho que el participante (1), ingresa al cruce de calles sin ceder el derecho preferente de paso al móvil (2), a lo que se encontraba obligado por enfrentar presumiblemente luz roja de los dispositivos luminosos reguladores del tránsito, obstruyendo la normal circulación del móvil (2), colisionándolo. l) Declaración de Marisa Soledad Rosas Ulloa quien a fojas 102 y 135 señala que, en relación a los hechos, alrededor de las 02:00 o 03:00 horas de la madrugada, transitaba en moto como acompañante de su amiga Carolina Hernández, por avenida Barros Luco en dirección al sur, a una velocidad de 50 kilómetros por hora aproximadamente y que al cruzar el acceso al puerto con el semáforo en luz verde, se le había cruzado un camión que transitaba a una velocidad no razonable y con luz roja, por lo que su amiga no había alcanzado a frenar impactando al camión por un costado, donde ella había perdido el conocimiento y su amiga, la vida, despertando a los 8 días después en el Hospital local con diversas fracturas en su rostro, pierna derecha, dedos de la mano izquierda y con un esguince cervical sin poder hablar, y que en relación al día del accidente recuerda que venían de la casa de un amigo llamado José Luis, donde habían estado probando un poco de pisco sour ya que ninguna de las dos bebían. Agrega además a fojas 135 que desea acreditar sus lesiones a fin de seguir con las acciones legales contra quien resulte responsable de los hechos.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

149

m) Declaración del funcionario aprehensor José Joaquín Gómez Moraga a fojas 121, quien señala que por un llamado radial recibido el día de los hechos, había concurrido a calle Barros Luco con 10 Sur, lugar donde había ocurrido un accidente, llegando a éste cuando éstos ya habían ocurrido y que sus otros colegas ya habían tomado el procedimiento y practicado las primeras diligencias, por lo que él se había dirigido al Hospital a averiguar respecto de las personas afectadas las que se encontraban graves, preocupándose de que al chofer del camión se le extrajera sangre para el examen de alcoholemia, volviendo nuevamente al lugar de los hechos, señalando que por averiguaciones con los vecinos cercanos al lugar del accidente, éstos habían manifestado que las ocupantes de la moto ya habían dado vueltas por el lugar a exceso de velocidad, y que consultado el chofer del camión, éste había señalado que él había cruzado la calle con luz verde al frente y que con toda seguridad la moto había tratado de cruzar con luz roja, y que no se había dado cuenta del impacto de la moto con su camión y que por esa razón no se había detenido de inmediato. n) Declaración de la funcionaria de Carabineros, Marisol Tapia Vergara rolante a fojas 127 en la que señala que, ratifica íntegramente el parte policial de autos y que a su llegada al sitio del suceso se había encontrado con el camión participante detenido en calle Barros Luco, entrando ya a la ruta nuevo acceso a San Antonio y que la moto se encontraba a unos 3 metros atrás del carro y que la conductora de ésta se encontraba a unos 15 metros de la misma con la cabeza hacia el oriente, la que era atendida por personal paramédico, señala que a la otra pasajera de la moto no la había visto, y que el conductor del camión había cooperado bastante en la investigación trasladándose por sus propios medios a la unidad, en donde había quedado detenido. ñ) Declaración del funcionario de la S.I.A.T. de Valparaíso, Pablo Antonio Salgado Durán, rolante a fojas 129 y 130, el que depone que ratifica íntegramente el informe técnico Nro. 143–2.001 de fecha 07.12.2.001, señalando que él presume que el conductor del camión había ingresado al cruce enfrentando presumiblemente luz roja, en base a lo siguiente: En la propia declaración del conductor del camión, éste se contradice ya que al principio de ésta habría esperado dos segundos la luz verde para ingresar al cruce, sin embargo termina señalando que al llegar a la altura del almacén ubicado aproximadamente a unos 60 metros de la esquina de Barros Luco, él había visto la luz amarilla, lo anterior quiere decir, que si al llegar al almacén tuvo luz amarilla al frente, obligadamente transcurrieron aproximadamente 3 segundos, tiempo y distancia necesario para llegar a la esquina y allí esperar la luz verde la cual tiene un tiempo de duración de 49 segundos aproximados. Con respecto al testigo del hecho, este si bien es cierto, se encontraba detenido enfrentando luz roja, esperando luz verde, una vez que ésta se cambió a verde, al momento de reiniciar la marcha, se provocó la secuencia del accidente y ello explica que éste ocurrió en el intervalo de la luz amarilla para el camión. o) Peritaje clínico Nro. 225–2.003 evacuado por el Servicio Médico Legal de San Antonio a fojas 137, realizado el 08.04.2.003 a Marisa Soledad Rosas Ulloa, señala que se encuentra en buen estado general, emocionalmente lábil, con cicatriz irregular e indurada del mentón, cicatriz irregular de rodilla derecha, erosiones del dorso de las manos, no tiene otros estigmas de lesiones visibles en este examen y concluye que dichas lesiones fueron producidas por golpes en accidente de tránsito, mientras viajaba como pasajera en moto, de carácter grave, con tiempo de curación de 120 días con igual tiempo de incapacidad, con secuelas de cicatrices faciales y deformidad máxilo–facial notorias que no podrá corregir ni disimular, con tratamiento posterior de control máxilo facial. p) Peritaje clínico e informe de término de lesiones Nro. 225–2003 evacuado por el Servicio Médico Legal de San Antonio a fojas 298, realizado el 25.10.2.006 a Marisa Soledad Rosas Ulloa el que señala que se encuentra en buen estado general, caminando sin claudicaciones, sin apremios ni limitaciones, sin alteraciones de la motilidad mandibular, sin signos notorios de parálisis notoria facial, con mímica facial conservada. Presenta cicatriz facial desde el borde inferior labial medio hacia la izquierda notoria y que disimula parcialmente con maquillaje. Desviación notoria del dorso nasal y base de la raíz hacia la derecha, cicatriz quirúrgica del reborde inferior de ceja izquierda, en relación con el párpado superior, escasamente notorio, el resto de las lesiones descritas no presentan alteraciones respecto del peritaje Nro. 226–2003, y concluye que las lesiones concluyeron de sanar en los plazos indicados en el peritaje clínico anteriormente señalado. Quedan secuelas cicatriciales notorias de zona visible del mentón y de

150

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

la nariz, desviada y lateralizada a la derecha, que no se reparó en forma oportuna, en relación con el accidente. SEGUNDO: Que, con el mérito de los antecedentes anteriormente relacionados, analizados en forma legal, se encuentra acreditado en autos que el día 07.10.2001 alrededor de las 03:25 horas, un tercero que conducía un camión con remolque por calle 10 Sur en dirección al oriente y al cruzar la avenida Barros Luco para tomar la ruta G–15 nuevo acceso a San Antonio, fue colisionado por una moto que se desplazaba en dirección al sur, con dos pasajeras, impactándose con el lado izquierdo del camión, resultando con lesiones graves las dos ocupantes, quienes fueron trasladadas al Hospital Claudio Vicuña de esta ciudad, lugar en que falleció una de las lesionadas identificada como Carolina del Pilar Hernández Soto de 17 años de edad, y resultando con lesiones de carácter grave la afectada Marisa Soledad Rosas Ulloa según peritaje clínico agregado a fojas 137. TERCERO: Que, los hechos anteriormente descritos son constitutivos de un cuasidelito con resultado múltiple de homicidio y lesiones graves, previsto y sancionado en los artículos 490 y 492 Nro. 1 del Código Penal en la persona de Carolina del Pilar Hernández Soto y en perjuicio de Marisa Soledad Rosas Ulloa. CUARTO: Que, el encausado Alberto Enrique Valdivia Flores a fojas 10 y 11, señala que en la madrugada del domingo 7 de octubre de 2001, cerca de las 01:00 horas en circunstancias que había salido del recinto portuario manejando el camión marca Pegaso, patente EB–3713 única, con remolque marca Picasso, patente PGA–013 de Melipilla, cargado con soya a granel, dirigiéndose por calle 10 Sur para enfrentar la ruta nuevo acceso a Santiago, al llegar a la esquina de esta calle con Barros Luco, esperó que el semáforo, que estaba en rojo, diera luz verde para cruzar esa arteria, al enfrentar la luz verde había mirado hacia el lado norte y al no ver a ningún vehículo había procedido a reiniciar la marcha cruzando la calzada y que cuando ya llegaba con el camión a la altura del bandejón central, había sentido un fuerte golpe en el eje del camión (tracción) y había frenado pero que éste no se había detenido, sino que resbalado y cruzado la calzada oriente deteniéndose en medio de ella, quedando la cabina a la altura de la vereda y al detenerse totalmente el camión, se había bajado y se había dado cuenta que enredada entre la rueda de tracción llevaba una moto y que sus ocupantes estaban tendidas en el suelo a la altura del bandejón central, lado norte. Agrega que en ese instante él había mirado y estaba totalmente solo que no se veía a nadie, se refiere a peatones, o vehículos, acercándose a las personas que estaban tendidas, viendo que ambas eran mujeres, brotándole a una de ellas bastante sangre de su rostro y la otra al parecer tenía un corte en la frente y que ninguna de ellas tenía casco en sus cabezas. Que empezó a llegar gente al sector, apareciendo la ambulancia en la cual se habían llevado a las lesionadas al hospital, haciéndose presente también un furgón de Carabineros, procediendo a su detención y trasladándolo al hospital para el examen de alcoholemia. Que él conducía en normal estado de temperancia, con suficiente visibilidad y que no había habido ningún testigo de la colisión, que el propietario del vehículo es don Luis Enrique Gárate Verdugo domiciliado en Melipilla. Señala además, que no se había dado cuenta que tanto el permiso de circulación como la póliza de seguro contra terceros se encontraban vencidos hacía pocos días atrás y que el camión no resultó con daño alguno. Que para finalizar, desea señalar y reiterar al Tribunal que el hecho de que no había visto venir la moto cuando había reiniciado la marcha, luego de haber tenido luz verde, por lo que presume que este móvil venía circulando sin luces y pegado al bandejón central, o sea, sobre la pista izquierda que va al sur. QUINTO: Que, los dichos del inculpado Alberto Enrique Valdivia Flores, constituyen confesión judicial en los términos dispuestos en el artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, pero tratándose de un hecho culposo, habrá que analizar previamente si se reúnen en la especie los requisitos de culpabilidad señalados en el artículo 490 y 492 Nro. 1 del Código Penal. SEXTO: Que, se encuentra establecido en autos que el día 07 de octubre de 2001, en circunstancias que el encausado conducía el camión marca Pegaso, con remolque, patente EB–3713 por calle 10 Sur en dirección al oriente, al cruzar la avenida Barros Luco para tomar la ruta G–15 nuevo acceso a San Antonio, fue colisionado por una moto que se desplazaba en dirección al sur, con dos pasajeras, impactándose con el lado izquierdo del camión, resultando con lesiones graves las dos ocupantes, quienes fueron trasladadas al Hospital Claudio Vicuña de esta ciudad, lugar en que falleció una de las lesiona-

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

151

das identificada como Carolina del Pilar Hernández Soto de 17 años de edad, y con lesiones de carácter grave la afectada Marisa Soledad Rosas Ulloa según peritaje clínico agregado a fojas 137. SÉPTIMO: Que, la conducta del encausado ha sido la causa basal del accidente investigado al conducir el camión marca Pegaso, con remolque, patente EB–3713–7 por calle 10 Sur para enfrentar la ruta nuevo acceso a San Antonio, al llegar a la esquina de esta calle con avenida Barros Luco, no atento a las condiciones del momento, ingresa al cruce de calles sin ceder el derecho preferente de paso al móvil (2), a lo que se encontraba obligado por enfrentar presumiblemente luz roja de los dispositivos luminosos reguladores del tránsito, obstruyendo la normal circulación del móvil (2), colisionándolo, hecho que provocó la muerte de la conductora del móvil (2) y ocasionándole lesiones de carácter grave a la acompañante de ésta. OCTAVO: Que, a fojas 193 y siguientes la parte querellante correspondiente a Luis Hernández Velásquez, representada por el abogado don Gustavo González Moya, se adhiere a la acusación fiscal y deduce demanda civil, en contra del procesado y de Luis Enrique Gárate Verdugo en su calidad de propietario del vehículo impactador, solicitando sean condenados solidariamente a pagarle a su mandante la suma de $ 20.000.000 por concepto de daño moral más intereses y reajustes, o la suma que SS. determine en la sentencia, con costas. NOVENO: Que, a fojas 223 y siguientes la defensa del procesado, contesta la acusación, adhesión y demanda civil, en cuanto a la acusación solicita se falle declarando la inocencia de su representado, toda vez que su defendido es inocente del delito que se le ha imputado. En subsidio, alega a favor de su defendido la circunstancia atenuante de responsabilidad penal Nro. 6 del artículo 11 del Código Penal, esto es, la de irreprochable conducta anterior. Finalmente, solicita se le conceda la medida de remisión condicional de la pena, establecida en el artículo 1, letra A) y reglamentada en los artículos 3ero. y siguientes, todos de la ley 18.216. En cuanto a la demanda civil, solicita sea rechazada en todas sus partes por cuanto no recae responsabilidad alguna a su defendido en los hechos materia de autos por lo que solicita evaluar los antecedentes que constan en autos y en atención a lo señalado en el artículo 2330 del Código Civil “la apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso imprudentemente a él”, y que efectivamente de los hechos que constan en el sumario se llega a la conclusión que la conductora Carolina Hernández Soto se expuso imprudentemente al daño de conducir el móvil sin tener licencia para ello, a exceso de velocidad y sin casco, por lo que solicita que al momento de fijar la respectiva indemnización, se reduzca ésta por el motivo señalado. DÉCIMO: Que, no se absolverá al encausado de los cargos formulados por encontrarse legalmente acreditado los delitos investigados, como la participación del mismo en los hechos, atendido lo reflexionado en los motivos cuarto, quinto y sexto de ésta resolución, además de la declaración del testigo Fernando Andrés González Donoso quien señala que, el camión al llegar a la referida esquina y cambiar el semáforo a luz roja para su pista, no respetó la señal. Asimismo el informe técnico 143–200, de fojas 82 y siguientes, emanado de la S.I.A.T., Valparaíso, en que el procesado señala que, en la curva vio luz verde y al llegar al almacén vio luz amarilla y al llegar a la esquina vio luz roja; concluyendo como causa basal del accidente, que el conductor del camión ingresó al cruce de la calle sin ceder el derecho preferente de paso a la motocicleta, a lo que se encontraba obligado por enfrentar presumiblemente luz roja de los dispositivos luminosos reguladores del tránsito. UNDÉCIMO: Que, en cambio se acogerá a favor del encausado, la circunstancia atenuante de responsabilidad penal Nro. 6 del artículo 11 del Código Penal, la que se tiene por legalmente acredita con el mérito de su extracto de filiación y antecedentes que rola a fojas 205, el cual no contiene anotaciones prontuariales pretéritas. En cuanto a los beneficios de la ley 18.216, deberá estarse a lo resolutivo de esta sentencia. DUODÉCIMO: Que en la especie el hecho investigado constituye dos hechos ilícitos, a saber, cuasidelito de homicidio y cuasidelito de lesiones graves. Que resulta más beneficioso, atendida la situación concreta del encausado, aplicar la regla del artículo 75 del Código Penal para determinar la pena, por lo que corresponde la mayor asignada al delito más grave. Que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 490 Nº 1, en relación con el Nº 2 y 397 Nº 2 del Código Punitivo, corresponde la de reclusión menor en su grado medio. Que al concurrir una atenuante, y atendido lo preceptuado en el artículo 67 del mismo cuerpo legal, se aplicará la pena en su mínimum.

152

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

En cuanto a la acción civil: DECIMOTERCERO: Que, en el primer otrosí de la presentación de fojas 193 y siguientes, el querellante Luis Hernández Velásquez, representado por su abogado don Gustavo González Moya, deduce demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del procesado y de Luis Enrique Gárate Verdugo en su calidad de propietario del vehículo, solicitando sean condenados solidariamente a pagarle a su mandante la suma de $ 20.000.000 por concepto de daño moral más intereses y reajustes, o la suma que SS. determine en la sentencia, con costas. DECIMOCUARTO: Que, en el segundo otrosí de la presentación de fojas 223 y siguientes, la defensa del procesado contestó la demanda civil, solicitando sea rechazada en todas sus partes por cuanto no recae responsabilidad alguna a su defendido en los hechos materia de autos por lo que solicita evaluar los antecedentes que constan en autos y en atención a lo señalado en el artículo 2330 del Código Civil “la apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso imprudentemente a él” y que efectivamente, de los hechos que constan en el sumario se llega a la conclusión que la conductora Carolina Hernández Soto se expuso imprudentemente al daño de conducir el móvil sin tener licencia para ello, a exceso de velocidad y sin casco, por lo que solicita que al momento de fijar la respectiva indemnización, se reduzca ésta por el motivo señalado. DECIMOQUINTO: Que, en cuanto a lo demandado deberá ser acogido, por cuanto se encuentra acreditado que el encausado le cabe participación en los hechos motivo de la demanda, acorde con lo razonado en los motivos quinto y séptimo de este fallo, conforme al considerando anterior se acogerá la petición del demandante, por el daño moral no cuantificable económicamente, pero que al menos debe procurarse su reparación como una forma de resarcir en algún grado el daño causado, que se regulará prudencial y discrecionalmente en $ 15.000.000 (quince millones de pesos), suma que será reajustada de acuerdo a la variación del I.P.C., a contar de la fecha que quede ejecutoriado el presente fallo, y hasta su pago efectivo. DECIMOSEXTO: Que como consta de fs. 19, 141 y 223, ambos demandados, conductor y propietario del vehículo, estaban representados por el mismo abogado, y por lo tanto, habiendo sido legalmente notificado, si bien contestó sólo en representación de Alberto Valdivia Flores, debe entenderse que fueron emplazados ambos. Que, el conductor y el dueño del camión, serán responsables solidariamente de los daños y perjuicios causados por el uso del vehículo, por lo que será acogida la demanda deducida en forma pedida en contra del querellado y del propietario del camión conducido por éste. Que la calidad de dueño que resulta acreditada con el documento rolante a fojas 18 y presentación de fojas 19. DECIMOSÉPTIMO: Que, según lo dispuesto en el artículo 2314 del Código Civil, el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a indemnizarlo, sin perjuicio de las penas que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito. Por estas consideraciones y además lo dispuesto en los artículos 2, 4, 11 Nº 6, 14 Nº 1, 15 Nº 1, 18, 24, 30, 50, 67, 75, 490 Nº 1 y 492 del Código Penal, 197 Nº 2 de la ley Nº 18.290 de tránsito, 108, 109, 110, 111, 481, 488, 500, 503 y 504 del Código de Procedimiento Penal, 2314 y 2330 del Código Civil se declara: En cuanto a la parte penal: I.– Que se condena al procesado Alberto Enrique Valdivia Flores ya individualizado a sufrir la pena de quinientos cuarenta y un días de reclusión menor en su grado medio, a las accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena; a la suspensión de su licencia de conducir vehículos motorizados por el término de dos años, por su responsabilidad de autor de cuasidelito de homicidio de Carolina Pilar Hernández Soto, ocurrido en esta ciudad el 7 de octubre de 2001. II.– Que concurriendo en la especie los requisitos que establece el artículo 4º de la ley Nº 18.216, se le concede al sentenciado el beneficio de remisión condicional de la pena por el término de quinientos cuarenta y un días, quien deberá quedar sujeto durante dicho lapso, al control de la sección correspondiente de Gendarmería de Chile; y obligado a cumplir además, las condiciones que exige el artículo 5º de la citada ley. III.– Si este beneficio le fuere revocado, Alberto Enrique Valdivia Flores, deberá cumplir la pena corporal que se le ha impuesto, la que se le empezará a contar desde el día en que se presente o sea

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

153

habido, sirviéndole de abono los días que ha permanecido privado de libertad en esta causa, entre el 07 de octubre de 2001 y el 11 de octubre de 2001, según consta de parte policial de fojas 5 y certificado de fojas 44, respectivamente. En cuanto a la acción civil: IV.– Que se da lugar a la demanda civil interpuesta a fojas 193 por Luis Hernández Velásquez contra de Alberto Valdivia Flores como conductor del camión y Luis Enrique Gárate Verdugo en su calidad de propietario del vehículo que causó el accidente, sólo en cuanto se le condena a pagar a la querellante, la suma de $ 15.000.000 (quince millones de pesos), por concepto de daño moral, con costas. V.– Que esta suma de dinero deberá ser cancelada con reajuste del I.P.C. y los intereses corrientes bancarios devengados desde la fecha que la sentencia quede ejecutoriada hasta el pago efectivo. VI.– Que además se condena al demandado al pago de las costas de la causa. Cúmplase oportunamente con lo dispuesto en el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal. Regístrese, notifíquese y consúltese si no se apelare. Dictada por el señor Luis Fernando García Díaz, Juez Titular con dedicación exclusiva para fallar. Autoriza doña Gretel Arellano Wendegass, Secretaria Ad–Hoc.

II.- CORTE DE APELACIONES Valparaíso, veintiocho de marzo de dos mil ocho. VISTO: Se reproduce la sentencia de seis de agosto de dos mil siete, escrita de fojas 307 a 326 previa eliminación de la palabra “presumiblemente” en el considerando décimo y se sustituye en sus citas legales el artículo “67” por “68” del Código Penal. Y teniendo además, presente: PRIMERO: Que la Sra. Fiscal Judicial a fojas 341 hizo presente que el Juez da por acreditado un cuasidelito con resultado múltiple de homicidio y lesiones graves en circunstancias que en la parte resolutiva sólo condena al sentenciado como autor de cuasidelito de homicidio de Carolina del Pilar Hernández Soto. SEGUNDO: Que asimismo, la Sra. Fiscal Judicial advierte que acogiendo la atenuante del artículo 11 Nº 6 del Código Penal se aplica la pena establecida en el artículo 490 Nº 1 del mismo cuerpo legal, en su mínimun, de manera que conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del código punitivo corresponde aplicar como sanción corporal la pena de reclusión menor en su grado mínimo. TERCERO: Que en cuanto a la acción civil se acogerá la solicitud de la defensa en orden a la aplicación de lo previsto en el artículo 2330 del Código Civil, al constar en el proceso que la conductora Carolina Hernández Soto se expuso imprudentemente al daño al conducir el móvil sin licencia para ello y en exceso de velocidad, por lo que se rebajará el monto de la indemnización por daño moral en favor del actor civil a la suma de $ 10.000.000 (diez millones de pesos). Con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 514 y 527 del Código de Procedimiento Penal, se confirma la sentencia apelada con declaración que Alberto Henrique Valdivia Flores queda condenado a la pena de 540 días de reclusión menor en su grado mínimo como autor del cuasidelito de homicidio de Carolina del Pilar Hernández Soto y cuasidelito de lesiones graves de Marisa Soledad Rozas Ulloa. Se declara asimismo, que se rebaja el monto de la indemnización civil del daño moral a la suma de $ 10.000.000 (diez millones de pesos). Acordada la rebaja de la indemnización del daño moral otorgado al actor civil, con el voto en contra del Ministro señor Arancibia, quien estuvo por mantener la indemnización fijada en la sentencia de primera instancia. Regístrese y devuélvase. Rol Nº 1.276–2007. Pronunciada por los señores Ministros Titulares de la Iltma. Corte Gonzalo Morales Herrera, Jaime Arancibia Pinto y Abogado Integrante señor Germán Luhrs Antoncich.

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

154

III.- CORTE SUPREMA Santiago, quince de septiembre de dos mil ocho. VISTOS: En estos autos Nº 9.984, rol del Primer Juzgado del Crimen de San Antonio, por sentencia de seis de agosto de dos mil siete, que se lee de fojas 307 a 326, se condenó a Alberto Enrique Valdivia Flores a sufrir la pena de quinientos cuarenta y un días de reclusión menor en su grado medio y las accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, por su responsabilidad como autor del cuasidelito de homicidio de Carolina Pilar Hernández Soto, ocurrido en la ciudad de San Antonio el día 7 de octubre de 2001. Se impuso, asimismo, la pena accesoria de suspensión de carné, permiso o autorización para conducir vehículos motorizados por el término de dos años. Por su fracción civil, se condenó a los demandados Alberto Valdivia Flores y al tercero Luis Enrique Gárate Verdugo, al pago al querellante Luis Hernández Velásquez, de la suma de $ 15.000.000 (quince millones de pesos), por concepto de daño moral, con costas. Apelado dicho veredicto, previo informe de la Fiscal Judicial señora Juana Latham Fuenzalida, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por resolución de veintiocho de marzo de 2008, lo confirmó, con declaración, que Valdivia Flores queda condenado a la pena de quinientos cuarenta días de reclusión menor en su grado mínimo como autor del cuasidelito de homicidio de Carolina del Pilar Hernández Soto y cuasidelito de lesiones graves de Marisa Soledad Rozas Ulloa. Asimismo, redujo el monto de la indemnización civil concedida a la suma de $ 10.000.000 (diez millones de pesos). En contra de esta última decisión, el abogado Gustavo Morales Moya, en representación de la querellante, interpuso un recurso de casación en el fondo asilado en la causal contenida en el inciso final del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal en concordancia con lo estatuido en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil. Concedido el expresado recurso y habiéndose declarado admisible, se trajeron los autos en relación, según consta de fojas 351. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, asilado en el indicado motivo de nulidad, denuncia el oponente que el veredicto atacado reduce el monto de la indemnización de perjuicios otorgada a su representado, en circunstancias que ello era improcedente desde que, contrariamente a lo que sostiene el fallo, no se encuentra acreditado en autos que la víctima se hubiere expuesto imprudentemente a los daños. Aduce que la conductora Carolina Hernández guiaba la motocicleta con casco protector, en normal estado de temperancia, enfrentaba luz verde y conducía a velocidad normal. Refiere que Fernando González Donoso, testigo presencial de los hechos, depone que el condenado cruzó con luz roja y que la víctima lo hacía con luz verde, quien conducía con casco protector igual que su acompañante, no guiaba ebria; en cambio el piloto del camión no detuvo el móvil en el lugar del accidente sino que fue necesario seguirlo y detenerlo a cien metros del lugar. También argumenta en aval de sus pretensiones que el informe de la S.I.A.T. y, por su parte, la declaración de Carabineros es determinante en señalar que el conductor del camión es el único responsable del accidente, mas no el supuesto exceso de velocidad o la falta de licencia de conducir de la fallecida, y que tampoco resulta efectivo que las víctimas se trasladaran sin casco. De este modo, concluye, el supuesto exceso de velocidad a que alude al fallo atacado no se encuentra probado, y respecto de la falta de licencia habilitante, se justificó que guiaba con casco, respetando la velocidad y la señalización del semáforo. Así las cosas, yerran los sentenciadores al atribuir a la víctima, haberse expuesto imprudentemente a los daños. En la conclusión, insta por la invalidación de la sentencia impugnada a fin de que enmendando la errónea aplicación de la ley, en su reemplazo, declare que la víctima no se expuso imprudentemente al daño padecido y, en consecuencia, debe mantenerse el monto de la indemnización por concepto de daño moral en la suma de quince millones de pesos. SEGUNDO: Que atento lo relacionado, por medio de este arbitrio se reclama la insuficiencia en el resarcimiento de los perjuicios ocasionados con el injusto, comprendiéndose en este reproche la rebaja del daño moral ocasionado a consecuencia del fallecimiento de la hija del querellante con motivo de la exposición al daño por parte de aquélla.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

155

TERCERO: Que son hechos establecidos por los Jueces del mérito los siguientes: “el día 07.10.2001 alrededor de las 03:25 horas, un tercero que conducía un camión con remolque por calle 10 Sur en dirección al oriente, al cruzar la avenida Barros Luco para tomar la ruta G–15 nuevo acceso a San Antonio, fue colisionado por una moto que se desplazaba en dirección al sur, con dos pasajeras, impactándose con el costado izquierdo del camión, resultando con lesiones graves las dos ocupantes, quienes fueron trasladadas al Hospital Claudio Vicuña, lugar en que falleció una de las lesionadas identificada como Carolina del Pilar Hernández Soto de 17 años de edad, y resultando con lesiones de carácter grave la afectada Marisa Soledad Rosas Ulloa” (Considerando segundo fallo de primer grado, reproducido por el que se revisa). El dictamen de alzada agrega que consta en el proceso que la conductora Carolina Hernández Soto se expuso imprudentemente al daño al conducir el móvil sin licencia para ello y en exceso de velocidad, (fundamento tercero del veredicto de segundo grado). Tales hechos resultan inamovibles en esta sede desde que no se ha reclamado que en su establecimiento se hubieren vulnerado normas ordenadoras de la prueba. CUARTO: Que dichos acontecimientos no pueden sino causar profunda aflicción y dolor, sufrimiento que, a fin de procurar una reparación completa del daño experimentado, debe ser indemnizado, pero su regulación, habiéndose establecido los presupuestos fácticos que lo tornan procedente y respecto de los cuales no se ha reclamado, se verifica privativa y prudencialmente por el Tribunal, teniendo especialmente en consideración la calidad de las personas, la extensión del mal causado y las circunstancias en que se verificó el hecho, dentro de las que se encuentra la forma en que la víctima guiaba su vehículo, como se consignó en el pronunciamiento atacado. QUINTO: Que el daño moral tiene su fundamento en el padecimiento que el ilícito provoca en la sensibilidad física o psíquica de quienes lo sufren, en sus sentimientos o afectos, de modo que para ordenar su procedencia, debe establecerse en el proceso el sufrimiento o dolor de la víctima, lo que desde luego origina dificultades para su apreciación pecuniaria, máxime si se trata de la pérdida definitiva de una hija joven en circunstancias tan lamentables, pero una reparación monetaria de esta naturaleza debe sopesar todos los elementos que rodearon el hecho delictuoso, no sólo del agente, sino también de aquellos que se vieron afectados con su proceder, sólo así se puede procurar que el perjudicado obtenga una satisfacción racionalmente equivalente, y sobre la base de la prudencia y la equidad, apreciando legalmente todos los datos concurrentes que arroja el proceso acerca del perjuicio, y las circunstancias concomitantes a su origen, debe expresarse el monto de la indemnización. SEXTO: Qué dentro de esta perspectiva los sentenciadores, en ejercicio de sus facultades, regularon la referida pretensión en la suma de diez millones de pesos, considerando para ello todos los antecedentes que arroja la indagación y las alegaciones y defensas de las partes, de modo que, tal proceder, no resulta posible calificarlo contrario a derecho. En efecto, los sentenciadores, en uso de sus facultades legales, estimaron que la acción de la conductora del vehículo motorizado menor lo hacía en forma que les ha parecido imprudente, al que se expuso por conducir sin licencia y a exceso de velocidad, con lo cual la norma del artículo 2.330 del Código Civil los autorizaba para reducir la apreciación del daño, la que, por tanto, no infringieron. SÉPTIMO: Que las consideraciones precedentes permiten sostener que el veredicto refutado no ha incurrido en la hipótesis de casación pretendida que se contiene en el inciso final del artículo 546 del ordenamiento procedimental penal que hacen procedente la invalidación del fallo, toda vez que no se han producido las violaciones de ley que la vía procesal intentada denuncia, lo que conduce necesariamente a desestimarlo. Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal y 2330 del Código Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fojas 345 por el abogado Gustavo González Moya, en representación de la parte querellante, en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de veintiocho de marzo del año en curso, escrita a fojas 343 y siguiente la que, por consiguiente, no es nula. Regístrese y devuélvase. Redacción del Ministro señor Nibaldo Segura Peña.

156

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Rol Nº 2.697–08. Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros Cárcamo, Hugo Dolmestch Urra y el Abogado Integrante señor Fernando Castro Alamos. No firma el Abogado Integrante señor Castro, no obstante haber estado en la vista y acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, 15 de septiembre de 2008. Autoriza la Secretaria Subrogante de esta Corte Suprema señora Carola Herrera Brummer.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

157

FICHA 7

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 1393-2007 Cita Online: CL/JUR/5158/2008 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO Santiago, martes treinta de octubre de dos mil uno. Juicio ordinario: VISTOS: Comparecen don Juan Alejandro Aguirre Paredes, empleado, y Clelia Maldini Sánchez, dueña de casa, domiciliado en Venezzo Gozolli Nº 4535, San Joaquín, deduciendo demanda de indemnización de perjuicios contra H.N.S. Leasing S.A., continuadora legal de la Compañía General de Leasing Sociedad Anónima, representada por Patricio Sepúlveda Palma, ignora profesión, domiciliados en Gertrudis Echeñique Nº 30, oficina 92, Las Condes, por las siguientes razones de hecho y de derecho: El 9 de agosto del año 1996, doña Clelia Maldini Sánchez, viajaba junto a su hijo Manlio Aguirre Maldini y a su madre Aída del Carmen Sánchez Sánchez, en un bus de la empresa Lit, patente KJ 8829, conducido por Juan Heriberto Villarroel Prieto, por la ruta 5 norte hacia el sur, el que a la altura del kilómetro 35 chocó por atrás un camión, falleciendo el conductor del bus, resultaron varios lesionados y algunos fallecidos. A raíz de este accidente su hijo Manlio Aguirre Maldini, sufrió lesiones graves y desprendimiento del cuero cabelludo, quedándole una cicatriz en la frente; el brazo facturado le quedó más corto, provocándole todo ello un retraimiento emocional, falleciendo en el mismo accidente la madre de su esposa doña Aída del Carmen Sánchez Sánchez, quedando la responsabilidad civil de la demandada establecida en la investigación realizada por el 19º Juzgado del Crimen en el proceso Nº 62334 6, en el que se determinó la responsabilidad del chofer del bus, el que conducía desatento, a exceso de velocidad y sin mantener la distancia respecto del camión que chocó, responsabilidad que se extinguió por el hecho de su muerte, determinando la responsabilidad civil solidaria de la demandada en su calidad de dueña del bus a la fecha del accidente. El fallecimiento de su suegra les ha provocado un enorme sufrimiento pues ella vivía junto a ellos, así también, por las lesiones sufridas por su hijo también sufrieron daños materiales y morales que se prolongan hasta hoy, daños avaluados en la cantidad de noventa y un millones ochocientos mil pesos ($ 91.800.000), por ello solicitan que se tenga por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en contra de H.N.S. Leasing S.A., como continuadora legal de Compañía General de Leasing Sociedad Anónima y condenarla al pago de $ 91.800.000, o la cantidad que Ss., determine más los intereses y reajustes desde la fecha del accidente, con costas. A fojas 70, consta que la demandada contesta la demanda solicitando su rechazo, en razón de las siguientes razones de hecho y de derecho: Con fecha 17 de octubre de 1994 se celebró un contrato de arrendamiento entre su representada y la empresa de buses Venegas e Insulza Limitada (Lit), por medio del cual esta última instruyó y autorizó a la demandada para adquirirlo, a objeto de continuar utilizándolo en calidad de arrendataria, por ello H.N.S. Leasing S.A., nunca tuvo la posesión material del bus siniestrado, lo que sí tuvo fue una inscripción a su nombre a objeto de adquirir un derecho real para precaverse de un eventual incumplimiento, por ello Lit, asumió contractualmente sobre sí, todo riesgo por eventuales daños que se ocasionaran a terceros como consecuencia del uso del móvil, desligando de toda responsabilidad a la demandada frente a la ocurrencia potencial de un siniestro, estipulándose la terminación ipso facto del contrato frente a un incumplimiento. Señala también, que su responsabilidad emanaría del accidenta de tránsito señalado en la demanda, del que conoció e investigó el 19º Juzgado del Crimen de Santiago, que terminó por sobreseimiento definitivo, debido al fallecimiento del conductor de uno de los móviles involucrados en el accidente, sin

158

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

embargo, niegan dicha responsabilidad pues nunca fueron parte en aquella investigación; el conductor inculpado era dependiente de Buses Lit, correspondiendo a ella entonces velar por la idoneidad profesional del chofer; la investigación, además, es incompleta. En cuanto al derecho, señalan que el contrato de leasing constituye una figura sui generis, en el que jamás hubo de parte da la demandada la intención de adquirir con ánimo de señor y dueño del bus ya señalado; la investigación realizada le es inoponible, pues jamás existió un auto acusatorio en contra del presunto responsable del accidente; además, el propietario está exento de responsabilidad cuando ha cedido la tenencia o posesión del bien, ya sea porque lo ha arrendado o lo ha cedido a cualquier otro título; en el caso que nos ocupa el chofer inculpado era dependiente de Lit y no de la demandada y por último se corre el riego de que el demandante ya haya recibido una indemnización por los mismos conceptos que actualmente demanda, por todo lo anterior solicita que se tenga por contestada la demanda de autos y rechazarla, con costas. A fojas 75, el actor evacua el trámite de la réplica, repitiendo los fundamentos expuestos en la demanda y contestando los hechos expuestos por el demandado en la contestación de la demanda, expresando que la demandada no niega su calidad de propietaria del bus setra (sic) patente KJ 8829 4 y controvierte, además, las observaciones formuladas por el demandado a la investigación realizada por el 19º Juzgado del Crimen de Santiago, donde consta inequívocamente que el citado bus chocó, al camión patente GD 9718, causando muerte y lesiones de los ocupantes del bus. Consta a fojas 80, el hecho de haber evacuado el demandado el trámite de la dúplica, reiterando lo señalado en la contestación de la demanda, en el sentido de explicar cuál fue la motivación contractual que llevó a la empresa Venegas e Insulza Limitada a adquirir al bien, de lo que se desprende que H.N.S. Leasing nunca tuvo la posesión material del bus siniestrado y reitera, además, la inoponibilidad para su representada del proceso criminal llevado ante el 19 Juzgado del Crimen de Santiago. Consta haberse llamado a las partes a una audiencia de conciliación que no se produjo. Se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que obra en autos. Vencido el probatorio se citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: En cuanto a la objeción documental de fojas 105; PRIMERO: Que la condición de simples instrumentos privados que ni siquiera están suscritos por la parte contra quien se hacen valer y no provienen de ésta, impide que a su respecto, se puedan hacer valer con éxito las objeciones precedentes, instauradas, precisamente, por la ley, para que se alegue la falsedad o falta de integridad de los mismos por quienes se afirma los suscribieron o firmaron, que no es el caso de autos; En cuanto al fondo: SEGUNDO: Que de los escritos fundaméntalas de la etapa de discusión se desprende claramente que no es la ocurrencia de la colisión de 9 de agosto de 1996, con su fatal secuela de pasajeros fallecidos y/ heridos, lo que se controvierte e incluso ni siquiera la forma y causas por las que ella se produjo, sino únicamente las circunstancias por las cuales tal hecho no es susceptible de ser atribuido en virtud de un mandato legal a la demandada H.N.S. Leasing S.A.; TERCERO: Que sabido es, a este respecto, que el fundamento preciso de la demanda de fojas 5 es la responsabilidad solidaria que según el mandato del artículo 174 de la ley 18.290 afecta y compromete a la demandada propietaria inscrita del vehículo bus patente KJ 8829 conducido por Juan Heriberto Villarroel Prieto, chofer de la empresa Lit, que a la sazón lo tenía en arrendamiento y que pereciera al embestir por detrás al camión patente GD 9718 con acoplado GXA 070 que le precedía en la carretera o ruta 5 norte ambos en dirección al sur del día de los hechos que se investigaran en el sumario rol 62.334 6 del Decimonoveno Juzgado del Crimen de Santiago; CUARTO: Que si bien el precitado artículo 174 de la ley 18.290 en su inciso segundo previene que tanto el conductor como el propietario del vehículo con cuyo manejo se infringen los precepto del tránsito público, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se ocasionan con motivo del uso del mismo no pueda ignorarse, a la vez, que este último queda eximido de tal responsabilidad cuando ha cedido la tenencia o posesión de él en virtud de un contrato de arrendamiento o a cualquier

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

159

otro título según así y excepcionalmente contempla el artículo 175 al inciso segundo de ese mismo cuerpo legal, por lo que la demanda no puede acogerse; QUINTO: Que por esta razón, de índole y origen exclusivamente legal, la demandada H.N.S. Leasing S.A., está al margen de la obligación de resarcimiento civil extracontractual que el actor le demanda, pues aunque es indiscutible que ostentaba la condición de propietaria del autobús placa patente KJ 8829 al tiempo de la colisión de 9 de agosto de 1996, también lo es, que la tenencia del mismo se ejercía por un tercero desde hacía un par de años antes en virtud de un contrato de arrendamiento con Leasing celebrado por escritura pública de 17 de octubre de 1994 ante el notario público de Santiago don Osvaldo Pereira González, hecho objeto éste que no ha sido controvertido por el actor; SEXTO: Que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu; Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19; 20; 23; 1698; 1699 y 1700 del Código Civil y 144; 160; 169; 170 y 342 del Código de Procedimiento Civil, se declara: a) Que se rechaza la objeción documental de fojas 105; y b) Que no ha lugar a la demanda de lo principal de fojas 5, sin costas, por aparecer que el actor tuvo motivo plausible para litigar. Regístrese. Pronunciada por el señor Javier Torres Vera, Juez Titular. Autoriza el señor Christian Viera Naranjo, Secretario Subrogante.

II.- CORTE DE APELACIONES Santiago, catorce de diciembre de dos mil seis. A fojas 194 y 200: téngase presente. A fojas 199: a sus antecedentes, con citación. VISTOS: I. En cuanto al recurso de casación: PRIMERO: Que la parte demandante ha deducido recurso de casación contra la sentencia dictada en autos, por la cual se rechaza sin costas la demanda, fundamentando el vicio incurrido, en lo dispuesto en el artículo 768 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil, esto es, por haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170; en cuanto al caso concreto en los números 2 y 4, esto es, enunciación breve de peticiones o acciones deducidas por el demandante y sus fundamentos, además de las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de base a la sentencia. SEGUNDO: Que del examen del fallo ad visus, se constata que el Juez a quo ha dado cumplimiento a la exigencia legal del artículo 170, enunciando lo consignado en su escrito de réplica a fojas 165, reflexionando y concluyendo sobre la materia en la forma que se consigna en los considerandos cuarto y quinto de la sentencia recurrida. TERCERO: Que en tal circunstancia y no cumpliéndose con los requisitos exigidos por el legislador para configurar el vicio alegado este recurso no puede prosperar. II. En cuanto al recurso de apelación: CUARTO: Que los fundamentos expresados en el primer otrosí de la presentación de fojas 171, no permiten a estos sentenciadores desvirtuar lo que viene resuelto desde primera instancia. Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes y 764 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. I. Se rechaza el recurso de casación en la forma, interpuesto por la demandada en lo principal de fojas 171 en contra de la sentencia de fecha treinta de octubre de dos mil uno, escrita a fojas 162 y siguientes. II. Se confirma la antedicha sentencia. Regístrese y devuélvase con expediente traído a la vista. Rol Nº 641 2002. Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los Ministros señor, Juan González Zúñiga, señora Dobra Lusic Nadal y por el Abogado Integrante señor Nelson Pozo Silva.

160

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

III.- SENTENCIA DE CASACIÓN Santiago, once de junio del año dos mil ocho. VISTOS: En estos autos del vigésimo séptimo Juzgado Civil de Santiago, juicio ordinario de indemnización de perjuicios, caratulados “Aguirre Paredes Juan Alejandro y otra con Compañía General de Leasing S.A.” se ha dictado sentencia definitiva de primera instancia a fojas 169, por la cual se rechazó la demanda de acción de indemnización de perjuicios, sin costas. En contra de esta decisión los demandantes, a fojas 178 interpusieron recurso de apelación solicitando se revoque el fallo aludido y se dé lugar a la demanda interpuesta, con costas. La Corte de Apelaciones de Santiago, por resolución de fojas 208 confirmó la sentencia de primer grado. En contra de este último fallo los demandantes, a fojas 215, dedujeron recursos de casación en la forma y en el fondo. Se trajeron los autos en relación. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el recurso de nulidad formal se funda en la causal establecida en el artículo 768 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 Nº 2 y 4 del mismo cuerpo legal, imputando a la sentencia atacada la falta de una enunciación breve de todos los fundamentos de la demanda, así como la falta de consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia. Al respecto sostiene el recurso que la sentencia impugnada no se pronuncia sobre sus alegaciones acerca del sentido y alcance de los artículos 174 y 175 de la ley Nº 18.290, mismo vicio que le imputa a la sentencia de primer grado, contra el cual reclamó en su oportunidad. Explica que al hacer suyo el fallo de primer grado la sentencia de alzada incurre también en este vicio. Agrega que el fallo impugnado se inclinó por una de las defensas de la demandada sin dar razones para desestimar sus argumentos en contrario, con lo cual no ha resuelto la litis conforme a derecho. Finalmente sostiene que la sentencia no se hizo cargo de los fundamentos del recurso de apelación, en el que alegó un error de interpretación de los artículos ya mencionados, limitándose los jueces del mérito a sostener que los fundamentos de tal arbitrio no permiten desvirtuar lo que viene resuelto desde primera instancia; SEGUNDO: Que señalando la influencia de los vicios denunciados en lo dispositivo del fallo sostiene el recurso de nulidad formal que de haberse considerado sus alegaciones los jueces del mérito habrían acogido la demanda; TERCERO: Que, por su parte, el recurso de casación en el fondo denuncia la trasgresión de los artículos 174 y 175 de la ley Nº 18.290, desde que la primera disposición –afirma– establece y regula la responsabilidad solidaria del dueño del vehículo, el que está obligado al pago de los daños y perjuicios causados con éste, a menos que pruebe que el vehículo fue usado sin su consentimiento, cuyo no se ha alegado en este caso. En cambio el artículo 175 se refiere a una materia distinta, como lo es la responsabilidad infraccional del dueño del vehículo, la que traslada al tenedor o poseedor del vehículo. En todo caso, aún cuando tal disposición eximiera al propietario de la responsabilidad civil extracontractual, ello sería sólo en dos situaciones, a saber, cuando el hecho se produjo como consecuencia del mal estado del vehículo o cuando se ignora la identidad del conductor, ninguna de las cuales se relaciona con esta causa. CUARTO: Que señalando la influencia de estas infracciones en lo dispositivo del fallo sostiene que de haberse aplicado correctamente estas disposiciones los sentenciadores habrían acogido la demanda interpuesta; QUINTO: Que habiéndose deducido recurso de casación en la forma por la demandante, corresponde efectuar su análisis en primer lugar. Sobre el particular, cabe consignar que al contestar la demanda la Compañía General de Leasing S.A. alegó que su parte está exento de responsabilidad respecto de los hechos de esta causa por cuanto si bien era a la época de su ocurrencia dueño del vehículo con el que se causaron los resultados dañosos que motivan la demanda por indemnización del daño moral, el móvil había sido cedido en arrendamiento a la empresa Venegas e Insulza Limitada (Buses Lit), hipótesis contemplada en el artículo 175 de la ley Nº 18.290 como una excepción a la responsabilidad del propietario que establece el artículo 174

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

161

de la misma ley. Los actores, al replicar se hicieron cargo de tal argumentación, solicitando su rechazo, alegando que tal hipótesis no se refiere a la responsabilidad civil extracontractual del propietario, sino únicamente a la infraccional, y, en todo caso, sólo referida a dos situaciones que allí se describen, ninguna de las cuales corresponde a la de autos; SEXTO: Que el fallo de primer grado, si bien enuncia el argumento de los actores al replicar, no se hace cargo de éstos desde que no hay ninguna argumentación que se refiera a tales alegaciones, que expliquen el motivo por el que éstas fueron desechadas y en cambio aceptada la posición de la parte demandada; SÉPTIMO: Que de lo expresado anteriormente se advierte que, en la especie, la sentencia ha incurrido en el vicio contemplado en el artículo 768 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil en relación con el 170 Nº 4, desde que carece de consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia, por lo cual el recurso de casación formal ha de ser acogido; OCTAVO: Que en cuanto al recurso de casación en el fondo, éste se tendrá por no interpuesto, acorde lo dispone el artículo 808 del Código de Procedimiento Civil, en su inciso 2º. De conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764, 765, 766, 786 y 806 del Código de Procedimiento Civil, se declara que se acoge el recurso de casación en la forma interpuesto en lo principal de la presentación de fojas 215 en contra de la sentencia de fecha catorce de diciembre del año dos mil seis, escrita a fojas 208, la que por consiguiente es nula, y se la reemplaza por la que se dicta a continuación. Regístrese. Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Castro. Rol 1.393 2007. Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Adalis Oyarzún, Sr. Pedro Pierry, Sra. Sonia Araneda y los Abogados Integrantes Sr. Fernando Castro y Sr. Óscar Herrera. No firman, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo los abogados integrantes señorees Castro y Herrera por estar ausentes. Autorizado por el Secretario suplente de esta Corte Sra. Beatriz Pedrals García de Cortázar.

IV.- SENTENCIA DE REEMPLAZO Santiago, once de junio de dos mil ocho. De conformidad con lo que dispone el artículo 786 del Código de Procedimiento Civil, se procede a dictar la siguiente sentencia de reemplazo. VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de los considerandos primero a sexto, que se eliminan. Y teniendo además presente: EN CUANTO A LA OBJECIÓN DOCUMENTAL: 1º) Que a fojas 112 la parte demandada objetó una boleta de honorarios, un comprobante de recaudación y bonos de atención de salud Fonasa, signados con los números 2, 3 y 4 respectivamente por emanar de terceros ajenos al juicio y no constar su autenticidad; 2º) Que de acuerdo a nuestra legislación los instrumentos privados pueden objetarse por falsedad o falta de integridad, situaciones que no fueron alegadas en autos, de manera que se rechazará la objeción planteada; EN CUANTO AL FONDO: 3º) Que por la demanda de fojas 5 don Juan Aguirre Paredes y doña Clelia Maldini Sánchez demandaron a la Compañía HNS Leasing S.A., continuadora legal de la Compañía General de Leasing S.A. de indemnización de perjuicios, fundados en el artículo 170 y 174 de la ley Nº 18.290 toda vez que el día 9 de agosto del año 1996 mientras transitaba por la ruta 5 norte hacia el sur, un bus de la empresa Lit, en el kilómetro 35 chocó por detrás a un camión. Como consecuencia de ello el hijo de los actores sufrió diversas lesiones que le ocasionaron un retraimiento emocional, en tanto la madre de la demandante falleció. En el proceso seguido en la causa rol 62.334 6 del Decimonoveno Juzgado del Crimen de esta ciudad, se estableció la responsabilidad en el hecho del chofer del bus, la que se extinguió por su fa-

162

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

llecimiento, determinándose así –sostienen– la responsabilidad civil solidaria de la demandada en su calidad de dueña del bus a la fecha del acontecimiento descrito. Demandaron indemnización por daño emergente, consistentes en gastos médicos y tratamiento de su hijo, por la suma de $1.800.000. Por el daño moral causado a la actora por la muerte de su madre la suma de $50.000.000, y por igual daño causado por tal deceso a sus hijos la suma de $20.000.000. Además solicitaron la indemnización por el daño moral causado a su hijo por las lesiones sufridas, el que estimaron en la suma de $10.000.000 e igual suma por el daño moral que a ellos, como padres les causaron las lesiones corporales y síquicas sufridas por el menor; 4º) Que la parte demandada al contestar, sostuvo en primer término que la investigación llevada a cabo por el Decimonoveno Juzgado del Crimen de Santiago, originado por un accidente de tránsito ocurrido el 9 de agosto del año 1996, que terminó por sobreseimiento definitivo debido al fallecimiento del conductor de uno de los móviles involucrados en el accidente le resulta inoponible por cuanto no fue parte en dicha causa, agregando que la investigación fue incompleta, así como que el conductor inculpado era dependiente de la empresa LIT, empresa a la que le correspondía velar por la idoneidad profesional del chofer y por el cumplimiento de sus exigencias legales, reglamentarias y administrativas. Sostuvo además al respecto que en este caso no es aplicable el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la causa criminal fue sobreseída definitivamente por muerte del inculpado, de manera que no hubo sentencia a su respecto; 5º) Que, continuó alegando la parte demandada, en el caso de autos se encuentra exento de responsabilidad pues si bien a la época de ocurrencia de los hechos era el propietario del vehículo, éste se encontraba arrendado a la empresa de pasajeros LIT, por lo que de acuerdo al artículo 175 del la ley Nº 18.290 es esta última empresa la responsable, toda vez que a esa fecha detentaba la administración y el control del vehículo. A continuación alegó que el chofer del bus siniestrado era dependiente de la empresa de transportes y no de su parte, de manera que es aquélla quien debe responder por la conducta y daños ocasionados por la negligencia del conductor, según lo establece el Código Civil. Finalmente se refiere al cúmulo de responsabilidades, haciendo presente que es probable que los demandantes hayan obtenido una indemnización por los mismos conceptos que actualmente accionan dado que –estima– lo lógico habría sido demandar directamente a la empresa de pasajeros involucrada en el hecho; 6º) Que al replicar la demandante sostuvo, en lo que a la inoponibilidad de la causa criminal alegada se refiere, que no es efectivo que la demandada no haya tenido la oportunidad procesal de participar en el juicio criminal por estos hechos, agregando que si no lo hizo fue porque no ejerció dicho derecho. Respecto a lo incompleto de la investigación, sostuvo que de haber sido ello efectivo el sobreseimiento habría sido temporal y no definitivo como ocurrió. Los antecedentes contenidos en tal proceso demuestran fehacientemente la responsabilidad del conductor del bus de propiedad de la demandada. Luego, haciéndose cargo de la alegación de encontrarse exento de responsabilidad atento lo dispuesto en el artículo 175 de la ley Nº 18.290, sostuvo que tal disposición se refiere sólo a la responsabilidad infraccional derivada de ciertas transgresiones, y ello no constituye excepción respecto de la responsabilidad civil. Sostuvo a continuación que la responsabilidad de los amos por la conducta de sus dependientes contemplada en el artículo 2322 del Código Civil es sin perjuicio de la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo, contemplada en el artículo 174 de la ley Nº 18.290 Su parte optó por hacer efectiva esta última, afirmando que no ha demandado ni cobrado indemnización alguna a la empresa LIT; 7º) Que al duplicar la demanda insistió en que se encuentra exenta de responsabilidad civil atendido lo dispuesto en el artículo 175 de la ley 18.290, en que le es inoponible lo obrado en la causa criminal, por lo cual las conclusiones a que allí se arribó no pueden ser tenidas como ciertas en esta causa; así como que en dicho proceso no se dictó sentencia, de manera que no es aplicable el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil; 8º) Que en lo relativo a la inoponibilidad de la causa criminal alegada por la demandada cabe señalar que no se ha indicado en la demanda que la responsabilidad de su parte haya sido establecida en dicha causa, sino únicamente que en tal proceso se establecieron ciertos hechos, como la ocurrencia del accidente que nos ocupa, las consecuencias de éste, así como la responsabilidad que en calidad de autor le correspondió al conductor del bus, que desde luego permiten su acreditación en una causa civil como la que nos ocupa, aún cuando el demandado no haya sido parte en aquélla, y no podía serlo

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

163

si únicamente se trata del dueño del vehículo y no existió demanda civil en su contra. Lo contrario importaría que en ningún caso se podría perseguir la responsabilidad del propietario del móvil en sede civil. El hecho de que en autos no pueda hacerse valer una sentencia dictada en un proceso criminal que condene al procesado, desde que en el caso de autos el conductor del vehículo que habría causado la colisión falleció de manera que no existió sentencia condenatoria, desde luego no importa que no se pueda hacer valer el proceso criminal para acreditar los hechos en que se funda la demanda, máxime si la sentencia de sobreseimiento definitivo que se dictare en la causa criminal no produce cosa juzgada en materia civil, como lo dispone el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil; 9º) Que en relación a la excepción de responsabilidad que establece el artículo 174 de la ley 18.290, excepción que se encontraría contemplada en el artículo 175 de dicha ley, debe tenerse presente que esta última disposición se refiere a la responsabilidad infraccional que derive del mal estado y condiciones del vehículo, así como de las infracciones cometidas por un conductor que no haya sido individualizado, estableciendo que ésta es del propietario o del tenedor del mismo cuando aquél haya cedido la tenencia o posesión del vehículo en virtud de un contrato de arrendamiento. Así entonces, tenemos que tal disposición, como ya se indicó, se refiere únicamente a la responsabilidad infraccional, distinta de la civil extracontractual, de la que trata el artículo 174 de la ley del tránsito, sin que pueda estimarse entonces que el artículo 175 sea una excepción a la regla del 174, que establece la responsabilidad solidaria del dueño del vehículo; 10º) Que por otro lado, es decisión de los actores accionar fundándose para ello en la responsabilidad civil del empleador, en este caso del chofer del bus causante de la colisión, o, como lo hicieron, en la responsabilidad civil que le corresponde al propietario del vehículo, desde que la ley no ha señalado un orden o preeminencia de una por sobre la otra. Relacionado con lo anterior, sólo resta señalar que no existe ningún antecedente en el proceso que permita acreditar que los actores hayan perseguido además la responsabilidad civil de la empresa de transporte de pasajeros de la que era dependiente el conductor del bus; 11º) Que son hechos no controvertidos por las partes: a. Que el día 9 de agosto del año 1996 un bus que viajaba con el nombre de la empresa LIT por la ruta 5 norte, colisionó por atrás a un camión y como consecuencia de ello falleció la madre de la demandante doña Aída del Carmen Sánchez, deceso que se comprueba además con el certificado de defunción rolante a fojas 1; b. Que producto de la colisión resultó con heridas de carácter grave el hijo de los actores, Manilio Aguirre Maldini, quien a esa época tenía 3 años once meses de edad, según consta del certificado de nacimiento acompañado a fojas 3; c. Que el bus en cuestión a esa fecha era de propiedad de la Compañía General de Leasing S.A y se encontraba arrendado a la empresa de transportes LIT o Venegas e Insulza Ltda.; 12º) Que por su parte, de acuerdo al informe técnico elaborado por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, de Carabineros de Chile, que se encuentra agregado en la causa rol 62.334 6 del Vigésimo Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, la colisión que ocasionó los perjuicios que se demandan se debió a la actuación del conductor del bus, don Juan Heriberto Villarroel Prieto, quien falleció al momento de accidente, toda vez que el vehículo que conducía colisionó por alcance a un camión que transitaba más adelante por la misma ruta y en el mismo sentido, conducta que según se indica en el informe se debió a que éste se quedó dormido manejando, o por conducir sin estar atento a las condiciones del tránsito, hipótesis ésta última que se encuentra en concordancia con los dichos de los pasajeros del bus, Leonardo Infante e Iris Maturana, quienes declararon en la causa criminal antes indicada, a fojas 51 vuelta y 54 respectivamente, el primero que en el trayecto, mientras se exhibía una película, pudo constatar que el conductor en un momento “se echó para atrás con el fin de ver el televisor”; y la segunda, que en algunos momentos del trayecto, mientras miraba la película que exhibían se percató “que el chofer comentaba la película con el copiloto y se reía”. 13º) Que los antecedentes señalados en el considerando anterior constituyen presunciones graves, precisas y concordantes en orden a que el motivo o causa de la colisión que provocó los daños cuya indemnización se persigue fue la conducta del chofer del bus, don Juan Heriberto Villarroel Prieto, quien colisionó por detrás a un camión que lo antecedía, por no estar atento a las condiciones del tránsito;

164

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

14º) Que la muerte de la madre de la actora en las circunstancias antes descritas, provocada por la actuación del conductor del bus en que viajaba, desde luego ocasiona en ésta un sufrimiento, teniéndose presente que en este caso además doña Aída Sánchez vivía con ella según lo declaró la testigo Miriam Silva Reyes a fojas 102, motivo por el cual se accederá a la indemnización demandada por doña Clelia Maldini por el daño moral que le provocó este deceso, el que se regulará prudencialmente por este tribunal en la suma de $40.000.000 (cuarenta millones de pesos); 15º) Que en cuanto a las lesiones sufridas por el menor Manlio Aguirre Maldini, se acreditó en autos que al momento de la colisión éste viajaba en el bus y resultó herido en la frente y en el brazo izquierdo. Se acreditó además que como consecuencia de ello el menor resultó con una cicatriz en la frente, según lo relataron las testigos que depusieron a fojas 99 y 102 respectivamente, agregando doña María Eugenia Hidalgo que el niño también tuvo una herida en la parte posterior de la cabeza, testimonios que resultan concordantes con lo informado por el médico legista en la causa criminal antes señalada, a fojas 83, que indica que al momento de examinarlo el 10 de octubre del año 1996 constató una cicatriz irregular frontal derecha, además de otra en la región occipital media y deformación del húmero izquierdo; 16º) Que el dolor que le provoca naturalmente a los padres de un menor de tan sólo tres años de edad que éste resulte con las heridas antes descritas desde luego es innegable, dolor que en este caso se acreditó además con los testimonios antes indicados, testigos que manifestaron que esta situación afectó sicológicamente a sus padres, daño moral que se regula prudencialmente por este tribunal en la suma de $5.000.000 (cinco millones de pesos); 17º) Que, por su parte, en lo que dice relación con el daño emergente demandado, consta de los testimonios de doña María Eugenia Hidalgo y de doña Miriam Silva Reyes, así como de los documentos que rolan de fojas 104 a 106 y 108 que al menor Manlio Aguirre Maldini se le efectuaron procedimientos médicos quirúrgicos, apareciendo de estos últimos medios probatorios que por tal concepto se pagó la suma de $330.300, pruebas que sirven de base para presumir judicialmente que los procedimientos médicos quirúrgicos efectuados al menor Manlio Aguirre Maldini como consecuencia de la colisión materia de autos importaron un desembolso de $330.300, presunción que tiene caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar el convencimiento de estos sentenciadores, de manera que constituye plena prueba de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 426 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. 18º) Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 174 de la ley Nº 18.290, la empresa demandada, propietaria del bus cuyo conductor causó los daños antes establecidos, debe responder por éstos; 19º) Que atento lo anterior la demandada deberá pagar a los actores, a título de indemnización por concepto de daño emergente, la suma de $330.300, suma que se reajustará conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de notificación de la demanda y su pago efectivo, más los intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero desde que se constituya en mora el deudor; 20º) Que además la demandada deberá indemnizar el daño moral sufrido por la actora como consecuencia del fallecimiento de su madre, así como el daño moral sufrido por ambos demandantes por las lesiones con que resultó su pequeño hijo, daños que fueran regulados prudencialmente en la suma de $40.000.000 y $5.000.000 respectivamente, sumas que se reajustarán conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y su pago efectivo, más los intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero desde que se constituya en mora el deudor. 21º) Que en cambio no se acogerá la demanda respecto del daño moral sufrido por los hijos de los demandantes desde que éstos últimos sólo accionaron por sí y no en representación de aquéllos. Y visto además lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia apelada de treinta de octubre del año dos mil uno, escrita a fojas 169, en la parte que no dio lugar a la demanda de indemnización de perjuicios por los conceptos de daño emergente, daño moral sufrido por la actora como consecuencia del fallecimiento de su madre, y del daño moral que las lesiones de su hijo menor les provocó a los demandantes, y se declara:

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

165

I. Que la demandada, Compañía General de Leasing S.A., es condenada a pagar a los actores por concepto de daño emergente la suma de $330.300, suma que se reajustará conforme a la variación que experimente el índice de precios al consumidor entre la fecha de notificación de la demanda y su pago efectivo, más los intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero desde que se constituya en mora el deudor; II. Que se condena a la demandada a pagar a doña Clelia Maldini Sánchez, a título de indemnización por daño moral causado con la muerte de su madre, la suma de $40.000.000 (cuarenta millones de pesos). III. Se condena además a la demandada a apagar a los actores la suma de $5.000.000 (cinco millones de pesos) a título de indemnización del daño moral causado por las lesiones que sufriera su hijo menor. IV. Las sumas señaladas en los acápites II y III serán reajustadas y devengarán intereses como se indicó en el considerando decimoséptimo de este fallo. Se confirma en lo demás la referida sentencia. Regístrese y devuélvase con sus agregados. Redacción del Abogado Integrante Sr. Castro. Rol 1.393 2007. Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Adalis Oyarzún, Sr. Pedro Pierry, Sra. Sonia Araneda y los abogados integrantes Sr. Fernando Castro y Sr. Óscar Herrera. No firman, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo los Abogados Integrantes señores Castro y Herrera por estar ausentes. Autorizado por el Secretario suplente de esta Corte Sra. Beatriz Pedrals García de Cortázar.

166

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

FICHA 8

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 4789-2007 Cita Online: CL/JUR/6677/2008 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO Melipilla, treinta de marzo de dos mil siete. VISTOS: Se ha instruido este proceso rol 22.982 F a objeto de determinar la responsabilidad que en el ilícito investigado le ha cabido a José Antonio Camus Pavez, cédula de identidad Nº 14.515.481 2, natural de Curicó, 27, años de edad, soltero, estudios medios, domiciliado en Avenida Ramón Freire s/n comuna de Romeral, nunca antes procesado. Del hecho que diera origen a la formación de la causa tomó conocimiento el Tribunal a través del parte de Carabineros Nº 13 de la Tenencia de San Pedro, Vigésima Cuarta Comisaría de Melipilla, de fojas 8, el que dice relación con la detención del inculpado, quien conducía el camión placa patente LA 8245, con remolque patente TFU 202, por la ruta R 66 en dirección al norte, llegando al kilómetro 106 sector Cabimbao y tomar una curva existente hacia la izquierda, el carro remolque traspasó el eje de la calzada demarcado, obstruyendo la pista de circulación a la camioneta placa patente TA 9872, colisionándola en su parte izquierda la que era conducida por René Arévalo Vera. A raíz de lo anterior falleció en el mismo lugar de los hechos la hija del conductor de la camioneta, la que viajaba como acompañante. A fojas 289 se acusó al nombrado José Antonio Camus Pavez como autor de cuasidelito de homicidio en la persona de Tamara Arévalo Muñoz, previsto y sancionado en el artículo 490 Nº 1 en relación con el artículo 391 Nº 2, ambos del Código Penal resolución a la que se adhirió el querellante René de las Mercedes Arévalo Vera, a fojas 301, representado por el abogado Rodolfo D’Alencon Masferrer. En este escrito, además, deducen demanda civil e indemnización pecuniaria en contra del acusado y del propietario del vehículo infractor. A fojas 329, el abogado Alfredo Arraigada Figueroa, contesta la demanda civil por parte del tercero civilmente responsable. A fojas 333, el abogado Alfredo Arriagada Figueroa en representación del enjuiciado, evacuó el trámite de contestación de la acusación y de la demanda civil, planteando las alegaciones y defensas que se analizarán en lo considerativo de este fallo. A fojas 401, se dispuso traer los autos para dictar sentencia definitiva. CONSIDERANDO: I. En cuanto a la acción penal: PRIMERO: Que se acusó al procesado José Antonio Camus Pavez como autor del cuasidelito de homicidio en la persona de Tamara Arévalo Muñoz, previsto y sancionado en el artículo 490 Nº 1 en relación con el artículo 391 Nº 2, ambos del Código Penal. SEGUNDO: Que en orden a determinar la existencia de tal hecho punible, se reunieron en la causa los siguientes elementos de juicio: a) Certificado médico, emitido por Departamento de Salud Municipalidad de San Pedro de fojas 1, correspondiente a Marcela Peñailillo Guajardo, con un diagnóstico de policontusa de carácter leve. b) Certificado médico, emitido por el Departamento de Salud Municipalidad de San Pedro, de fojas 2, correspondiente a José Mosquera, con un diagnóstico de policontuso de carácter leve. c) Certificado médico, emitido por el Departamento de Salud Municipal de San Pedro, de fojas 3, correspondiente a Alexis Arévalo, con un diagnóstico de policontuso de carácter leve. d) Certificado médico emitido por el Departamento de Salud Municipal de San Pedro, de fojas 4, correspondiente a María Muñoz, con un diagnóstico de policontuso de carácter leve. e) Certificado médico emitido por el Departamento de Salud Municipal de San Pedro de fojas 5, correspondiente a René Arévalo, con un diagnóstico de policontuso, TEC, de carácter leve.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

167

f) Certificado médico legal de fojas 6 correspondiente a José Antonio Camus Pavez, con un diagnóstico de sin lesiones, sobrio, se efectúa alcoholemia. g) Certificado médico legal de fojas 7, correspondiente a René Arévalo Vera, con un diagnóstico de hombro izquierdo, contusión frontal, erosión pierna derecha, sobrio, se le efectúa alcoholemia. h) Parte de Carabineros Nº 13 de la Tenencia San Pedro, Vigésimo Cuarta Comisaría de Carabineros de Melipilla, de fojas 8, de fecha 28 de marzo del 2004, por medio del cual se pone en conocimiento del Tribunal los hechos materia de esta investigación, en la cual se expresa que la causa basal probable, según el primer peritaje efectuado en el lugar del accidente por el equipo S.I.A.T., que el conductor del camión P.P.U. LA 3845 al ingresar al desarrollo de una curva hacia la izquierda con el remolque que traccionaba P.P.U. TFU 202, presumiblemente sobrepasa el eje de la calzada demarcado, obstruyendo la normal circulación de la camioneta P.P.U. TA 9872, colisionándola de roce con el móvil traccionado motivando la pérdida de control del vehículo menor para luego acceder a la faja lateral de la vía. i) Declaración del afectado René de las Mercedes Arévalo Vera, quien a fojas 15, señaló que el día 28 de marzo del año 2004, alrededor de las 12:45 horas, conducía su camioneta placa patente TA 9872, marca Ford, modelo Ranger XLT color verde, año 1999, por la ruta R 66 en dirección al norte y al llegar al kilómetro 106, frente a una curva en la cual en sentido contrario venía un camión el que, pasó sin problema la curva, pero su remolque patente TFU 202, traspasó el eje central de la calzada el que impactó su camioneta en la parte izquierda en el pilar de la puerta delantera, producto del impacto falleció su hija Tamara Arévalo Muñoz de 17 años, quien venía sentada en el asiento trasero del conductor. Agregó que el pavimento estaba mojado por la reciente llovizna, tomó la curva a unos 45 kilómetros por hora y no había bebido nada de alcohol. Indicó que el remolque llegó hasta la mitad de su pista de circulación, pudiendo afectar que el chofer del camión tomó la curva a una velocidad no adecuada, lo que provoca que un vehículo de carga mayor tome mayor velocidad en este tipo de calles. Señaló que él resultó con lesiones de carácter leve, las que no acreditará en el Servicio Médico Legal. Agregó que su esposa doña María Muñoz Velásquez producto del accidente se encuentra con dolores en su columna. j) Querella criminal interpuesta a fojas 27, por René de las Mercedes Arévalo Vera, en contra del enjuiciado en su calidad de autor del cuasidelito de homicidio cometido en la persona de su hija Tamara Jazmín Arévalo Muñoz. k) Atestados de Marcela del Pilar Peñailillo Gajardo, quien a fojas 39 señaló que el día de los hechos, venía de pasajera en la camioneta placa patente TA 9872 conducida por René Arévalo, quien es su suegro, venían desde Pichilemu en dirección a la costa por la Ruta de la Fruta, no venía muy atenta a las condiciones del tránsito, solamente sintió un grito de su suegra quien dijo “René se está saliendo el camión y a los segundo sintió el ruido del impacto en la camioneta, producto del cual falleció Tamara de 17 años debido a que venía sentada en la puerta trasera de ese lado. Agregó que producto del accidente le saltó al parecer un pedacito de vidrio en su ojo derecho, el que le molesta demasiado y tiene una capa que le nubla la visión, por lo que desea asistir al Servicio Médico Legal a acreditar las lesiones. l) Declaración del testigo Alexis René Arévalo Muñoz, quien a fojas 40 señaló que el día de ocurrido los hechos venía como ocupante, pasajero, de la camioneta placa patente TA 9872 conducida por su padre René Arévalo, se dirigían a la costa por la Ruta de la Fruta y al enfrentar una curva ubicada en el sector venía un camión en sentido contrario, el que pasó bien por la otra pista, pero el carro del camión sobrepasó considerablemente el eje de la calzada ocupando la gran mayoría de la otra pista y sorpresivamente impactó la camioneta en el lado izquierdo, producto del impacto resultó fallecida su hermana Tamara de 17 años. Indicó que la curva no es tan cerrada y lo que provocó ese accidente fue la negligencia del chofer del camión, debido a que no calculó bien su maniobra impactándolos, él no resultó con lesiones de ningún tipo. m) Atestados de María Eliana Muñoz Velásquez quien a fojas 41 señaló que el día de ocurrido los hechos venía sentada como copiloto en la camioneta placa patente TA 9872 de propiedad de René Arévalo Vera, quien es su conviviente, iban en dirección a las Rocas de Santo Domingo, no recordando por qué carretera. Agregó que al llegar a una curva, venía un camión con acoplado en sentido contrario, pero el camión pasó bien al lado de ellos, pero el acoplado se abrió mucho, sobrepasando el eje central de la calzada en su mayoría impactando a la camioneta donde iba en el lado izquierdo y producto del

168

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

impacto falleció su hija Tamara Arévalo Muñoz de 17 años. Indicó que dicho accidente ocurrió por la negligencia del chofer del camión, quien no tomó las precauciones en el momento de tomar esa curva. Hizo presente que a raíz del accidente recibió golpes en diferentes partes de su cuerpo, especialmente en su columna, por tal motivo acreditará las lesiones. n) Informe técnico pericial Nº 266 C 2004 elaborado por la S.I.A.T. de Carabineros, de fojas 42, complementado con informe técnico pericial Nº 905 A 2004, en el que se señala que la causa basal del accidente ha sido que el conductor del camión patente LA 3245 marca Scania, modelo 112 año 1984, color azul, al ingresar al desarrollo de la curva hacia la izquierda, presumiblemente sobrepasando con su remolque patente TFU 202, marca Goren, modelo Plano 11 metros, año 1993, color verde, largo 13,20 metros, el eje de la calzada demarcado con línea continua, a raíz de lo cual, le obstruye la normal circulación a la camioneta patente TA 9872 marca Ford, modelo Ranger XLT, año 1999, color verde pacífico, desvían su trayectoria, chocando. La visual que mantenían ambos conductores el día del accidente era buena, conforme a lo establecido por el Oficial investigador. Se agregan al informe levantamiento planimétrico del lugar del accidente y tres fotografías. ñ) Informe de autopsia Nº 919 04 de fecha 10 de mayo del 2004, correspondiente a Tamara Yazmín Arévalo Muñoz, remitido del Servicio Médico Legal, Santiago, agregado a fojas 55 y siguientes, en el que se concluye que la causa de la muerte corresponde a un politraumatismo, lesiones necesariamente mortales. o) Peritaje clínico Nº 114 2004 de fecha 25 de mayo del 2004, agregado a fojas 58, correspondiente a María Eliana Muñoz Velásquez, en el que se concluye que las lesiones acreditadas son explicables por golpes en el interior de vehículo en marcha que colisiona, de carácter leve, con un tiempo de curación e incapacidad de 14 días, sin secuelas ni tratamiento posterior. p) Certificado de defunción correspondiente a Tamara Yazmín Arévalo Muñoz, de fojas 61. q) Informe alcoholemia correspondiente a René Arévalo Vera, consignando un resultado de cero coma cero gramos por mil (0.0), según muestra tomada a las 15.30 horas del 28 de marzo de 2004, de fojas 62. r) Informe alcoholemia correspondiente al enjuiciado, consignando un resultado de cero coma cero gramos por mil (0,0) según muestra tomada a las 15:30 horas del 28 de marzo del 2004, de fojas 65. s) Informe técnico pericial de investigación de accidentes de tránsito, confeccionado por Carabineros de Chile, Dirección de Investigación delictual y drogas departamento S.I.A.T., de fojas 97, el cual establece y ratifica que el participante 1, ingresa al desarrollo de la curva hacia la izquierda, presumiblemente sobrepasando el móvil 1 A, que traccionaba el eje de la calzada demarcado con línea continua a raíz de lo cual le obstruye la normal circulación al móvil 2, colisionando luego por proyección el móvil 2, desvía su trayectoria, chocando. s) Reporte técnico pericial elaborado por Lapetec, de fojas 132 y ss., en el que concluye que la presunta causa basal del accidente corresponde a que el conductor de la camioneta placa patente TA 9872 conduce a una velocidad considerada no razonable ni prudente, bajo las condiciones existentes, sin considerar los riesgos y peligros presente y los posibles, que le permitieran controlar el vehículo cuando fuera necesario, para evitar accidentes en forma longitudinal a una vía con sentido sur. Se adjunta al reporte set de 27 fotografías. u) Ordinario Nº 1828 emitido por el Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad de fojas 252, y que dice relación a los antecedentes técnicos referidos a la velocidad crítica, orientación geográfica, estudio de metros al sur del puente El Codo, comuna de San Pedro, siendo estos antecedentes los siguientes: Orientación geográfica de la curva para ambas calzadas es de oriente a poniente; el radio de curvatura es de 240 metros; la pendiente longitudinal de entrada es de 3.85% (bajada) y de +7,00% de salida (subida); los valores promedio de peralte y velocidad crítica que corresponde a la calzada interna son peralte/bombeo 5.98% velocidad crítica 77,3 km/hr; los valores promedio de peralte y velocidad crítica que corresponde a la calzada externa son peralte/bombeo +5.30% velocidad crítica 76,3 km/ hr; La velocidad crítica instantánea es de 76,1 km/hr aproximadamente, correspondiente al punto más desfavorable y se encuentra en el kilómetro 106,280 (según balizado existente) con un peralte externo de 5,14. No obstante se hace presente que la señalética existente en el lugar señala como velocidad máxima 60 km/hr. Se adjuntan dos fotografías del sector.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

169

v) Informe de terreno de fojas 255, por medio del cual se indica las condiciones técnicas del lugar de colisión y se indica que la velocidad máxima permitida es de 60 km/hora. w) Informe pericial de revisión y tasación de daños del vehículo patente TA 9872 efectuado por el perito judicial Hugo Díaz Molina en el cual se concluye que dicho vehículo se encontraba siniestrado, presentando deformaciones, daños y destrozos que afectan su estructura, evidenciando en forma característica los esfuerzos que soportó la zona del tercio medio izquierdo en la doble cabina, caja pick up y demás partes y elementos a raíz del intensivo impacto dinámico de tal magnitud que le provocó otro cuerpo compacto en desplazamiento, resultando del choque. Producto de los daños, la dobladura y deformación de la estructura de la doble cabina, caja pick up y demás daños de carácter mecánico, es anticomercial su reacondicionamiento por lo que debe considerarse este vehículo no reparable y pérdida total. x) Replanteo técnico científico de accidente de tránsito efectuado por el perito judicial Julio Bahamondes Quevedo, de fojas 386 y siguientes, en el cual concluye que la causa basal del accidente replanteado, corresponde a que el conductor de la camioneta (Arévalo), conduce a exceso de velocidad, en el entorno de los 120 km/h en una zona señalizada con una máxima de 70 km/h y sobrepasando además la velocidad legal en zona rural, con abierta y efectiva exposición al riesgo de accidente, de acuerdo a las condiciones climáticas y de la vía y por causa atribuibles a un proceso de centrifugación y no a falla mecánica del móvil, al sobrepasar la velocidad crítica de la curva, ingresa al desarrollo de una curva traspasando el eje de la calzada percatándose tardíamente de la presencia y proximidad del camión y remolque conducido por (Camus) que se desplaza por la pista y sentido de dirección contraria, motivando que en emergencia efectúe una maniobra evasiva de recuperación de pista, sin éxito, sino que hace más que la intensidad del impacto sea mayor en la parte trasera de la cabina, al colisionar. TERCERO: Que el conjunto de antecedentes, ya detallados, conforman varias presunciones judiciales ajustadas a la regla del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal las que llevan a establecer lo siguiente: Que, el día 28 de marzo del año 2004, un sujeto conducía un vehículo camión, placa patente LA 8245, marca Scania, modelo 112, color blanco con el remolque placa patente TFU 202, por la ruta R 66 en dirección al sur y al tomar una curva existente hacía la izquierda, sobrepasó el eje de la calzada demarcado con línea continua, con lo cual obstruyó la normal circulación a la camioneta placa patente TA 9872, marca Ford, modelo Ranger, conducida por René Arévalo Vera, colisionándola con el remolque en la parte izquierda de la camioneta conducida por Arévalo Vera, producto del impacto falleció doña Tamara Yasmín Arévalo Muñoz. CUARTO: Que el episodio precedentemente descrito tipifica un cuasidelito de homicidio, previsto en el artículo 492 en relación con los artículos 490 Nº 1 y 391 Nº 2, ambos del Código Penal. QUINTO: Que en su indagatoria, a fojas 14, el encausado expuso que conducía el camión placa patente LA 8245, marca Scania, color blanco y verde con remolque placa patente PPU 202 por la ruta R 66 en dirección al sur y al llegar al kilómetro 108, sector Cabimbao, tomó una curva existente hacia la izquierda y en los momentos que realizaba la maniobra de la curva y en sentido contrario venía una camioneta placa patente TA 9872 de color verde, la que venía a una alta velocidad, considerando que venía bajando y tomando una curva a alta velocidad. Agregó que cree que perdió el control de la camioneta e impactó el lado izquierdo del remolque. Hizo presente que él no vio pasar la camioneta frente al camión, solamente sentí el ruido del choque. Solamente vio la camioneta cuando venía bajando la subida. Agregó que venía muy pendiente de pasar la curva bien, ya que el pavimento estaba con un poco de lluvia y se encontraba resbaladizo. Indicó no tener responsabilidad en este accidente, debido a que el otro conductor tomó la curva a mucha velocidad. Señaló que no había bebido nada de alcohol y que venía conduciendo desde Valparaíso, llevaba manejando tres horas y media. SEXTO: Que, en su indagatoria el encausado, si bien niega su participación en los hechos, permiten convicción el parte policial de fojas 8, informes periciales de fojas 42 y 97, además de las declaraciones de fojas 15, 39, 40, 41, de los cuales se tiene por establecido que el encausado condujo su camión traspasando el eje de la calzada, colisionando con su remolque a una camioneta que venía en sentido contrario, contraviniendo con ello lo establecido en los artículos 114, 120, 123 y 148 de la ley 18.290, normas que lo obligaban a conducir atento a las condiciones del tránsito, por la derecha de su calzada,

170

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

sin traspasar el eje de ésta y a una velocidad prudente, razón por la cual esta Juez tiene por acreditada la participación del encausado en la calidad de autor que se le ha atribuido en el delito en comento, por haber tenido en él una intervención inmediata y directa. SÉPTIMO: Que, a fojas 301, la parte querellante se adhirió a la acusación fiscal. OCTAVO: Que, en el trámite de contestación la defensa solicita se absuelva a su representado del delito por el cual se le acusa, atendido que al analizarse las circunstancias de ocurrencia del accidente, se concluye indefectiblemente que la causa de la ocurrencia fue que el conductor de la camioneta perdió el control del vehículo, ingresando a un punto crítico de la curva y desplazarse por efecto de la velocidad, en forma lateral hacia el remolque del camión, impactándolo en el costado delantero izquierdo, agrega que por efecto de la curva el remolque debió tenderse a desplazarse con su parte posterior hacia su derecha o parte posterior de la curva alejándose del eje central y la camioneta por la velocidad que llevaba, ingresó a la curva y por efecto de la inercia se desplazó en forma lateral hacia el arco exterior de la circunferencia de la curva, esto es el eje central de la calzada. En subsidio, solicita se acoja la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior y que se le conceda el beneficio alternativo de la remisión condicional de la pena. NOVENO: Que, se desechará la solicitud de absolución precedentemente planteada, toda vez que aparece de los antecedentes que se reseñaron en el considerando segundo de este fallo, en especial de los informes periciales de fojas 42 y 97, además de las declaraciones de fojas 15, 39, 40, 41 que el acusado participó en el cuasidelito por el cual se le acusó, lo cual se desprende de los antecedentes ya indicados, los cuales indican claramente que el acusado sobrepasó el eje de la calzada, lo que no se ve desvirtuado por los informes acompañados por el querellado, los cuales sólo se dirigen a establecer la trayectoria normal de los móviles que circulan por dicha curva, sin considerar las declaraciones de los testigos que depusieron en autos. DÉCIMO: Que favorece al enjuiciado la atenuante de su irreprochable conducta pasada, como se infiere de su extracto de filiación, de fojas 262, exento de anotaciones por procesos anteriores. UNDÉCIMO: Que, atendido el mérito de las consignaciones efectuadas por el encausado durante todo el tiempo de duración del proceso, que rolan a fojas 110, 111, 127, 198, 231, 242, 244, 250, 267, 276, 281 y 297, por la suma total de $ 210.000, se establece que beneficia además al encausado la circunstancia atenuante de reparación celosa del mal causado, contemplada en el Nº 7 del artículo 11 del Código Penal. DUODÉCIMO: Que, no existiendo otras circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que analizar y siendo la pena asignada al cuasidelito de homicidio una de dos grados divisible y conforme lo dispone en el artículo 68 del Código Punitivo, esta sentenciadora se encuentra facultada para rebajar la pena en uno, dos o tres grados al mínimo señalado en la ley, según sea el número y entidad de dichas circunstancias, aplicándose en la especie la que se señalará en la parte resolutiva del fallo. II. En cuanto a la acción civil: DECIMOTERCERO: Que en el primer otrosí del escrito de fojas 301 el abogado Rodolfo D’Alençon Masferrer, en representación del afectado, interpone demanda civil de indemnización de daños y perjuicios en contra del acusado y de don Exequiel Bravo Guerra, en sus calidades de conductor, propietario del camión patente LA 8245 con el cual se provocó el cuasidelito de homicidio y responsable civil. Solicita por concepto de daño directo la suma de $ 5.000.000, correspondiente a los perjuicios sufridos por la camioneta patente TA 98.72 de propiedad de su representado, asimismo pide la suma de $ 5.000.000, por gastos de atención médica, traslados y demás que debió incurrir a raíz del fallecimiento de la hija de su mandante, finalmente y por concepto de daño moral, solicita la suma de $ 100.000.000, atendido los padecimientos, angustias y sufrimientos de su representado por el fallecimiento de su hija y el desconsuelo que le provoca a su familia. Por lo expuesto y normas legales que señala, solicita se les condene a pagar solidariamente la suma de $ 110.000.000 o la que el Tribunal determine, con el reajuste del Índice de Precios al Consumidor y los intereses y desde la fecha que el Tribunal señale, con costas. DECIMOCUARTO: Que en el trámite de contestación el tercero civilmente responsable, solicita el rechazo de la demanda, con costas, por carecer de fundamentos de hecho y derecho. Fundando lo anterior señala, los hechos no se sucedieron del modo que se relata en el auto acusatorio ni el conductor del camión con remolque cometió las infracciones que se le atribuyen y que constituirían la causa basal del

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

171

accidente. En subsidio, pide que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2330 del Código Civil, pide que los perjuicios que resulten acreditados o se estime haberse producidos, se reduzcan prudencialmente, por cuanto se puede tener por establecido que el conductor de la camioneta lo hacía en exceso de velocidad, por lo que se expuso imprudentemente al riesgo. En cuanto al daño emergente, deben ser acreditados por el demandante y el daño moral, pide regularlo prudencialmente considerando las circunstancias fortuitas en que se produjo el daño y las facultades de las partes. DECIMOQUINTO: Que, en el trámite de contestación el acusado pide que la demanda sea rechazada, con costas, porque no es responsable del cuasidelito. En subsidio, solicita que se reduzca prudencialmente el monto a pagar en razón, de que se establecerá que el conductor de la camioneta lo hacía a exceso de velocidad, sin reparar en las condiciones del tránsito del momento, influyendo dichas circunstancias en forma importante en la producción de la colisión, por lo que debe estimarse que se expuso imprudentemente al riesgo de accidente. En cuanto al daño emergente, deben ser acreditados por el demandante y el daño moral, pide regularlo prudencialmente considerando las circunstancias fortuitas en que se produjo el daño y las facultades de las partes. DECIMOSEXTO: Que, para acreditar sus pretensiones la parte demandante aparejó a los autos los siguientes documentos no objetados de contrario, consistentes en: a) 19 recibos de dinero de Inmobiliaria Parques y Jardines S.A. por una suma total de $ 1.188.798, de fojas 338, 339, 341 a 358. b) Condiciones especiales de contrato Parque del Sendero, de fojas 340, celebrado por doña María Eliana Muñoz Velásquez, de una sepultura de 3 niveles, con capacidad de 3 cuerpos o 2 cuerpos y 4 reducciones, con un valor de 93 Unidades de Fomento, pagaderos en 48 cuotas de 26.324. c) Factura Nº 01358, emitida por Funerales Cristo Rey, donde se indica que se ha contratado los servicios para los funerales de Tamara Arévalo Muñoz, por la suma de $ 650.000, de fojas 359. d) Boleta de ventas y servicios de fojas 360, de Sociedad Comercial Medimag, a nombre de María Muñoz Velásquez, por una resonancia magnética lumbar, por la suma de $ 130.000. e) Presupuesto de fojas 361, emitido por Autosummit, a nombre de René Arévalo Vera, por la reparación de camioneta modelo Ranger XLT, año 1998, color verde, placa patente única TA 98.72, por la suma de $ 9.627.121. f) Cotización de repuestos de fojas 362, por una camioneta modelo Ranger XLT, placa patente única TA 98.72, por la suma de $ 4.311.718. g) Informe pericial de revisión y tasación de daños de fojas 363, emitido por Hugo Díaz Molina. DECIMOSÉPTIMO: Que, encontrándose acreditada la comisión del cuasidelito de homicidio y la participación culpable y penada por la ley nace la obligación de pagar los perjuicios derivadas de ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2314, 2322 y 2329 del Código Civil, acogiéndose la demanda civil sólo en cuanto a lo que se refiere a los daños derivados del fallecimiento de Tamara Arévalo Muñoz y no de aquellos generados a la camioneta que conducía el querellante. DECIMOCTAVO: Que, no se dará lugar a la reducción del daño solicitada por los demandados, por cuanto no se encuentran acreditados los hechos que invocaron para su aplicación. DECIMONOVENO: Que, conforme los antecedentes aparejados a los autos, consistentes en recibo de pago de derecho de sepultación, factura de servicio funerario, pago de derechos de sepultura, todos de fojas 338 a 359, el querellante ha logrado acreditar el monto de los gastos incurridos a raíz del fallecimiento de su hija, razón por la cual se acogerá la demanda civil en cuanto los daños directos, los que ascienden a la suma de $ 1.500.000. VIGÉSIMO: Que, atendido los hechos establecidos en esta causa, los cuales debieron traducirse en un natural sufrimiento espiritual del demandante civil y su familia, ante el fallecimiento de su hija y a pesar de no encontrarse acreditado el monto del daño moral sufrido por éstos, esta Juez lo fijará prudencialmente en la suma de $ 10.000.000. VIGÉSIMO PRIMERO: Que, se dará lugar a la solicitud de reajustes e intereses, sólo en cuanto se devengarán desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada hasta el pago efectivo y se condenará en costas a los demandados. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 11 Nº 6 y 7, 15, 30, 50, 68, 391 Nº 2, 490 Nº 1, 492 del Código Penal; artículos 108, 109, 110, 111, 482, 488, 488 bis, 500, 503,

172

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

504 del Código de Procedimiento Penal; artículos 114, 120, 123 y 148 de la ley de Tránsito Nº 18.290; y artículos 1698, 2314, 2317, 2329 del Código Civil, se declara: I. En cuanto a la acción penal: i. Que se condena al acusado José Antonio Camus Pavez, cédula de identidad Nº 14.515.481 2, a la pena de sesenta y un días de reclusión menor en su grado mínimo, más la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del cuasidelito de homicidio de Tamara Jazmín Arévalo Muñoz, cometido en esta ciudad, el 28 de marzo del 2004, con costas. ii. Que, se le condena además a la suspensión de la licencia que lo habilita para conducir, por el lapso de seis meses a contar de la fecha en que se encuentre ejecutoriado el fallo. iii. Reuniéndose en la especie los requisitos previstos en el artículo 4º de la ley Nº 18.216 se suspende el cumplimiento de la pena privativa de libertad y se le concede al sentenciado el beneficio de la remisión condicional de la pena. Para lo anterior el sentenciado deberá someterse a un plazo de observación ascendente a un año ante el Centro de Reinserción Social dependiente de Gendarmería de Chile y cumplir con las demás exigencias aludidas en el artículo 5º del mismo texto legal. Si el sentenciado tuviere que cumplir efectivamente la pena corporal impuesta, no se le considerará abono alguno. II. En cuanto a la demanda civil: i. Que se acoge, con costas, la demanda civil interpuesta por el querellante en el primer otrosí de fojas 192 por René de las Mercedes Arévalo Vera, condenándose solidariamente al acusado José Antonio Camus Pavez y al tercero civilmente responsable don Exequiel Bravo Guerra al pago de la suma de $ 1.500.000 a título de daño emergente y $ 10.000.000 por daño moral, con costas. II. Que tal indemnización deberá ser pagada con el reajuste que experimente el Indice de Precios al Consumidor, según lo determinado por los organismos oficiales, desde la fecha de esta sentencia y hasta la época del cumplimiento íntegro de la obligación; más los intereses para operaciones reajustables devengados durante idéntico período. Oportunamente cúmplase con lo dispuesto en el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal; y asimismo despáchese las comunicaciones que correspondan de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 305 bis C y 305 bis E del Código citado. Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare. Dictada por la señora Angélica Pérez Castro, Juez Titular. Autoriza el señor José Luis Cañas Calderón, Secretario Subrogante.

II.- CORTE DE APELACIONES San Miguel, dos de agosto de dos mil siete. VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada con las siguientes modificaciones: a) En el considerando decimoséptimo se elimina desde la frase que comienza con las locuciones “acogiéndose la demanda civil...” y hasta el punto aparte. b) En el motivo noveno se reemplaza el numeral “$ 1.500.000” por “$ 1.838.798 (un millón ochocientos treinta y ocho mil setecientos noventa y ocho pesos)”. c) Se elimina la fundamentación vigésima. Y se tiene en su lugar y además presente: PRIMERO: Que el inciso segundo del artículo 492 del Código Penal dispone que a los responsables de cuasidelito de homicidio se los sancionará además con la suspensión del carné, permiso o autorización para conducir vehículos motorizados, por el período de uno a dos años si el hecho de mediar malicia constituyera crimen. SEGUNDO: Que atendido el mérito de los antecedentes y disposición legal reseñada, la sanción accesoria, indicada precedentemente será aumentada en el quantum que se dirá en lo resolutivo. TERCERO: Que con lo razonado esta Corte comparte parcialmente el dictamen de la señora Fiscal Judicial vertido en su dictamen de fojas 422 y siguientes. CUARTO: Que en el primer otrosí de la presentación de fojas 301 el actor solicitó por concepto de daño directo de los daños sufridos por la camioneta placa patente única TA 9872, la suma de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos), ya que la reparación de dicho vehículo no es comercial; por

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

173

gastos derivados del fallecimiento de su hija la suma de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos) y por daño moral un monto de $ 100.000.000 (cien millones de pesos), más reajustes, intereses y costas. QUINTO: Que en lo que dice relación con los daños sufridos por el móvil, la parte demandante acompañó a fojas 361, 362 y 363 los documentos reseñados en el considerando decimosexto, letras e), f) y g), y los agregados a fojas 31 y 369, consistentes en: a) A fojas 361 y 362, presupuesto a nombre de don René Arévalo por el móvil P.P.U. TA 9872 y cotización adjunta por repuestos, emitido por Humberto Aravena de Auto Summit Chile S.A., por un total de $ 8.090.018 (ocho millones noventa mil dieciocho pesos) por concepto de desabollar, cambiar y ajustar diversas piezas, pintura, mano de obra y repuestos, más $ 1.537.103 (un millón quinientos treinta y siete mil trece pesos) por Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ 9.627.121 (nueve millones seiscientos veintisiete mil ciento veintiún pesos). b) A fojas 363 informe pericial de revisión y tasación de daños del vehículo P.P.U. TA 9872, emitido por el perito judicial Hugo Díaz Molina, cuya firma ratificó en la Secretaría del Tribunal el que concluye que considerando la magnitud y envergadura de los daños del siniestro por los choques y los precios que rigen en los talleres resulta anticomercial su reacondicionamiento, por lo que debe considerarse el vehículo como no reparable y con pérdida total. c) A fojas 31 fotocopia autorizada ante Notario del Certificado de Inscripción del vehículo P.P.U. TA.9872 2, a nombre del demandante, respecto de la camioneta marca Ford, modelo Ranger XLT D. Cabina 2.5, año 1999. d) A fojas 369 página D11 del diario El Mercurio de fecha 24 de julio de 2006, en que se lee “134 Camionetas venden. Ford Ranger 2.5 1999 Doble Cabina 4.290.000.... SEXTO: Que apreciados los antecedentes probatorios antes indicados en la forma establecida en la ley, teniendo especial en consideración el año de fabricación del móvil el que quedó con pérdida total y la fecha del accidente, se acoge la demanda civil de indemnización de perjuicios respecto de los daños directos sufridos por el vehículo sub lite, los que se aprecian en la suma de $ 4.000.000 (cuatro millones de pesos). SÉPTIMO: Que en cuanto a las sumas demandadas por gastos derivados del fallecimiento de la menor Tamara Jazmín Arévalo Muñoz, se allegaron a los autos los siguientes antecedentes probatorios: a) Recibo de dinero a nombre de la madre de la víctima, de fecha 29 de marzo de 2004 por la suma de $ 54.000 (cincuenta y cuatro mil pesos), extendido por la Inmobiliaria Parques y Jardines S.A. por concepto de “D. sepultación s/uso velatorio, a fojas, 338. b) Condiciones especiales de contrato suscrito el 29 de marzo de 2004 entre Parque del Sendero y María Eliana Muñoz Velásquez por sepultura, por un precio neto de 93 Unidades de Fomento, pagaderas en 48 cuotas de 2.6324 Unidades de Fomento el valor de cada una de ellas, a fojas 340, con capacidad para tres cuerpos sin reducciones y seis cuerpos con reducciones. c) De fojas 341 a 358, dieciocho recibos de dinero a nombre de la madre de la víctima, de fechas entre el 29 de marzo de 2004 y 29 de mayo de 2006, por la suma total de $ 1.134.798 (un millón ciento ochenta y ocho mil setecientos noventa y ocho pesos), extendido por la Inmobiliaria Parques y Jardines S.A. por concepto de “Pagaré. d) Factura Nº 01358 de 31 de marzo de 2004 a nombre de María Eliana Muñoz Velásquez emitida por Funerales Cristo Rey, por el valor de $ 650.000 (seiscientos cincuenta mil pesos) por servicio funerario completo. OCTAVO: Que apreciados estos antecedentes en la forma establecida en la ley, se acoge la demanda civil de indemnización de perjuicios respecto de los gastos derivados del fallecimiento de Tamara Arévalo Muñoz en cuanto se eleva a la suma de $ 1.838.798 (un millón ochocientos treinta y ocho mil setecientos noventa y ocho pesos) la cantidad a indemnizar por este concepto. NOVENO: Que el daño moral está constituido por el quiebre emocional y el daño psicológico que produce un hecho anormal en la vida de una persona y que debe tener tal magnitud para producir dichas consecuencias, lo que sin dudas ocurre en autos atendida la naturaleza del hecho y sus circunstancias, por lo que esta Corte determinará prudencialmente su monto, en consecuencia, se condena a los demandados civiles a pagar solidariamente al actor la suma de $ 20.000.000 (veinte millones de pesos), aumentándose así el monto regulado en el fallo de primera instancia.

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

174

DÉCIMO: Que las sumas ordenadas pagar en esta sentencia lo serán con más los reajustes e intereses establecidos en el fallo en alzada. UNDÉCIMO: Que no habiendo sido totalmente vencidos los demandados en la parte civil, cada parte pagará sus costas. Y atendido el mérito de los antecedentes, y lo dispuesto en los artículos 514 y 527 del Código de Procedimiento Penal se confirma la sentencia apelada de treinta de marzo de dos mil siete, escrita de fojas 403 a 410, con las siguientes declaraciones: a) Se aumenta a un año el período de suspensión, del carné, permiso o autorización para conducir vehículos motorizados impuesto al sentenciado José Antonio Camus Pavez. b) Se aumenta a $ 25.838.798 (veinticinco millones ochocientos treinta y ocho mil setecientos noventa y ocho pesos) la suma a pagar solidariamente por los demandados civiles al actor por concepto de daño moral ($ 20.000.000, veinte millones de pesos) y daños directos ($ 4.000.000, cuatro millones de pesos por daños al móvil y $ 1.838.798 por gastos derivados del fallecimiento de la víctima), con los reajustes e intereses establecidos en el fallo de primera instancia, de acuerdo a lo razonado en los fundamentos sexto, octavo y noveno de este fallo. c) Que, no habiendo sido totalmente vencidos los demandados en lo civil, cada parte pagará sus costas. d) Que se confirma en lo demás la referida sentencia. Regístrese y devuélvase. Redacción del Abogado Integrante señor Fernando Iturra Astudillo. Rol Nº 875 2007 Crim. Pronunciado por los Ministros señor Héctor Solís Montiel, señora Ana María Arratia Valdebenito y Abogado Integrante señor Fernando Iturra Astudillo.

III.- CORTE SUPREMA Santiago, diecisiete de marzo de dos mil ocho. VISTOS: En esta causa Nº 22.982 1, rol del Segundo Juzgado del Crimen de Melipilla, por sentencia de treinta de marzo de dos mil siete, escrita de fojas 402 a 409, se condenó a José Antonio Camus Pavez a la pena de sesenta y un días de reclusión menor en su grado mínimo, accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, a la suspensión de su licencia para conducir vehículos motorizados por el término de seis meses y a satisfacer las costas del litigio, por su responsabilidad de autor del cuasidelito de homicidio en la persona de Tamara Jazmín Arévalo Muñoz, acaecido el veintiocho de marzo de dos mil cuatro, concediéndosele la remisión condicional de la sanción corporal impuesta con un lapso de observación de un año. Igualmente, acogió la acción civil deducida por René Arévalo Vera, sólo en cuanto dispone el pago solidario por los demandados José Antonio Camus Pavez y Exequiel Bravo Guerra, de la cantidad de un millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000) como reparación por el daño emergente causado y diez millones de pesos ($ 10.000.000) por el menoscabo moral producido, con costas, más los reajustes que allí se indican. Apelado dicho fallo, la Corte de Apelaciones de San Miguel, por resolución de dos de agosto de dos mil siete, que se lee de fojas 426 a 430, lo confirmó, con declaración que se aumenta a un año el período de suspensión del permiso de conducir vehículos motorizados y, en su parte civil, dispuso el incremento del monto de la indemnización a la suma total de veinticinco millones ochocientos treinta y ocho mil setecientos noventa y ocho pesos ($ 25.838.798). En contra de esta última decisión, el abogado Alfredo Arriagada Figueroa, por los condenados Camus Pavez y Bravo Guerra, dedujo sendos recursos de casación en el fondo, asentados en los literales tercero y séptimo del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. Concedidos los expresados arbitrios y habiéndoseles declarado admisibles, se trajeron los autos en relación. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que tanto el recurso de casación en el fondo del incriminado como el del demandado han sido planteados por las mismas causales y sobre las mismas alegaciones, diferenciándose única-

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

175

mente en su parte petitoria, razón por la cual se analizarán de manera conjunta. Ambos medios de nulidad descansan en los literales tercero y séptimo del artículo 546 del Código de Instrucción Criminal, al denunciar que el Tribunal de alzada calificó como delito un hecho que la ley penal no considera como tal y, además, quebrantó las leyes reguladoras de la prueba con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo. SEGUNDO: Que para los efectos de un adecuado tratamiento de los diversos tópicos planteados, corresponde, en primer lugar, estudiar si se han infringido las leyes reguladoras de la prueba, para luego analizar lo relacionado con la otra causal alegada, por cuanto sólo si prospera la del numerando séptimo, podrán modificarse los hechos en la forma propuesta por los recurrentes, en términos tales que posibilitarán la aceptación de la causal sustantiva en que reposan los medios de nulidad en análisis, esto es, aquella del numeral tercero del artículo 546 del Código del ramo. TERCERO: Que los quebrantamientos a las reglas ordenadoras de la prueba esgrimidos por ambos impugnantes se refieren a que el dictamen de alzada desconoce los artículos 456 bis y 488, Nºs. 1º y 2º, del Código de Procedimiento Penal. Afirma que al establecerse los hechos se infringió el artículo 488 aludido, ya que el conjunto de elementos que se anuncian en el basamento segundo de la resolución de primer grado, no modificado por la alzada, no reúne las exigencias del número primero y segundo, primera parte, del mencionado precepto, lo que impide estimarlos como prueba completa, razón por la cual y de conformidad con el artículo 456 bis del mismo ordenamiento procesal penal, el inculpado debió ser absuelto. Sostiene que los referidos instrumentos sólo sirven para determinar el hecho que revestiría caracteres de delito o cuasidelito y sus circunstancias; pero ninguno proporciona antecedentes que permitan atribuir su producción a Camus Pavez. Expresa que la afirmación del Tribunal a quo, reproducida por el ad quem, en cuanto a que el vehículo conducido por Camus Pavez sobrepasó el eje de la calzada demarcada con línea continua, obstruyendo la normal circulación de la camioneta conducida por Arévalo Vera, se asienta en un solo indicio: el informe técnico de Carabineros de Chile, el cual, a su vez, se basa en el supuesto que la colisión se habría producido por el mencionado impedimento, vale decir, la responsabilidad atribuida, a Camus Pavez no proviene de un hecho real y probado, sino de una presunción policial, transgrediéndose de tal forma el numeral primero del artículo 488 del estatuto procesal penal. Asimismo se incumple la primera fracción del numeral segundo de la mencionada norma, al tratarse de un elemento único de convicción, por lo que debe desestimarse como prueba completa para establecer el suceso indagado y la responsabilidad del enjuiciado en la producción del accidente. Arguye que el artículo 188 de la ley del Tránsito dispone que los informes de la Unidad Técnica de Investigaciones de Accidentes de Tránsito de Carabineros, deben ser estimados por el Juez como una presunción fundada de los hechos que afirmen y de las conclusiones técnicas que establezcan, pero los primeros han de ser tales y no presunciones de los mismos, como es el caso de la pericia policial en que se basa la sentencia para establecer la imputabilidad. Asegura que el pronunciamiento dubitado omite todo análisis acerca de la dinámica del accidente, en particular, sobre la trayectoria de más de cien metros del vehículo guiado por Arévalo Vera después de la colisión y el hecho que el camión traccionador efectuó un viraje hacia la izquierda, por lo que el remolque necesariamente debía tender a desplazarse hacia su derecha, en sentido contrario al eje central. Olvida, además, agrega, dos informes de peritos agregados a los autos que están contestes en sostener que el accidente se produjo debido al exceso de velocidad de Arévalo Vera. CUARTO: Que tal como se ha señalado reiteradamente, para que pueda prosperar el motivo de invalidación impetrado se precisa el enunciado de normas reguladoras de la prueba que caen dentro del estudio y decisión de este Tribunal, o sea, aquellas pautas básicas que importan prohibiciones o limitaciones impuestas por la ley a los sentenciadores para asegurar una correcta decisión en el juzgamiento criminal y cuya vulneración tenga influencia sustancial en lo resolutivo del fallo. En este orden de ideas, por regla general, se ha estimado inobservancia de las aludidas leyes cuando se invierte el peso de la prueba, se rechaza un medio probatorio que la ley permita o admite uno que repudia o cuando se modifica, niega o altera el valor probatorio que ésta asigna a los diversos medios establecidos.

176

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

QUINTO: Que acorde con lo expuesto, conviene destacar que el dictamen cuya anulación se intenta, en parte alguna violentó, como pretenden los recurrentes, el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, que tiene el carácter normativo requerido, puesto que, implícita pero claramente, regula la forma en que puede tenerse por comprobado un delito y dictarse una subsecuente condena, esto, en la medida en que establece el criterio de la prueba legal como principio central, haciendo objetables las sentencias condenatorias que no cuentan con los medios de prueba legal que las sustenten; el impugnante no atribuye a los juzgadores haber fundado su decisión en algún medio probatorio no contemplado en la ley, por el contrario, en el desarrollo del recurso se reconoce que se ha recurrido a las presunciones, probanza contemplada expresamente como idónea en el artículo 457 del Código de Enjuiciamiento Criminal. SEXTO: Que en lo que atañe a la alegada infracción del artículo 488 del ordenamiento procesal penal, no obstante citarse los numerales 1º y 2º, sección primera del mismo, que corresponden a genuinas disposiciones limitadoras de la prueba, no puede sostenerse que la resolución en análisis adolezca de los yerros que se le reprochan. En efecto, las presunciones se han basado en hecho reales y probados y no en otros indicios, como son las declaraciones de Alexis René Arévalo Muñoz, de fojas 40, y María Eliana Muñoz Velásquez, de fojas 41, y de los informes expedidos por la S.I.A.T., aparejados de fojas 42 a 54 y de fojas 97 a 99, de los cuales surgen serios antecedentes adecuados a establecer la intervención de Camus Pavez en los acontecimientos en examen. Estas pruebas son por cierto múltiples, toda vez que existen los testimonios ya indicados, contestes en señalar que el móvil guiado por el encausado traspuso el eje de la calzada ocupando la pista por la cual transitaba el carro del querellante, lo que permite presumir su intervención en calidad de autor en el accidente indagado. En todo caso, cabe destacar que los indicios con los que los Jueces del fondo dieron por establecidos los hechos y la participación del enjuiciado, corresponden a deducciones logradas en uso de sus facultades soberanas, a partir de los antecedentes descritos en el basamento segundo del veredicto de primer grado. Se trata de presunciones que emanan de hechos reales y comprobados, y no de otras presunciones, con lo que se concluye que los Jueces del mérito no han cometido error de derecho a su respecto. SÉPTIMO: Que en realidad el recurrente pretende controvertir, aunque no lo dice determinadamente, los hechos sobre los cuales se construyeron las presunciones de acuerdo con el aludido artículo 488, en el sentido que no están debidamente comprobados; y, a la inversa, procura que otros que no se han dado por demostrados en autos debieron haberlo sido; cuestionando la ponderación que se hizo de los elementos incriminatorios reunidos en el curso de la investigación, en circunstancias que se trata de una materia que escapa del control de este Tribunal, desde que le está vedado entrar a examinar y aquilatar los instrumentos probatorios mismos que ya han sido justipreciados por los sentenciadores del grado en el ejercicio de sus atribuciones propias, así como revisar las conclusiones a que ellos han llegado, ya que eso importaría desnaturalizar el arbitrio en estudio, que puede fundarse exclusivamente en cuestiones de derecho. OCTAVO: Que, no obstante lo anterior y en lo que concierne al artículo 188 de la ley Nº 18.290, es útil recordar que de acuerdo al inciso segundo de dicho precepto, el informe técnico del S.I.A.T. ha de ser estimado como una presunción fundada respecto de los hechos que afirme y las conclusiones que establezca, siendo el Tribunal soberano para apreciar y evaluar, como órgano jurisdiccional que es, el valor o mérito de convicción que proceda atribuirle a tal pericia en la sentencia que se pronuncie. Por lo demás, no puede perderse de vista que la concordancia del informe técnico con los demás acontecimientos establecidos en el proceso o con otros elementos de convicción, será apreciada conforme a las reglas de la sana crítica. Desde esta perspectiva, dentro de las probanzas mencionadas en el considerando segundo y sexto de la resolución de primer grado están comprendidos dos peritajes del S.I.A.T., aparejados a fojas 42 y 97, respectivamente, y con el mérito de ellos y el de las demás reunidas, los Jueces del fondo, en ejercicio de sus potestades exclusivas, declaran tener por probado la participación del encausado en calidad de autor en el cuasidelito materia de la investigación, puesto que condujo su camión traspasando el eje de la calzada, colisionando con su remolque a la camioneta guiada por Arévalo Vera, contraviniendo diversas normas del tránsito. No es aceptable la pretensión del requirente, en el sentido que los falladores

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

177

debieron necesariamente extraer las conclusiones que él indica y que al no haberlo hecho así vulneraron la ley. NOVENO: Que por los fundamentos anotados, cabe concluir que los juzgadores del grado al fijar los hechos, ponderarlos y calificar sus circunstancias en la forma que lo hicieron, no han cometido ningún error de derecho y han dado una correcta y cabal aplicación a las disposiciones que se dicen quebrantadas, por lo cual las impugnaciones promovidas por el compareciente carecen de asidero, porque se asienta en presupuestos que no son válidos para el evento a que se refieren y no contraviene la normativa referida en los escritos de formalización de los recursos. DÉCIMO: Que, entonces, al no concurrir las pretendidas vulneraciones a las leyes reguladoras de la prueba, y siendo por tanto inamovibles los hechos establecidos por la decisión recurrida, resulta incontrarrestable que el comportamiento de Camus Pavez importa las contravenciones a las reglas del tránsito que el dictamen objetado refiere. UNDÉCIMO: Que, en atención a lo que se acaba de expresar, forzoso es concluir que el accidente en comento no se debió al proceder del conductor del otro vehículo que participó en el accidente, como pretende la defensa del sancionado, sino que a claras infracciones reglamentarias, descritas en el fallo impugnado, y al manejo culpable del vehículo al mando de su representado. Por eso puede resolverse, como correctamente lo ha hecho la sentencia, que la causa determinante del accidente fueron las transgresiones cometidas por Camus Pavez. DUODÉCIMO: Que lo razonado se ajusta a lo preceptuado en los artículos 490 y 492 del Código Penal, con arreglo a los cuales comete cuasidelito quien, en cada uno de los casos, ejecuta un hecho que, de mediar malicia, constituiría un crimen o simple delito contra las personas. DECIMOTERCERO: Que sin perjuicio de lo anterior, junto a la motivación adjetiva analizada, los recursos descansan en el ordinal tercero del artículo 546 del Código de Enjuiciamiento Penal, mas en el desarrollo de los libelos no se contiene ninguna alusión a su presunta configuración, incumpliéndose la obligación de indicar cómo y por qué, en opinión del compareciente, se ha violado la ley, se le ha interpretado equivocadamente o se ha hecho una falsa aplicación de su normativa, careciendo, por tanto, de una exposición acerca del error de derecho en que se incurrió, requisito indispensable para el éxito de un medio de nulidad como el intentado, según lo dispone el inciso primero del artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 535 de su homónimo criminal, en orden a que el escrito de formalización debe hacer mención expresa y determinada no sólo de la ley o leyes que se dicen vulneradas, sino también de la forma en que se ha producido la infracción y cómo ésta influye en lo dispositivo del fallo. DECIMOCUARTO: Que de lo anterior, se desprende que los recursos analizados adolecen de graves imperfecciones, lo que determina su defectuosa formulación y que, por ende, conduce a su rechazo. Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546, Nºs. 3º y 7º, del Código de Instrucción Criminal y 772 del de Procedimiento Civil, se rechazan los recursos de casación en el fondo deducidos por el abogado Alfredo Arriagada Figueroa, en representación del sentenciado José Antonio Camus Pavez y del tercero civilmente responsable Exequiel Bravo Guerra, en contra de la sentencia de dos de agosto de dos mil siete, que corre de fojas 426 a 430, la que, por ende, no es nula. Regístrese y devuélvase. Redacción del Ministro señor Dolmestch. Rol Nº 4.789 07. Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros señores Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U. y Carlos Künsemüller L. No firma el Ministro señor Segura, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal. Autoriza el Secretario de esta Corte Suprema señor Carlos Meneses Pizarro.

178

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

FICHA 9

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 3614-2006 Cita Online: CL/JUR/7122/2007 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO Santiago, martes veintinueve de agosto de dos mil. VISTOS: A fojas 11, se presentan Edgardo Ramón Saud Rojas, contador auditor, casado, domiciliado en Ortiz de Rozas Nº 694, departamento 12, La Ligua, por sí y en carácter de mandatario y en representación de don José Fernando Saud Rojas, empleado, casado, domiciliado en calle Carlos Pezoa Véliz Nº 51 R, Antofagasta; don Edgardo Yeris Saud Drey, comerciante, viudo, domiciliado en calle San Martín Nº 10, Vicuña; de don Francisco Javier Saud Rojas, empleado, domiciliado en Rojas Magallanes Nº 491, La Florida, Región Metropolitana y de don Jorge Neftalí Córdova Quiroz, empleado, quien comparece por sí y como representante legal de su hija legítima menor de edad Camila Ignacia Córdova Saud, estudiante y también en su calidad de cónyuge de su hermana legítima doña Mónica del Carmen Saud Rojas, labores de casa, todos con domicilio en Pasaje El Concierto Nº 591 Parque Jardín Américo Vespucio, Maipú, deduce demanda de indemnización de perjuicios en contra de Flota Barrios Limitada, sociedad comercial, representada indistintamente por don Patricio Barrios Andrade, empresario y/o don Claudio Barrios Acosta, gerente general, todos con domicilio en Condell Nº 2782, Antofagasta y/o Almirante Barroso Nº 759; y de la sociedad de Transportes Cold Truck Ltda., comercial, representada indistintamente por don José Antonio Salas Parra, transportista y/o Diego Fernando Salas Parra, ignora profesión, todos con domicilio en Abate Molina Nº 334, Santiago. En cuanto a los hechos: El accidente: El día 20 de mayo de 1992 doña Carmen Inés Rojas Flores, labores, domiciliada en El Concierto Nº 591 Parque Jardín Maipú, viajaba en compañía de sus nietos Matías Nicolás Córdova Saud y Gonzalo Jorge Córdova Saud de 4 y 11 años respectivamente, hijos legítimos de Mónica del Carmen Saud Rojas y Jorge Neftalí Córdova Barrios, en un bus de la denominada Flota Barrios, con destino a la ciudad de Antofagasta; bus correspondiente a la patente FP 9632 conducido por Joel Bernardo Romero Rojas, chofer, domiciliado en calle Luis Lynch Nº 8325, Antofagasta. Siendo las 08,15 horas aproximadamente, a la altura del Km. 856 de la Ruta 5 Norte en el sector denominado Caserón este bus impactó frontalmente con un camión de carga patente AZ 9595 guiado por Sergio Salinas Larenas, chofer, domiciliado en Pasaje Los Membrillos Nº 053, Quilicura y de dominio de la “sociedad de Transportes Cold Truck Ltda.”. Producto de la colisión frontal ambos, móviles resultaron totalmente destruidos y sus parientes, abuela, madre, hijos, hermanos, sobrinos, nietos y cónyuge, respectivamente, resultaron muertos, junto a más de 32 heridos graves y otros 8 muertos, así Gonzalo Jorge Córdova Saud de 11 años, falleció por un traumatismo cráneo encefálico que determinó el estallido de la bóveda y base craneana y pérdida de más o menos 60% de la masa encefálica. А más de ello su cuerpo presentaba fracturas (clavícula, hombro y costilla) y esquimosis diversas. Matías Nicolás Córdova Saud, de 4 años, falleció por traumatismo cráneo encefálico con explosión cráneo facial y con pérdida de casi toda la masa encefálica; además su pequeño cuerpo tenía fracturas (pierna, tobillo) múltiples heridas contusas. Doña Carmen Inés Rojas Flores de 60 años murió por politraumatismo esquelético y visceral. Estos decesos se produjeron merced a la violencia del golpe frontal de los vehículos involucrados, la gran velocidad y la imprudencia temeraria de ambos conductores. Carabineros de Chile a través de la S.I.A.T. constató científicamente que el conductor del bus lo hacía a velocidad no inferior a 90 Km. por hora y que el camión conducido por Sergio Salinas también era manejado a esa velocidad pero en sentido contrario. Resulta que el día y hora de ocurrir los hechos merced a una niebla fuerte con visibilidad menos a los 50 mts. no era razonable ni prudente conducirse a más de 40 o 50 Km. por hora si se tiene en cuenta que la calzada se encontraba mojada por la condensación de la niebla.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

179

Así, el camión guiado por Salinas Larenas, instantes después de una maniobra de adelantamiento por la pista de sentido contrario de un automóvil sin la adecuada visibilidad y a exceso de velocidad, embistió de frente al bus manejado por Romero Rojas también a exceso de velocidad produciéndose la colisión. Los dos choferes fallecieron en el lugar de los hechos por esa razón no litiga en su contra. Los Daños: Hace presente lo doloroso que fue para su grupo familiar enterarse de la tragedia de privársele para siempre de su abuela, cónyuge, madre, hijos, hermanos, sobrinos y nietos. Doña Carmen Inés Rojas Flores había contraído matrimonio con don Edgardo Veris Saud Drey, unión de la que nacieron los demandantes Mónica del Carmen, Francisco Javier, José Fernando y Edgardo Ramón, todos Saud Rojas. Del matrimonio de Mónica del Carmen Saud Rojas y de don Jorge Neftalí Córdova Quiroz nacieron los menores Gonzalo Jorge y Matías Nicolás Córdova Saud. Hasta la fecha, las secuelas de estos duros acontecimientos no se borra, la familia resultó con daño psicológico ya que de una vez perdieron a su abuela, cónyuge, madre, los hijos, hermanos, sobrinos o nietos, respectivamente. Los menores fallecidos integraban una familia de 3 hermanos y aquella que ha sobrevivido, Camila Ignacia Córdova Quiroz, ha visto alterado su entorno de modo drástico y traumático. Perdió, a sus 2 hermanos y a su abuela. El daño moral, si bien para ellos no tiene precio, solicita se le indemnice lo que evalúan en $ 300.000.000 o lo que se determine y que requiere que se le paguen conjunta o solidariamente por parte de los demandados. En cuanto al derecho lo funda en los artículos 2314, 2329 y 2320 del Código Civil ley Nº 18.290, artículo 174. Finalmente y previas citas legales, solicita se tenga por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en contra de los demandados, ya individualizados, y en definitiva, dar lugar a ella, condenando a los demandados conjunta o solidariamente a pagar a título de indemnización de perjuicios por daño moral la suma de $ 300.000.000 o la suma mayor o menor que se determine, con reajustes, más intereses y costas. A fojas 88 José Luis Hormazábal Muñoz, en representación de Flota Barrios contesta la demanda solicitando su total rechazo, con costas; el accidente se produjo a consecuencia de la maniobra de adelantamiento efectuada, por el conductor del camión. Eso sucedió Km. 856 de la ruta 5 Norte donde el camión procedió a adelantar a una velocidad mayor a 80 Km. por hora al vehículo patente HK 3704. En circunstancias que venía adelantando, el conductor del camión se percató del bus que venía en sentido contrario, el que lo hacía por su pista derecha reglamentaria ante esto el camión aplicó los frenos orientando su dirección por la derecha, es decir hacia la pista por la que debía circular. Al momento del impacto, el camión obstaculizaba ambas pistas de circulación (7 m. de ancho) con sus 21,1. mts. de largo. El bus al ver el camión intentó esquivarlo sin resultado. Las alternativas para el conductor del bus, si es que tuvo oportunidad de presentársele fueron dos; esquivarlo por la izquierda o por la derecha. En cualquiera de ambos casos el accidente se habría producido, dado lo imprevisible del hecho, la neblina existente, la velocidad del camión y su proximidad. Así, la causa basal fue la maniobra de adelantamiento efectuada por el conductor del camión sin tener espacio suficiente, circulando por su pista izquierda y obstruyendo ambas pistas de circulación. Esta temeraria e irresponsable maniobra además ocurrió cuando existía una densa neblina que permitía no ver a 50 mts. Hace presente que el bus de su representada a una velocidad no superior a 70 Km. por hora con sus luces encendidas y por su pista derecha reglamentaria, velocidad prudente, conforme a las circunstancias del momento. Aunque se estimara que la velocidad no era la prudente esta no pudo ser la causa del accidente. Ho existe entre esta infracción y el accidente relación de causa o efecto, pues su parte aunque hubiere circulado a 50 Km. por hora no habría podido evitar que un camión obstruyere sorpresivamente, ambas pistas de circulación.

180

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Conforme a lo dicho el conductor del camión infringió los artículos 114 - 126 - 124 - 148 de la ley Nº 18.270. Por ello conforme a los artículos 170 y 174 de la ley Nº 18.290 el conductor del camión y el propietario de éste deben indemnizar los perjuicios provocados a consecuencia de las infracciones señaladas. Finalmente solicita tener por contestada la demanda, rechazarla en definitiva en todas sus partes. A fojas 98 el demandante replica reiterando los argumentos dados en la demanda. Además, hace ciertas consideraciones en relación al giro de las sociedades demandadas, sobre la neblina que existía al tiempo, de producirse el choque, razón por la cual la velocidad era imprudente, se funda para ello además en lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley de Tránsito. A fojas 103, la demandada Cold Truck Ltda. evacua el trámite de la dúplica, haciendo presente que ha controvertido fictamente y en su integridad la demanda adicionándola en lo que se refiere a que su representada carece de responsabilidad pues el causante del accidente fue el conductor del bus de Flota Barrios ya que conforme lo concluye la SIAT fue éste el que hizo una maniobra de adelantamiento y a exceso de velocidad dado que el camión fue chocado en su pista de circulación. No exista responsabilidad del chofer del camión ni tampoco de su representada. Agrega además que a raíz del accidente se inició un proceso criminal por cuasidelito de homicidio y lesiones graves ante el Segundo Juzgado de Letras de Copiapó el que fue sobreseído temporalmente por extinción de la responsabilidad penal. Señala además que la responsabilidad es del chofer del bus y que aportará las pruebas del proceso; como es el parte de Carabineros, de Investigaciones, el informe de S.I.A.T. Por consiguiente, existe responsabilidad exclusiva de parte de Flota Barrios y así se determina de los artículos 170, 171 y 174 de la ley Nº 18.290. De su parte hay exención de responsabilidad civil, artículo 2329 del Código Civil, siendo irrelevante la velocidad del camión, ya que además el choque se produjo frontalmente y en la pista de circulación del camión. A fojas 108, duplica la parte de Flota Barrios reiterando los argumentos de la contestación de la demanda, precisa que no es hecho discutido que el accidente se produjo por maniobra de adelantamiento de parte del camión Cold Truck, lo que se discute es la velocidad del bus y si ella era prudente y si fue causa determinante del choque, su parte señala que no conforme lo que dispone el artículo 171 de la Ley de Tránsito ya que no basta la infracción sino que además debe haber relación de causa a efecto. A fojas 112, se realizó la audiencia de conciliación a lo que fueron citadas las partes la que contó con la asistencia del apoderado de Cold Truck Ltda. y en rebeldía de la demandante y de Flota Barrios Ltda., no produciéndose la conciliación. A fojas 114, se recibe la causa a prueba obrando en autos la documental y testifical. A fojas 171, se ordena la acumulación a esta causa de los autos Rol Nº 30.799 caratulados “Bagus y otros con Empresa Flota Barrios S.A.” y Nº 30.935 caratulados “Soc. de Transportes Cold Truck con Empresa Flota Barrios”, ambas del Primer Juzgado de Letras de Antofagasta. A fojas 176, consta la demanda presentada por La Soc. de Transportes Cold Truck Ltda. representada por Héctor Gómez Salazar, domiciliado en Latorre Nº 2535 Antofagasta de indemnización de perjuicios en contra de la empresa Flota Barrios S.A. sociedad, con giro en transporte de carga, y pasajeros, representada legalmente por Benjamín Barrios Ardiles, factor de comercio, ambos domiciliados en calle Condell Nº 2782, Antofagasta, a fin de que en definitiva sea acogida y se declare que la demandada debe pagar a su representada la indemnización de perjuicios que se pedirá con costas. Se funda para ello en que con fecha 20 de mayo de 1992 aproximadamente 7,50 horas en circunstancia que el bus placa patente FP 9623 de propiedad de la Empresa Flota Barrios S.A. de recorrido Santiago-Antofagasta conducido por Joel Bernardo Romero Rojas, chofer, domiciliado en calla Luis Lynch Nº 325 de Antofagasta, transitaba por la Ruta 5 Norte a la altura del Km. 856, sector denominado Caserón, efectuó una maniobra indebida al parecer de adelantamiento sin visibilidad, al invadir la otra pista de circulación de la carretera (que circula en sentido contrario) obstruyéndola y colisionando frontalmente con el camión patente Única AZ-9595 con semi-remolque placa única HGC-186 de Estación Central de propiedad de su representada, destruyéndolos totalmente y con graves consecuencias económicas para la empresa y el que transitaba por la misma ruta en dirección norte a sur conducido por el chofer don Sergio Salinas Larenas.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

181

El bus lo hacía en dirección opuesta, esto es, de sur a norte y al producirse el choque transitaba por la pista contraria ocupada con derecho a vía por el camión a consecuencia del choque ambos conductores fallecieron en el lugar de los hechos. El proceso iniciado ante el Segundo Juzgado de Copiapó fue sobreseído de conformidad al artículo 409 Nº del Código de Procedimiento Penal. Los hechos causados por culpa del chofer de Flota Barrios ocasionaron serios perjuicios a su representada que se vio privada de explotar comercialmente y durante más de 2 meses el referido camión con semi-remolque. Hace presente que la Compañía de Seguros indemnizó; el valor de reposición del móvil, pero no se le han indemnizado o pagado hasta la fecha los perjuicios económicos derivados de la no explotación comercial forzosa de este activo constituido por el camión que representa y que constituye el lucro cesante, que se demanda y que debe ser pagado por Flota Barrios S.A., sucesora legal de Flota Barrios Ltda. Señala que los ingresos mensuales promedio facturado y generado por cada camión de la empresa en el período que comprende el primer semestre de 1992, ascienden a $ 4.000.000.-, mensuales y que su parte probará que al menos durante dos meses y siete días no tuvo el camión y sólo después de tres meses pudo reponerlo en forma efectiva, demandan por lucro cesante $ 12.000.000. En cuanto a los fundamentos de derecho lo son los artículos 1437 y siguientes, 2314 y siguientes del Código Civil; artículo 170, 171 y 174 ley Nº 18.290. Finalmente y previas citas legales solicita tener por interpuesta demanda en contra de la demandada, ya individualizada, acogerla y en definitiva condenar a pagarle a su representada la suma de $ 12.000.000 o la suma mayor o menor que se determine por lucro cesante; más los reajustes e intereses que se acumulen y hasta el pago efectivo, con costas. A fojas 185, Hernán Benavides Navarro, en representación de Flota Barrios S.A. contesta la demanda deducida solicitando su rechazo, con costas. Se funda para ello en que el accidente se produjo por consecuencia de la maniobra imprudente y temeraria del conductor del camión de propiedad de la demandada quien conducía además a una velocidad no prudente de acuerdo a las condiciones de tránsito existentes en el momento y con frenos deficientes. El vehículo conducido por Sergio Salinas Larenas, chofer dependiente de la demandada á la altura del Km. 856 y existiendo una densa neblina, procedió a adelantar al vehículo HK 9623 cuando aún no terminaba las maniobras de adelantamiento al bus de propiedad de su representada manejado por Joel Bernardo Rocero Rojas, intentó esquivarlo sin resultado. Por ello la responsabilidad es del chofer del camión de propiedad de la demandante por lo que resulta improcedente la demanda civil deducida. Por ello solicita el rechazo de la demanda. En el primer otrosí deduce demanda reconvencional en contra de la sociedad de Transportes Cold Truck Ltda., reitera los hechos ya señalados en la contestación. A consecuencia del choque, su representada sufrió perjuicios a título de daño emergente por $ 40.000.000.- ya que el bus quedó inutilizado. A su vez dejó de percibir la suma de $ 24.000.000.- a título de lucro cesante ya que la inutilización del bus impidió obtener los beneficios de su explotación, a razón de $ 6.000.000.- anuales. La responsabilidad del conductor del camión se presume de acuerdo a lo establecido en el artículo 172 Nº 2-4-7-9 y 16 de la ley Nº 18.290. La responsabilidad civil de la demandada emana de lo dispuesto por el artículo 174 de la ley Nº 18.290 y 2314 y siguientes del Código Civil. Finalmente y previas citas legales solicita tener por interpuesta demanda reconvencional en contra de Sociedad Transportes Cold y en definitiva condenarla a pagar: a) A título de daño emergente la suma de $ 40.000.000.- más reajustes e intereses sobre la cantidad reajustada a partir de la fecha del accidente. b) A título de lucro cesante la suma de $ 24.000.000.- con intereses y reajustes desde las fechas que debieron percibirse los dineros provenientes de la explotación del bus y c) Las costas de la causa. A fojas 194, Sociedad Transportes Cold Truck evacua el trámite de la réplica, reitera lo expuesto sin perjuicio que la demanda se tuvo por no presentada. Reitera que no es efectivo que su parte haya sido la responsable del choque. A fojas 194 vuelta, se tuvo por evacuado el trámite de la dúplica en rebeldía.

182

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

A fojas 199, se lleva a efecto el trámite de la conciliación, en rebeldía de la demandada. A fojas 224, comparece Héctor Gómez Salazar, abogado, con domicilio en esta ciudad, calle Latorre Nº 2535 en representación de doña Eveling Katiusca Bagus Araya, viuda, digitadora y por su mandato, en representación de sus hijos legítimos menores Patricia Andrea y Cristián Enrique Salinas Bagus, domiciliados en Pasaje Los Membrillos Nº 053, Quilicura, deduce demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios en contra de la Empresa Flota Barrios S.A., sociedad anónima dedicada al rubro de Transporte de carga y de pasajeros, representada legalmente por don Benjamín Barrios Ardiles, factor, de comercio, ambos con domicilio en calle Condell 2782 Antofagasta. Funda su demanda en el hecho ocurrido el 20 de mayo de 1992 en la ruta 5 Norte a la altura del Km. 856 cuando el conductor del bus efectuó una maniobra indebida al parecer una maniobra de adelantamiento sin mayor visibilidad al invadir otra pista de circulación y chocar frontalmente con el camión patente AZ-9595, el que era conducido por el cónyuge y padre de sus representados don Sergio Enrique Salinas Larenas, de 34 años de edad, chofer, que transitaba por la ruta 5 Norte de norte a sur y el bus lo hacia en sentido contrario. A consecuencia del choque falleció en el mismo lugar del accidente, el conductor y padre de sus representados, el auxiliar del mismo vehículo y otras 8 personas. Por estos hechos, se inició un proceso criminal por cuasidelito de homicidio y lesiones graves ante el Segundo Juzgado de Letras de Copiapó, el que fue sobreseído temporalmente por extinción de responsabilidad penal por artículo 409 del Código de Procedimiento Penal Nº 1 fundamentalmente por el fallecimiento de ambos conductores. Lo anterior, sin perjuicio de los antecedentes técnicos y declaraciones de los testigos que acreditan en forma irrefutable que el choque antes referido se produjo porque el Bus Flota Barrios S.A. cruzó intempestivamente la calzada, invadiendo la otra pista de circulación de la carretera que tenía sentido contrario obstruyendo el paso del camión que guiaba el marido de la demandante lo que determinó en definitiva el grado de su culpabilidad. Por el trágico fallecimiento del cónyuge de su representada han quedado en calidad de huérfanos del padre los hijos legítimos del matrimonio, Patricia Andrea y Cristián Enrique, ambos de apellidos Salinas Bagus nacidos el día 25 de noviembre de 1980 y 13 de enero de 1986 quedando en calidad de viuda de la suscrita. En cuanto al derecho se funda en los artículos 1437 y siguientes y 2314 y siguientes artículo 170, 171, 174 Ley de Tránsito; 490 del Código de Procedimiento Penal. En cuanto a los montos, éste corresponde a $ 70.000.000.- que se desglosan de la siguiente forma: a) $ 1.000.000.- daño emergente o directo causado por gastos de funerales, traslados en que incurrieron sus mandantes. b) $ 29.000.000.-, por lucro cesante, atendida la edad que tenía el marido de su representada el que estaba en plena actividad y con sus facultades físicas y psíquicas y por la vida laboral útil de 35 años como expectativa de vida útil. c) $ 40.000.000.- por daño moral en que se avalúa la aflicción y padecimiento que sufren su representada e hijos, siguen padeciendo por haber perdido a su marido e hijos. Las sumas demandadas por concepto de daño emergente y directo y daño moral deben entenderse demandada por partes iguales por los tres actores, esto es, la viuda e hijos legítimos a quien representan. El valor pedido como indemnización por concepto de lucro cesante ha sido demandado en exclusiva por la demandante Eveling Bagus. Finalmente y previas citas legales solicita tener por interpuesta la demanda en contra de Empresa Flota Barrios S.A., acogerla, y declarar que debe pagar a sus representados la suma de $ 70.000.000.o la suma mayor o menor que se determine conforme al mérito del proceso más reajustes e intereses corrientes que se acumulen desde el momento en que se demanda y al pago efectivo producido en la causa con costas. El demandado no evacuó el trámite de la contestación dentro del término legal. A fojas 240, el demandante replica reiterando los hechos expuestos en la contestación. A fojas 242, el demandado duplica señalando que fue el conductor del camión el que hizo maniobra imprudente así consta del expediente criminal por lo que las pretensiones de la demandante deben rechazarse.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

183

A fojas 250, se lleva a efecto el comparendo del conciliación el que se realizó con la apoderado del demandante y en rebeldía de la demandada. A fojas 273, se resuelve que riga la resolución de fojas 114, esto es, la resolución que recibe, la causa a prueba también para las causas acumuladas. A fojas 292, se ordena en relación a la demanda de Sociedad Transportes Cold Truck con Flota Barrios de conferir traslado de la demanda reconvencional deducida por Flota Barrios en contra de Sociedad de Transportes Cold Truck Ltda. A fojas 293, Sociedad Cold Truck contesta la demanda reconvencional deducida por la parte de Flota Barrios, solicita su rechazo en primer lugar opone las excepciones de prescripción de la acción, ya que ha sido notificada a su parte después de transcurridos los 4 años desde la fecha del choque, ocurrido el 20 de mayo de 1992 venciendo largamente el plazo establecido en el artículo 2322 del Código Civil. En cuanto al fondo esta deberá desecharse con costas porque fue precisamente la demandante reconvencional la que cometió el ilícito civil que servia de fundamento para condenarla a ella al pago de las indemnizaciones demandadas. Reproduce aquí los hechos y el derecho que fundan la demanda principal de su parte en contra de Flota Barrios sólo basta destacar que el conductor del bus invadió la pista de circulación, así se acredita de las huellas de frenada como de los informes de las personas de investigaciones. A fojas 296, el demandante duplica reitera los hechos. A fojas 297, Flota Barrios replica la demanda reconvencional, señalando que ella fue deducida dentro del plazo de prescripción de manera que la excepción debe rechazarse. No puede quedar supeditada la interrupción de la prescripción a la fecha en que al Tribunal la provea, requisito que norma legal alguna contempla para deducir una demanda reconvencional. A fojas 299, la parte de Cold Truck duplica la demanda reconvencional, reitera los argumentos dados en la contestación de fojas 293 sin nada que agregar. A fojas 307, se llama a las partes a conciliación con asistencia de Cold Truck y de la demandante Eveling Bagus e hijos y en rebeldía de las otras partes de esta causa. A fojas 310, se recibe la causa a prueba, obrando en autos la documental y testifical. A fojas 404, se citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: I.- En cuanto a la objeción de documentos de fojas 101: PRIMERO: Que la demandada Flota Barrios S.A. objetó a fojas 101 los documentos acompañados por la demandante en el otrosí del escrito de fojas 98 consistente en copias de algunas publicaciones de los periódicos de la época, relativas, al accidente, al estado de la víctimas, a su traslado y robo de sus pertenencias, por ser simples fotocopias sin valor probatorio alguno y que no emanan de las partes no constando a su parte su autenticidad. SEGUNDO: Que la objeción deberá desestimarse por no haberse fundado dicha objeción en causal legal. II.- En cuanto al fondo: TERCERO: Que en estos autos acumulados se han deducido diversas demandas de indemnización de perjuicios derivadas del accidente ocurrido el día 20 de mayo de 1992, entre un bus de la empresa Flota Barrios y el camión de la sociedad de Transportes Cold Truck Ltda. a saber: a) La demanda de fojas 11 se ha deducido por Edgardo Ramón Saud Rojas por sí y en carácter de mandatario y en representación de José Fernando Saud Rojas, don Edgardo Yeris Saud Drey, Francisco Javier Saud Rojas, Jorge Neftalí Córdova Quiroz por sí y en representación de su hija legítima Camila Ignacia Córdova Saud y como cónyuge de su hermana legítima doña Mónica del Carmen Saud Rojas; en contra de Flota Barrios Ltda. y de la “Sociedad Transporte Cold Truck Ltda.”; por la suma de $ 300.000.000 por concepto de daño moral, más reajustes, intereses y costas. b) La demanda de fojas 176 de Sociedad Transportes Cold Truck Ltda. en contra de la Empresa Flota Barrios S.A. por concepto de lucro cesante por $ 12.000.000 más reajustes, intereses y costas. c) Demanda reconvención al del primer otrosí de fojas, 185 de Flota Barrios Ltda. en contra de la Sociedad Cold Truck Ltda. por $ 40.000.000 más reajustes e intereses por concepto de daño emergente, $ 24.000.000 más reajustes e intereses por concepto de lucro cesante, todo con costas.

184

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

d) A fojas 224, Héctor Gómez Salazar en representación de Eveling Katiusca Bagus Araya en representación de sus hijos legítimos menores Patricia Andrea y Cristián Enrique Salinas Bagus en contra de Empresa Flota Barrios S.A. por $ 1.000.000 por daño emergente; $ 129.000.000, por lucro cesante y $ 40.000.000 por daño moral, más reajustes, intereses y costas. CUARTO: Que no ha sido controvertido en estos autos que el accidente ocurrido el 20 de mayo de 1992, en las primeras horas de la mañana, esto es, entre las 07:45 y 08:15 horas en la ruta 5 Norte a la altura del Km. 856, que al momento de ocurrir los hechos en el lugar existía espesa neblina; que ambos choferes fallecieron como asimismo otros pasajeros del bus y que éste se dirigía de sur a norte y el camión de norte a sur. QUINTO: Que la controversia se ha centrado, en la forma y circunstancias en que se produjo el choque entre ambos móviles, la causa basal del accidente y la responsabilidad que en él le cupo a ambos conductores y consecuentemente la responsabilidad los propietarios de ambos móviles en el pago de las indemnizaciones que se cobran en estos autos. SEXTO: Que para acreditar los fundamentos de las demandas presentadas, las partes acompañaron los siguientes antecedentes: A) Por la parte de Sociedad Transportes Cold Truck Ltda.: Fojas 329. Prueba documental consistente en: a) Set de fotografías del lugar de los hechos posición que quedó la rampla, cabina, del camión y siniestrado. b) Copia simple de la causa Rol Nº 17.208 del 20 Juzgado del Crimen de Copiapó incluye parte y croquis. c) Copia, del Informe técnico de Carabineros de Chile 26-C-92 de la Subcomisaria S.I.A.T. de Prefectura de Antofagasta establece las hipótesis sobre la dinámica del accidente a fojas 191 el oficial investigador establece cual es la que cree, más factible. B) Flota Barrios Fs. 340: a) Certificado de inscripción y anotación del vehículo patente HK 3704-4. b) Certificado de inscripción y anotaciones de bus de propiedad de Flota Barrios patente FP 9623-K. c) Copia simple del informe de S.I.A.T. de la causa Rol Nº 17.208 seguido ante el Segundo Juzgado del Crimen de Copiapó. d) Informe técnico solicitado al perito judicial mecánico don Julio Bahamondes Quevedo, ex-oficial S.I.A.T. e) Copia simple de fojas 5 y 6 de la causa Rol Nº 17.208 en que consta que entre las personas lesionadas se encontraban Blanca Rodríguez Contreras y Enrique Fonk, ambos padres de la testigo presencial del accidente Erika Fock Rodríguez. f) 6 fotos tomadas cuando aún se encontraban en el lugar los móviles sin ser movidos. g) Declaración judicial extrajudicial prestadas por los testigos presenciales del accidente y agregados al expediente Rol Nº 17.208. B) Prueba testifical de fojas 343: consistente en las declaraciones de Julio Bahamondes Quevedo quien declara que la causal basal del accidente es el adelantamiento del camión, ratificando con ello su informe y además objeta el informe de S.I.A.T. porque efectúa dos conclusiones; y de Patricio González González de fojas 345 quien llega al lugar de los hechos y observó que habían huellas del camión en la otra pista, y tomo fotografías; las que son las que se exhiben y acompañan con Nº 6.1 y 6.6 ya señaladas precedentemente. C) Prueba documental de parte de Eveling Bagus e hijos fojas 353: a) Certificado de defunción del cónyuge. - Chofer del camión siniestrado Sergio Salinas Larenas. b) Copia de constancia Nº 030251-A de la Prefectura de Atacama NR5 2ª Comisaría Copiapó, Carabineros de Chile. c) Copia autorizada de la causa Rol Nº 17.208 del Segundo Juzgado del Crimen de Copiapó sobre cuasidelito de homicidio y lesiones. SÉPTIMO: Que del análisis de dichos antecedentes estos llegan a las siguientes conclusiones:

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

185

a) Que el parte policial que denuncia el hecho y que da inicio a la causa Rol Nº 17.208 del Segundo Juzgado del Crimen de Copiapó, da cuenta que el choque se habría producido como consecuencia del adelantamiento indebido por parte del bus y colisionado frontalmente con el camión y a consecuencia del mismo hubo personas fallecidas y lesionadas. La conclusión la establece con ocasión de las huellas existentes en el lugar. La visibilidad era escasa con motivo de la neblina baja y la calzada mojada por la neblina pero en buenas condiciones. Se acompaña croquis de frenada del camión y posición del bus. b) El informe técnico 36-C- 92 de la Prefectura de Antofagasta Nº 4 de Subcomisaría I.A.T. que se constituye en el lugar y elaborado por el Teniente Iván Vega Rodríguez como Oficial Investigador y luego del análisis de los vehículos participantes en el hecho, el lugar de ocurrencia del mismo, la declaración de testigos existentes en el lugar, establece la dinámica del accidente, la velocidad de los vehículos, el bus no inferior a 90 km por hora y el camión con remolque también no inferior a 90 km por hora, en base a dos presunciones: - Que el bus en lo momentos en que efectuaba una maniobra de adelantamiento a un móvil no identificado sin tener el tiempo ni el espacio suficiente para hacerlo, le obstruyó la circulación al camión colisionando con el bus en la parte frontal, la parte delantera del camión, cuyo conductor al percatarse de la presencia, del bus dentro de su trayectoria en emergencia aplicó el sistema, de frenos, sin tener tiempo a su vez para realizar otra, maniobra con la cual evitar el accidente. - Que el camión en los momentos en que finalizaba una maniobra de adelantamiento al vehículo conducido por la testigo (A) debidamente identificada, en el presente informe técnico, el participante (1-) el bus, se percata de la presencia del camión que le obstruye la circulación y en emergencia, efectuó una maniobra evasiva hacia la izquierda, ingresando a la calzada poniente sur poniente de la Ruta produciéndose el impacto en los instantes en que el móvil (2-) el camión se desplazaba en proceso de frenaje. No obstante establecer estas 2 presunciones el oficial Investigador opta por la primera de las indicadas por los argumentos que en el mismo informe expone. Agrega además que estableció dos presunciones debido a la falta de testigos o informantes que pudieren acreditar o dar elementos técnicos par determinar la causa basal del accidente señala que igual por una de las presunciones que se señalan en la dinámica, los participantes, bus y camión, que conducen sus móviles colisionan frontalmente sobre el área por la cual se desplaza el móvil 2. c) El informe pericial técnico mecánico elaborado por el perito judicial Julio Bahamondes Quevedo realizado a petición del abogado José Hormazábal Muñoz debidamente ratificado en juicio con su declaración de fojas 343. Se constituye en el lugar de los hechos con fecha 10 de abril de 1997. La dinámica general del accidente la establece en que el participante Nº 1 (Salinas) conducía el camión con semi-remolque por el costado derecho de la Ruta 5 Norte en dirección sur sur-poniente y a una velocidad estimada entre los rangos de los 110 a 120 Km. por hora lo que constituye exceso para la carretera, en forma temeraria y con abierta exposición al riesgo de accidente por las condiciones climáticas imperantes en la zona a esa hora (niebla). El participante Nº 2 (Romero) conducía el móvil por el costado derecho de la Ruta 5 Norte en dirección al nor nor-poniente a una velocidad estimada entre los rangos de los 80 a 90 Km. por hora encontrándose dentro de los rangos permitidos por la ley, pero considerada no razonable ni prudente en razón a las condiciones climáticas imperante en el área. En las condiciones señaladas, el participante Nº 1 (Salinas) realizó maniobra de adelantamiento por la izquierda a un automóvil particular que lo antecedía, maniobra que sobrepasó el eje central de la calzada y al percatarse de la proximidad del bus que lo hacía en sentido opuesto, aplicó el sistema de frenos de emergencia y realiza maniobra evasiva a la derecha con el fin de evitar, el impacto frontal lo que no logra por la velocidad del desplazamiento, carga, y volumen de la estructura, del remolque y camión acción con la cual obstruye el normal desplazamiento del bus y se embisten ambos frontalmente. Causa basal del accidente señala que se produce porque el participante Nº 1 (Salinas) conduce el camión semi-remolque a exceso de velocidad, en forma imprudente y temeraria, y con abierta exposición al riesgo de accidente en razón a las condiciones imperantes en la zona en esos instantes (niebla,

186

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

camanchaca), sobrepasa el eje central demarcado, maniobra con la cual obstruye la normal pista de circulación al bus Nº 2, colisionando frontalmente. Por proyección se vuelcan. Finalmente observa el informe técnico de S.I.A.T. por las razonas que expone. d) La adición al parte Nº 268 se constituye a raíz de las declaraciones prestadas en la tenencia de Caldera de Erika Fock y Claudia Bassi, que viajaban en el vehículo que fue adelantado por el camión, y el bus también hizo maniobra, hacia el mismo lado no obstante que venía en sentido contrario. e) La declaración de Patricio González González quien llegó al lugar de los hechos luego de ocurrido el accidente, tomó las fotografías que se acompañaron al proceso y observó que las huellas del camión estaban en la pista izquierda. OCTAVO: Que, no habiéndose producido por las partes prueba directa, al proceso es necesario determinar previo análisis de los antecedentes allegados al proceso, la forma en que ocurrieron los hechos en base a establecer éstos por medio de presunciones judiciales, aplicando a este respecto el artículo 426 del Código de Procedimiento en relación al artículo 1712 del Código Civil. NOVENO: Que en la especie se han reunido dos tipos de antecedentes, aquellos que establecen que el bus habría efectuado una maniobra por adelantamiento sin tener visibilidad produciéndose el choque y el otro que establece la existencia de esa maniobra, de adelantamiento por parte del camión, siendo consecuencia ambas del choque o causa basal. DÉCIMO: Que ninguno de tales antecedentes, parte policial, Informe S.I.A.T., estableciendo como responsable al bus; y el Informe del Perito Bahamondes y declaración del testigo señor Rodríguez, estableciendo la responsabilidad del camión, permiten ni por separado ni conjuntamente reunir los caracteres de gravedad, precisión y concordancia que establece la norma del Código Civil, toda, vez que respecto del informe S.I.A.T. no es por sí mismo claro y preciso para establecer fehacientemente, la responsabilidad del bus toda vez que en base a los antecedentes reunidos pudo también llegar a la conclusión de ser responsable el chofer del camión; respecto del informe del perito Sr. Bahamondes, se realiza 5 años después del accidente y con el estudio de la causa criminal llega a la conclusión de que la responsabilidad es del camión específicamente por las huellas de frenaje y posición final de los móviles. UNDÉCIMO: Que sí ha quedado establecido en autos la velocidad (no inferior a 90 Km. por hora) en que se desplazaban ambos móviles, lo que atendida la situación climática existente en el lugar, no puede considerarse ni razonable ni prudente, no obstante lo cual, el exceso del velocidad no constituye la causa basal del accidente pero si puede considerarse una exposición imprudente al daño, y puede dar origen a una disminución en la indemnización de los daños pero no puede generar por sí sola responsabilidad en los hechos. DUODÉCIMO: Que por lo que se ha venido diciendo no es posible a esta sentenciadora, llegar a una conclusión respecto de la causa basal del accidente por aparecer la prueba contradictoria, sin que sea posible preferir una a otra como tampoco darle a uno de aquellos antecedentes el valor de plena prueba, como señala el inciso final del artículo 426 del Código de Procedimiento Civil precisamente porque esta no es concordante con la rendida sino por el contrario es contradictoria; ni tampoco es posible aplicar la regla del artículo 428 del Código de Procedimiento Civil porque no es posible con los antecedentes reunidos, determinar cuál de aquéllas está conforme con la verdad. DECIMOTERCERO: Que así las cosas a esta sentenciadora no le es posible dar por acreditado al causante o responsable del accidente, debiendo darse por no acreditado tal hecho. DECIMOCUARTO: Que no habiéndose establecido el autor de la infracción que genera la responsabilidad extracontractual, es innecesario analizar la naturaleza y monto de los perjuicios ocasionados a raíz del hecho por estimarse innecesario. DECIMOQUINTO: Que los demás elementos probatorios allegados al proceso y que no fueron analizados no alteran lo resuelto por referirse estos al monto de la indemnización demandada. DECIMOSEXTO: Que por lo dicho corresponderá el rechazo de todas las demandas acumuladas a estos autos así como la demanda reconvencional deducida, por el primer otrosí de fojas 185. Por estas consideraciones, citas legales y lo dispuesto por los artículos 1698, 1712, 2314 y siguientes del Código Civil, ley Nº 18.290; 144, 160, 170, 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

187

1) Que se rechaza la objeción formulada, a fojas 101. 2) Que se rechazan las demandas deducidas a fojas 11x, 176, 224. 3) Que se rechaza la demanda reconvencional deducida en el primer otrosí, de fojas 185. 4) Que cada parte soportará las costas que hayan sido de su cargo. Regístrese. Dictada por doña Marisol Rojas Moya, Juez Titular de este Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Santiago. Rol Nº C-1.330-1995. Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del Art. 162 del C.P.C. en Santiago, a martes veintinueve de agosto de dos mil.

II.- CORTE DE APELACIONES Santiago, mayo 22 de dos mil seis. VISTOS: En cuanto al recurso de casación en la forma. Que por sentencia de veintinueve de agosto de dos mil, doña Marisol Rojas Moya, Juez Titular del 28º Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol Nº 1.3301995 caratulada “Saud Rojas, Eduardo con Flota Barrios Ltda.”, juicio ordinario de indemnización de perjuicios, rechazó las demandas principales de fojas 11 y fojas 176, como asimismo rechazó la demanda reconvencional deducida a fojas 185 de dicho expediente. Contra esta sentencia se alzó por los demandantes Edgardo Saud Rojas y otros, interponiendo recursos de casación en la forma y apelación, en forma conjunta. Funda el primero de los recursos en la causal Nº 7 del arículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, contener decisiones contradictorias la sentencia impugnada basándola en que el sentenciador en el considerando undécimo del fallo manifiesta que la velocidad de los móviles era no inferior a 90 km/hr., y que el juez a quo llega a la convicción de que existe un exceso de velocidad de ambos partícipes, agregando que ésta no es la causa basal del accidente, pero sí puede considerarse una exposición imprudente al daño y puede dar origen a una disminución en la indemnización de los daños, lo que en criterio del recurrente resultaría contradictorio con lo expresado en el considerando duodécimo, donde se infiere que habría una causa basal del accidente consistente en el exceso de velocidad de ambos partícipes, y consecuencialmente, una duente de responsabilidad disminuida pero no eximida. Se trajo los autos en relación conjuntamente con la apelación. Encontrándose en estado, se han traído los autos para dictar sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el recurso de casación formal interpuesto por la demandante lo funda en la causal N° 7 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, “contener decisiones contradictorias”. SEGUNDO: Que la causal invocada por la recurrente requiere para su configuración que las decisiones contradictorias presupongan la existencia de a lo menos, dos de ellas, que pugnen entre ellas, de tal modo que su esencia diga relación con fundamentos susceptibles de calificar como contradictorios entre sí, de manera tal que uno inhiba la existencia del otro; TERCERO: Que no constituyen decisiones contradictorias, aquellas que aparezcan insertas o existente en la parte expositiva del fallo ni las que no sean propiamente un acto de voluntad jurisdiccional, por Io cual, en tal evento deberá desecharse la causal expresada si se cumplen las hipótesis señalada; CUARTO: Que, en todo caso, el vicio invocado por la recurrente no aparece de autos, toda vez, que de la sentencia impugnada no advierte que la juez a quo hubiere dictado considerandos contradictorios y excluyentes, sino como consta en el considerando undécimo se limita a expresar una exposición y relatos de hechos y a calificar que en la especie el exceso de velocidad no constituye la causa basal del accidente o colisión; en tanto, en el considerando duodécimo, razona la sentenciadora de primer grado en sentido de que no puede llegar a la convicción con la prueba rendida en autos, en uno u otro sentido, por lo cual, agrega en el considerando décimo tercero que no encontrándose acreditado el o los responsables del hecho procederá a desechar las acciones deducidas en autos; QUINTO: Que, además, la recurrente señala los mismos fundamentos de la casación formal al deducir su recurso de apelación, por lo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 768 inciso 3° del Código de Procedimiento Civil, de existir alguna anomalía en el fallo impugnado, puede enmendarse al resolver

188

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

la apelación, de suerte que aquella decisión no ocasiona perjuicio irreparable al recurrente, que pueda sólo subsanarse por la vía de la nulidad impetrada. Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, se declara que se rechaza el recurso de casación en la forma interpuesto por el abogado Rodrigo Veliz Tapia, en representación de Edgardo Ramón Saud Rojas, demandante en autos, en contra de la sentencia de veintinueve de Agosto de dos mil, escrita a fojas 451(442) y siguientes. EN CUANTO AL RECURSO DE APELACIÓN DEDUCIDO EN LO PRINCIPAL DE FOJAS 482 (473). VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de los considerando séptimo, octavo, décimo, undécimo, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto, que se eliminan; Y TENIENDO ADEMÁS PRESENTE: PRIMERO: Que de los antecedentes se concluye que hubo un accidente, donde se produjeron muertes; que los conductores sobrepasaron el eje central en maniobras antirreglamentarias y la relación de los hechos con los resultados dañosos son plenamente conectivas, como causa a efecto. SEGUNDO: Que atendida la dinámica de los hechos y utilizando criterios de la lógica, resulta más creíble la versión que ambos conductores efectuaron maniobras de adelantamiento y al ir a exceso de velocidad produjeron una causa basal concurrente, y esto en base al parte policial que da cuenta y denuncia el hecho en los autos Rol N° 17.208 del Segundo Juzgado del Crimen de Copiapó tenida a la vista, el informe de la SIAT que acredita el exceso de velocidad de ambos conductores y los adelantamientos –basados en dos hipótesis– que no resultan contradictorias e imposibles en la dinámica de la colisión y en los dichos de los testigos Bassi Schola de fojas 448 y Hans Kauffmann de fojas 430, por lo cual se estimará que existió culpa de ambos conductores de los móviles. Que además al infringir ambos choferes la Ordenanza del Tránsito y al no existir compensación de culpa en materia penal, resulta intrascendente para los pasajeros, por lo cual su demanda civil es susceptible de incoarse, como ocurrió en autos; TERCERO: Que para que emane responsabilidad civil de un cuasidelito se requiere la concurrencia de elementos copulativos, consistentes estos en: una acción u omisión culposa, un resultado dañoso para la integridad física o la vida de una persona y una relación de causalidad entre la acción u omisión y el resultado dañoso antes referido; CUARTO: Que en la especie se ha configurado a partir de la exposición de los antecedentes de autos una responsabilidad extracontractual producto o con motivo de un accidente de tránsito, donde la responsabilidad penal aparece extinguida, pero no así la responsabilidad civil que emana de dicho ilícito, por lo cual debe recurrirse necesariamente a lo dispuesto en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil; QUINTO: Que en la especie ha deducido demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario don Edgardo Ramón Saud Rojas por sí y en representación de José Fernando Saud Rojas, Edgardo Yeris Saud Drey, Francisco Javier Saud Rojas y Jorge Neftalí Córdova Quiroz , quien actúa por sí y en representación de su hija menor Camila Ignacia Córdova Saud y en representación de su cónyuge Mónica del Carmen Saud Rojas, quienes demandan en forma solidaria a la Flota Barrios Limitada y a la Sociedad de Transporte Cold Truck Limitada, a título de indemnización la suma de $300.000.000, o la suma que el tribunal determine; SEXTO: Que al tenor del artículo 428 del Código de Procedimiento Civil esto sentenciadores están facultados para apreciar los medios de prueba que obran en autos, por lo cual se establecerá que resulta más acorde con la verdad que ambos conductores resultan responsables del accidente y por aplicación del artículo 174 de la Ley de Tránsito, se imputará como responsable a los propietarios de los móviles involucrados en los accidentes; SÉPTIMO: Que el legislador estableció que el daño al que pudiera ser obligado indemnizar, emanado este de un delito o cuasidelito, deberá ser indemnizado en forma íntegra, como asimismo en el artículo 2317 del Código Civil se prescribe la solidaridad en cuanto a la responsabilidad del perjuicio, sobre las materias debatidas en estas instancias. OCTAVO: Que encontrándose acreditado los antecedentes la vulneración por parte de ambos conductores de los límites máximos de velocidad a 1 tenor de lo reglado en los artículos 149 y siguientes de la Ley de Tránsito, se tendrá por acreditada la infracción reglamentaria de ambos conductores;

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

189

NOVENO: Que el resultado dañoso inferido a los demandantes de fojas 11 y siguientes, aparece acreditado en los autos, y el cual se apreciará y calificará de manera prudencial en la parte resolutiva de esta sentencia; DÉCIMO: Que además resulta indubitado en estos autos que existe una relación de causalidad entre la acción ejercida por ambos conductores, lo cual en términos doctrinarios se denomina con causas, la cual generó o produjo un resultado dañoso afectando bienes jurídicos corno la vida y la integridad física de personas que se individualizan en la demanda de fojas 11 y siguientes; UNDÉCIMO: Que es de toda lógica al resolver una controversia jurídica, tener presente los elementos que han llevado al sentenciador a adquirir una convicción en cuanto a la responsabilidad, por lo cual en la especie esta Corte es de criterio que la responsabilidad imputada a ambos conductores, emana del mérito del proceso como también de que, en la relación de los hechos, resulta más congruente con la verdad, que ambos conductores no tuvieron la adecuada previsión al conducir vehículos motorizados a exceso de velocidad, con lo cual infringieron de manera manifiesta la normativa que regula el tránsito de vehículos motorizados. DUODÉCIMO: Que además aplicando una operación mental hipotética de exclusión del elemento conducción antirreglamentaria, obviamente, el resultado dañoso no se habría producido atendido a que faltaría el elemento causal determinante en la génesis de la responsabilidad civil producida en el caso específico de autos. DECIMOTERCERO: Que la atribución de responsabilidad se fundamenta en la especie, en el deber de vigilancia, y si existe un vínculo de subordinación o dependencia –en el caso de los conductores– entre él o los responsables y el autor material del daño (situación fáctica). Por estas consideraciones y atendido lo preceptuado en la Ley N° 18.290 y en los artículos 186, 187 y 208 del Código de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia apelada de veintinueve de agosto de dos mil, escrita a fojas 451 (442) y siguientes, y en su lugar SE DECLARA : a. - Que se acoge la demanda interpuesta por don Edgardo Ramón Saud Rojas por sí y en representación de José Fernando Saud Rojas, Edgardo Yeris Saud Grey, Francisco Javier Saud Rojas y Jorge Neftalí Córdova Quiroz, por sí y en representación de su hija menor Camila Córdova Saud y de Mónica del Carmen Saud Rojas, de fojas 11, en contra de la Empresa Flota Barrios Limitada, representada indistintamente por don Patricio Barrios Andrade y/o don Claudio Barrios Acosta, y en forma conjunta, en contra de Transportes Cold Truck Limitada, representada indistintamente por José Antonio Salas Parra y Diego Fernando Salas Parra, a pagar a los demandantes antes individualizado la suma única y total de $100.000,000 (cien millones de pesos), por concepto de daño moral, como consecuencia de la muerte de Gonzalo Jorge Córdova Saud, Matías Nicolás Córdova Saud, de doña Carmen Inés Rojas Flores, por los hechos acaecidos en el accidente de tránsito ocurrido el veinte de mayo de mil novecientos noventa y dos, aproximadamente a las 08:15 horas, a la altura del kilómetro 856 de la Ruta 5 Norte, en el sector denominado Caserón, lugar donde se produjo la colisión entre el camión patente AZ-9595, guiado por Sergio Enrique Salinas Larenas y el bus placa patente FP- 9632, de la Flota Barrios conducido por Joel Bernardo Romero Rojas. b.- Que la suma antes señala da se reajustará de acuerdo al IPC desde el momento que quede ejecutoriada la presente sentencia, c.- Que la cantidad ordenada pagar corno daño moral generará intereses sólo en el evento de existir mora. d.- Que se condena en costas a ambas demandadas. Se confirma en todo lo demás la sentencia apelada. Regístrese y devuélvase. Redacción del Abogado Integrante Sr. Nelson Pozo Silva. Rol N° 9063-2000. Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los Ministros: Sr. Jorge Dahm Oyarzún, Sr. Joaquín Billard Acuña y el Abogado Integrante Sr. Nelson Pozo Silva.

III.- CORTE SUPREMA Santiago, treinta y uno de octubre de dos mil siete. VISTOS:

190

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

En estos autos rol Nº 3614-2006 sobre Indemnización de Perjuicios, la parte demandada Flota Barrios Limitada ha deducido recurso de casación en la forma, contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que, en lo pertinente, revocó el fallo de primer grado que rechazó todas las demandas deducidas en autos y en su lugar, acogió la interpuesta por don Edgardo Ramón Saud Rojas por sí y en representación de José Fernando Saud Rojas, Edgardo Yeris Saud Grey, Francisco Javier Saud Rojas y Jorge Neftalí Córdova Quiroz por sí y en representación de su hija menor Camila Córdova Saud y de Mónica del Carmen Saud Rojas, de fojas 11, contra la empresa Flota Barrios Limitada, representada indistintamente por don Patricio Barrios Andrade y don Claudio Barrios Acosta, y en forma conjunta, contra Transportes Cold Truck Limitada, representada indistintamente por don José Antonio Salas Parra y don Diego Fernando Salas Parra, en cuanto ordenó pagar a los consabidos demandantes la cantidad única y total de $100.000.000, por concepto de daño moral, como consecuencia de la muerte de los señores don Gonzalo Jorge Córdova Saud, don Matías Nicolás Córdova Saud y doña Carmen Inés Rojas Flores, ocurrida en el accidente de tránsito el 20 de mayo de 1992, disponiéndose el reajuste de la cantidad correspondiente según la variación del IPC desde el momento que quede ejecutoriada la sentencia, así como el pago de los intereses, sólo en el evento de existir mora, condenándose en costas a las demandadas. Se confirma en lo demás, la sentencia de primera instancia. Se trajeron los autos en relación. CONSIDERANDO: 1º) Que la recurrente de casación, ha denunciado que la sentencia de segundo grado, ha incurrido en el vicio de nulidad formal de haber sido pronunciada con omisión de los requisitos establecidos en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la forma de las sentencias, según la causal prevista en el artículo 768 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil, y específicamente señala que son dos los requisitos omitidos. El primero se refiere a aquellos contemplados en el artículo 170 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil y los números 6 y 10 del Auto Acordado indicado, es decir la omisión de las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo. Argumenta que teniendo presente los considerandos de primera instancia no eliminados por la de segunda y los que ésta incluyó, se advierte una falta de apreciación de la prueba conforme a las reglas legales y la de ponderar su aplicación, según criterios de lógica. Argumenta que la prueba testimonial rendida por su parte, mediante exhortos que fueron debidamente diligenciados y que se agregaron al proceso una vez citadas las partes a oír sentencia, no fue ponderado en ninguno de los fallos de la instancia, como lo ordena el artículo 431 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil. En este mismo orden de ideas, sostiene que la sentencia omitió en forma absoluta, cualquier consideración de hecho y de derecho relativa al rechazo de la demanda reconvencional deducida por su parte contra la sociedad propietaria del camión. Expone que además se prescindió del orden lógico en que deben efectuarse las consideraciones de hecho, en atención a que en el considerando 9º de primer grado no eliminado, se establecen dos tipos de antecedentes para explicar el accidente y, sin embargo el fallo pasa a referirse a otras hipótesis distintas, que las partes no plantearon en sus escritos de discusión. El segundo requisito omitido se hace consistir en el consagrado en el artículo 170 Nº 6 del Código de procedimiento Civil y los números 11 y 12 del Auto Acordado mencionado, esto es la falta de decisión del asunto controvertido, puesto que, omite pronunciarse sobre el recurso de apelación deducido por su parte, mediante adhesión a la apelación; 2º) Que como segunda causal de nulidad formal, se denuncia el haber incurrido en ultra petita, extendiendo el fallo a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, vicio consagrado en el artículo 768 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil, y ello por cuanto ninguna de las partes ha planteado en los respectivos escritos de discusión, que ambos conductores efectuaron a la vez maniobras de adelantamiento antirreglamentarias, sobrepasando el eje central de la calzada. De esta forma, la sentencia ha dado por establecido un hecho que no ha sido sometido a su consideración. Además, también se incurre en esta causal, al haber hecho suyo el fallo los nuevos fundamentos de hecho y de derecho expuestos por la demandante en su escrito de apelación, consistentes en el exceso de velocidad como causa basal concurrente del accidente;

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

191

3º) Que al explicar el perjuicio que los vicios invocados causan a su parte, señala que si la sentencia hubiese dado cabal cumplimiento a las menciones que ella debe contener, se hubiese decidido el asunto controvertido ponderando los fundamentos y peticiones de la apelación deducida por su parte, y sin haber incurrido en ultra petita y además, se habría analizado la prueba rendida estableciéndose el valor probatorio, de cada medio de prueba, con lo que habría debido concluirse en que legalmente se ha probado en autos, según los medios de prueba legal, que la causa basal del accidente fue la maniobra de adelantamiento del camión y que el bus de propiedad de su parte no efectuó maniobra de adelantamiento alguna, con lo cual no se habría dado negado lugar a las demandas deducidas en su contra y se habría acogido así su demanda reconvencional; 4º) Que son hechos de la causa, por así haberse establecido por los jueces del fondo, los siguientes: a.- El accidente ocurrió el 20 de mayo de 1992, en las primeras horas de la mañana, esto es, entre las 07:45 y 08:15 horas, en la ruta 5 Norte a la altura del kilómetro 856, al momento de ocurrir los hechos en el lugar existía espesa neblina y ambos choferes fallecieron, como asimismo otros pasajeros del bus, el cual se dirigía de sur a norte y el camión de norte a sur (considerando cuarto del fallo de primera instancia); b.- Ambos conductores efectuaron maniobras de adelantamiento y al ir a exceso de velocidad, produjeron una causa basal concurrente (considerando segundo de la sentencia de segunda instancia); c.- El resultado dañoso inferido a los demandantes de fojas 11, aparece acreditado en los autos (considerando noveno del fallo de segundo grado); d.- Resulta indubitado en estos autos que existe una relación de causalidad entre la acción ejercida por ambos conductores, que produjo como resultado un daño, que ha afectado bienes jurídicos como son la vida y la integridad física de las personas que se individualizan en la demanda de fojas 11 y siguientes (considerando décimo de la sentencia de segunda instancia); 5º) Que en base a tales hechos, los jueces del fondo resolvieron acoger la demanda de indemnización de perjuicios deducida a fojas 11 por la familia Saud, en forma conjunta contra las empresas Flota Barrios Limitada y Transportes Cold Truck, al estimar que resulta más acorde con la verdad que ambos conductores fueron los causantes del accidente y por aplicación del artículo 174 de la Ley de Tránsito, resultan responsables los propietarios de los móviles involucrados en el mismo, indicando que la atribución de responsabilidad se fundamenta en la especie, en el deber de vigilancia y si existe un vínculo de subordinación o dependencia –en el caso de los conductores– entre él o los responsables y el autor material del daño; 6º) Que entrando al análisis del recurso, cabe señalar que la primera causal denunciada, esto es, la omisión de determinados requisitos que debe contener una sentencia, se circunscribe a diversos argumentos que se analizarán uno a uno. Así, primeramente se dice que el fallo no establece las nuevas consideraciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento, no apreciando la prueba rendida conforme a las reglas legales. Sin embargo de la lectura de la sentencia impugnada, puede leerse a partir del motivo segundo, que los magistrados de la instancia, estimaron que de acuerdo a la dinámica de los hechos y utilizando criterios de lógica ambos conductores efectuaron maniobras de adelantamiento y que al ir a exceso de velocidad produjeron una causa basal concurrente; que ello lo coligen del parte policial y de la denuncia efectuada en la causa rol Nº 17.298 del Segundo Juzgado del Crimen de Copiapó que tuvieron a la vista, del informe de la SIAT que acredita el exceso de velocidad y los adelantamientos y de los dichos de dos testigos que individualiza, precisando en el considerando sexto que, conforme al tenor de lo dispuesto en el artículo 428 del Código de Procedimiento Civil, los sentenciadores están facultados para apreciar los medios de prueba que obran en autos, de acuerdo a lo que estimen que sea más acorde a la verdad. De esta manera, y según se ha demostrado, no resulta efectivo el reproche que se le formula al fallo, por cuanto contiene tanto fundamentos de hecho como de derecho en los que basa su decisión; 7º) Que en lo que dice relación a la falta de apreciación de los medios de prueba, tampoco resulta efectivo, por cuanto, teniendo en consideración los fundamentos de la sentencia de primera instancia, no eliminados por la de segunda, se hace referencia en ellos a todos los medios de prueba aportados por las partes, especificando incluso lo que dijeron los testigos presentados, para luego concluir en el considerando noveno de primer grado, que se han reunidos dos tipos de antecedentes, aquellos que es-

192

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

tablecen que el bus habría efectuado una maniobra por adelantamiento sin tener visibilidad, produciéndose el choque, y el otro que establece la existencia de otra maniobra de adelantamiento por el camión, siendo consecuencia ambas del choque, como causa basal. Es decir, frente a diversos medios de prueba, que denotan ciertas hipótesis sobre la ocurrencia de los hechos, los jueces de la instancia aplicaron la regla consagrada en el artículo 428 del Código de Procedimiento Civil, según lo dejaron asentado en el motivo sexto del fallo de segunda instancia, y por lo mismo, entre dos o más pruebas contradictorias y a falta de ley que resuelva el conflicto, los tribunales preferirán la que crean más conforme con la verdad, y aquella fue la detallada en el considerando segundo de la sentencia del tribunal de alzada; 8º) Que en cuanto a que la prueba se apreció conforme a criterios de la lógica, lo que se estima ilegal, ello no es causal de un vicio de nulidad formal, sin perjuicio, de lo cual, como se señaló en el motivo precedente, la ponderación de la prueba se arregló al artículo 428 del Código de Procedimiento Civil, que permite optar por la prueba que se estima más conforme con la verdad, lo que no excluye que se haya recurrido a la lógica; 9º) Que en lo que dice relación con la falta de apreciación de la prueba testimonial rendida por la demandada Flota Barrios Limitada, a través de exhortos y agregada después de citadas las partes a oír sentencia, tampoco resulta ser efectivo, porque sus testimonios fueron analizados expresamente por el tribunal de alzada en el considerando segundo de su fallo; 10º) Que en cuanto a la falta de consideraciones acerca de la demanda reconvencional deducida por la parte recurrente contra la empresa de Transportes Cold Truck Limitada, efectivamente, el fallo en estudio no contiene referencia alguna a esta acción, con lo que, no se explica su rechazo, al confirmarse el fallo de primer grado que la desestimó. Sin embargo, para que tenga lugar la procedencia de la causal denunciada, no basta que se configure alguna de las hipótesis contempladas en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, sino que se requiere que influya en lo dispositivo de la sentencia, es decir, que de no haberse producido el vicio, el resultado del juicio habría sido otro, por lo que necesario resulta analizar este efecto; 11º) Que según consta del primer otrosí del libelo agregado a fojas 185, la empresa Flota Barrios Limitada, dedujo demanda reconvencional, contra la Empresa de Transportes Cold Truck Limitada, solicitando una indemnización de perjuicios por daño emergente por la cantidad de $40.000.000, ya que el bus de su propiedad quedó inutilizado, indicando que además dejó de percibir la cantidad de $24.000.000 a título de lucro cesante, en atención a que dejó de obtener los beneficios que le reportaba el bus, a razón de $6.000.000 anuales, haciendo responsable del accidente al chofer del camión de la empresa demandada, y a ésta como responsable de los perjuicios, conforme lo establecido en los artículos 174 de la ley Nº 18.290 y 2314 y siguientes del Código Civil; 12º) Que conforme a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, le correspondía al demandante reconvencional acreditar la efectividad de sus argumentaciones, y sin embargo del mérito del proceso, no aparece prueba alguna aportada por la empresa Flota Barrios Limitada encaminada a acreditar los daños y la relación de causalidad limitándose a la sazón a solicitar un peritaje para tasar el bus de la empresa, según puede leerse en el primer otrosí de fojas 344, a lo que se accedió con citación y sin que nunca se instara por la realización de la diligencia; 13º) Que de esta manera, si bien es cierto que el fallo de segundo grado no contiene consideraciones para rechazar la demanda reconvencional, no es menos efectivo que la falta de prueba para acreditar los hechos determina que la demanda no podía prosperar, por lo que permite a esta Corte ejercer la facultad dispuesta en el penúltimo inciso del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a desestimar la casación en la forma, por la falta de influencia en lo decidido, como ha quedado demostrado; 14º) Que en lo que dice relación a que la sentencia en estudio no contiene un orden lógico al efectuar las consideraciones de hecho, ello no es así, por cuanto el fallo como ya se dijo, después de enunciar los medios de prueba, indica que éstos consagran dos tipos de antecedentes, e infiere su propia conclusión, en base a determinados elementos de prueba que precisa y que estimó como más conformes con la verdad, según resulta del artículo 428 del Código de Procedimiento Civil; 15º) Que respecto del vicio denunciado como falta de decisión del asunto controvertido, en lo que respecta a la adhesión a la apelación presentada por la empresa Flota Barrios Limitada al fallo de pri-

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

193

mer grado, cabe precisar que según puede leerse del escrito de fojas 499, dicha parte se adhirió a la apelación, solicitando concretamente que se declarase que la responsabilidad del accidente materia de autos correspondió al conductor del camión, y en consecuencia, que se rechacen las demandas civiles interpuestas en su contra y se acoja en su lugar, la demanda reconvencional deducida por ella contra la sociedad de Transportes Cold Truck limitada, con las costas de la causa; 16º) Que del examen de los fallos de la instancia, puede leerse claramente que la demanda reconvencional deducida en su oportunidad por la recurrente, fue rechazada en la decisión signada con el numeral tercero del fallo de primer grado y que ello fue confirmado por el tribunal de alzada, de lo que se desprende que el asunto controvertido en este punto ha tenido, así una decisión, como también ocurre, con las correspondientes responsabilidades que les han incumbido a quienes han intervenido en él, puesto que los jueces del fondo se la imputaron a ambos conductores, según quedó sentado en el considerando segundo de la sentencia de alzada; 17º) Que finalmente, la recurrente imputa al fallo de segundo grado el haber incurrido en ultra petita, al establecer como un hecho que ambos conductores de los vehículos involucrados en el accidente efectuaron a la vez maniobras de adelantamiento antirreglamentarias, sobrepasando el eje central de la calzada, en circunstancias que este hecho no fue sometido a su consideración. Sin embargo, sabido es que se incurre en ultra petita, cuando la sentencia otorga más de lo pedido o se extiende a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, y en el caso sub lite, la petición de la familia Saud, fue la de condenar conjunta o solidariamente a las empresas Flota Barrios Limitada y Sociedad de Transportes Cold Truck Limitada a la cantidad de dinero que se indicó en el libelo de fojas 11, en base a que los vehículos de que eran titulares, chocaron frontalmente -merced a su gran velocidad y a la imprudencia temeraria de ambos conductores-, de lo que se colige que así en ningún caso se puede incurrir en ultra petita, por cuanto la demanda de indemnización de perjuicios se acogió conforme al mérito de lo pedido, y las defensas de las demandadas fueron desestimadas por los consabidos antecedentes ya señalados en su oportunidad; 18º) Que de la manera como se ha razonado, el recurso de casación en la forma presentado no puede prosperar y debe ser desestimado. En conformidad asimismo, con lo dispuesto en los artículos 764, 765, 766, 768 y 806 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en la forma interpuesto en lo principal de fojas 526 contra la sentencia de veintidós de mayo del año dos mil seis, escrita a fojas 517. Regístrese y devuélvase con sus agregados. Redacción a cargo del abogado integrante señor Rafael Gómez Balmaceda. Rol Nº 3614-2006. Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Ricardo Gálvez, Sr. Adalis Oyarzún, Sr. Héctor Carreño la Fiscal Sra. Mónica Maldonado y el abogado integrante Sr. Rafael Gómez. No firma el abogado integrante señor Gómez, no obstante haber concurrido a la vista de recurso y acuerdo del fallo por estar ausente. Santiago, 31 de octubre de 2007. Autorizado por el Secretario de esta Corte Sr. Carlos Meneses Pizarro.

194

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

FICHA 10

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 4393-2005 Cita Online: CL/JUR/4642/2007 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil uno. VISTOS: Se instruyó este sumarlo rol Nº 18.265, con el fin de investigar la existencia del cuasidelito de homicidio en la persona de Sabrina Leticia Madrid Neira y determinar la responsabilidad y grado de participación que por estos hechos, le ha correspondido a Bernardo Alex Benavides Báez, natural de Santiago, cédula de identidad Nº 8.960.996 8 nacional, 28 años, alfabeto, soltero, chofer, domiciliado en calle Mercedes Fontecilla Nº 3180 Pedro Aguirre Cerda, nunca antes procesado. Esta causa se inició por parte policial Nº 357 de la subcomisaría Los Quillayes de La Florida de fecha 9 de marzo de 2000 a fojas 2, mediante el cual de dio cuenta al tribunal que ese día alrededor de las 07:25 horas en circunstancias que el conductor del camión patente DJ 8628 con el semi remolque patente NTA 704, guiaba éste por calle Bahía Catalina en dirección al sur y al llegar a pasaje Río Aconcagua, se le desprendieron del antepenúltimo eje del costado izquierdo del semi remolque, dos ruedas con su masa, las que tomaron una trayectoria diagonal en dirección al oriente, chocando con la solera, elevándose y golpeando en la cabeza a la menor Sabrina Leticia Madrid Neira, quien se encontraba en calle Bahía Catalina esquina José Miguel Carrera esperando locomoción colectiva, falleciendo en el mismo lugar a raíz del impacto; para luego las ruedas continuar su trayectoria e impactar un portón metálico. A fojas 4 declaró el padrastro de la occisa; a fojas 40, madre de la misma; a fojas 25, 26 y 299 testigos; a fojas 55 y 271 teniente de S.I.A.T. y a fojas 5 y 6 inculpado en la causa. A fojas 30 fue agregada orden de investigar diligenciada por Investigaciones y a fojas 13 y siguientes, informe técnico de S.I.A.T. Rola a fojas 29, informe de autopsia de Sabrina Leticia Madrid Neira y a fojas 31, certificado de defunción de la misma. A fojas 45, dedujo querella criminal la madre de la occisa. A fojas 37, se sometió a proceso a Bernardo Alex Benavides Báez como autor del cuasidelito de homicidio en la persona de Sabrina Leticia Madrid Neira, siendo agregado su extracto de filiación y antecedentes a fojas 42. Encontrándose agotada la investigación, se declaró cerrado el sumario a fojas 57 y ejecutoriada se acusó judicialmente a fojas 58, a Bernardo Alex Benavides Báez como autor del mismo cuasidelito de homicidio por el cual fue sometido a proceso. A fojas 85, se adhirió a la acusación y demandó civilmente apoderado por la querellante. A fojas 114, contestó acusación de oficio y demanda civil apoderado por el procesado, recibiéndose causa a prueba a fojas 133, certificándose el término probatorio vencido a fojas 192, por lo que a fojas 192 vuelta los autos para los efectos del artículo 499 del Código de Procedimiento Penal, dictándose a fojas 193 y 291 vuelta medidas para mejor resolver. A fojas 299 vuelta, quedaron los autos para fallo. Con lo relacionado y CONSIDERANDO: En cuanto a la objeción de documentos: PRIMERO: Que contestando acusación judicial apoderado por el procesado en el tercer otrosí de su escrito de descargos de fojas 114 y siguientes y por el tercero civilmente demandado en el segundo otrosí de su escrito de fojas 127, objeta el contrato Los Parques S.A. de fojas 63 y recorte del diario El Mercurio de fojas 64, por no constar su autenticidad, veracidad ni integridad. Que tratándose el primero de un documento emanado de la empresa Los Parques S.A. y el segundo un recorte de un diario ampliamente conocido de circulación nacional y no habiéndose

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

195

probado su falta de autenticidad, veracidad o integridad, este tribunal procederá a rechazar ambas objeciones. En cuanto a las tachas: SEGUNDO: Que en el quinto otrosí del mismo escrito de fojas 114 y cuarto otrosí de fojas 127 y siguientes, apoderado por el encartado y tercero civil deduce tachas en contra de Eduardo Felipe Urrutia Orellana por las causales Nº 1, 7 y 8 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal y contra Héctor René Barraza Solar por la causal Nº 13 del mismo artículo y código. Que siendo Eduardo Urrutia testigo menor de 16 años según sus propias declaraciones de fojas 25, este tribunal procederá a acoger la tacha Nº del artículo y código antes citado, sin perjuicio del valor de presunciones que a sus declaraciones se les dará, de acuerdo a lo establecido en el artículo 464 del Código del Procedimiento Penal. Que atendido lo antes expuesto no se pronunciará el tribunal por las demás tachas solicitadas en contra del mismo testigo. Que se rechazará, la tacha por la causal Nº 13, formulada en contra de Héctor René Barraza Solar, pues no fue probado en autos ni consta en el proceso que declarara sobre hechos que no pudo apreciar. TERCERO: Que se acusó judicialmente a fojas 58, a Bernardo Alex Benavides Báez como autor de cuasidelito de homicidio en la persona de Sabrina Leticia Madrid Neira. CUARTO: Que tendiente a establecer la existencia de este cuasidelito, obran en autos los siguientes elementos de juicio: a) Parte Nº 357 de Carabineros de la Subcomisaría Los Quillayes de La Florida de fecha 9 de marzo de 2000 a fojas 2, mediante el cual se puso detenido a disposición del tribunal al chofer del camión patente DJ 8628 con el semi remolque patente NTA 704, pues ese día alrededor de las 07:25 horas conduciendo dicho móvil por calle Bahía Catalina en dirección al sur y al llegar a pasaje Río Aconcagua, se le desprendieron del costado izquierdo del antepenúltimo eje del semi remolque, dos ruedas con su masa; las que tomaron una trayectoria diagonal en dirección al oriente, para luego subirse a la solera e impactar en la cabeza a la menor Sabrina Leticia Madrid Neira, quien se encontraba en calle Bahía Catalina esquina José Miguel Carrera esperando locomoción colectiva, falleciendo a consecuencia de ello en el mismo lugar; para luego las ruedas continuar su trayectoria, estrellándose contra un portón metálico. b) Declaraciones de Christian Andrés Espinoza Lorca y Alicia del Carmen Neira Ramos a fojas 4 y 40, manifestando ser padrastro y madre respectivamente de la menor Sabrina Leticia Madrid Neira, quien el 9 de marzo de 2000 alrededor de las 07:15 horas esperaba locomoción colectiva en calle Bahía Catalina frente al pasaje Río Lauca junto a unos amigos, cuando a un camión que circulaba por la vía pública se le desprendieron desde un costado del acoplado las ruedas, las que continuaron un desplazamiento independiente de dicho vehículo, golpeando en la cabeza a la menor, quien falleció en el lugar a consecuencia del impacto. Agregó que ellos viven a metros del sitio del accidente, por lo que fueron avisados de inmediato y al llegar, pudieron apreciar que su hija sangraba por los oídos, boca y nariz. c) Informe de autopsia Nº 639/2000 de Sabrina Leticia Madrid Neira emanado del Servicio Médico Legal a fojas 29 y siguientes, quien fue enviada por la Subcomisaría Los Quillayes con parte Nº 357 y oficio Nº 161, con antecedentes de haber sido encontrada en calle Bahía Catalina esquina Miguel Carrera. Al examen externo presentó: excoriación frontal izquierda derecha de 5x3 cm. y 4x2 cm. respectivamente, fractura malar izquierda rodeada de 4x6 cm. de excoriación; excoriación mentón izquierdo; fractura mentón derecho, sangra por el oído izquierdo; excoriación en la cara interna del muslo izquierdo de 6x4 cm. Examen interno; cabeza, cuero cabelludo: evertido se evidencia infiltración frontal y occipital izquierda, cráneo: fractura de ambos techos orbitarios y de ambos peñascos y silla turca, fractura de escama del temporal izquierdo. Tráquea: con abundante sangre. Tórax: hemotórax bilateral el derecho 500 cc el izquierdo 700 cc. Fracturas costales de la 3ª a 6ª costillas izquierdas. Con desgarro de pleuras en la línea media clavicular. Pulmones: el izquierdo desgarrado; extenso desgarro del mediastino posterior; ambos pulmones se muestran anémicos y crepitantes. Hígado: extenso desgarro irregular en la cara posterior e inferior del lóbulo derecho. Bazo: desgarrado. Concluyendo que la causa de la muerte fue politraumatismo, consistentes en facio cráneo encefálico, tóraco abdominal extremidades y anemia aguda, compatible con atropello.

196

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

d) Certificado de defunción, de Sabrina Leticia Madrid Neira emanado del Servicio de Registro Civil e Identificación a fojas 27, indicando que ésta falleció el 9 de marzo de 2000 a las 07:30 horas, en calle Bahía Catalina esquina Miguel Carrera La Granja; cuya causa fue politraumatismo. f) Testimonios de Eduardo Felipe Urrutia Orellana a fojas 25 y 181, manifestando que el 9 de marzo de 2000 alrededor de las 07:20 horas se encontraba junto a Sabrina Neira en calle Bahía Catalina con José Miguel Carrera esperando locomoción colectiva, cuando observó que por la primera de las arterias nombradas se desplazaba un camión muy rápido, el que al pasar por un hoyo que había en la calzada se le soltó una rueda del costado izquierdo, la que siguió rodando en forma independiente, cruzando diagonalmente Bahía Catalina en dirección hacia ellos; él alcanzo a correr, no así su amiga y al golpear la rueda en la cuneta y subirse a la vereda, la impactó botándola al suelo; de inmediato él procedió a socorrerla, tratando de despertarla, lo que no logró; percatándose que sangraba de sus oídos; luego corrió a avisarles a sus padres que viven muy cerca, llegando posteriormente Carabineros y la ambulancia. g) Aseveraciones de Héctor René Barraza Solar e Irma del Carmen Roa Alarcón a fojas 26 y 181 manifestando que el día de los hechos se encontraban en su domicilio, cuando sintieron un golpe en el portón de la reja del antejardín; de inmediato salieron a ver lo sucedido, observando que una de las hojas de la puerta metálica estaba en el suelo y una rueda grande seguía rodando mientras un hombre desde atrás la seguía, percatándose que se le había soltado a un camión. Agregó la segunda, que al salir a la calle observó a varios de metros de distancia una persona en el suelo y mucha gente que se juntaba en torno a ésta. h) Atestados de Sergio Antonio Acevedo Rodríguez a fojas 299, manifestando que el día de los hechos alrededor de las 07:15 se encontraba en la esquina sur oriente de calle José Miguel Carrera con Bahía Catalina esperando locomoción colectiva, cuando sintió un ruido muy fuerte; al darse vuelta observó una rueda grande de vehículo que rodaba a gran velocidad en dirección a él y hacia una pareja de estudiantes distantes a un par de metros de su lado; de inmediato dio un salto y gritó a los escolares alertándolos del peligro. Agregó que por el ruido y la velocidad de la rueda presume que el camión venía muy fuerte. i) Informe técnico pericial Nº 165 C 2000 de Siat rolante a fojas 13 y siguientes, indicando que al peritaje efectuado al tracto camión patente DJ 8628, no mereció observaciones; en cuanto al semi remolque patente NTA 704, éste presentó en el sistema de tracción la rueda trasera izquierda del cuarto eje, desalojados de sus fijaciones y con su llanta con demostraciones de roce. Asimismo en el lugar se pudo determinar que el conductor del camión con semi remolque, guiaba éste por calle Bahía Catalina, con una avería en el sistema de tracción izquierdo del cuarto eje de este último, hecho previsible y evitable mediante una mantención periódica y programada; lo que originó que probablemente al pasar el móvil sobre un bache existente en la calzada, dichas ruedas se salieran de su posición normal, siendo proyectadas sobre sus bandas de rodaduras en dirección al sur, sur oriente; cruzando dicha arteria, ingresando a la acera oriente, impactando en el cuerpo de la peatón Sabrina Madrid Neira. Concluyendo como causa basal del accidente, que el conductor del camión y remolque al conducir con una avería en el sistema de tracción de este último, provoca el desprendimiento de las ruedas izquierdas del cuarto eje, las cuales impactan a la peatón. j) Declaraciones del Teniente de Carabineros Luis Alfonso Saldías Carabante a fojas 55 y 271, manifestando que el semi remolque del camión patente DJ 8628, presentaba una avería en el cuarto eje izquierdo, que se produjo con anterioridad al hecho investigado; presumiendo que transitó por un tiempo prolongado en esas condiciones mecánicas; las roturas del eje permitieron la salida del canastillo donde se alojan los rodamientos, haciendo que las ruedas izquierdas se salieran. Que dicha anomalía se presenta habitualmente en vehículos de carga pesada, por lo que los conductores que guían en forma periódica estos vehículos, deben estar atentos a esta falla para hacerla presente y efectuar una especial revisión de ella cuando se lleva el móvil a chequeo. k) Orden de investigar diligenciada por investigaciones de fojas 30 y siguiente, conteniendo diversas diligencias efectuadas en relación a los hechos pesquisados. I) Querella criminal deducida por Alicia Carmen Neira Ramos madre de la occisa a fojas 45 y siguientes, conteniendo antecedentes en relación al cuasidelito de homicidio investigado.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

197

QUINTO: Que los medios de prueba analizados en el considerando que precede, constituyen un conjunto de presunciones judiciales los cuales ponderados legalmente. permiten tener por establecido en el proceso que el 9 de marzo de 2000 alrededor de las 07:20 horas, el conductor del camión patente DJ 8628 conduciendo éste con el semi remolque patente NTA 704, a una velocidad mayor a la razonable y prudente para dicho tipo de vehículo y con una avería en el sistema de tracción en este último, por calle Bahía Catalina en dirección al sur y al pasar un bache existente en la calzada, se produjo el desprendimiento de las ruedas del cuarto eje del acoplado, las que rodaron hacia la calzada oriente de dicha arteria, subiéndose a la vereda e impactando a la peatón Sabrina Madrid Neira, quien se encontraba en el lugar esperando locomoción colectiva; producto del impacto esta última resultó con las lesiones ya descritas en el informe médico legal de fojas 29, las que le causaron la muerte en el mismo lugar del accidente. Que el conductor del camión y remolque ya individualizados, al conducir a una velocidad mayor de la razonable y prudente bajo las condiciones existentes y con una avería en el sistema de tracción de este último, lo que provocó el desprendimiento de la ruedas del cuarto eje del acoplado, cometió un acto de imprudencia e infringió la ley de Tránsito en sus artículos 114 y 148. Que estos hechos encuentran una adecuada calificación en el cuasidelito de homicidio en la persona de Sabrina Leticia Madrid Neira, que prescribe el artículo 490 Nº 1 del Código Penal en relación al artículo 492 del mismo cuerpo legal y los artículos 114 y 148 de la ley de Tránsito, sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio y la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por el lapso de uno a dos años. SEXTO: Que prestando declaraciones indagatorias el encausado Bernardo Alex Benavides Báez a fojas 5 y 289, reconoce haber conducido el 9 de marzo de 2000 alrededor de las 07:10 horas, el camión patente DJ 8628 con rampla de siete metros patente NTA 704 por calle Bahía Catalina en dirección al sur y al pasar por un hoyo existente en dicha calzada, sintió gritos de unas personas que estaban en el paradero de micro y al mirar por el espejo retrovisor, vio que una rueda del costado Izquierdo de la rampla de su vehículo se había desprendido, la que atravesó la calle y golpeó a una escolar quien falleció en el mismo lugar; para luego seguir su trayectoria, disminuyendo su velocidad al impactar un poste del alumbrado público. Agregó que conducía el mismo vehículo desde fines del año 1998. Que estas declaraciones constituyen confesión, las que reúnen todos los requisitos que copulativamente exige el artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, las que concordantes con el mérito del proceso y apreciadas legalmente, permiten tener por establecida la participación que como autor le cupo al encausado en el cuasidelito de homicidio investigado. SÉPTIMO: Que a fojas 65 y siguientes la apoderada por la querellante se adhirió a la acusación judicial. OCTAVO: Que contestando acusación de oficio el apoderado por el procesado a fojas 114 y siguientes, solicita su absolución o bien se acoja la eximente Nº 9 del artículo 10 del Código de Enjuiciamiento; en subsidio se consideren las minorantes 6 y 1 del artículo 11 del Código Penal, esta última como eximentes incompletas del Nº 8 y 9 del artículo 10 del mismo código y se le otorgue alguno de los beneficios de la ley 18.216. Que este tribunal no dará lugar a la absolución del encartado, atendido lo ya razonado en los considerandos 6º y 7º de esta sentencia, los que se dan por enteramente reproducidos; donde quedó determinado el cuasidelito de homicidio y la responsabilidad que en él le cupo al acusado. Que se desestimará la eximente Nº 9 del artículo 10 del código citado, como asimismo la minorante Nº 1 del artículo 11 de dicho código como eximente incompleta, pues no fue probado en autos ni se desprende de prueba legal alguna, que el encausado haya obrado violentado por una fuerza irresistible o impulsado por un miedo insuperable. Que sí acogerá la atenuante Nº 6 del artículo 11 del Código de Enjuiciamiento por encontrarse acreditada en autos la irreprochable conducta anterior del procesado con su extractó de filiación y antecedentes exento de anotaciones penales ajenas a esta causa de fojas 42 y la testimonial de conducta rendida en su favor por José Antonio Gálvez Medina, René Santiago Rocha Pérez y Dagoberto Andrés Ríos López a fojas 39, 191 y 191 vuelta.

198

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Que se desestimarán la minorante Nº 1 del artículo 11 del Código del Ramo en relación a la eximente Nº 8 del artículo 10 del mismo código, pues no se puede concluir que haya ejecutado un acto ilícito con la debida diligencia, ya que conducía un camión con acoplado de 7 metros de largo, en una calle con baches, a una velocidad no razonable ni prudente para dicho móvil de acuerdo al testimonio de Urrutia Orellana a fojas 65 y los dichos de Sergio Acevedo a fojas 299, en el sentido que vio a gran velocidad rodar una rueda, velocidad que lógicamente le fue impuesta por el móvil al que pertenecía. Que a mayor abundamiento manejaba hacía más de un año dicho camión con un desgaste en el sistema de tracción que llevaba tiempo prolongado; falla habitual en los vehículos de carga pesada, por lo que como conductor de dicho vehículo debió haber estado atento de dicho desperfecto y haberlo hecho presente en las revisiones periódicas, especialmente en la efectuada pocos días antes del accidente, la que había realizado el encausado junto al dueño del camión, según los dichos de Óscar Benavides Arismendi a fojas 181 vuelta. NOVENO: Que no concurren otras circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que analizar y beneficiándole una atenuante y no perjudicándole agravante alguna, se le aplicará la pena en el mínimo. DÉCIMO: Que cumpliendo con los requisitos del artículo 4º de la ley 18.216, se le remitirá condicionalmente la pena privativa de libertad que por esta sentencia se le imponga; quedando contestado así a lo solicitado por su defensa. En cuanto a la acción civil: UNDÉCIMO: Que en el primer otrosí del escrito de fojas 85 y siguientes, apoderado por la querellante deduce demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del encausado Bernardo Alex Benavides Báez y del tercero civilmente responsable en calidad de propietario del camión causante del accidente, Óscar Benavides Arismendi, a fin de que sean condenados solidariamente al pago de $ 1.460.748 por daño emergente, correspondiente al gasto de entierro de la menor y $ 180.000.000 por concepto de daño moral sufrido a consecuencia del dolor de haber perdido a su única hija; sumas que deberán ser reajustadas de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor, más intereses y costas de la causa. DUODÉCIMO: Que contestando demanda civil apoderado por el procesado a fojas 114 y siguientes, solicita ésta sea desestimada en todas sus partes, pues su representado no es responsable del accidente; en caso de determinarse ésta, se desestime el daño moral por no haber sido acreditado en la causa, como así tampoco el vínculo de causalidad entre el hecho y el daño eventual; finalmente sea rebajado por ser sumamente excesivo y sobrepasar toda racionalidad. DECIMOTERCERO: Que contestando la demanda civil el apoderado por el tercero civilmente responsable Óscar Benavides Arismendi a fojas 127 y siguientes, solicita su completo rechazó pues su representado no era dueño del camión al momento del accidente, pues el día 3 de enero de 2000 lo había vendido a don Fernando Adrián Leiva por medio de una compraventa privada autorizada ante el Notario Arturo Carvajal, según los documentos rolantes a fojas 108, 109 y 110. En subsidio se rechacen las sumas solicitadas por ser exorbitantes y no haberse acreditado el daño moral; que por otro lado los gastos de entierro no los asumió la madre de la menor, sino Cristián Andrés Espinoza Lorca que es tercero ajeno al juicio. DECIMOCUARTO: Que atendido al mérito del contrato de compraventa a plazo rolante a fojas 108, documento de fojas 109 y declaraciones de Fernando Adrián Leiva a fojas 291, donde reconoce que efectivamente a la época de comisión del delito él era el dueño del camión patente DJ 8628 y del semi remolque patente NTA 704 causante del accidente, el que había comprado a Óscar Benavides Arismendi el 3 de enero de 2000, este tribunal procederá a rechazar la demanda civil en contra de Óscar Benavides Arismendi. DECIMOQUINTO: Que la demanda interpuesta por la querellante en contra de Bernardo Alex Benavides Báez, se funda en el artículo 2314 del Código Civil, por el cual el responsable de un delito o cuasidelito está obligado a indemnizar al perjudicado. Que habiendo quedado determinada dicha responsabilidad, este tribunal procederá a acogerla en lo que a éste respecta. DECIMOSEXTO: Que en cuanto al $ 1.460.748 correspondientes a gastos de entierro de la menor, este tribunal procederá a desestimarlos por no constar en el proceso que dicha suma haya sido desem-

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

199

bolsada por la querellante, correspondiéndole el peso de la prueba a quien la alega. Del documento emanado por Los Parques S.A. a fojas 63, se desprende que don Cristián Andrés Espinoza Lorca compró una sepultura a dicha empresa, en la suma antes señalada; comprador que no demandó civilmente en la causa. Que en lo referente al daño moral sufrido, éste se produce siempre que un hecho externo afecte la integridad física o moral de un individuo y como dada su naturaleza hay dificultades para su apreciación pecuniaria, los Jueces están facultados para regularlo prudencialmente, tomando en cuenta como se produjo el cuasidelito y todas aquellas circunstancias que influyeron en la intensidad del dolor y sufrimiento de la víctima, así como las facultades económicas del responsable. Que haciendo uso de estas facultades y con el sólo mérito de autos, tomando en cuenta que se trataba de la única hija de la querellante y que el demandado es sólo chofer de camión, este tribunal procederá a regular en la suma de $ 10.000.000, con los reajustes e intereses que en lo resolutivo se expresaran. Y visto lo dispuesto en los artículos 1, 14 Nº 1, 15 Nº 1, 18, 21, 24, 30, 50, 68, 490 Nº 1 y 492 del Código Penal, 10, 108, 110, 457, 459, 464, 473, 479, 481, 488, 493, 496, 500, 503, 504 y 533 del Código de Procedimiento Penal, 2314, 2315 del Código Civil, artículos 114 y 148 de la ley del Tránsito, se declara: I. Que se rechaza la objeción al contrato Los Parques S.A. a fojas 63 y recorte diario El Mercurio a fojas 64, formulada por el apoderado del procesado y tercero civilmente responsable, en el tercero y segundo otrosí de sus respectivos escritos de descargos de fojas 114 y siguientes y 127 y siguientes. II. Que se acoge la tacha formulada en el quinto otrosí del escrito de fojas 114 y cuarto otrosí de fojas 127, en contra de Eduardo Felipe Urrutia Orellana por la causal Nº 1 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, sin perjuicio del valor de presunciones que a sus declaraciones este tribunal dará, de acuerdo a lo establecido en el artículo 464 del Código de Procedimiento Penal y se rechaza la tacha en contra de Héctor René Barraza Solar por la causal Nº 13 del mismo artículo y código. III. Que se condena a Bernardo Alex Benavides Báez ya individualizado anteriormente, como autor del cuasidelito de homicidio en la persona de Sabrina Leticia Madrid Neira, hecho acaecido en esta ciudad el 9 de marzo de 2000, a la pena de doscientos días de reclusión menor en su grado mínimo, a las accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, a la suspensión de la licencia de conducir vehículos motorizados por el lapso de un año y al pago de las costas de la causa. Que se le remite condicionalmente la pena privativa de libertad que por esta sentencia se le impone, quedando sujeto a la vigilancia de la autoridad respectiva por el término de un año, observar las normas de conducta que se le impartan y cumplir con las demás exigencias del artículo 5º de la ley 18.216, liberándosele de la obligación previa de satisfacer las indemnizaciones civiles, sin perjuicio de perseguir su cumplimiento de acuerdo a las normas generales. Si por cualquier motivo le fuere revocado este beneficio comenzará a cumplir su pena desde que se presente o sea habido, sirviéndole de abono los días que pasó privado de libertad por esta causa desde el 9 al 14 de marzo de 2000, según consta de parte de fojas 2 y certificación de fojas 7 vuelta. IV. Que se acoge la demanda civil deducida por la querellante Alicia del Carmen Neira Ramos en contra de Bernardo Alex Benavides Báez, ya ambos individualizados, sólo en cuanto se condena a este último a pagar a la primera por concepto de daño moral sufrido, la suma de $ 10.000.000 la que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación que experimente el Indice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto de Estadísticas y Censos o el que haga sus veces, desde la fecha de esta sentencia y hasta su pago, con más intereses corrientes para operaciones reajustadas desde que el deudor se constituya en mora y hasta el pago, sin costas por no haber resultado del demandado totalmente vencido. V. Que se rechaza la demanda Civil deducida por Alicia del Carmen Neira Ramos a fojas 85 y siguientes en contra de Óscar Benavides Arismendi. Cúmplase en su oportunidad con el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal. Regístrese, notifíquese y consúltese, si no se apelare. Dictado por doña Juana Latham Fuenzalida, Juez Titular. Rol Nº 18.265. Autoriza doña Lucía Giannini Rodríguez, Secretaria Interina.

200

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

II.- CORTE DE APELACIONES Santiago, veinticinco de julio de dos mil cinco. VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada de veintinueve de septiembre de dos mil uno, escrita a fojas 300 y siguientes con excepción del considerando catorce y el párrafo primero del considerando dieciséis, que se eliminan y en la parte final del decimoquinto que dice “en lo que a éste respecta”, se sustituye esta frase por “en su contra”; Y teniendo en su lugar y, además, presente: 1. Que el Código de Bello se inspiró en principios del derecho romano en lo que dice relación con la adquisición del dominio, es decir, que de los contratos sólo nacen derechos y obligaciones para las partes que los suscriben; para adquirir el dominio es necesaria la presencia de un modo de adquirir. 2. Que del contrato de compraventa de un vehículo motorizado cosa mueble nace la obligación de entregar para el vendedor, es decir, debe cumplir con la tradición, la que se efectúa significando una de las partes (vendedor tradente) a la otra (comprador adquirente) que le transfiere el dominio y figurando esta transferencia por medios reales o simbólicos. 3. Que tratándose de vehículos motorizados por su importancia económica la ley ha establecido un sistema registral parecido al de la propiedad inmobiliaria, eso sí, la inscripción en el registro de vehículos motorizados, que lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación, no constituye requisito, prueba ni garantía de posesión ni menos de dominio. 4. Que extrapolando estos principios doctrinarios al caso sub judice, se encuentra acreditado en autos que el camión patente DJ 8628 fue vendido por don Óscar Benavides Arismendi a don Fernando Adrián Leiva según consta de la escritura de compraventa de vehículo motorizado suscrita ante el notario don Arturo Carvajal de esta ciudad con fecha tres de enero de dos mil, no habiéndose realizado la inscripción a la fecha del accidente de tránsito que ocasionó la muerte de la menor Sabrina Leticia Madrid Neira, por el contrario, consta que el mencionado móvil quedó en poder del vendedor don Óscar Benavides Arismendi, quien lo entregó para conducirlo, a su pariente don Bernardo Alex Benavides Báez, lo que lleva a concluir a estos Jueces que no se efectuó la tradición del vehículo camión DJ 8628 estando, en consecuencia, radicado el dominio en el vendedor don Óscar Benavides Arismendi. 5. Que sentado lo anterior, acompañado de la circunstancia de que no se realizó la correspondiente inscripción de la compraventa en el registro de vehículos motorizados a la época en que ocurrió el accidente de marras, aparece como legitimado pasivo de la acción civil de indemnización de perjuicios el demandado don Óscar Benavides Arismendi en su calidad de propietario del vehículo antes singularizado. 6. Que dándose en el caso sub lite todos los elementos que conforman la responsabilidad civil extracontractual, nace la obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados, haciéndose indispensable razonar si corresponde acoger la acción indemnizatoria en lo que al daño moral se refiere. 7. Que no hay duda que conceptuar el daño moral es uno de los problemas más complejos de la responsabilidad civil. La dificultad no sólo se da en materia extracontractual, sino que también, y en mayor proporción, en la contractual, ya que el concepto ha de ser el mismo en ambas responsabilidades. Esta dificultad se ve acentuada por la diversa nomenclatura que emplean los autores; los más lo denominan daño moral, otros daño no patrimonial o extrapatrimonial, algunos daños inmaterial y no faltan los que lo individualizan como daño no pecuniario. A su vez el daño moral puede tener consecuencias patrimoniales, lo que nos lleva a distinguir entre daño moral puro y daño moral con repercusión patrimonial. Ahora para intentar una definición, nos encontramos con concepciones negativas que recurren, para dar una noción, a contraponerlo al daño patrimonial y así señalan que daño moral es todo perjuicio cuyo objeto no es un interés patrimonial; que no afecta al patrimonio; que carece de equivalencia pecuniaria, etc. Por otra parte, comentes positivas ponen acento en el llamado “precio del dolor” (premium doloris) es decir, el daño moral se le identifica con los dolores y turbaciones síquicas que derivan del quebranto padecido.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

201

La jurisprudencia de nuestros más altos tribunales ha recogido esta posición y ha definido el daño moral señalando que “es el dolor, la aflicción el pensar en la víctima o en sus parientes más cercanos” o aquel que “consiste en el dolor psíquico y aun físico que se experimenta a raíz de un suceso determinado”. Otra posición es aquella que considera que hay daño moral cuando afecta a los llamados derechos de la personalidad. Así dan como noción de daño moral “los infligidos a las creencias, los sentimientos, la dignidad, la estima social o la salud física o psíquica”. Estos daños en consecuencia, son aquellos que se refieren al patrimonio espiritual, a los bienes inmateriales, tales como la salud, el honor, la libertad y otros análogos. Sin duda esta es la concepción que indudablemente ha permitido el reconocimiento al daño. moral y su posterior desarrollo por la dogmática, en atención a que pone el acento en la persona y a la lesión de sus atributos más caros. En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante un daño moral puro que lo ha sufrido la actora civil, menoscabo psíquico y dolor que no requiere de prueba alguna, toda vez que se trata de la muerte de su hija menor de catorce años en circunstancias por demás trágicas. 8. Que para determinar el resarcimiento del daño y el quantum de la indemnización y dejando a un lado las discusiones dogmáticas respecto a que si la sanción civil del daño moral es una pena privada o es una reparación, simplemente debe recurrirse pragmáticamente, a todos los elementos que llevan a una indemnización que satisfaga la víctima. Siendo realista la indemnización de un daño como el moral nunca alcanzará a cubrir la totalidad del perjuicio, por lo que su reparación deviene casi en un imposible. Sentado lo anterior, fijar el quantum de la indemnización es una tarea de por sí ardua puesto que nos estamos adentrando en un campo netamente subjetivo en que tradicionalmente se ha dicho que el Juez es soberano para determinarlo, sin quedar sujeto a parámetros objetivos que le vinculen. Lo primero que salta a la vista es la falta de criterios objetivos que pudieran servir de sustento a una indemnización justa, equitativa y ecuánime; en que esté ausente la arbitrariedad, empero es de suyo complejo alcanzar la equivalencia entre la lesión a bienes morales de por sí de carácter infungible con la compensación dineraria que de por sí es esencialmente fungible. No habiendo denominador común, se presenta la imposibilidad de convertir un perjuicio moral directamente en unidades monetarias. Sin embargo, ante esta imposibilidad natural, en el derecho comparado se han ideado ciertas pautas que deben regir la reparación del daño moral. Es así que aparece como una premisa la reparación integral del daño lo que lleva insito toda la problemática antes esbozada, pero que como fin último de la responsabilidad civil extracontractual y contractual debe ser el ideal perseguido por el Juez. Evitar las indemnizaciones en globo y procurar una evaluación separada y fundamentada de cada una de las partidas de la indemnización. Creación de tablas o baremos para daños morales que permiten al Juez un parámetro para fijar la indemnización. Consideraciones de carácter macro y microeconómicas, es decir, debe estar presente en todo resarcimiento, el grado de desarrollo económico del país y la situación particular de la víctima y de la persona obligada a reparar. En fin publicaciones periódicas de las indemnizaciones judiciales, con lo cual se consigue obtener una información estadística que en cierto modo sirva para uniformar las decisiones en casos semejantes. Ponderando estos jueces estas variables ajustada al mérito de los autos fijarán una indemnización por daño moral que deberán pagar solidariamente el conductor del camión y el tercero civilmente responsable, en su calidad de propietario del mencionado móvil, señores Bernardo Alex Benavides y Óscar Benavides Arismendi. Por lo razonado y lo dispuesto en los artículos 684, 1793, 1824 y 1826 del Código Civil y 514 y 527 del Código de Procedimiento Penal, se revoca la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil uno, escrita a fojas 300 y siguientes, en cuanto no dio lugar a la demanda de indemnización de perjuicios en contra de don Óscar Benavides Arismendi y rechaza la indemnización por daño moral en contra de don Bernardo Alex Benavides Báez y en su lugar se declara: I. Que se condena a los demandados civilmente señores Bernardo Alex Benavides Báez y Óscar Benavides Arismendi, en su calidad de conductor del camión DJ 8628 y propietario del mismo, respectivamente, a pagar solidariamente a la actora doña Alicia Carmen Neira Ramos la suma de cincuenta

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

202

millones de pesos ($ 50.000.000) debidamente reajustados desde que esta sentencia quede ejecutoriada, más intereses a contar de la constitución en mora, con costas. Se confirma, en lo demás, la sentencia en alzada. Redacción del Abogado Integrante señor Óscar Herrera Valdivia. Rol Nº 90.715 2001. Regístrese y devuélvase. Pronunciada por los Ministros de la Novena Sala, presidida por el señor Juan Araya Elizalde y conformada por el Ministro señor Mauro Silva Cancino y el Abogado Integrante señor Oscar Herrera Valdivia.

III.- CORTE SUPREMA Santiago, seis de marzo de dos mil siete. VISTOS: Por sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil uno, escrita de fojas 299 a 312, en estos autos rol Nº 18.265 00 del Vigésimo Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, se condenó a Bernardo Alex Benavides Báez, como autor del cuasidelito de homicidio en la persona de Sabrina Leticia Madrid Neira, hecho ocurrido el 9 de marzo de 2000, a la pena de doscientos días de reclusión menor en su grado mínimo, a las accesorias legales correspondientes, a la suspensión de la licencia de conducir vehículos motorizados por un año y al pago de las costas de la causa. Se le concede el beneficio de la remisión condicional de la pena, debiendo quedar sujeto al control de Gendarmería, por el plazo de un año, sin tener la obligación de satisfacer previamente las indemnizaciones civiles. Asimismo, se lo condena a pagar a Alicia del Carmen Neira Ramos, por concepto de daño moral, la suma de $ 10.000.000, con reajustes e intereses, sin costas, por no haber resultado totalmente vencido. Se rechaza la demanda interpuesta por Neira Ramos en contra de Óscar Benavides Arismendi. La sentencia fue apelada por el sentenciado y por el querellante, y una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de veinticinco de julio de dos mil cinco, escrita de fojas 391 a 394, eliminó el considerando catorce y el párrafo primer del motivo decimosexto y, teniendo presente otros ocho fundamentos, revocó el fallo de primer grado, en cuanto no dio lugar a la indemnización de perjuicios en contra de Benavides Arismendi, y condena a este último, conjuntamente con Benavides Báez, a pagar solidariamente a la actora, $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), más los reajustes, intereses y las costas. Confirma, en lo demás apelado, el referido laudo. A fojas 395, la defensa del tercero civilmente interpuso un recurso de casación en el fondo por la causal del inciso final del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. A fojas 413, se trajeron los autos en relación para conocer de ese recurso. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el recurso de casación en el fondo se funda en el inciso final del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, señalando que se han cometido tres errores de derecho en la dictación de la sentencia de segunda instancia que lo condenó solidariamente al pago de una indemnización por concepto de daño moral, más los reajustes, los intereses y las costas de la causa. El primero de ellos, porque se desconoce que entre Óscar Benavides Arismendi y Fernando Adrián Leiva, existió la tradición del camión patente DJ 8628, con fecha anterior al accidente, por lo que se infringieron los artículos 672, 673, 684, 700, 702, 725 y 727, todos del Código Civil, en concordancia con los artículos 33 y siguientes de la ley Nº 18.290. La cláusula primera del contrato establece expresamente que el comprador declara haberlo recibido a su entera satisfacción, lo que está ratificado por el mismo comprador, quien pide la devolución y el tribunal accede a ello. El contrato no ha sido objetado por la contraria, y el mismo fallo recurrido reconoce que el camión fue vendido. De lo anterior se colige que el error de derecho radica en que se desconoce la tradición del camión del vendedor al comprador, y la Corte de Apelaciones, sin argumentación alguna y sin señalar los medios de prueba, determinan que el camión quedó en poder del vendedor y que éste lo entregó a su sobrino; con lo anterior, también se infraccionan las normas reguladoras de la prueba contenidas en los artículos 477 y 478 del Código de Procedimiento Penal. Incluso en el caso que hubiese tenido momentánea y ocasionalmente el vehículo en su poder, ello no implica que no hubiese existido la tradición.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

203

El segundo error de derecho consiste en que se lo condenó a pagar una indemnización por daño moral, pero no se encuentra probado, obligación que recaía en la parte demandante, infringiéndose los artículos 1698 y siguientes del Código Civil. El principio que señala que “incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta, es de aplicación general y no se excluye en este caso, más cuando se refiere a un daño de carácter emocional, psíquico y subjetivo”. El demandante no rindió prueba alguna, en lo referente al daño moral. Finalmente, como el último error de derecho, señala que se infringió el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, ya que fue condenado en costas, pero no ha sido vencido totalmente, porque sólo se condenó a la suma de cincuenta millones de pesos, siendo que lo que se había solicitado era mucho más. Concluye señalando que todo lo anterior influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo toda vez que, respecto del primer error, la demanda civil debió haber sido rechazada, confirmando el fallo de primer grado; en el segundo caso, porque se acogió la demanda, no obstante que no probó los perjuicios; y, finalmente, porque no fue completamente vencido, y se lo condenó en costas; por lo que se debe anular la sentencia recurrida y dictar una de reemplazo que corresponda, conforme a derecho. SEGUNDO: Que, previo al análisis pormenorizado de las infracciones denunciadas, cabe señalar que el recurso evidencia una contradicción insalvable en cuanto a sus fundamentos, ya que los errores de derecho que reclama, operan entre sí, de manera subsidiaria. En efecto, parte el recurrente señalando que la sentencia debe ser casada porque él no tiene responsabilidad alguna ya que el vehículo no es de él, lo vendió, hizo la tradición y no lo entregó a nadie para que lo condujera, argumentando en cuanto al fondo, que no se reúnen los requisitos del artículo 174 de la ley Nº 18.290, aunque no la da por infringida, porque no es el dueño del vehículo causante del accidente, ni empleador del conductor del mismo. Pero en el segundo motivo, reclama que se acogió una indemnización sin existir pruebas, o sea, reconoce que existe responsabilidad de su parte y su obligación de indemnizar, pero no se cumplió con un requisito previo, que la parte demandante hubiera acreditado el daño, por lo que debió haber sido rechazado el libelo, por falta de pruebas. O sea, ya no discute la improcedencia de su responsabilidad, sino que el hecho de haber sido condenado no obstante la ausencia de pruebas para acoger el daño moral. Lo mismo ocurre con el tercer fundamento de nulidad, donde es más evidente aún lo señalado en el párrafo anterior, ya que no reclama la improcedencia de las costas porque debió haber sido absuelto, sino que por no haber sido totalmente vencido, siendo más claro que admite su responsabilidad y la procedencia de la demanda civil acogida, pero no podía haber sido condenado en costas por el motivo expresado. Así, los tres fundamentos dados por el recurrente, parten de supuestos diferentes y contradictorios entre sí, que llevan a la imposibilidad de acoger el recurso, tal como ha sido planteado, siendo suficiente para desestimarlo por carecer de la precisión y certeza que su naturaleza jurídica de derecho estricto exige. Pero, no obstante lo anterior, igualmente se analizará cada uno de los errores de derecho que denuncia. TERCERO: Que la responsabilidad en base a la cual ha sido demandado, según el libelo de fojas 65, se funda en el inciso segundo del artículo 174 de la ley Nº 18.290 en relación a los artículos 2314, 2317, 2319, 2320, 2322, y 2329 del Código Civil, ya que Óscar Benavides Arismendi es el dueño del camión y el conductor Bernardo Alex Benavides Báez, trabaja para él. Pide que sean condenados solidariamente a $ 1.460.748 por daño emergente, y $ 180.000.000 por el daño moral, más reajustes, intereses y costas. La sentencia de primer grado acogió la demanda únicamente en contra del chofer, condenándolo, en lo civil a pagar a la actora la cantidad de diez millones de pesos, más los reajustes intereses, sin costas, por no haber sido totalmente vencido. Y, apelada que fue por el querellante, solicitó que se acogiera la demanda conforme respecto del daño moral, por el monto señalado o por la suma que “S.S. Iltma. prudencialmente se sirva determinar, más intereses, reajustes y con costas; revocando la Corte este punto y condenando a Benavides Arismendi, conjuntamente con Benavides Báez a pagar solidariamente $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), más los reajustes, intereses y las costas.

204

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

CUARTO: Que, respecto del primer motivo de casación, cabe decir que el recurrente cita como infringidos los artículos 672, 673, 684, 700, 702, 725 y 727 del Código Civil en concordancia con los artículos 33 y siguientes de la ley 18.290. De lo anterior se colige, que no estima como infraccionada la norma del artículo 174 de la ley de tránsito, en base a la cual se ha establecido su responsabilidad solidaria en estos autos, por lo que mal puede prosperar el recurso; además, que tal como se ha transcrito, el recurrente se limita a citar las normas que estima infringidas, sin analizarlas una a una detallando cómo se comete el error de derecho en cada una de ellas, por lo que lo supuestos errores de derecho no pueden llegar a configurarse al no poder analizar esta Corte cómo estos se producen, siendo éste otro motivo para rechazar el recurso. QUINTO: Que, asimismo, el recurrente argumenta que se infringieron normas reguladoras de la prueba contenidas en los artículos 477 y 478 del Código de Procedimiento Penal, respecto de las cuales se debe reiterar lo dicho en el motivo anterior y, además, que contrariamente a lo sostenido por el recurrente, no son normas reguladoras de la prueba; esto es, no tienen el carácter de ser aquellos cánones fundamentales impuestos por la ley a los sentenciadores y que importan verdaderas prohibiciones, limitaciones o parámetros dirigidos a asegurar una decisión correcta en el juzgamiento, ya para evitar el rechazo de una prueba que la ley admite o no permitir que se acepte una que la legislación repudia, bien para que no se le otorgue un distinto valor que el asignado. SEXTO: Que, continuando aún con el primer capítulo de casación, el reclamante expresa que la Corte de Apelaciones de Santiago, ha revocado la sentencia de primer grado en lo que a él le concierne, “sin argumentación alguna y sin señalar los medios de prueba producidos en el juicio que permitan fundamentar su decisión”. Lo anterior, nuevamente atenta contra la naturaleza de derecho estricto del recurso, toda vez que se está refiriendo a una causal de casación en la forma artículo 541 Nº 9 del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 500 del mismo código, dentro los argumentos propios de infracción de ley. No obstante que son improcedentes tales argumentos realizados en la forma anotada, éstos no son efectivos, toda vez que basta leer los motivos primero a sexto del fallo recurrido para darse cuenta que cumple con los requisitos reprochados incorrectamente por esta vía. SÉPTIMO: Que, en otro orden de ideas, cabe decir que las supuestas infracciones de derecho que se denuncian, no son tales. En efecto, no se acreditó por el tercero civilmente responsable que efectivamente se hubiera realizado la venta del camión causante del accidente antes que éste ocurriera, lo que se corrobora con los siguientes antecedentes: los dichos de Bernardo Alex Benavides Báez, sobrino del dueño del camión y conductor de éste quien dice a fojas 5, que el vehículo es de propiedad de su tío y que él se lo entregó para que lo condujera; las firmas del contrato de compraventa, en base al cual formula su defensa, están autorizadas con posterioridad al accidente, el 15 de marzo de 2000 según consta a fojas 108; los impuestos respectivos de la venta, sólo fueron cancelados en la fecha antes señalada a fojas 103; lo mismo ocurre con la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, que es de fecha 16 de marzo de 2000, y que rola a fojas 110. Con todos los medios de prueba se acredita que a la fecha del accidente, el demandando en su calidad de tercero civilmente responsable, era dueño del camión que ocasionó el cuasidelito de homicidio. Es más, cobran mayor trascendencia los dichos del conductor, toda vez que el mismo reconoce que vivía con su tío a fojas 182 vuelta, por lo que necesariamente tenía pleno conocimiento respecto del dominio del vehículo causante del accidente, al señalar a fojas 5 quién es el propietario; y, a fojas 288, esa misma persona señala que desde el año 1998 que lo manejaba para su tío el recurrente, y que el camión solamente estuvo parado en el mes de febrero de 2000 y en marzo éste se lo pasó para que lo manejara transportando material para la empresa Pétreos. Además, el supuesto comprador, a fojas 288 vuelta señala que el camión se lo devolvió a Óscar Benavides Arismendi para que se lo trabajara y buscara chofer, cosa que ocurrió. Así, estos antecedentes nuevamente corroboran quién era el propietario del camión, en poder de quién estaba y quién lo entregó al conductor para que lo trabajara. Por todo lo anteriormente asentado, se acredita que el demandado y tercero civilmente responsable del accidente, debe responder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 de la ley Nº 18.290, tal como acertadamente razonan los Jueces del fondo en los motivos uno a sexto del fallo de segunda

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

205

instancia porque la defensa no probó que a la fecha del accidente él ya no era el dueño, sino que el mismo reconoce que lo tenía en su poder y que se lo entregó a su sobrino para que lo trabajara; por lo expuesto, no existe, por ende, error de derecho en la forma como han razonado y decidido los Jueces. OCTAVO: Que, como segundo error de derecho, se reclama de la ausencia de medios de prueba para haber acogido la indemnización por daño moral en ausencia probatoria, dando por infringidos “los artículos 1698 y siguientes del Código Civil”. NOVENO: Que, en primer lugar, igualmente el recurrente se limita a citar genéricamente las normas que estima infringidas, sin analizarlas una a una detallando cómo se comete el error de derecho en cada una de ellas, tal como ya se dijo previamente, por lo que esta Corte queda en la imposibilidad de determinar cómo se habría cometido el error de derecho que señala al no existir normas específicas que se hayan vulnerado, por lo que debe ser también desestimado este capítulo de casación. DÉCIMO: Que, no obstante lo señalado, cabe decir que la determinación del daño moral es un asunto que corresponde ser fijado soberanamente por los Jueces del fondo, tal como ocurrió; siendo imposible poder cometer error de derecho en su determinación desde que no existe norma alguna que determine el quantum que debe ser fijado, quedando entregado a la regulación judicial de acuerdo con el mérito del proceso. En autos la demandante acreditó los supuestos de la relación procesal con el demandado y los requisitos para la procedencia de la responsabilidad extracontractual: es madre de la menor de catorce años que falleció producto del accidente que sufrió el camión; asimismo, se estableció que la causa del cuasidelito fue la mala mantención del vehículo; siendo suficientes y adecuados para la determinación del daño moral los fundamentos dados en los motivos séptimo y octavo del fallo de segunda instancia. UNDÉCIMO: Que finalmente, en cuanto a las costas de la causa, sin perjuicio de lo ya señalado en el motivo segundo de esta sentencia, cabe decir que tampoco existe error de derecho al haber sido condenado a éstas, toda vez que en la apelación él resultó totalmente vencido desde que el demandante, al apelar, solicitó que fuera condenado a la indemnización de perjuicios por daño moral, por una suma determinada o la que determinara la Corte, más los reajustes, intereses y las costas; siendo acogida la apelación, se revocó la sentencia de primera instancia en la parte cuestionada, se fijó un monto determinado, el cual corresponde ser reajustado y aplicarle intereses, por lo que la condena en costas es procedente por haber sido totalmente vencido, tal como lo permite la norma del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, motivo por el que tampoco existe error de derecho en la presente sentencia. Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 535 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de fojas 395 por el abogado Franz Ruz Aguilera, en representación de Óscar Benavides Arismendi, en contra de la sentencia de veinticinco de julio de dos mil cinco, que se lee de fojas 391 a 394, la que, por ende, no es nula. Regístrese y devuélvase. Redacción del Ministro señor Nibaldo Segura Peña. Rol Nº 4.393 05. Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros señores Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U. y el Abogado Integrante señor Carlos Künsemüller L. No firma el Abogado Integrante señor Künsemüller, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente. Autoriza el Secretario de esta Corte Suprema señor Carlos Meneses Pizarro.

206

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

FICHA 11

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 68-2005 Cita Online: CL/JUR/3446/2007 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO Temuco, veintiocho de noviembre de dos mil tres. Vistos. Se ha instruido sumario criminal en la causa rol Nº 109.581 de esto Primer Juzgado del Crimen de Temuco, a la cual se acumuló la causa rol 100.613 del Segundo Juzgado del Crimen de esta ciudad, a fin de investigar la existencia del Cuasidelito de Homicidio en la persona de Ana Gissella Cepeda Aguirre, cuasidelito de lesiones graves en las personas de Eduardo Andrés Cepeda Aguirre, Carolina Denisse Zapata Aguirre y Eduardo Antonio Avendaño Umanzor, y cuasidelito de lesiones en la persona de Aldo Merlin Martínez Fuentealba; y para determinar la responsabilidad que le ha correspondido como autor a Carlos Eduardo Valenzuela Burgos, cédula de identidad Nº 8.502.977 0, natural de Los Ángeles, 42 años, casado, chofer, domiciliado en sector Las Catreras s/n, Romeral, Curicó, nunca antes detenido ni procesado. A fojas 2 rola parte policial Nº 20 de fecha 03 de junio del 2000, de Carabineros de la Tercera Comisaría de Padre Las Casas, que da cuenta de un accidente de tránsito. A fojas 17, 22, 25 y 50 rolan querella por cuasidelito de homicidio y lesiones graves. A fojas 31 rola certificado de defunción de Ana Cepeda Aguirre. A fojas 33 rola protocolo de autopsia. A fojas 58 rola informe técnico de la S.I.A.T. A fojas 82 se sometió o proceso a Carlos Eduardo Valenzuela Burgos, como autor del cuasidelito homicidio en la persona de Ana Cepeda Aguirre, y cuasidelito de lesiones graves en las personas de Eduardo Cepeda Aguirre y Carolina Zapata Aguirre. A fojas 103 rola extracto de filiación del procesado, quien no registra anotaciones pretéritas. A fojas 147 vta., se declara cerrado el sumario. A fojas 148 se acusó al procesado como autor del cuasidelito de homicidio y de lesiones. A fojas 150, 164, 184 y 196 rolan adhesiones a la acusación y demanda civil. A fojas 209 se contesta la acusación y demandas civiles. A fojas 287 vta, se trajeron los autos para efectos del artículo 499 del Código de Procedimiento Penal. CONSIDERANDO: En cuanto a la objeción de documentos. PRIMERO: Que la parte del acusado a fojas 209 y la parte demandada del Banco de Crédito e Inversiones a fojas 236, han objetado el documento de fojas 195, correspondiente a una fotocopia de una factura de Piamonte S.A., referente a un automóvil Daewoo modelo Tico, por ser fotocopia y por no haber sido reconocido por el otorgante. El Tribunal, atendido lo dispuesto por los artículos 187 y 478 del Código de Procedimiento Penal, acogerá la objeción de dicho documento. SEGUNDO: Que la parte del demandado civil, Banco de Crédito e Inversiones, ha objetado el peritaje e informe practicado por la S.I.A.T. a fojas 59, por ser incompleto al no precisar la velocidad de los vehículos por lo que sus conclusiones resultarían erróneas. El Tribunal, teniendo presente que el informe pericial de la S.I.A.T. es el único análisis técnico del accidente por lo que no existe otro para confrontarlo y por ello otorgar un valor probatorio y que en los hechos hay contradicciones importantes respecto a la dinámica y atendido lo dispuesto en el 473 del Código de Procedimiento Penal, acogerá la objeción del peritaje. En cuanto a las tachas;

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

207

TERCERO: Que la parte del acusado Valenzuela Burgos, a fojas 209, al contestar la acusación, ha tachado a los testigos Aldo Martínez de fojas 8, Eduardo Cepeda de fojas 57, y Carolina Zapata y su padre, por las causales del artículo 460 Nº 8 y 10 del Código de Procedimiento Penal. CUARTO: Que la parte del demandado Banco de Crédito e Inversiones a fojas 236, en las audiencias de prueba de fojas 274, 277, 278 vta., 279 y 281, tachó a los testigos Carolina San Juan, Marcela Avendaño, Luis Pereira, Luis Flores y Gloria Valdivia, por tener interés directo en el resultado del juicio, sin señalar la norma aplicable. QUINTO: Que la parte querellante, a fojas 286, al evacuar el traslado, ha pedido se rechacen las tachas porque no se señalaron las citaciones legales. SEXTO: El Tribunal, teniendo presente que las tachas señaladas en el considerando 3º no se señalaron circunstanciadamente los medios de prueba de que se valdrán los articulistas, y teniendo presente además que las tachas relacionadas en el fundamento 4º de este fallo no fueron acreditadas en el proceso y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 493 del Código de Procedimiento Penal, las rechazará. En cuanto a la acción penal. SÉPTIMO: Que en orden a acreditar la existencia del cuasidelito investigado, obran en autos los siguientes elementos de convicción: A. Parte policial Nº 20 de fecha 3 de junio del 2000, de Carabineros de la Tercera Comisaría de Padre Las Casas, a fojas 2, que da cuenta del accidente de tránsito ocurrido en la ruta 5 sur, kilómetro 661, del Puente Pumalal, Cajón, en circunstancias que el conductor de un camión marca Mercedes Benz, color blanco, patente TU 62 39, que se dirigía de norte a sur, chocó repentinamente en lo parte posterior, con un automóvil marca Daewoo, color verde, patente TG 66 50, que se encontraba estacionado, a raíz de lo anterior resultaron con lesiones de diversa gravedad los 4 ocupantes del automóvil. B. Querella por cuasidelito de homicidio y lesiones graves, deducida por Eduardo Cepeda Díaz quien a fojas 17, señala que el día 3 de junio del 2000 en circunstancias que sus hijos Ana Cepeda Aguirre y Eduardo Cepeda Aguirre viajaban en la parte trasera del vehículo Daewoo, a la altura del Km. 661 del puente Pumalal, Cajón, fue violentamente impactado en la parte trasera, por un camión Mercedes Benz de propiedad del Banco de Crédito e Inversiones, conducido por el chofer de la Empresa de Buses Lit Carlos Valenzuela Burgos, a raíz de lo cual sus hijos resultaron con lesiones graves, que tres días después le provocaron la muerte a su hija Ana Cepeda. C. Querella por cuasidelito de lesiones, deducida por Guillermo Zapata quien a fojas 22, señala que el día 3 de junio del 2000 en circunstancias que su hija Carolina Zapata Aguirre viajaba en la parte trasera del vehículo Daewoo, a la altura del Km. 661 del puente Pumalal, Cajón, fue violentamente impactado por detrás, por un camión Mercedes Benz conducido por Carlos Valenzuela Burgos, a raíz de lo cual su hija resultó con lesiones graves. D. Querella por cuasidelito de lesiones, deducida por Aldo Martínez Fuentealba, quien a fojas 25, señala que el día 3 de junio del 2000 en circunstancias que conducía el vehículo Daewoo, a la altura del Km. 661 del puente Pumalal, Cajón, disminuyó la velocidad para ingresar al puente, fue violentamente impactado por detrás, por un camión Mercedes Benz conducido por Carlos Valenzuela Burgos, quien transitaba en la misma dirección, a raíz de lo cual resultó con diversas lesiones. E. Protocolo de autopsia de Ana Gissella Cepeda Aguirre, a fojas 33, que señala que la muerte se debió a un accidente de tránsito. F. Declaración de Hugo Bocaz Inostroza, a fojas 43, quien señala que: “... el día 3 de junio del año en curso cerca de las 06:25, me encontraba estacionado en el cruce de la entrada a Cajón con la ruta 5 Sur esperando a mi hijo que viajaba desde Santiago a Cajón... durante mi espera vi pasar desde el norte hacia el sur, un auto verde de tamaño chico que lo hacía a muy baja velocidad y con problemas al perecer en su motor, lo seguí con la vista y pude percatarme que se detuvo en la mitad del puente Pumalal, supongo que el motor se detuvo y se apagaron las luces del auto, en ese instante se apagó la luminaria del puente... a los pocos segundos siento un ruido y veo hacia el norte que se acerca un camión blanco con rampla a una velocidad prudente y frenando, con todos sus sistemas de iluminación funcionando, camión que se encontró en forma sorpresiva con el auto que estaba completamente a oscuras en la mitad del puente.

208

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

G. Informe de la S.I.A.T. Cautín, acompañada a fojas 45, que señala que la causa basal probable fue que el conductor del camión, dada la visibilidad del lugar considerada regular, motivó que se percatara tardíamente del automóvil que lo antecedía a menor velocidad. H. Querella por cuasidelito de lesiones, deducida por Eduardo Avendaño Umanzor quien a fojas 50, señala que el día 3 de junio del 2000 en circunstancias viajaba en la parte delantera del vehículo Daewoo, a la altura del Km. 661 del puente Pumalal, Cajón, disminuyó la velocidad para ingresar al puente, fue violentamente impactado por detrás, por un camión Mercedes Benz conducido por Carlos Valenzuela Burgos, quien transitaba en la misma dirección, a raíz de lo cual resultó con diversas lesiones. I. Declaración de los afectados Eduardo Cepeda Aguirre, a fojas 57 y Carolina Zapata Aguirre, a fojas 78, quienes señalan que el día 3 de junio del año 2000, viajaban en el vehículo Daewoo, siendo chocados en la parte trasera por un camión. J. Informe técnico de la Subcomisaría de Investigaciones de Accidentes del Tránsito, a fojas 58, que concluye que la causa basal del accidente fue que el conductor del camión Mercedes Benz probablemente no atento a las condiciones del tránsito del momento y dada las condiciones de visibilidad del lugar, motiva que se percate tardíamente del automóvil Daewoo que lo antecedía, colisionándolo. K. Informe de lesiones de Eduardo Cepeda Aguirre, a fojas 131, y de Carolina Zapata Aguirre, a fojas 134, que concluyen que las lesiones sufridas son de carácter grave. OCTAVO: Que los elementos de convicción analizados en el fundamento anterior, son presunciones judiciales, que por reunir los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener por acreditados los siguientes hechos: a) El día 3 de junio del año 2000, en horas de la madrugada, en la ruta 5 Sur Norte, en el puente Pumalal de Cajón, un camión que se dirigía hacia el sur, colisionó por detrás, a un vehículo marca Daewoo modelo Tico, que lo hacía en la misma dirección. b) Producto de la colisión, falleció Ana Cepeda Aguirre y resultaron con lesiones graves Eduardo Cepeda y Carolina Zapata, todos pasajeros del automóvil. c) No se logró determinar si el vehículo colisionado se encontraba en circulación y con luces reglamentarias. Dichos hechos, no han podido formar una convicción suficiente al Tribunal, más allá de toda duda razonable, de que la causa basal sea imputable al acusado y deba responder penalmente por ello. NOVENO: En efecto, es un hecho controvertido del proceso, que el vehículo menor se encontrara con sus luces traseras funcionado para ser visto por el chofer del camión. Por una parte, el conductor del auto Aldo Martínez, a fojas B, asegura que al percatarse que su pista de circulación tenía agua, redujo de velocidad (bajó a 1ª marcha) y llevaba sus luces prendidas, versión que podía ser avalada por el bombero Fernando Méndez de fojas 79, quien concurrió al rescate y manifestó que el vehículo accidentado aún tenía sus luces encendidas. Por otra parte, el procesado insiste que el vehículo no tenía las luces prendidas, versión que es ratificada por el testigo presencial Hugo Bocaz (individualizado en el parte policial a fojas 3) quien asevera que el auto venía muy despacio y con problemas en el motor, se detuvo y se apagaron las luces, y que además se apagó la luminaria del puente por lo cual no hubo visibilidad suficiente para el conductor del camión produciendo la colisión, un resultado imprevisible. Dichos elementos de juicio, como se ha dicho, no podrán hacer que el Tribunal pueda llegar a una conclusión condenatoria. DÉCIMO: Que nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgue haya adquirido, por los medios de prueba legal, la convicción de que realmente se ha cometido un hecho punible y que en él ha correspondido al procesado una participación culpable y penada por la ley. UNDÉCIMO: Atendido lo reflexionado, resulta inoficioso un análisis de la indagatoria del imputado a fojas 7, ni de la contestación de fojas 209. En cuanto a la acción civil: DUODÉCIMO: Que los querellantes Eduardo Cepeda, a fojas 184, Guillermo Zapata, a fojas 150, Aldo Martínez a fojas 164 y Eduardo Avendaño a fojas 199, han deducido demandas en contra del proce-

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

209

sado, el Banco de Crédito e Inversiones y la Sociedad Venegas e Inzulza Ltda., demandando diferentes partidas. DECIMOTERCERO: Que habiendo concluido el Tribunal que el acusado no tenía responsabilidad penal por tratarse de un resultado imprevisible, la acción civil no podrá prosperar. Y visto, también, lo que previenen los artículos 2, 18, 490 Nº 1 y 2, y 492 del Código Penal; 1, 10, 81, 109, 456 bis, 488, 500 y 533 del Código de Procedimiento Penal; y 171 de la ley 18.290, se declara: En cuanto a la objeción de documentos. I. Que se rechazan las objeciones de los documentos de fojas 59 y 195. En cuanto a las tachas. II. Que se rechazan todas las tachas de fojas 195, 7º otrosí y la de fojas 274, 277, 278 vta, 279 y 281. En cuanto a lo penal. III. Que se absuelve al acusado Carlos Eduardo Valenzuela Burgos, ya individualizado, de la acusación de fojas 148. En cuanto a lo civil. IV. Que se rechazan las demandas de fojas 150, 164, 184 y 199, sin costas, por estimar el Tribunal que los demandantes tenían motivos plausibles para accionar. Dese cumplimiento, en su oportunidad, con lo dispuesto por el artículo 509 bis, del Código de Procedimiento Penal y 215 de la ley 18.290. Regístrese, notifíquese y consúltese. Rol Nº 109.581. Pronunciada por el señor Aner Ismael Padilla Buzada, Juez Titular. Autoriza el señor Caciano Báez Villa, Secretario Interino.

II.- CORTE DE APELACIONES Temuco, veinte de octubre de dos mil cuatro. VISTOS: Se reproduce la sentencia apelada de fojas 289 sólo en su parte expositiva con las siguientes modificaciones: en la línea 21, entre la palabra Ana y Cepeda, se agrega “Gissella”; en la línea 23 se agrega, después de autopsia la expresión “Ana Gissella Cepeda Aguirre”; entre la línea 35 y 36 se agrega: “A fojas 236 y 243, el Banco de Crédito e Inversiones y la Sociedad Venegas e Insunza Limitada, contestan las demandas civiles”. Se agrega la frase “A fs. 141 rola informe pericial mecánico”. Se elimina en todo lo demás la sentencia apelada. Y TENIENDO EN SU LUGAR Y, ADEMÁS, PRESENTE. I. En cuanto a la objeción de documentos: PRIMERO: Que, en el cuarto y tercer otrosíes de los escritos de fojas 209 y 243, respectivamente, el acusado y la Sociedad Venegas e Insunza Limitada objetan el documento de fojas 195 que corresponde a una fotocopia de la factura extendida por la empresa Piamonte S.A. que se refiere a la compra efectuada con fecha veintiuno de julio de mil novecientos noventa y nueve por don Eduardo Antonio Avendaño Umansor de un automóvil nuevo, sin uso marca Daewoo año mil novecientos noventa y nueve por tratarse de una fotocopia de un documento privado, que no ha sido reconocido o mandado tener por reconocido por las partes de conformidad al artículo 1702 del Código Civil. Esta Corte, atendido lo dispuesto en los artículos 187 y 478 del Código de Procedimiento Penal, acogerá esta objeción. SEGUNDO: Que, el demandado civil y el Banco de Crédito e Inversiones han objetado el informe pericial practicado por la S.I.A.T. de fojas 58 porque es incompleto y no precisa la velocidad de los vehículos y sus conclusiones resultarían erróneas. Esta Corte, toma en cuenta que dicho informe pericial es un análisis técnico del accidente; que no existe en el proceso otro de igual naturaleza que lo contradiga y que le reste valor probatorio del artículo 188 de la ley 18.290, considerando además, que las partes no pueden objetarlo en cuanto a su valor jurídico cuya ponderación corresponde al fallador como una presunción más o menos fundada en los términos del artículo 473 del Código de Procedimiento Penal, rechazará la objeción al citado informe.

210

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

II. En cuanto a las tachas. TERCERO: Que, el acusado Valenzuela Burgos cuando contesta la acusación y la demanda civil de fojas 209 tacha los testigos Aldo Merlin Martínez; Eduardo Andrés Cepeda Aguirre; Carolina Denisse Zapata Aguirre y a Guillermo Alonso Zapata Bañados, por las causales del artículo 460 números 8 y 10 del Código de Procedimiento Penal. CUARTO: Que, la demandada Sociedad Venegas e Insunza Limitada que comparece a fojas 243 en las audiencias de prueba de fojas 274; 277; 278; 279; 281 y 282 tacha a los testigos Carolina de las Mercedes San Juan Pacheco; Marcela de las Mercedes Avendaño Umansor; Luis Omar Pereira San Martín; Luis Humberto Flores Loyola; Gloria del Pilar Valdivia Sánchez y Julio José Huenur Loyola por manifestar un interés en el resultado del juicio; parentesco y relación de amistad, según los casos. QUINTO: A fojas 286, los querellantes y actores civiles, evacuando el traslado de fojas 284 solicitan el rechazo de las tachas porque en ningún caso se han señalado los medios de prueba para acreditarlas ni las citas legales. SEXTO: Esta Corte, considerando que no se señalaron los medios de prueba para acreditar las tachas y que mucho menos se probaron en la forma que señala el artículo 493 del Código de Procedimiento Penal, las rechazará, a excepción de la testigo Marcela de las Mercedes Avendaño Umansor de fojas 277 por su confesión. III. En cuanto a la acción penal. SÉPTIMO: Para acreditar el ilícito investigado obran en el proceso los siguientes elementos de convicción: A. A fojas 8, declara Aldo Merlin Martínez Fuentealba y señala: “Que salió de Santiago a las 21:15 horas por la ruta 5 sur conduciendo un auto Hyundai (Daewoo Tico) con todas sus luces en perfecto estado; revisión técnica al día a una velocidad de ochenta kilómetros por hora; el camino estaba mojado y con pozas de agua y fuerte lluvia. Al llegar al puente Pumalal cerca de Cajón alrededor de las 6:30 horas se percató que la pista de circulación estaba cubierta con agua; redujo la velocidad y colocó primera marcha para seguir avanzando, por su pista; cruzó un auto por la pista contraria y a partir de ese momento no recuerda nada. Al despertar estaban los Bomberos que lo sacaron del auto y un camión que lo había chocado por la parte posterior cuyo conductor se encontraba sentado en la cabina”. Agrega, que cada tres horas cambiaban de conductor para que no los venciera el sueño. B. Parte policial Nº 20 de tres de junio de dos mil de la Tercera Comisaría de Carabineros de Padre Las Casas de fojas 2, que da cuenta del accidente de tránsito ocurrido en la ruta 5 sur, kilómetro 661, puente Pumalal, Cajón, y señala, que el conductor de un camión Mercedes Benz modelo LS 1632, color blanco, patente TU 6239 que transitaba de norte a sur, repentinamente se percató que en el centro de la calzada de dicho puente, específicamente a la salida sur, se encontraba estacionado y sin señalización el automóvil marca Daewoo modelo Tico, color verde, patente TG 6650, frenando el camión y deslizándose hacia adelante y que debido al pavimento resbaladizo por la lluvia, no pudo controlar su móvil, chocando la parte posterior del automóvil. A raíz de lo anterior, resultaron con lesiones de diversa gravedad cuatro ocupantes del vehículo menor. C. A fojas 17, corre querella por cuasidelito de homicidio y, lesiones graves que deduce Eduardo Alfonso Cepeda Díaz por sus hijos Ana Gissella Cepeda Aguirre y Eduardo Andrés Cepeda Aguirre quienes viajaban en la parte trasera del automóvil Daewoo que transitaba de norte a sur. Agrega, que a la altura del kilómetro 661, puente Pumalal, ruta 5 Sur, al ingresar a dicho puente el conductor del vehículo disminuyó la velocidad momento que fue violentamente impactado por detrás por el camión descrito anteriormente de propiedad del Banco de Crédito e Inversiones conducido por Carlos Eduardo Valenzuela Burgos, chofer de la Empresa de Buses Lit. Como consecuencia del impacto sus hijos resultaron con graves lesiones que después de tres días provocaron la muerte de su hija Ana Gissella. D. A fojas 22, presenta querella don Guillermo Alonso Zapata Bañados y menciona que como consecuencia de los mismos hechos que se relatan en la letra B) precedente, resultó con lesiones graves su hija Carolina Denisse Zapata Aguirre. E. A fojas 25, Aldo Merlin Martínez Fuentealba, conductor del automóvil, deduce querella contra el conductor del camión Mercedes Benz y describe los mismos hechos relatados y agrega que al ingresar al puente Pumalal disminuyó la velocidad instante que fue impactado en la parte trasera del vehículo

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

211

que conducía por el camión ya descrito, producto del cual resultó con lesiones que le produjeron incapacidad para el trabajo superior a quince días. Termina solicitando se condene al conductor del camión a la pena que la ley le asigna por el cuasidelito de lesiones que sufrió y por las lesiones graves en perjuicio de Carolina Denisse Zapata Aguirre. F. A fojas 33, consta protocolo de autopsia de Ana Gissella Cepeda Aguirre que da cuenta de su muerte causada por un accidente de tránsito. G. A fojas 43, declara Hugo Hernán Bocaz Inostroza que interrogado legalmente señala: “El día tres de junio del año en curso cerca de las 6,25 horas, me encontraba estacionado en el cruce de la entrada de Cajón con la ruta 5 Sur esperando a mi hijo que viajaba desde Santiago a Cajón; recuerdo que en ese momento llovía fuerte, la visibilidad muy deficiente y durante mi espera vi pasar desde el norte hacia el sur un auto verde de tamaño chico que lo hacía a muy baja velocidad y con problemas, al parecer en su motor, lo seguí con la vista y pude percatarme que se detuvo en la mitad del puente Pumalal, supongo que el motor se detuvo y se apagaron las luces del auto, en ese instante se apagó la luminaria del puente y sólo se veía muy difícilmente una mancha negra en el medio del puente, a los pocos segundos siento un ruido y veo hacia el norte que se acerca un camión blanco con rampla a una velocidad prudente y frenando, camión que se encontró en forma sorpresiva con el auto que estaba completamente a oscuras en la mitad del puente”. H. A fojas 45, informe provisorio de S.I.A.T. la que señala que la causa basal probable que motivó este accidente fue que el conductor del camión se percatara tardíamente de la presencia y proximidad del automóvil que lo antecedía a menor velocidad. I. A fojas 50, querella por cuasidelito de lesiones presentada por don Eduardo Antonio Avendaño Umansor quien relata los mismos hechos descritos en las anteriores querellas mencionando que, como consecuencia de dichos hechos resultó con lesiones que le han producido incapacidad para el trabajo superior a quince días. J. A fojas 57 y 78, respectivamente, declaran Eduardo Andrés Cepeda Aguirre y Carolina Denisse Zapata Aguirre. Ambos dicen que viajaban en el asiento trasero del automóvil; que en el instante del accidente ambos dormían, pero señala Eduardo Andrés que al despertar, después del impacto, vio que las luces del automóvil en que viajaban estaban encendidas y que alumbraban hacia el lado derecho del camino. Indican que sufrieron lesiones. K. A fojas 58, y siguientes aparece acompañado en la causa informe técnico de la Subcomisaría de Investigaciones de Accidentes del Tránsito que en su conclusión señala, que la causa basal del accidente fue que el conductor del camión Mercedes Benz, presumiblemente no atento a las condiciones del tránsito del momento, dada la visibilidad del lugar y estado atmosférico motiva que se percate tardíamente de la presencia del automóvil Daewoo que lo antecedía, colisionándolo. L. A fojas 131 y fojas 134, constan los informes de lesiones de Eduardo Andrés y de Carolina Denisse Zapata Aguirre, respectivamente, que concluyen que ambos sufrieron lesiones de carácter grave y a fojas 140 declaración del procesado quien afirma que su empleador es Venegas e Insunza Limitada. M. A fojas 141, consta informe pericial mecánico el que concluye que el automóvil no tiene reparación; que su vida útil terminó y su desvalorización fue del orden del noventa por ciento. OCTAVO: Que, con los elementos de juicio relacionados en el considerando anterior, se ha establecido y probado plenamente en el proceso la existencia del cuasidelito de homicidio en la persona de Ana Gissella Cepeda Aguirre y de los cuasidelitos de lesiones graves contra Eduardo Andrés Cepeda Aguirre y Carolina Denisse Zapata Aguirre como consecuencia de la colisión ocurrida el tres de junio del año dos mil a las seis treinta horas de la madrugada más o menos en la ruta 5 Sur, puente Pumalal, Cajón, en el que participaron un camión marca Mercedes Benz que se dirigía de norte a sur y que colisionó por detrás al vehículo marca Daewoo modelo Tico que lo hacía en la misma dirección en cuyo interior viajaban, entre otros, la occisa y los lesionados. Por otro lado, la prueba del hecho punible arroja como resultado que el automóvil Daewoo Tico, en el momento del accidente transitaba a baja velocidad pues al entrar al puente había disminuido su marcha para enfrentar un charco de agua detenida en el centro del puente, instante que fue chocado. Que, antes y después de la colisión tenía las luces reglamentarias encendidas, hecho probado por la declaración del conductor y de Gerardo Antonio Méndez Sandoval voluntario del cuerpo de Bomberos

212

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

que depone a fojas 19 cuya versión es más veraz que el testimonio de Bocaz Inostroza quien presenció los hechos mientras se encontraba a 130 metros de distancia perpendicular al puente y dentro de su vehículo. NOVENO: Que a fojas 7 en la indagatoria Carlos Eduardo Valenzuela Burgos expresa: El día tres de mayo (junio) de dos mil viajaba de Santiago conduciendo un camión Mercedes Benz con rampa, había salido a las 22:00 horas del día anterior, acompañado de otro chofer con el cual había cambiado en Linares; venía a sesenta o setenta kilómetros por hora, el camión tenía revisión técnica al día y funcionaba todo su sistema de luces; la ruta estaba mojada y llovía en forma intermitente sin neblina; había pozas de agua en todo el camino; reduje la velocidad a la bajada del sector de Cajón y al enfrentar el puente Pumalal transitaban, en sentido contrario otros vehículos por lo que debí bajar las luces pero que al llegar al medio del puente me encontré con un bulto casi a la salida del puente, frené pero fue inevitable la colisión. Se trataba de un auto pequeño detenido en la calzada y con sus luces apagadas en un sector con agua. Llamé de inmediato a Carabineros y me bajé a prestar ayuda. Llegó de inmediato un señor que se encontraba en su vehículo en el cruce a Cajón y momentos más tarde el chofer del carro policial me manifestó que se había percatado que el móvil colisionado tenía el freno de mano puesto. Que, como se ve, el acusado sostiene que a las 22:00 horas del día anterior salió desde Santiago y que condujo, durante el trayecto a una velocidad de sesenta a setenta kilómetros por hora y que redujo su marcha cuando llegó a la bajada del sector del puente, de lo cual se deduce, según esta Corte, que el recorrido de 661 kilómetros en ocho horas y media continuas sin descanso alguno, la velocidad debió ser de 77,76 kilómetros por hora ininterrumpidas, lo cual demuestra la imprudencia del encausado que maneja un camión con rampla durante dicho tiempo; si se considera además que en tales condiciones el vehículo constituía un verdadero peligro y amenaza para la integridad de las personas y cosas transitando por la vía pública. DÉCIMO: Que, aunque el encausado haya conducido el camión a la velocidad que dice al enfrentar el puente en que se produjo el accidente, tal velocidad no puede calificarse de razonable y prudente, si se atiende a las condiciones existentes, los riesgos y peligros actuales y posibles, no obstante lo que señala el testigo presencial de fojas 43 que expresa que el citado camión transitaba “a una velocidad prudente y frenando” opinión que carece de valor probatorio para este Tribunal, ya que, tratándose de la apreciación de la velocidad de un vehículo esto exige un proceso complejo de medición de distancia, tiempo recorrido y otros elementos que, por cierto, el deponente en la especie no ha podido comprobar. UNDÉCIMO: Que, tampoco puede el encausado señalar, para exculparse, que la colisión se debió a un caso fortuito e imprevisto, pues para que éste constituya una eximente de responsabilidad es indispensable que sea la causa única del daño y que no contribuya a él la culpa del agente, vale decir, que no lo haya provocado y que en la producción del daño no haya cooperado el agente con su negligencia, cuyo no es el caso de la conducta del encausado. La imprevisibilidad de un hecho o circunstancia se encuentra en estrecha relación con la diligencia que ha debido emplear una persona frente a un hecho determinado, de modo que si las medidas de prudencia aconsejadas por la circunstancias fueron tomadas y, a pesar de ello, el daño se produjo, existe, por cierto, un indicio de carácter imprevisible capaz de ser invocado como exculpatorio. Como se ha dicho, la presencia del automóvil colisionado a una velocidad menor y con luces encendidas no da origen a un caso imprevisto, lo cual reafirma la convicción del Tribunal de Alzada que la causa basal del accidente con el resultado de muerte y lesiones se debió a la culpa del querellado que actuó con imprudencia y negligencia infringiendo con ello, además las normas de los artículos 114, 130, 148, 149, 170, 172 números 2, 7 y 17 de la ley 18.290. DUODÉCIMO: Que, todos los antecedentes allegados a la causa, permiten a esta Corte lograr la convicción de que Carlos Eduardo Valenzuela Burgos, conductor del camión Mercedes Benz, es autor del cuasidelito de homicidio de Ana Gissella Cepeda Aguirre y de los cuasidelitos de lesiones graves a Eduardo Andrés y Carolina Denisse Zapata Aguirre, al no haber adoptado las debidas precauciones para evitar la colisión materia de esta causa. DECIMOTERCERO: Que, el artículo 492 del Código Penal señala que: “Las penas del artículo 490 se impondrán también respectivamente al que, con infracción de los reglamentos y por una mera im-

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

213

prudencia o negligencia ejecutare un hecho o incurriere en una omisión que, a mediar malicia, constituiría un crimen o un simple delito contra las personas“. Que, ninguna de todas las diversas presunciones de responsabilidad del conductor del camión ha sido desvirtuada en este proceso por lo que no sólo se encuentra probada su participación de manera directa, sino que, además con el mérito de la prueba indirecta de las presunciones con los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. DECIMOCUARTO: Que, favorece al encausado Valenzuela Burgos la atenuante de la irreprochable conducta anterior que contempla el artículo 11 número 6 del Código Penal, acreditada con su extracto de filiación y antecedentes agregado a fojas 103, exento de anotaciones penales anteriores. DECIMOQUINTO: Que por ser procedente la pena privativa de libertad impuesta al acusado Valenzuela Burgos se le remitirá condicionalmente en la forma y condiciones que se dirán en lo resolutivo de este fallo. DECIMOSEXTO: Que por las razones anteriores se concuerda con lo informado por la señora Fiscal Judicial, doña Tatiana Román Beltramín, a fojas 303, quien estuvo por revocar el fallo apelado y condenar al acusado a la pena de trescientos días de reclusión menor en su grado mínimo como autor de los ilícitos por que fue acusado. IV. En cuanto a las demandas civiles. De fojas 150 deducida por Guillermo Alonso Zapata Bañados; de fojas 164 de Aldo Merlin Martínez Fuentealba; de fojas 184 de Eduardo Alfonso Cepeda Díaz y de fojas 196 de Eduardo Antonio Avendaño Umansor, se tiene presente: DECIMOSÉPTIMO: Que, el querellante Zapata Bañados dirige demanda civil en base a los hechos ocurridos el día tres de junio de dos mil reseñados en este fallo cuyo resultado, como consecuencia del hecho culposo, resultó con lesiones graves su hija doña Carolina Denisse Zapata Aguirre. Entabla demanda de indemnización de perjuicios contra el conductor del camión Carlos Eduardo Valenzuela Burgos; la Sociedad Venegas e Insunza Limitada representada por don Rubén Eduardo Venegas Carrasco comerciante, ambos con domicilio en calle Santa Catalina de Chena Nº 1000 comuna de San Bernardo y el Banco de Crédito e Inversiones del giro de su denominación con domicilio en Santiago calle Agustinas Nº 1167, 7º piso, los dos últimos, como terceros civilmente responsables. DECIMOCTAVO: En cuanto a la demanda contra Valenzuela Burgos solicita se le condene como autor del cuasidelito de lesiones graves en perjuicio de su hija Carolina Denisse Zapata Aguirre a la suma de $ 15.000.000 por daño moral y señala como fundamento, que las lesiones sufridas por su hija le ha causado a él y a su familia dolor y sufrimiento al punto que ha caído tanto él, su esposa e hija en constantes depresiones. Solicita además que esta suma se ordene pagar más la variación del I.P.C. entre la fecha del accidente o entre la fecha que el Tribunal determine y los intereses legales que el Juez fije, más las costas de la causa. DECIMONOVENO: Que el procesado y demandado civil a fojas 209, contesta pide su rechazo fundado en que el actor no es legitimado activo para accionar civilmente en representación de su hija mayor de edad, por cuya razón no la representa, según el artículo 43 del Código Civil debiendo accionar la lesionada conforme al artículo 1446 del mismo cuerpo legal. Además, señala que no ha exhibido título de su representación. Esta Corte, difiere del criterio de la defensa y considera que no es óbice para que se acoja esta demanda puesto que el profundo dolor, la aflicción y el sufrimiento que debió sufrir la víctima, hija del demandante, indudablemente afecta al actor civil, situación afectiva que se valora más allá de toda demostración procesal. El carácter de padre respecto a la hija lesionada otorga el derecho o titularidad de la acción del primero para demandar la indemnización del daño moral ocasionado como consecuencia de las lesiones físicas y mentales sufridas por la última y que se fundan en el vínculo de familia que los relaciona. “Además si la ley declara que todo daño imputable o negligencia debe ser reparado, en el caso, aunque no sean inmediata y físicamente ofendidos pueden exigir la indemnización porque la ley requiere solamente que el daño exista, sin hacer distinción sobre su naturaleza ni sobre quienes sean las personas a que alcance el mal producido por el hecho ilícito” (R.D.J. T. XXI sec. 1ª Pág. 1053). VIGÉSIMO: Que a fojas 164, Aldo Merlin Martínez Fuentealba dirige demanda civil de indemnización de perjuicios contra el procesado de autos; contra el Banco de Crédito e Inversiones y contra la Sociedad Venegas e Insunza Limitada, todos individualizados en la causa, y funda su acción en los mismos

214

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

hechos acaecidos el tres de junio de dos mil relatados en lo penal de este fallo. Fundamenta el libelo que, con ocasión de los hechos ocurridos, le causaron daños morales por la muerte de su pareja Ana Gissella Cepeda Aguirre con quien mantenía una relación sentimental antigua y proyecciones de vida junto a ella y que cuyo fallecimiento le ha provocado traumas y secuelas debido a este fallecimiento. Avalúa este daño moral en la suma de $ 10.000.000 por tal circunstancia o la suma que el Tribunal fije más reajuste e intereses legales y las costas. El acusado, Valenzuela Burgos, a fojas 209 se hace cargo y contesta la demanda solicitando su rechazo porque el actor no es legitimado activo para accionar civilmente por el fallecimiento de su pareja, pues una simple relación afectiva, no basta para demandar daños morales ya que los artículos 108 y 109 del actual Código Procesal Penal no la incluye, a diferencia de la convivencia. Esta Corte, rechazará en todas sus partes la demanda de Aldo Merlin Martínez Fuentealba en razón que, no se reconoce en nuestra legislación la relación de pareja, situación ésta sólo de hecho, transitoria e inestable, que no contiene la existencia de un afecto profundo entre sí, ni anhelos y proyectos de vida en común, realidad inversa a la convivencia o concubinato que la ley reconoce y ampara en determinados casos. VIGÉSIMO PRIMERO: Que a fojas 184, Eduardo Alfonso Cepeda Díaz; querellante, entabla demanda civil de indemnización de perjuicios por cuasidelito de homicidio de su hija Ana Gissella Cepeda Aguirre y por cuasidelito de lesiones graves ocasionados a su hijo Eduardo Andrés Cepeda Aguirre, contra el procesado Carlos Eduardo Valenzuela Burgos, individualizado en la causa. Fundamenta la demanda civil en los mismos hechos acaecidos en la ruta 5 Sur el día tres de junio de dos mil que se han detallado en esta sentencia, ilícito penal culposo que trajo como consecuencias la muerte de Ana Gissella y lesiones graves a Eduardo Andrés Cepeda Aguirre, sus hijos. Señala que, la causa eficiente del accidente fue el proceder descuidado y negligente del conductor del camión Mercedes Benz, cuyo hecho se encuentra acreditado en el proceso y que, posterior a la muerte y lesiones de sus hijos, le ha causado daños morales tanto a él y a su familia que se traducen en el dolor y sufrimiento por la muerte de Ana Gissella de sólo 21 años; que no ha podido superar, cayendo el grupo familiar en estados depresivos constantes. A este daño moral le otorga un significado patrimonial que asciende, según la demanda, a $ 200.000.000 por el fallecimiento de su hija o la suma que el Tribunal decida otorgar. En cuanto a los daños morales por las lesiones graves a Eduardo Andrés y en base a los mismos fundamentos, los determina en la suma de $ 10.000.000 por cuyo monto acciona. Por concepto de daño emergente demanda la cantidad de $ 148.436 que corresponde a gastos de pasajes de Santiago a Temuco producto del accidente. Termina solicitando que a todas estas sumas se aplique el reajuste equivalente a la variación que experimente el I.P.C. entre la fecha del accidente y la del pago efectivo, o la que el tribunal determine más los intereses legales y las costas. El demandado civil y procesado, en su contestación de fojas 209 menciona que el demandante civil es legitimado activo para accionar por su hija fallecida, pero que no lo es respecto del lesionado Eduardo Andrés. La Corte, en razón de los mismos fundamentos analizados en la motivación 19ª precedente, concluye que el actor civil es legitimado activo para accionar por las lesiones graves sufridas por Eduardo Andrés con ocasión de los hechos acaecidos y analizados en la parte penal de este fallo y con mayor certeza por su hija fallecida. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que a fojas 196, Eduardo Antonio Avendaño Umansor acciona civilmente de indemnización de perjuicios contra Carlos Eduardo Valenzuela Burgos, acusado en la causa, y en torno a los hechos ocurridos el tres de junio de dos mil en la ruta 5 Sur, ya analizados, acciona para que sea condenado al pago de la suma de $ 3.290.000 por concepto de daño emergente por la pérdida total del automóvil Daewoo modelo Tico de su propiedad; a la suma de $ 10.000.000 por concepto de daño moral más el reajuste de la variación que experimente el I.P.C. entre la fecha del accidente y la del pago efectivo o la que el Tribunal determine y los intereses legales más las costas. Contestada la demanda civil por el encausado responde: que esta demanda debe ser rechazada y que en relación a la suma por la destrucción total del automóvil ésta no puede ser superior

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

215

a $ 2.790.000 que es el precio de compra según factura corriente a fojas 195 que, además de tratarse de una fotocopia, este automóvil estaba embargado por Citibank y que lo probable sea pérdida de este Banco y no del demandante. Agrega, que los gastos que debió incurrir el actor en pasajes que ascienden a $ 500.000 no se han probado. Que relacionado con los daños morales que demanda, no está acreditada en la causa que las lesiones tengan carácter de graves, sino leves. El encausado no ha discutido la titularidad del dominio que sobre el automóvil Daewoo Tico tiene el actor, pues si bien objeta la fotocopia de fojas 195, señala en su contestación, que su valor es el de $ 2.790.000 suma que coincide con la señalada en la fotocopia. Además, no objetó el certificado de inscripción de fojas 194 que constituye una presunción de dominio no destruida por prueba en contrario y complementada por los dichos de la testigo de fojas 277 declaración que constituye, para esta Corte, una presunción judicial según los artículos 464 y 497 del Código de Procedimiento Penal. Por otra parte, no se acreditó en autos los gastos por $ 500.000 por pasajes que pudo incurrir este actor y además las lesiones que dice haber sufrido son leves. Por lo anterior, sólo se acogerá la demanda por el daño emergente representado por el automóvil cuya destrucción fue total. VIGÉSIMO TERCERO: Que, a fojas 150; 164; 184 y 196 Guillermo Alonso Zapata Bañados; Aldo Merlin Martínez Fuentealba; Eduardo Alfonso Cepeda Díaz y Eduardo Antonio Avendaño Umansor, accionan de indemnización de perjuicios por las sumas y en función de los mismos hechos que originaron la presente causa contra la Sociedad Venegas e Insunza Limitada, persona jurídica de derecho privado, con domicilio en calle Santa Catalina de Chena Nº 1.000 comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, representada por don Rubén Venegas Carrasco también individualizado. Deducen sus acciones contra esta Sociedad en su condición de empleadora del encausado responsable personal de los hechos ya descritos, pero no citan disposición legal alguna para apoyar sus pretensiones. La sociedad demandada, a fojas 243 y siguientes, se excepciona con relación a todas las demandas civiles y opone como tal la ineptitud del libelo por falta de algún requisito legal en el modo de proponerla y, subsidiariamente, la falta de personería en cuanto a las demandas de Zapata Bañados y Cepeda Díaz de fojas 150 y 184. En cuanto al fondo señala que, no es responsable de los daños causados porque en la legislación no existe disposición alguna que atribuya responsabilidad al empleador por los hechos de sus empleados, así como sus efectos patrimoniales que deben ser perseguidos en su actor. Esta Corte, desechará las excepciones dilatorias; la primera en razón que los libelos respectivos cumplen con los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil y, en cuanto a la falta de personería, se remite a la reflexión contenida en el motivo 19º precedente. VIGÉSIMO CUARTO: Que, en torno a la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia del encausado con relación a la Sociedad demandada, aquél queda demostrado con los testimonios y declaraciones de ambos, pero resta por dilucidar si la empleadora responde por los daños causados por su dependiente, chofer al instante de los hechos. El artículo 2320 del Código Civil presume la responsabilidad del empresario por el hecho de sus aprendices o dependientes, pero agrega, en el inciso final, que tal obligación cesa si el primero con la autoridad y el cuidado que su calidad le confiere, no hubiere podido impedir el hecho. El artículo 25 del Código del Trabajo establece que la jornada ordinaria de trabajo del personal de vehículos de carga terrestre interurbana será de 180 horas mensuales. El inciso cuarto señala, imperativamente, que: “En ningún caso el chofer de un vehículo de carga terrestre interurbana podrá manejar más de cinco horas continuas, después de las cuales deberá tener un descanso cuya duración mínima será de dos horas”. En los motivos séptimo y octavo en los cuales se analiza la acción penal, quedó demostrado que el chofer del camión, causante del accidente, condujo este vehículo durante 8 horas y media continuas e ininterrumpidas sin descanso alguno. Además, no existe prueba que durante el trayecto se haya efectuado un relevo de conductor en la ciudad de Linares como lo afirma Valenzuela Burgos a fojas 7. También, demuestra la investigación, que la Sociedad demandada era la empleadora del encausado a esa fecha y este hecho no la exime de responsabilidad porque queda en evidencia su culpa en cuanto permite que un solo chofer conduzca un camión de las características de autos, con acoplado por sobre el máximo legal de horas aumentando el riesgo que por sí solo, además, representa este móvil en la ruta.

216

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

La infracción al artículo 25 ya citado constituye negligencia e imprudencia de la empleadora, circunstancia que la vincula materialmente al daño producido, puesto que si hubiere observado la ley habría disminuido el riesgo. Existe relación de causalidad, aunque mediata, pero de una entidad suficiente de probabilidad que ocurriera el hecho. Esta culpa determina la responsabilidad solidaria de la Sociedad empleadora en los términos del artículo 2320 del Código Civil y por lo tanto debe reparar los perjuicios por su falta al deber que le impone la ley. Por tales razones, esta Corte acogerá las demandas dirigidas contra la Sociedad demandada por los montos que se fijarán en lo resolutivo de este fallo, a excepción de la entablada por Martínez Fuentealba de fojas 164. VIGÉSIMO QUINTO: Que, los mismos demandantes civiles mencionados en el número que precede, accionan de indemnización de perjuicios por iguales sumas y en función de los mismos hechos que originaron esta causa contra el Banco de Crédito e Inversiones, persona jurídica del giro de su denominación, representado por don Leonel Olavarría Leyton, con domicilio en Santiago, calle Agustinas 1.167, 7º piso. Todos fundamentan sus demandas en base a los hechos que ocurrieron el día tres de junio de dos mil en la panamericana 5 Sur alrededor de las 6,30 horas, con los resultados ya analizados. Señalan, que el Banco es propietario del camión Mercedes Benz causante del accidente según certificado de inscripción de fojas 15 y que, como tercero civilmente responsable conforme al artículo 174 de la ley 18.290, debe ser condenado a las prestaciones que demandan. Considerando, que ninguna de las partes ha desvirtuado la afirmación del Banco demandado en cuanto sostiene: que a la fecha había dado el camión en Leasing a la Sociedad Venegas e Insunza Limitada y que por lo tanto no tenía la tenencia, uso y goce del camión, que lo libera de la responsabilidad solidaria del citado artículo. Teniendo en cuenta además, que el leasing de un bien mueble es un contrato innominado de uso común que consiste: en un acuerdo mediante el cual una persona natural o jurídica, denominada arrendador, proporciona a otra, denominada arrendatario o usuario, el uso y goce de un bien a cambio del pago de una renta determinada, generalmente en pagos periódicos y por un tiempo establecido, al cabo del cual el arrendatario tiene alternativamente derecho a perseverar en el contrato, restituir el bien respectivo o comprarlo por un valor residual prefijado, y que por lo tanto, es un arrendamiento con opción de compra irrevocable, cual es el caso que se analiza, se desprende que el dueño, Banco de Crédito e Inversiones, no tenía la plenitud del dominio, pues se había desprendido de los atributos de uso y del goce del camión. Siendo así, el “dueño, nudo propietario, queda exento de toda presunción de responsabilidad contenida en la norma del artículo 174 de la ley 18.290”. De esta manera, es innecesario profundizar en torno a las demás defensas que contiene el escrito de fojas 236 de autos. Por estas reflexiones, esta Corte rechazará en todas sus partes las demandas civiles de indemnización de perjuicios ya indicadas interpuestas contra el Banco de Crédito e Inversiones y sus peticiones, sin perjuicio de lo expuesto en el motivo vigésimo que antecede. Por estas consideraciones y citas legales y, atendido además, a lo dispuesto en los artículos 30, 490 Nº 2, y 492 del Código Penal; 514 y 528 del Código de Procedimiento Penal, se decide: a. Que, se acoge la objeción del documento de fojas 195, y se rechaza la objeción del informe pericial practicado por la S.I.A.T. de fojas 58, por las reflexiones del motivo primero y segundo de este fallo. b. Que, se rechaza las tachas de fojas 243, cuarto otrosí y la de fojas 274; 278; 279; 281 y 282 y se acoge la de fojas 277 por las consideraciones contenidas en el motivo sexto en lo pertinente de este fallo. c. Que, se revoca la sentencia apelada del veintiocho de noviembre de dos mil tres escrita de fojas 289 a fs. 293, en cuanto por ella se absuelve al encausado Carlos Eduardo Valenzuela Burgos de la acusación de fojas 79, y en su lugar se declara: que se le condena a la pena de trescientos días de reclusión menor en su grado mínimo y accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, en calidad de autor del cuasidelito de homicidio en accidente del tránsito perpetrado en la persona de Ana Gissella Cepeda Aguirre y de los cuasidelitos de lesiones graves inferidas también en accidente del tránsito a Carolina Denisse y Eduardo Andrés Zapata Aguirre, cometidos en la ruta 5 Sur, kilómetro 661 el tres de junio de dos mil y al pago de las costas de la causa.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

217

Se le condena también a la suspensión de la licencia que lo habilita para conducir vehículos motorizados por el término de un año. Reuniéndose los presupuestos de la ley 18.216, se remite condicionalmente al sentenciado la pena corporal impuesta, debiendo quedar sometido a la autoridad de Gendarmería de Chile por el término de un año y cumplir todas las exigencias contempladas en el artículo 5º de dicha ley incluido el pago previo de las indemnizaciones civiles impuestas en lo pertinente de este fallo, sirviéndole de abono el tiempo que permaneció privado de libertad en este proceso, esto es, desde el tres al cuatro de junio de dos mil y desde el veinte al veintiséis de septiembre del mismo año, según consta a fojas 2, 9 vta. 84 y 89 respectivamente. d. Que, se rechaza la acción civil deducida a fojas 164 por Aldo Merlin Martínez Fuentealba, dirigida contra el sentenciado; contra la Sociedad Venegas e Insunza Limitada y del Banco de Crédito e Inversiones en todas sus partes por los fundamentos que contiene el motivo vigésimo de lo pertinente de esta sentencia, sin costas por tener, a juicio de este Tribunal, motivos plausibles para litigar. e. Que, se rechazan todas las demandas civiles deducidas contra el Banco de Crédito e Inversiones en razón de las consideraciones y reflexiones asentadas el motivo octavo, en lo pertinente de esta sentencia, sin costas por cuanto, según este Tribuna los actores tienen motivos plausibles para litigar. f. Que, se acoge con costas, la demanda civil de fojas 150, interpuesta por Guillermo Alonso Zapata Bañados dirigida contra el sentenciado Carlos Eduardo Valenzuela Burgos sólo en cuanto se condena pagar al demandante, a título de indemnización por daño moral, la suma de $ 1.000.000 por las lesiones graves sufridas por Carolina Denisse Zapata Aguirre con motivo del señalado hecho punible. g. Que, se acoge la demanda civil de fojas 184, deducida por Eduardo Alfonso Cepeda Díaz dirigida contra el sentenciado Carlos Eduardo Valenzuela Burgos sólo en cuanto se condena pagar, a título de indemnización por daños morales, la suma de $ 10.000.000 por el cuasidelito de homicidio de su hija Ana Gissella Cepeda Aguirre y la suma de $ 1.000.000 por el cuasidelito de lesiones de Eduardo Andrés Cepeda Aguirre ocasionadas en el referido ilícito penal, con costas y se rechazan las demás peticiones. h. Que, se acoge la demanda civil dirigida por Eduardo Antonio Avendaño Umansor contra el sentenciado Carlos Eduardo Valenzuela Burgos sólo en cuanto se le condena pagar la suma de $ 2.790.000 por la pérdida total del automóvil Daewoo modelo Tico y se rechaza lo pedido en lo demás en la demanda, con costas. i. Que, se acogen las demandas deducidas de fojas 150; 184 y 196 por Guillermo Alonso Zapata Bañados; Eduardo Alfonso Cepeda Díaz y Eduardo Antonio Avendaño Umansor contra la Sociedad Venegas e Insunza Limitada solidario responsable por las sumas y por los mismos conceptos señalados en las letras f) g) y h) y por las reflexiones que contiene el considerando veintitrés, en lo pertinente de este fallo, con costas. A las sumas ordenadas pagar se aplicará el interés corriente desde las fechas de la notificación de las respectivas demandas hasta el pago efectivo. Dese cumplimiento, en su oportunidad, a lo dispuesto en el artículo 509 bis, del Código de Procedimiento Penal y 215 de la ley 18.290. Regístrese y devuélvase. Redacción del Abogado Integrante señor Mario Seguel Cides. Rol Nº 99 2004. Pronunciado por la I. Corte 1ª Sala, Presidente señor Julio César Grandón Castro, Ministro señor Fernando Carreño Ortega y Abogado Integrante señor Mario Seguel Cides. Autoriza la señora Mirna Espejo Guiñez, Secretaria.

III.- SENTENCIA DE CASACIÓN Santiago, veinticuatro de enero de dos mil siete. VISTOS: En esta causa criminal rol Nº 109.581 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, se dictó a fojas 289, con fecha 28 de noviembre de 2003, sentencia de primera instancia por la que se absolvió al acusado Carlos Eduardo Valenzuela Burgos del cargo formulado en su contra a fojas 148 de estos antecedentes, como autor de cuasidelito de homicidio de Ana Gissella Cepeda Aguirre y cuasidelito de lesiones

218

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

graves de Eduardo Cepeda Aguirre y Carolina Zapata Aguirre. En lo civil, se rechazaron las demandas intentadas a fojas 150, 164, 184 196, sin costas. Apelada esta sentencia y luego de evacuada la vista de la Fiscal Judicial, la Corte de Apelaciones de Temuco, por fallo que rola a fojas 339, de fecha 20 de octubre de 2004, la revocó en cuanto aquella absolvía al encausado Valenzuela Burgos y, en su lugar, lo condenó a la pena de trescientos días de reclusión menor en su grado mínimo, accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa en calidad de autor del cuasidelito de homicidio en accidente del tránsito perpetrado en la persona de Ana Gissella Cepeda Aguirre y de los cuasidelitos de lesiones graves inferidas también en accidente del tránsito a Carolina Denisse y Eduardo Andrés Zapata Aguirre, cometidos en la Ruta 5 Sur, kilómetro 661, el 3 de junio de 2000. Condenó también al encartado a la suspensión de la licencia que lo habilita para conducir vehículos motorizados por el término de un año. Por reunirse en la especie los requisitos de la ley 18.216, se remitió condicionalmente la pena corporal impuesta al sentenciado. En lo civil, rechazó, sin costas, la acción deducida a fojas 164 por Aldo Merlín Martínez Fuentealba dirigida en contra del encausado Carlos Valenzuela Burgos, en contra de la Sociedad Venegas e Insunza Limitada y en contra del Banco de Crédito e Inversiones; asimismo, se rechazaron todas las demandas civiles deducidas contra el Banco de Crédito e Inversiones; se acogió, con costas, la demanda de fojas 150 interpuesta por Guillermo Alonso Zapata Bañados en contra del sentenciado, sólo en cuanto lo condena a pagar, a título de indemnización de perjuicios por daño moral, la suma de $ 1.000.000 por las lesiones graves sufridas por Carolina Denisse Zapata Aguirre con motivo del hecho punible; se acogió la demanda civil de fojas 184 deducida por Eduardo Alfonso Cepeda Díaz en contra del sentenciado, sólo en cuanto le condena a pagar a título de indemnización por daños morales, la suma de $ 10.000.000 por el cuasidelito de homicidio de su hija Ana Gissella Cepeda Aguirre y la suma de $ 1.000.000 por el cuasidelito de lesiones de Eduardo Andrés Cepeda Aguirre, con costas, rechazándose sus demás peticiones; se acogió la demanda civil dirigida por Eduardo Antonio Avendaño Umansor contra el sentenciado sólo en cuanto se lo condena a pagar la suma de $ 2.790.000 por la pérdida total del automóvil Daewoo, modelo Tico, rechazando lo demás pedido, con costas; se acogieron las demandas deducidas a fojas 150, 184 y 196 por Guillermo Alonso Zapata Bañados, Eduardo Alfonso Cepeda Díaz y Eduardo Antonio Avendaño Umansor, respectivamente, contra la Sociedad Venegas e Insunza Limitada, solidario responsable, por las mismas sumas y conceptos señalados en las decisiones inmediatamente precedentes, con costas. En contra de esta sentencia, el abogado Luis Mencarini Neumann, en representación del querellante Aldo Merlin Martínez Fuentealba, en su presentación de fojas 355, dedujo recurso de casación en el fondo respecto de la decisión civil del fallo. A su turno, el mismo letrado, por los querellantes y actores civiles Guillermo Zapata Bañados y Antonio Avendaño Umansor, intentó idéntico arbitrio y contra la misma facción de la sentencia. Por último, el abogado Rodrigo Eduardo Silva Guzmán, en representación de la Sociedad Venegas e Insulza Limitada, dedujo recurso de casación en la forma por la causal 9ª del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal y casación en el fondo por las causales 3ª y 7ª del artículo 546 del mismo ordenamiento. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el recurso de casación en el fondo deducido por la defensa letrada de Aldo Merlín Martínez Fuentealba, reposa en la causal contemplada en el inciso final del artículo 546 del Código Procedimental Penal, en relación a lo preceptuado en los artículos 764 y siguientes de su homónimo civil. Sostiene que la sentencia cuestionada ha infringido las normas de los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, al negar a su representado la condición de titular del derecho a indemnización. En efecto, sostiene que su parte ha sido víctima directa de los ilícitos cometidos por el encausado y el fundamento del derecho a la indemnización no es otro que el haber sufrido un daño como consecuencia de un delito o cuasidelito cometido por un tercero, y, en el caso de su demanda, su fundamento se encuentra en el hecho de haber padecido las consecuencias del accidente, de haber sido partícipe y afectado directo de la conducta infraccional del condenado. Agrega que entre los fundamentos del monto de la indemnización demandada se encuentra la circunstancia que en dicho accidente falleció su pareja, una joven de 21 años que estaba próxima a convertirse en su cónyuge. La sentencia impugnada lo excluye del derecho a la acción indemnizatoria por estimar que una simple relación de pareja no lo habilita para

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

219

demandar, más dicha interpretación pierde toda fuerza si se tiene presente que el origen del derecho a la indemnización surge del hecho de haber sido víctima de la acción ilícita del chofer. Arguye que aun cuando no experimentó un daño físico, ello sólo tiene relevancia para efectos de considerar que no concurren daños emergentes y directos, pero no impide la concurrencia o existencia de otros, como el de naturaleza moral. De otra parte, agrega que el rechazo de la demanda en contra el Banco de Crédito e Inversiones, en su condición de dueño del vehículo causante del accidente, importa violentar la norma del artículo 174 de la ley 18.290. Por último, concluye que de no haber mediado los errores de derecho que se han denunciado, la demanda civil de su representado ha debido ser acogida en contra de todos los demandados civiles, incluyendo entre los obligados a la reparación de los daños causados al banco ya señalado. SEGUNDO: A su turno, los querellantes y actores civiles Guillermo Zapata Bañados y Antonio Avendaño Umanzor, asistidos por el abogado Mencarini Neumann, han deducido recurso de casación en el fondo en contra de la decisión civil de la sentencia de alzada de conformidad con lo prevenido en los artículos 546 inciso final del Código de Procedimiento Penal y 764 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en cuanto resolvió, con error de derecho, el rechazo de las acciones civiles deducidas respecto del tercero civil Banco de Crédito e Inversiones. Sostienen que la acción indemnizatoria se enderezó en contra de éste por su condición de dueño del vehículo conducido por el encausado. La forma de resolver importa violentar la norma del artículo 174 de la ley 18.290, que consagra la responsabilidad solidaria del dueño del vehículo. No obstante ello, los sentenciadores sostienen que por existir entre el propietario del móvil y la sociedad demandada un contrato de leasing, el dueño del bien pierde el uso y goce del mismo, por tanto, la tenencia, lo que lo liberaría de la responsabilidad solidaria que consagra la norma. Sin embargo, sostiene que cualquiera sea la naturaleza del leasing, el vehículo permanece en el patrimonio del banco y se mantiene en poder de un tercero con el consentimiento expreso de su propietario. Se trata de una entrega a título lucrativo en que el banco mantiene su condición de dueño como cualquier arrendador. Es por estas consideraciones que el recurrente pretende la invalidación del fallo viciado y, acto seguido, se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo que acoja las demandas civiles deducidas en contra de la institución bancaria en su calidad de propietaria del vehículo conducido por el culpable de los ilícitos. TERCERO: Que a fojas 360, la Sociedad Venegas e Insulza Limitada, asistida por el abogado Rodrigo Silva Guzmán, deduce recurso de casación en la forma por la causal 9ª del artículo 541 del Código Adjetivo Penal en relación con lo que ordena el artículo 500 Nº 4 del mismo ordenamiento. Sostiene que el fallo, sin fundamento alguno, y no obstante la contundencia de los antecedentes probatorios contenidos en los motivos séptimo letra g y noveno del dictamen cuestionado, el mérito de la declaración de Aldo Martínez, de fojas 8, y los antecedentes contenidos en el considerando séptimo del pronunciamiento de primer grado, concluyó la responsabilidad cuasidelictual de Carlos Eduardo Valenzuela Burgos. El fallo desestimó la declaración del único testigo presencial de los hechos, Hugo Bocaz Hinostroza, desvirtuando su valor probatorio con las declaraciones del propio conductor del vehículo colisionado y un voluntario del cuerpo de bomberos que acudió al rescate, mas no estaba presente al momento de los hechos. De este modo entonces, arguye que el cúmulo de argumentos recabados en el proceso no permiten condenar a Valenzuela Burgos, como bien concluyó la sentencia de primera instancia, de modo tal que, indudablemente, el fallo atacado carece de las consideraciones necesarias que le sirvan de fundamento para la decisión a la que se arribó. CUARTO: Que en cuanto al reproche formal que se plantea, esto es, la ausencia de las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o por no probados los hechos atribuidos al acusado, las normas que imponen dicha obligación a los sentenciadores exigen el establecimiento de los hechos sobre los que versa la cuestión destinada a fallarse y, junto con ello, cuáles se encuentran justificados legalmente, dando los fundamentos que permitan considerar verificada tal comprobación. Precisamente, el cumplimiento de dicha obligación, será la base en la cual se asienten los razonamientos jurídicos o consideraciones de derecho que conduzcan a sancionar al acusado que aparezca como responsable o, en caso contrario, a dictar sentencia de absolución. QUINTO: Que, en este contexto, lo que la ley sanciona con la nulidad, es la ausencia de razonamientos, no el desacierto o demérito de los mismos. Del análisis del fallo impugnado, dicha obligación

220

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

aparece cumplida a cabalidad, desde que confrontadas las piezas pertinentes del proceso, resulta satisfecha la obligación contenida en el numeral cuarto del artículo 500 en comento. Tal pronunciamiento, consiga los hechos que dieron origen a la formación de la causa, las acciones deducidas por las partes, los cargos formulados al encausado y las defensas y sus fundamentos, de modo entonces, que el recurso de casación en la forma, por la causal intentada, no se encuentra en condiciones de prosperar. SEXTO: Que, para un acertado análisis de los recursos de casación en el fondo, resulta necesario tener presente, primeramente, a propósito del reproche planteado en el libelo de fojas 358, que a la fecha de ocurrencia de los hechos, el inciso segundo del artículo 174 de la ley 18.290, señalaba que: “El conductor y propietario del vehículo, a menos que este último acredite que el vehículo fue usado sin su conocimiento o autorización expresa o tácita, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se ocasionen con motivo del uso del vehículo; todo sin perjuicio de la responsabilidad de otras terceras personas, en conformidad a la legislación vigente. SÉPTIMO: Que, de la lectura de la norma anterior, se infiere que se refiere a la responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados, y que permite condenar solidariamente, al mismo tiempo, tanto al conductor del vehículo que los ocasionó, como a su propietario. OCTAVO: Que se ha argumentado por la recurrente de casación, el hecho que con la celebración de un contrato de arrendamiento con opción de compra se conserva la nuda propiedad en el arrendador, en cambio el arrendatario adquiere sólo las facultades de uso y goce del mismo, con lo que debe concluirse que el primero mantiene a todo evento la calidad de “propietario”, que es lo que exige la ley, pues tiene la facultad de disposición del vehículo, lo que lo singulariza como tal. NOVENO: Que, por otro lado, la ley 20.068, de 10 de diciembre de 2005, modificó el ya citado artículo 174, reemplazando el inciso segundo por el siguiente: “El conductor, el propietario del vehículo y el tenedor del mismo a cualquier título, a menos que estos últimos acrediten que el vehículo fue usado contra su voluntad, son solidariamente responsables de los daños o perjuicios que se ocasionen con su uso, sin perjuicio de la responsabilidad de terceros de conformidad a la legislación vigente”, e incorporando en lo pertinente al recurso el siguiente texto: “La responsabilidad civil del propietario del vehículo será de cargo del arrendatario del mismo cuando el contrato de arrendamiento sea con opción de compra e irrevocable y cuya inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados haya sido solicitada con anterioridad al accidente. En todo caso, el afectado podrá ejercer sus derechos sobre el vehículo arrendado”. DÉCIMO: Que el precepto legal transcrito, en su nueva redacción, incorporado al debate en estrados por la defensa del Banco de Crédito e Inversiones, no resulta aplicable en la especie, toda vez que los supuestos fácticos y exigencias que contiene, no concurren al caso en comento ni fueron acreditados en modo alguno. UNDÉCIMO: Que, en atención a lo expuesto, es evidente que la sentencia recurrida, al desestimar las demandas civiles de Guillermo Alonso Zapata Bañados, Eduardo Alfonso Cepeda Díaz y Eduardo Antonio Avendaño Umanzor, deducidas en el primer otrosí de fojas 150, 184 y 196, respectivamente, ha incurrido en error de derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues, de no habérselo cometido, habría acogido tales acciones y, en consecuencia, condenado, en lo civil, al tercero civilmente responsable Banco de Crédito e Inversiones, en su calidad de propietario del vehículo conducido por el condenado. Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículo 535 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se resuelve que se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de fojas 358, por el abogado Luis Mencarini Neumann, en representación de los querellantes y actores civiles Guillermo Zapata Bañados y Antonio Avendaño Umanzor, en contra de la sentencia de veinte de octubre de dos mil cuatro, escrita a fojas 339 de estos autos, la cual es nula y se reemplaza por la que se dicta inmediatamente a continuación, sin nueva vista, pero separadamente. En atención a lo resuelto, téngase por no interpuestos los recursos de casación en el fondo deducidos en lo principal de fojas 355 y en el primer otrosí de fojas 360. Regístrese. Redacción del Ministro señor Nibaldo Segura Peña. Rol Nº 68 05.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

221

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros señores Alberto Chaigneau del C., Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Hugo Dolmestch U. y el Abogado Integrante señor Domingo Hernández E. No firma el Abogado Integrante señor Hernández, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente. Autoriza el Secretario de esta Corte Suprema señor Carlos Meneses Pizarro.

IV.- SENTENCIA DE REEMPLAZO Santiago, veinticuatro de enero de dos mil siete. En cumplimiento de lo ordenado por la sentencia de casación que precede y lo prescrito en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo. VISTOS: Se reproduce la sección expositiva del fallo de primera instancia con las siguientes modificaciones: en la línea 21, entre las palabras “Ana” y “Cepeda”, se agrega “Gissella”; en la línea 23 se agrega, después de autopsia, las palabras “de Ana Gissella Cepeda Aguirre”; a continuación de la referencia “A fojas 209 se contesta la acusación y demandas civiles” se agrega “A fojas 236 y 243, el Banco de Crédito e Inversiones y la Sociedad Venegas e Insunza Limitada, respectivamente, contestan las demandas civiles”; se agrega la frase “A fojas 141 rola informe pericial mecánico”. Del dictamen invalidado se mantienen sus fundamentos primero a vigésimo cuarto, y del vigésimo quinto, únicamente su párrafo primero. Y se tiene, en su lugar y además, presente: 1. Que en la especie se está en presencia de un hecho cuasidelictual con resultado múltiple, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 75 del Código Penal, corresponde sancionar al responsable con la pena mayor asignada al delito más grave, esto es, el cuasidelito de homicidio cometido en la persona de Ana Cepeda Aguirre. 2. Que tal ilícito se encuentra sancionado en el numeral primero del artículo 490 del Código Penal, por remisión del 492 del mismo ordenamiento, con reclusión o relegación menor en sus grados mínimo a medio y, concurriendo una atenuante de responsabilidad penal que considerar, sin agravantes, de acuerdo a lo prevenido en el artículo 68, inciso 2º, del Código del ramo, se aplicará la sanción dentro del grado correspondiente, en su mínimum, tal como lo plantea la Fiscal Judicial en su dictamen, pero se discrepa respecto del quantum de la misma. 3. Lo consignado en los raciocinios sexto a decimoprimero de la sentencia de casación que antecede. 4. Que el artículo 10 del Código de Instrucción Penal faculta para impetrar ante el Juez que conoce del proceso criminal, las acciones civiles que persigan la reparación de los efectos patrimoniales que las conductas de los procesados por sí mismas hayan causado o que puedan atribuírseles como consecuencias próximas o directas. Precisamente dispone la norma que, en sede penal, puede perseguirse la indemnización de todos los perjuicios ocasionados por el delito. En el caso de autos, no puede desconocerse que las lesiones sufridas por los ofendidos Carolina Zapata Aguirre y Eduardo Andrés Cepeda Aguirre, y la muerte de Ana Gissella Cepeda Aguirre, fueron la consecuencia directa del hecho ilícito que ha sido materia de la investigación y juzgamiento, de manera que la responsabilidad civil relativa a todos los perjuicios y daños producto de ese proceder cuasidelictual, es decir, la obligación de indemnizar, no puede sino contemplar, en caso de ser procedente, además de tópicos como el daño emergente y el lucro cesante, el daño moral. Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 174 de la ley 18.290 se decide que: I. Se acoge la objeción del documento de fojas 195 y se rechaza la objeción del informe pericial de fojas 58. II. Se rechazan las tachas formuladas en el cuarto otrosí de fojas 243 y las promovidas a fojas 274, 278, 279, 281 y 282. Se acoge la de fojas 277. III. Se revoca la sentencia de 28 de noviembre de 2003, escrita a fojas 289 y siguientes en cuanto por ella se absolvió al acusado Carlos Eduardo Valenzuela Burgos del cargo formulado en su contra a fojas 148 y, en su lugar, se decide que se le condena a sufrir la pena de quinientos cuarenta y un días de reclusión menor en su grado medio, accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiem-

222

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

po de la condena y al pago de las costas de la causa, en su calidad de autor del cuasidelito de homicidio en accidente de tránsito, perpetrado en la persona de Ana Gissella Cepeda Aguirre y de los cuasidelitos de lesiones graves inferidas a Carolina Denisse y Eduardo Andrés Zapata Aguirre, acaecido el día 3 de junio de 2000. IV. Se condena, asimismo, a Carlos Valenzuela Burgos, a la suspensión de la licencia que lo habilita para conducir vehículos motorizados por el término de un año. V. Por reunirse en la especie los requisitos de la ley 18.216, se concede al sentenciado el beneficio de la remisión condicional de la pena privativa de libertad impuesta debiendo quedar sujeto al control de la autoridad administrativa de Gendarmería de Chile y cumplir las exigencias del artículo 5º de la citada ley, con excepción de la prevista en su letra d). En el evento que tal beneficio le fuere revocado, deberá cumplir íntegramente la pena impuesta, en cuyo caso le servirá de abono los días que permaneció privado de libertad con motivo de esta causa, esto es, los días 3 y 4 de junio y desde el 20 al 26 de septiembre, todos del año 2000. VI. Se revoca, asimismo, la referida sentencia, en cuanto por su decisión IV rechazó las demandas deducidas a fojas 150, 184 y 196 y en lugar se resuelve que: a) Se acoge, con costas, la demanda civil de fojas 150 interpuesta por Guillermo Alonso Zapata Bañados dirigida en contra del sentenciado Carlos Eduardo Valenzuela Burgos, sólo en cuanto se condena pagar al demandante, a título de indemnización por daño moral, la suma de $ 1.000.000, por las lesiones graves sufridas por Carolina Denisse Zapata Aguirre. b) Se acoge la demanda civil de fojas 184, deducida por Eduardo Alfonso Cepeda Díaz dirigida en contra del sentenciado Carlos Eduardo Valenzuela Burgos sólo en cuanto se condena pagar, a título de indemnización por daño moral, la suma de $ 10.000.000 por el cuasidelito de homicidio de su hija Ana Gissella Cepeda Aguirre, y la suma de $ 1.000.000 por el cuasidelito de lesiones de Eduardo Andrés Cepeda Aguirre. Se rechaza en lo demás la referida demanda. c) Se acoge, con costas, la demanda civil dirigida por Eduardo Antonio Avendaño Umansor en contra del sentenciado Carlos Eduardo Valenzuela Burgos, sólo en cuanto se le condena a pagar la suma de $ 2.790.000, por la pérdida total del automóvil Daewoo, modelo Tico, y se rechaza en lo demás pedido. d) Se acogen las demandas deducidas a fojas 150, 184 y 196 por Guillermo Alonso Zapata Bañados, Eduardo Alfonso Cepeda Díaz y Eduardo Antonio Avendaño Umanzor en contra de la Sociedad Venegas e Insunza Limitada, solidario responsable por las mismas sumas y por los mismos conceptos señalados en las letras a), b) y c) precedentes. e) Se acogen las demandas deducidas a fojas 150, 184 y 196 por Guillermo Alonso Zapata Bañados, Eduardo Alfonso Cepeda Díaz y Eduardo Antonio Avendaño Umanzor en contra del Banco de Crédito e Inversiones, solidario responsable en su calidad de propietario del vehículo conducido por el condenado Carlos Eduardo Valenzuela Burgos, por las mismas sumas y por los mismos conceptos señalados en las letras a), b) y c) precedentes. VII. Se confirma en lo demás apelado el fallo de primer grado. Las sumas ordenadas pagar lo serán más el reajuste correspondiente de acuerdo a la variación experimentada por el Indice de Precios al Consumidor entre la fecha del accidente y la de su pago efectivo, más los intereses corrientes que se devenguen desde la fecha de esta sentencia hasta su pago. Regístrese y devuélvase. Redacción del Ministro señor Nibaldo Segura Peña. Rol Nº 68 05. Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros señores Alberto Chaigneau del C., Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Hugo Dolmestch U. y el Abogado Integrante señor Domingo Hernández E. No firma el Abogado Integrante señor Hernández, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente. Autoriza el Secretario de esta Corte Suprema señor Carlos Meneses Pizarro.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

223

FICHA 12

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 5868-2005 Cita Online: CL/JUR/8972/2006 SENTENCIA DE PRIMER GRADO CORTE SUPREMA Santiago, veintiocho diciembre del año dos mil seis. VISTOS: En estos autos rol Nº 75.704-2001 del Primer Juzgado Civil de Los Ángeles, caratulados Tapia Figueroa Graciela y otros con Stevens Alegría, Víctor, sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios, se ha dictado sentencia definitiva de primera instancia a fojas 150, por la cual se rechazó la demanda de autos, en todas sus partes, sin costas. En contra de esta decisión la demandante, a fojas 159, interpuso recurso de apelación, a fin de que se revocara el fallo aludido y se acogiera la demanda. A fojas 163, se adhirió a la apelación la parte demandada, solicitando se confirmara el fallo de primer grado. La Corte de Apelaciones de Concepción, por resolución de fojas 183, revocó en parte la sentencia de primer grado, y acogió la demanda, condenando al demandado a pagar los demandantes, Graciela Tapia Figueroa, la suma de $15.000.000; a Grissel de Lourdes y a René Ambrosio, ambos de apellido Salinas Tapia, la cantidad de $7.000.000, para cada uno y, a David Isaac Salinas Tapia, la suma de $10.000.000, con los reajustes que indica el fallo en examen, sin costas. En contra de esta última sentencia la parte demandada dedujo recurso de casación en el fondo, sosteniendo que dicha resolución se ha dictado cometiendo los errores de derecho que denuncia. A fojas 215, se trajeron los autos en relación para conocer del recurso de casación en el fondo. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el recurso en estudio denuncia la infracción, de los artículos 2.326 del Código Civil; 114, 148, 149, 170, 172 Nº 2 y 7, 165 Nº 11 inciso 2º de la Ley del Tránsito y 170 del Código de Procedimiento Civil; SEGUNDO: Que al explicar los errores de derecho, señala que la sentencia ha afirmado que el demandado nada probó, indicando que la única prueba validada en el procedimiento es la que el juez a quo consideró, formando su convicción para rechazar la demanda, en el informe de la SIAT y la inspección personal del Tribunal, así como también en las propias declaraciones de los testigos de la parte demandante. Expresa que hubo tres factores que sirvieron para rechazar la demanda: a) ”que la soltura del caballo no pueda imputarse a culpa del dueño y (2326 del C. Civil)”; b) que el dueño del predio mantenía en buenas condiciones los cercos y puertas para evitar la salida del caballo; c) la responsabilidad del conductor, al no guiar a una velocidad no razonable ni prudente ni estar atento a las condiciones de visibilidad del momento.(Informe de la S.I.A.T. de Carabineros). Añade que se habría probado que el caballo era encerrado en una pesebrera, la cual tenía una puerta con una aldaba de fierro y alambres que sólo se abría desde fuera, por lo que no necesitaba estar amarrado con lazos, según se desprendería de la inspección personal llevada a cabo por el Tribunal. Asimismo, agrega que se habría acreditado que, al momento del accidente, el caballo llevaba amarrado un cordel, lo que habría sido ratificado por los dichos de los testigos de los demandantes. Añade que el informe pericial y la inspección personal del Tribunal prueban que los cercos estaban en buenas condiciones. Agrega que en el informe de la S.I.A.T., se estableció como dinámica del accidente el hecho de que el conductor de la camioneta conducía a una velocidad no razonable ni prudente, de acuerdo a las condiciones de visibilidad imperante en esos momentos, exponiéndose de manera temeraria al accidente;

224

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

TERCERO: Que, al explicar la forma como los errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo, señala que, de haberse aplicado correctamente el artículo 2326 del Código Civil y las disposiciones citadas de la Ley del Tránsito, principalmente, la del artículo 165 Nº 11 inciso 2º de este último cuerpo legal, a los hechos expuestos y establecidos en la sentencia, no se habría podido llegar a la conclusión de que el demandado es responsable y obligado, en consecuencia, al pago de la indemnización de perjuicios por daño moral, añadiendo que resulta contradictorio que se acoja una demanda en la que el mismo demandante ha tenido civilmente responsabilidad, siendo su actuar la causa basal del accidente; CUARTO: Que los jueces del fondo han establecido los siguientes hechos de la causa, inamovibles para este tribunal, toda vez que no se ha basado el recurso en infracción de leyes reguladoras de la prueba: 1.- El 8 de mayo de 2001, aproximadamente a las 01:30 horas, en circunstancias de que David Salinas Tapia conducía una camioneta por el camino a Antuco-Los Ángeles, a la altura del Km. 7,5, se cruzó un caballo, en la pista de circulación del vehículo, siendo impactado por éste y, como consecuencia del impacto, falleció Alex Fabián Salinas Tapia, de 18 años de edad, que acompañaba al conductor del móvil; 2.- La causa basal del accidente fue la permanencia indebida de un animal en una arteria de tránsito público vehicular; 3.- El propietario del animal es el demandado Víctor Manuel Stevens Alegría; Estos hechos aparecen claramente consignados en los fundamentos primero, tercero, octavo y noveno del fallo de segundo grado; QUINTO: Que, como se señaló precedentemente, los jueces del fondo dieron por establecida la responsabilidad del demandado y la relación de causalidad, no atribuyendo valor alguno al argumento esgrimido por el demandado, relativo a la velocidad con que circulaba la camioneta, por considerar que ella no fue la causa basal del accidente; SEXTO: Que de lo que se ha expuesto aparece que la casación de fondo se construye contra los hechos del proceso, establecidos por los jueces de alzada, e intenta variarlos, proponiendo otros que, a juicio del recurrente, estarían probados, sin indicar al respecto el quebrantamiento de leyes reguladoras de la prueba, por lo que esta Corte se encuentra en la imposibilidad de alterar los hechos como soberanamente los han dado por probados los magistrados a cargo de la instan cia; SÉPTIMO: Que, por lo expresado, razonado y concluido, el recurso de nulidad de fondo no puede prosperar y debe ser desestimado, en atención a que no se han producido los yerros de derecho denunciados. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, SE RECHAZA el recurso de casación en el fondo deducido a fojas 197, por la parte demandada, en contra de la sentencia de catorce de octubre de dos mil cinco, escrita a fojas 183. Regístrese y devuélvase con sus agregados. Redacción a cargo del Ministro Sr. Oyarzún. Rol Nº 5.868-2005.Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Ricardo Gálvez, Sr. Milton Juica, Sr. Adalis Oyarzún y los Abogados Integrantes señores José Fernández y Arnaldo Gorziglia. No firman los abogados integrantes señores Fernández y Gorziglia por estar ausentes. Santiago, 28 de diciembre de 2006. Autorizado por el Secretario de esta Corte Sra. Carola Herrera B.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

225

FICHA 13

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 3461-2004 Cita Online: CL/JUR/836/2006 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO Viña del Mar, catorce de junio de dos mil dos. VISTOS: Se instruyó esta causa Rol Nº 85.451, para investigar el cuasidelito de homicidio y para determinar la responsabilidad que le ha cabido en los hechos Daniel Nibaldo Radulovich Pavez, Rut Nº 4.649.591-8, 44 años de edad, natural de Viña del Mar, casado, empleado, domiciliado en 16 Poniente Nº 5802, 4º sector de Gómez Carreño, Viña del Mar, hechos que habrían ocurrido de la siguiente manera: CONSIDERANDO: En cuanto a la acción Penal. PRIMERO: Que el procesado fue acusado como autor del cuasidelito de homicidio y lesiones y a fin de acreditar los hechos que los constituirían se han agregado al proceso los siguientes elementos de convicción: A fs. 2 rola auto cabeza de proceso, constituyéndose el tribunal a las 12.15 horas del día 7 de noviembre de 1998, en calle Dos Norte esquina 6 poniente de esta ciudad, constatando que un camión municipal, cisterna, patente RD 1463 había colisionado al bus Población Armando Navarrete, patente GY 8615 y posteriormente había destruido el muro del antejardín de la casa signada con el Nº 109 de Dos Norte. Se informó por el teniente Díaz de carabineros que había sido atropellada una persona de sexo femenino que se encontraba debajo del camión aljibe. El conductor del camión cisterna, manifestó que se encontraba auxiliando a bomberos y Carabineros en el incendio de calle Von Schroeders y que se dirigía a 4 Norte a cargar agua, al enfrentar el cruce de Dos Norte con Seis Poniente tocó la bocina pidiendo paso y el bus continuó su recorrido, colisionando. Testigos presentes en el lugar expresaron que la víctima fatal transitaba como peatón con su familia cuando fue atropellada por el móvil que era conducido a exceso de velocidad. En fs. 5 rola parte policial de la Prefectura de Carabineros de Viña del Mar, de fecha 7 de noviembre de 1998, poniendo a disposición del Tribunal al detenido Daniel Nibaldo Radulovich Pavéz y a Ramón Oyarzo Oliva por la responsabilidad que les pueda afectar en muerte, lesiones de carácter grave, leve y daños en accidente de tránsito. Señala el parte que, momentos antes, en circunstancias que Radulovich Pavéz conducía el camión de emergencia de la I. Municipalidad de Viña del Mar, patente RD 1443, marca Internacional, por calle Dos Norte en dirección al oriente al llegar a calle Seis Poniente no respetó el signo “pare” existente en el lugar, siendo colisionado en el costado lateral derecho delantero por el bus patente GY 8615 marca Mercedes Benz conducido por Oyarzo Oliva, quien lo hacía por Seis Poniente en dirección al norte y debido al imparto el conductor del camión perdió el control del móvil atropellando a Rosa Navarro Torreblanca y a su hija Andrea Torreblanca Navarro que se encontraban en la acera nororiente, para luego chocar con un muro y detener su marcha en el antejardín de ese domicilio. A raíz de lo anterior falleció en el lugar Rosa Navarro. Lesionados resultaron la menor Torreblanca Navarro, el conductor del bus y diversos pasajeros con lesiones de diversa consideración. A fs. 13 presta declaración Jorge Pérez Cisternas, quien señala que el día sábado recién pasado –declara el 10 de noviembre de 1998–, viajaba como pasajero en el bus línea 51, que se dirigía a esta ciudad de Valparaíso, que tomaron por calle Ecuador y llegando a la esquina de Dos Norte con Seis Poniente, se percató que un camión venía por Dos Norte, de mar a cerro, chocando al bus en la punta del lado izquierdo dándolo vuelta, mientras que el camión se fue a incrustar a una casa. Señala que no le vio ninguna baliza, ni tampoco las luces, no escuchó bocina o algo que advirtiera de su presencia; el chofer del bus había impreso bastante velocidad, se imagina que para recuperar un poco el tiempo, pues existía un “taco” que los había demorado más de una hora y media, después supo del incendio.

226

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Una vez ocurrido el accidente se bajó, vio a una señora y a una niñita arrollada. Señala que resultó con lesiones. Declaración de Clara Somerville Viola de fs. 14, quien señala que el día sábado recién pasado –declara el 10 de noviembre de 1998–, se encontraba en el segundo piso de su casa, cuando sintió un estruendo proveniente de la calle, salió a mirar y vio que había un camión en su jardín, para lo cual había botado el muro. Se enteró luego que el camión había arrollado a una señora y una niñita, pero no quiso ir al lugar y solo se quedó para prestar ayuda a quien lo necesitar. Desconoce el valor de los daños. A fs. 17 rola certificado de defunción. A fs. 18 rola declaración de Ramón Oyarzo Oliva, quien señala que el día que los hechos venía de Valparaíso en recorrido hacia Viña del Mar, como el recorrido era por Marina, al llegar a Ecuador se encontraban funcionarios de carabineros que estaban dando el paso, debido a un incendio había gran congestión; prosiguió su trayecto cruzando el puente Ecuador, pasó Uno Norte a una velocidad de 25 kilómetros por hora, pues venían vehículos delante de él. Cuando se disponía a pasar por Dos Norte por su izquierda apareció un camión que venía a bastante velocidad y se le venía encima, alcanzó a frenar y desviarse un poco a la derecha para evitar el impacto pero recibió todo el golpe en el costado izquierdo, parte delantera. A raíz de la colisión resultó lesionado. Señala que el camión enfrentaba disco “pare” y no traía sirena, bocina, ni luces, nada que pudiera advertir de su apuro. A fs. 24 rola informe médico legal que da cuenta de las lesiones de carácter grave de Jorge Andrés Pérez Cisternas. A fs. 25 rola protocolo de autopsia de Rosa Isabel Navarro Torreblanca, concluyendo que la causa de muerte fue: Traumatismo esquelético visceral complicado. A fs. 34 rola informe médico legal que da cuenta de las lesiones de carácter graves sufridas por Ramón Oyarzo Oliva. A fs. 35 vta., rola declaración de Silvia Gonder Hernández, quien señala que viajaba en el bus de locomoción colectiva, que se dirigía a Gómez Carreño, sentándose en el penúltimo asiento y al llegar a Dos Norte una señora gritó “cuidado, que vamos a chocar”, vio que un camión se les iba encima, chocando al bus en la parte delantera, pensó que se iban a volcar. No se percató de otros detalles. Resultó lesionada. A fs. 37 rola declaración de Enriqueta Cárdenas Orellana, quien señal que no conoce las calles de Viña del Mar; recuerda que iba sentada en el penúltimo asiento del lado izquierdo; se percató que pasaban por un puente luego anduvieron un pequeño trayecto cuando vio a la izquierda que venía un camión a toda velocidad el que se les vino encima, alcanzó a gritar para alertar y el choque se produjo impactando a la micro en el costado izquierdo hacia delante, el camión se incrustó en una pandereta y el bus quedó desplazado hacia la derecha, quedando semi oblicuo, resultó lesionada. A fs. 37 vta. rola declaración de Janina Maureira Díaz, quien señala que viajaba como pasajera de un bus de locomoción colectiva, que se dirigía a esta ciudad, tomando calle Dos Poniente a muy poca velocidad, al llegar a Dos Norte se percató que por el lado izquierdo venía un camión a mucha velocidad, la que tampoco puede precisar, el cual impactó en la parte delantera izquierda del bus, produciendo que este vehículo quedara virado hacia Dos Norte mientras el camión siguió su carrera impactándose en un muro de una casa, en el trayecto pasó a llevar, según supo después, a una señora a la cual vio cuando se bajó. El conductor del bus salió despedido por el parabrisas. La secuencia del hecho la vio bien porque se había parado para bajarse en el paradero. Solo tuvo hematomas en las piernas y brazo sin desear ir al médico legista. A fs. 38 rola declaración de Rosa Puyol Muñoz quien señala que el día de los hechos venía de Valparaíso en un bus de la línea 51 en dirección a Viña del Mar, debiendo permanecer mucho tiempo detenidos porque en ese momento se encontraba el tránsito congestionado producto de un incendio; reiniciaron la marcha cruzaron el puente Ecuador y se dirigieron hacia Dos Norte, todo esto a muy poca velocidad; iba sentada en el primer asiento lado izquierdo, se percató que un camión venía muy fuerte y contra el tránsito, se les venía encima, colisionándolos en el costado izquierdo parte delantera, le dio la impresión que el chofer pretendió esquivarlo atendido que viró levemente hacia la derecha pero igual ocurrió la colisión, producto de lo cual el bus fue arrastrado hacia la derecha mientras que el camión se

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

227

incrustó en la pandereta de una casa, esto último lo vio en el diario porque en ese minuto se preocupó que la sacaran del bus. Fue trasladada a la posta porque tenía lesiones. A fs. 40 presta declaración Luis Alberto Morales Pulgar, quien señala que venía como pasajero de un bus de la línea 51, sentado en el penúltimo asiento del lado derecho, percatándose que en los momentos que ya habían cruzado el Puente Ecuador y se dirigían a Cuatro Norte; a la altura de Dos Norte venía un camión cisternas en dirección a Seis Poniente que es la vía que en ese momento ocupaban y los colisionó en el costado izquierdo, siendo arrastrados hacia Dos Norte, lado derecho mientras el camión se incrustó en el antejardín de una casa. Resultó lesionado, pero no deseó concurrir al médico legista. A fs. 40 vta. declara Felicinda Barría Villegas, quien manifiesta que iba hacia su trabajo, en un bus línea 51, pero no se percató de cómo ocurrió el accidente, atendido que iba pendiente de un incendio; de pronto sintió un golpe resultando con contusiones. Después de lo ocurrido se dio cuenta que un camión los chocó. A fs. 51 se encuentra agregado el informe técnico pericial del SIAT, en el cual se señala como causa basal del accidente: Participante (1) –Daniel Radulovich Pavéz–, no cede el derecho preferente de paso al móvil (2) –Ramón Oyarzo Silva–, a lo que se encuentra obligado por enfrentar una seña “pare”, colisionando, para luego el móvil (1) atropellar a los peatones (3) y (4). A fs. 66 Carlos Enzo Sepúlveda Pino, señala que el día que ocurrieron los hechos, siendo alrededor de las 12:00 horas se encontraba en la plaza México, hacia 2 Poniente, pues se dirigía a su auto que tenía estacionado en esa arteria; en eses momento había un incendio y el tránsito se encontraba en buenas condiciones y se percató que el camión municipal corría bastante velocidad, no la puede precisar pero estima que no era norma; sólo advertía su presencia tocando la bocina; al enfrentarse al signo “pare” que existe en el lugar el conductor no detuvo su marcha, momento que se dio vuelta y vio venir un bus el cual colisionó en su parte delantera izquierda, a al altura de donde va el chofer, a consecuencia del impacto resultaron lesionados varios pasajeros del bus; antes de que ocurriera el accidente vio a unas personas que iban caminando por el lugar en que posteriormente se desplazó el camión, impactándose contra un muro. Señala que en ningún momento el chofer del camión pretendió detenerse y al conversar con una persona que presumió era el chofer del camión, señaló que como no lo habían dejado pasar si él iba al incendio; al conductor del microbús no lo notó ebrio. A fs. 68 rola informe médico de la lesionada Silvia Gonder Hernández. A fs. 75 prestó declaración César Valdés Riveros quien expuso que el día de los hechos, a eso de las 11,30 a 12,30 iba con su esposa e hijas en dirección al Mac Donald, por la vereda de la plaza México, en los momentos que se disponían a cruzar la calle Dos Norte, se detuvo porque vio venir un camión a una velocidad que estima de 60 kilómetros por hora, llamándole la atención porque la calle es muy corta; se dio cuenta que el conductor del camión no respetó el signo “pare” que existe en el sector, cruzó la arteria en los precisos instantes que venía un bus que se dirigía por Seis Poniente, el que tenía preferencia y el camión lo chocó en el costado izquierdo. Era notorio que el chofer del bus trató de esquivarlo quedando incluso doblado hacia Dos Norte, mientras el camión se incrustó en una casa. No recuerda que el camión viniera tocando bocina o balizas, para identificarse como un vehículo de emergencia. Se acercó a prestar ayuda para sacar al chofer entre los fierros, luego detuvo el motor del bus. No pudo hacer nada por ayudar a una mujer que se encontraba herida en el jardín de la casa donde quedó el camión, porque se notaba grave; en ese momento había un incendio y no se dio cuenta que el chofer del camión anduviera prestando apoyo. A fs. 76 rola declaración de Nicolás Abdulmalak Gamboa, quien expuso que el día de los hechos venía de Valparaíso en un bus de locomoción colectiva, percatándose que a la altura de Avenida San Martín había un atochamiento que no permitía la circulación más expedita, cuando iban por Dos Norte se percató que un camión no respeto el signo “pare” que tenía y se fue directamente hacia el bus, chocándolo en el costado izquierdo, sólo atinó a protegerse la cara, que el chofer perdió el control de la máquina, la que hizo un giro y se impactó con un árbol, mientras el camión se incrustó en el antejardín de una casa. No tuvo lesiones. A fs. 85 vta., rola declaración de Francisco Torres Montiel quien expuso que en el mes de noviembre del año pasado –declara el 1º de julio de 1999–, venía como pasajero en el bus protagonista del accidente; en Uno Norte un carabinero le dio la pasada al bus, una ves que le dieron la pasada, el bus iba lento

228

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

y tendiendo preferencia para pasar en calle Dos Norte con Seis Poniente, un camión aljibe que venía por esta última calle no respetó el derecho preferente de vía e impactó en el costado izquierdo; provocó que el bus se desplazara hacia la derecha y el camión se incrustó en el muro de una casa; iba sentado en el lado derecho, en el penúltimo asiento. No resultó lesionado; a raíz del impacto el chofer del bus salió desplazado por el parabrisas luego se retiró del lugar. A fs. 89 vta. presta declaración Leopoldo Evans Torreblanca Urrea, quien señala que el día 7 de noviembre del año recién pasado –declara el 15 de julio de 1999–, iba en compañía de su señora y sus dos hijas dirigiéndose hacia Avenida Libertad, deteniéndose en calle Dos Norte con Seis Poniente, estando solo detenidos pues iban a cruzar; estando en la esquina pudo ver que un camión que venía del poniente a oriente, a bastante velocidad pero no puede precisar a cuanto, en la esquina de Dos Norte con Seis Poniente había un signo “pare” el cual el chofer del camión no respetó y se estrelló contra una micro que venía por Seis Poniente, la cual tenía derecho a vía. Señala que el chofer del bus al ver al camión en vez de mantener la velocidad que traía, aceleró y por ello chocaron, caso contrario el accidente se habría evitado; cree que el chofer del camión entró en pánico porque no frenó; una vez ocurrido el choque el camión se fue contra la esquina donde ellos se encontraban; su señora falleció en el mismo lugar y su hija con lesiones que la mantuvieron por cuatro meses hospitalizada. A fs. 104 rola informe médico legal de lesiones respecto de Andrea Torreblanca Navarro, ampliado a fs. 111 en donde informa que las lesiones sufridas son de carácter grave, sana de noventa a ciento diez días con sesenta días de incapacidad física. A fs. 106, rola informe de la Dirección de Tránsito de la I. Municipalidad de Viña del Mar, que señala que efectivamente existe una seña “pare”, en calle 2 Norte esquina 6 Poniente, otorgándole derecho preferente de paso a esta última vía. A fs. 129 rola informe médico legal de lesiones de Silvia Gonder Hernández, las lesiones sufridas por la afectada habrían sido de carácter grave, habrían sanado en siete semanas con igual período de incapacidad. A fs. 281 declara Clemente Basáez Guzmán, quien señala que efectivamente conoce a Jorge Pérez Cisternas porque trabajan en la misma empresa; que fue testigo presencial de los hechos ocurridos el 7 de noviembre de 1998, se encontraba a tres metros del lugar y ayudó a sacar a los heridos, entre los cuales se encontraba Jorge Pérez; no declaró antes porque nadie se lo pidió, los hechos ocurrieron en la mañana alrededor de las 12 horas, se encontraba a la altura de la Plaza México y vio un camión tipo cisterna ingresaba al puente Casino contra el sentido del tránsito, avanza hacia Dos Norte con Seis Poniente e impactó con un bus de recorrido Gómez Carreño en el costado izquierdo, quedando cruzada la micro y el camión se incrustó en una casa que hay en la esquina, auxilió a las personas del bus y allí se encontró con el cuerpo de una señora que estaba debajo del bus. Señala que cuando ocurrieron los hechos había un disco “pare” que estaba ubicado en la vereda surponiente. Que venía Jorge Pérez Cisternas en el bus. Que ese día había un incendio y presume que por ello el camión ingresó en contra del sentido del tránsito en el puente que se le señala. El camión solo iba con la bocina sonando y la baliza que lleva sobre el capot encendida, en la parte de arriba de la cabina, enguanto a la micro, se desplazaba normalmente porque en ese momento había muchos vehículos en la calle. En el momento del accidente lo atendió y revisó, se dio cuenta que tenía lesionado su brazo izquierdo, no sabe de que entidad eran sus lesiones, luego de verificar sus estado se retiró a trabajar; sin embargo se enteró que estuvo como un mes con licencia, luego se contactó para que le sirviera de testigo. Aparte de la lesión física le ha provocado daño psicológico que le ha impedido trabajar en la forma que lo hacía antes, porque el trabajo que él desempeña es muy estresante y su estado psicológico no le ha permitido trabajar horas extras, y le comentó que aún sufre dolores de su lesión. Declara Juan Zamora Contenla quien señala conocer a Jorge Pérez Cisternas, porque ambos trabaja en el Casino, trabaja muy cerca de donde ocurrieron los hechos, no fue testigo presencial, cuando sintió el fuerte impacto salió de su oficina y se encontró con el cuadro, vio que había un camión aljibe incrustado en una casa que está en la esquina de Dos Norte con Seis Poniente y un bus de color rojo, de recorrido 51 que se encontraba a un costado de la casa; al acercarse vio que entre los herido había un colega que es Jorge Pérez y luego se fue del lugar; el Sr. Pérez estaba con gente que lo atendía, ignora quienes son; conoce al Sr. Basáez, trabaja en el Casino; cuando llegó al lugar el Sr. Basáez estaba aten-

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

229

diendo al Sr. Pérez; le vio el brazo izquierdo inmovilizado, no sabe por cuánto tiempo mantuvo esta condición porque trabajan en sectores distintos, el contacto no es muy seguido; va regularmente al Casino a efectuar trámites y su colación la hace todos los días allí; cree que debe haber tenido problemas en su trabajo porque tenía la mano inmovilizada, trabaja en el departamento de remuneraciones y digita la mayor parte de su día laboral; supone que debe haber tenido problemas para trabajar horas extraordinarias por la lesión que tenía, ya que es una de las secciones en donde más trabajo hay. Declara Gloria Cofré que en la época en que ocurrió el accidente trabaja con unos vecinos de las personas que se nombran y sus patrones eran amigos de estas personas, razón por lo que los pudo conocer más cercanamente; siempre fueron personas muy amables y preocupadas de los demás; observaba que ellos tenían muy buena relación con su hija y las dos niñitas que ésta tenía; eran personas muy cordiales, él mucho mas alegre y comunicativo que ella, ambos acogedores; cuando ocurrió el accidente que le costó la vida a su hija todo cambió, no fueron los mismos de antes, totalmente retraídos; sus patrones le prohibieron que les hablara sobre el tema y ellos no querían recordar lo que les había pasado, sus vidas les cambió para siempre; a ellos los conoció en marzo de 1998, ella renunció a su trabajo en octubre del 2000; los veían bastante tristes; supo por su patrones y escuché que don Héctor y doña Teresa tuvieron que seguir un tratamiento psicológico para poder asimilar la muerte de su hija; el estado de depresión era tal que hasta se notó físicamente, adelgazaron mucho, su aspecto era distinto, estaban sumidos en la muerte de su hija, iban todas las semanas al cementerio y ella siempre decía que Dios había sido muy injusto porque les había quitado una hija que era maravillosa, con la cual se llevaban bien; por doña Teresa supo que se visitaban, siempre le contaba cuando su hija había ido, estaba muy chocha de su nieta menor y en más de alguna ocasión las vio, sufrió un cambio enorme la relación de don Héctor y doña Teresa con su patrones, después de la muerte de Rosa Navarro, fue un cambio drástico, antes las conversaciones eran fluidas, la convivencia era bastante amena, ellos muy comunicativos y alegres; la diferencia es que no se visitaban tan seguido, no se hacían convivencias, dejaron de ser personas comunicativas, no conversaban casi nada. A fs. 293 rola la prueba del testigo Alhualid Rumié Vera quien señala que al juntarse en la academia de pool siempre vio que la familia era muy unida, la señora siempre iba a buscar a don Héctor y algunas veces iba con su hija, con la cual eran muy afectivos, don Héctor era un hombre muy alegre, después del accidente no lo vio mucho ya que dejó de ir a la academia y las últimas veces que lo vio no era el mismo; a la señora Teresa la última vez que la vio se veía muy desmejorada. A fs. 308 se encuentra agregado informe psicológico, evaluación efectuada a Jorge Pérez Cisternas. A fs. 318 declara Erica Pinilla Pape, quien señala que conoce a Ramón Oyarzo de 1981, porque manejaba un bus para la empresa que ella trabaja y le consta que fue víctima de un accidente, él era una persona alegre, contento, atento y con ganas de trabajar, luego del accidente sufrió un cambio total, ya no era la misma persona, se le vinieron los años encima, se notó muy angustiado y deprimido, no es la misma persona que conoció antes del hecho. A fs. 318 vta. declara Elizabeth Valdés Bórquez quien comparece por cuanto conoce a Ramón Oyarzo hace siete años, fecha en la que trabaja en la empresa y el manejaba buses y es por eso que puede apreciar el cambio de esta persona a raíz del accidente, era muy comunicativa; cada vez que va conversa del accidente, siempre está como en otra y depresivo, se enoja con mucha facilidad, tiene cambios bruscos de genio; anda siempre con dolores y acompañado con alguien. A fs. 319 Adrián Ahumada Osorio, señala que conoce a Ramón Oyarzo hace mas de treinta años y se enteró del accidente por el mismo Oyarzo quien resultó accidentado grave, a raíz de las lesiones no pudo trabajar durante largo tiempo aún no se repone –declara el 23 de marzo de 2001–, por esa razón ha tendido que estar dependiendo de otras personas; su hijo ha tenido que trabajar como chofer para procurar el sustento de la familia; antiguamente esta persona era muy dinámica, participaba en todos los actos de la institución, ahora no lo hace con la misma alegría. A fs. 319 declara Ivonne Maldonado Garcés quien señala que lo conoce hace 11 años, tiempo que ella trabaja donde él tiene el bus, que está en conocimiento del accidente y que estuvo sin trabajar no recuerda el tiempo, que aún tiene una deuda vigente por esta la máquina sin trabajar; no se ha podido recuperar del choque ni física como tampoco psicológicamente, ha cambiado, no participa en ningún

230

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

evento, tiene que andar acompañado, no camina como antes, se le olvidan las cosas, lo que le consta porque en muchas ocasiones ha tenido que recordarle. A fs. 320 declara Néstor Reyes Martínez, jefe de la empresa en la cual Ramón Oyarzo tiene su micro, tuvo conocimiento por él del accidente, llegó al lugar a los 20 minutos de ocurrido y tomó fotos del lugar del hecho; a raíz de los hechos Oyarzo no ha podido reintegrarse a sus labores habituales, ya no puede manejar vehículos de transporte público, a veces está ido, camina con dificultad, estuvo más de cuarenta días hospitalizado, siempre tiene que andar acompañado, además, ha sufrido un perjuicio económico porque la máquina estuvo parada mucho tiempo. A fs. 320 vta. declara Domingo Coloma Araneda, quien señala ser dirigente de los buses Gómez Carreño, línea que trabaja Ramón Oyarzo, a quien conoce hace muchos años, tuvo conocimiento del accidente ocurrido en noviembre de 1988, sufrió diversas lesiones en el cuerpo y cabeza, ya no es la misma persona, está muy huraño, medio ido, no se ha podido recuperar del accidente, no tiene paz con nadie, contesta mal y el accidente le ha traído deudas que no ha podido cumplir. A fs. 321 declara Carlos Sepúlveda Pino, quien señala no recordar la fecha, hace unos años atrás, se encontraba en la plaza México cuando vio venir un camión aljibe por calle 2 Norte, hacia el oriente, le llamó la atención porque iba tocando la bocina y a una velocidad que no era excesiva, pero no adecuada par el lugar, en ese lugar hay un disco pare y no lo respetó chocando con un micro que venía desde el puente hacia San Martín; agrega que además el camión traía una baliza amarilla encendida, ese día había un incendio en las cercanías. A fs. 321 vta. declara Enriqueta Cárdenas Orellana, quien ratifica su declaración de fs. 37, agregando que efectivamente el bus 55 en el cual iba, aceleró cuando gritó porque el camión apareció de repente a toda velocidad y por ello el conductor aceleró con la intención de alcanzar a pasar; no escuchó bocina ni luces prendidas que bus que hicieran anunciar sus desplazamiento; recuerda que ese día había un incendio. A fs. 322 Pedro Cabrera Sáez, manifiesta que comparece porque conoce a la familia Torrealba Navarro desde hace muchos años, que está al tanto del accidente en que perdió la vida Rosa Navarro Torreblanca y sufrió lesiones su hija Andrea; este hecho ha provocado que la familia se desintegrara, que Leopoldo Torreblanca se quedara sin pareja y a cargo de las dos niñas pequeñas, que ha tenido que enfrentar este problema, que les ha provocado mucha angustia y severos daños psicológicos a cada uno de sus miembros doña Rosa estaba al cuidado exclusivo de sus hijos lo que ha provocado que estén en estado depresivo, además el jefe de familia ha tenido que enfrentar un serie de gastos producto del accidente su hija Andrea estuvo unos cuatro meses en el hospital e incluso quedó con una secuela en el brazo, todavía sigue en control. A fs. 322 vta. Saturnino Huerta Montenegro señala que conoce a la familia Torreblanca Navarro desde muchos años que está al tanto de los hechos en que perdió la vida Rosa Navarro y su hija Andrea resultó con lesiones; a raíz del accidente, de la pérdida sufrida todos quedaron traumatizados y les ha costado mucho reponerse; la niña estuvo como tres meses hospitalizada, la tuvieron que operar, tenía lesiones en su brazo y pierna derecha; todo ello ha traído perjuicios económicos y psicológicos. A fs. 330 Janina Maureira Díaz, ratifica sus dichos prestados a fs. 37 vta., reitera que la velocidad del bus era normal, no venía rápido, recién había pasado el semáforo y vio venir el camión encima, no recuerda si el camión aljibe venía con las balizas encendidas y tocando bocina, le parece haber sentido la bocina del camión. A fs. 331 rola ficha clínica de Ramón Oyarzo Oliva. A fs. 420 se agregó informe técnico pericial mecánico sobre la evaluación de los daños. SEGUNDO: Antecedentes que constituyen presunciones judiciales que reuniendo los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal prueban que el día 7 de noviembre de 1998, en circunstancias que tercero a identificar conducía el camión aljibe patente RD 1443 de la I. Municipalidad de esta ciudad, por calle Dos Norte en dirección al oriente, se dirigía en auxilio de un llamado del Cuerpo de Bomberos que se encontraba en situación de emergencia en un incendio de grandes magnitudes en el centro de esta ciudad. Para apura su cometido, fue autorizado para transitar en contra del tránsito y por esta razón lo hacía con luces encendidas, luces intermitentes y baliza; además para mayor seguridad, tocaba la bocina;

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

231

sin embargo pese a las precauciones tomadas, al llegar a Dos Norte, lugar en que se había producido un atascamiento vehicular, el conductor del bus patente GY 8615 no cedió el paso al camión aljibe, produciéndose un impacto que tuvo fatales consecuencias al desviarse el camión hacia la vereda, botando el muro de una casa y de paso atropellando y dando muerte a una joven mujer que pasaba por la vereda con sus hijos; una de éstos también resultó gravemente lesionado, Sufrieron también lesiones de gravedad varios pasajeros del bus y su chofer. TERCERO: Que el hecho precedentemente reseñado constituye el cuasidelito de homicidio y de lesiones graves, previstos y sancionados en los artículos 490 Nº 1 y 2 y 492 del Código Penal. CUARTO: Que el procesado en su declaración indagatoria de fs. 8, dice que se había originado un siniestro en calle Von Schoeders y como en el sector no había agua, bomberos solicitó la cooperación de la I. Municipalidad, por lo que se puso a disposición de éstos en el sentido de ir a buscar agua en el camión aljibe que conduce. Dice también que solicitó que algún funcionario policial lo escoltara para hacer más expedita la vía, pero debido al gran trabajo que había en ese momento, solo se lo autorizó para ir contra el tránsito; por lo que encendió las luces intermitentes, encendió la baliza que se ubica sobre el tanque del camión y además se fue tocando la bocina para solicitar la cooperación de los conductores y le dieran la pasada. En todo el trayecto no tuvo problemas pero al llegar a Dos Norte, un automovilista se detuvo para darle la pasada, al lado de este venía un bus cuyo conductor en vez de frenar, aceleró, chocándolo en el costado derecho, a consecuencia del golpe, se le abrió el capot y perdió toda visibilidad y control del camión, produciéndose el accidente con fatales consecuencias. QUINTO: Que en cuanto a la participación culpable del procesado, a pesar de no haber respetado un disco “pare”, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 146 inciso primero de la Ley de Tránsito que expresa que “ante la aproximación de un vehículo de emergencia que haga uso de sus señales audibles y visuales, los vehículos que llegan a un cruce al cual se aproximan, deberán detenerse y respetar un derecho preferente de paso”, cosa que no hizo el conductor del bus, mas aún, constituye en su contra una presunción de tránsito del momento, por lo que de no haber ocurrido esto, no se habría producido la muerte de Rosa Navarro Torreblanca y las lesiones de su hija; del chofer y de los pasajeros del bus, por lo que, no siendo responsable del cuasidelito que se investiga, deberá absolverse al encartado. En cuanto a la acción civil. SEXTO: Que a fs. 155 y siguientes, el abogado Carlos Gatica Illanes, interpone demanda civil de indemnización de perjuicio en contra del procesado Daniel Nibaldo Radulovich Pavez, en contra de Banestado Leasing S.A., persona jurídica del giro de su denominación; presentada por don Franklin Vildósola y en contra de la I. Municipalidad de Viña del Mar, representada por el Alcalde Sr. Rodrigo González Torres, por su representada Andra Torreblanca Navarro en una suma no inferior a $ 50.000.000.-, por daño moral y $ 15.000.000.- por daño emergente. SÉPTIMO: Que a fs. 168 y siguientes el abogado Víctor Manuel Montes Zúñiga, en representación de Ramón Oyarzo Oliva, deduce demanda de indemnización de perjuicio en contra de las siguientes personas: a) Daniel Radulovich Pavez, chofer, domiciliado en 16 Poniente 5802; 4º sector Gómez Carreño, de Viña del Mar, en su calidad de conductor del vehículo patente RD 1443 causante del accidente de autos; b) En contra de la I. Municipalidad de Viña del Mar, cuyo representante legales don Rodrigo González Torres, Alcalde, ambos domiciliado en Arlegui 615 de Viña del Mar, y c) en contra del Banco del Estado de Chile, en su calidad de sucesora y continuadora legal del Banestado Leasing S.A., propietaria del camión patente RD 1443 en la suma de $ 500.000 daño emergente y $ 960.000 por concepto de lucro cesante y $ 45.000.000 por daño moral. OCTAVO: Que a fs. 182 el abogado Víctor Montes Zúñiga en representación de René Segundo Valdés Lazcano dedujo demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de Daniel Radulovich Pavéz; en contra de la I. Municipalidad de Viña del Mar, y contra el Banco del Estado de Chile por las sumas de $ 1.840.600 como daño emergente y $ 1.245.000 como lucro cesante. NOVENO: Que a fs. 187 Winston Montes Vergara en representación de Héctor Baltasar Navarro Barrera y de doña Teresa Normanda Torreblanca Urrea, entabla demanda civil en contra de Daniel Nibaldo Radulovich Pavéz, de la I. Municipalidad de Viña del Mar y en contra de Banestado Leasing S.A.

232

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

en los siguientes rubros $ 40.000.000 por cada uno, por daño moral, con un total de $ 80.000.000.- en contra de Daniel Radulovich Pavéz, I. Municipalidad de Viña del Mar. DÉCIMO: Que a fs. 197 el abogado Edwing Keller Marabolí deduce demanda de indemnización de perjuicios en contra de Daniel Radulovich Pavéz, de la I. Municipalidad de Viña del Mar y de Banestado Leasing S.A., en representación de Silvia Gondre González, por la suma de $ 1.000.000 por daño emergente y $ 30.000.000 por daño moral. UNDÉCIMO: Que a fs. 201 y siguientes el abogado Ignacio Zamorano Orellana en representación de Jorge Cisternas Pérez deduce demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de Daniel Radulovich Pavez, de la I. Municipalidad de Viña del Mar y en contra de Banestado Leasing S.A., en las sumas de $ 1.500.000 por lucro cesante, $ 30.000.000 por daño moral y $ 1.500.000 por lucro cesante, con un total de $ 34.000.000, más los reajustes e intereses. DUODÉCIMO: Que la defensa del encausado a fs. 237 expresa que las demanda interpuestas deben ser rechazadas en atención que Daniel Radulovich Pavez deberá ser absuelto haciendo consideraciones y enunciando diversos preceptos legales que ameritarían su absolución. DECIMOTERCERO: Que atendido lo expresado en los motivos tercero, cuarto y quinto de este fallo, se hará lugar a lo pedido por la defensa en lo principal y no habrá pronunciamiento sobre las peticiones subsidiarias y por innecesario. Y visto además lo dispuesto en los artículo 1º, 2º, 10 Nº 8, 15, 391 del Código Penal, y 108, 110, 111, 457, 459, 473, 488, 500, 502, 503, 504 y 533 y del Código de Procedimiento Penal y artículo 172 de la Ley de Tránsito se declara: En cuanto a la acción penal. Se absuelve a Daniel Nibaldo Radulovich Pavez, ya individualizado, de la acusación deducida en contra a fs. 145. En cuanto a la acción civil. Se rechazan las demandas civiles deducidas en autos. Dése cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal. Notifíquese, anótese y consúltese, si no se apelare. Dictada por doña Berta Froimovich Gun, juez titular y autorizada por doña Valeria Echeverría Vega, secretaria titular.

II.- CORTE DE APELACIONES Valparaíso, doce de julio de dos mil cuatro. VISTO: Se reproduce la sentencia en alzada previa eliminación de todos los fundamentos a excepción del primero y en la referencia a las citas legales se mantendrán solo las del Código de Procedimiento Penal. Y TENIENDO EN SU LUGAR Y ADEMÁS PRESENTE: PRIMERO: Que con los elementos que se han reseñado en el motivo primero del fallo apelado se tiene por establecido en estos autos que el día 7 de noviembre de 1998, más o menos a las 12.00 horas, un tercero conducía a exceso de velocidad el camión aljibe patente RD-1443 de Viña del Mar, por calle 2 Norte en dirección al oriente y al cruzar la intersección con Seis Poniente, sin respetar el signo Pare que existe en la vereda Sur Poniente de calle 2 Norte por mera imprudencia y negligencia impactó al bus de locomoción colectiva patente GY 8815 que transitaba por calle 6 Poniente en dirección al norte, falleciendo a consecuencias de este accidente una persona y resultando con lesiones graves una menor, el conductor del bus y varios pasajeros, infringiendo el artículo 172 Nº 7, 8, 10, 13 y 17 de la ley Nº 18.290. Que el hecho anteriormente descrito constituye el cuasidelito de homicidio y de lesiones graves, previstos y sancionados en los artículos 490 Nº 1 y 492 del Código Penal. SEGUNDO: Que el encartado Daniel Nibaldo Radulovich Pavez, en su declaración indagatoria de fs. 8, manifiesta que el día de los hechos con motivo de un gran incendio que se produjo en Viña del Mar en la calle Von Schroeder, Bomberos que no podían controlar este siniestro por falta de agua solicitó ayuda a la Municipalidad, por lo que en el camión aljibe que conducía se dirigió por calle 2 Norte hacia el oriente y al llegar a la intersección con 6 Poniente fue chocado por un bus que transitaba por dicha arteria en dirección al norte.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

233

Agrega que vio el disco Pare que existía en 2 norte por lo que disminuyó la velocidad, pero no se detuvo porque pensó que podía pasar y que le respetarían la vía, porque se dirigía a buscar agua, lo que no ocurrió produciéndose el accidente. TERCERO: Que como fácil resulta advertir el procesado reconoce no haber respetado el disco “Pare” que lo obligaba a detener completamente su vehículo, declaración que constituye confesión y que permite tener por acreditado su participación de autor en los hechos investigados por haber infringido los artículos 101, 114, 143, 148, 149 y 172 Nºs 7, 8, 13 y 17 de la ley Nº 18.290. CUARTO: Que la defensa del procesado contestando la acusación a fs. 255 solicita se absuelva a su defendido atendido a que éste es un funcionario municipal y conforme al artículo 4º letra i) de la ley Nº 18.695, una de las funciones municipales es “La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes” disposición que lo obligaba a adoptar la conducta que asumió intentando ayudar a Bomberos para apagar el incendio, además la defensa alega que su defendido conducía un vehículo de emergencia que por su lado obligaba a los conductores de otros móviles a detenerse y respetar su derecho preferente de paso (artículo 146, acápite 1º Ley de Tránsito). Agrega la defensa que Daniel Radulovich Pavez adoptó las medidas necesarias para advertir a los demás choferes la presencia de su móvil de emergencia usando baliza y tocando la bocina, circunstancias que impiden que sea condenado. QUINTO: Que se rechaza la petición de absolución porque del cúmulo de los antecedentes reunidos en estos autos tal como lo sostiene el señor Fiscal se encuentra claramente probada la responsabilidad del vehículo conducido por Radulovich Pavez y muy especialmente surge del Informe del SIAT, rolante a fs. 51 y siguientes, no pudiendo por lo tanto aceptarse las explicaciones en cuanto que por conducir un vehículo que califica como de emergencia podría infringir sin responsabilidad alguna las normas contenidas en la ley Nº 18.290 porque esta clase de vehículos conforme lo señala el artículo 146 de este texto legal los obliga a reducir la velocidad hasta detenerse si fuere necesario y cruzar solamente cuando verifique que los demás conductores de móviles le hayan cedido el paso y no existan riesgos de accidentes. Que además debe tenerse presente que los camiones aljibes no se encuentran incluidos en la enumeración que efectúa el artículo 147 de la Ley del Tránsito como vehículos de emergencia. SEXTO: Que favorece al encartado la atenuante de responsabilidad contenida en el artículo 11 Nº 6 del Código Penal, la que se encuentra acreditada en autos con su extracto de filiación y antecedentes rolante a fs. 142 y exento de anotaciones penales. SÉPTIMO: Que a fs. 155 Carlos Gatica Illanes en representación de don Leopoldo Torreblanca Urrea y de la menor Andrea Torreblanca Navarro deduce demanda civil de indemnización de perjuicio en contra del conductor Daniel Nibaldo Radulovich Pavez en su calidad de autor del cuasidelito de homicidio y lesiones graves en perjuicio de doña Rosa Navarro Torreblanca y de la menor Andrea Torreblanca Navarro, en contra del Banestado Leasing S.A. representada por Franklin Vildósola, en su calidad de propietario del vehículo RD 1443, en contra de la Iltre. Municipalidad de Viña del Mar representada por su Alcalde don Rodrigo González Torres en su calidad de arrendataria del camión aljibe causante del accidente y de empleadora del conductor Radulovich Pavez, por los perjuicios sufridos con la muerte de la madre de su hija menor Rosa Navarro Torreblanca y de las graves lesiones sufridas por la menor, solicitando que se les condene solidariamente al pago de $50.000.000 por los perjuicios sufridos por la menor fundado en las graves lesiones sufridas, el dolor que estos le han ocasionado conjuntamente con tener que estar hospitalizada por un plazo de cuatro meses para lograr su recuperación, aflicciones a las que también se debe agregar la muerte de su madre que falleció en el lugar mismo del accidente. Asimismo, Leopoldo Torreblanca a través de su representante solicita se le pague una indemnización por daño emergente que lo hace consistir en los cuantiosos gastos médicos y de hospitalización que ha debido solventar para la recuperación de su hija menor de edad los que estima en $15.000.000, lo que hace un total de $65.000.000, con costas. OCTAVO: Que a fs. 168 el abogado Víctor Manuel Montes Zúñiga en representación del conductor del bus que intervino en la colisión, Ramón Oyarzo Oliva, deduce demandas civiles en contra de Daniel Radulovich Pavez, conductor del camión aljibe, de la Municipalidad de Viña del Mar representada por don Rodrigo González Torres en su calidad de poseedora del vehículo causante del accidente y de em-

234

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

pleadora del procesado Daniel Radulovich y en contra del Banco del Estado representado por don José Manuel Mena Valencia en su calidad de propietaria del camión patente RD 1443, Marca Internacional, con el objeto de que se le condene solidariamente al pago de indemnizaciones por concepto de daño emergente $500.000, que la hace consistir en gastos de hospitalización, médicos y medicamentos; $960.000 por lucro cesante que corresponde a lo que dejó de percibir por el tiempo que tardaron en sanar sus lesiones y $45.000.000 por daño moral por los padecimientos que le provocaron las lesiones y la angustia que le causó el accidente mismo, además de que las lesiones lo dejaron con una invalidez parcial. NOVENO: Que a fs. 182 el abogado Víctor Manuel Montes Zúñiga en representación de René Segundo Valdés Lazcano propietario del vehículo chocado por el camión aljibe, deduce demanda civil en contra de Daniel Radulovich Pavez en su calidad de conductor culpable del accidente, la Iltre. Municipalidad de Viña del Mar, representada por su Alcalde Rodrigo González Torres en su calidad de poseedora del camión aljibe que provocó el accidente y en contra del Banco del Estado de Chile en su calidad de propietaria de este mismo vehículo con el objeto de que sean condenados solidariamente al pago de $1.840.600 por daño emergente que lo hace consistir en los perjuicios efectivos ocasionados al Bus Mercedes Benz de su propiedad; $500.000 por desvalorización del mismo móvil y $1.254.000 por lucro cesante que lo hace consistir en el perjuicio que le provocó el estar privado de su explotación por el período que duran las reparaciones, perjuicio que lo estima en $1.254.000, sumas que solicitan se les pague con reajustes e intereses más las costas de la causa. DÉCIMO: Que a fs. 187 el abogado Winston Montes Vergara en representación de Héctor Baltasar Navarro Barrera y de doña Teresa Normanda Torreblanca Urrea deduce demanda civil en contra de Daniel Nibaldo Radulovich Pavez, chofer causante del siniestro, la Iltre. Municipalidad de Viña del Mar y Banestado Leasing S.A. representado por don Franklin Vildósola con el objeto de que se les condene al pago de las indemnizaciones que señalan en su calidad de padres de la persona que resultó fallecida como consecuencia de la colisión, con el objeto que se les condene solidariamente al pago de $80.000.000 por concepto de daño moral que la hacen consistir en el dolor y aflicción que les ha provocado la muerte de su hija Rosa Navarro Torreblanca, suma que solicita se les cancele con los respectivos reajustes, intereses y costas. DÉCIMO PRIMERO: Que a fs. 197 don Edwing Séller Maraboli en representación de Silvia Gondre Hernández deduce demanda de indemnización de perjuicios en contra de Daniel Radulovich Pavez en su calidad de conductor del vehículo causante del accidente, de la Iltre. Municipalidad de Viña del Mar representada por don Rodrigo González Torres en su calidad de arrendataria del camión aljibe conducido por Radulovich Pavez y empleadora del procesado y en contra del Banco del Estado de Chile en su calidad de propietaria del vehículo causante de la colisión con el objeto de que se les condene solidariamente al pago de una indemnización ascendente al $1.000.000 por concepto de daño emergente que lo hace consistir en gastos médicos, exámenes y medicamentos que debió solventar a consecuencia de las lesiones sufridas por el accidente y de $30.000.000 de pesos por daño moral que lo hace consistir en las molestias, dolor y aflicción que debió soportar por las lesiones graves que le produjo el accidente situación que debió soportar hasta su completa recuperación. DÉCIMO SEGUNDO: Que a fs. 201, el abogado Ignacio Zamorano Orellana en representación de Jorge Cisternas Pérez, dedujo demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de Daniel Nibaldo Radulovich Pavez en su calidad de chofer del camión que ocasionó el accidente, la Iltre. Municipalidad de Viña del Mar representada por su Alcalde Rodrigo González Torres en su condición de tercero civilmente responsable y en contra de Banestado Leasing en su calidad de propietaria del vehículo causante de la colisión para que se le condene solidariamente al pago de $3.000.000 por daño emergente que lo hace consistir en gastos médicos, $1.500.000 por lucro cesante al no poder trabajar durante 4 meses cumpliendo horario extraordinario por impedírselo las lesiones sufridas por la colisión y $30.000.000 como indemnización por daño moral que lo hace consistir en el daño psicológico y espiritual provocado por el dolor físico que le ocasionaron las lesiones sufridas a consecuencia del siniestro. DÉCIMO TERCERO: Que la Municipalidad de Viña del Mar representada por su Alcalde Rodrigo González Torres contestando a fs. 237 y siguientes las demandas civiles deducidas en su contra a fs. 155, 168, 182, 187, 197 y 201 por Leopoldo Torreblanca Urrea por sí y por su hija menor de edad Andrea Torre-

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

235

blanca Navarro, Ramón Oyarzo Leiva, René Segundo Valdes Lazcano, Héctor Baltasar Navarro Barrera, Teresa Torreblanca Urrea, Silvia Gondre Hernández y Jorge Cisternas Pérez, respectivamente, solicita su rechazo, en atención a que el conductor del camión Municipal no tendría responsabilidad culposa en el cuasidelito de homicidio investigado y porque además el artículo 174 de la Ley de Tránsito solo hace responsable solidariamente de los perjuicios al conductor del vehículo causante del choque y al propietario de este, calidad que no ostenta. Por otro lado la norma del artículo 2320 del Código Civil que también impetran en su contra los actores civiles dispone que cesa la responsabilidad del responsable del hecho ajeno de aquellas que estuvieran a su cuidado cuando el acto del dependiente sea absolutamente ajeno a su control situación que alega a su respecto. DÉCIMO CUARTO: Que se rechazaran todas las acciones civiles deducidas en autos en cuanto se dirijan en contra de la Iltre. Municipalidad pretendiendo hacer efectiva la responsabilidad solidaria que permite el artículo 174 de la Ley del Tránsito por no contemplarla esta norma legal, respecto de la situación del conductor culpable funcionario municipal. Al efecto es necesario tener presente que la responsabilidad a que refieren los artículos 2320 y 2322 del Código Civil es de tipo personal y en el evento que se pretenda hacerla efectiva ella requiere que se ejerza una acción individual y en ningún caso en la forma que pretendieron hacerlo los actores civiles. DÉCIMO QUINTO: Que contestando las demandas deducidas en su contra el demandado civil Daniel Radulovich Pavez a fs. 243 y 244, 245 y 246, 247 y 248, 249 y 250, 251 y 252, 253 y 254, solicita su rechazo por no caberle responsabilidad en el accidente de tránsito el que habría ocurrido como consecuencia de la imprudencia del conductor del bus de pasajeros que también tuvo participación en la colisión, alegación que se desestimará por estos jueces en base a la culpabilidad establecida en los fundamentos precedentes en que como ya se ha dicho le asiste responsabilidad culpable en los hechos pesquisados a David Radulovich Pavez. DÉCIMO SEXTO: Que, finalmente el Banco del Estado de Chile contestando a fs. 261 las demandas civiles interpuesta en su contra por Leopoldo Torreablanca Urrea, Andrea Torreblanca Navarro, Héctor Baltasar Navarro Barrera, Teresa Torreblanca Urrea, René Valdes Lazcano, Ramón Orazo Oliva, Silvia Gondre Hernández y Jorge Cisternas Pérez, solicita su rechazo por la falta de responsabilidad penal del conductor del vehículo de su propiedad, lo que acarrea por su parte la ausencia de responsabilidad civil en los posibles daños sufridos por las víctimas a consecuencia del trágico accidente ocurrido en Viña del Mar en la intersección de las calles 2 Norte con 6 Poniente el día 7 de noviembre de 1998. En efecto, el actuar del conductor del camión aljibe según este demandado fue el permitido por la ley frente a una emergencia tan grave como el incendio ocurrido en el centro de la ciudad en la calle Von Schroeder, y que al ser requerida su ayuda por Bomberos se vio en la necesidad imperiosa de no detenerse ante el signo “Pare” que enfrentaba por encontrarse amparado por las normas legales de los vehículos de emergencia. Esta alegación será desestimada en base a lo razonado en las consideraciones anteriores. DÉCIMO SÉPTIMO: Que el artículo 2314 del Código Civil dispone que el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito y el artículo 174 de la Ley de Tránsito, hace responsable solidariamente de los perjuicios causados en los accidentes de tránsito tanto al conductor como al propietario del vehículo situación plenamente aplicable al conductor Radulovich Pavez y al Banco del Estado en su calidad de chofer y propietario del móvil que ocasionó el choque respectivamente, por lo que corresponde a continuación regular las indemnizaciones que sean procedentes y que deberán cancelar solidariamente estos demandados civiles. DÉCIMO OCTAVO: Que se acogerá la demanda civil interpuesta por Leopoldo Torreblanca Urrea solo en cuanto solicita el pago de una indemnización a favor de su hija menor de edad Andrea Isabel Torreblanca Navarro por concepto de daño moral atendido a que según consta de los informes médicos legales rolantes a fs. 104 la aludida menor sufrió graves lesiones consistente en politraumatismo toráxico complicado, fracturas múltiples, fractura de antebrazo izquierdo, contusión cuero cabelludo, contusión brazo derecho, las que demoraron en sanar más o menos cuatro meses con 60 días de incapacidad, lesiones que obviamente han ocasionado a esta niña grandes dolores y aflicción, daño susceptible de ser avaluado en dinero.

236

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Que, además esta menor a consecuencia del accidente, en el que falleció instantáneamente su madre conforme lo acreditan los documentos de fs. 25 y 28 se vio privada para siempre del cuidado y atención de su madre, hecho que obviamente ocasionó y seguirá ocasionando por tiempo indefinido un enorme dolor moral, espiritual y psicológico el que debe de alguna manera se compensado. Que estos jueces regularán el daño moral sufrido por la menor Andrea Isabel Torreblanca Navarro en la suma de $50.000.000, rechazando la demanda civil respecto del daño emergente solicitado por Leopoldo Torreblanca Urrea por no encontrarse suficientemente probado este perjuicio en autos. DÉCIMO NOVENO: Que, se acogerá la demanda civil deducida por Ramón Oyarzo Oliva a fs. 168 solo en cuanto solicita el pago de una indemnización por daño moral que lo hace consistir en los dolores que le ocasionaron las graves lesiones que le ocasionó el accidente en razón de encontrarse acreditado en el proceso con los documentos de fs. 34 y 331 y la declaración de los testigos 318, 318 vta., 319 y 320, que efectivamente Oyarzo Oliva sufrió lesiones consistente en múltiples erosiones lineales dorso torácicos con hematomas asociados en evolución que le provocaron incapacidad para el trabajo superior a 30 días, lesiones que han debido naturalmente producirle grandes dolores y aflicción, susceptible de ser indemnizado y que se regula en $3.000.000. Que se rechazará la acción civil interpuesta en lo atingente al pago de una suma de dinero por daño emergente y lucro cesante por no encontrarse suficientemente acreditado en autos estos perjuicios. VIGÉSIMO: Que se acogerá la demanda civil deducida por René Segundo Valdés Lazcano, propietario del otro vehículo que participó en la colisión por concepto solo de daño emergente porque se encuentra probado que el Bus Mercedes patente GY 8615 de su propiedad sufrió daños como lo consigna el informe pericial mecánico de fs. 420, daños cuya reparación asciende a $1.500.000, cantidad que será regulada como indemnización, rechazándose el pago de una suma de dinero por concepto de lucro cesante por no haberse acreditado suficientemente en autos estos perjuicios. VIGÉSIMO PRIMERO: Que se acogerá la demanda civil deducida por la lesionada Silvia Gondré Hernández solo en cuanto solicita el pago de una cantidad de dinero por concepto de daño moral que lo hace consistir en el dolor y aflicción que le ocasionaron las heridas que recibió a consecuencia de la colisión porque se encuentra probado en autos con el documento de fs. 68 del IST y fs. 129 del Médico Legista consistente en el Informe Médico legal que acredita que esta actora sufrió lesiones graves que le ocasionaron una incapacidad para el trabajo de siete semanas y con igual período de recuperación, indemnización que se regulará en la suma de $500.000, rechazándose la indemnización por daño emergente solicitado por no encontrarse suficientemente probado en autos. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que se acogerá la demanda civil deducida por Jorge Pérez Cisternas solo en cuanto se ordena el pago de una indemnización por daño moral por encontrarse probado en autos con el informe de fs. 24 del Médico Legista y el informe psicológico del demandante de fs. 308 que este efectivamente sufrió lesiones a consecuencia del accidente de carácter grave consistente en factura de cuarto dedo mano izquierda que le provocó incapacidad manual superior a 30 días, hecho que lo corroboran los testigos de fs. 281, Clemente Basáez Guzmán y Manuel Zamora Contenla, regulándose una indemnización por este concepto de $500.000, rechazándose la demanda civil. VIGÉSIMO TERCERO: Que se rechazará la demanda civil deducida por Héctor Baltasar Navarro Barrera y Teresa Normanda Torreblanca Urrea por concepto de daño moral que lo hace consistir en el dolor y aflicción que les provocó la muerte de su hija Rosa Navarro Torreblanca y avalúa en la suma ascendente a $40.000.000 para cada uno de ellos, teniendo únicamente presente que a juicio de estos jueces la circunstancia de que hubiese comparecido a estos autos la hija menor de edad de la fallecida deduciendo la acción indemnizatoria por daño moral excluye la posibilidad de demandar por este concepto a sus progenitores calidad que ostentan estos demandantes como lo acredita el documento rolante a fs. 113. VIGÉSIMO CUARTO: Que la prueba rendida por las partes que no se analiza ni pondera así tampoco la objeción de documentos formulada por el Banco del Estado a fs. 222 a que no se hace referencia, en nada altera lo concluido por estos jueces en el presente fallo. Y visto lo dispuesto en los artículos 75, 108, 110, 111, 457, 459, 473, 488, 490, 492 del Código Penal, artículos 27, 30, 75 inc. 2º, 101, 114, 143, 149 y 172 Nºs 7, 8, 13 y 17 de la ley Nº 18.290 y 514, 527 del Código de Procedimiento Penal.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

237

Se revoca la sentencia en alzada de fecha 14 de junio de 2002, escrita de fs. 468 a 475 vta., que absolvió a Daniel Nibaldo Radulovich Pavez de la acusación deducida en su contra a fs. 145 y rechaza las demandadas civiles y se declara en cambio: 1º) Que se condena al aludido Daniel Radulovich Pavez a la pena de 541 días de reclusión menor en su grado medio como autor del cuasidelito de homicidio de Rosa Navarro Torreblanca y cuasidelito de lesiones graves a Andrea Torreblanca Navarro, Jorge Cisternas Pérez, Silvia Gronde Hernández y Ramón Oyarzo Oliva, a las penas de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de su condena, a la suspensión de la licencia para conducir por el término de un año y al pago de las costas de la causa. 2º) Que se rechazan todas las demandas civiles deducidas en autos en contra de la Iltre. Municipalidad de Viña del Mar y las demandas civiles deducidas por Héctor Baltasar Navarro y Teresa Torreblanca Urrea. 3º) Que se acogen las demandas civiles deducidas en autos en contra de Daniel Nibaldo Radulovich Pavez y en contra del Banco del Estado de Chile (sucesor de Banestado Leasing S.A.) solo en cuanto se les condena solidariamente al pago de las siguientes indemnizaciones: 1.- $50.000.000 como indemnización por daño moral sufrido por la menor de edad Andrea Isabel Torreblanca Navarro, representada por su padre Leopoldo Torreblanca Urrea. 2.- $3.000.000 como indemnización por daño moral sufrido por Ramón Oyarzo Oliva. 3.- $1.500.000 como indemnización por daño emergente a favor de René Segundo Valdés Lazcano. 4.- $500.000 como indemnización por daño moral sufrido por Silvia Gronde Hernández. 5.- $500.000 como indemnización por daño moral sufrido a Jorge Cisternas Pérez. 6.- Que no se condena a las costas a los demandados civiles por no haber sido totalmente vencidos. 7.- Las sumas que se ordenan pagar lo serán con los respectivos reajustes legales a contar desde la fecha en que quede ejecutoriado este fallo y su pago efectivo. Reuniéndose en la especie los requisitos que exige el artículo 4º de la ley Nº 18.216 respecto de Daniel Nibaldo Radulovich Pavez se le concede el beneficio de la remisión condicional de la pena fijándole como plazo de observación el de 541 días. Si el sentenciado tuviere que cumplir efectivamente la pena corporal impuesta le servirá de abono para el cumplimiento de ésta desde el 7 de noviembre y 9 de noviembre de 1998, según consta de fs. 2 y 9. Ofíciese al registro Nacional de Conductores y a la Municipalidad de Viña del Mar comunicando la sanción de suspensión de licencia aplicada al conductor Daniel Nibaldo Radulovich Pavez. Regístrese y devuélvase. Redacción de la Ministro señora Carmen Salinas Guajardo. Rol Nº 19.697-02.-

III.- SENTENCIA DE CASACIÓN Santiago, veintinueve de noviembre de dos mil seis. VISTOS: En esta causa criminal rol Nº 85.451 del Quinto Juzgado del Crimen de Viña del Mar, se dicto a fojas 477 y siguientes, con fecha 14 de junio de 2002, sentencia de primera instancia en la que se absolvió al acusado Daniel Nibaldo Radulovich Pavez del cargo de ser autor de cuasidelito de homicidio y de lesiones graves, por los que fuera acusado a fojas 145; rechazándose totalmente las demandas civiles intentadas en autos. Apelada la anterior decisión, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con fecha doce de julio de dos mil cuatro, la reprodujo, previa eliminación de todos los fundamentos, a excepción de su considerando primero, teniendo en su lugar, y además presente, otros veinticuatro, para decidir en definitiva que la revocaba, en cuanto se absolvió al acusado y rechazo todas las acciones civiles intentadas; en su lugar declaro, en la parte penal, que se condena a Daniel Nibaldo Radulovich Pavez, a sufrir la pena de quinientos cuarenta y un dias de reclusión menor en su grado medio, accesorias legales pertinentes, a la suspensión de su licencia de conducir por el termino de un año, y al pago de las costas de la causa, por su responsabilidad criminal en grado de autor del cuasidelito de homicidio de Rosa Navarro Torre-

238

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

blanca, y cuasidelito de lesiones graves en las personas de Andrea Torreblanca Navarro, Ramón Oyarzo Silva, Silvia Gonder Hernández y Jorge Cisternas Pérez, ilícito previsto y sancionado en los artículos 490 Nº 1 y 492 del Código Penal; y dado que el sentenciado reúne los requisitos del articulo 4” de la ley Nº 18.216, se le concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena impuesta, fijándole un plazo de observación de quinientos cuarenta y un días. En su parte civil, se rechazaron todas las demandas civiles deducidas en contra de la Municipalidad de Viña del Mar, así como aquellas intentadas por Héctor Baltasar Navarro y Teresa Torreblanca Urrea Se acogieron en cambio, las acciones indemnizatorias dirigidas en contra del acusado Daniel Nibaldo Radulovich Pavez y en contra del tercero civilmente responsable, esto es, el Banco del Estado de Chile (sucesor de Van estado Leasing S.A.), En su parte civil, se rechazaron todas las demandas civiles deducidas en contra de la Municipalidad de Viña del Mar, así como aquellas intentadas por Héctor Baltasar Navarro y Teresa Torreblanca Urrea. Se acogieron en cambio, las acciones indemnizatorias dirigidas en contra del acusado Daniel Nibaldo Radulovich Pavez y en contra del tercero civilmente responsable, esto es, el Banco del Estado de Chile (sucesor de Banestado Leasing S.A.), solo en cuanto se les condeno solidariamente a pagar las siguientes indemnizaciones: 1.- $50.000.000 por daño moral a la menor Andrea Isabel Torreblanca Navarro, representada por su padre Leopoldo Torreblanca Urrea; 2.- $3.000.000 por el daño moral sufrido por Ramón Oyarzo Oliva; 3.- $1.500.000 por el daño emergente demandado por René Segundo Valdés Lazcano; 4.- $500.000 por el daño moral sufrido por Silvia Gronde Hernández; y 5.- $500.000 por el daño moral sufrido por Jorge Cisternas Pérez; sumas que deberán ser reajustadas conforme se precisa en el mismo fallo, sin costas. En contra de la anterior sentencia, a fojas 554 y siguientes, el abogado Winston Montes Vergara, en representacion de los querellantes y demandantes civiles Héctor Baltasar Navarro Barrera y Teresa Normanda Torreblanca Urrea, dedujo recurso de casación en la forma como en el fondo A fs 584, el abogado Sergio Arze Romaní, en representacion del Banco del Estado de Chile, dedujo recursos de casación en el fondo contra la misma sentencia. Declarados admisibles los dos recursos, se trajeron los autos en relación a fs 616. CONSIDERANDO: En cuanto al recurso de casación en la forma de fs 554. PRIMERO: Que se denuncia por el recurrente que la sentencia de segundo grado incurrió, exclusivamente en su parte civil, en transgresiones formales que constituyen causales de casación en la forma contempladas en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, fundada la primera de ella en el numero 5 de la señalada norma, esto es, en haber sido dada en ultra petita, otorgando más de lo pedido por las partes o extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de la facultad para fallar de oficio en los casos determinados por las leyes. SEGUNDO: Que lo anteriormente denunciado se materializa en estos autos en que los sentenciadores resolvieron el rechazo de la demanda civil intentada a fojas 187 por los padres de la fallecida, Héctor Baltasar Navarro Barrera y Teresa Normanda Torreblanca Urrea, acogiendo lo señalado por los demandados en sus escritos de contestación, sin que estos últimos hicieran mención alguna a una supuesta falta de acción que tendrían los demandantes para solicitar la indemnización pedida respecto del daño moral sufrido por la muerte de su hija Rosa Navarro Torreblanca. Argumenta, que la controversia se redujo a establecer las normas legales o reglamentarias que debían aplicarse a los hechos que sustentaban la demanda, en cuanto a establecer si efectivamente concurría en la especie alguna presunción de culpabilidad y la relación causal de las acciones u omisiones de las demandadas con el fallecimiento indicado anteriormente, y si a las demandadas les cabía responsabilidad en los hechos, y el monto que debía considerarse para los efectos de reparar, si así se establecía, el daño moral sufrido por los actores. TERCERO: Que, en consecuencia la sentencia atacada, al rechazar la demanda por el erróneo argumento de carecer de acción los actores para intentar la demanda ha extendido su fallo a un punto no sometido a la decisión del tribunal, sin que tuviere facultad para fallar de oficio a este respecto. A mayor abundamiento, se indica en el recurso que el articulo 160 del Código de Procedimiento Civil precisa que las sentencias se pronunciarán conforme al merito del proceso y no podrán extenderse

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

239

a puntos que no hayan sido expresamente sometidos a juicio por las partes, salvo en cuanto las leyes permitan a los tribunales para proceder de oficio. Por ello es que la titularidad de la acción de los demandantes para deducir su demanda, al no haber sido impugnada, paso a ser un aspecto no controvertido de la causa y, por lo tanto, le estaba vedado al tribunal de segundo grado entrar a modificar ese aspecto consentido por las partes. CUARTO: Que, finalmente, el vicio formal denunciado produce a sus actores un perjuicio reparable solo con la invalidación del fallo, e influye sustancialmente en lo dispositivo del mismo, pues de no haberse cometido, no podía emitir un pronunciamiento si los actores tenían o no derecho a la acción, y en consecuencia no podrá haber llegado a la errónea decisión de que carecían de ella y rechazar por ese único argumento la demanda por ellos intentada, sino que haciendo suyos los considerandos de la sentencia de primer grado respecto de los hechos como responsabilidad de los demandados, debió acoger la demanda. QUINTO: Que, en forma previa debe señalarse que, sin perjuicio que formalmente en este recurso se invoque la causal contenida en el numeral 5 del articulo 768 del Código de Procedimiento Civil, identificándola como “ultra betita”, y no obstante que en el numeral citado dice relación con el hecho de haber sido pronunciada la sentencia con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el articulo 170 del mismo texto, esta Corte Suprema estimara que ese error no vicia el libelo, desde que la construcción y desarrollo del recursos de casación en la forma, se hace exclusivamente en el vicio alegado de ultra petita. SEXTO: Que, efectivamente el numeral 4º de artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el inciso final del articulo 541 del de Procedimiento Penal, permiten anular por medio del recurso de casación en la forma, en cuanto se dirija en contra de la decisión civil, una sentencia definitiva de segunda instancia, basada en que ha sido dada ultra petita, esto es, otorgando mas de lo pedido por las partes, o extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de la facultad que este tenga de fallar de oficio en los casos determinados por la ley. SÉPTIMO: Que, concretando la norma el defecto al caso en que los jueces han extendido su fallo a puntos no entregados a la decisión del tribunal, con lo cual ha de entenderse que el vicio que reprime esta norma tiene una connotación netamente procesal civil, que la hace procedente solo cuando exista una diferencia sustancial entre lo que se expresa por las partes en los escritos fundamentales de la litis, y lo que se decide en estos rubros en el fallo. Por ese motivo, y para evitar vacíos con respecto a situaciones no regladas o confusas fue que la ley 18.857 de 6 de diciembre de 1989, agrego el inciso final al articulo 541 aludido, expresando que cuando el recurso de casación en la forma se dirija contra la decisión civil, podrá fundarse en las causales anteriores, en cuanto le sean aplicables, y además en alguna de las causales 4º, 6º y 7º del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. En el presente caso, es evidente que si se denuncia un vicio de la sentencia criminal, solo en su parte civil porque esta ha otorgado mas de lo pedido por las partes o se ha extendido a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, la causal del Nº 4 del articulo 768 del Código de Procedimiento Civil le es plenamente aplicable. OCTAVO: Que, cabe señalar que el recurso ha sido muy preciso en explicar la ultra petita invocada, puesto que el reproche se sostiene, en que para rechazar la acción civil de fs 186 y siguientes, correspondiente a los demandantes Héctor Baltasar Navarro Barrera y Teresa Normanda Torreblanca Urrea, los jueces del fondo se fundaron en que al comparecer en estos autos la hija de la occisa deduciendo su demanda indemnizatoria por daño moral, excluye la posibilidad de que los padres de la fallecida puedan intentar la propia. Sin embargo, del examen de los escritos de contestación a la demanda anteriormente citada, correspondientes a los enjuiciados civiles: Municipalidad de Vida del Mar de fs 235 y siguientes; sentenciado Daniel Radulovich Pavez de fojas 247 y siguientes; y del Banco del Estado de fs 259 y siguientes; en ninguna de ellas se hace alegación o referencia alguna, respecto de una eventual falta de legitimación activa de esos actores, situación que impedía al tribunal del fondo efectuar de oficio un análisis de excepciones que no fueron ni han sido formuladas en las instancias respectivas por parte de ninguno de los demandados civilmente en el presente proceso, a cuyo merito debió pronunciarse la sentencia,

240

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

estándole en consecuencia vedado extenderla a aspectos que no fueron expresamente sometidos a su decisión por las mismas partes, incurriendo en la causal alegada e infraccionando el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, que así se lo ordenaba. NOVENO: Que conforme a lo explicado anteriormente, el fallo que se revisa, ha incurrido en el vicio previsto en el Nº 4 del articulo 768 del Código de Procedimiento Civil, al ser extendido en ultra petita, extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, configurándose de este modo la causal de nulidad formal, por lo que se acogerá el recurso de casación en la forma planteado por los querellantes y demandantes civiles Héctor Baltasar Navarro Barrera y Teresa Normanda Torreblanca Urrea, y, atendido lo preceptuado por el articulo 808 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 535 del Código de Procedimiento Penal, se tendrá por no interpuesto el de casación en el fondo planteado por los mismos recurrentes, en el primer otros de su libelo de fojas 554. En cuanto al recurso de casación en el fondo de fs. 584 (Banco del Estado). DÉCIMO: Que a fs 584 y siguientes, el abogado Sergio Arze Romaní, en representacion del Banco del Estado de Chile, empresa de créditos del Estado de Chile, sucesora legal de la sociedad Banestado Leasing S.A., demandado como tercero civilmente responsable, dedujo un recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia, en la parte que acogió las acciones civiles, condenando a su representado al pago de diversas indemnizaciones como codeudor solidario del sentenciado en la parte penal Daniel Radulovich Pavez. UNDÉCIMO: Que, se denuncian como leyes infringidas cuatro normas, y que son los artículos 174 de la ley Nº 18.290; 38 de la Constitución Política de la Republica; 141 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 18.695; y el 175 de la ley Nº 18.290 sobre Tránsito. Respecto de la primera, la infracción es por una falsa aplicacion de la citada norma, pues en el fallo es desnaturalizada al ser desviada de su fin y objeto. Lo anterior se produce desde que solo se considero la responsabilidad solidaria del dueño del vehiculo con el conductor que causa el accidente, dejando de hacer extensiva tal responsabilidad a otros terceros, sin precisar a quien se refiere. DUODÉCIMO: Que, en segundo lugar estima que se infringe el articulo 38 de la Constitución Política, sin que se señale nada a su respecto en el fallo atacado, incurriendo en una falsa o nula aplicacion de la citada norma, dejando de aplicarla para un caso previsto por la ley, ya que al fundamentar el fallo en el articulo 174 inciso segundo del la Ley del Transito, debió aplicar la norma que se echa de menos, al existir reclamo en contra de la corporación municipal, citada expresamente en la norma, debiendo condenarla en la misma forma que hizo con el recurrente En un tercer orden, el articulo 141 de la Ley Orgánica de Municipalidades, no fue aplicado en su integridad o haberla dejado de aplicar, al desvirtuar su sentido y se la omite absolutamente, por cuanto el condenado de autos a la fecha del accidente era funcionario municipal, y se desempeñaba como tal al producirse el siniestro, sin embargo la sentencia absuelve al municipio, condenando solo al recurrente, a quien aplicando el mismo criterio, debió absolver. A manera de resumen, sostiene que las tres normas desarrolladas anteriormente, obligaban al tribunal de segundo grado, a establecer la responsabilidad la Municipalidad de Viña del Mar, como empleador del conductor responsable del cuasidelito de autos, por falta de servicio, lo que ha influido en lo dispositivo del fallo, al haberse omitido condenar a esa corporación por los perjuicios demandados, pues la ley lo considera como un tercero civilmente responsable. DECIMOTERCERO: Que, finalmente, se invoca la violación del articulo 175 de la Ley del Transito, en particular su inciso tercero que señala claramente que las infracciones de responsabilidad del propietario del vehiculo serán de cargo de este, o del tenedor del mismo cuando aquel haya cedido la tenencia o posesión del vehiculo en virtud de un contrato de arrendamiento o a cualquier otro título, de todo lo cual fluye que la sentencia dictada esta en oposición a lo recientemente transcrito, desde que no aparece controvertido en autos el hecho que Banco Estado Leasing S.A. celebró un contrato de leasing del camión aljibe P.P.U: RD-1443, con la empresa Comercial Petric S.A.C.I., y a su vez en el mismo se establece como subarrendador a la Municipalidad de Santiago.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

241

Concluyendo que dejo de aplicar la norma ya citada, dejando de condenar al verdadero responsable civil, cual es la Municipalidad de Viña del Mar, debiendo por tanto absolverse a su representada de toda responsabilidad civil porque así lo ordena nuestra legislacion. DECIMOCUARTO: Que, para un acertado análisis del ultimo recurso, resulta necesario tener presente que a la fecha de ocurrencia de los hechos el inciso segundo del articulo 174 de la ley 18.290, aplicado por los sentenciadores, señalaba que: “Sin perjuicio de la responsabilidad de otras personas en conformidad al derecho común, estarán obligadas solidariamente al pago de los daños y perjuicios causado s, el conductor y el propietario del vehiculo, a menos que este ultimo pruebe que el vehiculo le ha sido tomado sin su conocimiento o autorización expresa o tacita.” Que, de la lectura de la norma anterior, se infiere que se refiere precisamente al caso de autos, como acertadamente estimaron los sentenciadores del fondo, desde que el supuesto de hecho de la disposición citada en el considerando precedente, esta referida a la responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados, que permite condenar solidariamente al mismo tiempo, tanto al conductor del vehículo que los ocasionó, como a su propietario; y si bien se ha argumentado por la recurrente de casación, como fundamento de su defensa, el hecho de la celebración de un contrato de leasing del camión aljibe involucrado, debe concluirse que igualmente mantiene a todo evento la calidad de “propietaria”, que es lo que exige la ley, pues tiene la facultad de disposición del vehículo, la que la singulariza como tal. Lo anteriormente señalado no se modifica con la existencia de cláusulas que pudieran hacer responsable al arrendatario o subarrendatario, respecto de los daños y perjuicios ocasionados, toda vez que dicen relación con aspectos contractuales civiles, cuyas especificaciones y eventuales cumplimientos o incumplimientos, han de reclamarse en las oportunidades e instancias judiciales pertinentes DECIMOQUINTO: Que, por otro lado, el artículo 175 de la misma ley, citada por la recurrente señalaba lo siguiente: “Salvo prueba en contrario, las infracciones que se deriven del mal estado y condiciones del vehiculo serán imputables a su propietario, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde al conductor También serán imputables al propietario, las contravenciones cometidas por un conductor que no haya sido individualizado, salvo que aquel acredite que el vehiculo le fue tomado sin su conocimiento o sin su autorización expresa o tácita.” Al que luego se le agregaron dos incisos, por medio de la ley Nº 19.711 de 23 de octubre de 1992, que disponía lo que sigue: “Las infracciones de responsabilidad del propietario del vehiculo serán de cargo de este, o del tenedor del mismo cuando aquel haya cedido la tenencia o posesión del vehiculo en virtud de un contrato de arrendamiento o a cualquier otro título. La suspensión o cancelación de la licencia de conducir solo es aplicable por infracciones cometidas conduciendo personalmente un vehiculo.” Que, sin lugar a dudas, las hipótesis de esta ultima norma (artículo 175), difieren claramente de la citada en el considerando anterior, desde que la primera esta establecida para situaciones diferentes, y que dicen relación con las “infracciones derivadas del mal estado y condiciones del vehiculo”, y su inciso segundo vincula a “contravenciones” cometidas por un conductor que no es posible ubicar, las que hace aplicables al propietario del móvil, situaciones que no tienen nada que ver con lo discutido en autos, ya que se refieren a incumplimientos de los reglamentos del tránsito; y lo que se discute en el presente caso, son las indemnizaciones provenientes de los daños y perjuicios causados con ocasión de un cuasidelito. DECIMOSEXTO: Que de lo relacionado se concluye que los jueces del fondo aplicaron correctamente el derecho comprometido por las situaciones de hecho ventiladas en los autos, de modo que no han cometido las infracciones de derecho que se les han imputado. A lo que debe sumarse el antecedentes de que la responsabilidad solidaria que contempla el articulo 174 de la ley Nº 18.290, no regula la situación del conductor culpable en ejercicio de un cargo municipal, la que en todo caso es de tipo personal, y si se pretendía hacerla efectiva requería de una acción individual, conforme lo establecen los artículos 2320 y 2322 del Código Civil, y que en todo caso correspondía ejercer a los diversos accionantes de autos, lo que no hicieron, ni reclamaron posteriormente; no pudiendo el recurrente superponerse en esos derechos, para pedir luego la extensión de los efectos de la sentencia civil a un tercero

242

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Sin perjuicio de los demás derechos de que pueda hacer uso el Banco del Estado respecto del Municipio de Viña del Mar, como partes vinculadas por un contrato de orden civil. Finalmente, debe destacarse el hecho de que al contestar las demandas civiles intentadas en su contra, lo que hace en su escrito de contestación de fojas 259 y siguientes, el Banco del Estado circunscribió la discusión, alegando a) caso fortuito, b) que el acusado adoptó las medidas pertinentes, o c) que el bus involucrado sería el causante del accidente; sin hacer referencia alguna a eventuales responsabilidades de terceros, ni invocar en su sustento, las normas que ahora se reclaman por la vía del presente recurso, por lo que el asunto, además, no fue objeto del debate en las instancias establecidas para ello, lo que implicaría a esta Corte Suprema proceder a fallar como tribunal de instancia, que para el presente caso no lo es, desde que se está en presencia de un recurso de derecho estricto, por lo que le esta vedado actuar en ese sentido, salvo para el caso que se hubiere cuestionado el establecimiento de los hechos, mediante la invocación de infracción de leyes reguladoras de la prueba, lo que no ha ocurrido en la especie, motivos que impiden que el presente arbitrio pueda prosperar. En consecuencia y visto lo dispuesto en los artículos 535, 536, 541 Nº 9, 500 Nº 4 del Código de Procedimiento Penal; 764, 765, 775 y 808 del Código de Procedimiento Civil, se resuelve: 1.- Que se casa en la forma, en los términos que se dirán en la sentencia de reemplazo, la decisión civil de la sentencia de doce de julio de dos mil cuatro, escrita a fs 540 y siguientes, declarándose que dicha sentencia es nula. 2.- Que se tiene por no interpuesto el recurso de casación en el fondo deducido por los mismos querellantes y demandantes civiles, en el primer otros de fs 554, 3.- Que se rechaza los recursos de casación en el fondo interpuesto por el Banco del Estado de Chile a fojas 584. 4.-Acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, díctese la sentencia de reemplazo que corresponda. Regístrese. Ministro Sr. Nibaldo Segura Peña. Rol Nº 3461-04. Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C y los abogados integrantes Sres. José Fernández R y Carlos Künsemüller L. No firma el abogado integrante Sr. Künsemüller, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar ausente. Autoriza el Secretario de esta Corte Suprema don Carlos Meneses Pizarro.

IV.- SENTENCIA DE REEMPLAZO Santiago, veintinueve de noviembre de dos mil seis. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie por disposición del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, se dicta a continuación la siguiente sentencia de reemplazo. VISTOS: Que conforme lo permite el primer artículo citando anteriormente, se reproducen, a excepción del considerando vigésimo tercero, todos los restantes fundamentos de la resolución casada, en atención a que no se refieren a los puntos de derecho que han sido materia de la anterior casación de forma dirigida exclusivamente en contra de su decisión civil, ni se ha visto afectado el resto del referido fallo por el mismo arbitrio; y teniendo, además, de lo expuesto en la sentencia de casación que antecede presente: Se reproduce, en los términos señalados anteriormente, la sentencia en alzada de catorce de junio dos mil dos, escrita a fs. 477 y siguientes; Y SE TIENE, EN SU LUGAR, Y ADEMÁS, PRESENTE, EN SU PARTE CIVIL: 1.- Que encontrándose acreditada la existencia del delito, como asimismo la participación que en calidad de autor corresponde al acusado, procede la reparación de todos aquellos perjuicios que se deriven del ilícito conforme lo dispone el artículo 2314 del Código Civil.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

243

2.- Que, en relación con la pretensión de resarcimiento en torno a los daños morales, se debe tener presente que el vínculo de filiación de los demandantes de fs. 186 y siguientes, correspondiente a Héctor Baltasar Navarro Barrera y Teresa Normanda Torreblanca Urrea, como padres de la víctima Rosa Isabel Navarro Torrealba, se encuentra suficientemente acreditado con los certificados de defunción de fs. 28 y 116; de matrimonio de fs. 112; y el de nacimiento agregado a fs. 113, de estos autos. Asimismo se ha probado, con los antecedentes de la causa, relacionados en el motivo primero del fallo en alzada, la efectividad de las lesiones sufridas por su hija, las circunstancias en que ellas ocurrieron, y las consecuencias que de ello se han derivado para su familia, a causa de su fallecimiento. 3.- Que tales acontecimientos, no pueden sino causar profunda aflicción y dolor, particularmente teniendo en consideración el tratarse de una persona de treinta años de edad, que dejó una pequeña hija de tres años de edad, al ocurrir los hechos. Sufrimiento que, a fin de procurar una reparación completa del daño experimentado, deberá ser indemnizado y cuya regulación, habiéndose establecido los presupuestos fácticos aludidos, se hará prudencialmente por el tribunal, teniendo especialmente en consideración la calidad de las personas, la extensión del mal causado y las circunstancias en que se verificó el hecho. 4.- Que, resulta necesario tener presente que a la fecha de ocurrencia de los hechos, el inciso segundo del artículo 174 de la ley 18.290, señalaba que: “Sin perjuicio de la responsabilidad de otras personas en conformidad al derecho común, estarán obligadas solidariamente al pago de los daños y perjuicios causados, el conductor y el propietario del vehículo, a menos que éste último pruebe que el vehículo le ha sido tomado sin su conocimiento o autorización expresa o tácita.”, lo que está referido a la responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados, que permite condenar solidariamente al mismo tiempo, tanto al conductor del vehículo que los ocasionó, como a su propietario, como se ha solicitado en la demanda respectiva; y respecto de lo solicitado respecto de la Municipalidad de Viña del Mar, deberá estarse a lo señalado en el considerando décimo sexto de la sentencia de casación, reproducido por la presente. Y visto además lo dispuesto en los artículo 514, 526, 527, del código de Procedimiento Civil, 2.314 del Código de Procedimiento Civil, se resuelve: Que se revoca la sentencia en alzada de catorce de junio dos mil dos, escrita a fs. 477 y siguientes; en aquella parte que rechaza la demanda deducida a fojas 186 y siguientes, por los demandantes Héctor Baltasar Navarro Barrera y Teresa Normanda Torreblanca Urrea, y en su lugar se declara que se condena solidariamente a Daniel Radulovich Pavez y al Banco del Estado de Chile (sucesor de Banestado Leasing S.A.), a pagar, a título de indemnización por daño moral, la suma de treinta y cinco millones de pesos ($35.000.000.-) a cada uno de los dos demandantes singularizados precedentemente, mas los reajustes que se determinen, según la variación que experimente el índice de precios al consumidor, desde la fecha en que quede ejecutoriado el presente fallo, hasta su pago efectivo; mas los intereses corrientes para operaciones no reajustables, desde que sea constituido en mora el deudor, hasta su pago efectivo. Se confirma la referida sentencia, en lo demás apelado. Regístrese y devuélvase. Ministro Sr. Nibaldo Segura Peña. Rol Nº; 3.461-04.Sentencia (2ª Sala). Pronunciada por los Ministros Sres. Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros y los abogados integrantes Sres. José Fernández y Carlos Künsemüller. Rol Nº; 3.461-04.- C/ Radulovich Pavez, Daniel. Recursos de Casación en la Forma y en el Fondo Criminal. Valparaíso.

244

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

FICHA 14

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 6047-2005 Cita Online: CL/JUR/6064/2006 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO Puerto Montt, dieciséis de diciembre de dos mil cuatro. VISTOS: A fojas 1, Mauricio Baeza Henríquez, abogado, domiciliado en Temuco, calle Antonio Varas 854, oficina 401 y para estos efectos en calle Volcán Quizapu Nº 1311, Villa Sol de Oriente, en representación de Juan Gonzalo Alcoholado Castillo, empresario, Flor María Acuña Hermosilla, labores de casa y también de los hijos menores de ésta, Rodrigo Gabriel, Pamela Andrea y Valentina Paz Rivadeneira Acuña; Héctor Roberto Márquez Chamorro, empleado; y por último de Juan Carlos Pérez Mora, empleado, y de doña Miriam del Carmen Fierro Martínez, labores de casa, éstos por sí y en representación de su hijo menor Jorge Pérez Fierro, todos de su domicilio, interpone demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de Sociedad de Transportes Hernández y Azócar Ltda., representada por doña Mónica Inelia del Pilar Azócar Bustamante, ambos con domicilio en Puerto Montt, avenida Presidente Ibáñez 224, en su doble calidad de empleadora del chofer del camión patente LK 1576 don Jorge Arturo Soto Vásquez y propietaria de ese mismo vehículo. Los hechos en que se basa esta demanda son los siguientes: El día 17 de junio de 1998, aproximadamente a las 10:35 horas, por la ruta 5 Sur, en dirección sur a norte, conducía don Gabriel Eugenio Rivadeneira Oyarce, el bus Nº 190 de la empresa J.A.C., patente PU 5832, procedente de la ciudad de Valdivia con destino a Temuco (sur a norte), transportando alrededor de 15 pasajeros. Se había internado en el puente Río Cruces, ubicado aproximadamente a 3 kilómetros al norte de la ciudad de Lanco, y al encontrarse a unos 10 metros de trasponerlo, sorpresivamente le obstruyó la vía de circulación el camión Mercedes Benz patente LK 1576, que era guiado en sentido contrario por don Jorge Arturo Soto Vásquez, el cual momentos antes había perdido el control de su máquina por el exceso de velocidad que traía al aplicar su sistema de frenos, provocando el ronceo de la parte trasera del camión hacia el oriente, ocupando así ambas vías de circulación, obstruyendo totalmente la que le correspondía al bus. Ante esta situación, fue imposible para el chofer de J.A.C. evitar se produjese un brutal choque frontal entre ambos móviles, con consecuencias fatales para ambos conductores y también para el auxiliar del bus, y además, lesiones en los pasajeros de éste. Alega que de este accidente surgió la muerte casi instantánea para el propio chofer del camión, resultando con lesiones graves el chofer del bus don Gabriel Eugenio Rivadeneira Oyarce, el auxiliar del mismo don Pablo Andrés Márquez Barrientos y entre otros, con diversas lesiones, resultó grave el pasajero menor de edad don Jorge Pérez Fierro y, por último, cuantiosos daños estructurales en el bus de la empresa J.A.C., situaciones todas que motiva el ingreso de la presente demanda para perseguir la responsabilidad civil que le corresponde en forma solidaria a la demandada. Con posterioridad, en el hospital de Valdivia, el chofer del J.A.C. fue objeto de una amputación de sus piernas, sobreviviendo en ese estado por casi 30 horas más, falleciendo finalmente al día siguiente. Por último, después vino desgraciadamente el fallecimiento del auxiliar del bus J.A.C Fundamenta la actora la acción de perjuicios reparatoria y/o compensatoria, según el caso, para sus mandantes, en las siguientes consideraciones: 1) Indemnización de doña Flor María Acuña Hermosilla y sus hijos Rodrigo Gabriel, Pamela Andrea y Valentina Paz Rivadeneira Acuña. Como se he indicado, el accidente produjo la muerte de don Gabriel Eugenio Rivadeneira Oyarce, el marido y padre de los nombrados que reclaman la indemnización por daño moral. Desde, la fecha de su muerte esta familia ha vivido en la más triste consternación y de privación, porque don Gabriel era el proveedor de la familia, era el que aportaba lo necesario para subsistir de modo que desde su partida esta familia ha debido recurrir al apoyo de terceras personas en lo

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

245

económico, sin perjuicio de realizar un cambio radical en su forma de vida, que implica mayor trabajo y menores posibilidades de recreación. La única esperanza es la compensación de su dolor y sufrimiento en la indemnización que se reclama por esta vía, cuyo monto se estima en un suma no inferior a los $ 60.000.000, considerando $ 30.000.000 para la viuda y $ 10.000.000 para cada uno de sus hijos. 2) Indemnización de don Héctor Roberto Márquez. El accidente también produjo la muerte del auxiliar del bus J.A.C. don Pablo Andrés Márquez Barrientos, quien tenía recién 19 años de edad y era soltero. El dolor y sufrimiento en este caso ha sido especialmente para sus padres quienes demandan en este acto. No hay suma de dinero que pueda reparar o compensar ese dolor moral, pero su parte avaluará dicha compensación en la cantidad de $ 60.000.000. 3) Indemnización de don Juan Carlos Pérez Mora, doña Miriam del Carmen Fierro Martínez y del menor Jorge Pérez Fierro. En el accidente resultó gravemente herido el menor Jorge Pérez Fierro, hijo de don Juan Carlos Pérez Mora y doña Carmen Fierro Martínez. Después de permanecer en la U.T.I. del hospital de Valdivia, ha quedado prácticamente sordo, ha perdido el olfato, su vista está extraviada, tiene parálisis facial en un lado de su cara, la frente hundida por el golpe, ha habido pérdida de masa encefálica, múltiples hematomas, etc. Ha sido intervenido varias veces quirúrgicamente. Su hijo ahora no es el mismo de antes, y tiene problemas síquicos que lo hacen ser un niño no de doce años, sino de 4, hay que volver a enseñarle todo, debe usar pañales y hay que estar atento a él a cada minuto, no puede tampoco asistir siquiera a un colegio especial. En este caso no corresponde sólo una indemnización moral, sino que además, todo el gasto que efectivamente han realizado sus padres y no ha sido ni será cubierto por el seguro obligatorio de accidentes personales, una suma que estiman en $ 30.000.000. A ello debe sumarse el daño moral, tanto para sus padres como para el mismo menor, suma que estiman en $ 50.000.000 para el menor y de $ 25.000.000 para cada uno de sus padres que en este acto demandan en total $ 130.000.000. 4) Indemnización reparatoria titular: Juan Gonzalo Alcoholado Castillo. El accidente en cuestión provocó en el bus J.A.C. considerables daños en su estructura mecánica, cuya reparación asciende en principio a la suma de $ 23.203.773, conforme con los presupuestos y cotizaciones hasta la fecha recabados, y sin perjuicio de los que puedan comprobarse durante la secuela del juicio. Por otra parte, aun cuando la máquina en cuestión sea reparada, su valor comercial se verá seriamente depreciado, por el sólo hecho de haberse deteriorado su estructura original y sometida a una reparación de esta naturaleza, valor que estima en un 15% de su avalúo, y teniendo presente que éste asciende a la cantidad de $ 75.483.847, la indemnización por este concepto asciende a $ 11.322.523 o la suma que determine el tribunal. Como fundamento de derecho, arguye que nuestro ordenamiento legal contempla la posibilidad de perseguir la responsabilidad de quien ha producido daño, sea éste material o moral, y no sólo respecto de quien ha sido directamente culpable, que en este caso está muerto, sino también de los que son solidariamente responsables, pudiendo los afectados dirigir su acción contra cualquiera de ellos. Los artículos 2314 y siguientes del Código Civil establecen las normas pertinentes al respecto, siendo atingentes a esté caso particularmente las contenidas en los artículos 2314, 2315, 2320 y 2322 de dicho cuerpo legal. Por tanto, en mérito de lo expuesto, solicita tener por interpuesta demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de Sociedad de Transportes Hernández y Azócar Ltda., representada por doña Mónica Inelia del Pilar Azócar Bustamante y en definitiva declarar: 1) Que el accidente de tránsito de autos sobrevino como consecuencia de un manejo descuidado o temerario de con Jorge Soto Vásquez, hecho que por constituir un cuasidelito civil da origen a responsabilidad extracontractual; 2) Que este hecho ilícito trajo como consecuencia la muerte del mismo infractor y, además, la del conductor del bus de la empresa J.A.C. don Gabriel Eugenio Rivadeneira Oyarce y del auxiliar del mismo don Pablo Andrés Márquez Barrientos; 3) Que la muerte de don Gabriel Rivadeneira Oyarce ha producido daño moral para su cónyuge sobreviviente y sus hijos, el cual es reparable por vía de compensación, valor que se estima en la suma de $ 60.000.000; 4) Que, la muerte de don Pablo Andrés Márquez Barrientos ha producido daño moral para sus padres, el cual es reparable por vía de compensación, según se ha especificado, valor que se estima en la suma de $ 60.000.000; 5) Que, también el cuasidelito produjo lesiones graves del menor Jorge Pérez Fierro y la magnitud de las mismas han producido daño moral en sus padres

246

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

y en el propio menor, perjuicios que también son reparables por vía de compensación, suma que se. estima en $ 130.000.000; 6) Que, por último, el hecho también ha ocasionado perjuicios materiales para le empresa J.A.C., según se ha especificado, por un valor de $ 34.526.290; 7) Que, las cantidades o montos expresados precedentemente, en total, $ 284.520.296, es sin perjuicio de la regulación que pueda realizar el tribunal con mejor criterio; 8) Que, la demandada deberá ser condenada al pago de las indemnizaciones expresadas precedentemente y, además, al de las costas de esta causa, con intereses y reajustes hasta el completo y cumplido pago de las mismas. A fojas 31 vuelta se certificó que la demandada no contestó la demanda dentro del plazo que tenía para hacerlo. A fojas 39 vuelta se tuvo por evacuado el trámite de réplica. A fojas 42 y siguientes rola escrito de dúplica, evacuado por la demandada, quien señala que los hechos no ocurrieron como se expuso en la demanda, por cuanto el día 17 de junio de 1990, siendo aproximadamente las 10:45 horas, en circunstancias que don Jorge Arturo Soto Vásquez conducía el camión patente LK 1576 por la rula 5 Sur, en dirección al sur, al llegar al puente río Las Cruces e ingresar al mismo, fue violentamente colisionado por el bus de transporte interurbano de pasajeros de la empresa J.A.C., patente PU 5832, que era conducido en sentidos contrario, por Gabriel Eugenio Rivadeneira Oyarce. Esta colisión se debió al cometimiento de una serie de ilicitudes infraccionales del conductor del bus, por cuanto conducía sin licencia de conducir, a exceso de velocidad, sin estar atento a las condiciones del tránsito del momento, lo que le hizo perder el control de su móvil, invadiendo la pista contraria procediendo a estrellarse, contra el camión conducido por Soto Vásquez que se encontraba frenado y casi detenido en su pista, con parte de su estructura sobre el paso peatonal del puente para dejar el mayor espacio posible al bus que sólo debía transitar sobre su pista. Sin embargo, debido al manejo a exceso de velocidad el conductor del bus perdió el control de la pesada máquina y comenzó a moverse descontroladamente sobre ambas pistas, terminando por colisionar al camión que manejaba Soto Vásquez. La colisión se produjo en la pista que transitaba el camión y contra el costado izquierdo delantero de la cabina del mismo, el que se encontraba prácticamente frenado (su tacómetro indicaba que la velocidad del camión era de 20 Km. por hora). La fuerza del impacto hizo que la parte trasera de la carrocería del camión se virara hacia delante y su costado trasero izquierdo se estrellara contra las barandas de la pista contraria del puente Río Las Cruces, dejando al camión atravesado sobre ambas vías, lo que hizo pensar en un comienzo en una repentina frenada del camión, hecho que desvirtúan las huellas habidas en el lugar y la dinámica del impacto. Indica que a pesar de lo angosto del puente, permite el tránsito ajustado de vehículos de envergadura, como un camión y un bus, por lo que se pudo haber transitado sin problemas, siempre y cuando no hubiera existido exceso de velocidad y falta de control del conductor del bus J.A.C., amén de su falta de licencia. Agrega que, de acuerdo a los antecedentes que obran en el proceso criminal, Soto Vásquez retiró el camión de la empresa Kaufmann S.A. de Temuco el día 17 de junio de 1998 a las 9,05 horas. El accidente ocurrió a las 10:45 horas, es decir, una hora y 40 minutos más tarde, según la querella de fojas 46 de autos; o bien a las 10,30 horas, es decir, una hora y 30 minutos si nos remitimos al parte policial de Carabineros. La distancia entre la ciudad de Temuco hasta el lugar del accidente es de 95,30 kilómetros, de lo que se deduce que la velocidad promedio del camión mantenida durante su recorrido fue de 60.07 Km. por hora o bien de 73,30 Km. por hora, teniendo en cuenta que un camión no efectúa las detenciones como ocurre con un bus de pasajeros. Alega que el conductor del bus no mantuvo durante todo su trayecto una velocidad razonable y prudente. De acuerdo con el parte policial, el día 17 de junio de 1990, el bus J.A.C. que produjo el accidente, salió de la ciudad de Valdivia a las 9,30 horas y el accidente ocurrió a las 10,35 es decir 1 hora y 5 minutos más tarde. El recorrido entre la ciudad de Valdivia y el lugar del accidente tiene varios paraderos, lo que implica un mayor tiempo en la detención y una mayor velocidad para cumplir los horarios establecidos. De esto análisis se deduce que la velocidad promedio del bus fue superior a la permitida y la indemnización que por sí pretende el actor, es improcedente desde que no existe ilícito alguno, ni se trata de un hecho cometido con la intención de dañar o ejecutado por culpa o negligencia del conductor del camión Jorge Soto Vásquez no es responsable del daño sufrido por los actores, sino, que la negligencia o culpa provie-

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

247

ne exclusivamente de la conducción de Gabriel Rivadeneira Oyarce, que es la causa directa y necesaria del daño, ya que no pudiendo conducir sin licencia, manejaba a exceso de velocidad, sin controlar su vehículo y sin estar atento a las condiciones del tránsito. De no mediar tal conducta, el daño no se habría producido. A fojas 50 se lleva a efecto comparendo de conciliación, con la sola asistencia de la demandante y en ausencia de la demandada. A fojas 54 se recibió la causa a prueba. A fojas 86 y siguientes rola prueba testimonial de la demandada. A fojas 134, 144, 152, 164 y 190 rola prueba testimonial de la demandante. A fojas 413 se citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: En cuanto a la objeción de documentos: PRIMERO: Que, en el otrosí del escrito de fojas 17, la demandante objeta los documentos acompañados por la demandada en el 2º otrosí de la presentación de fojas 11, por no revestir ninguna utilidad para los fines que persigue la demandada y por tratarse de instrumentos privados que emanan de terceros que no son parte en este juicio, carecer de fecha cierta y que, por ser precisamente de naturaleza privada, no debieron acompañarse bajo la forma de instrumentos públicos. Que, a fojas 23, evacuando el traslado conferido, la demandada solicita se rechace la objeción pues la contraría no ha señalado ninguna causa legal de objeción a los documentos presentados por su parte, por lo que se le debe reconocer todo mérito probatorio. SEGUNDO: Que, los documentos objetados corresponden a pasajes de ida y regreso de la demandada doña Mónica Azócar Bustamante, a la ciudad de Santiago: boletas de consumo, pagos de gastos y depósitos efectuados durante su permanencia, en dicha ciudad y certificados otorgados por empresas con las que debió realizar gestiones comerciales durante su estadía, tratándose en consecuencia de instrumentos privados que emanan de terceros, resultando indispensable para que tengan valor probatorio su ratificación testifical, reconociendo su procedencia y dando fe de la veracidad de su contenido, lo que no ha acontecido en autos, por lo que deberá acogerse la incidencia de objeción y restarle valor probatorio a los documentos aludidos. TERCERO: Que, a fojas 110, la demandante objeta los documentos acompañados por la demandada a fojas 139 y 140 a 149. El primero por cuanto se trata de una copia simple que emanaría de un tercero ajeno al juicio, no hay certeza de que haya sido emitido por Kaufmann S.A. ni hay certeza de la fecha, no da fe de su contenido, contiene una firma ilegible no reúne entonces los requisitos necesarios para ser considerado instrumento en juicio. Los segundos, los objeta pues al no estar autorizadas ante Notario Público, carecen de autenticidad y no pueden acreditar los hechos que pretenden. Que, a fojas 177, contestando el traslado conferido, la demandada solícita que la objeción sea rechazada pues no obedece a ninguna causal legal, esto es, la falsedad o falla de integridad alegada dentro de los seis días siguientes a su presentación, conforme lo señala el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. CUARTO: Que, los documentos objetados corresponden a un fax rolante a fojas 139 enviado por la empresa Kaufmann, S.A. a Sociedad de Transportes Hernández y Azócar Ltda. y a un set de fotografías, rolantes de fojas 140 a 149, instrumentos privados que emanan de terceros, por lo que para que tengan valor probatorio es necesaria su ratificación testifical, reconociendo su procedencia y dando fe de su contenido, lo que no ha acontecido en autos, por lo que deberá acogerse la objeción promovida a fojas 110 y restarle valor probatorio a dichos documentos. QUINTO: Que, a fojas 112, la demandada objeta los documentos acompañados por la demandante en su escrito de fojas 92, por ser en su mayoría instrumentos privados emanados de terceros y no de la parte en contra de la que se presentan, que no han sido reconocidos judicialmente por quienes lo otorgaron declarando sobre su procedencia y veracidad de contenido. Aun cuando estos instrumentos privados tuvieren una autenticación notarial, ello no los transforma en públicos y resultan objetables aun los suscritos ante Notario, porque dicha autentificación tampoco los transforma en públicos. Por tales razones los documentos signados con los números 10 a 64 no deberán ser considerados en el fallo, por no cumplir con los requisitos que la ley exige, sin perjuicio de su falta de autenticidad.

248

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Que, a fojas 174 contestando el traslado conferido, la demandante solicita el rechazo total de la pretensión de la demandada, pues entre los documentos signados bajo el Nº 10 en adelante hasta el 64, acompañados a fojas 92, que son objetados por la contraria, se contienen tanto documentos públicos como privados. En consecuencia, la objeción de la contraria hecha tan categóricamente no debe, ser considerada por el tribunal pues debieron ser objetados, por las causas legales, uno a uno, distinguiendo sus calidades de públicos o privados, lo que no hace, sino que los considera a todos privados. SEXTO: Que, los documentos objetados, corresponden a los instrumentos acompañados por la demandante a fojas 92, signados desde el Nº 10 al 64, entre los cuales se distinguen tanto documentos públicos como privados, y no habiéndose objetado uno a uno, indicándose en cada caso las razones legales de dicha impugnación, no quedará otro camino que desestimarla. En cuanto al fondo: SÉPTIMO: Que, a fojas 1, Mauricio Baeza Henríquez, abogado, en representación de Juan Gonzalo Alcoholado Castillo, Flor María Acuña Hermosilla, y también de los hijos menores de ésta, Rodrigo Gabriel, Pamela Andrea y Valentina Paz Rivadeneira Acuña, Héctor Roberto Márquez Chamorro y Juan Carlos Pérez Mora y de doña Miriam del Carmen Fierro Martínez, éstos por sí y en representación de su hijo menor Jorge Pérez Fierro, interpone demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de Sociedad de Transportes Hernández y Azócar Ltda., representada por doña Mónica Inelia del Pilar Azócar Bustamante, en su doble calidad de empleadora del chofer del camión patente LK 1576 don Jorge Arturo Soto Vásquez y propietaria de ese mismo vehículo, cuyos fundamentos jurídicos fácticos expresa en los siguientes términos: El día 17 de junio de 1990, aproximadamente a las 10:35 horas, don Gabriel Eugenio Rivadeneira Oyarce, conducía el bus Nº 190 de la empresa J.A.C., patente PU 5832, procedente de la ciudad de Valdivia con destino a Temuco (sur a norte), por la ruta 5 Sur, transportando alrededor de 15 pasajeros y luego de haberse internado en el puente Río Cruces, ubicado aproximadamente a 3 kilómetros al norte de la ciudad de Lenco, al encontrarse a unos 10 metros de trasponerlo, sorpresivamente le obstruyó la vía de circulación el camión Mercedes Benz patente LK 1576, que era guiado en sentido contrario por don Jorge Arturo Soto Vásquez, el cual momentos antes había perdido el control de su máquina por el exceso de velocidad que traía al aplicar su sistema de frenos, provocando el ronceo de la parte trasera del camión hacia el oriente, ocupando así ambas vías de circulación, obstruyendo totalmente la que le correspondía al bus. Ante esta situación, fue imposible para el chofer de J.A.C. evitar el choque frontal entre ambos móviles, con consecuencias fatales para ambos conductores y también para el auxiliar del bus, y además, lesiones en los pasajeros de éste. En efecto, de este accidente surgió la muerte casi instantánea para el propio chofer del camión, quedando lesionados graves el chofer del bus don Gabriel Eugenio Rivadeneira Oyarce, a quien, se le amputaron las piernas sobreviviendo casi 30 horas más, falleciendo finalmente al día siguiente, y el auxiliar del mismo don Pablo Andrés Márquez Barrientos; quien desgraciadamente también falleció; y entre otros lesionados, resultó grave el pasajero menor de edad don Jorge Pérez Fierro y, por último, cuantiosos daños estructurales en el bus de la empresa J.A.C., situaciones todas que motiva el ingreso de la presente demanda para perseguir la responsabilidad civil que le corresponde en forma solidaria a la demandada. Fundamenta la acción de perjuicios reparatoria y/o compensatoria, según el caso, para sus mandantes, en la forma que explica a continuación: 5) Indemnización de doña Flor María Acuña Hermosilla y sus hijos Rodrigo Gabriel. Pamela Andrea y Valentina Paz Rivadeneira Acuña. Como se ha indicado, el accidente produjo la muerte de don Gabriel Eugenio Rivadeneira Oyarce, el marido y padre de los nombrados que reclaman la indemnización por daño moral. Desde la fecha de su muerte esta familia ha vivido en la más triste consternación y en el plano material la cosa resulta más tétrica, porque don Gabriel era el proveedor de la familia, era el que aportaba lo necesario para subsistir, de modo que desde su partida esta familia ha debido recurrir al apoyo de terceras personas en lo económico, sin perjuicio de realizar un cambio radical en su forma de vida, que implica mayor trabajo y menores posibilidades de recreación. La indemnización que se reclama se estima en una suma no inferior a los $ 60.000.000, considerando $ 30.000.000 para la viuda y $ 10.000.000 para cada uno de sus hijos.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

249

6) Indemnización de don Héctor Roberto Márquez. El accidente, como se ha indicado, también produjo la muerte del auxiliar del bus J.A.C. don Pablo Andrés Márquez Barrientos, quien tenía recién 19 años de edad y era soltero. El dolor y sufrimiento en este caso ha sido especialmente para sus padres quienes demandan en este acto. No hay suma de dinero que pueda reparar o compensar ese dolor moral, pero su parte avaluará dicha compensación en la cantidad de $ 60.000.000. 7) Indemnización de don Juan Carlos Pérez Mora, doña Miriam del Carmen Fierro Martínez y del menor Jorge Pérez Fierro. En el accidente resultó gravemente herido el menor Jorge Pérez Fierro, hijo de don Juan Carlos Pérez Mora y doña Carmen Fierro Martínez. Después de permanecer en la U.T.I. del hospital de Valdivia, ha quedado prácticamente sordo, ha perdido el olfato, su vista está extraviada, tiene parálisis facial en un lado de su cara, la frente hundida por el golpe, ha habido pérdida de masa encefálica, múltiples hematomas, etc. ha sido intervenido varias veces quirúrgicamente. Su hijo ahora no es el mismo de antes, y tiene problemas síquicos que lo hacen ser un niño no de doce años, sino de 4, hay que volver a enseñarle todo, debo usar pañales y hay que estar alentó a él a cada minuto, no puede tampoco asistir siquiera a un colegio especial. En este caso no corresponde sólo una indemnización moral, sino que además, todo el gasto que efectivamente han realizado sus padres y no ha sido ni será cubierto por el seguro obligatorio de accidentes personales, una suma que estiman en $ 30.000.000. A ello debe sumarse el daño moral, tanto para sus padres como para el mismo menor, suma que estiman en $ 50.000.000 para el menor y de $ 23.000.000 para cada uno de sus padres que en este acto demandan. En total $ 130.000.000. 8) Indemnización reparatoria titular Juan Gonzalo Alcoholado Castillo. El accidente en cuestión provocó en el bus J.A.C. considerables daños en su estructura mecánica, cuya reparación asciende en principio a la suma de $ 23.203.773, conforme con los presupuestos y cotizaciones hasta la fecha recabados, y sin perjuicio de los que puedan comprobarse durante la secuela del juicio. Por otra parle, aun cuando la máquina en cuestión sea reparada, su valor comercial se verá seriamente depreciado, por el sólo hecho de haberse deteriorado su estructura original y sometida a una reparación de esta naturaleza, valor que estima en un 10% de su avalúo, y teniendo presente que éste asciende a la cantidad de $ 75.483.847, la indemnización por este concepto asciende a $ 11.322.523 o la suma de que determine el tribunal. En cuanto al derecho, señala que nuestro ordenamiento legal contempla la posibilidad de perseguir la responsabilidad de quien ha producido daño, sea éste material o moral, y no sólo respecto de quien ha sido directamente culpable, que en este caso está muerto, sino también de los que son solidariamente responsables, pudiendo los afectados dirigir su acción contra cualquiera de ellos. Los artículos 2314, y siguientes del Código Civil establecen las normas pertinentes al respecto, siendo atingentes a este coso particularmente las contenidas en los artículos 2314, 2315, 2320 y 2322 de dicho cuerpo legal. Por lo expuesto y normas legales que cita, solicita tener por interpuesta demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de Sociedad de Transportes Hernández y Azócar Ltda., representada por doña Mónica Inelia del Pilar Azócar Bustamante y en definitiva declarar: 1) Que el accidente de tránsito de autos sobrevino como consecuencia de un manejo descuidado o temerario de don Jorge Soto Vásquez, hecho que por constituir un cuasidelito civil da origen a responsabilidad extracontractual; 2) Que este hecho ilícito trajo como consecuencia la muerte del mismo infractor y, además, la del conductor del bus de la empresa J.A.C. don Gabriel Eugenio Rivadeneira Oyarce y del auxiliar del mismo don Pablo Andrés Márquez Barrientos; 3) Que la muerte de don Gabriel Rivadeneira Oyarce ha producido daño moral para su cónyuge sobreviviente y sus hijos, el cual es reparable por vía de compensación, valor que se estima en la suma de $ 60.000.000; 4) Que, la muerte de don Pablo Andrés Márquez Barrientos ha producido daño moral para sus padres, el cual es reparable por vía de compensación, según se ha especificado, valor que se estima en la suma de $ 60.000.000; 5) Que también el cuasidelito produjo lesiones graves del menor Jorge Pérez Fierro y la magnitud de las mismas han producido daño moral en sus padres y en el propio menor, perjuicios que también son reparables por vía de compensación, suma que se estima en $ 130.000.000; 6) Que, por último, el hecho también ha ocasionado perjuicios materiales para la empresa J.A.C., según se ha especificado, por un valor de $ 34.526.296; 7) Que; las cantidades o montos expresados precedentemente, en total, $ 284.526.296 es sin perjuicio de la regulación que pueda realizar el tribunal con mejor criterio; 8) Que, la demandada deberá ser condenada al

250

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

pago de las indemnizaciones expresadas precedentemente y, además, al de las costas de esta causa, con intereses y reajustes hasta el completo y cumplido pago de las mismas. OCTAVO: Que, a fojas 31 vuelta se certificó que la demandada no contestó la demanda dentro del plazo que tenía para hacerlo. NOVENO: Que, se tuvo por evacuado el trámite de réplica. DÉCIMO: Que, a fojas 42 y la demandada, evacuando el trámite de dúplica, señala que los hechos no ocurrieron como se expuso en la demanda, por cuanto el día 17 de junio de 1998, siendo aproximadamente las 10:45 horas, en circunstancias que don Jorge Arturo Soto Vásquez conducía el camión patente LK 1576 por la ruta 5 Sur, en dirección al sur, al llegar al puente río Las Cruces e ingresar al mismo, fue violentamente colisionado por el bus de transporte interurbano de pasajeros de la empresa J.A.C., patente PU 5832, que era conducido en sentido contrario por Gabriel Eugenio Rivadeneira Oyarce. Esta colisión se produjo por una serie de ilicitudes infraccionales del conductor del bus, que conducía sin licencia, a exceso de velocidad y sin estar atento a las condiciones del tránsito del momento, lo que le hizo perder el control de su móvil, invadiendo la pista contraria, estrellándose contra el camión conducido por Soto Vásquez que se encontraba frenado y casi detenido en su pista, con parle de su estructura sobre el paso peatonal del puente para dejar el mayor espacio posible al bus que sólo debía transitar sobre su pista. Por conducir a exceso de velocidad el conductor del bus perdió el control de la pesada máquina y comenzó a moverse desconsoladamente sobre ambas pistas, terminando por colisionar al camión que manejaba Soto Vásquez. La colisión se produjo en la pista quo transitaba el camión y contra el costado izquierdo delantero de la cabina del mismo, el que se encontraba prácticamente frenado su tacómetro indicaba que la velocidad del camión era de 20 Km. por hora. La fuerza del impacto hizo que la parte trasera de la carrocería del camión se virara hacia delante y su costado trasero izquierdo se estrellara contra las barandas de la pista contraria del puente Río Las Cruces, dejando al camión atravesado sobre ambas vías, lo que hizo pensar en un comienzo en una repentina frenada del camión, hecho que desvirtúan las huellas habidas en el lugar y la dinámica del impacto. A pesar de que el puente es un paso angosto, pudo haber transitado sin problemas, siempre y cuando no hubiera existido exceso de velocidad y falta de control del conductor del bus J.A.C., amén de su falla de licencia. De acuerdo a los antecedentes que obran en el proceso criminal Soto Vásquez retiró el camión de la empresa Kaufmann S.A. de Temuco el día 17 de junio de 1990 a las 9,05 horas. El accidente ocurrió a las 10:45 horas, es decir una hora y 40 minutos más tarde, según la querella de fojas 40 de autos o bien a las 10:30 horas, es decir, una hora y 30 minutos si nos remitimos al parte policial de Carabineros. La distancia habida entre la ciudad de Temuco hasta el lugar de accidente es de 95,30 kilómetros, de lo que se deduce que la velocidad promedio del camión mantenida durante su recorrido fue de 68.07 Km. por hora o bien de 73,30 Km. por hora, teniendo en cuenta que un camión no efectúa las detenciones, como ocurre con un bus de pasajeros. Contrariamente a lo ocurrido con el conductor del camión, el conductor del bus no mantuvo durante todo su trayecto una velocidad razonable prudente. De acuerdo con el parte policial, el día 17 de junio de 1990, el bus J.A.C. que produjo el accidente salió de la ciudad de Valdivia a las 9,30 horas y el accidente ocurrió a las 10,35 es decir 1 hora y 5 minutos más tarde. El recorrido, entre la ciudad de Valdivia y el lugar del accidente tiene varios paraderos, lo que implica un mayor tiempo en la detención y una mayor velocidad para cumplir los horarios establecidos. De este análisis se deduce que la velocidad promedio del bus fue superior a la permitida. La indemnización que pretende el actor, es improcedente por no existir ilícito alguno, ni haber obrado con la intención de dañar o ejecutado por culpa o negligencia del conductor del camión. Jorge Soto Vásquez no es responsable del daño sufrido por los actores sino que la negligencia o culpa proviene exclusivamente de la conducción de Gabriel Rivadeneira Oyarce, que es la causa directa y necesaria del daño, ya que no pudiendo conducir sin licencia, manejaba a exceso de velocidad, sin controla su vehículo y sin estar atento a las condiciones del tránsito. De no mediar tal conducta, el daño no se habría producido. UNDÉCIMO: Que, llamadas las partes a una conciliación, ésta no se produce por inasistencia de la demandada a la audiencia de rigor.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

251

DUODÉCIMO: Que, recibida la causa a prueba la parte demandante rindió las siguientes probanzas: Documental: a) individualizada a fojas 4, guardada en custodia, consistente en copias simples de algunas piezas del expediente 8.468, presupuestos de reparación de un taller, cotización de presupuesto de carrocería otorgado por Epysa Implementos Ltda., cotización de repuestos de Comercial Kaufmann S.A., factura Nº 0044719, declaración de importación de Servicio Nacional de Aduanas, facturas Nº 01448 01 y Nº 039956, copia de certificado de inscripción y anotaciones vigentes de bus J.A.C., copia de cerificado de inscripción y anotaciones vigentes del camión. b) Documentos acompañados a fojas 92 y siguientes guardados en custodia, individualizados desde los Nº 1 al 64, cuya objeción fue desestimada. c) Solicitó oficios al Hospital de Valdivia, los que se agregan desde fojas 218 a 223, informándose el estado de salud del menor Jorge Alejandro Pérez Fierro, adjuntándose además, copia de su ficha clínica, la que permanece en custodia. d) Solicitó exhorto al Juzgado de Valdivia para practicar informe médico legal de lesiones del menor Jorge Alejandro Pérez Fierro, el que se agrega a fojas 237. e) Solicitó se designe perito siquiatra para examinar a la familia compuesta por Flor María Acuña Hermosilla, Rodrigo Gabriel Rivadeneira Acuña, Pamela Rivadeneira Acuña y Valentina Rivadeneira Acuña, el que se agrega a fojas 292 y siguientes. f) Solicitó practicar informe neurológico de evaluación a Jorge Pérez Fierro, el que se agrega a fojas 304 y siguientes. g) Solicitó informe psiquiátrico respecto de don Juan Carlos Pérez Mora y Héctor Márquez Chamorro, los que se agregan de fojas 312 a 319. A fojas 320 se acompañó informe oftalmológico de Jorge Pérez Fierro. Testimonial de fojas 134, 144, 152, 164 y 190, de Ramón Gustavo Provoste Ruiz, Celso Patricio Cartes González, Juan Pablo Ortiz Eyquein, Ruperto René Navarro Oyarzo, Héctor Arturo Medina Ayala, Rosario del Carmen Obando Ruiz, Rosario del Carmen Cea Obando, Emelina del Carmen Barra Pineda, Ulda Nancy Zúñiga Torres y Juan Jaime Gaete Sánchez, quienes, interrogados legalmente y sin tachas, se encuentran contestes en los siguientes hechos: Respecto del punto Nº 1: los móviles chocaron frontalmente en el puente debido a que el camión circulaba a exceso de velocidad, y al frenar no pudo controlarlo, invadiendo la pista del bus. Respecto del punto Nº 2: el accidente se produjo por imprudencia del camión porque el bus venía saliendo del puente y el camión no cedió el derecho a vía, además el camión iba a exceso de velocidad. Respecto del punto Nº 3: a consecuencia del accidente falleció el chofer del camión. Respecto del punto Nº 4: el chofer del bus trabajaba para buses J.A.C.; desconoce para quien trabajaba el chofer del camión. Respecto del punto Nº 5: el camión no se sabe de qué empresa era. El bus era de propiedad da buses J.A.C. Respecto del punto Nº 6: resultó lesionado el menor Jorge Pérez, las lesiones fueron graves y los gastos médicos han sido bastantes; estuvo bastante tiempo hospitalizado; los gastos médicos han sido elevados; resultó con parálisis facial, no puede caminar bien y el tratamiento ha sido extenso. Respecto del punto Nº 7: la señora Flor María Acuña es la esposa del chofer del bus J.A.C., Gabriel Rivadeneira, que falleció en el accidente, y madre de los niños Rodrigo, Pamela y Valentina Rivadeneira Acuña. Don Roberto Márquez Chamorro es el padre del auxiliar del bus, quien se llamaba Paulo Márquez Barrientos. Don Juan Carlos Pérez Mora y doña Miriam del Carmen Fierro Martínez son los padres del niño que resultó con secuelas de tipo mentales. Las familias de los que fallecieron sufrieron daño moral irreparable y respecto de los padres del menor, igualmente han sufrido mucho, pues el niño, ha quedado con graves secuelas mentales. Respecto del punto Nº 9: el daño ocasionado al bus fue enorme, resultando con toda su estructura delantera destruida y la desvalorización es elevada. Respecto del punto Nº 10: se estima la depreciación del bus en un 25%, lo que se determina una vez que se repara el vehículo; además, siempre se va a notar que un vehículo fue chocado, lo que disminuye aún más su valor.

252

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Respecto del punto Nº 11 en el lugar del accidente existe una señalización de puente angosto, de norte a sur. Respecto del punto Nº 12 el bus salió desde Valdivia con destino a Temuco el día del accidente, a las 9,30 horas, es decir, en su horario normal. Desconoce horario y recorrido del conductor del camión. DECIMOTERCERO: Que, el demandado a su vez rindió prueba testimonial de fojas 86, de Jorge Pedro Vieytes Cánepa, José Waldemar Aguila Santana, Jorge Arturo Ulloa Saldivia y Miguel Ángel Alcántara Solís, quienes interrogados legalmente y sin tachas, exponen: El primero, que el día de los hechos conducía una camioneta desde Temuco a Puerto Montt y delante suyo iba un camión marca Mercedes Benz y al entrar al puente Las Cruces apareció un bus de la empresa J.A.C., el cual en forma sorpresiva traspasó el eje de la calzada, impactando de frente al camión y a raíz del impacto, la carrocería se fue hacia un costado, quedando atravesado sobre el puente. En el lugar falleció el chofer del camión y posteriormente también perdieron la vida el conductor del bus y el auxiliar. El segundo, que el día del accidente iba de pasajero en un camión de carga y alrededor de las 10,30 horas fueron adelantados por un bus de pasajeros de la empresa J.A.C. a unos 200 metros antes de llegar al puente Cruces. Al ingresar al puente y ver al camión que venía en sentido contrario, aplicó los frenos y debido a la velocidad que éste llevaba se desestabilizó o descontroló la dirección, impactando de frente al camión. La causa del accidente fue el exceso de velocidad del bus. El tercero, que el día del accidente conducía un vehículo particular desde Santa Juana hacia Puerto Montt y venía detrás de otra camioneta, delante de la cual venía un camión y siendo alrededor de las 10:30 horas, el camión ingresó al puente Cruces a una baja velocidad, se cargó bien en su pista, a tal extremo que observó que se subió en parte a la pasada peatonal, siendo aún así impactado por un bus de pasajeros que circulaba en sentido contrario. A su juicio, el responsable del accidente fue la imprudencia del conductor del bus, debido a su exceso de velocidad porque si hubiera tomado las precauciones del caso, los dos vehículos pudieron haber pasado sin problemas por el puente. El cuarto, que el día 17 de junio de 1998, conducía un camión cargado con papas y unos 100 metros antes de llegar al puente Cruces fue adelantado por un bus de la empresa J.A.C., que iba a unos 100 kilómetros por hora y cuando dicha máquina ingresó al puente a exceso de velocidad se encontró de frente con un camión, perdiendo el control del bus y sobrepasó el eje central, impactando al camión en su vértice izquierdo, al que arrastró unos metros hacia atrás. La responsabilidad del accidente es exclusiva del chofer del bus, ya que ingresó al puente a gran velocidad y posteriormente perdió el control de su máquina y se impacto contra el camión. DECIMOCUARTO: Que, de acuerdo a la prueba rendida en autos, por lo actora pormenorizada precedentemente y ponderada comparativamente, han quedado establecido en el proceso, los siguientes hechos: a. Que, con fecha 17 de junio de 1990, aproximadamente a las 10:35 horas, se produjo una colisión entre el bus de la empresa J.A.C., patente PU 5832 y el camión Mercedes Benz patente LK 1576, de propiedad de la empresa Sociedad de Transportes Hernández y Azócar Ltda., representada legalmente por doña Mónica Inelia del Pilar Azócar Bustamante, en la salida costado norte del puente Río Cruces, en la localidad de Lanco. b. Que, de las probanzas documentales y testificales que constituyen plena prueba, se acredita que el impacto se produjo porque el conductor del camión, al no estar atento a las condiciones de tránsito del momento, motivó que se percatara tardíamente de la señalización vertical preventiva (puente angosto), a raíz de lo cual, en emergencia inició una maniobra evasiva de frenaje y producto de las condiciones de la carpeta de rodado, desvió su trayectoria en dirección al sur, sobrepasando con parte de su estructura el eje de la calzada demarcado con línea continua, obstruyendo la normal pista de circulación del bus, que transitaba en sentido contrario, colisionándolo frontalmente, en los instantes en que el conductor del bus efectuaba una maniobra evasiva de frenaje para evitar el accidente, siendo insuficientes para desvirtuar esta conclusión las pruebas de la demandada, en particular la testimonial, por cuanto no desvirtúa a la del demandante, a cuyos testigos se les ha asignado mérito de plena prueba, conforme al artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

253

testigos presenciales (pasajeros del bus), que dan suficiente razón de sus dichos, describiendo en forma más precisa y acabada el desarrollo de los hechos que dieron origen a la colisión, por tanto, son testigos de mejor calidad y mayor número. c. Que el camión era conducido por don Jorge Arturo Soto Vásquez y el bus por don Gabriel Eugenio Rivadeneira Oyarce. d. Que, producto de la colisión falleció en forma instantánea el conductor del camión y al día siguiente el chofer del bus; y días posteriores perdió la vida, además, el auxiliar del bus don Pablo Andrés Márquez Barrientos. e. Que, como consecuencia del accidente, resultó lesionado de extrema gravedad el menor de en aquel entonces, 11 años de edad, quien permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Valdivia hasta el 30 de junio de 1990. Luego ingresó al Servicio de Neurocirugía, donde permaneció hasta el 21 de julio de 1998. El menor quedó con un daño orgánico cerebral y otras alteraciones de carácter grave, que son secuelas de lesiones producidas en el accidente, las que son irreversibles y eventualmente podría desarrollar una epilepsia post traumática. f. Que, a raíz de la colisión, el bus de propiedad de la empresa J.A.C. resultó con daños considerables en su estructura mecánica, que ha demandado a la empresa la necesidad de adquirir diversos repuestos y pago de mano de obra, para su reparación. DECIMOQUINTO: Que, establecida la existencia de una conducta negligente que produjo un hecho que ha ocasionado la muerte de tres personas, lesiones de carácter grave e irreversibles a un menor de edad, y daños de consideración a un bus, corresponde determinar, si ello fuera posible, la reparación del daño ocasionado, su compensación o su satisfacción; la existencia de la fuente de la obligación legal, esto es, culpa. o dolo de las partes en la ocurrencia de los hechos. DECIMOSEXTO: Que, según nuestro ordenamiento jurídico, todo hecho que cause daño, esto es, una lesión, detrimento o menoscabo patrimonial, físico, afectivo o moral, debe ser reparado y, conforme lo dispone el artículo 2315 del Código Civil, puedan impetrar las acciones indemnizatorias, no sólo el dueño o poseedor de la cosa que ha sufrido daño, sino que también sus herederos. DECIMOSÉPTIMO: Que, con ocasión de la muerte del conductor del bus de la empresa J.A.C., don Gabriel Eugenio Rivadeneira Oyarce, su cónyuge doña Flor María Acuña Hermosilla y sus hijos Rodrigo Gabriel, Pamela Andrea y Valentina Paz, todos de apellidos Rivadeneira Acuña, deducen demanda de indemnización por daño moral, ascendente a la suma total de $ 60.000.000, que se desglosa de la siguiente manera: $ 30.000.000 para la viuda y $ 10.000.000 para cada uno de sus hijos; considerando el dolor y sufrimiento que les ha ocasionado la pérdida del jefe de hogar y único sostenedor de la familia. Que, para acreditar el sufrimiento y menoscabo que la muerte de Gabriel Rivadeneira produjo a su familia, se rindió la testimonial de fojas 164 y siguientes, de Rosario del Carmen Obando Ruiz, Rosario del Carmen Cea Obando, Emelina del Carmen Barra Pineda, y Ulda Nancy Zúñiga Torres, pormenorizada en el motivo duodécimo y que por reunir los requisitos del Nº 2 del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, se estima plena prueba del perjuicio moral provocado a los actores, lo que es refrendado por los informes psicológicos de cada uno de sus miembros, además de fotografías familiares, que consignan la perturbación y padecimiento de los actores. DECIMOCTAVO: Que, de acuerdo a la prueba rendida en autos, ya pormenorizada en los considerandos precedentes, es evidente que a raíz de la muerte del conductor del bus, se produjo en la familia un sufrimiento incalificable y, a la vez, su calidad de vida se deterioró sustancialmente, teniendo en consideración especialmente que era el único proveedor de la familia, por lo que esta Juez dará lugar a la demanda, regulando en forma prudencial la indemnización. DECIMONOVENO: Que, con ocasión de la muerte del auxiliar del bus de la empresa J.A.C., don Pablo Andrés Márquez Barrientos, su padre don Héctor Roberto Márquez interpone demanda de indemnización por concepto de daño moral, cobrando la suma de $ 60.000.000, en atención ni dolor y sufrimiento que su partida ha ocasionado a su familia. Que, para acreditar el daño moral, se rindió la testimonial de fojas 164, deponiendo Héctor Medina Ayala, Rosario del Carmen Obando Ruiz Rosario del Carmen Cea Obando, Emelina del Carmen Barra Pineda y UIda Nancy Zúñiga Torres, quienes están contestes en que Pablo era un buen hijo, cariñoso,

254

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

tranquilo y el dolor sufrido por el padre de Pablo Andrés ha sido irreparable, pues lo extraña demasiado, se ha vuelto poco sociable y siempre está triste, dichos que por su número y calidad deben estimarse plena prueba para establecer la pretensión de los actores, conforme lo prevé el artículo 304 Nº 2 del Código de Procedimiento Civil. Además, se acompañó a fojas 318 informe psiquiátrico de don Héctor Márquez Chamorro, padre del auxiliar fallecido. VIGÉSIMO: Que, atentos los antecedentes probatorios ya indicados, resulta evidente el sufrimiento que la muerte de Pablo Andrés Márquez Barrientos ha ocasionado a su padre, especialmente si, se considera que se trataba de una persona joven, tan sólo contaba con 19 años, que estaba en la plenitud de su vida, por lo que su fallecimiento resulta ser algo absolutamente inesperado, razones por las cuales no cabrá otra cosa que acoger la demanda indemnizatoria, regulándose su monto en forma prudencial en la parte resolutiva del presente fallo. VIGÉSIMO PRIMERO: Que, como consecuencia del accidente, el menor Jorge Pérez Fierro resultó gravemente herido, quedando con secuelas irreversibles y ya no será el mismo de antes, encontrándose con tratamiento psiquiátrico para ayudarlo a llevar sus déficit. Ha sido intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones, incurriendo sus padres en gastos elevadísimos. Por tales razones, sus padres Juan Carlos Pérez Mora y Miriam del Carmen Fierro Martínez, interponen demanda de indemnización de perjuicios por la suma total de $ 130.000.000, que se desglosan de la siguiente manera: $ 30,000.000 por concepto de gastos; $ 50.000,000 por concepto de daño moral para el menor, y $ 25.000.000 por el mismo concepto (daño moral), para cada uno de sus padres. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, los gastos en que se ha incurrido con ocasión de las lesiones sufridas por el menor Jorge Pérez Fierro como consecuencia del accidente, así como el daño moral que ello ha traído al propio menor y su familia, se encuentra suficientemente acreditado en autos, con la numerosa documentación acompañada por la demandante a fojas 92 Nº 1, y 13 a 50, informes médicos rolantes de fojas 304 a 308, y 312 a 317; y con la testimonial rendida a fojas 144 y 164 y siguientes, de Celso Cartes González, Ruperto René Navarro Oyarzo, Héctor Arturo Medina Ayala, Rosario del Carmen Obando Ruiz, Rosario del Carmen Cea Obando y Emelina del Carmen Barra Pineda y Ulda Nancy Zúñiga Torres, por lo que esta Juez dará lugar a la demanda, fijando en forma prudencial el monto a indemnizar, en la parte resolutiva del presente fallo. VIGÉSIMO TERCERO: Que, como consecuencia del accidente, el empresario propietario del bus de la empresa J.A.C., uno de los móviles involucrados en el accidente, don Juan Gonzalo Alcoholado Castillo, interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra de Sociedad de Transportes Hernández y Azócar Ltda., por cuanto el accidente en cuestión provocó en el bus considerables daños en su estructura mecánica y depreciación en su valor comercial, lo que ha ocasionado perjuicios materiales a la empresa por la suma de $ 34.526.296. VIGÉSIMO CUARTO: Que, para probar sus afirmaciones, la demandante acompañó al proceso la instrumental, individualizada a fojas 4 y 92, signadas con los Nº 1, 6, 10, 11, y 12, y rindió la testimonial de fojas 134, 144, 152, y 190, de Ramón Gustavo Provoste Ruiz, Celso Patricio Cartes González, Juan Pablo Ortiz Eyquein y Juan Jaime Gaete Sánchez, prueba que apreciada conforme lo establecido por los artículos 342, 346 y 384 Nº 2 del Código de Procedimiento Civil, esta Juez estima suficiente para tener por acreditado el daño material, ocasionado al bus patente PU 5832 0, por lo que se acogerá la demanda deducida y regulará el monto de la indemnización en la suma de $ 10.000.000. VIGÉSIMO QUINTO: Que, de las probanzas rendidas en autos, ya pormenorizadas, y en especial de las copias autorizadas de la causa criminal rol Nº 8.468 E, del Juzgado de Letras de Loncoche, tenidas a la vista, ha quedado plenamente establecido que, el conductor del camión patente LK 1576 3, don Jorge Arturo Soto Vásquez, fue el responsable del accidente ocurrido con fecha 17 de junio de 1998, en el puente Río Cruces, y que costó la vida al propio chofer del camión, al conductor del bus de la empresa J.A.C., don Gabriel Eugenio Rivadeneira Oyarce y al auxiliar del mismo, don Pablo Andrés Márquez Barrientos, quedando, además, con lesiones graves y secuelas irreversibles el menor de edad Jorge Pérez Fierro. VIGÉSIMO SEXTO: Que, habiéndose acreditado, además, con el respectivo certificado de inscripción y anotaciones vigentes, acompañado en lo principal de fojas 92 Nº 7, que el camión patente LK 1576 3 es de propiedad de la empresa Sociedad de Transportes Hernández y Azócar Ltda., representada por

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

255

doña Mónica Inelia del Pilar Azócar Bustamante, dicha empresa está obligada solidariamente al pago de los daños y perjuicios causados con motivo del accidente. VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en nada influyen en lo resuelto los demás antecedentes allegados al proceso. Por estas consideraciones y en virtud de lo dispuesto en los artículos 174 de la ley 18.290, 1556, 2315, 2320 y 2322 del Código Civil; 144 y 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara: I. Que, ha lugar a la objeción de documentos formulada por el demandante en el otrosí de fojas 17. I. Que, ha lugar a la objeción de documentos planteada por la demandante a fojas 110. III. Que, no ha lugar a la objeción de documentos formulada por la demandada a fojas 112. IV. Que, se acoge la demanda deducida en lo principal de fojas 1 de estos antecedentes y, en consecuencia, se condena a la empresa Sociedad de Transportes Hernández y Azócar Ltda., representada por doña Mónica Inelia Azócar Bustamante, al pago de las sumas que a continuación se indican, a las personas que se individualizan, por los conceptos que se señalan. 1º. A doña Flor María Acuña Hermosilla la suma de $ 15.000.000 y a sus hijos Rodrigo Gabriel, Pamela Andrea y Valentina Paz, todos de apellidos Rivadeneira Acuña, la suma de $ 8.000.000 cada uno, por concepto de daño moral. 2º. A don Héctor Roberto Márquez Chamorro, la suma de $ 20.000.000 por concepto de daño moral. 3º. A don Juan Carlos Pérez Mora y doña Miriam del Carmen Fierro Martínez, la cantidad de $ 5.000.000 por daño emergente y $ 5.000.000.para cada uno, por daño moral; y al menor Jorge Pérez Fierro la suma de $ 10.000.000 por concepto de daño moral. 4º. A don Juan Gonzalo Alcoholado Castillo la suma de $ 5.000.000 por daño emergente. V. Que; las sumas antes señaladas deberán ser reajustadas de conformidad al Índice de Precios al Consumidor desde la notificación de la demanda y hasta su efectivo pago y se le aplicará intereses corrientes, para operaciones reajustables, por el mismo período indicado. VI. Que, se condena en costas a la parte vencida. Anótese, regístrese y notifíquese personalmente o por cédula a las partes. Rol Nº 14 811. Dictó doña Natalia Rencoret Oliva, Juez Titular. Autoriza el señor Ramiro Subiabre Toledo, Secretario Subrogante.

II.- CORTE DE APELACIONES Puerto Montt, once de octubre de dos mil cinco. VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus considerandos noveno y decimocuarto a vigésimo sexto que se eliminan. Y teniendo además y en su lugar presente: PRIMERO: Que en conformidad al artículo 2314, del Código Civil, el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito. SEGUNDO: Que en el caso sub lite la pretensión indemnizatoria que se impetra en la demanda, tiene como fundamento un cuasidelito que se imputa a Jorge Arturo Soto Vásquez, quien el día 17 de junio de 1998, en circunstancias que conducía un camión, colisionó con un bus de la empresa, J.A.C., a raíz de lo cual, junto con fallecer Soto Vásquez, falleció también el conductor y el auxiliar del bus y resultó con lesiones graves Jorge Pérez Fierro, aparte de daños en el bus de la empresa J.A.C. TERCERO: Que la pretensión se ejerce en contra de la Sociedad de Transportes Hernández y Azócar Ltda., en su calidad de empleador del chofer Jorge Arturo Soto Vásquez y propietaria del camión. Sin embargo al Juez civil no le compete determinar o calificar si el chofer del camión fue el responsable de la colisión por haber incurrido en imprudencia o negligencia en la conducción, que haya sido la causa basal del choque, situación ésta que le compete al tribunal del crimen que investigó los hechos. CUARTO: Que en el caso de autos, el Juzgado de Letras de Loncoche, llevó adelante la investigación de los hechos en la causa rol 8.468, que se tiene a la vista. Como puede observarse de la misma,

256

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

el tribunal competente no llegó a establecer la responsabilidad del chofer del camión de propiedad de la demandada, concluyendo la causa con un sobreseimiento temporal en virtud de lo dispuesto en el artículo 409 Nº 1 del Código de Procedimiento Penal, norma que dispone tal clase de sobreseimiento cuando no resulte completamente justificada la perpetración del delito que hubiere dado motivo a la formación del sumario. QUINTO: Que así las cosas, no habiéndose comprobado de la investigación criminal, la responsabilidad del chofer del camión de propiedad de la demandada y estando fuera del ámbito de atribuciones del tribunal a quo, establecer si los hechos en que se funda la demanda constituyeron un cuasidelito penal, no se encuentran comprobados los presupuestos de la responsabilidad extracontractual de la demandada, razón por lo que la demanda no puede prosperar, dado que no se encuentra previamente establecidos los presupuestos de la responsabilidad solidaria de la demandada, opuesto que para que ella opere, es indispensable que el conductor del camión haya sido declarado culpable del hecho que produjo el daño, lo que no ocurre en el caso sub lite. Con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 223 del Código de Procedimiento Civil, 2 del Código Penal y 2314 del Código Civil, se declara: Que se revoca la sentencia apelada de dieciséis de diciembre de dos mil cuatro, escrita de fojas 414, a 424 y en su lugar se resuelve: Que se rechaza en todas sus partes, la demanda deducida en lo principal de fojas 1, sin costas por estimarse plausible la acción. Regístrese y devuélvase. Redacción del Ministro señor Hernán Crisosto Greisse. Rol Nº 225 05. Pronunciado por los Ministros Titulares de la Iltma. Corte señor Hernán Crisosto Greisse, señora Sylvia Aguayo Vicencio, y Fiscal Judicial Mirta Zurita Gajardo. Autoriza la Secretaria Titular Mónica Sierpe Scheuch.

III.- SENTENCIA DE CASACIÓN Santiago, once de octubre de dos mil seis. VISTOS: En estos autos sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios, del Primer Juzgado Civil de Puerto Montt, la parte demandante, Juan Alcoholado Castillo y otros, dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia pronunciada, por la Corte de Apelaciones de dicha ciudad, mediante la cual, revocó el fallo de primer grado y rechazó la demanda, sin costas, por estimar que existió motivo plausible para litigar. Se trajeron los autos en relación. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el recurso atribuye al fallo cuya invalidación persigue, la infracción a los artículos 2314 y 2322 del Código Civil así como al artículo 174 de la ley Nº 18.290 y 409 Nº 1 del Código de Procedimiento Penal; SEGUNDO: Que, explicando la forma como se habría producido la transgresión normativa denunciada, asevera el recurrente que ello ocurrió al señalar la sentencia impugnada que en el caso sub judice no se daban los supuestos de la responsabilidad civil extracontractual demandada, desde que resultaba indispensable para ello que el chofer del camión hubiera sido declarado culpable en un juicio criminal, lo que en este caso no acaeció, explicando que la causa fue sobreseída temporalmente de acuerdo al artículo 409 Nº 1 del Código de Procedimiento Penal, esto es, por “no resultar completamente justificada la perpetración del delito que hubiere dado motivo a la formación del sumario”. De esta manera señala el fallo cuestionado confundió y asimiló la responsabilidad criminal a la responsabilidad civil extracontractual, exigiendo erróneamente como requisito de esta última una sentencia criminal condenatoria. Explica que las sentencias dictadas en materia penal producen limitados y excepcionales efectos en materia civil extracontractual, en aquellos casos que contempla el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, entre los cuales no se incluye el sobreseimiento temporal;

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

257

TERCERO: Que, refiriéndose a la influencia de los errores denunciados en lo dispositivo del fallo, el recurso sostiene que ésta es sustancial, dado que fue la errónea aplicación de las disposiciones antes citadas la que llevó a los sentenciadores a rechazar la acción interpuesta; CUARTO: Que, entrando a razonar sobre la cuestión jurídica que se opone en el recurso, cabe señalar que el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, en su inciso primero, dispone “Las sentencias que absuelvan de la acusación o que ordenen el sobreseimiento definitivo, sólo producirán cosa juzgada en materia civil, cuando se funden en algunas de las circunstancias siguientes: 1º. La no existencia del delito o cuasidelito que ha sido materia del proceso. No se entenderán comprendidos en este número los casos en que la absolución o sobreseimiento provengan de la existencia de circunstancias que eximan de responsabilidad criminal; 2º. No existir relación alguna entre el hecho que se persigue y la persona acusada, sin perjuicio de la responsabilidad civil que pueda afectarle por actos de terceros, o por daños que resulten de accidentes, en conformidad a lo establecido en el Título XXXV, Libro IV del Código Civil; y 3º. No existir en autos indicio alguno en contra del acusado, no pudiendo en tal caso alegarse la cosa juzgada sino respecto de las personas que hayan intervenido en el proceso criminal”. QUINTO: Que; de la disposición legal recién transcrita aparece, entonces, contrariamente a lo que sostuvieron los sentenciadores del fondo, al hacer una errada interpretación de esa disposición, que el sobreseimiento temporal pronunciado en la causa criminal sobre los mismos hechos en que se funda la demanda de estos autos, no produce cosa juzgada en sede civil, de manera tal que, resulta perfectamente posible determinar en esta última, como lo pretende la actora, la existencia o no de la responsabilidad solidaria que se le imputa a la demandada. En efecto, el Juez civil tiene plena competencia para establecer la existencia del hecho en que se funda la apelación, el que constituye un ilícito civil, un cuasidelito civil. En el presente juicio no se ha pretendido establecer por no ser ello procedente la responsabilidad criminal de los conductores, ambos, por lo demás, fallecidos en el accidente, sino la existencia del hecho que origina la indemnización solicitada, así como la responsabilidad que en él ha cabido a la parte demandada, por concurrir los presupuestos establecidos en el artículo 174 de la ley Nº 18.290; SEXTO: Que acorde con lo que se viene de exponer, resulta obvio que la infracción de ley así configurada tuvo influencia sustancial en lo dispositivo de la sentencia impugnada, por cuanto incidió en la decisión de rechazar la demanda interpuesta. Y de conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764, 767, 785 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se declara: Que se acoge el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante, Juan Alcoholado Castillo y Otros, en lo principal de la presentación de fs. 515, contra la sentencia de once de octubre de dos mil cinco, escrita a fs. 513, la que por consiguiente, es nula, y se la reemplaza por la que se dicta a continuación. Regístrese. Redacción a cargo del Ministro señor Oyarzún. Rol Nº 6.047 2005. Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros señores Ricardo Gálvez, Milton Juica y Adalis Oyarzún; y los Abogados Integrantes señores José Fernández y Óscar Carrasco. No firman los señores Fernández y Carrasco, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo por estar ausentes. Autorizado por el Secretario señor Carlos A. Meneses Pizarro.

IV.- SENTENCIA DE REEMPLAZO Santiago, once de octubre de dos mil seis. De conformidad con lo que se dispone en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se procede a dictar la siguiente sentencia de reemplazo. VISTOS: Se confirma la sentencia apelada de fecha dieciséis de diciembre de dos mil cuatro, escrita a fs. 421.

258

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Regístrese y devuélvase con sus agregados. Redacción a cargo del Ministro señor Oyarzún. Rol Nº 6.047 2005. Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros señores Ricardo Gálvez, Milton Juica y Adalis Oyarzún; y los Abogados Integrantes señores José Fernández y Óscar Carrasco. No firman los señores Fernández y Carrasco, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo por estar ausentes. Autorizado por el Secretario señor Carlos A. Meneses Pizarro.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

259

FICHA 15

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 4256-2003 Cita Online: CL/JUR/7752/2006 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO Osorno, catorce de julio de dos mil tres. VISTOS: Que se instruyó causa rol Nº 241 6 (2001) con el objeto de investigar la existencia del cuasidelito de homicidio en la persona de Juan Carlos Ovando Monsalve y la responsabilidad que podría corresponder a Juan Carlos Riffo Muñoz, cédula nacional de identidad Nº 7.113.837 2, chileno, nacido en La Unión, 40 años, casado, alfabeto, jefe de operaciones de la Constructora Edgar Hadida, fono 232594, sin apodos, nunca antes detenido ni procesado, sin bienes de su propiedad, domiciliado en Casanova Nº 1061, Osorno. La causa se inició mediante declaración judicial de fs. 1, prestada por doña Sonia del Carmen Monsalve Muñoz, quién solicitó al Tribunal las órdenes correspondientes para retirar el cadáver de su hijo Juan Carlos Ovando Monsalve, de 19 años, soltero, atropellado el día 12 de marzo de 2001, alrededor de las 11.30 horas, a la altura de San Pablo, en la carretera aún no habilitada para el tránsito de vehículos. Desconocía las circunstancias en que había ocurrido el accidente y sólo sabía que al parecer lo atropelló un vehículo que trabajaba en la doble vía, sin saber el nombre de la empresa. Según Carabineros su hijo iba acompañado de un amigo de nombre Claudio, desconocía el apellido pero sí sabía que vivía en San Pablo. A fs. 51 se procesó a Juan Carlos Riffo Muñoz como autor de cuasidelito de homicidio de Juan Carlos Ovando Monsalve, previsto y sancionado en el artículo 492 del Código Penal, hecho ocurrido el día 12 de marzo de 2001, en la Ruta 215, a la altura del kilómetro 896, San Pablo, Osorno. A fs. 175 vta. se declaró cerrado el sumario. A fs. 177 se acusó a Riffo Muñoz como autor del ilícito materia del procesamiento dictado a fs. 51. A fs. 191 el abogado Iván Esteban Cárdenas Cárdenas, por la querellante Sonia del Carmen Monsalve Muñoz, se adhirió a la acusación por cuasidelito de homicidio. Basado en los hechos dedujo demanda civil contra Juan Carlos Riffo Muñoz y Empresa Constructora Harr S.A., representada por Edgar Walter Hadida Schmid, solicitando que se los condene al pago solidarlo de $ 200.000.000, por daño moral, con sus respectivos intereses y reajustes, todo con costas. A fs. 221 el abogado Erwin Wettlin Moreno contestó la acusación fiscal y adhesión por su representado Juan Carlos Riffo Muñoz. Solicitó la absolución por cuanto el accidente investigado no se produjo como consecuencia de una acción temerariamente imprudente ni por infracción reglamentaria alguna de su parte. En subsidio, pidió declarar que existió concurrencia de culpas, rebajando al procesado la pena en conformidad a la ley, al concurrir además la atenuante calificada de su irreprochable conducta anterior, pena privativa que debería serle remitida condicionalmente. Contestando en subsidio a demanda civil solicitó su rechazo íntegro con costas ya que fue don Juan Carlos Ovando Monsalve el culpable del accidente y no su representado, toda vez que fue su conducta infraccional descrita, la causa del accidente y de sus lamentables consecuencias. No fue la conducta de su representado la causa jurídica del atropellamiento sino la conducta culpable y antirreglamentaria del fallecido. En todo caso y de considerar que alguna responsabilidad tuvo su representado y alguna indemnización se le debe a la eventual demandante, el monto debe ser reducido considerablemente al existir culpa de la propia víctima en la ocurrencia del hecho investigado, habiéndose expuesto temerariamente al daño con su propia conducta. Sin perjuicio de los fundamentos antes expuestos, la defensa no puede dejar de hacer presente el fundamento esgrimido por la eventual querellante y demandante civil en orden a que por constituir la carretera un bien nacional de uso público, legitimaría el transitar de ambos peatones.

260

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

A fs. 269 el abogado Erwin Wettlin Moreno contestó la demanda civil interpuesta a fs 191, por Edgar Hadida Schmid, en calidad de tercero civilmente responsable. Solicitó en definitiva su rechazo íntegro con costas. En subsidio, acogiéndola, reducir notablemente el monto de la indemnización demandada. A fs. 296 vta. se recibió la causa a prueba. A fs. 323 vta. se certificó el vencimiento del probatorio. A fs. 324 se trajeron los autos para los efectos del artículo 499 del Código de Procedimiento Penal. A fs. 324 vta. se dictaron medidas para mejor resolver. A fs. 339 se tuvieron por cumplidas las medidas para mejor resolver y se trajeron los autos para fallo. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: En cuanto a lo penal: En cuanto a las tachas de fs. 210: PRIMERO: Que no se acogerán las tachas deducidas por Sonia del Carmen Monsalve Muñoz contra los testigos Waldeman Segundo Gamica Molina, Manuel Artidoro Martínez Martínez, Luis Fernando Martínez Araneda y Alex Ariel Pinto Caro, fundadas en el hecho de carecer de imparcialidad necesaria por tener en el proceso interés indirecto, pues no se acreditó la existencia del interés señalado. En cuanto al fondo: SEGUNDO: Que se acusó a Juan Carlos Riffo Muñoz como autor de cuasidelito de homicidio de Juan Carlos Ovando Monsalve, previsto y sancionado en el artículo 492 del Código Penal, hecho ocurrido el día 12 de marzo de 2001, en la Ruta 215, a la altura del kilómetro 896, San Pablo, Osorno. TERCERO: Que en orden a acreditar el hecho punible se reunieron los siguientes antecedentes probatorios: a) Declaración judicial de Sonia del Carmen Monsalve Muñoz de fs. 1, quien solicitó al Tribunal las órdenes correspondientes para retirar el cadáver de su hijo Juan Carlos Ovando Monsalve, de 19 años de edad, soltero, atropellado el 12 de marzo de 2001, alrededor de las 11.30 horas, a la altura de San Pablo, en la carretera que aún no estaba habilitada para el tránsito de vehículos. Desconocía las circunstancias en que habría ocurrido el accidente y sólo sabía que al parecer lo atropelló un vehículo que trabajaba en la doble vía, sin saber el nombre de la empresa. Según Carabineros su hijo iba acompañado de un amigo de nombre Claudio, cuyo apellido no sabía pero sí que vivía en San Pablo; b) Parte Nº 7 de Carabineros de la Tenencia de San Pablo de fs. 6, de 12 de marzo de 2001, que trajo detenido a Juan Carlos Riffo Muñoz. Se informó que alrededor de las 11:40 horas, en circunstancias que éste conducía la camioneta Mazda doble cabina, patente TZ 40 86, de propiedad de la Constructora Edgar Hadida, de sur a norte, por la doble vía en construcción de la Ruta 5, a la altura del kilómetro 896, en cumplimiento de labores diarias, atropelló a una de dos personas que transitaban en el mismo sentido, con la parte delantera del móvil, a raíz de lo cual falleció en el lugar Juan Carlos Ovando Monsalve, de 19 años de edad, domiciliado en San Pablo, quien carecía de oídos e impidió que escuchara el móvil y que se movió sorpresivamente al costado derecho de la calzada, por lo que fue atropellado por el vehículo. Testigo del hecho fue Claudio Marcelo Alvarado Solís; c) Declaración judicial de Claudio Marcelo Alvarado Solís de fs. 11, quien dijo que el día 12 de marzo de 2001, alrededor de las 11:15 horas, Juan Carlos Ovando Monsalve pasó a buscarlo a su domicilio para ir a pescar al río Pilmaiquén. Salieron a la Ruta 5 y se fueron caminando por la carretera en construcción. El iba al lado izquierdo y su amigo por el lado derecho, pensando que por ahí no andaban vehículos. Habían caminado algo de 15 minutos cuando Juan Carlos lo tomó del brazo para decirle algo; al dar vuelta su cabeza para mirarlo vio el reflejo del vehículo que venía por la carretera, en el mismo sentido de ellos; trató de agarrar a Juan Carlos para echarlo hacia su lado pero ya el vehículo estaba encima e impactó con el parachoques a Juan Carlos, quien cayó hacia la derecha. Enseguida lo fue a mirar pero estaba morado; al verlo supo que había fallecido. Desde que llegó a San Pablo se hizo amigo de Juan Carlos y siempre salían juntos a pescar ya que le entendía todo lo que le decía con señas, pues era sordo-mudo. En cuanto al ruido del vehículo dijo que lo sintió pero pensó que se trataba de los autos que iban por la carretera y nunca que era del vehículo que venía por donde ellos caminaban;

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

261

d) Fotografías de fs. 17 y 17 vta., que muestran abolladuras en la parte delantera medio derecha del parachoques, mascarilla y capot. e) Peritaje mecánico agregado a fs. 18, practicado a la camioneta Mazda patente TZ 4096, que observó capot abollado en parte central; parachoques delantero abollado en parte central; máscara delantera quebrada; concluyendo que el vehículo impactó a gran velocidad, quedando con daños graves estructurales; f) Protocolo de autopsia de fs. 25 de Juan Carlos Ovando Monsalve, quien presentaba múltiples contusiones escoriativas faciales, de hombro derecho, codos y manos, cadera y muslo derecho; deformaciones por fracturas de ambos huesos femorales en tercio medio y en tercio medio de húmero izquierdo; herida contuso parietal izquierda de 6 centímetros; extenso sangramiento parieto temporal derecho, fractura frontoparietal temporal derecho, contusión cerebral difusa hemorrágica, hemorragia subaracnoídea laminar, fracturas costales en arcos laterales desde la segunda a la octava costilla, luxofracturas cóndor costales izquierdas múltiples, fractura de fémur derecho a izquierda en tercio medio y de húmero izquierdo en tercio medio, laceraciones en pulmón izquierdo. Se concluyó: 1. Cadáver de sexo masculino, de 1,55 metros de estatura y 51 kilos de peso, identificado como Juan Carlos Ovando Monsalve. 2. La causa de la muerte fue traumatismo cráneo encefálico complicado. 3. La muerte fue consecuencia de politraumatismo esquelético y visceral, compatible con atropello (accidente de tránsito) 4. No se habría podido evitar su fallecimiento, aun con socorros médicos oportunos y adecuados. 5. Se tomó muestra de sangre para alcoholemia. 6. Data de muerte: 12 de marzo de 2001, a las 11:30 horas, en Ruta 5 Sur, kilómetro 896, sector Pilmaiquén, San Pablo; g) Certificado de defunción de fs. 28, de Juan Carlos Ovando Monsalve, que indica: a) traumatismo cráneo encefálico complicado; b) politraumatismo esquelético y visceral; c) compatible con atropello, accidente de tránsito; h) Informe de alcoholemia de fs. 30, practicado al occiso Juan Carlos Ovando Monsalve, que arrojó una dosificación alcohólica de 0,00 gramos por mil de alcohol en la sangre; i) Informe de alcoholemia agregado a fs. 32, practicado a Juan Riffo Muñoz el 12 de marzo de 2001, a las 13:45 horas, que arrojó una dosificación alcohólica de 0,00 gramos por mil de alcohol en la sangre; j) Investigación de fs. 35. Juan Riffo Muñoz dijo que se encontró con dos personas que transitaban por el centro de la calzada y sorpresivamente uno de ellos se cambió de pista, a quien atropelló sin poder maniobrar para esquivarlo. Sonia Monsalve Muñoz indicó que a las 12:00 horas se enteró del accidente de su hijo. Claudio Marcelo Alvarado Solís dijo que transitaba con su amigo Juan Carlos Ovando Monsalve por la doble vía en construcción, por el costado izquierdo, y sorpresivamente se acercó una camioneta a exceso de velocidad, por lo que trató de sujetar a su amigo sordomudo y advertirle del móvil pero éste se soltó, se cambió de pista y fue atropellado; k) Informe técnico de la S.I.A.T. de Carabineros de Llanquihue de fs. 39. Juan Carlos Riffo Muñoz declaró que vio a dos peatones que transitaban por la calzada y al aproximarse a ellos para pasarlos el que iba a su derecha se dio como una vuelta y se cruzó, impactándolo con la parte frontal de la camioneta, a unos 60 kilómetros por hora, y a quienes no les tocó la bocina porque pensó que lo habían visto. Dijo que había visto perfectamente a los peatones. Claudio Marcelo Alvarado Solís manifestó que iba con Juan Carlos por la segunda pista, éste a su derecha; sintió que venía un vehículo, se dio vuelta, le avisó a su amigo con señas y éste se da vuelta y corre hacia la berma oriente, atrepellándolo la camioneta con la parte frontal. El conductor de la camioneta no tocó la bocina. En cuanto a la dinámica del accidente se señaló que el peatón transitaba por el costado izquierdo de la calzada oriente en construcción y que el conductor lo hacía por el costado derecho de la calzada oriente, a una velocidad no inferior a 90 kilómetros por hora. El peatón se expuso al riesgo de accidente al transitar sin tomar las medidas de seguridad y el conductor tampoco adoptó medidas de seguridad para evitar el riesgo de accidente, al desplazarse a una velocidad no razonable ni prudente, y pasar sin advertir su presencia con la bocina, por lo que atropelló al peatón con el tercio medio de la parte frontal de la estructura, en los instantes en que éste cambiaba de dirección hacia el oriente. Se concluyó como causa basal del accidente que peatón se expone al riesgo de accidente al transitar por una zona que por diseño vial no configura paso para peatones, siendo atropellado por móvil cuyo conductor no

262

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

adopta ninguna medida de seguridad con el objeto de evitar el accidente. Se acompañó juego fotográfico a fs. 48 y 49; i) Declaración judicial de Waldemar Segundo Monsalve Garnica de fs. 77 vta, quien manifestó que el día de los hechos iba manejando un camión de la empresa Adidas, a una velocidad de 50 kilómetros por hora, por la vía en construcción, en compañía de Manuel Martínez, a unos 300 metros del lugar donde ocurriera el accidente y donde falleció una persona producto de un atropello. Vio que ambas personas iban jugando mientras caminaban y cuando se aproximó el vehículo que iba delante de él se produjo entre ambos unos tirones que hizo que uno de ellos se fuera encima de la camioneta. En cuanto a la pregunta Nº 1 de la solicitud de fs. 73 dijo ser chofer de camión y trabajar para la empresa Adidas. El día del accidente estuvo en presencia de Carabineros pero éstos no le solicitaron sus datos como testigo; m) Declaración judicial de Manuel Artidoro Martínez Martínez de fs. 78, quien manifestó que el día de los hechos iba en compañía de Waldemár Garnica en un camión conducido por éste, de propiedad de la constructora. Lo hacían por la vía en construcción, a unos 50 kilómetros por hora, y delante de ellos iba don Juan Carlos, en una camioneta de la empresa. Metros más adelante iban dos jóvenes caminando por esta vía y sin que se dieran cuenta, en un momento, uno de ellos se abrió y fue impactado por la camioneta que iba delante de ellos. Una vez que ocurrió esto el chofer del camión se bajó de inmediato mientras que él permaneció en el móvil; no tuvo intenciones de ver a la persona fallecida; n) Declaración judicial de Luis Fernando Martínez Araneda de fs. 79, quien señaló que el día de los hechos se encontraba trabajando como topógrafo, a unos 200 metros de donde ocurrió el accidente, en un corte, en compañía de Alex Pinto. En el lugar donde se encontraban tenían buena visibilidad para ambos lados, por lo que vieron que por la vía en construcción por el costado izquierdo venían dos jóvenes caminando y por el costado derecho venía una camioneta de la empresa; en eso se dieron cuenta que uno de estos jóvenes se corrió hacia el otro lado siendo impactado por el vehículo. Agregó que con Alex no concurrieron al lugar ya que quedaron impactados; o) Declaración judicial de Alex Ariel Pinto Caro de fs. 79 vta, quien señaló que el día de los hechos se encontraba a unos 200 metros del lugar donde ocurrió el accidente, ya que junto a Luis Martínez estaban realizando unos trabajos de topografía; vieron que por la vía en construcción venía la camioneta de don Juan Carlos Riffo y se percató que un joven se atravesó por delante, siendo impactado por este vehículo. No tenía más antecedentes por no haberse acercado al lugar del accidente; p) Oficio agregado a fs. 90, en que Sacyr Chile S.A. certifica que: 1. La empresa Sacyr Chile S.A., es la empresa encargada de la construcción de la Ruta 5 Sur, en el tramo que va desde Río Bueno a Puerto Montt. 2. Que el 12 de marzo de 2001, no se encontraba abierta al uso público la pista oriente de la Ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 896; 3. Que la empresa Constructora Harr S.A., representada por don Edgar Hadida Schmid, es contratista de Sacyr Chile S.A. para las obras ejecutadas en ese tramo. 4. Por lo anterior, el personal de Harr se encuentra autorizado para transitar por dicha vía para realizar sus labores, aun antes de que ésta se entregue al uso público. 5. Que el tránsito de personas o vehículos no autorizados por la Dirección de Vialidad, por la Sociedad Concesionaria o por Sacyr Chile S.A., por las vías en construcción que no han sido entregadas al uso público, está prohibido y cualquier accidente sería responsabilidad de los infractores. 6. Que en la fase de trabajo, tanto el personal de Sacyr Chile S.A. como el de sus contratistas debe observar un estricto cumplimiento a las normas de seguridad dispuestas para el tránsito en esas vías que aún no han sido entregadas al uso público, para prevenir accidentes; q) Declaración judicial de Claudio Marcelo Alvarado Solís quien señaló que el día del accidente se quedó junto al conductor de la camioneta hasta que llegó Carabineros; en ningún momento llegó tras el conductor un camión. A unos 300 metros había unas personas trabajando y cuando ya habían puestos los conos llegó un camión blanco de la misma empresa y una señora en un “jeep”; r) Careo de fs. 101 vta. en que Claudio Alvarado Solís insistió en que la persona con quien se le careaba era quien conducía la camioneta que atropelló a su amigo, pues éste al parecer trató de correr hacia el otro lado pero fue impactado por la camioneta; s) Declaración judicial del Sargento de Carabineros Carlos Contreras Bustos de fs. 128, quien señaló que en el hecho había un acompañante que transitaba en el centro de la calzada, que era un amigo, y que iba en dirección al río Pilmaiquén a pescar; que recordaba haber entrevistado a un testigo de

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

263

nombre Claudio Alvarado Solís, que figuraba en el parte policial, quien ratificó que iban por el centro de la calzada como jugando. No se interrogó a ningún testigo en atención a que no fueron ubicados quedando solamente citado el acompañante del fallecido; t) Declaración judicial del carabinero Francisco Javier Martínez Gutiérrez de fs. 138, quien señaló que el día que ocurrieron los hechos solamente estaba el acompañante del occiso, quienes transitaban por el lugar donde ocurrió la muerte de Juan Ovando, en dirección al río Pilmaiquén, quien fue señalado en el parte y que según la primera interrogación que se le hizo manifestó que él y Ovando caminaban por el centro de la calzada y que este último iba realizando exhibiciones de artes marciales; y que debido a su sordera conocida por todos en el pueblo no sintió al vehículo cuando fue atropellado. En el lugar donde ocurrieron los hechos investigados solamente estaba el occiso, su amigo Marcelo, el señor del vehículo que atropelló al señor Ovando, según constataron a su llegada. Posteriormente llegaron más personas a mirar sin que hayan estado en el momento que ocurrieron los hechos; u) Reconstitución de escena de fs. 141. El kilómetro 896 no configura paso para peatones por diseño vial. Claudio Marcelo Alvarado Solís dijo que el día del accidente caminaban por la calzada oriente, vestidos con ropas de color verde, aproximadamente a las 11:30 horas, por la pista izquierda, y Juan Carlos a su derecha. Sintió un ruido, se dio vuelta y comprobó que un vehículo se aproximaba rápidamente hacia ellos; trató de advertir del peligro a su compañero mediante señas pues era sordomudo, de sujetarlo y echarlo para su lado pero éste al darse vuelta y tratar de tomar la pista oriente fue atropellado por el vehículo con la parte frontal, desplazándolo en arrastre hasta la orilla derecha de la calzada, a unos 20 metros de la zona de impacto. El conductor de la camioneta se bajó y luego llegaron los carabineros. Juan Carlos Riffo Muñoz indicó que el día de los hechos vio a dos personas a unos 200 metros, en la calzada poniente de la ruta sur norte; que él conducía la camioneta a unos 70 kilómetros por hora y que al tratar de pasar a los peatones el que iba a la derecha se dio una vuelta y realizó una maniobra extraña y rápida y se cruzó, por lo que él no pudo reaccionar y lo impactó con la parte frontal de la camioneta, después de lo cual frenó inmediatamente. Dijo que la visibilidad era buena, que siempre vio a los peatones y que no tocó la bocina; v) Declaración judicial del funcionario de Carabineros Iván Eddie Cortés Pizarro de fs. 150, quien señaló respecto a la fotografía agregada de fs. 48 del informe Nº 25 C 2001, que se encuentra en la berma oriente que va hacia el cuerpo del occiso; corresponde a una huella de arrastre, la cual se encuentra debidamente acotada en el plano de fs. 47, la que presenta una longitud de 34 metros. Con respecto a la huella de frenada del vehículo que se ilustra en la misma fotografía, tiene una longitud de 54 metros, la cual también se encuentra debidamente acotada en el plano de fojas 47; w) Informe pericial fotográfico de la Policía de Investigaciones agregado a fs. 151, que acompañó juego fotográfico de fs. 154 a fs. 157; x) Informe pericial de la Policía de Investigaciones de fs. 159, que grafica el lugar de los hechos; y) Declaración judicial de Hernán David Gómez González de fs. 304 vta., quien señaló que le constaba que Juan Carlos Ovando era maltratado psicológica y físicamente por su madre Sonia Monsalve, quien se lo manifestó mediante señas debido a que era sordo-mudo. Este niño generalmente se lo pasaba en el río pescando ya que si no llegaba con dinero para aportar a la casa su madre lo maltrataba, lo que le constaba porque el mismo niño se lo contó y por rumores de vecinos, sin que jamás presenciara nada. En una ocasión lo vio con moretones en el cuerpo que el mismo le mostró y le dijo que su madre lo había golpeado. Por último señaló que Carlos vivía con dos hermanos y su madre; z) Declaración judicial de Germán Gabriel Cisterna Garnica de fs. 304 vta., quien señaló que le constaba que entre Juan Carlos y su madre Sonia Monsalve existía una pésima relación, esto era “vox populi” en el pueblo; incluso en una oportunidad en un festival presenció cuando la madre insultaba a Juan Carlos y un hermano que les acompañaba le dio unos golpes a Juan Carlos; aa) Declaración judicial de Manuel Altidoro Martínez Martínez de fs. 306, quien ratificó su declaración de fs. 78. Sólo agregó que los niños iban caminando, como jugando entre ellos, una especie de lucha. Uno de ellos se abrió hacia la pista mientras que el otro trató de sujetarlo una especie de juego. Precisamente el que iba más cerca del eje central de la calzada fue el que se cruzó. Respondió que por el camino en construcción no transitaban testigos; que él bajó al lugar sin que sus testimonios fueran recogidos por Carabineros; que la persona que fue impactada por la camioneta

264

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

llevaba una chaqueta tipo militar, mimetismo, un pantalón de buzo gris y zapatillas, de baja estatura y delgado; bb) Declaración judicial de Alex Ariel Pinto Caro de fs. 306, quien ratificó íntegramente su declaración de fs. 79 vta. El día de los hechos efectivamente se encontraba en compañía de Luis Martínez realizando trabajos de topografía en una altura a 200 metros del lugar donde ocurrió el accidente. Recordaba haber visto el camión de la empresa y delante una camioneta conducida por don Juan Riffo, ambos por el lado derecho y delante de la camioneta se distinguían dos figuras humanas que no pudo distinguir debido a la distancia en que se encontraba. Lo que le extrañó de la situación fue ver personas ajenas a Sacyr y la empresa en que él se desempeñaba, Constructora Harr, ya que allí nunca circulaban peatones; cc) Declaración judicial de Waldemar Segundo Garnica Molina de fs. 306 vta., quien ratificó su declaración de fs. 77 vta. Dijo que no había observado que algún peatón transitara por la vía en construcción aparte del occiso; que la ruta estuvo cerrada para cualquier tipo de tránsito, excepto ellos, personas autorizadas; dd) Declaración judicial del Luis Fernando Martinez Araneda de fs. 306 vta., quien ratificó su declaración de fs. 79 dijo que no había observado la presencia en la ruta de algún peatón ajeno a la empresa que allí laboraban; ee) Declaración judicial del perito Sergio Fernando Cáceres Acevedo de fs. 314, quien ratificó íntegramente el peritaje practicado por su persona al vehículo Mazda, patente TZ 4096, agregado a fs. 18. Al referirse a que la camioneta periciada iba a gran velocidad era por el estado estructural y deformación con que quedó este vehículo, pero que no podría precisar la velocidad que llevaba al momento del impacto; ff) Declaración judicial de Iván Eddie Cortés Pizarro de fs. 316, quien dijo ratificar íntegramente el peritaje agregado a fs. 39 y siguientes, el cual fue confeccionado íntegramente por él; CUARTO: Que los elementos de prueba anteriormente reseñados constituyen un conjunto de presunciones que, por reunir los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten concluir que en Osorno, San Pablo, el 12 de marzo de 2001, aproximadamente a las 11:00 horas, a la altura del kilómetro 896 de la calzada oriente de la Ruta 5, no habilitada para tránsito público, Claudio Marcelo Alvarado Solís y Juan Carlos Ovando Monsalve transitaban a pie por la pista izquierda, de sur a norte, circunstancias en las cuales se aproximó la camioneta Mazda doble cabina patente TZ 4086, por la pista derecha también de sur a norte, a una velocidad no inferior a 90 kilómetros por hora, sin que su conductor disminuyera la velocidad y tocara la bocina, circunstancias en las cuales Juan Carlos Ovando Monsalve, quien transitaba por el lado derecho de la pista izquierda, fue advertido por su acompañante de la proximidad del vehículo, ante lo cual aquél intentó cruzar hacia el oriente pero fue colisionado con el tercio medio de la parte frontal de la camioneta, a consecuencia de lo cual resultó policontusionado y polifracturado, lo que le produjo la muerte inmediata en el mismo lugar. QUINTO: Que los hechos anteriormente establecidos constituyen cuasidelito de homicidio en la persona de Juan Carlos Ovando Monsalve, cometido en San Pablo el 12 de marzo de 2001. No obstante que el conductor estaba autorizado para desplazarse por la vía, aún no entregada para el tránsito público, debió hacerlo con sujeción a los artículos 114 y 148 de la ley Nº 18.290, que le obligaban a estar atento a las condiciones del tránsito del momento y a conducir el vehículo a una velocidad razonable y prudente, considerando los riesgos y peligros presentes y posibles, para controlar el vehículo y evitar accidentes. Tales normas consagran conductas elementales para evitar daños, por lo que su transgresión evidencia imprudencia en el autor. Los hechos ocurrieron a las 11:00 horas, a plena luz; el conductor declaró que tenía buena visibilidad y que siempre vio a los peatones, no obstante lo cual no disminuyó la velocidad ni les tocó la bocina sino que continuó su marcha a gran velocidad hasta que, ante la reacción sorpresiva de uno de los peatones, lo impactó violentamente, a raíz de lo cual murió instantáneamente en el mismo lugar. Si el conductor hubiera conducido a una velocidad razonable y prudente probablemente habría detenido el vehículo o bien maniobrado para eludir al peatón; o si hubiera tocado la bocina con la debida anticipación los peatones se habrían salido de la calzada y no habría atropellado a uno de ellos.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

265

SEXTO: Que el acusado Juan Carlos Riffo Muñoz expuso en su indagatoria de fs. 10 que el día de 12 de marzo de 2001, alrededor de las 11:45 horas, iba conduciendo la camioneta Mazda color gris patente TZ 4086, de propiedad de la Empresa Constructora Edgar Hadida, por la carretera en construcción, de sur a norte, entre San Pablo y Puente Pilmaiquén, a unos 60 kilómetros por hora, cuando a unos 50 a 70 metros más adelante, por el costado izquierdo de la misma calzada, iban dos hombres caminando, no sabía si al norte o hacia el sur. Una vez cerca de ellos el joven que iba caminando hacia el centro de la calzada se dio como una vuelta hacia la pista donde él iba conduciendo y el otro joven trató de tomarlo pero ya era demasiado tarde y fue ahí que impactó al joven con el parachoque de la camioneta, quien cayó hacia el lado derecho. Enseguida paró y fue a ver qué le había sucedido pero ya estaba muerto, por lo que no pudo hacer nada más que llamar a la Empresa por radio para que dieran aviso a Carabineros. Él iba conduciendo por este costado de la carretera ya que momentos antes había pasado a revisar unas máquinas que se encontraban en ese mismo lado de la calzada y por esta razón y como debía llegar hasta el pozo Pilmaiquén siguió conduciendo por ahí mismo. Se encontraba conduciendo en normal estado de temperancia pero igual se le practicó la alcoholemia. SÉPTIMO: Que la declaración anterior constituye confesión judicial que por reunir las exigencias del artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, acredita que el acusado participó como autor del cuasidelito de homicidio de Juan Carlos Ovando Monsalve, pues condujo el vehículo que lo atropello y causó la muerte, esto es, que obró de una manera inmediata y directa. OCTAVO: Que no se hará lugar a la petición de absolver al acusado además por las siguientes razones: a) El hecho de que la víctima caminara por el centro de una vía no destinada al tránsito de peatones no autorizaba al conductor para desplazarse imprudentemente y sin respetar las normas elementales de conducción; b) El hecho de que el acompañante de la víctima se percatara de la presencia del móvil tan sólo por un reflejo demuestra que el conductor no tomó las debidas precauciones para advertir de su presencia; lo correcto hubiera sido que tocara la bocina para alertar de su desplazamiento, independientemente del hecho de que supiera o no que uno de los transeúntes fuera o no sordomudo; c) El impacto se produjo a no menos de 90 kilómetros por hora y no a 60 kilómetros, por hora como lo dijo el acusado. El informe de la Sección Investigadora de Accidentes del Tránsito de Carabineros, unidad especializada, señaló que fue a una velocidad no inferior a 93 kilómetros por hora, lo que concuerda con el testimonio del acompañante de la víctima, quien señaló que trató de agarrar a éste pero ya el vehículo estaba encima; con el largo de 34 metros de la huella de arrastre y con el largo de 54 metros de la huella de frenada de la camioneta; con la muerte instantánea del peatón a raíz de las policontusiones y politraumatismos; y con las ostensibles abolladuras de la camioneta, tanto en el parachoques como en la mascarilla y en el capot. El conductor dijo en su indagatoria que iba a 60 kilómetros por hora pero en la diligencia de reconstitución señaló que conducía a unos 70 kilómetros por hora, lo cual no alcanza a desvirtuar las consideraciones anteriores; d) Los antecedentes demuestran que el conductor no tomó las precauciones para controlar el vehículo y evitar atropellar al peatón, pues no condujo a la velocidad razonable y prudente que las circunstancias aconsejaban ni menos hizo oportunamente las señales reglamentarias. NOVENO: Que beneficia al acusado la atenuante de irreprochable conducta anterior, acreditada con su extracto de fs. 71, que no registra anotaciones penales anteriores. No se considerará como muy calificada por no existir antecedentes para ello. DÉCIMO: Que el cuasidelito de homicidio está penado con reclusión o relegación menores en sus grados mínimos a medios. Beneficia al acusado una atenuante y no le perjudica ninguna agravante de responsabilidad criminal, por lo que la pena se impondrá en su mínimo mínimum. En cuanto a lo civil: UNDÉCIMO: Que Sonia del Carmen Monsalve Muñoz demandó a Juan Carlos Riffo Muñoz y a Empresa Constructora Harr S.A., representada por Edgar Walter Hadida Schmid, a fin de que solidariamente le paguen $ 200.000.000 por daño moral que le provocó el cuasidelito de homicidio de su hijo de filiación no matrimonial Juan Carlos Ovando Monsalve, de 19 anos, sordomudo. El daño moral se fundamenta en el sufrimiento o dolor que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los

266

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

sentimientos de una persona, comprensivo del miedo, emoción, verguenza y pena física o moral. Su muerte le provocó el lógico dolor que cualquier padre puede experimentar por la pérdida de un hijo. No se necesita fundarlo ni probarlo. La acción u omisión directa es responsabilidad del acusado pues iba desatento a las condiciones que presentaba la pista ya que primeramente señaló que no sabía decir si los peatones iban o venían, después que iban de sur a norte y, finalmente, que no recordaba, por lo cual podía concluirse que no se percató de la presencia de la víctima. Conducía a una velocidad no razonable ni prudente, no inferior a 90 kilómetros por hora, y no adoptó ninguna medida de seguridad para evitar el accidente. Los testimonios presentados por la querellada carecen de imparcialidad pues se trata de trabajadores de la empresa demandada y no concuerdan con el hecho de que el único testigo empadronado por Carabineros fuera el acompañante de la víctima. La vía está emplazada en bienes nacionales de uso público cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la Nación. DUODÉCIMO: Que el demandado Juan Carlos Riffo Muñoz rechazó la demanda porque no era responsable del cuasidelito de homicidio de Juan Carlos Ovando Monsalve pues su atropello se produjo por la conducta culpable y antirreglamentaria del fallecido. El daño moral es personal y no puede considerarse el experimentado por la madre. En todo caso el monto de la indemnización debe reducirse considerablemente por la propia culpa de la víctima, sin costas. DECIMOTERCERO: Que la demandada Empresa Constructora Harr S.A. rechazó la demanda porque el occiso violó los artículos 165, 167 Nº 2 y 176 de la ley Nº 18.290 porque las calzadas están destinadas al tránsito de vehículos y porque los peatones deben transitar por la berma y costados izquierdo de ellas. La responsabilidad civil por el hecho de un tercero que establece el artículo 2320 del Código Civil no es solidaria. En subsidio solicitó la reducción notable de la indemnización en atención a que la víctima se expuso imprudentemente a ser colisionada. DECIMOCUARTO: Que Juan Carlos Riffo Muñoz es responsable del cuasidelito de homicidio de Juan Carlos Ovando Monsalve, cometido en San Pablo el 12 de marzo de 2001, por lo que debe indemnizar los perjuicios causados por el ilícito, en la especie, el daño moral provocado a su madre. DECIMOQUINTO: Que Empresa Constructora Harr S.A. es responsable solidariamente de los perjuicios ocasionados con el uso del vehículo, en su carácter de propietaria del móvil, y por haber autorizado su conducción por Juan Carlos Riffo Muñoz. DECIMOSEXTO: Que se encuentra establecido que la víctima caminaba por la pista izquierda de la calzada oriente de la Ruta 5, de sur a norte, acompañada de Claudio Marcelo Alvarado Solís, y que sorpresivamente apareció una camioneta en el mismo sentido, a una velocidad no razonable ni prudente y sin las precauciones debidas para evitar accidentes, por lo que su acompañante trató de advertirle tal circunstancia, ante lo cual se cruzó hacia el oriente, instantes en que fue colisionado por el móvil, el cual lo arrastró y le causó la muerte en el mismo lugar. DECIMOSÉPTIMO: Que de lo expuesto precedentemente se infiere que la víctima caminaba por la calzada de la vía, es decir, por un lugar prohibido para el tránsito de peatones; y que ante el peligro inminente advertido por su acompañante reaccionó sorpresivamente cruzando hacia el oriente en circunstancias que debió hacerlo hacia el occidente. O sea, la conducta de la víctima también fue culpable e inadecuada pues se desplazaba por una carretera, es decir, un lugar diseñado para el tránsito de vehículos, por lo que no debió exponerse al riesgo de ser atropellado. DECIMOCTAVO: Que el certificado de fs. 244 acredita que Sonia del Carmen Monsalve Muñoz es la madre de Juan Carlos Ovando Monsalve. Es inconcuso que su muerte produjo a aquella dolor afectivo y psicológico pues no hay prueba que desvirtúe esta lógica inferencia de la naturaleza humana. Armoniza también con el antecedente clínico de fs. 336, que refiere depresión de la madre al 16 de julio de 2002. DECIMONOVENO: Que, en consecuencia, se acogerá la demanda civil de indemnización del daño moral pero no por $ 200.000.000 sino que por $ 10.000.000 pues aunque no hay cifra que pueda resarcir tal dolor, tampoco ella puede significar enriquecimiento a costa de un hecho culpable o imprudente de un tercero, máxime si la víctima se expuso imprudentemente a él. Y VISTO además lo dispuesto en los artículos 2, 4, 11 Nºs 6, 14 Nº 1, 15 Nº 1, 18, 21, 24, 25, 30, 50, 68, 391 Nº 2, 490 Nº 1 y 492 del Código Penal; 1, 2, 114, 148, 165 Nº 1, 167 Nº 2 y 3, 170, 172 Nºs 2, 7 y 15 de la ley Nº 18.290; 108, 109, 110, 111, 457, 464, 473, 477, 481, 482, 485, 488, 500, 501, 502, 503, 504 y 533 del Código de Procedimiento Penal; y 1, 3, 4 y 5 de la ley Nº 18.216, se resuelve:

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

267

Que se rechazan las tachas de fs. 191; Que se condena a Juan Carlos Riffo Muñoz, como autor de cuasidelito de homicidio de Juan Carlos Ovando Monsalve, cometido en San Pablo, Osorno, el 12 de marzo de 2001, a la pena de sesenta y un días de reclusión menor en su grado mínimo mínimum, a las accesorias de suspensión de todo cargo y oficio público durante el tiempo de la condena y suspensión de su licencia permiso o carnet para conducir vehículos motorizados por el lapso de un año, y a pagar las costas de la causa Que se le suspende el cumplimiento de la pena privativa de libertad y se le concede el beneficio de la remisión condicional de la pena por el lapso de un año, para lo cual deberá presentarse ante el Centro de Reinserción Social de Osorno dentro de décimo día de ejecutoriada esta sentencia, y cumplir además con los requisitos del artículo 5 de la ley Nº 18.216. Que si el beneficio le fuera revocado o dejado sin efecto cumplirá la pena privativa de libertad impuesta desde que se presente o sea habido, sirviéndole de abono los dos días que estuvo privado de libertad por estos hechos, según consta a fs. 6 y 15 vta. Que se acoge la demanda civil sólo en cuanto se condena a Juan Carlos Riffo Muñoz y a Empresa Constructora Harr S.A. a pagar solidariamente a Sonia del Carmen Monsalve Muñoz la suma de diez millones de pesos por concepto de daño moral, más reajustes desde el 12 de marzo de 2001 a la fecha de pago y sin intereses por no ser procedente, y sin costas, por no haber sido vencidas totalmente. Que en su oportunidad deberá cumplirse con lo dispuesto en el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal. Regístrese, notifíquese y consúltese si no se apelase Dictada por el señor Raúl Ramírez López, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras de Osorno. Autoriza el señor Mario Silva Oyarzún, Oficial Primero, subrogando legalmente. Rol Nº 241 6 (2001).

II.- CORTE DE APELACIONES Valdivia, doce de septiembre de dos mil tres. VISTOS: Se reproduce la sentencia apelada en su parte expositiva, considerandos y citas legales; y Teniendo además presente: PRIMERO: Las disposiciones legales contenidas en el Título XXXV del Libro IV del Código Civil que trata de las indemnizaciones a que están obligados quienes cometen delito o cuasidelito causando daño, especialmente las contenidas en los artículos 2314, 2330 y 2334 de ese título, aplicables en la especie. SEGUNDO: El hecho cierto, acreditado en autos y mencionado por el fallo en alzada, de haberse expuesto imprudentemente la víctima al daño recibido, por caminar por vía no habilitada al uso público y, en ella por el centro de la misma. TERCERO: El informe de la señora Fiscal Judicial, evacuado a fs. 13, del cual se discrepa parcialmente, puesto que propone la confirmación del fallo sin modificaciones. Y visto además las normas de los artículos 500, 504, 514 y 529 del Código de Procedimiento Penal, Se confirma la sentencia apelada, dictada el catorce de julio de dos mil tres y escrita desde fs. 342 a 356, con declaración de que se exime a Juan Carlos Riffo Muñoz de la exigencia establecida por la letra d) del artículo 5 de la ley 18.216 para hacer uso del beneficio que el fallo de primera instancia le concede y que Juan Carlos Riffo Muñoz y la Empresa Constructora Harr S.A. quedan condenados solidariamente a pagar como indemnización a Sonia del Carmen Monsalve Muñoz la cantidad de siete millones de pesos por concepto de daño moral, en la forma y con los reajustes que la sentencia señala y al pago de las costas del recurso. Redacción de la Abogada Integrante señora Helga Steffen Riedemann. Regístrese y devuélvase. Rol Nº 119.224 03. Pronunciada por la Primera Sala, por los Ministros señores Mario Julio Kompatzki Contreras, Darío I. Carretta Navea, Abogado Integrante señora Helga Steffen Riedemann. Autoriza la Secretaria Titular señora María Soledad Piñeiro Fuenzalida.

268

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

III.- CORTE SUPREMA Santiago, ocho de junio de dos mi seis. VISTOS: En estos autos rol ingreso corte Nº 4256 03, seguidos ante el Primer Juzgado del Crimen de Osorno, con el rol Nº 241 2001, por sentencia de 14 de julio de 2003, que se lee a fojas 242, se condenó a Juan Carlos Riffo Muñoz como autor del cuasidelito de homicidio de Juan Carlos Ovando Monsalve, ocurrido el 12 de marzo de 2001, en San Pablo, Osorno, a la pena de sesenta y un días de reclusión menor, en su grado mínimo más, accesorias y suspensión de la licencia, permiso o carné de conducir vehículos motorizados por un año. Se le condenó, además en lo civil, a pagar a la demandante solidariamente con la demandada Empresa Constructora Harn S.A. diez millones de pesos por concepto de daño moral. Apelado que fuera este fallo, la Corte de Apelaciones de Valdivia, por resolución de 12 de septiembre de 2003, escrita a fojas 394, lo confirmó con declaración que redujo a siete millones de pesos el monto de la indemnización fijada. Contra esta última decisión la defensa de encausado y del tercero responsable, dedujo recurso de casación en el fondo, para cuyo conocimiento se ordenó traer estos autos en relación a fojas 406. CONSIDERANDO: 1º. Que, el recurso de casación en el fondo, en lo que hace a la parte penal, se funda en que la sentencia ha calificado como delito un hecho que la ley no considera como tal, lo que la hace incurrir en la causal estatuida en el numeral tercero del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, infringiendo los artículos 1º, 2º, 490 Nº 1º y 492, del Código Penal, y los artículos 167 y 176 de la ley 18.290. De otra parte, se impugna también la decisión civil asilándose en lo dispuesto en el inciso final del citado artículo 546 del Código procedimental referido, y en los artículos 72, inciso tercero, 94, 95, 100 Nº 1º y 433 Nº 2º del mismo cuerpo legal; y, artículos 304, 305, 1437, 2284, 2314 y 2329 del Código Civil; 2º. Que, los recurrentes aducen, en síntesis, que si bien los sentenciadores establecieron que el encausado infringió las normas de tránsito relativas a la velocidad y concentración que debe observar todo conductor de un móvil, no señalaron los actos que importan en la especie imprudencia o negligencia de modo que no pudieron tener por configurado el cuasidelito de que se trata. Agregan, que consta de autos, por una parte, que el encartado conducía el vehículo a una velocidad menor a la legalmente exigida, atento a las condiciones del tránsito del momento percatándose, con anticipación, de la presencia de los peatones. De otra, fluye de los antecedente que los transeúntes caminaban por el centro de la calzada, dando la espalda a los vehículos, vestían ropaje de mimetismo (sic) que hacía difícil la determinación de su presencia en la vía, jugaban mientras caminaban y uno de ellos, momentos antes del accidente, se atravesó, por delante de la camioneta manejada por el encausado, conducta que contraviene lo dispuesto por los artículos 167 y 176 de la Ley de Tránsito. Así, concluyen, que de no haberse incurrido en el error de derecho denunciado, los sentenciadores habrían concluido que la causa del accidente fue la conducta del peatón que resultó atropellado, absolviéndose al acusado; 3º. Que, los hechos establecidos de la causa, en lo pertinente, son los siguientes: a) En Osorno, San Pablo, el 12 de marzo de 2001, aproximadamente a las 11:00 horas, a la altura del kilómetro 896 de la calzada oriente de la Ruta 5, no habilitada para tránsito público, Claudio Marcelo Alvarado Solís y Juan Carlos Ovando Monsalve transitaban a pie por la pista izquierda, de sur a norte, circunstancias en las cuales se aproximó la camioneta Mazda doble cabina patente TZ 4086, por la pista derecha, también de sur a norte, a una velocidad no inferior a 90 kilómetros por hora, sin que su conductor disminuyera la velocidad y tocara la bocina, circunstancias en las cuales Juan Carlos Ovando Monsalve, quien transitaba por el lado derecho de la pista izquierda, fue advertido por su acompañante de la proximidad del vehículo, ante lo cual aquél intentó cruzar hacia el oriente pero fue colisionado con el tercio medio de la parte frontal de la camioneta, a consecuencia de lo cual resultó policontusionado y polifracturado, lo que le produjo la muerte inmediata en el mismo lugar (considerando cuarto del fallo de primer grado mantenido por el de segunda instancia); b) El acompañante de la víctima se percató de la presencia del móvil tan sólo por un reflejo y el impacto se produjo a no menos de 90 kilómetros por hora (considerando octavo, letras b) y c));

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

269

4º. Que, los presupuestos fácticos antes apuntados se estimaron constitutivos de cuasidelito de homicidio, en los que le cupo al acusado la participación de autor. Para ello los jueces tuvieron en consideración, que si bien el conductor estaba autorizado para desplazarse por la vía en cuestión, no habilitada al tránsito público aún, ello no lo eximía del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 114 y 148 de la ley Nº 18.290 de 1984, que lo obligaban a conducir atento a las condiciones del tránsito y una velocidad razonable y prudente, considerando los riesgos y peligros presentes y posibles, para así controlar el vehículo y evitar accidentes. La transgresión de estas normas evidencia imprudencia y así lo expresa el fallo de primera instancia, confirmado por el de segunda, en sus motivos cuarto, quinto y octavo; 5º. Que, del examen del recurso se advierte que, por una parte, éste se ha construido sobre hechos distintos a los asentados por los jueces del fondo, los que esta Corte está impedida de revisar al no haberse denunciado la violación de las leyes reguladoras de la prueba, lo que torna al primero carente de fundamento; y, de otra, se tiene presente que los hechos establecidos han sido correctamente calificados por cuanto la conducta del encausado, imprudente y temeraria, transgresora a su vez de las normas que regulan el tránsito, sin duda, tipifican el cuasidelito de homicidio de la especie; 6º. Que, por último, en lo que hace a la impugnación de la decisión civil, los recurrentes, asilándose en el inciso final del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal en relación con los artículos 72, inciso tercero, 94, 95, 100 Nº 1º y 433 Nº 2º de su mismo cuerpo legal, y con los artículos 304, 305, 1437, 2284, 2314 y 2329 del Código Civil, alega que se ha incurrido en error de derecho al concederse indemnización por daño moral a la demandante sin que ésta hubiese acreditado, al momento de deducir su acción, el “estado civil” que justifique su pretensión. Basté considerar para el rechazo del recurso en este capítulo, el que las alegaciones relativas a la legitimación de la demandante no fueron planteadas como defensa al contestar la demanda por ninguno de los demandados civiles y por lo mismo no fue motivo de pronunciamiento en definitiva. Siendo así, los jueces no pudieron cometer el error de derecho que se denuncia y tampoco los recurrentes están facultados para impugnar lo decidido, por carecer de agravio; 7º. Que, por las razones expresadas en los fundamentos precedentes no cabe sino concluir que el presente recurso debe ser desestimado en todas sus partes. Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por el encausado y el tercero civilmente responsable, en lo principal de la presentación de fojas 395, en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, de doce de septiembre de dos mil tres, que corre a fojas 394, la que, en consecuencia, no es nula. Regístrese y devuélvanse. Redacción del Ministro señor Rubén Ballesteros C. Rol Nº 4.256 03. Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros señores Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury U., Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E. y Rubén Ballesteros C. No firman los Ministros señores Chaigneau y Cury, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con licencia médica y por haber cesado en sus funciones respectivamente. Autoriza el Secretario de esta Corte Suprema señor Carlos Meneses Pizarro.

270

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

FICHA 16

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 1820-2005 Cita Online: CL/JUR/300/2006 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO Santa Cruz, veintiocho de octubre del año dos mil cuatro. VISTOS: Que se ha ordenado instruir el presente sumario Rol Nº 50.409, antes causa Rol Nº 14.399 del suprimido Segundo Juzgado de Letras del Crimen de Santa Cruz, para investigar la comisión de un cuasidelito de homicidio y la responsabilidad que en el pueda caber a Jerardo Antonio Verdugo Espinoza, chileno, nacido en Pumanque, viudo, 68 años, operador de motoniveladoras, lee y escribe, domiciliado en Avda. La Paz Nº 745 de Lolol, cédula de identidad Nº 3.527.802, nunca antes procesado ni condenado. Que, mediante parte policial de fs. 3 se puso a disposición del Tribunal al encartado Gerardo Antonio Verdugo Espinoza, en calidad de detenido, por cuanto se recepcionó llamado telefónico, comunicando que en Villa Nicolás Palacios una máquina motoniveladora habría colisionado a conductor de triciclo, motivo por el cual de inmediato concurrieron al lugar de los hechos procediendo a su detención. Se señala que momentos antes y en circunstancias que conducía motoniveladora, marca Caterpillar, modelo 12-G, año 1978, sin placa patente, de propiedad de la Dirección de Vialidad Inspectoría de Santa Cruz, con el objeto de realizar trabajos de mejoramiento de la vía y pasajes interiores de la citada Villa, al efectuar maniobra de retroceso con la parte posterior del móvil, colisionó a triciclo especial, conducido por el centro de la calzada por el minusválido Óscar Eduardo León Santelices, de 36 años, quien luego de ser asistido con los primeros auxilios fue trasladado hasta el hospital local. Se informa, que producto de la colisión el conductor del triciclo, resultó politraumatizado en observación, fractura pelvis, y de cadera derecha, esta última en carácter de expuesta. Finalmente se señala que mientras el lesionado era trasladado a Hospital de Rancagua, falleció a las 13:35 horas, ingresado a dicho, centro hospitalario. A fs. 11 rola declaración indagatoria del encartado. A fs. 59 y siguientes se agrego a los autos informe de “autopsia de Óscar Eduardo León Santelices. A fs. 20 rola querella, criminal presentada por Marina Andrea Duque Salinas en representación de doña Ana María Benilde Santelices Jofré en contra del encartado como autor de cuasidelito de Homicidio. A fs. 74 se dicta auto de procesamiento en contra de Gerardo Antonio Verdugo Espinoza, como autor de cuasidelito de homicidio en la persona de Óscar Eduardo León Santelices. A fs. 96, se dicta auto acusatorio en contra del inculpado, como autor de cuasidelito de homicidio en la persona de Óscar Eduardo León Santelices. A fs. 107, la querellante se adhiere a la acusación fiscal, e interpone demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del Gerardo Antonio Verdugo Espinoza a Dirección de Vialidad representada legalmente por José Miguel Zurita Vargas y Municipalidad de Santa Cruz, representada por Héctor Rolando Valenzuela Valenzuela. A fs. 130 la defensa del encartado contesta acusación de oficio. A fs. 163 se trajeron los autos para los efectos contemplados en el artículo 499 del Código de Procedimiento Penal, y una vez cumplidas medidas para mejor resolver se trajeron los autos para fallo. CONSIDERANDO: En cuanto a la acción penal. PRIMERO: Que, a fs. 96, se dictó acusación de oficio en contra de Jerardo Antonio Verdugo Espinoza, como autor de cuasidelito de homicidio en la persona de Óscar Eduardo León Santelices.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

271

SEGUNDO: Que en orden a establecer el ilícito se han reunido en autos los siguientes elementos de convicción: a) Parte policial de fs. 3 y siguientes de la Segunda Comisaría de Santa Cruz, cuyo contenido ya ha sido reseñado en la parte expositiva de esta sentencia. b) Formulario para Toma de Datos en Accidentes de Tránsito de fs. 8 a 9, en el cual se consigna como causa basal del accidente el hecho de conductor de máquina efectúa maniobra de retroceso sin percatarse de la presencia, de vehículo de propulsión humana. c) Informe de Alcoholemia de fs. 26, correspondiente a Jerardo Verdugo Espinoza, que arroja un resultado de 0,0 gramos por mil de alcohol en la sangre. d) Declaraciones de Mariano del Carmen Contreras Zúñiga de fs. 27, quien señala que llegó al lugar de los hechos después de ocurrido el accidente, no existiendo señalización alguna, dispositivo de seguridad, bandereros o personas que regularan el tránsito en el lugar donde trabajaba máquina de vialidad. e) Declaraciones de Rigo Humberto Cea Correa de fs. 27 vta., quien señala no ser testigo de los hechos, pero haber pasado por el lugar antes del accidente ya que transita por allí, manifestando que no existía dispositivo de seguridad, ni cierre hecho por funcionarios de la Municipalidad en el lugar de los trabajos, ni banderero, contestando finalmente que no se encontraba carabineros resguardando el tránsito. f) Declaración de Hernán del Carmen Romero Cabrera de fs. 29, quien señala no haber presenciado los hechos, llegando después, no existiendo en el lugar ningún dispositivo de seguridad, no encontrándose el sitio cerrado, no existiendo bandereros así como tampoco personas que regularan el tránsito en la calle en la cual se encontraban trabajando, acotando finalmente que tampoco había en el lugar carabineros, quienes llagaron después del accidente. Agrega que los trabajos que estaban siendo realizados por la Municipalidad, se encontraban en la calle. g) Autorización de fs. 31, de fecha 23 de septiembre del año 2002, otorgada por el Director de Obras de la Municipalidad de Santa Cruz, en la cual se señala que se autoriza a la motoniveladora a efectuar trabajos de perfilado en Población Nicolás Palacios el día que las condiciones climáticas, lo permitan. Se señala además que personal de la Municipalidad instruirá en terreno la forma de ejecución del trabajo. Agregándose que ello debido al pésimo estado de las vías señaladas. h) Informe de Autopsia de fs. 59 y siguientes, correspondientes a protocolo efectuado a Óscar Eduardo León Santelices, de 36 años de edad, en el cual se señala a modo de conclusión que causa precisa y necesaria de la muerte fue traumatismo pelviano grave, siendo sus lesiones compatibles con accidente de tránsito (atropello). i) Informe Interno de Examen de Alcoholemia de fs. 158, emanado del Servicio Médico Legal, en el cual se señala que la victima Óscar Eduardo León Santelices, presenta cero coma cero gramos por mil de alcohol en la sangre. j) Certificado de defunción de Óscar Eduardo León Santelices de fs. 57; k) Ofició Respuesta de Carabineros de Santa Cruz de fs. 70, quien señala que efectuada revisión de documentación correspondiente al año dos mil dos, no existe documento en el cual se solicite personal de carabineros para efectuar servicio de tránsito, con motivos de la realización de trabajos en Población Nicolás Palacios de Santa Cruz, no existiendo además constancia de dicha petición en los libros de la Unidad. 1) Declaraciones de José Manuel González Retamal, empleado municipal de fs. 84, quien señala que se encontraba en el lugar de los hechos al momento de producirse el accidente junto a su colega José Aliaga Ávila, ya que se encontraban perfilando las calles, de la Población Nicolás Palacios; en cuanto a la pregunta número dos que se le formula señala que en el lugar en el cual se encontraba la máquina se podía, transitar pero a una mínima velocidad ya que la calle estaba llena de hoyos. Señala en relación al accidente haber, visto cuando motoniveladora retrocedió en la calle A de la Población Nicolás Palacios, lo que hizo en forma muy lenta, lo que calcula a unos 20 metros, divisando el al fondo de la población una camioneta roja, una vez que la máquina había retrocedido los veinte metros la camioneta había llegado a la esquina, el levantó la mano al chofer para que detuviera la máquina y diera la pasada a la camioneta, cuando de repente vio a la víctima debajo

272

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

de la máquina. Agrega que señora que manejaba camioneta llegó a su domicilio y decía que ella había dado la pasada a la víctima a la cual él nunca vio. Finalmente señala no haber visto al occiso en ningún momento. m) Declaraciones de Guillermo del Carmen Aliaga Ávila de fs. 89, quien señala haber estado presente cuando ocurrió el accidente; que en el lugar donde realizaba trabajos motoniveladora no se podía transitar; que occiso habría adelantado a camioneta según lo expuesto por una señora; señalando finalmente que máquina llevaba dos horas trabajando, agregando que accidente no lo vio, sino que luego del mismo fue a ver al joven y este estaba inconsciente en el suelo en medio de las dos ruedas traseras de la motoniveladora. n) Declaraciones de María Gema Devia Santelices de fs. 94, quien señala que el día de los hechos concurrió con su vehículo a buscar a un colega, y cuando se encontraba en calle principal de Población Nicolás Palacios se dio cuenta que había una máquina retroexcavadora próxima a salir por lo que tuvo que detenerse, avanzando la máquina rompiendo con una pala mecánica, agregando que a unos pocos metros de la máquina pasó un joven con un triciclo, y ella pudo cruzar la calle y darse vuelta de inmediato y ya había ocurrido el accidente, por lo que presume ya que no lo presenció que la máquina retrocedió y atropelló al joven. Finalmente señala que después se acercó a la máquina, y un señor de un furgón le señaló que algo había pasado, encontrándose la máquina detenida en el mismo lugar donde antes la había visto cruzar y debajo había una persona, bajándose el chofer de la misma preguntándole qué había pasado, y ella le respondió que había atropellado a una persona el que estaba enredado en las ruedas traseras. o) Oficio Respuesta de Director de Vialidad de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, de fs. 151, en el que se señala que la motoniveladora Marca Caterpillar, modelo 12 G del año 1978, perteneciente a la dotación de Inspectoría de Obras de Santa Cruz, dependiente de la Dirección Provincial de Colchagua, fue requerida verbalmente por parte de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, para realizar un trabajo de emergencia en sector de La Capellanía, lugar en el cual ocurrió accidente de fecha 10 de octubre del año 2002. p) Declaraciones de Carlos Manuel Rojas Contreras de, fs. 180, quien señala pertenecerle firma de documento de fs. 5 de autos; que personal Municipal fue a vigilar el trabajo realizado por la máquina motoniveladora en Población Nicolás Palacios, específicamente chofer Guillermo Aliaga y el inspector José González quienes se constituyeron en el lugar entre 9:30 a 10:00 horas, agregando constarle que funcionarios municipales se encontraban en el lugar, en el cual se iban a realizar los trabajos puesto que fueron estos quienes por teléfono le avisaron lo que había pasado. q) Informe Técnico de la SIAT de Talca de fs. 43 a 46, en el cual se señala como dinámica del accidente que conductor de la motoniveladora conducía su móvil en maniobra de retroceso por el costado derecho de calle 2, en dirección al sur oriente, en tanto que el participante 2 conductor del triciclo, conducía vehículo por el costado derecho de la calzada en dirección nor poniente, y en dichas condiciones participante (1) debido a que efectúa trabajos en vía publica sin señalización, realiza maniobra de retroceso sin percatarse de la presencia y proximidad del conductor del triciclo obstruyéndole la circulación colisionándolo con la parte posterior inferior del móvil, la parte frontal del móvil menor. Se señala como causa basal del accidente, el hecho de que conductor de la motoniveladora debido a que efectúa trabajos de reparación de calzada sin señalización, realiza una maniobra de retroceso, careciendo de preferencia, con lo cual obstruye la circulación del móvil menor, colisionándolo. TERCERO: Que, los elementos de convicción que se han relacionado en el considerando precedente, constituyen, un conjunto de presunciones graves, precisas y concordantes, que apreciadas legalmente, permiten establecer que el día 10 de octubre del año 2002, en circunstancias que un tercero conducía una motoniveladora en sector de Población Nicolás Palacios, realizando trabajos a requerimiento de la Municipalidad de Santa Cruz sin la señalización y medidas de seguridad correspondientes en el terreno de faenas, procedió a efectuar una maniobra de retroceso para la cual carecía de toda preferencia, no percatándose de la presencia de un triciclo conducido por un minusválido en el sector, colisionándolo, sufriendo a raíz del impacto el conductor del móvil menor lesiones graves, falleciendo posteriormente al ingresar al Hospital Regional de Rancagua a consecuencia de las misma, siendo la causa de la muerte traumatismo pelviano grave.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

273

QUINTO: Que, al prestar declaración indagatoria el encartado a fs. 11, señala trabajar para vialidad desde hace 42 años, como operador de máquinas motoniveladoras, y que por orden de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz el día 10 de octubre debía efectuar trabajos en sector de La Capellanía por lo cual se encontraba extendiendo material pesado en la calle y a la tercera pasada tuvo que retroceder y que atrás suyo en la misma dirección venía un individuo en triciclo el cual se acercó mucho a la máquina de manera que al estar tan cerca no tenía visibilidad no pudo verlo, ya que resultaba imposible al estar tan cerca de la máquina debido a su altura. SEXTO: Que, si bien el encartado reconoce haber efectuado maniobra de retroceso y haber colisionado a la víctima, niega su responsabilidad en los hechos, por cuanto esta recaería sobre el occiso, ya que se acercó de tal manera a la máquina que no pudo verlo al efectuar maniobra debido a la altura de la misma, la que esta sentenciadora, desestima en atención a la forma en que verosímilmente ocurrieron los hechos, de acuerdo a lo señalado en informa pericial de la SIAT de1 Talca, y demás antecedentes que obran en el proceso, de los cuales se desprende que el conductor de la maquinaria realizó maniobra de retroceso careciendo de preferencia para ello, sin percatarse de la presencia del ciclista, colisionándolo, debiendo haber advertido su presencia, en atención a la maniobra que realizaba, para la cual tenía el deber de tomar los resguardos necesarios para ejecutarla, obligación que como conductor le correspondía, careciendo de concordancia de acuerdo a los antecedentes de autos, el hecho de que el minusválido conductor de bicicleta o triciclo adaptado debido a su condición y las circunstancias existentes en el lugar de los hechos se haya situado en forma totalmente vertiginosa e instantánea detrás de motoniveladora, al punto de quedar tan cerca de esta que no permitió advertir su presencia, por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 482 del Código de Procedimiento Penal se procederá a calificar su confesión y se le tendrá por confeso de su participación en el cuasidelito investigado. SÉPTIMO: Que, la defensa del inculpado en su escrito de fs. 130, solicita la absolución del acusado, por cuanto causa basal de accidente no sería imputable a este, ya que se encuentra establecido que mientras el conductor de la maquinaria realizaba trabajos en Villa Nicolás Palacios contando con la autorización del Director de Obras de la Municipalidad, el occiso quien conducía triciclo se acercó a la máquina a tal punto que resultaba imposible visualizarlo, tanto por conductor de la maquinaria como por inspectores municipales presentes, contando la motoniveladora con alarma de retroceso la cual al momento de la inspección se encontraba en buen estado de funcionamiento, siendo perfectamente visualizable y perceptible auditivamente la máquina, por lo que no se puede sino concluir que el occiso debió percatarse de la presencia de la motoniveladora mucho antes, ya que de lo contrario significaría que él no estaba atento a las condiciones del tránsito. Argumenta además que en atención a su calidad de discapacitado en un 70% resulta inverosímil que se considere a su representado como único responsable del accidente, no existiendo ninguna razón lógica para excusar a Óscar León de no haber visto la máquina conducida por el encartado ello en atención a la visibilidad, tamaño de la máquina y al hecho de contar esta con alarma. Sostiene además que debe considerarse también el hecho de que el occiso por su condición de invalido en un 70% de sus capacidades, no debió haber conducido vehículo por calzada de tránsito vehicular, ni menor amarrado sus piernas lo que demuestra una falta absoluta de control de su cuerpo, ya que aunque hubiese querido arrancar y abandonar el vehículo no hubiese podido hacerlo ya que se encontraba amarrado, en circunstancia que cualquier persona que no tuviera dichos impedimentos hubiese podido librarse del atropello. Finalmente en subsidio solicita que en caso de condenarse a su representado se le imponga la pena en su mínimo, debiendo considerarse que concurren a su respecto las circunstancias atenuantes de irreprochable conducta anterior contenida en el artículo 11 Nº 6 del Código Penal, y la establecida en el Nº 8 del citado numeral. OCTAVO: Que, respecto de la solicitud de absolución, esta será rechazada en atención a lo ya razonado en los Considerandos segundo, tercero, quinto y sexto de esta sentencia, encontrándose acreditada tanto la existencia del cuasidelito investigado como la participación que en éste le ha correspondido al encartado. Que, la argumentación relativa a que causa basal del accidente no sería imputable a su representado, no resulta aceptable por cuanto se encuentra acreditado de acuerdo a los antecedentes que obran en autos, que la colisión se produjo debido a la maniobra de retroceso realizada por el conductor de

274

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

motoniveladora, operación para la cual carecía de preferencia y en consecuencia le correspondía en su calidad de conductor adoptar los resguardos necesarios para realizarla en dicha calidad, que esta conclusión se ve refrendada plenamente con el informe de la SIAT de Talca, organismo con cuya asistencia se realizó reconstitución de escena con la participación de las personas involucradas en al accidente cuyas, conclusiones guardan relación y resultan acordes con los antecedentes de la investigación y con las reglas y principios científicos que reglan la materia. Que, esta conclusión no se ve alterada en forma alguna con el informe pericial agregado a fs. 190 y siguientes, el cual no resulta claro en sus conclusiones, estimando esta sentenciadora, que el hecho de que se tratare de una máquina, de gran tamaño y que visual pudiese, presentar falencias, ello no revierte la situación de que su conductor fue quien realizó maniobra de retroceso para la cual carecía de preferencia y obstruyó circulación de vehículo menor colisionándolo, debiéndose a ello la ocurrencia del accidente, no resultando concordante la alegación relativa a que occiso y conductor de vehículo menor se haya situado en forma imprevista y vertiginosa detrás de la máquina, al punto de no poder ser percibida su presencia por su conductor, atendida las características de la victima, las cuales permiten estimar que necesariamente existió un desplazamiento antes de ser impactado, lo que necesariamente requirió de un cierto lapso de tiempo, resultando inaceptable la argumentación relativa a que victima sería quien no estaba atento a las condiciones del tránsito del momento y que debido a ello se produce el accidente. NOVENO: Que, respecto de la circunstancia atenuante contenida en el Nº 6 del artículo 11 del Código Penal, se acogerá, con el mérito del extracto de filiación y antecedentes del encartado agregado a fs. 73, exento de anotaciones prontuariales anteriores, y declaración de los testigos de conducta de fs. 11 vta. y 13 de autos. DÉCIMO: Que, respecto de la circunstancia atenuante contenida en el artículo 11 Nº 8 del Código Penal, se rechazará, por cuanto no aparece acreditada en autos. UNDÉCIMO: Que, beneficiando al acusado una circunstancia atenuante, y no perjudicándole agravantes, se impondrá la pena asignada al delito en su mínimun, y respecto de la concesión de beneficios, deberá estarse a lo dispositivo de este fallo. En cuanto a la acción civil: DUODÉCIMO: Que, en el primer otrosí de fs. 107, la querellante interpone demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de don Jerardo Verdugo Espinoza, en su calidad de autor de cuasidelito; en contra de Municipalidad de Santa Cruz en su calidad de encargada de ejecución de las obras, representada legalmente por Héctor Valenzuela Valenzuela, comunicador social, ambos domiciliados en Plaza de Armas 242 de Santa Cruz; y en contra de la Dirección de Vialidad en su calidad de dueña y ejecutora de las obras, órgano estatal representado legalmente por José Miguel Zurita Vargas, ingeniero civil, ambos domiciliados en Campos Nº 301 de Rancagua. Funda su demanda en los hechos materia de la presente causa, los cuales reseña, señalando que dicho accidente se produjo por dos razones A) una de ella debido a que conductor de motoniveladora lo hacía sin estar atento a las condiciones de tránsito del momento lo que le impidió darse cuenta de la presencia de Óscar Santelices; y b) debido a que Inspectores Municipales que se encontraban trabajando en el momento no tomaron las medidas de seguridad necesarias ordenadas en la ley para evitar accidentes. Expresa en relación a ello que fue la Municipalidad de Santa Cruz, quien por intermedio de su Director de Obras quien ordenó los trabajos en Villa Nicolás Palacios, como consta en autorización rolante en autos, no tomando las medidas necesarias para estos casos conforme a lo dispuesto en los artículos 165 Nº 5 y 7, ya que no dio aviso a carabineros, tampoco se colocaron bandereros, ni las condiciones de seguridad mínimas para trabajar; en las vías públicas, vulnerándose de esa manera lo dispuesto en el artículo 102 de la ley Nº 18.290, que hace solidariamente responsable por los daños ocasionados a quienes no adopten las medidas de seguridad adecuadas a los que se encarguen de la ejecución de la obra y a quienes la ejecuten, transgrediéndose además las normas de seguridad contempladas en resolución Nº 27 de fecha 8 de enero del año 1997, publicada en el Diario Oficial con fecha 18 de marzo de 1997 en conformidad a lo dispuesto en decreto supremo Nº 63/86 de la misma Secretaria. Manifiesta que accidente se produjo por que no se adoptaron ninguna medida de seguridad por los inspectores de la Municipalidad de Santa Cruz, sin perjuicio de la responsabilidad del chofer de la máquina quien no estaba atento a las personas que circulaban

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

275

por el lugar, no adoptándose las medidas de seguridad mínimas ya mencionadas precedentemente. Por su parte la Dirección de Vialidad dueña del vehículo es responsable por entregar móvil a persona que no toma las precauciones suficientes al momento de conducir vulnerando con ello lo dispuesto en el artículo 114 de la ley Nº 18.290, debiendo tenerse en consideración lo dispuesto en el artículo 174 de la ley Nº 18.290 que hace solidariamente responsables de los daños ocasionados con motivo del uso del vehículo al chofer y propietario del móvil. Señala que Municipalidad de Santa Cruz es responsable también del accidente de conformidad a lo establecido en el artículo 2320 del Código Civil, que señala que toda persona no solo es responsable de sus propias acciones sino del hecho de aquello que estuvieren a su cuidado, en éste caso dicho organismo es responsable de la negligencia causado por sus empleados, siéndole también aplicable lo dispuesto en el artículo 2329 Nº 2 y establecido por el artículo 102 de la ley Nº 18.290 y resolución Nº 27 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Manifiesta que su representada es una persona de avanzada edad que vive sola ya que su única compañía y familia era el occiso quien a los 20 años sufrió un accidente de tránsito en razón del cual fue jubilado por invalidez total quedando al cuidado de su madre, ocasionándose con razón del accidente los siguientes perjuicios cuyos montos demanda: Daño emergente: Gastos que debió incurrir con motivo del accidente como lápida de cementerio y silla de ruedas especial cuyo monto asciende a $ 190.000. Lucro cesante: Correspondiente a los dineros que dejó de percibir su representada con razón de la muerte de su hijo, correspondiente a lo que la víctima percibía como Monitor de Artesanía en Departamento de Educación Municipal, lo cual ascendía a la cantidad de $ 75.000 en promedio mensual lo que era utilizado para solventar los gastos del hogar, extendiéndose el contrato a tres meses lo que hace un total de $ 225.000, o la cantidad que el Tribunal, prudencialmente fije conforme al mérito del proceso. Daño moral: En razón del daño sufrido por su representada debido a la perdida de su hijo, quien constituía su única familia y apoyo, siendo además quien mantenía el hogar materno ya que la jubilación de su representada solo alcanzaba para remedios, por lo que con la muerte de su hijo su representada quedó indefensa al no contar con dichos ingresos, debiendo recurrir a la generosidad de la comunidad o institución religiosa a la que pertenece. Por lo que solicita en definitiva se acoja la demanda por dichos conceptos y se condene a los demandados solidariamente a cancelar las sumas ya señaladas, reajustadas de acuerdo a IPC desde la fecha del fallo a la de su pago efectivo, con más los intereses correspondientes sobre el monto de la indemnización hasta el pago efectivo de la deuda, todo ello más las costas de la causa. DECIMOTERCERO: Que, los demandados no evacuaron el trámite de la contestación de la demanda. DECIMOCUARTO: Que, para acreditar sus dichos la demandante agregó legalmente a los autos, los siguientes documentos: a) Boleta de Venta de fs. 99, correspondiente a bicicleta de tres ruedas de color negro, por la suma de $ 50.000, a nombre de Óscar León. b) Recibo de Dinero de fs. 100, emitido por Marcia Arenas Pino de Funerarias Santa Cruz, en el cual se deja constancia de haber recibido la suma de $ 140.000 de parte, de doña Ana Santelices por concepto de instalación de lápida de fecha 10 de febrero del año 2003. c) Certificado emitido por Celso Mieville Oñate de fs. 101, director de Centro de Estudios Nicolás Palacios, en el cual señala que Óscar León Santelices realizó en dicha institución curso de capacitación de Excel y Word para Windows, de duración 96 horas durante el año 2000. d) Copias fotostáticas de Informe Social de fs. 102 a 103, realizado por asistente social de Ilustre Municipalidad de Santa Cruz. e) Boletas de Servicios Funerarios de fs. 104, emitida, por Funeraria Santa Cruz, por la suma de $ 694.000, por concepto de servicios funerarios, a nombre de Ilustre Municipalidad de Santa Cruz. f) Contrato de Sepultura Parroquia de La Santa Cruz de fs. 105. g) Certificado Médico de fs. 106, emitido por el sicólogo Alejandro Mujica, en el cual se señala que impresiona con un cuadro de Depresión mayor Reactiva por duelo de su hijo principalmente. Se señala

276

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

además haber tratado farmacológicamente a la actora, manteniendo angustia basal debido a falta de claridad frente a aspecto judiciales en torno a la muerte de su hijo. DECIMOQUINTO: Que, a fs. 151, se agregó oficio respuesta de Director de Vialidad de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, en el que se señala, que motoniveladora marca Caterpillar, modelo 12 G, año 1978, perteneciente a la dotación de la Inspectoría de Santa Cruz, dependiente de la Dirección de Vialidad-Colchagua, fue requerida verbalmente a la Inspectoría de Obras, para realizar trabajo de emergencia en sector La Capellanía, lugar en el que ocurrió accidente de fecha 10 de octubre del año 2002. DECIMOSEXTO: Que, la demandante rindió prueba testimonial de consistentes en las declaraciones de los testigos Rudy del Carmen Letelier Verdugo de fs. 175, quien señala conocer, a la demandante hace más de 10 años, observando cambios en ella ya que después de la muerte de su hijo se le ve muy triste, come poco, pudiendo señalar que está con depresión y pasa llorando, además de padecer cáncer a la tiroides del cual fue operada. Expresa además que ha sufrido un deterioro visible luego de la muerte de su hijo, ya que pasa muy triste, sufriendo de gastritis debido a los remedios que toma para el cáncer. Al contestar la pregunta Nº 6 de minuta de interrogatorio, señala que ha sufrido daño moral con la muerte de su hijo lo que se nota en su estado de ánimo, dolor en su cuerpo debido a su estado de nerviosismo, dejando notar que no quiere seguir viviendo. Expresa haber conocido a Óscar León Santelices, quien trabajaba en un liceo especial de minusválidos de esta ciudad, realizando trabajos manuales, ignorando cuanto ganaba, agregando que el occiso ayudaba a su madre con los gastos de la casa. Al contestar a la pregunta 10 de la minuta de interrogatorio, manifiesta que Óscar León no era normal, ya que era inválido, agregando que se movilizaba perfectamente con bastones y una bicicleta especial que tenía, saliendo siempre de compras solo o en compañía de la madre. Con respecto a la pregunta Nº 13, expone que la calidad de vida de las actora ha disminuido ya que no es la misma que antes, ya que ahora se lo pasa llorando; respondiendo a la pregunta Nº 14 que a la actora le afectó la muerte de su hijo en lo económico ya que él cancelaba los gastos básicos de agua, luz y teléfono. Finalmente señala en relación a las preguntas 16 y 18, que Óscar León era el único hijo de la demandante y que ésta no tiene más familiares en la ciudad. A su turno la testigo Genoveva de las Mercedes Contreras Quezada a fs. 178, quien señala conocer a la demandante desde hace más de 10 años a la fecha, quien ha tenido cambios desde el accidente ya que anda muy triste, ya que primero pasó de una depresión muy fuerte y que aun mantiene debiendo luego operarse de la tiroides, quebrantándose su salud considerablemente luego del accidente, viéndose muy afectada con la muerte de su hijo, ya que siempre andaba muy triste sin ánimo ni fuerzas. Con respecto a las preguntas 7, 8, 9, manifiesta haber conocido a Óscar León Santelices, quien últimamente se encontraba trabajando en liceo con niños discapacitados, agregando desconocer cuanto ganaba, constituyendo el único sustento de la actora ya que el dinero que ganaba era para los dos. Al responder a las preguntas 10 y 11, señala que Óscar León era normal, y que lo único que padecía era tetraplejia en las piernas por lo que se ayudaba para caminar con un bastón, no pudiendo siempre desenvolverse solo ya que era su madre quien lo acompañaba, y otras veces salía solo a comprar en su bicicleta. Expresa que cursó hasta cuarto medio ignorando si realizó cursos de capacitación al terminar sus estudios, finalmente en relación a las preguntas 13, 14, 15 y 18, señala que ha disminuido la calidad de vida de la actora luego de la muerte de su hijo, ya que ella ha pasado enferma y antes era muy alegre, no superando la muerte de su hijo, con quien vivía sin tener otro familiar. Finalmente y a su turno el testigo Alejandro Mujica, sicólogo quien señala atender a doña Ana Benilde, quien presenta un cuadro de depresión mayor reactiva, en el cual el patrón atribucional más importante para desencadenar dicho cuadro es la muerte del hijo de la actora, siendo sus secuelas psicológicas, la angustia, falta de apetito, preocupación mental constante, falta de conciliación de sueño, y desesperanza. Expresa al responder a la pregunta Nº 4 de la minuta de interrogatorio que paciente no ha sido capaz de resolver el duelo de su hijo hasta el momento. Finalmente al responder a la pregunta Nº 7, señala que daño provocado en términos clínicos es el diagnóstico antes señalado. DECIMOSÉPTIMO: Que, en estos autos se acreditó la responsabilidad de conductor de vehículo en accidente de tránsito que ocasionó la muerte de Óscar León Santelices, según se ha ya razonado latamente en esta sentencia, encontrándose establecido que accidente se debió a la realización de una

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

277

maniobra de retroceso para la cual se carecía de toda preferencia para efectuarla, obstruyendo la circulación de bicicleta especial conducida por el occiso, colisionándolo. DECIMOCTAVO: Que, asimismo y sin perjuicio de dicha responsabilidad se encuentra acreditado que trabajos efectuados en el lugar del accidente fueron encomendados por y la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz Dirección de Obras y supervisada por ésta, como se desprende de oficio de fs. 5 de autos, de fecha 23 de septiembre del año 2002 en el cual se autoriza la realización de trabajos en Población Nicolás Palacios el día y cuando condiciones climáticas lo permitan, señalándose que personal municipal instruirá en terreno la norma, de ejecución de los trabajo y oficio de fs. 151 de Director de Vialidad de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, y declaraciones de Carlos Rojas Contreras, Director de Obras de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz de fs. 180, en la cual reconoce como su firma la puesta en documento de fs. 5; señalando que fue personal Municipal a vigilar las labores, constituyéndose Guillermo Aliaga e Inspector José González en el lugar a las 9:30: a 10:00 horas. DECIMONOVENO: Que, el artículo 102 de la ley Nº 18.290 establece que: “El que ejecute trabajos en las vías públicas estará obligado a colocar y mantener por su cuenta de día y de noche la señalización de peligro y tomar las medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza de los trabajos...”. A su vez en su inciso segundo se establece que serán solidariamente responsables de los daños producidos en accidentes por incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, quienes encarguen la ejecución de la obra y quienes la ejecuten. Estableciéndose en su inciso tercero que salvo en casos de emergencia, quienes vaya a efectuar trabajos en la vía pública lo informaran a la unidad de carabineros del sector, por escrito y con 48 horas de anticipación. VIGÉSIMO: Que, a su vez el Manual de Señalización de Tránsito señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la vía, establece o reglamenta los dispositivos, medidas de seguridad y esquemas de señalización que deben utilizarse cuando se realicen trabajos en la vía, entendiendo como tales cualquier trabajo o restricción temporal que cause la obstrucción total o parcial de ella, siendo su ámbito de aplicación a todas las vías y espacios públicos sean estos de carácter urbano o rural. De esta manera, se establece que quien deba ejecutar trabajos en la vía esta, obligado a colocar y mantener por su cuenta señalización y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza de las obras, debiendo confeccionarse un plan de señalización y medidas de seguridad. Estableciendo a su vez que toda habilitación de zona de trabajo debe contemplar las señalizaciones y elementos que en dicho manual se contienen, y detallan, entre las cuales se encuentran las delimitaciones de áreas, que separen el área de trabajo, debiendo contemplar señales de advertencia de peligros, encontrándose dentro de estas las que advierten de la existencia de trabajos en la vía. VIGÉSIMO PRIMERO: Que, del mérito de autos, en especial parte policial, formulario de toma de datos para accidentes de tránsito de fs. 8, declaraciones de testigos de fs. 27 y 27 vta., 84, 89, 94 de autos, se encuentra establecido que el día de los hechos en el lugar de ejecución de los trabajos no se encontraba delimitada área alguna, así como tampoco existían señales de advertencia de trabajos en la vía u otros, no dándose cumplimiento de esta manera a lo prevenido en el artículo 102 de la ley Nº 18.290 y Manual de señalización relacionado con señalización transitoria y medidas de seguridad para trabajos en la vía, por parte del organismo que encargó y ejecutó las obras. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 174 de la ley Nº 18.290, establece que de las infracciones a los preceptos de tránsito será responsable el conductor del vehículo, estableciendo en su inciso segundo que el conductor y propietario del vehículo, a menos que este último acredite que el vehículo fue usado sin su conocimiento o autorización expresa o tacita, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se ocasionen con motivo del uso del vehículo; todo ello sin perjuicio de la responsabilidad de otras terceras personas en conformidad a la legislación vigente. VIGÉSIMO TERCERO: Que, se encuentra establecido en autos que motoniveladora participante en el accidente pertenece a la dotación de Inspectoría de Obras de Santa Cruz, dependiente de Dirección de Vialidad Colchagua, cuyo director es José Miguel Zurita Vargas, ejecutándose las obras a requerimiento y autorización de Municipalidad quien instruiría en el terreno la forma de ejecución del trabajo, por lo que dicho organismo también es responsable solidariamente en su calidad de dueña del vehículo

278

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

y ejecutor en terreno de la obras proporcionando la máquina y chofer para dicha faena, ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 174 y 102 de la ley Nº 18.290. VIGÉSIMO CUARTO: Que, en cuanto al monto demandado por concepto de daño emergente, con el mérito de recibo de dinero de fs. 100 y boleta de venta de fs. 99, no objetadas y acompañadas legalmente en autos, parte policial que da cuenta del hecho y consigna daños a los vehículos participantes en el accidente y set fotográfico integrante de informe de la SIAT de fs. 52 y 53, se puede tener por establecido que a raíz del accidente se produjo la destrucción de triciclo o bicicleta de propiedad de Óscar León Santelices cuyo valor según boleta de venta acompañada en autos asciende a $ 50.000. Que, asimismo se puede dar por que por concepto de instalación de lapida de sepultura la demandante realizó un desembolso de $ 140.000.-, por lo que se procederá a acoger la demanda por dicho montos debiendo los demandados cancelar la suma de $ 140.000.- por concepto de daño emergente. VIGÉSIMO QUINTO: Que, en cuanto al monto demandado por concepto de lucro cesante, ascendente a $ 225.000.-, correspondiente a remuneración que percibía la victima como monitor de artesanía para el Departamento de Educación Municipal, no habiéndose acreditado en forma alguna la remuneración que la víctima percibía por dicho concepto, se procederá al rechazo de la demanda por dicho monto. VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en cuanto a la suma demandada por concepto de daño moral, entendido este como el dolor o aflicción que sufre una persona en sus sentimientos debido a una conducta ilícita o culposa, bastando en atención a dicho carácter probar sus supuestos, constando en la especie la muerte del único hijo de la actora, a causa del atropello por parte de motoniveladora, constituyendo el occiso el único familiar y compañía de la demandante, lo que necesariamente provocó un gran dolor y aflicción en la actora, el cual cabe indemnizar de la única manera posible ello en atención a que la muerte de una persona no tiene precio, apreciando esta sentenciadora dicho daño, moral prudencialmente en la suma de $ 15.000.000.VIGÉSIMO OCTAVO: Que, en atención a lo razonado en los considerandos precedentes, y encontrándose establecida la responsabilidad solidaria de la Municipalidad de Santa Cruz, representada por su alcalde Héctor Rolando Valenzuela Valenzuela, en atención a los fundamentos ya analizados, y encontrándose acreditado además que motoniveladora pertenece a dotación de la Inspectoría de obras de Santa Cruz, dependiente de la Dirección de Vialidad Colchagua cuyo director es José Miguel Zurita Vargas, encontrándose establecido que trabajos fueron ejecutados por chofer dependiente de ese repartición, lo que también hace responsable solidariamente a dicho organismo por los daños ocasionados por accidente, se procederá a acoger la demanda, quedando obligados los demandados en forma solidaria a pagar a la actora las siguientes sumas con más el reajuste e interés que a continuación se señalan. 1.- Daño emergente: La cantidad de $ 190.000.- por dicho concepto, con más el reajuste que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha en que quede ejecutoriado el presente fallo y la de su pago efectivo, con más los intereses corrientes que se devenguen en el mismo período. 2.- Daño moral: La cantidad de $ 20.000.000.- por dicho concepto con más el reajuste que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha en que quede ejecutoriado el presente fallo a la de su pago efectivo, con más los intereses corrientes que se devenguen en dicho período. VIGÉSIMO NOVENO: Que, no habiéndose acreditado en estos autos que el demandante tenga algún grado de culpabilidad en los hechos materia de autos, no se dará lugar a lo solicitado por la demandada en cuanto a rebajar el monto de las indemnizaciones de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2330 del Código Civil. TRIGÉSIMO: Que, en nada altera lo concluido el resto de la prueba rendida en autos. TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta. Por lo considerando y visto además lo dispuesto en los artículos 1º, 4º, 5º, 11 Nº 6, y 8, 14, 15, 18, 50, 74, 490, 492 del Código Penal, 10, 40, 108, 109, 110, 111, 428, 430, 457, 458, 481, 488, 500, 503 del Código de Procedimiento Penal, 342, 346, 356 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, 1437 y 2314 y siguientes del Código Civil, 104, 114, 174 de la ley Nº 18.290, Manual de Señalización de Tránsito y demás disposiciones aplicables en la especie, se declara: En cuanto a la acción penal:

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

279

I.- Que se condena a Jerardo Antonio Verdugo Espinoza, individualizado en autos a la pena de trescientos días de reclusión menor en su grado mínimo, accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, a la suspensión de su licencia de conducir por el término de seis meses, y al pago de las costas de la causa, como autora de cuasidelito de homicidio en la persona de Óscar León Santelices, ocurrido en Santa Cruz el 10 de octubre del año 2002. II.- Que, reuniendo el sentenciado los requisitos establecidos en el artículo 4º de la ley Nº 18.216, se le concede el beneficio de la remisión condicional de la pena, debiendo quedar sujeto a observación y vigilancia por parte de Gendarmería de Chile por el lapso de un año, debiendo además cumplir con las demás exigencias contenidas en al citada ley, con excepción de la contenida en el artículo 5º letra c), sin perjuicio de perseguirse las responsabilidades pecuniarias de conformidad a las reglas generales. En cuanto a la acción civil: III.- Que, se acoge la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta en el primer otrosí de fs. 104, debiendo los demandados cancelar solidariamente las cantidades establecidas en el considerando vigésimo octavo de esta sentencia, con los reajustes e intereses señalados en dicho considerando. IV.- Que, se condena en costas a la demandada. Anótese, Notifíquese, Regístrese y archívese en su oportunidad. Rol Nº 50.409. Dictada por doña María Teresa Rodríguez Fondón, Juez Titular. Autoriza don Fernando Vilches Duarte, Secretario Subrogante.

II.- CORTE DE APELACIONES Rancagua, veintinueve de marzo de dos mil cinco. VISTOS: I.- En cuanto a los recursos de casación en la forma: PRIMERO: Que a fojas 249 la apoderada de la Municipalidad de Santa Cruz deduce recurso de casación en la forma en contra de la sentencia de primer grado, invocando para tal efecto lo dispuesto en el artículo 541 número 9, en relación con lo prescrito en el artículo 500, número 5, ambos del Código de Procedimiento Penal, más lo establecido en el número 10 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre forma de las sentencias. Hace consistir las causales invocadas en el hecho que el fallo impugnado, en su considerando vigésimo séptimo, avalúa prudencialmente el daño moral sufrido por la actora civil en la suma de $15.000.000.-, en circunstancias que, en la parte resolutiva del mismo, se condena a los demandados civiles al pago de $20.000.000.-, por el mismo concepto. SEGUNDO: Por su parte, en presentación de fojas 272, el apoderado del sentenciado deduce también recurso de casación en la forma en contra de la misma sentencia, para lo cual invoca los mismos hechos reseñados precedentemente, pero señala como causales legales del mismo, lo dispuesto en el artículo 541, inciso final, del Código de Procedimiento Penal, en relación con lo prescrito en el artículo 768, número 7, del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: Si bien es cierto que la sentencia de primer grado contiene un error numérico en su considerando vigésimo séptimo, en relación con lo consignado en el considerando vigésimo octavo y lo señalado la parte resolutiva de la misma, esta Corte estima que tal defecto no reviste la entidad ni la gravedad suficientes para tener por configurada causal de casación alguna. Es más, los recursos de apelación interpuestos en contra del mismo fallo y que son objeto de esta misma sentencia, dan competencia suficiente al Tribunal de Alzada para corregir tales defectos, razón por la cual ambos recursos serán rechazados. CUARTO: Que la apoderada de don José Miguel Zurita Vargas, Director Regional de Vialidad, solicitó en estrados la anulación de oficio de la sentencia recurrida. Para tal efecto, fundó su petición en el hecho que la aludida Dirección de Vialidad carece de personalidad jurídica propia, razón por la cual la Actora debió haber dirigido su acción en contra del Fisco. Al no haberse obrado de esta manera, se habrían omitido trámites esenciales que dicen relación con la representación judicial y emplazamiento que dispone la Ley. QUINTO: A la luz de los hechos invocados por el Director de Vialidad, se desprende que parece fundar su petición en la causal de casación contemplada en el artículo 541, número 1, del Código de

280

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Procedimiento Penal; esto es, la falta de emplazamiento de una de las partes, en este caso, el Fisco de Chile. SEXTO: De la simple lectura de la demanda civil interpuesta en el primer otrosí de fojas 107, se desprende que ésta no ha sido dirigida en contra del Fisco, razón por la cual no podría haber sido éste emplazado al juicio a través de sus representantes legales, toda vez que no reviste el carácter de “parte” en el mismo. Por estas consideraciones, será también rechazada la petición para que el fallo sea anulado de oficio, sin perjuicio de lo que se resolverá respecto de la apelación interpuesta por esta misma parte. II.- En cuanto al fondo: Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus considerandos vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo octavo y vigésimo noveno, que se eliminan. En el considerando décimo séptimo, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, se agrega lo siguiente: “Que, en consecuencia, habiendo el sentenciado infringido las reglas de circulación y de seguridad establecidas en las normas pertinentes ya referidas de la ley Nº 18.290, debe responder por los perjuicios que de ello se han derivado, conforme lo prescrito en el artículo 170 del citado cuerpo normativo”. En el considerando décimo octavo, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, se agrega: “Refuerza la conclusión antes expuesta lo aseverado por en reo Jerardo Antonio Verdugo Espinoza, quien prestando declaración indagatoria a fojas 11, señala que los trabajos que se encontraba ejecutando al momento del accidente lo eran por orden de la Municipalidad de Santa Cruz. Por último, en el mismo sentido, Carabineros informa a fojas 30 que los trabajos en cuestión se desarrollaban previa solicitud y autorización de la misma Municipalidad. En el considerando vigésimo cuarto, luego del punto aparte, a continuación de la frase “Que, asimismo se puede dar por...”, se intercala la palabra “acreditado” y en la última línea de este considerando, se reemplaza la expresión “$140.000”, por “$190.000”. Por último, en la parte final del motivo vigésimo séptimo, se reemplaza la expresión “$15.000.000”, por “$20.000.000”. Y teniendo en su lugar y, además, presente: PRIMERO: Que el demandante civil ha dirigido su acción, en la parte pertinente, en contra de la Dirección de Vialidad, representada por don José Miguel Zurita Vargas, para que sea condenada solidariamente con los demás demandados civiles, al pago de las indemnizaciones que señala, en su calidad de dueña y ejecutora de las obras y en su condición de propietaria del vehículo con el que se causó el perjuicio. SEGUNDO: Que, conforme lo dispone el artículo 13 del decreto con fuerza de ley número 850, del año 1997, del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Vialidad es un Servicio que forma parte de la Dirección General de Obras Públicas, con lo cual, al tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de la ley Nº 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, carece de personalidad jurídica propia, debiendo actuar bajo la personalidad jurídica y con los bienes y recursos del Fisco. TERCERO: En tales circunstancias, dicho Servicio no puede ser sujeto pasivo de la acción entablada en autos, razón por la cual ésta será rechazada a su respecto. CUARTO: Con relación a la solicitud efectuada por los demandados civiles, en el sentido de considerar que el ofendido se habría expuesto imprudentemente al daño y se rebaje consecuencialmente las indemnizaciones respectivas, ha de tenerse en cuenta que los medios de prueba reseñados en el considerando segundo, en particular el atestado de doña María Gema Devia Toro, quien declara a fojas 94 y 181, constituyen un conjunto de presunciones que permiten adquirir plena convicción en el sentido que, no obstante la ausencia de señalización y personal destinado a evitar la ocurrencia de algún accidente, era evidente que la máquina motoniveladora conducida por el sentenciado, se encontraba efectuando trabajos en la vía, lo que obviamente implica un riesgo manifiesto ya que estos vehículos, por la naturaleza del trabajo que ejecutan, avanzan y retroceden alternadamente. Esta circunstancia, obliga forzosamente a los transeúntes a emplear un mayor cuidado; máxime en el caso de la víctima, que se movilizaba en un triciclo pequeño, que no emite ruido y, por lo mismo, difícil de detectar. Este cuidado no fue empleado por el occiso, toda vez que siguió la trayectoria de la máquina pesada, sin anticiparse al evento muy probable que ésta, en algún momento, iniciaría una marcha en retroceso. Si bien, estos hechos no alcanzan a purgar la responsabilidad penal del procesado, sí atenúan su responsabilidad civil y la de los terceros que deban responder de la misma manera.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

281

QUINTO: Por lo razonado precedentemente, será acogida la alegación de los demandados civiles en cuanto a que el ofendido se expuso imprudentemente al daño, con lo cual se rebajará prudencialmente el monto de la indemnización determinada en el fallo de primera instancia. SEXTO: Con respecto a la alegación efectuada por la defensa del procesado, en el sentido que, por tratarse en la especie de un cuasidelito, no procedería la aplicación de las penas accesorias del artículo 30 del Código Penal, ésta será desestimada, toda vez que, del propio tenor literal de la disposición citada, así como de su ubicación en el Código Penal –bajo el epígrafe “penas que llevan consigo otras accesorias”-, se desprende que éstas se aplican con relación a la entidad de la sanción punitiva y no con respecto a la calificación de los hechos que la ameriten. Y de conformidad con lo prescrito en el artículo 541 Nº 1, Nº 9, e inciso final, artículos 500 Nº 5, 527 y 544 del Código de Procedimiento Penal; artículo 768 del Código de Procedimiento Civil y demás disposiciones legales citadas, SE DECLARA: En cuanto a los recursos de casación: 1.- Que se rechaza el recurso de casación en la forma interpuesto a fojas 249 por la Municipalidad de Santa Cruz; 2.- Que se rechaza el recurso de casación en la forma deducido a fojas 272 por la defensa del procesado; 3.- Que no ha lugar a casar de oficio el fallo de primer grado conforme lo solicitado en estrado por la Dirección de Vialidad; En cuanto al fondo: 4.- Que se revoca la sentencia de primera instancia, sólo en la parte que condena a la Dirección de Vialidad, como tercero civilmente responsable, al pago de las indemnizaciones que señala y, en su lugar, se declara que se rechaza, la demanda civil interpuesta por doña Marina Andrea Duque Salinas en el primer otrosí de fojas 107, en la parte en que se dirige en contra de la mencionada Dirección de Vialidad, sin costas por haber tenido motivo plausible para litigar; 5.- Se confirma en lo demás apelado la sentencia de primera instancia, con declaración que se reduce prudencialmente, en un veinticinco por ciento, el monto de las indemnizaciones a que quedan condenados pagar solidariamente los demandados Jerardo Antonio Verdugo Espinosa e Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, debiendo cancelar éstos, en consecuencia, la suma de $152.000.- (ciento cincuenta y dos mil pesos), por concepto de daño emergente, y la suma de $15.000.000.- (quince millones de pesos), a título de daño moral, todo ello con más los reajustes e intereses corrientes para operaciones reajustables, que se devenguen entre la fecha en que quede ejecutoriado el presente fallo y la fecha de su pago efectivo, sin costas por haber tenido motivo plausible para alzarse. Regístrese y devuélvase en su oportunidad. Redacción del abogado integrante don Mauricio Astudillo Pizarro. Rol 222.161.Pronunciada por la Tercera Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los señores Ministros Don Miguel Vázquez Plaza y don Raúl Mera Muñoz y abogado integrante don Mauricio Astudillo Pizarro.

III.- CORTE SUPREMA Santiago, ocho de mayo de dos mil seis VISTOS: Que en estos autos del Primer Juzgado del Crimen de Santa Cruz, se dictó sentencia de primera instancia con fecha veintiocho de octubre de dos mil cuatro, escrita de fs. 222 a 238, por la cual se condenó a Jerardo Antonio Verdugo Espinoza a la pena de trescientos días de reclusión menor en su grado mínimo, accesoria de suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, suspensión de su licencia de conducir por el término de seis meses y al pago de las costas de la causa, por su responsabilidad como autor del cuasidelito de homicidio de Óscar León Santelices, perpetrado el 10 de octubre de 2002 en la ciudad de Santa Cruz, pena que le fue remitida por el plazo de un año. Asimismo se hizo lugar a la demanda civil, siendo condenados Jerardo Antonio Verdugo Espinoza, la Dirección de Vialidad y la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz al pago solidario de indemnización de

282

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

perjuicios por concepto de daño emergente y daño moral, con sus respectivos reajustes. Impugnada la indicada sentencia, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, por resolución de veintinueve de marzo de dos mil cinco, rechazó los recursos de casación interpuestos. Conociendo de los recursos de apelación revocó la sentencia de primera instancia sólo en aquella parte que condenó a la Dirección de Vialidad, como tercero civilmente responsable, declarando en su lugar, que se rechaza la demanda civil deducida en su contra, sin costas por haber existido motivo plausible para litigar, y confirmó, en lo demás apelado, con declaración que se reduce prudencialmente, en un veinticinco por ciento, el monto de las indemnizaciones a que quedan condenados solidariamente los demandados Jerardo Antonio Verdugo Espinoza e Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, debiendo estos pagar $ 152.000 por concepto de daño emergente y $ 15.000.000 a título de daño moral, con reajustes e intereses corrientes para operaciones reajustables que se devenguen entre la fecha en que quede ejecutoriado el fallo y la fecha del pago efectivo. A fs. 303 y 309 Jerardo Antonio Verdugo Espinoza y la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, respectivamente, dedujeron recursos de casación en el fondo. A fs. 328 y 330, previa declaración de admisibilidad, se ordenó traer los autos en relación. CONSIDERANDO: I.- En cuanto al Recurso de Casación en el fondo deducido a fs. 303: PRIMERO: Que el recurso en estudio, interpuesto por el condenado, se funda en la causal tercera del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, denunciando como infringidas, al calificar los hechos de la causa como constitutivos de un delito culposo de homicidio, las disposiciones de los artículos 2, 490 y 492 del Código Penal en relación con los artículos 13 Nº 1, 114, 115, 174 de la ley 18.290 y 19 al 24 del Código Civil. SEGUNDO: Que para sostener la causal esgrimida, el recurrente ha argumentado, que es de la esencia de la teoría de los delitos culposos, la previsibilidad del resultado, elemento que en la especie no concurre desde que el día de los hechos y en circunstancias que el acusado realizaba obras de perfilamiento de calles y en maniobra de retroceso, la víctima, quien conducía un triciclo por la misma pista y en condiciones no aptas para la conducción, se acercó de tal manera a la motoniveladora que no dejó espacio, por lo cual no era posible que fuera visto. Lo anterior en consideración a la altura de la máquina y la naturaleza de los trabajos. Que ello se encontraría demostrado con la declaración del acusado e informe de la SIAT de fs. 50, que concluye, conforme a la fotografía Nº 4, que la visibilidad del participante uno (acusado), sentado frente al volante, era restringida. Que las indicadas situaciones determinan la falta de culpa, esto es, la previsibilidad del resultado antijurídico. TERCERO: Que ha de tenerse en consideración, como se consigna en el motivo tercero del fallo reproducido de primera instancia, que son hechos de la causa los siguientes: que el 10 de octubre de 2002, en circunstancias que un tercero conducía una motoniveladora en el sector de la Población Nicolás Palacios, realizando trabajos a requerimiento de la Municipalidad de Santa Cruz, sin la señalización y medidas de seguridad correspondientes en el terreno de faenas, procedió a efectuar una maniobra de retroceso para la cual carecía de toda preferencia, no percatándose de la presencia de un triciclo conducido por un minusválido en el sector, colisionándolo, sufriendo a raíz del impacto, el conductor del móvil menor, lesiones graves, falleciendo posteriormente al ingresar al Hospital Regional de Rancagua a consecuencia de las mismas, siendo la causa de la muerte, traumatismo pelviano grave. Que asimismo en el motivo sexto, quedó establecido que el conductor de la maquinaria realizó una maniobra de retroceso careciendo de preferencia para ello, sin percatarse de la presencia del ciclista colisionándolo, debiendo haber advertido su presencia en atención a la maniobra que realizaba para la cual tenia el deber de tomar los resguardos necesarios para ejecutarla, obligación que como conductor le correspondía careciendo de concordancia de acuerdo a los antecedentes de autos, el hecho que el minusválido conductor de bicicleta o triciclo adaptado, debido a su condición y las circunstancias existentes en el lugar de los hechos, se haya situado en forma totalmente vertiginosa e instantánea detrás de la motoniveladora, al punto de quedar tan cerca de ésta que no permitió advertir su presencia. Que

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

283

las conclusiones anteriores son refrendadas en el motivo octavo al desestimar las argumentaciones de la defensa en cuanto a la causa basal del accidente. CUARTO: Que conforme lo expuesto, la causal de nulidad invocada por el recurrente, se construye a lo menos en parte, sobre la base de hechos no establecidos por los tribunales de instancias. En efecto, la conclusión a la que arriba el recurrente, en cuanto a que la colisión a consecuencia de la cual resultó muerto el señor León Santelices, era imprevisible, la estructura afirmando que la víctima se acercó de tal manera al vehículo mayor y por su parte posterior, que su conductor no podía verlo, siendo además la forma y circunstancias del desplazamiento de la víctima anormal en cuanto a que los ciclistas circulen por atrás de estas enormes máquinas. QUINTO: Que así las cosas y encontrándose asentados los hechos de manera inamovible en los términos que se han descrito en el motivo tercero, y no habiéndose invocado por el recurrente la causal 7º del citado artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, única que autoriza a este Tribunal para revisarlos, siempre que en su establecimiento se hubieren efectivamente vulnerado normas reguladoras de la prueba, actividad procesal que ante el planteamiento formulado es previa y necesaria a la hipótesis fáctica en que se sustenta la errónea calificación que se denuncia, desde que se funda en hechos diferentes de aquellos que se dieron por probados, el recurso en estudio debe ser rechazado. SEXTO: Que sin perjuicio de lo señalado y a mayor abundamiento se debe precisar que en todo caso la calificación jurídica de los hechos probados, efectuada por los Tribunales de instancia, se ajustada a derecho en cuanto ellos son constitutivos de un cuasidelito de homicidio, desde que con infracción de las normas del tránsito y por mera imprudencia se ha ejecutado una acción que si mediara malicia constituiría un crimen contra las personas, atento lo dispuesto en los artículo 490 y 492 Nº 2 (sic) del Código Penal y artículos 13 Nº 1, 114, 115, 174 de la ley 18.290, como asimismo es correcta la participación que en calidad de autor se atribuye al acusado. II.- Recurso de casación interpuesto a fs. 309. SÉPTIMO: Que la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz dedujo recurso de casación en el fondo en lo principal de su escrito de fs. 309 y siguientes, fundado en lo dispuesto en el inciso final del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal en relación al artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, por infracción de los artículos 102 inciso 2º y 165 Nº 7 de la ley 18.290; y 36 de la ley 15. 840 al sancionar a quien por mandato legal ha prestado autorización para la ejecución de obras viales, sin que las hubiere encomendado o ejecutado, atribuyendo de ese modo, a las disposiciones citadas un alcance diferente al propio y natural de las palabras utilizadas por el legislador, contraviniendo con ello los artículos 19 al 24 del Código Civil. OCTAVO: Que al efecto cabe señalar que quedó asentado en el considerando decimoctavo de la sentencia reproducida de segunda instancia, que los trabajos de perfilamiento de calle, se ejecutaron el día de los hechos, por encargo de la Corporación Municipal y supervisión de su personal, conforme a los antecedentes probatorios señalados. Que así las cosas, y no habiéndose invocado por el recurrente infracción a las leyes reguladoras de la prueba en su establecimiento, los mismos no pueden ser alterados por esta vía de impugnación procesal, siendo ello motivo suficiente para rechazar el recurso planteado. Y Vistos además lo dispuesto en los artículos 535, 546 inciso final, y 547 del Código de Procedimiento Penal y artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, se RECHAZAN, los recursos de casación interpuestos en lo principal de fs. 303 y en lo principal de fs. 309, y en consecuencia se declara que la sentencia impugnada no es nula. Redacción del Ministro Sr. Rubén Ballesteros C. Regístrese y devuélvase. Rol Nº 1.820-05. Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C. y los abogados integrantes Sres. Fernando Castro A. y Carlos Künsemüller. Autorizada por la Secretaria Subrogante de esta Corte Suprema doña Carola Herrera Brummer.

284

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

FICHA 17

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 3776-2003 Cita Online: CL/JUR/6266/2006 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO Lagos, veintitrés de mayo de dos mil tres. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: Que resulta del sumario haberse perpetrado el hecho denunciado a fs. 5, respecto del cuasidelito de homicidio de Pedro Ramírez Araneda y que dio formación a la presente causa, y no habiendo indicios suficientes para acusar a Héctor Gonzalo Espinoza Pérez, como autor, cómplice o encubridor, y vistos además, lo dispuesto en los artículos 406, 407 y 409 Nº 2 del Código de Procedimiento Penal, se declara: Que se sobresee temporal y parcialmente esta causa hasta que se presenten nuevos y mejores datos de investigación. Anótese y archívese estos antecedentes en su oportunidad. Dictado por la señora Angélica Monsalve Vásquez, Juez Subrogante. Autoriza el señor Gabriel Yelor Soto, Secretario Subrogante. Los Lagos, veintitrés de mayo de dos mil tres. VISTOS: Es procesado en estos autos Nº 19.876, por cuasidelito de homicidio Carlos Patricio Ulloa Heinsohn, natural de La Unión, 31 años soltero, estudiante lee y escribe, nunca antes procesado, sin apodos, domiciliado en Valdivia, avenida Schneider Nº 5045 block 4, departamento 302, Villa Los Alcaldes, RUN Nº 10.353.108-K. Los hechos que dieron origen a este proceso, se encuentran consignados en el parte policial de fs. 5 y querella criminal de fojas 56. Por el primero, la Comisaría de Carabineros de Los Lagos, pone a disposición del tribunal, en calidad de detenido a Carlos Patricio Ulloa Heinsohn, por su responsabilidad en el siguiente hecho: que momentos antes de su detención, el 9 de septiembre de 2001, se recepcionó en la guardia un llamado telefónico de una persona de sexo femenino que no se identificó, denunciando que en la Ruta 5 Sur, sector Lipingue, habría ocurrido un accidente de tránsito y al constituirse personal de la Unidad en ese lugar, kilómetro 840, encontró el cuerpo sin vida de Pedro Pablo Ramírez Araneda, quien se encontraba tendido decúbito dorsal en la citada vía. Se hace presente al tribunal que esta vía aún no está habilitada para el uso público, sin embargo, por allí transitaba el detenido conduciendo sin licencia, el automóvil patente S.X. 8446, y en compañía de Héctor Gonzalo Espinoza Pérez, 56 años, Catalina Espinoza Castillo 13 años, y Eduardo Castillo Ortiz de 10 años. El vehículo resultó con daños en tren delantero, de mediana consideración. Calzada pavimentada en buen estado, sin iluminación artificial, tiempo despejado. Se constituyó en el lugar la S.I.A.T., a cargo del Mayor Mauricio Puga Calderón. Querella de fojas 56, en la cual el abogado Arturo Ruiz Symmes, en representación de doña Emelina Gutiérrez Alarcón, acciona criminalmente en contra de Carlos Patricio Ulloa Heinsohn, por el cuasidelito de homicidio, en la persona de su cónyuge Pedro Pablo Ramírez Araneda, solicitando se le procese, acuse y en definitiva se le condene a la pena de tres años de reclusión, accesorias legales y al pago de los perjuicios y demás indemnizaciones legales que deducirá oportunamente y a las costas de la causa. Querella que amplía a fojas 64 y 67, en contra de todos los que resulten responsables y en contra de Héctor Gonzalo Espinoza Pérez, sea que él haya conducido el móvil o lo haya entregado a alguien que no tiene licencia. A fojas 69 se sometió a proceso a Carlos Patricio Ulloa Heinsohn, como autor del cuasidelito de homicidio de Pedro Pablo Ramírez Araneda, perpetrado el 9 de septiembre de 2001, en el sector de Lipangue de Los Lagos, y a fojas 102, se le acusó en igual calidad y por idéntico hecho punible. A fojas 77, se agregó extracto de filiación de anotaciones penales anteriores.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

285

A fojas 106, la parte querellante se adhiere a la acusación fiscal y solicita que en definitiva se condene al procesado al máximo de la pena que señala la ley. En representación de doña Emelina Gutiérrez Alarcón, cónyuge de la víctima interpone demanda civil, en contra del procesado Carlos Patricio Ulloa Heinsohn y solidariamente en contra de los responsables civiles Héctor Gonzalo Espinoza Pérez y Lidia del Carmen Castillo Alarcón, para que en definitiva sean condenados al pago de $ 70.000.000, o la suma que el tribunal se sirva fijar, con costas. A fojas 116, la defensa del procesado Carlos Ulloa Heinsohn, contesta la acusación fiscal y adhesión particular, solicitando la absolución de su representado, por no estar acreditada su participación en los hechos por los que se le acusara. En subsidio, solicita se le aplique el mínimo de la pena asignada por la ley al delito, rebajada en un grado, en razón de la atenuante de responsabilidad que le favorece. Que contesta las demandas civiles impetradas en contra de sus representados Héctor Espinoza Pérez, y Lidia Castillo Alarcón, solicitando también su rechazo, con costas. A fojas 119, se trajeron los autos para los efectos del artículo 499 del Código de Procedimiento Penal. A fojas 120, se decretó una medida para mejor resolver y cumplida que fue se enteró para fallar. CONSIDERANDO: En cuanto a lo penal: PRIMERO: Que en orden a establecer los hechos que configuran el cuasidelito de homicidio en la persona de Pedro Ramírez Araneda, materia de la acusación de fojas 102, se han reunido en autos los siguientes antecedentes: a) Parte policial de Carabineros de fojas 5, y querella criminal de fojas 56, ampliación de fojas 69, ya reseñados en la parte expositiva de este fallo. b) Declaración de Juan Ricardo Ramírez Gutiérrez, de fojas 11, quien expresa que es hijo del fallecido Pedro Ramírez Araneda, le consta el accidente que sufrió y además es testigo ocular. El hecho ocurrió como a las 21:00 horas, momentos antes había salido a buscar a su padre, como siempre lo hacía. En esa ocasión lo encontró curado y estaba tendido en la carretera y en la parte que no está habilitada la doble vía, además, para ser más preciso estaba hacia lo largo en el eje central, cuando lo encontró ahí lo quiso levantar, estaba despierto y la verdad es que se le hacía muy pesado, momento en que vio aparecer un vehículo de norte a sur, ocupando la vía no habilitada, por lo que se puso al lado de la berma haciéndole señales con sus manos, indicándole que se detenga, pero hizo caso omiso, lo hacía a mucha velocidad, por lo que al verlo hizo una maniobra hacia su izquierda y ahí pasó sobre el cuerpo de su padre e incluso lo arrastró como veinticinco metros y ahí lo soltó para detenerse un poco más adelante. Vio que se bajaron dos personas y al ver lo que habían hecho, se percató que uno de ellos llamaba a la policía, después de ese llamado también escuchó que intentaban hacer andar el vehículo, el cual es como jeep y en ese momento, él tenía en sus brazos a su padre, el cual estaba muerto, por lo que lo dejó en el suelo y se fue corriendo donde estaban esas personas y se puso delante del vehículo impidiéndoles que se fueran del lugar. Hace presente que su vecino Jorge Foncea, llegó al lugar y con su presencia el conductor y sus acompañantes optaron por quedarse en el lugar, en espera de la policía que llegó un rato más tarde y tomó el procedimiento. Agrega que su padre pretendía llegar por allí a la casa, ya que estaba viviendo en el predio donde hay un vivero de nombre Los Lagos, el cual queda al costado derecho, entendiéndose a orilla de la vía no habilitada; indica que esa persona transitó muchos kilómetros por vía no habilitada y comenzaba aquí en Los Lagos; en ese rato en que ocurrieron los hechos, él había llegado un par de minutos antes, al encontrarlo llegó donde su padre que estaba sanito, se refiere a que no tenía lesiones y ahí hizo el intento de levantarlo, cuando de inmediato vio a la distancia aparecer un vehículo por esa misma vía que no estaba habilitada. c) Acta de inspección del Tribunal de fojas 24, en la cual se deja constancia que el Tribunal iniciando la inspección es trasladado en un vehículo particular pasando por la Población Los Pinos y previo a ingresar a la carretera, constata la existencia de un disco “Pare” y entre ambas vías un disco con una flecha que indica hacia el sur. Acto seguido se toma la ruta hacia el sur, por la vía no habilitada, que se encuentra totalmente despejada y después de avanzar alrededor de diez kilómetros se llega al lugar del accidente donde se pudo constatar lo siguiente: el lugar de los hechos queda a unos 300 metros al sur pasando el Puente Cudaco; en el lugar y centro de la calzada se observan manchas de sangre y

286

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

éstas siguen visibles hacia el sur en una extensión de unos doce metros, de un tramo a otro del lineado blanco del centro de la calzada. En la barrera que divide la doble vía y frente al sector de las manchas de sangre, se encontraba abollado el latón con huellas de impacto de una extensión aproximada a los tres metros que va de sur a norte, además se aprecia en un “ojo de gato”, de esa misma barrera, que éste se encuentra roto y doblado en la misma dirección que lleva el impacto. Presente en este acto el abogado Cano, hace entrega del resto de una placa patente, en la que se distingue solamente la “V” y que según éste se habría encontrado incrustado en un “ojo de gato” de la barrera, en una inspección hecha anteriormente; el tribunal da por recibida la especie y se ordena anotarla en el libro correspondiente. Se deja constancia que la habilitación de la vía en que ocurrieron los hechos, se encuentra bloqueada en la salida de la población 11 de Septiembre, es más al norte de donde ingresó el vehículo conducido por el inculpado Carlos Ulloa y por donde también ingresó a la carretera el vehículo que trasladó al tribunal; el bloqueo siguiente y de la misma vía, queda a unos 200 metros aproximadamente más al sur del lugar del accidente. A fojas 31 vuelta, se deja constancia que al terminar la diligencia se constituyó el tribunal frente a la Comisaría de Carabineros de esta ciudad, para inspeccionar el automóvil Hyundai, color verde beige, del cual se deja constancia que es una máquina relativamente nueva y no presenta ningún tipo de abolladura. Se observa en el tren delantero, restos de sangre. d) Dichos de Héctor Gonzalo Espinoza Pérez, de fojas 28, quien expresa que el día de autos, viajó a Valdivia a Los Lagos por diligencias personales, ocasión en la que lo acompañaba Carlos Patricio Ulloa y dos menores, familiares suyos. Al regreso y por agotamiento físico y encontrarse con gripe, Carlos se ofreció a conducir el vehículo, lo que aceptó de inmediato, recuerda que en esa ocasión salieron por la población 11 de Septiembre a la carretera y de ahí se dirigieron al sur para pasar por Paillaco. A la altura del sector de Lipingue y al ir dormitando se da cuenta que el vehículo dio un salto brusco y se detiene un poco más adelante, en la pista contraria, en ese momento Carlos ya detenido le dijo que al parecer habían pasado por sobre una persona que estaba botada en la carretera por el lado de su pista. Posteriormente Carlos se acercó al lugar donde estaba el “bulto” y pudo comprobar que efectivamente se trataba de una persona, él por su parte se quedó en el vehículo cuidando a los niños que estaban un poco nerviosos; después le indicó a Carlos que debían llamar a Carabineros y también a la ambulancia, por lo que sólo se comunicaron con la policía que llegó como 25 minutos después tomando el procedimiento correspondiente. Hace presente que después de haber dado los datos requeridos por la policía se retiró del lugar con los niños; Carlos se quedó en el lugar y después supo que había sido detenido, éste andaba en normal estado de temperancia y entiende que iba a una velocidad razonable, él daba por hecho que tenía licencia para conducir, al salir a la carretera asumieron que la vía tomada estaba habilitada, una porque había vigente un disco “Pare” y otro disco con una flecha que indicaba dirección al sur. Agrega que posteriormente a los hechos hizo un recorrido al lugar saliendo del mismo punto y pudo comprobar que la vía se encontraba expedita hasta el lugar mismo del accidente, por ningún lado se veía un letrero que dijera lo contrario; el vehículo conducido por Carlos no tenía ninguna señal de golpes o abolladuras y eso lo pudo comprobar la S.I.A.T. que estuvo en el lugar, también lo comprobó el Notario de esta ciudad, quien así lo certificó y lo otro es que el Tribunal también lo inspeccionó. Por último, señala que tiene la clara impresión que ese peatón había sido atropellado antes por otro vehículo que se dio a la fuga dejándolo botado en el centro de la calzada y prueba de ello que había una frenada en sentido contrario un golpe en la barrera en el mismo lugar donde había sangre en un área de doce metros, además allí se encontró incrustado en uno de los cubículos reflectantes de la barrera un trozo de patente del vehículo que produjo el primer impactó. e) Certificado de defunción de fojas 32, en el cual se consignan la defunción de Pablo Ramírez Araneda, con fecha 9 de septiembre de 2001 a las 21:00 horas, en la ruta 5 Sur, vía no habilitada, sector Lipingue, Los Lagos, defunción inscrita bajo el Nº 76 del año 2001, Registro Civil de Los Lagos. f) Testimonio de Jorge Eliseo Fonseca Urra, de fojas 36, quien expresa que conoce muy poco a Juan Ramírez, el día de la muerte de su padre, estaba en su casa cuando llegó hasta allí esa persona y más bien no recuerda fue como a las 23:00 horas, pedía remedio por sentirse mal por lo que le había pasado a su papá, que lo habían muerto, o le indicó dónde y quién lo hizo, eso sí que en ese rato se veían luces a la distancia como si fuera la policía, el fallecido vivía cerca de su casa y era su amigo.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

287

g) Informe técnico de la S.I.A.T., de fojas 37, en el cual se entrega una referencia en cuanto al día y hora del accidente, se señala el lugar y calidad del terreno y condiciones climáticas, se individualiza a los participantes y el vehículo. Se consigna una dinámica general del accidente concluyendo que existió una causa concurrente: Participante (2) permanece tendido en la calzada en un lugar que por diseño vial no permite el tránsito ni permanencia peatonal. Causa basal del accidente: Participante (1) al efectuar una conducción riesgosa y culpable al transitar por una vía no habilitada, atropella al participante (2) que permanece sobre ésta tendido. h) Orden de investigar de fojas 50, diligencia por la Comisaría de Los Lagos, que no aporta más antecedentes que consignar. i) Informe de autopsia de Pedro Pablo Ramírez Araneda de fojas 62, en el cual se concluye que se trata de un cadáver de sexo masculino, identificado como Pedro Pablo Ramírez Araneda, la causa de muerte es politraumatismo por accidente automovilístico. Muerte no evitable. j) Informe de alcoholemia de fojas 63, examen practicado a Pedro Pablo Ramírez Araneda, el 10 de septiembre de 2002, por la Dra. Marisol Ruiz a las 18:00 horas, que da cuenta de un resultado de 3,21 gramos por mil de alcohol en la sangre. SEGUNDO: Que los elementos de juicio enumerados en el fundamento anterior, constituyen presunciones judiciales, las que por reunir los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten al tribunal dar por establecido el siguiente hecho: que el 9 de septiembre de 2001, en horas de la noche, una persona que conducía sin licencia un automóvil por una vía no habilitada, atropelló a un peatón que permanecía en estado de ebriedad tendido sobre ésta, quien resultó con múltiples fracturas y heridas amplias con pérdida de tejido, que le causaron la muerte por politraumatismo, en el mismo lugar. TERCERO: Que de lo expresado anteriormente se desprende que el conductor del vehículo patente S.X. 8446, infringió los artículos 114, 117, 118, 170, 172 Nº 1 y 2 de la ley 18.290. CUARTO: Que los hechos referidos en el considerando segundo conforman las infracciones reglamentarias aludidas en el motivo precedente, ya que una persona, que no poseía licencia, condujo un vehículo por una vía no habilitada, sin estar atento a las señalizaciones de tránsito existentes en el lugar, haciendo peligrar la seguridad de los demás, no respetando las normas de seguridad determinadas por la ley, sin que motivo alguno justificare su desconocimiento o incumplimiento de ellas. QUINTO: Que por consiguiente, los hechos que causaron la muerte de Pedro Pablo Ramírez Araneda, configuran cuasidelito de homicidio, ya que fueron producto de un resultado no querido por el encausado, pero sí previsible y evitable y que habría constituido delito de haber mediado malicia. SEXTO: Que prestando indagatoria el procesado Carlos Patricio Ulloa Heinsohn a fojas 7, expone que conoce el motivo de su detención y que la policía le dio a conocer sus derechos. Él llegó el día 9 de septiembre de 2001, como a las 13:30 horas, a esta ciudad como ocupante del automóvil Hyundai, color beige, que era conducido por Gonzalo Espinoza Pérez, con quien andaba trabajando en su candidatura, también eran ocupantes del móvil dos menores Cataliba Espinoza y Eduardo Castillo. El regreso se hacía como a las 22:00 horas, y en esta ocasión le tocó conducir a él, para lo cual le pidió el volante a don Héctor, ya que lo vio cansado, la verdad es que él no tenía idea que no tenía licencia para conducir y tampoco se lo hizo saber. Al salir a la carretera lo hizo por un camino de ripio y cree que era el de una población que se le llama Los Pinos, ahí al tomar la carretera viró a la derecha y la verdad que se veía totalmente habilitada por lo que no tuvo ningún inconveniente en el tránsito, cuando iba por un sector que según Carabineros sería Lipingue a la distancia divisó a una persona con un bastón en sus manos, lo movía hacia arriba y la verdad que se veía metido un poco en su pista, por lo que hizo un viraje hacia la izquierda evitando así atropellarlo, pero lo más grave fue que al acercarse un poco más faltándole unos metros y pasando por el centro de la calzada sintió como que había pasado sobre algo, se le vino a la mente que sería un palo de leña, pero esa cosa se fue debajo del vehículo por un momento, ya que sintió pesada la dirección, ahí reaccionó para detenerse ya que tenía miedo de irse sobre la barrera. La detención la hizo como a unos treinta metros pasado el hombre del bastón, se bajó y cuando se acercaba también se acercaba una persona señalándole que era el hijo del atropellado, ahí recién se enteró que no era un madero, que se trataba de una persona. Posteriormente le indicó a esa persona que él se quedaría en el lugar y que pediría a la policía y fue así que por intermedio de un tercero logró comuni-

288

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

carse con la policía y después de unos quince minutos aparecieron y tomaron todo el procedimiento de rigor. Hace presente que la persona que se le acercó y quien dijo ser hijo del atropellado, también le dio a saber que esa vía no estaba habilitada, ahí recién se enteró que no estaba entregada para el tránsito; después le dijo que él iba a buscar a su padre porque estaba botado y en estado de ebriedad; todo esto lo contó a la policía, le hicieron examen de alcoholemia y lo dejaron detenido, además, conducía en normal estado, a unos 90 kilómetros por hora, pero sin licencia, ya que nunca la ha sacado. Héctor Espinoza en ese momento iba dormitando por lo que no sabe si realmente se percató de lo ocurrido, ya que después de los hechos, perdió todo contacto con esa persona. SÉPTIMO: Que la declaración transcrita precedentemente, constituye una confesión judicial, que por reunir los requisitos del artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, permite dar por establecida la participación que en calidad de autor, le correspondió al procesado Ulloa Heinsohn en la ejecución de los hechos que configuran el cuasidelito de homicidio por el que se le acusara en esta causa, por haber intervenido de una manera inmediata y directa. OCTAVO: Que la defensa letrada del procesado, contestando la acusación fiscal y la adhesión del querellante, en lo principal de fojas 116, solicita la absolución de su representado por no encontrarse acreditada su participación culpable en el cuasidelito de homicidio por el que se le acusara, puesto que se parte de la premisa que su representado conducía un automóvil por una vía no habilitada atropellando a un peatón que permanecía en estado de ebriedad tendido sobre ésta, tal premisa no es idónea para configurar el estado contravencional que se le atribuye. Los antecedentes de autos, dan cuenta que el accidente se verificó en la Ruta 5 Sur, en el sector de Lipingue, a la altura del kilómetro 841 en un tramo de la vía “aún no habilitada”, para el uso público, según expresa el informe de la S.I.A.T., rolante a fojas 37 a 44, circunstancia en la que se ampara el tribunal para someter a proceso y acusar a su defendido; no obstante en el acta de inspección ocular del tribunal, de fojas 24, se deja constancia que la inhabilitación de la vía en que ocurrieron los hechos, se encuentra bloqueada en la salida de la población 11 de Septiembre, esto más al norte de donde ingresó el vehículo conducido por el inculpado, además, el bloqueamiento siguiente y de la misma vía queda a unos doscientos metros en forma aproximada, al sur del lugar del accidente. Agrega que de esta acta se puede colegir, indubitadamente: que no existía señalización de vialidad alguna que indicara, en el lugar donde ingresó su defendido a la carretera, que en dicho sector había un tramo “no habilitado” de la vía y la señalización que daba cuenta del tramo inhabilitado se encontraba “....más al norte de donde ingresó el vehículo conducido por el inculpado... y 200 metros en forma aproximada, más al sur del lugar del accidente”. Señala que las circunstancias expuestas, constatadas por el tribunal, y no desvirtuadas por ningún otro antecedente de autos, permiten por sí solas, desvirtuar la responsabilidad que se le atribuye a su representado, en tanto, como se ha referido, al no existir señalización en el lugar en que ingresó el acusado a la carretera que diera cuenta de un tramo inhabilitado de la misma, la prohibición en cuestión no le empecía; que lo expuesto no se altera por la circunstancia que el acusado no poseyera licencia de conducir en tanto el fundamento básico del injusto culposo es la previsibilidad objetiva del resultado. Agrega que en la especie, el accidente fatal que motiva estos autos, no surge de la falta que importa conducir careciendo de licencia, sino de la circunstancia imprevisible de haberse encontrado la víctima tendida sobre la calzada en plena noche y en estado de absoluta ebriedad (3,21 grs. 0/00), evento que no trasunta, en lo que a su defendido se refiere, infracción del deber de cuidado, puesto que aunque la Ley de Tránsito exige a los conductores mantenerse atento a las condiciones del tránsito del momento y a considerar los riesgos y peligros presentes y posibles, no es objetiva ni subjetivamente posible prever una circunstancia como la descrita, porque escapa al cuidado legalmente exigible prever que una persona duerma ebria en medio de una carretera de doble vía que admite 120 kilómetros por hora de velocidad, entonces lo que ocasiona el resultado dañoso no es la imprudencia del acusado, en orden a conducir sin poseer licencia, sino la actitud temeraria de la propia víctima al exponerse desaprensivamente a una situación de altísimo riesgo, transformando su conducta en causa eficiente del accidente. Reitera que las circunstancias que atañen al acusado, son en sí mismas, inocuas para producir el resultado que se le reprocha, puesto que todo vehículo que viniera del lugar del que lo hacía se defendido hubiera transitado por dicha vía, en tanto, como consta en autos, no había en dicho sector señalización que advirtiera la inhabilidad de ésta, lo que determina que cualquier conductor que por allí transitara se iba a enfrentar con la víctima

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

289

acostada en medio de la calzada con la posibilidad cierta de atropellarla; lo mismo vale respecto de la falta de licencia de conducir del acusado. No ocurre lo mismo respecto de la concausa preexistente que atañe al ofendido, dado que su actitud en extremo desaprensiva, al encontrarse acostado en medio de la carretera con una dosificación alcohólica de 3.21 grs. 0/00, es un elemento de tal naturaleza imprevisible que transforma en ilusoria la más extrema manifestación de cuidado. Luego frente a las concausas concurrentes en la especie, la que se transforma en causa basal del accidente, es la imprudencia de la víctima y la carencia de licencia de conducir del acusado una causa meramente accesoria, que al no existir una relación de causa a efecto entre la infracción reglamentaria y el resultado dañoso, no tiene el carácter de causa eficiente del accidente. Por último, expresa que salvo el informe de la S.I.A.T., que atribuye responsabilidad en el accidente a su representado, por confundir la causa eficiente del hecho que lo motiva, en razón de haber calificado no habilitada una pista que por lo latamente expuesto, no tenía su respecto carácter de tal, no existen elementos de prueba que permitan tener por acreditado el cuasidelito que se pretende, tanto más cuando dicho informe, al parecer desvirtuado por la propia inspección del tribunal, ha perdido el carácter de presunción fundada de los hechos que afirma, por no guardar correspondencia con los demás antecedentes del proceso. En definitiva, concluye que constituyendo la culpa la producción de un resultado que pudo y debió ser previsto y que por negligencia, imprudencia e impericia del agente causó un efecto dañoso, siendo, por tanto, de su esencia la posibilidad, no cabe, en la especie, imputación al tenor del artículo 492 del Código Penal. Sin perjuicio de lo expuesto y para el evento que se estime que cabe responsabilidad a su defendido, alega en su favor la minorante de responsabilidad del artículo 11 Nº 6 del Código Penal, su irreprochable conducta anterior, que consta de su extracto de filiación y antecedentes, que será corroborado con la declaración de testigos de conducta que depondrán en su favor. NOVENO: Que respecto de la absolución solicitada por la defensa, ésta deberá estarse a lo razonado y resuelto por los motivos quinto y séptimo de este fallo, donde quedó establecido el cuasidelito de homicidio en la persona de Pedro Ramírez Araneda y la participación que en el le cupo al procesado Ulloa Heinsohn, quien con imprudencia temeraria condujo sin licencia, un vehículo motorizado, por una vía no habilitada, ya que accedió a la carretera que aún no había sido entregada al uso público, atropellando a un peatón que se encontraba ebrio tendido sobre la calzada, puesto que contrariamente a como lo señala la defensa, tal circunstancia se encuentra plenamente acreditada en el proceso, con los elementos de juicio enumerados en el motivo primero de este fallo, en especial la inspección personal del tribunal. DÉCIMO: Que efectivamente favorece al procesado Ulloa Heinsohn, la circunstancia atenuante de responsabilidad penal, contemplada en el Nº 6 del artículo 11 del Código Penal, cual es su irreprochable conducta anterior, acreditada en el proceso con el extracto de filiación y antecedentes que rola a fojas 77, exento de anotaciones penales anteriores y corroborado además, con los testimonios de Waldo Alejandro Flores Vera y Samuel Iván Torres Sepúlveda, de fojas 121, quienes declaran que la conducta anterior de Carlos Patricio Ulloa Heinsohn ha estado siempre exenta de todo reproche. UNDÉCIMO: Que para los efectos de la regulación de la pena que en definitiva se aplicará al procesado, el tribunal tiene presente, que le beneficia una circunstancia atenuante y no le perjudica agravante alguna, de modo que haciendo aplicación de la regla contenido en el artículo 67 del Código Penal, lo sancionará con el mínimo de la pena asignada por la ley al cuasidelito de que se trata. En cuanto a lo civil: DUODÉCIMO: Que la parte querellante en el primer otrosí de fojas 106, interpuso demanda civil en contra del procesado Carlos Patricio Ulloa Heinsohn y solidariamente en contra de los responsables civiles Héctor Gonzalo Espinoza Pérez, quien deberá responder acorde al artículo 2317, 2320 y 2322 del Código Civil, pues pasó el volante a Ulloa Heinsohn, quien no sabe manejar y en contra de Lidia del Carmen Castillo Alarcón, como dueña del vehículo, acorde lo dispone el artículo 174 de la Ley del Tránsito. Expresa que la muerte de Pedro Pablo Ramírez Araneda, ha sumido en la pobreza a su viuda y le ha producido un daño moral extremadamente grave, su sufrimiento es inconmensurable y su dolor sin límite; lo grave de los hechos es que de acuerdo al informe técnico especializado que rola a fojas 37, es que el conductor Ulloa Heinsohn, tiene tal desconocimiento de manejar, al punto que no sabe como hacer partir el vehículo que el especialista afirma claramente que el que manejaba el vehículo no era

290

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Ulloa, sino su acompañante, afirmando tener la plena convicción de ello, desprendiéndose por ende una obstrucción a la justicia, en el sentido de haberse tratado de sorprender al personal de la S.I.A.T., en el buen logro de su investigación, todo lo anterior no deja lugar a dudas de que en todos los supuestos, asiste responsabilidad civil a los tres demandados. Agrega que los hechos que sirven de base a la demanda, son los mismos que motivan la acusación fiscal a la que ha adherido. El daño moral que sufre la cónyuge del fallecido, es de gran magnitud y deben fijarse en la suma de setenta millones de pesos, que es la suma que se demanda por dicho daño moral, por lo que en definitiva, pide al tribunal que tenga por interpuesta demanda civil en contra del procesado y de Héctor Espinoza Pérez y Lidia del Carmen Castillo Alarcón y condenarlos solidariamente al pago de $ 70.000.000 o la suma que el tribunal se sirva fijar, con costas, DECIMOTERCERO: Que en el primer otrosí de fojas 118, el abogado Alfred Bonvallet Rivera, asumiendo la representación de Héctor Espinoza Pérez y Kidia Castillo Alarcón, contesta la demanda civil deducida en su contra, solicitando su rechazo y al respecto expone: Que en relación a don Héctor Espinoza, basta tener presente que la responsabilidad extracontractual, sólo puede surgir de los delitos, de los cuasidelitos y de la ley, luego no encontrándose el demandado en ninguna de las hipótesis que prevé la ley, dado que no es procesado ni acusado de autos y tampoco dueño del vehículo involucrado en el accidente, debe rechazarse la demanda interpuesta en su contra. En relación a doña Lidia Castillo Alarcón, expresa que su pretendida responsabilidad objetiva, derivada de su calidad de dueña del vehículo involucrado en los hechos de autos, se diluye en razón de la inocencia del acusado, por lo que su necesaria absolución hace desaparecer la causa de pedir del actor, lo que obliga, consecuencialmente al rechazo de la demanda en todas sus partes. DECIMOCUARTO: Que se rechazará la demanda civil interpuesta en contra de Héctor Espinoza Pérez, que el querellante la fundamenta en el hecho de haber sido éste, quien conducía el vehículo que ocasionó el accidente que costó la vida al cónyuge de la demandante, por cuanto no se ha dirigido acción en su contra y no se encuentra en ninguna de las calidades que la ley señala, para que surja la responsabilidad que se trata de hacer efectiva a través de la acción civil deducida en su contra, acogiendo de este modo lo solicitado por la defensa al contestar la demanda civil en el primer otrosí de fojas 116. DECIMOQUINTO: Que se encuentra acreditado en el procedo, que la dueña del vehículo conducido por el procesado, que ocasionó el cuasidelito de homicidio, es la demandada Lidia Castillo Alarcón, a cuyo nombre aparece inscrito según consta a fojas 25 y con el instrumento público de fojas 104, se acredita que la demandante era la cónyuge del ofendido Pedro Ramírez Araneda. DECIMOSEXTO: Que en consecuencia, se acogerá la demanda civil deducida por la actora, en contra del procesado y la dueña del vehículo, toda vez que se encuentra acreditada la existencia del cuasidelito de homicidio y la participación que en calidad de autor le cupo al demandado, considerando que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2314 del Código Civil, el que ha cometido delito o cuasidelito que ha inferido daño a otras personas es obligado a la indemnización, y en este caso se ha demandado la reparación del daño moral sufrido por la demandante, con ocasión de la muerte de su cónyuge, y que por su propia naturaleza no requiere de mayor prueba que el vínculo que unía a la víctima con la actora y en cuanto a su monto éste será regulado prudencialmente por el tribunal en la parte resolutiva de este fallo. Por estos fundamentos y visto, además, lo dispuesto en los artículo 1, 2, 5, 7, 11 Nº 6, 14 Nº 1, 15 Nº 1, 24, 30, 50, 68, 490 Nº 1 y 492 del Código Penal, 108, 109, 111, 126, 481, 488, 500, 502, 503, 507 y 533 del Código de Procedimiento Penal; 114, 115, 170, 172, Nº 1 y 2 y 174 de la ley 18.290, artículo 2314 del Código Civil, se declara: En cuanto a lo penal: 1º) Que, se condena, con costas, a Carlos Patricio Ulloa Heinsohn, a una pena de sesenta y un días de reclusión menor en su grado mínimo como autor del cuasidelito de homicidio en la persona de Pedro Pablo Ramírez Araneda, perpetrado en la localidad de Lipingue, comuna Los Lagos, el 9 de septiembre de 2001. 2º) Se le condena además, a las penas accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

291

3º) Que reuniéndose en la especie los requisitos de la ley 18.216, se le remite condicionalmente la pena corporal impuesta al sentenciado, quedando sujeto a la vigilancia administrativa y asistencial de Gendarmería de Chile, del lugar donde fijare su residencia, y si nada dijere en Valdivia, por el plazo de un año, a la que deberá presentarse dentro de quinto día de ejecutoriado este fallo, cumpliendo con las exigencias establecidas en el artículo 5 de dicha ley. 4º) Si el beneficio le fuere revocado o dejado sin efecto, deberá cumplir efectivamente la pena corporal impuesta, sirviéndole de abono el tiempo que estuvo privado de libertad por esta causa, sujeto de prisión preventiva, desde el 9 al 13 de septiembre de 2001, según consta de fojas 5, constancia de fojas 8 y certificación de fojas 31 vuelta. En cuanto a lo civil: 1º) Que se rechaza la demanda civil interpuesta en contra de Héctor Gonzalo Espinoza Pérez. 2º) Que se acoge la demanda civil interpuesta por doña Emelina Gutiérrez Alarcón en contra del procesado Carlos Patricio Ulloa Heinsohn y Lidia del Carmen Castillo Alarcón y se les condena solidariamente al pago de una indemnización por concepto de daño moral cuyo monto se regulará en la suma de $ 10.000.000 (diez millones de pesos), sin costas por no haber sido totalmente vencidos. Una vez ejecutoriada esta sentencia compúlsense las piezas necesarias, para hacer efectiva la responsabilidad del procesado Carlos Patricio Ulloa Heinsohn, respecto del delito contemplado en el artículo 196 D de la ley 18.290. Cúmplase en su oportunidad con lo dispuesto en el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal. Anótese, regístrese y consúltese si no se apelare. Rol Nº 19.876. Dictó doña Angélica Monsalve Vásquez, Juez Subrogante.

II.- CORTE DE APELACIONES Valdivia, trece de agosto de dos mil tres. VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada, previa eliminación de los motivos 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 9º, 11º, 15º y 16º. En el motivo 8º se sustituye la expresión “tribual” por “tribunal”. En las citas legales se eliminan las referencias a los artículos 11 Nº 6, 15 Nº 1, 490 Nº 1 y 492 del Código Penal; artículos 114, 115, 170, 172 Nº 1 y 2 y artículo 174 de la ley Nº 18.290; y artículo 2314 del Código Civil. Se añade el artículo 167 Nº 3 y artículo 176 de la ley Nº 18.290. Y se tiene en su lugar y además presente: PRIMERO: Que de los antecedentes reunidos en autos puede deducirse que el sentenciado Carlos Patricio UIloa Heinsohn conducía un vehículo motorizado el 9 de septiembre de 2001 y siendo aproximadamente las 22:00 horas, en circunstancias que circulaba en un tramo no habilitado de la carretera 5 Sur, en construcción antes de ser entregada al uso público, no pudo evitar que el automóvil que guiaba pasara sobre el cuerpo de una persona que se encontraba tendida en la calzada. SEGUNDO: Que si bien existen algunas presunciones judiciales que han permitido procesar al inculpado en este juicio, es un hecho de la causa que la víctima del atropello se encontraba de noche durmiendo en un tramo no habilitado de la ruta 5 Sur, con 3.21 gramos por mil de alcohol en la sangre, de acuerdo con lo que señala el resultado de la alcoholemia que rola a fojas 63, documento suscrito por el señor Director del Hospital Base de esta ciudad. TERCERO: Que el artículo 176 de la ley Nº 18.290 presume la culpabilidad del peatón que transite bajo la influencia del alcohol, más aún si permanecía durmiendo en la calzada, infringiendo además el artículo 167 Nº 3 de la misma Ley, ebriedad que también quedó en evidencia para el hijo de la víctima del atropello Juan Ricardo Ramírez Gutiérrez, quien a fojas 11 declara...”lo encontré curado y tendido en la carretera y en la pista no habilitada de la doble vía, además y para ser más preciso, estaba hacia lo largo del eje central...”. “Cuando lo encontré allí yo quise levantarlo, estaba despierto y la verdad que se me hacía muy pesado y en eso veo aparecer un vehículo de norte a sur...”.

292

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

CUARTO: Que, el artículo 492 del Código Penal sanciona “al que con infracción de los reglamentos y por mera imprudencia o negligencia ejecutare un hecho o incurriere en una omisión que, de mediar malicia, constituiría un crimen o un simple delito contra las personas,” disposición que exige infracción a los reglamentos y, además, la “mera imprudencia o negligencia” del autor, como requisito adicional para que se haga efectiva la sanción penal. Sin embargo, es preciso que entre la infracción reglamentaria y el resultado dañoso haya siempre una relación de causa a efecto. QUINTO: Que, de acuerdo a lo razonado, puede deducirse que la víctima se impuso imprudentemente al riesgo, no siendo posible exigir a ningún conductor que prevea una situación como la descrita en los motivos segundo y tercero, siendo ajeno al resultado el hecho de que el conductor posea o no licencia de conducir, de modo que no existe relación de causalidad entre la falta de licencia de quien guiaba el automóvil y el politraumatismo que causó la muerte de la persona que se encontraba ebria, durmiendo de noche en la carretera 5 Sur. SEXTO: Que, en consecuencia, al no estar acreditada la culpa, requisito necesario para sancionar penalmente el cuasidelito, se absolverá de la acusación al sentenciado y se rechazará la demanda civil de indemnización de perjuicios; siendo innecesario analizar el fondo de las demás circunstancias alegadas por la defensa. SÉPTIMO: Que nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgue haya adquirido, por los medios de prueba legal, la convicción de que realmente se ha cometido un hecho punible y que en él ha correspondido al procesado una participación culpable penada por la ley. OCTAVO: Que esta Corte concuerda con el dictamen de la señora Fiscal Judicial en cuanto en su informe de fojas 140 a 142 está por revocar el fallo en alzada y, absolver al sentenciado de la acusación. Por estos motivos y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 109, 514 y 527 del Código de Procedimiento Penal, se declara: Se revoca la sentencia en alzada, de veintitrés de mayo de dos mil tres, que rola de fojas 124 a 134, en que condena a Carlos Patricio Ulloa Heinsohn a la pena de sesenta y un días de reclusión menor su grado mínimo como autor de cuasidelito de homicidio en la persona de Pedro Pablo Ramírez Araneda, ocurrido en la comuna de Los Lagos el 9 de septiembre de 2001, y en su lugar, se le absuelve de esta acusación. Se revoca la misma sentencia en la parte que acoge la demanda civil deducida por el apoderado de Emelina Gutiérrez Alarcón en contra del sentenciado Carlos Patricio Ulloa Heinsohn y Lidia del Carmen Castillo Alarcón, que les condena solidariamente al pago de una indemnización de perjuicios por concepto de daño moral de diez millones de pesos y, en su lugar, se rechaza la demanda civil. Se confirma el mismo fallo, en la parte que rechaza la demanda civil deducida en contra de Héctor Gonzalo Espinoza Pérez. Acordada contra el parecer del Ministro don Mario Julio Kompatzki Contreras, quien estuvo por confirmar la sentencia en alzada y en consecuencia, condenar al procesado Carlos Patricio Ulloa Heinsohn como autor del cuasidelito de homicidio en la persona de Pedro Pablo Ramírez Araneda, a la pena que señala el Juez del grado en el fallo en revisión, en mérito de estos antecedentes: 1. Que un delito es culposo cuando el resultado que determina la acción no ha sido previsto ni querido por el que lo realiza, el que, además, no ha tenido la intención de producir lesión jurídica alguna. Dicho resultado deriva de imprudencia o negligencia e inobservancia de reglamentos; siendo del caso atribuir a la negligencia una eficacia pasiva y a la imprudencia una fuerza activa. En cuanto a la falta de observancia por parte del sujeto, esa omisión puede recaer en leyes, reglamentos, órdenes, deberes o disciplinas. 2. Que en todo caso, se requiere un acto lícito en su origen; prescindencia al ejecutarlo de las medidas de cautela generalmente adoptadas; infracción reglamentaria; producción a consecuencia de ello de un mal en las personas o daño en las cosas, previsible y evitable; total ausencia de malicia, y relación de causa a efecto entre la infracción y el resultado que los ligue con vínculo eficiente y directo, sin interferencia alguna ajena o extraña. 3. Que en relación a lo reseñado anteriormente, y en lo que interesa, es menester tener presente que el artículo 492 del Código Penal, en la figura que contempla y exige que el resultado lesivo para la

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

293

vida o integridad corporal de una persona haya ocurrido por mera imprudencia o negligencia del individuo activo, el que deberá haber infringido, además, la Ley de Tránsito. 4. Que de los antecedentes reunidos en el proceso, que se colacionan en el basamento primero del fallo en estudio, aparece que el 9 de septiembre de 2001, a las 22,00 horas, Carlos Patricio Ulloa Heinsohn, que no tiene carnet de manejar, en instantes que conducía el automóvil P.P.V. SX 8446, marca Hyundai, modelo Santana D.L.X. 2.0, color verde beige, por la ruta 5, dirección sur, sector Lipingue, comuna de Los Lagos, en un tramo no habilitado para el uso público, procedió a atropellar y dar muerte a Pedro Pablo Ramírez Araneda, que se encontraba tendido en la calzada, en estado de embriaguez. 5. Que tales elementos probatorios, constituyen presunciones judiciales que, por reunir los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten establecer que el fallecimiento del mencionado Pedro Pablo Ramírez Araneda se debió necesariamente a que el procesado obró culpablemente y con infracción a la Ley del Tránsito. Culpablemente, ya que no podía menos de representarse que al conducir un vehículo por un tramo de la carretera o Ruta Sur, que no estaba habilitada para su circulación, siendo de noche, yendo por un lugar donde no existía mayor iluminación, y con exceso de velocidad dadas esas condiciones, y no tener pericia ni mayor conocimiento en la conducción del automóvil en estudio; podría ocasionarse un accidente lo cual efectivamente ocurrió, y con infracción a la Ley del Tránsito, ya que manejaba el vehículo sin estar atento a las condiciones del tránsito del momento, iba por pista no habilitada, llevaba una velocidad que no era razonable y prudente, pues era de noche y no había gran iluminación, más aún que no contaba con mayor conocimiento y pericia para conducir el móvil, no habiendo podido el propietario o la persona a cargo de éste facilitárselo ya que no tenía licencia para conducir. 6. Que en su conducta el enjuiciado ha violado el artículo 172 Nº 1, 2 y 7 de la ley Nº 18.290, en relación a los artículos 113, 114, 117, 118 y 7, dado que no obstante que era de noche y sin mayor iluminación el procesado, que no tenía mayor conocimiento sobre conducción de un vehículo motorizado, y al no tener la licencia respectiva, por lo que debiera haber sido desautorizado por el propietario del vehículo o el encargado de éste para su manejo, constando con aceptación de éste, procedió sin estar atento a las condiciones del tránsito del momento, yendo por una pista de circulación no habilitada y con exceso de velocidad, que no era razonable ni prudente por lo ya expuesto, y fue así que atropelló a una persona que estaba en la pista, en estado de ebriedad, aplastándole con arrastre, provocándole la muerte por politraumatismo por accidente automovilístico. 7. Que en suma el hecho consignado en el considerando segundo del fallo en examen y analizados en los subsiguientes, complementados en esta sentencia, y de que resulta como autor el procesado Carlos Patricio Ulloa Heinsohn, constituye en definitiva el cuasidelito de homicidio en la persona de Pedro Pablo Ramírez Araneda, cometido en la localidad de Lipingue, comuna de Los Lagos, el 9 de septiembre de 2001. 8. Que sin duda alguna al tenor de la ocurrencia del suceso, informe de autopsia respectiva e inspección ocular, no cabe duda alguna que el causante del accidente y muerte del afectado, es el conductor del vehículo y procesado de autos, lo cual se corrobora además, por el propio reconocimiento que el encartado efectúa de lo acontecido, no pudiéndose perder de vista, que la S.I.A.T. al evacuar el informe pertinente indica que le merece duda que efectivamente que el que se puso detenido hubiere ido conduciendo el móvil la noche de los sucesos, por ignorar todo antecedente respecto del manejo de un auto (fs. 42), y ello conlleva a concluir, ya que el propio procesado insiste que él conducía el vehículo, que un elemento importante en el accidente culposo fue el poco conocimiento, pericia y habilidad para manejar móviles, lo que tiene relación directa con la circunstancia de que no tiene licencia de conductor. 9. Que al tenor de lo que se ha razonado, no tiene importancia y trascendencia que la víctima hubiere estado en el camino, botado y en estado de embriaguez, como quiera que lo haya expuesto, no se debe perder de vista que el camino no estaba expedito como pista o carretera, y por ende no podían circular vehículos motorizados por allí, no teniendo aplicación legal, la presunción del artículo 176 de la Ley de Tránsito, pues los términos del artículo 167 del citado cuerpo legal, se refieren a aceras, calzadas, y caminos, etc. que están habilitados, lo cual no ocurre en estos antecedentes. 10. Que sin perjuicio de lo expuesto por este Ministro en minoría, cabe dejar asentado que resulta improcedente la orden dada por la Juez del grado, en orden a que se compulsen las piezas necesarias

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

294

para hacer efectiva la responsabilidad del procesado, respecto del delito contemplado en el artículo 196 D de la ley Nº 18.290, pues aquello tan sólo tiene lugar cuando un sujeto maneje sin licencia un vehículo para el que se requiere una licencia profesional, lo cual no es el caso, pues el vehículo en comento para su conducción exige sólo licencia no profesional clase B, y por ende fue de parecer de dejar sin efecto, lo antes señalado. Redactada por el Ministro Titular señor Juan Ignacio Correa Rosado; y el voto de minoría, por su propio autor. Regístrese y devuélvase. Rol Nº 118.637 03. Pronunciada por la Segunda Sala, por los Ministros señores Mario Julio Kompatzki Contreras, Juan Ignacio Correa Rosado, y Abogado Integrante señora Helga Steffen Riedemann. Autoriza la señora Secretaria Subrogante Luz Moreno Verdugo.

III.- CORTE SUPREMA Santiago, dieciocho de abril de dos mil seis. VISTOS: Se ha instruido el proceso criminal rol Nº 19.876 en el Juzgado del Crimen de Los Lagos para investigar el cuasidelito de homicidio de Pedro Ramírez Araneda y la participación que le cupo al procesado Carlos Patricio Ulloa Heinsohn, ya individualizado. La sentencia de primera instancia, condena al procesado a las penas de sesenta y un días de reclusión menor en su grado mínimo y a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del cuasidelito de homicidio de Pedro Ramírez Araneda, cometido en la localidad de Lipingue, comuna de Los Lagos, el 9 de septiembre de 2001. Acoge la demanda civil deducida. Apelada dicha sentencia, una Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia, la revoca declarando la absolución del sentenciado. Asimismo, declara que se rechaza la demanda civil. Contra la sentencia de segundo grado, de 13 de agosto de 2003, corriente a fojas 145 y siguientes, la querellante Emelina Gutiérrez Alarcón representada por el abogado Arturo Ruiz Symmes, deduce recurso de casación en el fondo fundado en la causal 4ª del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, estimando quebrantados los artículos 197 Nº 4, 172 Nº 2, 172 Nº 7, 113, 114, 117, 118, 7º, 176 y 167 de la Ley de Tránsito, designadas en el orden que señala la recurrente. Se trajeron los autos en relación. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1º. Que, el abogado Arturo Ruiz Symmes, que recurre de casación en el fondo en representación de la querellante Emelina Ramírez Alarcón, hace consistir la errónea aplicación del derecho en la causal 4ª del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, esto es, que la sentencia califica como lícito un hecho que la ley pena como delito absolviendo al acusado, no obstante que se encuentra probado en el proceso, tanto la existencia del cuasidelito de homicidio de Pedro Ramírez Araneda, como la participación culpable del encausado. Aduce, que está acreditado en autos que Ulloa Heinsohn conducía un vehículo motorizado por la Ruta 5 Sur, en el sector, de Lipingue, comuna de Los Lagos, por una vía no habilitada y sin iluminación, sin tener licencia para conducir, de noche y a exceso de velocidad, y que en esas condiciones atropella a Pedro Ramírez Araneda ocasionándole lesiones que le causaron la muerte; 2º. Que, a continuación manifiesta que la sentencia de segunda instancia, ha infringido gravemente diversas disposiciones de la Ley de Tránsito Nº 18.290, de 1994, al disponer la absolución de Ulloa Heinsohn, quien había sido condenado por la sentencia de primera instancia. Expone el recurrente, que se han infringido las disposiciones siguientes: artículo 197 Nº 4, que califica de contravención gravísima la conducción de un vehículo motorizado sin haber obtenido la licencia de conductor; el artículo 172 Nºs. 1º y 2º, que disponen que constituyen presunción de responsabilidad del conductor, cuando conduce sin haber obtenido la licencia correspondiente y cuando lo hace sin estar atento a las condiciones del tránsito del momento; y, el artículo 172 Nº 7, por conducir a mayor velocidad que la razonable y prudente.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

295

Agrega, que el fallo impugnado no considera para nada esos preceptos, ni aquellos que los complementan, citando al efecto los artículos 113, 114, 117 y 118, y el artículo 7º, que prohíbe que sea entregado un vehículo a quien no posea licencia para conducir, disposiciones que debieron ser aplicadas En cambio, el fallo impugnado se funda en el artículo 176, que exculparía al procesado por el hecho que la víctima estaba bebida, lo que debió relacionarse con el artículo 167 que se refiere a calles o caminos en actual uso y no a vías no habilitadas. Añade, que los errores de derecho en que han incurrido los sentenciadores de segundo grado, han influido substancialmente en lo dispositivo, debido a que, sino se hubiese cometido la infracción ya señalada no se habría revocado la sentencia condenatoria de primera instancia y no se habría absuelto al encausado. 3º. Que, para resolver sobre la efectividad de la existencia de los errores de derecho que se dice incurrieron los sentenciadores de segundo grado, es preciso dejar constancia de los hechos establecidos en la causa. En la sentencia de primera instancia, en el considerando 2º, se reseñan en la siguiente forma: “el 9 de septiembre de 2001, en horas de la noche una persona que conducía sin licencia un automóvil por vía no habilitada, atropelló a un peatón que permanecía en estado de ebriedad tendido sobre ésta, quien resultó con múltiples fracturas y heridas amplias con pérdida de tejido, que le causaron la muerte por politraumatismo”. A su turno, la sentencia impugnada, que elimina el motivo que contiene los hechos en la sentencia de primera instancia, los describe en la siguiente forma: “el sentenciado Carlos Patricio Ulloa Heinsohn conducía un vehículo motorizado el 9 de septiembre de 2001 y siendo aproximadamente las 22.00 horas, en circunstancias que circulaba en un tramo no habilitado de la carretera 5 Sur, en construcción, antes de ser entregada al uso público, no pudo evitar que el automóvil que guiaba pasara sobre el cuerpo de una persona que se encontraba tendida en la calzada”. Agregan los sentenciadores, “que es un hecho de la causa, que la víctima del atropello se encontraba de noche durmiendo en un tramo no habilitado de la ruta 5 Sur, con 3.21 gramos por mil de alcohol en la sangre, de acuerdo con lo que señala el resultado de la alcoholemia que rola a fojas 63, documento suscrito por el Director del Hospital Base de esta ciudad”; 4º. Que, por el hecho de haberse invocado la causal 4ª del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, que como adelantamos, dice relación con una errada calificación, en que la sentencia califica como lícito un hecho que la ley pena como delito y absuelve al acusado, es preciso establecer si el hecho de que se trata, acreditado en la sentencia impugnada, relacionado en el considerando 2º, guarda conformidad y es coincidente con la figura penal rectora contemplada en el artículo 492 del Código Penal; 5º. Que, la figura del cuasidelito contemplado en el artículo 492 del Código Penal, requiere que en el hecho, se demuestre la existencia de un acto de mera imprudencia o negligencia y con infracción de reglamentos y que haya relación de causa a efecto entre la infracción reglamentaria y el resultado dañoso; 6º. Que, en materia de infracción de reglamentos se establece: en relación con la norma del artículo 7º de la ley, que se refiere a la circunstancia de haberse entregado la conducción de un vehículo a una persona que carecía de la licencia correspondiente, carece de la relevancia que se pretende por el recurrente, debido a que ese quebrantamiento es de responsabilidad del tercero que proporciona el móvil; y, en cuanto a la infracción de lo dispuesto en los artículos 113, 114, 117 y 118 de la ley, que dicen relación con el derecho de los conductores para transitar por las vías públicas, con la necesidad de que se mantenga el control del móvil y se respeten las normas de seguridad establecidas en la ley, con la conducción en la forma que la autoridad determine en vías de tránsito restringido, y con el derecho a prohibir el tránsito de vehículos en determinadas vías públicas, función que le corresponde al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se comprueba, examinados los hechos anteriormente relatados, los únicos que se entienden probados, que sobre la efectividad de haberse quebrantado estas normas no hay antecedentes en tales hechos, los que además, se entiende que han sido aceptados por la parte recurrente, que reclama solamente, que ha habido errónea calificación del hecho contemplado en la sentencia impugnada. Las otras infracciones reglamentarias que se imputan al encausado, que se sustentan en la violación de lo dispuesto en el artículo 172 números 2º y 7º de la ley, dicen relación con ciertos hechos o

296

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

circunstancias, que de estar presentes en un accidente de tránsito, constituyen presunciones de responsabilidad del conductor, cuestión que no dice relación con el elemento infracciones reglamentarias, sobre las que se razona en esta parte del recurso; 7º. Que, la infracción reglamentaria referida a la conducción de un vehículo motorizado sin licencia correspondiente, no se encuentra en relación de causa a efecto, puesto que con o sin licencia, el resultado dañoso se habría producido igual, manteniéndose las otras circunstancias que rodearon el hecho principal, como son la circulación de un vehículo motorizado por una vía no habilitada, donde una persona que no tiene calidad de peatón en esos momentos, entendido que peatón es aquella “persona que va a pie por una vía pública” (Diccionario de la Lengua Española. 22ª Edición. Año 2001), se encuentra tendido sobre la calzada, la sección de la vía destinada a la circulación de vehículos y no en la berma o costado de la vía por donde debía transitar, en estado de inconsciencia con 3.21 gramos por mil de alcohol en la sangre, según hechos de la sentencia; 8º. Que, en estas condiciones, los sentenciadores de segundo grado, han estimado que el encausado, no ha podido prever las consecuencias del acto de conducir un vehículo por la calzada de una vía no habilitada, y que en esa calzada, se encontraría una persona tendida en ella, en completo estado de ebriedad e inconsciencia, según los hechos de la causa, no siendo posible entonces, atribuir a los jueces que sostienen el voto de mayoría, absolutorio a favor del encausado, el error de derecho imputado a consecuencia de la infracción de las disposiciones legales invocadas, de manera que no procede tener en este caso, por concurrente la causal 4ª de nulidad del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, y debe, en consecuencia, desecharse el recurso en examen. 9º. Que, los hechos han quedado inamovibles para esta Corte, y la parte recurrente, no obstante que pretende modificarlos, o al menos que se consideren aquellos establecidos en la sentencia de primera instancia, que fueron sustituidos en la de segunda, no denunció la violación de normas reguladoras de la prueba, invocando la causal séptima del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se rechaza el recurso de casación en el fondo, deducido en lo principal del escrito de fojas 150, por el abogado señor Arturo Ruiz Symmes en representación de doña Emelina Gutiérrez Alarcón, en contra de la sentencia de 13 de agosto de 2003, escrita a fojas. 145 y siguientes, la que en consecuencia, no es nula. Regístrese y devuélvase. Redacción del Ministro señor Rubén Ballesteros C. Rol Nº 3.776 03. Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros señores Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury U., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C. y el Abogado Integrante señor Fernando Castro A. No firma el Abogado Integrante señor Castro, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente. Autoriza el Secretario de esta Corte Suprema señor Carlos Meneses Pizarro.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

297

FICHA 18

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 2748-2003 Cita Online: CL/JUR/6237/2006 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO La Unión, veinticinco de febrero de dos mil tres. VISTOS: Se ha iniciado la causa rol Nº 53.836 1 con el objeto de investigar la existencia del cuasidelito de homicidio de Cardenio Vera Vidal y la responsabilidad que en este hecho punible pudiere corresponder a María Soledad Espíndola Gómez, natural de Viña del Mar, de 34 años de edad, casada, lee y escribe, médico veterinario, domiciliada en parcela Piwuchen, sector La Poza de esta comuna R.U.T. Nº 7.732.093 8, extracto de filiación y antecedentes agregado a fs. 100, sin antecedentes anteriores. La causa se inició mediante el auto cabeza de proceso de fs. 1, mediante el cual Carabineros de esta ciudad da cuenta al tribunal que el día 2 de agosto de 2001, fue encontrado en la Ruta 5 Sur, kilómetro 885, el cuerpo sin vida de Cardenio Vera Vidal, agricultor, domiciliado en parcela Nº 8 El Campeón, ordenándose instruir sumario y practicarse las primeras diligencias. A fs. 27 se presentó querella criminal por don José Gabriel Vera Vera, hijo del occiso. A fs. 90 se sometió a proceso a María Soledad Espíndola Gómez como autora del cuasidelito de homicidio previsto y penado en los artículos 490 Nº 1 y 492 en relación al artículo 391, todos del Código Penal, acusándosele en la misma calidad y por el mismo delito a fs. 104. Que, la defensa de la encausada contestó la acusación a fs. 117 y siguientes y la adhesión a la acusación exponiendo que su representada ha sido acusada como autora de cuasidelito de homicidio de Cardenio Vera Vidal, cuyo fallecimiento se produjo al ser atropellado el día 1º de agosto de 2001, cerca de las 20.00 horas y en la Ruta 5 Sur, kilómetro 855 de esta comuna, por la camioneta que era conducida por doña María Soledad Espíndola Gómez, debido exclusivamente, según se verá, a la conducta infraccional y negligente del propio peatón. En efecto, consta del proceso que el día de los hechos, su representada conducía la camioneta placa patente KZ 3535 3 de sur a norte, por la Ruta 5 Sur, en dirección a su domicilio, reglamentariamente por su derecha, a una velocidad no superior a 64 kilómetros por hora. Estaba oscuro y llovía copiosamente, cuando sorpresivamente apareció desde el costado derecho de la ruta y justo frente al vehículo, lo que ella definió como “un bulto” y que lamentablemente resultó ser una persona, don Cardenio Vera Vidal, al que no pudo esquivar ya que salió de improviso, ya casi sobre la parte delantera del vehículo, impactándolo con el costado izquierdo del vehículo. No fue arrastrado. Su representada frenó su vehículo en cuanto se percató de la presencia enfrente de su camioneta, pero no alcanzó a detenerlo antes de impactarlo, por la cercanía, es decir, casi encima, con que apareció. Al percatarse de lo sucedido la señora Espíndola quedó paralizada tras el volante. Escoltándola en otro vehículo, ya que la acusada presentaba a la fecha casi nueve meses de embarazo, venía su cónyuge Manuel Palma Villarroel, quien rápidamente se detuvo y bajó a auxiliar al herido, sin embargo sus conocimientos, ya que es médico veterinario, le permitieron darse cuenta que éste había fallecido en forma instantánea. Su representada conducía el vehículo en forma reglamentaria, a velocidad reducida, ya que estaba oscuro y llovía, por lo que su velocidad era de unos 64 kilómetros por hora, de manera que, en ningún caso es posible afirmar que no iba atenta a las condiciones del tránsito del momento. La vía por la que tanto ella como su cónyuge transitaban no se encontraba entregada para la circulación general como doble vía, pero su uso no estaba prohibido, tanto es así que todos los habitantes del sector utilizaban la misma ruta, por ser más corta y expedita. Además, no existía en el sector señal alguna que impidiera el paso, ni barrera u otro elemento destinado al efecto. El accidente ocurrió por la acción infraccional de la víctima, por cuanto éste pasó sobre la barrera existente en el lugar y cruzó sorpresivamente la calzada, sin percatarse, posiblemente debido a su enfermedad o por simple descuido, que

298

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

venía un vehículo. La víctima no pudo salir a la vía desde el lado izquierdo o poniente, ya que en tal lugar existe un desnivel de aproximadamente dos metros, tapado de arbustos, tras el cual existe una franja de terreno de superficie bastante irregular, casi no transitable, lo que lleva a concluir necesariamente que éste ingresó a la vía por el lado oriente, el cual estaba cercado por una barrera, precisamente para impedir el paso de vehículos y peatones de una vía a la otra, según consta en el proceso. Contrario a lo afirmado por la contraria, éste no circulaba en el mismo sentido que la camioneta, sino que “surgió” intempestivamente desde el costado. Fue por ello que su representada no pudo evitar el arrollarlo ni lo vio con anterioridad, pese a haber ido especialmente atenta a las condiciones del tránsito del momento y a baja velocidad. La víctima cruzó la calzada en forma intempestiva, por un lugar no habilitado y sin tomar precaución alguna. Concordante con lo expresado, su representada debe ser absuelta en autos, toda vez que la muerte investigada no se produjo por un hecho suyo o lo que es lo mismo, ésta no tuvo como causa una infracción reglamentaria cometida por su representada, sino que la causa fue la conducta infraccional de la propia víctima. En la especie y de acuerdo con la relación de los hechos precedentes, el occiso incurrió en las siguientes infracciones de la ley 18.290 y sus modificaciones: artículo 167 números 2, 3, 5 y 11. Además, conforme lo dispone el artículo 492 del Código Penal inciso antepenúltimo, debe presumirse la culpabilidad del peatón si el accidente se produjere en otro sitio de las calzadas, es decir, cuando no sea dentro del radio urbano de una ciudad, en el cruce de las calzadas o en la extensión de diez metros anterior a cada esquina. Por su parte, el artículo 176 de la ley 18.290 establece que se presumirá la culpabilidad del peatón que cruce la calzada en lugar prohibido;... y en general del que infringiere lo dispuesto en el artículo 167 de la ley 18.290. Así estas presunciones legales de culpabilidad alteran la carga de la prueba y acreditándose las circunstancias que les dan origen, la culpabilidad del peatón en el accidente debe ser declarada por el tribunal y consecuencialmente su representada debe ser absuelta. Por todo lo anterior solicita en definitiva, la absolución para su defendida, por cuanto el accidente investigado no se produjo como consecuencia de una acción temerariamente imprudente ni por infracción reglamentaria alguna de su parte, ni fue su conducta la causa del fallecimiento del señor Vera Vidal. Subsidiariamente y en el evento que se estime proceda dictar sentencia condenatoria en contra de su representada, solicita se declare en la sentencia que existió concurrencia de culpas o causal concurrente de los sujetos activos y pasivos, igualmente para el evento de estimar S.S. que procede condenar a doña María Soledad Espíndola Gómez, por el cuasidelito que se le imputa, hace valer en su favor, como una atenuante muy calificada, su irreprochable conducta anterior, conforme lo dispone el artículo 11 Nº 6 del Código Penal, rebajándosele en consecuencia la pena en conformidad a derecho. En el evento de estimar procedente el tribunal la dictación de sentencia condenatoria, reuniéndose en la especie los requisitos establecidos al efecto por la ley 18.216, solicita a U.S., se sirva remitir condicionalmente la pena a su representada. A fs. 124 y 124 vta. se recibió la causa a prueba. A lo principal de fs. 133 se formuló tachas en contra de los testigos Cecilia Odette Mautz Sandoval, Guido Adín Jiménez Solís y Jasna Aguilar Mautz. A fs. 174 se trajeron los autos para los efectos previstos en el artículo 499 del Código de Procedimiento Penal. A fs. 176 se decretaron medidas para mejor resolver, las que fueron cumplidas y quedando la causa en estado, se trajeran los autos para fallar a fs. 204. CONSIDERANDO: En cuanto a las tachas: PRIMERO: Que a fs. 133 se dedujo tacha en contra de la testigo Cecilia Odette Mautz Sandoval, por afectarle la inhabilidad del artículo 460 Nº 7 del Código de Procedimiento Penal, por tener íntima amistad con la parte que los presenta, no siendo sólo amigos, sino que vecinos y parientes. Que asimismo tachó al testigo Guido Adín Jiménez Solís, por afectarle la causal del artículo 460 números 7 y 10 del Código de Procedimiento Penal, porque el testigo es también amigo íntimo de la parte que los presenta y además familiar en segundo grado de afinidad, pues está casado con una prima del primero. Que, por último, dedujo tacha en contra de la testigo Jasna Aguilar Mautz, por las mismas causales que el anterior, fundado en que existe gran amistad entre el testigo y el querellante, se visitan, y en que

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

299

la madre de la testigo es prima de la parte querellante y que la testigo es hermana de un cuñado del querellante. SEGUNDO: Que la parte querellante solicitó el rechazo de las tachas fundado en que la vecindad no es causal de inhabilidad, que los testigos no han sido presentados por sus partes, sino que han declarado a requerimiento del tribunal en el desarrollo de la investigación, porque los grados invocados no se encuadran en la norma en cuestión, que la imparcialidad ninguna relación tiene con las inhabilidades invocadas y que no existe la amistad íntima invocada. TERCERO: Que, en cuanto a la tacha en contra de Cecilia Mautz Sandoval, habiéndose deducido tacha por tener la testigo amistad íntima con la parte que los presenta, al no haberse acreditado ésta en forma alguna, no se accederá a lo solicitado, teniendo además presente que la sola vecindad o parentesco no necesariamente deriva en amistad. En cuanto a la tacha en contra del testigo Guido Jiménez Solís, en cuanto a la inhabilidad basada en la amistad, en base a los mismos argumentos ya señalados se rechazará, y en cuanto a la inhabilidad basada en parentesco, atendido que entre María Coralia Vera Vera y el querellante existiría, según la apoderado de la querellada, parentesco colateral consanguíneo en cuarto grado (segundo grado existe entre hermanos) y, por lo mismo, entre el testigo el actor existe parentesco por afinidad en el mismo grado, se rechazará la tacha por no incurrir el testigo en la inhabilidad invocada. Que en cuanto a la última tacha, también se rechazará por los mismos argumentos ya indicados al resolver las otras tachas y porque los grados de parentesco invocados, quinto de consanguinidad y tercero de afinidad en la línea colateral, no se incluyen dentro de las causales invocadas. En cuanto a la acción criminal: CUARTO: Que mediante resolución de fecha 8 de mayo de 2002, escrita a fs. 104, se acusó a María Soledad Espíndola Gómez, como autora del cuasidelito de homicidio previsto y penado en los artículos 490 Nº 1 y 492, en relación al artículo 391, todos del Código Penal. QUINTO: Que, con el objeto de acreditar la existencia del hecho punible, existen en la causa los siguientes antecedentes: 1) Auto cabeza de proceso de fs. 1, cuyo contenido ya se expuso en la parte expositiva de esta sentencia. 2) Parte policial de fs. 3 y siguientes, de Carabineros, por medio del cual se pone a disposición del tribunal, en calidad de detenido, a Manuel Eduardo Palma Villarroel, informándose, además, que el día 2 de agosto de 2001, a las 20,15 horas aproximadamente, se recepcionó un llamado telefónico en la oficina de guardia de la Tenencia de Carreteras Valdivia, de una persona que no se identificó, manifestando que en la Ruta 5 Sur, kilómetro 885 aproximadamente, en vía no habilitada, se encontraba una persona tendida en la calzada. Con esta información personal de servicio de la Tenencia de Carreteras Valdivia, a cargo del Teniente Patricio Martínez Schade y personal a su cargo, se constituyeron en el lugar, constatando la veracidad de lo denunciado, encontrando el cuerpo sin vida de Cardenio Vera Vidal, de 81 años, casado, chileno, pensionado, sin cédula de identidad, domiciliado en parcela Nº 8, El Campeón, sector Rapaco, La Unión, el cual se encontraba tendido sobre la calzada decúbito dorsal en posición norte a sur, al costado izquierdo del eje central de la calzada, la cual no está habilitada, quien momentos antes fue atropellado por un vehículo no identificado, el cual se dio a la fuga del lugar, en dirección desconocida, debido al golpe éste falleció en el mismo lugar. Se agrega que se constituyó la S.I.A.T. en el sitio del suceso, a cargo del Teniente Miguel Gómez Marín, efectuando el peritaje de rigor. No hay testigos de los hechos. Se le practicó examen de alcoholemia 02,36 horas, en el hospital. El conductor conducía con permiso provisorio del Juzgado del Crimen de La Unión. 3) Declaración de Manuel Eduardo Palma Villarroel, quien a fs. 10 y en el careo de fs. 82 y 82 vta. dijo: A fs. 10 dijo que el día 1º de agosto de 2001 viajó a la ciudad de Osorno con su cónyuge María Soledad Espíndola Gómez, viajaron en el jeep de su mujer y para no ir en dos vehículos, decidió dejar la camioneta de su propiedad en la Hostería Puente Río Bueno y al regresar de Osorno como a las 19.00 horas, pasaron a buscar la camioneta a la hostería. Él se fue conduciendo el jeep y su señora su camioneta, dirigiéndose a su domicilio en el sector La Poza. Entre el cruce Puerto Nuevo y el cruce La Poza, por un lugar donde aún no está entregado por la empresa constructora y por donde sólo pueden circulan

300

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

vehículos de ese sector. Llovía torrencialmente a esa hora y la camioneta que conducía su señora frenó bruscamente intentándole hacerle el quite a una persona que se encontraba en la mitad de la pista, a quien lo impactó, su mujer detuvo el móvil, según le comentó. Como él viajaba en el jeep más atrás de su señora, sólo vio pasar por el costado izquierdo de la camioneta, se bajó del jeep y fue a ver, estaba con un ataque de nervios, lloraba y gritaba, además agrega que su señora es portadora de un embarazo de ocho meses y medio, por lo que su temor era que algo le pudiera pasar. Fue a ver al atropellado y regresó a calmar a su señora. Dejaron al atropellado en el mismo lugar y llevó a su mujer a casa, la calmó y pasada una media hora regresó al lugar de los hechos en donde ya estaban los Carabineros tomando el procedimiento, preguntó si el atropellado estaba muerto y le respondieron que sí y regresó a su casa que está ubicada a una distancia de tres kilómetros. Agrega que no sabe qué le pasó que no llamó a Carabineros, responsabilidad que él asume. Se acostaron aquella noche y después, cerca de la medianoche, llegaron los Carabineros a quienes atendió, negándoles todo lo ocurrido, diciéndoles que la camioneta la conducía él, para no involucrar en estos hechos a su mujer, por su estado de gravidez. Más tarde se hicieron presente funcionarios de la S.I.A.T. de Valdivia, los que le interrogaron y a quienes les manifestó lo mismo, negando tener conocimiento de los hechos, estos funcionarios practicaron peritajes a su camioneta y comprobaron que había sido su camioneta la que había impactado a la persona y le recomendaron que asumiera su responsabilidad, trasladándolo a la comisaría, dejándolo detenido. Le practicaron examen de alcoholemia en el hospital de esta ciudad. Agrega que su mujer conducía a una velocidad de 40 a 60 kilómetros por hora, porque llovía a esa hora. Finalmente expresó que su señora había quedado en la casa y ella le recomendó que era mejor decir la verdad, pero aquella noche no podía decir la verdad por el estado de gravidez de su mujer y porque pensaron que podrían dejarla pasar la noche en un calabozo en ese estado, como lo hicieron con él. En el careo de fs. 82 dijo que efectivamente en un primer momento negó que la camioneta hubiese participado en un accidente, pero se debió a que estaba asustado, nervioso y no sabía qué decir, lo que siguió sosteniendo luego de reconocer que él manejaba la camioneta. En ningún momento le dijo a Carabineros que era su mujer quien conducía la camioneta, pensando en asumir él las consecuencias de lo que ello derivara y evitando así que detuvieran a su mujer, quien era portadora de un embarazo de ocho y medio meses. Agregó que se dio cuenta que con su actuar estaba obstruyendo el actuar de Carabineros, la investigación y la acción de la justicia pero lo hizo porque pensó que era la mejor solución en el momento, debiendo reconocer que no pensó con ello se evitaría que se le practicara la alcoholemia a su mujer, porque ella no consume alcohol. Finalmente, expresa que su mujer no tiene culpa en la actitud que se tomó frente a los hechos y frente a Carabineros, porque esa decisión la tomó él para evitarle un mal a su señora. 4) Declaración de José Gabriel Vera Vera, quien a fs. 19 y en lo pertinente y en relación al accidente sufrido con su padre, puede expresar que por su avanzada edad no acostumbraba a salir solo de casa. Se encontraba con sus facultades mentales normales. Su primo Daniel Vera lo vio cerca de las 17.00 horas del día 1º de agosto, que caminaba por la carretera y luego lo vio subirse a una camioneta de color blanco, por lo que pensaron que se dirigía a casa de algún vecino. Cerca de las 18.00 horas lo salieron a buscar y como a las 19.30 horas le pasó el auto a su hermano José Manuel Vera y éste salió acompañado de su cuñado Cristián Aguilar y lo encontraron atropellado entre el sector La Poza y Puerto Nuevo y por lo que supo, ellos habían sido quienes dieron aviso a Carabineros. Posteriormente, se informó que el autor de este hecho sería un vecino del sector de apellido Palma y la camioneta de éste fue quien atropelló a su padre, según se lo expresó la S.I.A.T. de Valdivia. 5) Certificado de defunción de Cardenio Vera Vidal, agregado a fs. 25 y 43, documentos en los cuales se indica como causa de muerte luxo fractura cervical. 6) Informe policial que cumple orden de investigar agregada a fs. 34 y cumplida de fs. 35 a fs. 39, sólo en cuanto de este antecedente se obtiene una relación del hecho investigado, agregando que en lugar personal de servicio encontró restos de pintura color azul y trozos de mascarilla de un vehículo no identificado, los que coincidieron en forma exacta en la mascarilla y pintura faltante del capot de la camioneta placa patente KZ 3535, de propiedad de Manuel Eduardo Palma Villarroel. 7) Informe de la Subcomisaría Investigadora de Accidentes de Tránsito agregado de fs. 47 a fs. 59, al cual se adjuntaron fotografías del sitio del suceso y del occiso, en el cual se indica como causa basal

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

301

del accidente: que ambos participantes se exponen al riesgo de accidente al transitar sobre calzada no habilitada para el uso público, siendo atropellado el participante Nº 2 Cardenio Vera Vidal por el participante Nº 1 don Manuel Eduardo Palma Villarroel. En cuanto a la dinámica del accidente, se indica que el participante uno conducía el móvil por el costado derecho de la calzada oriente de la Ruta 5 Sur, no habilitada, en dirección al norte, a una velocidad calculada en 64,27 kilómetros por hora, mientras que el peatón o permanecía sobre la calzada oriente de la Ruta 5 Sur (no habilitada) en una dirección o visual no precisada, por un lugar que por el diseño vial no constituye tránsito ni paso peatonal. En las condiciones antes descritas, el conductor del vehículo se expuso al riesgo de accidente al efectuar una conducción culpable y riesgosa, al realizarlo por el lugar y dirección antes señalada, transcurso en el cual atropelló con el anterior izquierdo de la parte frontal del móvil al peatón, quien a su vez se expuso constantemente al riesgo de accidente al transitar o permanecer sobre la calzada por el lugar y forma antes señalado, sin adoptar ninguna medida de seguridad tendiente a salvaguardar su integridad física ante la presencia y proximidad del móvil al lugar del accidente, hecho ocurrido dentro de la zona de atropello achurada en plano adjunto. Se agrega que ocurrido lo anterior, el móvil continuó su desplazamiento en la misma dirección de marcha, aplicando en emergencia el pedal de freno para posteriormente darse a la fuga del lugar del accidente, sin identificarse, sin prestar ayuda al lesionado, sin dar cuenta del hecho a la unidad policial más cercana, siendo identificado y detenido posteriormente por diligencias efectuadas por personal de la Tenencia de Carretera Paillaco, acompañado por personal de la S.I.A.T. Por su parte, el peatón fue transportado por breve espacio sobre el capot del móvil, cayendo a la calzada, siendo desplazado en dirección al nor norponiente en proceso de arrastre, hasta detenerse, quedando su cuerpo en posición decúbito abdominal, con su cabeza direccionada hacia el sur, siendo su posición final la consignada en plano y fotografías. Se agrega que se fundamenta la zona de atropello sobre la base de los rastros e indicios encontrados en el lugar del accidente, los cuales se consignan en plano, que se fundamenta la velocidad del móvil sobre la base de la huella de la frenada demarcada sobre la carpeta de rodado, la cual pertenece al móvil, que se pudo establecer fehacientemente que el móvil señalado en el informe corresponde al vehículo que participó en el accidente, sobre la base del peritaje técnico mecánico efectuado al móvil por personal de la S.I.A.T. en terreno, lo cual concuerda exactamente con los restos de acrílico y pintura encontrada en el lugar de los hechos. Se señala en cuanto a la identidad del chofer, que perfectamente el conductor de la camioneta pudo ser la cónyuge del detenido, debido a que en su declaración manifiesta que su señora transitaba por el lugar del accidente antecediéndolo, la cual pudo ser protegida por su marido debido al avanzado estado de embarazo que ésta presentaba a la fecha de ocurrido el accidente. Se señala por último que ambos participantes aportan elementos suficientes para que se genere el accidente de tránsito, en el sentido de que al efectuar una conducción sobre el diseño vial aún no entregado al uso público el chofer y del peatón sobre las medidas de seguridad que debió adoptar para evitar el accidente, como por ejemplo usar algún tipo de elemento reflectante (chaleco reflectante o linterna), sumado a que ha debido transitar por la berma existente en el lugar y no sobre la calzada. 8) Declaraciones de José Leonel Vera Toledo, quien a fs. 62, 140 y 152 dijo: A fs. 62 expuso que en su calidad de Sargento de Carabinero llegó al sitio del suceso cerca de las 20.00 horas, luego de habérsele comunicado que en la Ruta 5 Sur, kilómetro 85 aproximadamente, se encontraba el cuerpo de una persona que al parecer había sido atropellado. Se trasladó con el jefe de la tenencia Patricio Martínez Schade y el Cabo Segundo Jorge Sandoval, constatando la efectividad de los hechos, encontrando el cadáver de una persona de sexo masculino, de unos ochenta años de edad más o menos, quien presentaba múltiples lesiones, todas atribuibles a atropello y el vehículo se había dado a la fuga. Un familiar del occiso les dijo que momentos antes había visto pasar por el camino hacia el sector “El Campeón”, sector rural, una camioneta conducida por don Manuel Palma, quien al parecer podría ser el autor del accidente, se trasladaron al domicilio de dicha persona, donde reconocieron la camioneta que se encontraba estacionada en el frontis de su domicilio y al ser revisada pudieron constatar que presentaba abolladuras, que se notaba eran recientes en la mascarilla y capot, expresando

302

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

que dichos daños se los había causado en un accidente que había tenido con anterioridad. En forma inmediata llamaron a la S.I.A.T. de Valdivia, quienes ya se habían constituido en el sitio del suceso y ellos tenían restos del vehículo que se encontraba en el mismo sitio, como ser plásticos y acrílicos de la mascarilla y pintura en trocitos, los que fueron comparados con la pintura de la camioneta, lo que coincidió tanto en el color como en forma. En ese momento el propietario de la camioneta reconocía ser el conductor de ésta, expresando que venía desde Osorno y que su cónyuge conducía otro vehículo, en definitiva negó ser el autor del accidente de la persona que se encontraba tendida en la carretera. En su domicilio también se interrogó a la señora y ésta les señaló que ella conducía el jeep y que ella no había atropellado al occiso. Agrega que en el sitio de ocurrido el accidente no vio huellas de frenada y el cuerpo se encontraba más o menos al centro de la calzada no habilitada. Señala que le preguntaron el nombre al familiar del occiso quien dijo que la camioneta la conducía Manuel Palma, pero al entrevistar a este último le manifestó que él manejaba la camioneta mientras su señora conducía el jeep. Finalmente, expresó que en esa oportunidad interrogaron a la cónyuge de Palma, quien indicó que la camioneta la conducía aquél y agrega que al ser interrogada ésta no presentaba hálito alcohólico. A fs. 140 dijo que ratificaba íntegramente su declaración prestada a fs. 62 sin tener nada más que agregar, quitar o rectificar a ella. A fs. 152 señaló que al lugar de los hechos, el día que ocurrieron éstos, llegaron por la ruta no habilitada de norte a sur e ingresaron a la calzada poniente, a la altura de Rapaco y existía una barrera que impedía el acceso a esa calzada. Agrega que al lado de la barrera había un espacio suficiente para el ingreso de un vehículo y que tomaron el ingreso a La Unión por la misma vía; 9) Declaración de José Manuel Vera Vera, quien a fs. 64 dijo que el día 1º de agosto de 2001, vino a esta ciudad regresando a eso de las 17.00 horas y su padre Cardenio Vera Vidal no se encontraba en casa, diciéndole que éste había salido en busca de un animal que faltaba. Su sobrina Sonia Barrientos Vera, que se encontraba en la casa, ya lo había salido a buscar y él también salió a buscarlo porque a esa hora ya estaba oscureciendo. Se encaminó hacia el camino público que se comunica con la carretera, caminó unos siete kilómetros desde la casa y encontró el cuerpo sin vida de su padre en la Ruta 5, en la vía de circulación que en esa fecha no se encontraba habilitada para el tránsito vehicular. En ese lugar se encontró con un señor que transitaba en camión y éste llamó por medio de teléfono celular a Carabineros de carretera, los que llegaron luego al lugar. Cuando salía por el camino vecinal hacia la Ruta 5, se encontró con un jeep y una camioneta, identificando estos vehículos como los de don Manuel Palma, quien vive en el mismo sector La Poza. Como estaba medio oscuro no logró distinguir quién conducía cada uno de estos vehículos. Agrega que su padre acostumbraba a salir cuando faltaba alguno de sus animales, pese a su edad 81 años era una persona que gozaba de buena salud, lo que le permitía trabajar el campo y su salud mental era normal, ni siquiera estuvo en tratamiento médico, es más, nunca estuvo hospitalizado. Su padre vivía junto a su madre, que tiene una edad similar. 10) Declaración de Patricio Andrés Martínez Schade, quien a fs. 67 dijo que en su calidad de jefe de la Tenencia de Carreteras de Paillaco y al tomar conocimiento del hecho se trasladó de inmediato al lugar, kilómetro 885 de la Ruta 5 Sur, sector La Poza, el día 2 de agosto de 2001, aproximadamente a las 20,15 horas, se constituyó en dicho lugar pudiendo verificar que en la vía que no estaba habilitada para el uso público se encontraba el cuerpo sin vida de una persona adulta, de sexo masculino, percatándose a la vez que alrededor del cuerpo sólo se encontraban restos de pintura del vehículo participante, toda vez que éste se había dado a la fuga después del accidente. Hace presente que en ese instante llegó personal de la S.I.A.T., trabajaron en el lugar levantando de esta manera los indicios y huellas encontradas, específicamente del vehículo, posteriormente, por información de terceras personas se constituyeron en la parcela Nº 25 camino El Campeón, sector La Poza, lugar donde se percató que la camioneta participante en el accidente se encontraba en el interior de esta parcela, toda vez que se encontraba abollada la parte delantera y faltaban restos de pintura del capot, los cuales eran los mismos que habían quedado alrededor de la persona fallecida, comunicando esto en forma inmediata al equipo S.I.A.T. Valdivia, quienes al constituirse en el lugar y verificar técnicamente la participación de dicha camioneta en el accidente de tránsito. Hace presente a S.S. que una vez que se constituyó en dicha parcela se entrevistó con el propietario de dicho móvil, don Manuel Palma Villarroel, quien después de consultar por la posible participación de éste como conductor en dicho accidente, primero dijo que la camioneta no la

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

303

había sacado hace semanas de su casa, pero al continuar interrogándolo entregó una segunda versión, diciendo que él había llegado momentos antes de la ciudad de Osorno junto a su cónyuge, conduciendo su señora el jeep, el cual se encontraba en su domicilio y él conducía la camioneta antes mencionada, pero que no había tenido ningún tipo de accidente en su trayecto y por último y antes de proceder a su detención, entregó una tercera versión, expresando que su cónyuge era quien conducía la camioneta, procediendo de esta forma a leerle sus derechos en el mismo lugar siendo trasladado hasta la Tercera Comisaría de Carabineros de La Unión. 11) Declaraciones de Jorge Alfredo Sandoval Sandoval, quien a fs. 69, 140 y 152 dijo: A fs. 69 expuso que efectivamente llegó al sitio del suceso cuando se les avisó que en el kilómetro 885 había un accidente de tránsito. El andaba conduciendo el móvil de Carabineros con el Teniente Martínez y el Sargento Vera. En el lugar del accidente constataron que había una persona de sexo masculino, de una edad de más o menos 80 años, sin vida, presentaba bastantes lesiones. Al proceder a practicar las primeras diligencias, cerraron el sitio del suceso. En esa fecha la ruta donde ocurrió el hecho no estaba habilitada para el tránsito. El vehículo que había causado el atropello del occiso se había dado a la fuga. Un familiar del afectado les señaló que poco antes y en circunstancias que salía a buscar a su padre, se encontró con una camioneta de color azul y un jeep, que pertenecía a un tal Palma del mismo sector. Se dirigieron al domicilio de éste para entrevistarlo y tenía su camioneta estacionada en el interior de su sitio, revisaron el vehículo, esto es, la camioneta, la cual presentaba abolladuras en su parte frontal, la mascarilla estaba quebrada, presentaba desprendimiento de pintura del capot. Al consultarle al propietario de la camioneta éste manifestó que esos daños se los había causado anteriormente en el sector de Lanco. Luego concurrió personal de la S.I.A.T. que fue avisado por el jefe de tenencia y ellos procedieron a tomar procedimiento, se recogió del sitio del suceso pintura y trozos de mascarilla del vehículo que quedaron esparcidos en ese lugar. Al ser interrogado Palma por el Teniente Martínez, no reconoció ser el autor del accidente, diciendo que sólo había pasado por el lugar. La S.I.A.T. con los restos del capot y pinturas armaron como un rompecabezas y cuadraban perfectamente con las partes donde faltaba pintura y el pedazo de mascarilla. Además, en cuanto a su color, era el mismo. Con estos antecedentes el teniente de la S.I.A.T. ordenó la detención de Palma. Finalmente agregó que quienes interrogaron a Palma fueron el Teniente Martínez con el teniente de la S.I.A.T., quienes andaban a cargo del procedimiento. A fs. 140 señaló que ratificaba en todas sus partes la declaración prestada a fs. 69 y que nada tenía que agregar, quitar o rectificar a lo allí expuesto. A fs. 152 y 153 dijo que al lugar del accidente accedieron de norte a sur, a la altura del Cruce Rapaco a la vía no habilitada cuando la persona estaba en el medio del sector y no había otro lugar por donde entrar y después de terminado todo el procedimiento, se dirigieron a La Unión por la Ruta 5 Sur, por la parte no habilitada hasta el Cruce de Puerto Nuevo y después por la ruta habilitada. Ocuparon esa vía porque no había otra más expedita en ese momento y para evitar pérdida de tiempo porque cumplían un procedimiento. Agrega que al inicio de la vía indicada como no habilitada, en dirección norte sur, existía una barrera en la parte norte y al final del cruce Puerto Nuevo también había una barrera, las que esquivaron. Finalmente, señala que se trataba de barreras movibles. 12) Acta de reconstitución de escena practicada por el tribunal, agregada a fs. 71, en la cual se expresa que siendo las 15.00 horas se constituyó el tribunal en la Carretera 5 Sur, a 3 kilómetros del cruce Los Tambores hacia el norte, a doscientos metros al norte del hito del kilómetro 885, en la pista poniente de la carretera, con la asistencia de la inculpada María Soledad Espíndola Gómez con su abogado doña Isabel Gantz Margulis, el inculpado Manuel Eduardo Palma Villarroel, el querellante José Gabriel Vera Vera y su abogado don Erwin Wettlin Moreno y además José Manuel Vera Vera (hijo), R.U.T. Nº 7.053.606 4, natural de Río Bueno, soltero, agricultor, domiciliado en parcela 8 El Campeón, sector Rapaco, de la Ciudad de La Unión, Gladys Vera Vera (hija) R.U.T. Nº 7.185.525 2, natural de Río Bueno, casada, dueña de casa, domiciliada en pasaje Irún Nº 1.866, Población Villa Los Almendros, La Pintana, Santiago y Alejandro Héctor Moll Vera (nieto), sin cédula de identidad, natural de Lago Ranco, soltero, maderero, domiciliado en Lago Ranco, sector Ilihue, pudiendo constatar que actualmente la Carretera 5 Sur tiene doble vía. En el lugar de los hechos el camino tiene una berma de cuatro metros aproximadamente, parte de la cual se encuentra asfaltada y el último metro de ripio. La pista poniente consta

304

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

de dos vías de seis metros de ancho aproximadamente en total, existiendo una protección de fierro al costado oriente de la calzada poniente de la carretera ubicada aproximadamente a cincuenta centímetros del límite de la calzada. Se trata de un lugar donde existe una recta bastante larga que hacia el sur llega al Cruce de Puerto Nuevo, ubicado a 1,4 kilómetros y que al norte se extiende al menos dos kilómetros, teniendo amplia visibilidad hacia ambos costados. En el lugar no existe iluminación alguna, como tampoco en las cercanías. Se puede constatar que la calzada se encuentra en perfectas condiciones, sin baches ni quebraduras en el pavimento. Se puede constatar asimismo que la calzada poniente corresponde a la antigua Carretera Norte Sur y que la calzada oriente de la carretera es la nueva. Se puede constatar asimismo que la calzada se encuentra debidamente marcada, existiendo línea discontinua en el eje central y una línea continua a ambos costados de la calzada. Se puede constatar asimismo, que por lo amplio, plano y recto de la carretera existe buena visibilidad, sobre todo considerando que no existen grandes árboles al costado poniente sino sólo arbustos y árboles pequeños. Al costado poniente de la carretera existe un desnivel de aproximadamente dos metros casi completamente cubierto de arbustos, tras el cual existe una franja de terreno de superficie bastante irregular, casi no transitable, de un ancho aproximado de diez metros, al término de la cual existe un cerco de alambre de púas, sin que se aprecien trancas ni entradas en la cercanía. Siguiendo con la inspección se puede constatar que a quinientos metros al norte existe un lugar en el cual se aprecia que un tiempo atrás ambas calzadas estuvieron unidas, permitiendo el paso de una a otra, estando contestes todos los asistentes que a esa fecha dicho paso ya estaba clausurado como se aprecia hoy en día. Asimismo, los asistentes manifiestan en forma conteste que los pasos más cercanos para ingresar a este costado de la carretera, a la época, eran en el Cruce de Puerto Nuevo, ubicado a 1.4 kilómetros del lugar de los hechos y en el Cruce Rapaco, ubicado a 5,2 kilómetros al norte del lugar de los hechos, dejando constancia que el camino de ingreso al domicilio de la inculpada se ubica aproximadamente a 1.3 kilómetros al norte del lugar de los hechos. Por último, se deja constancia que el lugar queda aproximadamente a 25 kilómetros de la Tenencia de Carreteras de Paillaco, unidad de Carabineros más cercana al lugar de los hechos. Que atendido a que resultó claro por las características del camino, fotografías acompañadas a los autos y la posición final del cuerpo, que también aparece en las fotografías y que fuera ratificada por los asistentes y el Teniente de Carabineros Patricio Andrés Martínez Schade, oficial que primero llegó al lugar de los hechos, que el vehículo en cuestión circulaba por la pista derecha de la calzada poniente a la carretera, no habilitada a la época, que el peatón al parecer cruzaba la calzada y cuál fue el punto de impacto y posición final del cuerpo, resultando necesaria recrear la acción del chofer, lo que por lo demás resultaba muy difícil de llevar a cabo y riesgoso, debido a que la calzada se encuentra habilitada actualmente para circular en sentido contrario y apreciando que a la hora de la diligencia circulaban muchos vehículos por el lugar, no se efectuó la reconstitución propiamente tal. 13) Informe de autopsia agregado a fs. 85, en el cual se indica que al examen interno presentaba: herida contuso fronto parietal derecha, con hematoma. Herida contuso parietoccipital. Cuello: hematoma cervical posterior a la base del cuello. Luxo fractura de columna cervical alta C3, C4, C5. Tórax: equimosis dorsal anterior, hematoma secundario. Extremidades superiores: herida contuso y equimosis derecha. Equimosis hematoma y erosión de hombro derecho. Múltiples erosiones mano izquierda. Abdomen: gran hematoma en fosa ilíaca derecha, con erosiones sobre cresta ilíaca y fosa ilíaca derecha. Pubis: se aprecia defecto óseo en sínfisis pubiana. Extremidades inferiores: herida a colgajo rodilla derecha. Gran equimosis sobre cara externa del muslo izquierdo. Erosiones y equimosis cara interna de pierna izquierda. Herida con exposición ósea del tobillo. Conclusión: Luxo fractura columna cervical alta. Causa de muerte: contribuye a la muerte probablemente hemoperitoneo y anemia aguda por fractura de pelvis. 14) Informe de alcoholemia de Cardenio Vera Vidal de fs. 87, que arrojó resultado negativo. 15) Certificado de nacimiento de Agustín Eduardo Palma Espíndola, hijo de la encartada, nacido el 21 de agosto de 2001. 16) Declaración de Carlos Alberto Iribarne Wiff, quien a fs. 144 dijo que por razones de trabajo se desplaza por toda la zona desde La Unión al Cruce lansa o de La Unión a Paillaco y por todos los caminos interiores. Agrega que cuando aún no estaba entregada la doble vía, para poder acceder al sector La Poza donde tiene arriendos, si viajaba desde el sector norte el único acceso era por la vía no

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

305

entregada, lo mismo acontecía cuando venía desde el sur, ya que la concesionaria hizo una zanja imposibilitando de ese modo el acceso desde la pista habilitada. Añade que es verdad que por la calzada poniente referida a la época señalada, esto es, cuando aún no se entregaba la doble vía, circulaban más vehículos en forma habitual, y entre ellos Armando John, Jorge Bustos, Ingo Wagemann, Julio Hevia, Juan Miquel y el camión lechero. Señala que a la época referida y específicamente en el mes de julio y agosto del año 2001 no existía señalización que impidiera el ingreso a la calzada poniente referida, porque de lo contrario no habrían podido acceder o no habían podido transitar y la vía se encontraba sin ningún obstáculo. Agrega que sabe dónde reside doña María Soledad Espíndola, es en el sector La Poza. Expresa que la vía más expedita antes de que fuera entregada la doble vía, hasta el domicilio de la procesada, tanto viniendo del sur como del norte era la pista poniente, existen dos rutas alternativas para llegar, ellas son una que va desde la Aldea Campesina, sector La Greda (que siempre se encuentra en mal estado) y la otra es la ruta desde Olifrut hacia la carretera y que tenía un cruce de ferrocarriles no señalizado y un puente sobre el Estero La Poza en mal estado. Ambas rutas son de ripio y tierra. Le consta que ambas rutas en los meses de julio y comienzos de agosto del año 2001, no se encontraba expeditas y estaban en mal estado porque agricultores en ambas rutas son productores de remolacha y al producir el carguío cae mucha tierra al camino, lo cual lo deja muy resbaloso y peligroso, así como también la posibilidad de encontrarse con camiones cargados de frente en una ruta que es angosta y por la cual a veces no se puede pasar. 17) Declaración de Juan Santiago Miquel Avilés, quien a fs. 146 dijo que le consta porque a la fecha de ocurridos los hechos él vivía en el fundo Rofuco, distante a unos cuatro kilómetros del Cruce Puerto Nuevo y ahí arrendaba ese predio y era propietario de la parcela 15 del sector El Campeón, por lo que diariamente hacía un promedio de tres viajes y además tenía remolacha que era entregada a Iansa Rapaco, por lo que también había que hacer el trayecto unas dos veces al día. Agrega que él salía desde el Cruce Puerto Nuevo, estaba habilitada la calzada para quienes transitaban por ese sector, eran como dos kilómetros y medio que se transitaba por esa calzada. Y por la calzada poniente a la época señalada, o sea cuando aún no se encontraba la doble vía, transitaban camiones remolacheros, lecheros y también camiones que realizaban faenas y también las personas que habitan en ese sector. Agrega que en esa época, julio y agosto de 2001, no existía señalización o barreras que impidieran el ingreso a esa vía. Añade que sabe dónde vive María Soledad Espíndola, es en el sector La Poza en El Campeón. Señala que la vía más expedita cuando aún no era entregada la doble vía, hasta el domicilio de la procesada, era por la carretera, por la vía, porque la otra alternativa era por Olifrut, la que se encontraba en muy malas condiciones y con un puente con la viga quebrada, el cual tenía un letrero que estaba habilitado sólo para vehículos livianos, sin carga. Manifiesta que el puente estaba habilitado para cualquier vehículo con carga e incluso para vehículos menores con carga era evidente el peligro de usar esa vía. Agrega que el camino interior referido se encontraba en muy malas condiciones y con mayor riesgo para una mujer embarazada. 18) Declaración de Francisco Javier Montero Avendaño, quien a fs. 147 expuso que habitualmente se traslada por la Ruta 5 Sur, desde su casa o domicilio ubicado en El Campeón hacia su lugar de trabajo. Añade que él circulaba por la pista que no estaba habilitada dado que era el único ingreso al sector. Agrega que efectivamente por esa vía circulaban más vehículos en forma habitual porque toda la gente del sector El Campeón lo hacía, en razón de que era el mejor camino para llegar a la ciudad de La Unión o viceversa. Señala que en esa época, esto es, en los meses de julio y agosto de 2001, no había nada de señalizaciones, circulaban camiones lecheros de Colún y de transportes de insumos agrícolas. Expresa que sabe dónde reside la señora María Soledad Espíndola, es en el sector El Campeón o La Poza, que es lo mismo y es colindante con la propiedad que él administra. Agrega que la ruta más expedita era la Ruta 5 Sur y la ruta alternativa era por el camino a Olifrut, la cual en el invierno no es alternativa realmente por no encontrarse en buen estado, dado la permanente circulación de camiones cargados con remolacha. Finalmente expresa que corrobora que el camino interior está en muy malas condiciones, con bastantes hoyos y desniveles, lo cual lo transformaba en un camino muy duro, no apto para una señora embarazada. 19) Declaración de Yasna Odette Aguilar Mautz, quien a fs. 155 dijo que sobre los daños morales causados al querellante José Vera Vera con ocasión del deceso de su padre don Cardenio Vera Vidal y a

306

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

su grupo familiar, puede señalar que han sufrido mucho por la muerte de su padre, que lo dejaron botado en la carretera, lo atropellaron, no le prestaron ayuda, no dieron aviso a Carabineros, lo dejaron como a un perro botado, nunca han ayudado en nada a la familia y han sufrido mucho y las familias quedaron muy mal hasta el día de hoy. Expresa que la pena y angustia a su juicio sigue en el tiempo, porque no mataron a cualquier persona, sino a un abuelito de 80 años y estima el valor de los daños morales entre cincuenta a sesenta millones de pesos. 20) Declaración de Cecilia Mautz Sandoval, quien a fs. 156 dijo, respecto de los daños morales que se dicen causados en la persona de José Vara Vera, por el deceso de su padre don Cardenio Vera Vidal y a los demás integrantes de su grupo familiar, que lo mataron, lo dejaron botado en la carretera en el cruce de Puerto Nuevo y este sentimiento es de pena y se prolonga en el tiempo. Que a su juicio este sentimiento debe ser indemnizado en una cifra de unos cincuenta millones de pesos y tiene conocimiento de que la querellada no ha indemnizado al querellante, porque no le ha dado ningún peso ni para los funerales. 21) Declaración de Juan Guillermo Valenzuela Bozinovich, quien a fs. 168 dijo que es efectivo que el día 1º de agosto del año 2001 hizo un viaje al sector de Lago Ranco, en un viaje para conocer un campo, viajando en una camioneta que era conducida por Egon Simón y es afectivo que llevaron a una persona que les solicitó le llevaran a “dedo” desde el Cruce “Los Tambores”, lo que ocurrió cuando regresaban a Valdivia. Ese día estaba oscuro, llovía y había tránsito en ambos sentidos, sólo por la calzada oriente de la doble vía. Recuerda que pudo ser entre las 19.00 y las 20.00 horas de ese día, aunque no lo recuerda con exactitud. Agrega que la persona que llevaban era un señor de edad avanzada, de alrededor de 1,70 centímetros, vestía una manta y un sombrero y le parece que llevaba algún paquete, con esta persona no hablaron nada, ya que iba en la parte trasera de la camioneta y con él no cruzó ninguna palabra y a esta persona la dejaron pasado el Cruce Puerto Nuevo, entre ese cruce y Rapaco y lo dejaron allí porque él así lo solicitó. Se detuvieron en la pista suya, lado derecho de la dirección que traían. En ese tiempo existía una barrera entre las calzadas que separaba la calzada oriente de la poniente, esta última que no se encontraba en uso en ese tiempo. 22) Declaración de Egon Alfredo Simón Rademacher, quien a fs. 168 y 168 vta., dijo que es efectivo que acompañado de Juan Guillermo Valenzuela fueron de viaje al sector de Lago Ranco, en una camioneta que él mismo conducía. Agrega que es efectivo que en el Cruce “Los Tambores” cuando venían de regreso a Valdivia, tomaron a una persona que les hizo *dedo”. Es efectivo que estaba oscuro, llovía y había tránsito en ambos sentidos por la calzada oriente. Recuerda que era una persona de sexo masculino, adulta, viejo, que vestía como campesino, es decir, llevaba una manta y un sombrero pequeño. Recuerda que además llevaba una bolsa plástica. No hubo ningún tipo de comunicación con esta persona, ya que se fue en la parte trasera de la camioneta. Lo dejaron al norte del cruce a Puerto Nuevo, pasado unos dos kilómetros, al lado derecho del sentido en que circulaban y lo dejaron ahí porque dio unos golpes en el techo de la camioneta avisando que ahí se bajaba. Expresa que es efectivo que existía una barrera entre las calzadas por las que circulaban y la otra calzada, la del lado poniente, que en ese tiempo no estaba en más uso que el tránsito interno de la gente del sector. 23) Ficha clínica de Cardenio Vera Vidal, agregada a fs. 171 y 172, emitida por el Consultorio Municipal de La Unión. 24) Informe de la Tercera Comisaría de La Unión, agregado a fs. 183, en el cual, en relación a informar si la empresa concesionaria de la época “Temuco Río Bueno” informó a Carabineros que realizaría trabajos en la Ruta 5 Sur, desde el Cruce Los Tambores hasta el sector Rapaco entre los meses de julio y agosto de 2001, se indica que revisados los oficios y documentación llegada correspondiente al período indicado, no aparecen antecedentes relacionados con esta materia. Constituido el funcionario informante hasta la plaza de peaje Troncal La Unión, ubicada en la Ruta 5 Sur; sector Rapaco, y entrevistado el jefe de peaje señor Alejandro Cerda, manifestó que en dicha oportunidad solamente se encontraba habilitada para el tránsito vehicular la pista oriente de la ruta, no así la pista poniente, ya que ésta aún no había sido entregada a la concesionaria por la empresa constructora de la época. 25) Oficio del Servicio Médico Legal de Valdivia, agregado a fs. 184, por medio del cual se informa que las lesiones sufridas fueron mortales. La lesión a nivel cervical produce un compromiso cardiorrespiratorio agravado por las condiciones hemodinámicas del occiso.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

307

26) Ampliación del informe de la Subcomisaría Investigadora de Accidentes del Tránsito de Valdivia, de fs. 187 y 188, en el cual se indica que el accidente de tránsito de tipo atropello se produjo el día miércoles 01 de agosto del año 2001, a la altura del kilómetro 855, Comuna de La Unión, fecha en la cual la calzada poniente de dicha ruta se encontraba no habilitada para el uso debido a que existían trabajos pendientes en ésta, encontrándose debidamente señalizada con barreras de contención y señales verticales de desviación de tránsito, las cuales indicaban a los conductores que provenían desde el sur, tomar la pista oriente de la Ruta 5 Sur para continuar su marcha, adjuntándose croquis demostrativo para mejor resolver de S.S. 27) Ampliación de informe de autopsia de Cardenio Vera Vidal, del Servicio Médico Legal de Valdivia, agregado a fs. 197, en el cual se indica que la sección medular completa sobre el nivel aludido, C4, es incompatible con la vida, irreversible y necesariamente causa de la muerte. Se produce un evento temporal en que la cesación de las funciones vitales (circulación, latido cardíaco, respiración etc.) se producen en un tiempo muy corto (segundos a pocos minutos). Esto es de importancia médico legal, pues pueden aparecer signos de vitalidad en las lesiones concomitantes. Luego en forma estricta la muerte no sobreviene en forma instantánea, sino inmediata. Del punto de vista práctico ambos se pueden considerar sinónimos. Dejando clara esta diferencia, la respuesta es afirmativa, la muerte se produce en forma inmediata. 28) Ampliación de informe de autopsia evacuado por la doctora Carolina Díaz Yaeger, agregado a fs. 203, en el cual se señala que referente al antecedente clínico de enfermedad de Alzheimer, consignado en informe de autopsia del 29.01.2002, en signos interrogativos, dicha información fue entregada por un hombre que recuerda se identificó como familiar. No recuerda haber solicitado su identificación para ver qué vinculación tenía con el occiso. Respecto al análisis histopatológico, no fue realizado en dicha oportunidad. El occiso no cuenta con ficha clínica en ese establecimiento, por lo que se solicitó información al consultorio de esta ciudad, donde cuenta con antecedentes (ficha clínica), en el cual consta diagnóstico compatible con demencia senil. Cabe mencionar que el diagnóstico de demencia senil abarca múltiples patologías, algunas de las cuales no tienen traducción anatomopatológicas. SEXTO: Que de los antecedentes reseñados en el considerando precedente, surgen un conjunto de presunciones judiciales que, reuniendo los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten dar por acreditado que tal día 1º de agosto de 2001, en horas de la noche, en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 885 de esta comuna, una persona que conducía un vehículo motorizado por la pista poniente de dicha ruta, que a la época no estaba habilitada para el uso público, en dirección sur a norte, no atento a las condiciones de tránsito del momento, en los términos que le era exigido, atendida las características de la vía por la que circulaba, atropelló a don Cardenio Vera Vidal, quien circulaba por la calzada, causándole luxo fractura columna cervical alta, hemoperitoneo moderado en abdomen y anemia aguda por fractura de pelvis, lesiones que causaron la muerte al peatón, dándose a la fuga el conductor en forma inmediata, sin prestar el debido auxilio. SÉPTIMO: Que la procesada Maria Soledad Espíndola Gómez dijo en su declaración indagatoria de fs. 11 y 63 y careo de fs. 82, lo siguiente: A fs. 11 señaló que el día 1º de agosto de 2001, viajó a esta ciudad, en horas mañana, conduciendo su jeep Nissan Terrano, color metálico dorado; quedando de juntarse con su marido, Manuel Palma, en la Hostería Puente Río Bueno, porque viajaban a la ciudad de Osorno a realizar algunas diligencias y también almorzarían en dicha ciudad. Su marido, quien andaba en su camioneta, dejó este último vehículo estacionado en dicha hostería y se fueron en su jeep. Regresaron entre las 18.30 y 19.00 horas y pasaron a buscar la camioneta. Como Manuel conducía el jeep ella se bajó a buscar la camioneta, vehículo que se fue conduciendo, ella adelante porque su marido tenía que pasar a comprar a la hostería. Viajaban por la pista no habilitada, puesto que es por donde deben circular para llegar a su domicilio. Pasado el Cruce Puerto Nuevo se percató que Manuel ya la había alcanzado por la izquierda y en forma sorpresiva se le apareció una persona por la pista del frente, cuando ella ya estaba encima de él, como que se le tiró encima, nada pudo hacer para evitar el atropello, trató de esquivarlo, pero no fue posible porque al costado derecho estaba la división de las dos vías, frenó, pero no en forma brusca por su estado de embarazo. Cuando su marido fue a ver a la persona no le dijo que estuviese muerto, le dijo que se calmara por la guagua. Agrega que conducía a una velocidad entre 50 y 60 kilómetros por hora,

308

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

llovía mucho. Detuvo su vehículo, tiritaba, lloraba, no se bajó del vehículo y en ese momento llegó su marido a quien le contó lo ocurrido y éste trató de calmarla, dado su nerviosismo recuerda que le dijo que le avisara a Carabineros, que llamara a la ambulancia, pero él le expresó que fueran a casa primero. Se fueron en sus vehículos a la casa y le acompañó para que su hija no le viera llorando. Luego que se calmó un poco su marido salió hacia el lugar del accidente y también para avisar a Carabineros, porque éste también estaba muy nervioso. Su marido le dijo que no se preocupara que él se encargaba. Cuando regresó su cónyuge a casa le dijo que en el lugar ya estaba Carabineros. Se acostaron y de pronto llegaron los carabineros a su casa y trajeron detenido a su marido y éste le dijo que se quedara tranquila en la casa. Agrega que tan solo bebió un jugo de frambuesas. A fs. 63 dijo que ratificaba la declaración prestada a fs. 11, agregando que el sector en que ocurrió el accidente es muy oscuro y probablemente a la hora en que sucedieron los hechos transitaban otros vehículos en sentido contrario, por la pista habilitada, de norte a sur, lo cual disminuyó más la visibilidad, y ello hizo que no viera a la persona que atropelló. Cuando llegaron los carabineros a su casa a interrogar estaba su marido y ella estaba muy nerviosa, por su estado de embarazo y por ello su marido le dijo que cuando llegaran los carabineros ella no hablara con ellos. En el lugar se bajó sólo su marido, quien vio el cuerpo y le indicó que se fueran del lugar y que él se encargaría de avisar, pero ella supuso que la persona estaba muerta. Agrega que no recuerda precisamente si en ese momento venía o no otro vehículo. Que posteriormente ha pasado por el lugar y se ha dado cuenta que cuando vienen vehículos en sentido contrario se disminuye mucho la visibilidad. Añade que ella conducía por la pista no habilitada, saliendo desde la hostería, mientras su marido se quedó comprando en ese lugar y la alcanzó en la pista no habilitada llegando al Cruce Puerto Nuevo. Señala que se podía entrar a la pista no habilitada por donde ella entró en el Cruce La Unión, en el Cruce Puerto Nuevo y en el Cruce Rapaco y todos esos pasos les servían hasta un mes antes del accidente. Se podía ingresar directamente frente al cruce del sector La Poza, pero a esa época ya habían cerrado dicho paso. Añade que ella siempre ingresaba en el Cruce de La Unión porque el Cruce de Puerto Nuevo ella lo consideraba más peligroso, y el Cruce de Rapaco era más distante hacia el norte. Manifiesta que su marido mintió a Carabineros, porque ella estaba embarazada y para evitarle problemas. Finalmente, expresa que no sufrió ningún golpe, porque manejaba a poca velocidad y puesto el cinturón de seguridad. En el careo de fs. 82 señaló que se mantiene en sus dichos. Que cuando ocurrió el accidente ella no se bajó del vehículo para ver qué había pasado a la persona, para atenderlo y ver si estaba con vida. No lo hizo porque había visto que sur marido venía atrás y él sí se bajó a ver qué había pasado. Ella pidió a su marido que se preocupara de llamar a Carabineros y a la ambulancia, respondiéndole éste que él se preocuparía de ello, pero reconoce que ella no se preocupó de saber si éste había llamado o no. Manifiesta que cuando estaban cerca de la casa le preguntó a su marido si había llamado y éste le respondió que se preocupara de ella y que él se encargaba de lo demás y si ella no dio cuenta a Carabineros, fue por el nerviosismo que la embargaba. Cuando llegaron los Carabineros a su casa ella nada les dijo respecto de su responsabilidad, porque habían acordado con su marido que ella nada iba a decir y él se iba a encargar y por lo demás ella nunca mintió al teniente, porque ella dijo que su marido no había sido y eso era verdad, ya que quien conducía la camioneta era ella y el teniente en forma amable le señaló que ella dijera a su marido que expresara la verdad, respondiéndole que él vería qué debía decir, aunque debe reconocer que estuvo a punto de decir ella la verdad, lo que no hizo por el acuerdo a que habían llegado con su marido. OCTAVO: Que las declaraciones de la encausada constituyen una nueva presunción judicial que, unidas a las indicadas en el motivo quinto, reúnen todos los requisitos legales para dar por establecido que María Soledad Espíndola Gómez intervino de una manera inmediata y directa, esto es, como autora en los hechos acreditados en el motivo tercero de esta sentencia. NOVENO: Que los hechos acreditados en el considerando sexto de esta sentencia, en los cuales participó como autora la encausada, cabe calificarlos como un cuasidelito de homicidio, previsto en el artículo 492 del Código Penal y sancionado con las penas establecidas en el artículo 490 de dicho cuerpo legal, pues resultó acreditado que la acusada, con infracción a los reglamentos de tránsito y por mera imprudencia, ejecutó un hecho que de mediar malicia, constituiría un simple delito contra las personas.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

309

Efectivamente, los hechos constituyen un obrar imprudente con infracción a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Tránsito, en cuanto la acusada condujo no atenta a las condiciones del tránsito del momento, bajo las condiciones existentes y los riegos y peligros posibles, pues su atención debía ser total para evitar accidentes debido a que la calzada estaba mojada, con muy mala visibilidad, por la lluvia y la oscuridad, amén que circulaba por una vía no habilitada, lo que podía hacer presumir la existencia de peatones, infracción esta que se encuentra en relación causa efecto con el resultado producido que, aunque no querido, era previsible y evitable, pues si la encartada hubiese sido cuidadosa en su actuar y respetuosa de la legislación del tránsito, no se hubiese producido el hecho dañoso, mas su falta de cuidado le impidió evitar el resultado típico que debió representarse. Que, por último, atendido el hecho que la encartada huyó del lugar de los hechos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 492 inciso final del Código Penal, debe presumirse su responsabilidad en el cuasidelito, presunción que no ha sido desvirtuada, pues no se acreditó que el conductor se desplazara atento a las condiciones del tránsito del momento como ya se concluyó, y si bien se encuentra acreditado que el peatón se desplazaba por la calzada sin elementos reflectantes, que claramente constituye también una negligencia, el resultado fatal no se hubiese producido de haber conducido la acusada respetando íntegramente la legislación del tránsito y manteniendo suma precaución atendido las circunstancias que complicaban su circulación, según ya se dijo, y si bien es probable que el sujeto cruzara la calzada en lugar no habilitado, esto no resultó probado, pues aunque dos testigos dan a entender aquello, sus dichos no resultan plenamente convincentes, pues sólo aparecieron un año después de los hechos, recordando detalles de un hecho no trascendente en su vida, como es llevar una persona que solicitaba traslado en la parte trasera de la camioneta y con quien no conversaron. Que, en todo caso, y aunque se tuviese por acreditado este último hecho, tampoco es suficiente para desvirtuar la primera presunción. DÉCIMO: Que por lo mismo, no se hará lugar a la petición de absolución formulada por la defensa de la acusada, debiendo agregarse que si bien el peatón circulaba sin adoptar ninguna medida de resguardo, ésta no es la causa basal del accidente, pues es la establecida según la presunción antes indicada, y que en materia penal no existe la compensación de culpas. Cabe además tener presente que la presunción de responsabilidad ya indicada, se deriva únicamente de la fuga, por la significancia que tiene dicho obrar en relación al respeto de la vida ajena y las complicaciones que conlleva en la investigación (si bien en el caso no fueron tantas, eso se debió principalmente a que una persona vio el vehículo de la encausada en las cercanías, mas si aquél no hubiese estado, lo más probable es que el hecho hubiese quedado en la impunidad, máxime cuando la acusada y su cónyuge al ser interrogados siguieron negando el hecho, inclusive frente a las pruebas incriminatorias, lo que hace claramente suponer que si no hubiesen sido habidos el mismo día, nunca se habría sabido de su participación), sin que tenga relevancia el hecho que no hubiese podido prestar auxilio efectivo a la víctima (en todo caso no se ha acreditado que el peatón hubiese muerto instantáneamente, sólo que en todo caso necesariamente habría muerto en el tiempo inmediato), y en todo caso la circunstancia que dirigió el actuar del encartado, no resta mérito a la presunción en tanto la misma y su cónyuge señalan que sólo pensó en no afectar su situación personal, siendo ésta precisamente la situación que se tiene en vista en la presunción. UNDÉCIMO: Que, como lo dice la defensa, favorece a la encartada la atenuante de irreprochable conducta anterior, acreditada con el mérito del extracto de filiación y antecedentes, que no registra anotaciones anteriores, mas no se accederá a tener dicha atenuante como muy calificada, pues no existen antecedentes suficientes para concluir que dicha conducta hubiese sido sobresaliente entre sus pares, de modo de ser un ejemplo para los mismos, sino por el contrario, que su conducta aparece como la normal en sus condiciones. Así las cosas, concurriendo una atenuante y ninguna agravante, debe imponerse el grado inferior señalado por la ley al delito, lo que se hará en el minimum por parecer a este sentenciador condigna (sic) al mismo. En cuanto a la acción civil: DUODÉCIMO: Que en el primer otrosí de fs. 105 se interpuso demanda civil por don Erwin Wettlin Moreno, abogado, actuando por el querellante José Vera Vera, taxista, domiciliado en la parcela Nº 8,

310

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

fundo “El Campeón”, de esta comuna, en contra de la procesada, en su calidad de autora del cuasidelito de homicidio de Cardenio Vera Vidal, señalando que el día 1º de agosto de 2001, aproximadamente a las 19,00 horas, en circunstancias que el señor Vera Vidal se dirigía hacia su domicilio, de sur a norte por la Ruta 5 Sur, por aquella carretera por la cual actualmente se dirigen los vehículos hacia el sur en doble vía, km. 885, y en circunstancias que dicho sector aún no estaba habilitado para tránsito vehicular, fue colisionado por la camioneta placa patente KZ 3535, conducida por la demandada, la cual se desplazaba en la misma dirección del occiso. Conforme a protocolo de autopsia a consecuencia de tan grave impacto proporcionado a espaldas del señor Vera Vidal, éste resultó con diversas lesiones de carácter grave, tales como herido contuso fronto parietal derecha, con hematoma, herida contuso parieto occipital con hematoma cervical posterior a la base del cuello, luxo fractura de columna cervical alta con hematoma secundario en el tórax a equimosis dorsal anterior, herida contusa y equimosis derecha en extremidades superiores, equimosis hematoma y erosión de hombro derecho, múltiples erosiones en la mano izquierda, en la región abdominal sufrió un gran hematoma en la fosa ilíaca derecha, mientras que sus extremidades inferiores experimentaron herida de colgajo en rodilla derecha, gran equimosis sobre la cara externa del muslo izquierdo, erosiones y equimosis en la cara interna de su pierna izquierda y herida con exposición ósea del tobillo, concluyendo el protocolo de autopsia que la causa de la muerte fue una luxo fractura en la columna cervical alta, contribuyendo a su muerte un hemoperitoneo y anemia aguda por fractura de pelvis. Agrega que de la sola lectura de las lesiones, las cuales son innumerables y graves, se infiere un accionar más que negligente y con infracción de reglamentos de la querellada, lesiones que corroboran la tesis de esa parte, refrendada por los informes policiales agregados al proceso, en cuanto a que la víctima fue arrastrada por lo menos en un radio de 20 metros, espacio suficiente para que la querellada, si realmente hubiere estado atenta a la conducción, hubiese evitado el atropellarle y darle muerte o, al menos, disminuir el mal causado. Indica que en contra de la querellada surgen un conjunto de presunciones de responsabilidad meridianamente probadas en el proceso, pues conducía por una ruta no habilitada para vehículos motorizados, a una velocidad no prudente para controlar el móvil que conducía, ya que de lo contrario podría haber evitado el impacto o desviar la trayectoria del móvil o detener su marcha, y por el contrario lo arrastró como veinte metros, causándole tan graves lesiones que derivaron en su deceso, tras lo cual no le prestó la más mínima ayuda, actuando con frialdad porque ni siquiera se preocupó si a quien había atropellado permanecía o no con vida, burló la acción de la justicia dándose a la fuga, priorizando su libertad, menospreciando la vida de un ser humano. No comunicó la existencia del accidente a la autoridad policial más próxima, distante a escasos kilómetros hacia el norte, la cual eventualmente pudo haber socorrido a la víctima, no preocupándose de aquello ni siquiera a través de un tercero, y en fin no respetó el derecho preferente de paso del peatón. Señala que de esta forma se configuran en la especie las presunciones de responsabilidad de los números 2, 7 y 10 del artículo 172 de la Ley de Tránsito, como asimismo aquéllas de los incisos 1º, 2º y final del artículo 173 de la ley 18.290, como del mismo modo la presunción del artículo 198 Nº 8 de la ley en comento. Agrega que planteado de esa forma los hechos, ha existido una relación de causa a efecto entre las innumerables infracciones cometidas y el atropello con causa de muerte, lo cual a priori denota una grave negligencia de parte de la querellada, haciendo presente al tribunal que la exigencia de culpa demandada por el legislador es mínima desde que nos señala el artículo 492 del Estatuto Punitivo “mera imprudencia o negligencia”. Indica que en razón de la muerte, tanto su representado como todos sus hermanos han sufrido un inconmensurable daño moral, al igual que su señora madre, doña Berta Vera Aravena, fruto de los padecimientos, preocupaciones y la aflicción imperdurable que conlleva el perder un ser tan querido como lo es uno de sus padres, dolor que se agrava en las circunstancias que éste falleció, no derivadas precisamente de la naturaleza sino de la acción negligente, imprudente y con flagrante infracción de reglamentos con que la querellada y demandada civil actuó, y siendo el daño moral susceptible de ser indemnizado por quien lo causó, corresponde al tribunal efectuar una valoración y para ello debe entrar a considerar todos los factores anteriormente señalados, estimando que dichos daños no pueden ser

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

311

inferiores a la suma de $ 40.000.000, valores por los cuales demanda, más los reajustes, intereses y costas de la causa, contados los primeros desde el mes que antecede a la fecha de la colisión hasta aquél de su pago efectivo. En definitiva solicita acoger la demanda declarando que María Soledad Espíndola Gómez queda condenada a pagar a su representado José Vera Vera la suma de $ 40.000.000, por concepto de daño moral, más los intereses y reajustes correspondientes contados desde el mes que antecede a la muerte de Cardenio Vera Vidal y hasta aquél que corresponda al de su pago efectivo, con costas. DECIMOTERCERO: Que en el segundo otrosí de fs. 117 la defensa de la acusada contestó la demanda civil solicitando se rechace la demanda civil interpuesta, con costas, por las consideraciones de hecho y de derecho que expone. En cuanto a los hechos en que fundamenta la solicitud de rechazo, son los mismos expresados al contestar la acusación, agregando que su representada en ningún caso actuó con frialdad ni se despreocupó por el estado de la víctima, por cuanto su cónyuge verificó en el acto el fallecimiento inmediato del señor Vera Vidal, lo que no le era difícil dada su condición de médico veterinario, por lo que ya nada se podía hacer por el occiso y en cambio sí era preocupante la integridad física de la señora Espíndola Gómez, en avanzado estado de gravidez y de la criatura por nacer. Fueron esas consideraciones las que movieron a su representada y su marido a actuar en la forma en que lo hicieron, tal vez equivocadamente, pero muy humana, por cierto. Los hechos referidos, acreditados según lo expresado y con la prueba que se rendirá oportunamente, demuestran que fue don Cardenio Vera Vidal el culpable y responsable del accidente y no su representada, toda vez que fue la conducta infraccional descrita del peatón, ya alegada, la causa del accidente y sus lamentables consecuencias. No fue la conducta de su representada la causa jurídica del atropellamiento, sino la conducta culpable y antirreglamentaria del peatón fallecido. Agrega que el daño moral demandado es personal, por cuanto éste representa determinados sufrimientos físicos y psicológicos que un individuo debe soportar como consecuencia de un hecho determinado, por lo que en su apreciación, en ningún caso debe considerarse el que pudiere haber sufrido la madre del demandante o sus hermanos, que no son parte en este proceso, como pretende la demandante. Si se considera que según la parte demandante la muerte de su padre le produjo un “inconmensurable daño moral, fruto de los padecimientos, preocupaciones y la aflicción imperdurable que conlleva perder a un ser tan querido como lo es uno de los padres”, no debería concedérsele indemnización alguna, por cuanto imperdurable significa que no perdura, temporal. Tampoco puede acogerse en caso alguno la solicitud de la demandante en cuanto a que la eventual indemnización se pague con intereses y reajustes contados desde el mes que antecede a la fecha de la colisión hasta aquél del pago efectivo, por cuanto se ha resuelto reiteradamente que las sumas concedidas por concepto de daño moral se deben desde la fecha de la sentencia y por ende no devengan intereses ni procede que sean reajustadas sino a partir de la misma y hasta el pago efectivo. En todo caso, en el evento de estimar el tribunal que alguna responsabilidad tuvo su representada en el hecho y que por ende alguna indemnización se le debe al demandante por concepto del daño moral demandado, ésta debe ser reducida considerablemente por el tribunal al existir culpa de la propia víctima en la ocurrencia del hecho y haberse expuesto éste temerariamente al daño con su propia conducta, según ya se expresó en lo principal. Finalmente, solicita se sirva tener por contestada la demanda civil de indemnización de perjuicios incoada en contra de su representada y en definitiva negar lugar a ella, conforme con lo ya expuesto, con costas. DECIMOCUARTO: Que acreditada la existencia del hecho punible y la responsabilidad que en el mismo le cupo a la acusada, se encuentra establecido el primer presupuesto procesal de la pretensión del actor, esto es, que el fundamento de la acción civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto de la acción penal, como asimismo la legitimación pasiva de la demandada. Que establecido el estado de hijo matrimonial de la víctima del actor con el certificado de nacimiento de fs. 24, se encuentra acreditada la legitimación activa del mismo respecto de esta acción, al menos en relación a los perjuicios sufridos personalmente. En consecuencia, y acreditada la existencia del cuasidelito, la responsabilidad de la procesada y el resultado dañoso, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2314 del Código de Procedimiento Civil,

312

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

debería acogerse la demanda en cuanto se debe condenar al que ha cometido un cuasidelito que ha inferido daño a otro al pago de una indemnización por los perjuicios acreditados en la causa. DECIMOQUINTO: Que al momento de establecer el monto de la indemnización, conforme se ha alegado al contestar la demanda, acreditado que el peatón se desplazaba por la calzada de noche, sin ningún elemento de seguridad, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2.330 del Código Civil, deberá reducirse prudencialmente el monto de la misma, en tanto la víctima se expuso imprudentemente al daño. DECIMOSEXTO: Que el actor civil pidió que se condenara a la demandada a pagar la suma de $ 40.000.000 a título de daño moral, pues él, sus hermanos y su madre lo han sufrido, fruto de los padecimientos, preocupaciones y la aflicción imperdurable que conlleva el perder un ser tan querido, dolor que se agrava en las circunstancias en que falleció. Cabe tener presente que en primer lugar que la acción para perseguir la indemnización de perjuicios es personal y, por lo mismo, salvo cuando existe mandato al efecto, que no es el caso, una persona no está habilitada para demandar una indemnización por los perjuicios de sus hermanos o madre, y por lo mismo, salvo en cuanto a los perjuicios personales del actor, deberá rechazarse la demanda. En cuanto al daño moral personal del actor, debe estimarse en primer lugar que lo solicitado por este concepto es la suma tres millones setenta y siete mil pesos (esto debido a que él señala que el perjuicio sufrido por él, sus hermanos y su madre, trece personas según causa de posesión traída a la vista, es de $ 40.000.000, siendo el perjuicio personal de la suma señalada). Por ello, establecida la muerte del padre del demandante de autos a consecuencia del cuasidelito, como el parentesco, se desprenden presunciones que, por reunir los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 488 bis del mismo código, llevan lógica y racionalmente a establecer como un hecho de la causa, que el actor sufrió daño moral, es decir, que experimentó dolor, pesar o angustia a raíz del hecho dañoso. Así, acreditado que el actor padeció daño moral, deberá hacerse lugar a la demanda a este respecto y, al no haberse rendido prueba que permita derivar algún monto superior o en otra forma a la que se hará, no siendo este daño cuantificable objetivamente, y teniendo también presente lo dispuesto en el artículo 2329 del Código Civil, se determina prudencialmente el monto de la indemnización que correspondería establecer para reparar el sufrimiento, dolor y, en general, el daño moral causado, en la suma demandada, suma que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2330 del mismo código, se reducirá a la mitad de la misma suma, atendida la imprudencia de la víctima acreditada en autos. DECIMOSÉPTIMO: Que la indemnización así determinada, a fin de ser íntegra, devengará intereses corrientes establecidos para operaciones no reajustables desde la fecha de esta sentencia, época en que se determina el perjuicio, y hasta la fecha de su pago efectivo. Que atendida la naturaleza del interés aplicado, no se ordenará el pago de reajustes, y considerando que la indemnización sólo se determinó en esta fecha, no se accederá a fijar intereses desde la fecha de los hechos. DECIMOCTAVO: Que no se condenará en costas a las partes en relación a la acción civil, al no haber ninguna resultado totalmente vencida. Y visto además, lo dispuesto en los artículos 1º, 2, 11 Nº 6, 14, 15, 24, 25, 26, 30, 50, 68, 391, 490 y 492 del Código Penal; 10, 108, 109, 110, 111, 459, 460, 464, 473, 477, 481, 488, 488 bis, 500, 501 y 504 del Código de Procedimiento Penal, artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, 2.314 y siguientes del Código Civil, ley 18.216 y 18.290, se declara: 1. Que se rechazan las tachas deducidas por la apoderado de la querellada a lo principal de fs. 133 en contra de los testigos Cecilia Odette Mautz Sandoval, Guido Adín Jiménez Solís y Jasna Aguilar Mautz. 2. Que se condena a María Soledad Espíndola Gómez, en autos ya individualizada, como autora del cuasidelito de homicidio en la persona de Cardenio Vera Vidal, acaecido en esta ciudad con fecha 1º de agosto de 2001, a la pena de sesenta y un días de reclusión menor en su grado mínimo, a la accesoria de suspensión de cargo y oficio público durante el tiempo de la condena, y al pago de las costas de la causa.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

313

Que se le condena además a la accesoria de suspensión de carné, permiso o autorización para conducir vehículos por el lapso de un año. 3. Que, reuniéndose los requisitos del artículo 4º de la ley 18.216, se concede a la condenada el beneficio de remisión condicional de la pena corporal impuesta, con un lapso de observación de un año ante el centro de reinserción social que designe o Valdivia en subsidio, al que deberá presentarse dentro de décimo día de ejecutoriado el fallo, satisfaciendo las exigencias del artículo 5º de la señalada ley, con salvedad de la letra d). Si el beneficio le fuere revocado o dejado sin efecto, cumplirá la pena íntegra y efectivamente, y se le contará desde que se presente o sea habida, sin abonos. 4. Que se hace lugar, sin costas, a la demanda civil deducida en el primer otrosí de fs. 105 por don Erwin Wettlin Moreno en representación de José Vera Vera en contra de María Soledad Espíndola Gómez, sólo en cuanto se condena a esta última a pagar al actor individualizado una indemnización de perjuicios por daño moral de una suma de un millón quinientos cuarenta mil pesos, la que devengará intereses corrientes para operaciones no reajustables desde la fecha de esta sentencia y hasta su pago efectivo, y se rechaza en lo demás. Ofíciese en su oportunidad a los organismos que corresponda para hacer cumplir lo resuelto. Cítese a la sentenciada para su notificación. Regístrese, notifíquese y consúltese si no se apelare. Rol Nº 53.836 1. Dictado por el señor Juan Fernando Opazo Lagos, Juez Titular. Autoriza el señor Carlos Bizama Muñoz, Oficial Primero Suplente subrogando legalmente.

II.- CORTE DE APELACIONES Valdivia, trece de junio de dos mil tres. Se reproduce la sentencia en alzada, previa eliminación del considerando 16º. Y SE TIENE EN SU LUGAR Y ADEMÁS PRESENTE: PRIMERO: Que el apoderado del querellante, dedujo demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de María Soledad Espíndola Gómez, por su responsabilidad como autora del cuasidelito de homicidio de Cardenio Vera Vidal y afirma que su fallecimiento ocasionó a su representado y grupo familiar padecimientos, preocupaciones y la aflicción que conlleva perder a un ser querido, daño moral que estima en la suma no inferior a $ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos), más reajustes, intereses y costas. SEGUNDO: Que, sobre este perjuicio declaró a fojas 150 el testigo Guido Adin Jiménez Solís, quien afirma que el querellante José Vera y su grupo familiar tienen dolor por el atropello de su difunto padre; a fojas 155 declara la testigo Yasna Odett Aguilar Mautz, quien afirma que el querellante ha sufrido mucho por la muerte de su padre; y a fojas 156 declara sobre el daño Cecilia Mautz Sandoval, sobre “los sentimientos de todos los familiares y de don José Vera, porque a don Cardenio Vera lo mataron, lo dejaron botado en la carretera en el Cruce de Puerto Nuevo, este sentimiento es de pena y se prolonga en el tiempo”. TERCERO: Que, estos testimonios prueban de manera suficiente el sufrimiento y el efecto psicológico dañino ocasionado al demandante con motivo del fallecimiento de su padre, perjuicio que debe indemnizar la parte demandada por concepto de daño moral. CUARTO: Que la apelante, antes de la vista de la causa acompañó, con citación, distintas fotocopias que contienen información sobre demencia senil tipo Alzheimer y sus efectos sobre la actividad cotidiana del paciente, antecedentes que sólo ilustran de la enfermedad y en nada alteran el mérito del proceso. QUINTO: Que, en lo penal, el tribunal comparte la opinión de la señora Fiscal Judicial en cuanto a su informe de fojas 240 y 241 está por confirmar el fallo en alzada. Por estos motivos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 514, 527 y 529 del Código de Procedimiento Penal, Se confirma la sentencia apelada de veinticinco de febrero del año dos mil tres, que rola de fojas 206 a 226, y se resuelve:

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

314

Que se hace lugar a la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por José Vera Vera en contra de María Soledad Espíndola Gómez, con declaración que se le condena al pago de $ 2.000.000 (dos millones de pesos), cantidad que deberá pagar al actor y devengará los intereses que se indican en el fallo apelado. Se revoca la misma sentencia en la parte que no condena en costas a la sentenciada y, en su lugar, se declara que se le condena a pagarlas. En cuanto a las costas del recurso, se condena en costas al apelante de fojas 229. Regístrese y devuélvase. Redacción del Ministro señor Juan Ignacio Correa Rosado. Rol Nº 117.658 03. Pronunciada por la Segunda Sala, por el Ministro señor Hernán Rodríguez Iturriaga, Ministro señor Juan Ignacio Correa Rosado, Abogado Integrante señora Helga Steffen Riedemann. Autoriza la señora Secretaria Titular María Soledad Piñeiro Fuenzalida.

III.- CORTE SUPREMA Santiago, siete de marzo de dos mil seis. VISTOS: En esta causa rol Nº 53.836 1, del Juzgado del Crimen de La Unión, por sentencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil tres, escrita de fojas 206 a 226, se condenó a María Soledad Espíndola Gómez, como autora de cuasidelito de homicidio en la persona de Cardenio Vera Vidal, perpetrado en esa localidad el uno de agosto de dos mil uno, a sufrir la pena de sesenta y un días de reclusión menor en su grado mínimo, a las accesorias legales respectivas, a la suspensión de la licencia de conducir durante un año y al pago de las costas de la causa, otorgándosele el beneficio de la remisión condicional consagrado en la ley Nº 18.216. Además, se le condenó a enterar a José Vera Vera la cantidad de un millón quinientos cuarenta mil pesos, como resarcimiento por el daño moral inferido. Apelada la resolución que antecede, la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, a fojas 271 y siguientes, por resolución de fecha trece de junio de dos mil tres, la revocó sólo en cuanto a la demanda civil, y acogió la acción interpuesta, disponiéndose el pago por la procesada de la suma de dos millones de pesos a José Vera Vera más reajustes e intereses a título de indemnización de perjuicios, así como a sufragar las costas del pleito, confirmando en lo demás la aludida resolución. En contra de esta última decisión, la abogado Isabel Gantz Margulis, en representación de la condenada, dedujo recurso de casación en el fondo, tanto en lo penal como en lo civil. El primero lo sustentó en las causales tercera y séptima del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y, el segundo, en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil. Concedido los expresados recursos y habiéndoseles declarado admisibles, a fojas 286 se trajeron los autos en relación. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el primer capítulo de casación descansa en la causal tercera del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, esto es, que la sentencia ha calificado como delito un hecho que la ley no considera como tal, infringiendo los artículos 1º, 2º, 490 Nº 1º y 492 del Código Penal y 2º, 114, 167 Nºs 2º, 3º y 5º y 176 de la Ley de Tránsito Nº 18.290; SEGUNDO: Que, sostiene el recurrente, que en virtud de las circunstancias establecidas en los razonamientos sexto, octavo, noveno y décimo del fallo de primer grado no modificado por el de segundo, los sentenciadores concluyeron que la encartada vulneró el artículo 144 de la ley Nº 18.290, por cuanto conducía con desatención a las condiciones del tránsito del momento, a pesar que es manifiesto que la muerte de Vera Vidal tuvo su causa en el comportamiento de este último al circular por el costado derecho de la calzada en una noche lluviosa, cruzando ésta en un lugar no apto para hacerlo, sin constatar las condiciones del tránsito vehicular del momento, permaneciendo en ella, para luego cruzarse delante del vehículo que guiaba la acusada. Concluye que el actuar del occiso constituyó un acto temerario que lo expuso a ser atropellado, todo ello con infracción a los números 2º, 3º y 5º del artículo 167 de la Ley de Tránsito, por lo que se debió presumir la culpabilidad del señalado peatón. Asimismo, aduce que existe error al aplicarse las presunciones que se contienen en los incisos cuarto y final del artículo 492

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

315

del Código Penal en contra de uno de los inculpados, determinando sancionar a la enjuiciada en base a un indicio derivado únicamente de su fuga, sin considerar que dicha presunción legal fue debidamente desvirtuada con los antecedentes allegados al proceso. Finaliza expresando que las infracciones anteladas han tenido influencia sustancial en lo dispositivo de la sentencia objetada por cuanto han llevado a condenar a su representada como autora del referido cuasidelito, en circunstancias que de haberse procedido con arreglo a derecho, debió concluirse y declararse que el causante del accidente fue el peatón y absolverse a la conductora; TERCERO: Que la otra hipótesis de casación esgrimida se apoya en la causal séptima del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, esto es, en haberse violado las leyes reguladoras de la prueba con influencia sustancial en lo dispositivo de la sentencia. De acuerdo a ello, el recurrente explica que al darse por acreditado en la litis que la agente, con infracción a los reglamentos de tránsito y por mera imprudencia, ejecutó un hecho que de mediar malicia constituiría un simple delito contra las personas, se quebrantó lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Tránsito, y los Jueces del grado han transgredido los artículos 450, 459, 464, 472, 473, 474, 475, 476, 478, 479, 485, 487, 488 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 188 de la ley Nº 18.290, normas todas éstas que el recurrente estima como reguladoras de la prueba; CUARTO: Que, al efecto arguye que el informe S.I.A.T., que conforme al artículo 188 de la Ley del Tránsito constituye una presunción fundada y no un mero antecedente para el tribunal, el acta de reconstitución de escena, que no es sino una forma de inspección personal del juez, conforma plena prueba en cuanto a la existencia de rastros, huellas y señales que dejare el delito, en los términos de los artículos 474, 475 y 476 del Código de Procedimiento Penal. Por otra parte, los informes periciales, carácter que reviste el informe de autopsia y sus complementos, puede ser estimado como una presunción más o menos fundada en los términos del artículo 473 del mismo cuerpo legal; además, a la ficha clínica agregada a los autos, debió asignársele el valor de una declaración de testigos, conforme lo dispone el artículo 478 del Código de Procedimiento Penal y, por fin, a las declaraciones de dos testigos contestes debió estimárseles como demostración suficiente que ha existido el hecho, en los términos del artículo 459 del código citado, todo lo que permite arribar a la convicción que la causa del evento investigado fue la conducta de la víctima y no de la sentenciada. Expone, que por lo que se lleva dicho no existen en autos antecedentes suficientes para presumir fundadamente el actuar ilícito de la incriminada, quebrantando de esta manera tanto el artículo 485 como el 488, Nºs 1º y 3º. Igualmente, sostiene que con un adecuado análisis de los elementos de cargo y una correcta utilización de las normas reguladoras de la prueba ya indicadas, los juzgadores de la instancia no habrían adquirido la necesaria convicción a que alude el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, correspondiendo, por ende, la absolución de la encausada de los cargos formulados en su contra; QUINTO: Que respecto del acápite del recurso por el cual se ataca la parte civil del dictamen objetado, el compareciente hace valer la causal de casación en el fondo consignada en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, en relación al artículo 2.314 del Código Civil, pues, en su concepto, se debió denegar la demanda civil toda vez que no se estableció la existencia de un delito o cuasidelito imputable a la procesada; SEXTO: Que, por fin, la impugnante manifiesta que los errores advertidos han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, puesto que de haberse aplicado correctamente las reglas invocadas se habría concluido la inexistencia de responsabilidad culposa de su defendida, desestimándose, consecuentemente, la demanda civil, con las respectivas costas, por lo que insta a que, en definitiva, conociendo del recurso de casación interpuesto, esta Corte proceda a anular el fallo recurrido y dictaminar sin nueva vista, pero separadamente, la correspondiente sentencia de reemplazo conforme a derecho; SÉPTIMO: Que para un acertado análisis de los recursos interpuestos, se hace necesario examinar la causal séptima del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, o sea, la transgresión a las leyes reguladoras de la prueba denunciada por la recurrente, debido a que en el evento de acogerse, permite modificar los hechos fijados en la sentencia recurrida, en términos tales que posibilitarían la aceptación de la causal sustantiva del Nº 3 del artículo 546 del mismo cuerpo legal;

316

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

OCTAVO: Que como tema preliminar parece imprescindible dejar en claro que en nuestro régimen jurídico el recurso de casación en el fondo, siendo de derecho estricto, debe cumplir con la exigencia contemplada en el Nº 1 del artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, procedente en la especie conforme lo prescribe el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, en orden a explicar claramente en qué consisten el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida. De acuerdo a ellos, esta Corte debe advertir que el recurso sólo enuncia las normas que considera como desconocidas, sin indicar en cada caso, con precisión, la manera cómo se configura la causal que se invoca y sin aportar elaboración alguna a su respecto, resultando el recurso así presentado vago y carente de precisión, con lo que evidentemente se desconoce la naturaleza de derecho estricto del recurso que plantea, deficiencia de por sí bastante para ordenar su rechazo, ya que la sola alegación de haberse vulnerado los artículos 476, 477, 485 y 487, entre otros, del Código de Procedimiento Criminal, resta al libelo aquella seriedad y precisión que le es consustancial; NOVENO: Que, no obstante lo anterior y en lo que concierne a la causal que origina esta sección, es útil aclarar que la sentencia cuya anulación se intenta, en parte alguna vulneró, como pretende el recurrente, los artículos 464, 472, 473, 475, 476, 478, 485, 487 del Código de Procedimiento Penal, puesto que dichas disposiciones no reúnen los presupuestos indispensables para ser considerados como normas reguladoras de la prueba. En efecto, tales normas comparten el carácter de ordenatorio litis, por lo que sobre su supuesta contravención no puede construirse un arbitrio de nulidad material como el intentado en estos estrados. Por otro lado, en lo que concierne a los artículos 450, 459, 474, 479 y 488 del código citado, sólo ciertos acápites de éste pueden considerarse normas reguladoras de la prueba, por lo que la impugnante debió indicar, expresa y determinadamente dichas fracciones, ya que de no ser así se transformaría el recurso en otra instancia superior como si correspondiera al tribunal llamado a conocer de aquél desentrañar los vicios que se reclaman en virtud de la causal esgrimida, lo cual no corresponde; DÉCIMO: Que de lo anterior es claro concluir que la infracción atribuida por la impugnante a los Jueces del Fondo respecto de la causal séptima, no concurre en la especie, por lo que al no operar dicha causal, a esta Corte le está vedado entrar a conocer de los hechos de la causa, que han de tenerse por inamovibles, como se lee en el considerando séptimo de la sentencia de primera instancia, no modificado por el de alzada, esto es: “... que el día 1º de agosto de 2001, en horas de la noche, en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 885 de esta comuna, una persona que conducía un vehículo motorizado por la pista poniente de dicha ruta, que a la época no estaba habilitada para el uso público, en dirección sur a norte, no atento a las condiciones de tránsito del momento en los términos que le era exigido atendida las características de la vía por la que circulaba, atropelló a don Cardenio Vera Vidal, quien circulaba por la calzada, causándole luxo fractura columna cervical alta, hemoperitoneo moderado en abdomen y anemia aguda por fractura de pelvis, lesiones que causaron la muerte al peatón, dándose a la fuga el conductor en forma inmediata, sin prestar el debido auxilio”; UNDÉCIMO: Que al no existir vulneración de leyes reguladoras de la prueba, los hechos, como se señaló antes, no pueden ser tocados por este Tribunal de Casación, de manera que la causal tercera del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal alegada y que supone circunstancias distintas a ellos, no puede llegar a concretarse; DUODÉCIMO: Que, aun cuando lo anterior es suficiente para desechar el medio de nulidad formulado, es útil destacar que el recurrente hace consistir el error de derecho en que los Jueces del Fondo habrían considerado, equivocadamente, en su opinión, que la causa basal del accidente que costó la vida de Vera Vidal, fue la conducta de su defendida al no estar atenta a las condiciones del tránsito, cuando lo correcto sería afirmar, por el contrario, que esa causa basal la compondría el comportamiento imprudente y temerario del ofendido al momento de producirse el suceso; DECIMOTERCERO: Que, en este mismo orden de ideas, se entiende por causa de un accidente de tránsito cualquier circunstancia, comportamiento, acción o condición riesgosa, sin la cual el hecho no se habría producido. En tal virtud, la denominada “causa basal” de un hecho culposo en la circulación vehicular, la ha de constituir el proceder descuidado, imprudente o negligente que “necesariamente” ha determinado la producción del resultado antijurídico ocurrido, la conducta infractora del deber general de atención y cuidado, por la cual ha devenido tal resultado.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

317

DECIMOCUARTO: Que, asimismo, habiéndose desestimado las pretendidas infracciones a las leyes reguladoras de la prueba, y siendo por tanto inamovibles los hechos establecidos por la sentencia recurrida, es evidente que el comportamiento de María Espíndola Gómez como el del occiso Vera Vidal importaban contravenciones a las reglas del tránsito, siendo sus conductas carentes de prudencia, pues implicaban exceder el riesgo permitido en el tráfico vial. No obstante, no es menos cierto, que el infortunio materia de autos, no resulta razonablemente explicable si se prescinde de la trasgresión reglamentaria efectuada por la condenada y la imprudencia manifiesta en que incurrió, esto es, la conducción de un vehículo motorizado por una pista que a la época no estaba habilitada para el uso público, no atenta a las condiciones de tránsito del momento en los términos que le era exigido atendida las características de la vía por la que circulaba, atropellando a don Cardenio Vera Vidal, para luego huir del lugar sin prestar el correspondiente auxilio; DECIMOQUINTO: Que, con lo que ya se ha reflexionado, es concluyente que el comportamiento de la inculpada constituyó la infracción de cuidado que da origen al tipo de delito culposo, por su proceder riesgoso, se materializó en el desenlace que ocasionó la muerte de Vera Vidal, ejecutando un hecho que, de mediar malicia, configuraría un delito contra las personas, por lo que el producto dañoso fue jurídicamente obra suya, resultando manifiesto la existencia de una conducta negligente y la consecuente violación de reglamento imputable a ella; DECIMOSEXTO: Que, por último y en lo que dice relación con el aspecto civil del fallo que se impugna porque éste acogió las acciones incoadas, es preciso anotar que el recurrente, para dichos efectos, se asila el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, lo que no resulta pertinente a la materia y fines del recurso, ya que para ello debió mencionar el inciso final del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, situación que provoca indefectiblemente la inadmisibilidad del recurso en este capítulo, en razón de no emplear el abogado recurrente el sustento legal que lo habilite para sus propósitos; DECIMOSÉPTIMO: Que, con todo lo relacionado, no existe el error de derecho denunciado por el recurrente y, contrariamente a sus protestas, la sentencia de que se trata aparece ajustada a derecho y, en consecuencia, no procede acoger el presente recurso formulado por la impugnante. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 450, 459, 464, 472, 473, 474, 475, 476, 478, 479, 485, 487, 488, 535 y 546 Nºs 3º y 7º, e inciso final del Código de Procedimiento Penal, 772 y 767 del Código de Procedimiento Civil y artículos 144 y 188 de la ley Nº 18.290, se rechaza el recurso de casación en el fondo formalizado en lo principal de fojas 275 y siguientes, por la abogado Isabel Gantz Margulis, en representación de la sentenciada María Soledad Espíndola Gómez, en contra de la sentencia de trece de junio de dos mil tres, que corre a fojas 271 y siguientes, la que, en consecuencia, no es nula. Regístrese y devuélvase. Redacción del Ministro señor Chaigneau del Campo. Rol Nº 2.748 03. Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros señores Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury U., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C. y el Abogado Integrante señor Fernando Castro A. Autoriza el Secretario de esta Corte Suprema señor Carlos Meneses Pizarro.

318

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

FICHA 19

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 6469-2005 Cita Online: CL/JUR/8557/2006 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO Santiago, seis de diciembre de dos mil dos. VISTOS: Que se ha instruido esta causa rol Nº 32.322 ED, para investigar la comisión de un cuasidelito de homicidio en la persona de Ricardo Jiménez Soto y determinar la responsabilidad que en tales hechos le hubiere correspondido a Sergio Orlando Morales Rojas, chileno, cédula de identidad Nº 8.004.055 5 nacional, natural de Santiago, 42 años, casado, chofer, lee y escribe, domiciliado en pasaje Carolina Nº 3.513 de la Comuna de Recoleta; nunca antes procesado. Que a fs. 1 y siguiente rola parte denuncia de fecha 25 de junio de 1998, por el cual Carabineros da cuenta al tribunal de accidente de tránsito en circunstancias que el 24 de junio a las 19:00 horas, el primero de los detenidos conducía el bus de la locomoción colectiva patente LH 3818 por Alameda de oriente a poniente, por la segunda pista de circulación y pasada la calle Libertad, al efectuar un viraje a la primera pista de circulación, fue colisionado en el costado derecho trasero, por la parte delantera del costado izquierdo del bus de la locomoción colectiva patente KG 4461, conducido por el segundo de los detenidos, por la misma vía y dirección, debido al impacto el segundo bus se enganchó en la pisadera de la puerta trasera del primero, deslizándose hacia el costado derecho de la acera, atropellando contra un poste al peatón Ricardo Jiménez Soto, quien por la gravedad de sus lesiones falleció horas más tarde en la Posta Nº 3, donde era atendido. Que a fs. 36 y siguientes rola querella criminal interpuesta por Cecilia Magaly Sepúlveda Fuentealba, contra una persona que individualiza como autora del cuasidelito de homicidio en la persona de su cónyuge Ricardo Jiménez Soto, por las razones que indica. Que a fs. 81 y siguiente se dicta auto de procesamiento y a fs. 92 se acusa a Sergio Orlando Morales Rojas como autor del cuasidelito de homicidio en la persona de Ricardo Jiménez Soto, previsto y sancionado en el artículo 490 Nº 2 en relación con el artículo 391 Nº 2 del Código Penal. Que a fs. 96 y siguientes la parte de la querellante se adhiere a la acusación de oficio, solicitando que sea sancionado el procesado por el cuasidelito investigado. Y en el primer otrosí, en representación de Cecilia Sepúlveda Fuentealba y sus hijos Noelia y Matías Jiménez Sepúlveda, deduce demanda civil en contra de Sergio Orlando Morales Rojas, en su calidad de conductor del móvil en que se causó el accidente y en contra de la Empresa de Transportes Villalobos Ltda., representada por Hugo Villalobos Araya, como propietaria del mismo, solicitando sean condenados solidariamente al pago de la suma de $ 200.000.000 por concepto de lucro cesante y, $ 250.000.000 por concepto de daño moral, más reajustes e intereses, con costas. Que a fs. 113 y siguientes la parte del demandado civil contesta ésta, solicitando su total rechazo por las razones que indica y en subsidio, se sirva rebajar el monto de las indemnizaciones a los daños efectivamente acreditados, rebajándolos por la exposición imprudente al riesgo por el peatón atropellado. Que a fs. 126 y siguientes la parte del encausado al contestar la acusación de oficio y adhesión, solicita su absolución por no encontrarse acreditada su responsabilidad en el cuasidelito investigado por los fundamentos que indica; en subsidio pide se acoja en su favor la atenuante del Nº 6 del artículo 11 del Código Penal. Además, pide se le conceda el beneficio de la remisión condicional de la pena establecido en la ley 18.216. Y finalmente, en el segundo otrosí de su presentación, contesta la demanda civil, solicitando su rechazo por las razones que indica; y en subsidio, se sirva rebajar el monto de las indemnizaciones a los daños efectivamente acreditados. Que a fs. 224 se recibe la causa a prueba.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

319

Se han traído los autos para dictar sentencia: CONSIDERANDO: PRIMERO: Que por resolución de fs. 92 y siguiente, se acusó de oficio al procesado Sergio Orlando Morales Rojas como autor del cuasidelito de homicidio en la persona de Ricardo Jiménez Soto, previsto y sancionado en el artículo 490 Nº 2 en relación con el artículo 391 Nº 2 del Código Penal. SEGUNDO: Que a fin de acreditar el hecho punible investigado en autos, se han agregado al proceso los siguientes antecedentes: a) Parte denuncia de fs. 1 y siguientes, de fecha 25 de junio de 1998, por el cual Carabineros da cuenta al tribunal de accidente de tránsito en circunstancias que el 24 de junio a las 19:00 horas, el primero de los detenidos conducía el bus de la locomoción colectiva patente LH 3818 por Alameda de oriente a poniente, por la segunda pista de circulación y pasada la calle Libertad, al efectuar un viraje a la primera pista de circulación, fue colisionado en el costado derecho trasero, por la parte delantera del costado izquierdo del bus de la locomoción colectiva patente KG 4461, conducido por el segundo de los detenidos, por la misma vía y dirección, debido al impacto el segundo bus se enganchó en la pisadera de la puerta trasera del primero, deslizándose hacia el costado derecho de la acera, atropellando contra un poste al peatón Ricardo Jiménez Soto, quien por la gravedad de sus lesiones falleció horas más tarde en la Posta Nº 3, donde era atendido. b) Declaraciones de Víctor Reyes Contreras, quien a fs. 9 señala que el día 24 de junio de 1998 a las 19:00 horas transitaba por la primera pista de circulación en un bus de locomoción colectiva por la primera pista de circulación, a una velocidad de 30 o 40 kilómetros por hora y al cruzar calle Libertad otro bus se cambió de pista y lo enganchó por el costado izquierdo, arrastrándolo hacia la vereda e impactando a un peatón que lanzó a un metro de la máquina, en ese momento se desenganchó de la máquina y el otro conductor se detuvo unos 10 metros más adelante, luego se bajó del bus y fue a ver al otro peatón que estaba consciente y entregó sus datos. c) Informe de alcoholemia rolante a fs. 24, por medio del cual el Servicio Médico Legal informa al tribunal que la alcoholemia practicada a Sergio Morales Rojas el 24 de junio de 1999 a las 21:40 horas dio un resultado de cero como cero, cero gramos por mil de alcohol en la sangre (0,00). d) Informe de alcoholemia rolante a fs. 25, por medio del cual el Servicio Médico Legal informa al tribunal que la alcoholemia practicada a Víctor Reyes Contreras el 24 de junio de 1998 a las 21:36 horas dio un resultado de cero como cero, cero gramos por mil de alcohol en la sangre (0,00). e) Declaraciones de Cecilia Magaly Sepúlveda Fuentealba, quien a fs. 29 señala que el 24 de junio concurrió a la Alameda a juntarse con su marido, en el lugar vio a un grupo de personas y a un bus detenido frente al grupo y luego de unos minutos al acercarse se dio cuenta que se trataba de su marido, quien estaba sobre la vereda al lado de un poste de teléfono, él estaba en posición fetal y sangraba mucho de la cabeza, fue llevado a la Posta Nº 3, donde falleció como a las 3 horas más tarde. e) Certificado de defunción rolante a fs. 30 por el cual el Servicio de Registro Civil e Identificación informa al tribunal que la causa de la muerte se debió a politraumatismo. f) Querella criminal de fs. 36 y siguientes interpuesta por Cecilia Magaly Sepúlveda Fuentealba, contra una persona que individualiza como autora del cuasidelito de homicidio en la persona de su cónyuge Ricardo Jiménez Soto, por las razones que indica. g) Declaraciones de Consuelo Alejandra Valenzuela Araya, quien a fs. 41 señala que el 24 de junio de 1998 se encontraba en calle Libertad con Alameda y a su lado se encontraba un joven, como estaba a la salida del metro Unión Latinoamericana y los buses pasaban muy cerca, se corrió hacia atrás, al lado había un teléfono y el joven se encontraba en ese lugar, cuando de pronto se dio cuenta que venían dos buses de la locomoción colectiva, muy fuerte y el que iba en segunda fila arrinconó al primero, chocándolo en la parte izquierda delantera, con lo cual el primer bus impactó al joven que quedó atrapado entre el bus y el teléfono, ella se acercó al joven y éste le dio sus datos, luego llamó a Carabineros y más tarde llegó la ambulancia y se lo llevó. h) Informe de alcoholemia rolante a fs. 42, por medio del cual el Servicio Médico Legal informa al tribunal que la alcoholemia practicada a Ricardo Jiménez Soto el 24 de junio de 1998 a las 20:07 horas dio un resultado de cero como cero, cero gramos por mil de alcohol en la sangre (0,00).

320

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

i) Informe técnico pericial del S.I.A.T. de Carabineros rolante a fs. 45 por el que se da cuenta al tribunal que la causa basal del accidente fue que el conductor del bus que iba en segunda fila, debido a que efectuó un cambio de pista desde la segunda a la primera y sin tener el tiempo ni el espacio suficiente, obstruyó la normal circulación al otro bus que lo colisionó, para luego este último, por proyección, atropellar al peatón. j) Informe de autopsia rolante a fs. 56 por el cual el Servicio Médico Legal informa al tribunal que la causa basal de la muerte de Ricardo Antonio Jiménez Soto se debió a un politraumatismo, posible de ser explicado por un accidente de tránsito. TERCERO: Que con el mérito de los antecedentes mencionados anteriormente, analizados en forma legal, se encuentra acreditado que con fecha 24 de junio de 1998, alrededor de las 19:00 horas, un tercero que conducía el bus patente LH 3818, por Avenida Alameda en dirección al poniente por la segunda pista de circulación, pasada la intersección con calle Libertad, al efectuar un viraje hacia la primera pista de circulación, sin tener el tiempo ni el espacio suficiente, obstruye la normal circulación al móvil patente KG 4461, conducido por Víctor Reyes Contreras, quien lo colisiona, para luego este último por proyección, atropellar al peatón Ricardo Antonio Jiménez Soto, quien falleció horas más tarde en la Posta Nº 3, donde era atendido. CUARTO: Que los hechos descritos precedentemente son constitutivos de un cuasidelito de homicidio en la persona de Ricardo Antonio Jiménez Soto, previsto y sancionado en los artículos 490 Nº 2 en relación con el artículo 391 Nº 2 del Código Penal, cometido el 24 de junio de 1998 en la vía pública de esta ciudad. QUINTO: Que el procesado Sergio Orlando Morales Rojas, en sus declaraciones de fs. 8, manifiesta que el día 24 de junio de 1998, como a las 19:00 horas conducía el bus patente LH 3818 por Alameda hacia el poniente por la segunda pista de circulación a una velocidad de 20 a 30 kilómetros y al cruzar calle Libertad encontró la primera pista libre, miró por el espejo retrovisor derecho, viendo que no iba nadie y teniendo la mitad de la máquina pasada a primera pista, sintió un fuerte impacto en la parte trasera derecha del bus, siendo colisionado por otro bus, detuvo su máquina y al bajarse vio que una persona se encontraba tirada en el suelo entre un poste y la calle, por lo que volvió a su máquina y esperó que llegara Carabineros y posteriormente la llevaron a efectuarse la alcoholemia. SEXTO: Que los dichos del encausado constituirían confesión judicial en los términos del artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, pero tratándose de un hecho culposo, habrá que analizar previamente si se reúnen en la especie los requisitos de culpabilidad señalados en el artículo 492 del Código del ramo. SÉPTIMO: Que se encuentra acreditado en autos que el día 24 de junio de 1998, alrededor de las 19:00 horas, Sergio Orlando Morales Rojas conducía el bus patente LH 3818, por Avenida Alameda en dirección al poniente por la segunda pista de circulación y pasada la intersección con calle Libertad, al efectuar un viraje hacia la primera pista de circulación, sin tener el tiempo ni el espacio suficiente, obstruyó la normal circulación al móvil patente KG 4461, conducido por Víctor Reyes Contreras, quien lo colisionó, para luego este último por proyección, atropellar al peatón Ricardo Antonio Jiménez Soto, quien falleció horas más tarde en la Posta Nº 3, donde era atendido. Que la conducta del encausado ha constituido la causa basal de los hechos investigados en autos, al conducir no atento a las condiciones del tránsito del momento, sin ceder el derecho preferente de paso y al cambiar de pista sin tener el tiempo ni el espacio suficiente; siendo infractor de las disposiciones del tránsito establecidas en los artículos 114 y 124 de la ley 18.290; configurándose a su respecto las presunciones de responsabilidad contempladas en los Nºs 2, 7 y 13 del artículo 172 de la misma ley, como también del artículo 492 del Código Penal. Tales antecedentes, unidos a los restantes del proceso, permiten a esta sentenciadora adquirir la convicción de que al encausado de autos le ha correspondido participación, en calidad de autor, del cuasidelito de homicidio referido en el motivo cuarto de este fallo. OCTAVO: Que en fs. 126 la parte del encausado al contestar la acusación solicita su absolución por no encontrarse acreditada su responsabilidad en el cuasidelito investigado; en subsidio pide se acoja en favor de su representado la atenuante del Nº 6 del artículo 11 del Código Penal. Finalmente, solicita se

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

321

le conceda el beneficio de la remisión condicional de la pena establecido en la ley 18.216; el que pide no condicionar al pago de ninguna indemnización a la que eventualmente sea condenado. NOVENO: Que no se absolverá al encausado como lo solicita la defensa, atendido el hecho que no existen antecedentes suficientes en autos que así lo ameriten. Que se acogerá en favor de éste la circunstancia atenuante de responsabilidad contemplada en el Nº 6 del artículo 11 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior, atendido el solo mérito de su extracto de filiación y antecedentes de fs. 89, exento de anotaciones prontuariales pretéritas. En cuanto al beneficio de la remisión condicional de la pena, establecido en la ley 18.216 deberá estarse a lo resolutivo de esta resolución. DÉCIMO: Que no existiendo otras circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que analizar, favorece al encausado una circunstancia atenuante y no le perjudica agravante alguna, por lo que al momento de determinar el quantum de la pena a aplicar, conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, esta sentenciadora no aplicará el grado máximo de la pena asignada por la ley al delito. En cuanto a la acción civil: UNDÉCIMO: Que a fs. 96 y siguientes, en el primer otrosí, la parte de la querellante Cecilia Sepúlveda Fuentealba y sus hijos Noelia y Matías Jiménez Sepúlveda, deduce demanda civil en contra de Sergio Orlando Morales Rojas, en su calidad de conductor del móvil en que se causó el accidente y en contra de la Empresa de Transportes Villalobos Ltda., representada por Hugo Villalobos Araya, como propietaria del mismo, solicitando sean condenados solidariamente al pago de la suma de $ 200.000.000 por concepto de lucro cesante, correspondiente a lo que dejó de percibir él y su familia, producto de su trabajo y $ 250.000.000 por concepto de daño moral, más reajustes e intereses, con costas. DUODÉCIMO: Que a fs. 113 y siguientes la parte del demandado civil contesta ésta, solicitando su total rechazo por las razones que indica y en subsidio, se sirva rebajar el monto de las indemnizaciones a los daños efectivamente acreditados, rebajándolos por la exposición imprudente al riesgo por el peatón atropellado. DECIMOTERCERO: Que a fs. 126 y siguientes la parte del procesado contesta la demanda civil, solicitando su total rechazo por las razones que indica y en subsidio, se sirva rebajar el monto de las indemnizaciones a los daños efectivamente acreditados. DECIMOCUARTO: Que a fin de acreditar los hechos expuestos en la demanda por el actor civil, se encuentran agregados en autos los antecedentes ya señalados en el considerando segundo de esta resolución, además de certificado de matrimonio rolante a fs. 32 y de nacimiento de fs. 33 y 35, declaraciones de los testigos de daño moral Manuel Raúl Ponce Pino, Jorge Elías Vidal Leal, Inés Elizabeth Barrera Bravo, Leonel Erik Hetreau Rojas, rolantes a fs. 139 y siguientes, dando razón de sus dichos; informe médico del psiquiatra Dr. Sergio Zamora Delgado, rolante a fs. 144, por el cual se señala que la demandante civil presenta tratamiento por trastorno depresivo mayor con ansiedad generalizada, tratándose con psicofármacos, antidepresivos y psicoterapia individual; informe psiquiátrico elaborado por perito designado al efecto por el tribunal, rolante a fs. 147, el que concluye que la demandante a raíz del accidente y pérdida del esposó ha sufrido un daño moral de por vida, estableciéndose en ella dos órdenes de patología, una patología psiquiátrica crónica denominada: trastorno por stress postraumático y cambio de su personalidad apareciendo como rasgos nuevos la inseguridad y temor al futuro; copia de la liquidación de remuneraciones de Ricardo Jiménez Soto, rolantes a fs. 156 y siguientes; copia del contrato de trabajo entre Ricardo Jiménez Soto y Entel PCS Telecomunicaciones S.A.; informe pericial contable rolante a fs. 175 y siguientes, por el cual el perito concluye que considerando el promedio mensual de la remuneración de los 19 meses anteriores a junio de 1998 y la remuneración del trabajo al momento del fallecimiento de Ricardo Jiménez Soto, más una vida laboral basta los 65 años de edad, éste habría generado ingresos por un total de 329 meses, ascendientes, a 15.101 Unidades de Fomento o 20.282 Unidades de Fomento, teniendo en consideración para el segundo cálculo solamente lo percibido al momento de su muerte; no aportándose otros antecedentes por las partes. DECIMOQUINTO: Que con el mérito probatorio de los antecedentes referidos en el considerando segundo y decimocuarto de esta resolución, se encuentra acreditado que la actora civil sufrió los daños demandados por concepto de lucro cesante y siendo obligación del causante de todo daño repararlo, esta sentenciadora hará lugar a la demanda de indemnización de perjuicios en lo que respecta al daño

322

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

alegado, regulando prudencialmente la indemnización por tal concepto y tomando en consideración la vida laboral de la persona fallecida, percibiendo la mitad de su remuneración, arrojando un total de 7.550 Unidades de Fomento, lo que al día de hoy con un valor de $ 16.741, asciende a la suma de ciento veintiséis millones, trescientos noventa y cuatro mil quinientos cincuenta pesos ($ 126.394.550), cantidad que deberá ser reajustada según la variación del Índice de Precios del I.N.E., desde la fecha de notificación de la demanda hasta la de su pago efectivo, y devengará intereses corrientes, desde la fecha en que quede ejecutoriado el presente fallo hasta la de su pago efectivo, con costas. En lo que respecta al daño moral, con el mérito probatorio de los antecedentes referidos en el considerando segundo y decimocuarto de esta resolución, encontrándose acreditado en autos que la demandante es la cónyuge de Ricardo Jiménez Soto, quien falleció producto de las lesiones sufridas por el cuasidelito investigado, lo que naturalmente debe haber provocado en ésta y sus hijos un dolor y aflicción, susceptible de ser avaluado prudencialmente por este tribunal y siendo obligación del causante de todo daño repararlo, esta sentenciadora hará lugar a la demanda de indemnización de perjuicios en lo que respecta al daño moral alegado, regulando prudencialmente la indemnización por tal concepto en la suma de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000), cantidad que deberá ser reajustada según la variación del Índice de Precios del I.N.E. y devengará intereses corrientes, desde la fecha de notificación del presente fallo hasta la de su pago efectivo, con costas. En lo demás se rechaza la demanda. Y VISTO, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 5, 11 Nº 6, 18, 30, 68, 390 y 492 del Código Penal; artículos 110, 111, 426, 481, 488, 500, 503, 504, 505 y 533 del Código de Procedimiento Penal; artículos 114, 124, 172 y demás pertinentes de la ley 18.290; artículos 4 y siguientes de la ley 18.216; y artículos 2.314 y siguientes del Código Civil, se declara: En cuanto al fondo: I. Que se condena al procesado Sergio Orlando Morales Rojas, ya individualizado, a las penas de quinientos cuarenta días de reclusión menor en su grado mínimo, accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, suspensión de su carné, permiso o licencia para conducir vehículos motorizados por el término de un año, y al pago de las costas de la causa, como autor del cuasidelito de homicidio en la persona de Ricardo Jiménez Soto, cometido el 24 de junio de 1998 en la vía pública de esta ciudad. II. Que reuniéndose en la especie los requisitos establecidos en los artículos 4º y siguientes de la ley 18.216, concédese al sentenciado el beneficio de la remisión condicional de la pena, suspendiéndose su cumplimiento y debiendo quedar sujeto al control y vigilancia de la Sección Tratamiento en el Medio Libre de Gendarmería de Chile por el mismo término de aquélla y a las demás órdenes e instrucciones que dicho organismo le imparta. III. En el evento que el sentenciado referido deba cumplir real y efectivamente la pena corporal impuesta, deberán abonarse en su favor los días que permaneció privado de libertad por esta causa entre el 24 y el 25 de junio de 1998, según da cuenta el parte policial de fs. 1 y la certificación de fs. 10 vta., respectivamente. IV. Comuníquese lo resuelto al Registro Nacional de Conductores, Contraloría General de la República y municipalidad correspondiente. En cuanto a la acción civil: V. Que se acoge la acción civil deducida por la parte de la demandante Cecilia Sepúlveda Fuentealba, en cuanto se condena a los demandados Sergio Orlando Morales Rojas y a la empresa Transportes Villalobos Limitada, representada legalmente por Hugo Villalobos Araya, ya individualizados, al pago solidario, único y total a favor de la demandante de la suma de ciento setenta y seis millones, trescientos noventa y cuatro mil, quinientos cincuenta pesos ($ 176.394.550), por los conceptos de lucro cesante y daño moral, más reajustes e intereses, según lo establecido en el considerando decimoquinto de esta resolución, con costas. VI. Que no se condiciona al pago de las indemnizaciones precedentemente señaladas, la obtención del beneficio que le fuera concedido al procesado en el punto II de la parte resolutiva. Ejecutoriada que sea esta resolución, dese oportuno cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal. Anótese, regístrese, notifíquese y consúltese si no fuere apelado.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

323

Rol Nº 32.322 ED. Dictado por la señora Paulina Sánchez Campos, Juez Suplente. Autorizado por el señor Julio Espinoza Mesías, Secretario Subrogante.

II. CORTE DE APELACIONES Santiago, seis de octubre de dos mil cinco. VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de su fundamento decimoquinto, que se elimina. Y teniendo en su lugar y, además, presente: 1. Que la Empresa de Transportes Villalobos Limitada ha deducido apelación en contra de la sentencia que la condena al pago de una indemnización civil, en su calidad de propietaria del móvil que causó el accidente que terminó con la vida de don Ricardo Jiménez Soto, en favor de la demandante, ascendente a la suma de $ 176.394.550, por los conceptos de lucro cesante y daño moral, sosteniendo que dicha indemnización debe ser dejada sin efecto, o a lo menos rebajada, atendido que la víctima se habría expuesto imprudentemente al riesgo. 2. Que de acuerdo al mérito de autos, en especial del informe técnico de la S.I.A.T., que rola a fojas 96 y declaración de la testigo presencial del accidente a fojas 41, no existe ningún antecedente que permita sostener lo planteado por el apelante; por el contrario, existen antecedentes suficientes para tener por establecida la responsabilidad del conductor del microbús de la locomoción colectiva, don Sergio Morales Rojas, quien al cambiarse de pista en forma sorpresiva e imprudente, colisionó al microbús que circulaba en su misma dirección, pero por la primera pista de Avenida Alameda en dirección poniente, el que, por proyección, atropelló a la víctima un peatón que se encontraba esperando movilización sobre la acera norponiente quien falleció horas más tarde, producto del impacto. En consecuencia, lo razonado nos ha de conducir a desestimar las alegaciones del apelante. 3. Que la querellante, en su condición de cónyuge de la víctima y en representación de sus dos hijos menores de edad, ejerció acción civil en contra del conductor del microbús y de la empresa de transportes dueña del móvil, ya individualizada, solicitando una indemnización de perjuicios por el lucro cesante y el daño moral ocasionado con la muerte de su cónyuge, ascendente a las sumas de $ 200.000.000 y $ 250.000.000, respectivamente, más reajustes e intereses, con costas. 4. Que el lucro cesante consiste en la pérdida de la utilidad o ganancia que legítimamente habría podido percibir el ofendido, de no mediar el hecho dañoso. En la especie, al haberse ocasionado la muerte de la víctima, el lucro cesante demandado por su cónyuge e hijos menores ha de entenderse como el daño que se genera en el patrimonio de sus causahabientes; al dejar de percibir, a partir de su muerte, los ingresos que éste producía con su trabajo y que servían para el sostén del núcleo familiar. En opinión de estos sentenciadores, éste es un daño que debe ser cuantificado considerando el curso normal de los acontecimientos y sobre la base de elementos, si no exactos, fundados y razonables. 5. Que, habiéndose acreditado en autos que la víctima, al momento del hecho dañoso, era casado con la demandante y que producto de ese matrimonio habían nacido dos hijos, Noelia y Matías, de 9 y 7 años de edad a esa fecha, que constituían su núcleo familiar directo, a cuyas necesidades proveía la víctima como jefe de familia, resulta procedente dar lugar a la indemnización pedida por este concepto. 6. Que para estimar la medida del daño que la muerte de la víctima provocará en el patrimonio de su viuda e hijos menores, hacia el futuro, la demandante se ha basado en los ingresos que éste habría podido generar como producto de su trabajo, desde el hecho dañoso hasta el término de su vida laboral, a los 65 años (329 meses), considerando el promedio mensual de su remuneración en los 19 meses anteriores a la fecha del fallecimiento (junio de 1998), o bien, teniendo en cuenta solamente lo percibido como última remuneración, cálculo que arroja la suma de U.F. 15.101 y de U.F. 20.282, respectivamente. 7. Que en base a lo antes razonado se hará lugar a la indemnización de perjuicios en lo que respecta al lucro cesante alegado, tomando en consideración lo que habría percibido la víctima durante su vida laboral, hasta los 65 años (329 meses), sobre la base del promedio de sus ganancias en los 19 meses anteriores a su muerte, lo que equivale a U.F. 15.101, suma a la que se deducirá, en forma prudencial

324

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

un 60%, por considerar que la mera acumulación matemática de sus ganancias probables no resulta equitativo, si se considera, en particular, los ingresos también probables que la viuda e hijos de la víctima debieran percibir por concepto de pensión de sobrevivencia y de orfandad, atendido que el occiso imponía en el sistema de A.F.P., según consta de autos. Lo anterior arroja una suma equivalente de U.F. 6.041, que a la fecha de esta sentencia equivale a $ 107.070.680, cantidad que deberá reajustarse según la variación que experimente el Indice de Precios al Consumidor, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, desde la fecha en que esta sentencia quede ejecutoriada y devengará intereses desde que el deudor se ha haya constituido en mora, hasta su efectivo pago. 8. Que en lo que respecta al daño moral demandado, éste es un concepto que se refiere a la lesión o menoscabo que el hecho dañoso puede ocasionar en un derecho o interés del que es titular la persona afectada y que dice relación con la esfera extrapatrimonial del individuo. En la especie, ha de considerar, por una parte, el sufrimiento y dolor de afección que la muerte de la víctima, presumiblemente, ha causado en su viuda e hijos menores cuyo parentesco se encuentra acreditado a fojas 82 a 85 quienes, según consta de los testimonios de fojas 188 a 192, constituían una familia unida y disfrutaban de una sana convivencia; y por otra, el daño que la ausencia del marido, como pareja, provocará en la vida futura de su cónyuge y el daño que su ausencia, como padre, provocará en el crecimiento, desarrollo y madurez emocional de sus hijos, de 9 y 7 años a la fecha del fallecimiento de su padre. Los certificados médicos que rolan a fojas 193 a 204, dan cuenta de los efectos sicológicos que la muerte de la víctima ha provocado en su viuda y la testimonial rendida en autos, los efectos negativos que se observan en la conducta de los niños. Lo razonado conduce a estos sentenciadores a estimar adecuado el monto que prudencialmente ha fijado el Juez a quo por concepto de daño moral ocasionado a la viuda e hijos de la víctima en la sentencia en alzada. Por las consideraciones anteriores y lo dispuesto en los artículos 114, 124, 172 y 174 de la Ley del Tránsito, los artículos 2.314 y siguientes del Código Civil y el artículo 389 del Código de Procedimiento Penal, se decide: Que se confirma la sentencia apelada de seis de diciembre de dos mil dos, escrita a fojas 229 y siguientes, con declaración que se acoge la acción civil deducida por doña Cecilia Sepúlveda Fuentealba, por sí, y en representación de sus hijos menores Noelia y Matías Ignacio Jiménez Sepúlveda y se condena a Sergio Orlando Morales Rojas y a la Empresa Transportes Villalobos Limitada, representada legalmente por Hugo Villalobos Araya, al pago solidario de la suma de $ 107.070.680, por concepto de lucro cesante y de $ 50.000.000, por concepto de daño moral, en favor de la parte demandante, con los reajustes e intereses indicados en el considerando séptimo, con costas. Acordada la confirmatoria, en cuanto concede a la actora indemnización por lucro cesante, con el voto en contra de la Abogado Integrante señora Andrea Muñoz, quien estuvo por revocar en esa parte la sentencia en alzada y denegar el pago de indemnización por ese rubro, sobre la base de las siguientes consideraciones: 1. Que las variables que han de tenerse en cuenta para los efectos de determinar las ganancias que la víctima habría podido percibir de no producirse el hecho dañoso que terminó con su vida, encierran un verdadero cálculo de probabilidad, que excede el marco de lo que ha de entenderse, naturalmente, como lucro cesante susceptible de indemnizarse. En efecto, si bien es un hecho cierto que la víctima tenía un trabajo remunerado al momento del accidente y que con éste proveía a su familia, no es posible asegurar, con certeza, que fuera a permanecer en ese trabajo, ni que hubiera de estar exento de diversas vicisitudes como enfermedades o cesantía que de acuerdo al curso ordinario de los acontecimientos podrían haberse dado en el transcurso de su vida laboral efectiva. 2. Que, aun cuando el lucro cesante encierra de por sí un juicio de menor exactitud que el del daño emergente, toda vez que supone la pérdida de una ganancia o utilidad que hipotéticamente se habría producido de no mediar el hecho dañoso, extender ese juicio al caso de fallecimiento de la víctima, supone aventurarse a dar por ciertas una serie de hipótesis que no tienen un asidero real y cierto, lo cual, en opinión de esta disidente, impide acoger la indemnización que se demanda por este concepto. Regístrese y devuélvase. Redacción de la Abogado Integrante señora Muñoz Sánchez.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

325

Rol Nº 4.289 03. No obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa no firma el Ministro Suplente señor Humberto Provoste Bachmann por encontrarse ausente. Pronunciada por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por la Ministra señora Amanda Valdovinos Jeldes, el Ministro Suplente señor Humberto Provoste Bachmann y la Abogado Integrante señora Andrea Muñoz Sánchez.

III.- CORTE SUPREMA Santiago, dos de enero de dos mil seis. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 1º) Que la defensa del tercero civilmente responsable, Empresa Transportes Villalobos Limitada, representada legalmente por Hugo Villalobos Araya, por medio de lo principal de fojas 236 ha deducido un recurso de casación en el fondo en contra del fallo que confirmó el de primera instancia con declaración que las indemnizaciones civiles se reducen a $ 107.070.680, por lucro cesante y $ 50.000.000 por daño moral, manteniendo inalterada la condena a Sergio Orlando Morales Rojas a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, accesorias, costas y suspensión de licencia de conducir por un año, como autor de cuasidelito de homicidio ocurrido el 24 de junio de 1998. 2º) Que el recurrente funda su presentación en que se han violado los artículos 456 bis del Código de Procedimiento Penal, 167 y 171 de la ley 18.290 y 2.314 y 2.330 del Código Civil al haber acogido la demanda civil de indemnización de perjuicios siendo que debió declarar inocente al chofer del bus, ya que el cuasidelito fue de responsabilidad del peatón, solicitando la absolución de su representado y dejar sin efecto la condena de indemnización por lucro cesante o bien rebajar la apreciación del daño por haberse expuesto la víctima a sufrir el daño. 3º) Que el recurso no cumple con el requisito esencial de señalar detalladamente cuál es la causal específica del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal en que se funda. En efecto, simplemente se limita a citarlo en términos generales, antes de hacer las peticiones finales, siendo que durante todo el desarrollo del recurso como en sus peticiones, se ataca el aspecto penal de la sentencia, llegando a solicitar que sea absuelto el chofer que conducía su bus el día del accidente, ya que la causa basal del accidente habría sido la conducta imprudente del peatón, sin que haya explicado o señalado cuál es la causal invocada. 4º) Que así las cosas, y al no estar fundado en causa legal alguna, este recurso no puede prosperar, debiendo ser declarado inadmisible. A mayor abundamiento, en cuanto se dirige también en contra de la parte civil de la sentencia, debió haber invocado de manera específica el inciso final del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, para que le sean aplicables las normas respectivas del Código de Procedimiento Civil, para poder casar la sentencia, siendo ese otro motivo para declararlo inadmisible. Finalmente, y respecto de las peticiones subsidiarias contenidas en el escrito que se analiza, pide absolver a su representado y dejar sin efecto la condena de indemnización por lucro cesante o bien rebajar la apreciación del daño por haberse expuesto la víctima a sufrir el daño, éstas son incompatibles entre sí, motivo que también lleva a desestimarlo. Por esas consideraciones, y lo dispuesto en los artículos 535 y 546 del Código de Procedimiento Penal y 767 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se declara inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de fojas 236 en contra de la sentencia de seis de octubre de dos mil cinco, escrita a fojas 224 y siguientes. Regístrese y devuélvase. Rol Nº 6.469 05. Pronunciado por la Segunda Sala, integrada por los Ministros señores Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury U., Rubén Ballesteros C., y los Abogados Integrantes señores Fernando Castro A. y Arnaldo Gorziglia B. Autoriza el señor Omar Astudillo C., Secretario Ad hoc de esta Corte Suprema.

326

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

FICHA 20

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 1952-2005 Cita Online: CL/JUR/4308/2005 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO Río Bueno, veintinueve de noviembre de dos mil cuatro. VISTOS: A fs. 3 se presenta el abogado Jorge Edison Pinto Agurto, en representación de María Patricia Prieto Concha, Isabel Margarita, Carolina, María, Francisca y Alejandra Henríquez Prieto, interponiendo demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios por daños morales y materiales contra la Ilustre Municipalidad de Río Bueno, representada legalmente por su alcalde don Waldo Flores Vera, ambos con domicilio en calle Comercio Nº 603 de Río Bueno, a fin de que en definitiva se acoja y se condene a la demandada al pago de una suma total de $ 273.000.000 o la que el Tribunal determine, más intereses reajustes y costas. Funda su demanda en el hecho que, con fecha 27 de agosto de 2002, en circunstancias que el cónyuge y padre de sus representadas, don Luis Alberto Henríquez Asenjo, conducía su camioneta marca Ford F 1000 en dirección norte sur desde el cruce Los Tambores a Río Bueno ingresó al puente Carlos Ibáñez del Campo y cuando faltaban pocos metros a la ribera sur del puente ingresó a éste en forma descuidada y a exceso de velocidad un camión conducido por Gerardo Yáñez Pérez, colisionando primero un vehículo menor manejado por Paulina Ureta Jara y frontalmente a la camioneta de Luis Alberto Henríquez, la que luego de arrastrarla la aprisionó contra la baranda oriente del puente, la que cedió y permitió que la camioneta cayera a las aguas del Río Bueno falleciendo Henríquez por una fractura cervical. La caída no pudo evitarse por el mal estado de la baranda, pues en ese lugar existía un parche de aproximadamente veinte metros que no tenía ningún tipo de sustentación férrea con la base del puente. Agrega que en ninguno de los accesos existen letreros que advierten el peligro, ya sea en cuanto al ancho del puente o a la inconveniencia de que pasen dos vehículos al mismo tiempo, sólo existe un letrero ceda el paso en el acceso norte al puente todo lo cual es de exclusiva responsabilidad de la Municipalidad de Río Bueno, de manera que la falta de señalización adecuada y el nulo mantenimiento del puente, la existencia de parches en las barandas, constituyen una falta de servicio grave de parte de la municipalidad demandada. Tal es así que el peritaje realizado por el constructor civil Nelson Sánchez señala que el ramo afectado está ubicado próximo al extremo suroeste del puente, el impacto de la baranda se produjo una longitud de diez metros y fue destruida prácticamente en toda su extensión, baranda conformada por una estructura de hormigón armado cuya enfierradura está compuesta por fierros lisos de 10 milímetros en resistencia y de 4 milímetros en repartición. Manifiesta que la muerte de Luis Alberto Henríquez trajo enormes repercusiones al seno de su familia, ya que sus hijas son estudiantes y debieron abandonar la casa que habitaban y trasladarse a residir a la ciudad de Santiago para sobrellevar los gastos. La responsabilidad que le cabe a la Municipalidad demandada corresponde a la responsabilidad objetiva derivada del artículo 141 de la ley Nº 18.695 que establece que las Municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio. Esta responsabilidad por falta de servicio tiene consagración en el ordenamiento jurídico, en la ley orgánica constitucional Nº 18.575 sobre bases generales de la administración del Estado y en la Constitución Política. Se trata de una responsabilidad civil de origen extracontractual; constituye una responsabilidad objetiva en la que sería impertinente la culpa y el dolo. Manifiesta el demandante que el fallecido Luis Alberto Henríquez tenía una renta mensual promedio de $ 850.000, que constituía la base con la que subsistía él y su familia y teniendo en consideración que la muerte se produjo a los 50 años de edad se puede colegir que si se hubiera mantenido saludable y considerando el promedio de vida que en el país alcanza a los 70 años, resulta que quedan quince años promedio de actividad laboral antes de jubilarse. Que haciendo una operación aritmética,

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

327

el promedio de renta que la familia habría dejado de percibir alcanza a una suma no inferior a los $ 10.200.000 anuales, por lo que el lucro cesante unido a los gastos de funeral, búsqueda del cadáver y valor del vehículo que tasa en una suma de $ 2.000.000, arroja un total entre daño emergente y lucro cesante de $ 153.000.000 promedio. Estima el perjuicio moral del orden de $ 40.000.000 para la viuda y $ 20.000.000 para cada una de las hijas por lo que el total de indemnización por el daño moral que persigue es de $ 120.000.000. A fs. 37 se tuvo por evacuada la contestación en rebeldía de la parte demandada y a fs. 38, la réplica fue de mero trámite. A fs. 41, duplicando, la parte demandada pidió el rechazo con costas de la demanda argumentando que a la Municipalidad demandada no le corresponde ninguna responsabilidad en los hechos ni en su resultado, ya que el estudio, construcción y conservación de los caminos y puentes destinados al uso público y de las pistas de aeródromos fiscales estarán a cargo de la Dirección de Vialidad, servicio dependiente del Ministerio de Obras Públicas, como lo dispone expresamente el artículo 4 del D.F.L. Nº 206, Ley sobre Construcción y Conservación de Caminos. La demanda debe igualmente ser rechazada, porque no es efectivo que la caída al Río Bueno de Luis Alberto Henríquez Asenjo el 27 de agosto de 2002 haya sido principalmente por el mal estado de la baranda del puente, ya que Henríquez colisionó frontalmente con un camión cuando conducía su camioneta y a una velocidad tal que como producto del impacto se generó una fuerza de gran envergadura que empujó la camioneta hacia el río, la que rompió violentamente la baranda existente. Las barandas están hechas principalmente para protección de los peatones, lo que en la especie se ve confirmado por existir pasos para peatones a ambos lados del puente. En el caso de autos no existe ninguna falta de servicio, ya que existía baranda, estaba en buen estado y recibió un impacto de tal fuerza que no podía haber evitado ceder. Por otra parte no es efectivo que no exista señalización, ya que hay un letrero ceda el paso al lado norte que es por donde venía el propio Henríquez Asenjo y en cuanto a la falta de señalización por el lado sur del puente, como no había restricción no tenía señalización, ya que la restricción la tenía el que ingresa por el lado norte. Además, legalmente no es la Municipalidad de Río Bueno la encargada de la mantención del puente, Carlos Ibáñez del Campo, ya que ésta le corresponde a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, representado por el Fisco de Chile. Expresa que el artículo 174 inciso 5º de la ley Nº 18.290 distingue entre Municipalidades y Fisco y esa norma hace responsables civiles al Fisco o Municipalidades de los daños que se causaren con ocasión de un accidente que sea a consecuencia del mal estado de las vías o de su falta o inadecuada señalización. A contrario sensu significa que quedarían excluidas la Municipalidad y el Fisco cuando los daños se causaren por alguna persona, como es evidente que ocurrió en la especie, ya que el accidente que derivó en la muerte de Henríquez no se causó con ocasión del estado del puente. Lo mismo pasa con el artículo 141 de la ley Nº 18.695, Orgánica de Municipalidades, ya que conforme a éste las Municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que causen por falta de servicio. En este caso la muerte de una persona fue la consecuencia de la colisión con otro vehículo y no la falta de servicio. Sostiene que en cuanto al daño patrimonial debe ser acreditado al igual que el daño moral. No se produjo conciliación y a fs. 87 se recibió a prueba la causa, rindiéndose la que obra en autos. Posteriormente se citó a las partes a oír sentencia, se decretó una medida para mejor resolver y se trajeron los autos para fallo. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, en estos autos se ha presentado el abogado Jorge Edison Pinto Agurto, en representación de María Patricia Prieto Concha, Isabel Margarita, Carolina, María, Francisca y Alejandra Henríquez Prieto, interponiendo demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios por daños morales y materiales contra la Ilustre Municipalidad de Río Bueno, representada legalmente por su alcalde don Waldo Flores Vera, a fin de que en definitiva se acoja y se condene a la demandada al pago de una suma total de $ 273.000.000 o la que el Tribunal determine, más intereses reajustes y costas. Funda su demanda en el hecho que, con fecha 27 de agosto de 2002, en circunstancias que el cónyuge y padre de sus representadas, don Luis Alberto Henríquez Asenjo, conducía su camioneta marca Ford F 1000 en dirección norte sur desde el cruce Los Tambores a Río Bueno ingresó al puente Carlos Ibáñez del Campo y cuando faltaban pocos metros a la ribera sur del puente ingresó a éste en forma descui-

328

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

dada y a exceso de velocidad un camión conducido por Gerardo Yáñez Pérez, colisionando primero un vehículo menor manejado por Paulina Ureta Jara y frontalmente a la camioneta de Luis Alberto Henríquez, la que luego de arrastrarla la aprisionó contra la baranda oriente del puente, la que cedió y permitió que la camioneta cayera a las aguas del Río Bueno, fallecimiento Henríquez, por una fractura cervical. La caída no pudo evitarse por el mal estado de la baranda, pues en ese lugar existía un parche de aproximadamente veinte metros que no tenía ningún tipo de sustentación férrea con la base del puente. Agrega que en ninguno de los accesos existen letreros que advierten el peligro, ya sea en cuanto al ancho del puente o a la inconveniencia de que pasen dos vehículos al mismo tiempo y sólo existe un letrero ceda el paso en el acceso norte al puente, todo lo cual es de exclusiva responsabilidad de la Municipalidad de Río Bueno, de manera que la falta de señalización adecuada y el nulo mantenimiento del puente, la existencia de parches en las barandas, constituyen una falta de servicio grave de parte de la municipalidad demandada. Tal es así que el peritaje realizado por el constructor civil Nelson Sánchez señala que el tramo afectado está ubicado próximo al extremo suroeste del puente, el impacto de la baranda se produjo una longitud de diez metros y fue destruida prácticamente en toda su extensión, baranda conformada por una estructura de hormigón armado cuya enfierradura está compuesta por fierros lisos de 10 milímetros en resistencia y de 4 milímetros en repartición. Manifiesta que la muerte de Luis Alberto Henríquez trajo enormes repercusiones al seno de su familia, ya que sus hijas son estudiantes y debieron abandonar la casa que habitaban y trasladarse a residir a la ciudad de Santiago para sobrellevar los gastos. La responsabilidad que le cabe a la Municipalidad demandada corresponde a la responsabilidad objetiva derivada del artículo 141 de la ley Nº 18.695 que establece que las Municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio. Esta responsabilidad por falta de servicio tiene consagración en el ordenamiento jurídico, en la ley orgánica constitucional Nº 18.575 sobre bases generales de la administración del Estado y en la Constitución Política. Se trata de una responsabilidad civil de origen extracontractual; constituye una responsabilidad objetiva en la que sería impertinente la culpa y el dolo. Manifiesta el demandante que el fallecido Luis Alberto Henríquez tenía una renta mensual promedio de $ 850.000, que constituía la base con la que subsistía él y su familia y teniendo en consideración que la muerte se produjo a los 50 años de edad se puede colegir que si se hubiera mantenido saludable y considerando, el promedio de vida que en el país alcanza a los 70 años, resulta que quedan quince años promedio de actividad laboral antes de jubilarse. Que haciendo una operación aritmética, el promedio de renta que la familia habría dejado de percibir alcanza a una suma no inferior a los $ 10.200.000 anuales, por lo que el lucro cesante unido a los gastos de funeral, búsqueda del cadáver y valor del vehículo que tasa en una suma de $ 2.000.000, arroja un total entre daño emergente y lucro cesante de $ 153.000.000 promedio. Estima el perjuicio moral del orden de $ 40.000.000 para la viuda y $ 20.000.000 para cada una de las hijas por lo que el total de indemnización por el daño moral que persigue es de $ 120.000.000. SEGUNDO: Que, se tuvo por evacuada la contestación en rebeldía de la parte demandada. TERCERO: Que, la parte demandante ha fundado su demanda en el hecho que la muerte de Luis Alberto Henríquez Asenjo al colisionar con un camión la camioneta que manejaba, sobre el puente Carlos Ibáñez del Campo y caer al Río Bueno, se produjo porque la baranda del puente se encontraba en mal estado debido a deficiente conservación que imputa a falta de servicio de la Municipalidad de Río Bueno, la que no efectuó mantenimiento del puente, existiendo parches en las barandas y careciendo de señalización adecuada el acceso. Al respecto invoca como antecedente la diligencia de inspección personal del Tribunal efectuada como medida prejudicial que obra en el cuaderno respectivo. En ella el Tribunal constató que en la baranda poniente del puente Carlos Ibáñez del Campo, sobre el Río Bueno, faltaba un tramo de aproximadamente diez metros de ancho que estaba en etapa de reparación. Se estaba haciendo un parche donde se advertía que los fierros antiguos estaban oxidados y cortados a más o menos quince centímetros del nivel del suelo, más o menos cortos y separados aproximadamente medio metro uno de otro y a quince centímetros de la base se apreciaba una grieta que se prolongaba por aproximadamente diez metros. También se argumenta con el informe pericial del constructor civil Nelson Sánchez Pineda, que expresa que el viaducto sobre el Río Bueno, ubicado en el acceso principal

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

329

de la ciudad de Río Bueno es un puente de una sola vía, con una antigüedad aproximada de ochenta años. Por tratarse de una sola vía está expuesto a continuos accidentes vehiculares, ya que el sistema de paso no está regulado. Es un puente construido totalmente de hormigón armado, incluidas sus barandas. Sus fundaciones y loza de rodado se encuentran en regular estado de conservación. Sus barandas están muy deterioradas en toda su longitud. El tramo afectado está ubicado próximo al extremo suroeste del puente y el impacto en la baranda se produjo en una longitud de diez metros, el que fue destruido prácticamente en toda su extensión. Esta baranda está conformada por una estructura de hormigón armado cuya enfierradura está compuesta por fierros lisos de diez milímetros en resistencia y de seis milímetros en reparticiones, fierro dulce liso. Al revisar la parte del empalme de la reparación se pudo comprobar que los fierros se encuentran totalmente oxidados, los que al doblarlos con la mano y sin mayor esfuerzo se quiebran con facilidad. La oxidación de los fierros de la baranda en general fue producto del hormigón que se encuentra agrietado, por cuyas grietas penetra el aire y el agua, por lo que ha perdido toda su resistencia tanto a la compresión como a la flexotracción. Estima el perito que la resistencia se ha perdido en un 80% y concluye que el puente fue construido cuando circulaban vehículos de no más de seis toneladas, por lo que sus estructuras se calculaban en base a vehículos de menor tonelaje a los actuales, a lo que debe sumarse el deterioro por oxidación y agrietamientos, por lo que la estructura de las barandas del viaducto no ofrecen la más mínima seguridad al producirse cualquier colisión a mediana velocidad. CUARTO: Que, la parte demandante no acreditó en el proceso, como era su obligación, que el mantenimiento y conservación del puente, Carlos Ibáñez del Campo, sobre el Río Bueno, sea de responsabilidad de la Municipalidad de Río Bueno. Al respecto don Waldo Flores Vera, Alcalde de la comuna de Río Bueno absolviendo posiciones dijo que no le constaba que el puente Carlos Ibáñez del Campo se encontraba dentro del radio urbano de la ciudad de Río Bueno y se imaginaba que solamente lo estaba la mitad del puente y que efectivamente la Municipalidad efectuó reparaciones de la baranda oeste del citado puente, previa autorización de Vialidad para evitar demoras y críticas, porque la obra no se efectuaba. QUINTO: Que, por otra parte y además del hecho que no está acreditado que a la Municipalidad de Río Bueno le correspondía la mantención del puente Carlos Ibáñez del Campo, tampoco está probado en el proceso que la caída de la camioneta conducida por Luis Alberto Henríquez Asenjo, a las aguas del Río Bueno el 27 de agosto, de 2002 se haya debido a deficiencias en la estructura del puente, sino más bien a la colisión con el camión que transitaba en sentido contrario. La parte demandante no probó que algún otro tipo de estructura en la baranda del puente hubiese podido impedir la caída del vehículo al río atendida las circunstancias en que se produjo la colisión. Y teniendo además presente lo dispuesto por los artículos 1.698 y siguientes y 2.314 y siguientes del Código Civil y 253 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara: Que, se rechaza la demanda interpuesta a fs. 3 y no se condena en costas a la parte vencida por haber tenido motivos plausibles para litigar. Anótese, notifíquese, regístrese y archívese. Rol Nº 24.877. Dictada por el señor Carlos Pedro Caracotch Guideri, Juez Letrado Titular. Autoriza doña Victoria Sobarzo Lorca, Secretaria Subrogante.

II.- CORTE DE APELACIONES Valdivia, veintinueve de marzo de dos mil cinco. Vistos y teniendo presente: Acerca del recurso de casación en la forma: PRIMERO: Por el primer otrosí de su escrito de fojas 167 la demandante interpone recurso de casación en la forma contra la sentencia definitiva de primera instancia, basándolo en las mismas razones de hecho y de derecho que expone para fundar su recurso de apelación, contenido en lo principal de tal escrito. SEGUNDO: De la sola lectura del recurso de casación citado se advierte que no ha sido patrocinado por abogado habilitado en la forma en que lo exige el artículo 776 del Código de Procedimiento Civil por

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

330

lo cual y de acuerdo al inciso primero del artículo 778 del mismo Código, resulta inadmisible y debe ser así declarado sin más trámite por este Tribunal. TERCERO: Por ello y especialmente consideradas las normas legales precitadas, se omite pronunciamiento sobre el fondo del recurso de casación en la forma intentado. Acerca de la apelación: CUARTO: Cabe tener presente que el accidente de tránsito que motivó el presente juicio y el juicio penal por cuasidelito de homicidio rol Nº 40.623 del mismo Juzgado de Río Bueno no fue causado por el estado del puente en el cual se produjo sino por la conducta del chofer del camión causante del mismo, como se resolvió en esta última causa, tenida a la vista en este expediente. QUINTO: Que resulta irrelevante para los fines perseguidos por la actora en autos determinar el momento exacto en que habría fallecido el causante de sus representados, el que fuera víctima de aquel accidente. SEXTO: Por otra parte y de acuerdo al tenor literal del petitorio de su recurso, la actora impugna el fallo de primera instancia pidiendo su revocación en base a las pruebas que rendirá ante esta Corte y atendido el mérito de las cuales debería ser acogida su demanda; pruebas que, a su juicio, debió solicitar el Juez a quo antes de fallar, alegación que por sí misma está excluyendo la existencia de agravio que le permita fundar, jurídicamente, la apelación deducida. SÉPTIMO: En cuanto a la apelación de la demandada, que se alza para solicitar se condene en costas a la actora, es necesario considerar que el Juez a quo que la eximió de tal gravamen, fundó su resolución y está ella de acuerdo con las facultades que le entrega el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, por lo que tampoco esta parte aparece agraviada por tal decisión. Y visto además lo dispuesto por los artículos 144, 170 y 764 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza por inadmisible el recurso de casación en la forma deducido por el primer otrosí del escrito de fojas 167 contra la sentencia definitiva de primera instancia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil cuatro y escrita desde fojas 145 a 149; y se confirma tal resolución en todas sus partes, con costas del recurso. Redacción de la Abogada Integrante la señora Helga Steffen Riedemann. Regístrese y devuélvase. No, firma la Abogada Integrante señora Helga Steffen Riedemann, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo, por encontrarse ausente con licencia médica. Rol Nº 25 05. Pronunciada por la Primera Sala, por el Ministro señor Mario Julio Kompatzki Contreras, Ministra señora Ada Gajardo Pérez, Abogado Integrante señora Helga Steffen Riedemann. Autoriza el Secretario señor Fernando León Ramírez.

III.- CORTE SUPREMA Santiago, dieciocho de octubre de dos mil cinco. En estos autos rol Nº 24.877 del Juzgado Civil de Río Bueno, María Patricia Prieto Concha, Isabel Margarita, Carolina, María Francisca y Alejandra Henríquez Prieto demandaron a la Municipalidad de Río Bueno, a fin de que esta Corporación sea condenada a pagar la suma total de $ 273.000.000, o lo que el tribunal determine, más intereses, reajustes y costas, por la responsabilidad que le cabe en la muerte de Luis Alberto Henríquez Asenjo, cónyuge de la primera y padre de las restantes demandantes, ocurrido en un accidente de tránsito el 27 de agosto de 2002, en el puente Carlos Ibáñez del Campo, el cual no resistió el impacto que sufrió la víctima en su camioneta por parte de un camión, por lo cual al ceder la baranda, el vehículo del occiso se precipitó a las aguas del río denominado Río Bueno falleciendo a causa de una fractura cervical. Le atribuyeron las actoras a la municipalidad demandada falta de servicio al no indicar que en ese puente sólo podía transitar un vehículo, debiendo los otros esperar y por tener una débil estructura las barandas, que impidieron contener al vehículo siniestrado. Aduce al respecto la norma del artículo 141 de la ley Nº 18.695 y la Ley sobre Bases Generales de la Administración del Estado. El tribunal de primera instancia, a fojas 145, dictó sentencia por la cual rechazó la demanda de las actoras antes aludidas.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

331

En contra de este fallo, la defensa de las demandantes dedujo recurso de apelación y casación en la forma y una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valdivia, a fojas 189, declaró inadmisible el segundo arbitrio y confirmó la sentencia apelada. En contra de esta última decisión, la misma defensa interpuso a fojas 193 recurso de casación en el fondo denunciando el quebrantamiento del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil y las normas de los artículos 141 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y 174 inciso 5º de la ley Nº 18.290. Se trajeron los autos en relación. CONSIDERANDO. PRIMERO: Que en el recurso se expresa, que la muerte de Luis Alberto Henríquez Asenjo se debió no sólo al choque que sufrió el vehículo que éste conducía, sino, que fundamentalmente a la mala señalización de advertencia del peligro en el acceso sur del puente, y por sobre todo al mal estado de su baranda poniente, en la cual existía un parche anterior, construido sobre fierros enmohecidos y sin ningún estudio de ingeniería, lo que permitió y facilitó la caída del vehículo a las aguas del río que lleva el nombre de Río Bueno, hecho que no se encuentra desvirtuado por ninguna probanza contraria, siendo de responsabilidad de la Municipalidad demandada la mantención y cuidado del puente por encontrarse éste dentro del radio urbano, lo que se estableció por resolución Nº 3 de 25 de enero de 1991 del Serviu del Minvu de la Décima Región. Se aduce enseguida, que en el proceso no existe cuestión controvertida porque la demandada no contestó la demanda; SEGUNDO: Que conforme a lo señalado en el motivo precedente, el recurso plantea como primer error de derecho el quebrantamiento del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, ya que el documento de fojas 100, no objetado de contrario, por lo que tiene el valor de instrumento público, determina que el puente Carlos Ibáñez del Campo está ubicado en el radio urbano de la ciudad de Río Bueno, lo que desvirtúa lo afirmado por el Alcalde de la municipalidad demandada que señaló lo contrario, por lo que el mantenimiento y conservación corresponde exclusivamente al municipio local. Se reclama enseguida, que para afirmar este hecho se solicitó se despachara oficios al Departamento de Obras de la referida municipalidad y no se dio lugar a ello. Se refiere también, a lo expuesto por dos peritos que dan por establecido que no existía señalización para cruzar el puente y que la responsabilidad en orden a mantener esa información le correspondía a la Municipalidad de Río Bueno; TERCERO: Que en cuanto a la vulneración de los artículos 141 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y 174 inciso 5º de la ley Nº 18.290, que establecen la responsabilidad de estas corporaciones por los daños que causen por falta de servicio y cuando éstos se produjeran con ocasión de un accidente que sea consecuencia del mal estado de las vías o de su falta o inadecuada señalización, se argumenta que bastaría que concurriera una de aquellas circunstancias para que la demandada sea responsable civilmente, en el caso se dan todas, puesto que el accidente en el que perdió la vida don Luis Henríquez Asenjo se debió, por una parte, al mal estado de la vía, a la falta de resistencia de las barandas y ser un puente angosto y a la falta de señalización respecto del acceso sur del puente Carlos Ibáñez del Campo, obligaciones que le competen a la corporación demandada. Se aduce luego, que se ha causado un agravio importante a las actoras con la dictación del fallo de primera instancia, que rechazó la demanda en abierta contradicción a la letra de la ley, al no existir ponderación alguna de la prueba rendida por dicha parte, dándole mayor importancia a los dichos del Alcalde en la absolución de posiciones y al otorgarle a la dúplica el carácter de contestación a la demanda, siendo que no existe controversia, en cuanto a los fundamentos de la demanda, ni de los montos solicitados como indemnización por daño patrimonial y daño moral, así como tampoco se han objetado los documentos acompañados ni las pericias realizadas, que son concluyentes en orden a establecer fehacientemente la responsabilidad que le cabe al municipio demandado en el accidente que le costó la vida al señor Henríquez; CUARTO: Que finalmente en el recurso, se refiere al fallo de segundo grado, en cuanto éste afirma que el accidente no se produjo por el mal estado del puente, sino por la conducta culposa del chofer del camión, como fue resuelto en una causa criminal, lo cual es erróneo y constituye una calificación equivocada de los hechos, por cuanto se probó que el puente no se encontraba señalizado debidamente, sosteniendo el libelo que si bien el chofer del camión pudo tener culpa o negligencia en su actuar,

332

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

no es menos cierto, que al no encontrarse regulado el paso por ese viaducto que es angosto y no permite el paso de dos vehículos grandes simultáneamente y el choque se produce porque dos vehículos ingresaron al puente a la vez, por no existir señalización que lo prohíba ni que advierta el peligro que enfrentan los conductores, se debe llegar a la conclusión que el accidente se debió al mal estado de las vías y por no existir señalización que prevenga del peligro a los conductores, factores que constituyen la causa principal del accidente que provocó la muerte del señor Henríquez, vulnerando con esto las leyes mencionadas en el considerando anterior; QUINTO: Que en cuanto los hechos establecidos en la sentencia impugnada, la única norma que el recurso denuncia quebrantada, estimándola como reguladora de la prueba, y que demostraría la responsabilidad de la Municipalidad de Río Bueno, es la del artículo 342 Nº 2 del Código de Procedimiento Civil, disposición que señala los casos en los cuales los instrumentos serán considerados públicos en juicio, tratándose de las copias dadas con los requisitos que las leyes prescriban para que hagan fe respecto de toda persona, o, a lo menos, respecto de aquella contra quien se hacen valer y cuya vulneración se habría producido respecto de una copia autorizada de un documento agregado a los autos y que demostraría que el puente, en que ocurrió el suceso que justificó la acción indemnizatoria, está ubicado al interior del radio urbano de dicha ciudad y, por tanto, era de responsabilidad de tal corporación su mantención, así como la de colocar señalizaciones a sus accesos, documento que no habría sido considerado por los jueces del fondo; SEXTO: Que al respecto cabe considerar que el error de derecho que se reprocha, según el recurrente, se traduce en la falta de ponderación que existiría respecto de un documento debidamente acompañado a juicio y no objetado y, que en su opinión, tendría el carácter de un instrumento público, pero esta crítica mira más bien a un defecto formal que contendría el fallo recurrido que a una infracción de ley, que autorizaría el recurso de casación en el fondo. Pero además, la norma objetada sólo indica el carácter de públicos que pueden tener copias de documentos originales para los fines de su valoración y con ello ser demostrativo de un hecho sustancial y controvertido, de tal manera, que la sola vulneración de tal precepto no autoriza para determinar el valor probatorio de tal documento, ya que en esta parte se encargó de darle ese mérito el artículo 1700 del Código Civil, cuestión que no aparece planteada dentro del error de derecho que se ha denunciado, con respecto al referido instrumento; SÉPTIMO: Que en lo que toca también al reclamo, de no haberse decretado oficios a un organismo público ni se hubiera tomado en consideración algunas pericias que se evacuaron en una causa criminal que demostrarían ciertos hechos relevantes para sustentar la falta de servicio en que incurrió la demandada, o a la existencia del mal estado de las vías o a la falta de su adecuada señalización, tales defectos en caso de existir sólo podrían servir de fundamento a un recurso de casación en la forma y, en caso alguno, serían relevantes para fundar el que se interpuso por la parte demandante; OCTAVO: Que discernido que la sentencia no ha incurrido en infracción de derecho con respecto de las normas reguladoras de la prueba, deben aceptarse como hechos inamovibles para esta Corte de Casación, que no ha quedado acreditado que el mantenimiento y conservación del puente Carlos Ibáñez del Campo sobre el Río Bueno sea, de la responsabilidad de la demandada, ni tampoco, el que la caída de la camioneta conducida por Luis Alberto Henríquez Asenjo a las aguas del indicado río se haya debido a deficiencias en la estructura del puente, sino más bien a la colisión con un camión que transitaba en sentido contrario, toda vez que así quedó demostrado en la causa penal Nº 40.623, que sancionó por ese hecho la conducta del chofer del aludido vehículo. (considerandos cuarto y quinto del fallo de primer grado y cuarto del de segunda instancia); NOVENO: Que el inciso primero del artículo 141 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, preceptúa que estas corporaciones incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio, de lo cual se infiere que las municipalidades deberán responder de cualquier detrimento que se provoque a otro por no cumplir con las funciones que esta ley le encomienda para satisfacer las necesidades de la comunidad local y, por consecuencia, para hacerlas responsables es necesario demostrar esa falta de servicio como causante del hecho que provocó el daño demandado, lo que en el presente caso no se ha producido, ya que como se demostró por los jueces de la instancia, no hay antecedentes que la Municipalidad tuviera responsabilidad en la mantención del puente en donde se produjo el accidente y que además, éste se ocasionó por la falta de mantención de

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

333

dicho puente, ya que el suceso, según un fallo criminal, fue la consecuencia de la conducción descuidada de un conductor de un camión que chocó al vehículo de la víctima que provocó que este móvil con el afectado se precipitara al vacío y cayera al río falleciendo éste, como consecuencia de dicho accidente; DÉCIMO: Que de lo expuesto aparece evidente que la sentencia recurrida no ha quebrantado el artículo 141 de la Ley Orgánica aludida, en el cual se funda el error de derecho denunciado, ya que dado los supuestos fácticos establecidos por los jueces del fondo no ha existido la falta de servicio que habilita para reclamar los perjuicios que dicha norma consulta. Y del mismo modo, ha de desestimarse el error de derecho que se reclama en el recurso, respecto de la no aplicación de la norma prevista en el artículo 174 de la ley 18.290 Ley de Tránsito, puesto que como se ha advertido, el accidente que es el elemento básico para impetrar el pago de indemnización no se produjo ni por el mal estado de las vías ni por falta de adecuada señalización, lo cual deriva necesariamente en el rechazo del recurso en estudio. Por estas consideraciones y visto, lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 804 del Código de Procedimiento Civil se declara que se desestima el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de fojas 193, por el abogado Jorge Edison Pinto Agurto, en representación de la parte demandante, en contra de la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil cinco, escrita a fojas 189. Regístrese y devuélvase con sus agregados. Redactó el Ministro señor Juica. Rol Nº 1.952 2005. Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros señores Ricardo Gálvez, Domingo Yurac, Milton Juica, señorita María Antonia Morales y señor Adalis Oyarzún. No firma el señor Oyarzún, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo por estar en comisión de servicios. Autorizado por el Secretario señor Carlos A. Meneses Pizarro.

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

334

FICHA 21

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 1376-2003 Cita Online: CL/JUR/714/2005 CORTE SUPREMA Santiago, a cinco de octubre de dos mil cinco. VISTOS: En estos autos Nº 41.119 01, rol del Juzgado del Crimen de Bulnes, se dictó sentencia definitiva de primera instancia de treinta de noviembre de dos mil dos, que se lee de fojas 149 a 152, por la cual se absolvió al procesado Jorge Francisco Hernández Encina de los cargos librados en su contra como autor del cuasidelito de homicidio en la persona de Luis Ramón Vega Ortiz, perpetrado en esa localidad el treinta de agosto de dos mil uno. Apelado dicho veredicto por los querellantes, la Corte de Apelaciones de Chillán, por resolución de veintiséis de marzo de dos mil tres, corriente de fojas 164 vuelta a 167, la revocó condenando al enjuiciado a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, así como la accesoria pertinente, la suspensión de su licencia de conducir durante un año y al pago de las costas de la causa, por su responsabilidad de autor del cuasidelito de homicidio en la persona de Luis Ramón Vega Ortiz, ocurrido el treinta de agosto de dos mil uno, en el sector Bulnes sur, le concedió la remisión condicional de la pena corporal, reconociéndole el tiempo que permaneció privado de libertad desde el treinta de agosto hasta el siete de septiembre de dos mil uno, según consta a fojas 5 y 20 vuelta. Se acogió, con costas, la acción civil deducida por los querellantes, disponiéndose el pago solidario por los demandados Hernández Encina y Riveros Morales de la cantidad total de $ 40.000.000 y $ 4.000.000, como resarcimiento por el daño moral y emergente inferido, respectivamente. En contra de esta última decisión, la asistencia jurídica del inculpado Hernández Encina, representada por el abogado Carlos Sepúlveda Yévenes, formalizó recurso de casación en el fondo, sustentado en los ordinales primero y séptimo del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. Concedido el expresado recurso y habiéndose declarado admisible, se trajeron los autos en relación. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el recurso de casación en examen se funda en las causales primera y séptima del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por estimar que se ha cometido error de derecho al determinar la participación de Hernández Encina, en calidad de autor del cuasidelito, y en haberse violado las leyes reguladoras de la prueba. SEGUNDO: Que, como se adelantó, el primer reproche de nulidad descansa en el numerando primero del artículo 546 del Código de enjuiciamiento criminal, esto es, en haber calificado el delito con arreglo a la ley, pero regulando al delincuente un castigo más o menos grave que el designado en ella, cometiendo error de derecho, al determinar la participación que ha cabido al encausado en el delito. El impugnante expone que los sentenciadores han cometido error de derecho al estimar como responsable y autor del cuasidelito de homicidio en la persona de Luis Vega Ortiz a su mandante. Aduce que no se ha demostrado legalmente la imprudencia o la contravención al artículo 145 de la ley Nº 18.290 por parte del sentenciado, puesto que éste respetó el derecho preferente de paso y luego, una vez incorporado a la calle de servicio, fue embestido por el rodado guiado por el occiso. Por el contrario, Vega Ortiz ignoró abiertamente diversas normas del ordenamiento del tránsito y de la Ley sobre Alcoholes, su exceso de velocidad en una calle de servicio, el elevado nivel de alcohol en la sangre y la conducción de un camión con carga animal viva, devino en la única causa basal y directa del accidente que originó su muerte, por lo que cabe concluir necesariamente que el acusado no tuvo participación directa en el hecho imprudente y culposo que se le atribuye, debido a que el manejo de su vehículo y la maniobra por él realizada se encuadran perfectamente dentro de la legislación vigente.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

335

Arguye, asimismo, que el fallo discutido yerra al tener por establecida la participación inmediata y directa de Hernández Encina en el ilícito, pues éste había ingresado gran parte de su móvil, ocupando casi toda la calzada, en la calle de servicio, atendido lo cual no existió la infracción al artículo 145 de la Ley del Tránsito, ya que debido a la extensión del automotor la maniobra ejecutada es lenta, por lo que explica que al inicio de ella tenía la visibilidad y el espacio suficiente para incorporarse a la calle de servicio y, cuando concluía su operación fue impactado por el carro de Vega Ortiz, quien no tuvo mayor reacción. TERCERO: Que la otra hipótesis de casación esgrimida, se apoya en el Nº 7º del artículo 546 del estatuto de instrucción penal, que estriba en haberse desconocido las leyes reguladoras de la prueba con influencia sustancial en lo dispositivo de la sentencia. Al respecto, el compareciente alega que los jueces del grado no han valorizado conforme a la ley la prueba rendida en autos, teniendo por comprobada la participación culpable del encartado en los hechos investigados, con inobservancia de los artículos 485 y 488 de la compilación procedimental penal. Asevera que la resolución repelida, omite pronunciarse acerca del gráfico ilustrativo de fojas 62, del parte de fojas 5 y de la orden de averiguación de fojas 45, recogiéndose solamente el informe técnico agregado de fojas 49 y siguientes, emitido por la Subcomisaría de Investigación de Accidentes en el Tránsito de Carabineros de Chile, donde se hace un análisis preciso y detallado del accidente de autos, y se consigna al referirse a la Dinámica General del Accidente que el fallecido se desempeñaba presumiblemente en estado de intemperancia alcohólica y corría a una velocidad de noventa kilómetros por hora, consignando como causa concurrente las señaladas circunstancias. Razones por las cuales, no se cumplen los presupuestos exigidos por el referido artículo 485, al no existir la debida concordancia entre los hechos conocidos y los deducidos por el tribunal, por medio de los cuales se acredita la imputabilidad del hechor. Afirma que, del mismo modo, se ha violentado el artículo 488 del citado cuerpo legal al no configurase cabalmente las condiciones exigidas para que los indicios puedan constituir prueba completa. Expresa que los elementos contenidos en los Nºs. 1º y 2º de la aludida disposición no concurren en el caso sub lite. Así, el veredicto reclamado revoca el de primer grado teniendo en cuenta sólo la divisibilidad de la confesión de su representado y una parte del informe del SIAT, no sustentándose en ningún otro hecho real y probado. En cuanto a la multiplicidad, refiere que únicamente se asienta en la declaración del incriminado y de una causa basal que carece de nitidez, excluyendo o desestimando todos los testimonios atinentes al exceso de velocidad y del resultado de la alcoholemia del difunto, así como, del informe del Servicio Médico Legal y de las apreciaciones de fojas 5 y 45, pruebas que, en su opinión, evidencian una responsabilidad total de Vega Ortiz. Finaliza instando que, en definitiva, conociendo del recurso de casación interpuesto, esta Corte proceda a anular el fallo objetado y dictar la pertinente sentencia de reemplazo, absolviendo de toda responsabilidad a su defendido. CUARTO: Que, en lo que atañe al recurso y para un adecuado tratamiento de los tópicos planteados, por lo pronto este tribunal estudiará aquella del número séptimo del artículo 546 de la compilación procesal penal, o sea, la transgresión a las leyes reguladoras de la prueba denunciada, debido a que en el evento de acogerse, le permite modificar los hechos fijados en la sentencia recurrida, en términos tales que posibilitarían la aceptación de la causal sustantiva en que se asila el presente recurso, vale decir, la del Nº 1º del artículo 546 del mismo cuerpo legal. QUINTO: Que, desde luego, parece oportuno recordar que el artículo 485 del estatuto de instrucción criminal, en modo alguno puede considerarse como una norma reguladora de la prueba, toda vez que se refiere a principios generales de orden procesal, ocupándose solamente de definir lo que es una presunción en el juicio criminal. En lo relativo al artículo 488 de la misma recopilación de leyes, en sus numerales 1º y 2º, únicos con el carácter normativo requerido y que el compareciente estima conculcado, es útil destacar que para tener por probado el hecho punible se tuvieron en consideración los medios de prueba enumerados en el fundamento primero de la sentencia de primer grado reproducido por la resolución recurrida, elementos de juicio reales que obran dentro del litigio y ninguno de ellos reposa en otras presunciones, los que en conjunto, resultan bastantes para establecer las conclusiones que los mismos jueces en su

336

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

análisis obtienen, no pudiendo sostenerse que la resolución en análisis adolezca de los vicios que se le reprochan y, por lo tanto, no se divisa la pretendida violación del aludido artículo 488 en aquellas secciones que contienen leyes reguladoras de la prueba. SEXTO: Que de lo anterior se colige que el quebrantamiento de derecho atribuido a los jueces del fondo en relación a la causal séptima, no concurre en la especie, conforme a la forma que indica el libelo, razón por la cual los hechos que se invocan no constituyen la aludida causal, de tal modo que a esta Corte le está vedado entrar a conocer de los hechos de la causa, que han de tenerse por inamovibles de acuerdo a la tributación privativa que en esta materia incumbe a los jueces del fondo. SÉPTIMO: Que tales hechos, como se lee en el basamento 1º.- del veredicto de alzada, son los siguientes: el día 30 de agosto de 2001, aproximadamente a las 21:00 horas, el reo Jorge Francisco Hernández Encina conducía el camión marca Pegaso, color blanco, año 1993, por el sector de Bulnes sur y al salir a la calle de servicio paralela a la Ruta 5 Sur para continuar viaje a Santiago, no se percató de la cercanía del camión marca Isuzu, el que lo hacía por la calle de servicio de sur a norte, colisionándolo en la parte de la carrocería a la altura del estanque de combustible, a raíz de los cual resultó muerto Luis Ramón Vega Ortiz, chofer de este último vehículo. OCTAVO: Que, de igual forma, al no existir vulneración de leyes reguladoras de la prueba, los hechos relativos a la participación del recurrente en el ilícito por el cual fue condenado, como se señaló antes, son intangibles para este tribunal de casación, de manera que la causal primera del artículo 546 de la recopilación adjetiva penal que supone circunstancias distintas a ellos no llega a concretarse. NOVENO: Que, sin perjuicio de lo expuesto conviene aclarar, como lo ha sostenido la reciente jurisprudencia de esta Corte, que el reseñado motivo se concibe sólo sobre el supuesto de alegarlo en aquellas situaciones en que el agente reconoce la existencia de una participación punible en el delito, pero reclama que se ha efectuado por los jueces de l fondo una equivocada calificación de ella, interpretación que se desprende de su tenor, en cuanto contempla la imposición de una pena más o menos grave, y por tanto, no puede aparecer vinculada a acontecimientos en que la participación queda completamente excluida, aserto que se ratifica, a su turno por el texto legal, que hace referencia a aplicar al delincuente una sanción y, no puede designarse como tal a quien no intervino en el hecho punible. Así entonces, la causal de marras no es idónea para sostener la nulidad de una sentencia cuando se niega participación en el hecho ilícito. DÉCIMO: Que, por lo demás el recurrente hace consistir el error de derecho en que los jueces del fondo habrían considerado, equivocadamente en su concepto, que la causa basal del accidente que costó la vida a Luis Vega Ortiz fue la conducta del infractor de ingresar a la calle de servicio obstruyendo el paso a la víctima. En su opinión, lo correcto sería afirmar, por el contrario, que esa causa basal consistiría en el exceso de velocidad en que se desplazaba el ofendido en su vehículo al momento de producirse el choque, así como su estado de intemperancia alcohólica. UNDÉCIMO: Que, en un accidente pueden presentarse múltiples causas, con diferentes grados de incidencia. Por tanto, debe despejarse el entorno, permitiendo conocer la causa basal, es decir, la raíz necesaria y suficiente para que el accidente se produzca. En esa perspectiva, por de pronto, puede considerarse indiscutido que las conductas desplegadas, tanto por el sujeto activo como por la víctima, fueron conjuntamente causas del accidente en que esta última dejó de existir; pues, en efecto, de conformidad con reglas de experiencia que nadie disputará, sin cada una de ellas ambos no se habrían encontrado en el lugar de la colisión cuando ésta sucedió y, en consecuencia, ningún accidente habría ocurrido y nadie habría fallecido como colofón de aquél. DUODÉCIMO: Que, asimismo, habiéndose desestimado las pretendidas infracciones a las leyes reguladoras de la prueba, y siendo por tanto inconmovibles los hechos establecidos por la sentencia recurrida, es también incontestable que el comportamiento de Hernández Encina como el del occiso Vega Ortiz importaban contravenciones a las regla s del tránsito y eran, por consiguiente, imprudentes, pues implicaban exceder el riesgo permitido en el tráfico vial. DÉCIMO TERCERO: Que la noción de causa basal envuelve la idea de que, en casos como los de estos autos, en los que concurren a la producción del resultado dos conductas equivalentemente causales y ambas creadoras de un riesgo que supera al permitido, hay, sin embargo, a veces, sólo una de ellas

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

337

que se realiza en tal desenlace y determina por ende que éste sea objetivamente imputable a su autor, al paso que la otra adquiere un carácter secundario. DÉCIMO CUARTO: Que de los diferentes criterios elaborados para resolver cuándo una causa es basal así entendida, que equivale a estimar, cuándo se realiza en el producto, habilitando para imputárselo a su autor, en este caso es muy pertinente el de la necesidad de la conducta para desarrollar razonablemente la forma en que se ha producido el corolario. Es así como, el accidente que nos ocupa y la muerte consiguiente de Vega Ortiz, puede explicarse perfectamente aun si se prescinde del exceso de velocidad en que se desplazaba y su estado etílico porque, en efecto, aunque él hubiera guiado su vehículo a una velocidad permitida y en condiciones normales de temperancia puede concluirse, que la colisión y su deceso habrían ocurrido de todas maneras, dado que la inesperada obstrucción de la vía por la que circulaba, tanto más imprevisible cuanto que no se respetaba el derecho preferente de paso que lo asistía, no le habría permitido tampoco controlar el proceso y evitar el desenlace fatal. Por el contrario, dicha evolución de los acontecimientos sería imposible de entender si el hechor no hubiese ingresado a la calle de servicio en la forma en que lo hizo, sin observar el deber de cuidado que lo obligaba, y cerrando así, en forma sorpresiva la vía por la cual corría la víctima en su camión. Así, es dable afirmar que es sólo el riesgo no permitido creado por este último comportamiento el necesario para explicar lo ocurrido y, por eso, el que se ha realizado en el resultado fatal; no, en cambio, el generado por la conducta del ofendido. Por eso puede resolverse, como correctamente lo ha hecho la sentencia recurrida, que la causa basal del accidente fue la transgresión cometida por el inculpado y no aquellas en que eventualmente incurrió e l extinto. DÉCIMO QUINTO: Que lo razonado se ajusta a lo preceptuado en los artículos 490 y 492 del Código Penal, con arreglo a los cuales comete cuasidelito quien, en cada uno de sus casos, ejecuta un hecho que, de mediar malicia, constituiría un crimen o simple delito contra las personas. Ahora bien, ejecutar, según la acepción principal y pertinente que le atribuye el Diccionario de la Lengua Española, significa poner por obra el hecho y no simplemente causarlo; en otras palabras, el resultado en que se materializa el tipo de crimen o simple delito contra las personas debe ser obra del autor, apareciendo, en consecuencia, como efectiva realización del riesgo provocado por su comportamiento imprudente, tal como aquí se ha sostenido. DÉCIMO SEXTO: Que, con todo lo relacionado, no procede acoger el arbitrio procesal entablado. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 490 y 492 del Código Penal, 485, 488, 535, 546, Nºs. 1º y 7º, y 547 del Código de Enjuiciamiento del ramo y 145 de la ley Nº 18.290, sobre tránsito, SE RECHAZA el recurso de casación en el fondo promovido por el abogado Carlos Sepúlveda Yévenes, en representación del convicto Jorge Francisco Hernández Encina, en lo principal de su libelo de fojas 172 a 175 y en contra de la sentencia de veintiséis de marzo de dos mil tres, escrita de fojas 164 vuelta a 167, la que, en conclusión, no es nula. Regístrese y devuélvase. Redacción del Ministro Sr. Rodríguez Espoz. Rol Nº 1376-2003. Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Enrique Cury U., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C. y los abogados integrantes Sres. Manuel Daniel A. y Fernando Castro A. No firman los Ministros Sres. Cury y Ballesteros, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso y en comisión de servicios, respectivamente. Autoriza el Secretario de esta Corte Suprema don Carlos Meneses Pizarro.

338

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

FICHA 22

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 4421-2002 Cita Online: CL/JUR/4127/2005 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO Osorno, cinco de abril de dos mil dos. VISTOS: Se ordenó la instrucción de este sumario rol Nº 1.081 00, al que se acumuló la 1.082 00 de este Tribunal, en que es parte el inculpado Fernando José Fernández Cabrera, Run Nº 6.654.188 6, nacido el 27 de abril de 1966, en Santiago, de 35 años de edad, soltero, lee y escribe, estudios técnicos, agricultor, domiciliado en Fundo Puerto Fonck, comuna de Puerto Octay; y la querellante Julia del Carmen Rivera Barría, labores del hogar, domiciliada en Tomás Roa 373, Pobl. Kolbe de esta ciudad, cónyuge del occiso, y el tercero civilmente responsable, Sociedad Agrícola y Ganadera Fernández y Compañía, representada por Francisco Fernando Fernández Hofman, agricultor, domiciliado en la localidad de Puerto Fonck, comuna de Puerto Octay. Los hechos que motivaron este sumario se encuentran consignados en la declaración de fs. 1, que dio origen al auto cabeza de proceso de fs. 2, de fecha 7/10/00, donde Rodrigo Patricio Segovia Cárcamo declara ante el Tribunal que se enteró que había ocurrido un accidente en el que estaba inmiscuido su suegro Ramón Jerónimo Arriagada Latorre, y al llegar al lugar verificó que éste había fallecido en el lugar. A este proceso, y con la misma fecha, se acumuló el rol 1.082 00, que fue instruido con el parte que rola a fs. 10, en que el Retén Cancura remite detenido a Fernando José Fernández Cabrera, y da cuenta, mediante parte Nº 21 de fecha 6/10/00, que éste alrededor de las 17:30 hrs. del mismo día, conducía su camioneta patente LA 1607, en compañía de Jeria Alejandra Soto Vilugrón, de 27 años, y al llegar al km. 13 de norte a sur, por la ruta U 55, alcanzó a dos vehículos que lo hacían en la misma dirección, siendo uno de ellos un jeep Suzuki y detrás de éste una camioneta Ford roja, y al llegar al cruce Estrella del Sur, el jeep señalizó y viró hacia el costado derecho ingresando hacia el interior del predio, la camioneta que transitaba en el medio, sin ningún tipo de señalización, se abrió hacia la pista derecha frenando, por lo que el detenido viró hacia la izquierda tratando de esquivar a la camioneta que lo antecedía, no logrando su objetivo impactándola, y provocando que se volcara la primera hacia la derecha, dándose varias vueltas cayendo a una cuneta y golpeándose en un árbol, falleciendo en forma instantánea el conductor de la camioneta Ramón Jerónimo Arraigada Latorre, 51 años, casado, chileno, pequeño agricultor, domiciliado en Tomás Roa 373, de la Pobl. Kolbe de Osorno, habiendo salido por el parabrisas unos 10 metros, quedando de cúbito dorsal de sur a norte; el occiso conducía la camioneta Ford año 1967, color rojo, patente AG 1376, que resultó destruida. A raíz de lo anterior, las acompañantes del occiso resultaron: Verónica Crisosto Vásquez, 16 años, con fractura pelvis de carácter grave; Nataly Crisosto Vásquez, policontusa, leve; Eugenia Figueroa Castillo, policontusa, herida contusa frontal, leve. A f.s. 39 rola querella de Julia del Carmen Rivera Barría, en su calidad de cónyuge del occiso. A fs. 80 se da por legalmente acreditada la existencia de cuasidelito de homicidio de Ramón Jerónimo Arriagada Latorre, y se somete a proceso como autor del mismo a Fernando José Fernández Cabrera, a quien se acusa a fs. 104 en calidad de autor del mismo cuasidelito. A fs. 104 rola acusación fiscal en contra del inculpado por el mismo delito y en la misma calidad. A fs. 159 y siguientes rola acusación particular, de la querellante, y demanda civil. A fs. 175 y siguientes, la defensa del procesado, solicita se le absuelva, en subsidio, se rechace la demanda civil, por el encausado y por el tercero civil, o se rechacen los montos indemnizatorios. A fs. 190 vta. se recibe la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos. A fs. 219 se certificó el vencimiento del término probatorio, y después de cumplidas unas medidas para mejor resolver, encontrándose en estado se ha traído para dictar sentencia.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

339

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: En cuanto a las objeciones a un informe de la SIAT rolante a fs. 189. PRIMERO: Que la demandada a fs. 189 objeta el informe de la SIAT, de Puerto Montt, por falta de integridad respecto a la totalidad de los hechos causantes del accidente, pues no se refirieron al hecho de que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, además de no consignaron las razones técnicas y físicas del mortal desplazamiento, por lo que solicita restarle todo valor probatorio. SEGUNDO: Que esta Juez desechará las objeciones formuladas por la defensa del demandado, pues el informe emana de un organismo técnico como la SIAT de Puerto Montt, y en todo caso tendrá presentes las observaciones hechas por el impugnador cuando deba decidir en los motivos siguientes, acerca de la forma en que ocurrió la colisión, las circunstancias inmediatamente anteriores y posteriores a ella, y las causas que la produjeron. Asimismo, hará la necesaria distinción entre la constatación de hechos de carácter técnico y las conclusiones consignadas, dado que en esta parte, el informe constituye una mera apreciación, por más que provenga de un organismo especializado; además se estudiará de acuerdo con el resto de los antecedentes del proceso, la inspección personal del Tribunal de fs. 212, y el nuevo informe de fs. 227 y siguientes de la SIAT de Valdivia, que llega a la misma conclusión. En cuanto a la acción penal. TERCERO: Que en relación con los hechos materia de este proceso se ha reunido en autos los siguientes antecedentes: a) Auto cabeza de proceso de fs. 1, y declaración de fs. 215 vta., donde Rodrigo Patricio Segovia Cárcamo dice haberse enterado de un accidente de su suegro, y al llegar al lugar supo que había muerto. b) Parte policial del Retén Cancura ya relatado en la parte expositiva, que remite detenido a un conductor por su participación en una colisión ese día, como a las 17:30 hrs., con resultado de muerte de la persona de Ramón Jerónimo Arriagada Latorre; Datos de fs. 2 y 3, con croquis de fs. 3, declaración extrajudicial de fs. 4; de remisión de cadáver a fs. 9. c) Declaración de Jan Christian Harwardt Moller, de fs. 14 y 84, que dice que conducía delante de los vehículos que colisionaron, y al llegar al cruce Estrella del Sur, disminuyó gradualmente y entró a mano derecha, y vio por el espejo retrovisor una camioneta roja que se comenzó a abrir con intenciones de adelantarlo, después sintió un golpe, y vio a la camioneta volcándose; y el conductor del otro móvil llamó a Carabineros; que señalizó 300 metros antes y disminuyó la velocidad gradualmente casi a cero, debido a que la ruta principal esta a desnivel del camino vecinal. d) Declaración de Jeria Alejandra Soto Vilugrón, de fs. 15, acompañante del encausado, quien dice viajaba con él el día de los hechos, y que alcanzaron un jeep blanco y una camioneta roja, y al llegar al cruce el primero señalizó para ingresar al cruce, entonces la camioneta sin señalizar se abrió para adelantar al jeep que llevaba un carro a la tira con rollos de alambre de púas, y luego volvió a su pista, y frenó bruscamente, sin que su patrón pudiera evitar la colisión; que trataron de ayudar a las personas. e) Declaración de fs. 22 de Julia del Carmen Rivera Barría, que dice que es la cónyuge del occiso, y este viajaba ese día a buscar madera. f) Peritaje mecánico de fs. 24 de la camioneta patente LA 1607, Ford, color rojo del procesado, que indica que la parte frontal derecha se encuentra deformada y destruida y los neumáticos, y sistemas de frenos y dirección están en buen estado. g) Informe de autopsia de fs. 26, de Ramón Jerónimo Arriagada Latorre, que indica que la causa de muerte fue traumatismo raquimedular cervical, a consecuencia de politraumatismo esquelético y visceral, compatible con accidente de tránsito, que no se habría podido evitar su fallecimiento, aún con ayuda médica oportuna, acaecida el 6/10/00, a las 17:50 hrs. h) Certificado de Defunción de Ramón Jerónimo Arriagada Latorre, de fs. 36, que indica como causa, traumatismo raquimedular cervical. i) Querella de fs. 39, donde Julia del Carmen Rivera Barría, labores del hogar, domiciliada en Tomás Roa 373 de esta ciudad, cónyuge del occiso, deduce querella criminal en contra de Fernando José Fernández Cabrera, domiciliado en Puerto Fonck, comuna de Puerto Octay, pues, en circunstancias que su esposo Ramón Arriagada Latorre, conducía la camioneta patente AG 1376, fue impactado por su parte trasera por. la camioneta del querellado, resultando muerto su marido por la colisión, e interpone la querella para que se le condene al máximo de las penas, pago de los perjuicios y las costas.

340

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

j) Peritaje mecánico de fs. 43 de la camioneta patente AG 1376, que señala que quedó completamente deformado y destruida, con el motor fuera del vehículo, y que los neumáticos trasero y delantero izquierdo se encontraban en regular estado. k) Declaración de Eugenia Paz Figueroa Castillo, 17 años, a fs. 49 que dice que iba en la camioneta del occiso, cuando sintieron un golpe y comenzaron a dar vueltas con la camioneta, que si se volcaron fue porque los golpearon por detrás. l) Declaración de Nataly del Carmen Crisosto Vásquez, 15 años, que dice que no vio lo que los golpeó y no se acuerda nada más pues perdió el conocimiento, y despertó tendida en la pampa. m) Declaración de Verónica Beatriz Crisosto, 17 años a fs. 57, quien dice que viajaba en la camioneta del occiso a buscar leña, que los adelantó un jeep con carro y sintieron más allá un golpe, y después despertó tirada en el suelo. n) Orden de investigar de fs. 60 y siguientes que da por establecido el delito de cuasidelito de homicidio. o) Informe de la S.I.A.T. Llanquihue de fs. 66 y siguientes, Nº 97 C 2000, que concluye que el encausado conducía a una distancia no razonable y prudente respecto al móvil que lo antecedía, percatándose tardíamente de una disminución de velocidad de éste, colisionándolo por alcance; plano rolante a fs. 74. p) Declaración de Héctor Hernán Mayer Arriagada a fs. 203 que dice que el occiso percibía más o menos $ 700.000, pues eran colegas, y su deceso causó gran pesar a su familia y era el único que la proveía de sustento; reconoce el presupuesto de fs. 144 y 145 como confeccionado por él y que el día del accidente concurrió al lugar a prestar ayuda. q) Declaración de Verónica Aurora Gallegos Oyarzún a fs. 208, que dice que venía en un vehículo detrás de los que participaron en la colisión, y dice que la camioneta roja sobrepasó el eje y fue colisionada por el lado del conductor, perdiendo el control. r) Declaración de Ricardo Prussin Holck, a fs. 209, que dice que presenció el accidente, al ir conduciendo, vio como la camioneta roja se abrió a la izquierda repentinamente, y fue colisionada por la parte trasera izquierda por la camioneta del encausado. s) Inspección personal del tribunal a fs. 212. t) Declaración de Juan Antonio Ide Rybertt, técnico mecánico, a fs. 213, que explica como el impacto desplazó a la camioneta del occiso, que la camioneta del encausado tiene frenos ABS por lo que no deja rastros de frenada en la ruta. u) Declaración de Braulio Orlando Vargas Gómez, a fs. 214 vta. que dice haber llegado 10 minutos después al lugar de los hechos. v) Informe técnico de la S.I.A.T. Valdivia Nº 53 A 2001 a fs. 227 y siguientes, que concluye que el encausado, debido a que no conduce atento a las condiciones del tránsito, y a una distancia no razonable y prudente respecto al móvil del occiso, se percata tardíamente de una disminución de velocidad de este último, colisionándolo por alcance. w) Informe Pericial planimétrico Nº 323 2001, de la Policía de Investigaciones, a fs. 235 y 236. x) Informe Pericial fótográfico, Nº 332 2001, de la Policía de Investigaciones, a fs. 237 y siguientes. CUARTO: Que los elementos de juicio precedentemente reseñados, constituyen base de presunciones judiciales que por reunir los requisitos legales, permiten dar por legalmente acreditado en la especie que el 6 de octubre de 2000, siendo alrededor de las 17,30 horas, en circunstancias que un tercero conducía la camioneta patente LA 1607, al no ir atento a las condiciones del tránsito del momento y al no mantener una distancia prudente del móvil que lo antecedía, infringiendo las disposiciones 114, 130, 148 y 149, 172 Nº 17, y 174, de la Ley del Tránsito, colisionó por alcance a la camioneta patente AG 1376, por su parte posterior, provocando su volcamiento fuera de la vía, y el fallecimiento en el lugar de su conductor, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, identificado como Ramón Jerónimo Arriagada Latorre. QUINTO: Que el hecho narrado en la consideración anterior, constituye un cuasidelito de homicidio previsto y sancionado en el art. 490 Nº 1 del Código Penal, en relación con el 492 del citado cuerpo legal, por la infracción de los arts. 114 y 130, 148 y 149, 172 Nº 17, y 174 de la ley 18.290. SEXTO: Que a fs. 104 y 104 vta. se acusó como autor de este cuasidelito a Fernando José Fernández Cabrera, el que en declaración indagatoria de fs. 13, dice que el día de los hechos se dirigía como a las

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

341

17:30 horas, desde la ciudad de Osorno a su casa en Puerto Octay, y al llegar al cruce Estrella del Sur, alcanzó a un jeep Blanco y una camioneta roja, y cuando el jeep señalizó para ingresar al cruce, la camioneta sin señalizar se abrió para adelantar a éste, frenando bruscamente sin motivo aparente, por lo que al encontrarse con la camioneta prácticamente detenida en la pista, trató de esquivarla pero igual golpeó su parte posterior izquierda, volcándose ésta al costado derecho de la berma; que no estaba en sus manos evitar el accidente ya que la responsabilidad en la colisión no fue de él. SÉPTIMO: Que la declaración del procesado, constituye una confesión judicial, pues reconoce que iba manejando el día de los hechos, pero le agrega que la camioneta que lo antecedía freno bruscamente y no tenía luz de freno, o sea le agrega un elemento que de ser cierto le haría disminuir su responsabilidad, de modo que para darle o no crédito hay que recurrir al modo en que verosímilmente ocurrieron los hechos, y al mérito del proceso; haciendo lo indicado, cabe calificar la confesión en su contra, y dar por establecido en los autos que no se mantenía atento a las maniobras de los vehículos que lo antecedían y no mantenía una distancia prudente del mismo, además de no ir atento a las condiciones del tránsito, por lo que el accidente se debió exclusivamente a su desempeño al conducir, y se tiene su confesión como pura y simple, revestida de todos los elementos legales que permiten dar por legalmente acreditada su participación en calidad de autor en el cuasidelito establecido en autos. OCTAVO: Que con respecto al establecimiento de estos hechos, debe descartarse lo declarado por los testigos presentados por la defensa del procesado, Verónica Aurora Gallegos Oyarzún, a fs. 208 y Ricardo Alberto Prussin Holck, a fs. 209, debido a que no hay constancia alguna de que hubiesen estado en el lugar del accidente y sus tardías aparición y declaraciones nada aportan al proceso, puesto que dicen lo ya sabido: Que un jeep blanco antecedía a las camionetas roja y burdeos con blanco del año 1965 y 1994, y que el primero se iba metiendo al Cruce Estrella del Sur, y la camioneta se abrió hacia la izquierda, e intentó retomar su pista derecha, siendo impactada por la segunda camioneta: tampoco es digna de crédito su aseveración de que la camioneta roja estaba a menor distancia del jeep blanco, que de la que conducía Fernández el procesado, puesto que él mismo dice (fs. 210) que “supone que iba a unos 50 o 60 Km. por hora” y allí mismo declara que no podría precisar la distancia de la camioneta que conducía el occiso antes de la colisión; en cuanto a que él habría sido la persona que llamó al Retén, el testigo Jan Christian Hasdwart Möller a fs. 14 dice que el conductor del otro móvil, le preguntó en qué Km. estaban y le consta que él llamó al retén; además el mismo procesado a fs. 212 vta. dice que fue él quien llamó al retén dando cuenta del hecho investigado. Nada expresan estos deponentes acerca de la posible culpa del procesado, ni de sus infracciones, limitándose a decir que llegaron después del accidente, pero sin que Carabineros ni nadie dejara constancia de su presencia y/o posible ayuda. NOVENO: En cuanto al técnico, llamado por la defensa a fs. 213, dice que la camioneta que conducía el procesado iba a unos 60 km por hora, lo que no pudo ser determinado ni por la Siat (fs. 229) pues no contaba con suficientes elementos para ello, pero señala además que es solo especialista en desabolladuras y pintura, no dando mayor razón de sus dichos, por lo que no será tomado en cuenta, además que la velocidad de la camioneta del procesado, no es primordial importancia, para fijar su responsabilidad, toda vez que fuese a la velocidad que fuese, no le permitió frenar e impedir el impacto. DÉCIMO: En lo referente a los testigos de la defensa, Braulio Orlando Vargas Gómez y el yerno del occiso, Rodrigo Segovia, llegaron después al lugar y solo declaran que no hubo más testigos en el lugar, hasta que llegaron los funcionarios de Carabineros y la SIAT. UNDÉCIMO: Que la querellante, a fs. 159 y siguientes, solicita se sancione al procesado como autor del cuasidelito de homicidio. Tacha a Jeria Alejandra Soto Vilugrón. DUODÉCIMO: Que a fs. 164 vta. la querellante dedujo tacha en contra de Jeria Alejandra Soto Vilugrón por ser asesora doméstica del procesado, la del Nº 7 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, como inhábil para declarar, para que se le reste valor probatorio a sus dichos. A fs. 187 la defensa solicita su rechazo pues es testigo ocular de los hechos, por lo que se encuentra obligada a prestar declaración, de acuerdo a los arts. 189 y 190 del Código de Procedimiento Penal, por lo que sus dichos deben tener valor probatorio.

342

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Que efectivamente la testigo mencionada es testigo ocular, obligada a declarar, por lo que se rechazará la tacha interpuesta en su contra, analizándose sus declaraciones en el contexto de los hechos. La Defensa DECIMOTERCERO: Que la defensa del procesado, a fs. 175 y siguientes, solicita se absuelva al procesado, pues la colisión se habría producido principalmente debido a las infracciones cometidas por mera imprudencia y negligencia de la misma víctima, quien dice que habría infringido los arts. 79 Nº 10, 126, 130, 142, 148, 172 Nº 4 y 11. Que del examen del proceso, se llega a la conclusión de que efectivamente la víctima al parecer no llevaba puesto el cinturón de seguridad, y los neumáticos delantero y trasero izquierdo, de la camioneta que conducía, estaba en regular estado, según parte de fs. 10 a 12 y peritaje de fs. 43, por lo que dice la defensa a fs. 178 que. la muerte del occiso obedeció a la concurrencia de pluralidad de causas, siendo la principal y determinante la proveniente de hechos propios del mismo perjudicado. La defensa del procesado, supone que en la especie existió una pluralidad de causas, enumerando posibles infracciones de la víctima, pretendiendo que son de mayor valor que las infracciones del procesado; partiendo de esta suposición trata de aplicar la llamada teoría de la equivalencia, de las condiciones para determinar la responsabilidad que le cabe a su representado. En la especie no es posible aplicar la teoría de la equivalencia de las condiciones, como pretende la defensa del procesado, fundamentalmente porque como se ha demostrado en los motivos que preceden, no cabe hablar aquí de pluralidad de causas, pues solo una tiene el carácter de directa y necesaria para la producción del resultado: la conducción culpable y antirreglamentaria del procesado. Por tal motivo la aludida alegación deberá ser desechada. DECIMOCUARTO: Que en suma, en virtud de los hechos establecidos y razonamientos efectuados, esta sentenciadora ha llegado a la conclusión de que el único responsable del cuasidelito de homicidio es el procesado, pues no cabe duda que la causa directa de la colisión, cuyo efecto final fue el deceso de Ramón Arriagada Latorre, se debió principalmente a que el procesado, como ya se ha establecido, cometió las infracciones que desencadenaron directamente la colisión y que fueron no mantener distancia prudente, ni permanecer atento a las condiciones del tránsito, por lo que se rechazará el absolverle. En subsidio, solicita se acojan las circunstancias atenuantes tanto del obrar del acusado como de la víctima, atenuantes que no cita, por lo que se rechazarán, pero se acogerá la del art. 11 Nº 6 del Código Penal, legalmente configurada con su extracto de fs. 100 que no registra otra anotación que la relativa a la presente causa, y las declaraciones de fs. 15 vta. donde Jorge Ignacio Caripán Ruiz y Elisa Melita Stuckrath Angulo, que dicen conocerlo por 8 años como de una conducta anterior irreprochable. DECIMOQUINTO: Que concurre una atenuante y no hay agravantes que considerar, por lo que se aplicará la pena en su minimum. DECIMOSEXTO: Que no concurren otras circunstancias modificatorias de la responsabilidad que considerar a favor o en contra del procesado. En cuanto a una objeción de documentos. DECIMOSÉPTIMO: Que a fs. 187 la demandada objetó los siguientes documentos: 1. Presupuesto rolante a fs. 154, por emanar de persona ajena al juicio, no constar su autenticidad, y carecer de fecha de otorgamiento. 2. Fotocopias rolantes a fs. 152 y 153, por ser simples copias, no corresponder a instrumentos originales, ni constar su autenticidad. Que la demandante no evacuó traslado respecto de esta objeción. Que el presupuesto de fs. 154 fue ratificado como suyo por el testigo de fs. 203, por lo que se la da el valor de una declaración testimonial, pues siendo reconocido por el testigo debe rechazarse la objeción. En cuanto a las fotocopias acompañadas a fs. 152 y 153, por tratarse de simples fotocopias, se le restará todo valor probatorio en el presente juicio. La demanda civil. DECIMOCTAVO: Que a fs. 159 vta., la querellante, Julia del Carmen Rivera Barría, deduce demanda civil, en contra de Fernando José Fernández Cabrera, y de “Agrícola y Ganadera Fernández y Cía.”, Sociedad del giro de su denominación, representada por Fernando Francisco Fernández Hofman, como

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

343

tercero civil responsable, ambos domiciliados en Puerto Fonck, comuna de Puerto Octay, diciendo que el procesado la dejó en prematura viudez y en la orfandad a sus hijos el menor, Ramón Andrés y a su hija estudiante universitaria Pamela Alejandra, lo que hace generar en su favor al amparo del ordenamiento jurídico el derecho a una íntegra indemnización, por lo que demanda: Daño emergente: De acuerdo al presupuesto de fs. 154, por la reparación de la camioneta de la víctima, la suma de $ 2.600.000, con reajustes e intereses a partir de la fecha de los hechos. Lucro cesante: Por 14 años de actividad laboral de la víctima, a razón de $ 250.000 mensuales, la suma de $ 42.000.000; más 12 años de sobrevivencia de la viuda sobre la edad de la eventual jubilación de su cónyuge, a razón de $ 125.000 mensuales, la suma de $ 18.000.000. En consecuencia, demanda por lucro cesante la suma de $ 60.000.000, más reajustes e intereses desde la fecha de su muerte. Daño moral: La suma de $ 70.000.000, más reajustes e intereses desde la fecha de la muerte. Contestación del procesado y del tercero civil. DECIMONOVENO: A fs. 182 contesta el demandado y el tercero civil el traslado solicitando su rechazo, en virtud de que debe absolverse al procesado; en subsidio, se rechace en virtud del art. 171 de la ley 18.290, por no haber sido causa determinante de los daños producidos la conducta del procesado; en subsidio, que se rechace los montos indemnizatorios, o se reduzcan: Por Daño Emergente: Pues el valor comercial del vehículo dañado es de $ 800.000. Por Lucro Cesante y Daño Moral: Que deberán reducirse racionalmente, en un 50%, en virtud de haberse expuesto imprudentemente la víctima. Que, en el evento, no se condene en costas a los demandados por no haber sido totalmente vencidos. Prueba rendida: Documental de la demandante. VIGÉSIMO: Que la demandante civil acompañó los siguientes documentos en parte de prueba, a fs. 40 vta.: 1. Certificado de defunción de Ramón Jerónimo Arriagada Latorre, de fs. 36. 2. Certificado de matrimonio de Ramón Jerónimo Arriagada Latorre con Julia del Carmen Rivera Barría, a fs. 37. 3. Certificado de Inscripción de la camioneta LA 1607, a fs. 38. A fs. 163 vta., con citación: 4. Certificados de nacimiento del menor Ramón Andrés y de Pamela Alejandra, ambos Arriagada Rivera, hijos del fallecido, a fs. 147 y 148. 5. Certificado de nacimiento de la viuda, demandante Julia Rivera Barría, a fs. 149. 6. Certificado de la Escuela Pío XII, a fs. 150. 7. Certificado del Director de Docencia de la Universidad de Los Lagos, a fs. 151. 8. Fotocopias de iniciación de actividades y de factura del fallecido Ramón Arriagada Latorre, a fs. 152 y 153. 9. Presupuesto del mecánico Héctor Mayer, relativo a los costos de reparación de la camioneta del occiso, a fs. 154. 10. Certificado del psicólogo Claudio Caro, respecto del estado de salud de la viuda, a fs. 156. 11. Informe Social del asistente social Carlos López Padget, de la situación económica del grupo familiar, a fs. 157. A fs. 197 vta., con citación: 12. Certificado del médico Pilar Uribe Cárdenas, respecto del estado de salud de la demandante, a fs. 192. 13. Certificado de la psiquiatra infantil Amanda Navarrete, respecto del estado de salud mental del menor Ramón Arriagada Rivera, a fs. 193 y 194. Documental de la demandada. VIGÉSIMO PRIMERO: La parte demandada acompaña en parte a prueba a fs. 189, con citación: 1. Tres páginas correspondientes al Diario Austral, del.7 y 9 de octubre de 2000, referidas al accidente, a fs. 169 a 171.

344

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

2. Presupuesto otorgado por Juan Antonio Ide, de los daños sufridos por la camioneta de los demandados, a fs. 172 y siguientes. Testimonial de la demandante: VIGÉSIMO SEGUNDO: A fs. 203 en audiencia testimonial comparece Héctor Hernán Mayer Arriagada, técnico industrial, que dice que se desempeña en el mismo rubro del occiso, y que este debería haber estado ganando unos $ 700.000; y que la hija mayor ha tenido que salir a trabajar y el grupo familiar ha vendido algunas cosas para sustentarse, que la muerte inesperada ha producido un gran dolor. A fs. 204 comparece la testigo Marta Patricia Sandoval Gatica, dueña de casa, que el occiso le hizo la reja de su casa, que percibía buenos ingresos porque todos los veranos sacaba a vacacionar a su familia, que debe haber ganado unos $ 500.000 o $ 600.000, que todos en la casa han sufrido trastornos emocionales y de conducta, por lo que están en tratamiento, que a veces no han tenido para los alimentos del día. A fs. 204 vta. comparece Flor Marina Soto Vásquez, dueña de casa, dice que el occiso tenía bastante trabajo y vivían bastante bien, que ganaba unos $ 400.000 o $ 500.000, que era una familia acomodada en el barrio, que ahora tiene escasos ingresos, y se ha agravado la diabetes de la demandante; que la familia se está manteniendo gracias a la caridad de las personas que los conocen. A fs. 205 vta. comparece Adriana Elena Silva Ramos, estudios técnicos, que dice que tiene un negocio muy cerca de la casa de la demandante y veía como siempre sacaban muchas rejas y llegaban muchos clientes, que calcula que ganaba $ 400.000 a $ 500.000, era una familia muy acomodada, y le compraban mucho, y ahora casi no compran; que prepara al hijo para la comunión, y cuando le tocan el tema a la viuda se descontrola, que están en tratamiento; que tienen otra hija casada que ayuda al sustento, pero es muy poco; que le han ido a ofrecer algunas cosas para la venta. A fs. 206 vta. comparece María Ximena Coronado Rodríguez, dueña de casa, que era cliente del occiso, que tenía unos ingresos de unos $ 600.000, que siempre tenía mucho trabajo, hacía carrocerías de camiones, y siempre tenía varios, era una familia acomodada, que don Ramón ayudó a su hija mayor a pagar su casa, que están muy afectados emocional y económicamente. VIGÉSIMO TERCERO: Además la demandante logró los siguientes informes obtenidos mediante oficios solicitados: 1. Oficio del Instituto de Normalización Previsional de fs. 217 que informa que la demandante solo recibe un subsidio por una carga familiar. 2. Oficio de fs. 222 de la Universidad de Los Lagos que informa que la hija del occiso es beneficiaria de 100% de crédito fiscal en la carrera de Contador Público. 3. Oficio de fs. 225 del Fondo Nacional de Salud que indica que la demandante es beneficiaria del sistema, en calidad de indigente. 4. Oficio de fs. 233 de la Superintendencia de Isapres que informa que la demandante no se encuentra afiliada a ninguna Isapre. 5. Oficio de fs. 234 del Servicio de Impuesto Internos que indica que el demandado registra inicio de actividades con fecha anterior de 1993, giro servicios profesionales técnicos. Análisis de la prueba. VIGÉSIMO CUARTO: Que, en primer lugar, atendida la conclusión expresada en los considerandos anteriores, y acorde con los razonamientos y conclusiones vertidos en la parte penal de esta sentencia, debe decidirse que las demandas civiles resultan procedentes en cuanto se dirigen en contra del procesado y del demandado civil, Agrícola Ganadera Fernández y Compañía, representada por Francisco Fernández Hofman, el primero como autor material del cuasidelito de homicidio, y. el segundo como propietario del vehículo conducido por aquel. El procesado debe responder civilmente de los daños causados por su acción ilícita penal, tanto por disponerlo así el artículo 24 del Código Penal, en cuanto por constituir ese mismo hecho un cuasidelito del orden civil, y alcanzarlo entonces el art. 2314, en concordancia con el art. 2329 del Código Civil; la demandada civil, Agrícola Ganadera Fernández y Compañía, representada por Francisco Fernández Hofman, debe responder solidariamente por imponerle esta obligación el art. 174 de la Ley del Tránsito, precisamente por ser dueña del móvil participante, según aparece de certificado de fs.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

345

38, y no haber acreditado que el vehículo le hubiere sido tomado sin su consentimiento o autorización expresa o tácita. VIGÉSIMO QUINTO: Que, finalmente, en cuanto a la reducción de la apreciación de este daño, pedida por la defensa de los demandados de fs. 184, a 186, debe señalarse que tal como se ha dicho, el vehículo conducido por la víctima tenía dos neumáticos en regular estado, y no llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que importa una exposición imprudente a los daños sufridos, razón por la que, conforme a la norma del art. 2330 del Código Civil, el Tribunal acogerá esta petición de la forma que expresará. Daño emergente: Que la prueba rendida con los documentos e instrumentos acompañados, permite acreditar que la eventual reparación de la camioneta asciende a una suma de $ 2.600.000. Pero la defensa dice a fs. 185 que el valor comercial de un vehículo de esas características es de $ 800.000, por lo que se fijará en esa suma, por ser efectivo lo afirmado. La defensa solicita a fs. 184 y siguientes se rebaje el monto de la indemnización, por haberse expuesto la víctima al peligro, y además por no haberse acreditado el ingreso de la víctima, que omitió haberse afiliado a algún sistema previsional, y el informe de la hija mayor, señala que es independiente, por lo que corresponde rebajar el monto solicitado en un 50%, y el daño moral si bien produce la muerte sufrimientos irreparables, no debe sancionarse en forma injusta a quien no tuvo intención de dañar. Analizando lo expuesto, no cabe duda que la suma mensual que dice la defensa ganaba la víctima, son especulaciones, que no están acreditadas legalmente, pero efectivamente si ha fallecido el sostén de la familia, esta se ve privada de su sustento, además como dice la defensa a fs. 162 vta., la pérdida del marido y del padre, en forma violenta, trágica e inexplicable, acarrea una mortificación espiritual profunda, pero los montos que se reclaman son demasiado altos, además que no se encuentran legalmente acreditados, por lo que se fijará prudencialmente una suma única de $ 20.000.000 por daño moral y lucro cesante, que se reajustará de acuerdo al IPC y devengará intereses legales desde la fecha de esta sentencia hasta el día del pago. Y, teniendo además presente lo dispuesto en los arts. 2º, 14 Nº 1, 15 Nº 1, 18, 21, 24, 30, 50, 66, 69, 490 y 492 del Código Penal; 114, 124, 127, 130, 148, 149, 171 y 196 de la ley Nº 18.290; 108, 109 110, 125, 459, 464, 481, 502, 503, 510 y 533 del Código de Procedimiento Penal, 4º de la ley Nº 18.216, 2314 y siguientes y 2330 del Código Civil, y se declara: En cuanto a la objeción de un peritaje. Que se rechaza la objeción a un peritaje formulada a fs. 189 por la demandada. En cuanto a la objeción a documentos. Que se acoge la objeción a fotocopias rolantes a fs. 152 y 153, por la demandada, y se rechaza la deducida contra presupuesto de fs. 154 y 155. En cuanto a una tacha. Que se rechaza la tacha deducida por la demandante contra la testigo, Jeria Alejandra Soto Vilugrón, por la demandante a fs. 164 vta. En cuanto al fondo. Que se condena al procesado Fernando José Fernández Cabrera, ya individualizado en autos, a sufrir la pena de cien días de presidio menor en su grado mínimo, accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y costas de la causa como autor del cuasidelito de homicidio de Ramón Jerónimo Arriagada Latorre cometido el 6 de octubre de 2000 en esta jurisdicción. Que se le condena además a la suspensión de su licencia para conducir por el término de un año. Que se reúnen los requisitos legales, por lo que se le concede al sentenciado el beneficio de la remisión condicional de la pena, con un lapso de observación de un año, debiendo permanecer sujeto a la Vigilancia de la sección correspondiente del Tratamiento en el Medio Libre que designe, o de Osorno en subsidio, a la que deberá presentarse dentro de las 24 horas, siguientes a la fecha en que esta sentencia quede ejecutoriada, satisfaciendo las demás exigencias de la mencionada ley. Si debiese dar cumplimiento a la pena impuesta, esta empezará a contársele desde que se presente o sea habido, sirviéndole de abono el lapso de tiempo que estuvo detenido y en prisión preventiva el 6 y 7 de octubre de 2000, según consta a fs. 10 y 17.

346

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

En cuanto a la demanda civil. Que se hace lugar a la demanda civil de fs. 159 vta. y siguientes solo en cuanto se ordena al demandado Fernando José Fernández Cabrera, y al tercero civilmente responsable, la Sociedad Agrícola y Ganadera Fernández y Compañía, representada por Francisco Fernando Fernández Hofman, solidariamente pagar: Por Daño Emergente: $ 800.000. Por Lucro Cesante y por Daño Moral la suma única de $ 20.000.000. Estas sumas se reajustarán de acuerdo al IPC, entre la fecha de la dictación de la presente sentencia y el pago efectivo; y devengarán el interés legal, entre ambas fechas. Ofíciese al Registro Nacional de Conductores y a la I. Municipalidad de Osorno. Notifíquese, regístrese y consúltese si no se apelare. Cúmplase con lo dispuesto en el art. 509 bis del Código de Procedimiento Penal. Rol Nº 1.081. Dictó doña Teresa Bedecarratz Etchebarne, Juez Titular; autorizó doña María Angélica Haro Ampuero, Secretaria Titular.

II.- CORTE DE APELACIONES Valdivia, nueve de octubre de dos mil dos. VISTOS: Se tienen por reproducidos lo expositivo y las consideraciones del fallo en alzada, salvo que se prescinde de sus motivos cuarto, quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo tercero (sólo de sus párrafos penúltimo y último), catorce, quince, dieciséis, diecisiete, veinticuatro y veinticinco. En cambio y además se tienen presentes: PRIMERO: Los informes de SIAT de Puerto Montt de fs. 66 a 74 y de Valdivia de fs. 227 a 230 coinciden en que no ha sido posible determinar la velocidad a que se desplazaban los vehículos participantes. SEGUNDO: En el parte de fs. 1, bajo los números 8 y 9, se deja constancia de la existencia de huellas de frenadas que las atribuye a ambos vehículos pero sin indicar la razón de este aserto. Los citados informes de SIAT prescinden de esta circunstancia que, ciertamente, habría permitido alguna apreciación de velocidades, ubicación de los móviles, móvil causante de las huellas, etc. TERCERO: Aparece en la escena, como tercer vehículo, un jeep de color blanco (fs. 13) que antecedía a la camioneta que conducía el occiso y hace un repentino viraje a la derecha para ingresar a un camino secundario y perpendicular a la vía. El occiso trata de adelantar este jeep pasando a la pista izquierda pero desiste y vuelve a su pista. A fs. 14, el conductor del jeep reconoce su presencia en la escena, su viraje a la derecha, la intención del occiso de adelantarlo pasando a la pista de la izquierda y luego el desistimiento de esta maniobra y, cuando apenas estaba ingresando al camino, sintió el choque de las dos camionetas y vio pasar la del occiso volcándose. A fs. 15, 49, 49 vta. y 57, las testigos presenciales Jeria Soto Vilugrón, Eugenia Paz Figueroa Castillo, Nataly Crisosto Vázquez y Verónica Crisosto Vásquez también exponen que estuvo, en la escena este jeep que arrastraba un carrito, que adelantó la camioneta del occiso y que viró para entrar al camino secundario. No ha habido, de parte de los informes técnicos ninguna consideración de la trascendencia, para el desencadenamiento del accidente, que pudieran tener este Jeep, su velocidad y la oportunidad de su viraje a la derecha. CUARTO: El intento del occiso de adelantar y su retraimiento inmediato son hechos en que coinciden el procesado, el conductor del jeep y las testigos mencionadas. También es un hecho que esto ocurría en zona de curva señalada con línea continua (croquis de Carabineros de fs. 3). No se analizan estas circunstancias en los informes técnico referidos. El croquis de Investigaciones y sus fotografías de fs. 236, 240 y 241 señalan la zona de curva y la línea continua en el lugar del accidente. Mientras que los informes de SIAT prescinden de ello. QUINTO: La camioneta del occiso tenía vencido el certificado de revisión técnica. Esto no es una circunstancia meramente formal pues el informe de fs. 43 expresa que usaba neumáticos en mal estado (delantero izquierdo y trasero derecho). Esto ha podido influir en la desviación del vehículo por frenaje. SEXTO: El occiso no usaba cinturón de seguridad.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

347

SÉPTIMO: Las omisiones de los informes técnicos más arriba anotadas no permiten concluir nada acerca de si la distancia del sentenciado fuera o no, prudente y razonable respecto del otro vehículo ni de su atención a las condiciones. del tránsito del momento. OCTAVO: En la cabina de la camioneta del occiso iban tres personas, además del conductor. Esto impedía, por cierto, un manejo oportuno y seguro máxime si el occiso iba con sus pasajeras en afán de conquista como lo dice a fs. 57 Verónica Crisosto. NOVENO: La velocidad de la camioneta del occiso era, sin duda, muy alta pues es lo único que explicaría su viraje en 360º, su volcamiento de una y media vez, su arrastre por varios metros en tierra, su destrucción total, su estrellamiento con un árbol a considerable distancia y la expulsión del cuerpo del occiso a varios metros de distancia. Los daños recibidos por la camioneta del procesado que constan de la fotografía de fs. 170 habrían sido mayores si, por su velocidad, se hubiera causado tanto daño, a tanta distancia y con tantos roces y tropiezos. DÉCIMO: El dictamen de la Fiscalía Judicial de fs. 274 que esta Corte, por las razones precedentes, no comparte en cuanto está por confirmar la sentencia en alzada. UNDÉCIMO: El mérito del proceso no es suficiente para producir convicción en el Tribunal que la causa basal del accidente haya estado en el desempeño del procesado puesto que éste se encontró en situaciones imprevisibles por la conducción no reglamentaria y vacilante que ejecutaba el occiso y la presencia del Jeep examinada ni no apreciada. DUODÉCIMO: Lo que dispone el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal en el sentido que nadie puede ser condenado sino cuando el Tribunal que lo juzgue haya adquirido por los medios de prueba legal, la convicción de que realmente se ha cometido un hecho punible y que en él ha correspondido al procesado una participación culpable y penada por la ley. Lo dispuesto en los artículos 514 y 527 del Código de Procedimiento Penal, Se resuelve: Se revoca, sin costas del recurso, la sentencia apelada del cinco de abril de dos mil dos escrita de fs. 244 a 257 que condena a Fernando José Fernández Cabrera como autor de cuasidelito de homicidio Ramón Jerónimo Arriagada Latorre ocurrido el 6 de octubre de 2000 en Osorno y al pago de indemnizaciones por ello y se declara en cambio que se lo absuelve de la acusación fiscal de fs. 104 y de la particular de fs. 159 de ser autor de ese cuasidelito y se lo absuelve también de las acciones civiles deducidas en su contra por la querellante para ser indemnizada por los daños causados por el accidente que causó la muerte del occiso nombrado. Regístrese y devuélvanse. Redacción del Ministro don Hernán Rodríguez Iturriaga. Rol Nº 113.351 02. No firma la Ministra señora Emma Díaz Yévenes no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo por encontrarse ausente en Comisión de Servicio. Pronunciada por la Segunda Sala, por el Ministros señor Hernán Rodríguez Iturriaga, señora Emma Díaz Yevenes y Abogado Integrante señora Helga Steffen Riedemann. Autoriza la Secretaria Subrogante M. Luisa Estrada Iturra.

III.- CASACIÓN DE OFICIO Santiago, veinticinco de enero de dos mil cinco. VISTOS: Se ha seguido ante el Segundo Juzgado del Crimen de Osorno la causa Rol 1081 00 a la cual se acumuló la Rol 1082 00 para investigar el cuasi delito de homicidio de Ramón Jerónimo Arriagada Latorre ocurrido el 6 de octubre del año 2000 en la ruta U 55 de Osorno a Puerto Octay y establecer la responsabilidad que le cupo a Fernando José Fernández Cabrera. Por sentencia de 5 de abril de 2002, escrita de fs. 244 a fs. 257, el juez de la instancia condenó al procesado Fernando José Fernández Cabrera a la pena de cien días de presidio menor en su grado mínimo, accesorias correspondientes como autor del cuasidelito de homicidio de Ramón Jerónimo Arriagada Latorre y la suspensión de la licencia de conducir por el plazo de un año, concediéndosele el beneficio de la remisión condicional de la pena, con un lapso de observación de un año sujeto a la

348

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

vigilancia de la sección correspondiente del Tratamiento en el Medio Libre que designe, o de Osorno. Acoge la demanda civil ordenando pagar al procesado y al tercero civilmente responsable la Sociedad Agrícola y Ganadera Fernández y Compañía a pagar solidariamente la cantidad de $ 800.000 por daño emergente y de $ 20.000.000 por lucro cesante y daño moral. Apelada la sentencia por el condenado, la querellante y el tercero civilmente responsable, una Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia en sentencia de 9 de octubre de 2002, escrita de fs. 281 a fs. 282, revocó, sin costas, la sentencia de primera instancia, absolviendo al procesado de la acusación y negando lugar a las acciones civiles. A fs. 293 don Luis Negroni Romero en representación del procesado, entabla recursos de casación en la forma y en el fondo, los que se ordenó traer en relación por providencia que se lee a fs. 349. TENIENDO PRESENTE: PRIMERO. Que el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la materia conforme lo señala el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, dispone que los tribunales están facultados, conociendo por vía de apelación, consulta o casación o en alguna incidencia, para invalidar de oficio las sentencias cuando los antecedentes del recurso manifiesten que ellas adolecen de vicios que dan lugar a la casación en la forma. SEGUNDO. Que el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal dispone que la sentencia definitiva deberá contener las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o por no probados los hechos atribuidos a los procesados; o los que éstos alegan en sus descargos, ya que para negar su participación, ya para eximirse de responsabilidad, ya para atenuar ésta. TERCERO. Sostienen los sentenciadores en el fallo recurrido, que en los informes de SIAT de Puerto Montt de fs. 66 a 74 y de Valdivia de fs. 227 a 230 coinciden en que no ha sido posible determinar la velocidad a que se desplazaban los vehículos participantes considerando primero, para afirmar luego en el considerando noveno que la velocidad de la camioneta del occiso era, sin duda, muy alta; los sentenciadores no analizan los informes anteriores y en los cuales, uniformemente, exponen la dinámica del accidente y sus causas basales, atribuyendo la responsabilidad al procesado. Se sostiene en el fundamento cuarto, justificando la alegación del procesado, que “el intento del occiso de adelantar y su retraimiento inmediato” habría ocurrido “en zona de curva señalado en línea continua” según croquis de Carabineros agregado al parte, y que el croquis de lnvestigaciones y sus fotografías de fs. 236, 240 y 241 señalan la zona de curva y la línea continua en el lugar del accidente, ignorando la Inspección Personal del Tribunal de fs. 212 en la cual del Juez de la causa deja constancia que la “ruta se encuentra demarcada con línea continua en la curva y discontinua en el cruce, presumiblemente lugar del impacto”, constatando que “desde la curva más cercana al cruce hay una distancia aproximada de 100 metros”, son 218 mt. según plano de fs. 236 de Investigaciones acompañado al Informe Pericial de fs. 235; y las fotografías a que se refieren los sentenciadores, concretamente las de fs. 241, vista parcial de la salida del empalme y del sector ubicado a un costado de la vía principal a continuación del empalme, lugar del accidente, demuestran claramente que la demarcación es una línea discontinua. CUARTO. Que lo antes dicho permite concluir que los sentenciadores no dieron cumplimiento en la dictación del fallo a lo dispuesto en el artículo 500 Nº 4 del Código de Procedimiento Penal lo que constituye la causal de casación en la forma contenida en el Nº 9 del artículo 541 del mismo cuerpo legal y que esta Corte declarará de oficio, lo que hace innecesario emitir pronunciamiento sobre las casaciones de forma y fondo interpuestas a fs. 235. Por lo antes expuesto, se casa de forma y de oficio, la sentencia de nueve de octubre de dos mil dos, escrita a fojas doscientos ochenta y uno y siguiente, la que se invalida y el tribunal dictará acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, la sentencia que se estima conforme a la ley y al mérito del proceso. Regístrese. Redacción del Abogado Integrante Sr. Fernando Castro Alamos. Rol Nº 4.421 02. Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros señores Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury U., Milton Juica A., Jaime Rodríguez E. y el Abogado Integrante señor Fernando Castro A.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

349

No firma el Ministro señor Juica, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso. Autoriza el Secretario de esta Corte Suprema don Carlos Meneses Pizarro.

IV.- SENTENCIA DE REEMPLAZO Santiago, veinticinco de enero de dos mil cinco. VISTOS: Se reproduce la sentencia apelada de fs. 244 y siguientes y teniendo, además presente: Que con el Extracto de Antecedentes de fs. 100 y los testimonios de Jorge Ignacio Caripan Ruiz y Elisa Melita Stuckrath Angulo, quienes deponen a fs. 15 vuelta, queda acreditada la atenuante de buena conducta anterior contemplada en el Nº 6 del artículo 11 del Código Penal, la que beneficia al procesado y por la cual aplicará la pena en su mínimo, conforme lo dispone el artículo 67 inciso 2º del mismo cuerpo legal. Lo informado a fs. 274 por la Fiscal Judicial Ruby Alvear Miranda y lo dispuesto en los artículos 536 y 544 del Código de Procedimiento Penal. Se confirma la sentencia apelada de fecha cinco de abril de dos mil dos, escrita de fs. 244 a fs. 257 con declaración: a) que se acoge la atenuante de irreprochable conducta anterior y que beneficia al procesado y b) que la pena que se le impone a Fernando José Fernández Cabrera como autor del cuasidelito de homicidio de Ramón Jerónimo Arriagada Latorre es de cien días de reclusión menor en su grado mínimo. Regístrese y devuélvase. Redacción del Abogado Integrante Fernando Castro Alamos. Rol Nº 4.421 02. Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros señores Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury U., Milton Juica A., Jaime Rodríguez E. y el Abogado Integrante señor Fernando Castro A. No firma el Ministro señor Juica, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso. Autoriza el Secretario de esta Corte Suprema don Carlos Meneses Pizarro.

350

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

FICHA 23

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 4526-2002 Cita Online: CL/JUR/1870/2004 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO San Carlos, veintidós de julio de dos mil dos. VISTOS: Se ha instruido este sumario rol Nº 15.713 2 para investigar la responsabilidad que le ha cabido al procesado Néstor Remberto Fuentes Baldecchi, natural de San Carlos, 57 años de edad, casado, lee y escribe, Profesor, domiciliado en Chacabuco Nº 770 de San Carlos, sin apodos, nunca antes detenido ni procesado, R.U.N. Nº 4.038.787 0, en el cuasidelito de homicidio de Darío Enrique Sepúlveda Parada que fuera materia de la acusación fiscal de fs. 109 y 109 vta. Los hechos que lo motivaron se reseñan en el Parte Policial de fs. 2 y siguiente, mediante el cual se dio cuenta al tribunal con fecha 26 de octubre de 2001 que ese día poco antes de las 14,30 horas el sujeto antes individualizado en circunstancias que se encontraba estacionado con su vehículo Station Wagon modelo Vanette, color beige, Patente SH 4291, en calle Serrano frente al Nº 245 de sur a norte y al abrir la puerta lateral izquierda delantera lado del conductor se produjo un impacto con el ciclista Darío Enrique Sepúlveda Parada, quien transitaba en la misma dirección, por la primera pista de circulación, con su bicicleta marca Bianchi, aro 26.A consecuencia de lo cual éste último resultó gravemente lesionado falleciendo posteriormente en el hospital de Chillán. A fs. 63, rola certificado de defunción de Darío Enrique Sepúlveda Parada, fallecido el 4 de noviembre de 2001 en Chillán, por traumatismo encéfalo craneano complicado. A fs. 77, rola protocolo de autopsia practicada al cadáver de Darío Enrique Sepúlveda Parada. A fs. 41, rola querella criminal entablada por la madre del occiso doña Petronila del Carmen Parada Flores. A fs. 101 y siguiente, rola querella criminal entablada por Mónica Ximena Henríquez Aguilera en su calidad de madre del menor Darío Nicolás Sepúlveda Henríquez hijo del difunto Sepúlveda Parada. Se sometió a proceso y a fs. 109, se acusó a Néstor Remberto Fuentes Baldecchi como autor del cuasidelito de homicidio de Darío Enrique Sepúlveda Parada. A fs. 110 y siguientes en lo principal, se adhiere a la acusación fiscal la defensa de la querellante de fs. 41, doña Petronila Parada Flores. Por el primer otrosí de la misma presentación entabla demanda civil en contra del procesado, querellado, acusado y demandado civil don Néstor Remberto Fuentes Baldecchi y pide que en definitiva se condene a éste a pagarle la suma de $ 20.000.000 por concepto de daño moral causado a consecuencia de la muerte de su hijo Darío Enrique Sepúlveda Parada. Funda su demanda en los antecedentes investigados en la parte penal de esta causa. A fs. 114, en lo principal se adhiere a la acusación fiscal la defensa de la querellante de fs. 101 y siguiente, doña Mónica Ximena Henríquez Aguilera en calidad de madre del menor Darío Nicolás Sepúlveda Henríquez hijo de filiación no matrimonial de don Darío Enrique Sepúlveda Parada y por el primer otrosí de la misma presentación entabla demanda civil en contra del procesado, querellado, acusado y demandado civil Néstor Fuentes Balducchi y solicita se condene a éste al pago de la suma de $ 20.000.000 por concepto de los perjuicios morales causados a su persona como consecuencia de la muerte de Darío Enrique Sepúlveda Parada. La actora funda su demanda en los hechos pesquisados en la parte penal de esta causa. A fs. 120, en lo principal contesta la acusación fiscal y adhesiones a ella, la defensa del encausado Fuentes Baldecchi y solicita se le absuelva de ella porque fue el conductor de la bicicleta el que invadió la pista del inculpado lo que riñe con lo dispuesto en los artículos 120 y 124 de la Ley del Tránsito. Ade-

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

351

más la situación le fue imprevisible al inculpado ya que no podía imaginar siquiera que un ciclista iba a pasar en ese momento a escasos 10 cms. de su vehículo, pegado a él no obstante disponer de toda la pista izquierda para hacerlo. En consecuencia la causa del accidente fue la conducción antirreglamentaria del occiso quien lo hacía con clara infracción de los artículos 114, 120 y 124 de la Ley del Tránsito, invadiendo la pista de circulación que no le correspondía, artículo 172 Nº 13 de la misma ley y a excesiva velocidad, artículo 148, que le impidió prever y evitar la colisión. En subsidio, alega en su beneficio la atenuante del artículo 11 en sus numerales 6 y 7 del Código Penal y que en su virtud se rebaje la pena al mínimo y se le remita condicionalmente. Por el primer otrosí, de la misma presentación contesta la demanda civil interpuesta en su contra en el primer otrosí de fs. 110, por la querellante y demandante civil Petronila Parada Flores y solicita su rechazo porque deberá ser absuelto en materia penal en consecuencia carece de responsabilidad civil. En subsidio, la parte demandante deberá probar los fundamentos de su demanda conforme al artículo 1698 del Código Civil. El tribunal deberá prudencialmente regular el monto de la indemnización, en su caso porque el monto demandado es excesivo. Por otra parte opone a la demanda y en el monto ya pagado por el Seguro Obligatorio de Accidentes a terceros, la excepción de compensación, debiendo descontarse al monto que el tribunal regule el monto de lo ya pagado por el seguro, de no acogerse habría un doble pago, lo que constituiría un enriquecimiento sin causa. Por último, deduce la excepción del artículo 2330 del Código Civil debiendo rebajarse la indemnización a lo menos en un 50% y en subsidio en el porcentaje que el tribunal determine, pues es manifiesto que el occiso se expuso imprudentemente al daño. Por el segundo otrosí de su presentación de fs. 120, la defensa del encausado y demandado civil Fuentes Baldecchi contesta la demanda civil entablada por la querellante y demandante civil Mónica Henríquez Aguilera, en el primer otrosí de su presentación de fs. 114, solicitando su rechazo con costas por las mismas argumentaciones señaladas precedentemente de manera principal y subsidiaria, agregando principalmente que la presente demanda debe desestimarse porque doña Mónica Henríquez Aguilera no ha sufrido daño moral alguno y tampoco se ha alegado en la demanda. El daño moral es personal, y la demandante no lo ha sufrido. La demanda la presenta por sí. En el tercer otrosí la defensa del encausado Fuentes Baldecchi, tachó al testigo Maribel Henríquez Aguilera, singularizada en el Nº 10 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, pues tiene con la demandante Mónica Henríquez un parentesco por consanguinidad en segundo grado en línea colateral, es hermana. Además tiene a lo menos un interés indirecto por lo que le afectaría la causal Nº 8 del artículo 460 del Código precitado. Por el octavo otrosí solicita el beneficio de remisión condicional de la pena, excepcionándosele de pagar indemnizaciones por encontrarse materialmente con impedimento justificado de realizar tales pagos. A fs. 130, se recibió la causa a prueba y a fs. 143 vta., se certificó el vencimiento del término probatorio. A fs. 143 vta., se trajeron los autos para los efectos de lo prevenido en el artículo 499 del Código Penal. A fs. 144, se decretó medida para mejor resolver que se cumplió. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: En cuanto a las tachas: PRIMERO: Que por el tercer otrosí de su presentación de fs. 120 y siguientes, la defensa del encausado Fuentes Baldecchi tachó a la testigo Maribel Henríquez Aguilera, singularizada en el Nº 1 del 5º otrosí de fs. 113, por ser hermana de la demandante Mónica Henríquez Aguilera y tía del menor Darío Sepúlveda Parada, por la causal Nº 10 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal y además por lo anterior tiene en el juicio un interés al menos indirecto afectándole la causal del Nº 8 del mismo artículo del cuerpo legal precitado. SEGUNDO: Que cabe rechazar tales tachas por no haberse acreditado por quien pretende la primera causal que el testigo pueda ser inspirado por interés o afecto que pueda nacer de aquella relación de parentesco. Cabe rechazar la segunda causal porque el interés que puede afectar al testigo tiene que ser cierto, directo y material en el juicio lo que no se acreditó en autos.

352

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

En cuanto al fondo: TERCERO: Que en orden a acreditar los hechos pesquisados materia de la acusación y defensa se han reunido en autos los siguientes antecedentes: a) Parte Policial de fs. 2 y siguiente, ya relatado en lo expositivo de este fallo. b) Acta de Inspección Ocular del tribunal de fs. 6, donde se deja constancia que el vehículo Station Wagon, marca Nissan, año 1991, Patente S.H. 4291 4 presenta en su sección externa de la puerta izquierda lado del conductor, una dobladura hacia fuera a 1.00 metro de distancia hasta el suelo y se advierte además que esta se encuentra traccionada hacia delante por la parte inferior lo que no permite su cierre. Tiene espejo retrovisor interno en ambas puertas (conductor y copiloto). Tiene un largo de 4,20 metros, un ancho de 1,65 mts. y un alto de 2.00 metros. La bicicleta por su parte es marca Bianchi, color rojo, con 1 mt. de alto del asiento al suelo y al manubrio 0,95 centímetros, con un largo de 0,75 centímetros, en buen estado y esta presenta una rasmilladura en el tubo del manubrio costado derecho, que confrontada con el impacto de la puerta del vehículo coincide, tomándose esta medida que son 0,25 centímetros de abertura de la puerta izquierda. El tribunal dejó constancia que el lugar de los hechos está en calle Serrano de San Carlos, frente a los números signados con 231 y 245, la circulación es hacia el norte con una pista total de 6 metros, buen estado de la pista y asiste a esta diligencia el inculpado Fuentes Baldecchi indicando el lugar donde se estacionó. La distancia entre la solera oriente con el lugar definitivo de su vehículo es 0,20 centímetros. c) Peritaje practicado a la bicicleta marca Bianchi y al Station Marca Nissan Patente SH 4291 de fs. 9 y 10 donde se señala que la primera presenta un impacto en su manubrio lado derecho, quedando muestras de pintura color beige en el manubrio a una altura de 1 mt. del suelo hacia arriba. El Station marca Nissan color beige presenta un impacto en la parte delantera lado izquierdo, tiene muestras de impacto con objeto duro quedando abollada. El impacto es de atrás hacia delante a una altura de 1 mt. del suelo hacia arriba y 1,50 mt. de adelante hacia atrás. d) Informe de lesiones de la víctima Darío Enrique Sepúlveda Parada de fs. 11 donde se destaca que al examen con fecha 26 de octubre de 2001 presenta TEC complicado de carácter grave. e) Orden de investigar de fs. 17 y siguiente, donde se destacan las pesquisas practicadas por la policía para el esclarecimiento de los hechos materia del sumario y se concluye que el accidente ocurrió debido a que el conductor del móvil estacionado abre la puerta del costado izquierdo sin percatarse del ciclista que lo hacía por la derecha, perdiendo éste el control de su vehículo cayendo de espalda a la calzada. f) Fotografías de fs. 21 y siguiente, acompañadas por la defensa del encausado que muestran la bicicleta impactada y el vehículo impactante. g) Expresiones de Petronila del Carmen Parada Flores de fs. 27, quien como madre de Darío Enrique Sepúlveda Parada expresa que éste debido a que su conviviente Mónica Henríquez Aguilera se encontraba hospitalizada ya que había tenido guagua, pasó a su casa a almorzar y luego como a las 14,10 horas se retiró de allí en su bicicleta y como a las 14,30 hrs., supo por vecinos que su hijo había tenido un accidente lo que finalmente le causó la muerte. h) Manifestaciones de Mónica Henríquez Aguilera de fs. 27 vta., en cuanto dice que convivió con Darío Enrique Sepúlveda Parada más de 7 años y con éste tuvo dos hijos, Darío Nicolás de 5 años y Stefanía de 15 días y estaba aún en el hospital por embarazo terminal, donde la dieron de alta el día 26, cuando le pusieron en conocimiento la noticia del accidente. i) Nueva Inspección Ocular del tribunal de fs. 30, donde se deja constancia que la longitud entre la carrocería del vehículo al extremo externo del retrovisor izquierdo que corresponde al conductor, es de 0,24 centímetros; la longitud entre el inicio posterior de la puerta izquierda lugar del impacto al retrovisor, es de 0,85 cms. La distancia entre la intersección de las calles Gazmuri con Serrano y el lugar en donde estaba ubicado el vehículo, es de 44,30 mts.; El tribunal observa hacia atrás, sentado en el asiento del conductor, por el espejo retrovisor interior central del vehículo constatando que los dos respaldos del asiento trasero, impiden una visión total por la luneta trasera; al observar por el espejo retrovisor exterior izquierdo correspondiente al conductor, hay plena visibilidad hacia atrás, en lo que respecta a la calle Serrano.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

353

j) Exposición de Pedro Adrián Parra Acuña de fs. 31, en cuanto dice que por trabajar en la empresa Jorge Chandía Ltda., en donde es chofer, fue compañero de trabajo de Darío Sepúlveda y el día de los hechos a las 13,00 hrs., se separaron para la hora de colación y quedaron de juntarse a las 14,30 hrs., en calle Independencia con Vicuña Mackenna y después de media hora de espera, concurrió a su domicilio, pero al pasar por el hospital fue informado por una cuñada del accidente. k) Set de fotografías de fs. 32 y siguientes obtenidas durante las diligencias de fs. 6 y 30, correspondientes al sitio del suceso y a los vehículos participantes en el accidente. l) Informe técnico confidencial de la SIAT de Ñuble de fs. 52 y siguientes, donde se destaca en su conclusión como causa basal del accidente que el inculpado Fuentes Baldecchi mantiene el vehículo estacionado y abre la puerta delantera izquierda para bajar hacia la calzada, sin constatar debidamente la presencia y proximidad de la bicicleta al área del conflicto, a la cual le obstruye la circulación, chocando, para luego este último volcar. m) Certificado de defunción de fs. 63, del inscrito Darío Enrique Sepúlveda Parada, fallecido el 4 de noviembre de 2001 por traumatismo encéfalo craneano complicado. n) Informe de la Brigada de Homicidios de Chillán del Servicio de Investigaciones de fs. 66 y siguientes, donde se concluye que la muerte de Darío Enrique Sepúlveda Parada por traumatismo encéfalo craneano complicado, fue accidental. o) Protocolo de autopsia de fs. 77 y siguientes, donde se señala a la conclusión como causa de muerte de Sepúlveda Parada: traumatismo encéfalo craneano complicado, en accidente del tránsito. Todo esfuerzo médico fue incapaz de impedir la muerte, dada la calidad de las lesiones. p) Querellas entabladas por doña Petronila del Carmen Parada Flores a fs. 41 y siguientes y por doña Mónica Ximena Henríquez Aguilera a fs. 101 y siguientes. q) Oficio del Director del Tránsito de fs. 105, por medio del cual se informa al tribunal que en calle Serrano, entre Gazmuri y Ossa, no existe prohibición de estacionamiento al costado oriente de la calzada para vehículos particulares. r) Nueva inspección ocular del tribunal de fs. 106, donde se deja constancia que el desplazamiento de vehículos por calle Serrano hacia el norte, es por el costado poniente ya que el oriente, se ocupa para estacionamiento de vehículos. CUARTO: Que los elementos de juicio consignados en el motivo anterior que son: Parte Policial, informes periciales, instrumentos públicos y declaraciones de testigos, constituyen un conjunto de presunciones judiciales que, por reunir las exigencias establecidas en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten dar por establecido que el 26 de octubre de 2001, poco antes de las 14,30 hrs., un tercero que conducía el Station Wagon Patente SH 4291, se encontraba estacionado en calle Serrano de San Carlos frente al Nº 245 de sur a norte y al abrir la puerta lateral izquierda delantera por su lado, para bajar hacia la calzada, obstruyó la circulación chocando y volcando al ciclista Darío Enrique Sepúlveda Parada, quien transitaba en la misma dirección. A consecuencia de lo cual, éste resultó gravemente lesionado con traumatismo encéfalo craneano complicado que le causó la muerte. QUINTO: Que pese a lo señalado en el motivo que antecede, debe establecerse si el tercero que conducía el Station Wagon patente SH 4291 en el acontecimiento en estudio, actuó con culpa en sentido estricto o no, pues la naturaleza de un accidente del tránsito descarta por sí solo el dolo. SEXTO: Que en dicho contexto un delito es culposo cuando el resultado determinado por acción humana se origina de la imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de las leyes, reglamentos, órdenes o deberes, no ha sido previsto ni querido por el que lo ejecuta, quien además no ha tenido la intención de lesionar bien jurídico protegido exige del agente una actitud negligente y despreocupada ante una orden de diligencia y cuidado de la ley. Como consecuencia de lo expuesto existirá culpa ante una acción u omisión conciente y voluntaria, pero ejecutada sin intención por el autor quien no adopta las precauciones indispensables, por el contrario, su conducta es negligente y produce en definitiva un daño que debe ser previsible para el sujeto. SÉPTIMO: Que siguiendo este orden de ideas, la actitud observada por el tercero que conducía el Station Wagon Patente SH 4291, al abrir la puerta delantera izquierda para bajar hacia la calzada, sin constatar debidamente la presencia y proximidad del ciclista al área de conflicto al cual le obstru-

354

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

ye la circulación impactándolo y volcándolo, determina en su contra las presunciones de culpabilidad establecidas en los números 2 y 10 del artículo 172 de la ley Nº 18.290, que no fueron desvirtuadas en autos. El mismo tercero infringió también los artículos 114 y 170 de la ley Nº 18.290. El artículo 114 ordena que todo conductor deberá mantener el control de vehículo durante la circulación y conducirlo conforme a las normas de seguridad determinadas en esta ley, sin que motivo alguno justifique el desconocimiento o incumplimiento de ella. Así mismo, los conductores estarán obligados a mantenerse atentos a las condiciones del tránsito del momento. El artículo 170 determina que toda persona que conduzca un vehículo en forma de hacer peligrar la seguridad de los demás, sin consideración a los derechos de éstos o infringiendo las reglas de circulación o de seguridad establecidas en esta ley, serán responsables de los perjuicios que de ello provengan. OCTAVO: Que se concluye, entonces que, los hechos que se han tenido por acreditados cabe calificarlos como cuasidelito de homicidio de Darío Enrique Sepúlveda Parada previsto y sancionado en los artículos 490 Nº 1 y 492 ambos del Código Penal. NOVENO: Que el enjuiciado Néstor Remberto Fuentes Baldecchi prestando declaración indagatoria a fs. 5 y 5 vta., ha reconocido su participación en los hechos al decir: “Abrí la puerta del Station Wagon en calle Serrano costado oriente, donde estaba estacionado no más de 30 cms., cuando en eso veo por el rabillo de mi ojo izquierdo una sombra, luego sentí un golpe y finalmente una persona que caía a unos cinco metros de distancia de mi vehículo en el sector norponiente, que se pegó fuertemente en la cabeza. El golpe lo dio contra el canto de la puerta izquierda donde quedaron evidencias”. Con sus declaraciones y los hechos que se han tenido por acreditados en esta sentencia, se constituyen presunciones judiciales que por reunir los requisitos establecidos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal permiten considerar a Néstor Remberto Fuentes Baldecchi, como autor del cuasidelito que se le imputa, por haber intervenido en él de una manera inmediata y directa, cometiendo infracciones reglamentarias y conduciendo culpablemente su vehículo; existiendo entre su acción y los resultados de ella una directa relación de causalidad. DÉCIMO: Que con lo reflexionado en las motivaciones precedentes de esta sentencia cabe rechazar la defensa del encausado Néstor Remberto Fuentes Baldecchi contenida en lo principal de su presentación de fs. 120 y siguientes, en cuanto solicita se le absuelva de los cargos contenidos en la acusación fiscal librada en su contra y adhesiones a ella, fundándose en que la víctima fue la que incursionó la pista del inculpado de la que tenía tomada por el hecho de su estacionamiento ya que de acuerdo a los artículos 120 y 124 de la Ley del Tránsito la manera de circular es por la pista izquierda de la calzada en estos casos. Además la situación le fue imprevisible al inculpado ya que no podía imaginar que un ciclista iba a pasar, en ese momento, a 10 cms. aproximadamente de su vehículo, pegado a él no obstante disponer de toda la pista izquierda para hacerlo ya que la pista derecha de la misma calzada se encontraba material y legalmente ocupada por el Sr. Fuentes”. Cabe destacar en orden al rechazo de tales alegaciones del defensor que los artículos 120 y 124 en que se apoya corresponde aplicarlos con respecto a dos vehículos que circulan al decir el primero “en las vías públicas, los vehículos deberán circular por la mitad derecha de la calzada salvo: etc. y el SEGUNDO: “El conductor de un vehículo que adelante a otro que circule en el mismo sentido”, luego con su mérito no es posible decir como lo hace la defensa que el occiso invadió una pista de circulación que no le correspondía. Respecto a que la situación no le fue previsible es absurdo porque no tenía que imaginarse que un ciclista iba a pasar, pues con un mínimo de prudencia debió usar el espejo retrovisor externo del lado del conductor, antes de abrir la puerta y el accidente no se habría producido, aun cuando hubiese pasado la bicicleta a estrecha distancia del Station Wagon, debiéndose tener presente que es un hecho público y notorio que las calles de San Carlos son muy transitadas frecuentemente por ciclistas adultos y niños. UNDÉCIMO: Que tal como lo señala su defensa favorece al encartado Fuentes Baldechi la circunstancia aminorante de responsabilidad criminal establecida en el artículo 11 Nº 6 del Código Penal. En efecto, su irreprochable conducta anterior se encuentra acreditada por su extracto de filiación y ante-

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

355

cedentes de fs. 107 y con los testimonios de Ricardo Ismael González Montalva y Jorge Enrique Jeldres Morales, respectivamente, quienes así lo afirman a fs. 142. A su vez le beneficia la circunstancia atenuante establecida en el artículo 11 Nº 7 del Código Penal, pues consta de las boletas de depósitos de fs. 12 y 19, reparó con celo el mal causado por el delito. DUODÉCIMO: Que el cuasidelito de homicidio por el cual el procesado Fuentes Baldecchi ha resultado responsable se encuentra castigado por la ley con reclusión o relegación menores en sus grados mínimos a medios, cuando el hecho importare crimen y habiendo en la especie dos circunstancias atenuantes y no hay ninguna agravante, el tribunal podrá imponer la pena inferior en uno, dos o tres grados al mínimo de los señalados por la ley, según sea el número y entidad de dichas circunstancias. En materia civil: DÉCIMO TERCERO: Que por el primer otrosí de sus presentaciones de fs. 110 y siguientes y fs. 114 y siguientes, la defensa de las querellantes, adherentes a la acusación fiscal y demandantes civiles Petronila Parada en su calidad de madre de la víctima y doña Mónica Ximena Henríquez Aguilera madre del hijo menor de filiación no matrimonial de la víctima Darío Nicolás Sepúlveda Henríquez, respectivamente, han deducido demandas civiles en contra del procesado, querellado, acusado y demandado civil Néstor Remberto Fuentes Baldecchi, solicitando que en definitiva se condene a éste a pagarle la suma de $ 20.000.000 a cada uno de ellos por concepto del daño moral sufrido por la madre del occiso e hijo del mismo, a raíz de su fallecimiento. Las actoras fundan su demanda en los hechos investigados en la parte penal de esta causa. DÉCIMO CUARTO: Que por el primer otrosí de su presentación de fs. 120 y por el segundo otrosí de la misma presentación, la defensa del encausado, querellado, acusado y demandado civil Néstor Remberto Fuentes Baldecchi, para solicitar el rechazo de las demandas civiles enderezadas en su contra, con costas, indica que deberá ser absuelto en materia penal por lo que carece de responsabilidad civil. En subsidio, alega que las demandantes deberán acreditar los fundamentos de sus respectivas demandas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil y no se ha producido un daño moral en la cuantía demandada, ello es excesivo y el tribunal con prudencia deberá regular el monto de la indemnización. Por otra parte opone a la demanda la excepción de compensación debiendo deducirse de la indemnización que el tribunal regule el monto de la indemnización ya recibida por el seguro siendo de cargo del demandado sólo la diferencia correspondiente y deduce también la excepción del artículo 2330 del Código Civil, debiendo en este caso hecha la compensación o rechazada, en su caso, rebajarse la indemnización a lo menos en un 50% y en subsidio en el porcentaje que el tribunal determine porque el occiso se impuso imprudentemente al daño. Respecto a la demanda entablada por doña Mónica Henríquez Aguilera señala que además debe ser rechazada porque ocurre que esta no ha sufrido daño moral alguno y tampoco se ha alegado en la demanda. DÉCIMO QUINTO: Que de conformidad con lo prescrito en el artículo 2314 del Código Civil, el que ha cometido un delito o cuasidelito, que ha inferido daños a otros, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito. DÉCIMO SEXTO: Que es evidente, atendido el mérito de autos, que las querellantes y demandantes civiles Petronila Parada y Mónica Henríquez Aguilera, la primera en su calidad de madre del occiso y la segunda en su calidad de representante como madre del hijo del occiso Darío Nicolás Sepúlveda Henríquez y, no por sí, como lo ha afirmado el demandado en el numeral 2) de fs. 126 según consta de las partidas de matrimonio de fs. 38 y de nacimiento de fs. 39 y 100, sufrieron un daño moral a raíz de la muerte de su hijo y de su padre respectivamente, como consecuencia del accidente de autos, consistente en la natural pena, dolor y aflicción que provoca en la persona la muerte de un ser querido, hijo o padre, lo que reafirman en autos los testigos Maribel del Carmen Henríquez Aguilera, Pedro Adrián Parra Acuña y Juan Ramón Inostroza Santander, a fs. 139 y siguientes, daño éste que el tribunal regula prudencialmente en la suma de $ 2.000.000 a pagar a cada una de las actoras por el demandado, teniendo en cuenta para su determinación que, a criterio del tribunal la víctima no se expuso imprudencialmente al daño como lo afirma la defensa del demandado, pues los ciclistas guían cerca de los vehículos estacionados para permitir la libre circulación de los vehículos mayores que los adelantan y teniendo en cuenta además que el demandado según el informe socio económico de fs. 147 y 147 vta.

356

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

y diligencia de absolución de posiciones de fs. 137, 138 y 138 vta., vive de su sueldo de profesor y tiene gastos de educación universitaria de su hijo, todo lo cual hace modesta su situación económica. En cuanto a la excepción de compensación alegada por el demandado civil, respecto a la indemnización ya recibida por las actoras de parte del Seguro, siendo de cargo del demandado el pago solo de la diferencia correspondiente, deberá rechazarse, por no estar acreditado en autos que se haya pagado suma alguna por este concepto y que en su caso el contrato de seguro cubriese toda indemnización incluso por el daño moral. DÉCIMO SÉPTIMO: Que las sumas ordenadas pagar por esta sentencia deberán hacerse por el demandado civil, con costas y reajustes según variación de I.P.C. a partir de esta fecha en que han sido reguladas y la de su efectivo pago y sin intereses por no haber sido solicitados por las actoras. Por estas consideraciones y visto además lo prevenido en los artículos 2º, 11 Nºs 6 y 7, 14 Nº 1, 15 Nº 1, 18, 21, 22, 24, 25, 30, 68, 69, 490 Nº 1, 492 del Código Penal; 108, 110, 111, 481, 488, 500, 503, 504, y 533 del Código de Procedimiento Penal; disposiciones precitadas de la ley Nº 18.290; 2314 y siguientes y 1698 del Código Civil; 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, Se Declara: En cuanto a las tachas: I. Que no se hace lugar a las tachas deducidas en contra de doña Maribel Henríquez Aguilera, singularizada en el Nº 1 del 5º otrosí de fs. 113, por la defensa del encausado Fuentes Baldecchi por el tercer otrosí de su presentación de fs. 120. En cuanto al fondo: En materia Penal: II. Que se condena al enjuiciado Néstor Remberto Fuentes Baldecchi, ya individualizado, a la pena de Sesenta Días de prisión en su grado máximo, a las accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa; a la Suspensión de su licencia para conducir vehículos motorizados por el lapso de Un Año como Autor del cuasidelito de Homicidio de Darío Enrique Sepúlveda Parada, hecho ocurrido en la localidad de San Carlos de esta jurisdicción el 26 de octubre de 2001, poco antes de las 14,30 horas. III. Que se le remite condicionalmente la pena corporal impuesta por reunirse a su respecto las exigencias establecidas al efecto por la ley Nº 18.216, debiendo Fuentes Baldecchi quedar sujeto a la vigilancia y control de Gendarmería de Chile por el lapso de Un Año y cumplir con las demás exigencias de la referida ley en su artículo 5º y no se hace lugar a eximirlo del pago de las indemnizaciones civiles por constar de autos del cuaderno de mandamiento que tiene embargado el vehículo impactante con cuyo producto puede pagarlas. En materia civil: IV. Que se hace lugar a las demandas civiles entabladas por el primer otrosí de la presentación de fs. 110 y siguientes por doña Petronila Parada Flores, madre de la víctima y en el primer otrosí de la presentación de fs. 114 y siguientes por doña Mónica Henríquez Aguilera como madre del hijo menor de la víctima, sólo en cuanto se condena al demandado Néstor Remberto Fuentes Baldecchi a pagar a cada una de ellas la suma de $ 2.000.000 por el daño moral sufrido a raíz del fallecimiento de don Darío Enrique Sepúlveda Parada, a consecuencia del cuasidelito determinado en la parte penal de esta causa y en la forma dispuesta en la motivación décimo séptima de este fallo. Cítese al procesado libre para su notificación. Cúmplase ejecutoriada que sea esta resolución con lo prevenido en el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal y artículo 215 de la ley Nº 18.290. Regístrese. Notifíquese y Consúltese en su oportunidad si no se apelare. Rol Nº 15.713 2. Dictada por Juez Letrado Titular de la Agrupación de Comunas de San Carlos señor Julio Capilla Jara. Autoriza doña Visnia Faridi Mahmoud Ahuad, Secretaria Titular.

II.- CORTE DE APELACIONES Chillán, veintiocho de octubre de dos mil dos. VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

357

Y SE TIENE, ADEMÁS, PRESENTE: 1º. Que, en su presentación de fojas 169, el sentenciado manifiesta que estuvo imposibilitado de advertir la presencia del ciclista, y que todo ha sido fortuito e impredecible situaciones ambas que descartan culpabilidad e imputabilidad penal. 2º. Que, la habilitación para conducir, que emana de una autorización expresa que efectúa la autoridad, otorgada a quien demuestre estar capacitado, implica que el conductor debe adecuar siempre su conducta y su conocimiento, a la situación normativa de cada momento para no cometer la acción u omisión en que el actuar del agente se halla viciado por una falta de previsión más o menos relevante. 3º. Que, el título IX de la Ley del Tránsito, “De la Conducción”, contiene normas generales tendientes a organizar el tránsito en las calles del país, que son de aplicación general y que establecen las bases necesarias para desarrollar el sistema punitivo y de establecimiento de la forma de conducir ajustada a la ley. 4º. Que, entre estas normas se encuentra el artículo 114 que contiene el fundamento de la responsabilidad infraccional del conductor que no se ajusta a las normas de seguridad establecidas y eliminan la posibilidad de ocurrencia en el régimen impunes a conductores poco cuidadosos, señalándose en su inciso segundo que “asimismo, los conductores estarán obligados a mantenerse atentos a las condiciones del tránsito del momento”. 5º. Que, las referidas normas establecen una responsabilidad derivada del riesgo que representa, objetivamente considerando el derecho a circular en vehículo, circulación que debe efectuarse con atención y conforme a las normas establecidas, por lo que en materia de accidentes de tránsito no es posible dar cabida al caso fortuito, cuando medien maniobras de los conductores. 6º. Que, las fotografías acompañadas en esta instancia a fojas 176, en nada alteran lo antes concluido. Por estas consideraciones, lo informado por el Ministerio Público y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 514 y 527 del Código de Procedimiento Penal, Se Confirma la sentencia apelada de veintidós de julio del presente año, escrita de fojas 149 a 157 vuelta. Regístrese y devuélvase. Redacción del Abogado Integrante señor Niño. Rol Nº 202.734. Pronunciado por el Presidente de la Iltma. Corte señor Guillermo Cocio P. y los Ministros en propiedad señores Christian Hansen K. y Abogado Integrante señor Arturo Niño. Rol Nº 202.734.

III.- CORTE SUPREMA Santiago, veintitrés de diciembre de dos mil cuatro. VISTOS: Por sentencia de veintidós de julio de dos mil dos, escrita de fojas 149 a 157 vuelta, en los autos número 15.713 2, rol del Segundo Juzgado del Crimen de San Carlos, se castigó a Néstor Remberto Fuentes Baldecchi, como autor de cuasidelito de homicidio en la persona de Darío Enrique Sepúlveda Parada, perpetrado en esa localidad el veintiséis de octubre de dos mil uno, a sufrir la pena de sesenta días de prisión en su grado máximo, a las accesorias legales respectivas, a la suspensión de la licencia de conducir durante un año y al pago de las costas de la causa, otorgándosele el beneficio de la remisión condicional consagrado en la ley Nº 18.216. Además, se le condenó a enterar a Petronila Parada Flores y a Mónica Henríquez Aguilera, madre del hijo menor del difunto, la cantidad de dos millones de pesos a cada una, como resarcimiento por el daño moral inferido. La Corte de Apelaciones de Chillán, con fecha veintiocho de octubre de dos mil dos, a fojas 177 vuelta y 178, confirmó la sentencia apelada. Contra este fallo se interpuso recurso de casación en el fondo penal por parte del abogado de Néstor Fuentes Baldecchi, don Raúl Fuentes Sepúlveda, basado en el Nº 3º del artículo 546 del Código de Procedimiento Criminal por desconocer los artículos 490 y 492 del Código Penal y 2º, 114, 170 y 172, Nºs 2º y 10º, de la ley Nº 18.290, sobre tránsito.

358

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el recurso de casación en el fondo entablado se sustenta en la causal 3ª del artículo 546 del Código de enjuiciamiento penal, debido a que la sentencia atacada calificó como delito un hecho que la ley no considera como tal, violentando así los artículos 490 y 492 del Código sancionatorio y 2º, 114, 170 y 172, Nºs 2º y 10º, de la ley Nº 18.290, sobre tránsito. Reclama que se demostró en el litigio que el accidente investigado ocurrió en la ciudad de San Carlos, el veintiséis de octubre de dos mil uno, en la calle Serrano, frente a los números doscientos treinta y uno y doscientos cuarenta y cinco, arteria en donde la circulación del tránsito tiene un solo sentido, de sur a norte, contando la calzada con un ancho total de seis metros y que en esa ocasión, el móvil de su representado estaba estacionado en la vía pública, cuando el ciclista Darío Sepúlveda Parada se desplazaba por la pista derecha de la calzada y lo hacía transitando mismo sector que el acusado ocupaba en ese momento con su coche estacionado, quien entreabrió la puerta del costado del chofer 0,25 centímetros más o menos, para descender de su carruaje. Al producirse la colisión, el ofendido corría distante de la carrocería del furgón detenido unos diez centímetros de él solamente y la longitud o distancia existente entre la carrocería misma del carro al extremo externo del espejo retrovisor izquierdo de la puerta del mismo lado y que corresponde a la del chofer es de 0,24 centímetros, lo que importa que el accidente se habría producido de todas maneras, atendida la muy escasa distancia que se llevaba con la carrocería del furgón, dado que si la víctima no embiste la puerta, como ocurrió, siempre lo habría hecho con dicho espejo, de lo cual resulta que la abertura de esa puerta no fue la causa determinante del accidente, sino que ella obedeció al hecho que el ofendido se desplazaba por una pista indebida, invadiendo la del furgón y a muy corta distancia de éste, es decir, con clara imprudencia temeraria. Lo expuesto descarta toda causalidad entre lo ejecutado por su defendido y el resultado producido, ya que, con o sin abertura de la puerta, visto lo que antecede, el accidente se habría provocado en todo caso. Sostiene que el fallo del grado comete error de derecho consistente en que se dictó condena fundado en el artículo 492 del Código Penal, por el desempeño del chofer del carruaje, pese a que está acreditado en el proceso que al momento del choque su representado no conducía y su coche se hallaba estacionado y sólo al abrir la puerta del mismo se produjo el accidente. Dicha regla exige copulativamente inobservancia de los reglamentos del tránsito y mera imprudencia o negligencia, cuestión que no ocurrió en la especie, puesto que el sentenciado no era el conductor del rodado y no quebrantó ningún reglamento del tránsito en dicha calidad, lo que envuelve un error del veredicto en estudio. Por otra parte, aduce que tampoco procede imponer al procesado el art. 490 del Código punitivo, atendido que al abrir la puerta del vehículo detenido, no medió imprudencia temeraria en su acción y el fallo atacado aplica ligeramente este precepto, ya que estima que basta la mera negligencia para que se configure el tipo penal, la que supone sin razón alguna, además de presumir la calidad de chofer del encartado y hacer iguales las conductas típicas de los artículos 490 y 492 de dicha recopilación legal, que son, por cierto, distintas. Explica que el fallo en análisis sanciona al encausado porque al abrir la puerta lateral delantera izquierda de su carro para bajar a la calzada, como conductor, obstruyó la circulación del occiso quien corría en la misma dirección, chocando y volcando éste. Pero la simple abertura de la puerta del carruaje no es un acto típico penalmente al no estar reprimido como delito ni como cuasidelito, menos aún cuando previamente miró si algo venía por la calzada, y por el contrario, del mérito de la causa surge que el convicto actuó sin culpa, imprudencia temeraria, o simple negligencia, siendo el resultado fortuito y casual, o en su defecto se debió a la velocidad excesiva del ciclista y a la cercanía de su desplazamiento con respecto del furgón, por lo que debió aplicarse, al menos, la eximente del artículo 10, Nº 8º, del Código Penal atendido a que el mal se produjo por mero accidente. Añade que su mandante en ningún momento obstruyó la circulación reglamentaria al ciclista, sino que éste invadió la pista de legítima ocupación del primero, embistiendo la puerta y golpeándose en el borde o canto de ésta y no en su parte interna, lo que revela el mínimo de su apertura y el más que razonable cuidado que su parte desplegó al pretender bajar de su coche detenido. Así, sostiene que Fuentes Baldecchi fue castigado por el resultado de lo ocurrido, en circunstancias que fue la víctima quien se desplazaba cometiendo transgresión de ley, toda vez que corría por la mitad derecha de la calzada,

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

359

debiendo hacerlo por la izquierda, invadiendo así la pista ocupada por el rodado de su patrocinado, tal como lo dispone el artículo 120, Nºs. 2º y 4º, de la ley Nº 18.290 de tránsito, vulnerando así los artículos 114, 148 y 170 de la citada ley. Asevera que era tan escasa la distancia que el ofendido guardaba con el móvil del imputado, que aunque no se hubiese abierto la puerta del conductor, de todas maneras se habría estrellado con el espejo retrovisor del mismo, lo que implica una ausencia inmediata de causalidad entre la conducta de su defendido, consistente en abrir la puerta, en el accidente acaecido. Si el interfecto hubiese circulado con su bicicleta por donde reglamentariamente debió hacerlo y guardando además la distancia conveniente respecto del furgón que su parte había estacionado, nada habría sucedido. Así, al no haberse probado en autos la existencia de un delito o cuasidelito penal imputable al inculpado, pues no se estableció su imprudencia temeraria, ni su mera negligencia como lo exige el artículo 492 del Código punitivo, por lo que éste debió ser absuelto, lo que no aconteció merced a aquel error en la aplicación de la ley penal. Además, crítica que el fallo en examen dio valor a reglas jurídicas improcedentes y que sólo caben cuando se está conduciendo un rodado, esto es, cuando se maneja o se tiene el control físico en el desplazamiento de un vehículo, situación que no corresponde al estar el victimario estacionado al momento del impacto, hecho que aparece comprobado en autos. De este modo, el ilícito se produjo por la apertura de la puerta, lo que no constituye conducción y que ha debido juzgarse a la luz de la legislación general o común y no bajo las normas de la ley Nº 18.290 de tránsito, lo que torna improcedentes sus artículos 114 y 172, Nºs. 2º y 10º, máxime si se repara que el artículo 2º contiene la noción legal de conductor. Solicita se declare la invalidación del fallo y se absuelva a su representado de toda responsabilidad, rechazando a la vez las demandas civiles acogidas en la instancia. SEGUNDO: Que la sentencia definitiva de segundo grado condenó a Néstor Fuentes Baldecchi como autor de cuasidelito de homicidio en la persona de Darío Sepúlveda Parada y calificó como tal los siguientes hechos que quedan asentados en el basamento cuarto del fallo de primera instancia: “...que el día 26 de octubre de 2001, poco antes de las 14,30 Hrs., un tercero que conducía el Station Wagon Patente SH 4291, se encontraba estacionado en calle Serrano de San Carlos frente al Nº 245 de sur a norte y al abrir la puerta lateral izquierda delantera de su lado, para bajar hacia la calzada, obstruyó la circulación chocando y volcando al ciclista Darío Enrique Sepúlveda Parada, quien transitaba en la misma dirección. A consecuencia de lo cual, éste resultó gravemente lesionado con traumatismo encéfalo craneano complicado que le causó la muerte”. TERCERO: Que tales hechos no pueden ser alterados por este tribunal de casación, desde el momento que los jueces del fondo son soberanos en su establecimiento y no se alegó ninguna contravención a las leyes reguladoras de la prueba que permita su revisión. CUARTO: Que antes de entrar al análisis de la causal esgrimida, preciso es recordar cual es el sentido y alcance de la voz “conductor” en nuestro ordenamiento. Para ello es indispensable recurrir al concepto del artículo 2º de la ley Nº 18.290 de tránsito, que entiende por: “Conductor: Toda persona que conduce, maneja o tiene control físico de un vehículo motorizado en la vía pública; que controla o maneja un vehículo remolcado por otro; o que dirige, maniobra o está a cargo del manejo directo de cualquier otro vehículo, de un animal de silla, de tiro o de arreo de animales;”. De suerte que el conductor no es sólo quien actualmente guía un carro, sino que además quien tiene control físico del mismo, lo que adquiere relevancia al considerar que la acción de manejar no sólo debe entenderse en aquel acto físico que es la dirección del móvil cuando este se halla en movimiento, sino que importa conductas previas o posteriores al manejo mismo. Esto encuentra una clara explicación en nuestra legislación del tránsito que no sólo regula, dentro de la conducción situaciones que se producen dentro de ella, como el lado de la pista por el cual se debe guiar, forma de hacer adelantamientos, los virajes y la señalización pertinente, sino que reglamenta expresamente la detención y el estacionamiento. Por eso esta Corte ha dicho que “Por conductor de vehículo motorizado no sólo ha de entenderse la persona que maneja los dispositivos de movimiento del mismo, sino también aquella que, por su co-

360

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

locación, su función o por la importancia determinante de su desempeño, tiene o asume un rol directivo en la marcha del carruaje” (C. Suprema, 14 de julio de 1951, R.D. T. XLVIII., 2ª p. sec.4ª, pág. 147). Así, desde antiguo nuestra legislación y jurisprudencia han exigido que toda persona en las situaciones descritas anteriormente debe estar atenta a las condiciones del momento, tal como lo ordena el artículo 114, inciso 2º, de la ley de tránsito, cuestión que el hechor no respetó. No parece verosímil que este último haya mirado hacia atrás por el espejo retrovisor izquierdo antes de descender del carro, por cuanto en la inspección personal del tribunal que se lee a fs. 30, se deja constancia que el espejo retrovisor externo izquierdo del chofer tiene plena visibilidad, por lo que puede presumirse, tal como lo hacen los sentenciadores del grado, que Fuentes Baldecchi no se encontraba atento a las condiciones del tránsito del momento, lo que es suficiente para probar su responsabilidad, con arreglo a lo preceptuado en el artículo 172, Nº 2º, de la referida legislación del tránsito. QUINTO: Que tampoco se advierte quebrantamiento de ley de parte de la víctima o que se haya expuesto imprudentemente al detrimento, pues el artículo 120, Nºs 2º y 4º, de la ley de tránsito, que invoca el recurrente, en parte alguna de su texto establece la obligación del ciclista de desplazarse por otro sector de la calzada. Dicho precepto sólo contiene una excepción a la regla general del deber de conducir por el costado derecho de la calzada, cuando ella se halla obstruida o existe circulación en un solo sentido, autorizando así la conducción por la otra vía, pero en caso alguno obligan al guía a cambiar de pista y circular por ésta, como pretende el impugnante. Y todavía, de mediar aquel descuido que reprocha el compareciente al ciclista, es útil recordar que en materia penal no existe la compensación de culpas, verificada como ella está en la intervención del primero. SEXTO: Que sin perjuicio de lo anterior y a mayor abundamiento, conviene tener en cuenta que aún, en el supuesto del enjuiciado en orden a que su acción no puede considerarse dentro del ámbito de la conducción, entonces su conducta debe encuadrarse necesariamente dentro de aquellas que realizan los peatones, porque en el sistema legal del tránsito, aquellos que no son conductores, por defecto, son peatones. Al respecto, el artículo 167 de la ley Nº 18.290 describe la forma en que debe hacerse el tránsito de peatones, y su numeral 9º expresamente prescribe que: “9. No podrán subir o bajar de los vehículos en movimiento o por su lado hacia la calzada;” Esta norma gobierna así como debe hacerse el descenso de un móvil, prohibiendo hacerlo hacia la calzada, cosa que efectivamente el agente efectuó, tal como se encuentra establecido en el proceso y que encierra aquellas infracciones en las que se presume la responsabilidad del peatón, como lo estatuye el artículo 176 de esa misma legislación. SÉPTIMO: Que el acto de descender por el lado del conductor no es un hecho de irrelevantes consecuencias, como pretende el recurrente y tampoco puede estimarse comprendido en la eximente de responsabilidad del artículo 10, Nº 8º, del Código Penal, pues esta disposición, para que concurra, hace imprescindible que con motivo de la realización de un acto lícito y con la debida diligencia, suceda un accidente. En el caso en estudio, la conducta del sujeto no resultó lícita, por cuanto descendía por un lado improcedente, por lo que no cabe aplicar la causal sugerida como lo hace el impugnante, en vista de lo cual se desechará la casación deducida, sin perjuicio de no haberse invocado la causal adecuada. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546, Nº 3º, y 547 del Código de Procedimiento Penal, Se Rechaza el recurso de casación en el fondo promovido por el abogado Raúl Fuentes Sepúlveda en representación del condenado Néstor Remberto Fuentes Baldecchi, en lo principal de la presentación de fojas 181 a 193 y en contra de la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil dos, que se lee a fojas 177 vuelta y 178, la que, por consiguiente, no es nula. Se previene que el Ministro señor Rodríguez concurre al rechazo teniendo además presente que la eximente del caso fortuito no ha sido invocada de acuerdo con la causal primera del artículo 546 del Código de enjuiciamiento penal, como lo sostiene la doctrina (Waldo Ortúzar Latapiat: “Las causales del recurso de casación en el fondo en materia penal”, Editorial Jurídica de Chile, 1958, Nº 189, pág. 347).

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

361

Regístrese y devuélvase. Redacción del Ministro señor Rodríguez Espoz. Rol Nº 4.526 02. Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros señores Enrique Cury U., Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E. y los Abogados Integrantes señores Fernando Castro A. y Óscar Carrasco A. No firma el Ministro señor Segura, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso. Autoriza el Secretario de esta Corte señor Carlos A. Meneses Pizarro.

362

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

FICHA 24

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 2187-2002 Cita Online: CL/JUR/4936/2004 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO Coquimbo, doce de noviembre de dos mil uno. VISTOS: Es parte en este proceso criminal Herman Ricardo Díaz Plaza, 31 años, casado, estudios medios, chofer, cédula de identidad Nº 11.161.185 8, domiciliado en calle Nicolás Munizaga Nº 2815, Población lsidoro Campaña, La Serena. La causa se inició por parte Nº 196 de Carabineros de la Tenencia Tierras Blancas, que pone a disposición del Tribunal a dos sujetos en calidad de detenidos por la responsabilidad que pudiera afectarles en muerte, lesiones graves, leves y daños en colisión. A fojas 58 se querella don Eduardo Antonio Araya Jeraldo y Doris Carolina Marambio Flores en contra de doña Ana Fresia Tapia Godoy y Herman Ricardo Díaz Plaza por el cuasidelito de homicidio de su hijo Rigoberto Manuel Jacob Araya Marambio. A fojas 426 y siguiente se somete a proceso a Ana Fresia Tapia Godoy y Herman Ricardo Díaz Plaza, como autores del cuasidelito de homicidio de Rigoberto Manuel Jacob Araya Marambio y lesiones graves a Jaime Hermógenes Miranda Rivera, previsto y sancionado en el artículo 492 del Código Penal, en relación con el artículo 490 Nº 1 y 2 del mismo cuerpo legal, hecho ilícito perpetrado en esta ciudad el 30 de julio de 1998. A fojas 435 se revoca el auto de procesamiento respecto de Ana Fresia Tapia Godoy y se confirma respecto de Herman Ricardo Díaz Plaza. A fojas 462 se declara cerrado el sumario. A fojas 463 y siguientes se dicta acusación judicial en contra de Herman Ricardo Díaz Plaza como autor del cuasidelito de homicidio de Rigoberto Manuel Jacob Araya Marambio y lesiones graves a Jaime Hermógenes Miranda Rivera. A fojas 466 don Raúl Hernán Castillo Castillo deduce demanda civil en contra de Herman Díaz Plaza en su calidad de chofer del automóvil, de José Mamad Jure, empresario, y de Lipigas S.A representada por don Hernán Peñaloza Duarte a fin de que sean condenados solidariamente a pagarle las sumas que señala, con costas. A fojas 491 don Jorge Brucher Macfarlane en representación de Edgardo Antonio Araya Jeraldo y Doris Carolina Marambio Flores, en sus calidades de padre del menor Rigoberto Manuel Jacob Araya Marambio se adhiere a la acusación judicial y por el primer otrosí de su presentación deduce demanda en contra de Herman Ricardo Díaz Plaza, chofer, en contra de José Mamad Jure, empresario y en contra de Lipigas S.A. representada por don Hernán Peñaloza Duarte, los dos últimos en sus calidades de terceros civilmente responsables a fin de que sean condenados solidariamente al pago que indica. A fojas 519, Felix Lagreze Byrt y Juan Enrique Melo Figueroa en representación de Gas Licuado Lipigas S.A, contestan la demanda interpuesta por doña Ana Tapia Godoy. A fojas 536 se contesta la acusación judicial y demandas civiles por el procesado Herman Díaz Plaza. A fojas 551 don Félix Lagreze Byrt, abogado y Juan Enrique Melo Figueroa, abogado en representación de Gas Licuado Lipigas S.A contesta la demanda interpuesta en su contra por don Edgardo Antonio Araya Jeraldo y doña Doris Carolina Marambio Flores. A fojas 608 se decreta autos para los efectos del artículo 499 del Código de Procedimiento Penal. A fojas 676 vuelta se traen los autos para fallo.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

363

CONSIDERANDO: PRIMERO. Que por resolución judicial de fecha veinticinco de septiembre de dos mil, escrita a fojas 463 se acusó a Herman Ricardo Díaz como autor del cuasidelito de homicidio de Rigoberto Manuel Jacob Araya Marambio y lesiones graves a Jaime Hermógenes Miranda Rivera, previsto y sancionado en el artículo 492 del Código Penal en relación con el artículo 490 Nº 1 y 2 del mismo cuerpo legal y para acreditar este hecho, se han reunido en autos los siguientes elementos de convicción: a) Parte de Carabineros de fojas 5 por el cual se pone a disposición del Tribunal a dos personas en calidad de detenidos por la responsabilidad que les puede afectar en muerte, lesiones graves, leves y daños en colisión. Señala dicho parte que los individuos fueron detenidos a las 14.40 horas en Ruta D 43 cruce Andacollo, Ruta D 51, conforme al artículo 284 de la ley Nº 19.567 pasando a disposición del tribunal. El parte indica que la detenida Ana Fresia Tapia Godoy, manifestó que en circunstancias que conducía el Mini Bus P.P.U SK 6986 2, marca Kia Motors, modelo Besta 2.7 ultra, año 1998, por la ruta D 43, de norte a sur, al llegar al cruce El Peñón, disminuyó la velocidad, y en los momentos que procedía a virar a la izquierda, para tomar la ruta D 51, fue colisionada por un camión con la parte delantera en el costado izquierdo trasero, perdiendo el control de la máquina, para posteriormente con las barandas del camión, arrastrarla aproximadamente 30 metros, quedando finalmente a un costado de la gruta existente en el lugar, y el camión sobre el vehículo menor. El detenido Herman Ricardo Díaz Plaza señaló que en circunstancias que conducía el camión P.P.U PF 1859, marca Ford, modelo cargo 1622, año 1996, sorpresivamente se detuvo el mini bús que lo antecedía y con la finalidad de no impactarlo, tomó la pista izquierda, virando el vehículo menor al mismo costado, produciéndose la colisión y deslizándose ambos móviles aproximadamente 30 metros, deteriorando la gruta con la imagen de la Virgen de Andacollo, para finalmente quedar este, volcado el sobre mini bus. Señala el parte que a raíz de lo anterior y debido a la gravedad de las lesiones, el menor Rigoberto Manuel Jacob Araya Marambio de 06 años falleció en el lugar de los hechos, resultando lesionados Ana Fresia Tapia Godoy, conductor del mini bus, con contusión lumbar de carácter leve, Jomari Celeste Gallardo Tapia de 13 años, policontundida, Alejandra Javiera Araya Hidalgo de 11 años con contusión pared abdominal, contusión rodilla derecha y muñeca izquierda de carácter leve, Jimmi Alejandro Castillo Guerrero de 05 años, policontundido. El conductor del camión, Díaz Plaza, resultó ileso y sus acompañantes Jaime Hermógenes Miranda Rivera con Fractura Clavícula Izquierda, herida antebrazo izquierdo de carácter grave, Sergio Iván Cortés Toro de 36 años con contusión molar y maximilar derecha. Se adjunta croquis del sitio del suceso. b) Declaración de Ana Fresia Tapia Godoy de fojas 10, transportista, quien señala que trabaja como transportista desde hace unos tres años a la fecha, traslada a cuatro menores a la ciudad de La Serena desde Andacollo a la Escuela Especial Manuel Rodríguez ya que los menores son sordos y entre ellos se encuentra su hija Jomari Celeste Gallardo Tapia de 13 años. El caso es que los trasladaba en primera instancia en su automóvil particular y desde el día lunes 27 de julio de 1998 los comenzó a trasladar en un mini bus placa patente SK 6986. Todos los niños son menores de 13 años y de Andacollo, y los llevaba a un mismo Colegio, los dejaba y posteriormente los retiraba, teniendo autorización de sus padres. En la mañana los trasladaba a las 06.30 y regresaban a las 13.00 horas. El día 30 de julio de 1998 los retiró del Colegio a las 12.45, ubicando a su hija a su lado, en el asiento trasero ubicó al menor Rigoberto, al medio Jimmi y Alejandra, a todos les abrochó el cinturón de seguridad, todos los días hacía lo mismo y al Jimmy que era el menor de todos lo sentaba en el medio ya que era inquieto. Conducía por la ruta D 43 de Norte a Sur y al llegar al cruce de El Peñón, llevaba una velocidad de unos sesenta kilómetros por hora, al llegar al cruce había mermado la velocidad a unos 30 a 40 kilómetros por hora, encendió el intermitente para virar hacia la izquierda y tomar el camino a Andacollo, antes de virar, se orilló pero no se fue a la berma y miró por el espejo retrovisor y vio a un camión que venía detrás a una distancia prudente, por lo cual viró y ya había ingresado a la carretera que da a Andacollo cuando sintió un impacto al costado izquierdo trasero, perdiendo el control de su móvil siendo desplazada cerca de una gruta existente en el lugar, no recuerda bien, ya que lo primero que hizo fue apretar bien el volante y dijo “Cristo mío, mis crías” se detiene el vehículo y siente un peso que cae en el lado izquierdo del vehículo que se desplazó hacia el derecho quedando de lado y aprisionada con el cinturón de seguridad. Se da

364

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

cuenta que seguía corriendo el motor y lo apagó, escuchó que llegó alguien y le pedía perdón, y se dio cuenta que era el chofer del camión, le pidió ayuda y le cortó el cinturón que la estaba aprisionando el pecho, ignora cómo su hija pudo salir del vehículo y los otros niños se encontraban atrás llorando. Posteriormente comenzaron a llegar personas y llamaron a carabineros los que tomaron el procedimiento respectivo y los sacaron con ayuda, posteriormente se enteró que había sido una baranda del camión la que había caído encima del vehículo, a todos los trasladaron a la Urgencia de Coquimbo, y allí supo que el menor Rigoberto había fallecido. Los niños venían en orden, no existió nada en ese momento que la hubiese distraído en su trayectoria a Andacollo, existía buena visibilidad, en sentido contrario no venía ningún vehículo, no bebe alcohol y usa lentes ópticos para conducir. La Municipalidad le paga una parte de sus servicios prestados a los Menores y la otra los padres, tienen ayuda de la Municipalidad por ser personas de escasos recursos, pero son los padres de estos menores los que pidieron sus servicios. Siempre trasladó a los cuatro menores, nunca había tenido problemas. Señala que por el impacto el camión tiene que haber venido a exceso de velocidad. c) Acta de inspección personal del Tribunal de fojas 24 que da cuenta que con fecha 1 de agosto de 1998 se constituyó el Tribunal en el patio de la Tenencia de Carabineros de Tierras Blancas, donde se encuentran los vehículos participantes de la colisión, dejando constancia que se inspeccionó el furgón patente SK 69.86 el cual se encuentra totalmente descuadrado y aplastado hacia el lado derecho, su carrocería se encuentra totalmente destruida, incluyendo ruedas, se aprecia que los neumáticos están en buenas condiciones, se aprecia que la parte más aplastada es la trasera del lado izquierdo, la única parte que no está hundida es la cabina, encontrándose el parabrisas delantero en su lugar, más un foco delantero izquierdo. Igualmente la parte inferior delantera lado derecho, se encuentra hundida en general el vehículo está totalmente destruido en el interior se aprecia que los asientos están totalmente aplastados y el que se ubica detrás del chofer la cabecera está manchada con sangre, como asimismo las gomas que cubren el piso, el lado derecho del vehículo no se encuentra tan hundido. Se deja constancia igualmente que el kilometraje de este vehículo se encuentra marcado con 001011 /km, no tiene patente, tiene su revisión técnica 27 de enero de 1999, planta A 0404 Nº SK 6986. El furgón es de color azul, apreciándose que se trata del vehículo nuevo, con demostraciones que a éste le cayó un peso encima y, posteriormente lo arrastró. En la misma Tenencia pero afuera se encuentra el camión placa patente PF 1859 y se deja constancia de lo siguiente no tiene barandas con demostraciones que esta fueron destruidas, la cabina está abollada en el lado derecho tomando toda la esquina de este lado, con demostraciones que el impacto fue con este lado, no tiene parabrisas ni vidrios de las puertas, en este mismo lado al ser el camión de color blanco se notan perfectamente rayones de pintura de color azul, igualmente la carrocería se encuentra descuadrada y la rueda ubicada en la parte delantera lado derecho está descuadrada. En la parte delantera de la cabina por fuera se alude la frase carga peligrosa con letras rojas. d) Acta de inspección personal del Tribunal de fojas 25 al sitio del suceso, donde se deja constancia que el sitio de los hechos se ubica en la ruta D 43 en el cruce hacia la localidad de Andacollo, ruta D 51 encontrándose el asfalto en buen estado, muy buena visibilidad, una indicación del tránsito que indica desvío hacia Andacollo, existe línea continua, en la pista de circulación se observan huellas de frenadas que dan hacia una garita que existía en ese sector la cual se encuentra totalmente destruida como igualmente toda su ornamentación y a su alrededor existían árboles y arbustos los cuales se encuentran en el suelo, además existe una ruma de madera, siendo este material la carrocería del camión, daños producidos por el choque de ambos vehículos. e) Peritaje mecánico y fotográfico de fojas 26 y siguientes efectuado por el perito Enrique Heise Koch, el que señala en su acápite presunciones que el perito presume que el accidente se debió a que el conductor del camión patente PF 1859 se desplazaba a una velocidad no razonable ni prudente al enfrentar un cruce caminero y no mantener una distancia razonable con el vehículo que lo antecedía, probablemente efectuando una maniobra de adelantamiento en un lugar no permitido para ello. Se adjuntan 26 fotografías. f) Declaración de Jaime Hermógenes Miranda Rivera de fojas 48, quien señala que el día 30 de julio de 1998, alrededor de las 14.30 horas aproximadamente iba como cargador del camión que era conducido por Herman Díaz Plaza e iban en dirección a Ovalle. Se desplazaban por la ruta D 43 y antes de

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

365

llegar al cruce de El Peñón, los adelantó un mini bus y continuó su viaje delante de ellos, ya casi al llegar a dicho cruce el mini bus se detiene en la pista que circulaban, no vio si señalizó y viró inmediatamente, pero ya estaban encima del vehículo, este se apegó al costado del lado derecho del camión e hizo que el camión se descargara hacia el lado derecho y fue cuando el camión se cae con toda la carga encima del furgón. Hace presente que fue sacado por uno de sus compañeros de trabajo, ya que había quedado atrapado, una vez que lo sacaron, lo dejaron a unos 50 metros del lugar, mientras otros compañeros y el chofer del camión fueron en ayuda de la señora del furgón y sus pasajeros. No pudo ayudar ya que tenía quebrada la clavícula del lado izquierdo por lo que estaba lesionado. El accidente se produjo por imprudencia de “la dama”, ya que ella pudo dejarlos pasar a ellos y después virar hacia El Peñón. g) Declaración de Sergio lván Cortés Toro de fojas 52 y siguientes quien señala que se desempeña como cargador de Transportes Mamad, los cuales transportan el gas a la ciudad de Ovalle, es el caso que el día 30 de julio de 1998, en circunstancias que iba en el camión que transportaba gas a la ciudad de Ovalle siendo conducido por Herman Díaz, aproximadamente las trece horas y mientras circulaban por la ruta D 43, al llegar al cruce hacia Andacollo un furgón que trasladaba niños los adelantó antes del cruce y el chofer siguió su camino detrás de este vehículo en una distancia razonable, cuando el furgón que los antecedía vira hacia el lado de Andacollo, sin señalizar y se fijó bien ya que iba al lado de la puerta del camión, siguieron y el furgón los chocó y este vehículo los trasladó hacia la garita donde está la virgen y posteriormente se volcaron encima del furgón. Iban en el camión tres personas con el chofer, se bajaron por el parabrisas y el chofer se fue ayudar a la señora que conducía el furgón el cual quedó totalmente aplastado ya que le cayó la carrocería del camión encima. El chofer del camión llevaba una velocidad de unos cincuenta y cinco a sesenta kilómetros por hora, existiendo buena visibilidad y luz natural. El furgón cuando los antecedía se hace un poco hacia la derecha y de ahí inmediatamente vira hacia la izquierda que es para Andacollo. h) Ocho fotografías del estado en que quedó el vehículo patente SK 6986 y 4 del estado en que quedó el vehículo patente PF 18 59 y 12 fotografías del lugar de los hechos. e) Informe pericial de fojas 124 y siguientes efectuado por el perito Enrique Heise Koch, que informa al Tribunal que el furgón marca Kia Modelo Besta 2.7, patente SK 69.86 se encontraba señalizando hacia la izquierda en el accidente de autos, señalando que la fotografía Nº 4 muestra la luz del viraje encendida. j) Informe técnico pericial de investigación en accidente en el Tránsito efectuado por Carabineros de Chile, Prefectura Coquimbo, de fojas 130 y siguientes que establece como dinámica general del accidente que el participante 1 (Camión ) conducía los móviles 1 y 1ª por el costado derecho de la calzada de la ruta D 43 en dirección al sur, a una velocidad calculada de no inferior a los 90 Kms/ hora. La participante (2) (furgón) conducía el móvil por el costado derecho de la calzada de la ruta D 43 en dirección al sur, a una velocidad no determinada por falta de elementos técnicos o de juicio suficientes para su cálculo, antecediendo al móvil 1 y 1ª. En las condiciones antes descritas, el participante 1 efectuó con los móviles, una maniobra antirreglamentaria de adelantamiento (en cruce no regulado) al móvil 2 en instantes que este último vehículo iniciaba un viraje hacia la izquierda colisionando el móvil 1 con el tercio derecho de su parte frontal contra el tercio izquierdo de la parte posterior del móvil (2) aproximadamente en el lugar del impacto “A” acotado en el plano adjunto, en instantes que el móvil 1 se desplazaba en maniobra evasiva hacia la izquierda y en proceso de frenaje. Ocurrido lo anterior el móvil 1 giró de su parte posterior hacia la derecha, volcando sobre su lateral derecho en 1/4 de vuelta, aproximadamente dentro de la zona achurada en el plano impactando a su vez dentro de esta misma zona con su lateral derecho y su carga contra el lateral izquierdo del móvil 2 para finalmente detenerse el móvil 1 no siendo acotada su posición final por haber sido movido antes de la llegada del Oficial Investigador. El móvil 1ª no sufrió impactos durante su desplazamiento girando levemente de su parte posterior hacia la derecha. El móvil 2 en tanto fue proyectado en dirección al sur oriente chocando en su trayectoria contra una estructura en elevación del terreno (Santuario de la Virgen) aproximadamente en el lugar de impacto “B” acotado en el plano, deteniéndose finalmente el móvil 2, siendo su posición final la acotada en el plazo y apreciada en fotografías. El Informe señala como causa basal del accidente el que el participante (1) efectúa con el móvil una maniobra antirreglamentaria de adelantamiento (en cruce no regulado) colisionando al móvil (2) que iniciaba un viraje hacia la izquierda.

366

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

k) Informe de lesiones de fojas 156 emitido por el Servicio Médico Legal, respecto de la menor Alejandra Araya Hidalgo que concluye que se trata de lesiones leves que sanarán salvo complicaciones entre 8 a 10 días con igual tiempo de incapacidad. l) Informe de lesiones de fojas 157 emitido por el Servicio Médico Legal, respecto del menor Jimmy Castillo Guerrero, el que en su conclusión expresa que se trata de lesiones explicables por elemento contuso cIínicamente leves que sanarán salvo complicaciones entre 6 a 8 días con igual tiempo de incapacidad. m) Informe de lesiones de fojas 158 emitido por el Servicio Médico Legal respecto del menor Jaime Miranda Rivera, que al examen físico actual señala que acude con extremidad superior izquierda en cabestrillo, aumento de volumen en región suproclavicular izquierda, se palpa fractura clavicular y cicatrices de excoriaciones varias en extremidad superior. Señala en su conclusión que se trata de lesiones explicables por elemento contuso clínicamente graves que suelen sanar salvo complicaciones entre 32 a 35 días con igual tiempo de incapacidad. n) Informe de Autopsia Nº 145.1998 efectuado por el Servicio Médico Legal al cadáver de Rigoberto Manuel Jacob Araya Marambio, que en sus conclusiones señala que se trata de un cadáver de sexo masculino identificado como Rigoberto Manuel Jacob Araya Marambio, la causa de la muerte fue traumatismo cráneo encefálico y que no se observan lesiones atribuibles a terceros. o) Comunicación de atención médica otorgada en Unidad Emergencia Hospital de Coquimbo de fecha 4 de agosto de 1998, de fojas 342, que señala que el día 30 de julio de 1998 fue atendida Alejandra Araya Hidalgo, siendo su probable diagnostico: Contusión Pared Abdominal, rodilla derecha y muñeca izquierda, pronóstico médico provisorio: leve. p) Comunicación de atención médica otorgada en Unidad de Emergencia Hospital de Coquimbo de fecha 4 de agosto de 1998 de fojas 343 que señala que el día 31 de julio de 1998 fue atendido Jaime Miranda Rivera, siendo su diagnóstico probable el de fractura clavícula izquierda y herida antebrazo izquierdo, siendo su pronóstico médico provisorio: grave. q) Comunicación de atención médica otorgada en Unidad de Emergencia Hospital de Coquimbo de fecha 4 de agosto de 1998 de fojas 344, que señala que el día 31 de julio de 1998 fue atendido Sergio Cortés Toro, siendo su diagnóstico probable el de contusión región malar y maxilar derechos. Erosiones y contusiones ambas extremidades superiores. Diagnóstico médico provisorio: Leve. r) Comunicación de atención médica otorgada en Unidad de Emergencia Hospital de Coquimbo de fecha 4 de agosto de 1998 de fojas 345, que señala que el día 30 de julio de 1998 fue atendido Jomary Gallardo Tapia siendo su diagnóstico probable el de Policontundida con diagnóstico médico provisorio: Leve. s) Comunicación de atención médica otorgada en Unidad de Emergencia Hospital de Coquimbo de fecha 4 de agosto de 1998 de fojas 346, que señala que el día 30 de julio de 1998, fue atendido por Herman Díaz Plaza, siendo su diagnóstico probable el de alcoholemia grado 0. t) Comunicación de atención médica otorgada en Unidad de Emergencia Hospital de Coquimbo de fecha 4 de agosto de 1998 de fojas 347, que señala que el día 30 de julio de 1998 fue atendido por Ana Tapia Godoy, siendo su diagnóstico probable el de contusión lumbar leve. Alcoholemia grado 0. u) Certificado de defunción de fojas 352, que da cuenta que con fecha 30 de julio de 1998 a las 13.35 horas falleció Rigoberto Manuel Jacob Araya Marambio, señalando como causa de la muerte el de traumatismo cráneo encefálico, accidente de tránsito. v) Declaración de Alex Jacob Araya Geraldo de fojas 388, quien señala que se desempeña como chofer de la línea de taxis Anserco, se percató que en la gruta existente en el lugar se encontraban dos vehículos, un furgón utilitario color azul y un camión con acoplado, el camión se encontraba sobre el vehículo menor, aprisionándolo, es decir, había ocurrido un accidente en el cual el camión se volcó sobre el furgón, ambas cabinas de los conductores se encontraban mirando en dirección hacia el pueblo de Andacollo, pudo percatarse también que en esos momentos una grúa estaba levantando el camión. Había personal de Carabineros y que en el interior del vehículo se encontraba un menor, ya que estaban cortando las latas del vehículo, al momento en que sacaron al menor, carabineros, le autorizó para acercarse y ver de quien se trataba, percatándose que se trataba de su sobrino Rigoberto Araya Marambio,

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

367

hijo de su hermano mayor. Después de eso se devolvió a la ciudad de Andacollo a buscar a su cuñada, sin tener más participación en los hechos. w) Declaración de Óscar Ernesto Zepeda Galaz de fojas 391, quien señala que el día 30 de julio de 1999, se dirigía en dirección a la Comuna de Andacollo, conduciendo el vehículo de la empresa de taxi colectivos Anserco, de su propiedad, específicamente en el cruce de las rutas 43 con carretera D 51, denominado cruce El Peñón, se percató que a un costado de la ruta, en la gruta que se encontraba en el sector, por el costado izquierdo, se encontraba un furgón de gran tamaño de color azul petróleo y encima de este un camión Ford cargo, con su respectivo acoplado, volcado sobre el vehículo, a su llegada el chofer del camión se encontraba fuera de éste, por su parte la conductora del furgón y sus pasajeros aún estaban dentro del vehículo junto a otras personas que se encontraban en el lugar, se preocuparon de despejar el área del siniestro y en especial sacando los bidones de gas que cargaba el camión participante en la colisión, los que se encontraban dispersos sobre la ruta y algunos de ellos perforados dejando escapar su carga en el lugar, personal del GOPE y otras personas colaboraron en el rescate de los pasajeros del furgón, posteriormente tomó conocimiento que en el interior del furgón se encontraba un menor de edad muerto, el que posteriormente identificó ya que es amigo de sus padres y socio de quien fuera su abuelo paterno don Mario Araya, señala, fundado en los conocimientos que tiene en la conducción aproximadamente como 25 años en las carreteras como transportista y posteriormente como chofer de vehículo de alquiler, cree que el accidente se debió al adelantamiento indebido del furgón en las proximidades de un cruce que por su experiencia sabe que era de alta peligrosidad acompañado de una maniobra de indecisión de la conductora del furgón de realizar o no el cruce, pues adelantó el camión, redujo velocidad y simula bajarse al costado derecho de la calzada, tomando la berma y posteriormente vuelve a retomar la ruta y se cruza, lo que pudo haber producido engaño al conductor del camión, el que pensó seguramente que le estaba cediendo el paso, esto también debe complementarse con la falta de experiencia de la conductora, la cual anteriormente conducía un vehículo menor y al cambiar a un vehículo de mayor envergadura, aproximadamente unos seis metros de largo y dotado de espejos panorámicos que alejan la imagen del vehículo que lo antecede pudo haber calculado mal la distancia entre su vehículo y el camión que lo precedía, aparte de las diferencias entre un vehículo bencinero y un petrolero como es el caso señalado. x) Acta de reconstitución de escena de fojas 393, que señala en primer lugar se fija la trayectoria que tuvo el día de los hechos Ana Fresia Tapia Godoy, conduciendo un vehículo, esta se desplaza en forma lenta por la calzada derecha, prende el intermitente de viraje a unos sesenta metros aproximadamente antes de llegar al cruce, en ningún momento detiene el vehículo antes de virar hacia la izquierda ni tampoco después de haber virado, pero sí disminuye la velocidad, posteriormente el Tribunal la interroga y ya individualizada en autos y exhortada a decir verdad señala que siempre mantuvo en movimiento el vehículo no lo detuvo, la rueda siempre se mantuvo girando solamente, disminuyó velocidad y señalizó cuando correspondía al camión lo pasó a la altura del Fundo Las Rosas, no venía nadie en sentido contrario, al camión lo vio que venía lejos no sabe precisar la distancia, efectivamente el vehículo que conducía el día de los hechos lo tenía hace cuatro días y antes conducía un auto Kia, pero ya había aprendido a conducir en un camión; estimó que había distancia para virar porque vio el camión que venía lejos. Los funcionarios de la SIAT atendida la distancia que llevaba el camión del automóvil, que indica la imputada, mide la distancia y esta es de 50,52 metros aproximadamente. Posteriormente se fija la posición donde fue el impacto quedando el vehículo en dirección hacia el oriente en la calzada del lado izquierdo. En segundo lugar se fija la trayectoria del camión conducido por el imputado Herman Ricardo Díaz Plaza y este circula por la calzada derecha y al llegar al cruce de Andacollo y vira hacia el oriente y se detiene; el tribunal lo interroga y ya individualizado en autos y exhortado a decir verdad expone que la señora pasado el letrero en línea continúa lo adelantó y se le acortó la distancia, debido a esa maniobra, llevaba una distancia de unos 8 a 10 metros de distancia con el vehículo que conducía la señora, tuvo que virar hacia la izquierda y no pudo frenar en forma brusca ya que tenía una carga líquida y llevaba 10 toneladas de carga más de 15 toneladas en el carro, al camión más la carga y remolque tiene un peso de 35.000 kilos. y) Antecedentes de fojas 401 de Carabineros de Chile, Prefectura Coquimbo, que remite al Tribunal 02 fotografías sobre la fijación de los lugares de impacto, según versión de los participantes. Levanta-

368

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

miento planimétrico “A” (desplazamiento y lugar de impacto según Ana Tapia Godoy) Levantamiento planimétrico “B” (desplazamiento y lugar de impacto, según Hernán Díaz Plaza) z) Ord. Nº 021 del Ministerio de Obras Públicas, que indica la señalización existente con fecha 30 de julio de 1998 y la que existe actualmente al 14 de enero de 2000 en el cruce de las Rutas 43 y D 51, adjuntándose los croquis respectivo. aa) Set de fotografías de fojas 447 y siguientes sobre el estado en que quedó el vehículo patente SK 69 86 después del accidente. Todos estos elementos de prueba consistentes en declaraciones de testigos e informes periciales y policiales reúnen los requisitos legales para establecer que el día 30 de julio de 1998 y en circunstancias que un tercero conducía el camión placa patente PF 1859 marca Ford, modelo cargo 1622 año 1996 que transportaba gas licuado a la ciudad de Ovalle siendo acompañado por Jaime Hermógenes Miranda Rivera y Sergio lván Cortés Toro por la ruta D 43 de Norte a Sur y al llegar a la intersección de ésta con la ruta D 51 y en los momentos que un minibús plac patente SK 6986 2 marca Kia Motors, modelo Besta 2.7 ultra año 1998, que trasladaba a los menores Jamari Gallardo Tapia, Alejandra Javiera Araya Hidalgo, Jimmy Castillo Guerreo y Rigoberto Manuel Jacob Araya Marambio a la ciudad de Andacollo que antecedía por la misma ruta D 43 de Norte a Sur al camión, quien se disponía virar hacia la izquierda para tomar la ruta D 51 fue colisionado por el camión con la parte delantera en el costado izquierdo trasero, perdiendo el control de la máquina, deslizándose ambos vehículos aproximadamente unos 30 metros e impactando contra la gruta con la imagen de la Virgen de Andacollo para finalmente quedar el camión con la carga volcada sobre el Mini bus causándole la muerte en el mismo lugar al menor Rigoberto Manuel Jacob Araya Marambio, producida por un traumatismo cráneo encefálico según informe de autopsia de fojas 319 y siguientes y lesiones graves a Jaime Miranda Rivera, de que da cuenta el informe de lesiones de fojas 158. SEGUNDO. Que en su indagatoria de fojas 12 el procesado Hermán Ricardo Díaz Plaza señala que se desempeña como chofer de los camiones que trasladan gas licuado, y todos los días traslada carga a la ciudad de Ovalle una o dos veces al día, esto lo está haciendo por un lapso de dos años. Que el día 30 de julio de 1998, alrededor de las 13.30 horas, conducía el camión placa patente PF 1859 y se trata de un camión carro, venía con una carga de unas 28 toneladas, conducía por la ruta D 43 de norte a sur a una velocidad de unos 60 kms/ horas, antes de llegar al cruce de El Peñón se adelantó un mini bus y continuó su viaje delante suyo, ya casi en el cruce del Peñón el mini bus se detiene en la pista que circulaban ambos, prende el intermitente del lado izquierdo y dobla inmediatamente hacia ese lado, él ya estaba encima de su vehículo cuando ella se detiene con su vehículo, le hizo cambios de luces pero igualmente viró, su reacción fue igualmente virar hacia la izquierda misma dirección que tomó este vehículo con el fin de no impactar su vehículo pero como ambos tomaron una misma dirección, el vehículo de ella se apegó al costado del lado derecho del camión y eso hizo que su vehículo se cargara hacia el lado derecho y fue cuando el camión se cae con carga encima del furgón. Hace presente que lo acompañaban tres personas quienes son los cargadores quienes iban sentados a su lado. Su ayudante le manifestó que había sacado del camión y ya una vez que reaccionó se fue al furgón y le prestó ayuda a la señora que conducía el vehículo y sacó a dos menores los demás estaban apretados, posteriormente llegó carabineros y bomberos y sacaron a los demás trasladándolos a todos a Urgencia del Hospital de esta ciudad le practicaron el examen de alcoholemia. Existía buena visibilidad habiendo luz natural, al adelantarlo esta persona antes del cruce tiene que haber llevado una velocidad de unos 60 kilómetros por hora. TERCERO. Que en mérito a los hechos descritos en el considerando primero de esta sentencia, unido a lo manifestado por el acusado Herman Díaz Plaza en el considerando precedente aparece que éste en su conducción infringió las normas del tránsito como es el no estar atento a las condiciones de tránsito del momento, prohibición absoluta de adelantar en un cruce, no mantener la distancia prudente y razonable con el vehículo que lo antecede, llevar una velocidad mayor a la razonable y prudente bajo las condiciones existentes, normas contempladas en los artículos 114, 127, 130, 148, 149 y 150 de la ley Nº 18.290, lo que constituye una presunción de responsabilidad prevista en el artículo 172 Nº 2, Nº 7, Nº 10 y Nº 17 de la referida ley, presunciones no desvirtuadas. Infracción que se cometió por actuar imprudente del encausado, que de mediar malicia constituirían un simple delito contra las personas,

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

369

por lo que los hechos investigados son constitutivos del cuasidelito de homicidio de Rigoberto Manuel Jacob Araya Marambio y lesiones graves a Jaime Hermógenes Miranda Rivera, habiéndole correspondido al procesado Herman Ricardo Díaz Plaza una participación de autor al intervenir en el mismo de una manera inmediata y directa, ilícitos previstos y sancionados en los artículos 490 Nº 1 y 2 y 492 del Código Penal. CUARTO. Que la defensa letrada del procesado solicita a fojas 538 la absolución de su defendido señalando que su representado no ha cometido el hecho punible contemplado en el artículo 490 del Código Penal, ya que dicho artículo exige que el hecho o acción ejecutado se haga con imprudencia temeraria, lo que no ocurrió por parte del procesado, existiendo la más absoluta diligencia y.precaución ante un imprevisto causado por la acción de un tercero, en el presente caso de doña Ana Tapia, la que en su concepto infringió reglamentos de tránsito, solicitando se le absuelva de conformidad al artículo 10 Nº 8 del Código Penal, como petición subsidiaria y para el evento de que se dicte sentencia condenatoria, alega como atenuante la del artículo 11 Nº 1 en relación con el artículo 10 Nº 8 del Código Penal, atendido la exposición imprudente de la conductora del vehículo en que se trasladaba a la víctima. QUINTO. Que se rechazará la solicitud de la defensa de absolver el encausado por lo razonado en los motivos precedentes de esta sentencia, en especial lo señalado en las letras del considerando primero, asimismo se niega lugar a la atenuante del artículo 11 Nº 1 en relación con el 10 Nº 8 del Código Penal, por estar acreditadas la infracciones reglamentarias por parte del encausado, dándose lugar a la reconocer a su favor, la atenuante de irreprochable conducta anterior pues su extracto de filiación de fojas 461 carece de anotaciones pretéritas. En cuanto a la alegación en orden a existir responsabilidad de la conductora del mini bus, se dirá que en nuestro derecho la culpa de cada cual se aprecia independientemente y en consecuencia por estar acreditado las infracciones reglamentarias, sólo procede responsabilizarlo personalmente por estar infracción culpable. SEXTO. Que por existir una circunstancia atenuante de responsabilidad criminal y ninguna agravante, la pena no será aplicada en el grado máximo. ll. En cuanto a la acción civil. SÉPTIMO. Que a fojas 466 don Raúl Hernán Castillo Castillo por la actora doña Ana Tapia Godoy deduce demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de Herman Díaz Plaza, chofer, de José Mamad Jure, empresario y de Lipigas S.A representada por don Hernán Peñalosa Duarte, para que los demandados en tales calidades sean condenados solidariamente a pagarle las sumas que indica y por los conceptos que señala. Funda su demanda en que su representada Ana Fresia Tapia Godoy el 30 de julio de 1998 a las 12.45 aproximadamente, retiró del Colegio a todos los menores de edad que trasladaba diariamente desde la localidad de Andacollo a la ciudad de La Serena y viceversa. Una vez que procedió a ubicarlos en el interior del minibús de su propiedad con sus respectivos cinturones de seguridad se dirigió por la ruta D 43 hacia la localidad de Andacollo, y al llegar al cruce El Peñón disminuyó su velocidad a unos 30 ó 40 kilómetros por hora. A fin de dirigirse a la localidad de Andacollo es que encendió el intermitente para virar hacia la izquierda y tomar el camino que conduce a dicha localidad, miró por el espejo retrovisor y divisó un camión que venía tras suyo. En estas circunstancias, habiendo adoptado las precauciones pertinentes, mientras viraba, sintió un fuerte impacto en el costado izquierdo trasero de minibús que conducía. Tal impacto se debió a que el imputado Herman Ricardo Díaz Plaza quien conducía el vehículo camión Patente PF 18 59 en esos instantes frente al cruce en vez de disminuir su velocidad habiendo visto parpadear la luz izquierda de viraje de aquel vehículo debido a su exceso de velocidad y falta de atención de las condiciones del tránsito, procedió a adelantar en zona prohibida ocasionando las trágicas consecuencias investigadas en autos. A raíz de la colisión falleció el menor Rigoberto Araya Marambio, y sufrió lesiones graves Jaime Miranda Rivera, sufriendo lesiones menos graves los menores Alejandra Araya Hidalgo y Jimmy Castillo Guerrero. El vehículo, que conducía el imputado se encontraba prestando servicios contractuales para la empresa Lipigas S.A. Que el imputado Herman Ricardo Díaz Plaza incurrió en la imprudencia descrita en el artículo 492 del Código Penal pues su conducta culposa consiste y tiene su causa basal en las infracciones de las elementales y básicas normas de conducción contenidas en los artículos 114, 127, 130, 148, y 150 de la

370

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

ley Nº 18.290. Encontrándose acreditado el hecho punible que los antecedentes allegados a los autos y que señala en su libelo. Que en autos se encuentra acreditado un ilícito penal, un daño, que en el caso de su patrocinada debe tenerse en cuenta: 1. El daño directo consistente en la destrucción total del vehículo furgón marca Kia año 1998 patente SK 6986, que resultó con daños irreparables en toda su estructura, asimismo debe considerarse el lucro cesante por todo aquel período que tal furgón dejó de prestar servicios de transporte y respecto de todo el lapso que no ha reportado ingresos su defendida hasta el día del cumplimiento del fallo, en todas sus partes y con más el daño moral evidente e insoslayable que su defendida ha debido soportar, al padecer la destrucción de su vehículo, los sufrimientos derivados de la pérdida de ingresos sustentables, la angustia de verse afectada con falsas imputaciones y recriminaciones, la absoluta falta de caridad y preocupación tanto del imputado con de su empleador y personeros de Lipigas, los que han asumido una conducta de abierta despreocupación por todo el mal causado. 2. Una relación de causalidad entre el hecho punible y el daño. 3. Una persona natural o jurídica responsable de dichos sucesos, en el caso de autos Herman Díaz Plaza (autor), José Mauad Jure, tercero civilmente responsable y Lipigas S.A tercero civilmente responsables. 4. Una persona natural o jurídica perjudicada u ofendida. En el caso de autos es posible colegir que la empresa Lipigas para los cuales prestaba servicios contractuales el vehículo que manejaba Herman Díaz Plaza no adoptó ni se preocupó que el imputado y sus empleadores adoptaran las medidas de seguridad entre los que se encuentra conducir bajo los parámetros normales y adecuados de seguridad vial que el transporte de carga peligrosa así aconsejaban, asimismo la empresa Lipigas S.A en su carácter de ente contractual dominante de la prestación de servicios referida al reparto de balones de gas licuado en el camión que conducía el imputado en razón de la seguridad del transporte de cargas peligrosas, debió exigir supervigilar y adoptar los mecanismos y resguardos tendientes al cercioramiento real del cumplimiento de las disposiciones que rigen el tránsito público amén de verificar la idoneidad moral síquica de los conductores prestadores del servicio contratado por aquel con estos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2320 del Código Civil, y la sana prudencia aconsejaba que Lipigas S.A debe y está obligada a velar porque los prestadores de servicios contratados en especial los del rubro reparto de balones de gas licuado y/o conductores, lo hagan dentro de parámetros normales de conducción con los debidos resguardos en el servicio y con la adopción de las medidas de seguridad que el transporte de cargas peligrosas aconseja, evitando de este modo la comisión de actos delictuales dolosos y o culposos de sus prestadores y conductores dependientes lo que no se hizo en la especie, pues basta una simple lectura del expediente para darse cuenta de la ausencia de las más elementales precauciones, asimismo la empresa Lipigas S.A, en uso de sus atribuciones contractuales y legales hubiera ejercido sus facultades de fiscalización e inspección del desempeño del transporte de cargas peligrosas en la forma oportunidad que señala la sana prudencia y razón en virtud de su deber de cuidado que le era exigible los lamentables sucesos no se hubieran producido. Señala que por la demanda se pretende que los demandados en su carácter de sujetos civilmente responsables sean condenados solidariamente a pagarle todas aquellas sumas derivadas de los daños sufridos con expresa condenación en costas: 1. Daños directos: Demanda por este concepto la suma de 547 unidades de fomento equivalente en moneda de curso legal al día de su pago efectivo o aquella suma menor que determine prudencialmente el tribunal en razón de la equidad y la justicia atendido el mérito de autos, dado que derivan directa e inmediatamente del hecho punible y está constituido por el costo de adquisición de un vehículo nuevo de similares características al siniestrado. 2. Lucro cesante por este item y dado que su representada ha perdido la posibilidad de ejecutar los servicios y trabajos como lo hacía hasta antes de los hechos en que el vehículo siniestrado y debe ser indemnizada con 500 unidades de fomento equivalentes en monedas de curso legal, al día de su pago efectivo a aquella suma menor que determine prudencialmente el tribunal en razón de la equidad y la justicia. 3. Daño Moral 500 UF equivalentes en moneda de curso legal al día de su pago efectivo o aquella suma menor que determine prudencialmente el tribunal en razón de la equidad y la justicia atendido el

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

371

mérito de autos, por lo expuesto solicita que se acoja la demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de Herman Díaz Plaza, José Mauad Jure y Lipigas S.A, condenándolos solidariamente a pagar a su representada en la forma indicada, suma de 1547 unidades de fomento equivalente al 4 de octubre de 2000 a la suma de $ 24.042.716 pagaderos en moneda de curso legal según el valor de la unidad de fomento al día de su pago efectivo o aquella suma menor que determine prudencialmente el Tribunal en razón de la equidad y la justicia con más intereses corrientes o en la forma que establezca el tribunal con expresa condenación en costas. OCTAVO. Que a fojas 491 don Jorge Brucher Macfarlane en representación de Edgardo Antonio Araya Jeraldo y Doris Carolina Marambio Flores en sus calidades de padres del menor Rigoberto Manuel Jacob Araya Marambio, deduce demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de Herman Ricardo Díaz Plaza, en su calidad de responsable directo del accidente de autos, en contra de José Mauad Jure, y en contra de Lipigas S.A representada para estos efectos por don Hernán Peñalosa Duarte en sus calidades de terceros civilmente responsables, a fin de que sean condenados a pagar a sus representados la suma de $ 60.000.000 o la suma que el tribunal estime pertinente en mérito de los antecedentes de autos, todo con costas. Funda su demanda que raíz del impacto sufrido por el vehículo furgón placa SK 6986 2 resuelto muerto Rigoberto Manuel Jacob Araya Marambio, en el mismo lugar del accidente, por traumatismo cráneo encefálico ocasionado por el impacto de la colisión resultando en su totalidad 8 personas heridas de consideración las cuales fueron trasladadas al Hospital de Coquimbo. El menor fallecido era hijo único de los demandantes y su muerte dejo un hondo pesar en el seno de su familia más aun cuando su madre se encuentra imposibilitada de tener más hijos, esta pérdida inesperada e irreparable debido a la imprudencia temeraria de un conductor ha causado un gran padecimiento emocional a los padres del menor quienes han sufrido la pérdida definitiva de su hijo, merced al ilícito que le costó la vida, este sufrimiento moral su parte estima que no puede ser indemnizado con una suma inferior a $ 40.000.0000 no obstante tener la certeza de que este es un dolor que los acompañará toda la vida y que incluso indicando una suma mayor jamás será reparado. A mayor abundamiento debe tenerse presente el daño psicológico y moral provocado, este dolor no puede ser reparado de modo alguno, ya que los acompañará por el resto de sus días, pero requiere necesariamente de atención profesional para poder sobrellevar el día a día el recuerdo de estos hechos, para estos efectos y con el único ánimo de procurar la asesoría profesional que se requiere demandan adicionalmente a lo demandado por perjuicio moral y a título de indemnización por daño psicológico emergente la suma de $ 20.000.000. La responsabilidad del acusado y de los terceros civilmente responsables y su obligación de reparar los daños causados, tienen su origen en las disposiciones de los artículos 2314, 2316 y siguientes del Código Civil. Ahora bien dispone el artículo 174 inciso segundo de la ley Nº 18.290 que el dueño de un vehículo es solidariamente responsable de los daños y perjuicios causados por el conductor de aquel y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Código de Procedimiento Penal, la acción civil se puede deducir en el proceso penal en contra de los responsables del hecho punible o bien contra los terceros civilmente responsables asimismo hace presente que el vehículo causante del accidente que ocasionó la muerte del menor se encontraba prestando servicios contractuales para la empresa Lipigas S.A, y dicha empresa no adoptó las medidas necesarias de seguridad y cuidado tendientes a asegurarse del transporte de la carga que se trasladaba, en consecuencia Lipigas S.A en su carácter de contratante de dicho prestación de servicios debió exigir y adoptar las medidas y resguardos tendiente al cumplimiento de las normas que regulan el tránsito público por parte del personal que contrata para concluir los vehículos que transportan el gas licuado. NOVENO. Que a fojas 519 don Felix Lagreze Byrt y Juan Enrique Melo Figueroa, abogados, en representación de Gas Licuado y contestando la demanda interpuesta en su contra por doña Ana Tapia Godoy solicita su rechazo fundado en que toda la disquisición que hace el actor para llegar a concluir una pretensión de orden indemnizatorio en contra de su representada tiene por base una supuesta acción o hecho culposo por parte del conductor Herman Ricardo Díaz Plaza, y los únicos antecedentes objetivos que permiten llegar a concluir algún grado de responsabilidad infraccional apuntan a la responsabilidad de doña Ana Fresia Tapia Godoy que llevaba a los menores. En forma subsidiaria y para el evento improbable que se determinase en definitiva la responsabilidad de Herman Díaz Plaza en

372

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

los hechos materia de la causa, señala que Lipigas S.A carece absolutamente de responsabilidad en los hechos por cuanto no existe relación contractual o extracontractual alguna entre su representada y don Herman Díaz Plaza. El señor Díaz Plaza prestaba servicios de chofer o conductor para don José Mauad Jure. A la época de los hechos gas licuado Lipigas S.A mantenía un contrato de transporte con José Mauad Jure y el vehículo que conducía Herman Díaz Plaza era de propiedad de don José Mauad Jure. Los hechos acontecieron en el curso de un viaje entre las dependencias de su representada y el lugar de destino estando la mercadería transportada al cuidado del porteador. El transporte de gas licuado de petróleo es un transporte debidamente regulado el control del cumplimiento de las normas pertinentes, es de responsabilidad de la autoridad competente en consecuencia no se da ningún de los requisitos para que pueda establecerse una responsabilidad de su representada por el hecho de un tercero hecho ajeno. DÉCIMO. Que a fojas 536 don Nelson Bonilla Pontigo contesta la demanda civil interpuesta por doña Ana Tapia Godoy solicitando su rechazo, señalando en primer término que en la especie se demanda a su representado por concepto de daño patrimonial directo, lucro cesante y además daño moral, que por disposición legal de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico tienen una reajustabilidad de acuerdo al índice de precios al consumidor e intereses, reajustabilidad que además se cuenta en fechas y oportunidades distintas, así del daño material se cuenta la reajustabilidad a contar del día en que se sufrió el daño; el daño moral a contar de que la sentencia definitiva quede ejecutoriada de tal manera que cuando se demandan ambos daños deber pedirse en forma separada lo que la demandante no ha hecho fusionando todas sus peticiones en la parte petitoria, esto es, 1.546 UF de lo que resulta que a una parte de los rubros que cobra, daño moral le ha introducido un factor distorsionador en cuanto le agrega una reajustabilidad no contemplada por la ley, ya que el tribunal necesariamente debe fallar con estricta sujeción a lo pedido, debe ordenar pagar unidades de fomento, todo lo cual hace improcedente legalmente la petición y debe en consecuencia rechazarse la demanda toda vez que la Unidad de Fomento es un índice económico que varía a diario lo que hace que el daño moral en definitiva se beneficie en la especie con la reajustabilidad. Por otra parte alega la ausencia de responsabilidad ya que como se señaló en la contestación el procesado no ha cometido el hecho punible de cuasidelíto de homicidio. Como peticiones subsidiarias señala que lo pedido por daño moral debe rechazar en atención a que la demandante es la autora directa de todos los daños con su accionar imprudente, solicitando el rechazo de lo demandando por lucro cesante por no ser efectivo que se dedicara al transporte de niños como un actividad comercial y en el furgón siniestrado. Finalmente solicita la reducción de los montos adeudados por haberse expuesto imprudentemente al daño sufrido. En el octavo otrosí de su presentación contesta la demanda civil interpuesta por don Edgardo Antonio Araya y doña Doris Carolina Marambio solicita se rechace la demanda atendido que la Cía. de Seguros le pagó el siniestro, y si se estima que el valor pagado no alcanza a cubrir lo que el Tribunal determine señala que debe imputarse dicha suma a lo fijado por el Tribunal finalmente respecto de los veinte millones de pesos la defensa señala que con esta suma se pretende que se pague se sustenta o se apoya en el daño moral en circunstancias que también se cobra 40 millones por este concepto y se estima que por un mismo rubro no se puede cobrar dos veces. Para el caso que la demanda sea acogida solicita se rebaje prudencialmente los valores fijándose en dos millones de pesos. UNDÉCIMO. Que a fojas 544 don Nelson Bonilla Pontigo en representación de don José Mauad Jure contesta la demanda interpuesta por doña Ana Tapia Godoy, solicitando el rechazo de la misma fundado en que de acuerdo a que se le ha informado a este apoderado la compañía aseguradora habría pagado íntegramente el valor del choque por lo que sería improcedente obtener un segundo pago, en la especie se demanda a su representado por concepto de daño patrimonial directo, lucro cesante y además daño moral invocando a este respecto los mismos argumentos señalados en la contestación a la demanda que se hiciera por parte del procesado en orden a la reajustabilidad y haberse demandado en UF. En segundo lugar alega la ausencia de responsabilidad por parte del procesado y en cuanto al lucro cesante que ello no se ajusta a la verdad por no haberse dedicado al transporte de niños como una actividad comercial según lo expresado por la propia actora, finalmente y para el evento de que se acoja la demanda solicita se reduzca prudencialmente el monto dado la exposición imprudente al daño.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

373

Por el primer otrosí contesta la demanda deducida en su contra por don Edgardo Antonio Araya y Doris Carolina Marambio en los mismos términos que la contestación que hiciera el procesado respecto a esta demanda. DUODÉCIMO. Que a fojas 551 se contesta la demanda interpuesta por don Edgardo Antonio Araya Jeraldo y doña Carolina Marambio Flores por Gas Licuado Lipigas S.A., solicitando su rechazo fundado en la ausencia de responsabilidad del procesado Herman Díaz Plaza y ausencia de responsabilidad por el hecho ajeno por parte de Lipigas al no existir relación contractual o extracontractual entre Lipigas y Herman Díaz Plaza. DECIMOTERCERO. Que siendo la responsabilidad civil demandada, accesoria de la responsabilidad penal que se le atribuyó al acusado, y siendo un hecho de la causa el accidente automovilístico ocurrido con fecha 30 de julio de 1998 y la participación que en calidad de autor le cupo al demandado civil Herman Díaz Plaza, las alegaciones formuladas en las respectivas defensas de los demandados, José Maud, Lipigas S.A. y Herman Díaz Plaza se desestiman en cuanto a se fundan en la no existencia de responsabilidad del señalado Herman Díaz Plaza. DECIMOCUARTO. Que a fin de probar los presupuestos de su acción y los daños directos, lucro cesante y daño moral sufridos la actora acompañó a los autos presupuesto Nº 0107 del taller automotriz y estación de servicios Juan Francisco Hernández Castan de fecha 25 de agosto de 2000, respecto al vehículo siniestrado Kia Besta 2.7 1998, tipo minibús placa patente SK 69 86, presupuesto Nº 08084 del Taller de pinturas de automóviles de Rubén Pérez Salazar de fecha 28 de agosto de 2000 y presupuesto Nº 001254 de Callegari e Hijos Ltda. de fecha 24 de agosto de 2000 respecto de dicho vehículo, los cuales señalan que debido al alto costo que significaría su reparación, se considera pérdida total. Asimismo acompañó cotización de 21 de agosto de 2000 respecto a un minibús marca Kia Motors modelo Besta 2.7 ultra con dirección hidráulica, alza vidrios eléctricos, cierre centralizado, ecodiésel con aire acondicionado, capacidad de 12 pasajeros año 2000 por un valor I.V.A incluido de $ 8.490.000, documentos inobjetados, y que conjuntamente con el certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el R. N. V. M de fojas 53 que acreditan el dominio de la actora sobre el minibús Kia Motors Besta 2.7 placa patente a favor de Ana Fresia Tapia Godoy. DECIMOQUINTO. Que con las pruebas rendidas por la actora Ana Fresia Tapia Godoy, este sentenciador tiene por acreditado que la actora sufrió como daño directo la pérdida total de su automóvil Kia Besta por lo que se accederá a la suma de $ 8.490.000 demandada como daño directo, que es el valor de reposición del automóvil de similares características al 21 de agosto de 2000, que es el único antecedente existente en autos en orden a acreditar el valor de un automóvil de iguales características al siniestrado. DECIMOSEXTO. Que con respecto al lucro cesante demandado por la querellante, no se accederá al mismo atendido el informe pericial de fojas 673, el que señala en sus consideraciones específicas que “solicitada a la I. Municipalidad de Andacollo certificados en que conste que la actora prestaba servicios remunerados por el traslado de personas a Coquimbo, con resultados negativos por lo que no se ha podido determinar las presuntas cantidades que ha dejado de percibir debiendo señalar que la señora Tapia trasladaba personas en su automóvil particular, situación que no se pudo verificar debido a que no aportó los antecedentes (certificado de iniciación de actividades) que es extendido en forma personal al contribuyente por el Servicio de Impuestos Internos. El furgón siniestrado de acuerdo a los antecedentes aportados por la secretaria Ministerial de Transportes no registra inscripción ni autorización para el traslado de pasajeros y según declaraciones que rolan en el expediente era utilizado desde el lunes 27 de julio y el accidente ocurrió el 30 de julio de 1998, amen de la propia declaración de la actora. DECIMOSÉPTIMO. Que el daño moral es de índole netamente subjetiva y su fundamento se encuentra en la propia naturaleza de la psicología afectiva del ser humano, de manera que puede decirse que tal daño se produce siempre que un hecho externo afecta a la integridad física o moral de un individuo, y por lo tanto la apreciación pecuniaria de éste debe considerarse por entero entregada a la apreciación discrecional del Juez, pues dada su naturaleza es inconcuso que no puede ni requiere ser acreditada, y atendido el evidente sufrimiento que le ocasionó a la querellante el verse envuelta en un suceso como el de autos, con tan trágicas consecuencias como la muerte de un menor a quien ella

374

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

transportaba, sufriendo asimismo ella diversas contusiones, este tribunal accederá a fijar un monto prudencial de indemnización para reparar en parte el dolor que sufre la querellante demandante civil la suma de $ 2.000.000 de pesos. DECIMOCTAVO. Que en cuanto a la demanda interpuesta por don Edgardo Antonio Araya Jeraldo y Doris Carolina Marambio Flores, en sus calidades de padres legítimos del menor Rigoberto Manuel Jacob Araya Marambio, lo que se encuentra establecido con el certificado de nacimiento de fojas 56, dicha calidad de padres hace suponer la depresión, dolor o angustia en que se traduce el daño moral por lo que se dará lugar a la indemnización por daño moral demandada en la suma solicitada de $ 40.000.000, rechazándose respecto del daño psicológico emergente por no haberse justificado que éstos requieran de atención profesional ni el costo y duración de dicho tratamiento. DECIMONOVENO. Que se condena solidariamente al pago de las cantidades señaladas en los considerandos que anteceden a Herman Díaz Plaza, en su calidad de chofer y autor del cuasidelito y a José Mauad Jure en su calidad de propietario del vehículo que manejaba en procesado Díaz Plaza, según consta del certificado de anotaciones del Registro Nacional de Vehículos Motorizados, de fojas 54 al pago de la suma de $ 8.490.000 por concepto de daño directo y de $ 2.000.000 por concepto de daño moral a doña Ana Fresia Tapia Godoy y de $ 40.000.000 a los querellantes Edgardo Antonio Araya Jeraldo y Doris Carolina Marambio Flores por concepto de daño moral. VIGÉSIMO. Que las demandas interpuestas en contra de Gas Licuado Lipigas S.A, se desestiman por no existir relación contractual o extracontractual entre Gas Licuado Lipigas y el procesado Herman Díaz Plaza, toda vez que el contrato de transporte que mantenía Lipigas lo era con José Mauad Jure, no existiendo en consecuencia responsabilidad por el hecho de un tercero o hecho ajeno. Cabe tener presente que si bien conforme a lo prevenido en el artículo 2320 del Código Civil, los empresarios, sean personas naturales o jurídicas, la ley no distingue, son responsables de los delitos de acción u omisión cometidos por sus dependientes mientras estén bajo su cuidado, es decir, durante el tiempo que presten sus servicios o desempeñen las funciones que les estén encomendadas, en el caso de autos no se logró establecer relación de dependencia alguna entre el procesado y Lipigas S.A. VIGESIMOPRIMERO. Que respecto a las alegaciones formuladas por los demandados Herman Díaz Plaza y José Mauad en orden a que procede el rechazo de las demandas civiles interpuestas por doña Ana Fresia Godoy Tapia, por haber sido demandada en UF las sumas a pagar, lo que no es una moneda de curso legal, sino un índice económico, se dirá, que si bien dichas alegaciones son efectivas en cuanto a no tratarse de una moneda de curso legal y que la demanda en UF implicaría una doble reajustabilidad de algunas sumas, se dirá que ello no implica que la demanda sea inepta, toda vez que la acción se funda en los perjuicios demandados y efectivamente sufridos y que han resultado acreditados en autos, debiendo sí fijarse los montos a los que se accede por esta sentencia en la moneda de curso legal en el país, con los reajustes e intereses que correspondan y se expresan en el considerando que precede. VIGESIMOSEGUNDO. Que es un hecho público y notorio que nuestra moneda se desvaloriza día a día de manera que es procedente acceder a la que la indemnización se pague reajustada, fijando el reajuste de acuerdo con la proporción en que varíe el índice de precios al consumidor, desde la fecha del accidente y hasta el pago efectivo, pero en cuanto a los intereses por no tratarse de una obligación de dinero celebrada entre las partes sólo se accederá a fijar los corrientes desde que los demandados sean constituidos en mora. VIGESIMOTERCERO. Que finalmente y en cuanto a la exposición imprudente al daño alegada por los demandados respecto de la querella interpuesta por doña Ana Fresia Tapia Godoy, ella será desestimada por no encontrarse acreditado en autos dicha circunstancia. VIGESIMOCUARTO. Que en nada influyen en lo resuelto las demás pruebas aportadas a los autos y no pormenorizadas en los considerandos que anteceden. Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos, 2, 24, 30, 68, 490 Nº 1, 492 del Código Penal 108, 109, 110, 11, 460, 481, 500, 503, 504 y 533 del Código de Procedimiento Penal 1551, 1559, 169, 2314 y 2317 del Código Civil, 144, 160 y 170 del Código de Procedimiento Civil y ley Nº 18.290 y 18.216 SE RESUELVE:

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

375

I. Que se condena a Herman Ricardo Díaz Plaza como autor del cuasidelito de homicidio de Rigoberto Manuel Jacob Araya Marambio y lesiones graves a Jaime Hermógenes Miranda Rivera, cometido el 30 de julio de 1998, en esta ciudad a la pena de quinientos cuarenta días de reclusión menor en su grado mínimo, accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante la condena y al pago de las costas de la causa. Atendido el mérito de los antecedentes se le remite condicionalmente la pena impuesta debiendo quedar sujeto al control y vigilancia del Centro de Reinserción Social de Gendarmería de esta ciudad por el término de quinientos cuarenta días. Para el caso de serle revocado este beneficio le servirán de abono los 2 días que permaneció privado de libertad en esta causa, desde el 30 al 31 de julio de 1998, según consta de parte de fojas 5 y certificación de fojas 14 vuelta. Se le suspende el uso de la licencia de conducir por el término de un año, una vez que quede ejecutoriado este fallo. II. Se acoge la demanda civil interpuesta por doña Ana Fresia Tapia Godoy sólo en cuanto se condena a Herman Díaz Plaza y José Mauad, el primero en su calidad de autor del cuasidelito y el segundo en su calidad de propietario del vehículo que conducía Díaz Plaza, a pagar solidariamente a la demandante Ana Fresia Tapia Godoy la suma de $ 8.490.000 por concepto de daño directo y la suma de $ 2.000.000 por daño moral. III. Que se acoge la demanda civil interpuesta por Edgardo Antonio Araya Jeraldo y Doris Carolina Marambio Flores sólo en cuanto se condena a Herman Díaz Plaza y José Mauad Jure al primero en su calidad de autor del cuasidelito y el segundo en su calidad de propietario del vehículo que conducía Herman Díaz Plaza a pagar solidariamente a los demandantes la suma de $ 40.000.000. IV. Que se rechazan las demandas interpuestas por Ana Fresia Tapia Gogoy y Edgardo Antonio Araya Jeraldo y Doris Carolina Marambio Flores en contra de Lipigas, por haber litigado con motivo plausibles. V. Que cada parte pagará sus costas. Cítese al procesado y notifíquesele. Notifíquese personalmente o por cédula al querellante, demandante civil y terceros civilmente responsables. Anótese, Regístrese y consúltese si no se apelare. Rol Nº 4.605 1998, Dictada por doña Ghislaine Landerretche Sotomayor, Juez Titular de este Tercer Juzgado de Letras de Coquimbo.

II. CORTE DE APELACIONES La Serena, veinticuatro de mayo de dos mil dos. VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada, en su parte expositiva, fundamentos y citas legales, pero efectuándosele al fallo las siguientes modificaciones: en el considerando primera, Ietra b) se reemplaza el término “los” que va entre las palabras “hacía” y “mismo” por “lo”; y en el ítem III de la parte resolutiva se sustituye el término “pro” por la voz “por”. Y atendido el mérito de los antecedentes, disintiendo esta Corte de lo informado por la señora Fiscal Judicial en su dictamen de fojas 709, en virtud de lo razonado por la Juez a quo, y lo dispuesto en los artículos 514, 527 y 529 del Código de Procedimiento Penal, se confirma, con las costas del recurso, la sentencia apelada de doce de Noviembre de dos mil uno, escrita a fojas 677 y siguientes, con declaración de que la pena impuesta al procesado Herman Ricardo Díaz Plaza es de quinientos cuarenta días de reclusión menor en su grado mínimo como autor del cuasidelito de homicidio de Rigoberto Manuel Jacob Araya Marambio y de lesiones graves a Jaime Miranda Rivera. Regístrese y devuélvanse. Redacción del Ministro señor Raúl Beltrami Lazo. Rol Nº 214.309. Pronunciado por los Ministros Titulares señora Isabella Ancarola Privato, señores Jaime Franco Ugarte y Raúl Beltrami Lazo.

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

376

III. CORTE SUPREMA Santiago, dieciséis de agosto de dos mil cuatro. VISTOS: En estos autos rol Nº 4.605 98 del Tercer Juzgado del Crimen de Coquimbo, se dictó a fojas 677 sentencia definitiva de primera instancia, por la cual se condenó al procesado Hermán Ricardo Díaz Plaza a sufrir la pena de quinientos cuarenta días de reclusión menor en su grado mínimo, a las accesorias de suspensión para cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y al uso de su licencia de conducir vehículo motorizado por el término de un año y al pago de las costas de la causa, como autor del cuasidelito de homicidio de Rigoberto Araya y de lesiones graves a Jaime Miranda. En esa misma resolución se acogieron las demandas civiles interpuestas por Ana Fresia Tapia Godoy, Eduardo Antonio Araya Geraldo y Doris Carolina Marambio Flores, condenándose a los demandados civiles Hermán Díaz Plaza y José Mauad Jure a pagar al primero las sumas de $ 8.490.000 por concepto de daño directo y $ 2.000.000 por daño moral y, a los últimos, $ 40.000.000 por daño moral y rechazó las demandas civiles interpuestas por los aludidos actores en contra de la empresa Lipigas. Apelada la referida sentencia, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de La Serena, discrepando de la opinión del Fiscal Judicial, la confirmó, según resolución de fojas 719. En contra de este último fallo, la defensa del condenado Hermán Díaz Plaza dedujo recurso de casación en el fondo, el que lo fundamentó en las causales de los Nºs. 3 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, señalando la errónea aplicación de los artículos 138 y 139 de la ley Nº 18.290 y 457, 459 y 488 del código procesal aludido. Declarado admisible el expresado recurso, se trajeron los autos en relación. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que en síntesis el recurso reclama que se ha imputado al procesado un hecho antijurídico, consistente en ser autor del cuasidelito de homicidio previsto en el artículo 482 (sic) del Código Penal y sancionado en el artículo 490 del mismo código, sin que concurra a su respecto, infracción de los reglamentos ni mera imprudencia y se le ha atribuido ambos hechos sin estar éstos acreditados, infringiendo dicha norma. Además, se sostiene que se han quebrantado disposiciones que tienen el carácter de reguladoras de la prueba. En esta parte, se afirma, que al sostener el fallo recurrido que el procesado, en el hecho cuasidelictual que se le imputa, no estaba atento a las condiciones del tránsito del momento, no mantenía la distancia prudente y razonable con el vehículo que lo antecedía y llevar una velocidad mayor a la razonable y prudente bajo las condiciones existentes, aparte de no considerar que en realidad la conductora del vehículo embestido, en el momento del accidente, contravino los artículos 138 y 139 de la Ley de Tránsito, infringió el artículo 457 del Código de Procedimiento Penal, que señala los medios de prueba que sirven para acreditar los hechos, que el fallo no los consideró para la calificación de éstos, además que ha alterado el valor probatorio que el legislador designa a los diversos medios de prueba. En este sentido se expresa en el recurso, que en lo que se refiere a la supuesta infracción de no estar, el procesado, atento a las condiciones del tránsito del momento, existe la prueba de testigos presenciales que señalan que fue el furgón el que chocó y que el accidente se produjo por imprudencia de la otra conductora, confirmando el informe del S.I.A.T. que expresó que el móvil del reo se “desplaza en maniobra evasiva hacia la izquierda y en proceso de frenaje”. En lo que se refiere a la imputación que se le formula al procesado de no mantener una distancia razonable y prudente con el vehículo que lo antecedía, tal aserto se desmiente con la declaración de Ana Tapia, la otra involucrada en el accidente, que dijo que el camión venía detrás a una distancia prudente, lo que luego reiteró en la diligencia de reconstitución de escena. Y finalmente, en lo que se refiere al cargo de conducir el enjuiciado a una velocidad mayor a lo razonable y prudente, sostiene que la misma conductora había afirmado, que ella adelantó al camión antes de hacer el viraje en un cruce próximo y que el camión que venía atrás iba a 70 km. por hora, lo que confirma otro testigo que expresa que el “chofer del camión llevaba una velocidad de 60 km. por hora”; SEGUNDO: Que por otra parte, se afirma en el recurso, que el fallo recurrido infringió el artículo 459 del Código de Procedimiento Penal al prescindir de los dichos de dos testigos, quienes expresaron que el accidente se produjo por imprudencia de la conductora del furgón, la que se apegó al lado de-

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

377

recho del camino y que viró hacia Andacollo sin señalizar, y que fue el furgón el que chocó al camión volcándose éste sobre el primer vehículo. Se aduce que también se quebranta dicha norma probatoria, porque no hay ningún testigo que incrimine al procesado, por el contrario, los que existen declaran que el accidente se debió al adelantamiento indebido del furgón. También se reclama de la infracción al artículo 488 del Código de Procedimiento Penal ya que el fallo no estructura ninguna presunción que constituya prueba completa de la autoría. Desde luego se dice, no existe en el fallo la mención de un hecho real y probado que induzca a demostrar la responsabilidad del reo en el choque, con lo que no se cumple con el Nº 1 de dicha disposición, ni tampoco con los restantes requisitos; TERCERO: Que como se advierte de las motivaciones anteriores, las normas reguladoras de la prueba que se denuncian como quebrantadas son los artículos 459 y 488 del Código de Procedimiento Penal, este último en su requisito primero. Sin embargo es necesario señalar, como lo ha sostenido invariablemente este tribunal, que las leyes reguladoras de la prueba son aquellas disposiciones legales probatorias de carácter esencial, que importan, ya prohibiciones, ya limitaciones impuestas por la ley para asegurar una correcta decisión, que los jueces de la instancia no pueden desconocer, carácter que no tiene el artículo 459 del Código de Procedimiento Penal, en lo que reclama el recurrente al no haberse establecido como hechos de la causa que exculpan al procesado, sobre la base de testimonios que señala, por cuanto el artículo aludido sólo otorga una facultad al juez, para estimar la declaración de testigos, con las condiciones que dicha norma expresa, como demostración suficiente de que ha existido un hecho, de lo que se infiere que el mérito de esos testimonios es apreciado libremente por el tribunal y dentro de sus facultades privativas, por lo que en esta parte, impedida esta Corte de censurar esa apreciación valorativa no cabe aceptar como tal, la infracción que se denuncia. En cuanto a lo que toca al artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, si bien se ha establecido, que los requisitos de multiplicidad y el afincamiento del valor de las presunciones en hechos reales y probados, constituyen leyes reguladoras de la prueba y especificado el reproche en lo pertinente del requisito 1º del artículo aludido, es lo cierto, que en lo que se refiere al establecimiento del hecho cuasidelictual que fue materia de la acusación, los jueces de la instancia han coincidido que el episodio culposo, que se describe en la parte final del motivo primero del fallo de primer grado, no modificado por el de segunda instancia, se estableció en mérito de innumerables elementos probatorios, consistentes en declaraciones de testigos e informes periciales y policiales que especifican de la letra a) hasta la aa), los que por su número y gravedad revelan por sí mismo el carácter de antecedentes suficientes para inferir la existencia de las infracciones a las normas del tránsito, y que demuestran por sí solas que se basan en hechos reales y demostrados y no en otras presunciones por lo que la infracción no se ha producido, sin perjuicio de considerar que el recurso, en esta parte, no especifica con la claridad necesaria, cuáles de todos los testimonios aludidos carecerían del requisito que se echa de menos; CUARTO: Que en consecuencia, no demostrada la infracción de las leyes reguladoras de la prueba, deberán aceptarse como hechos de la causa, los que establecieron los jueces del fondo, es decir, que el día 30 de julio de 1998, en circunstancias que un tercero conducía el camión placa patente PF 1859, que transportaba gas licuado a la ciudad de Ovalle, por la ruta D 43 de norte a sur, al llegar a la intersección de ésta con la ruta D 51 y en los momentos que un minibús placa patente SK 6986 marca Kia Motors, que trasladaba a los menores Jamari Gallardo, Alejandra Araya, Jimmy Castillo y Rigoberto Jacob Araya a la ciudad de Andacollo que antecedía por la misma ruta D 43 de norte a sur al camión, se disponía a virar hacia la izquierda para tomar la ruta D 51 fue colisionado por el camión con la parte delantera en el costado izquierdo trasero, perdiendo el control de la máquina, deslizándose ambos vehículos aproximadamente unos 30 metros e impactando contra la gruta con la imagen de la Virgen de Andacollo, para finalmente quedar el camión con la carga volcada sobre el minibús, causándole la muerte en el mismo lugar al menor Rigoberto Manuel Jacob Araya Marambio y lesiones graves a Jaime Miranda. Se expresa más adelante que el conductor del camión no estaba atento a las condiciones del tránsito del momento, adelantó en un cruce, no mantuvo una distancia adecuada con el vehículo que lo antecedía y llevaba una velocidad mayor a la razonable y prudente bajo las condiciones existentes; QUINTO: Que resulta evidente de acuerdo con los hechos establecidos en la sentencia recurrida, que el quebrantamiento de las disposiciones legales que reglamentan la conducción de un vehículo motorizado, fue la causa inmediata y directa en la producción del hecho dañoso y por consecuencia, el

378

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

procesado quebrantó con su conducta cuasidelictual las normas de los artículos 114, 127, 130, 148, 149 y 150 de la Ley de Tránsito que prevé y tipifica estas situaciones de manejo descuidado e imprudente, por lo que al calificar el suceso como constitutivo del cuasidelito de homicidio y lesiones graves que observa el artículo 492 del Código Penal, lejos de quebrantarlo, los jueces de la instancia le han dado una correcta aplicación, por lo que a su respecto, no ha existido la vulneración sustancial que se reclama; SEXTO: Que tampoco será atendida la pretensión del recurso, en cuanto denuncia, por su no aplicación, el quebrantamiento de los artículos 138 y 139 de la ley aludida, en cuanto aduce que de parte del otro vehículo existió la infracción al deber de ceder el derecho preferente de paso que tenía el vehículo del procesado y que lo obligaba a no virar, porque la sentencia impugnada no ha establecido como un hecho probado la preferencia de paso que aduce y que además, la otra conductora no tenía derecho a hacer el viraje que según el recurrente había efectuado imprudentemente, por lo que la vulneración legal que denuncia no ha podido existir. Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 535 y 547 del Código de Procedimiento Penal, SE RECHAZA el recurso de casación en el fondo interpuesto a fojas 720, en representación del procesado Herman Díaz Plaza, en contra de la sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil dos, escrita a fojas 719, la que, por consiguiente, no es nula. Regístrese y devuélvase. Redactó el Ministro Señor Juica. Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Enrique Cury U., Milton Juica A., Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., y el abogado integrante Sr. Fernando Castro A. No firma el Ministro Sr. Segura, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

379

FICHA 25

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 4544-2002 Cita Online: CL/JUR/4913/2004 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO Yumbel, veintisiete de noviembre de dos mil. VISTOS: Se ha instruido este sumario rol Nº 36.789 para investigar la responsabilidad que le ha cabido al procesado Álvaro Vladimir Segura Quezada, 35 años de edad, casado, lee y escribe, transportista, nacido en Talcahuano y domiciliado en Hualqui, sector Placilla, parcela San Miguel, sin apodo, nunca antes detenido ni procesado, sin apodo, R.U.N. Nº 8.884.743 1 en el cuasidelito de homicidio de Segundo René Pascal Pilar, que fuera materia de acusación fiscal de fs. 97 y 97 vta., respectivamente. Los hechos que la motivaron se reseñan en el parte policial de fs. 4 y siguiente, por medio del cual se puso a disposición del tribunal, en calidad de detenido, al sujeto antes individualizado por la responsabilidad que le pueda caber, ya que el día 25 de noviembre de 1998, poco antes de las 19 hrs., conducía el camión patente KE 2251, modelo T113 H de color negro, marca Scania, año 1992, por la Ruta Q 50 de poniente a oriente, llevando como carga un container con madera para enchapados, y al llegar al km. 30 aproximadamente donde existe una curva en el lugar, al parecer debido al exceso de velocidad, perdió el control de su vehículo, colisionando en la parte posterior izquierda del carro remolque del camión patente KD 6402, conducido por Rómulo Flores Méndez, que iba cargado con áridos y se volcó, arrastrando el container para posteriormente colisionar de frente el camión patente PZ 7683 conducido por Segundo René Pascal Pilar, el cual debido a la fuerza del impacto falleció en el lugar, aprisionado entre los fierros de la cabina y carrocería del camión. A fs. 43 rola protocolo de autopsia correspondiente al cadáver de Segundo René Pascal Pilar y a fs. 52, rola su certificado de defunción. A fs. 47 y siguientes, rola querella entablada por el abogado Carlos Álvarez Cid en representación de María del Carmen Hernández Irribarra y otros. A fs. 71 y siguientes, rola pericia de la S.I.A.T. de Ñuble, en torno al accidente investigado en autos. Se sometió a proceso y a fs. 97 y 97 vta., se acusó a Álvaro Wladimir Segura Quezada como autor del cuasidelito de homicidio de Segundo René Pascal Pilar. A fs. 118 y siguiente, en lo principal se adhiere a la acusación fiscal la parte querellante de fs. 47 y siguientes, representada por el abogado Carlos Álvarez Cid. Por el primer otrosí de la misma presentación entabla demanda civil de indemnización de perjuicios el mismo abogado, en contra del procesado, acusado y demandado civil Álvaro Wladimir Segura Quezada también en su calidad de propietario del vehículo patente KE 2251 a fin de que se condene a éste a pagarle las siguientes sumas: por daño moral: $ 55.000.000; por daño emergente: $ 500.000; por lucro cesante: $ 33.480.000 o las sumas que el tribunal determine conforme al mérito de autos, la que deberá ser pagada con reajustes e intereses legales, desde el día del accidente hasta su efectivo pago o en subsidio, desde la fecha que el tribunal estime pertinente a derecho y al mérito del proceso, con costas. En lo principal de su presentación de fs. 119 y siguientes, contesta la acusación fiscal y adhesión a ella la defensa del encausado Segura Quezada y pide se le absuelva de ella porque no tuvo una participación culposa o negligente en los hechos que son a su respecto constitutivos de fuerza mayor. En subsidio, alega en su beneficio al atenuante del artículo 11 Nº 6 del Código Penal como muy calificada y susceptible de rebajar hasta dos grados la pena, por lo que ésta deberá ser en el mínimo. Por el quinto otrosí pide se le remita condicionalmente la pena por concurrir las exigencias previstas en la ley 18.216. Por el primer otrosí, contesta la demanda civil enderezada en su contra y pide su rechazo, porque deberá ser absuelto en materia penal y por ello carece de responsabilidad civil. En subsidio, pide de

380

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

conformidad con lo previsto en el artículo 2.330 del Código Civil, se reduzca sustancialmente por haberse expuesto la demandante imprudentemente al daño y se rebaje la cuantía de la indemnización a un monto no superior a un 50% de lo pedido, conforme al mérito del proceso, sin costas. Por el segundo otrosí, objeta el informe pericial de la S.I.A.T. de fs. 71 y siguientes por encerrar abiertas contradicciones y oponerse al acta de inspección ocular del tribunal. A fs. 125 vta. se recibió la causa a prueba y a fs. 134, se certificó el vencimiento del término probatorio. Se han traído los autos para los efectos de lo prevenido en el artículo 499 del Código de Procedimiento Penal. A fs. 135, se decretó medida para mejor resolver que se cumplió. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: En cuanto a la objeción del informe pericial: PRIMERO: Que por el segundo otrosí de su presentación de fs. 119 y siguientes la defensa del encausado Segura Quezada, ha objetado el informe técnico pericial de la S.I.A.T. que rola a fs. 71 y siguientes de autos, porque sería contradictorio y se opondría al tenor acta de inspección ocular del tribunal practicada en autos. SEGUNDO: Que la impugnación señalada deberá desestimarse de plano por el tribunal, por decir relación con el mérito probatorio en sí mismo del documento, tarea que es impropia de las partes y que le corresponde al tribunal resolver. En cuanto al fondo: En materia penal. TERCERO: Que en orden a acreditar los hechos pesquisados, se han reunido en autos los siguientes antecedentes: a) Informe de lesiones de fs. 1, donde se señala que al examen con fecha 25 de noviembre de 1998 Álvaro Segura Quezada presenta graves lesiones. b) Parte de Carabineros de fs. 3 y siguientes, ya relatado en lo expositivo de este fallo. c) Protocolo de autopsia de fs. 43, donde se destaca, en su conclusión como causa precisa y necesaria de la muerte Segundo René Pascal Pilar: T.E.C. abierto traumatismo torácico complicado en accidente del tránsito. d) Orden de investigar diligenciada por Carabineros de Tomeco a fs. 64 y siguientes, donde se señala a la conclusión como causa del accidente que el inculpado perdió el control del móvil que conducía colisionando a los otros camiones que circulaban en sentido contrario. e) Querella de fs. 47 y siguientes, entablada por el abogado Carlos Álvarez Cid en representación de María del Carmen Hernández Ibarra y los hijos de ésta. f) Declaraciones de Rómulo Segundo Flores Méndez de fs. 16 y 16 vta., quien el día y hora de los hechos venía conduciendo el camión patente KD 6402 con remolque patente UCA 705 desde la localidad de Santa Clara con destino a Concepción cargado con áridos por la Ruta Q 50 en dirección de oriente a poniente y al llegar a la altura del km. 30 al llegar a la curva vio un camión que venía en sentido contrario con el container ladeado, por lo que realizó una maniobra evasiva hacia su derecha, siendo colisionado igualmente en el costado izquierdo del remolque, volcando de inmediato tanto dicho camión con el container y se arrastraron unos 40 metros o más y el camión que venía detrás del suyo recibió de lleno el golpe por el container, quedando su chofer atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina y al parecer falleció instantáneamente. g) Dichos de Sandro Jacob Pascal Hernández de fs. 18, en cuanto señala que viene en solicitar las órdenes para retirar el cuerpo de su padre que se encuentra en la morgue del Hospital de Yumbel y tiene entendido que lo chocaron y falleció instantáneamente. h) Informe técnico de la S.I.A.T. de fs. 71 y siguientes, donde se destaca en su conclusión como causa basal del accidente que el inculpado ingresa a una curva hacia la derecha, a exceso de velocidad amplia su radio de giro obstruyendo la circulación al móvil conducido por Rómulo Segundo Flores Méndez colisionando, para luego volcar y colisionar al móvil conducido por la víctima. i) Inspección ocular del tribunal al lugar de los hechos de fs. 19, donde consta que el accidente ocurrió en la Ruta Q 50 a la altura del km. 30, hay una curva con una pequeña cuesta para los vehículos

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

381

que se dirigen a Concepción. La calzada está en buen estado, debidamente demarcada con línea discontinua, de siete metros de ancho y buena visibilidad. No es zona de velocidad restringida. Se observan huellas de arrastre de los vehículos participantes y del container, el cual está en la berma derecha yendo hacia Concepción. j) Acta de inspección ocular a los vehículos de fs. 19 vta., el camión patente KD 6402 presenta daños en costado izquierdo del remolque, las bandas metálicas bajas fueron arracadas de su lugar, un pilar destruido y dos pilares torcidos. El camión patente KE 2251 presenta daños en el tracto camión, de consideración en su cabina, especialmente al costado izquierdo, donde se ve destrozada. El camión PZ 7683 con remolque presenta daños de consideración en su cabina, pues está totalmente destruida. k) Expresiones de Ricardo Patricio Maldonado Salazar de fs. 22, quien en su calidad de jefe de la empresa de trasportes Ortúzar Ltda. propietaria del camión PZ 7683 que conducía el chofer Segundo René Pascal Pilar el día y hora de los acontecimientos, fue al lugar del accidente y vio a dicho chofer atrapado entre los fierros. Además tomó fotografías. l) Certificado de defunción de fs. 52 correspondiente a Segundo René Pascal Pilar, fallecido el 25 de noviembre de 1998, a las 18,30 hrs., en el km. 30 en accidente del tránsito. m) Pericia mecánica de fs. 140 y siguientes. n) Nueva pericia practicada por la S.I.A.T. a fs. 148 y siguientes. CUARTO: Que los elementos de juicio consignados en el motivo anterior que son: parte policial, informes periciales, instrumentos públicos, y declaraciones de testigos, constituyen un conjunto de presunciones judiciales que por reunir las exigencias establecidas en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten dar por establecido que, el día 25 de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, poco antes de las 19 hrs. un tercero que conducía el camión patente KE 2251 por la Ruta Q 50 de poniente a oriente y al llegar al Km. 30 en donde existe un curva, no atento a las condiciones de la vía y a velocidad no razonable ni prudente, al ingresar a la curva mencionada hacia la derecha, amplía su radio de giro sobrepasando el eje central de la calzada, obstruyendo la pista de circulación al camión patente KD 6402, conducido por Rómulo Flores Méndez y volcándose arrastró el container para posteriormente colisionar de frente al camión patente PZ 7683. A consecuencia de lo cual falleció en el lugar el conductor de este último camión Segundo René Pascal Pilar, que quedó aprisionado entre los fierros de la cabina. QUINTO: Que pese a lo señalado en el motivo que antecede, debe establecerse si el tercero que conducía el camión patente KE 2251 el día de los acontecimientos en análisis actuó con culpa en sentido estricto o no, pues la naturaleza de un accidente del tránsito descarta por sí solo el dolo. SEXTO: Que en dicho contexto un delito es culposo cuando el resultado determinado por la acción humana se origina de la imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de las leyes, reglamentos, órdenes o deberes, no ha sido previsto ni requerido por el que lo ejecuta, quien además no ha tenido la intención de lesionar bien jurídico protegido exige del agente una actitud negligente y despreocupada ante una orden de diligencia y cuidado de ley. Como consecuencia de lo expuesto, existirá culpa ante una acción u omisión consciente y voluntaria, pero ejecutada sin intención por el autor, quien no adopta las precauciones indispensables, por el contrario, su conducta es negligente produce en definitiva un daño que debe ser previsible para el sujeto. SÉPTIMO: Que siguiendo este orden de ideas, la actitud observada por el tercero que conducía el camión patente KE 2251 por la Ruta Q 50 al ingresar a una curva hacia la derecha, no atento a las condiciones del tránsito del momento y a una velocidad no razonable ni prudente, traspasando el eje central de la calzada, obstruyendo la circulación al camión patente PZ 7683 configura en su contra las presunciones de culpabilidad establecidas en los números 2, 7, y 13 del artículo 172 de la ley 18.290, que no fueron desvirtuadas en autos. El mismo tercero infringió también los artículos 114, 148, 149 y 170 de la ley 18.290. El artículo 114, ordena que todo conductor deberá mantener el control de su vehículo durante la circulación y conducirlo conforme a las normas de seguridad determinadas en esta ley, sin que motivo

382

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

alguno justifique el desconocimiento o incumplimiento de ella. Asimismo, los conductores estarán obligados a mantenerse atento a las condiciones del tránsito del momento. El artículo 148 estipula que ninguna persona podrá conducir un vehículo a una velocidad mayor de la que sea razonable y prudente, bajo las condiciones existentes, debiendo considerar los riesgos y peligros presentes y los posibles. En todo caso, la velocidad debe ser tal que permita controlar el vehículo cuando sea necesario, para evitar accidentes. El artículo 149 determina que el conductor de un vehículo deberá conducirlo a una velocidad reducida al ingresar a un cruce de calles o caminos, cuando se aproxime y vaya en una curva etc. El artículo 170 determina, que toda persona que conduzca un vehículo en forma de hacer peligrar la seguridad de los demás, sin consideración a los derechos de éstos o infringiendo las reglas de circulación o de seguridad establecidas en esta ley, serán responsables de los perjuicios que de ello provengan. OCTAVO: Que el tercero que conducía el camión patente KE 2251 el día y hora de los hechos probados, con su conducta imprudente y con clara infracción a la normatividad del tránsito, es la que tiene directa relación con el resultado producido, muerte de Segundo René Pascal Pilar, que aunque no querido por el señalado tercero, era previsible y evitable. Previsible porque debió representarse que al no estar atento a las condiciones del tránsito del momento, etc., podía impactar otro vehículo, como efectivamente sucedió, y evitable porque de haber dado cumplimiento a las prescripciones precitados de la ley 18.290, no se habría producido el resultado típico. NOVENO: Que se concluye, entonces, que con los hechos que se han tenido por acreditados, cabe calificarlos como cuasidelito de homicidio de Segundo René Pascal Pilar, previsto y sancionado en los artículos 490 Nº 1 y 492, ambos del Código Penal. DÉCIMO: Que el enjuiciado Álvaro Wladimir Segura Quezada, en su indagatoria de fs. 17 y 17 vta. ha reconocido su participación en los hechos al decir: “Efectivamente el día y hora de los hechos conducía el camión patente KE 2251, con semi remolque por la Ruta Q 50 desde el puerto de Lirquén hacia el Puerto de San Antonio y al llegar a la curva vi en sentido contrario dos camiones, uno cargado con áridos y el segundo que venía más atrás, vacío, lo vio zigzaguear, razón por la que efectuó una maniobra de encerrarse más hacia la derecha y como el container tiene 2,90 mts. de altura, produjo un mayor torque hacia la izquierda y se volcó de costado con camión y contenedor, arrastrándose por ambas pistas. Al recuperar el conocimiento se percató que el camión que conducía el occiso quedó en su pista pero el remolque quedó en la pista, donde venia él donde se estrelló con la cabilla del camión suyo”. Con tales declaraciones y los hechos que se han tenido por probados en la motivación segunda de esta sentencia, los que determinan la forma y condiciones en ocurrió el impacto, el encausado Segura Quezada deberá ser considerado autor del cuasidelito de lesiones en estudio, por haber intervenido en él de una manera inmediata y directa, cometiendo infracciones reglamentarias y conduciendo culpablemente su vehículo; existiendo entre su acción y los resultados de ella una directa relación de causalidad. UNDÉCIMO: Que con lo reflexionado en las motivaciones precedentes de este fallo cabe rechazar de plano la defensa del encausado Segura Quezada contenida en lo principal de su presentación de fs. 119 y siguientes, en cuanto solicita se le absuelva de los cargos librados en su contra en la acusación fiscal y adhesión a ella fundándose “en que no estaría acreditada y los medios de prueba legales el hecho punible ni su participación responsable en él, ya que está libre de responsabilidad, por ser los hechos pesquisados constitutivos de fuerza mayor”. Por último es útil tener presente además en orden al rechazo a la petición de absolución, que contrariamente a lo que piensa la misma defensa, el hecho que el camión conducido por la víctima haya chocado en el carro del camión conducido por el inculpado no es constitutivo de fuerza mayor, por el contrario es revelatorio, a todas luces, que este último había traspasado el eje central de la calzada invadiendo la pista del mencionado camión conducido por la víctima, porque amplió su radio de giro al tomar la curva existente en el lugar, su conductor y encausado, Segura Quezada a exceso de velocidad y no atento a las condiciones del tránsito del momento, para lo cual el tribunal considera más acertado el peritaje de la S.I.A.T., organismo especializado de Carabineros, cuyo prestigio y seriedad en materia del tránsito son de público conocimiento, de fs. 71 y siguientes complementado a fs. 148 y siguientes, que el peritaje practicado por don Nelson Ovidio Lara Zumelzu a fs. 140 y siguientes.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

383

DUODÉCIMO: Que tal como lo señala su defensa, beneficia al inculpado Segura Quezada la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal establecida en el artículo 11 Nº 6 del Código Penal. En efecto, su irreprochable conducta anterior consta de su extracto de filiación y antecedentes de fs. 59 y de los testimonios de Óscar Manuel Foster Orellana y Patricio Iván Neira Espinoza, quienes deponen a fs. 23 y 23 vta., respectivamente. DECIMOTERCERO: Que el cuasidelito de homicidio por el cual el encausado Segura Quezada ha resultado responsable se encuentra castigado por la ley con reclusión o relegación menores en sus grados mínimos a medios y como concurre una circunstancia atenuante en su favor, el tribunal no aplicará el grado máximo. En materia civil: DECIMOCUARTO: Que por el primer otrosí de su presentación de fs. 108 y siguientes, la querellante de fs. 47, ha entablado demanda civil en contra del querellado, procesado, acusado y demandado civil Álvaro Wladimir Segura Quezada en su calidad de conductor y propietario del camión patente KE 2251 el día del accidente, a fin de que sea condenado a pagarle los daños y perjuicios en las siguientes sumas: daño emergente $ 500.000, suma en que incluyen el traslado de los mandantes al lugar de los hechos, estadía y los de sepultación del occiso. Por lucro cesante, la suma de $ 33.480.000 a razón de $ 310.000 mensuales que ganaba como chofer de trasportes Ortúzar Ltda. durante por lo menos 9 años más por daño moral la suma de $ 55.000.000 pagadas debidamente reajustadas y con intereses legales que correspondan a las sumas ordenadas pagar en definitiva, por los conceptos mencionados, desde la fecha del accidente hasta su pago efectivo o en subsidio, desde la fecha que el tribunal estime pertinente conforme a derecho y al mérito del proceso, con costas. La demandante funda su demanda en los hechos expuestos en la parte penal de este fallo. DECIMOQUINTO: Que por el primer otrosí de su presentación de fs. 119 y siguientes, contesta la demanda enderezada en su contra el querellado, procesado, acusado y demandado civil Álvaro Wladimír Segura Quezada y pide su rechazo, en todas sus partes, con costas, en razón de no ser el autor del cuasidelito de lesiones y en consecuencia, no nace responsabilidad civil en su contra. En subsidio, niega que los daños sean por el monto exagerado indicado por la parte demandante, quien incurre en abuso del derecho o enriquecimiento indebido. Por último, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.330 del Código Civil, pide se reduzcan sustancialmente las cantidades cobradas por haberse expuesto la demandante imprudentemente al daño a un monto no superior al 50% de lo pedido, conforme al mérito del proceso, sin costas para su parte. DECIMOSEXTO: Que de conformidad con lo prescrito en el artículo 2.314 del Código Civil, el que ha cometido un delito o cuasidelito, que ha inferido daños a otros, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito. DECIMOSÉPTIMO: Que consta del certificado de defunción de fs. 52 y mérito general de autos, que Segundo René Pascal Pilar falleció 25 de noviembre de 1998 a consecuencia del accidente de que el demandado Segura Quezada ha resultado responsable, lo que obviamente originó gastos de sepultación, los que el tribunal regula teniendo en cuenta los valores promedio del mercado de ataúdes, honras fúnebres, etc., que son de público conocimiento, en la suma de $ 480.000 como daño emergente incluido los gastos de traslado a Yumbel y estadía. A su vez, consta del certificado de trabajo de fs. 107, que puesto en conocimiento de la demandada no fue objetado, por lo que hace plena prueba que la víctima trabajaba en Transportes Ortúzar Ltda. y ganaba la suma de $ 42.769 mensuales al 1º de marzo de 1990, lo que permite al tribunal regular la suma de $ 4.000.000 como lucro cesante. DECIMOCTAVO: Que es evidente que la demandante sufrió un daño moral derivado del natural dolor y aflicción que provoca el ver a su marido y a su padre, respectivamente, muerto el parentesco se acreditó con las partidas de nacimiento fs. 102 y siguientes y el matrimonio con la partida de fs. 106 a consecuencia del impacto pesquisado en autos, daño este que el tribunal regula prudencialmente en la suma de $ 20.000.000. DECIMONOVENO: Que las sumas ordenadas pagar por esta sentencia, deberá hacerla el demandado civil Segura Quezada al conjunto de demandantes representados por el abogado Carlos Álvarez

384

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Cid, según el poder de fs. 44 y siguientes, más reajustes según variación de I.P.C. e intereses corrientes, a partir de esta fecha en que se ha regulado y su pago efectivo. Por estas consideraciones y visto además lo prevenido en los artículos 2, 11 Nº 6, 14 Nº 1, 15 Nº 1, 18, 21, 22, 24, 25, 30, 68, 69, 490 Nº 1 y 492 del Código Penal, 108, 110, 111, 481, 488, 500, 503, 504 y 533 del Código de Procedimiento Penal; disposiciones legales precitadas de la ley 18.290; 2.314 siguientes y 1.698 del Código Civil; 254 del Código de Procedimiento Civil se declara: En cuanto a la objeción de documentos: I. Que se rechaza la objeción de documento planteada por la defensa en el segundo otrosí de su presentación de fs. 119 y siguientes. En materia penal: II. Que se condena al encausado Álvaro Wladimir Segura Quezada, ya individualizado, a la pena de sesenta y un días de reclusión menor en su grado mínimo, a la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa; a la suspensión de su licencia para conducir vehículos motorizados por el lapso de un año, en calidad de autor del cuasidelito de homicidio de Segundo René Pascal Pilar, hecho perpetrado en la localidad de Tomeco de esta jurisdicción el 25 de noviembre de 1998, poco antes de las 19 horas. II. Que por darse a su respecto las exigencias establecidas al efecto por la ley 18.216 se hace lugar a concederle el beneficio de la remisión condicional de la pena corporal impuesta, debiendo quedar sujeto a la vigilancia y control de Gendarmería de Chile por el lapso de un año y cumplir con las demás exigencias de la referida ley en su artículo 5º. En materia civil: III. Que se hace lugar a la demanda civil entablada por el primer otrosí de la presentación de fs. 108 y siguiente, por el abogado Carlos Álvarez Cid con la representación que inviste por María del Carmen Hernández Irribarra y otros, según poder de fs. 44 y siguientes y se condena al demandado civil Álvaro Wladimir Segura Quezada a pagar a sus poderdantes conjuntamente las sumas detalladas en los considerandos decimoséptimo y decimoctavo de este fallo, más reajustes según variación de I.P.C. e intereses corrientes a partir de esta fecha en que han sido regulados y la de su pago efectivo, con costas. Cítese al encausado libre para su notificación. Cúmplase ejecutoriada que sea esta resolución con lo prevenido en los artículos 509 bis del Código de Procedimiento Penal y 215 de la ley 18.290. Anótese. Regístrese. Notifíquese y archívese en su oportunidad si no se apelare. Rol Nº 36.789. Dictada por el Juez Letrado Titular de la Agrupación de Comunas señor Julio Capilla Jara.

II.- CORTE DE APELACIONES Concepción, veintiuno de octubre de dos mil dos. VISTO: Se elimina el párrafo segundo del considerando decimoséptimo de la sentencia en alzada. Se reproduce en lo demás y se tiene en su lugar y también presente: 1. Que la parte querellante, apela de la sentencia definitiva solicitando que la pena que se le aplique, debe ser mayor a la establecida en el fallo impugnado, pues la única circunstancia atenuante de responsabilidad que concurre en su favor es la del artículo 11 Nº 6 del Código Penal, por lo que no considera acertado aplicar el mínimo de la pena, habida consideración que la negligencia del condenado tuvo como resultado la muerte de una persona. 2. Que son hechos establecidos en esta causa que el sentenciado Álvaro Wladimir Segura Quezada, conducía un camión por la Ruta Q 50, en el sector de Tomeco, al llegar al kilómetro 30 y al no estar atento a las condiciones del tránsito del momento y no llevar una velocidad razonable y prudente ingresó a una curva, ampliando su radio de giro sobrepasando el eje central de la calzada, obstruyendo la pista de circulación del camión conducido por Rómulo Flores Méndez, colisionándolo para luego volcar, impactando a la vez a otro camión conducido por Segundo René Pascal Pilar, falleciendo este último en el lugar de los hechos.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

385

3. Que el artículo 196 B de la ley 18.290, en los accidentes del tránsito cuando la víctima falleciere, cuya causa determinante sea alguna de las infracciones establecida en los Nºs 1, 2, 3 y 4 del artículo 197, la pena aplicable será reclusión menor en su grado máximo. El artículo 197 Nº 3 indica, como infracciones gravísimas, conducir el vehículo a mayor velocidad que la establecida en el artículo 150 de la Ley de Tránsito. 4. Que como ha quedado probado, concurrieron como causales del accidente dos infracciones a la Ley de Tránsito: no estar atento a las condiciones del tránsito del momento y no llevar una velocidad razonable y prudente, sin que en la especie sea aplicable la disposición al artículo 196 B, porque el no llevar una velocidad razonable y prudente, fue una de las causas del accidente, pero no la determinante como lo exige la citada disposición legal, para la aplicación de la pena en su grado máximo. En efecto, si el sentenciado hubiera estado atento a las condiciones del tránsito del momento, podría haberse percatado de la existencia de una curva, reduciendo la velocidad en forma razonable y prudente, evitando el hecho típico, vale decir, influyeron en el accidente conjuntamente las dos infracciones indicadas, no siendo necesariamente determinante la velocidad sin que existiera además el hecho de que el conductor no estaba atento a las condiciones del tránsito del momento. 5. Que no obstante lo anterior, esta Corte estima que en la forma como acaecieron los hechos, muerte ocasionada, con imprudencia e infracción a la Ley de Tránsito, debe aumentarse la pena corporal impuesta, como se dirá a continuación. 6. Que la pena asignada al cuasidelito de homicidio consta de dos grados de otra divisible y concurriendo una circunstancia atenuante, sin agravantes, no se aplicará el grado máximo (artículo 68 inciso 2º del Código Penal); corresponde aumentar la pena en este caso, a quinientos cuarenta días de reclusión menor en su grado mínimo; a la suspensión de su licencia para conducir vehículos motorizados por el lapso de dos años y para los efectos de la remisión condicional de la pena, quedará sujeto al control administrativo de Gendarmería de Chile por el tiempo de la condena, disintiéndose de esta manera del parecer de la Fiscal Judicial, de confirmar la sentencia sin modificaciones. 7. Que en cuanto al lucro cesante, la sentencia de primer grado la fijó en la suma de $ 4.000.000 y tomó en consideración para ello solamente que de acuerdo al contrato de trabajo de fojas 107, la víctima ganaba la suma de $ 42.769, al 1º de marzo de 1999. 8. Que un perjuicio para que pueda ser indemnizado debe ser cierto, tanto en su existencia como en toda su extensión. No es posible reparar daños hipotéticos que al menos en su extensión o monto se pueden producir o no. La posible extensión de la vida para determinar el lucro cesante no es posible acreditarla y consecuencialmente tampoco las remuneraciones no percibidas por la familia de la víctima en relación al tiempo de sobrevida que podría haber tenido el occiso. Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 514 y 527 del Código de Procedimiento Penal, se revoca la sentencia de 27 de noviembre de 2000 que se lee a fojas 156, en cuanto por ella se acoge la demanda civil de fojas 119 en la parte que se ordena indemnizar por el lucro cesante que se cobra y se decide que no se da lugar a tal demanda en ese extremo. Se confirma, en lo demás, la sentencia referida, con declaración que se aumenta la pena corporal impuesta a Álvaro Wladimir Segura Quezada a 540 días de reclusión menor en su grado mínimo, a la suspensión de su licencia para conducir vehículo motorizado por el lapso de dos años. Para los efectos de la remisión condicional de la pena quedará sometido al control administrativo de Gendarmería de Chile por el tiempo de la condena. Regístrese y devuélvase. Rol Corte Nº 3.987 2001. Redacción del Ministro Titular señor Jaime Solís Pino. Proveído por los Ministros en propiedad de la Iltma. Corte señora Isaura Quintana Guerra, señor Jaime Solís Pino y el Abogado Integrante señor Mario Romero Guggisberg.

III.- CORTE SUPREMA Santiago, cinco de agosto de dos mil cuatro. VISTOS:

386

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Se ha instruido este proceso, rol 4.544 02, ante el Juzgado del Crimen de Yumbel, para la investigación de la existencia del posible cuasidelito de homicidio en contra de Segundo René Pascal Pilar y la participación que hubiere cabido en él a Álvaro Vladimir Segura Quezada, ya individualizado en autos. El procesado fue condenado, mediante fallo de 27 de noviembre de 2000, rolante a fojas 156 y siguientes, a la pena de sesenta y un días de reclusión menor en su grado mínimo, más la suspensión de su licencia para conducir vehículos motorizados por un año, en calidad de autor de dicho cuasidelito de homicidio; se le concede el beneficio de la remisión condicional de la pena. En cuanto a la acción civil, se le condenó a pagar las sumas de $ 4.000.000 por concepto de lucro cesante y $ 20.000.000 por daño moral. Apelada esta sentencia por el querellante, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, en resolución de día 21 de octubre de 2002, escrita a fojas 196 y siguientes del expediente, la confirmó, aumentando la pena corporal a 540 días de reclusión menor en su grado mínimo y la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados a un lapso de 2 años; conserva el beneficio otorgado por la ley 18.216. Por otro lado, se revocó en lo relativo a la indemnización del lucro cesante, no dando lugar a esa demanda. Contra este fallo, la defensa del procesado recurrió de casación en el fondo, haciendo suya la causal séptima del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. Se ordenó traer los autos en relación. CONSIDERANDO: 1º) Que, el recurrente ha basado su defensa en la causal séptima del artículo 546 del código citado, esto es, en haberse violado las leyes reguladoras de la prueba y siempre que esta infracción haya influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, por haberse infringido especialmente los artículos 456 bis, 473 y 488 Nº 1 del mismo texto legal. Argumenta que la sentencia recurrida ha condenado al procesado sólo en base a presunciones, que las ha asentado sobre supuestos y no sobre hechos objetivos debidamente acreditados en autos. 2º) Que, conforme a lo que es jurisprudencia reiterada de esta Corte, la causal adjetiva de casación en el fondo contenida en el artículo 546 Nº 7 del Código de Procedimiento Penal, sólo es posible invocarla sin el apoyo de otra de carácter sustantivo cuando lo que se alega por el recurrente es la no participación del encausado en el hecho punible. Ahora bien, lo que en este recurso se argumenta no es la ausencia de participación del procesado Segura Quezada en el delito, pues ésta, en verdad, se encuentra fuera de dudas, sino, más bien, el carácter lícito de su comportamiento, en el cual no concurriría la falta de cuidado debido indispensable para configurar un hecho típico de carácter imprudente el cual, en definitiva, atribuye al conductor que murió como consecuencia del accidente. 3º) Que, al ser de la manera expresada en el razonamiento anterior, el recurso sólo podría haber tenido éxito si, junto a la causal adjetiva del artículo 546 Nº 7 del Código de Procedimiento Penal, hubiese invocado la sustantiva a que se refiere ese mismo artículo en su numeral 3º pues, en rigor, lo que el encausado sostiene es que su hecho no es considerado por la ley como delito, puesto que se lo habría realizado con el cuidado exigido en el tráfico jurídico, todo lo cual excluiría su carácter injusto. 4º) Que, siendo el recurso de casación de derecho estricto, la ausencia de alegación de la causal sustantiva a que se refiere el considerando precedente, obsta a su acogimiento. Por estas consideraciones, y visto además lo preceptuado en el artículo 547 del Código de Procedimiento Penal, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia de fecha 21 de octubre de 2001, rolante a fojas 196 y siguientes de los autos, la cual, por consiguiente, no es nula. Regístrese y devuélvase. Redacción del Ministro señor Enrique Cury Urzúa. Rol Nº 4.544 02 Concepción. Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros señores Enrique Cury U., Milton Juica A., Nibaldo Segura P. y los Abogados Integrantes señor Fernando Castro A. y señora Luz María Jordán. No firman el Ministro señor Segura y la Abogado Integrante señora Jordán, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso y ausente, respectivamente. Álvaro Segura Quezada. Casación fondo criminal.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

387

FICHA 26

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 4836-2001 Cita Online: CL/JUR/4691/2004 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO Nueva Imperial, veintisiete de diciembre de dos mil. VISTOS: Se ha instruido esta causa rol Nº 49.259, a fin de establecer la existencia del cuasidelito de homicidio y lesiones, y de averiguar la responsabilidad que en estos hechos ha correspondido a Max Ur Arriagada Sandoval, natural de Lautaro y domiciliado en calle Aníbal Castelló Nº 3, Carahue, casado, lee y escribe, de 57 años, chofer, nunca antes detenido ni procesado, prontuario civil 4.115.298 2. A fs. 167 se sometió a proceso a Max Ur Arriagada Sandoval como autor del cuasidelito de homicidio de Pedro Landaeta Mercado, y del cuasidelito de lesiones a Luis Méndez Saavedra, Erna Castro Guajardo, Patricia Riquelme Muñoz, Jorge Carrasco Parra y Manuel Lavín León (lesiones graves) y a Belarmino Garrido Cerda, Manuel Anselmo Barahona Bravo, Claudio Bastías Nahuelpán, Karine Escamilla Burgos, María Ñanco Huenchún y Carla Vergara Candia (lesiones menos graves) y a fs. 229 se dedujo acusación fiscal por los mismos hechos y en igual calidad. A fs. 159 se deduce en su contra querella criminal como autor de cuasidelito de homicidio de Pedro Landaeta Mercado y a fs. 162, 189, 220 se deducen querellas como autor de cuasidelito de lesiones. A fs. 235, 239, 251, 254, 265, 269, los querellantes se adhieren a la acusación fiscal y deducen demandas civiles de indemnización de perjuicios. A fs. 279 la defensa del encausado contestando la acusación fiscal, solicita la absolución de su defendido por falta de participación en el hecho punible investigado y, subsidiariamente, invocando la atenuante de la irreprochable conducta anterior, se aplique la pena en el mínimo legal. A fs. 376, se decretan medidas para mejor resolver, las que se cumplen en autos. A fs. 403 vta., quedaron los autos para fallo. CONSIDERANDO: En cuanto a las tachas: A fs. 300 la parte del tercero civilmente demandado ha tachado a Francisco Eduardo Landaeta Mercado, cuya declaración rola a fs. 31, por ser hijo del fallecido a raíz de los hechos de la causa y por tener interés directo en los resultados de ésta; a Manuel Anselmo Barahona Bravo, fs. 45, a Manuel Lavín León, fs. 100 y a Jorge Carrasco Parra, fs. 106, por ser querellantes y demandantes de autos, teniendo interés actual comprometido; por las causales de los Nºs 8 y 9 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal. Que no se dará lugar a las tachas deducidas por cuanto no se ha acreditado la calidad de hijo del fallecido en los hechos de la causa respecto de Francisco Landaeta Mercado; y respecto de las otras personas tachadas, tampoco se acogerán las tachas, pues del mérito de los antecedentes aparece que declaran en sus calidades de ofendidos por los hechos y no como testigos. En cuanto a la acción penal: PRIMERO: Que, con el fin de acreditar la existencia del hecho punible investigado se han agregado los siguientes elementos de juicio: a) Parte policial de fs. 1 a 3, por el cual se pone a disposición del tribunal en calidad de detenido a Max Ur Arriagada Sandoval y Pedro Antonio Landaeta Mercado, porque el día 10 de agosto de 1999, alrededor de las 07,15 horas y en circunstancias que Max Ur Arriagada conducía el bus patente RD 5527 de propiedad de Transportes Nar Bus S.A. por la Ruta S 30 en dirección oriente desde Nueva Imperial, aproximadamente a un kilómetro de ésta chocó por la parte posterior al camión patente EH 1988, de propiedad de Pedro Landaeta Mercado y conductor del mismo, el que en el momento del impacto se encontraba estacionado al costado derecho de la ruta, con una parte de su estructura sobre la berma

388

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

y la calzada, debidamente señalizado con triángulos y luces destellantes producto de una panne. A consecuencia de lo anterior, resultaron lesionados las siguientes personas: Pedro Landaeta Mercado, T.E.C., fractura base cráneo, grave; Max Arriagada Sandoval, fractura tibia izquierda, carácter reservado; María Ñanco Huenchún, carácter reservado, Rodrigo Pedreros Yévenes, carácter reservado; Patricia Riquelme Muñoz, carácter reservado; Norma Soto Mardones, carácter reservado; Manuel Lavín León, carácter grave; Erna Castro Guajardo, carácter reservado; Manuel Barahona Bravo, carácter reservado; Carlos Méndez Barraza, carácter reservado; Claudio Bastías Nahuelhuán, carácter reservado; Karina Escamilla Burgos, carácter reservado; Delfina Riquelme Muñoz, carácter reservado; Marcelino Muñoz Inostroza, carácter leve; Luis Méndez Saavedra, carácter reservado; Carla Vergara Candia, carácter leve; Jorge Carrasco Parra, carácter grave; Juan Vera Alarcón, carácter reservado; Jorge Quian Coñoepán, carácter reservado; Daniza Gutiérrez Torres, carácter reservado; Belarmino Garrido Cerda, carácter reservado; Joselin Garrido Fuentes, carácter leve. Daños, bus, de consideración en parte delantera; camión parte posterior de poca consideración. Alcoholemia, normal estado de temperancia. Visibilidad: escasa; calzada: buen estado, mojado, asfalto. Causa basal probable: conductor bus percátase tardíamente presencia camión estacionado ocupando parte calzada con señalización de advertencia. b) Declaración de fs. 5 de Luis Méndez Saavedra, exponiendo que sólo se percató al momento de que el bus en que viajaba chocó un camión, acordándose que el chofer del bus trató como de frenar, pero impactó de igual forma al camión, ello alrededor de las 07,20 horas. c) Declaración de fs. 5 vta. de Belarmino Garrido Cerda, señalando que el día de accidente venía en el bus, a eso de las 07,20 horas y sólo recuerda que el bus venía fuerte y trató como de frenar, pero de igual forma impactaron con un camión. d) Declaración de fs. 6 de Patricia Riquelme Muñoz, quien señala que venía en el tercer asiento del bus y cuando el bus estaba tratando de frenar y se paró del asiento y en ese instante impactaron con un camión que estaba detenido. e) Inspección ocular del lugar de fs. 26 y croquis de fs. 25, dejándose constancia en el acta que el lugar preciso corresponde al kilómetro 28,060 de la ruta Temuco a Nueva Imperial, tramo recto con buena visibilidad en ambos sentidos, carpeta de rodado asfáltico, continúa hacia el costado sur una berma de dos metros de ancho, luego viene una depresión del terreno de 50 centímetros aproximadamente y esta depresión en un ancho de tres metros termina en una zanja que corre paralela al camino. Existen restos de focos, vidrios, restos de triángulo de señalización y botellas quebradas. f) Declaración de fs. 29 de Sergio Morales Sepúlveda, exponiendo que a eso de las 21,00 horas llegó en camión cargado de papas con Pedro Landaeta Mercado y antes de una curva en los Huertos Familiares, se produjo un desperfecto en la bomba de agua del camión y quedaron en el mismo lugar donde se averió el camión. En horas de la noche llegó Carabineros, les llevó neumáticos para encenderlos y colocaron las señalizaciones reglamentarias y como no había visibilidad se pusieron a dormir en el interior del camión y a eso de las 07,20 a 07,30 se levantaron con Pedro Landaeta y comenzaron a tratar de arreglar el camión, él estaba en la parte delantera del camión y Pedro al lado de él hacia la carretera, y solamente sintió un golpe cayendo hacia la cuneta, sin ningún tipo de lesiones y a don Pedro al recibir el impacto por la parte trasera del camión, éste se movió golpeándole en la cabeza, y quedándosele atrapado el brazo derecho en la rueda delantera izquierda del camión. El camión estaba bastante metido hacia dentro de la cuneta en el desnivel y como un metro hacia dentro de la carretera, aclarando que había buena visibilidad y que el bus se encajó detrás. g) Declaración de Francisco Landaeta Mercado de fs. 31, indicando de que el día 09 de agosto, a eso de las 21,00 horas quedaron en panne, llegando Carabineros, luego trajeron neumáticos para quemar y los pusieron a quemar toda la noche y pusieron triángulos de emergencia para que no ocurriera un accidente y habiendo estado hasta eso de las 05.30 a 06.00 cuidando el fuego y el camión, se fue a tirar a la litera y cuando se produjo el impacto él estaba en la litera y solamente sintió un fuerte golpe en la parte trasera del camión y bajó inmediatamente y se percató que su padre Pedro Landaeta Mercado estaba apretado con el neumático delantero izquierdo su brazo derecho, presentando sangramiento en su cabeza y su padre estaba tendido en la carretera, lo sacó de debajo del camión, siendo llevado en ambulancia. Ello ocurrió a eso de las 07,00 a 07,30 horas y el bus quedó incrustado en la parte de atrás del camión.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

389

h) Parte policial de fs. 33, dando cuenta que se presentaron las siguientes personas que resultaron lesionadas en accidente en la Ruta S 30: Karen Bustos Araneda, carácter leve; Pedro Bustos Castro, carácter leve; Pedro Bustos Araneda, carácter leve; Elvia Araneda Riffo, carácter leve. i) Declaración de Carla Vergara Candia de fs. 41, señalando que venía sentada en el bus y solamente sintió el impacto, no vio nada. j) Denuncia hospitalaria de fs. 42. k) Declaración de fs. Manuel Barahona Bravo, señalando que venía en el segundo peldaño del bus y solamente vio cuando estaba estacionado el camión, desconociendo por qué el chofer del bus no reaccionó en buena forma, ya que vino a frenar casi cuando estaba encima del camión. l) Informe de peritaje mecánico del bus Mercedes Benz, de fs. 55 a 69, incluyendo set fotográfico, indicando que el estado de conservación del vehículo: visiblemente buen estado, sistema de frenos: de tipo hidráulico mecánico, deterioro del depósito del líquido de éste, resto del sistema visiblemente bueno. m) Informe de peritaje del camión Pegase de fs. 70 a 80, incluyendo set fotográfico, indicando en lo pertinente, camada con abolladura en su parte trasera, tercio izquierdo por impacto. Travesaño torcido por dinámica de golpe. n) Declaración de María Marcela Ñanco Huenchún de fs. 81, indicando que iba en el bus, no teniendo nada que aportar ya que iba al final del bus, golpeándose la cara con un asiento, agregando que el día que ocurrió el accidente el chofer no venía fuerte. o) Informe médico legal de lesiones de fs. 82 de Belarmino Garrido Cerda, quien al examen presenta: policontuso, esquince cervical grado 2, con cuello cervical, demorará en sanar 20 días con 15 de incapacidad laboral, lesiones atribuibles a accidente de tránsito. p) Informe médico legal de fs. 83, de Luis Méndez Saavedra, presentando al examen esquince cervical grave, policontuso, con collar cervical rígido, grave, demorará en sanar 35 días con 25 de incapacidad laboral. q) Informe médico legal de fs. 84 de Manuel Barahona Bravo de fs. 86, quien al examen presenta: policontuso, esquince severo de tobillo derecho, con yeso bota larga, demorará en sanar 20 días con 15 de incapacidad laboral. r) Declaración de Claudio Bastías Nahuelhuán de fs. 85, señalando que iba en el asiento al lado de la puerta del bus, no puede aportar ningún antecedente porque venía durmiendo. s) Declaración de Karina Escamilla Burgos, de fs. 86, quien iba en el bus, y solamente sintió el impacto, pero no tiene más antecedentes del choque. t) Declaración de fs. 87 de Juan Vera Alarcón, quien expone que iba en el bus en el tercer asiento de éste, pero no tiene antecedentes que aportar ya que venía medio durmiendo. u) Declaración de Carlos Monsalves Torres de fs. 89, perito mecánico que efectuó peritajes de los vehículos involucrados, quien señala que el sistema de fresnos del bus antes del impacto respondía en forma normal, ya que en sus ruedas y en el circuito general no se apreciaba fuga de líquido hidráulico, además el pedal del freno estaba con su tolerancia normal en su recorrido. Evaluación del sistema de freno posterior al impacto, puede determinar que el rompimiento de uno de sus elementos como el depósito del líquido y bomba hidráulica sufrió un deterioro en el momento del impacto con la parte posterior izquierda del camión, además podemos determinar que a pesar del rompimiento de este elemento, el depósito del líquido hidráulico mantenía en un 50% nivel del líquido, suficiente para que el sistema funcione en forma normal. En relación al camión se encontraba con limitación en el sistema de refrigeración en uno de sus elementos, como bomba de agua, deterioro que obliga a detener el camión como medida de precaución, pero no es impedimento para mover el vehículo a voluntad del conductor a un lugar más seguro. Esta avería no limita al vehículo para desplazarse y el conductor pudo haber realizado dicha maniobra. v) Informe médico legal de lesiones de fs. 90 de Erna Castro Guajardo, quien al examen presenta: policontuso, fractura del piso de la órbita izquierda, demorará en sanar 45 días con 30 de incapacidad laboral. w) Informe médico legal de lesiones de fs. 91 de Patricia Riquelme Muñoz, presentando al examen policontuso, T.E.C. simple en evolución, fractura nasal, demorará en sanar 45 días con 30 de incapacidad laboral.

390

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

x) Informe médico legal de fs. 92, de Claudio Bastías Nahuelhuán, presentando al examen policontuso, hematoma gigante de muslo derecho, demorará en sanar 20 días con 15 de incapacidad laboral. y) Informe médico legal de fs. 93 de Karine Escamilla Burgos, quien presenta al examen traumatismo encefalocraneano en evolución, demorará en sanar 20 días con 15 de incapacidad laboral. z) Informe médico legal de Juan Vera Alarcón de fs. 94, presentando al examen contusión simple facial, demorará en sanar 5 días con 3 de incapacidad laboral. aa) Informe médico legal de fs. 95 de María Ñanco Huenchún, quien al examen presenta: policontusa, T.E.C. en evolución, demorará 20 días en sanar con 15 de incapacidad laboral. bb) Declaración de Erna Castro Guajardo de fs. 99, quien expone que iba en el primer asiento de adelante al lado del chofer en el bus, lado ventana, agregando que presenció cuando el bus quiso adelantar al camión que estaba detenido y aceleró fuertemente y después bruscamente regresó a su pista, ya que venía un automóvil de frente y por tal motivo se regresó a su pista, impactando al camión detenido. Siendo las 07,10 horas. Aclara que había una buena visibilidad, que el día estaba despejado y la maniobra y colisión fue en la recta, antes de llegar a la curva de los huertos familiares, debido al impacto se golpeó la cara, afectándole la nariz, ojo y huesos diversos. El conductor del bus procedió a hacer una primera maniobra de adelantamiento a una velocidad no inferior a 120 kilómetros por ahora. cc) Declaración de Manuel Lavín León, de fs. 100, quien indica que venía en el bus, el que venía a alta velocidad y procedió a hacer una maniobra como de giro, como tratándose de sacar algo que había en el camino y volvió a su pista, y como venía detrás del chofer se percató que el camión estaba detenido, se les venía como encima y al impactar el bus con el camión desplazándosele y fracturándosele la clavícula. dd) Informe médico legal de fs. 105 de Manuel Lavín León, presentando al examen fracturas costales de 4 a 8 costilla a nivel del arco costal anterior. Demorará 60 días en sanar con 60 días de incapacidad laboral. ee) Declaración de Jorge Carrasco Parra, de fs. 106, quien señala que iba en el bus y el chofer empezó a hacer maniobras y solamente se percató como a unos cinco metros que chocara la liebre con el camión. La visibilidad era buena, y solamente puede manifestar que le da la impresión de que el chofer de la libre no vio el camión. Quedó atrapado y fue rescatado por bomberos. ff) Formulario para remitir fallecidos al Servicio Médico Legal en relación a Antonio Landaeta Mercado. gg) Declaración de Óscar Landaeta Mercado de fs. 112, exponiendo que su padre Pedro Landaeta Mercado mientras manejaba un camión quedó en panne y mientras se encontraba en la parte delantera del vehículo fue impactado su vehículo por la parte trasera por otro móvil, ello en el camino a Imperial, y falleció ayer 13 de agosto. hh) Protocolo de autopsia de fs. 115 de Pedro Antonio Landaeta Mercado, indicando como causa de muerte traumatismo encéfalo craneano con hematoma subdural frontal y contusión frontal y de tronco encefálico. Presenta además neumopatía derecha. El mecanismo de producción de las lesiones es compatible con un accidente de tránsito. ii) Cuenta de orden de investigar de fs. 119, aportando antecedentes al proceso, concluyendo que el conductor del bus no lo hace atento a las condiciones del tránsito y que el camión se encontraba estacionado al costado derecho de la vía en dirección oriente por desperfecto mecánico ocupando parte de la calzada con su respectiva señalización de advertencia. jj) Denuncias hospitalarias de fs. 131 a 135. kk) Informe técnico del S.I.A.T. de fs. 137 y siguientes, indicando como dinámica del accidente: el participante (1) conducía el móvil por el costado derecho de la calzada de la Ruta S 30 en dirección al oriente sur oriente, a una velocidad calculada no inferior a los 75 kilómetros por hora. El móvil (2) permanecía estacionado por una falla mecánica al costado derecho de la calzada de la Ruta S 30, ocupando parte de la calzada y berma de la vía, haciendo uso de las señalizaciones preventivas necesarias, como son triángulos reflectantes y la quema de neumáticos para advertir su presencia, direccionado al oriente sur oriente, antecediendo al móvil (1). El participante (3) permanecía tendido sobre la calzada en la Ruta S 30 y bajo la estructura frontal del móvil (2), con la intención de solucionar la panne mecánica. En las condiciones antes descritas, el participante (1) al conducir el vehículo no atento a las condiciones

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

391

del tránsito del momento, presumiblemente distrajo la atención en la conducción y se percató tardíamente de la presencia y proximidad al móvil (2), que lo antecedía detenido, pese a aplicar el sistema de frenos en emergencia no pudo evitar chocar con el tercio medio y derecho de la parte frontal, en el tercio medio e izquierdo de la parte posterior del móvil (2), en el lugar de impacto acotado y señalado en el plano adjunto. Ocurrido lo anterior, el móvil (1) producto de la velocidad de desplazamiento continuó su trayectoria en la misma dirección de marcha que llevaba girando al mismo tiempo de su parte posterior hacia la izquierda hasta completar un ángulo de quince grados, deteniéndose, siendo su posición final la consignada en el plano e ilustrada en fotografías. Por su parte, el móvil (2) producto de la violencia y fuerza del impacto fue desplazado en rodaje libre en dirección al oriente sur oriente, trayectoria en la cual aplastó con la estructura inferior del vehículo al participante (3), que permanecía en el lugar y forma ya indicada, deteniéndose, siendo su posición final la consignada en el levantamiento planimétrico e ilustrado en fotografías. A su vez, el participante (3) que permanecía bajo la estructura del móvil (2) fue aplastado dentro de la zona achurada en el plano, sufriendo lesiones de consideración, sin poder fijar suposición final ni ángulo de direccionamiento por haber sido trasladado a un centro asistencial antes de la llegada del equipo investigador al lugar del accidente. Fundamentos: la velocidad del móvil fue determinada sobre la base de los incidios encontrados en el terreno, como son huellas de frenada, daños estructurales, desplazamiento, proyecciones, peso y masa de los vehículos y posiciones finales de los vehículos. La avería sufrida por el móvil (2) se encontraba ubicada en el sistema motriz (radiador y motor) el cual se encontraba en reparación provisoria por parte de su conductor. La presencia de señalización de advertencia colocada por el conductor del móvil (2) fue ubicada a 15 metros antes del lugar determinado como impacto y posición inicial del camión, lo que se indica en el plano e ilustran en fotografías. Causa basal del accidente: participante (1) conducía el móvil no atento a las condiciones del tránsito y al distraer la atención en la conducción se percata tardíamente de la presencia del móvil (2), que lo antecede en panne y con las señalizaciones de advertencia, al cual choca y por proyección el móvil (2) aplasta al participante (3), que permanece bajo su estructura. ll) Informe de alcoholemia de fs. 152 de Antonio Landaeta Mercado, registrando 0,00 gramos de alcohol en su sangre. mm) Informe médico legal de fs. 154 de Jorge Carrasco Parra, quien al examen presenta fractura complicada de pierna izquierda, demorará en sanar 90 días con 90 días de incapacidad laboral. nn) Informe médico legal de lesiones de fs. 155, de Carla Vergara Candia, quien al examen presenta aumento de volumen región frontal y periorbitaria de ojo derecho, con traumatismo encéfalo craneano, en evolución, demorará en sanar 20 días con 15 de incapacidad laboral. oo) Certificado de defunción de Pedro Antonio Landaeta Mercado de fs. 157. pp) Informe de alcoholemia de Max Ur Arriagada Sandoval, registrando 0,00 gramos de alcohol en la sangre. qq) Informe médico legal de lesiones de fs. 228 de Manuel Lavín León, quien al examen presenta se palpa callo óseo de consolidación en tercio externo de clavícula izquierda: conclusiones: lesión explicable por accidente de tránsito clínicamente grave, demorará en sanar 50 días, con igual período de incapacidad laboral. No dejó deformidad notable ni impedimento físico para el trabajo. SEGUNDO: Que de los elementos de juicio analizados en el considerando anterior, los que conforman un cúmulo de presunciones judiciales, las que por reunir los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, servirán para dar por establecido que el día 10 de agosto de 1999, aproximadamente a las 07,20 horas un tercero conducía un bus de locomoción colectiva con pasajeros por la Ruta S 30 en dirección a Temuco, sin estar atento a las condiciones del tránsito, a una velocidad no inferior a 75 kilómetros por hora, impactando a un camión que se encontraba estacionado en panne, ocupando parte de la calzada con las señales de advertencia reglamentarias, y a raíz del impacto resultaron lesionados el conductor del camión Pedro Antonio Landaeta Mercado, que se encontraba debajo del mismo, reparándolo y que dada la gravedad de las lesiones falleció el día 13 de agosto del mismo año, como asimismo resultaron lesionados los siguientes pasajeros del autobús: 1) Belarmino Garrido Cerda, 2) Manuel Barahona Bravo, 3) Claudio Bastías Nahuelhuán, 4) Karine Escamilla Burgos, 5) María Ñanco Huenchún, 6) Carla Vergara Candia, 7) Luis Méndez Saavedra, 8) Erna Castro Guajardo, 9) Patricia Riquelme Muñoz, 10) Jorge Carrasco Parra y 11) Manuel Lavín León; hecho que constituye el cuasidelito de

392

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

homicidio en la persona de Pedro Landaeta Mercado y de lesiones a Belarmino Garrido Cerda, Manuel Anselmo Barahona Bravo, Claudio Bastías Nahuelhuán, Karine Escamilla Burgos, María Ñanco Huenchún, Carla Vergara Candia, Luis Méndez Saavedra, Erna Castro Guajardo, Patricia Riquelme Muñoz, Jorge Carrasco Parra y Manuel Lavín León, previsto en el artículo 492 del Código Penal y sancionado en el artículo 490 Nºs 1 y 2 del mismo cuerpo legal, respectivamente, en relación con el artículo 114 de la ley 18.290. TERCERO: Que, prestando declaración indagatoria el encausado a fs. 103 señala que el día de los hechos, alrededor de las 07,15 horas colisionó un camión que estaba estacionado en la ruta Imperial Temuco, a 3 kilómetros de salida de Imperial, ese día estaba amaneciendo y lloviznaba fuertemente, él conducía un bus Mercedes Benz de la Empresa Nar Bus, es chofer y se dirigía a Temuco; al salir de la ciudad conducía a una velocidad de 50 a 60 kilómetros por hora, las luces del bus estaban bajas, debido al constante cruce de vehículos en la ruta, recuerda que hizo cambio de luces y al poner las luces en alta se encontró con un camión que estaba estacionado a la orilla del camino, cargado y tapado, no tenía ninguna señalización en la ruta que indicara alguna panne, al verlo activó los frenos del bus, pero igualmente colisionó por la parte trasera del camión. Debido a la poca velocidad no resultó con mayores lesiones, al igual que los pasajeros. Con respecto al camión, no tenía señalización alguna en la ruta y además en esa ruta no existe mucha berma para estacionarse, por lo que los vehículos quedan con gran parte de la estructura sobre la pista de tránsito. Ese día conducía en forma normal y habitual, no bebe alcohol, pero igual le efectuaron la alcoholemia. Que la declaración del encausado constituye una confesión judicial, la que por reunir los requisitos del artículo 481 del Código de Procedimiento Civil, servirán para tener por acreditada su participación en calidad de autos en los hechos investigados, por haber participado en ellos de una manera inmediata y directa, obrando culpablemente y con infracción a los reglamentos del tránsito. Culpable, ya que el encausado no podía menos que representarse que al conducir un vehículo de locomoción colectiva debía permanecer en todo momento atento a las condiciones del tránsito, pues de lo contrario podía sufrir algún accidente, lo cual efectivamente ocurrió, al percatarse tardíamente de la presencia del vehículo que se encontraba estacionado en una recta con señales de advertencia reglamentarias y además concurren a su respecto las presunciones de culpabilidad de los artículos 172 Nº 2 de la ley 28.290. Y actuó con infracción a los reglamentos del tránsito, además de lo señalado anteriormente, porque en su actuar el encausado ha infringido el artículo 114 de la ley 18.290, toda vez que debió conducir el vehículo atento a las condiciones del tránsito del momento; el artículo 148 de la misma ley, ya que no debía conducir el vehículo a una velocidad mayor de la que sea razonable y prudente, considerando los riegos presentes y los posibles, y en todo caso, que le permita controlar el vehículo cuando sea necesario para evitar accidentes; y del mérito de los antecedentes se desprende que la velocidad no era la adecuada, pues de lo contrario habría logrado controlar el vehículo. CUARTO: Que, contestando la acusación fiscal a fs. 279, la defensa del encausado solicita su absolución, por falta de participación de su defendido en el hecho investigado, ya que el impacto se produjo en circunstancias que se encontraba el camión imprudentemente estacionado en la calzada obstruyendo la circulación de su defendido, quien conducía dando cumplimiento a todas las disposiciones sobre tránsito vehicular. De manera que los hechos obedecen a la responsabilidad del conductor del camión y/o a un caso fortuito imposible de resistir por parte de su defendido, pues atendido el desperfecto del camión pudo perfectamente estacionar en un lugar apropiado. Es decir, los hechos ocurren por un caso fortuito imposible de resistir. En subsidio, invoca la atenuante de irreprochable conducta anterior, solicitando el mínimo de la pena y la remisión condicional. Que no se absolverá al encausado, por cuanto si bien es cierto en el plenario ha presentado como testigos a David Arnoldo Mella Chávez, Ricardo Rodríguez Carrasco, Edelberto Chavarría Godoy, Octavio Ormeño Boguen, Italo Delgado Henríquez, Claudio San Martín Henríquez, a fs. 307 a 308, a objeto de establecer que el camión no tenía la señalización reglamentaria, que ocupaba gran parte de la calzada, que el chofer conducía adecuadamente y que existía una amplia entrada a un predio para estacionar el vehículo, estos testigos no dan razón de sus dichos, no explican cómo han llegado a saber los hechos sobre los que declaran, por lo que no se les dará valor al efecto, pues se encuentra suficien-

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

393

temente justificado que el camión contaba con señalización reglamentaria, según consta del proceso, especialmente del parte policial de fs. 1, e informe de S.I.A.T. de fs. 137 y sus fotografías de fs. 148 a 150; y considerando además que la responsabilidad del encausado se encuentra acreditada con todos los otros antecedentes que obran en el proceso, como asimismo, el hecho punible, dándose respuesta además con lo expuesto en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia. Por lo demás, si bien el perito mecánico en su declaración de autos sostiene que el conductor del camión bien pudo haber trasladado el camión a otro lugar, pues la falla mecánica no lo impedía, debe considerarse que tal apreciación es susceptible de ser evaluada por un perito, más no por un chofer, quien además debe responder ante el dueño del vehículo mientras se encuentra bajo su mando (si no es el mismo propietario, como en el caso de autos). Además, se constató con la inspección personal que se efectuó al lugar de los hechos que hacia el sur de la berma existe una pendiente con un desnivel de 50 centímetros, por lo que no se podía haber estacionado el camión cargado más hacia afuera del camino. Sí se acogerá la atenuante de la irreprochable conducta anterior invocada del artículo 11 Nº 6 del Código Penal, por encontrarse acreditada con el extracto de filiación y antecedentes de fs. 225, libre de anotaciones anteriores y con las declaraciones de los testigos de conducta de fs. 193 y 193 vta., quienes lo hacen sobre su conducta social anterior sin reproches. QUINTO: Que, reuniéndose respecto del encausado los requisitos del artículo 4 de la ley 18.216 se le concederá el beneficio de la remisión condicional de la pena en la forma que se determinará. En cuanto a la acción civil: SEXTO: Que es deber de todo aquél que comete un delito o cuasidelito indemnizar los perjuicios que ocasiona su conducta ilícita, obligación que también alcanza al tercero civilmente responsable. SÉPTIMO: Que a fs. 235 el abogado Gabriel Montoya León, por la querellante Blanca del Carmen Mercado Contreras, deduce demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del encausado como personalmente responsable del hecho ilícito y en contra de la sociedad Transportes Nar Bus Sociedad Anónima, representada por Nelson Albornoz Ruedlinger, como propietaria del bus conducido por el primero y empleadora de éste. Funda la demanda en los mismos hechos que sirven de fundamento al auto acusatorio. Demanda por daño moral la suma de $ 50.000.000, causado a su representada, fundada en su situación y la de su hijo de 37 años con retardo mental. Pide se dé lugar a la demanda, condenando a los demandados a pagar solidariamente la suma antes indicada o la que Us. determine; el interés corriente bancario para operaciones reajustables o como Ssa. lo indique, aplicados sobre las cantidades que se deban pagar, desde la fecha de la demanda hasta el pago efectivo o como Ssa. lo indique, y las costas de la causa. OCTAVO: Que el abogado del demandado civil y encausado Max Ur Arriagada Sandoval a fs. 279, contestando las demandas civiles, solicita su rechazo en todas sus partes, con costas, en razón que su defendido no tuvo participación delictiva en los hechos imputados, reproduciendo todo lo expuesto al solicitar su absolución. NOVENO: Que, por su parte, a fs. 289 el tercero civilmente demandado Transportes Nar Bus S.A. y don Nelson Albornoz Ruedlinger, con un argumento común, solicita se rechacen todas las demandas, atendida la falta de culpabilidad del procesado en los hechos, por no existir cuasidelitos de homicidio y lesiones, según los fundamentos que indica, por cuanto no ha cometido infracciones a la ley 18.290 y aunque la hubiere cometido, ella no tiene relación de causa a efecto con la muerte de Pedro Landaeta y las lesiones de los pasajeros, sino más bien por las infracciones cometidas por el señor Landaeta, básicamente por la circunstancia que el camión pudo haber sido trasladado a otro lugar para su estacionamiento. Y respecto de la demanda civil intentada por la querellante Blanca del Carmen Mercado Contreras, pide sea desestimada por no concurrir responsabilidad infraccional ni cuasidelictual, según lo razonado precedentemente, y por cuanto en ella se procede a estimar como perjuicios de la querellante, en calidad de cónyuge del chofer del camión, solamente el daño en la suma de $ 50.000.000, sin embargo de su fundamentación (el perjuicio nacería de ser una persona de avanzada edad, desvalida, sin protección ni sustento económico de su marido y sin ningún tipo de ingresos, a lo que tiene que agregarse que tiene un hijo de treinta y siete años con retardo mental) se refiere a un lucro cesante, de modo que no

394

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

puede ser estimado como daño moral, pues este concepto se refiere al dolor en los afectos. Por lo que por no haber sido debidamente fundada la demanda debe negarse al pago del daño moral. En subsidio, en el caso que se acoja la demanda, la suma demandada resulta excesiva, atendido los montos por los cuales se han acogido demandas por otros tribunales, por lo que debe aplicarse a los más la suma de $ 2.000.000 o una muy inferior al monto demandado. En cualquiera de los casos, solicita se rebaje prudencialmente el monto al menos en un 80% por haberse expuesto el occiso imprudentemente al daño, conforme el artículo 2.330 del Código Civil. Que, en todo caso, de la indemnización que se fije debe rebajarse la cantidad de 150 U.F. que le pagó la aseguradora del camión o del bus Nar Bus, pues el artículo 26 inciso 2 de la ley 18.450 que regula el Seguro Obligatorio, señala que este monto e deduce de la indemnización. Pide ser eximida de las costas de la causa, atendido a que ha tenido motivo plausible para litigar y no se acogerá la demanda por la suma pedida, debiendo ella rebajarse prudencialmente por exposición imprudente al daño por lo que tampoco será totalmente vencida. DÉCIMO: Que en lo que respecta a la demanda civil de Blanca del Carmen Mercado Contreras y habiéndose demandado sólo el daño moral, según se desprende claramente de la propia demanda, no obstante sus fundamentos, siendo éste inconcuso no requiere prueba, consistiendo en la aflicción moral o sufrimiento provocado por el hecho y encontrándose acreditado que la demandante es la cónyuge de Pedro Landaeta Mercado (con certificado de matrimonio de fs. 156), sólo toca al tribunal regularlo de manera prudencia, determinándose en la suma de $ 5.000.000 el monto a pagar por este concepto y devengará interés corriente para operaciones no reajustables, a partir de que este fallo quede ejecutoriado y hasta la fecha del pago efectivo, condenándose solidariamente al pago de la indemnización a ambos demandados. No se desechará la demanda por encontrarse acreditada la responsabilidad criminal del encausado, según se expuso en la parte pertinente de esta sentencia. Tampoco se reducirá el monto de la indemnización según lo pide el tercero civil, por no ser efectivo que la víctima se expuso imprudentemente al daño, pues adoptó las medidas de seguridad que el caso requería, ni se rebajará el monto de la indemnización con el monto del seguro de accidentes, pues los fundamentos de ambas indemnizaciones difieren sustancialmente, no siendo lógico descontarla de la indemnización por el daño moral, que tiene otro objetivo y finalidad y porque por lo demás, conforme al documento de fs. 372 y siguientes no se pagó indemnización alguna por la aseguradora. UNDÉCIMO: Que, a fs. 239 el apoderado Rodrigo Silva Vivian, por el querellante Jorge Antonio Carrasco Parra, deduce demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del encausado, y en contra de Nelson Albornoz Ruedlinger y en contra de la sociedad anónima cerrada Nar Bus S.A., en su calidad de propietario del bus y de la sociedad anónima Nar Bus que ocasionó la colisión, en calidad de solidariamente responsables con le chofer del bus. Demanda la suma de $ 80.000.000 (ochenta millones de pesos) por el daño moral y $ 5.000.000 (diez millones de pesos) (sic) por concepto de daño emergente y lucro cesante, más los intereses y costas, los gastos que serán probados durante el término probatorio. DUODÉCIMO: Que el abogado del demandado civil y encausado Max Ur Arriagada Sandoval a fs. 279, contestando las demandas civiles, solicita su rechazo en todas sus partes, según antes ya se indicó. DECIMOTERCERO: Que a fs. 289, por su parte, el tercero civilmente demandado Transportes Nar Bus S.A. y don Nelson Albornoz Ruedlinger, solicita se rechacen todas las demandas atendida la falta de culpabilidad del procesado en los hechos, según se indicó. Y respecto de la demanda civil de Jorge Carrasco Parra, señala debe ser rechazada por no tener responsabilidad penal el acusado, según se indicó antes y además por ineptitud del libelo como defensa o alegación de fondo, pues a Nelson Albornoz se le demanda como dueño del bus y como dueño de la sociedad Nar Bus, lo que es impropio y carente de toda base legal; el actor no invoca ninguna norma legal, por lo que es inepta por no contener fundamentos de derecho en que se apoye una demanda contra una persona natural, que no es dueña ni de la empresa ni del bus, careciendo de responsabilidad civil, no siendo tampoco empleador del chofer del bus. Además, por no tener peticiones concretas, pues textualmente señala Ruego a Us. se sirva tener presenta la indemnización de perjuicios solicitada y en definitiva, condenar a la parte querellada al pago de la suma de $ 85.000.000 y el señor Albornoz y

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

395

Nar Bus no son querellados, de modo que la demanda no podrá ser acogida porque no concuerda el cuerpo de ella con las peticiones concretas y en la conclusión no figuran como demandados. En cuanto a la responsabilidad y perjuicios alegados, debe desecharse la demanda, por cuanto no existe en autos responsabilidad extracontractual para la empresa demandada frente al querellante, por cuanto Nar Bus le ha prestado un servicio, siendo éste un contrato oneroso conmutativo, fundándose la demanda en el artículo 174 de la ley 18.290 y en el artículo 2.314 del Código Civil, normas que se refieren a la responsabilidad extracontractual. Ellos derivan de responsabilidad por incumplimiento de contrato, por lo que a lo más debe responder por daño emergente y lucro cesante, pero no por el daño moral. En todo caso el daño moral no ha sido probado. Tampoco se desglosan ni detallan en ella los conceptos por los cuales se demanda y en cuanto a los intereses y costas no fueron solicitados en el petitorio, de modo que no podrán acogerse. En cuanto al monto demandado por concepto de daño moral, es excesivo, pues el querellante sólo sufrió lesiones. El daño emergente fue cubierto por el seguro obligatorio, sin perjuicio de lo que le cubrió la Isapre. En cuanto a las costas, no fueron pedidas en el petitorio y en todo caso su parte tuvo motivo plausible para litigar. De todos modos, de la indemnización que se fijará debe rebajarse la cantidad de 150 U.F. que le pagó la aseguradora del camión o del bus Nar Bus, pues el artículo 26 inciso 2 de la ley 18.450 que regula el Seguro Obligatorio, señala que este monto se deduce de la indemnización. Su parte tiene derecho a ser eximida de las costas de la causa, atendido a que ha tenido motivo plausible para litigar y difícilmente se acogerá la demanda por la suma pedida, debiendo ella rebajarse prudencialmente por exposición imprudente al daño, por lo que tampoco será totalmente vencida. DECIMOCUARTO: Que en lo que respecta al daño moral, siendo éste inconcuso no requiere de prueba, consistiendo en la aflicción moral o sufrimiento provocado por el hecho, que la sentenciadora debe regular prudencialmente atendidas las condiciones de las partes, de manera que constituya una adecuada reparación y no de un enriquecimiento sin causa para quien lo reciba y que en la especie, con el mérito del informe médico de fs. 154, certificado de alta de fs. 316, informe psicológico de fs. 323 se determinará en la suma de $ 1.500.000, en la que sólo se condenará al encausado Max Ur Arriagada Sandoval, según se indicará y que devengará interés corriente para operaciones no reajustables des de que este fallo quede ejecutoriado y hasta su pago efectivo. En cuanto al daño emergente y lucro cesante demandados, el actor ha acompañado legalmente en parte de prueba los siguientes documentos, los que no fueron objetados: a fs. 310, contrato de trabajo del ofendido, constando en la cláusula 9 que la remuneración de éste a partir del 01.01.99 es de $ 80.500, liquidación de sueldo de fs. 313 a 315, correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 1999, certificado de alta de fs. 316, dando cuenta que ingresó a Asociación Chilena de Seguridad el 10/08/99 y fue dado de alta el 17/12/99, pudiendo reintegrarse a su trabajo el 18/12/99, comprobante de pagos de subsidio de fs. 317 a 322, informe psicológico de fs. 323. Sin embargo, no se dará lugar a la demanda por estos conceptos, pues de su tenor no se desprende cuál es el monto que efectivamente pretende el actor, ya que por una parte pide la suma de $ 5.000.000 y luego indica “(diez millones de pesos)”, no precisando en la parte petitoria a cuál monto se refiere en concreto. No se dará lugar a la demanda en cuanto se dirige en contra del tercero civil responsable, pues si bien la deduce contra de don Nelson Albornoz Ruedlinger y en contra de sociedad anónima Nar Bus S.A., no lo ha hecho en contra del primero como representante legal de la segunda, y porque además en la parte petitoria sólo pide se condene al querellado, no siéndolo el tercero civil responsable. DECIMOQUINTO: Que a fs. 251, el apoderado Claudio Renato Pareja Herrero, por el querellante Manuel Evaristo Lavín León presenta demanda civil en contra del encausado, en su calidad de personalmente responsable del cuasidelito homicidio y de lesiones, y en contra de la Empresa de Transportes Nar Bus S.A., representada por don Nelson Albornoz Ruedlinger, transportista y empresario, domiciliado en Temuco, calle Valparaíso 01415, en su calidad de propietaria del bus y empleadora del demandado Arriagada. Funda la demanda en los hechos que sirven de fundamento a la acusación. Demanda el pago solidario de los perjuicios por daño moral por la suma de $ 15.000.000, que corresponde al que ha sufrido su representado y familia, por el menoscabo en su trabajo y crisis familiar o la Ssa. estime, más reajustes e intereses desde la presentación de la demanda hasta su pago efectivo y las costas de la causa.

396

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

DECIMOSEXTO: Que el abogado del demandado civil Max Ur Arriagada Sandoval, a fs. 279 solicita su rechazo en todas sus partes, según antes ya se indicó. DECIMOSÉPTIMO: Que a fojas 289 el tercero civilmente demandado Transportes Nar Bus S.A. y don Nelson Albornoz Ruedlinger, solicita se rechacen todas las demandas, atendida la falta de culpabilidad del procesado en los hechos, según se señaló. En cuanto a la demanda de fs. 251 de Manuel Lavín León, pide su rechazo por extemporánea, por haber sido presentada fuera del plazo de diez días desde la notificación, por haber operado una notificación tácita. Asimismo debe ser rechazada, pues señala que el encausado conducía ambos vehículos, lo que la hace inepta. También por cuanto se trata de responsabilidad contractual (era pasajero del bus) como antes se señaló, en relación al daño moral. En subsidio, el monto demandado por el daño moral resulta excesivo, ya que sólo sufrió lesiones, además debe limitarse al querellante y no a su grupo familiar, pues no son parte en la causa. Además su parte tiene derecho a ser eximida de las costas por las razones antes indicadas. DECIMOCTAVO: Que en primer término, no se rechazará la demanda interpuesta por extemporánea como lo pide el demandado tercero civil, pues ésta se presentó dentro del plazo señalado por la ley (04 de enero de 2000); ya que no operó la notificación tácita a que se refiere, con el escrito de fs. 247 donde el querellante pide se deje sin efecto una resolución (que tuvo por abandonada su acción) por las razones que indica (se le dejó por la receptora una copia que no correspondía a la que debía notificársele). Por lo demás la resolución de fs. 248 vta., en cuanto hacer regir el traslado a la abogada desde su fecha, altera la normativa legal al efecto, pues el traslado debe correr desde que se le notifica legalmente, como consta a fs. 249 vta., con fecha 30 de diciembre de 1999. En cuanto al daño moral demandado, siendo éste inconcuso y consistiendo en la aflicción o dolor que los hechos han causado a la víctima, no requiere prueba, debiendo el tribunal regularlo prudencialmente, y en la especie, conforme a los informes de lesiones de fs. 105 y 228, que indica que no dejó deformidad notable ni incapacidad para el trabajo, se fijará en la suma de $ 300.000, condenándose al encausado y al tercero civil responsable al pago solidario de dicha suma de dinero, suma que devengará intereses corrientes para operaciones no reajustables desde que la sentencia quede ejecutoriada y hasta el pago efectivo. DECIMONOVENO: Que, a fojas 254 el licenciado Enrique Velásquez Trujillo por la querellante Erna Castro Guajardo deduce demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del encausado en su calidad de personalmente responsable del ilícito por el cual se encuentra acusado y en contra de la sociedad Transportes Nar Bus Sociedad Anónima, representada por Nelson Albornoz Ruedlinger, transportista, ambos domiciliados en calle Valparaíso 01415, en su calidad de dueña y propietaria del bus conducido por el acusado, como en su calidad de empleadora del mismo, fundado en los hechos que sirven de fundamento a la acusación de autos. Demanda por concepto de lucro cesante y daño emergente la suma de $ 250.000, más reajustes y costas, por haber estado su representada más de un mes sin trabajar, debiendo incurrir en gastos de transporte, medicamentos y controles durante el período de recuperación, Por concepto de daño moral demanda la suma de $ 40.000.000 por el impacto emocional del accidente, como asimismo por el hecho que resultó con marcas manifiestas en su rostro producto de las lesiones, por las secuelas sicológicas, pues por su trabajo debe viajar diariamente a Temuco, manteniendo latente el temor a sufrir nuevamente un accidente. Por lo que pide se condene a los demandados a pago solidario de la suma de $ 40.250.000 o la suma que Us. determine, con expresa condenación en costas. VIGÉSIMO: Que el abogado del demandado civil el encausado Max Ur Arriagada Sandoval a fs. 279 contestando las demandas civiles, solicita su rechazo en todas sus partes, con costas, en razón que su defendido no tuvo participación delictiva en los hechos imputados, reproduciendo todo lo expuesto al solicitar su absolución. VIGÉSIMO PRIMERO: Que, contestando la demanda el tercero civil demandado ha solicitado su rechazo con el argumento común de la falta de culpabilidad por parte del encausado y en relación a la demanda de Erna Castro Guajardo, también pide su rechazo, con costas, por la irresponsabilidad del encausado en los perjuicios causados, dado su absolución. Sostiene que la demanda se funda en la responsabilidad extracontractual y es del caso que el querellante era pasajero del bus, es decir, existía

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

397

un contrato con Nar Bus, por lo que debe responderse del daño emergente y del lucro cesante mas no del daño moral y como no se ha demandado fundado en el contrato incumplido las demandas deben desecharse por carecer de base y sustento legal. En cuanto al monto del daño moral, resultan excesivos, pues sufrieron lesiones que ya sanaron. Y en todo caso el daño moral deberá probarse. Por último su parte tiene derecho a ser eximida del pago de las costas por haber tenido motivo plausible para litigar. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que en relación al daño emergente y lucro cesante demandados, la actora ha presentado las pruebas de fs. 259, 260 y 309, consistentes en una boleta de compraventa de un par de lentes, por la suma de $ 80.000; dos colillas de licencias médicas por 07 y 15 días, y con la testimonial de Domingo Antonio Licanqueo Treumun, quien sostiene que la afectada al momento del accidente se desempeñaba como asesora del hogar en Temuco, siendo sus remuneraciones más o menos $ 75.000 mensuales, tuvo que dejar de trabajar por unos treinta días y que incurrió en gastos por lo menos de $ 500.000. Que los documentos antes mencionados fueron acompañados legalmente y no fueron objetados, sin embargo esta prueba, a juicio de la sentenciadora, no resulta suficiente para los efectos de acreditar el daño emergente, pues al respecto sólo obra una boleta de compraventa de lentes, mas no consta que la ofendida haya debido incurrir en dicho gasto a consecuencia del accidente, ni que haya quedado con secuelas que hagan necesario el uso de los lentes ópticos. En relación al lucro cesante, la prueba aportada al efecto, consistente en la prueba documental y testimonial antes referida, permiten tener por acreditado que la actora se desempeñaba como asesora del hogar en Temuco, percibiendo unos $ 75.000 mensuales, y con las colillas de las licencias médicas se tendrá por acreditado que no trabajó durante el período de recuperación, que según el informe de lesiones de fs. 90, presentó más de 30 días de incapacidad laboral. Por lo expuesto se acogerá la demanda en cuanto al lucro cesante, que se determinará en la suma de $ 75.000, en la que se condena solidariamente al encausado y tercero civil responsable. Respecto al daño moral, siendo éste inconcuso y consistiendo en la aflicción que el hecho ha ocasionado a la víctima, debiendo el tribunal sólo regularlo y atendido las lesiones de que da cuenta el informe de fs. 90 antes aludido, se regula prudencialmente en la suma de $ 350.000. No se desechará la demanda como lo pide el tercero civil responsable en cuanto se trataría de responsabilidad contractual por el hecho que la actora era una pasajera del bus, pues si bien es cierto su afirmación de los hechos de la causa también deriva responsabilidad extracontractual, por la que ha optado por fundamentar su demanda, teniendo por lo mismo derecho a demandar también el daño moral. No se condena a los demandados al pago de intereses pues éstos no se solicitaron en la demanda. VIGÉSIMO TERCERO: Que, a fs. 265 el licenciado Enrique Velásquez Trujillo, por el querellante Luis Méndez Saavedra, deduce demanda civil en contra del procesado, en calidad de personalmente responsable del ilícito por el cual se le acusa, y solidariamente en contra de Sociedad de Transportes Nar Bus Sociedad Anónima, representada por don Nelson Albornoz Ruedlinger, transportista, ambos domiciliados en calle Valparaíso 01415, Temuco, en su calidad de dueña y propietaria del bus conducido por el acusado, así como empleadora del mismo, fundado en los hechos que sirven de fundamento a la acusación. Demanda solidariamente el pago de $ 30.000.000 o la suma que Us. determine, con costas, por concepto de daño moral, por el daño emocional que su representado ha sufrido. VIGÉSIMO CUARTO: Que, el abogado del demandado civil, el encausado Max Ur Arriagada Sandoval a fs. 279 contestando, solicita su rechazo en todas sus partes, con costas, en razón que su defendido no tuvo participación delictiva en los hechos imputados, reproduciendo todo lo expuesto al solicitar su absolución. VIGÉSIMO QUINTO: Que, contestando el tercero civil pide el rechazo de la demanda según argumento común que ya se señaló y en relación a la demanda de Luis Méndez Saavedra de fs. 266, pide su rechazo, con costas, por la irresponsabilidad del encausado en los perjuicios causados, dado su absolución. Sostiene que la demanda se funda en la responsabilidad extracontractual y es del caso que el querellante era pasajero del bus, es decir, existía un contrato con Nar Bus, por lo que debe responderse del daño emergente y del lucro cesante mas no del daño moral y como no se ha demandado fundado en el contrato incumplido las demandas deben desecharse por carecer de base y sustento legal. En cuanto al monto del daño moral, resulta excesivo, pues sufrieron lesiones que ya sanaron. Y en todo caso el

398

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

daño moral deberá probarse. Por último su parte tiene derecho a ser eximida del pago de las costas por haber tenido motivo plausible para litigar. VIGÉSIMO SEXTO: Que, se ha demandado solidariamente por concepto de daño moral la suma de $ 30.000.000 o la que se determine, con costas, y reproduciendo en esta parte lo expuesto en el considerando vigésimo primero, penúltimo párrafo, en relación a la responsabilidad contractual, se acogerá la demanda por el daño moral condenando a los demandados solidariamente a su pago, y siendo éste la aflicción que el hecho ha ocasionado a las víctimas, le corresponde al tribunal regularlo de un modo prudencial, lo que se hará en la suma de $ 250.000, considerando las lesiones que sufrió el actor, las que según el informe médico de fs. 83 consistieron en esquince cervical grave, policontuso, demorando 35 días en sanar, con 25 de incapacidad laboral. La suma antes indicada no devengará interés corriente para operaciones no reajustables, por no haberse solicitado en la demanda. VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, a fs. 269 el licenciado Enrique Velásquez Trujillo, por el querellante Manuel Barahona Bravo, deduce demanda civil en contra del procesado, en calidad de personalmente responsable del ilícito por el cual se le acusa, y solidariamente en contra de Sociedad de Transportes Nar Bus Sociedad Anónima, representada por don Nelson Albornoz Ruedlinger, transportista, Temuco, en su calidad de dueña y propietaria del bus conducido por el acusado, así como empleadora del mismo, fundado en los hechos que sirven de fundamento a la acusación. Demanda solidariamente el pago de $ 10.000.000 o la suma que Us. determine, con costas, por concepto de daño moral, por el daño emocional que su representado ha sufrido, ya que debido a su trabajo debe trasladarse en ese tipo de transportes. VIGÉSIMO OCTAVO: Que, el abogado demandado civil, el encausado Max Ur Arriagada Sandoval a fs. 279 contestando la demanda civil, solicita su rechazo en todas sus partes, con costas, en razón que su defendido no tuvo participación delictiva en los hechos imputados, reproduciendo todo lo expuesto al solicitar su absolución. VIGÉSIMO NOVENO: Que, el tercero civil, contestando, pide su rechazo según argumento común que ya indicado y en cuanto a la demanda de Manuel Barahona pide su rechazo, con costas, por la irresponsabilidad del encausado en los perjuicios causados, dado su absolución, fundado en la responsabilidad extracontractual, pues el querellante era pasajero del bus, es decir, existía un contrato con Nar Bus, por lo que debe responderse del daño emergente y del lucro cesante mas no del daño moral y como no se ha demandado fundado en el contrato incumplido, la demanda debe desecharse por carecer de base y sustento legal. En cuanto al monto del daño moral, resulta excesivo, pues sufrieron lesiones que ya sanaron. Y en todo caso el daño moral deberá probarse. Por último su parte tiene derecho a ser eximida del pago de las costas por haber tenido motivo plausible para litigar. TRIGÉSIMO: Que, se ha demandado solidariamente por concepto de daño moral la suma de $ 10.000.000 o la que se determine, con costas, y reproduciendo en esta parte lo expuesto en el considerando vigésimo primero, en su penúltima parte, en relación a la responsabilidad contractual, se acogerá la demanda por el daño moral, condenando a los demandados solidariamente a su pago, y siendo éste la aflicción que el hecho ha ocasionado a las víctimas, le corresponde al tribunal regularlo de un modo prudencial, lo que se hará en la suma de $ 200.000, considerando las lesiones que sufrió el actor, las que según el informe médico de fs. 84 consistieron en policontuso, esquince severo de tobillo derecho, demorando 20 días en sanar, con 15 de incapacidad laboral. La suma antes indicada no devengará interés corriente para operaciones no reajustables, por no haberse solicitado en la demanda. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 2, 11 Nº 6, 14 Nº 1, 15 Nº 1, 18, 21, 24, 26, 30, 50, 68, 69, 490 Nº 1, 490 Nº 2, 492 del Código Penal; 108, 109, 110 y siguientes, 451, 481, 488, 499, 500, 501, 533 del Código de Procedimiento Penal; 114, 149, 172 Nº 2 y 7 de la ley 18.290, artículo 2.314 del Código Civil y artículos 4 y siguientes de la ley 18.216, se declara: I. Que se rechazan las tachas de fs. 300 de autos. II. Que se condena a Max Ur Arriagada Sandoval, ya individualizado, a la pena de ciento ochenta días de reclusión menor en su grado mínimo, a las accesorias de suspensión para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, el pago de las costas de la causa y la suspensión de su licencia de conducir por el lapso de seis meses, en su condición de autor del cuasidelito de homicidio de Pedro Antonio Landaeta Mercado y de lesiones de Belarmino Garrido Cerda, Manuel Barahona Bravo, Clau-

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

399

dio Bastías Nahuelhuán, Karine Escamilla Burgos, María Ñanco Huenchún, Carla Vergara Candia, Luis Méndez Saavedra, Erna Castro Guajardo, Patricia Riquelme Muñoz, Jorge Carrasco Parra y Manuel Lavín León, ocurrido el día 10 de agosto de 1999 en Nueva Imperial. Que se concede al sentenciado el beneficio de la remisión condicional de la pena, debiendo quedar sujeto a vigilancia y observación de la Sección de Tratamiento en el Medio Libre de Gendarmería de Chile por el lapso de un año, debiendo cumplir las demás exigencias del artículo 5 de la ley 18.216, excepto su letra d. Si este beneficio le fuere revocado y debiere cumplir efectivamente la pena corporal interpuesta, ésta se empezará a contar desde que se presente o sea habido, sirviéndole de abono el tiempo que estuvo privado de libertad en esta causa entre el 10 y 11 de agosto de 1999, según parte de fs. 1 y mérito de fs. 4, y entre el 2 y el 4 de noviembre de 1999, según fs. 194 vta., y certificación de fs. 210 vta. III. Que se acoge, con costas, la demanda civil de fs. 235 de Blanca del Carmen Mercado Contreras, en cuanto se condena a Max Ur Arriagada Sandoval y a Transportes Nar Bus Sociedad Anónima, representada por don Nelson Albornoz Ruedlinger a pagar solidariamente a Blanca del Carmen Mercado Contreras la suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000) por concepto de indemnización por el daño moral, debidamente reajustada en la forma señalada en el considerando décimo de esta sentencia. IV. Que se acoge, con costas, la demanda civil de fs. 239 de Jorge Carrasco Parra, sólo en cuanto se condena a Max Ur Arriagada Sandoval a pagar a Jorge Carrasco Parra la suma de un millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000) por concepto de indemnización por el daño moral, debidamente reajustada en la forma señalada en el considerando decimocuarto de esta sentencia, rechazándose en lo demás la mencionada demanda civil. V. Que se acoge, con costas, la demanda civil de fs. 251 de Manuel Evaristo Lavín León, sólo en cuanto se condena a Max Ur Arriagada Sandoval y a Transportes Nar Bus Sociedad Anónima, representada por don Nelson Albornoz Ruedlinger, a pagar solidariamente a Manuel Evaristo Lavín León la suma de trescientos mil pesos ($ 300.000) por concepto de indemnización por el daño moral, debidamente reajustada en la forma señalada en el considerando decimoctavo de esta sentencia. VI. Que se acoge, con costas, la demanda civil de fs. 254 de Erna Castro Guajardo, sólo en cuanto se condena a Max Ur Arriagada Sandoval y a Transportes Nar Bus Sociedad Anónima, representada por don Nelson Albornoz Ruedlinger, a pagar solidariamente a Erna Castro Guajardo la suma de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000) por concepto de indemnización por el lucro cesante y la suma de trescientos cincuenta mil pesos ($ 350.000) por concepto de daño moral. VII. Que se acoge, con costas, la demanda civil de fs. 265 de Luis Méndez Saavedra, sólo en cuanto se condena a Max Ur Arriagada Sandoval y a Transportes Nar Bus Sociedad Anónima, representada por don Nelson Albornoz Ruedlinger, a pagar solidariamente a Luis Méndez Saavedra la suma de doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000) por concepto de indemnización por el daño moral. VIII. Que se acoge, con costas, la demanda civil de fs. 269 de Manuel Barahona Bravo, sólo en cuanto se condena a Max Ur Arriagada Sandoval y a Transportes Nar Bus Sociedad Anónima, representada por don Nelson Albornoz Ruedlinger, a pagar solidariamente a Manuel Anselmo Barahona Bravo la suma de doscientos mil pesos ($ 200.000) por concepto de indemnización por el daño moral. Dese cumplimiento oportunamente a lo dispuesto en los artículos 75 bis y 509 del Código de Procedimiento Penal. Notifíquese, regístrese y consúltese si no se apelare. Rol Nº 49.259. Dictada por la señora M. Alejandra Santibáñez Chesta, Juez Letrado Titular.

II.- CORTE DE APELACIONES Temuco, nueve de noviembre de dos mil uno. VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada en su parte expositiva, considerandos y citas legales, eliminándose en el considerando décimo la frase “... y devengará interés corriente para operaciones no reajustables a partir de que este fallo quede ejecutoriado y hasta la fecha del pago efectivo...”; en el considerando decimocuarto, primer párrafo, la frase que comienza con “... y que devengará interés...” hasta antes

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

400

del punto aparte; y en el considerando decimoctavo, en su párrafo final, la frase que comienza con “... suma que devengará...” y hasta el punto aparte. Se sustituye además en el considerando décimo, el guarismo “$ 5.000.000” por “$ 10.000.000” y en el considerando decimoctavo la expresión “$ 300.000” por “$ 1.500.000”. Y SE TIENE ADEMÁS PRESENTE: 1. Que, en lo que dice relación con la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por la querellante doña Blanca del Carmen Mercado Contreras que fuera cónyuge de la víctima del cuasidelito de homicidio investigado en autos estos sentenciadores estiman prudencialmente que corresponde, atendido el enorme dolor y pesar que la afligió a consecuencia de la trágica muerte de su marido, elevar la indemnización fijada en la sentencia que se revisa, hasta la suma de $ 10.000.000 (diez millones de pesos), más los reajustes que correspondan de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de esta sentencia y hasta su pago efectivo; 2. Que, por su parte, en lo que respecta a la demanda interpuesta por el ofendido querellante Manuel Lavín León, atendida la gravedad de las lesiones por él sufridas a raíz del accidente materia del proceso, consistentes, según informe policial de fojas 1, en una fractura piso órbita izquierda, con fractura de clavícula y fractura dorsal, las que tardarán en sanar, de acuerdo a lo señalado en el informe de término de lesiones agregado a fojas 228, en 50 días, con igual período de incapacidad laboral, este tribunal estima, prudencialmente que procede también elevar el monto de la indemnización por daño moral fijada en la sentencia a favor de este demandante, hasta la suma de $ 1.500.000 (un millón quinientos mil pesos), más los reajustes que correspondan de acuerdo a la variación que experimente el Indice de Precios al Consumidor desde la fecha de esta sentencia y hasta su pago efectivo; Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 514 y 527 del Código de Procedimiento Penal, se confirma la sentencia apelada de veintisiete de diciembre de dos mil, escrita a fojas 404 y siguientes, con las siguientes declaraciones: a) Que se aumenta el monto de la indemnización por daño moral a que fueron solidariamente condenados Max Ur Arriagada Sandoval y Transportes Nar Bus Sociedad Anónima, representada por don Nelson Albornoz Ruedlinger, a favor de Blanca del Carmen Mercado Contreras desde la suma de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos) hasta la de $ 10.000.000 (diez millones de pesos); b) Que se aumenta el monto de la indemnización por daño moral a que fueron solidariamente condenados Max Ur Arriagada Sandoval y Transportes Nar Bus Sociedad Anónima, representada por don Nelson Albornoz Ruedlinger, a favor de Manuel Evaristo Lavín León desde la suma de $ 300.000 (trescientos mil pesos) hasta la de $ 1.500.000 (un millón quinientos mil pesos); y c) Que los montos de indemnización fijados en las letras a) y b) que preceden, así como la determinada en el punto IV de lo resolutivo del fallo en alzada a favor, ésta del ofendido Jorge Carrasco, se reajustarán de acuerdo a la variación que experimente el Indice de Precios al Consumidor desde la fecha del presente fallo y hasta sus respectivos pagos efectivos. Regístrese y devuélvase. Redacción del Ministro señor Archibaldo Loyola López. Rol Nº 2.012 2001. Pronunciada por el Presidente de la Primera Sala señor Archibaldo Loyola López, los Ministros señores Luis Roberto de la Fuente Leclerc y Julio César Grandón Castro.

III.- CORTE SUPREMA Santiago, once de mayo de dos mil cuatro. VISTOS: Este proceso rol número 49.259 del Juzgado del Crimen de Nueva Imperial, se instruyó para investigar la existencia del cuasidelito de homicidio de Pedro Landaeta Mercado y del cuasidelito de lesiones de Luis Méndez Saavedra, Erna Castro Guajardo, Patricia Riquelme Muñoz, Jorge Carrasco Parra y Manuel Lavín León (graves) y a Belarmino Garrido Cerda, Manuel Anselmo Barahona Bravo, Claudio Bastías Nahuelpán, Karine Escamilla Burgos, María Ñanco Huenchún y a Carla Vergara Candia (menos graves) ocurrido el 10 de agosto de 1999, por el que se procesó y acusó a Max Ur Arriagada Sandoval. Por sentencia de primera instancia de fecha veintisiete de diciembre de 2002, escrita a fojas 404 y siguientes se condenó al procesado Max Ur Arriagada Sandoval a la pena de ciento ochenta días de

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

401

reclusión menor en su grado mínimo y accesorias de suspensión de cargo y oficio público durante el tiempo de la condena, más las costas de la causa y la suspensión de su licencia de conducir por el lapso de seis meses, por su responsabilidad como autor del cuasidelito de homicidio y de lesiones graves y menos graves a que se hizo referencia y se le concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena corporal impuesta por el plazo de un año. Asimismo, se acogen las siguientes acciones civiles: a. La deducida por Blanca del Carmen Mercado Contreras, condenando al encartado Arriagada y a Transportes Nar Bus Sociedad Anónima a pagarle solidariamente la suma de cinco millones de pesos por concepto de indemnización por el daño moral, debidamente reajustado como se indica en el considerando décimo de la sentencia; b. La deducida por Jorge Carrasco Parra, sólo en cuanto se condena al encartado Arriagada a pagarle la suma de un millón quinientos mil pesos por concepto de indemnización por el daño moral, debidamente reajustado como se indica en el considerando decimocuarto de la sentencia; c. La deducida por Manuel Evaristo Lavín León, sólo en cuanto se condena al procesado Arriagada y a Transportes Nar Bus Sociedad Anónima a pagarle solidariamente la suma de trescientos mil pesos por concepto de indemnización por el daño moral, debidamente reajustado como se indica en el considerando decimoctavo de la sentencia; d. La deducida por Erna Castro Guajardo, sólo en cuanto se condena al procesado Arriagada y a Transportes Nar Bus Sociedad Anónima a pagarle solidariamente la suma de setenta y cinco mil pesos por concepto de indemnización por lucro cesante y trescientos cincuenta mil pesos por concepto de daño moral; e. La deducida por Luis Méndez Saavedra, sólo en cuanto se condena al procesado Arriagada y a Transportes Nar Bus Sociedad Anónima a pagarle solidariamente la suma de doscientos cincuenta mil pesos por concepto de indemnización por el daño moral; y f. La deducida por Manuel Barahona Bravo, sólo en cuanto se condena al procesado Arriagada y a Transportes Nar Bus Sociedad Anónima a pagarle solidariamente la suma de doscientos mil pesos por concepto de indemnización por el daño moral; Contra esta sentencia se recurre de apelación tanto en la parte penal como en la civil, por parte del encartado Arriagada Sandoval y de la querellante Blanca del Carmen Mercado Contreras y de la parte civil por parte del tercero civilmente responsable Nar Bus Sociedad Anónima, basándose su recurso en que no se pudo adquirir la convicción de Arriagada hubiese tenido una participación culpable en el hecho por el que se le acusa. Se dicta sentencia de segunda instancia, el nueve de noviembre de dos mil uno a fojas 447, por la que se confirma la sentencia apelada, con declaración de que se aumenta el monto de la indemnización por daño moral a que fue condenado a pagar solidariamente Arriagada Sandoval, y Nar Bus Sociedad Anónima a Blanca del Carmen Mercado Contreras a la suma de diez millones de pesos y que se aumenta asimismo a un millón y medio de pesos la suma que deben pagar solidariamente a Manuel Evaristo Lavín León. Contra esta última sentencia el tercero civilmente responsable dedujo recursos de casación en el fondo y en la forma, los que habiéndose declarado admisibles fueron traídos en relación. CONSIDERANDO: En cuanto al recurso de casación en la forma. PRIMERO: Que, Daniel Salazar Poblete, en representación de la demandada civil Nar Bus S.A., ha interpuesto en lo principal de su escrito de fojas 451, recurso de casación en la forma en contra de la decisión civil de la sentencia de segunda instancia. Fundamenta, primeramente, su recurso en la causal décima del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, vale decir en “haber sido dada ultra petita, esto es extendiéndola a puntos inconexos con los que hubieren sido materia de la acusación y de la defensa”. Además, alega la causa, del Nº 9 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal de “no haber sido extendida en la forma dispuesta por la ley”, haciendo referencia para ello a los artículos 160 y 170 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: Que, en lo relativo a la primera infracción indicada antes, afirma que se ha configurado el vicio de ultra petita en cuanto en la sentencia recurrida se elevó la suma que se indicaba en la decisión

402

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

civil del fallo de primera instancia sin haber podido. En efecto añade, si bien la demandante civil Blanca Mercado Contreras apeló de la sentencia en su parte civil, para que se elevara la indemnización a que se había condenado al recurrente a la suma de cincuenta millones de pesos y, en su parte penal para que se elevara la suspensión de la licencia para conducir a un año, no es menos cierto que al elevarse los autos no se hizo parte, infringiendo con ello lo que indica el artículo 200 del Código de Procedimiento Civil que obliga a hacerlo. TERCERO: Que la Corte de Apelaciones, al entrar a conocer de la apelación de la recurrente, lo hizo con plena competencia para ello, ya que la sentencia que debía revisar había sido apelada en lo penal y en lo civil. En efecto, en el proceso penal se pueden deducir las acciones civiles que tengan por objeto reparar los efectos civiles del hecho punible pero, como lo señala el inciso segundo del artículo 10 esto se hará “con arreglo a las prescripciones de este código”. Por lo demás, por expresa disposición del artículo 63 del Código de Procedimiento Penal los recursos de apelación “se verán ante los tribunales que deben conocer de ellos sin esperar la comparecencia de las partes”. En consecuencia, como concluye el texto legal recién citado, no tendrá aplicación la disposición del artículo 200 del Código de Procedimiento Civil. Por último, es evidente que lo expresado como base de la causal alegada no puede estimarse como ultra petita como se aduce, ya que versa sobre situaciones procesales que no tienen relación alguna con ese vicio. La ultrapetita se produce cuando se otorga a una de las partes más de lo pedido por ella y también cuando la sentencia se extiende a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, es decir, cuando apartándose de los términos en los que las partes situaron la controversia por medio de sus respectivas acciones y excepciones, se altera el contenido de estas, cambiando su objeto o modificando su causa de pedir. En el caso analizado, tal cosa no ha pasado pues, si bien se alzó la suma de la indemnización, ello pudo hacerse sin problema legal aluno y estando habilitada para hacerlo la Corte mediante el recurso de apelación de que conoció. CUARTO: Que la segunda causal de la anulación formal solicitada se hace incidir en la falta de consideraciones en que ha incurrido la sentencia atacada ya, que no existe prueba ni en el sumario ni en el plenario para dar por acreditado el daño moral sufrido por la viuda del occiso Landaeta. El solo hecho de no haber sido indicada la falta cometida en la confección del fallo, en relación a lo prevenido por el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal basta para rechazarla, ya que el recurrente solamente hizo mención de infracciones de disposiciones civiles que no pueden aplicarse a una sentencia criminal como la que ha sido objeto de la apelación. Más aún, de la lectura del considerando décimo del fallo de primera instancia, reproducido parcialmente por el de segunda, y del raciocinio primero del fallo atacado, se puede constatar que efectivamente los sentenciadores hicieron reflexiones que son compatibles con la aceptación y elevación del daño moral sufrido, que no necesita de probanzas por su naturaleza y que, por lo demás, es de exclusiva facultad del Tribunal de Fondo, lo que impide a esta Corte alterarla. QUINTO: Que, como consecuencia de lo que se ha dicho antes, el recurso de casación formal interpuesto en lo principal del escrito de fojas 451 debe ser rechazado. En cuanto al recurso de casación en el fondo. SEXTO: Que el mismo abogado, asumiendo la representación que se ha indicado en el considerando primero, interpuso en el primer otrosí del escrito de fojas 451, en contra de la decisión penal de la sentencia de segunda instancia, recurso de casación en el fondo que ha fundado en las causales Nº 3 y Nº 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, es decir “en que la sentencia califique como delito un hecho que la Ley Penal no considera como tal” y “en haberse violado las leyes reguladoras de la prueba siempre que esta infracción influya sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia”. Al recurrir contra las decisiones civiles alega el inciso final del artículo 546 ya señalado. SÉPTIMO: Que al fundar la causal del número 3 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal indica que al no encontrarse el occiso sentado al volante de su vehículo sino bajo él, arreglándolo, no se ha dado la condición exigida para que se configure el cuasidelito investigado, puesto que en tal caso se presume la culpabilidad del conductor cuando se haya producido el accidente a diez metros de cada esquina, en el sector urbano. Está comprobado, sigue, que el accidente se produjo en un camino y en otro sitio distinto de las calzadas, por lo que, de acuerdo a lo que estipula el inciso tercero del artículo 492 del Código Penal, se debe presumir la culpabilidad del peatón.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

403

OCTAVO: Que, a no dudarlo y tal como se ha dejado comprobado por los innumerables antecedentes probatorios de los que se hace mención en los razonamientos primero y segundo de la sentencia de primera instancia, reproducidos por la de segunda, y en especial del informe técnico de la S.I.A.T. acompañado a fojas 137, no es posible dudar que los hechos que causaron la muerte de Landaeta y las lesiones graves y menos graves de los pasajeros del bus que manejaba Arriagada Sandoval fueron causados por la conducción descuidada del encartado pues, como se señala, la causa basal del accidente fue que el conductor del bus “conducía el móvil y al distraer su atención en la conducción se percata tardíamente de la presencia del móvil que lo antecede en panne y con las señalizaciones de advertencia, al cual choca y por proyección el móvil aplasta al occiso que se encontraba bajo él”. NOVENO: Que al alegar el recurrente la causal del número 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, señala que las reglas reguladoras de la prueba infringidas son las de los artículos 464, 473, 481 Nº 4, 482 y 485 todas del mismo cuerpo legal citado. Si se revisa la causa y se lee la sentencia de primera instancia, se puede advertir que el juez no ha infringido lo que señala el artículo 464, ya que ha dado más valor a las presunciones que señala en el raciocinio primero del fallo que a las declaraciones de los testigos del plenario. Tampoco se divisa infracción del artículo 473 respecto del peritaje de fojas 89 y del informe de la S.I.A.T. de fojas 135, los que coinciden en las circunstancias fundamentales y tampoco infringió la sentencia los últimos artículos indicados, puesto que según el considerando tercero del fallo de la instancia, su confesión ha coincidido básicamente con los hechos como fueron descritos en el acápite anterior del mismo fallo. DÉCIMO: Que, por último, la casación de fondo planteada por el recurrente contra la parte civil de la sentencia no podrá ser acogida. En efecto, el demandado civil basa su motivo en el hecho que las decisiones han sido tomadas sin que el respectivo querellante hubiese rendido prueba del daño moral alegado y, en el caso de Mercado Contreras, sin que se haya rendido ésta en la segunda instancia para elevarla. Tanto nuestra legislación como numerosas sentencias de nuestros tribunales, en lo que se refiere al daño moral, han seguido una de las tesis más clásicas como el “pretium dolores”, que afecta a la integridad espiritual de una persona, y este dolor no necesita de prueba específica, ya que es apreciado por el juez de acuerdo a los antecedentes del proceso y la equidad. UNDÉCIMO: Que por las razones antes expuestas esta Corte estima que el presente recurso debe ser desechado y, en consecuencia, la sentencia no es nula. Por estas consideraciones y visto lo dispuesto por los artículos 535, 536, 541 inciso final, y 547 del Código de Procedimiento Penal y 766 del de Procedimiento Civil, se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos en lo principal y primer otrosí del escrito de fojas 451 en contra de la sentencia de nueve de noviembre de dos mil uno, escrita a fojas 447, la que no es nula. Regístrese y devuélvase. Redacción del Ministro señor Alberto Chaigneau del Campo. Rol Nº 4.836 01. Pronunciado por la Segunda Sala, integrada por los Ministros señores Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury U., Milton Juica A., Nibado Segura P. y el Abogado Integrante señor Fernando Castro A. No firma el Abogado Integrante señor Castro, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo de fallo, por estar ausente.

404

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

FICHA 27

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 4033-2002 Cita Online: CL/JUR/1411/2003 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO Antofagasta, veintiocho de mayo de dos mil dos. VISTOS: Comparece a fojas 9, doña Gabriela de Lourdes Elgueda Olmedo, secretaria, domiciliada en calle Limache Nº 514, Población Favorecedora de esta ciudad, por sí y su hijo menor Ángelo Patricio Cortés Elgueda, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios, provenientes de la muerte de su conviviente don Patricio Humberto Cortés Durán, en contra de la empresa Servicios B y B Ltda., representada por don Jorge Barraza Rojo, ambos domiciliados en Avenida Industrial Nº 8.186, galpón 5, Antofagasta. Funda su demanda en que su conviviente trabajaba para la empresa demandada, desde el 11 de marzo de 1997, en calidad de mecánico de 2ª A, en faenas de la compañía Minera Zaldívar. Que el 27 de diciembre de 2000, su conviviente y Robinson Gallardo Rivera, concurrieron con el jefe de taller, don Juan Varas, a la empresa Cerro Alto, ubicada en el sector de Aguas Verdes, conduciendo el vehículo Patricio Cortés; una vez que terminaron el trabajo en el sector de Aguas Verdes se devolvieron, alrededor de las 5 de la madrugada del día 28 de diciembre de 2000, don Juan Varas le dio la orden a Robinson Gallardo que condujera el vehículo, sin embargo como a las 7,30 horas de la mañana, a la altura del Km. 1.267, el conductor, debido al cansancio y fatiga, se quedó dormido al volante, provocando el accidente que costó la vida a su conviviente y dejó lesionado de gravedad a don Juan Varas. Que Robinson Gallardo era nuevo en la empresa, había sido contratado sólo unos días antes del accidente, de manera que no estaba acostumbrado a tan larga jornada de trabajo y la empresa o el supervisor que viajaba a cargo, no sabían si era o no capaz de conducir después de tantas horas de vigilia. Hace presente que los trabajadores que concurrieron a trabajar al sector de Aguas Verdes, no contaban con ningún medio de comunicación y al ocurrir el accidente no les fue posible pedir ayuda, siendo auxiliados por el chofer de un vehículo que pasó por el lugar, ignorándose cuánto tiempo permanecieron allí sin recibir auxilio, enterándose la demandada del accidente por el chofer que los auxilió. Señala que la muerte de su conviviente se produjo por la negligencia culpable de la demandada, quien no se preocupó de la seguridad de sus trabajadores y no tomó ninguna providencia para proteger eficazmente la vida y salud de éstos, como lo ordena la ley, por el contrario, los expuso temerariamente al riesgo de movilizarse de noche, en un vehículo conducido por un trabajador nuevo en la empresa y que llevaba alrededor de 24 horas sin descansar, al igual que el resto de los trabajadores que iban en el vehículo. Que si la empresa demandada se hubiese preocupado de tomar las mínimas medidas de seguridad, el accidente no hubiese ocurrido, ya que se produjo por el agotamiento del conductor; además ésta no contaba con chofer para conducir el vehículo que transportaba a los trabajadores hacia y desde la faena, ordenando la conducción a cualquiera de los trabajadores. Que el actuar negligente de la demandada ha provocado la muerte de Patricio Cortés Durán, produciendo un gran daño a ella, en su calidad de conviviente y en mayor grado ha provocado daño al hijo de ambos, además les ha irrogado perjuicios económicos, ya que el deudo contribuía en forma importante a su subsistencia y la de su hijo. Hace presente que la demandada no le ha entregado ningún tipo de ayuda por el fallecimiento de su conviviente, en circunstancias que tiene conocimiento que había tomado un seguro de accidentes del cual era beneficiario la propia empresa, habiendo recibido por dicho concepto la suma de $ 15.000.000. Por lo que solicita que se condene a la empresa demandada al pago de la suma de $ 90.400.000 por concepto de lucro cesante; $ 80.000.000 por concepto de daño moral; más reajustes, intereses y costas. En subsidio, solicita que se condene a la demandada al pago de las sumas de dinero que SS. estime ajustadas a derecho y a la equidad, por los conceptos señalados, más reajustes, intereses y costas.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

405

A fojas 17, don Christian Caro Cassali, abogado, en representación de la demandada, en subsidio de las excepciones opuestas contesta la demanda y solicita su rechazo en todas sus partes, con costas. Señala que efectivamente el 27 de diciembre de 2000, don Patricio Cortés Durán se presentó a trabajar en la empresa demandada, al momento de retirarse don Juan Varas, supervisor de la empresa, le manifestó que se había producido una emergencia en la carretera en el sector de Aguas Verdes, con un camión de un cliente (Cerro Alto) que impedía el paso vehicular y que debía ser reparado en terreno para que pudiera seguir trabajando. Ante dicha situación, el señor Patricio Cortés manifestó en forma voluntaria su intención de concurrir a realizar dicho trabajo extraordinario. Que una vez conformado el equipo de voluntarios, formado por Patricio Cortés, Robinson Gallardo y Juan Varas, don Jorge Barraza le dio instrucciones de realizar el trabajo y luego pernoctar en la posada San Francisco para descansar y retornar a la mañana siguiente a Antofagasta; además les entregó la suma de $ 30.000 para pagar el hostal donde dormirían, sin embargo, dichas instrucciones no fueron obedecidas, ya que inmediatamente terminado el trabajo, los trabajadores emprendieron el viaje de regreso, sin descansar ni dormir en la posada, ubicada a unos kilómetros de Aguas Verdes. Hace presente que el deber de proporcionar la seguridad debida a los trabajadores fue cumplida por la demandada, pues puso a su disposición un vehículo en óptimas condiciones, otorgó las herramientas necesarias para el desempeño de su trabajo, les dio dinero para su alimentación y para que descansaran luego del trabajo y antes de emprender el viaje de regreso. Expresa que si los trabajadores hubieran cumplido con las instrucciones de la demandada, en orden a terminar de trabajar, luego descansar y pernoctar en la posada antes de regresar a Antofagasta, dicha situación jamás habría ocurrido y no tendría que lamentarse la muerte de una persona. Manifiesta que se llevó a efecto una investigación por parte del Comité de Higiene y Seguridad de la empresa demandada, en orden a determinar las causas del accidente, concluyéndose que la causa de éste fue la negligencia inexcusable del conductor por adquirir una motivación inapropiada, es decir, el señor Gallardo Tapia se sintió en condiciones de manejar sin problemas, decisión que fue errónea y en abierta contradicción a las instrucciones recibidas de su empleador. Aclara que el accidente que sufrió el trabajador en que lamentablemente falleció, no fue a propósito del trabajo realizado en faena el 28 de diciembre de 2001, sino que un accidente de trayecto del lugar donde se estaba realizando el trabajo a la ciudad de Antofagasta, el que se produjo por una acción temeraria de parte de los trabajadores al no acatar las instrucciones de su jefe. Que todas las normas que imponen el deber de cuidado y protección de los trabajadores al empleador, no le exigen intervenir en casos y situaciones en las que no es posible prever ni determinar lo que un trabajador aventurado, descuidado y negligente pueda realizar en detrimento de su propia integridad física y la de sus compañeros. Que en cuanto al lucro cesante que demanda la actora, ésta multiplica las remuneraciones anuales por los años que le resta de vida útil, restándole el 50% por pérdida de capacidad económica, sin embargo ha pasado por alto importantes aspectos de este tipo de perjuicios, tales como, que el lucro cesante representa la pérdida de una legítima ganancia o las rentas que el demandado ha dejado de percibir, en este sentido ha omitido considerar las pensiones que percibe y percibirá durante el resto de su vida el hijo común, en virtud de la declaración de muerte de don Patricio Cortés; además el lucro cesante para ser indemnizable, debe ser cierto y no eventual, no pudiendo asegurarse que el señor Cortés continuaría ganando lo que ganaba al momento de su accidente, ni que hubiese vivido y trabajado los años que indica en su petición. En cuanto a los perjuicios morales reclamados, no proceden, debido a que deben ser reclamados por vía extracontractual; respecto a los intereses y reajustes, no proceden, ya que es improcedente el resarcimiento de esta partida indemnizatoria. Que en el caso de los intereses por daños morales, es improcedente su cobro a partir de la perpetración del hecho, por cuanto las sentencias que en esta materia se dicten no reconocen ninguna situación preexistente y por el contrario tienen un carácter constitutivo, por lo que sólo deben contarse desde la dictación del fallo que concede la indemnización. A fojas 38, se recibió la causa a prueba y se citó a las partes a comparendo de conciliación y prueba. A fojas 135, se llamó a las partes a una conciliación, la cual no se produjo, rindiéndose las probanzas que constan en autos. A fojas 194, se citó a las partes a oír sentencia.

406

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: I. En cuanto a la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal: PRIMERO: Que a fojas 17, la parte demandada opuso la excepción Nº 1 del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda, ya que producto del accidente de tránsito en que falleció don Patricio Cortés Durán, se inició procedimiento penal por cuasidelito de homicidio, seguido ante el Tercer Juzgado de Letras en lo Penal de esta ciudad, rol Nº 41.405 2. Que el artículo 420 letra f) del Código del Trabajo, excluye expresamente el conocimiento de los tribunales laborales cuestiones sobre responsabilidad extracontractual y se remite al artículo 69 letra b) de la ley Nº 16.744, la que señala que las indemnizaciones que se persigan por daño moral, deben sujetarse a las prescripciones del Derecho Común, es decir, al artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, y que se traduce en que si los hechos culposos que dieron origen al daño invocado, son materia de un proceso penal, las acciones civiles derivadas de estos hechos, deben ser promovidas en este mismo proceso. Señala que la acción promovida cae en la esfera de la responsabilidad extracontractual, ya que no es deducida por el afectado directamente (el que falleció), sino que por, aparentemente, sus familiares más directos. Agrega que los hechos fundantes de la demanda dicen relación con un incumplimiento de la ley y no un incumplimiento del contrato de trabajo, por lo que el conocimiento de la acción promovida corresponde al Juez Civil y que en la especie, conforme al artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, será el Juez del Tercer Juzgado de Letras en lo Penal, ya que es éste quien investiga el cuasidelito de homicidio que dio origen al daño cuya reparación se persigue y ante el cual ya se interpuso una acción de perjuicios por daño moral por parte del padre del occiso. SEGUNDO: Que a fojas 36, la parte demandante evacuó el traslado, solicitando el rechazo de la excepción, ya que el precepto legal en que se apoya la acción intentada es el artículo 184 del Código del Trabajo, el que establece el deber general de protección de la vida y la salud de los trabajadores, norma que se encuentra incorporada a todo contrato, siendo un elemento de la esencia de éstos, razón por la cual resulta evidente que es competente para conocer de dicha acción el Tribunal del Trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 420 letra f) del Código del ramo, de manera que son los Juzgados del Trabajo los llamados a conocer y fallar las causas en que se deduce una acción que tiene por fundamento el deber de protección y seguridad impuesto por el legislador al empleador. TERCERO: Que de la lectura del escrito de demanda se desprende claramente que lo que se demanda es el lucro cesante y el daño moral emanado del incumplimiento contractual en que supuestamente incurrió la empleadora y el precepto legal en que se apoya la acción intentada, es el artículo 184 del Código del Trabajo, norma que consagra el deber general del empleador de protección de la vida y salud de los trabajadores y que se encuentra incorporado como elemento esencial en todos los contratos de trabajo. De esta forma, la acción de autos se apoya precisamente en este deber de protección que el legislador consagra como obligación para el empleador y que constituye un elemento de la esencia del contrato de trabajo, resultando evidente que el tribunal competente para conocer de dicha acción es el Juzgado del Trabajo que corresponda, conforme a lo dispuesto en la letra f) del artículo 420 del Código del ramo. En consecuencia, se rechazará la excepción de incompetencia planteada por la demandada. II. En cuanto a la excepción dilatoria de ineptitud del libelo: CUARTO: Que a fojas 19, la parte demandada opuso la excepción Nº 4 del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda. Señala que no se discute en doctrina que la cónyuge sobreviviente pueda solicitar o perseguir la indemnización por daño moral, sin embargo, en el caso de la conviviente, esta situación en doctrina aún se discute y no está clara del todo, razón por la que es necesario que se acredite que efectivamente existía una relación de convivencia o afectividad, que justifique el pedir y luego recibir una indemnización por daño moral. Que la demanda de autos carece de una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya, ya que no relata ni explica de manera alguna la relación que existía entre la actora y el fallecido, solamente señala escuetamente que era conviviente de don Patricio Cortés y que tenían un hijo en común, circunstancias que por sí solas no la constituyen en titular para demandar una acción de esta naturaleza; además, el certificado de nacimiento del menor,

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

407

no es prueba de vínculo suficiente entre la actora y el fallecido, falta un evidente desarrollo de la relación que los ligaba en orden a legitimarla activamente para el presente juicio. QUINTO: Que a fojas 36, la parte demandante evacuó el traslado, expresando que la actora ha comparecido en este juicio en su calidad de conviviente del occiso y en su calidad de madre del menor Angelo Cortés Elgueda, de quien por mandato de la ley es su representante, situación acreditada mediante el certificado de nacimiento del menor. SEXTO: Que la comparecencia de doña Gabriela Elgueda Olmedo en representación de su hijo menor Angelo Patricio Cortés Elgueda no se encuentra discutida en autos y su calidad para comparecer se encuentra, por lo demás, acreditada mediante el certificado de nacimiento del referido menor, allegado a fojas 5. Por otro lado, sí se discute la comparecencia de la señalada Gabriela Elgueda Olmedo en su calidad de conviviente del trabajador fallecido, alegando a este respecto la parte demandada que la demanda no contiene la exposición clara de los hechos y fundamentos en que se apoya que habilitaría a dicha persona para comparecer en juicio por sí, esto es, que la legitimación activa de la misma no se desprende de modo alguno del libelo de demanda. SÉPTIMO: Que efectivamente la demanda de autos sólo señala que la actora era conviviente del trabajador accidentado y madre de un hijo en común, motivo por el cual acciona por sí y por su hijo menor de edad. No expresa ningún antecedente de hecho respecto de esta supuesta convivencia para estimar que legalmente ella se encuentra legitimada activamente para interponer en su nombre la acción que entabla. No obstante ello, esta circunstancia no transforma en inepto el libelo y se refiere a una situación distinta, esto es, a si la demandante se encuentra o no legitimada para accionar en autos, cuestión que no correspondía alegar por esta vía de la excepción de ineptitud del libelo, la que deberá, por ende, rechazarse. III. En cuanto a la impugnación de documentos: OCTAVO: Que a fojas 73, la parte demandante impugnó los documentos acompañados por la demandada, rolantes de fojas 64 a 67, consistentes en declaraciones del señor Robinson Gallardo Rivera y Eduardo Acori Cuevas, y vale por la suma de $ 30.000. Los primeros se impugnan, ya que constituyen declaraciones de testigos formuladas por escrito, en circunstancias que el artículo 367 del Código de Procedimiento Civil, señala que a los testigos “no se les permitirá llevar escrita su declaración”; y el vale, se impugna por falso, dado que se trata de una fotocopia y no consta su autenticidad ni integridad. NOVENO: Que a fojas 88, se tuvo por evacuado en rebeldía de la demandada el traslado conferido. Décimo: Que efectivamente las declaraciones de fojas 64 y siguiente y de fojas 66, de don Robinson Gallardo Rivera y de don Eduardo Acori Cuevas, no podrán ser consideradas como declaraciones de testigos ni otorgárseles el mérito probatorio que corresponda a aquéllas, mas ello no impide que puedan ser consideradas como uno más de los antecedentes que se alleguen al proceso, otorgándoseles el valor que esta sentenciadora estime de conformidad a la sana crítica. Asimismo, la objeción del documento de fojas 67, sólo se refiere al mérito probatorio del documento, cuestión que también es privativa de esta juez determinar en definitiva. En consecuencia, se rechazará la objeción en comento. IV. En cuanto a la tacha: UNDÉCIMO: Que a fojas 157, la parte demandada tachó a la testigo presentada por la demandante, Mónica Zamora Fritis, conforme al artículo 358 Nº 1 del Código de Procedimiento Civil. DUODÉCIMO: Que a fojas 157, la parte demandante solicitó el rechazo de la tacha, por cuanto la testigo no es pariente legítima de la actora, ni por consanguinidad ni afinidad, dado que es la señora del hermano de la víctima, y la demandante no era casada con Patricio, por lo que no cumple con la exigencia establecida en el Nº 1 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. DECIMOTERCERO: Que efectivamente y tal como se desprende de los dichos de la testigo y de los demás antecedentes del proceso, la actora no era la cónyuge del trabajador fallecido, sino su conviviente, no existiendo entonces ningún vínculo de parentesco entre la testigo, que es la cónyuge del hermano del occiso, y la actora, razón por la que se rechazará la tacha planteada a su respecto. V. En cuanto al fondo: DECIMOCUARTO: Que la parte demandante solicita se acoja la demanda en todas sus partes y se condene a la demandada al pago de las prestaciones ya indicadas en la parte expositiva de la presente sentencia.

408

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

DECIMOQUINTO: Que la parte demandada solicita el rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas, en virtud de los fundamentos ya vertidos en la parte expositiva del presente fallo. DECIMOSEXTO: Que a objeto de acreditar sus pretensiones, la parte demandante allegó al proceso los siguientes elementos de convicción: I. Documental: de fojas 1 a 2, parte de Carabineros Nº 260 de fecha 28 de diciembre de 2000; a fojas 3, certificado de nacimiento de Patricio Cortés Durán; a fojas 4, certificado de defunción de Patricio Cortés Durán; a fojas 5, certificado de nacimiento de Angelo Cortés Elgueda; de fojas 30 a 35, copia de sentencia emanada de la Excma. Corte Suprema; y a fojas 131, ordinario Nº 046 de la Municipalidad de Taltal. II. Confesional: de fojas 135 a 136 vuelta, conforme al pliego de posiciones de fojas 132 y siguiente. III. Testimonial: de fojas 157 a 160, consistente en las declaraciones de Mónica Zamora Fritis y Cristina Carmona Troncoso, testigos legalmente juramentadas y tachada la primera de ellas, cuya tacha fue rechazada por el tribunal. IV. Oficios:, de fojas 74 a 87, rola oficio de la Compañía de Seguros Generales Las Américas; de fojas 92 a 129, rola oficio de la Asociación Chilena de Seguridad; de fojas 163 a 164, rola oficio de la Municipalidad de Taltal; a fojas 172, rola oficio de la Inspección del Trabajo Provincia de Antofagasta; a fojas 175, rola oficio del Servicio de Impuestos Internos; y de fojas 176 a 191, rola oficio de la Inspección Provincial del Trabajo. V. Exhibición de documentos: de fojas 160 a 160 vuelta, consistente en contrato de trabajo, póliza de seguros, copia de las liquidaciones y pagos de los seguros a la empresa demandada, copia del libro de asistencia del mes de diciembre de 2000 y liquidaciones de remuneraciones de los meses de septiembre a diciembre de 2000, del señor Patricio Cortés Durán. DECIMOSÉPTIMO: Que por su lado, la parte demandada se valió de los siguientes medios probatorios: I. Documental: de fojas 39 a 43, escrito de la demanda civil deducida por el padre del trabajador fallecido, en contra de la demandada, seguida ante el Tercer Juzgado del Crimen de esta ciudad, rol Nº 41.405; de fojas 50 a 56, demanda civil presentada ante el Tercer Juzgado del Crimen de Antofagasta en contra de la demandada; de fojas 57 a 63, investigación del accidente de parte del Comité Paritario de Higiene y Seguridad; de fojas 64 a 66, declaraciones escritas del señor Robinson Gallardo y Eduardo Acori, legalizadas ante Notario Público, documentos cuya impugnación fue rechazada por el tribunal; y a fojas 67, vale por la suma de $ 30.000 de fecha 27 de diciembre de 2000, documento cuya impugnación también fue rechazada. II. Confesional: de fojas 136 vuelta a 137 vuelta, conforme al pliego de posiciones de fojas 133 y siguientes. III. Testimonial: de fojas 138 a 143, consistente en las declaraciones de Rodolfo Pietroboni Quezada y Darío González Ayala, testigos hábiles, legalmente juramentados y sin tachas. IV. Oficios: de fojas 165 a 168, rola oficio del Instituto de Normalización Previsional; y de fojas 169 a 170, rola oficio de la Asociación Chilena de Seguridad. DECIMOCTAVO: Que las partes están contestes en que con fecha 28 de diciembre de 2000, alrededor de las 7.30 horas de la madrugada, en circunstancias que don Patricio Cortés Durán, don Robinson Gallardo Rivera y don Juan Varas Mánquez, todos trabajadores de la demandada, se dirigían en una camioneta de la empresa por la Ruta 5 Norte en dirección a Antofagasta después de haber efectuado una labor encomendada por ésta, el conductor del móvil, Gallardo Rivera perdió el control del mismo, produciéndose un accidente que costó la vida a Patricio Cortés Durán. DECIMONOVENO: Que la demandante alega que el referido accidente se produjo por la negligencia culpable de la demandada, quien no se habría preocupado de la seguridad del sus trabajadores y no tomó providencia alguna para proteger su vida y salud y por el contrario, los expuso temerariamente al riesgo de movilizarse de noche, en un vehículo conducido por un trabajador nuevo en la empresa y que llevaba alrededor de 24 horas sin descansar, al igual que el resto de los trabajadores que iban en el vehículo. VIGÉSIMO: Que al efecto la empresa alega que el día 27 de diciembre, en horas de la tarde, se produjo una emergencia en el sector de Aguas Verdes con el camión de un cliente, el que debía ser re-

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

409

parado en terreno, para lo cual el trabajador fallecido se ofreció voluntariamente a efectuar esta labor extraordinaria, formándose un equipo de trabajo junto a Gallardo Rivera y Varas Mánquez, dándoseles instrucciones de realizar el trabajo y luego pernoctar en la Posada San Francisco y retornar a la mañana siguiente a la ciudad, entregándoseles incluso la suma de $ 30.000 para estos efectos, de modo tal que el accidente no fue de responsabilidad de la empresa, puesto que fueron los mismos trabajadores quienes decidieron retornar de inmediato, sin descansar previamente como se les había ordenado. VIGÉSIMO PRIMERO: Que conforme a la investigación del accidente efectuada por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de Servicios B y B Limitada, corriente a fojas 57 y siguientes, dentro de las causas básicas del accidente, está el factor personal de “creer el conductor que podrá cumplir con la orden del supervisor de manejar hasta la ciudad” y como factor de trabajo, “tomar una decisión errónea por parte del supervisor, ya que éste contaba con instrucciones de descansar en la posada para luego retornar, dadas las circunstancias del horario del trabajo”. Concluye dicho informe que se considera que existió negligencia inexcusable del conductor del vehículo, por adquirir una motivación inapropiada. Se adjuntan además, las declaraciones del conductor del vehículo, quien señala que antes de salir hacia Aguas Verdes, en una Copec, los alcanzó don Jorge y el Sr. Acori, y el primero le dijo a don Juan (Varas) que si se hacía muy tarde, que descansáramos, que las camas no eran muy buenas, pero servían para descansar. Agrega que terminaron el trabajo alrededor de las 5.30 de la mañana y en ese momento se acercó el jefe de Cerro Alto a ofrecerles algo de comer y café y conversó con don Juan, el que le dijo que le tocaba manejar, así que comenzaron el viaje de regreso. También consta la declaración del Sr. Acori, quien ratifica la circunstancia que don Jorge Barraza Rojo les dijo a los trabajadores que si terminaban el trabajo muy tarde, se quedaran a alojar y una vez que hubieran descansado, se dirigieran de vuelta a Antofagasta, frente a lo cual los trabajadores le habrían contestado que no se preocupara, ya que eran tres los choferes. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que asimismo, rola a fojas 67 fotocopia de un vale por $ 30.000 por rendir, con la especificación de la orden de trabajo 2.234, Cerro Alto, entregado a Juan Varas por viaje a Chañaral, ello con fecha 27 de diciembre de 2000 y debidamente suscrito. VIGÉSIMO TERCERO: Que por otra parte, a fojas 92 y siguientes, rola copia del informe técnico de investigación de accidente, elaborado por la Asociación Chilena de Seguridad, en el cual se indican como causas directas del accidente, el conducir vehículo cansado y la extensión de la jornada laboral. Como causas básicas u origen, factores personales como fatiga, somnolencia, intento inapropiado de ahorrar tiempo por estar más pronto de regreso en la ciudad; y factores de trabajo, cual fue la decisión incorrecta de la supervisión, en el sentido de no descansar después de la jornada. Se adjuntan declaraciones del gerente Jorge Barraza Rojo, quien también indica que les dio instrucciones que durmieran en la posada y luego regresaran; y de Gallardo y Acori, documentos del vehículo, contratos de trabajo de los afectados, recibos de reglamento interno y otros. VIGÉSIMO CUARTO: Que además, a fojas 138 y siguientes, declararon como testigos de la demandada don Rodolfo Pietroboni Quezada y don Darío González Ayala, asesor y miembro titular del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, respectivamente, según respuesta a oficio enviado por la Dirección del Trabajo a fojas 191 con sus documentos anexos, indicando el primero de los testigos, que él participó en la investigación del accidente y emitió el informe correspondiente como asesor técnico del referido comité, agregando que la medida de prevención tomada fue la de comunicar al supervisor a cargo, don Juan Varas, el que debían pernoctar al término de la faena, entregándosele el dinero para estos efectos, orden que no fue cumplida por los trabajadores. El segundo, expresa que la medida de seguridad era quedarse en el lugar para descansar, ello por la extensión del horario del trabajo a realizar, asignándoseles un viático y las instrucciones pertinentes, indicando que el Sr. Juan Varas era el encargado del grupo, en su calidad de jefe de taller. VIGÉSIMO QUINTO: Que analizados los antecedentes precedentemente pormenorizados de conformidad con la sana crítica, se llega al convencimiento de que el accidente ocurrido con fecha 28 de diciembre de 2000 y que costó la vida del trabajador Patricio Cortés Durán, no fue producto de la negligencia ni de un actuar culpable del empleador, puesto que éste tomó las medidas pertinentes para proteger la vida y salud de los trabajadores involucrados, dando cumplimiento cabalmente a la obligación contenida en el artículo 184 del Código del Trabajo. En efecto, si bien se trataba de labores que estaban

410

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

fuera de la jornada ordinaria de trabajo y que implicaban extender la jornada por un número de horas indeterminadas, ello obedeció a una situación de emergencia sufrida por un cliente de la empresa y que debía ser solucionada en forma inmediata y en terreno, cuestión que obligaba a realizarla fuera de la jornada ordinaria. En segundo término y conforme al mérito de las declaraciones de los testigos de la demandada, el actor se ofreció voluntariamente para efectuar estas labores. En tercer lugar y previendo la empresa que la jornada se extendería hasta altas horas de la noche, les entregó a los trabajadores por medio del encargado del grupo, don Juan Varas, un viático de $ 30.000 para que descansaran en alguna posada y luego regresaran a la ciudad. Por último, cabe también consignar que, conforme a los antecedentes allegados por la Asociación Chilena de Seguridad de fojas 92 a fojas 129, el vehículo que ocuparon los trabajadores para transportarse al lugar en que debían efectuar las labores, se encontraba en perfectas condiciones, con su permiso de circulación y revisión técnica al día. VIGÉSIMO SEXTO: Que no obstan a las conclusiones precedentes, los oficios de fojas 131, 164 y 175, de la Municipalidad de Taltal los dos primeros y del Servicio de Impuestos Internos el tercero, que señalan que la Posada San Francisco, cuya propietaria es la Sra. María Moraga Curín, posee patente de “servicio de comida preparada”, por lo que con este giro la Sra. Moraga no está autorizada para recibir alojados en el lugar. Ello en virtud de que dentro de las alegaciones de la demandante, las que sirvieron de base para la interposición de la demanda y fijaron los hechos sobre los cuales habría de debatirse, en ningún momento se hizo tan siquiera una referencia a que los trabajadores hubieran intentado descansar en dicha posada y que no hubiesen sido recibidos en la misma o que no hubiesen encontrado dónde descansar; sólo se omite, lisa y llanamente, la circunstancia de que se les entregó dinero para pernoctar o descansar en alguna posada del lugar. VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la ley 16.744 sobre Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, la culpa o el dolo de la entidad empleadora constituye el presupuesto esencial de la responsabilidad que puede perseguirse respecto del empleador, ya sea por la víctima o por las demás personas afectadas; y habiéndose establecido en los motivos que anteceden de este fallo que el accidente no se produjo por un actuar culpable ni menos doloso de la demandada, por lo que ésta no se encuentra en la obligación de resarcir ningún tipo de perjuicio, habrá necesariamente de rechazarse la demanda de autos, en todas sus partes. VIGÉSIMO OCTAVO: Que los demás antecedentes allegados al proceso en nada alteran o modifican las conclusiones a las que se ha arribado. Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 184, 420 letra f), 425, 439, 455, 456, 458 del Código del Trabajo; 144, 303 Nºs 1 y 4, 346 Nº 3, 358 Nº 1 del Código de Procedimiento Civil; 1.698 del Código Civil; 69 de la ley 16.744; se declara: l. Que se rechaza la excepción de incompetencia del tribunal planteada por la demandada en su presentación de fojas 17 y siguientes. II. Que se rechaza la excepción de ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda, interpuesta por la demandada en el mismo escrito de fojas 17 y siguientes. III. Que se rechaza la objeción documentaria planteada por la demandante a fojas 73. IV. Que se rechaza la tacha opuesta por la demandada a fojas 157, respecto de la testigo doña Mónica Zamora Fritis. V. Que se rechaza la demanda de fojas 9 y siguientes, en todas su partes. VI. Que no se condena en costas a la parte demandante por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar. Anótese, regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. Dictada por doña Pamela Ponce Valenzuela, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta.

II.- CORTE DE APELACIONES Antofagasta, veinte de agosto de dos mil dos. VISTOS:

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

411

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de los considerandos vigésimo segundo, vigésimo quinto, vigésimo séptimo y vigésimo octavo que se eliminan, y en su lugar se tiene, además, presente: PRIMERO: Que, sobre la base de las probanzas rendidas en la presente causa y que fueran ya examinadas en el fallo en alzada, se encuentran acreditados los siguientes hechos: a) Que el día 27 de diciembre del año 2000, Robinson Eduardo Gallardo Rivera, Patricio Humberto Cortés Durán y Juan Carlos Varas Mánquez, concurrieron a prestar sus servicios habituales como trabajadores de la demandada “Servicios B y B Ltda.” alrededor de las 7.30 de la mañana y una vez concluida la jornada laboral se les señaló que era menester atender un vehículo que se encontraba con desperfectos en las cercanías del lugar denominado Agua Verde; b) Que, con el objeto de efectuar la reparación al vehículo que pertenecía a una tercera empresa, se dirigieron en una camioneta de propiedad de su empleador hasta el sitio donde se encontraba el vehículo a reparar, oficiando de conductores ellos mismos sin una persona que hubiere sido designada especialmente para dicho efecto, no obstante que además habían de laborar reparando el desperfecto del móvil que se encontraba en el lugar señalado precedentemente; c) Que, una vez terminado el trabajo de reparación, lo que ocurrió alrededor de las cinco de la madrugada del día 28 de diciembre del año 2000, el supervisor que iba a cargo, Juan Carlos Varas Mánquez, le señaló al trabajador Patricio Humberto Cortés Durán, que a él le correspondía conducir desde Agua Verde hasta Antofagasta, no obstante que no habían descansado después de terminado el trabajo; d) Que, alrededor de las 7.30 de la mañana, esto es, dos horas aproximadamente después de haber emprendido el regreso a Antofagasta, el conductor de la camioneta se quedó dormido debido a la fatiga y al cansancio, volcándose a la altura del kilómetro 1.267 de la Ruta 5 Norte y como consecuencia de ello falleció el trabajador Patricio Cortés Durán, resultando lesionados también los otros ocupantes del móvil; e) Que, habían transcurrido 24 horas desde que el conductor del móvil de la firma demandada había ingresado a su trabajo y el momento en que ocurrió su volcamiento y a consecuencia del cual falleció Patricio Cortés Durán; y, f) Que el menor Ángelo Patricio Cortés Elgueda, que nació el día 25 de noviembre de 1998, es hijo del occiso Patricio Humberto Cortés Durán. SEGUNDO: Que la demanda interpuesta en contra de la firma “Servicios B y B Ltda.”, se fundamenta en la circunstancia de que se habría infringido el artículo 184 del Código del Trabajo por parte del empleador, toda vez que éste no cumplió con la obligación de tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, lo que forma parte de la esencia del contrato de trabajo, por lo que en consecuencia, es necesario precisar si se produjo o no la situación antes referida. En el caso sub lite, es preciso señalar que los antecedentes que dan cuenta del accidente y el estudio de su causa basal, coinciden en la circunstancia que se debió a que el conductor de la camioneta perteneciente al empleador, lo hacía en el móvil junto al occiso y al supervisor, habiendo concurrido a reparar el vehículo de un tercero por orden de aquél, y que se quedó dormido al volante mientras conducía de regreso a Antofagasta debido al cansancio, después de una prolongada jornada laboral. TERCERO: Que, conforme lo prescribe el artículo 5 de la ley 16.744, para sus efectos se entiende como accidente de trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión de la actividad laboral y le produzca incapacidad o muerte, considerándose también como tal los ocurridos en el trayecto directo de ida o regreso, entre la habitación y el lugar de trabajo, debiendo tener en consideración además, que para que ello irrogue responsabilidad para el empleador, es menester que se haya incumplido con el artículo 184 del Código del Trabajo al que anteriormente se hizo referencia, lo que se producirá cuando no se tomen los resguardos suficientes para prevenir el acaecimiento de alguna situación que implique falta de protección para la vida y seguridad del trabajador, lo que implica haber actuado con dolo o culpa. CUARTO: Que acorde a los antecedentes allegados a estos autos, la muerte del trabajador Patricio Cortés Durán, se debió a que el conductor del vehículo de propiedad del empleador en el que viajaba con ocasión de la prestación de sus servicios se quedó dormido debido a la fatiga por la extensa jornada

412

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

laboral que debió realizar por encargo de la firma “Servicios B y B Ltda.”, quien es la demandada en estos autos, la que además de enviarlo con los otros ocupantes del móvil, uno de los cuales era el supervisor, a efectuar la reparación de un camión, también les encomendó que condujesen el móvil. Ha de señalarse que tanto el conductor como el occiso, como ya se dijera anteriormente, iban a cargó del supervisor Varas Mánquez, el que en dicha calidad era la persona que tomaba las decisiones por la empresa, y la circunstancia de que regresasen de la localidad de Agua Verde a Antofagasta a las 5.30 horas de la madrugada se debió justamente a su orden de hacerlo, sin que tomase en consideración el cansancio y lo extenso de la jornada. QUINTO: Que, por las razones que se han dado en los motivos que anteceden, no cabe sino concluir que el demandado en la presente causa, la firma “Servicios B y B Ltda.” actuó en forma culposa, toda vez que no pudo menos que prever que después de la jornada ordinaria de trabajo el enviar a trabajadores que ya la habían cumplido a reparar un móvil que se encontraba a varias horas de camino del lugar de trabajo que se ubicaba en la carretera Ruta 5 Norte, perteneciente a una tercera empresa sin un conductor destinado únicamente para ese efecto, constituye un riesgo para la seguridad de los trabajadores, ya que además del trabajo a realizar también habían de conducir el vehículo en el que viajaban, habiendo de consignarse además, que resulta también obligado por el actuar negligente del supervisor que era la persona que había de tomar las decisiones pertinentes respecto de lo que debía de hacerse una vez terminado el trabajo, y éste decidió regresar a Antofagasta. SEXTO: Que, se ha sostenido por la parte demandada que se habría entregado al supervisor Juan Varas Mánquez, la suma de treinta mil pesos de la que da cuenta el documento que en fotocopia rola a fojas 67, señalándose que tenía por objeto el pago de alojamiento en alguna posada de la Ruta 5 Norte, debiendo considerarse a este respecto que la ubicada en el kilómetro 1.175, a que se ha hecho referencia por la parte demandada no se encuentra preparada para recibir alojados, a lo que cabe añadir que, tal como se ha sostenido en estrados por el apoderado de la parte demandante, es un hecho público y notorio que la ruta antes aludida entre la altura del kilómetro aludido hacia la Ciudad de Antofagasta, es de suyo inhóspita, ya que no existen lugares donde los viajeros puedan encontrar alojamiento, salvo que detengan el vehículo en algún lugar que sirva de aparcadero, de tal suerte que, aunque hubiere estado destinada para dicho efecto, no era posible hacerlo, lo que no hace sino corroborar la conclusión a que se ha arribado en el motivo que antecede. SÉPTIMO: Que la parte demandante solicitó el pago de la suma de $ 90.400.000 (noventa millones cuatrocientos mil pesos), por concepto de lucro cesante aduciendo que el occiso Patricio Humberto Cortés Durán a la época del accidente tenía 27 años de edad, se desempeñaba como mecánico y percibía una remuneración mensual aproximadamente de $ 400.000 (cuatrocientos mil pesos), la que proyectada a 37 años y ocho meses más alcanzaba la suma de $ 180.800.000 (ciento ochenta millones ochocientos mil pesos), por lo que demanda el 50% de esa suma, que asciende a $ 90.400.000 (noventa millones cuatrocientos mil pesos) por el rubro aludido y, asimismo, solicita indemnización por concepto de daño moral, el que solicita se regule en la cantidad de $ 80.000.000 (ochenta millones de pesos), ya que el accidente destruyó su familia, privando al hijo de la actora de su padre, valores que deberán pagarse reajustados conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de la muerte y su pago real efectivo con intereses corrientes. OCTAVO; Que, por lucro cesante debe entenderse que éste consiste en la pérdida de una legítima ganancia o de las rentas que se han dejado de percibir, y en el presente caso se traduce en las posibles remuneraciones que habría podido percibir el occiso Patricio Humberto Cortés Durán, petición que habrá de rechazarse, puesto que es menester señalar que era solamente eventual que aquél hubiese tenido la posibilidad de vivir hasta los sesenta y cinco años y percibir una remuneración como la que se considera para demandar, a lo que cabe añadir que el menor Ángelo Cortés Elgueda percibe una pensión de supervivencia ascendente a la suma de $ 67.960, según se consigna en el documento que rola a fojas 69, por lo que, la petición por el concepto aludido anteriormente habrá de rechazarse. NOVENO: Que, en cuanto al daño moral, cabe considerar que en la presente causa, debido a un actuar culpable de la parte demandada, se produjo un accidente que en definitiva se tradujo que a consecuencia de él falleció Patricio Cortés Durán, padre del menor Ángelo Patricio Cortés Elgueda nacido el 25 de noviembre de 1998, quien se vio privado de su progenitor para siempre, lo que a juicio de los sen-

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

413

tenciadores implica un sufrimiento que es preciso sea indemnizado y que tomando en consideración las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos y que emanan de los antecedentes que arroja el proceso, se estima prudente regularlo en la suma de $ 35.000.000 (treinta y cinco millones de pesos). DÉCIMO: Que en nada afecta lo resuelto, la causa criminal Nº 41.405 2 seguida ante el Tercer Juzgado del Crimen de Antofagasta en contra de Robinson Eduardo Gallardo Rivera por cuasidelito de homicidio y lesiones, ni tampoco el resto de las probanzas existentes en el proceso. Por estas consideraciones y conforme lo prevenido en los artículos 184, 463, 466, 470 y 473 del Código del Trabajo, causa rol Nº 41.405 2, del Tercer Juzgado del Crimen de Antofagasta, tenida a la vista, se revoca la sentencia apelada de fecha veintiocho de mayo del presente año, escrita a fojas 195 y siguientes, en la parte que no dio lugar al daño moral y en su lugar se declara que se accede a dicha petición, el que se regula en la suma de 35.000.000 (treinta y cinco millones de pesos) la que deberá reajustarse según la variación que experimente el Indice de Precios al Consumidor entre la fecha de la sentencia de primer grado y la de su real y efectivo pago, con más los intereses corrientes para operaciones de dinero reajustables, liquidación que en su oportunidad habrá de realizar el secretario del tribunal, y se la confirma en lo demás apelado, sin costas. Encontrándose en tramitación la causa que se tiene a la vista, procédase a su devolución. Regístrese y devuélvanse. Redacción del Ministro Titular Enrique Álvarez Giralt. No firma la Fiscal Titular señora Sylvia Rey Marín, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse en comisión de servicios. Rol Nº 2.572. Pronunciada por la Primera Sala, integrada por los Ministros Titulares, señor Enrique Álvarez Giralt, señorita Laura Soto Torrealba y la Fiscal Titular señora Sylvia Rey Marín.

III.- CORTE SUPREMA Santiago, treinta de enero de dos mil tres. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: I. En cuanto al recurso de casación en la forma: PRIMERO: Que el demandado deduce recurso de casación en la forma en contra de la sentencia de veinte de agosto del año recién pasado, escrita a fojas 230, fundado en la causal contemplada en el Nº 7 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, es decir, en contener decisiones contradictorias, la que hace consistir en las diferentes posiciones adoptadas por el tribunal en relación a la supuesta declaración de la viuda del trabajador fallecido, ya que, por una parte, rechaza el lucro cesante señalando que era eventual que el trabajador hubiere vivido hasta los 65 años y, por otra, acogería la petición de daño moral sin ponderar que era aún más eventual suponer que la relación no matrimonial del difunto con la actora habría continuado. Indica que las consideraciones de la sentencia no mantendrían un patrón de lógica que hubiere llevado a los sentenciadores a dictar un fallo que guarde armonía entre su parte resolutiva y considerativa. Señala el recurrente que las contradicciones se producirían entre los fundamentos octavo y noveno, los cuales serían considerandos objetivos y resolutivos. SEGUNDO: Que, al respecto, ha de tenerse presente que las decisiones contradictorias a que alude el vicio de que se trata, suponen la existencia de, a lo menos, dos resoluciones y opuestas entre sí, es decir que se anulen o pugnen entre ellas y, en la especie, sólo hay una decisión, de manera que los fundamentos invocados por el recurrente como constitutivos de la causal alegada, no la configuran. TERCERO: Que lo razonado resulta suficiente para concluir que los argumentos esgrimidos para fundamentar el recurso de casación en la forma, no configuran la causal invocada, motivo por el cual deberá declararse inadmisible desde ya en esta etapa de tramitación. II. En cuanto al recurso de casación en el fondo: CUARTO: Que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido a fojas 232.

414

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

QUINTO: Que el recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 184 del Código del Trabajo y 2.322 del Código Civil, además de los artículos pertinentes de la ley Nº 16.744, sosteniendo, en síntesis, que se habría hecho una errónea aplicación del artículo 184 del Código del ramo por falsa interpretación de la ley. Señala que la ley Nº 16.744 haría responsable a la empresa de las obligaciones de afiliación y cotización de seguro obligatorio contra riesgo de accidentes, a los que el demandado habría dado oportuno cumplimiento. Precisa que no habría existido culpa del empleador, ya que adoptó todas las medidas que tenía a su alcance. Indica que la sentencia haría efectiva la responsabilidad del empleador, sólo mirando los resultados, debiendo aplicar el sistema de la responsabilidad subjetiva. Agrega que se encontraría establecido que el empleador dio instrucciones para que los trabajadores descansaran antes de regresar y ellos no obedecieron, no pudiendo por ello responder el empleador. Por último, en subsidio solicitó rebaja de los montos de las indemnizaciones. SEXTO: Que en la sentencia impugnada se establecieron como hechos, en lo pertinente: a) Que el 28 de diciembre de 2000, una camioneta de la empresa demandada que transportaba a algunos trabajadores sufrió un accidente que ocasionó la muerte de uno de ellos, luego de reparar un vehículo en la vía pública; b) Que demanda la indemnización la conviviente del occiso, por sí y por su hijo menor, alegando negligencia del demandado; c) Que en la madrugada del 28 de diciembre de 2000, el supervisor ordenó que volvieran de las faenas, alrededor de las 05:00 A.M., sin que los trabajadores descansaran antes de su regreso; d) Que el conductor del vehículo se quedó dormido producto del cansancio. SÉPTIMO: Que sobre la base de los hechos reseñados y examinando la totalidad de los antecedentes del proceso, los sentenciadores del grado concluyeron que el empleador infringió el artículo 184 del Código del Trabajo, al no velar por la salud y seguridad de sus trabajadores y acogieron la demanda, condenando al demandado al pago de las indemnizaciones allí indicadas. OCTAVO: Que de lo expresado fluye que el recurrente impugna los hechos establecidos en el fallo atacado, desde que alega que no se habrían infringido las normas indicadas, por cuanto el empleador habría efectuado todo lo que estaba a su alcance para proteger la vida y seguridad de los trabajadores e insta por la alteración de tales conclusiones sin denunciar quebrantamiento alguno a las normas reguladoras de la prueba, modificación que no es posible por esta vía, pues, como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento de los hechos, sobre la base de la apreciación de las probanzas allegadas al proceso, mediante las reglas de la sana crítica, queda, en general, agotada en las instancias respectivas. NOVENO: Que los hechos establecidos en la sentencia no pueden ser alterados por el Tribunal de Casación, a menos que los sentenciadores del mérito, al determinar aquellos presupuestos, hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas, cuestión que no se ha denunciado en la especie. DÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, el recurrente ha planteado la comisión de errores de derecho alternativos o subsidiarios, desde que, por una parte, sostiene que no existe responsabilidad de su parte en el accidente y, por ende, nada debe y, por la otra, que si se acoge la demanda se rebajen los montos de las indemnizaciones. Tales alegaciones subsidiarias o alternativas se oponen a la naturaleza de derecho estricto del recurso que se analiza, lo que conduce a su rechazo en esta sede, por adolecer de defectos en su formalización. UNDÉCIMO: Que lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por el demandado, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de tramitación. Por estas consideraciones y normas legales citadas, se declara inadmisible el recurso de casación en la forma y se rechaza el fondo deducidos por el demandado a fojas 232, contra la sentencia de veinte de agosto del año recién pasado, que se lee a fojas 230.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

415

Regístrese y devuélvase. Rol Nº 4.033 02. Pronunciado par los Ministros señores Orlando Álvarez H., Urbano Marín V., Jorge Medina C. y los Abogados Integrantes señores Patricio Novoa F. y Fernando Castro A.

416

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

FICHA 28

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 2388-2000 Cita Online: CL/JUR/4514/2000 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO Rancagua, 3 de abril de 2000. VISTOS: Se ha instruido esta causa Rol Nº 67.364, a la que se acumuló la Rol Nº 67.369, en contra de Manuel Alejandro Reyes Aránguiz, natural de Rancagua, 24 años, soltero, lee y escribe, chofer, domiciliado en Rancagua, Población Claudio Arrau, pasaje Los Escultores Nº 01057, nunca antes procesado, sin apodo, RUN Nº 12.912.944 1, a fin de establecer su responsabilidad en el cuasidelito de homicidio. A fs. 2, rola parte de la Tenencia de Carabineros Diego Portales de fecha 1º de noviembre de 1998, que da cuenta que ese día y siendo aproximadamente las 4,50 horas, en circunstancias que Manuel Alejandro Reyes Aránguiz conducía el camión Pegaso, modelo 2020, color blanco, año 78, patente HB 4567, por Avenida República de Chile hacia el Oriente, al virar a la derecha en la intersección con el pasaje Los Patriotas de la Población René Schneider, atropelló a Leonardo Zúñiga Olea, quien falleció en el mismo lugar a consecuencias de las lesiones sufridas. A fs. 20, Viviana del Pilar Navarrete Martínez, en su calidad de cónyuge de la víctima, don Leonardo Zúñiga Olea, deduce querella por cuasidelito de homicidio, en contra de Manuel Alejandro Reyes Aránguiz. A fs. 38, se sometió a proceso a Manuel Alejandro Reyes Aránguiz, como autor del cuasidelito de homicidios de Leonardo Zúñiga Olea. A fs. 71, se declaró cerrado el sumario. A fs. 71 vta., se dedujo acusación en contra del procesado como autor del cuasidelito antedicho. A fs. 74, la parte querellante se adhiere a la acusación de oficio y demanda civilmente. A fs. 82, la defensa del procesado contesta la acusación y demanda civil. A fs. 115, don Robinson Chandía Larry contesta la demanda. A fs. 127, se certificó el vencimiento del término probatorio. A fs. 129, se trajeron los autos para los efectos del artículo 499 del Código de Procedimiento Penal. A fs. 131 vta., cumplida las medidas para mejor resolver ordenadas se trajeron los autos para fallo. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO. En cuanto a lo penal. PRIMERO: Que en orden a establecer la existencia del hecho punible, se han reunido lo siguientes elementos probatorios: a) Parte de Carabineros de fs. 2, ya relacionado en la parte expositiva de este fallo, al cual se adjunta a fs. 6, croquis del lugar del impacto. b) Dichos de Luis Lineros Mardones, quien a fs. 8 vta., expresa: Que el día de los hechos estaba en el negocio de sus padres cuando llegó Manuel a quien le pidió que lo fuera a dejar en el camión; que se fueron por Avenida El Sol, luego Constanza, cruzaron República de Chile, entrando por el pasaje Los Patriotas y después por unos pasajes. Agrega que dejaron a una amiga y luego lo fue a dejar a él, sin sentir durante el trayecto algún golpe o topón, ni menos como que hubiese atropellado a alguien. c) Declaración de Alejandro Antonio Zúñiga Faúndez, quien a fs. 12, expresa: Que el sábado en la madrugada como a las 4,30 horas, estaban parados con su tío Leonardo Zúñiga en la esquina de calle República con Los Patriotas esperando un colectivo, cuando vio venir un camión por calle República de Poniente a Oriente, el cual no venía fuerte, porque antes de llegar a ellos frenó un poco y empezó a doblar hacia la derecha, esto es, hacia el Sur por calle Los Patriotas; que en

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

417

eso el camión se empezó a girar como era muy grande se subió a la vereda; que, en eso, con la puerta o estanque de petróleo le pegó a su tío en la espalda, botándolo hacia dentro, por lo que él lo tomó de la mano y empezó a tirarlo hacia fuera. Agrega que en esos instantes el camión lo empezó como a chupar hacia adentro y le pegó con la rueda trasera en las piernas, por lo que soltó a su tío, cuya rueda trasera lo aplastó, reventó y murió de inmediato. Finaliza diciendo, que el camión no se detuvo, aceleró y se arrancó; que unos amigos llamados Esteban Fuenzalida y Cristián Pinto Pinto, que también estaban con ellos, pero un poco más atrás vieron cuando el piloto sacó la cabeza por la venta, vio lo sucedido y se arrancó, por lo que salieron corriendo detrás suyo, le tomaron la patente y llamaron a Carabineros. d) Atestado de Esteban Eduardo Fuenzalida Aguirre, quien a fs. 13, expone: Que el sábado y siendo aproximadamente las 4,30 horas, estaban esperando locomoción en la esquina de República con los Patriotas con Cristian Prieto y Luis Arce, Juan Arriagada, una tal Francisco y Jacqueline, conversando detrás de Alejandro y Leonardo, cuando vieron un camión que venía por República de Chile en dirección a la cordillera, el cual antes de llegar a Los Patriotas empezó a frenar y a dar la vuelta hacia el sur, subiéndose a la vereda en que estaban parados sus amigos. Agrega que el camión con parte del lado, más o menos donde está la puerta, los topó y Leonardo cayó hacia el camión; que Alejandro con la desesperación trató de tomarlo, pero no pudo hacer nada, porque también cayó hacia fuera del camión y ahí éste pasó por arriba de Leonardo, lo reventó y murió de inmediato. Finaliza diciendo, que el chofer del camión siguió su camino, por lo que empezó a seguir para tomarle la patente y el chofer se dio cuenta que lo iba siguiendo ya que le gritaba que se parara, que había atropellado y matado a su amigo; pero lo chofer lo único que hizo fue mirarlo, aceleró y salió arrancando; que no alcanzó a tomarle la patente, pero era un camión Pegaso, blanco modelo Tolva, características que dio a Carabineros, quienes horas después encontraron al camión y chofer. e) Declaración de Cristián Iván Pinto Pinto, quien a fs. 27 dice: Que un día sábado del mes de noviembre, cuyo día no recuerda, siendo aproximadamente las 4,35 horas, estaban en un grupo con Esteban Fuenzalida y Luis Arce esperando locomoción en calle República con Los Patriotas, y conversaban detrás de Alejandro y Leonardo, cuando vio venir un camión por calle República de Chile hacia el oriente a una velocidad moderada, y, en eso, sin prender el intermitente empezó a virar hacia la derecha y dio muy corto el giro, subiéndose arriba de la vereda donde estaban parados sus amigos; que el camión con la rueda delantera donde va el estanque, pasó a llevar a Leonardo y comenzó a chuparlo hacia adentro, por lo que Alejandro lo tomó y trató de tirarlo hacia fuera, pero cayeron ambos al suelo y éste tuvo que soltarlo, porque también lo estaba como chupando hacia adentro; instantes en que la rueda trasera le pasó por encima a Leonardo, por la parte del pecho, lo reventó y murió de inmediato. Agrega, que ignora si el chofer se dio cuenta de lo sucedido, pero cree que con todos los gritos era como para que se hubiera dado cuenta, ya que todos empezaron a gritar desesperadamente. f) Certificado de defunción de Leonardo Cristián Zúñiga Olea de fs. 38, fallecido a consecuencias de un traumatismo cráneo encefálico. g) Informe de autopsia de Leonardo Cristián Zúñiga Olea, de fs. 32, en cuyas conclusiones se consigna: Cadáver adulto sexto masculino de 29 años de edad, cuya causa precisa y necesaria de la muerte, fue un traumatismo cráneo encefálico, lesiones compatibles con accidente de tránsito y necesariamente mortales. h) Orden de investigar diligenciada a fs. 37. i) Acta que da cuenta de la Inspección personal del Tribunal realizada al lugar de los hechos, de fs. 52. j) Peritaje de tránsito realizado por el ingeniero de ejecución en tránsito, Gino E. Buracchio Moya a fs. 57 y siguientes. SEGUNDO: Que los elementos probatorios antedichos constituyen un conjunto de presunciones judiciales, las cuales por reunir los requisitos previsto en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener por acreditados los siguientes hechos: Que el día 1º de noviembre de 1998 y siendo aproximadamente las 4,50 horas, en circunstancias que Leonardo Cristián Zúñiga Olea, se encontraba esperando locomoción en el pasaje Los Patriotas de la población René Schneider de esta ciudad, al llegar a la intersección con República de Chile, fue

418

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

pasado a llevar por el costado derecho delantero del camión Tolva, Pegaso, patente HB 4567, que un tercero conducía por esta última arteria, el cual viró hacia el pasaje y dado su gran tamaño se subió al sector de tierra contigua a la única pista pavimentada del pasaje, a raíz de lo cual aquél la víctima se desestabilizó cayendo bajo la rueda trasera derecha del móvil, resultando con su cráneo y tórax aplastados; lesiones descritas en el protocolo de autopsia que le causaron una muerte instantánea debido a la gravedad de las mismas. Hechos, que constituyen una conducta temeraria, imprudente y culpable con infracción a lo dispuesto en los artículos 114 y 138 de le ley Nº 18.290. Ello, toda vez que el conductor no iba atento a las condiciones del tránsito del momento y realizó un viraje sin respetar el derecho del peatón que se encontraba esperando locomoción en tal esquina. Infracción que tipifican el cuasidelito de homicidio de Leonardo Cristián Zúñiga Olea, previsto en el artículo 492 y sancionado en el artículo 490 Nº 1, ambos del Código Penal. TERCERO: Que en su declaración indagatoria de fs. 8, Manuel Alejandro Reyes Aránguiz, dice: Que el día anterior alrededor de las 4 AM, salió en el camión en que trabaja a dejar a una hermana acompañado de su amigo Alfredo; que la fue a dejar a ella, luego a su amigo; que tomó República de Chile yendo a dejar el camión a su casa, donde lo estacionó y salió a una fiesta. Agrega que no ha atropellado a nadie, ya que en ningún momento sintió algún golpe en el camión porque si así hubiese sido se hubiera detenido a prestar ayuda. Finaliza diciendo, que se fue a presentar a Carabineros cuando unos amigos le dijeron que lo estaban buscando. CUARTO: Que aun cuando el encartado niega su participación en los hechos investigados, obran en su contra los siguientes elementos probatorios: a) Parte policial de fs. 2. b) Dichos de Alejandro Zúñiga Faúndez de fs. 12, ya relacionados en la letra b) del apartado primero; versión que sostiene en el careo de fs. 35. c) Declaración de Esteban Eduardo Fuenzalida Aguirre de fs. 13, ya consignados en la letra c) del motivo primero; versión que sostiene en el careo de fs. 36. d) Atestado de Cristian Pinto Prieto, de fs. 27, ya relacionados en la letra d) del motivo primero; versión que mantiene en el careo de fs. 37. QUINTO: Que los elementos probatorios antedichos constituyen un conjunto de presunciones judiciales, las cuales por reunir los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permite tener por acreditada la participación del procesado Manuel Reyes Aránguiz, en carácter de autor del cuasidelito de homicidio por el cual fue acusado. SEXTO: Que a fs. 74 el abogado Humberto Lemarie Oyarzún, en representación de la querellante, Viviana del Pilar Navarrete Martínez, se adhiere a la acusación de oficio, solicitando se aplique al encartado Manuel Alejandro Reyes Aranguiz, el máximo de la pena establecida en el artículo 490 Nº 1 del Código Penal. SÉPTIMO: Que la defensa del procesado contestando la acusación a fs. 82, solicita la absolución de su representado, haciendo presente que si bien el camión conducido por éste causó la muerte de Leonardo Zúñiga Olea, ello no se debió a imprudencia, negligencia o a alguna infracción reglamentaria, sino se produjo como consecuencia lógica del estado de embriaguez que lo hizo exponerse imprudentemente al riesgo. En subsidio, pide se le remita condicionalmente la pena. OCTAVO: Que se negará lugar a la petición de absolución planteada por la defensa, toda vez que se encuentra debidamente comprobado el hecho punible y la participación del procesado, según se consignó en los apartado segundo y quinto de este fallo. Además, cabe consignar que la circunstancia que el ofendido se encontrara en estado de ebriedad en el momento en que fue atropellado, no constituye la causa basal del accidente. NOVENO: Que beneficia al procesado la atenuante del artículo 11 Nº 6 del Código Penal. En efecto su irreprochable conducta anterior, se encuentra comprobada con su extracto de filiación y antecedentes de fs. 49, exento de anotaciones prontuariales pretéritas. DÉCIMO: Que no existen otras circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que analizar.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

419

En cuanto a la acción civil. UNDÉCIMO: Que a fs. 74, el abogado Humberto Lemarie Oyarzún, por su representante, señora Viviana del Pilar Navarrete Martínez, demanda de indemnización por daños y perjuicios en contra de Manuel Alejandro Reyes Aránguiz, como autor y al tercero civilmente responsable, Robinson Eulogio Chandía Larry, por la suma de $ 20.000.000, a título de daño moral, con más reajustes desde que acaecieron los hechos y hasta su completo pago e intereses que en derecho correspondan, con costas. DUODÉCIMO: Que a fs. 82, el abogado Luis Martínez Flores, en representación del procesado Manuel Reyes Aránguiz, contesta la demanda deducida por doña Viviana del Pilar Navarrete Martínez y solicita su total rechazo, con costas, haciendo presente que ninguna responsabilidad civil puede emanar de un simple accidente de tránsito, provocado por la víctima. Por otra parte, asevera que la suma demandada $ 20.000.000, excede de todo lo razonable. DECIMOTERCERO: Que a fs. 115, el abogado Juan Arnaldo Figueroa Astudillo, en representación de Robinson Chandía Larry, contesta la demanda y solicita su rechazo alegando que no era propietario del vehículo al tiempo de los hechos y que la muerte de Leonardo Cristián Zúñiga Olea, tuvo como única causa su extremo estado de ebriedad; que los montos demandados son desmedidos y que el ofendido se expuso imprudentemente al mal causado. DECIMOCUARTO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2314 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 1º del Código de Procedimiento Penal, el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la correspondiente indemnización. DECIMOQUINTO: Que de esta situación, habiéndose establecido la existencia del hecho delictuoso y la calidad de autor que en él corresponde al procesado, queda legalmente en evidencia su obligación de indemnizar los perjuicios causados por su delito, restando tan sólo proceder al examen de los elementos de juicios corrientes en autos para establecer su monto, para lo cual el Tribunal tiene amplias facultades. DECIMOSEXTO: Que el daño moral cuya indemnización también se persigue por la demandante, es de índole netamente subjetiva y afectiva del ser humano, derivada de un daño externo que afecta a la integridad física o moral del individuo, por tanto, su apreciación pecuniaria queda entregada a la entera y discrecional estimación del juez, pues dada su naturaleza no se requiere ser acreditada. Es así que habiéndose establecido la responsabilidad penal del demandado. Es así que este Juez estima pertinente fijar esta indemnización en la suma de $ 3.000.000. DECIMOSÉPTIMO: Que el tercero civilmente demandado acompañó en parte de prueba a fs. 120, contrato de compraventa referido al camión Pegaso patente HB 4567 2 celebrado con doña María Isabel Soto Bascuñán el 9 de octubre de 1998. Documento, que no habiendo sido dicho documento objeto de reproche, permite tener por acreditado que a la fecha del ilícito no era propietario del vehículo conducido por el acusado, razón por la cual, se negará lugar a la demanda en lo que a él se refiere. DECIMOCTAVO: Que incumbe probar las obligaciones o su extinción, a quien alegue aquéllas o ésta. Y VISTO, lo dispuesto, en los artículos 2º, 11 Nº 6, 14 Nº 1, 15 Nº 1, 18, 24, 25, 30, 490 Nº 1 y 492 del Código Penal; artículos 108, 109, 110, 481, 500, 503, 504, 505 y 533 del Código de Procedimiento Penal; artículos 114, 148 y 173 de la ley Nº 18.290; artículos 1698, 2314 y 2330 del Código Civil; artículos 160, 170 y 254 del Código de Procedimiento Civil y ley Nº 18.216, SE DECLARA: En cuanto a la acción penal. I. Que se condena a Luis Alejandro Reyes Aránguiz, ya individualizado, a la pena de trescientos días de reclusión menor en su grado mínimo; accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena; a la suspensión de su licencia para conducir vehículos motorizados por el término de un año y al pago de las costas de la causa, en su calidad de autor del cuasidelito de homicidio de Leonardo Cristián Zúñiga Olea; hecho que tuvo lugar en Rancagua el 1º de noviembre de 1998. II. Reuniéndose los requisitos necesarios al efecto, se remite condicionalmente al sentenciado la pena impuesta, quedando sujeto a la observación de la Sección de Tratamiento en el Medio Libre de

420

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Gendarmería de Chile por el término de un año, debiendo cumplir con las demás exigencias que la ley Nº 18.216 establece. En cuanto a lo civil. III. Que se accede a la demanda, sólo en cuanto se condena a Manuel Alejandro Reyes Aránguiz, al pago de la suma de $ 3.000.000, por concepto de daño moral, suma que se pagará debidamente reajustada conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de este fallo y la de su pago efectivo, con costas. IV. Que se niega lugar a la demanda en contra del tercero civilmente demandado Robinson Chandía Larry. Cúmplase oportunamente con lo dispuesto en el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal. Regístrese, notifíquese y consúltese, si no se apelare. Rol Nº 67.364. Dictada por la señora Olga Morales Medina, Juez Titular de este Primer Juzgado del Crimen de Rancagua.

II.- CORTE DE APELACIONES Rancagua, 29 de junio de 2000. VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada de fecha tres de abril del año dos mil, escrita desde fojas 132 a 143, con las siguientes modificaciones: a. En la parte expositiva de la sentencia, a fojas 132, línea 12 se suprimen las palabras que da cuenta; en el considerando primero, a fojas 136, línea 10, se sustituye 38 por 30; en la parte resolutiva de la sentencia, al individualizar al condenado se sustituye Luis Alejandro por Manuel Alejandro. b. Se suprimen los considerandos décimo sexto y décimo séptimo. Y teniendo, además, presente: PRIMERO: Que se encuentra suficientemente acreditada la participación culpable que le cabe en los hechos investigados, al conductor del camión Manuel Alejandro Reyes Aránguiz, con el cúmulo de antecedentes reseñados en el considerando cuarto de la sentencia. SEGUNDO: Que el estado de ebriedad de la víctima, en el caso sub lite resulta irrelevante, no siendo capaz de eximir o atenuar la responsabilidad penal del conductor del camión. En efecto, no se encontraba ejecutando ninguna acción constitutiva de infracción, que amerite una exposición imprudente de la víctima al daño, por el contrario, consta en estos autos, que estaba en la vereda, junto con otros acompañantes, cuando fue atropellado, por una torpe maniobra de viraje realizada por el chofer Reyes Aránguiz. TERCERO: Que la apreciación pecuniaria del daño moral queda entregada a la entera y discrecional estimación del tribunal, motivo por el cual estos sentenciadores estiman prudente elevar dicho monto a la suma de $ 4.000.000. CUARTO: Que para hacer efectiva la responsabilidad solidaria de que habla el artículo 174 de la Ley del Tránsito, debe ser demandada la persona a cuyo nombre figura inscrito el vehículo en el registro respectivo, por presumirse dueño del mismo, recayendo en éste el peso de la prueba tendiente a acreditar que no lo era a la fecha en que con el vehículo su conductor causó el cuasidelito cuya indemnización se reclama. QUINTO: Que en el caso sub lite, cabe tener presente que a la fecha del accidente, esto es, 1º de noviembre de 1998, el camión figuraba inscrito a nombre de Robinson Eulogio Chandía Larry, según consta en certificado que él mismo acompaña a fojas 24 de autos, presunción de dominio que se encuentra ratificada en el proceso, con el hecho de haber comparecido Chandía Larry, solicitando la devolución del camión, lo que demuestra haber tenido en ese entonces la posesión y tenencia del mismo. SEXTO: Que el tercero civilmente responsable, con el fin de desvirtuar esta fuerte presunción de dominio que obra en su contra, rindió prueba documental no objetada por la contraria, que rola a fojas 120, consistente en un contrato de compraventa del camión en cuestión, otorgado ante Notario de Rancagua don Manuel Aburto Contardo, con fecha 9 de octubre de 1998. Asimismo, acompañó a fojas

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

421

119, autorización otorgada con fecha 10 de noviembre de 1999, ante el Notario de Rancagua don Renato Astrosa Sotomayor, por medio del cual María Isabel Soto Bascuñán autorizó a Robinson Eulogio Chandía Larry para retirar el camión. SÉPTIMO: Que a criterio de esta Corte, no se encuentra desvirtuada, en forma suficiente, la presunción de dominio respecto del demandado civil Chandía Larry, por cuanto éste al momento de solicitar al tribunal la devolución del camión, actuó a nombre propio y no en representación de una tercera persona, atribuyéndose la calidad de dueño del móvil, razón por la cual se accederá a la demanda civil interpuesta en su contra. OCTAVO: Que no existen antecedentes en esta causa, que permitan eximir al procesado del pago previo de la indemnización y de sus costas para gozar del beneficio de la remisión condicional de la pena que le concede el fallo. NOVENO: Que de esta manera esta Corte disiente de la opinión de la señora Fiscal, que en su informe de fojas 151, estuvo por no tener por acreditada la circunstancia de irreprochable conducta anterior con el solo mérito del extracto de filiación y de aumentar la pena a 540 días de presidio menor en su grado mínimo. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 33, 38 y 174 de la ley Nº 18.290 y 527 del Código de Procedimiento Penal, se revoca la sentencia apelada, de fecha tres de abril del año dos mil, escrita desde fojas 132 a 143, sólo en cuanto que en su decisión IV niega lugar a la demanda en contra del tercero civilmente demandado Robinson Chandía Larry y en su lugar se decide que dicha demanda queda acogida, quedando Robinson Chandía Larry obligado solidariamente al pago de la indemnización civil, la cual se regula en $ 4.000.000., y se confirma, en lo demás, con declaración que se eleva igualmente a dicha suma el monto de la indemnización que debe pagar el querellado y demandado civil Manuel Alejandro Reyes Aránguiz, todo ello sin perjuicio de los reajustes e intereses que ordena el fallo de primer grado. Regístrese y devuélvanse. Redacción del Abogado Integrante señor Sergio Gana Rojas. Rol Nº 182.519. Pronunciada por la Tercera Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por la Ministro señora Rosa María Maggi Duccomun y por los Abogados Integrantes señores Braulio Sánchez Santis y Sergio Gana Rojas.

III.- CORTE SUPREMA Santiago, 27 de diciembre de 2000. VISTOS: En autos Rol Nº 67.364 del Primer Juzgado del Crimen de Rancagua, seguidos contra Manuel Alejandro Reyes Aránguiz, se investigó la responsabilidad que le cupo en el accidente del tránsito ocurrido en Rancagua el 1º de noviembre de 1998 a las 04:50 horas, causando la muerte de Leonardo Cristián Zúñiga Olea. Por sentencia de 3 de abril de 2000, escrita a fojas 132 y siguientes, dictada por doña Olga Morales Medina, Juez Titular del Primer Juzgado del Crimen de Rancagua, se condenó a Reyes Áranguiz a la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, suspensión de su licencia de conducir vehículos motorizados por el término de un año y al pago de las costas de la causa, como autor del cuasidelito de homicidio de Leonardo Cristián Zúñiga Olea. Por reunirse los requisitos necesarios se remitió condicionalmente al sentenciado la pena impuesta, quedando sujeto a la observación de la Sección de Tratamiento en el Medio Libre de Gendarmería de Chile, por el término de un año, sujeto a las demás exigencias de la ley Nº 18.216. Para establecer la existencia del hecho punible se tuvieron en cuenta por el sentenciador de primer grado el parte de Carabineros; dichos de Luis Lineros Mardones quien pidió a Reyes Aránguiz que lo fuera a dejar en el camión, cruzando la Avenida República de Chile y diversos pasajes, sin sentir golpe o topón alguno, ni menos percatarse de haber atropellado a alguien; declaración de Alejandro Antonio Zúñiga Faúndez, en cuanto a que el día en que ocurrió el accidente, a las 4 de la

422

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

madrugada, estando parado con su tío Leonardo Cristián Zúñiga en la esquina de calle República con Los Patriotas –esperando un colectivo– vio venir un camión por calle República y empezó a doblar a la derecha; y siendo el camión muy grande se subió a la vereda, golpeando a su tío en la espalda, botándolo hacia adentro; él lo tomó de la mano y empezó a tirarlo hacia fuera, momento en que el camión lo empezó como a chupar hacia adentro y... la rueda trasera lo aplastó, reventó y murió de inmediato. Agrega que el camión no se detuvo, aceleró y se arrancó; tomaron la patente y llamaron a Carabineros. En términos similares declaran Esteban Eduardo Fuenzalida Aguirre, Luis Arze, Juan Arriagada, una tal Francisca y Jacqueline; y Cristián Iván Pinto Pinto quien dice que encontrándose a las 4:35 horas de la madrugada en un grupo con Fuenzalida y Arze esperando locomoción y conversando detrás de Alejandro y Leonardo, vieron venir un camión hacia el oriente, a velocidad moderada, el cual sin prender el intermitente empezó a virar hacia la derecha, dando un giro muy corto subiéndose a la vereda, donde pasó a llevar a Leonardo y comenzó a chuparlo hacia adentro, luego la rueda trasera le pasó por encima en la parte del pecho, lo reventó y murió de inmediato. El informe de autopsia señala como causa precisa y necesaria de la muerte de la víctima un traumatismo cráneo encefálico, lesiones compatibles con el accidente de tránsito y necesariamente mortales. A fojas 56 y siguientes se agregó Informe Técnico del perito judicial señor Gino E. Buracchio Moya, efectuado aproximadamente seis meses después de ocurrido el accidente. Señala que no se encontraron en aquel vehículo indicios que permitan establecer la participación del camión en el accidente investigado, y en cuanto a la muerte de Zúñiga Olea concluye que su causa corresponde a un accidente de tránsito provocado por vehículo pesado al aplastar a la víctima con sus ruedas traseras; y que resulta difícil discriminar entre el estado de ebriedad o la falta de envolvente de seguridad adoptada por el conductor del vehículo pues –dada la morfología del terreno– era posible adoptar una mayor envolvente de seguridad, pasando el estado de ebriedad a ser una causa concurrente. Agrega que pudo establecerse por declaraciones del conductor y de los testigos que aquél utilizaba un vehículo de trabajo para ir a dejar a su casa a dos personas; que el vehículo transitaba con su documentación vencida, incluida su revisión técnica y seguro automotriz, de todo lo cual puede colegirse una gran falta de idoneidad en la conducción del vehículo. El encartado negó su participación en tal hecho; dice que no sintió algún golpe en el camión; que si así hubiese ocurrido se habría detenido para prestar ayuda; y que se presentó a Carabineros cuando unas amigos le dijeron que lo buscaban. Obran en contra de Reyes Aránguiz el parte policial de fojas 2; los dichos del procesado; y declaraciones de Esteban Eduardo Fuenzalida Aguirre y Cristián Pinto Pinto. En virtud de todo ello, el sentenciador tuvo por acreditada la participación del procesado en carácter de autor del cuasidelito de homicidio de Leonardo Cristián Zúñiga Olea; y consignó, además, que no obstante haberse encontrado el ofendido en estado de ebriedad al momento en que fue atropellado tal circunstancia no constituye la causa basal del accidente. Dichos elementos probatorios constituyeron para el sentenciador de primer grado un conjunto de presunciones judiciales que reuniendo los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal permitieron tener por acreditados como hechos de la causa que el 1º de noviembre de 1998 a las 4:50 horas de la madrugada, encontrándose Leonardo Cristián Zúñiga Olea esperando locomoción en el Pasaje Los Patriotas, Población René Schneider de la ciudad de Rancagua, al llegar a la intersección con República de Chile fue pasado a llevar por el costado derecho del camión tolva, Pegaso patente HB 4567 conducido por Manuel Alejandro Reyes Aránguiz, el que al virar hacia el Pasaje –dado su gran tamaño– desestabilizó a la víctima, cayendo bajo la rueda trasera derecha de aquel móvil, resultando con su cráneo y tórax aplastados, lesiones que según el protocolo de autopsia le causaron una muerte instantánea. Tales hechos constituyen para el sentenciador de primer grado conducta temeraria, imprudente y culpable, con infracción de los artículos 114 y 138 de la ley Nº 18.290. El tribunal tuvo por acreditada la irreprochable conducta anterior del procesado, con el mérito de su extracto de filiación y certificado de antecedentes de fojas 49. Acerca de la acción civil, la defensa de la viuda de la víctima dedujo demanda de indemnización por daños y perjuicios en contra de Manuel Alejandro Reyes Aránguiz y terceros civilmente responsables,

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

423

por la suma de $ 20.000.000 a título de daño moral, más reajustes e intereses y pago de las costas de la causa. La defensa del procesado, contestando la demanda, alega que ninguna responsabilidad civil puede emanar del accidente de tránsito de que se trata, pues éste fue provocado por la víctima; y la suma demandada excede de todo lo razonable. Por su parte la defensa de Robinson Chandía Larry, tercero civilmente responsable, contesta la demanda civil deducida en su contra solicitando su rechazo por no ser propietario del vehículo y estimar que la muerte de Zúñiga Olea tuvo como única causa su extremo estado de ebriedad. Por sentencia de 3 de abril de 2000, se condenó a Reyes Aránguiz a la pena de 300 días de reclusión menor en su grado mínimo; y accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena; suspensión de licencia para conducir vehículos motorizados por el término de un año y al pago de las costas de la causa, como autor del aludido cuasidelito de homicidio. Por reunirse los requisitos necesarios, se le remitió condicionalmente la pena impuesta, quedando sujeto a la observación de la Sección de Tratamiento en el Medio Libre de la Gendarmería de Chile por el término de un año, debiendo cumplir las demás exigencias establecidas por la ley Nº 18.216. En cuanto respecta a la acción civil se hizo lugar a la demanda sólo en cuanto se condenó a Manuel Alejandro Reyes Aránguiz al pago de la suma de $3.000.000 por concepto de daño moral la que se pagará debidamente reajustada conforme a la variación del Indice de Precios al Consumidor entre la fecha del fallo y del pago efectivo con costas; y se negó lugar a la demanda en contra del tercero civilmente demandado, Robinson Chandía Larry. En contra de aquella sentencia –a fojas 144– el abogado don Humberto Lemarie Oyarzún en representación de la querellante deduce recurso de apelación por cuanto la pena impuesta no guarda relación con la gravedad de los hechos en que incurrió el procesado; el monto de las indemnizaciones fijadas por el juez a quo es reducido, no proporcionado ni equitativo en relación con el que se ha fijado a título de daño moral; y que es improcedente negar lugar a la demanda civil interpuesta en contra de Robinson Chandía. También apela –a fojas 148– la defensa de Robinson Chandía Larry, tercero demandado como civilmente responsable por estimar que la causa de la muerte de la víctima fue su extremo estado de ebriedad. A fojas 151, doña Elena Contreras Acuña –Fiscal Titular– emite informe en el que señala que la sentencia se conforma al mérito de los hechos establecidos en el proceso; ha sido dictada conforme a derecho, encontrándose la participación del acusado debidamente acreditada y que la alegación de haberse encontrado, el occiso en estado de ebriedad, no tiene relación con la existencia del delito ni con la pena. Discrepa ese informe en que se haya acogido por el sentenciador la atenuante de irreprochable conducta, la que sólo se estableció con el extracto de filiación de fojas 49 sin anotaciones penales anteriores. A este respecto sostiene que no favorece al acusado la atenuante del artículo 11 Nº 8 del Código Penal por haberse presentado a la Tenencia Diego Portales el mismo día, pues no confesó su delito; de manera que, no favoreciendo al procesado circunstancia atenuante ni perjudicándole agravante, puede recorrerse la pena en toda su extensión. Por todo ello fue de opinión de confirmar la sentencia con declaración que el nombre del sentenciado es Manuel Alejandro Reyes Aránguiz y no Luis Alejandro Reyes Aránguiz como indica la sentencia en su parte resolutiva; y que la pena debe aumentarse a 540 días de presidio menor en su grado mínimo y accesorias que indica la sentencia. Con fecha 29 de junio de 2000 la sentencia de alzada que se lee a fojas 154 y siguientes reproduce la de primer grado; corrige algunas referencias; suprime sus considerandos 16º y 17º; tuvo además presente que se encuentra suficientemente acreditada la participación culpable de Reyes Aránguiz; que el estado de ebriedad de la víctima resulta irrelevante en la especie; y que Zúñiga Olea no ejecutaba acción alguna constitutiva de infracción, pues estaba en la vereda junto con sus acompañantes al ser atropellado por una torpe maniobra de viraje de Reyes Aránguiz. En cuanto a la apreciación pecuniaria del daño moral, quedando éste entregado a la entera y discrecional decisión de los sentenciadores, se estimó prudente elevarla a la suma de $ 4.000.000. En contra de esta última sentencia sólo el abogado señor Juan Arnaldo Figueroa Astudillo en representación de Robinson Chandía –tercero civilmente demandado– deduce recurso de casación en el

424

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

fondo. Señala que no obstante deducirse contra sentencia dictada en juicio penal, se refiere a aspectos civiles del mismo consistentes en el dominio y prueba del dominio del vehículo al tiempo del hecho investigado. Se ordenó traer los autos en relación. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el recurso de casación en el fondo deducido a fojas 158 y siguientes por la defensa del tercero civilmente responsable, sólo se refiere a los aspectos civiles de la sentencia de segunda instancia dictada en este juicio penal sobre cuasidelito de homicidio; y, concretamente, a la prueba del dominio del vehículo que conducía el procesado Reyes Aránguiz en el accidente que causó la muerte de Leonardo Cristián Zúñiga Olea. SEGUNDO: Los errores de derecho que se alegan en el recurso del tercero civilmente responsable se hacen consistir en haberse negado valor a un contrato de compraventa que prueba que se habría producido la venta y transferencia del dominio antes de la fecha de muerte de la víctima, lo que constituye en su sentir error de derecho que infringe los artículos 33 y 38 de la ley Nº 18.290 que sólo establece una presunción de dominio de un vehículo respecto de la persona a cuyo nombre aparece inscrito. Alega también infracción del artículo 478 del Código de Procedimiento Penal en relación con su artículo 477 pues no se objetaron por la demandante los documentos de fojas 119 y 120 que constituyen prueba de haberse otorgado, de su fecha y de las declaraciones de las partes que se contienen en ellos. Se señala también infracción del artículo 488 bis del Código de Procedimiento Penal, en su inciso 1º, pues en la especie el medio de prueba instrumental está valorado en los aludidos artículos 477 y 478 de ese código. Finalmente alega infracción del artículo 1703 del Código Civil por cuanto la sentencia de segundo grado desconoció la fecha cierta del contrato de compraventa. TERCERO: Que en cuanto a la forma en que el error que se alega ha influido substancialmente en lo dispositivo de la sentencia, señala que de haberse respetado las normas que se dicen violadas se habría establecido que el tercero civilmente responsable no era dueño del vehículo que causó la muerte de la víctima en el cuasidelito que se ha investigado en estos autos y, por ende, se habría debido negar lugar a la demanda en contra del tercero civilmente demandado. CUARTO: Que el accidente que provocó la muerte de Leonardo Cristián Zúñiga Olea ocurrió en la madrugada del día 1º de noviembre de 1998; que a fojas 120 se acompaña Contrato de venta al contado de vehículos, de 9 de octubre de 1998 que da cuenta de la venta efectuada por el señor Chandía Larry a María lsabel Soto Bascuñán del camión Pegaso que causó el accidente investigado en estos autos; que el precio de la venta fue de $ 1.800.000, que la compradora se obligó a pagar con $ 300.000 al contado y el saldo en 10 cuotas de $ 150.000 cada una. A fojas 119 se agregó documento de la Notaría de Rancagua, de don Renato Astrosa Sotomayor, sobre Autorización, otorgado el 10 de noviembre de 1998 en virtud del cual doña María Isabel Soto Bascuñán autoriza a don Robinson Eulogio Chandía Larry para retirar el camión Pegaso, que ella le había comprado, documento en el cual se consigna que dicho camión no se ha inscrito en el registro de vehículos motorizados, el cual hasta esa fecha se encontraba en la Comisaría de Diego Portales. QUINTO: Que, como se señala en el fundamento 5º de la sentencia que es materia del recurso de casación, a fojas 26 de estos autos el tercero civilmente responsable comparece el 11 de noviembre de 1998... en su calidad de dueño del camión marca Pegaso... involucrado en el cuasidelito investigado en estos autos, lo que el propio compareciente dice que acreditó con el certificado que acompañó y para reintegrarlo a su trabajo habitual; y a fojas 24 de estos autos acompañó el respectivo Certificado de Inscripción que acredita la calidad de propietario de dicho compareciente. SEXTO: Que, en virtud de tales consideraciones la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua –escrita a fojas 154 y siguientes– no ha incurrido en los errores de derecho que se alegan en el recurso de casación en el fondo. En virtud de tales consideraciones y conforme a lo dispuesto por los artículos 764, 765 y 767 del Código de Procedimiento Civil y 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se rechaza el recurso

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

425

de casación en el fondo interpuesto a fojas 158 y siguientes de estos autos en contra de la sentencia de 29 de junio de 2000 escrita a fojas 154 y siguientes, la que no es nula. Regístrese y devuélvase. Redacción del Abogado Integrante señor Álvaro Rencoret Silva. Rol Nº 2.388 2000. Pronunciado por los Ministros señores Jorge Rodríguez A., Enrique Cury U., José Luis Pérez Z. y los Abogados Integrantes señores Fernando Castro A. y Álvaro Rencoret S.

426

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

FICHA 29

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 3284-2000 Cita Online: CL/JUR/4140/2000 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO Coronel, 16 de diciembre de 1998. VISTOS: Que se ha incoado este proceso Rol Nº 73.392 4, con el objeto de comprobar la existencia de los Cuasidelitos de Homicidios y Lesiones, y a fin de averiguar la responsabilidad que pudiere caberle en ellos a José Francisco Javier Díaz Almazan, nacido en Independencia, 25 años, casado, empleado administrativo, con renta, sin bienes, alfabeto, hijo de Reinaldo y Norma, sin apodo, nunca antes detenido ni procesado, prontuario civil Nº 8.117.739 2, prontuario penal sin número. Los hechos que dieron lugar a la formación de este proceso constan de la denuncia verbal de Victor Hugo Jerez Rivas, quien a fs. 2 señala que es el padre de Miriam Jerez Solis, de su domicilio quien el día domingo 3 de septiembre, fue atropellada junto a otras cinco personas cuando se disponían a atravesar la calzada, para tomar locomoción hacia su domicilio, frente a los Casinos de Playa Blanca. Su hija había salido con un grupo de amigos, quienes celebrarían su cumpleaños en el Casino Las Rocas. Las personas fueron atropelladas por un furgón Patente KA 7602, que era conducido por José Francisco Díaz Almazan. Las demás personas que andaban con su hija son todos amigos y le parece que cuatro de ellos resultaron fallecidos y uno resultó gravemente lesionado. Solicita los pases correspondientes para proceder a la inscripción de defunción. A fs. 52 se somete a proceso a José Francisco Javier Díaz Almazan como autor de los cuasidelitos de homicidios de Miriam Jerez Solis, Marina Delgado Vergara y Hernán Leal Araya. A fs. 88 se somete a proceso a José Francisco Diaz Almazan como autor del cuasidelito de homicidio de Manuel Edgardo Barra Cifuentes. A fs. 160 se somete a proceso a José Francisco Javier Díaz Almazan como autor del cuasidelito de lesiones de Iván Muñoz Fernández. A fs. 169 se acusa a José Francisco Javier Díaz Almazan como autor de los cuasidelitos de homicidio de Marina de Lourdes Delgado Vargas, Miriam Magdalena Jerez Solis, Hernán Enrique Leal Araya y Manuel Barra Cifientes y cuasidelito de lesiones de Iván Patricio Muñoz Fernández. A fs. 171 se adhiere a la acusación fiscal e interpone demanda civil el apoderado don Nelson Vera Moraga. A fs. 206 contesta la demanda civil el apoderado don Robert Schultz en representación de Empresa Constructora Fe Grande S.A. A fs. 265 contesta la acusación fiscal y adhesión y demanda civil el apoderado del procesado solicitando se le absuelva, en subsidio rebajarla al mínimo. A fs. 206, 322, 324 y 327 se deducen tachas. A fs. 248 se objetan documentos. A fs. 268 vta. se recibe la causa a prueba. A fs. 333 se certificó que el término probatorio se encuentra vencido. A fs. 334 se decretaron medidas para mejor resolver. Cumplidas las medidas para mejor resolver, se traen los autos para fallo. En cuanto a las tachas: PRIMERO: Que a fs. 206 Robert Schultz Figueroa en representación de la empresa Constructora Fe Grande S.A. en el séptimo otrosí dedujo tacha en contra de Carlos Leal Araya, por la causal del Nº 10 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, por ser pariente de consanguinidad dentro del primero y segundo grado de la línea recta y de la colateral respectivamente, con los querellantes, lo que

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

427

se prueba claramente con la propia declaración que hizo al señalar que era hermano del occiso Hernán Leal Araya. En contra de Juan Carlos González Garrido y de Mónica Chaparro Retamal por la causal del Nº 8 ya que carecen de imparcialidad necesaria para declarar en el juicio porque eran amigos de las víctimas, lo que se prueba por las propias declaraciones de los testigos. En contra de Iván Muñoz Fernández, también por la causal del Nº 8, por ser demandante en autos y además por la del Nº 11. SEGUNDO: Que se acogerán todas las tachas interpuestas y alegadas precedentemente, por aparecer probadas con las argumentaciones que se han dado en el proceso, sin perjuicio de que sus declaraciones, o sea, la de estos testigos sirvan de presunción judicial. TERCERO: Que a fs. 322 la parte demandada formulo tacha en contra del testigo José Artemio Peñailillo Burgos por la causal del artículo 460 Nº 8, o sea, por carecer el testigo de imparcialidad necesaria para declarar en este juicio. CUARTO: Que contestando el traslado la demandante civil expone que la contraria no se basa en fundamento alguno para calificar de que el testigo carece de imparcialidad. QUINTO: Que para desechar la tacha alegada la sentenciadora tendrá presente que de conformidad con el artículo 460 Nº 8 del Código de Procedimiento Penal, que es la causal aducida está referida a la falta de imparcialidad por tener en el proceso interés directo o indirecto, lo que no se evidencia de la respuesta dada por el testigo. SEXTO: Que a fs. 324 vta., la parte demandada tacha a la testigo Gladys Arsenia Cortés Rivera por carecer de la imparcialidad necesaria para declara por la demandante Luciana Leal, según sus propios dichos, todo ello, según lo prescribe el artículo 460 Nº 8 y 463 del Código de Procedimiento Penal. SÉPTIMO: Que contestando el traslado la demandante civil señala que según el Nº 8 del citado Código la testigo no ha declarado nada que ha dado dar de la imparcialidad alegada por la demandada. OCTAVO: Que para desechar la tacha alegada el sentenciador tendrá presente que la causal impetrada dice relación con tener interés directo o indirecto en el proceso y no está referida a la amistad íntima, que es a lo que aludió en la respuesta la testigo. NOVENO: Que a fs. 327 don Álvaro Garay Burnas por sus representados, los querellantes y demandantes civiles formula tacha contra el testigo Carlos Acevedo Catalan por la causal del Nº 13 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal que dice los que declaren de ciencia propia sobre hechos que no pueden apreciar, sea por carencia de facultades o aptitudes, sea por imposibilidad material que resulte comprobada, los fundamentos de esta tacha se prueban con las propias declaraciones, ya que al momento de producirse la supuesta sustracción del furgón señala que estaba durmiendo. En contra del testigo Álvaro David Reyes Arias por igual causal, por cuanto el testigo no constató nada porque no estaba en el lugar. En contra de Carlos Hernán Avendaño Salgado por igual causal, por cuanto según los dichos del testigo tampoco le constaba que el demandado haya tomado las llaves del vehículo. Y respecto de Hugo Omar Castillo Castillo por las causales del Nº 8 y Nº 13, las que se prueban por las aseveraciones del mismo testigo, en lo tocante al Nº 8 por cuanto al sostener Castillo Castillo de que la responsabilidad recaía en él en cuanto al vehículo, argumenta que tiene interés en el proceso y de la del Nº 13 cuando asevera que estaba durmiendo. DÉCIMO: Que para desechar todas las tachas alegadas precedentemente el sentenciador tendrá presente en cuanto a las que se fundamentan en el Nº 13 que si bien es cierto podría haber resultado que directamente no hubieran los testigos podido apreciar o constatar, no lo es menos que tiene validez el testigo de oídas también, y en cuanto a la del Nº 8, la circunstancia de que el testigo haya manifestado de que estaba a cargo del vehículo, no parece que por esa razón carezca de imparcialidad para declarar en el proceso, y que diga relación con tener un interés en éste. UNDÉCIMO: Que a fs. 248 la parte querellante y demandante civil en el Otrosi de su presentación objetó los documentos acompañados por la demandada civil que rola de fs. 211 a 246, por falsos, por cuanto, argumenta, no son veraces ni sirven para probar el hecho que se pretende, que no han sido suscritos por su parte, por lo que carecen de todo valor probatorio y no puede considerarse como prueba completa, con costas. DUODÉCIMO: Que a fs. 251 evacuando el traslado conferido a fs. 250 vta. la contraria contesta la objeción documental solicitando no se dé lugar a ella, con costas, por cuanto entre los documentos objetados hay documentos oficiales como son los emanados de la A.F.P. Santa María y las copias de las

428

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

planillas de pago de las cotizaciones y otros documentos privados, y que la afirmación genérica de que los documentos son falsos no constituyen causal legal para restarles mérito probatorio y además se objetó los documentos sin indicar en qué consistiría la falsedad de cada uno de ellos. DECIMOTERCERO: Que para rechazar la objeción planteada precedentemente, la sentenciadora tendrá presente que lo que se está atacando es el valor probatorio de esa documental, tarea que le compete al Juez y no a las partes, por lo que se rechazará dicha objeción a esos documentos, con costas. En cuanto al fondo. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: DECIMOCUARTO: Que con el objeto de dar por acreditado en autos los hechos materia de este proceso se han allegado los siguientes antecedentes: a. Denuncia verbal de fs. 2 ya reseñado en lo expositivo de este fallo. b. Declaración de Hugo Hernán Oyarzún Oyarzún de fs. 2 vta. quien comparece ante el Tribunal para solicitar los pases correspondientes y proceder a la inscripción de la defunción de doña Marina Delgado Vargas, ya que el día domingo 3 de septiembre de 1995 en horas de la madrugada fue atropellada por un furgón, cuando ella y unos amigos se dirigían a tomar locomoción para irse, a sus domicilios. c. Dichos de Carlos Alberto Leal Araya de fs. 3 quien expone que solicita los pases correspondientes para la inscripción de la defunción de su hermano Hernán Enrique Leal Araya, quien resultó muerto por atropello en el día 3 de septiembre de 1995 en horas de la mañana, cuando atravesaba la calzada junto a otras personas, frente al Casino Las Rocas del Balneario Playa Blanca, para tomar locomoción con destino a sus domicilios. d. A fs. 11 rola Parte policial de Carabineros de la Tercera Comisaría en que se pone a disposición del Tribunal a José Francisco Javier Díaz Almazan, el que momentos antes de su detención conducía el minibus patente KA 76.02 marca Kia motor, color blanco por la Ruta 160 a la altura, del sector Playa Blanca sorpresivamente cruzaron la calzada un grupo de seis personas: Miriam Jerez Solis, Hernán Leal Araya, Marina Delgado Vargas, Manuel Barra Cifuentes, los que fallecieron en el lugar y Patricio Muñoz Hernández quien resultó con lesiones de carácter grave. e. Declaración de Iván Muñoz Fernández a fs. 14 quien señala que el día sábado 3 de septiembre concurrieron siete personas al Casino La Casona de Playa Blanca, con motivo de celebrar el cumpleaños de Miriam. Permanecieron en dicho Casino toda la noche, cerca de las 6.00 horas se retiraron para irse a sus domicilios. Recuerda que se detuvo con Juan Carlos, Manuel y Edgardo Barra a contar monedas para el pasaje en la calle, que está frente a los Casinos siendo avisado por Hernán, que se aproximaba un vehículo, y él le avisó al resto del grupo. Vió las luces del vehículo que no se detuvo ni disminuyó la velocidad. Él no había atravesado la calzada cuando fue impactado y lanzado hacia ésta. No perdió el conocimiento y no sabe del vehículo que le impactó, ya que fue trasladado al Hospital. Aclara sus dichos señalando que cuando estaba contando las monedas ya había pasado la línea férrea y se encontraba en la berma costado derecho, mirando hacia Lota. En el lugar del accidente no hay paradero. f. Testimonio de Juan Carlos González Garrido, de fs. 16 quien expone que el día del accidente andaba con un grupo de siete personas celebrando un cumpleaños en el Casino La Casona de José Miguel de Playa Blanca y de regreso a sus domicilios, pasadas las 5.30 horas, cruzada la línea férrea frente a dicho casino se encontraban, todos en la berma cuando divisaron que a distancia avanzaba un vehículo, porque se veían las luces encendidas y antes de llegar al bandejón central se percató que el vehículo en forma sorpresiva cambió de pista, en eso él estaba por subir al bandejón cuando el vehículo impactó a cinco de sus amigos que iban un poco más atrás que él, quedando el vehículo después del impacto como a unos doscientos metros y en el lado oriente de la pista. Como estaba oscuro comenzó a buscar a sus amigos después de sentir un golpe, y éstos se encontraban en la calzada, dispersos uno de otros, todos ensangrentados. Luego de ver a sus amigos, vio que el vehículo causante del atropello estaba más adelante, corrió hacia él, pero en su interior no había nadie. g. Inspección personal del Tribunal de fs. 18 pudiendo constatarse lo siguiente: Que se trata de la Ruta 160 con dos pistas de circulación, una con tránsito norte sur y la otra sur norte. Las calzadas se encuentran en buen estado (asfalto) tienen amplia visibilidad, ambas calzadas miden 8 metros de ancho y se encuentran separadas por un bandejón de tres metros de ancho. La calzada

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

429

en el lugar de los hechos presenta manchas de sangre, además restos de vidrio. Hay línea discontinua, no hay alumbrado y se trata de una recta. h. Croquis de fs. 19. i. Informe técnico pericial de fs. 21 y siguientes que concluye que el accidente no se produjo por fallas mecánicas, pero se puede deducir por los daños que presenta, el móvil lo hacía a exceso de velocidad. j. Dichos de Sergio Muñoz Torres de fs. 25 quien ratifica el Parte policial de 3 de septiembre, ya que se encontraba de Jefe de Patrullaje, cuando sintió un impacto y se dirigió a la Ruta en el furgón policial donde pudo apreciar que habían varias personas tendidas en la calzada distantes unas de otras, sin vida, lo que se comprobó cuando llego la Ambulancia y el cuerpo de rescate de Bomberos, constatando el paramédico el fallecimiento de tres personas, además había dos heridos graves, uno fue trasladado al Hospital donde falleció. Al furgón policial se presentó el conductor del vehículo causante del atropello, siendo detenido. Este presentaba sangre en el rostro y manos, además halitosis alcohólica, consultándole si había ingerido alcohol a lo que manifestó que efectivamente se había servido unos tragos. k. Relato de Enzo Figueroa del Canto de fs. 26 que ratifica el Parte policial. l. Testimonio de Juan Zambrano Parra de fs. 26 quien ratifica el parte policial en los mismos términos que el funcionario Muñoz Torres. m. Querella de fs. 30 interpuesta por Ramón Barra Salgado y Patricio Barra Cifuentes. n. Certificado de defunción de fs. 37 de Miriam Jerez Solis, y de Hernán Leal Araya, a fs. 38. o. Querella interpuesta por Víctor Jerez Rivas y Eduviges Solis Rivas de fs. 39. Carlos Leal Osses, Cupertina Araya Araya y Luciana Leal Araya de fs.39. p. Certificado de defunción de Marina Delgado Vargas de fs. 42. q. Protocolo de autopsia de Miriam Jerez Solis de fs. 55., de Marina Delgado Vargas a fs. 56, de Hernán Leal Araya de fs. 57. r. Querella interpuesta por María Delgado Vargas de fs. 69. s. Relato de Monica Chaparro Retamal de fs. 79 quien dice que el día del accidente iban siete personas atravesando la calzada para ir a tomar locomoción y dirigirse a sus domicilios cuando de lejos vieron un vehículo por las luces encendidas, uno de ellos dijo cuidado, ella estaba casi por subir al bandejón central cuando de pronto el vehículo cambió de pista y pasó a una velocidad excesiva por donde estaban sus amigos, atropellando a cinco de ellos. Ella sólo sintió el golpe fuerte y miró para atrás, junto a Juan Carlos comenzó a buscarlos percatándose que todos quedaron en el suelo distantes unos de otros, la que estaba más alejada era Miriam, que se encontraba muerta. Luego fueron a ver el vehículo el cual observaron sin su conductor. t. Orden de investigar debidamente diligenciada de fs. 83. u. Atestado de Miguel Machuca Leal, de fs. 87 quien acompañaba a los cabos Torres Muñoz y Juan Zambrano, cuando escuchó un impacto y fue hacia la carretera percatándose que habían seis personas tendidas y mas adelante había un furgón estacionado en la calzada. Señala que sintió el impacto pero no se oyó ruido de frenada. v. Causa Rol Nº 46.304 del Juzgado de Letras de Lota acumulada a fs. 89. w. Certificado de defunción de Manuel Barra Cifuentes de fs. 90. x. Fotografias de fs. 97 y 98. y. Querella interpuesta por María Delgado Vargas de fs. 101. z. Informe pericial de la Subcomisaria de Investigaciones del Tránsito de fs. 105 que concluye que la causa basal del accidente es que los peatones cruzan la calzada por una zona que por diseño vial no configura paso para peatones, sumado a ello que las condiciones de visual y visibilidad le eran adversas y que lo hacen en estado de intemperancia alcohólica en grado no determinado, se exponen al riesgo de accidente siendo atropellados por el móvil. La causa basal concurrente es que el conductor del vehículo conduce el móvil bajo la influencia del alcohol y a exceso de velocidad en zona rural. aa. Dichos de Mario Grandón Olivos de fs. 122 quien señala que se encontraba de servicio en el sector de Playa Blanca cuando sintió un fuerte impacto. Llegó al lugar del accidente en el furgón percatándose que se trataba de un atropello a varias personas. Se detuvo el tránsito para tomar el procedi-

430

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

miento. Luego se acercó al furgón una persona que sangraba de cara y manos quien manifestó que era el conductor del vehículo y que se iba a entregar porque temía que las personas presentes en el lugar le agredieran, dejándole detenido en el furgón. Esta persona tenía el rostro congestionado y hálito alcohólico. En el lugar fallecieron tres personas y una en el Hospital. bb. Informe de lesiones de Iván Muñoz Fernández de fs. 133 que diagnostica fractura de pelvis y de pierna derecha, lesiones compatibles con atropello de vehículo motorizado de carácter grave con un tiempo de incapacidad superior a seis meses. cc. Protocolo de autopsia de Manuel Barra Cifuentes rolante a fs. 150. DECIMOQUINTO: Que los elementos de juicio reseñados en el motivo anterior conforman un conjunto de presunciones judiciales, las que por reunir los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener por acreditado en autos los siguientes hechos: Que el día 3 de septiembre de 1995 alrededor de las 5.30 horas, José Francisco Javier Diaz Almazan conducía el minibús patente KA 7602 marca Kia Motors, por la Ruta 160 de Norte a Sur, a exceso de velocidad, y atropelló a un grupo de personas; a consecuencia de lo cual resultó lesionado Iván Muñoz Fernández, con lesiones graves y falleciendo Marina de Lourdes Delgado Vargas, Miriam Jerez Solís, Hernán Leal Araya y Manuel Barra Cifuentes. DECIMOSEXTO: Que, prestando declaración indagatoria el encausado a fs. 13 señala que el día 3 de septiembre alrededor de las 6.00 horas en circunstancias que conducía el furgón patente KA 7602 en dirección a Lota, a una velocidad de 80 kilómetros por hora, cuando iba en la bajada en que se encuentra el lugar oscuro y frente a los Casinos se percató que había gente tanto en el bandejón central como en el costado derecho, por lo que hizo cambio de luces y comenzó a disminuir ya que existe un letrero que permite 70 kilómetros por hora, miró hacia atrás y vió que venían dos vehículos, cuando volvió la vista hacia delante se encontró con las personas que se encontraban en el bandejón izquierdo a quienes impactó y frenó quedando como a 15 metros adelante, en la pista de avance, donde se detuvo y regresó caminando al lugar donde se encontraban las personas tendidas en el suelo. Al lugar llegó un furgón policial al que se acercó y se identificó con un funcionario diciendo que él era el conductor del móvil. DECIMOSÉPTIMO: Que de acuerdo a los antecedentes que obran en el proceso se encuentra acreditado que el encausado guiaba el móvil a exceso de velocidad, infringiendo lo dispuesto en el artículo 148 de la ley de tránsito, sin considerar los riesgos y peligros del momento y las posibles consecuencias como lo señala la citada disposición, de no ser así habría podido controlar el vehículo para evitar el accidente, aun cuando los peatones se hayan expuesto al riesgo, como consigna el informe técnico de la Siat a fs. 111, ello sumado al hecho de guiar bajo la influencia del alcohol, infringiendo el articulo 115 de la misma. DECIMOCTAVO: Que habiendo reconocido el procesado que conducía el minibús que protagonizó estos hechos, su declaración constituye una nueva presunción judicial, que unida a las indicadas anteriormente y que por reunir los requisitos legales permiten dar por establecida su participación de autor en los hechos consignados en el Motivo Decimoquinto. DECIMONOVENO: Que, tal conducta imprudente y con infracción a la reglamentación del tránsito, tiene relación directa con el resultado acaecido, que aunque no querido por el autor, era previsible desde que podía representarse anticipadamente como posible el hecho que iba a acaecer como consecuencia de las maniobras imprudentes que realizó, y evitable porque si no hubiere infringido las normas del tránsito habría ejecutado los actos tendientes para evitar el resultado típico. VIGÉSIMO: Que los hechos narrados en el motivo Decimoquinto en los que el encausado participó como autor cabe calificarlos de cuasidelito de lesiones de Iván Muñoz Fernández, y de cuasidelitos de homicidios de Marina Delgado Vargas, Miriam Jerez Solís, Hernán Leal Araya y Manuel Barra Cifuentes, tipificados y sancionados en el artículo 492 y 490 del Código Penal, respectivamente, toda vez que el agente actuando con infracción a las normas del tránsito y por mera imprudencia o negligencia efectuó un hecho que de mediar malicia, constituiría un crimen y un simple delito contra las personas, siendo su acción antijurídica y culpable. VIGÉSIMO PRIMERO: Que la defensa del procesado a fs. 265 solicita se le absuelva de toda pena, petición a la que no se accederá por lo consignado en los motivos anteriores.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

431

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que favorece al encausado Diaz Almazan la minorante de responsabilidad criminal contemplada en el artículo 11 Nº 6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior, la que se encuentra acreditada con su extracto de filiación de fs. 123 que no registra anotaciones penales pretéritas y declaraciones de los testigos de conducta Luis Peters Carrera y Patricia Zamora Flores de fs. 46 y 46 vta. III. En cuanto a la demanda civil: VIGÉSIMO TERCERO: Que, en el Primer Otrosí del escrito de fs. 171 Nelson Vera Moraga en representación de Ramón Enrique Barra Salgado, Patricio Antonio Barra Cifuentes, Víctor Hugo Jerez Rivas y Eduviges Solís Rivas; Carlos Leal Osse, Cupertina Araya Araya y Luciana Leal Araya, Maria Delgado Vargas y Francisco Muñoz Rocha y de Iván Muñoz Fernandez deduce demanda civil en contra del querellado José Díaz Almazán y en contra de Sociedad Constructora Fe Grande S.A. del giro de su denominación, representada por Víctor Aguirre Villalón, fundamentada en que el demandado el día 3 de septiembre alrededor de las 5.30 horas conducía en estado de ebriedad el minibús marca Kia Motors, placa KA 7602 de Propiedad de la Sociedad Constructora Fe Grande S.A. por la Ruta 160 en dirección a Lota por la vía costado derecho a la altura de Playa Blanca en circunstancias que Miriam Jerez Solís, Hernán Leal Araya, Marina Delgado Vargas, Manuel Barra Cifuentes, todos ellos fallecidos e Iván Muñoz Fernández, quienes cruzaron el camino para tomar locomoción a Coronel, y en esos momentos aquél se salió de su pista derecha en forma sorpresiva y se fue contra el grupo que estaba prácticamente terminando de cruzar, que el demandado ni siquiera respetó el letrero que dice reduzca velocidad, paso peatones, que además circulaba a exceso de velocidad, ya que arrastró a más de 50 metros a los fallecidos, todas éstas aparecen con múltiples fracturas. Solicita se acoja la demanda y se condene al demandado y tercero civilmente responsable a pagar solidariamente a título de indemnización de perjuicios a cada uno de los demandantes la suma de $ 80.000.000 por el daño moral causado y para Iván Muñoz Fernández la suma de $ 15.000.000 por concepto de daño moral, producto de las lesiones sufridas. Para Francisco Muñoz Rocha, la suma de $ 5.000.000 por concepto de daño moral provocado al ver postrado y con peligro de muerte a su hijo Iván Muñoz Fernández lesionado. En subsidio, condenarlos a pagar las sumas con los reajustes y o intereses que se determinen, con costas. VIGÉSIMO CUARTO: Que a fs. 206 Robert Schultz Figueroa en representación de la Empresa Constructora Fe Grande S.A. contesta la demanda civil solicitando no se dé lugar a ella en todas sus partes, con costas, fundamentado en que el día del accidente que se investiga, José Díaz Almazán tomó el vehículo de su representada sin que ella estuviera en conocimiento de esta situación y en todo caso sin su autorización expresa ni tácita, por lo que ninguna responsabilidad solidaria le cabe a aquélla, agregando que el procesado y demandado no es y nunca ha sido empleado de su representada, que áquel al tiempo del accidente era empleado de Patricia Araya Muñoz o Coalfa S.A., que el acusado se desempeñaba como administrador del Casino de Coalfa en la faena de Lota, que ésta prestaba el servicio de dar las colaciones a los trabajadores de Fe Grande en la obra que esta última tenía en la ciudad de Lota. Acota que el furgón en que se accidentó José Díaz cumplía funciones de traslado de personas al pique, pues Fe Grande prestaba servicios a Enacar, que cada turno tenía un chofer y cada chofer le pasaba las llaves del furgón al que le correspondía el turno siguiente, que el día del accidente a las 6.00 horas Hugo Castillo se percató que el furgón no estaba y que las llaves le habían sido hurtadas del bolsillo de su casaca, que le dio aviso a Sergio Guajardo, el que se aprestaba a dar cuenta a Carabineros cuando a las 6.30 horas José Luis Gómez Saavedra avisó del accidente. Y como alegación subsidiaria aduce que el encausado no tuvo responsabilidad en los hechos que se investigan y si alguna tuvo no fue la causa basal del accidente, sino que ésta fue que los peatones en estado de intemperancia alcohólica cruzaron la calzada por una zona que no configura paso para peatones. En subsidio también pide rebajar al mínimo la indemnización por ser las sumas exageradas y por haberse expuesto las víctimas imprudentemente al daño. VIGÉSIMO QUINTO: Que con el documento de fs. 1 del cuaderno de medida precautoria se prueba el dominio del vehículo minibus marca Kia, Besta 12Cest, color blanco año 1992 a nombre de la Empresa Constructora Fe Grande S.A. VIGÉSIMO SEXTO: Que, del documento de fs. 228 que rola en copia autorizada del contrato de trabajo, se desprende que el encausado y demandado José Díaz Almazán era trabajador, desempeñán-

432

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

dose como administrador de casino, figurando como empleadora Patricia Araya Muñoz, con la clausula sexta que consigna que el contrato de trabajo durará indefinido, y en que se deja constancia que Díaz Almazan ingresó al servicio el 1º de junio de 1994, lo que se ve corroborado con lo informado por la A.F.P. Santa María a fs. 336 en cuanto a que las cotizaciones previsionales de éste correspondiente a los períodos de agosto a octubre de 1995 fueron enteradas por la empleadora doña Patricia Araya Muñoz. VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, como se observa el encausado y demandado Díaz Almazan no tiene relación laboral con la empresa Constructora Fe Grande, sino con una persona distinta, como consta del documento analizado. Por otro lado de los documentos de fs. 219 a 220 aparece que Patricia Araya Muñoz, Restaurant y Casinos prestaba servicios como Contratista en cuanto a colaciones para la Empresa Constructora Fe Grande S.A. VIGÉSIMO OCTAVO: Que, para acreditar la alegación de que el encausado y demandado Díaz Almazan habría tomado el vehículo en cuestión sin autorización, la demandada Constructora Fe Grande S.A. llamó a estrados al testigo Carlos Acevedo Catalán, quien legalmente examinado dijo que aquél tomó el vehículo sin autorización, que habían tres personas autorizadas para conducirlo quienes eran los jefes de turno, Hugo Castillo, Luis Salamanca y Manuel Guajardo, que Díaz Almazan le sacó las llaves a Hugo Castillo desde la casaca cuando dormía circunstancia que reconoció el propio demandado. En el mismo sentido depone el testigo Álvaro Reyes Arias a fs. 297 vta. lo que sabe por cuanto sus compañeros se lo dijeron. El testigo Carlos Avendaño Salgado a fs. 298 vta. legalmente examinado dijo que es efectivo que Díaz Almazan robó el vehículo, lo que sabe pues el día del accidente en la mañana se levantaron para entrar al turno, que se levantó Hugo Castillo quien era el encargado del vehículo y buscó las llaves pero no las encontró, que concurrieron al lugar del accidente y Díaz Almazan se dirigió donde Hugo Castillo y le confesó que él había sustraído las llaves, Hugo Castillo Castillo a fs. 300 legalmente examinado dijo que Díaz Almazan le sustrajo las llaves desde el bolsillo de la chaqueta cuanto él estaba durmiendo, que él las tenía a las 20.00 horas del día anterior y al día siguiente no las encontró en su chaqueta. Que concurrieron al sitio del accidente y Díaz Almazan le confesó haber tomado las llaves y el vehículo, agregando que él estaba a cargo de éste. Todos los testigos concuerdan en que sólo tres personas estaban autorizadas para utilizar el furgón y en ningún caso Díaz Almazan. VIGÉSIMO NOVENO: Que, así las cosas si bien es cierto ha resultado acreditado en autos que el vehículo causante del accidente y guiado por el encausado y demandado civil José Díaz Almazan, al momento de ocurrir éste era de propiedad de la Empresa Constructora Fe Grande S.A. no lo es menos que de la prueba allegada por esta parte demandada aparece que dicho vehículo fue tomado sin su conocimiento o autorización expresa o tácita, por lo que en base a lo concluido se resolverá rechazándose en todas sus partes, con costas, la demanda civil interpuesta en contra de la parte de Empresa Constructora Fe Grande S.A. TRIGÉSIMO: Que, el artículo 2314 del Codigo Civil preceptúa que, el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización sin perjuicio de las penas que le impongan las leyes, por el delito o cuasidelito. TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, es indudable que todos los actores, familiares de los occisos y lesionado a consecuencia de las muertes producidas y de las lesiones ocasionadas sufrieron un daño moral consistente en el natural dolor y aflicción que ello cause: daño moral que el Tribunal regulará prudencialmente en la suma de $ 5.000.000 a pagar por este concepto causado a cada uno de los demandantes y al ofendido de las lesiones la suma de $ 1.000.000 por daño moral, sumas que deberá pagar el demandado civil José Díaz Almazan a todos éstos, reajustadas en la forma que se indicará en la parte resolutiva de este fallo. Por estas consideraciones y visto además lo prevenido en los artículos 2º, 11 Nº 6, 14 Nº 1, 15 Nº 1, 16 Nº 1, 18, 21, 25, 26, 30, 50, 68, 490, 492 del Código Penal, 108, 109, 111, 460, 464, 500, 503 y 504 del Código de Procedimiento Penal, artículo 2314 del Código Civil, ley Nº 18.216 y artículos 115 y 148 de la ley Nº 18.290 SE DECLARA: En cuanto a las tachas: I. Que se acogen todas las tachas interpuestas a fs. 206; II. Que se desecha la tacha formulada a fs. 322 por la parte demandada en contra del testigo José Artemio Peñailillo Burgos.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

433

III. Que se rechaza la tacha planteada a fs. 324 vta. por la parte demandada en contra de la testigo Gladys Arsenia Cortés Rivera. IV. Que se desechan todas las tachas alegadas a fs. 327, por los demandantes civiles. En cuanto a la objeción de documentos: V. Que se rechaza la objeción de los documentos que rolan a fs. 211 a 246, interpuesta por la parte querellante y demandante, con costas. VI. Que se condena a José Francisco Javier Díaz Almazán, ya individualizado, por su responsabilidad como autor de los cuasidelitos de homicidios de: Marina De Lourdes Delgado Vargas, Miriam Magdalena Jerez Solís, Hernán Enrique Leal Araya, y Manuel Barra Cifuentes, y cuasidelito de lesiones de Iván Patricio Muñoz Fernández, cometido el día 3 de septiembre de 1995 a la pena de sesenta y un días de reclusión menor en su grado mínimo, a la accesoria legal de suspensión de cargo u oficios públicos durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa. VII. Que se condena además al sentenciador José Francisco Javier Díaz Almazán, a la suspensión de carné, permiso o autorización que lo habilite para conducir vehículo motorizado por el término de un año. VIII. Que, por reunirse los requisitos legales de la ley Nº 18.216 se le remite condicionalmente la pena corporal impuesta al sentenciado, quien deberá quedar bajo vigilancia de Gendarmería por el lapso de un año y cumplir con las demás exigencias que establece la ley en comento. IX. Que, en caso de cumplir efectivamente la pena corporal impuesta al sentenciado, le servirá de abono el tiempo que estuvo privado de libertad, esto es, desde el 3 de septiembre al 19 de octubre de 1995, según consta a fs. 11 y 78 vta., respectivamente. X. Que se acoge la demanda civil de fs. 171, sólo en cuanto se condena al demandado civil José Francisco Javier Díaz Almazán a pagar a cada uno de los actores la suma de $ 5.000.000 por concepto de daño moral y al ofendido de lesiones la suma de $ 1.000.000 también por concepto de daño moral, en cuanto actor civil igualmente, sin costas, por no haberse acogido totalmente dicha demanda. XI. Que, las sumas ordenadas pagar lo serán con los reajustes conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, e intereses corrientes para operaciones reajustables, todo a contar de la fecha de dictación del presente fallo hasta la fecha del pago efectivo. XII. Que se rechaza la demanda civil interpuesta a fs. 171 en contra de la Sociedad Constructora Fe Grande S.A., en todas sus partes, con costas. Cúmplase oportunamente con el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal. Regístrese, notifíquese y consúltese, de no ser recurrida. Rol Nº 4.126 99. Dictada por la señora Graciela Ramos Pascual, Juez Subrogante.

II. CORTE DE APELACIONES Concepción, 31 de julio de 2000. VISTO: Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de los considerandos decimoquinto, decimoctavo, vigésimo, vigésimo octavo, vigésimo noveno y trigésimo primero, que se eliminan, y se le introducen las siguientes modificaciones: En la parte expositiva se cambia Victor, Solis y Diaz Almazan por Víctor, Solís y Díaz Almazán, respectivamente. En el razonamiento tercero se sustituye formulo por formuló. En el atestado noveno se reemplaza Catalan por Catalán. En el fundamento undécimo se cambia Otrosi por Otrosí. En el razonamiento decimocuarto, letra d), se reemplaza Diaz Almazan por Díaz Almazán, minibus por minibús y Solis por Solís; en la letra e) se cambia vió por vio; en las letras n) y k) se sustituye Solis por Solís; en la letra o) se cambia Victor y Solis por Víctor y Solís; en la letra s), Monica por Mónica; en la letra u) mas por más; se suprime la letra v); en la letra x) se cambia Fotografias por Fotografías; en la letra y), Maria por María y en la letra z), se sustituye Subcomisaria por Subcomisaría.

434

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Asimismo, se agregan los siguientes párrafos nuevos: dd) Formulario para Toma de Datos en Accidentes de Tránsito de fojas 7, por el que consta que el accidente ocurrió el 3 de septiembre de 1995, a las 05:35 horas, frente al Casino La Casona José Miguel, tipo atropello, mala visibilidad, señalización a 400 metros que permite velocidad a 70 kilómetros por hora, no hay huellas de frenada, conductor no atento a las condiciones del tránsito del momento y peatones cruzan la calzada por vía no destinada al efecto; ee) Examen de Alcoholemia de fojas 59 en cuanto consta que el examen practicado a José Díaz Almazán dio como resultado positivo 0,50 gramos de alcohol por litro de sangre; ff) Informe del Director de Tránsito y Transportes Público de Lota (S), por el cual expone que en la Ruta 160, en el sector norte de Lota, hay signo de tránsito que indica como velocidad máxima 70 kilómetros por hora; y gg) Informe del Delegado Provincial de Vialidad Concepción de fojas 382, en cuanto señala que en la Ruta 160, sector Playa Blanca, a septiembre de 1995 no existe señalización de restricción de velocidad, siendo la máxima la que indica en la Ley de Tránsito para zona rural. En el raciocinio decimosexto se cambia vió por vio. En el considerando decimoséptimo se sustituye artículo por artículo. En el razonamiento vigésimo segundo se reemplaza Diaz Almazan por Díaz Almazán. En el atestado vigésimo tercero se sustituyen Maria, Ivan, Fernandez, Diaz Almazan, Solis y practicamente por María, Iván, Fernández, Díaz Almazán, Solís y prácticamente, respectivamente. En el fundamento vigesimocuarto se cambia Diaz Almazan, yque y dió por Díaz Almazán, y que y dio. En el razonamiento vigesimoquinto se reemplaza minibus por minibús. En el atestado vigesimosexto se sustituye clausula por cláusula y Diaz Almazan por Díaz Almazán. En el fundamento trigésimo se cambia Codigo por Código. En las citas legales se elimina la mención al artículo 16 Nº 1 del Código Penal y se adicionan las referencias a los artículos 459, 473, 476, 481, 488, 488 bis, 493 del Código de Procedimiento Penal y 172 Nº 7 y 174 de la ley Nº 18.290. Y TENIENDO EN SU LUGAR Y, ADEMÁS, PRESENTE: 1º Que la defensa de los querellantes y demandantes, por la presentación de fojas 327, dedujo tacha en contra de los testigos Carlos Acevedo Catalán, Álvaro Reyes Arias, Carlos Avendaño Salgado y Hugo Castillo Castillo por la causal Nº 13 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, y el testigo Castillo Castillo, además, por la causal Nº 8 del mismo artículo y Código precitados. Que el inciso 2º del artículo 493 del Código de Procedimiento Penal dispone que no se admitirán las tachas alegadas cuando no se indicare circunstanciadamente la inhabilidad que afecta a los testigos y los medios de prueba con que se pretende acreditarlas. 2º Que para rechazar las tachas formuladas por la defensa de los querellantes y demandantes por la presentación de fojas 327, sin perjuicio de lo expuesto por la juez a quo en el considerando décimo de la sentencia en revisión, debe tenerse en consideración que ésta no ha indicado circunstanciadamente –lo cual, según el Diccionario de la Lengua Española, significa con toda menudencia, sin omitir ninguna circunstancia o particularidad– ni las inhabilidades que afectarían a los testigos ni los medios de prueba con que habría de acreditar las tachas, no siendo valedero para estos efectos la referencia genérica a una foja del expediente, al mérito del proceso u otras similares. 3º Que la defensa de los querellantes y demandantes por la presentación de fojas 248 objetó los documentos acompañados por la demandada civil Constructora Fe Grande S.A., que rolan de fojas 211 a 246, por falsos, no son veraces y no sirven para probar el hecho que se pretende al acompañarlos. Que para que se entienda válidamente impugnado un documento privado la objeción debe ser categórica, expresa, precisa e inequívoca, por lo que no basta impugnarlos por falsos, sino que es necesario señalar con absoluta precisión la razón o motivo que permite calificarlos de tal, o sea, ha de indicarse en qué consiste la falsedad, por qué son falsos, de manera que, faltando los fundamentos fácticos, debe desecharse la objeción por no haberse señalado los hechos constitutivos de la falsedad. Que en razón de lo expuesto por la Juez a quo en el razonamiento decimotercero de la sentencia en estudio y lo señalado precedentemente, procede rechazar la objeción formulada a fojas 248 de autos.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

435

4º Que los elementos de prueba analizados en el fundamento decimocuarto de la sentencia en alzada, con las modificaciones introducidas por esta Corte, constituyen un conjunto de presunciones judiciales que por reunir los requisitos legales son suficientes para tener por acreditados en autos los siguientes hechos: Que el 3 de septiembre de 1995, alrededor de las 05:35 horas de la madrugada, cuando José Francisco Javier Díaz Almazán conducía a exceso de velocidad el minibús marca Kia, modelo Besta, color blanco, patente KA 7602, de propiedad de la empresa Constructora Fe Grande S.A., por la calzada de la Ruta 160, en dirección sur hacia Lota, en el sector Playa Blanca, frente al establecimiento Casona José Miguel atropelló con la parte frontal del móvil, mientras se desplazaba en rodaje libre, a Marina de Lourdes Delgado Vargas, Miriam Magdalena Jerez Solís, Hernán Enrique Leal Araya, Manuel Edgardo Barra Cifuentes e Iván Patricio Muñoz Fernández, en los instantes en que éstos cruzaban la calzada poniente por una zona que no configura paso para peatones, siendo proyectados en diferentes direcciones. Que a consecuencia del atropello, Marina Delgado Vargas, Miriam Jerez Solís y Hernán Leal Araya resultaron con politraumatismo, falleciendo en el mismo lugar de los hechos; Manuel Barra Cifuentes, con anemia aguda, hemotórax masivo, politraumatizado, falleciendo en el Hospital de Lota, y con lesiones corporales graves resultó Iván Muñoz Fernández, consistentes en fractura de pelvis y de pierna derecha, con un tiempo de incapacidad superior a seis meses. 5º Que para que se configure el cuasidelito previsto en el artículo 492 inciso 1º del Código Penal, es necesario la concurrencia de los siguentes elementos: que exista un hecho lesivo en la integridad de las personas; que el resultado obtenido sea constitutivo de crimen o simple delito, y que exista mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos, en este caso, infracción a la Ley de Tránsito. 6º Que el artículo 148 de la ley Nº 18.290 estatuye que ninguna persona podrá conducir un vehículo a una velocidad mayor de la que sea razonable y prudente bajo las condiciones existentes, debiendo considerar los riesgos y peligros presentes y los posibles. En todo caso, la velocidad debe ser tal que permita controlar el vehículo cuando sea necesario, para evitar accidentes. El artículo 150 del mismo Código establece que cuando no existan los riesgos o circunstancias señaladas en los artículos 148 y 149, serán límites máximos de velocidad, en zonas urbanas, 50 kilómetros por hora, y en zonas rurales, 100 kilómetros por hora. 7º Que la prohibición de conducir vehículos a una velocidad mayor que la razonable y prudente, atendidas las condiciones que existan, junto con el mandato de que la velocidad ha de ser tal que permita controlar el vehículo cuando sea necesario para evitar atropellos a las personas o choques con otros vehículos, son normas, reglamentarias del tránsito que priman sobre el artículo 150 de la ley de tránsito que establece velocidades máximas en zonas urbanas y no urbanas. 8º Que en relación a la velocidad a que circulaba el minibús conducido por José Díaz Almazán el día de los hechos, obran en autos los siguientes elementos de convicción: a) Formulario para Toma de Datos en Accidente de Tránsito de fojas 7, que destaca que a 400 metros del accidente hay señalización que permite velocidad a 70 kilómetros por hora, b) Informe Pericial de fojas 23, en cuanto se indica que por los daños del móvil, lo hacía a exceso de velocidad, c) Informe Técnico de la SIAT de fojas 106, en el cual se sostiene que la velocidad del móvil era no inferior a 110 kilómetros por hora; y d) Informes de fojas 353 y 382, en cuanto el que por el primero se dice que hay signo de tránsito que indica velocidad máxima 70 kilómetros por hora, y por el segundo, que en septiembre de 1995 la velocidad máxima para zona rural era la permitida por la Ley de Tránsito. El testigo Iván Muñoz Fernández a fojas 14 dice que el vehículo no se detuvo ni disminuyó la velocidad. Por su parte, Juan González Garrido a fojas 17 vuelta asegura que la velocidad era más que normal. Sergio Muñoz Torres a fojas 25 sostiene que en el lugar no había huellas de frenada. A fojas 26 vuelta, Juan Zambrano Parra afirma que el furgón iba a gran velocidad, deteniéndose a 300 metros del lugar de los hechos. Similar testimonio sostuvo Mónica Chaparro Retamal, quien a fojas 79 afirma que el vehículo pasó a una velocidad excesiva. Por último, Miguel Machuca Leal a fojas 87 dice que no se oyó ruido de frenada.

436

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

El procesado Díaz Almazán a fojas 13 confesó que iba a una velocidad de 80 kilómetros por hora y extrajudicialmente a fojas 109 afirmó que lo hacía como a 75 kilómetros por hora, que venía disminuyendo porque como a 300 metros había una señal de velocidad 70 kilómetros por hora. Extrajudicialmente, Juan González Garrido afirma que el vehículo venía a exceso de velocidad. 9º Que constituye infracción a los reglamentos que regulan el tránsito público el hecho que una persona conduzca un vehículo motorizado a una velocidad mayor de la que sea razonable y prudente, bajo las condiciones existentes, debiendo considerar los riesgos y peligros presentes, la que en todo caso debe ser tal que permita controlar el vehículo cuando sea necesario, para evitar accidentes. La infracción señalada se encuentra establecida en el artículo 148 de la ley Nº 18.290 sobre Ley de Tránsito. Que en todo accidente de tránsito se presume la responsabilidad del conductor que conduzca un vehículo a mayor velocidad que la permitida o a una velocidad no razonable y prudente. La presunción de responsabilidad indicada está contemplada en el artículo 172 Nº 7 de la ley Nº 18.290. 10º Que obra por mera imprudencia o negligencia el conductor que maneja un vehículo a una velocidad mayor a la prudente y razonable, estimada por éste en 80 kilómetros por hora y por la SIAT en no inferior a 110 kilómetros por hora, de acuerdo a las condiciones existentes como tiempo de noche, lugar oscuro, mala visibilidad por falta de alumbrado público, sector de playa, locales de comercio nocturnos, estado etílico del conductor, presencia de peatones en el bandejón central y costado de la calzada y visualización de éstos a la distancia con cambio de luces, ya que en tales circunstancias ha omitido la diligencia media acostumbrada en la actividad de chofer, puesto que lo lógico y normal era que habiendo bebido alcohol no condujera vehículos motorizados y que al ver la presencia de peatones en el bandejón central y costado de la calzada a distancia suficiente, a quienes incluso hizo cambio de luces, frenara y disminuyera la velocidad hasta detener el vehículo para evitar el accidente, lo que no efectuó, atropellando a los peatones cuando se desplazaba en rodaje libre y que demuestra que ha existido imprudencia del conductor José Díaz Almazán. 11º Que de lo expuesto fluye que el procesado Díaz Almazán infringió el artículo 148 de la ley de Tránsito Nº 18.290 e incurrió en la presunción de responsabilidad contemplada en el artículo 172 Nº 7 de la misma ley. 12º Que los hechos descritos en el razonamiento cuarto de esta sentencia configuran los cuasidelitos de homicidio de Marina de Lourdes Delgado Vargas, Miriam Magdalena Jerez Solís, Hernán Enrique Leal Araya y Manuel Edgardo Barra Cifuentes y de lesiones graves a Iván Patricio Muñoz Fernández, previstos en el artículo 492 inciso 1º del Código Penal, toda vez que los hechos que causaron la muerte y las lesiones a las personas antes mencionadas han sido consecuencia de la imprudencia con que obró su autor, como también de las infracciones reglamentarias por él cometidas, y aunque la muerte y la lesiones no fueron queridas por el procesado José Díaz Almazán, eran, sin embargo, previsibles y evitables, y habrían constituido un crimen o un simple delito en caso de mediar malicia. La infracción se encuentra sancionada en el artículo 490 Nºs. 1 y 2 del Código Penal. 13º Que como bien lo señala la Juez a quo en el fundamento decimosexto de la sentencia en revisión, el procesado José Díaz Almazán a fojas 13 confiesa que el 3 de septiembre de 1995, alrededor de las 06:00 horas, mientras conducía el furgón patente KA 7602 de propiedad de la empresa Constructora Fe Grande, solo, en dirección a Lota, a una velocidad de 80 kilómetros por hora, cuando iba en la bajada en que se encuentra el lugar oscuro, frente donde empiezan los casinos, se percató que había gente tanto en el bandejón central como en el costado derecho de la calzada, por lo que hizo cambio de luces varias veces, disminuyendo la velocidad porque en el sector hay un letrero que permite 70 kilómetros por hora, y, más cerca del grupo, miró hacia atrás por el retrovisor, apreciando que venían dos vehículos. Que luego, al hacerlo hacia delante, se encontró con las personas que estaban en el bandejón izquierdo, las que impactó. Que frenó, deteniéndose como a 15 metros hacia delante, acudiendo al lugar donde estaban las personas tendidas en el suelo. Que se golpeó contra el parabrisas del furgón, rompiéndolo. Que entonces llegó el furgón policial y se entregó a Carabineros. Que la noche del sábado 2 de septiembre se había servido dos vasos con vino tinto de menos de un cuarto de litro y otro de vino con coca cola, considerando que estaba bien para conducir. Que las personas que estaban en el bandejón central bajaban

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

437

y subían, sintiendo el impacto. Que, según cree, las personas que atropelló son las que estaban en el bandejón central. Que sabe que a consecuencia del impacto murieron cuatro personas. Este reconocimiento del procesado Díaz Almazán importa confesión judicial que por reunir los requisitos legales es suficiente para tener por acreditado su participación y responsabilidad en calidad de autor de los cuasidelitos de homicidios y lesiones graves por los cuales fue procesado y acusado. 14º Que la defensa del procesado José Díaz Almazán, al contestar la acusación fiscal de fojas 169 y la adhesión del querellante particular de fojas 171, solicita se dicte sentencia absolutoria a su favor por no haber cometido infracción alguna al tránsito público, y si se determinara que cometió alguna, ésta no fue la causa basal del accidente. Más bien, el accidente habría ocurrido por imprudencia de los peatones al cruzar la calzada por lugar no habilitado y con claras muestras de ebriedad. En subsidio, pide mínimo de la pena. 15º Que se entiende por causa del accidente de tránsito cualquier circunstancia, comportamiento, acción o condición riesgosa, sin la cual el hecho no se habría producido. Sin embargo, en un accidente pueden presentarse múltiples causas, con diferentes grados de incidencia. Por tanto, debe despejarse el entorno, permitiendo conocer la Causa Basal que se define como la causa necesaria y suficiente para que el accidente se produzca. 16º Que con los elementos de prueba analizados en el raciocinio decimocuarto del fallo en revisión y con los hechos acreditados en el fundamento cuarto de esta sentencia se encuentra establecido que la causa basal del accidente fue que el conductor José Díaz Almazán conducía el minibús marca Kia, modelo Besta, color blanco, patente KA 7602, por la calzada de la ruta 160, a la altura del kilómetro 32, sector Playa Blanca, a una velocidad mayor de la razonable y prudente, bajo las condiciones existentes en ese momento, ya que habiendo apreciado a cierta distancia la presencia de peatones en el bandejón central y en el costado derecho de la calzada, efectuó varios cambios de luces, no obstante lo cual no frenó ni disminuyó la velocidad del móvil, atropellando a los peatones cuando éstos cruzaban la vía, en los instantes en que el móvil se desplazaba en rodaje libre, impactándolos con la parte frontal de éste. 17º Que dentro de la teoría de la equivalencia de las condiciones, todos los factores que intervinieron en el accidente que se produjo en la Ruta 160 deben considerarse en igual mérito, siendo causa del resultado acontecido aquélla que eliminada intelectualmente tiene la virtud de suprimir la consecuencia o infracción. Que de todos los factores examinados reviste especial importancia como causa del accidente la circunstancia que el chofer del minibús se desplazaba por la vía a una velocidad mayor a la razonable y prudente, infringiendo con ello el artículo 148 de la Ley de Tránsito, disposición que prima por la del artículo 150 de la misma ley. Que conforme lo expuesto, si el chofer del minibús al ver la presencia de peatones en la calzada hubiere disminuido la velocidad hasta detener el móvil, teniendo tiempo para ello, pues hizo varias veces cambios de luces, no se habría producido el accidente, careciendo de relevancia que los peatones cruzaron la calzada por un lugar no habilitado y que se encontraran en estado de intemperancia alcohólica. El conductor Díaz Almazán vio a las personas a cierta distancia, antes que cruzaran la calzada, y teniendo tiempo para detener el móvil no lo hizo. Que la circunstancia que el chofer del minibús no llevara una velocidad razonable y prudente bajo las condiciones existentes, como la noche y la mala visibilidad, fluye no sólo de los elementos de convicción reseñados en el fundamento octavo de esta sentencia, sino también de los daños experimentados por el vehículo (informe de fojas 21 y fotografías de fojas 97), de la gravedad y magnitud de las lesiones sufridas por las víctimas (informes de autopsia y lesiones de fojas 55, 56, 57, 133 y 150), de la proyección y distancia en que quedaron los cuerpos de las víctimas (fotografías y croquis de fojas 7 vuelta, 114, 115 y 116) y la distancia recorrida por el minibús después del impacto hasta quedar detenido, calculada en 200 metros (croquis de fojas 7 vuelta y declaración de Juan González Garrido de fojas 16). 18º Que, así las cosas, cabe concluir que la acción del reo que conducía el vehículo a velocidad mayor que la razonable y prudente no sólo fue imprudente sino también temeraria, al no adoptar la más elemental precaución de disminuir la velocidad del minibús hasta detenerlo para evitar el accidente, teniendo tiempo para hacerlo, y, siendo la causa del accidente la excesiva velocidad de éste, la circunstancia que los peatones cruzaron la calzada por lugar no determinado al efecto y en estado de

438

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

intemperancia alcohólica, no altera la culpabilidad del chofer del minibús, que fue determinante, aun cuando la acción de los peatones pudiera constituir una infracción a la Ley de Tránsito. Las presunciones legales de culpabilidad del peatón son inaplicables cuando el conductor del vehículo ha infringido las normas del tránsito. Que el informe de la SIAT que rola a fojas 106 en relación a la causa basal del accidente en nada altera lo expresado, ya que la prueba documental, testimonial y pericial allegada al proceso permite establecer que aquélla corresponde a la indicada en el raciocinio decimosexto de esta sentencia y no a la referida por dicho informe. 19º Que por lo razonado en los fundamentos precedentes y en los pertinentes del fallo de primer grado, se rechaza la petición de absolución formulada por la defensa del enjuiciado al contestar la acusación fiscal y adhesión del querellante particular. 20º Que en cuanto a la pena, en la especie se trata de un solo hecho cuasidelictual que produjo un resultado múltiple, cual fue la muerte de cuatro personas y lesiones graves a otra, y como incuestionablemente el procesado Díaz Almazán ejecutó una sola acción culposa, la penalidad se rige por el artículo 75 del Código Penal, y concurriendo una circunstancia atenuante y ninguna agravante, no se le aplicará el grado máximo. 21º Que por concurrir los requisitos del artículo 4º de la ley Nº 18.216, se le otorgará al encausado Díaz Almazán el beneficio de remisión condicional de la pena. 22º Que por el primer otrosí de la presentación de fojas 171, el abogado Nelson Vera Moraga, en representación de sus mandantes, deduce demanda civil en contra del querellado José Díaz Almazán y en contra del tercero civilmente responsable, la empresa Constructora Fe Grande S.A., representada por Víctor Aguirre Villalón, a fin de que sean condenados a pagar solidariamente por concepto de daño moral las sumas que para cada uno de sus mandantes indica, o la que fije el tribunal, con reajustes, intereses y costas. A fojas 206 el abogado Robert Schultz Figueroa, en representación de la empresa Constructora Fe Grande S.A., solicita el rechazo de la demanda civil por cuanto el chofer José Díaz Almazán tomó el vehículo de su representada sin que ella estuviera en conocimiento de esa situación y en todo caso sin su autorización expresa ni tácita. 23º Que el artículo 174 inciso 2º de la Ley de Tránsito exime de responsabilidad al propietario del vehículo sólo cuando demuestre fehacientemente que no supo o no autorizó el uso del móvil hecho por el conductor. Que la demandada empresa Constructora Fe Grande S.A., para acreditar su alegación, rindió prueba testimonial a fojas 295 y siguientes con los dichos de Carlos Acevedo Catalán, Álvaro Reyes Arias, Carlos Avendaño Salgado y Hugo Castillo Castillo, quienes manifestaron lo siguiente: El primero, que Díaz sacó el vehículo sin autorización, le sustrajo las llaves a Castillo desde la casaca cuando dormía, quien a las 06:00 de la mañana advirtió que no las tenía ni estaban en el vehículo, lo que comunicaron a Sergio Guajardo, llegando José Gómez, quien avisó del accidente. El segundo sostiene que Díaz tomó el vehículo sin autorización, igual que las llaves del furgón porque las robó, lo que sabe por los dichos de sus compañeros; que se imagina que las llaves estaban en las ropas de Castillo. El tercero señala que Díaz robó el vehículo; que cuando se levantó Castillo no encontró las llaves ni el vehículo, lo que informó como a las 06:20 horas a Sergio Guajardo, instante en que llegó Gómez y les participó lo del accidente. El cuarto afirma que Díaz robó las llaves del vehículo desde el bolsillo de su chaqueta cuando se encontraba durmiendo, las que había recibido a las 20:00 horas del día sábado 2 de septiembre. Que al despertar no encontró las llaves, lo que reportó a su Jefe, pero como a las 06:30 horas llegó Gómez avisando del accidente. 24º Que la prueba testimonial rendida por la demandada Constructora Fe Grande S.A. no permite acreditar que el vehículo fue tomado por el procesado sin su conocimiento o autorización expresa o tácita, por cuanto sus testimonios son imprecisos, poco veraces, vagos y no dan razón de sus dichos. En efecto, los testigos inculpan a José Díaz Almazán de sacar las llaves del vehículo. Sin embargo, ninguno de ellos vio que lo hiciera. El procesado a fojas 13 vuelta confiesa que la noche del sábado 2 de septiembre había bebido vino, encontrándose bien para conducir, no obstante ninguno de los testigos se percató de la falta del vehículo entre la noche del día sábado y las 06:00 de la madrugada del día 3 de septiembre. El accidente ocurrió a las 05:35 horas de la madrugada y sólo

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

439

se percataron de la falta del vehículo y sus llaves después de haber transcurrido poco más de media hora del suceso. Por último, los testigos no indican dónde estaba guardado el vehículo ni tienen precisión del lugar en que se encontraban las llaves. Tampoco explican cómo Díaz Almazán sabía donde Castillo guardaba las llaves del móvil. Que, igualmente, en relación con la alegación de la demandada, es importante tener presente que el procesado a fojas 13 y extrajudicialmente a fojas 109, reconoce que el vehículo es de propiedad de la Constructora Fe Grande S.A., pero en ningún momento ha manifestado que lo haya sacado sin conocimiento o sin autorización de ésta. Por lo demás, éste, según los dichos de los testigos de la demandada, tenía acceso a todas las instalaciones de la Constructora. Asimismo, aunque los testigos sostuvieron que Díaz había sustraído el vehículo y sus llaves, ninguno denunció el hecho a la policía o a los Tribunales. Tampoco lo hizo la demandada a pesar de la gravedad de los hechos. 25º Que la prueba documental acompañada por la demandada Constructora Fe Grande S.A. de fojas 211 a 246, no permite acreditar el punto específico de la excusa, esto es, que el conductor tomó el vehículo sin su conocimiento o autorización, puesto que sólo prueba las circunstancias laborales de éste. La excusa del artículo 174 de la Ley de Tránsito que permite liberar de responsabilidad al propietario de un vehículo requiere de una prueba muy rigurosa ya que el ámbito de control o esfera de protección del vehículo va más lejos que su simple posesión o tenencia. No basta con sostener que las llaves del móvil las sacaron desde una casaca si éstas, empero, están al alcance posible de cualquier potencial conductor. Tampoco que las llaves y el vehículo fueron sustraídos por el conductor si en la práctica no se formalizó acción criminal o civil alguna en su contra. El propietario debe acreditar, más allá de toda duda, que el delito se perpetró antes del accidente en que participó el vehículo, lo que no ha ocurrido en la situación en estudio, toda vez que no ha probado que exista algún proceso incoado en contra del conductor por robo o hurto de vehículo. Que, así las cosas, encontrándose acreditado en autos, como lo señala la juez a quo en el raciocinio vigesimoquinto de la sentencia en alzada, que la demandada Constructora Fe Grande S.A. es la propietaria del minibús marca Kia 7602 que el día de los hechos conducía el procesado José Díaz Almazán, y no habiendo acreditado la excusa a favor del propietario prevista en el inciso 2º del artículo 174 de la Ley de Tránsito, corresponde acoger la demanda civil interpuesta en su contra a fojas 171 de autos. 26º Que la defensa de los demandados civiles Constructora Fe Grande S.A. y José Díaz Almazán solicita el rechazo de la demanda civil fundado en que el conductor Díaz Almazán no tuvo responsabilidad en los hechos, y si alguna tuvo, ella no fue la causa basal del accidente. Que no se acogerá esta alegación de la defensa de los demandados civiles, por cuanto conforme lo expuesto en los considerandos precedentes, se encuentra acreditado que el accidente ocurrió por culpa del conductor José Díaz Almazán y que la infracción cometida por éste, esto es, conducir vehículo motorizado a una velocidad mayor a la razonable y prudente, bajo las condiciones existentes, fue la causa basal del accidente y no los hechos alegados por los demandados civiles. Que nada altera lo expuesto los testimonios de los testigos Carlos Acevedo Catalán, Carlos Avendaño Salgado y Hugo Castillo Castillo de fojas 295 y siguientes, pues manifiestan que no presenciaron el accidente. Avendaño supo del accidente por dichos de terceros y en cuanto a la velocidad, señala que había en el sector un cartel que decía reducción de velocidad. Castillo indica que el vehículo no podía correr a más de 80 kilómetros por hora porque le había hecho un ajuste y que desconoce si el chofer frenó y a qué distancia se detuvo del lugar del accidente. 27º Que respecto a las alegaciones formuladas por la defensa de los demandados civiles en relación al artículo 2330 del Código Civil es necesario tener presente que dicha disposición establece una causal de exoneración parcial de la responsabilidad civil por el hecho culpable de la víctima, que no tiene aplicación cuando los que ejercen la acción civil corresponden a la familia, puesto que ellos son los ofendidos por el cuasidelito. Si las personas que sufren un daño moral, el que es producido por el dolor que les causa la muerte o las lesiones graves de la víctima, el artículo 2330 del Código Civil le es inaplicable debido a que ellos no se han expuesto al daño de cuya indemnización se trata. En todo caso, sí opera el artículo 2330 del Código citado respecto del demandante Iván Muñoz Fernández toda vez que se expuso al riesgo de accidente al cruzar la calzada de la Ruta Nº 160 por una zona no configurada como paso de peatones.

440

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

28º Que el daño moral consiste en el dolor, sufrimiento, angustia o pesar que a los demandantes irrogan las lesiones o muerte de un ser querido, no en la privación de una ventaja o beneficio pecuniario que de él pudieran recibir. El vínculo de parentesco hace suponer la depresión, dolor o angustia en que se traduce el daño moral invocado. Es ostensible que no requiere ser probado el daño moral sufrido por los padres a causa del fallecimiento o lesiones sufridas por un hijo, la víctima, ya que es obvio el sufrimiento de aquéllos, y el daño moral causado por la muerte de un hermano es una realidad que emana de la naturaleza de las cosas y que, por ende, tampoco necesita probarse. El vínculo de parentesco de los demandantes civiles con la víctima se acredita con los documentos acompañados a fojas 28, 29, 35, 67, 68, 100 y 127 a 130. Que no obstante lo expuesto precedentemente, los demandantes rindieron prueba testimonial para acreditar el daño moral experimentado con los testimonios de José Peñailillo Burgos, Héctor Araneda Bahamonde, Viviana Landero Sánchez, Gladys Cortés Rivera y de Juana Fierro Muñoz de fojas 322 y siguientes. Que atendido lo dispuesto en el artículo 488 bis del Código de Procedimiento Penal, carecen de valor, para probar los daños reclamados, las declaraciones de los testigos citados por el juez de la causa como medida para mejor resolver, que corren a fojas 341, 349, 352, 368 y 383 de autos. 29º Que si bien corresponde al tribunal regular prudencialmente el monto de la indemnización del daño moral, para fijar la suma de dinero el juez ha de considerar tanto la naturaleza del hecho culpable y del derecho agraviado como las facultades del autor, tomando en cuenta, además, esencialmente las facultades, condiciones y situación personal de la víctima, miradas en forma individual y también en la comunidad, la naturaleza del parentesco entre la víctima y los actores, la edad, instrucción y otros atributos de los ofendidos. Que en cuanto el monto de la indemnización del daño moral, los actores lo fijan respecto de los padres y hermanos de las personas fallecidas en la suma de $ 80.000.000 para cada uno. Para el padre de Iván Muñoz Fernández en $ 5.000.000 y para el ofendido Muñoz Fernández en $ 15.000.000. Que teniendo presente los factores indicados precedentemente, esta Corte regula prudencialmente el monto de la indemnización del daño moral para los padres y hermanos de las personas fallecidas en la suma de $ 10.000.000 para cada uno y para el padre de Iván Muñoz Fernández la suma de $ 4.000.000. Que atendido lo dispuesto en el artículo 2330 del Código Civil para el ofendido Iván Muñoz Fernández se fija como indemnización por concepto de daño moral en la suma de $ 2.000.000. Las cantidades fijadas como indemnización por daño moral deberán ser reajustadas en conformidad a la variación del Índice de Precios al Consumidor, a contar de la fecha de esta sentencia y hasta el pago efectivo de ellas con intereses corrientes para operaciones reajustables entre las mismas fechas. 30º Que de acuerdo con el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, la parte que sea vencida totalmente en un juicio será condenada al pago de las costas, salvo que aparezca que ha tenido motivos plausibles para litigar. 31º Que conforme a lo razonado, esta Corte discrepa del parecer del Ministerio Público manifestando en el dictamen de fojas 415 en cuanto fue de opinión de revocar la sentencia apelada y absolver a José Díaz Almazán de al acusación deducida en su contra. Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 514 y 527 del Código de Procedimiento Penal, se declara: 1. Que se revoca la sentencia apelada de fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, escrita de fojas 390 a 400 vuelta, en los siguientes aspectos: a) En la parte que por la decisión X acogió la demanda civil deducida en contra de José Díaz Almazán sin costas y en su lugar se decide que se acoge dicha demanda civil con costas; y b) En la parte que por la decisión XII rechazó la demanda civil interpuesta en contra de la empresa Constructora Fe Grande S.A. como tercero civilmente responsable, en todas sus partes, con costas, y en su lugar se resuelve que se acoge la demanda civil formulada a fojas 171 en contra de la demandada Constructora Fe Grande S.A. como tercero civilmente responsable, en la forma y condiciones que se indicarán más adelante.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

441

2. Que se confirma la mencionada sentencia con declaración que se eleva la pena de reclusión impuesta al encartado por el juez de primer grado a quinientos cuarenta días de reclusión menor en su grado mínimo y que ésta le queda aplicada por su responsabilidad de autor de los cuasidelitos de homicidio de Marina de Lourdes Delgado Vargas, Miriam Magdalena Jerez Solís, Hernán Enrique Leal Araya y Manuel Edgardo Barra Cifuentes y de lesiones graves de Iván Patricio Muñoz Fernández. El lapso de observación en la remisión condicional de la pena indicada, se le aumenta también en 540 días. 3. Que se acoge, con costas, la demanda civil deducida a fojas 171 por los actores civiles en contra de la empresa Constructora Fe Grande S.A., representada por Víctor Aguirre Villalón, como tercero civilmente responsable, y, en consecuencia, se condena a la demandada civil empresa Constructora Fe Grande S.A., a pagar solidariamente con el demandado José Francisco Javier Díaz Almazán a los demandantes civiles Ramón Enrique Barra Salgado, Patricio Antonio Barra Cifuentes, Víctor Hugo Jerez Rivas, Eduviges Magdalena Solís Rivas, Carlos Leal Osse, Cupertina Araya Araya, Luciana Elizabeth Leal Araya y María Elizabeth Delgado Vargas por concepto de indemnización por daño moral la suma de $ 10.000.000 a cada uno; y también por concepto de daño moral a Francisco Segundo Muñoz Rocha la suma de $ 4.000.000, y a Iván Patricio Muñoz Fernández la cantidad de $ 2.000.000. Los montos indicados deberán pagarse con los reajustes e intereses señalados en la sentencia de primer grado. 4. Que se confirma, en lo demás apelado, la referida sentencia. 5. Que no se condena en costas del recurso. Se observa al juez la excesiva demora en la tramitación de la presente causa. Regístrese y devuélvase con sus agregados. Redacción del Ministerio Titular señor Juan Clodomiro Villa Sanhueza. Rol Nº 4.126 99. Proveído por la Ministro en Propiedad de la Iltma. Corte, señora María Leonor Sanhueza Ojeda y los Abogados Integrantes señor Juan Sanhueza Monsalve y señor Juan C. Villa Sanhueza.

III. CORTE SUPREMA Santiago, 31 de octubre de 2000. VISTOS: Como se pide, téngasele por desistido del recurso de casación en el fondo deducido a fojas 444, en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia de treinta y uno de julio último, escrita a fojas 434. Regístrese y devuélvase. Rol Nº 3.284 00 Pronunciado por los Ministros señores Luis Correa B., Guillermo Navas B., Alberto Chaigneau del C. y José Luis Pérez Z. y el Abogado Integrante señor Fernando Castro A.

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

442

FICHA 30

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 3830-1999 Cita Online: CL/JUR/3630/2000 I.- CASACIÓN DE OFICIO Santiago, 18 de mayo de 2000. VISTOS: En causa Rol Nº 5.177 1997 del Cuarto Juzgado del Crimen de Osorno se ha investigado la posible comisión del cuasi delito de homicidio de Casimira Luisa Álvarez Méndez y la responsabilidad que en él pudiera caberle a Luis Jaime Barrientos Barrientos. Por sentencia de 24 de abril de 1999 escrita a fs. 126 y siguientes se absolvió al señalado Barrientos Barrientos, y apelado dicho fallo por la parte querellante, la I. Corte de Apelaciones de Valdivia la confirmó por resolución de 23 de septiembre del mismo año. En contra de esta última sentencia la parte querellante dedujo recurso de casación en el fondo haciendo valer las causales de los Nº 4 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, el que se trajo en relación y en la vista de la causa no se presentaron letrados a alegarla. Con lo relacionado y considerando. 1. Que el recurso de casación en el fondo hecho valer por la parte querellante se fundamenta en las causales 4ª y 7ª del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, esto es, en que la sentencia o el auto interlocutorio, calificando como lícito un hecho que la ley pena como delito, absuelva al acusado o no admita la querella, y en haberse violado las leyes reguladoras de la prueba y siempre que esta infracción influya substancialmente en lo dispositivo de la sentencia. 2. Que ha quedado establecido como hecho de la causa que el día 2 de julio de 1997, alrededor de las 16 horas un individuo conducía en la ciudad de Osorno el camión patente DP 4109 por calle Mackenna en dirección oriente poniente y al llegar a la esquina de la calle J. Pérez la peatón Casimira Luisa Álvarez Méndez cruzó en forma sorpresiva la intersección en el cruce peatonal, siendo golpeada con la parte derecha del camión, ocasionándole lesiones de carácter grave, falleciendo en el Hospital Base de Osorno el día 28 de julio de 1997; hecho que, en lo que dice relación con lo sorpresivo del ingreso de la peatón al cruce, a juicio de los jueces del fondo, constituye prueba suficiente para desvirtuar la presunción de responsabilidad del procesado. 3. Que para determinar si hubo infracción al numeral 4º del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, que es la causal substantiva, es menester previamente examinar si hubo infracción a las leyes reguladoras de la prueba, esto es, si hubo infracción a la causal adjetiva invocada. 4. Que en su recurso la parte querellante señala que la calificación de la prueba indicada en el fallo no dice relación con el mérito del proceso y demás medios probatorios acompañados a la causa, pero no especifica las normas concretas que han sido infringidas ni de qué manera esos errores de derecho influyen substancialmente en lo dispositivo del fallo, omisión que unida al carácter de derecho estricto del recurso de casación en el fondo interpuesto, éste adolece de defectos en su formalización, circunstancia que impone sea desestimado. 5. Que no obstante la conclusión precedente, cabe señalar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia penal por disposición del artículo 535 del Código de Enjuiciamiento Criminal, cuando el recurso de casación en el fondo ha sido desestimado por defectos en su formalización, este tribunal se encuentra facultado para invalidar de oficio la sentencia recurrida si se hubiere dictado con infracción de ley y ésta hubiese tenido influencia substancial en lo dispositivo del fallo. 6. Que, como se ha señalado en el fundamento segundo de esta sentencia, el tribunal de primera instancia estimó que no cabía responsabilidad al procesado en los hechos investigados, pues no obstante que el atropello se produjo en la esquina de calle Mackenna con J. Pérez, y dentro de la extensión

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

443

en que se presume la responsabilidad del conductor, esta presunción puede ser desvirtuada por prueba contraria, lo que en opinión de los sentenciadores del grado así se habría producido por la prueba testimonial rendida en autos. 7. Que los testigos Canales Loncón, que depone a fs. 21 y 88 y Alcaíno Muñoz, que declara a fs. 22 y 88, de acuerdo al fallo recurrido, se encuentran contestes en los siguientes hechos: a) Que Barrientos conducía el vehículo por la calle Mackenna por el lado derecho a una velocidad de 20 a 30 kms. por hora; b) Que la víctima cruzó sorpresivamente la calle Mackenna sin mirar hacia el oriente de esta arteria; c) Que ambos testigos gritaron al conductor cuidado o cuidado Jaime, razón por la cual este último frenó el móvil y la señora se golpeó con el lado derecho del camión, y d) Que la víctima quedó tendida en medio del paso de cebra. Asimismo, del testimonio de Rosa Stuckrath Montalva de fs. 65 y 88 vta. se desprende la conformidad de sus dichos con las conclusiones a) y d) contenidas en el párrafo precedente. 8. Que la presunción a que alude el inciso 2º del artículo 492 del Código Penal constituye por sí mismo una prueba completa, como lo establece el artículo 486 del Código de Procedimiento Penal, pero susceptible de ser desvanecida mediante la comprobación de ciertos hechos determinados por la misma ley como señala la misma norma, por lo que corresponde analizar si la circunstancia mencionada por dos de los testigos que declaran en autos, de haber la víctima cruzado sorpresivamente la calzada, exime de responsabilidad al conductor del móvil o no. 9. Que las declaraciones de los testigos Canales Loncón y Alcaíno Muñoz han sido analizados parcialmente por el sentenciador, pues de ellas sólo extrae que el vehículo era conducido a una velocidad reducida –20 a 30 kms. por hora– y por el lado derecho de la calzada, pero silencia que ambos testigos, que se encontraban en la misma cabina del camión, y con la misma visión que el conductor, se encuentran contestes en que el conductor frenó el móvil sólo cuando ellos le gritaron cuidado o cuidado Jaime, tales circunstancias acreditan presunciones de responsabilidad puesto que demuestra que este último no se encontraba atento a las condiciones del tránsito del momento, de acuerdo con la norma del artículo 114 de la ley Nº 18.290, infringiendo el deber de cuidado que le era exigible de conformidad con lo dispuesto en los artículos 490 y 492 del Código Penal, por lo que se vio afectado, además, por las presunciones de responsabilidad de los números 2 y 10 del artículo 172 de la misma ley Nº 18.290. esto es, en que constituye presunción de responsabilidad del conductor no estar atento a las condiciones del tránsito del momento y no respetar el derecho preferente de paso de peatones, esto último, en relación con la norma del artículo 167 de la ley Nº 18.290. 10. Que en relación con este último punto, cabe destacar que todos los testigos mencionados declaran haber visto con anticipación a la señora atropellada caminando rápido (Canales Loncón), que venía por dicha calle (J. Pérez) en forma despreocupada (Alcaíno Muñoz) o como señala la testigo Stuckrath Montalva, que ella quería cruzar la calle (Mackenna), dichos todos que demuestran que si los testigos observaron dichas circunstancias, con mayor razón debió haberlo hecho el conductor del vehículo sobre quien recae el deber de cuidado. 11. Que al realizarse el análisis de la prueba de testigos por los jueces del fondo, éstos deben ponderarla individual y comparativamente con toda la rendida en el proceso, extrayendo las conclusiones de hecho que de todo su examen se desprenda, y por el contrario, no procede que se den por establecidos antecedentes parciales sino que todos aquellos que se desprenden de dicha prueba. 12. Que este análisis de la prueba testimonial y de las presunciones que de ellas se desprendan debe ser integral, circunstancia que constituye una elemental norma reguladora de la prueba y su omisión, esto es, su ponderación parcial, da origen al vicio de casación pertinente. 13. En consecuencia, perjudicando al procesado Barrientos tres (3) presunciones legales, que constituyen por sí mismas una prueba completa, sin que exista una prueba contraria suficiente, la sentencia recurrida al absolver al reo ha vulnerado los principios legales señalados al no aplicarlos a una situación regulada por ellos, contravención que ha influido substancialmente en lo dispositivo del fallo, pues el reo al hacer un análisis global de la prueba rendida debió ser condenado por cuasi delito de homicidio, por lo que concurre en este caso la causal de casación del Nº 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, y por consecuencia, la causal del Nº 4 del mismo artículo, por haberse calificado como lícito un hecho punible, vulnerando los artículos 2º, 490 y 492 del Código Penal.

444

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

14. Que atendidas las conclusiones precedentes, se hace necesario anular la sentencia de segunda instancia que confirmó la de primer grado. Y visto además lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal y 767, 772 785 del Código de Procedimiento Civil y demás disposiciones citadas, se declara: A) Que se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal del escrito de fs. 147 en contra de la sentencia de veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, escrita a fs. 146; y B) Que se invalida de oficio la expresada sentencia dictada por la I. Corte de Apelaciones de Valdivia, la que en consecuencia es nula y se la reemplaza por la que a continuación y sin nueva vista, pero separadamente se pronuncia. Regístrese. Redacción del Ministro señor José Luis Pérez Zañartu. Rol Nº 3.830 99. Pronunciada por los Ministros señores Luis Correa B., Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury U. y José Luis Pérez Z. y el Abogado Integrante señor Vivian Bullemore G. No firma el Abogado Integrante señor Bullemore, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones.

II.- SENTENCIA DE REEMPLAZO Santiago, 18 de mayo de 2000. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 785 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo. VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada, con las siguientes modificaciones: a) En el fundamento primero, letra h), se agrega la siguiente frase u oración: De este informe (autopsia) se desprende que el cráneo de la occisa revelaba fractura lineal longitudinal occipital derecha y hematoma subdural izquierdo laminar en reabsorción, y que el tórax presentaba fracturas costales izquierda desde segunda y sexta, en reabsorción. b) Se suprimen los considerandos Segundo, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo. Y se tiene en su lugar y además presente. En cuanto a la acción penal. 1. Que los medios de prueba reunidos en el motivo primero del fallo de primera instancia, con la agregación hecha precedentemente, valoradas conforme a derecho, constituyen un conjunto de presunciones judiciales que por reunir los requisitos exigidos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener por establecido que el día 2 de julio de 1997, alrededor de las 16 horas, en Osorno, un individuo conducía un camión placa patente DP 4109 por calle Mackenna en dirección oriente poniente y al llegar a la esquina con la calle J. Pérez, atropelló a la peatón Casimira Luisa Álvarez Méndez que cruzaba en ese instante la intersección en el cruce peatonal y a través del paso de cebra, siendo golpeada con la parte delantera derecha del camión, ocasionándole diversas fracturas y traumatismo cráneo encefálico (TEC), lesiones que deben ser consideradas graves, muriendo a consecuencia de ellas en el Hospital Base de Osorno el día 28 de julio de 1997, no pudiéndose evitar el fallecimiento ni aun con socorros médicos oportunos y adecuados. 2. Que se ha acreditado con el dicho de los testigos Canales Loncón, que depone a fs. 21 y 88, y de Alcaíno Muñoz, que declara a fs. 22 y 88, que el conductor del camión no obstante que circulaba a baja velocidad y teniendo la misma visión que la de los testigos que lo acompañaban en la cabina del móvil, no se percató de la presencia de la señora Álvarez Méndez cuando circulaba por la calle J. Pérez, lo que movió a dichos testigos, que sí la vieron por calle J. Pérez caminando rápido o que venía por dicha calle en forma despreocupada, gritarle al conductor cuidado y cuidado Jaime cuando la peatón se aprestaba a atravesar la calle Mackenna, lo que movió a aquél a frenar pero sin impedir impactarla, quedando la víctima en el suelo en la mitad del paso de cebra. Este testimonio será corroborado por la testigo Stuckrath Montalva que depone a fs. 65 y 88 vta., y que se encontraba en la esquina opuesta, cuando señala haber visto a la señora Álvarez cuando ella quería cruzar la calle.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

445

El conductor, dada la escasa velocidad que llevaba, tuvo tiempo más que suficiente para aplicar los frenos y detener el móvil ante la presencia de la víctima, y si sólo lo hizo cuando sus compañeros de cabina se lo advirtieron, puede deducirse racionalmente que realizaba su conducción con infracción a la regla contenida en el inciso 2º del artículo 114 de la ley Nº 18.290, esto es, conducir un vehículo motorizado sin estar atento a las condiciones del tránsito del momento, y como el accidente se produjo en la intersección de las calles y dentro de los 10 metros reglamentarios, permite concluir que le afectan las presunciones de responsabilidad del inciso 2º del artículo 492 del Código Penal y las de los números 2º y 10º del artículo 172 de la ley Nº 18.290. 3. Que el hecho descrito en los considerandos precedentes de este fallo configura el cuasi delito de homicidio de Casimira Luisa Álvarez Méndez previsto en el artículo 492 del Código Penal y sancionado en el artículo 490 del mismo cuerpo legal, cometido en Osorno en el mes de julio de 1997, desde el momento en que, con infracción a los reglamentos y por mera imprudencia del conductor del camión, se ha ejecutado un hecho que privó de la vida a una persona y que de haber mediado malicia habría constituido un crimen en contra de ella. 4. Que como se ha señalado en el fundamento 2º de este fallo, las declaraciones de los testigos Canales Loncón y Alcaíno Muñoz desvirtúan lo sorpresivo de la acción de cruzar la víctima la calle Mackenna, pues fuera de usar la locución sorpresivamente y en forma sorpresiva, dichos términos no guardan relación alguna con el resto de sus dichos, pues ambos declararon haber visto con anticipación a la señora Álvarez Méndez cuando circulaba por calle J. Pérez de Poniente a Oriente en forma rápida, según uno de ellos, y en forma despreocupada, el otro, lo que llevaba necesariamente a concluir que iba a atravesar la calle Mackenna, razón por la cual dicho cruce no podía ser considerado sorpresivo o imprevisto. A la misma conclusión se llega con la declaración de la señora Stuckrath Montalva, citada con anterioridad, pues ella pudo observar con claridad que la víctima quería cruzar la calle. Todo lo expuesto obligaba al conductor que hubiese observado esta situación, más todavía cuando la ley le exige el deber de cuidado, como se desprende de las disposiciones de los artículos 492 del Código Penal y 114 de la Ley de Tránsito. Por lo mismo se presume su responsabilidad por las presunciones de los artículos 492, ya citado y números 2 y 10 del artículo 172 de la ley Nº 18.290. En consecuencia, los dichos de los testigos mencionados no permiten desvirtuar el peso de las presunciones que afectan al reo. 5. Que al contestar la acusación la defensa del procesado sostiene que no existe en el proceso antecedente alguno que permita imputarle responsabilidad en él, pues se encuentra acreditado que el accidente se produjo por la circunstancia de haber cruzado la víctima la calle Mackenna en forma sorpresiva, desvirtuando de esta manera la presunción de responsabilidad que establece el artículo 492 del Código Penal. En subsidio y para el evento de ser condenado, su defensa solicita que se le reconozca a su defendido la atenuante del artículo 11 Nº 6 del Código Penal y en todo caso alguno de los beneficios de la ley Nº 18.216, eximiéndole de la obligación de indemnizar para hacer uso de la remisión de la pena o de la libertad vigilada. 6. Que debe rechazarse la alegación de la defensa, pues está debidamente acreditado que la víctima atravesó la esquina de calle J. Pérez con Mackenna en forma natural, no sorpresiva, pues todos los testigos declaran haberla visto circulando por la primera de ella en forma rápida y despreocupada, lo que lleva necesariamente a concluir que su andar reflejaba necesariamente que iba dirigido al cruce de la calle Mackenna, lo que debió haber sido observado por el conductor, ya que sus testigos, dos de ellos que se encontraban en su misma posición, y la tercera, en una distinta, también la vieron con esa disposición a cruzar la calzada. Si a ello se agrega que el impacto le provoca fractura de las costillas 2.a a 6.a del costado izquierdo y golpe en el occipital izquierdo, que la impulsa contra el suelo provocándole fractura del occipital derecho al golpearse contra éste, causándole un traumatismo cráneo encefálico, debe deducirse que el embestimiento fue violento y que se habría evitado si el conductor hubiese estado atento a las condiciones del lugar y si hubiese cedido el mejor derecho a la peatón.

446

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Pero aun suponiendo que esta última hubiese cruzado la calzada en forma distraída, lo que tampoco se encuentra acreditado, este hecho tampoco elimina la responsabilidad del conductor pues sobre él pesa el deber de cuidado, como se ha señalado con anterioridad. 7. Que deberá reconocérsele al reo la atenuante del artículo 11 Nº 6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior, la que se encuentra acreditada con el testimonio de Ricardo Alarcón de fs. 87 y César Ercilla de fs. 87 vta., unido a los certificados de fs. 47, 48, 58 y 59, y a la circunstancia de que su extracto de filiación y antecedentes de fs. 63 no tiene anotaciones pretéritas. 8. Que encontrándose sancionado el cuasi delito de homicidio con la pena de reclusión o relegación menores en sus grados mínimos a medio, y favoreciendo al reo una atenuante, sin que le perjudiquen agravantes, deberá ser sancionado con la pena en su grado mínimo, lo que se determinará en la parte resolutiva de esta sentencia. 9. Que por lo razonado en el fallo de casación y en esta sentencia, se discrepa del informe del Ministerio Público expresado en su dictamen de fs. 144. En cuanto a la acción civil. 10. Que por el primer otrosí del escrito de adhesión a la acusación de fs. 71 la parte querellante deduce acción civil en contra del procesado Luis Jaime Barrientos Barrientos, ya individualizado en autos, y de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A., representada por don Pedro Garrido Alvarado, ambos domiciliados en Osorno, calle Francisco Bilbao 909, al primero en su calidad de conductor y la segunda en su calidad de propietaria, y solidariamente responsable, del camión marca Mitsubishi, modelo Canter 4.0, modelo 1991, inscrito en el Registro de Vehículos Motorizados bajo el número DP 4109 8, a fin de que se les condene a que indemnicen al actor solidariamente por los perjuicios causados por el actuar ilícito del reo Barrientos Barrientos. Agrega que la muerte de su cónyuge, con quien estuvo casado por más de 20 (20) años, como consta del certificado de matrimonio que rola a fs. 33, le produjo un profundo dolor que es constitutivo de un grave daño moral, pues además ha debido quedar al cuidado de dos hijos menores, además de los perjuicios económicos sufridos pues debió soportar una serie de gastos imprevistos como adquisición de urna, gastos de velatorio, funeral y otros, que avalúa en $ 500.000 y que deben serle restituidos. Por concepto de daño moral solicita el pago de una cantidad no inferior a $ 20.000.000. 11. Por el primer otrosí del escrito de fs. 80 la defensa de Luis Jaime Barrientos Barrientos solicita el rechazo de la demanda civil, con costas, por cuanto estima que el accidente se debió única y exclusivamente por culpa de la víctima, que cruzó sorpresivamente la calzada. Subsidiariamente, y para el evento que se estimara que el demandado fuera responsable del hecho y le asista responsabilidad civil, solicita disminución de la indemnización atendido el principio que establece el artículo 2330 del Código Civil, que dispone que la apreciación del daño está sujeta a reducción si el que lo ha sufrido se ha expuesto a él imprudentemente. 12. Por lo principal del escrito de fs. 120 el tercero civilmente demandado contesta la demanda solicitando que sea rechazada, con costas. Sostiene que los daños materiales demandados y que ascienden a $ 500.000 deben ser probados, pero que en todo caso, los que hubieren existido fueron pagados con cargo al seguro obligatorio de accidentes personales, por lo que el actor no sufrió perjuicio económico. En cuanto a la indemnización por daño moral y que se avalúa en $ 20.000.000, el tercero civil la considera a todas luces excesiva y que sólo se pretende lucrar con la muerte de la procesada. Concluye solicitando que ella debe ser rechazada, y en subsidio, que se fije una no superior a $ 100.000. 13. Que el artículo 2314 del Código Civil obliga al que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro a indemnizar los perjuicios, sin perjuicio de la pena que le corresponda por el delito o cuasi delito, y por disposición del artículo 2.329 del mismo cuerpo legal, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. 14. Que en cuanto a la defensa del demandado persona natural deberá rechazarse su alegación de no tener responsabilidad en el ilícito cometido, por lo ya razonado, y en cuanto a su alegación subsidiaria, deberá rechazarse igualmente, pues no se ha acreditado que la ofendida se haya expuesto al riesgo.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

447

15. Que las normas citadas en el considerando 13º obligan a reparar el perjuicio causado por el hecho ilícito, reparación que, como es natural, debe ser completa, esto es, devolver al patrimonio del afectado una cantidad equivalente a la que constituye el daño, pero en autos el actor civil no ha rendido prueba alguna tendiente a acreditar el daño material sufrido, y por ello esta pretensión no será oída. Que en cuanto a la defensa del reo y del tercero demandado relacionada con el daño moral se estará a lo que se resolverá más adelante. 16. Que en cuanto al daño moral que se reclama, debe entenderse comprendido dentro de la acción indemnizatoria que permite que todo daño debe ser reparado, y en la especie este daño consiste en la aflicción y dolor que experimenta el cónyuge de la víctima y su grupo familiar por la pérdida tan repentina, violenta y trágica de la dueña de casa, con quien estuvo casado por casi 20 años, como consta del certificado de fs. 33, daño que debe ser indemnizado, pero como tiene un carácter abstracto su regulación queda entregada a la prudencia y equidad del sentenciador. Bajo estos parámetros, estos sentenciadores estiman y regulan prudencialmente los perjuicios por el daño moral ocasionado al actor civil en la suma de quince millones de pesos ($ 15.000.000) que deben pagar los demandados, solidariamente, por así disponerlo el artículo 174 de la ley Nº 18.290, sin reducción por no haber existido exposición al riesgo, sin reajustes ni intereses, por no haber sido demandados. Y visto además lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 11 Nº 6, 15, 25, 30, 68, 69, 490 Nº 1 y 492 del Código Penal, 114, 172 Nº 2 y 10 y 174 inciso 2º de la ley Nº 18.290, 4º y 5º de la ley Nº 18.216, 108, 109, 110, 456 bis, 459, 473, 488, 514 y 527 del Código de Procedimiento Penal y 2314, 2329 y 2330 del Código Civil, se revoca la sentencia de veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y nueve escrita a fs. 126 y siguientes y en su lugar se declara: En cuanto a la acción penal: A) Que se sanciona a Luis Jaime Barrientos Barrientos, ya individualizado, a la pena de trescientos días de reclusión menor en su grado mínimo y accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y suspensión del carnet, permiso o autorización que lo habilite para conducir vehículos por un período de un año como autor del cuasi delito de homicidio de Casimira Luisa Álvarez Méndez ocurrido en Osorno en el mes de julio de mil novecientos noventa y siete, y al pago de las costas de la causa; y en cuanto a la acción civil: B) Que se acoge la demanda civil deducida en el primer otrosí del escrito de fs. 71, sólo en cuanto Luis Jaime Barrientos Barrientos y la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. deberán pagar solidariamente a Delfín Alfonso Vidal Vidal la cantidad de quince millones de pesos ($ 15.000.000) como indemnización civil por el daño moral ocasionado al demandante por la muerte de su cónyuge Casimira Luisa Álvarez Méndez, sin costas, por no haber sido vencido totalmente en este rubro. La pena se le contará desde que sea aprehendido, sirviéndole de abono un día que permaneció detenido, como consta de fs. 3 y 7 de autos. Reuniendo el sentenciado los requisitos legales se le concede el beneficio de la remisión condicional de la pena, debiendo permanecer sometido al control de Gendarmería de Chile durante el lapso de un año, debiendo cumplir todas las exigencias establecidas en el artículo 5º de la ley Nº 18.216, y especialmente la contenida en la letra d) de dicho artículo referida a la satisfacción de la indemnización civil, costas y multas impuestas por la sentencia. Cúmplase con lo dispuesto en los artículos 509 bis del Código de Procedimiento Penal y 215 de la ley Nº 18.290. Regístrese y devuélvase. Redacción del Ministro señor José Luis Pérez Zañartu. Rol Nº 3.830 99 (Valdivia) Pronunciado por los Ministros señores Luis Correa B., Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury U. y José Luis Pérez Z. y el Abogado Integrante señor Vivian Bullemore G. No firma el Abogado Integrante señor Bullemore, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones. Barrientos Barrientos, Luis Jaime. Casación Fondo Criminal.

448

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

FICHA 31

ANTECEDENTES DEL FALLO: Rol Nº: 30557-1997 Cita Online: CL/JUR/1342/1997 I.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO Temuco, 19 de octubre de 1993. VISTOS: Se ha instruido sumario en causa Rol Nº 83.177 de este Primer Juzgado del Crimen a fin de investigar la existencia del cuasidelito de homicidio en la persona de Carol Marianne Leal Rodríguez, y la participación que en esos hechos ha correspondido al inculpado Rubén Alberto Beltrán Sandoval, natural de Temuco, 24 años de edad, casado, lee y escribe, domiciliado en Andrés Bello 183, chofer, nunca antes procesado, sin apodo, RUN 10.379.168 5. A fs. 1, rola parte de defunción emanado del Hospital Regional de Temuco que da cuenta de muerte de Carol Marianne Leal Rodríguez el día 2 de junio de 1992, y como causa de la muerte fue TEC abierto, contusión cerebral grave. A fs. 2, rola declaración de Juan Leonardo Godoy Toloza, cuñado de la occisa. A fs. 5, rola parte policial que pone a disposición del Tribunal en calidad de detenido a Rubén Alberto Beltrán Sandoval porque el 2 de junio de 1992, a las 22.20 horas aproximadamente, en circunstancias que conducía el vehículo marca Mazda, modelo 323 GLX, patente DF 4850, por calle Zenteno al llegar al semáforo de la esquina Rodríguez, que se encontraba color verde, sorpresivamente atropelló a Carol Marianne Leal Rodríguez, quien cruzó la calzada de Poniente a Oriente, por el paso peatonal, no respetando la luz roja que tenía para peatones y además sin mirar si venían vehículos. Y como causa probable del accidente: conductor del vehículo abordó la intersección de las calles a exceso de velocidad. A fs. 9, 9 vta. y 10, rola declaración indagatoria del inculpado Rubén Beltrán Sandoval. A fs. 13 y 13 vta., rola declaración de Claudio Igor Andrés Sandoval González, testigo de los hechos. A fs. 14 y 14 vta., rola declaración de Alberto José Rabert Gutiérrez, testigo ocular de los hechos. A fs. 19 y 20, rola informe pericial técnico mecánico que incluye. A fs. 21 y 22, rola protocolo de autopsia practicada al cadáver del Carol Marianne Leal Rodríguez. A fs. 32, rola informe de alcoholemia negativa del procesado. A fs. 33, rola certificado de defunción de Carol Marianne Leal Rodríguez. A fs. 36, rola querella interpuesta por el padre de la occisa en contra de Rubén Alberto Beltrán Sandoval. A fs. 40, rola declaración de Juan Claudio Martínez Figueroa, testigo ocular de los hechos. A fs. 42, rola declaración de Luis Fernando Recondo Montandon, testigo ocular del accidente. De fs. 44 a 48, rola orden de investigar diligenciada. A fs. 52, rola declaración de Roldolfo Osvaldo Salgado Vega, testigo ocular del accidente. A fs. 52 vta., rola declaración de Eduardo Mario Meza González, testigo ocular del accidente. A fs. 55, 56, 57, 61, a 62 vta. se efectuaron careos. A fs. 57 vta., rola declaración de José Augusto Carlos Rabert Pape. A fs. 67, se sometió a proceso al inculpado como autor del cuasidelito de homicidio; y a fs. 92 y 92 vta., fue acusado en la misma calidad. A fs. 84, rola extracto de filiación y antecedentes del procesado. De fs. 87 a 90, rola informe técnico de la Sub Comisaria SIAT de Valdivia. A fs. 102, rola escrito adhesión a la acusación y demanda civil. A fs. 109, rola escrito de contestación a la acusación y demanda civil por parte del procesado. A fs. 115, se recibió la causa a prueba.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

449

De fs. 116 a 122, se rindió prueba. A fs. 122 vta., quedaron los autos para los efectos del artículo 499 del Código de Procedimiento Penal. A fs. 130, se decretó medida para mejor resolver. A fs. 131, rola informe de alcoholemia de la occisa. Y a fs. ¿?, se trajo la causa para fallo. CONSIDERANDO: En cuanto a la acción penal. PRIMERO: Que en orden a establecer la existencia del cuasidelito de homicidio de fs. 92 y 92 vta., por el cual se acusó al procesado, obran en la causa los siguientes elementos probatorios: a) Parte de defunción de fs. 1 emanado del Hospital Regional de Temuco que da cuenta de la muerte de Carol Marianne Leal Rodríguez el día 2 de junio de 1992, y como causa de la muerte fue TEC abierto, contusión cerebral grave. b) Parte policial de fs. 5, que pone a disposición del tribunal en calidad de detenido a Rubén Alberto Beltrán Sandoval, porque el día 2 de junio de 1992, a las 22.20 horas aproximadamente, en circunstancias que conducía el vehículo marca Mazda, modelo 323 4850, por calle Zenteno al llegar al semáforo de la esquina Rodríguez, que se encontraba color verde, sorpresivamente atropelló a Carol Marianne Leal Rodríguez, quien cruzó la calzada de poniente a oriente, por el paso peatonal, no respetando la luz roja que tenía para peatones y además sin mirar si venían vehículos. Se consigna en el parte, como causa probable del accidente: conductor del vehículo abordó la intersección de las calles a exceso de velocidad. c) Inspección del Tribunal al lugar de los hechos de fs. 10 vta., en el cual se consigna: Calle Zenteno: se encuentra trazada de norte a sur, con tráfico vehicular solamente hacia el Sur, 7 metros de ancho, pavimentada, buenas condiciones y buena visibilidad. Calle Rodríguez, se encuentra trazada de oriente a poniente, 7 metros de ancho, pavimentada, buenas condiciones y buena visibilidad. Tiene tránsito vehicular solamente hacia el poniente. En la intercepción de ambas calles, existen semáforos funcionando en forma normal. El paso peatonal se encuentra demarcado con franjas amarillas. Existe a un metro de la demarcación peatonal de las esquinas de sur oriente y sur poniente una leve huella de frenada que no es posible determinar si corresponde al hecho que se investiga. No existen otras demostraciones. Se deja constancia que a 6 metros aproximadamente de la esquina sur poniente, por la vereda del costado derecho de calle Zenteno, es decir, al Sur de esa esquina existe una luminaria amarilla y otra a cuatro metros de la esquina sur poniente por calle Rodríguez. Ambas a la hora de la inspección se encuentran encendidas y funcionando en forma normal. A fs. 22, se agregó croquis. d) Declaración de Claudio Igor Andrés Sandoval González de fs. 13, quien expuso que la noche de los hechos, el día lunes entre las 22.00 y 22.10 horas, acompañaba a Rubén Beltrán Sandoval, quien conducía un vehículo Mazda 323 de color blanco, por calle Zenteno de norte a sur, pues iban a la Segunda Comisaría a ver a un colega que había tenido un choque. Al llegar a la esquina de calle Rodríguez, el semáforo se encontraba en verde, por lo que se continuó la marcha entre 40 y 50 kilómetros por hora; lo hacían por el costado izquierdo de dicha calle Zenteno. Cruzaban la intersección de ambas calles, y cuando llegaban al paso peatonal de las esquinas sur oriente y sur poniente, delante de un automóvil chico que se encontraba estacionado en la esquina Sur Poniente, y casi encima de la demarcación del paso peatonal, apareció una persona caminando un tanto rápido pero con la cabeza gacha, vestía casaca negra y un blue jeans azul. Al ver al peatón dijo a Rubén cuidado, éste aplicó los frenos bruscamente, pero igual la impactó con la trompa del auto, luego saltó sobre el capot, chocó contra el parabrisas y saltó hacia un lado por la punta o extremo superior del costado izquierdo del parabrisas, cayendo sobre el pavimento de la vereda a unos 15 metros de la esquina, como también pudo ser unos 20 metros, mientras que el vehículo quedó un poquito más adelante, es decir, la persona quedó botada en la cola del auto. Agrega que en el costado derecho de calle Zenteno o mejor dicho en la esquina sur poniente estaba algo oscura, incluso había esa noche un poco de neblina, por lo que no se pudo ver antes a la persona, sino cuando se enfrentó a cruzar la calle, pero no precisamente por el paso peatonal, sino que unos 2 ó 3 metros al sur del paso peatonal. No llovía, pero había neblina y el pavimento estaba mojado.

450

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

e) Atestado de Alberto José Rabert Gutiérrez de fs. 14, quien expuso que esa noche circulaba caminando por calle Rodríguez desde el sector de la Estación. Lo hacía por la vereda del costado sur, cuando llegó a la calle Zenteno y pretendía cruzar para continuar por Rodríguez hacia el Poniente, vio que circulaba por el costado izquierdo de la calle Zenteno un vehículo color blanco marca Mazda, automóvil más o menos fuerte, es decir, entre 40 a 50 kilómetros por hora, se detuvo a esperar que pasara el vehículo y no se fijó en qué color se encontraba el semáforo. Cuando el vehículo prácticamente ingresaba a la continuación de calle Zenteno, prácticamente en el paso peatonal, escuchó que el mismo vehículo tocó la bocina, reaccionó y miró y se percató que a más o menos unos 10 metros de la esquina, por calle Zenteno, aparecía una persona cruzando desde el poniente y hacia el oriente fue impactada por el vehículo y la lanzó unos cinco metros más al Sur de calle Zenteno, le dio la impresión que la persona que resultó ser una mujer joven, caminaba por la vereda del costado Poniente de la calle Zenteno y antes de llegar a Rodríguez, no sabe si caminaba en verdad por la orilla de los automóviles o vehículos que allí habían estacionado y que en resumen eran varios o salió de entre alguno de esos vehículos estacionados para querer cruzar, siendo alcanzada por el automóvil blanco. Una vez ocurrido el impacto se acercó a la persona atropellada y era una mujer joven, vestía pantalón oscuro, al parecer jeans, no se movía ni reaccionaba, estaba boca abajo tirada sobre la calzada y a unos dos metros delante del vehículo protagonista del hecho. El vehículo del accidente quedó bastante apegado a la solera del costado izquierdo de calle Zenteno. La esquina se encontraba un tanto oscura, dado que incluso a esa hora caía neblina. Antes de llegar a Rodríguez por calle Zenteno también al costado derecho había unos vehículos estacionados y el auto blanco que atropelló a la dama circulaba por el costado izquierdo de Zenteno. f) Peritaje técnico–mecánico de fs. 19 y 20, que consigna en apreciación general del vehículo: Las condiciones mecánicas generales del vehículo antes del accidente, eran buenas, lo que permite determinar, como se precisará más adelante que el accidente tuvo su origen en fallas humanas. En el rubro dinámica del accidente: El accidente se produjo en los momentos en que el automóvil que circulaba hacia el sur por calle Zenteno, al llegar a la intersección con calle Rodríguez, atropelló a un peatón que intentó cruzar en dirección al Oriente. Existe en el lugar un semáforo que con seguridad en el momento se encontraba trabajando. También es necesario destacar que el lugar se encuentra iluminado por dos focos de alumbrado público dotados de la denominada luz día lo que otorga buena visibilidad, condición, sin embargo, que podría haber estado disminuida por la neblina que había en el momento. Las calles Zenteno y Rodríguez son rectas, pavimentadas, rectas, de 7 mts. de ancho. No fue posible detectar huellas de frenadas ni manchas de sangre en el lugar. La velocidad del vehículo estimada por la magnitud de las huellas que presentan era de 50 y 60 Km/Hr.. g) Protocolo de autopsia de Carol Marianne Leal Rodríguez de fs. 21 y 22, que en sus conclusiones consigna: Cadáver de sexo femenino que mide 153 cms. y pesa 50 kilos, identificada como Carol Marianne Leal Rodríguez. 2) La causa de muerte un traumatismo cráneo encefálico, con fractura de base de cráneo y contusión cerebral grave. 3) Las lesiones encontradas, son producto de una caída violenta (lesión de golpe y de contra golpe) y explicables o atribuible a accidente de tránsito. 4) La muerte no fue instantánea, pero se estima como inevitable. 5) La data de muerte al momento de la necropsia es de 6 a 12 horas. h) Certificado de defunción de fs. 33, que registra el deceso de Carol Marianne Leal Rodríguez y como causa de muerte: contusión cerebral grave, fractura temporo parietal izquierda, traumatismo cráneo encefálico. i) Querella de fs. 36, interpuesta por el padre de la occisa en contra de Rubén Alberto Beltrán Sandoval y que éste sea condenado a la justa pena señalada por la ley como autor del cuasidelito de homicidio de su hija Carol Marianne Leal Rodríguez. j) Declaración de Juan Claudio Martínez Figueroa de fs. 40, quien expresa que fue testigo ocular del accidente que le costara la vida a una señorita, en la esquina de Rodríguez y Zenteno en esta ciudad. Efectivamente practica karate en una academia ubicada en Zenteno esquina de Balmaceda, aquella noche salió caminando por el costado poniente de Zenteno se fue hacia el Sur, al llegar a calle Rodríguez se detuvo quedándose parado en las afueras de un negocio de telas ubicado allí. Por

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

451

calle Rodríguez desde el oriente venían un taxi colectivo el que viró y tomó Zenteno, pero justamente en esa esquina una señorita hizo señales al colectivo, el que se detuvo a unos 7 metros de la esquina Rodríguez, por el costado derecho de calle Zenteno. En ese costado no existía ningún otro vehículo, más que el colectivo que se estacionó a esperar a la dama. La dama bajó a la calle, le parece mucho que en el sector del paso peatonal caminando rápido, luego cuando trató de salir del paso peatonal para dirigirse al colectivo que la esperaba, fue atropellada por un automóvil de color blanco que circulaba por el costado izquierdo de calle Zenteno y a una velocidad aproximada a los 60 kilómetros a la hora, con el impacto el cuerpo de esa dama se elevó y golpeó en el parabrisas del automóvil, elevándose nuevamente con ese golpe y cayó hacia el costado izquierdo del automóvil y un metro más atrás del auto, pero sobre la vereda. Agrega que la dama caminaba por la vereda del costado sur por calle Rodríguez y hacia el poniente, luego hizo señas al taxi que se detuvo a 7 metros de la esquina, la dama bajó caminando rápido en el paso peatonal para dirigirse hacia el taxi cuando fue alcanzada por el otro auto particular de color blanco. k) Atestado de Luis Fernando Recondo Montandon de fs. 42, quien expuso que fue testigo ocular del accidente que le costara la vida a una mujer joven en la esquina de calle Rodríguez y Zenteno, efectivamente aquella noche entre las 21.50 y 22.00 horas caminaba por calle Zenteno de Sur a Norte, por la vereda del costado oriente y cuando lo hacía prácticamente a mitad de la cuadra vio un vehículo blanco que circulaba desde el norte por calle Zenteno y ocupando el costado poniente, atropellaba a una persona, la cual dio unos giros y luego cayó al pavimento. Agrega que el impacto fue a medio metro pasado el paso peatonal. El cuerpo de la persona cayó sobre la acera, frente a la cortina metálica de la veterinaria que existe en ese lugar con los pies hacia la muralla y la cabeza hacia la calle, la mujer estaba totalmente inconsciente y sangraba por la boca, oídos, ojos y cabeza. l) Informe de averiguación de fs. 45 a 48, que reitera antecedentes obrados en el proceso. m) Atestado de Rodolfo Osvaldo Salgado Vega de fs. 52, quien expuso que el día 1º de junio de 1992 en circunstancia que conducía un radio taxi, sin pasajeros, por calle Rodríguez en dirección al poniente en la esquina de calle Zenteno debió detenerse ante el semáforo rojo, a su costado derecho se detuvo un microbús y a su costado izquierdo un taxi colectivo, quedó en primera fila y pudo percatarse que por el costado poniente de calle Zenteno y sobre el paso peatonal había estacionado un vehículo porque delante de él había otros más. Luego del mismo radio taxi llamó a Carabineros y ambulancia, no se bajó a ver lo ocurrido para no involucrarse como testigo. n) Lo expuesto por Eduardo Mario Meza González de fs. 52 vta. y 53, quien expuso que fue testigo ocular de un accidente ocurrido en la esquina de las calles Zenteno y Rodríguez de esta ciudad, y el día de los hechos, lunes 1º de junio de 1992 alrededor de las 22.00 horas en circunstancias que había pasado a comprar al supermercado Multimarket de Rodríguez, continuó caminando por Rodríguez en dirección al oriente, pero metros antes de llegar a Zenteno procedió a cruzar calle Rodríguez, se cambió de vereda y como el semáforo estaba dando preferencia a los vehículos que circulaban por Zenteno hacia el sur, se detuvo porque precisamente en ese momento circulaba un automóvil de color blanco a una velocidad promedio de 35 kilómetros por hora. Cuando se disponía a bajar a la calzada, sintió un chillido de los frenos del auto blanco que acababa de pasar, el que se atravesó un poco impactando a una persona la que vio azotarse sobre el parabrisas y luego caer hacia el costado izquierdo del auto. Agrega que en el momento del hecho había un poco de neblina, el pavimento se encontraba mojado porque momentos antes había estado lloviendo. o) Informe técnico de carabineros de Valdivia SIAT que indica en el rubro causa basal del accidente: La participante (1) se expone al riesgo de accidente al iniciar el cruce de la calzada por una zona ubicada dentro del paso para peatones demarcado o próximo a él, sin adoptar las medidas tendientes a salvaguardar su propia integridad física enfrentando luz roja de los dispositivos luminosos reguladores de tránsito y probablemente en diagonal en condiciones visuales y de visibilidad adversas, sin percatarse de la proximidad del móvil (2) a la zona de conflicto, siendo atropellado (1) por el móvil (2). p) Testimonial de fs. 116 a 122 rendida por la parte querellante donde declaran Olga del Carmen Oliva Cárdenas, Hugo René Landaeta Alvial, Gloria del Carmen Conejeros Gajardo, Miriam Luisa Traipi Saavedra y José Julio Tapia Toledo, al tenor de los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de fs. 104 y 104 vta.

452

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

q) Set de fotografías de fs. 126, que muestran el vehículo y lugar de los hechos. r) Informe de alcoholemia de fs. 131, practicada a la occisa. SEGUNDO: Que los elementos de juicio consignados en el fundamento anterior, son presunciones judiciales, que por reunir las exigencias procesales consagradas en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, tienen el mérito suficiente para dar por establecido los siguiente hechos: a) Que el día 2 de junio de 1992, aproximadamente a las 22 horas, Rubén Beltrán Sandoval conducía un automóvil por la calle Zenteno de norte a sur y al pasar la intersección con la calle Manuel Rodríguez, atropelló a la peatón Carol Leal Rodríguez quien cruzaba a calle Zenteno en cruce del paso de peatones.0 b) Producto de las lesiones, la ofendida falleció en el Hospital Regional cuando la atendían, a las 01:50 horas del día siguiente, siendo la causa precisa y necesaria de su muerte, un traumatismo cráneo encefálico con fractura de base del cráneo y contusión cerebral grave. c) Que el cruce de las calles señalada se encontraba regulada por semáforos funcionando en forma normal. Estos hechos tipifican el cuasidelito de homicidio previsto y sancionado por los artículos 490 Nº 1 y 492 del Código Penal con reclusión o relegaciones menores en un grado mínimo a medio. TERCERO: Que en su indagatoria de fs. 9, el procesado declaró: anoche, alrededor de las 22.15 horas conducía un automóvil marca Mazda, color blanco, patente DF 48.50, de propiedad de Pablo Estrada Perone, acompañado de un colega nuevo de nombre Claudio, no recuerdo apellidos, pero trabaja en la Empresa de Viajes y Turismo Anahí. Lo hacía por calle Zenteno de norte a sur, a una velocidad probable de 40 kilómetros por hora, al llegar a calle Rodríguez como el semáforo estaba con verde continué la marcha y cuando estaba prácticamente en la intercepción de ambas calles, a unos dos o tres metros delante del vehículo apareció un bulto, caminando o cruzando de poniente a oriente la calle Zenteno, vestía una casaca negra y un pantalón blue–jeans, toqué la bocina del vehículo al mismo tiempo que aplicaba los frenos y me desviaba hacia mi costado izquierdo para evitar impactarla, pero esa persona en vez de detenerse o volver hacia atrás, continuó caminando con la cabeza gacha y al momento de sentir la bocina corrió pero justo hacia el costado en que yo me había desviado. La impacté y el bulto quedó sobre el capot del automóvil, no quise frenar brusco me imaginé que si lo hacía caería hacia delante y lo podría arrollar, por ello frenó bruscamente parando en un espacio de cinco metros, momento en que el bulto cayó sobre la vereda de cemento de la esquina sur oriente, quedando la rueda del vehículo tocando la solera de ese lado. No estaba lloviendo, pero parece que garuando, comenzaba a caer neblina y justo aquella esquina no sé si por la construcción de Importadora Iquique hace sombra, lugar de donde salió ese bulto. Yo circulaba por el costado derecho de calle Zenteno, y al ver aparecer el bulto de aquella oscuridad o sombra, me desvié hacia el costado izquierdo, pero la persona corrió justamente hacia ese lado. El vidrio parabrisas resultó quebrado, el capot abollado. CUARTO: Que el testimonio del acusado es una confesión judicial, la que por reunir los requisitos del artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, permite tenerlo como autor del cuasidelito de homicidio de Carol Leal Rodríguez, determinado en el considerando 2º de este fallo. En efecto, los antecedentes reunidos en autos y estudiados en el fundamento 1º demuestran que el conductor del vehículo particular al momento de la colisión a la ofendida no conducía atento a las condiciones del tránsito del momento –era de noche, había neblina y el pavimento estaba mojado–; ya que era su obligación mantener el control del vehículo durante la circulación y conducirlo conforme a las normas de seguridad determinadas por la ley –el mismo dice que vio a la ofendida cruzar distraída y le tocó la bocina y después frenó, la cual debió hacerlo en forma inmediata–; su velocidad no era razonable ni prudente bajo las condiciones existentes debiendo considerar los riesgos y peligros presentes y los posibles, sobre todo a su llegada a un cruce donde debía reducirla a tal extremo que le hubiere permitido controlar el vehículo y evitar el atropello, cuyo resultado fue fatal. Con dicho quehacer culposo el procesado infringió los artículos 114, 148 y 149 de la ley Nº 18.290. A lo anterior se debe agregar que en su contra le afectan las presunciones contenidas en los numerales 2, 7 y 10 del artículo 172 de la Ley del Tránsito y la del inciso 2º del artículo 492 del Código Penal, infracciones reglamentarias y presunciones que permiten concluir, como se ha dicho, que en los hechos relacionados le ha cabido al acusado Rubén Beltrán Sandoval, una participación culpable de autor.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

453

QUINTO: Que aun cuando de los mismos elementos de juicio referidos en la primera motivación de este fallo se desprende que la ofendida habría cruzado la calzada por el paso peatonal o cerca de él, en forma descuidada, resulta claro que lo hizo desde poniente a oriente, por lo que no podía ver la luz de los semáforos toda vez que ésta enfrenta en Rodríguez a los vehículos que circulan hacia el poniente, ni tampoco los de Zenteno porque éstos están dirigidos a los vehículos que vienen del Norte –porque no se ha acreditado que en este cruce haya señalización luminosa para los peatones– según fotografía de fs. 126, dicho descuido, a juicio de este sentenciador sería una causal concurrente y no basal como lo señala el informe de la SIAT de fs. 87 del cual se disiente y sólo se aprecia con el valor de un informe de peritos que no es avalado por otros medios probatorios, no existiendo en materia penal compensación de culpas, se ha acreditado que el resultado ilícito se produjo por la carencia de la diligencia debida por parte del procesado y evitar aquel resultado, incurriendo en una culposa en los términos señalados en el artículo 492 del Código Penal y sólo se tendrá presente para los efectos de regular las indemnizaciones que procedan. SEXTO: Que la defensa del encausado, a fs. 109, ha instado por su absolución porque a juicio de ésta, el conductor no infringió ninguna norma reglamentaria. Dicha alegación será rechazada porque ha quedado establecido que la causa basal del atropello es imputable a éste de acuerdo a los motivos señalados precedentemente. En cuanto a las alegaciones subsidiarias, será acogida la primera atenuante, la del artículo 11 Nº 6 del Código Penal con el mérito del extracto de filiación de fas 84 libre de anotaciones pretéritas y la declaración de los testigos Héctor Gayoso Sanhueza y Ruth Isilda Norambuena Montes, quienes a fs. 12 y 12 vta. declaran conocerlo por cinco años como persona de irreprochable conducta anterior. La segunda, del artículo 11 Nº 7 del mismo Texto Legal, con el mérito de la consignación de $ 70.000 a fs. 71, será rechazada por su exiguedad y extemporaneidad, ya que fue realizada 6 meses después de ocurridos los hechos y después que la I. Corte, sometió a proceso al querellado, lo cual revela que no hubo reparación celosa y oportuna del causado. SÉPTIMO: Que siendo la pena asignada al cuasidelito de dos grados divisibles, concurriendo una atenuante y no existiendo agravantes, ésta será regulada en un grado mínimo, como se dirá. En cuanto a la acción civil. OCTAVO: Que en el primer otrosí del escrito de fs. 102 la abogada Sandra Jelves Mella, en representación del padre de la ofendida, Lionel Leal Araneda, dedujo demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del querellado y procesado Rubén Beltrán Sandoval en su calidad de ser personalmente responsable del cuasidelito de homicidio y de Pablo Estrada Perone, en su calidad de empleador del acusado y propietario del vehículo y pide por concepto de daño moral, sean condenados solidariamente al pago de la suma de $ 12.000.000 o la que el tribunal determine. No solicita indemnización por daño emergente porque estima que el pago del seguro obligatorio, cubrió medianamente dichos gastos, haciendo presente además, que la ofendida era el sostén de su familia. NOVENO: Que contestando la demanda el abogado del procesado a fs. 109 ha solicitado su rechazo por no tener responsabilidad penal éste en el cuasidelito y en subsidio, se regule la indemnización en un monto menor al pedido. Similar alegación hace, la representante del tercero civilmente responsable, en el sentido de no tener el encausado responsabilidad en el hecho ilícito culposo y porque los montos exigidos son muy altos. DÉCIMO: Que según se ha ha determinado en los considerandos respectivos de la parte penal de esta sentencia al procesado y demandado Rubén Beltrán Sandoval, le ha correspondido una participación culpable de autor en el cuasidelito denunciado y de conformidad con lo prevenido por el artículo 2314 del Código Civil, está obligado a la indemnización de los daños causados, sin perjuicio de la pena que le corresponde por este hecho ilícito. UNDÉCIMO: Que el dueño del vehículo y empleador del procesado Pablo Estrada Perone, en su calidad de tercero civilmente responsable, también está obligado al pago de la indemnización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley de Tránsito y 2320 del Código Civil.

454

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

DUODÉCIMO: Que tal como se ha dicho, la parte querellante y demandante, sólo ha solicitado se indemnice el daño moral que ha sufrido el padre y los familiares de la ofendida, daño que no es posible avaluarlo de acuerdo a pautas objetivas, pero que resulta posible ser apreciado por el Tribunal, teniendo presente las declaraciones de los testigos Isabel Aburto a fs. 116; Gloria Conejeros, a fs. 120; Eduardo Linconao, a fs. 121 y José Tapia de fs. 121 vta., quienes deponen sobre el dolor y pérdida irreparable de una joven de 24 años, que era el principal sostén de su familia al realizar al momento de su muerte una actividad laboral remunerada, antecedentes todos que se tendrán presente para la regulación del monto de la indemnización, la cual fijará el tribunal en la suma de $ 6.000.000, cantidad que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2330 del Código Civil, será rebajada en un 30%, al haberse expuesto la víctima al resultado que terminó con su vida, resultando así la suma final de $ 4.200.000, que deberá ser reajustada en el mismo porcentaje que experimente el Índice de Precios al Consumidor, a partir de la fecha de este fallo, hasta su pago efectivo. Por estas consideraciones y lo dispuesto por los artículos 2º, 11 Nº 6 y 7, 18, 30, 68, 490 y 492 del Código Penal; 1º, 81, 108, 109, 110, 481, 488, 500, 503 y 533 del Código de Procedimiento Penal y 101, 114, 148 y 172 Nºs. 2, 7 y 10 de la ley Nº 18.290 y 4º y 5º de la ley Nº 18.216 y 2314, 2320 y 2330 del Código Civil, se declara: En cuanto a la acción penal. I. Que se condena al procesado Rubén Alberto Beltrán Sandoval, ya individualizado, a sufrir la pena de sesenta y un días de reclusión menor en su grado mínimo, accesorias de suspensión de cargo y oficio público durante la condena y al pago de las costas de la causa, como autor del cuasidelito de homicidio de Carol Leal Rodríguez, acaecido el día 2 de junio de 1992 en esta ciudad. II. Que se le condena además, a la suspensión del carnet, permiso o autorización que lo habilite para conducir vehículos motorizados durante el período de un año. III. Reuniéndose en su favor los requisitos del artículo 4º de la ley Nº 18.216, se le remite condicionalmente su pena, debiendo cumplir con todas las exigencias del artículo 5º de la citada ley y someterse al control y vigilancia de la autoridad de Gendarmería de Chile que corresponde, durante el lapso de un año. Para el evento de que por cualquier motivo se le revocare el beneficio y deba entrar a cumplir la pena corporal, le servirá de abono el tiempo en que permaneció privado de libertad en esta causa desde el día 2 al 5 de junio de 1993, según parte de fs. 5 y certificación de fs. 30 y desde el 4 al 6 de enero de 1993 según certificados de fs. 70 y 81 vta. En cuanto a la acción civil. IV. Que se acoge, con costas, la demanda civil deducida por doña Sandra Jelves Mella en representación de Lionel Leal Araneda, padre de la ofendida Carol Leal Rodríguez, sólo en cuanto se condena a Rubén Beltrán Sandoval y a Pablo Estrada Perone, a pagar solidariamente al actor, la suma de $ 4.200.000 (cuatro millones doscientos mil pesos) por concepto de daño moral en la forma y condiciones que se indicaron en el fundamento 12º de este fallo. Dése cumplimiento, cuando corresponda, con lo ordenado por el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal y 215 de la ley Nº 18.290. Regístrese, notifíquese y consúltese, si no se apelare. Dictada por el señor Aner Ismael Padilla Buzada, Juez Titular. Rol Nº 83.177.

II.- CORTE DE APELACIONES Temuco, 12 de mayo de 1994. VISTOS: Se confirma la sentencia apelada de diecinueve de octubre último, escrita de fojas 135 a 144 de autos. Regístrese y devuélvanse. Rol Nº 7.382 93. Pronunciado el Presidente de la Segunda Sala señor Lenin Lillo Hunzinker y Ministros señores Héctor Toro Carrasco y Víctor Reyes Hernández.

ACCIDENTES DEL TRÁNSITO CON RESULTADO DE MUERTE

455

III.- CORTE SUPREMA Santiago, 9 de enero de 1997. VISTOS: En esta causa Rol Nº 83.177 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, se dictó sentencia efinitiva condenando a Rubén Alberto Beltrán Sandoval, como autor del cuasidelito de homicidio de Carol Leal Rodríguez, a la pena corporal de sesenta y un días de reclusión menor en su grado mínimo, a la suspensión de su licencia de conducir por el período de un año y accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, más las costas de la causa. La pena corporal le fue remitida y en el aspecto civil, se hizo lugar a la demanda condenando al acusado y al tercero civil a la indemnización del daño moral. En segunda instancia, la Corte de Apelaciones de esa ciudad, por sentencia de doce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, confirmó sin modificaciones dicho fallo. En contra de la sentencia del tribunal de alzada, el tercero civilmente responsable ha deducido recurso de casación en el fondo, invocando la causal 7ª del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y mencionando como leyes infringidas aquellas que se expresarán en lo considerativo. Traídos los autos en relación, tuvo lugar la vista de la causa, quedando ésta en acuerdo. CONSIDERANDO: 1º) Que el recurso de casación en el fondo se funda en la causal 7ª del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, esto es, En haberse violado las leyes reguladoras de la prueba y siempre que esta infracción influya substancialmente en lo dispositivo de la sentencia, señalando que se han infringido los artículos 167 Nºs. 6 y 7 y 176 de la ley Nº 18.290, 10 Nº 8 del Código Penal y 459, 473, 474 a 476, 482, 488 y 456 bis del Código de Enjuiciamiento Criminal; 2º) Que explicando la forma en que se han producido las infracciones, expone que la sentencia ha desconocido la prohibición de cruzar en diagonal una calzada por parte del peatón y la obligación de respetar las señales de los semáforos en un cruce regulado y no ha dado mérito probatorio a pruebas concretas y específicas que cumplen los requisitos exigidos por la ley, dándolo en cambio a pruebas que no reúnen esos requisitos. Así, conforme los hechos que estima acreditados, concluye que la culpa del accidente es de la peatón quien intentó cruzar en forma diagonal sin respetar la luz roja del semáforo existente en la intersección, saliendo de entre otros vehículos que estaban estacionados por la calle que circulaba el móvil conducido por el procesado, lo que vulnera las normas de los artículos 167, Nºs. 6 y 7 y 176 de la ley Nº 18.290, estando ello demostrado en el informe de la SIAT, las declaraciones de los testigos que menciona y la inspección del tribunal, principalmente. De esta manera se infringen las leyes reguladoras de la prueba de los artículos 473, 459 y 456 bis del Código de Procedimiento Penal, por no haberles dado el valor que la ley asigna a la prueba pericial y testifical que cumple sus presupuestos y, además, el artículo 482 de ese cuerpo legal, cuando divide el fallo la supuesta confesión del reo en su perjuicio; 3º) Que el recurso pretende que de no mediar estas infracciones, debió haberse absuelto al procesado y rechazado la acción civil por no haber incurrido éste en contravención a las disposiciones que regulan el tránsito y haber causado un mal por mero accidente con ocasión de ejecutar un acto lícito. Sin embargo, los hechos establecidos en el fallo no son los que sirven de fundamento al recurso y para alterarlo es necesario que se demuestre la violación de normas reguladoras de la prueba con influencia substancial en lo dispositivo, situación que no acontece en la especie, pues los artículos 456 bis y 459 no son leyes reguladoras en la forma propuesta, toda vez que los jueces adquirieron la convicción por los medios de prueba legal y lo que se objeta es que la valoración no se ajustó a la ley, cuestión que el artículo 456 bis no regula, y por cuanto la posibilidad de dar valor pleno a la prueba regida por el artículo 459, cuando se cumplen todas sus exigencias, es una mera facultad entregada a los jueces del fondo. En lo que hace al artículo 473, éste per se no tiene ese carácter ya que la estimación de un valor que es relativo proviene de la apreciación que en concreto los jueces hagan del dictamen pericial, enmarcada por una regla discrecional que fija su contenido. El resto de las disposiciones que se citan como reguladoras de la prueba no han sido analizadas en el recurso, siendo conveniente anotar, en todo caso, respecto del artículo 482, que la sentencia no ha dividido la confesión, sino que la ha considerado pura y simple;

456

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

4º) Que, por otra parte, el fallo impugnado ha hecho suyo el considerando quinto de la sentencia de primera instancia, de acuerdo al cual la ofendida cruzó en forma descuidada la calzada, lo que estima una causal concurrente. A este respecto cabe señalar que si bien el recurso da el carácter de causa basal a las infracciones de los reglamentos cometidos por la víctima, es lo cierto que no existiendo ley con arreglo a la cual los jueces deban estimar cual de los hechos establecidos se erige en definitiva en causa del efecto lesivo producido, la calificación hecha en la sentencia no ha podido importar violación de ley substantiva y tratándose de una valoración de hechos previamente sentados, tampoco de las leyes reguladoras; 5º) Que a las reflexiones anteriores, las cuales permiten desde ya desestimar el recurso puede añadirse la circunstancia de no haber éste dado cumplimiento al texto del antiguo artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, vigente a la fecha de su interposición y por ello aplicable al asunto, pues en él no se mencionaron todas las normas que resultaron infringidas, como sucede con las que describen, complementan y sancionan la conducta típica, las que reglan la participación y aquellas que determinan la singularización de la pena, las que debieron ser impugnadas por falsa aplicación y, en su caso, deberían haberse omitido; 6º) Que de lo dicho se sigue que no resultan efectivos los errores denunciados y que la causal invocada no autoriza la anulación del fallo por no concurrir los supuestos para ello. Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 43, 535, 537, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal y 144, 772 y 809 del de Procedimiento Civil, y 24 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, se rechaza, con costas, el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de fojas 165, en contra de la sentencia de doce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, escrita a fojas 163, la que, en consecuencia, no es nula. Aplícase a beneficio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la suma consignada según comprobante de fojas 164. Gírese cheque por la Corte de Apelaciones de Temuco, en su oportunidad. Regístrese y devuélvase. Rol Nº 30.557-94 Pronunciado por los Ministros señores Enrique Zurita C., Hernán Álvarez G. y Mario Garrido M. y los Abogados Integrantes señores Arturo Montes R. y Jorge Rodríguez A. No firma el Abogado Integrante señor Rodríguez, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.